Caso Goleada: ¿qué implica la protección concedida al juez García?

La decisión del Estado de activar un esquema especial de seguridad para el juez Jairo García Mosquera, quien lleva el denominado caso Goleada, trae varias implicaciones sobre la ndependencia judicial y el delicado equilibrio entre protección y percepción de respaldo político.

¿Por qué recibe protección?

El 25 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó que se activaron protocolos de seguridad a favor del magistrado ante presuntas amenazas vinculadas con el caso Goleada. Concretamente, denuncia era que el magistrado fue amenazado por Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en una audiencia de habeas corpus que no se llegó a dar, el 14 de febrero pasado, y donde el alcalde de Guayaquil le habría deseado suerte con la audiencia de vinculación de alias Gerente, líder de los Comandos de la Frontera. 

Al publicarse en cuentras trolls y me "medios" progobierno el audio de la supuesta amenaza, el Consejo de la Judicatura autorizó teletrabajo al 100 % del juez y reforzó su esquema de seguridad personal.

El presidente Daniel Noboa expresó públicamente su respaldo para que el juez actúe “con independencia”, en un contexto de alta tensión política alrededor del caso.

El contexto: el caso Goleada

García es el juez que procesa el caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. En este expediente fue vinculado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, junto con sus hermanos y otras personas.

Durante la audiencia de vinculación, el magistrado dictó prisión preventiva para varios procesados, incluido el alcalde, quien mantiene una confrontación política abierta con el Gobierno Nacional. Esa decisión elevó la exposición pública del juez y convirtió el proceso en un caso de alto voltaje político.

¿Qué implica esta protección?

Desde el punto de vista institucional, la activación de protocolos de seguridad es una facultad del Estado cuando existen riesgos contra operadores de justicia. En Ecuador, los jueces y fiscales han sido blanco de amenazas en causas relacionadas con corrupción o crimen organizado. Según un reciente informe del Observatorio de Derechos y Justicia, entre 2020 y 2025 se registraron al menos 15 asesinatos de jueces y fiscales a escala nacional.

Sin embargo, en el plano político, la protección ha generado cuestionamientos, especialmente por el contraste con otros casos. Uno de ellos es el del juez Carlos Serrano, quien en noviembre pasado fue blanco de amedrentamientos, incluido un coche bomba y una amenaza atribuida al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Tras reportar estos hechos, el Ministerio del Interior le retiró el esquema de seguridad. Además, según denunció públicamente, el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha le habría solicitado fallar a favor del narcotraficante.

Posteriormente, cuando Serrano expuso su denuncia ante la Asamblea Nacional, en enero, fue objeto de una campaña de hostigamiento en redes sociales impulsada por cuentas trolls afines al Gobierno, que minimizaron las amenazas o lo acusaron de tener motivaciones políticas.

Este contraste ha alimentado el debate público sobre si se trata o no de una señal de alineamiento, especialmente en un caso que involucra a un adversario político del Gobierno.  "A Carlos Serrano no, pero al juez investigado en el caso Fachada sí. Extraños estándares", escribió el abogado César Febres-Cordero.

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