Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone
Mientras Petroecuador busca sacar al juez, Bravo afirma que no existe ningún hecho concreto que comprometa su neutralidad
La controversia por la posible salida del juez Carlos Serrano en el caso Triple A sumó un nuevo capítulo. Mientras la defensa de Petroecuador pidió que el magistrado evalúe apartarse para “prevenir eventuales nulidades”, uno de los procesados solicitó exactamente lo contrario: que se declare improcedente cualquier intento de separación.
Se trata de César Emilio Bravo Ibáñez, quien comparece en representación de la compañía Fuelcorp S.A. En un escrito dirigido al Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, pide que se declare la “improcedencia, ilegalidad e inconstitucionalidad” de cualquier pretensión orientada a apartar al juez Serrano.
“No existe causal legal”
Bravo Ibáñez sostiene que no concurre ninguna causal prevista en el artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal para que el magistrado se excuse o sea recusado. En su escrito argumenta que:
- No existe relación personal con las partes.
- No hay interés económico.
- No hay animadversión.
- No ha existido intervención previa en la causa.
- No existe conflicto jurídico concreto.
A su criterio, invocar una “percepción externa” o la “sensibilidad mediática” del caso no constituye una causal legal, sino una interpretación extensiva prohibida por el principio de legalidad.
El procesado recalca que el tribunal fue conformado mediante sorteo el 24 de julio de 2025, quedando integrado por: Christian Fierro, Jorge Suidberto Sánchez Pico (en reemplazo de Gabriela Lara) y Carlos Patricio Serrano Lucero. En ese contexto, advierte que alterar la integración sin una causal expresa vulneraría el principio de juez natural, la predeterminación legal del órgano jurisdiccional y la inmutabilidad del juez, salvo causales taxativas.
También invoca el artículo 168 de la Constitución sobre independencia judicial interna y externa, señalando que separar a un juez sin base legal “no fortalece la imparcialidad; la debilita”.
Críticas al argumento de “prevenir nulidades”
Bravo Ibáñez cuestiona directamente el argumento planteado por la empresa pública, según el cual la excusa permitiría blindar el proceso frente a eventuales recursos futuros. A su juicio, el derecho procesal “no admite excusas hipotéticas” y no se puede apartar a un juez solo para evitar que en el futuro alguna defensa alegue nulidades.
Mientras Petroecuador sostiene que la situación institucional y de seguridad del juez podría incidir en la percepción externa de imparcialidad objetiva en un caso de alta sensibilidad, Bravo Ibáñez afirma que no existe ningún hecho concreto que comprometa su neutralidad y que cualquier separación sería una injerencia indebida en la administración de justicia.
Petroecuador argumenta que, el caso es un proceso de alta repercusión pública, esas circunstancias podrían ser utilizadas por las defensas técnicas para alegar inestabilidad del tribunal o vulneración del debido proceso, lo que abriría la puerta a nulidades o dilaciones.
El Tribunal deberá pronunciarse tanto sobre la eventual excusa del juez Serrano como sobre la excusa previamente presentada por el juez Fierro. La audiencia de juicio está señalada para el 7 de marzo.
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