Francisco Rosales Ramos | Uso de recursos públicos
Es ridículo que en Ecuador existan 222 alcaldes en cantones que apenas superan los 10.000 habitantes
La ley que reformó el Cootad, publicada en el Registro Oficial del 23 de este mes, ha provocado reacciones acaloradas y hasta violentas de algunos municipios y consejos provinciales, porque controla el gasto superfluo.
Es ridículo que en Ecuador existan 222 alcaldes en cantones que apenas superan los 10.000 habitantes. Cada uno con alcalde, concejales, procuradores, secretarios, directores, etcétera, cuyas remuneraciones y otros gastos igualan a los recursos que reciben del Estado Central, alrededor de tres mil setecientos millones de dólares cada año.
Buena parte de los municipios y consejos provinciales han caído en una empleomanía ridícula para dar cabida a agnados y cognados. Quito, que fue ejemplo de un municipio ordenado que atendía las necesidades de la ciudad con una visión de largo plazo, ha devenido en una burocracia ampulosa que llegaría a 22 mil empleados entre la oficina central y las empresas municipales. Según Andrés Páez, tendría 15 directores metropolitanos con funciones tan extrañas como director metropolitano de Gestión Informativa, director metropolitano de Cambio Climático, director metropolitano de Agenda del Alcalde y director metropolitano de Cambio Climático. Valores importantes se han dedicado a la consultoría, campañas de información y publicidad, contratación de artistas nacionales y extranjeros, paseos y comidas, mientras las calles están destrozadas, el tráfico es un caos, la Ruta Viva da vergüenza y el Metro no tiene un contrato de mantenimiento.
El Consejo Provincial de Pichincha pagó 500 mil dólares por un mural, mantiene una radio que es un reducto de publicidad del grupo de la prefecta y las carreteras a su cargo se interrumpen en cada oportunidad en que llueve con alguna intensidad. Un impuesto de 18 dólares por vehículo matriculado en la provincia -alrededor de 500 mil- no ha servido para mantener al menos transitables tales vías.
Es mandatorio controlar que los gastos administrativos no excedan del 30 % del total para que el 70 % se dedique a inversiones.
