¿Persecución política a abogados o acción judicial legítima?

Un presunto allanamiento a la defensa de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, quien ha sido procesado por la Fiscalía General del Estado en el caso Triple A y es investigado por lavado de activos, ha alarmado a varios juristas. Para ellos, es menester que se recrimine la persecución política sobre el libre ejercicio profesional de quienes ejercen el Derecho.

Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y titular de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, no es correcto que la justicia utilice las herramientas judiciales para intimidar a los juristas en momentos en que estos deben hacer sus defensas. A su juicio, en el país se estaría presionando a los abogados penalistas para que no se involucren o no tomen defensas de algunos casos mediáticos.

“A nosotros nos preocupa bastante esta situación que se viene desarrollando últimamente en contra de la profesión”, expresa Carlos Córdova, presidente del Colegio de Abogados de Cotopaxi. Este sentimiento nace, explica, porque a los abogados se los ha tachado, hace mucho tiempo atrás, de no tener moralidad ni ética profesional y, aunque haya malos elementos o por “mala información que se llega a dar dentro de algún trámite”, no deben ser considerados como si los profesionales del derecho también participaran en los hechos que están siendo procesados sus clientes o que forman parte de alguna organización delictiva.

LE INVITAMOS A LEER: Cae excomandante de la Policía: Tannya Varela es detenida por presunta filtración

Porque todos tenemos derecho a ser defendidos, a escoger un abogado de su preferencia, aclara el constitucionalista Rafael Oyarte. Además, “la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que el abogado no puede ser identificado con el cliente”.

Vulneraciones

Eso, porque es muy fácil que se ataque a un defensor incómodo o a una defensa eficaz para que el cliente quede indefenso, observa el abogado, pero este no necesariamente defiende una persona para que esta sea absuelta, sino para que se le aplique la pena correspondiente.

Lo que vulneraría el derecho a la defensa y, por ende, esa persona no va a ser juzgada de manera justa, observa Martín Domínguez, abogado y catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador. “Si es que el gobierno o las entidades de justicia empiezan a manipular, a presionar, a amedrentar, lo que hacen es viciar el procedimiento judicial para que tenga el resultado que ellos desean y no de acuerdo con el debido proceso”.

O, si al final el abogado se aparta del caso por la presión que la Fiscalía ejerza con el mero fin de afectar la defesa, “¿qué otro abogado va a querer tomar ese caso? Nadie”, cuestiona Oyarte. Por lo que esa persona podría quedarse indefensa.

LE SUGERIMOS LEER: Jácome buscó respaldo político en el Pleno antes del trámite de su reforma en el CAL

Rechazos

Es por eso por lo que “nosotros rechazamos esta judicialización de nuestra profesión”, exclama Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Comenta que “es un grave error de los políticos el perseguir a través del sistema de justicia, porque tarde o temprano, eso termina costándole mucho más a los perseguidores que a los perseguidos”.

Por lo que, Córdova, subraya que el Ejecutivo debe tener claro que no debe entrometerse en la justicia; y, en ese sentido, agrega, la función judicial debería tener esa garantía: que ninguna institución del Estado tenga injerencia en su labor. Tampoco que se generen amenazas ni resoluciones infundadas para crear miedo para que el abogado cumpla su función.

Es por eso por lo que, Fernando Vega, presidente del Colegio de Abogados de Imbabura, dice que, aunque ninguno de sus colegas está exento o liberado de cualquier tipo de investigación procesal, en carácter penal, no debe realizarse una indagación solo por ser el abogado de alguna autoridad o una figura de un caso mediático, ya que estaría afectando al derecho de la integridad del profesional. Por eso, es menester que la orden de allanamiento esté bien motivada, declara Domínguez.

LE PODRÌA INTERESAR LEER: Se prevé invertir hasta $900 millones en la construcción del Quinto Puente

Los abogados pueden ser sujetos de investigación

Sin embargo, Oyarte asevera que, de cualquier manera, no se puede confundir eso con que el abogado esté metido en cosas. Y si es que está involucrado en actos delictivos o de corrupción, ese profesional bien puede ser investigado y procesado, subraya Pablo Encalada, experto en Derecho Penal y exagente fiscal de Pichincha. Como ejemplo, el jurista expone lo que la Fiscalía demostró en el caso Metástasis; “varios abogados en libre ejercicio fueron investigados, procesados y condenados”.

Ante esto, Oyarte asevera que, si el abogado se torna un partícipe en la comisión de la infracción, “evidentemente, nosotros no tenemos ninguna clase de inmunidad para que no se nos inicien investigaciones o no se tomen acciones de nuestra contra, porque no tenemos ninguna patente de corso para delinquir”. Ni tampoco se debería sostener que las herramientas judiciales son usadas con el afán de amedrentar.

Por lo que es necesario, acentúa Vega, que los colegios de abogados deben respetar las diligencias que haga la Fiscalía y la Policía Nacional y esperar los resultados de las pericias, de las pruebas y de elementos de convicción que pudiesen encontrar en el allanamiento. Esto, debido a que, “si no es menos cierto que nosotros estamos para respaldar a nuestros compañeros abogados, lamentablemente hemos sido testigos de que muchos juristas se han desapartado de la noble profesión de abogados y se han formado parte de una asociación ilícita o del cometido de un delito”.

LEA TAMBIÉN: Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

Exhortan a una investigación clara

Es por esto por lo que, Domínguez dice que hay que tomar con pinzas el caso, ya que “es muy fácil salir a la calle y decir: me están amedrentando y armar una polémica mediática, pero sin pruebas necesarias”. Por lo que sostiene que se debe mantener la calma hasta que se pueda conocer la orden judicial.

De todos modos, Encalada propone que se analice caso por caso. Aunque, lo cierto es que el ordenamiento jurídico tiene que proteger la labor de los abogados, asevera. Asimismo, añade, “los casos tienen que resolverse en derecho, en función de las evidencias que se presentan en la sala de audiencia y no de la presión que pueda ejercer el poder político sobre los jueces”.

Porque la fiscalía no puede desigualarse, es decir, privilegiarse utilizando las facultades que tiene de investigación preprocesal y procesal penal para atacar a su contraparte a través del defensor; son cosas distintas, recalca Oyarte. En todo caso, el jurista Ocaña manifiesta que la Federación Nacional de Abogados del Ecuador está dialogando con diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas, el Observatorio de Derechos y Justicia, para ir a la CIDH para comunicar lo qué está ocurriendo en nuestro Estado. “Esperamos hacerlo en el primer trimestre del 2026”.

LEA: La obra del Quinto Puente es vista con recelo en la Asamblea Nacional

Los juristas no deberían temer 

Oyarte comenta que si el abogado está pensando en que por tomar una causa le va a pasar algo, es mejor que no la tome y que se dedique a otra cosa. Eso, porque en los procesos judiciales se dicen cosas, como que lo están escuchando, que lo podrían allanar... “Si usted me allana, ¿qué me va a encontrar? Expedientes, libros, fotografías, grabaciones, cosas personales, un dinero para comprar el gas; pero ¿qué delictivo me puede encontrar a mí?”.

Con él concuerda Domínguez. Para él, una persona solamente tiene miedo de las herramientas de legales cuando tiene cosas que ocultar. “Y si te metiste para bombero, no te puedes cansar del fuego”, por lo que “si quieres ser o eres un abogado que lleva casos mediáticos, sabes que en algún momento te van a investigar, por lo que también sabes que en todo momento debes tener manos y cara limpia”.

Por otra parte, Oyarte afirma que, si un abogado cobra lícitamente sus honorarios, como ha dicho Eduardo Carmigniani, quien ha sido vinculado en el caso Sinohydro, es un ingreso lícito. “Yo nunca he visto un médico complicado porque cobró honorarios muy altos sobre una operación”. Es por esto, por lo que los procesos y las audiencias deben ser realmente públicas, para que a la gente le conste lo que hay en su contra y no se dude de la justicia, dice.

¿Quieres leer más contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!