Crisis judicial en Ecuador: La ciudadanía propone tomar el veredicto en sus manos

Muchos ecuatorianos desconfían del sistema de justicia, ya sea porque no respaldan los fallos que dictan algunos jueces o porque el poder busca, de una u otra forma, controlarlo. Para la ciudadanía, el sistema de jurado ciudadano podría ser una opción.

Sentencia criticada por la ciudadanía

El pasado 31 de mayo, el fiscal Rómulo Sevilla Jara solicitó prisión preventiva contra Jhorly Portocarrero Mera, alias ‘Cocacho’, quien no tenía antecedentes penales, y medidas alternativas a la prisión a favor de Byron Méndez Villavicencio, alias ‘Pinky’, pese a su amplio prontuario delictivo. No obstante, el juez Juan Pablo Pulgarín Barreto, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil, dictó medidas sustitutivas para ambos, lo que causó indignación en la ciudadanía.

Ambos están involucrados en el secuestro de una comerciante china, quien fue encontrada muerta días después. Tampoco la Fiscalía abrió una instrucción fiscal contra Portocarrero, a pesar de que, al ser detenido, portaba un arma de fuego y municiones.

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Interés de la política en la justicia

A esto se suma lo que hizo la Asamblea Nacional -de mayoría gobiernista- el jueves 5 de junio: derogar la terna para la renovación del Consejo de la Judicatura (CJ), listado que el organismo había aprobado y enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el periodo legislativo pasado. Esto evidenciaría que el régimen buscaría, de alguna manera, una mayoría dentro del CJ para controlar la justicia.

Propuesta ciudadana

Ante este panorama, una de las propuestas ciudadanas que recibió EXPRESO plantea la implementación de jurados ciudadanos en el sistema jurídico. Sin embargo, ¿es factible? ¿Mejoraría el actual sistema judicial? ¿Convendría?

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¿Cuáles son los pros de esta iniciativa?

Primero se requeriría una reforma constitucional. Y, aunque eso no sería lo más conveniente para el país, a criterio de Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, permitiría la participación ciudadana. A su vez, dotaría de legitimidad a las decisiones judiciales, ya que la gente no solo se ubicaría en una posición crítica frente al sistema, sino que contribuiría a su funcionamiento.

Por su parte, César Eduardo García, director del Colegio de Abogados del Guayas, cree que un sistema de jurado sí sería conveniente en Ecuador, porque el modelo actual de administración de justicia es bastante defectuoso y ha perdido la confianza ciudadana. En su opinión, determinar si alguien es culpable o inocente parte de criterios lógicos, y la población es racional.

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Además, como se trata de un juicio deliberativo, de naturaleza colectiva, significaría que no sería una sola persona la que tomaría la decisión, sino varias.

¿Por qué no convendría este mecanismo?

También -exponen los juristas- podría garantizar imparcialidad y reducir sustancialmente la corrupción. Sin embargo, estas apreciaciones no son compartidas por Francisco López, especialista en procesos constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas, ni por Juan Martínez, abogado penalista y exfiscal del Guayas. Argumentan que, en EE. UU., donde se aplica este sistema judicial, la cultura es diferente: allá, los ciudadanos son formados para ello desde las escuelas y están familiarizados con los términos jurídicos y procesos judiciales; pero acá no.

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Aquí, además, la administración de justicia no es confiable, reflexiona López, porque cada vez que entra en vigor una constitución, ley, reglamento o cualquier tipo de norma, los ecuatorianos buscamos la forma de irrespetarla. No obstante, se debe tener claro que no todos los casos son sometidos a jurados, sino solo los delitos menores. Además, los jurados solo deciden si hay mérito para un juicio; la sentencia, es decir, si el acusado va o no a la cárcel, o incluso a pena de muerte, la determina un juez, aclara el docente.

Martínez añade que este modelo generaría problemáticas en el país, ya que muchos ciudadanos, por su nivel de educación, podrían actuar guiados por prejuicios, emociones o desinformación.

Para Saquicela, lo mejor es depurar el sistema y garantizar una verdadera autonomía judicial.

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