Juez que liberó a secuestradores en Guayaquil es suspendido sin sueldo
El juez Juan Pablo Pulgarín fue suspendido por tres meses sin sueldo, tras ser señalado por error inexcusable
El Consejo de la Judicatura suspendió por tres meses, sin sueldo, al juez Juan Pablo Pulgarín Barreto, quien integra la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes de Guayaquil.
La medida fue adoptada este jueves12 de junio de 2025 durante una sesión plenaria del organismo, con los votos a favor del presidente Mario Godoy y de las vocales Solanda Goyes y Yolanda Yupangui. Se trata de una suspensión preventiva mientras avanza un proceso disciplinario en su contra.
¿Por qué fue suspendido?
La Judicatura tomó la decisión tras recibir una notificación de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, donde se declaró que Pulgarín incurrió en error inexcusable al dictar un sobreseimiento en un caso de violencia contra la mujer.
Según el informe de la Judicatura, el juez no solicitó a las partes procesales que se pronunciaran sobre posibles vicios en la causa y tampoco recogió los argumentos de la defensa en el auto de sobreseimiento de la audiencia preparatoria de juicio. Los jueces Pedro Ortega, Henry Morán y Guillermo Valarezo anularon todo lo actuado desde esa diligencia. Luego, la Corte remitió el expediente al Consejo de la Judicatura para que se evalúe la conducta del magistrado.
El error fue calificado como grave, debido a que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa.
El antecedente: la liberación de secuestradores
Aunque la suspensión se originó por un caso de violencia de género, Pulgarín ya se encontraba en el centro de la polémica por haber ordenado la liberación de alias La Pinky y alias Cocacho, dos autores confesos del secuestro de una comerciante de nacionalidad china en Guayaquil. La audiencia en la que tomó esa decisión se llevó a cabo el pasado 31 de mayo.
La medida judicial generó indignación, ya que uno de los liberados volvió a cometer otro secuestro apenas días después. Finalmente, los cuerpos sin vida de cuatro comerciantes fueron hallados en una cisterna, lo que intensificó las críticas al sistema judicial.
Organizaciones ciudadanas y familiares de los comerciales exigieron explicaciones sobre la actuación del juez, así como del fiscal Rómulo Sevilla Jara, quien solo pidió la prisi´ón para uno y medidas sustitutivas para el segundo sospechoso. Aunque la Judicatura no vinculó oficialmente su suspensión a ese caso, la presión pública creció tras conocerse la reincidencia criminal de los liberados.
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