La obra del Quinto Puente es vista con recelo en la Asamblea Nacional
Legisladores objetan el silencio y el actuar del régimen. En Bolívar pasaría lo mismo que en Guayas. Contraloría debe actuar
La manera en cómo se está llevando la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido también como Quinto Puente, no les sorprende a los tres asambleístas que decidieron conversar con EXPRESO. Para ellos, la falta de transparencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) debe ser fiscalizada, pero que eso se ejecute les significa un reto, sobre todo en esta administración.
El proyecto vial
La obra está dividida en dos partes; dos tramos (4 y 5) están a cargo de la Prefectura del Guayas; los otros tres, del MIT. Sin embargo, a pesar de que la ejecución de la obra empezó en febrero de 2024, de acuerdo con declaraciones de José Tenelema, coordinador general de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, solo tres de los 112 predios donde se debe levantar las vías de acceso del Quinto Puente (desde la vía Durán-Tambo y Durán-Boliche, y desde el kilómetro 26 hacia Naranjal) han sido expropiados.
Pero no se ha expropiado ningún predio en el sur de Guayaquil para su construcción. Según el ministro del ramo, Roberto Luque, el próximo año recién se realizarán las expropiaciones de los terrenos ubicados en la calle Cacique Tomalá, en el sureste de la urbe porteña. Allí viven moradores, quienes no han sido socializados del proyecto; pero mayormente se expropiarán terrenos de empresas privadas que pertenecen a familiares del presidente de la República Daniel Noboa.
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Mariana Yumbay
Pedido de información
EXPRESO ha solicitado información, desde junio y en reiteradas ocasiones al Ministerio, sobre cuántos metros serán expropiados y cuánto se pagará por ello a los Noboa, pero no responde. Luque, el 5 de diciembre, en rueda de prensa, manifestó que “no me sé de memoria el proyecto para decirle los metros cuadrados que lleva cada expropiación”. No obstante, sí aseguró es que el Estado pagará de acuerdo “con los valores catastrales vigentes a la fecha”, por lo que, recién en 2026 congelarían los precios de los predios, ya que estos, de lo que sí es conocedor, “han venido subiendo de manera constante”.
¿Qué opinan los asambleístas?
Sobre esto, EXPRESO se comunicó con 16 asambleístas para conocer sus opiniones sobre ejecución de esta obra; seis de ellos de Acción Democrática Nacional (ADN); ninguno (Ferdinan Álvarez, Jorge Chamba, Lucía Jaramillo, Christina Jácome y Francisco Cevallos, legisladores por Guayas) aceptó la entrevista. El único oficialista que respondió fue Esteban Torres, pero aseguró que “desconozco detalles sobre ese tema”.
Para Alfredo Serrano, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, esto no es novedad. “La opacidad en las contrataciones y proyectos se ha convertido en política de Estado de este Gobierno”. Afirma que las expropiaciones tuvieron que hacerse antes de que inicie la construcción, para que la gente tenga un tiempo prudencial para que desaloje los predios.
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Alfredo Serrano
Y es que “esto parece que es normal en este Gobierno”, comenta Mariana Yumbay, asambleísta por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Eso, porque “lamentablemente no es solo en la provincia del Guayas, sino también acá, en nuestra provincia Bolívar”. En Guaranda se estaba levantando el paso lateral Sierra-Costa en Guaranda. Pero allá, en cambio, está paralizada la obra porque el MIT no ha pagado los valores correspondientes a los predios por donde debe pasar la vía. Lo que, a su criterio, esto demostraría “la falta de experiencia y la improvisación, ya que no tienen planificación”.
Todo esto “da cuenta de que realmente lo que ellos buscan no es generar el precio justo del avalúo, sino que mantienen un negociado permanente a partir del poder”, dice Victoria Desintonio, asambleísta por Guayas por Revolución Ciudadana. Por lo que cree que se debe revisar cuántos predios son y en cuánto se hizo el avalúo.
¿Qué acciones se deberían ejecutar?
Para Yumbay, la Asamblea Nacional es la llamada a fiscalizar estas irregularidades, porque lo primero que se debió hacer es la expropiación de los terrenos. También, la falta de transparencia sobre los predios de los familiares del presidente.
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Victoria Desintonio
Sin embargo, Serrano expone que cuando ellos piden información a las carteras de Estado, estas no contestan. Por lo que la única sanción para un funcionario público es el juicio político, pero el Consejo de Administración Legislativa no da paso.
Pero también da cuenta, agrega Desintonio, que esta sería una de las razones por la que ADN no permitió el segundo debate para una reforma al Código de Organización Territorial para eliminar un vacío legal que permitía que estos casos sucedieran. Esto, en la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
Ante este panorama, para Serrano, “la única esperanza” de intervención es la Contraloría.
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