"¿Y ahora a dónde vamos?”: la angustia que deja el Quinto Puente

Preocupación. Incertidumbre. Angustia. Indignación. Sufrimiento. Todo esto siente los moradores que viven a menos de un pie de distancia de donde las maquinarias están trabajando en la ampliación de las vías de acceso para el Viaducto Sur de Guayaquil, conocido también como Quinto Puente.

La Prefectura del Guayas inició la ejecución desde febrero de 2025, indica José Tenelema, coordinador general de Infraestructura de la entidad provincial. A partir de ese mes, “hemos ido avanzando a medida que se ha ido liberando esta información”. Es decir, la Prefectura realiza el proceso de expropiación cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) les proporciona información acerca del peritaje y avalúo del predio a expropiar.

Mientras tanto, trabajan en el tramo 5, en la ampliación de las vías de acceso. Varias familias que residen al lado derecho de la vía a Taura, donde están construyendo los dos carriles adicionales, miran con preocupación el avance de la obra, pues la tierra ha sido removida y colocada justo al borde de sus casas o al límite de estas. Denuncian que nadie ha socializado con ellos el proyecto, ni si van a ser expropiados o no. Solo han oído rumores.

LE SUGERIMOS LEER: Silencio sospechoso: ¿La política como negocio de ocasión?

¿Qué opinan los moradores de las zonas dónde construyen?

Sonia Mendoza vive desde hace seis años en la vía San Antonio-Guayaquil y cuenta que la Prefectura tumbó el camino por donde cruzaba con sus hijos para ir a la escuela o regresar a casa. “Cruzar ahora es muy peligroso, es muy difícil salir con nuestros niños”.

Cuenta que los ingenieros de la obra les han dicho que “tienen que desalojar la casa, que tienen que tumbar las casas que están aquí porque van a hacer un canal”. Ramona Farías, de 60 años, está angustiada porque “no sabemos nada”. Su preocupación radica en que desconoce si debe salir o no, cuánto les van a pagar, si lo van a hacer o no; tampoco cuándo. Pero “si nos botan, ¿a dónde nos vamos?”.

Posibles afectados en Guayaquil

En esta misma zozobra están varios moradores del Guasmo Sur, que viven en las casas que limitan con los terrenos de las empresas de la familia Noboa: Blasti S. A. e Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. Ellos pidieron la reserva de sus nombres.

Uno de ellos vive en el sector desde hace más de 40 años. “La gente dice que nos van a sacar a todos los que vivimos en el lado de esta pared. ¿A dónde nos van a mandar?”. Y añade: “Unos dicen que nos van a mandar a Socio Vivienda, pero nadie quiere ir por allá, eso está muy lejos y están matando por allá”.

Él comenta que algunos son invasores, pero la mayoría de las casas cuentan con papeles del Municipio. En cambio, la otra persona dice que desde “hace algunos años escuchan el rumor de que los van a sacar; otros dicen que no, que solo a la cartonera”.

LEA TAMBIÉN: Votar sin obligación: ¿una democracia más madura o vulnerable?

Él espera que el Gobierno los apoye “con otra casa en otro lugar”, porque no ve viable comprar una casa en otro sitio.

¿Qué debió considerar el Gobierno?

Ante esto, el ingeniero Luis Ortega, experto en proyectos y en contratación pública y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, señala que el MTOP no solo tiene que cumplir lo legal, sino también lo social. A su criterio, pese a cualquier dificultad, el Gobierno tuvo que considerarlos también en sus planes.

“Cuando se construye un proyecto público, siempre se busca el bienestar de todos”, sin que eso signifique que se vaya a ‘premiar’ a los invasores, porque “no sabemos la realidad; puede ser que otra persona les vendió esos terrenos”, presume. Por lo que en la socialización debieron haber conversado con ellos, para determinar si querían ser reubicados o compensados económicamente.

EXPRESO sigue a la espera de la entrevista solicitada al Ministerio de Obras Públicas.

LE INVITAMOS A LEER: Del ruido al silencio: ¿Dónde están los excandidatos presidenciales de Ecuador?

Se saltan pasos en la obra

El docente Luis Ortega expone que la socialización con la comunidad se realiza antes de la ejecución de la obra, en la fase de estudio, no durante la construcción de las vías. Es decir, antes de que el proyecto pase a la fase de diseño definitivo, para que esos terrenos ya sean de utilidad pública. Pero “eso no se ha hecho”.

Aunque si no se lo hizo en esas fases, debieron hacerlo antes de trabajar. Comenta que cada uno de los cabildos tiene su normativa interna para ejecutar expropiaciones.

Normas ignoradas

“Por ley, obligatoriamente tiene que estar expropiado antes del inicio de cualquier proyecto”. Eso lo establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Por otro lado, dice que la contratista debió comenzar su labor una vez que el MTOP tuviera todos los permisos.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: La entrada al Jardín Botánico no florece: se marchita entre el miedo y la basura

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!