Analistas explican el trasfondo político del conflicto entre Ecuador y Colombia

La denuncia del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto bombardeo desde Ecuador en la zona fronteriza no solo agitó el tablero diplomático regional: también reabrió un viejo fantasma en la relación bilateral, la posibilidad de incidentes militares transfronterizos, en un momento en que ambos países enfrentan una creciente presión interna por el avance del narcotráfico. 

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El episodio, aún envuelto en incertidumbre y sin pruebas concluyentes, ocurre en un contexto de violencia sostenida en la frontera norte, disputas comerciales y estrategias opuestas frente al crimen organizado.

La tensión, en ese escenario, ya no es únicamente retórica. El detonante fue la declaración pública de Petro, quien aseguró que en territorio colombiano, cerca de la frontera, se halló un artefacto explosivo “lanzado desde un avión”. 

Según el mandatario, ni las fuerzas colombianas ni los grupos armados ilegales (que carecen de aviación) podrían ser responsables. A esta acusación se sumó un elemento aún más sensible: el supuesto hallazgo de al menos 27 cuerpos calcinados en la zona (aún no hay pruebas de aquello), lo que, según Petro, refuerza la hipótesis de ataques aéreos.  El presidente colombiano incluso pidió la intervención internacional para evitar una escalada, advirtiendo que su país “no quiere ir a una guerra”. 

Expertos resaltan el lado político del conflicto

Para Hugo Acero, exsecretario de Seguridad y Movilidad de Bogotá, el fondo del conflicto no es comercial, sino de seguridad, y responde a visiones profundamente distintas entre ambos gobiernos. “El presidente Daniel Noboa ha privilegiado el enfrentamiento armado contra las estructuras criminales nacionales y transnacionales, mientras que el presidente Gustavo Petro ha apostado por el diálogo a través de la ‘Paz Total’, que, tras más de tres años de gobierno, ha resultado un fracaso en Colombia”, afirmó. 

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Consultado sobre una posible escalada del conflicto, Acero fue enfático: “Cómo van las cosas, el tono va a seguir subiendo, y esto le conviene particularmente al presidente Petro, quien está en plena dinámica política para sostener su proyecto en el poder”.

Desde Ecuador, la reacción fue inmediata. El gobierno de Daniel Noboa negó categóricamente que sus Fuerzas Armadas hayan actuado fuera del territorio nacional. El Ministerio de Defensa aseguró que todas las operaciones se desarrollan “única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano” y que están dirigidas contra estructuras del narcoterrorismo. La narrativa oficial ecuatoriana va más allá y apunta a la corresponsabilidad regional.

Para Xavier Ordóñez, asambleísta oficialista por la circunscripción del exterior y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el problema no puede entenderse de forma aislada. “Ecuador ha sido claro al señalar que esta lucha requiere una corresponsabilidad real entre las naciones. No bastan las acciones aisladas. Se necesita compromiso político, cooperación sostenida y una visión compartida para enfrentar a organizaciones que operan a escala regional y global”, sostuvo.

Detrás del cruce de acusaciones hay, sin embargo, una realidad más compleja: la frontera colombo-ecuatoriana se ha consolidado como un territorio en disputa por estructuras criminales binacionales. “Esperamos que el Gobierno colombiano entienda que respetamos irrestrictamente las fronteras, pero también haremos respetar las nuestras. Sería ideal que el presidente Petro se sume a la lucha contra quienes también lastiman al pueblo colombiano”, señala.

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Grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y diversas organizaciones narcotraficantes operan en corredores selváticos donde la presencia estatal es limitada. En ese contexto, Ecuador ha intensificado los bombardeos y operaciones militares contra campamentos ilegales, mientras Colombia enfrenta dificultades para controlar zonas cocaleras y rutas fluviales estratégicas. 

A esto se suma la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, que ha fortalecido la capacidad operativa ecuatoriana en su lucha contra el crimen organizado.  Para Daniel Pontón, el impasse entre Ecuador y Colombia no llegaría a mayores: “no creo que haya indicadores que dicten una subida de tono. Tal vez sí en la narrativa. No creo que llegue a mayores en materia militar porque en ninguno de los dos países, peor Ecuador, estamos en condiciones de que esto pueda derivarse en un conflicto”, asegura.

“Si la situación se demuestra, si hubo una premeditación del lado ecuatoriano de lanzar una bomba contra un grupo organizado o un grupo irregular posiblemente podría llevar a una ruptura de relaciones diplomáticas; no lo descarto. Ya nos pasó en 2008–2009 y podríamos revivir esas grandes tensiones. A la par estar atento a elecciones en el país vecino”, aclara.

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