Jueces anticorrupción alertan crisis: falta de seguridad, recursos y sobrecarga
“Estas no son condiciones dignas de trabajo”, advierten los magistrados, tras exponer una serie de problemas desatendidos
Los jueces de la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado alzaron la voz. En un documento dirigido al Consejo de la Judicatura, los magistrados advirtieron que enfrentan condiciones laborales precarias, falta de seguridad, escasez de recursos y una sobrecarga extrema de causas, factores que, según señalan, ponen en riesgo la independencia judicial y la eficacia del sistema penal frente al crimen organizado.
El pronunciamiento se conoce en medio del escándalo por las amenazas y presiones denunciadas por el juez Carlos Serrano Lucero, quien dejó de despachar tras quedarse sin protección policial.
En un documento, los magistrados advierten que el sistema especializado, creado para enfrentar mafias y redes de lavado, opera en condiciones de vulnerabilidad extrema. “La carga procesal es excesiva y desproporcionada frente a la capacidad operativa de los tribunales”, señalan, y alertan que han solicitado más personal auxiliar de forma reiterada, sin que la Judicatura haya dado respuesta.
Falta de protección para los magistrados
Uno de los puntos más sensibles es la falta de protección efectiva. Los jueces recuerdan que, por la naturaleza de los delitos que conocen, están expuestos a amenazas, seguimientos y represalias. “El riesgo no es hipotético”, subrayan, al advertir que la ausencia de esquemas de seguridad adecuados incrementa la posibilidad de amedrentamientos que influyan en el ejercicio jurisdiccional.
El reclamo coincide con lo ocurrido al juez Carlos Serrano, integrante del Tribunal de Garantías Penales Anticorrupción, quien denunció que el 3 de diciembre le retiraron su equipo de seguridad pese a amenazas directas. El 6 de noviembre apareció un coche bomba afuera de la Unidad y el 20 de noviembre, durante la audiencia del caso Euro2024, el procesado serbio Jezdimir Srdan realizó un gesto de degüello desde la cárcel, un hecho que quedó documentado en un parte policial de inteligencia.
Serrano presentó su renuncia el 4 de diciembre y comunicó que dejaría de trabajar desde el 17 de diciembre, al considerar que se vulneraban sus derechos a la vida y al ejercicio independiente de la función judicial. En su carta advirtió que obligarlo a seguir despachando sin protección lo exponía a “riesgo mortal” y recordó que la Corte Constitucional exige al Estado garantizar la seguridad de los jueces que enfrentan crimen organizado
Ese escenario es el que ahora describen los jueces en su pronunciamiento colectivo. Además de seguridad, reclaman más personal, infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas, al tiempo que cuestionan la acumulación de causas complejas sin refuerzos proporcionales. “No se puede exigir resultados excepcionales con recursos mínimos”, señalan.
Un pedido que ha sido silenciado
El documento también plantea que la falta de respuestas oportunas del Consejo de la Judicatura envía un mensaje de desprotección a quienes conocen los casos más sensibles del país. “Cuando un juez queda solo frente a organizaciones criminales, no se afecta solo a la persona, sino al sistema de justicia”, advierten.
Mientras la Judicatura sostiene que la seguridad de los magistrados depende del Ministerio del Interior, los jueces recuerdan que la Corte Constitucional ha establecido que el propio órgano administrativo de la Función Judicial tiene la obligación de adoptar medidas para evitar amedrentamientos que interfieran en los fallos.
"La carga y la complejidad de los casos no son comparables con otras materias y especialidades. En nuestra sede se manejan macroprocesos, múltiples procesados, audiencias extensas, presión mediática a todo nivel, amenazas directas, jornadas extensas ya habituales (luego de las cinco de la tarde, anocheceres intensos, amaneceres sin descanso, discusiones y problemas famnilares). Se trabaja de forma frecuente los sabados y domingos bajo el riesgo de caducidad de la prision preventiva. Estas no son condiciones dignas de trabajo".
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