Progen: demanda bajo ley RICO podría sumar más involucrados y tardar hasta 10 años
Esta ley es empleada en EE.UU. para combatir mafias. Celec pagó $107,3 millones por equipos “sin valor” entregados por Progen
Demostrar la supuesta actitud “criminal” con la que operó Progen Industries LLC., en contra del Estado ecuatoriano, tomará tiempo. A lo largo de este proceso, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) deberá sustentar que la firma privada intervino con “mala fe” en la contratación de emergencia de las centrales térmicas Quevedo III y Salitral, que debían sumar 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional.
En esta demanda civil contra Progen presentada por la Celec ante un Tribunal de Florida, en Estados Unidos, la estatal denuncia presunto fraude, enriquecimiento injusto, violaciones a la Ley de Florida contra Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas y una supuesta conspiración entre seis firmas, incluida Progen, para perjudicar a Ecuador. Según el escrito, la compañía habría obtenido dos “contratos valiosos” y extraído casi $110 millones sin entregar “nada de valor” al país.
Pese a estas presuntas faltas, la Celec busca con esta demanda civil en EE.UU. únicamente una indemnización de $110 millones, por parte de Progen y de las empresas presuntamente vinculadas. Es decir, no solicita penas de prisión para los responsables, precisó Fernando Santos, exministro de Energía y Minas.
La Celec, en representación del Estado ecuatoriano, presentó este recurso el 15 de diciembre de 2025 para que se trámite bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, por sus siglas en inglés).
Para impulsar este proceso, la empresa estatal solicitó una autorización debido a la “complejidad técnica del caso” y las “dificultades propias de la materia”, informó el 17 de diciembre de 2025 Juan Carlos Larrea, procurador General del Estado, en una entrevista en radio Centro. “Estamos acompañando y monitoreando, siempre dispuestos a apoyar una defensa eficaz para recuperar cualquier activo y obtener una condena, y así desenmarañar este acto de corrupción”.
La presunta red “criminal” de Progen habría creado “registros falsos”, según la Celec
“Procedimos a demandar, una conducta penal con indemnización”, refirió el 16 de diciembre de 2025 Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, en su cuenta de X. Y agregó que esta ley, creada en 1970, es para “sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización”.
La empresa estatal, en el litigio planteado, argumenta que la presunta red “criminal” de Progen se propuso “crear registros falsos” que evidenciaban que la empresa estadounidense -contratada en agosto de 2024, en medio de la crisis eléctrica, por la misma Celec- habría fabricado exitosamente generadores de energía y que los equipos estaban listos para ser entregados e instalados en Ecuador.
Estos insumos, en su momento, permitieron que la Celec autorice un pago total de $107,3 millones a Progen, que representa el 72 % del monto total contratado ($149,1 millones), pese a que no se ha incorporado ni un solo megavatio al sistema eléctrico nacional.
El Estado ecuatoriano deberá probar que las acciones de Progen fueron “de tipo criminal”
Ahora, en este proceso legal, el Estado ecuatoriano deberá probar que las acciones de Progen fueron “de tipo criminal”, porque al demandar amparados en la ley RICO, conocida como antimafia, debe haber una “conducta criminal” de por medio como estafa, engaño, falsificación de documentos que han perjudicado al país. “No se trata de errores ni negligencia”, precisó Luis Andrade Polanco, máster en Contratación Pública.
La ley RICO es empleada usualmente para resolver casos de mafias y vinculaciones de alto nivel, donde existe más de un actor. En los años 80’s, por ejemplo, esta norma se utilizó para desarticular la mafia de New York, conformada por los jefes de las cinco familias que manejaban la “Cosa Nostra”.
Por las características de estas estructuras, estos procesos suelen ser amplios. En este sentido, Andrade Polanco estima que la demanda a Progen podría tomar entre siete y 10 años.
Esta norma permite que se incorporen al caso a nuevos presuntos involucrados aunque no se encuentren citados en la demanda inicial, refirió el exministro de Energía y Minas.
Diario EXPRESO constató que esta demanda cita 15 nombres. Entre ellos constan los representantes de Progen, John B. Manning y Andrew S. Williamson; de la firma guayaquileña Astrobryxa, Karla Saud Calero; y del exgerente general de la Celec, Fabián Calero.
Esta ley permite, sin embargo, identificar a todos los miembros de una “banda” y sancionarlos. Así, en el caso de Progen, el juez podría incorporar a otros funcionarios ecuatorianos que manejaron la contratación, aunque no hayan firmado. “¿Quién fue a visitar la planta, quién recibió los motores, quién sostuvo que eran buenos equipos?”, cuestionó Santos.
El Estado establece las condiciones del contrato
El máster en Contratación Pública añadió que si bien en la demanda se está pintando a Progen como el “demonio” y al Estado ecuatoriano como “santo” se debe tomar en cuenta que el Estado -a través de sus empresas públicas- está obligado a definir las características del producto o servicio que va a contratar y las condiciones que debe cumplir el proveedor para ejecutar un contrato público. “No es que Progen nos dice debes recibir (generadores de) estas características”, subrayó.
Además, resaltó que el caso de Progen no es el único cuestionado en los últimos meses en el país, lo que evidencia que algo está “fallando” en los procesos de contratación pública.
Aparte de Progen, en el sector eléctrico, la Celec presentó el 9 de diciembre de 2025 en Ecuador una denuncia penal por delincuencia organizada en contra de Austral Technical Management (ATM), que debía poner en marcha la central Esmeraldas III, en enero de 2025 y aún no lo ha hecho, pese a que hasta mayo de 2025 la Celec ya canceló $71,4 millones, que representa el 80 % del total contratado ($89,9 millones). Esta obra, igual que las de Progen, no está operativa.
