Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?
Juez falló a favor del SRI y Finanzas. Estos son los pasos a seguir ante la falta de pagos
El juez de la Unidad Judicial de la Familia en Quito, David Suasnavas Fonseca, declaró improcedente la acción de protección interpuesta contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la falta de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Medida rechazada
La resolución judicial, emitida tras la audiencia del 27 de febrero de 2026, desestima el reclamo de cientos de miles de adultos mayores y personas con discapacidad. El magistrado argumentó que las entidades estatales demostraron documentadamente haber cumplido sus obligaciones, omitiendo el hecho de que las transferencias bancarias no se han ejecutado, en muchos casos, desde el primer semestre de 2025.
El recurso de apelación como salida legal
Ante el revés en primera instancia, la defensa técnica de los afectados ejecutó su siguiente movimiento. Julio Moscoso, abogado accionante, apeló de manera inmediata la decisión, trasladando la competencia a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Para Javier Rojas García, abogado especialista en derecho constitucional, laboral y penal, el camino jurisdiccional es claro. "Lo que le queda a los jubilados es apelar la decisión del juez para que sea una sala de la Corte Provincial quien conozca el recurso", explica el jurista, quien añade que la sentencia inicial carece de congruencia y una correcta motivación legal.
Rojas advierte que el dictamen judicial partió de una premisa errónea al evaluar únicamente la gestión administrativa de las carteras de Estado.
El conflicto legal no radica en si las instituciones hicieron las gestiones internas, sino en la falta de materialización del dinero en las cuentas de los beneficiarios. "Es evidente que no se les está garantizando el derecho que tienen a la evolución de sus valores", detalla el abogado constitucionalista.
Durante la comparecencia, la defensa del Estado evidenció una clara falta de articulación financiera. El SRI y el Ministerio de Finanzas se responsabilizaron mutuamente por la retención de los fondos que por ley pertenecen a los sectores vulnerables.
Jenny Escobar, representante del MEF, sostuvo que la cartera de Estado transfirió 443,19 millones de dólares al ente recaudador en 2025. En contraste, Danny Guerra, abogado del SRI, justificó que su entidad aprueba las solicitudes, pero que el depósito final depende estrictamente de la autorización del Ministerio al Banco Central del Ecuador (BCE).
