Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación
Rechazo judicial reabre debate sobre la protección a adultos mayores y personas con discapacidad
El conflicto judicial por los retrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a grupos vulnerables sigue activo. Luego de que un juez rechazara la acción de protección presentada contra el Estado, los accionantes anunciaron la apelación, lo que trasladará el caso a la Corte Provincial de Pichincha, instancia que podría redefinir si las demoras constituyen o no una vulneración de derechos constitucionales.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en un reclamo que lleva meses acumulando denuncias de adultos mayores y personas con discapacidad que aseguran no recibir a tiempo un beneficio reconocido por ley.
El fallo: no hubo vulneración de derechos, según el juez
El juez David Patricio Suasnavas Fonseca declaró improcedente la acción de protección presentada contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Economía y Finanzas por la falta de pago oportuno de la devolución del IVA. La audiencia se realizó en enero de 2026 en Quito.
Según la resolución, las instituciones demandadas demostraron haber cumplido sus obligaciones administrativas mediante resoluciones que aprobaban las devoluciones solicitadas, por lo que el juez concluyó que no se pudo identificar un acto u omisión que configure vulneración constitucional.
Sin embargo, el punto más controvertido es que, pese a existir devoluciones aprobadas, el dinero aún no llega a las cuentas de varios beneficiarios, algunos de los cuales esperan pagos desde 2025.
El problema de fondo: pagos aprobados, pero no transferidos
Los accionantes sostienen que el conflicto no radica en el reconocimiento del derecho, sino en su ejecución efectiva.
Durante la audiencia, SRI y Ministerio de Finanzas se atribuyeron mutuamente la responsabilidad del retraso:
- El SRI afirmó que aprueba las solicitudes pero no realiza los pagos;
- El Ministerio señaló que ya transfirió cientos de millones para cubrir las devoluciones;
- El depósito final depende del Banco Central dentro del proceso administrativo.
Esta cadena institucional es precisamente lo que los demandantes consideran una falla estructural del sistema.
La Defensoría del Pueblo respaldó esa preocupación y advirtió que existen múltiples quejas que evidencian una demora sistemática en la devolución del IVA a grupos vulnerables.
La Constitución reconoce a los adultos mayores y a las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria, lo que significa que el Estado tiene obligaciones reforzadas hacia ellos.
La Constitución dispone que recibirán:
- atención especializada y preferente en ámbitos público y privado;
- protección reforzada del Estado;
- prioridad en políticas públicas y servicios.
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