TCE desecha denuncia contra el colectivo YASunidos

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desechó este 27 de febrero de 2026 la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, en contra del colectivo YASunidos, cerrando la causa legal iniciada en el marco de la Consulta Popular del Yasuní.

Resolución, finalmente

La resolución judicial archiva un proceso que la agrupación ambientalista califica como una persecución política y judicial sostenida a lo largo de más de doce años contra sus integrantes y sus causas. Como promotores de la primera consulta popular de alcance nacional por iniciativa ciudadana, la dirigencia de YASunidos enfrentaba este recurso legal que amenazaba su representación jurídica y la defensa de los resultados electorales que ordenaron mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43.

Tras conocer la sentencia favorable, los voceros del colectivo exhortaron públicamente al Consejo Nacional Electoral a abstenerse de presentar recursos de apelación. Argumentan que solo con la ratificación de esta medida en las instancias correspondientes de la justicia electoral se podrá dar un cierre definitivo a un proceso que consideran totalmente arbitrario y absurdo.

Asimismo, la organización reconoció el acompañamiento permanente de sus bases, defensores de derechos humanos y aliados estratégicos durante el litigio. Afirman que esta fuerza colectiva es el mecanismo principal que sostiene la defensa de los derechos de la naturaleza y la vida digna en los diversos territorios a escala nacional.

En el mismo pronunciamiento emitido tras el fallo del TCE, YASunidos advirtió a la ciudadanía que el gobierno de Daniel Noboa Azín incumple flagrantemente el mandato popular del Yasuní. La agrupación aseguró que mantendrá sus acciones de fiscalización y protesta hasta que se cumpla la voluntad expresa de los votantes en las urnas.

Además, la entidad civil exige que se ejecuten sanciones administrativas y legales para todos los funcionarios e instituciones que han impedido u obstaculizado el cumplimiento de esta decisión democrática. Apenas un día antes, la organización anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, argumentando un retroceso práctico en la protección ambiental y la falta de garantías constitucionales en los territorios vulnerables.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!