Iván Baquerizo | ‘Terra nullius’

En 1788, el Imperio británico declaró a Australia ‘terra nullius’ -tierra de nadie-. Bajo esa ficción jurídica, la Corona reclamó soberanía sobre un territorio habitado por pueblos aborígenes desde hacía milenios. No fue ignorancia antropológica, fue una construcción legal funcional a un interés geopolítico. Según el criterio imperial, si no existía un Estado acorde a sus estándares, entonces la tierra podía ser ocupada ‘legítimamente’. La historia demostraría después que aquella doctrina era insostenible, pero durante décadas sirvió como instrumento para consolidar dominio político y territorial.

Esta lección es tan antigua como el poder mismo; cuando existen intereses estratégicos en juego, el Leviatán casi siempre encontrará una justificación jurídica que lo respalde. La norma no desaparece, se adapta. La ley no se elimina, se interpreta. Y así, lo que aparenta ser un acto estrictamente legal termina siendo una decisión eminentemente política.

La geopolítica contemporánea ofrece ejemplos elocuentes. Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos delimitó el alcance de las facultades presidenciales en materia arancelaria, recordando que la potestad de imponer tributos corresponde constitucionalmente al Congreso. En su extenso discurso del ‘State of the Union’, el presidente Donald Trump defendió los aranceles como herramientas eficaces de poder para obtener concesiones de otros países y dejó claro que, aun frente a límites judiciales, su administración exploraría fundamentos legales alternativos para sostener esa política.

Más allá de simpatías o discrepancias, el episodio refleja una constante histórica; el poder Ejecutivo, cuando considera estratégico actuar de cierta manera, intentará usar herramientas o su propia interpretación del ordenamiento jurídico. Esto no es exclusivo de una nación, partido, o ideología. Desde las actuales superpotencias, Estados Unidos y China, pasando por las potencias medias, Rusia, Israel e Irán, para terminar en el resto de las naciones, Ecuador, Venezuela o El Salvador. En todo el planeta observamos cómo el lenguaje jurídico puede convertirse en vehículo de objetivos geopolíticos.

La diferencia crucial debe radicar en la fortaleza de la institucionalidad. En democracias consolidadas se espera que los contrapesos funcionen; las cortes delimiten, el Congreso supervise y el escrutinio público florezca. El liberalismo clásico no propone ingenuidad geopolítica, propone algo más exigente: que incluso en la defensa de supuestos intereses nacionales, el poder esté sujeto a reglas claras, previsibles y respetuosas de la libertades individuales y económicas.

Porque cuando el derecho se transforma en una herramienta accesoria del Ejecutivo sin límites efectivos, la libertad deja de ser derecho y pasa a ser una concesión. Se le atribuye a Benito Juárez la frase “A mis amigos todo, a mis enemigos la ley”.

El concepto de ‘terra nullius’ fue una ficción eficaz, pero débil a la larga. La pregunta es si las supuestas democracias liberales podrán limitar la creatividad jurídica del Leviatán, porque solo ahí definiremos si la ley es de verdad un límite o simplemente un instrumento.

¡Hasta la próxima!