Operativo en Chimborazo: Se decomisan drogas y armas en cárceles de Riobamba y Alausí
Los operativos se realizaron en los centros penitenciarios de Riobamba y Alausí
Nuevos operativos en los centros penitenciarios de Riobamba y Alausí.
Los efectivos de la Primera División del Ejército, con apoyo de la Brigada de Caballería Blindada, realizaron nuevos operativos en los centros penitenciarios de Riobamba y Alausí, en el marco de las intervenciones que se ejecutan de forma regular para mantener el control en estos recintos.
Las acciones se desarrollaron en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Riobamba y en la cárcel de varones de Alausí. Durante los procedimientos, los militares verificaron el número de personas privadas de libertad y efectuaron registros en celdas, patios y otras áreas internas, con el fin de ubicar objetos prohibidos y evitar actividades ilegales.
En los operativos se encontraron:
- Sustancias sujetas a fiscalización: 34 dosis de cocaína y un envoltorio con la misma droga.
- Equipos de comunicación: teléfonos móviles y tarjetas SIM.
- Armas y objetos de riesgo: cuchillos, armas blancas, pipas artesanales y cargadores.
- Otros artículos no autorizados, sin mayor detalle.
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Las acciones se desarrollaron en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Riobamba y en la cárcel de varones de Alausí.
Una provincia marcada por la crisis carcelaria
Estos operativos se suman a otros realizados entre 2025 y 2026 y reflejan un escenario de debilitamiento del control penitenciario en Chimborazo. El hallazgo frecuente de armas, teléfonos móviles y drogas dentro de las cárceles muestra que el ingreso de estos objetos se ha vuelto una constante.
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En octubre de 2025 ya se habían efectuado intervenciones similares en Riobamba, Alausí y Guaranda, donde se decomisaron celulares, armas blancas y dinero en efectivo, en un intento por limitar las comunicaciones y las actividades ilícitas que se gestan al interior de los centros penitenciarios.
En septiembre de 2025, la provincia de Chimborazo fue incluida en el estado de excepción decretado a escala nacional, tras el aumento de amenazas y episodios de violencia. La medida implicó la aplicación de toques de queda y un mayor despliegue de policías y militares, como parte de las acciones adoptadas para contener la inseguridad y resguardar el orden público.
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