Gobierno consolida su poder en la Fiscalía: así llegó Carlos Alarcón al cargo clave

Finalmente, y tal como estaba previsto, el gobierno tiene ya a un fiscal general funcional a sus intereses: Carlos Alarcón. Su llegada al cargo fue posible gracias a una sucesión de maniobras, decisiones administrativas controvertidas y vacíos legales que contaron con el decidido respaldo del Ejecutivo. La última pieza de esa cadena fue la renuncia definitiva -previsible- del fiscal encargado Wilson Toainga, quien prácticamente había abandonado el puesto desde que viajó, en circunstancias extrañas, a un curso en Brasil entre el 5 y el 10 de octubre.

Toainga había solicitado una licencia temporal y, como él mismo era subrogante tras la salida de Diana Salazar, el Consejo de la Judicatura -hoy claramente alineado con Carondelet- designó de manera polémica a Alarcón como “subrogante del subrogante”, una figura inexistente en la legislación ecuatoriana. No hay que olvidar que al frente del Consejo de la Judicatura está Mario Godoy, quien llegó al cargo únicamente por el apoyo de Carondelet, pues su postulación al cargo estaba llena de cuestionamientos y críticas. Lo mismo con uno de sus vocales: Fabián Fabara, quien a pesar de haber tenido procesos administrativos y disciplinarios en el propio Consejo de la Judicatura fue nombrado.

Es evidente que Alarcón no habría llegado al cargo sin la voluntad política del gobierno de Daniel Noboa. Durante los últimos años, el ahora fiscal tuvo bajo su responsabilidad varios procesos judiciales que se involucraban directamente los intereses del mandatario, incluso antes de que este llegara a Carondelet. Entre ellos figuran causas relacionadas con su exesposa Gabriela Goldbaum y su familia a la que se le despojó de un contrato de seguros con Petroecuador y el archivo exprés de una solicitud de investigación presentada por Yaku Pérez por un presunto tráfico de influencias para favorecer a la minera Dundee Precious Metals en el proyecto Loma Larga. 

También inició la causa por presunto almacenamiento ilegal de derivados de hidrocarburos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, uno de los adversarios políticos más visibles del gobierno. A ello se suma su rol en el llamado Caso Nene, en el que se investigó al hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, a la sazón una de las más enconadas rivales políticas del presidente.

La confirmación de Alarcón en la Fiscalía consolida el avance del Ejecutivo sobre instituciones clave del Estado: la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría y el CPCCS. Todas estas entidades, de una u otra manera, han tomado decisiones alineadas con los intereses del gobierno o han evitado actuar en aquellos ámbitos donde su intervención habría representado un contrapeso efectivo. La única institución que aún no ha sido absorbida es la Corte Constitucional. Al menos por ahora: se sabe que el Ejecutivo va a trabajar para tener mayoría ahí.

Lo más llamativo es que la Corte Constitucional, sin estar formalmente alineada con Noboa, ha demorado en tramitar las acciones de inconstitucionalidad contra la designación de Alarcón: de hecho hay dos, una de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea y otra de la Unión Nacional de Educadores. Para varios especialistas, la designación fue irregular. Tras la renuncia definitiva de Diana Salazar en mayo de 2025, sostienen, el encargo de Toainga perdió sustento legal y no cabía una nueva subrogación; correspondía nombrar a un fiscal general titular mediante el proceso previsto por la Constitución. También cuestionan que la Procuraduría interviniera avalando la designación, pues no posee competencia para regular la estructura interna de la Fiscalía ni para autorizar subrogaciones de esta naturaleza.

Un fiscal que le debe su cargo a Mario Godoy

Otro cuestionamiento apunta a la influencia excesiva del Consejo de la Judicatura sobre la Fiscalía. La propia Corte Constitucional ha advertido, en distintas providencias, que dicho organismo posee un alcance desproporcionado en la vida institucional del Ministerio Público -incluye la evaluación, sanción y ascenso de fiscales- y que eso afecta directamente el principio de independencia de funciones. A ello se suma que el CPCCS ha evitado avanzar en la designación de un fiscal general definitivo, dejando un vacío que abrió la puerta para que Alarcón fuera colocado en esta posición estratégica.

El impacto de este movimiento institucional es profundo. Tener el control de la iniciativa penal es una de las mayores palancas de poder en cualquier democracia: permite presionar, condicionar o disciplinar a opositores, funcionarios, empresas y actores sociales bajo la amenaza -explícita o implícita- de abrir o acelerar procesos judiciales. Con la llegada de Alarcón, el Ejecutivo no solo fortalece su capacidad de intervención en el sistema de justicia, sino que redefine, de manera preocupante, el equilibrio republicano del país.

Este episodio no puede analizarse de forma aislada. Aunque todo estaba diseñado desde hace meses, llega apenas días después de la derrota del gobierno en la consulta del 16 de noviembre, un revés que debilitó la legitimidad política de Noboa y aceleró su necesidad de asegurar el control institucional. La captura de la Fiscalía, en este contexto, más que una jugada administrativa luce como una estrategia de supervivencia: asegurar que ninguna investigación alcance al círculo presidencial y, al mismo tiempo, disponer de una herramienta poderosa para neutralizar cualquier disidencia.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO