Carlos Alarcón, un fiscal de bolsillo para Daniel Noboa

¿Ahora sí se viene el allanamiento de la Corte Constitucional? Todo parece indicar que ese es el paso siguiente en el proceso de metida de mano en la justicia que esta semana continuó su curso indetenible con una sustitución anunciada: la del fiscal general del Estado. 

Incapaz, por lo que se sabe, de cumplir ciertas tareas políticas que el gobierno esperaba de él pero él juzgaba incompatibles con su cargo, el fiscal subrogante Wilson Toainga decidió dar un paso al costado discretamente. Y el viernes por la noche, reunido en sesión extraordinaria urgente (interrumpida por un oportuno apagón), el pleno del Consejo de la Judicatura de bolsillo de Daniel Noboa nombró a un fiscal general de bolsillo para reemplazarlo: Carlos Alarcón.

¿Quién es Carlos Alarcón?

Se trata del hombre de confianza que ha manejado los casos en los que el presidente tiene intereses especiales: el caso Nene, contra el hijo de la exvicepresidenta y enemiga número uno de Noboa, Verónica Abad; el caso Triple A, contra el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, que en Carondelet se asume como cosa personal; el caso de los seguros de Petroecuador, contra Federico Goldbaum, hermano de Gabriela, la exesposa de Noboa, y que reúne todas las características de ser un proceso judicial con dedicatoria…

En estos casos Alarcón toma sus riesgos. Se expone, por ejemplo, al ridículo, como cuando pidió cambio de medidas cautelares y prisión preventiva contra Aquiles Álvarez por no presentarse ante el juez en Guayaquil el día en que, por invitación del propio Ejecutivo, el alcalde había viajado a Quito para reunirse con ministros y coordinar con ellos temas de seguridad. 

O se arriesga a ser sancionado por actuación dolosa, como cuando acusó de peculado a Seguros La Unión y selectivamente decidió que, entre decenas de accionistas, el único que debía responder por ese delito era Federico Goldbaum. Con semejantes botones de muestra (tres a falta de uno), en la función judicial nadie duda de que el nuevo fiscal hará lo que el presidente le mande.

Las negativas de Toainga ante las presiones

¿Allanar la sede de la Corte Constitucional, por ejemplo? En esas dependencias han estado esperando el operativo policial desde hace días. El viernes 3 de octubre lo creyeron inminente y se dispuso un retiro ordenado de los funcionarios: a las dos de la tarde se fueron a sus casas, a hacer teletrabajo.

Pero nada pasó. En la Fiscalía, en el edificio de la Corte Nacional, en la misma Corte Constitucional, hasta en el Consejo Nacional Electoral (CNE) es un secreto a voces que a Toainga lo presionaban desde Carondelet para que diera ese paso y él se negaba. Y que no era la primera orden que no quería cumplir. 

Se sabe que tampoco condescendió a allanar las oficinas del juez de lo contencioso electoral Joaquín Viteri, quien conoció la denuncia contra Aquiles Álvarez por campaña indebida (infracción electoral grave) pero se limitó a sancionarlo con multa en lugar de destituirlo como esperaba el Ejecutivo.

El caso es que Toainga cayó en desgracia ante el gobierno (lo cual, en épocas de absolutismo como la presente, equivale a caer en desgracia metafísica). Hasta ahí, bien por él: su negativa a convertirse en herramienta de persecución del poder político habla de unos elevados estándares éticos. Pero luego ocurre que, en lugar de resistir valiente y dignamente a las presiones, prefirió llegar a un acuerdo, colaborar con el gobierno y salir del escenario por la puerta trasera. 

Se anticipaba la sida del fiscal que reemplazó a Diana Salazar

El lunes de esta semana, los trolls oficialistas circularon en redes sociales la falsa noticia de su renuncia: “Se fue el longazo alcahuete de Diana Salazar”, decía uno de esos cerdos. 

La Fiscalía emitió un comunicado público para desmentir el rumor, pero lo cierto es que esas versiones tenían un asidero en la realidad que sólo se conocería días más tarde: ese lunes, Toainga había dirigido una consulta a la Procuraduría sobre los mecanismos para reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva. Era claro que estaba preparando su salida.

Aunque la Constitución es clara en determinar que al fiscal lo nombra el Consejo de Participación Ciudadana, el procurador Juan Carlos Larrea encontró la figura jurídica (en eso consiste la ciencia del Derecho en países dados al diablo como éste: en encontrar “figuras jurídicas” para lo que sea) para adjudicar esa responsabilidad al más ágil y manualito Consejo de la Judicatura de bolsillo de Daniel Noboa. 

La respuesta del procurador se conoció el viernes. Ese día, el periodista Carlos Vera, en el programa que tiene en uno de los medios de comunicación del asambleísta de gobierno Luis Alvarado Campi, arremetió contra Toainga: “no merece un ápice de respaldo”, dijo. “Se apartó de la línea”. “Convirtió a la Fiscalía en bastión de José Serrano”. Entregó “las direcciones al correísmo”. “Cualquiera es mejor que Toainga”. 

Estaba claro que la caída en desgracia del fiscal subrogante era irreversible. Con respecto a su reemplazo, Vera anunció que “tendrá que tomar decisiones clave que Toainga no ha querido tomar o no ha podido tomar o no ha tenido la entereza de tomar”. Pues sí: de eso se trata.

Toainga se declaró en comisión de servicios del 5 al 9 de octubre, dizque para asistir a una conferencia sobre inteligencia artificial y delincuencia en Río de Janeiro, y pidió al Consejo de la Judicatura que le nombrara un reemplazo para esos días. Como si no pudiera simplemente irse, sin más, tal como haría (tal como hace) cualquier funcionario al que le sale un viaje y no anda por ello movilizando a media función pública con el fin de llenar el hueco que deja por cuatro días. 

Salvo que no piense regresar, como lo parece confirmar el hecho de que sus colaboradores más cercanos ya están desocupando sus oficinas. En resumen: Carlos Alarcón es el nuevo fiscal general del Estado de bolsillo, subrogante del subrogante por 90 días, mientras el concurso para elegir al definitivo en el CPCCS sigue verde. Bien podrían ser 90 días prorrogables.

“Lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro deber legal ante un pedido de licencia”. “No estamos nombrando a un fiscal titular”. “Estamos eligiendo de una lista elaborada por las direcciones general, jurídica y de talento humano”. “Necesitamos un back up”. 

Fabara y Godoy, claves para nombrar el reemplazo de Toainga

El vocal del Consejo de la Judicatura Fabián Fabara lucía excesivamente preocupado por aclarar que lo que estaban haciendo no tenía nada de malo. Se llenaba la boca hablando de “parámetros lógicos de probidad”, “estándares de excelencia”, “solvencia ética”, “lucha anticorrupción” y “distinción profesional”, como si con tamaña parrafada fuera posible disimular la naturaleza del operativo y la dimensión de su propio rabo de paja.

Imposible olvidar que Fabara llegó a ocupar una vocalía en la Judicatura luego de mentir descaradamente al organismo encargado de la selección, el CPCCS: declaró que no tenía ningún proceso disciplinario en curso cuando la verdad es que sobre él pesaba una declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Nacional por negligencia manifiesta en un caso de violación, y que las direcciones de disciplina tanto de la Judicatura de Pichincha como de la nacional habían solicitado su destitución. Se salvó porque el exabogado de narcos que ocupa la presidencia de ese organismo, Mario Godoy, dejó prescribir el caso.

Godoy alcahuetea a Fabara y Fabara alcahuetea a Alarcón, el nuevo fiscal. La denuncia por dolo presentada contra este último por Federico Goldbaum, por acusación selectiva y otras linduras, fue precisamente Fabara quien la declaró improcedente cuando se desempeñaba como presidente de la Corte Provincial de Pichincha, pese a que el caso de seguros La Unión reúne todas las características para convertirse en un modelo de persecución personal ejercida desde la presidencia de la República, uno en el que participa también el exabogado de Daniel Noboa y hoy presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama von Buchwald, que fue quien presentó la denuncia.

Y como en los círculos del poder no existe favor sin su respectiva retribución, es predecible que sea ahora Alarcón quien se abstenga, en su recién adquirida calidad de titular de la Fiscalía General, de continuar adelante con las investigaciones previas que ese organismo ejecuta en contra de sus dos benefactores: Godoy y Fabara. 

Godoy y Fabara están investigados

Contra Godoy, por el caso Pendrive, en el que se acusa al presidente de la Judicatura de haber presionado a una jueza para que dictara una sentencia bajo pedido, sentencia que le entregó ya redactada según consta en el expediente. 

Contra Fabara, por un oscuro asunto de lavado de activos, el caso Fortunario, cuya nulidad declaró como juez de Pichincha y que se volvió contra él cuando la Fiscalía allanó sus oficinas y las de la también jueza Lady Ávila y encontró 26.400 dólares en efectivo y 50.000 en letras de cambio.

Una pandilla en los cargos clave de la Función Judicial. Ya en el proceso de control del CPCCS, el gobierno aprendió que no hay nada mejor que un funcionario corrupto para garantizarse obsecuencia y fidelidad: sin el rabo de paja de Johanna Verdezoto, consejera de ese organismo, nada de esto habría sido posible. Ahora aplica la misma receta para ejecutar su propio modelo de metida de mano en la justicia. El nuevo Ecuador resuelve.

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