Ernesto Albán Ricaurte | Inteligencia artificial y derecho
La IA puede ayudar a ordenar información y a reducir tiempos, pero no debe desplazar lo esencial
En una justicia congestionada, la IA es una promesa tentadora: un sistema que lea cientos de páginas, encuentre precedentes y ‘proponga’ una salida en segundos. El problema aparece cuando esa promesa se transforma en un atajo que va de la asistencia a la toma de decisión: un algoritmo que sugiere prisión porque “el perfil se parece”, o que calcula una reparación por estadística. Ahí la pregunta ya no es tecnológica, sino jurídica: ¿modernizamos la justicia o diluimos la responsabilidad del juzgador?
Miremos el tema bajo tres ópticas. La primera es constitucional. En Ecuador el debido proceso exige saber quién decide y por qué: las resoluciones deben estar motivadas (art. 76.7.l de la Constitución), y no basta con un texto que ‘suene’ convincente si no explica la pertinencia de la norma aplicada a los hechos.
Esa exigencia tiene traducción práctica: si se usa IA, la transparencia mínima exige trazabilidad. Dejar constancia de la herramienta y su función, permitir auditoría, y dar una explicación comprensible para poder impugnar. Si una recomendación influye en una decisión, debe poder discutirse con la presencia de las partes. Porque una justicia que no puede explicarse es una justicia que no puede controlarse.
La segunda óptica es de teoría del derecho: decidir no es ejecutar una fórmula. La IA detecta patrones; no entiende principios jurídicos ni asume responsabilidad sobre sus recomendaciones. El establecimiento de responsabilidades penales, civiles o administrativas no puede tercerizarse en un proveedor informático ni esconderse detrás de una pantalla: las decisiones deben tener autor, nombre y apellido y, sobre todo, razones verificables.
La tercera es regulatoria. Las resoluciones que afectan libertad, patrimonio o servicios esenciales tienen un valor social demasiado alto como para depender de recomendaciones que nadie puede auditar. Requieren control humano real: el juez debe entender, poder apartarse y motivar por qué acepta o rechaza la sugerencia.
En los procesos judiciales la IA puede ayudar a ordenar información y a reducir tiempos, pero no debe desplazar lo esencial: el deber de razonar, motivar y responder por lo decidido. Por estas razones, la última palabra debe ser humana.
