Mauricio Velandia | Preguntas incómodas
La historia moderna demuestra que la prensa independiente nunca ha sido cómoda para el poder
En el Centro Histórico de Quito, dos personas no discuten de fútbol ni del clima. Hablan de un periódico. “Dicen que a un periódico en Ecuador lo están persiguiendo por lo que ha publicado o pregunta”, comenta uno. El otro responde sin sorpresa: “no sería la primera vez que un gobierno se molesta cuando alguien investiga demasiado”.
La historia moderna demuestra que la prensa independiente nunca ha sido cómoda para el poder. Su función no es agradar, ni acompañar narrativas oficiales, ni alinearse con proyectos políticos. Su función es informar, investigar, contrastar fuentes y revelar aquello que el poder preferiría mantener fuera del escrutinio público.
Los grandes hitos del periodismo mundial han atravesado conflictos con el poder político. En 1971, cuando The New York Times y The Washington Post publicaron los llamados Pentagon Papers, el gobierno de Estados Unidos intentó detener judicialmente la difusión de información sobre la guerra de Vietnam. En el Reino Unido, The Guardian enfrentó presiones directas del gobierno tras publicar las revelaciones de Edward Snowden sobre vigilancia masiva, llegando con ello a la intimidación política y exigencias de destrucción de material informativo. En América Latina se conocen bien estos patrones, por ejemplo, en Argentina, Clarín, en gobiernos pasados, enfrentó una estrategia prolongada de presión regulatoria y fiscal.
Primero aparece la judicialización estratégica, demandas penales o civiles a sus cabezas, que no buscan ganar jurídicamente, sino desgastar, intimidar y enviar un mensaje ejemplarizante. Luego llega la asfixia económica, multas selectivas, sanciones administrativas, retiro de publicidad oficial, auditorías permanentes. A esto se suma la captura regulatoria, organismos de control que dejan de actuar como árbitros neutrales y se alinean con la conveniencia política del gobierno de turno. Finalmente, la estigmatización pública, discursos oficiales que presentan a periodistas y medios como conspiradores, operadores políticos o enemigos del Estado.
Ecuador no está al margen de este mapa. La presión creciente contra la prensa debe analizarse con esa lente. No se trata de un conflicto personal ni de un debate coyuntural sobre una publicación específica. Se trata de la reacción del poder frente a un periodismo que investiga, pregunta y conecta hechos. Esa labor, por definición, incomoda. Lo que resulta preocupante es cuando esa incomodidad empieza a traducirse en acciones estatales que desbordan el debate público y se trasladan al terreno del castigo institucional.
El caso del acuerdo comercial o convenio entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y HealthBird Ecuador S.A.S., con sus adendas y anexos, ilustra con claridad el punto. No se trata de un ataque político ni de una acusación gratuita. Se trata de preguntas legítimas sobre cifras, condiciones contractuales, modificaciones posteriores y racionalidad económica de un negocio celebrado con recursos públicos. La plata del Estado no es del Gobierno. Es de los ciudadanos. Y, precisamente por eso, está sujeta a escrutinio permanente.
Al final, las dos personas en Quito concluyen que preguntar por el dinero público no es incomodar al poder, es recordarle que gobierna recursos ajenos.
Respaldar a EXPRESO es respaldar el periodismo que investiga, pregunta y ejerce control ciudadano sobre recursos públicos.
