El ABC de la manipulación: nada que inventar

Desde los tiempos en que el control sobre la prensa por parte de los gobiernos se ejercía mediante la imposición de restricciones a las importaciones de papel, hasta las novedosas prácticas de acoso cibernético de la actualidad, es notable lo mucho que han evolucionado las tecnologías y lo poco o nada que han cambiado las intenciones.

La intolerancia frente al periodismo que comparten, en la actualidad, numerosos gobiernos que se consideran democráticos, es directamente proporcional al deterioro institucional que se puede observar en sus países. Viejos métodos de control conviven con nuevas y cada vez más sofisticadas herramientas: el uso de softwares espías para vigilar periodistas comparte espacio con la tradicional administración selectiva de los fondos de publicidad estatal como mecanismo de premio o castigo; el financiamiento masivo de la desinformación por medios electrónicos, con la judicialización abusiva del disenso… No son prácticas aisladas: vienen de la mano de otros tantos síntomas de déficit democrático, como la falta de regulación de las agencias estatales de inteligencia, por ejemplo; o la eliminación de mecanismos de rendición de cuentas con el pretexto de “motivos de seguridad nacional”. Estas cosas no ocurren solamente en Rusia, China, Irán y otras autocracias orientales. Durante los últimos años, han sido registradas en España o en Grecia, en Italia o en Hungría, en Estados Unidos o en Colombia… países que solían jactarse de la estabilidad de sus instituciones.

El ciberespionaje como forma más grosera de control a la prensa

De todas estas formas de control, quizá la más grosera es el ciberespionaje. Aplicado a periodistas, sirve a los gobiernos para vulnerar el principio de reserva de las fuentes. Desde 2020, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha documentado ampliamente el uso distintos tipos de ‘spyware’ en Grecia, por ejemplo. El ‘spyware’ es un software malicioso que se instala en los dispositivos electrónicos con el fin de recopilar información y acceder a correos y aplicaciones de mensajería. El escándalo conocido como “Predatorgate” (por el nombre del ‘spyware’ Predator, desarrollado por una empresa israelí) afectó a trece periodistas que cubrían casos de corrupción estatal en ese país. En Hungría también se reportaron al menos diez casos de editores independientes, periodistas y directores de medios de comunicación críticos con el gobierno de Viktor Orban que fueron víctimas de vigilancia, justificada oficialmente por supuestos “motivos de seguridad del Estado”. Pegasus es el nombre del ‘spyware’ usado en esos casos. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni admitió usar Paragon (también de fabricación israelí, como el anterior) para espiar a activistas políticos, pero ha negado haberlo hecho con periodistas. Sin embargo, en junio pasado, la plataforma Citizen Lab reveló que Paragon infectó los teléfonos de al menos tres periodistas italianos. Un comité parlamentario lo ratificó pero no pudo hallar responsables.

Las nuevas tecnologías no sólo sirven para espiar periodistas sino también (y esto ocurre sin control en todo el mundo) para la difusión masiva de información falsa. El financiamiento de granjas de trolls, que en el Ecuador se han convertido en parte del paisaje desde los tiempos del correato, y, sobre todo, la creación de falsos medios digitales, sitios Web que imitan noticias legítimas para propagar falsas narrativas, son tácticas que se han visto potenciadas gracias a las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. El objetivo es radicalizar las divisiones sociales, apoyar y difundir las políticas gubernamentales y deslegitimar a sus críticos. El resultado es un ecosistema mediático enrarecido que no hace sino agudizar la crisis de credibilidad del periodismo. Un informe del Oxford Internet Institute, actualizado en 2024, revela que 62 países, incluido el Ecuador, utilizan agencias estatales para financiar la desinformación. Rusia es el líder mundial absoluto de esta industria: la extensa red de falsos medios con los que bombardea occidente reciben 250 millones de visitas anuales solamente en TikTok.

Las presiones judiciales o administrativas a la prensa

Luego están las estrategias de toda la vida. Las presiones judiciales o administrativas, por ejemplo. Como las que el presidente de Colombia Gustavo Petro está ejerciendo, en estos mismos días, sobre la empresa Plural Comunicaciones, operadora de Canal Uno, para revocarle la concesión de la frecuencia. Petro cuestiona, bajo la acusación de supuesta integración empresarial no registrada, un acuerdo con la cadena Caracol para compartir contenidos. “Violación a la pluralidad informativa”, clamó el presidente de Colombia con su voz aguardentosa, y dispuso la terminación anticipada del contrato de concesión, que vence en 2037. Este tipo de presiones administrativas suele recurrir al abuso de mecanismos legítimos de control (políticas laborales, composiciones accionarias, impuestos…) con el fin de asediar a los medios incómodos para el gobierno de turno. En los tiempos de Correa había agentes estatales que prácticamente tenían oficina propia en las redacciones, donde vigilaban con lupa hasta el último documento en busca del menor resquicio que le permitiera argumentar una irregularidad inexistente.

La publicidad estatal como otra forma de control a la prensa

Y para terminar esta lista de tácticas de manipulación, no podía faltar la más típica y tradicional de aquellas democracias que empiezan a dejar de serlo: el uso selectivo ilegítimo de la publicidad estatal como mecanismo para premiar a los medios afines y castigar a los malportados. Es la forma más común de cooptación económica del periodismo y a veces funcionan ahí donde han fallado todas las demás, incluida la compra directa de conciencias (que no siempre falla, por cierto). La opacidad en el reparto de publicidad institucional permite comprar medios e imponer políticas editoriales. La precariedad financiera que caracteriza al negocio mediático en la actualidad facilita las cosas. Esto ocurre desde Estados Unidos, donde las presiones financieras operan de manera más sutil, provocando lo que se conoce como “desiertos de noticias”, una de las numerosas formas de autocensura, hasta España, donde la discriminación en el reparto de la publicidad ha llegado quizá a su extremo más descarado: la idea de consagrarlo en la ley.

Con el argumento de que se debe limitar el financiamiento de los “bulos de la ultraderecha” (palabra que utiliza para identificar a todo el espectro político que se sitúa del centro hacia la derecha), el presidente de gobierno Pedro Sánchez propuso, en junio del 2024, un proyecto de reformas que llamó Plan de Acción por la Democracia, que incluye cambios en la ley de publicidad institucional que le permitan distribuirla con discrecionalidad, consagrando el uso partidista de esa fuente de financiamiento con el fin de favorecer a los medios afines y penalizar a los opositores. Esto, con un gobierno que ha incrementado el gasto publicitario hasta batir todos los récords: 138,2 millones en 162 campañas sólo en 2024. Con o sin esas reformas, Sánchez puso esa política en práctica. Su víctima más visible fue el periódico digital El Español, fundado y dirigido por el famoso periodista Pedro J. Ramírez, ex director de diario El Mundo. El Español había ganado notoriedad gracias a sus investigaciones sobre los casos de corrupción más escandalosos del gobierno socialista, incluido el Caso Koldo (una trama de cobro de comisiones ilegales y tráfico de influencias que afectó al entorno inmediato del presidente Sánchez). El resultado: El Español sufrió una reducción del 64,7 por ciento de la publicidad oficial. Siguió una denuncia del medio ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que todavía no se ha resuelto.

No es una casualidad que la guerra de Pedro Sánchez contra los medios independientes viniera de la mano del reforzamiento de la posición oficialista de los medios públicos (que deberían responder al contribuyente que los financia y no al partido que los manipula) y, sobre todo, de los ataques cada vez más sistemáticos a la Función Judicial. La intolerancia al periodismo, como se dijo más arriba, es un síntoma del déficit democrático, un terreno en el que Pedro Sánchez ha conducido a España hacia estándares bolivarianos. A este lado del charco, la fórmula contempla una combinación de tres factores: vigilancia y acoso a los medios, desinformación como política de Estado y uso de las mayorías parlamentarias para corroer las instituciones democráticas. El caso más emblemático, por supuesto, es de El Salvador. Pero… ¿y en Ecuador?

Daniel Noboa incurre en todas las formas de control a la prensa

De la lista de técnicas de manipulación aquí detalladas, el gobierno de Daniel Noboa parece susceptible de incurrir en todas. Primero: las nuevas leyes aprobadas en la Asamblea (cuyo proceso de control constitucional está pendiente), claramente crean un espacio extrajudicial que garantiza la impunidad de los servicios de inteligencia y abren la posibilidad de la vigilancia electrónica a periodistas en nombre de la seguridad nacional. Ya ha habido denuncias sobre la compra de tecnología israelí para el ciberespionaje. En segundo lugar, la existencia de una lista larga de falsos medios de comunicación digitales entregados a la difusión de noticias falsas a favor de las estrategias gubernamentales es ya una realidad dominante en el ciberespacio ecuatoriano. Basta con escuchar al presidente Daniel Noboa (en sus discursos contra la Corte Constitucional, por ejemplo) para entender que la desinformación es un pilar fundamental de la comunicación de su estrategia de comunicación pública. Tercero: el uso de la publicidad estatal como herramienta de cooptación económica de medios de comunicación en un contexto de precariedad financiera generalizada del sector es una nueva realidad que enrarece la práctica del periodismo en el país.

El episodio en el que, esta semana, se pretendió involucrar a este Diario en un caso de presunta corrupción, demostró que, en su estrategia de cooptación económica de medios de comunicación otrora independientes con el fin de rebajarlos al nivel de otros que nunca lo fueron y que actúan como trolls, el gobierno está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas. En este caso, la de utilizar a esos medios que fueron independientes como cabezas de lanza de campaña sucias contra un diario que, como EXPRESO, se ha caracterizado por su postura crítica y por sus trabajos de investigación sobre la corrupción estatal. Ocurre que esos medios afines al gobierno, actuando al unísono con sus troles y repitiendo todos ellos un idéntico discurso obviamente diseñado fuera de sus redacciones, inventaron la existencia de un informe del Servicio de Rentas Internas que comprometía a diario EXPRESO en un supuesto fraude fiscal. Ante la reacción inmediata de este Diario y su exigencia de una explicación oficial, el SRI emitió un comunicado público y notificó formalmente, recién ahora, la apertura de un proceso de determinación sobre el ejercicio tributario de la empresa, lo cual desmiente por completo la existencia de un informe. ¿Cómo fue posible que un grupo de trolls y medios afines al gobierno coincidieran en la publicación de una misma calumnia, el mismo día y usando palabras casi idénticas? Eso es algo que sólo el gobierno podría responder. Mientras esperamos (sentados) esa respuesta, sólo queda afinar los mecanismos de defensa frente a las tácticas de manipulación ya conocidas en el mundo.

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