Cambios en Fiscalía afectan a la unidad de crimen organizado; Toainga va a Machachi

La Fiscalía General del Estado atraviesa una serie de cambios internos desde la designación de Carlos Alarcón como fiscal general encargado, una figura que ha generado cuestionamientos dentro de la institución y por la que hay una acci´ón en la Corte Constitucional debido a que no cuenta con el nivel 3 en la carrera fiscal, requisito que habilita la dirección y supervisión de fiscales de mayor jerarquía y experiencia.

Pese a ello, Alarcón, fiscal de nivel 1, accedió al cargo con el respaldo del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y del vocal Fabián Fabara, ambos identificados como cercanos al gobierno del presidente Daniel Noboa.

Wilson Toainga es enviado a Machachi

Uno de los primeros movimientos administrativos fue el traslado del exfiscal general subrogante, Wilson Toainga a la Fiscalía de Machachi, una decisión que llamó la atención debido a su amplia trayectoria en procesos de alto impacto. La reubicación se concretó sin que se hicieran públicos los criterios técnicos o las necesidades institucionales que la motivaron.

Toainga fue, además, el fiscal que entre 2013 y 2017 impulsó la creación de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot). Posteriormente, en 2018, esta unidad obtuvo las primeras sentencias por terrorismo contra integrantes de la guerrilla Oliver Sinisterra.

Fiscales con experiencia en crimen organizado salen

Otro cambio relevante se produjo precisamente en la Unidot, donde varios fiscales con años de experiencia en delincuencia organizada fueron removidos de la unidad. En su lugar, fueron asignados funcionarios que antes se desempeñaban en unidades de Personas y Garantías o de Lavado de Activos, sin antecedentes conocidos en investigaciones complejas de crimen organizado.

De acuerdo con fuentes internas, esta reconfiguración alcanza al menos a 10 fiscales. Entre los nombres que han trascendido constan Wilson Toainga, Alejandro Alemán, Fernando Guerrero y Andrés Cuasapaz, entre otros, quienes fueron separados de sus funciones originales o reasignados a otras dependencias, lo que implicó una modificación sustancial de los equipos que llevaban casos sensibles.

Las decisiones adoptadas también marcarían el fin del modelo de especialización dentro de la Fiscalía, una política que durante años permitió que los fiscales se concentraran en áreas específicas como crimen organizado, lavado de activos o corrupción, acumulando experiencia técnica en investigaciones de alta complejidad.

Este giro institucional ha generado preocupación interna por el posible impacto en la calidad y continuidad de las investigaciones, especialmente en causas de alto perfil, donde el conocimiento especializado y la estabilidad de los equipos suelen ser factores determinantes.

¿Quieres acceder sin límites a nuestro contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!