Roberto Aguilar | Godoy debe renunciar

Cabe suponer que Mario Godoy, armado de su jeta de titanio y su retórica pobretona que acaso deslumbra en los círculos delincuenciales que frecuenta y en ambientes de aun peor indigencia intelectual, como la Asamblea Nacional, seguirá asistiendo a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) sin que a nadie en el gobierno del nuevo Ecuador incomode su presencia.

Es obvio, por tanto, que continuará enterándose de aquella información sensible y clasificada que se oculta a los medios porque su publicación podría comprometer las estrategias de lucha contra el crimen organizado. Godoy seguirá accediendo a esa información y usándola a discreción y conveniencia propia, que es su única manera de concebir el servicio público.

Buenas noticias para el crimen organizado, al que su esposa sirvió como abogada y él mismo representó públicamente en las personas de los narcotraficantes Larrea, sus cuñados.

A nadie beneficia más que al crimen organizado la permanencia de Godoy al frente de la Judicatura y su presencia en el Cosepe. Pregúntenle, si no, al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, que tuvo a la esposa de Godoy entre sus abogados y a favor de quien trabajaba el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy para los trabajos sucios. Gaibor presionaba al juez Carlos Serrano a favor de Srdan mientras éste lo amenazaba de muerte en plena audiencia (hay parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía y hay video).

Gracias a la oportuna intervención de Godoy, el juez tuvo que salir del país para que no lo maten y el mafioso se salió con la suya. Impecable.

Pregúntenle también a alias El Topo o a los integrantes de la banda Los Choneros Fatales, que amenazaron de muerte a la directora de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada. Adivinen qué: Godoy la abandonó a su suerte y Samantha Lozada también tuvo que irse del país para que no la maten.

En resumen: en este país, bajo la Judicatura de Mario Godoy, para todos los efectos protegido del gobierno de Daniel Noboa, los servidores judiciales que no se doblegan ante amenazas y presiones indebidas terminan huyendo por sus vidas mientras los mafiosos que amenazan con matarlos obtienen las consecuentes ventajas judiciales.

Y estamos hablando del presidente del Consejo de la Judicatura para cuya reelección el Gobierno atropelló leyes, violó reglamentos y corrompió consejeros en el CPCCS.

Porque Godoy era el hombre ideal para la declaración de la emergencia de la Función Judicial con la que soñaba el presidente de la República.

Y es integrante de la mesa chica en la que se trazan las estrategias de lucha contra el crimen organizado: el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).

Con todo esto, ¿cómo tomar en serio los dizque denodados esfuerzos del Gobierno para luchar contra las mafias?