Roberto Aguilar | Godoy debe renunciar
Con Godoy en el Cosepe, ¿cómo tomar en serio cualquier política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa?
Cabe suponer que Mario Godoy, armado de su jeta de titanio y su retórica pobretona que acaso deslumbra en los círculos delincuenciales que frecuenta y en ambientes de aun peor indigencia intelectual, como la Asamblea Nacional, seguirá asistiendo a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) sin que a nadie en el gobierno del nuevo Ecuador incomode su presencia.
Es obvio, por tanto, que continuará enterándose de aquella información sensible y clasificada que se oculta a los medios porque su publicación podría comprometer las estrategias de lucha contra el crimen organizado. Godoy seguirá accediendo a esa información y usándola a discreción y conveniencia propia, que es su única manera de concebir el servicio público.
Buenas noticias para el crimen organizado, al que su esposa sirvió como abogada y él mismo representó públicamente en las personas de los narcotraficantes Larrea, sus cuñados.
A nadie beneficia más que al crimen organizado la permanencia de Godoy al frente de la Judicatura y su presencia en el Cosepe. Pregúntenle, si no, al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, que tuvo a la esposa de Godoy entre sus abogados y a favor de quien trabajaba el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, brazo derecho de Godoy para los trabajos sucios. Gaibor presionaba al juez Carlos Serrano a favor de Srdan mientras éste lo amenazaba de muerte en plena audiencia (hay parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía y hay video).
Gracias a la oportuna intervención de Godoy, el juez tuvo que salir del país para que no lo maten y el mafioso se salió con la suya. Impecable.
Pregúntenle también a alias El Topo o a los integrantes de la banda Los Choneros Fatales, que amenazaron de muerte a la directora de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada. Adivinen qué: Godoy la abandonó a su suerte y Samantha Lozada también tuvo que irse del país para que no la maten.
En resumen: en este país, bajo la Judicatura de Mario Godoy, para todos los efectos protegido del gobierno de Daniel Noboa, los servidores judiciales que no se doblegan ante amenazas y presiones indebidas terminan huyendo por sus vidas mientras los mafiosos que amenazan con matarlos obtienen las consecuentes ventajas judiciales.
Y estamos hablando del presidente del Consejo de la Judicatura para cuya reelección el Gobierno atropelló leyes, violó reglamentos y corrompió consejeros en el CPCCS.
Porque Godoy era el hombre ideal para la declaración de la emergencia de la Función Judicial con la que soñaba el presidente de la República.
Y es integrante de la mesa chica en la que se trazan las estrategias de lucha contra el crimen organizado: el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe).
Con todo esto, ¿cómo tomar en serio los dizque denodados esfuerzos del Gobierno para luchar contra las mafias?
