Caso Apagón: ¿Qué consecuencias enfrentan los exfuncionarios implicados?

La investigación conocida como 'Caso Apagón' ha puesto bajo la lupa a doce exfuncionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), incluyendo al exviceministro de Electricidad y exgerente general de la entidad, Fabián Calero. El proceso, liderado por la Fiscalía General del Estado, busca esclarecer presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la emergencia energética de 2024, que habrían generado un perjuicio económico superior a los 100 millones de dólares.

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La Fiscalía investiga el presunto delito de peculado, centrado en dos contratos firmados con la empresa estadounidense Progen para la instalación de plantas termoeléctricas en Quevedo y El Salitral. 

Según informes de la Contraloría, estos contratos fueron adjudicados sin estudios de mercado previos, sin verificar la capacidad técnica ni legal de la empresa contratista, y con maquinaria que no cumplía los requisitos normativos vigentes.

Aunque aún no se han formulado cargos formales, se han realizado 17 allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los implicados. Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos móviles, discos duros y documentos que están siendo analizados judicialmente.

Funcionarios bajo investigación

Además de Calero, figuran en la lista de investigados técnicos, abogados y gerentes de unidades de negocio de CELEC, como Gabriela Toazo, Holger Jaramillo, Marvin Rubio, Byron Orozco y Christian Dahik. Estos funcionarios habrían participado en las fases precontractuales y contractuales de los proyectos, aprobando documentos sin los debidos controles técnicos y legales.

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Fabián Calero fue separado del Viceministerio de Electricidad el 17 de julio de 2025 y posteriormente desvinculado de CELEC. Su rol en la negociación directa con Progen ha sido cuestionado, aunque él ha negado haber firmado los contratos, atribuyendo esa responsabilidad a otros gerentes de unidad.

La investigación se encuentra en etapa preliminar. De confirmarse los indicios de responsabilidad penal, los implicados podrían enfrentar cargos por peculado, un delito que en Ecuador conlleva penas privativas de libertad y sanciones económicas. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar el grado de participación de cada funcionario en los hechos investigados.

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