Caso Goleada explicado: línea de tiempo desde el inicio de la investigación

El Caso Goleada corresponde a un proceso penal impulsado por la Fiscalía General del Estado, orientado a desarticular una presunta red involucrada en delitos de carácter económico. La investigación se centra en posibles anomalías en materia tributaria y en transacciones financieras que podrían encuadrar en el delito de lavado de activos. Se presenta una reconstrucción basada en una línea de tiempo completa, desde los primeros antecedentes hasta su estado actual.

Antecedentes: se traslada a octubre del 2025

La indagación que más tarde sería identificada como el Caso Goleada se inició varios meses antes de los procedimientos que captaron la atención pública. El 8 de octubre de 2025, la Fiscalía, junto con la Policía, ejecutó allanamientos en inmuebles relacionados al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro de una causa por presunto lavado de activos.

Durante esas diligencias se decomisaron teléfonos móviles, equipos informáticos y archivos que derivaron de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII). Esta actuación es considerada el antecedente clave que dio paso a la posterior estructuración formal del proceso judicial conocido como Goleada.

10 de febrero de 2026: allanamientos simultáneos y primeras detenciones

En la madrugada del 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General desplegó varios operativos simultáneos en Guayaquil y Samborondón, en el marco de una causa por presunta delincuencia organizada orientada al lavado de activos y a la defraudación tributaria. Como resultado de estas acciones, once personas fueron aprehendidas, entre ellas:

• Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil
• Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club
• Funcionarios municipales y personas vinculadas a actividades empresariales relacionadas con combustibles

Durante estos allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y documentos vinculados al presunto entramado financiero.

11 de febrero de 2026: formulación de cargos y prisión preventiva

Al día siguiente, el 11 de febrero de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. Con base en los elementos presentados, el juez ordenó:

• Prisión preventiva para cinco procesados, incluido Aquiles Álvarez
• Presentación periódica y prohibición de salida del país para otros cinco
• Arresto domiciliario para un procesado adicional

Traslados y repercusiones políticas inmediatas

Los detenidos fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios. La detención generó un remezón político inmediato, especialmente porque Aquiles Álvarez continuaba siendo alcalde en funciones y solo una sentencia ejecutoriada podría removerlo de su cargo. 

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Su ausencia provocó la subrogación temporal en el Municipio, mientras la defensa denunciaba motivaciones políticas, acusación rechazada públicamente por la Fiscalía.

¿Cuál es la tesis de la Fiscalía?

1. Existió un entramado societario complejo que habría permitido operaciones irregulares relacionadas a venta de combustibles.
2. Se habrían adquirido volúmenes de diésel subsidiado destinado a embarcaciones nacionales, desviándolo hacia embarcaciones internacionales para obtener ganancias ilegales.
3. Parte de estos recursos presuntamente se movió mediante empresas de papel en Panamá, facturación falsa y operaciones que evadían controles financieros.

Evidencias y elementos de convicción

La Fiscalía mencionó al menos 20 elementos de convicción, entre ellos:

1. Informes financieros y societarios
2. Dispositivos electrónicos
3. Cruces de información bancaria
4. Chats extraídos de teléfonos, que según la defensa son conversaciones coloquiales descontextualizadas

Estas pruebas sostienen la hipótesis de una estructura organizada para lavar activos y defraudar al sistema tributario

Febrero 2026: el caso ingresa a instrucción fiscal

Con la formulación de cargos, el proceso pasó a la etapa de instrucción fiscal por un plazo de 90 días, periodo en el que se intensifica la obtención de elementos de convicción y se desarrolla un examen detallado de los movimientos financieros.

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El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, reiteró que las diligencias se mantienen al margen de intereses políticos y que su avance se rige estrictamente por lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

Estado actual del caso (marzo 2026)

Hasta el momento, la causa se mantiene en la etapa de instrucción fiscal y las personas procesadas continúan bajo las medidas cautelares dispuestas por el juez competente. La Fiscalía General del Estado prosigue con el examen de pruebas de tipo financiero, societario y tecnológico, con el fin de consolidar la formulación de su acusación. 

Está prevista la audiencia de apelación para el 2 de marzo de 2026. De existir una sentencia condenatoria, el marco jurídico vigente prevé sanciones que podrían alcanzar hasta 30 años de privación de libertad por el delito de delincuencia organizada.

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