¿Qué es Flonape Overseas S.A. y por qué aparece en el caso Goleada?
Fiscalía habla de una presunta estructura organizada vinculada al comercio ilegal de diesel. La defensa rechaza la acusación
Una de las piezas que la Fiscalía General del Estado considera clave dentro del denominado caso Goleada es la empresa panameña Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas S.A., mencionada durante la audiencia de formulación de cargos como parte del presunto esquema investigado por delincuencia organizada.
En la teoría fiscal, la empresa aparece como un elemento societario vinculado a operaciones comerciales y contables relacionadas con la distribución de diésel subsidiado para el sector naviero.
Según lo expuesto por el fiscal Dennis Villavicencio en la audienciade formulación de cargos, Flonape Overseas S.A. habría estado vinculada a operaciones realizadas por Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., empresa ecuatoriana del sector naviero, que pertenece a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y sus hermanos Xavier y Antonio.
La hipótesis fiscal sostiene que el combustible subsidiado, destinado exclusivamente a embarcaciones nacionales, habría sido facturado inicialmente bajo ese régimen, pero posteriormente habría terminado abasteciendo a naves internacionales, que deben pagar el producto sin subsidio estatal. Lo que sería un comercio ilegal de diesel, similar a la teoría del caso Triple A, en donde también se menciona a la empresa Ternape.
En ese contexto, Flonape Overseas S.A. habría servido, según la acusación, como contraparte societaria para registrar movimientos financieros derivados de esas operaciones.
De acuerdo con el acta judicial, valores obtenidos de las supuestas ventas internacionales no habrían podido registrarse directamente en la contabilidad local. Por ello, la empresa ecuatoriana Ternape habría contabilizado esos montos como una deuda a favor de la firma panameña.
Aunque la Fiscalía no ha detallado en el acta fechas específicas, embarcaciones involucradas ni volúmenes exactos de combustible presuntamente desviados, sí plantea que la existencia de una compañía offshore que se relacionaría con las compañías ecuatorianas Ternape S.A., Corpalubri, Indudiesel, que son las mismas compañías investigadas en el caso Triple A.
La posición de la defensa
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha rechazado la interpretación fiscal y sostiene que las operaciones descritas corresponden a actividades societarias normales dentro del sector naviero y energético.
El abogado Ramiro García Falconí argumentó que las cesiones de deuda, capitalizaciones y cruces contables son mecanismos empresariales legales y auditables, y que todas las transacciones relacionadas con combustibles están sujetas a controles estatales, facturación electrónica y supervisión de Petroecuador.
Según la defensa, la sola existencia de una empresa extranjera vinculada comercialmente no constituye un indicio de delito ni prueba la existencia de una organización criminal. Explicó que las
Las empresas constituidas en Panamá suelen utilizarse en comercio marítimo internacional debido a facilidades tributarias y operativas.
El abogado defensor García cuestionó duramente la teoría presentada por la Fiscalía durante la audiencia y aseguró que no existe evidencia concreta que sustente la acusación de lavado de activos.
“Ustedes están diciendo que, a través de este comercio, se generaron cuantiosas ganancias que luego fueron lavadas dentro del sistema financiero, y eso es completamente falso. No hay evidencia de una sola transacción específica; es decir, que A haya vendido combustible ilícitamente a B y que ese dinero haya sido posteriormente lavado”, afirmó.
El jurista sostuvo además que el hecho de que una empresa extranjera otorgue financiamiento o préstamos a una compañía nacional no constituye, por sí mismo, un delito de lavado de activos, y señaló que la Fiscalía estaría montando el proceso.
“Han montado un caso con retazos de Triple A. No hay nada adicional, salvo esta supuesta cooperación eficaz”, manifestó.
La defensa hizo referencia directa a José Ricardo Cevallos Avellán, quien entregó información a la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales, y cuestionó la credibilidad de su testimonio. Según García, la versión del colaborador se basa en supuestos hechos que habrían ocurrido hace cinco o seis años y que —aseguró— carecen de respaldo probatorio.
“El problema es que es una cooperación, entre comillas, basada en supuestas conductas antiguas y sin evidencias. Él dice que cambiaron los sellos del tanquero; entonces uno le responde: pruébelo. No hay fotos, no hay videos, no hay documentos, no hay nada”, sostuvo.
Un punto central del proceso
El caso Goleada se encuentra actualmente en etapa inicial, tras la formulación de cargos y la apelación de la prisión preventiva dictada contra cinco procesados. Esta audiencia se realizará el lunes 2 de marzo, a las 10:00, en Quito. Mientras que la audiencia del caso Triple A, que es la fase de juzgamiento está prevista para el sábado 7 de marzo.
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