Hay que voltear la mirada al sector rural, pero ya. Aunque el país tiene muchas necesidades, está descuidando la formación de la niñez, adolescencia y juventud ecuatoriana.

Denisse B., de 15 años, nos recibe en la sala de su casa, ubicada en el recinto San Miguel de El Morro, parroquia rural de Guayaquil, provincia del Guayas. En lugar de estar en el colegio, está en la casa de su padre, con un biberón en sus manos. Ella desde hace dos meses es madre y admite que ha sido difícil hacerse cargo de un bebé. Su pareja tiene 21 años, pero no trabaja.

Ellos viven en la casa del padre de la adolescente, quien se dedica a la albañilería y es quien sostiene a 10 personas. La hermana mayor de la adolescente tiene 19 años y también es madre de un bebé. A diferencia de esta joven, Denisse no terminó sus estudios básicos y los abandonó a los 11 años. ¿Por qué? Porque no le iba bien en matemáticas.

Llegar a este sitio no es fácil ni barato, indican los moradores. Se ingresa por la comuna San Antonio del cantón Playas, provincia del Guayas, pero en motocicleta. Las vías, de segundo y tercer orden, son rústicas. Desde ese punto hasta el recinto son aproximadamente 8 kilómetros, en los que los conductores tratan de esquivar las grandes depresiones y desniveles que hay a lo largo de los caminos. Pero es imposible.

Hace cinco años, Víctor Riera estableció junto a 15 motociclistas una estación de mototaxis en la entrada de la comuna San Antonio, en el cantón Playas, provincia del Guayas. Ellos trasladan a la gente desde ese punto hasta los recintos San Miguel, San Juan, Los Pocitos, Sitio Nuevo, parte de Ayalán y las camaroneras, o viceversa.

Esto porque son pocos los vehículos que se atreven a transitar por la larga vía. Algunos tratan de aprovechar los grandes camiones que van hacia las camaroneras para llegar a sus domicilios, porque trasladarse en moto o en automóvil es caro.

Justamente por eso, María Bohórquez, de 20 años, tuvo que aceptar la decisión de sus padres de no ir más al colegio. Aunque ella no estaba de acuerdo con eso, no pudo hacer nada. Su sueño de ser enfermera se desvaneció ese día.

Desde hace tres años ya no estudia porque “a veces no hay plata para poder estudiar”, argumenta Bohórquez. Sus progenitores no podían seguir pagando la movilización de ella y de sus cuatro hermanos desde su casa, ubicada en el recinto Sitio Nuevo, hasta el cantón Playas, donde está el colegio. Caminar hasta el centro de estudios no es posible.

Si iban los cinco hermanos significaba que semanalmente debían pagar 50 dólares, pero el padre de la joven no siempre tiene trabajo. Así que tanto ella como su hermano mayor tuvieron que sacrificarse. El joven también tuvo que empezar a laborar.

En Sitio Nuevo hay una escuela. Los menores pueden estudiar allí, siempre y cuando los profesores no falten, aunque en invierno la vía no es accesible. Para asistir al colegio, los padres deben contratar un vehículo o un taxi para que sus hijos lleguen hasta San Antonio, donde deben tomar uno o dos buses hasta Playas o Progreso. Y de igual forma para retornar a sus hogares.

Este es uno de los motivos por los que varios menores no continúan sus estudios hasta cursos superiores, dice Elizabeth Bohórquez, presidenta de la comunidad de Sitio Nuevo y madre de una adolescente. Desde los 12 o 13 años, los adolescentes deben trabajar en las camaroneras o haciendas de la zona, con bajos salarios y sin seguridad social, para ayudar económicamente a sus familias, explica.

Bohórquez indica que los padres también optan por no enviar a las mujeres a estudiar porque no les gusta que ellas se suban en una moto para ir a los centros educativos, por lo que se quedan en casa colaborando con los quehaceres o a cuidado de sus hermanos. Debido a eso, muchas se van a vivir con su pareja y son madres a temprana edad. Esto es algo que ha sido común en estos poblados y todavía no cesa.

Yadira Pazmiño tiene 37 años y es madre desde los 17 años. De su primer compromiso tiene dos hijos, un joven de 20 años y una adolescente de 17. Tras la muerte de su cónyuge, por cáncer, rehízo su vida y ahora tiene una niña recién nacida.

Aunque dejó el colegio por trabajar en una tienda y tener dinero para obtener las cosas que ella deseaba, ahora Pazmiño se arrepiente. Hoy en día, lo que gana no le alcanza para cubrir las necesidades de su familia.

Denisse J., de 13 años, también abandonó sus estudios. Aunque le dijo a su abuela que era por temor a la delincuencia, en realidad no le iba bien en matemáticas. A los 12 se retiró.

En estos recintos es común que los jóvenes abandonen los estudios. La tía de Dennise B., por ejemplo, también tuvo que dejar la primaria cuando era niña. Hoy tiene 69 años, depende económicamente de su hermano y vive con él. Comenta que este no pudo pagar la universidad del hijo mayor, porque su salario no le alcanza y no siempre tiene trabajo.

La Constitución determina que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. Además señala que “se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad...”. Pero en el sector rural no es así.

A la presidenta de la comunidad le indigna que estos recintos hayan sido olvidados por los gobiernos locales y central. Dice que en invierno un auto puede llegar a cobrar entre 10 y 15 dólares y que incluso muchos prefieren no llevarlos debido al estado de la vía, pues los conductores sostienen que si sus vehículos sufren un daño, el costo de la reparación sería superior al precio de la carrera y eso no les es rentable.

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