Han pasado más de cuatro meses desde que la única carretera que conectaba a diez comunidades de la isla Puná quedó averiada, y la ayuda no ha llegado. Esa arteria, que quedó en ruinas a causa de las lluvias y la indiferencia de las autoridades, está detenida en el tiempo. La comunidad exige respuestas y se muestra cada vez más indignada.

Que los precios de todos los productos se han duplicado, que los traslados son más extensos y que no tienen cómo resguardarse si en unos meses llega el fenómeno de El Niño, son las realidades que llenan de angustia a los habitantes de las comunidades Bellavista y Campo Alegre, los sitios más afectados de Puná y los territorios hasta donde llegó EXPRESO para confirmar si las visitas que han hecho las autoridades han logrado algún efecto. Pero nada.

“Estamos solos. Cuando pasó el invierno, nos dijeron de todo, pero a la fecha no hay nadie que vele por nosotros. Hemos entrado ya en desesperación y no sabemos a quién recurrir. Todas las autoridades nos han abandonado”, comenta Alexis Lino, presidente de la comunidad de Campo Alegre, ubicada en todo el centro de esta isla del golfo de Guayaquil.

Lino denuncia que hace 22 días tuvo una reunión con representantes del Municipio de Guayaquil, del GAD Parroquial y de la Prefectura del Guayas, y habían quedado en arreglarles la carretera, pero la ayuda “se desvió”.

“Hace 20 días (ahora 22) estuvimos reunidos con varias autoridades y el concejal rural de Guayaquil, Manolo Romero, que nos aseguró que arreglarían 67 kilómetros de la vía, lo que incluía al tramo que enlaza nuestro sector con Bellavista y al menos otras 10 comunidades. Y pese a que todo estaba dicho, de un momento a otro la maquinaria se desvió y se fue a la comunidad Puná Vieja y terminaron arreglando allá ese camino que solo se lo utiliza durante el verano, porque en invierno se vuelve un río. Ese arreglo es por gusto. Que era necesario para la comunidad, sí, pero no era lo prioritario. Quisiera entender qué pasó”, cuestiona el líder, que asegura sentirse estafado. Pese a ser de conocimiento público las carencias y necesidades que experimentan, el apoyo no ha llegado en más de 120 días desde que su “pesadilla” empezó.

“Luchamos todos los líderes de las comunidades juntos para que trabajen por todos, pero luego me dijeron que la maquinaria se fue para allá porque ellos tienen amigos en las entidades públicas y que por eso les dan atención prioritaria. Eso no me parece correcto, ni siquiera sé si es verdad. Lo que diré es que estamos molestos. Me enoja tanto que no haya planificación, esa que profesan todos los funcionarios desde que inició esta administración, pero que no se cumple”.

Alberto Mendieta, comerciante de Campo Alegre, explica que los precios han subido notablemente debido a los gastos logísticos que se deben realizar para que los alimentos lleguen hasta las mesas de los hogares. Y es que ante el daño de la vía, ahora se movilizan por rutas más extensas o hacen trasbordos, lo que genera gastos o deteriora los productos.

Por citar un caso, antes se vendían las cien conchas por $ 10, mientras que ahora se las vende a $ 18 o más. El tanque de gas, por el que pagaban hasta mayo pasado $ 4, ahora les cuesta entre $ 8 y $ 9, como mínimo.

“A los distribuidores los ves cargando los tanques por kilómetros. Es lógico que los vendan por ese valor porque hacen un esfuerzo sobrehumano e innecesario. Innecesario, claro, si las autoridades nos tomaran en cuenta”, coinciden los residentes.

EXPRESO se comunicó con la Prefectura del Guayas para conocer las razones por las que los trabajos no se ejecutaron en la carretera que conecta a todas las poblaciones y las más utilizadas por residentes y comerciantes, pero el representante de la institución, José Telenema, no las dio. Apenas se limitó a confirmar que la obra sí se hará. “No tenemos una fecha fijada, pero se efectuarán estudios en la zona para realizar los trabajos. Estamos ahora con Puná Vieja y después veremos el resto de sectores”, manifestó a EXPRESO

Sobre el tema y las gestiones u obras que se ejecutarán en la isla, también se consultó al Municipio de Guayaquil, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sin embargo, para el presidente de Campo Alegre, sea cual sea la reacción de las autoridades, no se ejecutará “nunca nada”.

“Que los estudios, que ya verán, que la ayuda llegará... Siempre repiten eso, pero no hacen nada y tampoco son claros al decir por qué no intervienen la zona que sirve de cordón umbilical de todo el territorio”, se queja.

La situación, que ha afectado a quienes se educan en Guayaquil y ahora se han visto obligados a no ver con frecuencia a sus familias, también perjudica a la única cooperativa de transporte que allí funciona.

“No podemos trabajar, las ganancias son menores y no nos alcanza para vivir. Como tenemos varios turnos y todo se complicó, a veces llego a rodar apenas dos veces por semana y por tramos cortos. Si nos extendemos, los vehículos se dañan y los gastos son cuantiosos”, sentencia el conductor Tulio Cantos, que cuenta que a fin de aminorar las molestias, entre todos los transportistas colocaron cascajo en el socavón que se formó, pero de todos modos no es fiable. “El tramo es peligroso. No entiendo cómo las autoridades no ven eso. ¿No les da pena cómo vivimos?”.

A todas estas quejas se suman las ligadas a la salud. Y es que en un momento de emergencia resulta imposible desplazarse con rapidez hacia otra población, peor a Guayaquil. “Aquí nadie se puede enfermar, porque si eso ocurre, hasta que lo sacamos se nos puede morir. Hemos retrocedido 500 pasos. La forma en la que vivíamos ya tenía carencias, ahora está peor. Como nunca en toda nuestra existencia”, lamenta Lina Cedillo, madre de tres menores que reside en Bellavista.