Bloqueos del paro: cómo viven los ciudadanos en zonas rurales afectadas

“¿Qué quiere hacernos el Gobierno?”, es la pregunta sin respuesta que cuatro jóvenes, oriundos de Imbabura, se formulan. En esa provincia, ubicada en el norte de Ecuador, se ha concentrado el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); en diversos videos que circulan por las diversas plataformas sociales se puede observar cómo son reprimidos por la fuerza del orden.

Sin embargo, a criterio de Rina Marcillo, quien vive en la comunidad Panecillo, ubicada en la parroquia de San José de Quichinche, en la provincia de Imbabura, lo que el Gobierno está haciendo es una guerra psicológica. La joven es antropóloga y a sus 28 años señala que no puede comprender el actuar del Gobierno.

Y es que, las comunidades están militarizadas y cercadas con policías, narra Marcillo, por lo que ahora viven en constante miedo y ansiedad. Al punto, dice, que “solo estás esperando el momento en el que te den la estocada final”.

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Miedo por los suyos

El sábado 18 de octubre, Maisa Chávez, de 23 años, estuvo más preocupada por la vida de sus padres, tíos y primos que otros días. Todo comenzó a las 10:00, cuenta.

A diferencia de su familia, ella lo vivió desde lejos. Su familia vive en San Roque, parroquia rural del cantón Antonio Ante; en cambio, ella vive en Quito y desde la capital, confiesa, se sentía impotente.

Chávez quien también es antropóloga, cuenta el dolor que para ella fue enterarse cómo sufrieron los más pequeños de la familia. Sus primos de 5, 6 y 10 años no pudieron respirar por el gas lacrimógeno que inhalaron; la mayor vomitó.

La angustia y el dolor aún la envuelve al hablar sobre ese día. La joven narra que los menores estaban jugando en el parque cuando los militares entraron a su comuna que está cerca de la vía E25 Panamericana norte. “¿Cómo les explicamos a los niños lo que está pasando?”.

Antes, recuerda, “los militares evitaban pasar por la Panamericana, por nuestras comunas; buscaban calles alternas, otras vías”. Pero lo que ahora ocurre “no se había visto”.

El miedo la invade, dice mientras conversa con EXPRESO, vía telemática. “Yo tengo un video grabado, desde el local de mis padres, donde se ve un convoy, se ven militares que están disparando y botando gas lacrimógeno a las casas sin que haya una manifestación”. Ese día, la mamá de Chávez le dijo “yo no sabía qué hacer, sentía tanta impotencia”, mientras veía toda la escena desde su local.

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Miedo hacia quienes los deben proteger

Desde el primer día, los militares han causado “muchísimo miedo”, manifiesta Santiago Maldonado, antropólogo de 26 años. Eso, porque la represión ha sido constante y sin apertura al diálogo, sostiene.

Todo ha cambiado en su entorno, al punto de que nadie se siente seguro de caminar solo cerca de un uniformado. “Hay miedo de que te puedan desaparecer, de que te pueda pasar algo”; eso, porque “hay desaparecidos”.

Maldonado afirma que a muchos suelen detenerlos por un perfilamiento racial. “Muchos compañeros han sido detenidos así”, como el caso de uno de los 12 detenidos en Otavalo; él solo estaba pasando en su bicicleta y lo detuvieron, afirma. “Tenemos video”.

También les teme por la “fuerza descomunal de la parte militar”. Declara que hay un uso indiscriminado del gas lacrimógeno y parte de la población ha sido herida con armas de fuego.

Es por eso por lo que sienten que el Gobierno trata de “deshumanizarlos”, al mostrarlo como un grupo de personas que “no merecemos ayuda” y que “necesita exterminarlos”, piensa Paúl Males, estudiante de Artes Liberales, de 25 años. Esa sensación se profundizó en él desde el pasado martes, 14 de octubre.

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Ataques en viviendas

Males recuerda que sintió que en la comuna iba a ver una masacre. Ese día todo era blanco. Todo se llenó de humo. Los militares habían hecho explotar “millones de millones de bombas lacrimógenas”. Al poco tiempo, comenta, que se dio cuenta, a su lado había mucha gente herida. “Lo que hizo el Gobierno fue transformar una ciudad humilde en un campo de guerra”.

El joven estudiante cuenta que varios amigos que viven en Peguche, parroquia rural del cantón Otavalo, le dijeron que las fuerzas del orden dispararon dentro de las viviendas. “Tenemos los videos; entraron las bombas lacrimógenas y un amigo que tenía dificultades respiratorias, se ahogó”.

La impotencia, dice Maldonado, fue lo que lo motivó a salir de su casa y a acompañar a su gente en las primeras líneas. Pero el estar allí le ha generado “un trauma psicológico” porque vio cómo las personas, niños, adolescentes, adultos mayores se asfixiaban al inhalar los gases.

Por otra parte, menciona que por el miedo de que los militares vayan a sus casas y lastime a los familiares ha hecho que muchos no retornen a sus hogares, sino que duerman en las montañas. No solo ellos, Marcillo indica que allá, en el páramo, fueron varias mujeres con sus hijos y las personas de la tercera edad, por seguridad, por lo que teme cada vez que la milicia dispara contra la montaña. “Cuando nos dijeron que se iban a meter a las comunidades, ellos fueron las primeras en salir”.

Para Marcillo, el que su gente esté ejerciendo su derecho a la resistencia es legal y legítimo. Su familia y otras familias aportan para crear las ollas comunitarias, porque creen en lo que reclaman al Gobierno, pero ya no quiere que el régimen siga amedrentando a sus comunas, porque allí todavía habita gente vulnerable.

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Anhelos

Los jóvenes esperan que el Gobierno abra las puertas al diálogo y comprenda las realidades en las que viven. Sobre todo, que no profundice en el racismo, declara Males, porque unas amigas de él tuvieron que salir a escondidas, con un equipo periodístico, en la noche, desde Otavalo para poder ir a Quito a estudiar; sin embargo, “como los policías vieron dos personas indígenas detrás de ellos, dispararon, por lo que ellas tuvieron que esconderse”.

Pero también que dejen de sobrevolar las comunidades, porque todo el día suenan los helicópteros, afirma Chávez. Además, que el Colegio República del Ecuador, en Otavalo, deje de ser una base militar y que acabe “esta violencia psicológica”.

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