El Gobierno usará la infraestructura que dejaron sin avance Progen y ATM
Está vigente un proceso penal con estas empresas por incumplimiento de contratos de generación termoeléctrica
El Gobierno Nacional aprovechará la infraestructura que instalaron en Pascuales, Esmeraldas, Salitral y Quevedo, las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), tales como tanques de almacenamiento de combustibles, conexiones y estabilidad del piso, para incrementar la generación de energía en el país.
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Estas compañías extranjeras enfrentan un proceso legal con Ecuador, tras incumplir los contratos de instalación de plantas termoeléctricas por los que el país les pagó alrededor de $168,9 millones a ambas, por tres centrales que aún no entran en operación.
“Es parte de la gestión que estamos haciendo. La infraestructura que falta se la completa, pero vamos a aprovechar la infraestructura en la que se avanzó”, mencionó en una entrevista radial, la ministra de Energía, Inés Manzano, este 8 de enero de 2026 refiriéndose a la decisión, aunque sin especificar cuándo será utilizada y cuánta energía sacaría el Gobierno de ella.
A finales de 2025, Ecuador denunció a estas compañías por daños y perjuicios, al incumplir con requisitos técnicos y de calidad establecidos en la contratación, entregando equipos que no funcionaban o que eran incompatibles con el sistema nacional de energía. Por ejemplo, los generadores nunca entraron en funcionamiento y no habrían sido nuevos ni adquiridos al fabricante tal como requerían los contratos. Se trata de la misma infraestructura que ahora el Gobierno anuncia que utilizará.
Denuncia
La Contraloría General del Estado determinó que estos contratos causaron un perjuicio al Estado estimado en más de $140 millones y encontró indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su investigación.
En el caso de Progen, los acuerdos señalaban la instalación de generadores en las centrales termoeléctricas de El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos), firmados en agosto de 2024 y establecían que estas plantas debían estar listas y operativas en noviembre de 2024, plazos que no se cumplieron pese a múltiples extensiones y prórrogas. Esta empresa estadounidense recibió aproximadamente $97,4 millones de un total de $149,1 millones, por estos contratos fallidos.
Mientras tanto, en el caso de ATM, en diciembre pasado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) le presentó una denuncia penal por presunta delincuencia organizada, argumentando que la empresa uruguaya no cumplió con los plazos ni con las especificaciones técnicas del contrato y que dejó el proyecto prácticamente paralizado tras instalar solo una parte de los equipos. A esta empresa el Estado le pagó $71 millones por el fallido contrato del proyecto termoeléctrico Esmeraldas III.
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