Diagnóstico jurídico para la transformación de la justicia ecuatoriana
Justicia en crisis. Abogados trazan ruta para rescatar el sistema judicial. Receta consta de despolitización, ética y control
La justicia. En varias ocasiones los ecuatorianos han expresado su descontento al sistema judicial. Una eventual Asamblea Constituyente, cuya convocatoria se vendió como una salida a la crisis de la justicia, quedó descartada como una vía. Ante ello, ¿cuáles son los cambios que urgen hacer a la actividad judicial?
EXPRESO conversó con tres juristas. Ellos no solo exponen los problemas que aquejan a esta función del Estado, sino que a la par plantean soluciones, las cuales no serían complicadas de que el Estado y los miembros de la función judicial las ejecuten.
Principales problemas
Lo principal, opina el jurista José Correa, especialista en Administración Pública, Ciencia Política y Criminología, y también decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, es despolitizar la justicia porque la ciudadanía tiene la sensación de que esta responde a intereses políticos. Para ello, es menester que el sistema judicial genere confianza en la gente, dice.
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José Correa
Eso, manifiesta el académico, solo se lo consigue mediante las decisiones del día a día. El reto es que demuestren que sus fallos son imparciales, que son generados en condiciones de igualdad para todos. “Suena raro para la gente cuando se utilizan ciertos criterios para unos y para otros, no; como es el caso de la interpretación de testimonios de ciertas personas”.
Mejorar los mecanismos judiciales
Para ello, el abogado Pablo Encalada, experto en Derecho Penal y exagente fiscal de Pichincha, subraya que es fundamental que se esclarezcan los roles. “La justicia es mucho más que los temas de seguridad, ya que también resuelve conflictos privados, familiares, entre otros; pero la solución de la seguridad no recae en la justicia, sino que le corresponde al Gobierno, a través de políticas públicas integrales”. A esta, sí le compete el tema de la impunidad, señala.
Es por eso por lo que es necesario, añade, que la justicia resuelva otro de sus problemas: la ineficiencia. En su opinión, las constantes reformas al Código Integral Penal (COIP) han restado, a la justicia, capacidad de resolución de problemas. Para contrarrestar eso, paradójicamente se requeriría de una reforma integral de la normativa para que los casos de narcotráfico, como en Colombia, se resuelvan a través de procedimientos abreviados y no de manera ordinaria. “Las fiscalías y los juzgados están abarrotados de trabajo; los fiscales que llevan estos casos ya no dan más”.
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Ximena Ron
A la par de ello, la abogada Ximena Ron, experta en Derecho Constitucional y especialista en Comunicación Política, y directora del Observatorio de la Constitución, recomienda que el Consejo de la Judicatura (CJ) trabaje más en el control, porque le atañe que analice las acciones de los jueces y, en algunos casos, también a los juristas en el libre ejercicio. En su opinión, “debería ser más visible el control efectivo de la actuación indebida de jueces y abogados”.
Otras soluciones
Para eso, Correa considera que debe atacarse todos estos problemas que radican en la ética del profesional del Derecho con un programa de formación que genere un cambio cultural. El cual debería empezar en las aulas escolares y en los hogares porque “nosotros permitimos que en el proceso formativo de cada persona se normalice lo que denominamos la viveza criolla, lo que luego se traduce en cosas mucho más grandes en el escenario judicial”.
Pero a quienes ya están ejerciendo la profesión también deben ser formados, sostiene Ron, en temas que fortalezcan la independencia judicial interna y externa. Solo así, los juristas tendrán herramientas para que también dejen de ser proclives a ser influenciados por la presión mediática, política o de la opinión pública que, a su criterio, no se los puede evitar.
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Pablo Encalada
Ejecutar medidas disciplinarias
Sobre todo, cuando la presión mediática es necesaria, como una herramienta para evitar la impunidad, uno de los problemas que adolece el país, observa Encalada. Sin embargo, no se debe dejar atrás otro rol que tiene el CJ y la Contraloría General del Estado: hacer trabajo de inteligencia a los funcionarios públicos del sistema judicial sobre el delito de enriquecimiento ilícito, ya que varios, llegan a ostentar un estilo de vida (vestimenta, vacaciones, viajes, domicilios, autos), el cual no puede ser cubierto por su salario.
No obstante, ahora, piensa Correa, se deben adoptar medidas correctivas, en el que se discipline a los abogados y jueces en el momento en el que cometan infracciones. Aunque, sería una salida de reacción, pero no de prevención, advierte.
Por otro lado, Ron expone que, aunque parezca algo menor, es imprescindible que se hagan adecuaciones a las infraestructuras del sistema judicial, lo cual no solo favorece a los empleados públicos, sino que permitiría que se dé un buen servicio al usuario. Pero para esto, al igual que todo lo mencionado anteriormente, se frenaría por un tema de presupuesto; sin embargo, “hay que trabajarlo”.
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