La justicia, palanca para hostigar a la prensa

Desde enero hasta marzo pasado, de acuerdo con información del Consejo de Comunicación, se han registrado 46 alertas de agresiones a los trabajadores de la comunicación. La obstrucción del trabajo periodístico y el hostigamiento a través de la justicia son los dos tipos de ataques que más se han suscitado en Ecuador, en este año.

No obstante, el hostigamiento a través de la justicia es la agresión que ha venido ascendiendo sigilosamente desde 2022. En ese año, estuvo en el puesto 13; para 2023, subió al siete y en 2024, se registró en el tercer nivel. Pero en el primer trimestre de 2025, ya está ubicado en el segundo espacio.

Hasta el 31 de marzo, el Consejo de Comunicación evidenció nueve agresiones de ese tipo. Para esta entidad, esta forma de ataque tiene lugar cuando impera la intimidación a través de demandas, ante el poder judicial o ante la Policía Nacional, que ponen en riesgo la libertad de expresión o que persiguen el desprestigio personal o profesional. 2024, fue el año que, bajo esta modalidad, mayores agresiones (20) se registraron.

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¿Qué opinan periodistas sobre el hostigamiento a través de la justicia?

Para Fabricio Vela, periodista, con 32 años de experiencia, director del noticiero A Primera Hora y cofundador del portal digital Primera Plana, en Ecuador no existe un cabal entendimiento sobre el rol que tienen los reporteros cuando se realiza la búsqueda de información, el periodismo de investigación o el periodismo de opinión. No obstante, resalta que, “los periodistas tenemos esa libertad de publicar un determinado tema con base en el interés público”.

Pero el tema también radica, explica Carlos Andrés Vera, comunicador, cineasta y columnista de EXPRESO, en que las últimas demandas contra la periodista de este Diario, Sara Ortiz, y los columnistas y colaboradores, Roberto Aguilar y Martín Pallares, no vienen de cualquier persona que quiere denunciar a un periodista por supuesta calumnia y daño moral, sino de la red criminal que está detrás de los casos Amistad, Metástasis, entre otros. “Estamos hablando de la madeja de la narcopolítica, de lavado de activos y de sus protagonistas en Ecuador”.

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Ortiz, Aguilar y Pallares enfrentan una demanda penal y civil (los dos últimos) interpuesta por la abogada Bibian Hermita Hernández Velasteguí, indagada por presunto lavado de activos en el caso Amistad. Ella exige millonarias compensaciones. Adicionalmente, disculpas públicas por parte de la periodista Ortiz, como su prisión. En una carta remitida recientemente a este Diario, Hernández asegura, entre otros aspectos, que defiende “con convicción el valor del periodismo y su rol en una sociedad democrática”.

Pero este no es el primer caso. Vera menciona que Xavier Jordán -procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y quien tiene una orden de extradición por esa investigación fiscal- presentó una demanda civil, contra EXPRESO, otros medios de comunicación y periodistas, por un supuesto daño moral. Eso, debido a la difusión de la foto en la que se lo observa junto con otras personas, entre ellas el exasambleísta Ronny Aleaga, en una piscina. Sin embargo, luego, esta fue declarada en abandono.

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¿Por qué a los juristas y procesados no les gusta que la prensa informe?

Rafael Oyarte, abogado, experto en Derecho Constitucional, Administrativo y Público, expone que a los juristas y procesados no les gusta que se informe sobre sus procesos y que, hasta cierto modo, les resulta incómodo. No obstante, deben estar conscientes de que, si alguien tiene actuaciones, en este caso referente a temas altamente delicados, como corrupción y lavado de activos, va a estar en medio del debate público.

Por lo que, sentencia Oyarte, ellos no deben utilizar el sistema judicial con la mera pretensión de enmudecer a la prensa. Aunque, “a veces, la gente querella o demanda sabiendo que nunca se va a declarar ni la temeridad ni las malicias de las denuncias y lo hacen porque, como se diría por ahí, demandar es gratis”.

¿Cuáles son los objetivos de formular demandas civiles o penales contra comunicadores?

Aun así, a criterio de Vela, a través de estas acciones judiciales, los denunciantes buscan amordazar y atemorizar. Además, a limitar la labor y a concentrar la actividad en cosas que no tienen relación con el oficio.

También sirven para enviar una advertencia a otros comunicadores, para que se abstengan de difundir información que pueda perjudicar la imagen o intereses de los demandantes, recalca la abogada Priscilla Falconí, especializada en asuntos corporativos, societarios, contractuales y resolución de conflictos, y columnista del Diario. A su vez, el interés de agotarlos emocional y económicamente.

Así, fomentan la autocensura, subraya la abogada. Por lo que, “no pretenden establecer precedentes o ganar sentencias que determinen un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión”.

No obstante, a diferencia de otros procesos legales que, incluso han sido formulados por representantes del Estado contra varios comunicadores y firmas mediáticas, el escenario no es igual, advierte Vera; son más peligrosas. “Creo que estamos ante otro enemigo. Esta red, que está operando para intimidar a los periodistas no se anda con tonterías, es capaz de matar”.

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Es por esto, por lo que la sociedad, la justicia y el Estado tienen que encender alarmas, orienta Vera. Incluso, identificar el origen de los ataques para que se tenga conciencia del escenario del poder criminal, del cual se desconoce su dimensión.

Análisis legal descarta vulneración de derechos

La abogada Priscilla Falconí, bajo un análisis de la nota “Ecuador, el cielo de los abogánsters”, expone que Sara Ortiz se basa en información oficial proporcionada por la Fiscalía y en el marco de una investigación en curso. En su opinión, “en ningún momento calumnia a Bibian Hernández” ni le hace a Hernández una imputación directa de delito específico sin fundamentos. Por otro lado, señala que el uso del término “Abogansters” en el título es para hacerlo llamativo, pero en ningún momento es una imputación directa de una calumnia contra Hernández.

En el caso del Podcast de Roberto Aguilar y Martín Pallares, ellos discuten el mismo caso, en el contexto de las investigaciones y en contenidos judiciales y divulgados por la Fiscalía. “No veo una afectación a la honra o daño moral a Hernández”. Subraya que el término “doctora”, es una expresión común para referirse a una abogada.

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