CPCCS en jaque: otras vías para designar autoridades

En varias ocasiones, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido el objetivo de algunos actores políticos. Sin embargo, si se llegara a suprimir esta función del Estado, ¿cuál sería el mecanismo idóneo para la elección de las autoridades de control?

Este tema se ha mantenido en la palestra pública, ya que sus miembros han sido criticados en múltiples ocasiones por su afinidad con organizaciones políticas o por haber sido cuestionados e incluso destituidos. Además, durante la campaña presidencial, el entonces candidato y ahora presidente, Daniel Noboa, planteó que el CPCCS debía ser eliminado a través de una asamblea constituyente.

No obstante, José De La Gasca, ministro de Gobierno, ha expresado que “los tiempos políticos hay que saberlos medir”. Por ello, al contar ahora con el control de la Asamblea Nacional, no se descartan reformas o enmiendas para modificar la Constitución, en lugar de convocar a una constituyente. “Pero todo tiene que ensayarse” y analizarse “viendo lo que le conviene al país”, añadió.

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¿Cómo se podría eliminar el Cpccs?

A juicio de Noboa, este organismo ha distorsionado los procesos de selección de autoridades y “solo genera interferencias”. Sin embargo, para De La Gasca, aunque el diseño democrático del CPCCS podría ser repensado, lo ideal sería que desaparezca.

En esto concuerda Miguel Hernández, abogado y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En su opinión, el país ha tenido suficiente con esta entidad, debido a su bajo desempeño en los concursos de méritos y oposición para nombrar autoridades.

Por su parte, Leonel Fuentes, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, sugiere eliminar el CPCCS mediante una reforma parcial a la Constitución, conforme lo establece el artículo 442 de la Carta Magna. En dicha reforma también debería establecerse el nuevo mecanismo para designar autoridades.

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¿Sin el Cpccs, qué institución debería designar a las autoridades de control?

Hernández propone que esta atribución regrese a la Asamblea Nacional, lo que, a su criterio, haría más transparente el proceso, en lugar de realizar concursos que no gozan de credibilidad ciudadana. Además, plantea que se exija a los nominados ser profesionales íntegros, que cumplan los requisitos y se sometan al escrutinio público.

Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Postgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo, coincide en que esta competencia debe volver al Legislativo, por ser un órgano en el que están representadas tanto las mayorías como las minorías. Considera que la designación debería surgir de una deliberación interna en el Pleno.

Además, sugiere la creación de un mecanismo de impugnación a las candidaturas, que permita a la ciudadanía realizar un escrutinio. Una causal válida de rechazo, más allá del incumplimiento de requisitos, sería la falta de cultura de legalidad, reflejada en incoherencias entre el discurso y la práctica de vida del postulante.

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Otras propuestas 

En cambio, Pablo Játiva, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, propone observar las metodologías de designación empleadas en países como Chile, Uruguay y Costa Rica. A su criterio, debería conformarse una veeduría ciudadana con capacidad calificadora, que analice los perfiles de una terna presentada por el presidente para cargos como el de Fiscal General del Estado, por ejemplo, y que verifique el cumplimiento de los requisitos legales.

Si uno de los candidatos no cumple con lo determinado, el mandatario debería proponer a otro. Esta veeduría estaría integrada por representantes de universidades, colegios de abogados y gremios sociales, industriales y empresariales, en representación de la ciudadanía.

De esta manera, explica Játiva, la elección final que haga la Asamblea Nacional no respondería únicamente a una decisión política, sino a un proceso técnico previo, que haya verificado que el candidato no tenga antecedentes judiciales ni denuncias por violencia o corrupción.

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Finalmente, Fuentes considera que debería establecerse una comisión de académicos de las facultades de Derecho para revisar los requisitos que deben cumplir los candidatos propuestos por el presidente. Esta comisión podría estar integrada por 10 catedráticos. El jurista sugiere que el Consejo de Educación Superior convoque a un concurso, en el que las universidades postulen a sus docentes.

La elección final de la autoridad recaería en el Pleno de la Asamblea. Así, concluye Fuentes, se evitaría que se infiltren intereses políticos. “Es más difícil que un profesor titular se preste para algo que lo marcaría de por vida”, remata.

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