Mario Godoy: “Estaré hasta que el CPCCS designe a los nuevos vocales”

Un lío menos en la Judicatura. Con la aprobación de un reglamento se inicia el proceso de selección de jueces, pero hay otros pendientes por resolver y cuestionamientos al presidente de este organismo.

Llegó a la Judicatura con el apoyo de los entonces consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Johana Verdezoto. Los tres primeros están investigados por presunta asociación ilícita. Durante su trabajo, la crisis del sistema de justicia se ha agravado por concursos que no avanzan e incluso polémicas internas.

¿Hasta qué punto considera un logro el aprobar un reglamento para seleccionar jueces de Garantías Constitucionales luego de cinco convocatorias, en medio de polémicas entre usted y la vocal Solanda Goyes y luego de un trabajo que se inició en febrero?

Le hago una precisión: el trabajo para la resolución para las dependencias comenzó desde antes de que yo llegue, con un memorando en mayo de 2024. Posteriormente, se hizo una recopilación de información y ya en mi gestión se inician las mesas de trabajo (...). Ayer (30 de abril) se logró aprobar el reglamento. Sobre las cinco convocatorias del Pleno, soy el menos indicado para decirle, porque la doctora Yolanda Yupangui y yo cumplimos nuestras funciones y dimos el cuórum. Sobre la vocal Solanda Goyes que no dio cuórum, se vio claramente que no respondía a un criterio técnico, era un tema eminentemente personal.

¿Personal o algún compromiso político?

Eso debería responderlo ella.

¿Cómo lo mira usted?

La doctora Yupangui fue muy firme al decir que cuando nos sentamos en el Pleno deberíamos buscar un interés común, que es el institucional, sin ningún tipo de agendas, ni respaldo a ningún grupo. Esa es la idea que yo acojo. No vengo con una agenda partidista ni política ni gremial.

¿Ya se ha superado el problema con la doctora Goyes? ¿Se podrán poner de acuerdo para las siguientes fases del concurso?

El diálogo siempre ha existido de mi parte. Ella quería tener una reunión solo entre los vocales; respeto eso y nos reunimos. Pero yo venía tendiendo el diálogo en las mesas técnicas, porque este es un tema técnico, no un tema político; ni el concurso debe segmentarse a un determinado grupo.

¿Hasta qué punto puede afirmar que cumple una agenda por la justicia y no por el partido del presidente Daniel Noboa? Su nombre ha salido en el caso Ligados, donde el exconsejero Augusto Verduga le da el voto creyendo que era el vocal del correísmo, pero termina quejándose porque ahora está con el gobierno.

Las designaciones de las autoridades de control tienen ese toque partidista que se le quiere dar, de una tienda política u otra. Para empezar, el requisito para postular a este cargo es no tener ninguna afiliación política. Cuando entro en el proceso, se me crea una narrativa: era correísta, abogado de narcos y un peligro para la justicia. Yo no soy abogado de narcos y no soy adherente a un partido. Se me quiso vincular por mi libre ejercicio, en Derecho Electoral, porque defendí a alcaldes, prefectos, de diferentes movimientos y partidos: RC, (Partido) Social Cristiano, Pachakutik, etc.

Y ahora lo vinculan con el presidente Daniel Noboa...

En esos chats me ponen hasta calificativos de miserable porque supuestamente no les he respondido, no les he dado los cargos. Se habla de una persona que debía entrar a la Judicatura. Les invito a que busquen, pero adelanto que esa persona trabajó en el CPCCS. Acá no ha ingresado absolutamente nadie porque no he venido a hacer una agencia de empleos de un partido político.

¿El hecho de que en la Judicatura trabaje el hermano del señor Fausto Jarrín (exabogado de Rafael Correa, ahora con ADN) es por amistad, capacidad o agenda política?

Las contrataciones se hacen a través de las direcciones. Se hacen los perfilamientos para definir quiénes son las personas más idóneas. Eso no significa que exista una vinculación política. Yo me desarrollé en el ámbito electoral, tengo conocimiento de personas en todas las tiendas políticas. Unas son amigas, otras son conocidas.

¿Espera que el presidente le ponga en la terna del Ejecutivo para la Judicatura?

No tengo incidencia sobre las ternas. No es mi estilo estar golpeando a las fuentes y pidiendo ‘por favor’, ‘por favor’. Estaré aquí hasta que el CPCCS designe a los nuevos vocales (...). Yo me iré y, además, he gestionado para que las personas que ingresaron con las vocalías no se queden en la institución. Si me dicen que estoy persiguiendo por poner orden, es que no lo entiendo.

Hablemos de su gestión. Tiene procesos que están paralizados: el concurso para la Corte Nacional, el Banco de Elegibles y la recategorización de jueces. ¿Se puede decir que ha perdido la materia?

Estoy en desacuerdo cuando dice que he perdido la materia. La recategorización fue una iniciativa mía, que desde 2016 no se hacía y ya está en curso. En la Corte Nacional, hay un caso Pantalla, por las irregularidades en el concurso (de Wilman Terán). Si dejábamos avanzar este proceso, había un caso Pantalla 2. La nulidad total se dio porque aquí adentro ocultaron información a las vocalías y evidenciamos que se dieron subidas de puntos de 10, 14 y hasta 20 puntos. Presentamos la denuncia y la Fiscalía abrió una investigación.

¿Y a esos funcionarios ya se les separó? ¿O siguen en la CJ?

Se iniciaron los procesos administrativos y disciplinarios. Eso toma un tiempo porque se debe garantizar el debido proceso. Eso saldrá en su tiempo.

¿Qué pasa con el concurso del Banco de Elegibles?

Este proceso no lo inicié yo. Comenzó con unas reglas que no fueron aprobadas por mí. Ahí se dio un problema en las fases iniciales, que era la entrega de documentación, lo que ocasionó que se reaperture una fase para que vuelva a postular. Y ha tenido varias acciones de protección.

Es presidente del Consejo de la Judicatura desde julio de 2024. Es abogado por la Universidad Central, especialista en Derecho Administrativo y en Cumplimiento y Anticorrupción. Su gestión ha estado inmersa en cuestionamientos y polémicas. Está en funciones prorrogadas desde enero pasado.

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