Reglamento del CPCCS: ¿realmente garantiza procesos más cortos y transparentes?

¿Un paso hacia adelante o hacia atrás? Esa es la pregunta que surgió luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el nuevo reglamento para las comisiones ciudadanas de selección, bajo la promesa de que esta renovación agilizará los concursos de designación de autoridades.

Aunque la normativa aprobada por el CPCCS aborda algunos nudos críticos de los procesos, analistas consultados por EXPRESO sostienen que, en ciertos casos, no se resuelven problemas de fondo o, incluso, ni siquiera se abordan aspectos que han sido recurrentes en concursos anteriores.

Este Diario intentó contactar al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para conocer su postura frente a las observaciones al nuevo reglamento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. La vicepresidenta, Jazmín Enríquez, por su parte, alegó problemas de salud.

Culminar un concurso en seis meses es "fantasía", dice excomisionada

Gabriela Cadena, expresidenta de la comisión ciudadana para la selección del defensor público, destaca como aspectos positivos la incorporación de apoyo legal por parte del CPCCS a las comisiones en caso de litigios judiciales, así como la estructuración del pago de dietas para catedráticos y comisionados ciudadanos.

Sin embargo, desde su experiencia en el proceso para designar al defensor público, estima que el nuevo reglamento no garantiza que los procesos se completen en el plazo de seis meses (cuatro ordinarios y dos de prórroga) que establece la normativa.

“Me parece apresurado, porque quienes han puesto trabas en los concursos son los mismos miembros del Pleno del CPCCS. Si no están de acuerdo con ciertas decisiones de la comisión, ellos mismos dilatan el proceso”, asegura.

En esa línea, María Fernanda Rivadeneira, exvicepresidenta del CPCCS, agrega que la experiencia ha demostrado que “no hay concurso en el que no se hayan presentado medidas constitucionales, como acciones de protección o cautelares, que terminan suspendiendo el proceso”.

No obstante, el consejero Gonzalo Albán defiende el trabajo del CPCCS y sostiene que lo planteado por el Pleno no es una ilusión, sino un horizonte realizable. “Desde el punto de vista técnico, tenemos establecido el tiempo que debería durar cada proceso de designación”, asevera.

Aunque reconoce que los procesos pueden verse afectados por factores externos, recuerda que el reglamento contempla estas eventualidades e incorpora mecanismos como la pausa de los plazos y el acompañamiento legal de la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS a las comisiones ciudadanas.

La posible mano del Pleno del CPCCS en los concursos de autoridades

Cadena también observa la existencia de “candados” o limitaciones impuestas a las comisiones ciudadanas de selección, que son las encargadas de ejecutar los concursos. Por ejemplo, el artículo 65 del nuevo reglamento señala que el secretario de las comisiones será elegido de una terna presentada por la presidencia del CPCCS. Esto, según Cadena, atenta directamente contra el principio de independencia que la propia normativa proclama.

“Con eso se les quita toda independencia a las comisiones ciudadanas, porque si el secretario es un representante del Pleno, los concursos estarán completamente vigilados”, plantea, y añade que sus reparos con el nuevo reglamento no terminan ahí.

El consejero Albán, por su parte, afirma que la designación del secretario mediante una terna propuesta por la presidencia no busca ejercer presión sobre los comisionados, sino permitir al Pleno dar seguimiento al avance de los procesos.

“No se trata de una vía para presionar, sino de un mecanismo para hacer seguimiento”, dice, y recuerda que la normativa vigente establece que las decisiones de última instancia dentro del cuerpo colegiado las toma el presidente de la comisión, con el acompañamiento de sus integrantes.

Los comisionados podrían terminar bajo la lupa de la Contraloría

Por otro lado, Cadena critica la “presión” que, a su juicio, el CPCCS ejerce sobre los comisionados ciudadanos, al advertir que podrían terminar bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, como lo establece el artículo 75 del nuevo reglamento.

Este artículo señala que si el concurso no concluye dentro del plazo previsto (máximo seis meses), los comisionados serán cesados en funciones y se notificará a la Contraloría sobre el incumplimiento. Además, se principalizará a los suplentes.

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Según Cadena, esta disposición representa una amenaza velada que evidencia presión sobre las comisiones. “Todo el reglamento transmite la idea de que hay una presión constante. Están maquillando que quieren acelerar los procesos, pero los comisionados no han sido quienes han puesto trabas, sino el mismo Pleno del CPCCS”, subraya.

Albán, sin embargo, prefiere interpretar la intervención de la Contraloría como un límite, más que una amenaza. “Es importante hablar de la naturaleza de los fondos que financian estos procesos: son recursos públicos destinados a que los comisionados cumplan con las tareas asignadas dentro del cronograma que ellos mismos establecen”.

Concursos: trabajo extenuante y no pagado a tiempo

Incluso señala que, con el fin de resguardar el uso adecuado de esos recursos, se ha estructurado de mejor manera el pago de dietas a los catedráticos y comisionados, ya que “antes podían reunirse, sentarse y no necesariamente avanzar en nada, pero igual cobraban dietas por ello”.

El consejero hace alusión al artículo 105 del nuevo reglamento, que detalla la metodología para el pago de las dietas. Este apartado establece que el desembolso se realizará en función del cumplimiento de ciertos requisitos, como la entrega de un informe general, las convocatorias a sesiones, las actas, entre otros.

No obstante, Cadena refuta al consejero señalando que, más allá de esta estructuración, el pago de las dietas a catedráticos y comisionados depende siempre de los recursos disponibles en el CPCCS. Incluso menciona que, aunque el concurso que presidió concluyó hace varios meses, los integrantes de su comisión aún no han recibido el pago correspondiente.

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