
Así busca Noboa eliminar el CPCCS: conoce la pregunta y el anexo
La iniciativa forma parte de un paquete de siete preguntas que el Ejecutivo busca someter a votación
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha incluido en su propuesta de consulta popular una pregunta que busca suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), institución encargada de designar autoridades como el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo Nacional Electoral.
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La pregunta enviada a la Corte Constitucional plantea lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
El anexo correspondiente propone reformas constitucionales específicas, entre ellas:
- Eliminar el tercer inciso del artículo 112 de la Constitución.
El Artículo 112 de la Constitución del Ecuador se refiere a la participación ciudadana en procesos de revocatoria del mandato
- Reformar los artículos 120 y 131, que regulan las funciones de la Asamblea Nacional.
El artículo 120 establece las atribuciones y deberes de la Asamblea, mientras que el artículo 131 detalla los casos en que se puede declarar la incapacidad física o mental del Presidente y resolver el cese de sus funciones.
- Incorporar el procedimiento de designación de autoridades al artículo 140, estableciendo que la elección se realice por terna en un proceso público liderado por la Asamblea Nacional.

¿Quiénes tomarían las competencias del CPCCS?
De aprobarse esta propuesta en las urnas, el CPCCS sería eliminado tras la proclamación oficial de resultados, y sus competencias serían redistribuidas entre otras instituciones del Estado, en este caso a la Asamblea Nacional.
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La iniciativa forma parte de un paquete de siete preguntas que el Ejecutivo busca someter a votación a final de año, junto con temas como la contratación laboral por horas, la reducción del número de asambleístas, el juicio político a jueces constitucionales y el retorno de casinos en hoteles cinco estrellas.
La Corte Constitucional deberá ahora revisar el contenido de las preguntas y sus anexos para determinar si cumplen con los requisitos legales y constitucionales para ser sometidos a referéndum.
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