Gobierno vs. Corte: juristas alertan sobre intento de politización

El futuro de la Corte Constitucional (CC) preocupa a muchos juristas. Para quienes conversaron con EXPRESO, este organismo no debe convertirse en un actor político, a pesar del conflicto.

Todo empezó, considera el penalista Jorge Luis Ortega, cuando la CC puso “en sobreaviso que posiblemente ciertas disposiciones y/o articulados están en contraposición con los principios fundamentales consagrados en la Constitución”. Eso hizo que esta esté en la mira del Gobierno. Estas normas fueron promovidas por el primer mandatario, Daniel Noboa, y aprobadas en la Asamblea Nacional.

A raíz de eso, Noboa expuso, en su cuenta personal de X, que los jueces de la Corte deberían ser juzgados políticamente. Sin embargo, para José Correa, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, que el poder político condicione el funcionamiento de la CC no es para nada saludable en una democracia. “Dan a entender que esto aquí se da por la falta de control que tiene el Ejecutivo dentro de este organismo”.

¿Por qué?

Lo que están pretendiendo hacer, menciona Marcelo Aguilera, abogado y decano de la Unidad Académica de Formación Técnica y Tecnológica Superior de la Universidad Católica de Cuenca, es convertir la Corte Constitucional en un rival político. A su criterio, los jueces de la Corte no deben ser sometidos a los vaivenes de la política o a sus cambios coyunturales, porque su rol es otro: “vigilar que las leyes, los actos del Estado y las decisiones judiciales respeten la Constitución”.

Por otra parte, Emilio Suárez, experto en Derecho Constitucional y docente de la Universidad San Francisco de Quito y de la Universidad Andina Simón Bolívar, menciona que la CC ya se ha pronunciado con respecto a la actual consulta del Ejecutivo sobre si los jueces deben ser llamados o no a juicio político. Para ello, solo se requiere una reforma parcial de la Constitución. Sin embargo, sostiene que las decisiones de los jueces -a favor o en contra- no pueden ser objeto de cuestionamiento, más aún si es de índole político.

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A su juicio, las causales tendrían que ser similares a las previstas para el presidente de la República, sugiere Suárez. Además, para la aprobación de este proceso, sería aconsejable que se cuente con la aceptación de la mayoría calificada, es decir, el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas que integran la Asamblea Nacional.

Sin embargo, a criterio de Ortega, la CC no tiene por qué dar explicaciones, sino pronunciarse a través de sus sentencias. Lo que tampoco deben hacer, añade, es promover o justificar sus resoluciones.

¿Cuál es el papel que debe asumir la Corte?

Porque su rol es frenar al poder frente a los irrespetos o a las eventuales violaciones que puedan presentarse al marco constitucional, subraya Correa. Además, recuerda que varios académicos se pronunciaron anteriormente sobre las normas, pero el Legislativo no los escuchó, por lo que manifiesta que el accionar de la CC ya se lo anticipaba.

Al punto que, hasta el martes 5 de agosto, las cuatro normativas promovidas por el Ejecutivo ya enfrentan 35 acciones públicas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La que más demandas registra es la Ley Orgánica de Integridad Pública.

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Por lo que, recalca Ortega, poner a la Corte Constitucional en un punto en el que se le diga que está impidiendo, bloqueando o boicoteando de alguna manera la labor del Gobierno es exagerado. “El afán y el apuro hicieron que presentara leyes con carácter económico urgente, que reformaban no necesariamente esos temas”. Para el jurista, ese es el problema.

¿Es conveniente suprimir la Corte Constitucional?

Y, ante una posible eliminación o que esta pase a ser una sala de la Corte Nacional de Justicia, los juristas sostienen que eso sería grave. Para ello, Suárez asegura que definitivamente se requeriría de una Asamblea Constituyente, ya que eso representa una modificación de la estructura del Estado.

No solo eso, sino que también significaría una regresión en materia de derechos, indica Correa, porque la Corte ha construido jurisprudencia a lo largo de estos años. Así también ha logrado defender los derechos de las personas, manifiesta, y agrega que ha corregido los errores que el Ejecutivo ha cometido al excederse en los estados de excepción. También ha actuado cuando hay vulneraciones de derechos en las sentencias judiciales, por lo que expide las acciones extraordinarias de protección.

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Y es que, dada la coyuntura política, para Suárez no es ideal que se discuta el tema de la estructura de la Corte. La razón: “evidentemente hay una tensión entre la Corte y el Ejecutivo”.

Pero ante esta disyuntiva, ¿qué le tocará hacer a la Corte Constitucional? Para Aguilera, la Corte no debería convertirse en un actor político que trate de justificar ante la ciudadanía la razón por la que tiene que mantenerse. En su opinión, ese es el papel que tendrán que desarrollar los juristas, académicos, actores sociales y estudiosos del Derecho, y generar un debate amplio para que la ciudadanía tome la mejor decisión.

No obstante, ante las presiones de figuras vinculadas al oficialismo, Suárez recalca que la CC debe actuar en derecho. Así pretendan, advierte Correa, por imposición de la opinión pública, hacer aprobar proyectos que tienen evidentes inconstitucionalidades. Por eso es necesario que la CC mantenga la autonomía, sentencia Aguilera.

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