¿Improvisados o preparados? El eterno dilema de quiénes nos representan

Para muchos ciudadanos, observar los comportamientos, actuaciones y aptitudes de quienes, al final, ocupan un cargo público por voto popular les causa indignación. No obstante, ¿es posible evitarlo?

Hace poco, la Asamblea Nacional causó conmoción nacional. Uno de sus integrantes, quien ahora es investigado por la Fiscalía General del Estado, ha sido acusado de violación a una menor. Otro fue captado dibujando durante una sesión de la Comisión de Transparencia, en la que fiscalizaban los contratos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM).

Entre las iniciativas ciudadanas que EXPRESO recibió está la propuesta de que quienes se quieran postular para alguna dignidad de elección popular deban cumplir con los mismos requisitos que para ser docente universitario. Esta idea fue propuesta por Rafael Montero, quien considera: “¿Cómo los representantes del pueblo pueden aportar al país sin tener una instrucción formal?”. En todo caso, ¿podría ser esta sugerencia una alternativa?

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¿Es recomendable ejecutar esta iniciativa?

Para los expertos consultados, la respuesta unánime es no. ¿Por qué? Nicolás Castro, coordinador de la maestría de Comunicación Política de la Universidad Internacional del Ecuador, explica que, en democracia, el principio de participación implica que cualquier ciudadano pueda ser elegido, sin que su nivel de estudios funcione como filtro. Caso contrario, indica, entraríamos en un modelo elitista de representación.

Por otro lado, Andrés Lozano, politólogo y director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, expresa que escoger a las figuras no radica en los requisitos que estos deban cumplir, sino en la calidad del voto que los electores emitan. A su criterio, el problema no radica en los títulos académicos, ya que actualmente varios cuentan con una preparación de cuarto nivel.

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¿Cómo está conformado el actual Pleno de la Asamblea?

De acuerdo con información del portal digital de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), solo el 13,90 % de los legisladores no tienen o no han registrado su título académico. Dieciséis de ellos están en las filas del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y cinco en las de Revolución Ciudadana (RC). Las otras organizaciones políticas no tienen representantes sin título.

Sin embargo, de los 151 asambleístas, el 47,01 % tienen un título de tercer nivel. Dos poseen una titulación tecnológica y 69, universitaria. RC es el que cuenta con el mayor número de profesionales con título académico (34), seguido de ADN (29). Pachakutik, por su parte, tiene cinco de nueve figuras con título universitario; el Partido Social Cristiano, uno. Los dos tecnólogos son oficialistas.

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En cambio, el 39,07 % de los miembros del Legislativo poseen un título de cuarto nivel. Cincuenta y cinco son magísteres y cuatro tienen doctorado. Estos últimos están en las filas del movimiento correísta; adicionalmente, RC tiene 24 personas con maestría y ADN, 20. PK y los movimientos provinciales, cuatro; el PSC, tres.

¿Al respecto, qué opinan los expertos?

Pablo Proaño, abogado, especialista en Derecho Constitucional y coordinador de la Organización Dignidad y Derecho, comenta que, en Alemania, sin la necesidad de que exista explícitamente ese requisito en las leyes, el 90 % de los parlamentarios del Bundestag tienen un título universitario. Pero esto corresponde también al trabajo interno que debe hacer cada partido político, señala, porque radicaría en la percepción que la organización política quiera que la gente tenga de ella: una tienda política que tiene gente improvisada y sin preparación, o todo lo contrario.

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Justamente ese es el problema de fondo, subraya Castro. Las tiendas políticas no funcionan como escuelas de liderazgo, sino como plataformas que priorizan la visibilidad o la fama del candidato. Es decir, a los cuadros se los elige desde la simpatía o la polarización. “Mientras los partidos sigan funcionando así, seguirán llegando representantes sin formación política, sin visión de Estado y sin capacidad para legislar o fiscalizar”.

Esto ocurre porque son ellos quienes los ponen allí, recalca Lozano. Sin embargo, la ciudadanía también debe analizar a las figuras políticas, puntualiza el politólogo: ver cuántos proyectos de ley presentan, cuántas y qué observaciones han emitido durante un trámite legislativo. “Ese es el verdadero juzgamiento que debemos hacer, no desde la edad o su formación, sino desde cuál es el verdadero aporte del político en el Legislativo”.

Además, aunque 55 de los legisladores son abogados, Proaño sugiere que las bancadas tengan expertos constitucionales que sirvan de filtro para que los articulados que emitan no caigan en la inconstitucionalidad, como muchos lo han hecho.

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