Rosa Torres Gorostiza | Desconocen el principio de legalidad en derecho público
En derecho público no hay espacio para la improvisación ni para la extralimitación de funciones
Ecuador no es una hacienda. No es una propiedad privada que se administre al capricho de supuestos mayordomos que creen responder a un dueño invisible, ni mucho menos un botín que pueda repartirse desde el poder. Es un Estado constitucional de derechos y justicia, gobernado -al menos en el papel- por una Carta Política que no admite interpretaciones antojadizas ni obediencias selectivas.
Ningún funcionario del gobierno de turno, ni de los organismos de control, tiene patente de corso para actuar en contra de la Constitución de Montecristi y de las leyes orgánicas y ordinarias que de ella se desprenden, aunque estas no les gusten o resulten incómodas para sus intereses. El pueblo soberano ya se pronunció en las urnas y negó al gobierno de Daniel Noboa la posibilidad de reformar la Constitución. Esa decisión es vinculante y sigue rigiendo la vida institucional del país. Desconocerla es desconocer la voluntad popular.
Bajo ese marco constitucional también se sostiene la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ello resulta inadmisible que, desde el poder, se pretenda acallar a un medio de comunicación incómodo, no por mentir, sino por investigar, denunciar la corrupción y dar voz a quienes han sido afectados por el uso indebido de los fondos públicos. Cuando el periodismo incomoda al poder, no es el periodismo el que falla: es el poder el que se siente expuesto.
En el Derecho Público rige un principio elemental que algunos parecen haber olvidado: los funcionarios solo pueden hacer aquello que la Constitución y la ley expresamente les permiten. Desde el presidente de la República hasta el servidor público de menor jerarquía no pueden actuar fuera de ese marco, porque hacerlo es arbitrariedad. Y la arbitrariedad siempre tiene consecuencias penales y administrativas.
En este contexto, resulta alarmante que la Superintendencia de Compañías no haya explicado bajo qué marco legal pretende obtener el control del 40 % del paquete accionario de Diario EXPRESO, como si las acciones de una empresa pudieran transferirse de un propietario a otro por simple decisión administrativa. En una democracia, ni la ley ni el silencio pueden ser instrumentos de intimidación.
