El nuevo país de Daniel Noboa prepara su propia metida de mano en la justicia

Curiosas contradicciones del nuevo Ecuador: mientras el gobierno protesta por la corrupci칩n del sistema judicial (y exhibe a los jueces que liberan delincuentes, y ordena auditor칤as para investigar sus bienes, y plantea reformas legales para castigarlos con mayor dureza), el Consejo de la Judicatura, cuya misi칩n es precisamente controlar el aparato de justicia y sancionar a los jueces corruptos y prevaricadores, se encuentra en soletas y a punto de desaparecer por consunci칩n. Y el gobierno, en cuyas manos se encuentra la soluci칩n del problema, no mueve un dedo para remediarlo. M치s a칰n: amenaza con empeorarlo.

El Consejo de la Judicatura est치 integrado por cinco vocales que el CPCCS selecciona de ternas remitidas por el Ejecutivo, la Asamblea, la Fiscal칤a, el defensor p칰blico y la Corte Nacional de Justicia (de esta 칰ltima sale el presidente del organismo). De esos cinco integrantes, en la actualidad s칩lo quedan tres: el presidente Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. Fausto Murillo fue cesado en febrero de 2024 por una conspiraci칩n parlamentaria urdida entre los entonces aliados corre칤stas, nobo칤stas y socialcristianos, y Merck Benavides present칩 su renuncia irrevocable en marzo de 2025, sin que ninguno de los dos haya sido reemplazado hasta el momento. No hay apuro.

En consecuencia, basta con que uno de los tres actuales vocales de la Judicatura se ausente por enfermedad o c치lculo pol칤tico, para que se produzca un bloqueo por falta de cu칩rum, como ya ocurri칩 cuando Solanda Goyes decidi칩 boicotear la designaci칩n de jueces en materia constitucional. Para cualquier organismo, es muy dif칤cil funcionar cuando el n칰mero de sus integrantes es, al mismo tiempo, el cu칩rum m칤nimo que necesita para instalarse en sesi칩n.

El origen de la sostenida crisis en el Consejo de la Judicatura

El caso es que el proceso de renovaci칩n del Consejo de la Judicatura est치 pendiente desde hace meses. Para iniciarlo, el CPCCS necesita contar con las cinco ternas respectivas. Pero le faltan dos, precisamente aquellas que dependen del gobierno: la terna del Ejecutivo, que debi칩 ser remitida en octubre de 2024 (es decir, lleva ocho meses de retraso) y la terna de la Asamblea, que estaba lista desde mayo, a ra칤z de un acuerdo entre corre칤stas y socialcristianos, pero que la nueva legislatura de Niels Olsen ech칩 abajo sin justificaci칩n legal alguna.

�쮼ch칩 abajo para reemplazar por otra? No: lo hizo simplemente para dejar el asunto sin resolver y seguir posponiendo la soluci칩n de la crisis de la Judicatura. Como adem치s la bancada oficialista ha empezado un proceso de juicio pol칤tico en contra de Solanda Goyes, precisamente por haber sin cu칩rum al organismo por cinco ocasiones, se puede decir que la aniquilaci칩n completa del Consejo de la Judicatura depende de un gesto del presidente de la Rep칰blica: reducido a dos vocales, el organismo no podr칤a siquiera sesionar. Eso es lo que se llama tener el control completo de un organismo.

�쮺u치l es la explicaci칩n de esta contradicci칩n rampante del gobierno en su relaci칩n con la Funci칩n Judicial? �쮺칩mo se compaginan los supuestos esfuerzos del ministro del Interior John Reimberg por desenmascarar la corrupci칩n de los jueces con la estrategia de la presidencia para prolongar la crisis del organismo encargado, precisamente, de controlar la corrupci칩n de los jueces? La respuesta es evidente y no se diferencia de la que se le aplicar칤a al corre칤smo: el gobierno de Daniel Noboa est치 menos interesado en depurar la justicia que en controlarla. Y la situaci칩n actual, esta precaria situaci칩n de un organismo que podr칤a desaparecer con s칩lo una decisi칩n pol칤tica del gobierno, es la manera m치s efectiva de lograr ese objetivo. En lo que respecta al ministro Reimberg, lo suyo no pasa de ser una alharaca. En otras palabras: propaganda.

Lo que hay detrás del caos en el Consejo de la Judicatura

Prolongando el actual estado de cosas, el gobierno logra al menos dos objetivos. Primero, mantener al incondicional Mario Godoy en la presidencia. En los pasillos del Consejo de la Judicatura se comenta que Godoy no toma ninguna decisi칩n sin el visto bueno de Carondelet. �쯇ara qu칠 arriesgar esa relaci칩n ideal? En segundo lugar, con la amenaza del juicio pol칤tico, el gobierno mantiene en vereda a la propia antagonista de Godoy, la consejera Solanda Goyes, cuyo caso es bastante curioso: durante cinco sesiones, ella se neg칩 asistir para impedir que el Pleno pudiera aprobar el reglamento de selecci칩n de jueces constitucionales, que seg칰n ella era inconstitucional. Sin embargo, ni bien se plante칩 el juicio pol칤tico en la Asamblea, Goyes asisti칩 y vot칩 a favor del reglamento. En resumen: el gobierno controla la situaci칩n. Si enviara al CPCCS las ternas que faltan para iniciar el proceso de renovaci칩n de la Judicatura, todo este equilibrio se vendr칤a abajo.

Hay, adem치s, beneficios colaterales. El hecho de mantener abiertas las ternas del Ejecutivo y del Legislativo (sobre todo esta 칰ltima) es una inapreciable moneda de cambio para otro tipo de negociaciones pol칤ticas en la Asamblea. Con Pachakutik, por ejemplo. O con el Partido Social Cristiano. �쯈uieren un lugar en esas ternas? Quiz치s lo obtengan a cambio de apoyo en votaciones clave.

Mientras tanto, la gran metida de mano en la justicia se prepara. La Ley de Integridad P칰blica, segunda de las econ칩micas urgentes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea, incluye una reforma al C칩digo Org치nica de la Funci칩n Judicial seg칰n la cual el presidente de la Judicatura adquiere la facultad de declarar en emergencia el sistema judicial por tiempo indefinido. Esa emergencia le permitir치 nombrar jueces a dedo (jueces sin estabilidad que entrar칤an, quiz치, a cumplir encargos espec칤ficos) y practicar evaluaciones anticipadas que podr칤an concluir en la destituci칩n de jueces, fiscales y funcionarios. Nada conviene m치s al gobierno del nuevo pa칤s que guardarse las dos ternas que faltan por tiempo indefinido.