Lo que debes saber

• Andrés Drouet busca la Prefectura de Santa Elena con una propuesta enfocada en agro, agua y producción.
• El exdirector del MAG apuesta por alianzas con comunas para ganar respaldo en Santa Elena.
• ADN impulsa a Andrés Drouet, que enfrenta el reto de pasar de técnico a líder político.

La campaña para la Prefectura de Santa Elena suma un perfil distinto al de los tradicionales cuadros políticos. Andrés Enrique Drouet Candell, ingeniero agrónomo, docente universitario e investigador, se presenta como la carta de Acción Democrática Nacional (ADN) para disputar la provincia.

Su candidatura se apoya en una imagen de carácter técnico. Antes de lanzarse a la contienda electoral, Drouet ocupó la Dirección Distrital de Santa Elena del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), una posición desde la cual trabajó directamente con productores agrícolas y ganaderos de la provincia. Paralelamente, desarrolló una carrera académica en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), donde ejerció la docencia y participó en investigaciones sobre sostenibilidad agrícola.

Su formación incluye un doctorado (Ph.D.) en Ciencias Agrícolas por la Universidad Agraria de La Habana. Parte de su producción científica se ha enfocado en sistemas de producción de cultivos estratégicos para la Costa ecuatoriana, como el cacao y el arroz.

Un candidato centrado en la producción

La propuesta de Drouet gira alrededor de la consigna "Juntos sembraremos el progreso de Santa Elena", una frase que busca conectar con la identidad agrícola y pesquera de una provincia históricamente dependiente de sus actividades productivas.

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Entre sus principales ofertas de campaña figuran el fortalecimiento de los sectores agrícola, ganadero y pesquero artesanal. Durante sus recorridos ha planteado apoyo para asociaciones productivas y cooperativas pesqueras de localidades como Chanduy y Santa Rosa.

Otro de sus ejes es la coordinación entre la Prefectura y los municipios para acelerar la ejecución de obras públicas. La propuesta apunta a reducir conflictos políticos entre niveles de gobierno y facilitar proyectos de infraestructura.

Radiografía económica

La información pública disponible muestra que Drouet registra pagos del Impuesto a la Renta en los últimos años. Según registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), reportó valores de $1.434,62 en 2022; $1.263,58 en 2023; $2.226,91 en 2024; y $145,84 en 2025. En 2021 figura sin pago registrado.

Por otra parte, en la declaración patrimonial presentada ante la Contraloría General del Estado consta un patrimonio de $29.710, resultado de activos por $65.210 y pasivos por $35.500.

No aparecen registros de compañías vinculadas a su nombre en la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con la información consultada para este perfil.

Un antecedente judicial

En los registros judiciales consta una acción de protección presentada contra Andrés Drouet cuando ejercía funciones dentro del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La demanda se relacionaba con un presunto daño a la propiedad y vulneración de derechos de una ciudadana. Sin embargo, la acción fue negada por la autoridad judicial, por lo que no derivó en una sentencia favorable para la accionante.

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La fortaleza del experto

Para la politóloga Andrea Endara, la principal carta de presentación del candidato es precisamente su experiencia técnica. El analista sostiene que Drouet posee un conocimiento profundo de los problemas estructurales de Santa Elena debido a su formación académica y a su paso por el Ministerio de Agricultura.

"Es un perfil sumamente técnico, ingeniero agrónomo, Ph.D. y exdirector del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Elena. Entiende los dolores estructurales de la provincia, especialmente en materia productiva e hídrica", explica Endara.

La gestión del agua es precisamente uno de los temas más sensibles para Santa Elena, una provincia que enfrenta recurrentes desafíos relacionados con abastecimiento, riego y productividad agrícola.

El reto de pasar de técnico a político

Pero las fortalezas también pueden transformarse en limitaciones. Según Endara, el principal desafío para Drouet será demostrar que posee la capacidad política necesaria para convertir el conocimiento técnico en gestión territorial efectiva.

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"Va a tener que demostrar que, además de conocer los problemas, tiene el talante político para sacar adelante los proyectos y las necesidades de la provincia", señala.

La observación cobra relevancia en un territorio donde las dinámicas electorales son más complejas que en otras provincias. Santa Elena combina voto urbano, comunidades rurales y más de 60 comunas ancestrales que conservan esquemas de autogobierno y liderazgos propios.

Para Alfredo Espinosa, experto electoral, uno de los mayores desafíos del candidato será abandonar un discurso limitado a su preparación profesional y conectar con los problemas cotidianos de los habitantes de Santa Elena.

“El desafío es ser político. Es salir un poco del encuadre exclusivamente técnico para ponerse la camiseta de ciudadano y de político también. Eso implica tener una mirada holística de los problemas de la provincia”, señala.

El experto advierte que la formación académica puede ofrecer herramientas para evaluar los problemas agrícolas o productivos, pero no reemplaza el conocimiento obtenido mediante la presencia territorial.

“No basta con conocer en los textos lo que puede suceder en un cantón, en una provincia o en una zona rural. Hay que ir un poco más allá, y eso lo da el trabajo, conocer el territorio y adentrarse en las dinámicas locales”, afirma.

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Según Espinosa, Drouet tendrá que demostrar que comprende las prioridades de cada cantón, parroquia y comuna, más allá de los diagnósticos elaborados desde el ámbito académico o administrativo.

“Puede ser que en su formación profesional exista un conocimiento importante, pero eso no necesariamente implica que un posible ejercicio de la gestión pública sea eficiente”, puntualiza.

¿Qué ocurre con la formación política?

El experto electoral también identifica una distancia entre la preparación técnica de Drouet y la experiencia necesaria para desenvolverse en una contienda electoral.

Espinosa sostiene que ADN no cuenta, en términos prácticos, con una estructura consolidada para formar nuevos dirigentes y que varios de sus cuadros políticos han surgido desde el Gobierno central.

“Primero, ADN no cuenta con una escuela de formación política de cuadros. Al menos no en términos prácticos. Me parece que el semillero, la principal fuente o el nicho donde empiezan a cultivarse estas figuras políticas es el Estado, no el partido”, afirma.

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Al analizar el perfil de Drouet, Espinosa considera que su experiencia combina conocimientos especializados y trabajo como funcionario, pero no evidencia todavía una trayectoria política consolidada. “En una ausencia de experticia política, él se ha venido formando no solo en la parte técnica, sino también como funcionario público en este Gobierno. Eso tiene pros y contras. El aspecto positivo es que esta formación técnica puede aportarle al Estado”, explica.

El especialista cuestiona, sin embargo, que las instituciones públicas puedan convertirse en espacios utilizados por una organización política para preparar candidatos. “El Gobierno central no tiene que ser la sucursal del partido político para crear cuadros”, sostiene Espinosa.

Las comunas, un actor clave

Para el experto, uno de los factores determinantes de la campaña será la relación que el candidato logre construir con las comunas. Las organizaciones comunales tienen una influencia significativa en el mapa político provincial y manejan agendas vinculadas a conectividad, servicios básicos, riego y acceso a recursos productivos.

En ese contexto, Drouet enfrenta el desafío de evitar ser percibido únicamente como un funcionario técnico proveniente de la estructura estatal.

La construcción de alianzas con presidentes comunales y liderazgos territoriales podría convertirse en un elemento decisivo para ampliar su respaldo más allá de los centros urbanos.

El peso de la marca ADN

La candidatura también llega respaldada por ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa. Para Endara, la vinculación con el oficialismo representa una ventaja importante porque aporta visibilidad, estructura organizativa y capacidad de difusión para un candidato cuya notoriedad pública era limitada fuera de los círculos técnicos y académicos.

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Sin embargo, el respaldo del movimiento gobernante también implica riesgos. La evaluación ciudadana sobre temas como empleo, seguridad o problemas coyunturales podría influir en la percepción de los candidatos identificados con el Gobierno nacional.

En ese escenario, Andrés Drouet encara una elección en la que deberá equilibrar dos dimensiones: la del especialista que conoce los problemas productivos de Santa Elena y la del político capaz de construir consensos en una provincia marcada por intereses territoriales diversos. 

Galápagos en alerta por El Niño: la preocupante advertencia de expertos sobre la fauna y el turismo

• El Niño podría reducir el alimento marino disponible para iguanas, pingüinos y otras especies de Galápagos.
• El fenómeno también amenaza con afectar senderos, infraestructura e itinerarios turísticos por lluvias y condiciones marítimas.
• NOAA confirmó en septiembre de 2026 el desarrollo de El Niño y prevé una posible intensidad muy fuerte.

Galápagos vuelve a mirar con atención un fenómeno natural que ya conoce, pero que en cada ocasión genera efectos diferentes. Un nuevo episodio de El Niño mantiene en alerta a investigadores, autoridades ambientales y operadores turísticos, especialmente por las variaciones en la temperatura del mar y sus consecuencias sobre los ecosistemas y las actividades humanas.

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Este fenómeno se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a las habituales. En Galápagos, este calentamiento puede reducir el afloramiento de aguas frías y cargadas de nutrientes, lo que disminuye el alimento disponible para especies como las iguanas marinas y los pingüinos.

Jimmy Navas, consultor de Iniciativas Estratégicas y Políticas de Galápagos Conservation Trust, organización británica sin fines de lucro dedicada a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, explica a EXPRESO que existe preocupación por la intensidad que podría alcanzar este episodio, aunque todavía será necesario seguir su comportamiento.

“Actualmente estamos a la expectativa de los efectos del Niño. Realmente no estamos tranquilos, porque se espera que sea un Niño fuerte”, señala.

Una de las principales preocupaciones se encuentra en el ecosistema marino. La reducción de alimento puede afectar la supervivencia y reproducción de diferentes especies, aunque la respuesta no es igual para todos los animales y dependerá de las condiciones que se presenten.

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Navas recuerda lo ocurrido durante el episodio de 1982-1983, cuando poblaciones animales registraron fuertes disminuciones. El fenómeno de 1997-1998 también produjo impactos en los ecosistemas marinos y volvió a evidenciar la vulnerabilidad de Galápagos ante estos eventos climáticos.

La historia del archipiélago también refleja la magnitud que pueden alcanzar sus efectos. De acuerdo con la Fundación Charles Darwin, El Niño de 1982-1983 ocasionó una mortalidad estimada del 97 % de los corales de Galápagos. Sin embargo, el impacto no es igual en todo el ecosistema: mientras algunas especies marinas resultan afectadas, el incremento de las lluvias puede beneficiar temporalmente a la vegetación terrestre.

El turismo también mira con atención al clima

El alcance de los efectos de El Niño no se limita a la fauna y flora. Enrique Castillo, jefe de Expediciones de Metropolitan Touring, empresa ecuatoriana especializada en turismo en Galápagos, advierte que las lluvias intensas, eventuales inundaciones y daños en infraestructura podrían terminar influyendo en las decisiones de los viajeros.

Las precipitaciones también pueden complicar el acceso a determinados senderos y sitios de visita. A esto se suman las condiciones meteorológicas y marítimas, que eventualmente podrían obligar a cambiar excursiones o modificar itinerarios de navegación.

El impacto potencial sobre el turismo es relevante si se considera el flujo de visitantes que recibe el archipiélago. Según el Parque Nacional Galápagos, las islas registraron más de 290.000 arribos de turistas durante 2025, un 4 % más que en 2024. De ese total, tres de cada cuatro visitantes realizan turismo terrestre y el resto opta por recorridos navegables.

Otro factor que genera preocupación es la posible proliferación de mosquitos capaces de transmitir enfermedades como el dengue y el chikungunya.

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“Por todos estos cambios, muchos podrían pensárselo dos veces antes de decidir viajar”, sostiene Castillo en conversación con EXPRESO.

Esto no implica que Galápagos vaya a dejar de recibir turistas. El alcance de las afectaciones dependerá de la intensidad que finalmente tenga El Niño, de las condiciones específicas de cada isla y de la capacidad de reacción de las autoridades y operadores turísticos.

Las primeras señales ya están presentes. En septiembre de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño estaba en desarrollo y fortaleciéndose, con más del 90 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante los meses posteriores.

Ante este escenario, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de Galápagos revisó en junio de 2026 los planes de contingencia y los mecanismos de coordinación entre instituciones. Para Navas, mantener el monitoreo científico será clave para identificar cambios en las poblaciones animales y definir medidas de conservación.

Ni las majestuosas Galápagos pueden impedir la llegada de un fenómeno natural como El Niño, pero el archipiélago sí puede anticiparse a posibles efectos. El ineludible desafío: determinar cómo evolucionará el calentamiento del océano y, sobre todo, cómo responderán los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.

Lo que debes hacer

• José Julio Neira anunció el ingreso de 30 MW de Esmeraldas III, la misma capacidad que Inés Manzano había ofrecido incorporar en marzo de 2026.
• Solo 16 de los 48 generadores contratados a Austral son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Una fuente del sector señaló que tres de esos equipos están aún en reparación.
• El exministro Fernando Santos cuestionó el anuncio y advirtió que declarar operativos los generadores podría debilitar los reclamos del Estado para recuperar los recursos pagados a Austral.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa volvió a anunciar este 12 de octubre de 2026 la incorporación de 30 megavatios (MW) del fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, contratado en 2024 con Austral Technical Management (ATM). Sin embargo, esa misma capacidad ya había sido anunciada siete meses atrás, el 25 de marzo, por la entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

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En aquella ocasión, en medio de la caída de las reservas del embalse Mazar -al igual que ahora- la exministra Manzano informó que los generadores de ATM comenzaban a aportar electricidad al Sistema Nacional Interconectado (SNI), bajo la coordinación del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

La meta era incorporar 30 MW hasta el 31 de marzo de 2026. Incluso con un proceso de arbitraje en marcha, que impedía dar por terminado el contrato de manera unilateral con la firma uruguaya.

“Aunque aún estamos en litio (sic), los generadores de ATM inician su entrada al SNI con 30MW, de la mano de Cenace para las pruebas técnicas y Celec que ha puesto todo su esfuerzo y equipo”, dijo la exfuncionaria el 25 de marzo de 2026 en su cuenta de X.

Ahora, una vez que se declaró la terminación unilateral del contrato de para la puesta en marcha de este proyecto termoeléctrico con Austral Technical Management S.A., y que se cobraron alrededor de $4,4 millones en garantías -de $71,4 millones cancelados-, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, anunció en sus redes sociales que se habilitaron 16 de 48 generadores del proyecto Esmeraldas III.

Esmeraldas aportará 30 MW de 91 contratados

Esta iniciativa permite aportar al Sistema Nacional Interconectado (SNI) 30 MW, de 91 MW contratados.

“Hoy esos 16 generadores ya se encuentran produciendo 30 megavatios y próximamente se incrementarán a 60 megavatios. Sí, pronto tendremos 60 megavatios más para continuar garantizando que los hogares, las escuelas, los hospitales, las fabricas y los comercios operen con normalidad y continúen produciendo y generando riqueza y bienestar para todos”, aseguró Neira. Pero no detalló cómo ni en qué plazo estarán operativos.

Diario EXPRESO consultó también este 12 de octubre de 2026 al Ministerio de Ambiente y Energía sobre si los 30 MW que se anuncian actualmente son los mismos, que se ofreció en marzo pasado y está a la espera de su respuesta.

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Solo 16 de los 48 generadores son compatibles con el sistema eléctrico

Según informó Ministerio de Ambiente y Energía en un boletín, la infraestructura de ATM, que está ya operativa, se encuentra integrada por 16 motores con sus respectivos generadores. La operación técnica se encuentra a cargo de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Para poner en marcha estos equipos, los técnicos de esta unidad recibieron capacitación para trabajar en turnos rotativos de ocho horas, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, precisa el Ministerio de Ambiente y Energía.

Además, la entidad sostuvo que la incorporación de los 30 MW es resultado del trabajo técnico, operativo y financiero desarrollado por la Celec para recuperar el proyecto.

Aparte, los 16 equipos referidos funcionan con una frecuencia de 60 hercios, que es la que utiliza el sistema eléctrico ecuatoriano. Mientras tanto, los otros 32 operan a 50 hercios y, por tanto, son incompatibles con las condiciones actuales de la red nacional, según alertó meses atrás la Contraloría General del Estado y la propia Celec.

Exministro cuestiona el anuncio y advierte sobre los reclamos a Austral

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, el anuncio del Gobierno sobre la incorporación de 30 MW es “engañoso” y busca levantar el ánimo de los ciudadanos ante la preocupación por la crisis eléctrica, además de transmitir la imagen de que las autoridades trabajan para resolverla.

Santos sostiene que los generadores de ATM son “chatarra”, que algunos tenían piezas faltantes y otros problemas identificados en informes de Celec. A su criterio, estos equipos “no tienen ninguna posibilidad de funcionar” de manera garantizada.

El exministro advierte, además, sobre las consecuencias que podría tener el anuncio para los reclamos económicos contra Austral. “El ponerlos a operar debilita la posición del país de reclamar a la empresa la devolución de los valores ya cancelados”, sostiene, porque el Gobierno está afirmando que los generadores ya funcionan.

Esmeraldas III debía entrar en operación a inicios de 2025

Una fuente del sector eléctrico informó también este 12 de octubre a EXPRESO que de los 16 motores, 13 estaban operativos y tres están aún en proceso de reparación. Además, precisó que el manejo de estos equipos se realiza con extremo cuidado por la inestabilidad que han presentado.

El 10 de diciembre de 2025, por ejemplo, Jorge Jácome, gerente general de la Celec, en una entrevista en radio Centro, alertó que Austral no había cumplido hasta la fecha con las exigencias del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para que se conecte al sistema con seguridad.

Entonces, se señaló que los equipos no podían permanecer conectados de forma segura al sistema, sino solo horas lo que no ofrecía garantías para la entrega del suministro. "Ha habido mucha inestabilidad en estos equipos (...) no han podido conectarse porque el Cenace necesita ciertas protecciones para no dañar la red", indicó Jácome.

Sin embargo, el Gobierno señala que actualmente que ya se cuenta con 30 MW de Esmeraldas III. Este anuncio se realiza en medio de los cortes de energía de 72 horas continuas que se aplican al sector industrial desde este 12 de octubre con el propósito de preservar las reservas del embalse Mazar.

Gobierno anuncia acciones para recuperar la inversión

En su video, Neira se refirió también a los incumplimientos contractuales. “No permitiremos que las irregularidades en el contrato de ATM detengan la generación de energía para los ecuatorianos”, manifestó.

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El funcionario señaló también que el dolo ha ocasionado perjuicios al Estado que van más allá de las pérdidas económicas, debido a la menor disponibilidad de generación eléctrica y sus efectos sobre la calidad de vida de la población.

Finalmente, destacó que el Gobierno del presidente Noboa impulsa acciones para recuperar la inversión pública comprometida en el proyecto y evitar que las irregularidades queden impunes.

El Gobierno actual contrató en agosto de 2024 con ATM la construcción y puesta en marcha de una central térmica de emergencia en Esmeraldas III. La idea era contar con esta infraestructura entre finales de 2024 e inicios de 2025 para sumar 91 MW al sistema nacional. Sin embargo, pese al pago de $71,4 millones de un total de $89 millones, la obra no se concretó en su totalidad.

Lo que debes saber

• El Municipio de Guayaquil recaudó 254,3 millones de dólares por impuestos, tasas y contribuciones entre enero y septiembre de 2026, un 16,34 % más que en el mismo período de 2025.
• Entre los principales rubros están el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales, la tasa de recolección de basura, los predios urbanos y la contribución especial por mejoras (CEM), que sumó 17,1 millones de dólares.
• Mientras los ingresos municipales aumentan, persisten cuestionamientos de ciudadanos que aseguran pagar la CEM junto con los prediales sin observar obras en sus sectores.

El Municipio de Guayaquil recaudó 254,3 millones de dólares por impuestos, tasas y contribuciones entre enero y septiembre de 2026, un 16,34 % más que en el mismo período de 2025.

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Sin embargo, el incremento de los ingresos municipales contrasta con los reclamos de ciudadanos que cuestionan el pago de ciertos rubros, como la contribución especial por mejoras (CEM), que se cobra junto a los impuestos prediales, mientras aseguran que no ven obras en sus sectores.

Según las cifras difundidas por el Cabildo este lunes 12 de octubre, la recaudación acumulada en los primeros nueve meses del año también supera en un 22,75 % a la registrada en el mismo período de 2024, cuando alcanzó 207,2 millones de dólares.

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Rubros percibidos por el Municipio de Guayaquil entre enero y septiembre del 2026

Entre los principales conceptos figura el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales, con 48,1 millones de dólares, seguido de la tasa de recolección de basura y desechos sólidos, con 45 millones de dólares, y el impuesto a los predios urbanos, con 32,7 millones de dólares.

La contribución especial de mejoras, uno de los rubros que genera cuestionamientos entre propietarios de inmuebles, sumó 17,1 millones de dólares durante el período analizado.

Este cobro busca recuperar parte del costo de obras públicas que generan beneficios para los inmuebles, pero ciudadanos han manifestado su inconformidad porque, según señalan, deben pagarlo sin percibir mejoras visibles en sus barrios.

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La discusión gira en torno a la correspondencia entre los valores cobrados y las obras que los contribuyentes esperan ver en sus zonas.

¿Cuánto recaudó el Municipio de Guayaquil en septiembre del 2026?

Solo en septiembre, el Municipio recaudó 16,6 millones de dólares, un 10,74 % más que en el mismo mes de 2025 y un 28,76 % por encima de septiembre de 2024.

La tasa de recolección de basura lideró los ingresos mensuales, con 4,7 millones de dólares, equivalente al 28 % del total. Le siguieron el impuesto a la alcabala, con USD 1,6 millones; los predios urbanos, con USD 1,2 millones; y la tasa de habilitación de locales, con USD 1,1 millones.

Lo que debes saber

• Petroecuador controló una fuga de crudo en el SOTE, en Quinindé, este 12 de octubre de 2026.
• Más de 50 técnicos trabajan en la contención del derrame y la reparación de la tubería.
• La emergencia ocurre 11 días después del incendio en Baeza, que obligó a suspender temporalmente el transporte de petróleo.

Una nueva emergencia afecta a la infraestructura petrolera de Ecuador. Petroecuador informó este 12 de octubre de 2026 que logró controlar una fuga de crudo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), a la altura del recinto Cupa, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

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El incidente se registró en el kilómetro 420+840 del oleoducto. Según un comunicado de la empresa estatal, la fuga está controlada, aunque continúan las acciones de contingencia para atender sus efectos y reparar la infraestructura afectada.

La causa de la fisura en la tubería todavía se encuentra bajo investigación técnica. Petroecuador no precisó el volumen de petróleo derramado ni informó si el incidente provocó una suspensión del transporte de crudo por el SOTE.

Desde las 08:30 de este lunes, más de 50 técnicos trabajan en el lugar con excavadoras, camiones grúa, camiones de vacío y torres de iluminación.

Las labores incluyen la construcción de piscinas de retención para contener el petróleo, la instalación de cuellos de ganso y la succión del hidrocarburo mediante camiones de vacío.

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Trabajos para evitar la contaminación del río Cupa

Una de las prioridades de la intervención es proteger las fuentes hídricas cercanas al lugar del incidente.

Petroecuador informó que instaló barreras de contingencia y materiales absorbentes en el río Cupa para recolectar el hidrocarburo y limitar su dispersión.

Los equipos técnicos también trabajan en la colocación de una camisa de refuerzo sobre la tubería, con el propósito de sellar la fisura y recuperar la integridad de la infraestructura.

La empresa mantiene el monitoreo de la zona. Sin embargo, el comunicado no detalla la superficie afectada, el alcance de una posible contaminación ambiental ni el plazo previsto para concluir las reparaciones.

¿Qué es el SOTE y por qué es importante para Ecuador?

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) es una de las principales infraestructuras para el transporte de petróleo en Ecuador. Su función es movilizar el crudo extraído de los campos petroleros de la Amazonía hacia Esmeraldas, donde se destina a la refinación o al embarque para exportación.

Por tanto, las interrupciones en este sistema pueden afectar tanto el transporte de petróleo hacia la Costa como las operaciones de producción y comercialización de hidrocarburos.

El SOTE tiene una capacidad de transporte de alrededor de 360.000 barriles diarios. Sin embargo, entre enero y agosto esta infraestructura transportó en promedio 303.265 barriles por día, según datos del Informe Estadístico Petroecuador.

Un nuevo incidente después del incendio en Baeza

La fuga de petróleo en Quinindé ocurre apenas 11 días después del incendio registrado el 1 de octubre de 2026 en la Estación de Bombeo número 4 del SOTE, ubicada en Baeza, provincia de Napo.

Ese siniestro afectó a la unidad Alco 4 y obligó a suspender temporalmente las operaciones del oleoducto. Petroecuador declaró el evento como fuerza mayor y dispuso la ejecución de un plan de contingencia para recuperar el transporte de crudo.

La suspensión tuvo consecuencias en el movimiento de petróleo. Según cifras de Petroecuador difundidas el 5 de octubre, el volumen transportado por el SOTE cayó un 37 %, de 303.265 a 190.812 barriles, como consecuencia de la emergencia.

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La recuperación de las operaciones fue progresiva. El 8 de octubre se reincorporó la sexta unidad de bombeo de la estación de Baeza y, un día después, Petroecuador levantó la declaratoria de fuerza mayor.

Con ello, el sistema recuperó un flujo de 312.000 barriles diarios, según informó la petrolera estatal el 9 de octubre.

Sin embargo, tres días después de esa normalización, el SOTE enfrenta una nueva emergencia, esta vez por la fuga de petróleo en Quinindé. Aunque Petroecuador asegura que el incidente está controlado, todavía está pendiente determinar sus causas, cuantificar el crudo derramado y establecer sus efectos sobre el transporte de petróleo y el ambiente.

Lo que debes saber

• Más de la mitad de los electores aún no tendría definida su opción.
• Las candidaturas deberán ganar visibilidad en un periodo de campaña muy corto.
• El voto útil y los factores externos también pueden modificar el escenario electoral.

¿Serán los indecisos quienes terminen inclinando la balanza en las próximas elecciones seccionales? Con más de la mitad de los electores todavía sin una decisión, según la constante que observa el estratega de comunicación política Andrés Jaramillo, ese voto puede convertirse en el principal territorio de disputa entre los candidatos.

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Andrés Jaramillo sostiene que el porcentaje de indecisos supera el 50 %, una cifra que vuelve determinante a un electorado que todavía no encuentra una razón suficiente para escoger una opción. Añade que la importancia de este grupo radicaría en que no todos están desconectados de la política: algunos esperan conocer a los candidatos, comparar propuestas o simplemente encontrar una alternativa que les resulte convincente.

A esto se suma una particularidad de estos comicios: buena parte de los candidatos de oposición todavía no tiene certeza sobre su presencia definitiva en la papeleta. Jaramillo advierte que, mientras las candidaturas no estén ratificadas, existe una dificultad para hacer precampaña y darse a conocer frente a un electorado que todavía no identifica con claridad sus opciones.

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El reloj corre y las candidaturas aún no están listas

La definición de las listas prevista para el 9 de noviembre deja un margen especialmente estrecho hasta la votación del 29 de noviembre. En ese escenario, las organizaciones políticas tendrán apenas del 12 al 26 de noviembre para desplegar formalmente sus campañas y tratar de transformar desconocimiento en intención de voto.

Es por eso por lo que el tiempo será uno de los mayores obstáculos para quienes pretendan conquistar a los indecisos. Fernando Muñoz-Miño, historiador, sociólogo político y fundador de Cuadrante Sur, considera que las organizaciones tendrán que desplegar una estrategia simultánea y mucho más intensa, porque dos semanas no permitiría ejecutar una campaña tradicional dividida por etapas.

Pero la disputa tampoco se limitaría a convencer al elector de que un candidato es la mejor opción. Muñoz-Miño explica que en Ecuador también opera el llamado voto útil, mediante el cual una persona puede escoger a quien considera con mayores posibilidades de ganar, aunque no exista una identificación plena con su propuesta.

Ese comportamiento puede adquirir mayor fuerza en unas elecciones marcadas por la polarización entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana. Según el historiador, un elector puede terminar votando no tanto por adhesión a un candidato, sino para impedir que otro llegue al poder, en una lógica de “voto en contra de alguien”.

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El voto útil también entra en juego

Para María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, el indeciso tampoco debe ser entendido como un elector desinformado. Es alguien que puede estar observando las alternativas y esperando identificar cuál se ajusta mejor a sus preferencias, su mentalidad o su tendencia política.

Por eso, la credibilidad y la cercanía serán dos atributos decisivos en la última etapa. Carvajal señala que el candidato que logre mostrar capacidad, cercanía e inclusión tendrá mayores posibilidades de conectar con quienes todavía no han tomado una decisión.

Los debates, entrevistas y apariciones públicas también pueden convertirse en momentos decisivos. Carvajal advierte que estos espacios pueden favorecer o perjudicar a un aspirante, porque el elector indeciso puede evaluar allí su capacidad de respuesta frente a temas concretos y observar cómo reacciona ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, Jaramillo identifica al ministro del Interior, John Reimberg, como el principal activo electoral del oficialismo, en este momento, por el relato construido alrededor de la seguridad. Sin embargo, advierte que ese activo tendrá un verdadero peso solamente si las acciones comunicadas consiguen generar en el ciudadano una sensación concreta de seguridad al salir, regresar a casa o desarrollar sus actividades cotidianas.

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Una crisis externa puede mover el tablero

El escenario también podría cambiar por factores externos, como El Niño o una crisis energética. Lluvias, deslaves, derrumbes y apagones podrían evidenciar problemas de gestión y afectar la percepción ciudadana y la reputación del régimen.

Sin embargo, la pregunta final es cuándo decidirán los indecisos y cuánto tiempo tendrán los candidatos para convencerlos. Jaramillo sostiene que la tendencia regional muestra que la decisión se posterga cada vez más y que “mayormente deciden en la última semana”, mientras Carvajal advierte que algunos incluso podrían escoger su opción directamente en las urnas.

En unas elecciones sin segunda vuelta para alcaldes, ese comportamiento puede tener consecuencias decisivas. Muñoz-Miño considera que conquistar a este electorado exige una estrategia múltiple: propuestas concretas, microsegmentación del discurso y una apelación emocional que logre movilizar incluso a quienes han perdido confianza en la política.

Lo que debes saber

• Ecuador aplica nueva clasificación de presos en 2026 para separar a 40.000 PPL según riesgo.
• Tras 63 denuncias por fugas en 2026, el SNAI enfrenta retos de control en cárceles y hospitales.
• Expertos alertan que la reclasificación de reos requiere personal, vigilancia e infraestructura penitenciaria.

La fuga de dos presos de la cárcel de Turi, en Cuenca, expuso nuevamente las fallas de vigilancia del sistema penitenciario ecuatoriano. Los internos rompieron los barrotes de una ventana, utilizaron sábanas para descender y maniataron a un compañero que decidió no escapar. Luego atravesaron patios, subieron a una terraza y escalaron un muro próximo a una garita sin que se activara una alerta inmediata.

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El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2026, el mismo día en que entró en vigencia el Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad. La coincidencia resume dos realidades paralelas: el Estado intenta reorganizar la población penitenciaria mediante criterios de riesgo, mientras continúan registrándose evasiones que revelan deficiencias en cámaras, garitas, custodias y protocolos de reacción.

Entre enero y septiembre de 2026, la Fiscalía registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga. En todo 2025 hubo 90. Guayas concentra 20 de los casos reportados este año, seguido por Pichincha, con ocho; Esmeraldas, con cinco; Manabí, con cuatro; y Cotopaxi, con tres.

Cuatro categorías para separar a los presos

La evaluación deberá considerar la gravedad del delito, la situación procesal, los antecedentes, la conducta dentro de prisión, el riesgo de fuga y la capacidad de ejercer violencia o influencia sobre otros reclusos. También se analizarán la pertenencia, jerarquía o vinculación con organizaciones criminales, redes transnacionales o estructuras terroristas.

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Clasificación de presos en Ecuador: así se dividirán por peligrosidad en las cárceles

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los presos identificados como una amenaza grave, por su liderazgo criminal, peligrosidad o capacidad de reorganizar actividades delictivas, podrán ser enviados al régimen especial. A los nuevos internos se los deberá diagnosticar desde su ingreso, en una zona transitoria, mediante un procedimiento que no podrá superar ocho días. La valoración incluirá condiciones jurídicas, físicas, mentales y de vulnerabilidad.

El reglamento no parte de cero. Ecuador ya contaba con disposiciones para separar a los detenidos, pero estas no llegaron a consolidarse como un sistema técnico y permanente. La distribución de los internos terminó condicionada por la infraestructura disponible, el hacinamiento, la información incompleta y el control que las bandas ejercieron sobre pabellones enteros.

Para Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, el país sí tenía un sistema de clasificación, pero este no se aplicaba. A su criterio, el nuevo modelo mantiene un punto problemático: no establece una separación suficientemente clara entre personas sentenciadas y procesadas.

Aunque la normativa incorpora la situación jurídica dentro de la evaluación y señala que la clasificación de quienes no tienen sentencia será preventiva, Zumárraga considera que procesados y condenados deben recibir un tratamiento diferenciado. La presunción de inocencia impide que una valoración de seguridad se convierta, en la práctica, en una sanción anticipada.

¿Qué necesita el SNAI para aplicar el modelo?

Clasificar a cerca de 40.000 personas exige más que formularios. Zumárraga sostiene que el SNAI necesita un equipo sólido de diagnóstico, integrado por juristas y psicólogos capaces de revisar expedientes, sentencias, tiempo de reclusión, peligrosidad, conducta, sanciones disciplinarias y evolución individual.

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También se requieren criminólogos, trabajadores sociales, médicos, analistas de inteligencia y especialistas en bases de datos. Sin equipos permanentes en cada cárcel, la clasificación podría limitarse al delito registrado o a información policial no contrastada, en lugar de convertirse en una evaluación individual actualizable.

A ello se suma la necesidad de expedientes digitales interconectados con la Función Judicial, la Fiscalía, la Policía y el sistema de salud. La información deberá verificarse, protegerse y actualizarse, pues un error puede ubicar a un detenido de bajo riesgo junto a integrantes de organizaciones criminales o enviar a una persona a máxima seguridad sin suficiente sustento.

La clasificación tampoco funcionará si las cárceles no cuentan con espacios físicamente diferenciados. Separar cuatro categorías requiere pabellones seguros, zonas de evaluación, cámaras operativas, escáneres, cerraduras, centros de monitoreo, suficientes agentes penitenciarios y protocolos especiales para traslados y atenciones médicas.

Las fugas revelan fallas fuera de los pabellones

El caso de Turi mostró que una clasificación correcta no sustituye la custodia. Los dos fugados cumplían sentencias por robo y narcotráfico. Cuatro policías fueron inicialmente procesados por evasión, pero la causa quedó en investigación previa y recuperaron la libertad. Según la investigación, la salida quedó registrada en video, aunque no se habría emitido una alerta oportuna.

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A este episodio se agregó la fuga de un recluso presuntamente relacionado con la mafia albanesa, quien habría abandonado por la puerta principal una casa de salud del noroeste de Guayaquil mientras estaba bajo custodia del SNAI. Reportes ubican este caso en un hospital de Monte Sinaí, no en el Hospital General Guasmo Sur, como se señaló inicialmente.

Zumárraga identifica dos problemas persistentes: la falta de monitoreo y de medidas de control, y la corrupción de los agentes responsables de custodiar a los presos. Plantea controles preventivos como pruebas de confianza, polígrafos y revisión de variaciones patrimoniales o movimientos financieros, respetando las garantías legales.

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Inhibidores de señal en cárceles de Ecuador: así funcionará el bloqueo total de celulares

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El experto en seguridad Wagner Bravo sostiene que el SNAI necesita una transformación profunda y una evaluación integral de sus aproximadamente 4.000 funcionarios. A su juicio, la presencia militar contiene temporalmente la crisis, pero no reemplaza la constitución de un cuerpo penitenciario profesional. Si los militares se retiran sin una transición planificada, advierte, las cárceles podrían volver a quedar expuestas.

El especialista colombiano Hugo Acero coincide en que la seguridad requiere infraestructura, aunque rechaza copiar el modelo de la megacárcel de El Salvador por los cuestionamientos sobre derechos humanos. Propone construir un sistema que combine vigilancia, profesionalización y reinserción social.

Acero considera indispensable impedir fugas e intromisiones externas mediante medidas técnicas y humanas. También plantea formar nuevos equipos paralelamente a la construcción de cárceles, pues mantener funcionarios captados por redes de corrupción prolongaría las mismas vulnerabilidades.

Lo que se sabe

• Los adultos mayores añoran la tranquilidad con la que se vivía, sin tanta contaminación ni espacios públicos cerrados
• La tecnología fue uno de los factores que transformó la vida en las ciudades, incidiendo en los hábitos de sus habitantes
• Consultados por EXPRESO destacan que cada época es única y que hay que disfrutar el presente

En el Guayaquil de finales de la década de 1960, un plan para realizar en familia los domingos era ir al cine. La rutina comenzaba en los periódicos, en los que se consultaba la cartelera, los horarios y los precios de los boletos.

Guayaquil

Francisco Huerta Montalvo fue recordado en concurso por la Independencia de Guayaquil

Juan Pablo Pérez Tomalá

"Como nosotros vivíamos al sur de la ciudad, por el parque Forestal, teníamos que caminar largo por la calle Quito. Íbamos al Cine Fénix, que quedaba en todo Gómez Rendón y avenida Quito, que hoy lo ocupa un local de supermercado", recuerda Gabriel Paredes, que hoy tiene 65 años.

"No había aire acondicionado. El único cine que tenía aire acondicionado era el Presidente (ubicado en Luque entre 6 de Marzo y Pedro Moncayo) y los otros se ventilaban con grandes ventiladores que hacían bulla estruendosa, que poco dejaban escuchar la película, pero así la gente con calor y todo disfrutaba de ese domingo", asegura Paredes, quien es investigador de la historia social de la ciudad.

Los cines del centro eran más lujosos, más cómodos, tenían otro precio, y los cines de barrio, del sur de la ciudad o del suburbio de Guayaquil tenían un costo más económico para las familias".Gabriel Paredes, investigador de la historia social de Guayaquil

En este lugar funcionó el cine Fénix

Guayaquil

Galería de fotos: Las calles del centro que atesoran la historia de Guayaquil

Juan Pablo Pérez Tomalá

Disfrutar de un concierto de Julio Jaramillo

En la década de 1970, cuando Sara Figueroa fue adolescente, era un privilegio ir al auditorio de Radio Cristal, en Luque entre José de Antepara y García Moreno, para las presentaciones de Julio Jaramillo.

"Lo vi cantar. Cuando en la actualidad pasan las canciones de él, yo me pongo a cantar en la casa. Me gustan las canciones de Julio Jaramillo porque son ecuatorianísimas, del Guayaquil de mis amores", destaca.

Divertirse en el Guayaquil de antaño significaba ir a los juegos mecánicos que se instalaban en el parque Forestal. "Inclusive llegaban los artistas a dar conciertos gratuitos porque era una forma de contribuir con la ciudad", resalta Elena Estrada, quien trabajó en la docencia.

En este parque, según rememora Estrada, era común que las familias lleven a los niños a patinar, en una época en la que el espacio público no estaba enrejado. 

"Hay que hablar del Guayaquil de los 80, donde las ciudadelas eran pocas y se escuchaba, por ejemplo, a Urdesa, La Atarazana, La Alborada y también las del sur. Era común llevar a los niños al parque, por ejemplo al España (Chile entre General Gómez y Portete) y al Malecón (Simón Bolívar), que no era como ahora. Se conocía al famoso Muelle 5, que era un restaurante que estaba hacia la ría. En los 80 nos cruzábamos a Durán a comer la famosa fritada en el Malecón", narra Estrada como si fuera ayer.

Guayaquil

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Cuando el río conectaba a Guayaquil y Durán

Francisco Bravo, lojano de nacimiento y guayaquileño de corazón, cuenta emocionado esa experiencia que se hacía en lanchas y que incluso se convertía en una cita romántica para las parejas, que podía hasta terminar en matrimonio, asegura.

La movilidad, en el último tramo del siglo XX, era diferente en Guayaquil. Había escasas líneas de buses de transportación pública que iban sobre todo al centro, mientras los parques como el Chile (Cacique Álvarez y León de Febres Cordero) y Medardo Ángel Silva (Pedro Moncayo y Junín) se convertían en estaciones para los buses que llevaban a Nobol y Daule, respectivamente. 

"En ese tiempo recién estaban invadiendo el Guasmo. La gente se iba para allá a coger terreno", cuenta Bravo sobre el proceso social que se vivió en lo que hoy es uno de los sectores más grandes del sur de la urbe.

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Los Lagarteros eran el alma de la fiesta en Guayaquil

Antes de la época de los parlantes con todos los avances tecnológicos y los DJ que animan las fiestas, en Guayaquil era común buscar a los músicos que con sus guitarras llevaban el alma urbano a las reuniones.

"Tu papá llegaba y decía '¿Qué le hacemos al cumpleañero? No hay plata. Vamos a ver unos lagarteros para tomarnos unas bielas con los manes'. Iban, contrataban y te llevaban la serenata ahí", explica Bravo sobre este ritual guayaquileño que concentraba a los músicos en puntos del centro, cercanos al Mercado Central (10 de Agosto y Lorenzo de Garaycoa). 

Esta zona comercial dejó de reunir a los lagarteros, a partir de la pandemia, según asegura María Guacho, quien mantiene -desde hace 47 años- otra de las costumbres de antaño: ofrecer comida preparada para quienes salían de las fiestas o querían comer de noche o madrugada.

Ahora, que los tiempos han cambiado hasta la dinámica del centro, ella y su personal solo se quedan hasta la medianoche en el sector de Lorenzo de Garaycoa y Colón, donde ofrecen platos como papipollo, yapingacho y arroz con menestra, desde 1,50 dólares.

El riesgo de la desinformación al contar la historia

Una forma de volver a ese pasado, aunque sea por unos minutos, son las fotografías y videos de la época, que se difunden por Internet y que despiertan la nostalgia de quienes comentan sus anécdotas.

Juan Ullauri empezó esa tarea hace 13 años en la red social Facebook, donde mantiene la página La Memoria de Guayaquil, que cuenta con cerca de 400.000 seguidores.

"Cuando yo empecé, muy pocas páginas hacían esto. Actualmente, para mi beneplácito, he visto que mucha gente no solo de aquí de Ecuador, hay cualquier cantidad de páginas en otros países que hacen exactamente lo mismo. Es decir, traer fotos antiguas o hacer algún tipo de dinámica con la gente. Por ejemplo, les piden que identifiquen un lugar o recuerden qué negocio no existe. Hasta yo aprendo de los comentarios de la gente", confiesa este diseñador gráfico, de 51 años.

Otra forma de reavivar la historia es encontrándose. Por eso, él organiza visitas a lugares y edificaciones históricas, pero también realiza encuentros donde se proyectan videos del Guayaquil antiguo.

Ullauri destaca que antes de compartir la información se debe revisar con rigurosidad y precisión los datos, para evitar que se tergiverse la historia. Por eso, se cita incluso la bigliografía, para darle veracidad al tema.

Él advierte que, con el auge de la Inteligencia Artificial, han proliferado cuentas en redes sociales en las que también se desinforma sobre temas y personajes como Medardo Ángel Silva. "Dicen que él y (su novia) Rosa Amada Villegas pertenecían a clases sociales diferentes. Nos han creado una novela, nos han creado como un cuentito de hadas y eso no es cierto porque ellos vivían en el mismo barrio", insiste Ullauri.

Pero destaca que también se informe sobre otros aspectos de la historia como el deporte y el comercio. "Si a mí me gusta el fútbol, conocer un poco sobre la historia de Barcelona o Emelec; si me gusta el comercio, conocer cómo eran los negocios en determinada época. Es una forma también de conocer la historia".

Como una forma de fomentar estos eventos, su iniciativa se ha aliado a entidades como el Centro Cultural Guayaquil, pero Ullauri considera que aún falta más apoyo y alianzas para que se masifique la difusión histórica.

Mientras tanto, los amantes de la historia y los guayaquileños que vivieron esas épocas de antaño, recuerdan cómo era la rutina familiar y comercial en otras décadas, no como una forma de intentar volver al pasado sino para entender mejor los desafíos del presente.

"Cada época tiene su su forma de presentarse, de disfrutarse y de verse. No podemos decir que nuestra época fue mejor y la de ahora no, porque cada generación tiene la tecnología, los pasatiempos y todo lo que disfruten en esa época. Vandalismo, robo y todas esas cosas ha habido durante toda la vida", menciona Paredes.

Por eso, el investigador menciona: "Cada día que pasa, cada año que pasa, cada década que pasa, van dejando los testimonios para la gente que viene a futuro. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es estudiar el pasado, conocer el presente y dejar un legado para el futuro".

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Lo que debes saber

• Fajardo busca la Prefectura de Santa Elena respaldada por el correísmo tras 12 años fuera de comicios.
• Registra un patrimonio de $545.138,28 y declaró $0 de impuesto a la renta entre 2023 y 2025.
• Sectores productivos y turísticos señalan retos urgentes en agua potable, nutrición y vialidad.

Doce años después de su primera victoria electoral, la exlegisladora Vanessa Fajardo Mosquera vuelve a postularse en la provincia de Santa Elena, esta vez como candidata a la Prefectura por la Alianza Contigo, auspiciada por el correísmo. Su retorno al escenario de votación local se produce tras más de una década ocupando diversos puestos en el servicio público, un periodo en el que acumuló un patrimonio superior al medio millón de dólares y en medio de demandas urgentes del sector productivo y turístico peninsular.

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Trayectoria pública y formación de Vanessa Fajardo

Fajardo cuenta con un perfil multidisciplinario en gestión y administración pública. Es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, cuenta con una titulación en Formación de Formadores y ostenta un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales.

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En 2014, fue electa asambleísta de Santa Elena por la extinta Alianza PAIS junto a Noralma Zambrano y Daniel Cisneros. Aunque desde entonces no había vuelto a medirse en las urnas, su permanencia en el aparato estatal ha sido continua a través de diferentes dependencias:

Cifras de patrimonio y pagos tributarios en el SRI

El paso de la aspirante por diversas instituciones estatales representó ingresos económicos considerables reflejados en sus declaraciones oficiales.

Balance de bienes declarados ante Contraloría

En su última declaración patrimonial juramentada correspondiente a 2025, Vanessa Fajardo reportó las siguientes cifras:

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Pese al crecimiento de su patrimonio, los registros públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan particularidades en su comportamiento fiscal:

Resistencias políticas y demandas de los sectores turísticos y productivos

La postulación de la candidata despierta cuestionamientos en la península. Según Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, el vínculo directo de Fajardo con el correísmo genera resistencia ciudadana, aunque puntualiza que cualquier aspirante deberá asumir problemas estructurales no resueltos.

"Creemos que el reto es crear productos y proyectos turísticos para que la provincia sea más turísticas y que se arregle de un vez por todas el problema del agua que en feriados siempre se va el agua", comenta Tenempaguay.

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Por su parte, el promotor turístico Douglas Dillon recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) faculta a la Prefectura como la entidad encargada de coordinar los ejes productivos de la península. No obstante, advierte que la provincia se sitúa entre las últimas de Ecuador en efectividad y eficiencia general, así como en indicadores de nutrición infantil.

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Dillon resalta que quien asuma la Prefectura deberá atender prioridades inaplazables:

"Nuestras vías de la costanera están en mal estado. Por ejemplo, el tramo de la cordillera Chongón-Colonche, aunque parte de esa jurisdicción corresponda al Ministerio de Obras Públicas", concluye Dillon.

Lo que debes saber

• Zona 8 decomisó 228 kg de droga en septiembre; bandas ocultan cargamentos para evadir controles.
• Freddy González alerta que Nueva Prosperina y Durán concentran casos de microtráfico en 2026.
• Antidrogas ejecutó 56 operativos en septiembre para desarticular redes y frenar el consumo interno.

El microtráfico continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Guayaquil y Durán, territorios donde las disputas entre grupos criminales, la fragmentación de las estructuras del narcotráfico y la constante adaptación de las organizaciones delictivas obligan a las autoridades a modificar sus estrategias operativas. 

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Mientras los grandes cargamentos de droga suelen captar la atención en puertos y fronteras, existe una batalla silenciosa que se libra diariamente en los barrios, calles y sectores populares donde se comercializan sustancias para el consumo interno.

En entrevista con EXPRESO, el coronel de Estado Mayor Freddy González Medrano, jefe de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, detalla los resultados obtenidos durante septiembre, explica por qué hoy es más difícil encontrar grandes cantidades de alcaloides en los allanamientos y analiza la evolución del fenómeno criminal en una de las jurisdicciones más complejas del país.

- ¿Qué resultados ha obtenido la Jefatura durante septiembre?

Durante septiembre realizamos 56 operativos en distritos como Pascuales, Nueva Prosperina, Florida, Modelo, Portete, Ceibos y Esteros. Como resultado fueron aprehendidos 62 ciudadanos. Además, se incautaron cinco vehículos, seis teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En cuanto a sustancias sujetas a fiscalización, decomisamos 221.531,60 gramos de marihuana, 2.390 gramos de cocaína, 4.464,60 gramos de base de cocaína y 190,20 gramos de heroína, lo que representa un total de 228.576,40 gramos de droga retirados del mercado ilegal.

- ¿Estos resultados reflejan un incremento o una reducción del microtráfico?

Son varios factores. Las organizaciones criminales también evolucionan y modifican constantemente su forma de operar para evitar los controles policiales. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Ya no manejan la droga como antes.

- ¿Qué ha cambiado específicamente?

Antes encontrábamos personas con cantidades considerables de droga en los puntos de expendio. Ahora las organizaciones la ocultan en lugares alejados, incluso enterrada o en sitios de difícil acceso. 

Los vendedores mantienen únicamente pequeñas cantidades para abastecer uno o dos días de venta. Ellos conocen que las sanciones dependen de las cantidades encontradas, por lo que también buscan reducir los riesgos judiciales.

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Nueva Prosperina sigue siendo una zona crítica

- ¿Cuáles son los sectores con mayor incidencia de microtráfico?

Nueva Prosperina sigue siendo uno de los distritos con mayor problemática. También tenemos casos importantes en Durán, Pascuales, Esteros y sectores del sur de Guayaquil.

Nosotros los denominamos distritos priorizados y es allí donde concentramos nuestros esfuerzos investigativos para afectar a las estructuras criminales.

- ¿Cómo trabajan esas investigaciones?

Tenemos dos modalidades. La primera son los casos en flagrancia, que generalmente están relacionados con el expendio al menudeo. La segunda corresponde a investigaciones previas que pueden tomar entre tres y cinco meses.

En estas últimas buscamos identificar toda la estructura: vendedores, proveedores, distribuidores y responsables de niveles superiores. La meta no es detener únicamente al expendedor, sino desarticular toda la organización.

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"Nuestro objetivo es sacar del mercado a las estructuras criminales"

- ¿Qué ocurre cuando durante una operación no encuentran toda la droga que esperaban localizar?

En ocasiones una investigación deja líneas abiertas y eso puede convertirse en el inicio de una nueva operación. Lo que realmente nos interesa es afectar la estructura criminal completa.

Muchas veces debemos esperar para obtener evidencia suficiente contra todos los integrantes. Si actuamos demasiado pronto, algunas personas podrían quedar fuera del proceso investigativo y sin responsabilidad penal.

Por eso el éxito de una investigación no se mide únicamente por la cantidad de droga decomisada, sino porque toda la estructura termine judicializada y, finalmente, sentenciada.

El vínculo entre el microtráfico y el narcotráfico internacional

- ¿De qué manera el trabajo contra el microtráfico aporta al combate del narcotráfico a gran escala?

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas cuenta con unidades especializadas para distintos escenarios. Existen equipos que trabajan en puertos, aeropuertos y fronteras, donde se producen las grandes incautaciones.

Nosotros nos enfocamos en el consumo interno y en el microtráfico. Sin embargo, hay conexiones permanentes entre estas actividades. Cuando detectamos vínculos con otras provincias o jurisdicciones, coordinamos con las respectivas jefaturas para continuar las investigaciones.

Cadena de custodia y destrucción de droga

- ¿Cómo se maneja la droga decomisada una vez que entra en cadena de custodia?

Luego de las pruebas preliminares, las evidencias permanecen bajo custodia de la Jefatura de Antidrogas. Posteriormente son trasladadas a las bodegas del Ministerio del Interior, institución encargada legalmente de gestionar su destrucción.

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El proceso se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con la participación de varias instituciones.

- ¿Han detectado irregularidades o infiltraciones en la cadena de custodia?

Durante el tiempo que llevo al frente de esta jefatura no hemos tenido casos de esa naturaleza. Existe una cadena de custodia formal, personal responsable y procedimientos documentados que deben cumplirse en cada traslado.

La Policía mantiene además una política permanente de depuración y cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción.

La falta de personal y logística sigue siendo un reto

- ¿Qué necesita actualmente la Jefatura de Investigación Antidrogas?

Siempre hace falta talento humano y logística. Necesitamos más personal, vehículos, equipos tecnológicos y recursos que permitan fortalecer las investigaciones y operaciones.

No es una queja. Es una realidad de cualquier unidad operativa. Sin embargo, con los recursos disponibles hemos logrado cumplir nuestras metas y mantener resultados positivos.

"La Zona 8 es una de las jurisdicciones más complejas del país"

- ¿Cómo observa la evolución del fenómeno criminal en Guayaquil y Durán?

Las organizaciones criminales se han ido fragmentando debido a disputas internas y pugnas de poder. Eso genera nuevas rutas, nuevas alianzas y nuevas formas de operar.

La dinámica es cada vez más rápida y compleja. Por eso la Policía Nacional, a través de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, trabaja de manera coordinada para adaptarse permanentemente a estos cambios.

- ¿La Zona 8 sigue siendo una de las áreas más difíciles para combatir el narcotráfico?

Sin duda. Es una de las jurisdicciones más complejas del país por el volumen de casos y por la presencia de estructuras criminales. Pero es la realidad que nos corresponde enfrentar y nuestra obligación es responder con trabajo investigativo, profesionalismo y resultados.

Lo que debes saber

• Ecuador y EE. UU. firmaron Integridad Policial 360 para frenar infiltración criminal en la Policía.
• Policías y militares fueron detenidos en 2026 por casos de combustibles, drogas y corrupción.
• Expertos alertan que sin depuración institucional ninguna estrategia de seguridad será efectiva.

Un convenio con Estados Unidos reabre una pregunta incómoda: ¿los controles internos de la Policía están alcanzando a tiempo a los agentes que colaboran con el crimen organizado?

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La alerta se encendió una vez más cuando investigadores descubrieron que parte de la pentolita robada de instalaciones policiales terminó fuera de los controles estatales. No era la primera vez que un caso de seguridad nacional apuntaba hacia adentro de las propias instituciones encargadas de combatir el delito.

Mientras fiscales y policías ejecutaban allanamientos, otra discusión cobraba fuerza puertas adentro de la institución: cuánto han avanzado realmente las estructuras criminales dentro de la Policía Nacional y qué tan capaces son los mecanismos internos para detectarlas antes de que el daño esté hecho.

La preocupación no es nueva. Durante los últimos dos años, Ecuador ha acumulado una serie de investigaciones que involucran a policías y militares en delitos que van desde tráfico de combustibles y filtración de información reservada hasta extorsión, secuestro, tráfico de armas y desvío de evidencia judicial.

En ese contexto, el acuerdo denominado Integridad Policial 360, firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 2 de octubre de 2026, aparece como uno de los intentos más ambiciosos para fortalecer los controles internos de la institución policial. El convenio contempla evaluaciones poligráficas, psicológicas, toxicológicas y financieras, además de tecnología, digitalización de expedientes y la creación de centros de control y confianza en Guayaquil y Manta.

Cuando los investigados llevan uniforme

Los casos recientes muestran que la infiltración ya no es una hipótesis. En abril de 2026, la operación Gran Fortaleza 1 dejó detenidos a cinco policías, tres militares y varios civiles señalados por integrar una estructura de tráfico y desvío de hidrocarburos que operaba en diferentes provincias del país. La investigación apuntó a una presunta red que facilitaba combustible a economías criminales.

Meses antes, otros militares fueron procesados por el presunto robo y transporte ilegal de combustibles vinculados a actividades ilícitas. Los hallazgos se suman a los casos documentados durante 2025. Un análisis de InSight Crime recordó que dos policías fueron detenidos por secuestro y extorsión en Guayaquil, mientras que investigaciones periodísticas revelaron el robo de 321 kilos de cocaína desde una bodega oficial de la Policía. Esa droga habría terminado posteriormente en manos de organizaciones criminales.

El exjefe antidrogas Guillermo Palacios sostuvo que el crimen organizado ha penetrado áreas altamente sensibles como puertos, aeropuertos y bodegas de evidencias.

Las cifras también reflejan la magnitud del problema. Solo durante el conflicto armado interno, la Policía investigó a 124 de sus propios agentes por distintos casos de corrupción. Entre ellos hubo denuncias por tráfico de influencias, venta de armamento policial, secuestro extorsivo y cobros ilegales.

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¿Funcionan los controles?

Una fuente cercana a las filas policiales, que pidió reserva de su identidad, considera que los controles actuales tienen limitaciones estructurales.

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"Los mecanismos de control interno son débiles. No existe un sistema de inventario digitalizado de evidencias en las bodegas de Policía Judicial y las auditorías son escasas", aseguró.

Según esa fuente, el apoyo estadounidense podría convertirse en una oportunidad para modernizar procesos críticos mediante cámaras permanentes, monitoreo digital, alertas tempranas y sistemas de rastreo de evidencias.

Entre las medidas planteadas: 

Precisamente varios de esos elementos forman parte del acuerdo Integridad Policial 360, que contempla digitalización de procesos y fortalecimiento tecnológico de los sistemas de supervisión interna.

La mirada desde adentro

Un policía en servicio activo, con 21 años en la institución, sostiene que existe una diferencia importante entre la Policía y otras entidades públicas: la capacidad de investigarse a sí misma. "La Policía Nacional es la única institución que se autodepura. Un policía no es catimado al momento de aprender a otro policía", afirma.

Sin embargo, también reconoce tensiones dentro del sistema. Según relata, algunas investigaciones terminan involucrando a servidores cuyos vínculos con los sospechosos se reducen a contactos laborales o comunicaciones telefónicas que posteriormente deben ser aclaradas ante jueces.

Desde su perspectiva, hace falta fortalecer los procesos investigativos para evitar afectaciones al buen nombre de policías que finalmente no resulten responsables de delitos.

El uniformado también plantea otro problema menos visible: las condiciones laborales. Asegura que muchos policías enfrentan gastos elevados de vivienda, alimentación y defensa legal cuando son sometidos a procesos judiciales.

A esto suma jornadas extensas, limitaciones para acceder a apoyo psicológico y falta de infraestructura adecuada en algunos destacamentos. "Si usted me pregunta si existe un sistema que proteja completamente a los policías honestos, yo diría que no", sostiene.

El crimen organizado y la infiltración

Para el experto en seguridad Jean Paul Pinto, el problema ha llegado a un punto en que amenaza la efectividad de cualquier estrategia estatal. "En el nuevo plan de seguridad no se habla nada del tema. No hay políticas ni estrategias específicas contra la infiltración", señala.

Pinto considera que las matanzas carcelarias, las filtraciones de información y los casos de corrupción demuestran que organizaciones criminales han logrado penetrar múltiples instituciones. "Han cooptado policías, militares, jueces y fiscales. Ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si todo está infiltrado", advierte.

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El especialista compara la situación ecuatoriana con etapas vividas por México durante el auge de los carteles, cuando las estructuras criminales lograron penetrar organismos estatales y dificultaron las operaciones de control. Para Pinto, la depuración institucional debería convertirse en una prioridad equivalente al combate directo contra las bandas.

El reto de proteger a los honestos

Dentro de la Policía existe consenso en un punto: la mayoría de los uniformados no participa en actividades ilícitas. Sin embargo, cada nuevo escándalo impacta sobre toda la institución y erosiona la confianza ciudadana.

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Ya en 2025, una encuesta mostraba que apenas el 34 % de los ecuatorianos confiaba en la Policía Nacional. La firma del convenio con Estados Unidos llega precisamente en ese escenario. Los nuevos polígrafos, controles financieros, evaluaciones psicológicas y herramientas tecnológicas buscan cerrar espacios a la corrupción antes de que los agentes sean captados por redes criminales.

Pero la experiencia reciente muestra que la tecnología por sí sola difícilmente resolverá el problema. Las investigaciones sobre pentolita desaparecida, combustible desviado, droga robada, armas vendidas y funcionarios captados por organizaciones criminales revelan que la lucha contra el crimen ya no ocurre únicamente en las calles.

Lo que debes saber

• La inteligencia artificial agiliza la producción de contenidos, pero no reemplaza el criterio periodístico.
• Verificar datos, contrastar fuentes y detectar errores es indispensable antes de publicar.
• La ética, la empatía y el contacto con la ciudadanía siguen siendo esenciales en la comunicación.

La velocidad con la que hoy se produce una noticia puede medirse en segundos. Una imagen aparece, los datos se ordenan y un texto toma forma con unas pocas instrucciones, pero entre la rapidez de una respuesta y la certeza de qué es verdad existe una distancia que ninguna tecnología puede recorrer por sí sola: la del criterio humano.

La inteligencia artificial (IA) transforma la manera de investigar, redactar y producir contenidos, pero no supone la desaparición del comunicador, coinciden expertas en Comunicación y Computación. El cambio apunta a un profesional que, además de dominar las herramientas digitales, debe saber cuestionar sus resultados, verificar las fuentes y comprender las consecuencias de lo que publica.

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El criterio, una habilidad irremplazable

Para Cecilia Herbas, directora de Catomedia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la transformación ocurre principalmente en los procesos de trabajo y no en la esencia de la profesión. “La IA no reemplaza al comunicador, reemplaza un poco las tareas, la forma en que lo ejecuta”, explica, al señalar que el criterio y la validación periodística siguen siendo competencias fundamentales.

La académica advierte que el acceso más rápido a documentos y datos también facilita la circulación de información falsa. Por eso, considera que el periodista debe fortalecer su capacidad para jerarquizar las ideas, aportar contexto y detectar respuestas genéricas o incorrectas, en lugar de aceptar como verdaderos los resultados que entrega una plataforma.

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Verificar antes de publicar

Herbas sostiene que la verificación dejó de ser una destreza exclusiva de quienes se dedican al periodismo de investigación. “El periodista debe ser más investigativo”, afirma, porque cualquier cobertura puede verse comprometida si se utilizan imágenes erróneas, cifras sin respaldo o datos que no corresponden con los hechos.

Ese trabajo exige contrastar las respuestas de la IA con fuentes confiables, identificar las instituciones que pueden confirmar una cifra y comprobar la procedencia de los contenidos. También implica detectar imágenes manipuladas y transparentar cuándo una pieza visual ha sido generada artificialmente, sin perder de vista los principios éticos de la comunicación.

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Un profesional que aprende a trabajar con IA

Paulina Vizcaíno, directora de la Escuela de Computación de la Universidad Internacional del Ecuador, señala que la transformación alcanza a distintas profesiones y modifica especialmente las tareas relacionadas con la creación de contenidos. Y los divide en “los que saben usar inteligencia artificial generativa y los que no saben usar”, advierte.

A su juicio, el comunicador necesita comprender cómo funcionan estas tecnologías. También debe aprender a formular instrucciones precisas y utilizar herramientas que automaticen tareas, siempre bajo supervisión humana.

El manejo de estas plataformas no consiste únicamente en escribir una pregunta y copiar la respuesta. Vizcaíno explica que una instrucción eficaz debe definir el papel que cumplirá la herramienta, el contexto de la información, el público al que se dirige y el objetivo del contenido, de modo que el resultado responda a una necesidad comunicacional concreta.

La especialista plantea que la IA puede funcionar como un equipo multidisciplinario para apoyar la investigación, resumir documentos, corregir textos o preparar infografías. Sin embargo, la utilidad de esas tareas depende de las decisiones del profesional, quien debe evaluar si el resultado es pertinente, comprensible y adecuado para la audiencia a la que pretende llegar.

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La empatía no se automatiza

El desafío tampoco termina con el dominio técnico. Vizcaíno subraya que el pensamiento crítico debe acompañarse de creatividad, ética y empatía, especialmente cuando una publicación aborda situaciones sensibles o puede tener repercusiones sociales. Una herramienta puede organizar información, pero no sustituye la responsabilidad de decidir cómo contar una historia sin vulnerar derechos ni causar daños innecesarios.

En esa misma línea, Herbas recuerda que el periodista necesita salir a la calle, conversar con las personas y conocer cómo afectan los acontecimientos a la ciudadanía. “Esa parte o cómo la ciudadanía se ve afectada por tal no te lo puede dar la inteligencia artificial”, señala, al defender el contacto directo con la gente como una dimensión esencial del oficio.

Pichincha, entre naturaleza, historia y tradiciones

• Tres rutas turísticas conectan Quito con distintos destinos de Pichincha: desde los bosques del Chocó Andino,  los glaciares del Cayambe, y más.
• Fortalecidos durante TravelMart LatinAmerica 2026, estos recorridos buscan impulsar el turismo provincial mediante experiencias vinculadas con la biodiversidad.

Un bosque nublado donde habita el oso de anteojos, los glaciares del Cayambe, pirámides levantadas siglos antes de la llegada de los españoles y caminos atravesados por caballos y haciendas. Son escenarios separados por pocos kilómetros, pero pertenecen a territorios con historias, paisajes y formas de vida diferentes dentro de Pichincha.

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Tres rutas buscan enlazarlos con Quito como punto de partida. Se trata de “Tras la huella del Oso Andino”, “Del Glaciar a las pirámides” y “Entre volcanes y chagras”, recorridos que fueron fortalecidos en el marco de TravelMart LatinAmerica 2026, realizado en la capital del 16 al 18 de septiembre.

El encuentro reunió a más de 170 representantes de la industria turística y permitió el contacto con más de 63 compradores internacionales procedentes de mercados como Estados Unidos, Canadá, Japón y México. La estrategia apunta a que Quito funcione también como puerta de entrada hacia otros destinos de la provincia y a que esos recorridos puedan incorporarse a los circuitos comercializados por operadores internacionales.

Detrás de esa búsqueda hay también un componente económico. La actividad turística moviliza una cadena que incluye alojamiento, restaurantes, transporte y operadores, pero también productores, artesanos y otros negocios vinculados con los territorios visitados. Como referencia del movimiento del sector, para 2025 se proyectaba un crecimiento del 9 % en los ingresos turísticos y la llegada de 1,37 millones de visitantes.

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Más que sumar nuevos sitios al mapa, las tres propuestas reorganizan lugares que hasta ahora podían formar parte de visitas separadas. Reservas naturales, senderos, sitios arqueológicos, haciendas, emprendimientos rurales y espacios dedicados al turismo de montaña quedan conectados dentro de itinerarios que permiten continuar el recorrido una vez que se deja atrás la capital.

Tras la huella del oso andino

Hacia el noroccidente de Pichincha, el paisaje cambia en menos de dos horas. La ciudad queda atrás y aparecen la neblina, las cascadas y los caminos rurales del Chocó Andino. Por allí avanza “Tras la huella del Oso Andino”, una ruta que conecta Calacalí, Nanegalito y Nanegal alrededor de una de las especies emblemáticas de estos bosques.

También conocido como oso de anteojos por las manchas claras que rodean sus ojos y se extienden hacia el hocico y el pecho, el oso andino es el único oso nativo de Sudamérica. Uno de los lugares donde es posible encontrarlo es la reserva Maquipucuna, en Nanegalito. Entre agosto y diciembre, cuando fructifican los aguacatillos silvestres, algunos ejemplares se acercan a determinadas zonas para alimentarse y pueden ser observados a distancia, bajo normas destinadas a no alterar su comportamiento.

El oso, sin embargo, es apenas uno de los habitantes de un territorio que concentra cientos de especies de aves, mamíferos y anfibios, además de orquídeas y otras plantas. Esa biodiversidad sostiene buena parte de las actividades de la zona: senderismo, avistamiento de aves, caminatas hacia cascadas y visitas a reservas naturales.

La ruta incorpora también otras formas de acercarse al noroccidente. Fincas cafeteras permiten conocer los procesos de cultivo y tostado, mientras la producción de panela mantiene vínculos con la vida agrícola de varias comunidades. En Calacalí, el trayecto se acerca además a la Reserva Geobotánica Pululahua y a espacios relacionados con la historia y el patrimonio de la parroquia.

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Del hielo a las pirámides

Al norte, el recorrido cambia el bosque nublado por pajonales y alta montaña. “Del Glaciar a las pirámides” conecta Cayambe y Pedro Moncayo a través de dos paisajes separados por siglos de historia: los glaciares del volcán Cayambe y las estructuras prehispánicas de Cochasquí.

En el Cayambe, uno de los puntos de aproximación a la montaña es el refugio Ruales Oleas Berge, ubicado a unos 4.700 metros de altitud. Desde allí parten recorridos por el entorno de alta montaña que permiten acercarse al paisaje glaciar. El frío, el hielo y las grandes extensiones de páramo marcan la primera parte de una ruta que luego desciende hacia otro tipo de registro del territorio.

En Tocachi, cantón Pedro Moncayo, el Parque Arqueológico Cochasquí conserva 15 pirámides truncas y 21 montículos funerarios. Las estructuras están vinculadas con las sociedades prehispánicas que habitaron el norte de Pichincha y permiten acercarse a sus formas de organización, ritualidad y relación con el paisaje.

El recorrido no termina en las pirámides. Cochasquí cuenta con museos de sitio y recorridos guiados, y desarrolla actividades relacionadas con arqueología, cerámica, observación de flora y fauna, camping y astroturismo. Los Raymis y otras prácticas vinculadas con las comunidades cercanas mantienen, además, una conexión entre el sitio arqueológico y las expresiones culturales que continúan en el territorio.

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Entre volcanes y chagras

Hacia el sur, “Entre volcanes y chagras” atraviesa sectores de Rumiñahui y Mejía, con el Cotopaxi, el Pasochoa, el Rumiñahui y el Sincholagua como parte del paisaje. Entre cascadas, caminos rurales y antiguas haciendas, la ruta se acerca también a una forma de vida marcada por la ganadería y la relación con la montaña.

En este territorio, la figura del chagra permanece vinculada al caballo y al trabajo en el campo. Esa tradición forma parte de la experiencia turística a través de cabalgatas, recorridos de montaña, gastronomía y hospedaje en propiedades rurales que mantienen actividades agrícolas y ganaderas.

Una de ellas es la Hacienda La Alegría, en Alóag. Su propietario, Gabriel Espinosa, cuenta que el predio nació en 1911 dedicado a la producción lechera y que hace más de dos décadas incorporó el turismo. Desde entonces, las expediciones a caballo se convirtieron en una manera de recorrer el entorno y acercar a los visitantes a las dinámicas del campo ecuatoriano.

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Detrás de esta propuesta está Alejandro Molina, fundador de Troit, quien comenzó a desarrollar el concepto después de que unos amigos chefs le hablaran sobre este particular estilo de pizza. La idea llamó su atención desde el comienzo y pronto empezaron las pruebas para encontrar una receta propia.

Una idea que comenzó entre amigos

El camino desde la idea hasta la primera pizza tomó alrededor de dos o tres meses. Durante ese tiempo, el equipo experimentó con diferentes masas, ingredientes y moldes. Incluso mandaron a fabricar unos primeros moldes de acero antes de encontrar los que utilizan actualmente.

La primera presentación de Troit tuvo un escenario poco convencional, el patio de la casa de Molina. Allí organizaron una fiesta para presentar las pizzas a familiares, amigos y conocidos. La respuesta fue positiva y sirvió como punto de partida para continuar desarrollando el proyecto.

Nuestra masa es diferente a lo que puedes encontrar en el mercado, tenemos este concepto que todo el borde de la pizza tiene un crunch"Alejandro Molina, fundador de Troit

Para Molina, uno de los principales desafíos fue introducir un concepto diferente en un mercado donde la pizza redonda es la protagonista. La apuesta fue ofrecer un producto de calidad y encontrar una identidad propia.

El borde de queso es parte de la experiencia

Una de las características que distingue a Troit Pizza está en su masa. La propuesta busca una textura diferente a la de otras pizzas disponibles en el mercado, mientras que los bordes incorporan queso gratinado y un toque crujiente.

El menú actualmente tiene cuatro sabores. La Reina Detroit es la opción clásica, preparada con mozzarella, salsa pomodoro, queso padano y albahaca. La Honey Pepperoni combina pepperoni con miel picante y se ha convertido en una de las favoritas de los clientes.

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La Detroit Hot Chicken lleva pollo frito, salsa buffalo y cebollín. La cuarta opción es la Pesto’n Crunch, que mezcla albóndigas, pesto de pistachos y chips de ajo.

Sabores para salir de la pizza tradicional

La propuesta no se queda únicamente en cambiar la forma de la pizza. Cada combinación busca tener su propia personalidad y, en varios casos, una salsa que la acompañe.

El equipo prepara sus propias salsas, un elemento que considera parte del diferencial de Troit Pizza. La idea es que cada variedad tenga una combinación particular y que los ingredientes funcionen juntos desde la primera hasta la última porción.

El menú también incluye acompañamientos como chicken tenders con papas fritas, albóndigas con papas, papa Dijon y papas fritas tradicionales. Además, los clientes pueden agregar salsas adicionales por dos dólares. Las pizzas tienen precios que van desde los 7,50 hasta los 9 dólares.

Por ahora llega a domicilio

Actualmente, Troit funciona exclusivamente mediante delivery. Atiende de domingo a jueves desde las 14:00 hasta las 22:00, mientras que los viernes y sábados el servicio se extiende hasta las 23:00.

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Pero el proyecto apunta a dar un siguiente paso. Molina cuenta que ya existen planes para abrir un local físico, aunque antes quieren consolidar la operación actual, ajustar los procesos y asegurarse de mantener la calidad del producto.

La intención es que la pizza estilo Detroit encuentre su propio espacio en Guayaquil. Por ahora, Troit Pizza llega directamente a la puerta de los clientes con una propuesta que cambia la forma, la masa, los bordes y los sabores de una comida que parecía tenerlo todo inventado.

Lo que debes saber

• La investigación de posibles abusos está en manos de las autoridades competentes.
• La normativa ecuatoriana establece responsabilidades para quienes vulneren la integridad de una persona detenida.
• El debate también alcanza las condiciones de defensa, visitas y comunicación de los internos.

Un video de militares golpeando a personas privadas de libertad en la cárcel de Esmeraldas vuelve a poner un rostro concreto a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador pidió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar lo ocurrido y determinar si hubo tortura durante el operativo del 3 de octubre de 2026.

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La ley fija límites al castigo

La Alianza también señaló que recibió testimonios de familiares que refieren posibles agresiones contra otros internos. Por ello, pidió que las autoridades actúen con celeridad para investigar los hechos y evitar que se pierdan o alteren las evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Para Henry Caliz, abogado penalista, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial, la línea entre una medida disciplinaria y un abuso está claramente marcada por la ley. El artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de entre siete y diez años de prisión para quien cometa el delito de tortura, así como para quien, teniendo la posibilidad de evitarlo, no lo haga.

La normativa establece que existe tortura cuando una persona es sometida deliberadamente a grave dolor o sufrimiento físico o psíquico, o a condiciones que anulen su personalidad o disminuyan sus capacidades físicas o mentales. También contempla sanciones cuando quien comete el hecho utiliza sus conocimientos técnicos para incrementar el dolor o sufrimiento de la víctima.

Caliz asegura que ha presentado dos denuncias por presunta tortura, una relacionada con un interno de la cárcel del Encuentro y otra con una mujer recluida en la Roca. Según su relato, uno de sus clientes habría sido golpeado, privado de alimentos y, en el caso más grave, presuntamente agredido sexualmente con un objeto por militares.

El abogado sostiene además que existen prácticas que podrían constituir violencia psicológica, como mantener iluminación permanente dentro de las celdas. “No saben cuándo es de día, no saben cuándo es de noche”, afirma al describir una situación que, a su criterio, puede producir un deterioro mental sostenido.

Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional, considera indispensable investigar cualquier denuncia de esta naturaleza, independientemente de quién sea la persona afectada. “El hecho de que alguien esté privado de su libertad no significa que puede un guía penitenciario o una autoridad torturar, golpear, matar y quedar impune”, sostiene.

El especialista diferencia, sin embargo, una sanción penitenciaria de un acto criminal: dentro de una prisión pueden existir reglas, restricciones o aislamiento temporal cuando estén contemplados en la normativa. Golpear a un interno o afectar deliberadamente su integridad física y mental, advierte, supera cualquier mecanismo legítimo de disciplina.

Esa distinción también es planteada por el abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Efrén Guerrero, quien pide no convertir una acusación en una sentencia anticipada. Explica que jurídicamente la tortura implica provocar intencionalmente dolores o sufrimientos graves con una finalidad determinada, mientras que la disciplina debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad.

Si las denuncias son confirmadas, dice, el problema no quedaría circunscrito a las normas nacionales. Guerrero recuerda que Ecuador está sujeto a la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Las personas privadas de libertad deben cumplir su sentencia, sea corta o larga, para luego volver a la sociedad”.Antonio Gagliardo, exfiscal provincial del Guayas y exjuez de la Corte Constitucional

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El modelo penitenciario, bajo debate

Mientras las denuncias por posibles abusos crecen, otra discusión se abre alrededor del nombre con el que el Gobierno presenta determinados establecimientos: cárceles de máxima seguridad. Para Caliz, esa denominación enfrenta un problema constitucional porque la Carta Magna reconoce centros de rehabilitación social y centros de detención provisional, pero no establece expresamente una categoría denominada “máxima seguridad”.

Su interpretación es tajante: “Lo que se debería hacer es respetar la Constitución”. A su juicio, crear una categoría penitenciaria distinta exigiría una reforma constitucional, aunque el problema de fondo no sería únicamente semántico, sino la sustitución del principio de rehabilitación por un modelo basado exclusivamente en el aislamiento.

Gagliardo ofrece una lectura diferente sobre la clasificación de los establecimientos penitenciarios. Señala que sí existen disposiciones legales que permiten diferenciar niveles de seguridad, pero recalca que todos deben conservar su condición de centros de rehabilitación social porque ese es el mandato constitucional.

En ese punto aparece una de las principales contradicciones del debate: el Gobierno habla de máxima seguridad y el ministro del Interior, John Reimberg, ha dicho que en estos espacios están personas que, a su juicio, “no tienen rehabilitación”. También ha defendido que allí deben cumplir sus condenas quienes cometieron los delitos más graves, bajo controles estrictos y condiciones de seguridad superiores.

La afirmación genera reparos entre los especialistas porque la privación de libertad no elimina la obligación estatal de rehabilitar. Gagliardo cuestiona que el propósito de una prisión pueda ser esperar que los internos salgan “bien viejitos”, pues una condena larga no convierte el envejecimiento en sustituto de la reinserción.

Guerrero considera que el Estado puede organizar establecimientos con distintos niveles de seguridad, siempre que respete los límites constitucionales y legales. El problema aparece cuando el régimen especial restringe de manera desproporcionada el contacto con abogados, familiares, mecanismos de defensa, visitas u otros derechos que no desaparecen por estar recluido.

“Cualquier trato debe estar dentro de la norma; si se supera ese límite, habrá mayores problemas”.Efrén Guerrero, abogado y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Los derechos que permanecen vigentes

La preocupación aumenta cuando esas restricciones se vuelven permanentes o impiden ejercer una defensa efectiva. Guerrero sostiene que el Gobierno debe explicar con mayor claridad cuál es el modelo que pretende aplicar, porque “no puedes evitar el modelo constitucional”.

Caliz advierte además que la falta de comunicación puede agravar el conflicto jurídico, especialmente si se impide de manera general el contacto entre internos, familiares y defensores. Asegura que incluso existen reglamentos que han eliminado las citas presenciales o virtuales en determinados establecimientos, una medida que, según su interpretación, vulneraría garantías constitucionales y debería ser revisada por la Corte Constitucional.

Guerrero plantea que la discusión no debería reducirse a escoger entre seguridad o derechos humanos, porque un sistema penitenciario legítimo está obligado a garantizar ambos. “Las cárceles no pueden volverse en depósitos humanos”, advierte, al señalar que el encierro permanente sin actividades de rehabilitación puede profundizar el deterioro físico, emocional y social de quienes cumplen una condena.

“El Estado tiene que rehabilitar; si no lo hace, la delincuencia va a subir y habrá reincidencia”.Henry Caliz, exjuez provincial de Pichincha y exfiscal provincial

Lo que debes saber:

• Salud mental en Ecuador: las deudas y el desempleo agravan la ansiedad y la depresión en las familias.
• En Quito, la teleconsulta municipal atiende crisis emocionales vinculadas a dificultades económicas y familiares.
• El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental pone en foco las barreras para acceder a atención psicológica.

Al otro lado del teléfono, Armando, de 63 años, le contó a Johanna Capujamba que ya no quería vivir. Se sentía al límite después de acumular deudas, perder su patrimonio y enfrentar una nueva preocupación: la enfermedad renal de su hijo, que necesitaba tratamiento de diálisis, que él no podía costear.

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Tiempo atrás, Armando (nombre protegido) había invertido en una franquicia de restaurante. Cuando los ingresos no alcanzaron para sostener el negocio, vendió su casa y su vehículo. 

Su esposa, de 56 años, también intentaba generar ingresos con la venta de empanadas y bolones, mientras él trabajaba como conductor de Uber. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia.

La situación se agravó cuando su hijo fue diagnosticado con una enfermedad renal y necesitó iniciar diálisis. Como no podían costear el tratamiento, quedó en lista de espera en el sistema público de salud. Debido a esos apuros económicas y tensiones familiares, Armando comenzó a experimentar una profunda desesperanza.

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Su historia llegó al servicio de Teleconsulta del Municipio de Quito, donde Johanna Capujamba trabaja como terapeuta. Durante las conversaciones, identificó que se mantenían las señales de alerta: ideas suicidas, ataques de pánico recurrentes, opresión en el pecho y dificultades para dormir. 

Por el riesgo que presentaba, Armando fue derivado a atención presencial en psicología y psiquiatría, con seguimiento para facilitar su vinculación a los servicios especializados. Antes, él había sido ayudado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. Intentó acabar con su vida.

La intervención psicológica no resolvía sus deudas ni garantizaba el tratamiento de su hijo, pero abrió un espacio para que pudiera hablar de lo que estaba viviendo sin sentirse juzgado.  

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Casos como el de Armando reflejan una realidad que también aparece en otras llamadas que recibe el servicio municipal. Según Capujamba, muchas consultas están relacionadas con dificultades económicas, falta de empleo, que provoca inestabilidad de pareja y la imposibilidad de cumplir con las responsabilidades familiares.

Hay personas próximas a jubilarse que pierden su trabajo y ven truncados sus planes de vida. También hay jóvenes que sienten que no pueden convertirse en proveedores de sus hogares. En estos escenarios, explica la terapeuta, pueden aparecer crisis de ansiedad y síntomas depresivos.

Esto dice la Organización Mundial de la Salud:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que factores sociales y ambientales, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, incrementan el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. 

Las dificultades económicas no explican por sí solas todos los trastornos, pero pueden convertirse en una fuente importante de estrés cuando se prolongan y se combinan con otros problemas.

La falta de recursos, una barrera para acceder a atención en salud mental

En Ecuador, buscar ayuda psicológica todavía supone un esfuerzo económico para muchas familias. Cristina Guerra, terapeuta familiar y de pareja especializada en adolescentes, atiende en consulta privada y observa cómo el costo de las sesiones influye en la decisión de iniciar o mantener un tratamiento.

Al comenzar un proceso terapéutico con adolescentes, cuenta, algunos padres preguntan cuánto cuesta cada sesión, cuántas serán necesarias y si existen descuentos. 

Las inquietudes reflejan una dificultad concreta: aunque reconocen que sus hijos necesitan apoyo, no siempre pueden asumir el gasto de manera sostenida.

Guerra también ha atendido a hombres que perdieron su empleo y tienen dificultades para mantener económicamente sus hogares. La pérdida de ingresos puede generar tensión en la convivencia, conflictos de pareja y desgaste emocional.

No obstante, la terapeuta identifica un cambio desde la pandemia de covid-19: existe una mayor apertura para hablar de salud mental y reconocer la necesidad de recibir atención. El desafío es convertir esa conciencia en acceso efectivo y continuo a los servicios.

Carlos Pérez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, coincide en que la situación económica puede convertirse en un obstáculo tanto para buscar ayuda como para sostener un tratamiento. 

En su experiencia, las pérdidas económicas, los negocios que fracasan y la falta de empleo aparecen entre las preocupaciones asociadas a cuadros de ansiedad, depresión y alteraciones del estado de ánimo.

Pérez señala que las dificultades de acceso no son recientes y que también persisten prejuicios y desinformación sobre el papel de los psicólogos y las distintas especialidades de atención. 

A su criterio, ampliar la cobertura requiere integrar mejor a los profesionales en el sistema de salud y promover una cultura que permita reconocer cuándo es necesario pedir ayuda.

Lo que se hace en gobiernos locales sobre ayuda psicológica:

Ante la demanda de atención, el Municipio de Quito mantiene servicios de teleconsulta y desarrolla iniciativas de prevención y acompañamiento. 

Daniela Andrade, jefa de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, explica que las consultas están relacionadas con:

Andrade señala que la demanda en las unidades municipales también está relacionada con las dificultades que enfrentan los ciudadanos para conseguir citas de salud mental en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Entre las iniciativas municipales está la Escuela Popular de Salud Mental, que capacita a ciudadanos mediante actividades virtuales y presenciales guiadas por psicólogos. 

Su objetivo es promover la conciencia sobre el cuidado emocional y fortalecer las redes de apoyo en las 10 administraciones zonales del Distrito Metropolitano.

Estas redes trabajan en planes preventivos orientados a la gestión de emociones y a la detección temprana de señales de alerta. La estrategia se complementa con dispositivos móviles de teleasistencia dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Lo que debes saber

• GRANASA suspende la edición impresa de Diario EXPRESO tras meses de presiones estatales.
• Informes del SRI y la UAFE presentaron graves inconsistencias numéricas y procesales.
• La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma.

La casa editora Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) confirmó la suspensión definitiva de la edición impresa de Diario EXPRESO en Ecuador, como desenlace de una prolongada ofensiva institucional y judicial impulsada desde el aparato gubernamental. A lo largo de 2025 y 2026, la empresa enfrentó fiscalizaciones con distorsiones contables del Servicio de Rentas Internas (SRI), indagaciones de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías promovida por Inmobiliar, medidas que asfixiaron sus operaciones mercantiles.

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El origen del conflicto: informes tributarios y fallas contables en el SRI

El hostigamiento administrativo inició formalmente el 8 de septiembre de 2025. En esa fecha, la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió tres informes dirigidos a distribuidores de periódicos de la empresa editora:

El análisis técnico de las notificaciones evidenció graves vicios de cálculo. En el caso del contribuyente Franklin Villamar, la administración tributaria registró una facturación de $160.365,58 y dedujo $21.514,69 por devoluciones, fijando una compra neta de $138.850,89. Sobre esta base estimó un margen de utilidad presunta del 17,67 % ($24.534,95). Sin embargo, en lugar de restar los costos de venta y gastos deducibles, la funcionaria sumó a la ganancia presunta el valor total pagado a GRANASA, elevando artificialmente el ingreso fiscal a $163.385,84.

Pese a que el SRI negó formalmente estos expedientes a la empresa editora, vulnerando su derecho a la defensa, la documentación fue filtrada a medios afines y al portal digital La Posta. Esta última plataforma pertenecía a Levascan, firma vendida previamente por un millón de dólares a Galamedios (vinculada al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi) y traspasada luego a una compañía panameña representada por Álvaro Guivernau, cónyuge de la presidenta de la Asamblea Nacional.

Escalada policial, penal y demanda contra José Julio Neira

La ofensiva se aceleró en las semanas posteriores con la intervención de diversas entidades del Ejecutivo:

Frente a estas acciones, GRANASA interpuso una demanda por daño moral contra José Julio Neira Hanze, exigiendo disculpas públicas, retractación y una indemnización de un millón de dólares por el agravio reputacional ocasionado.

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"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

Richard Josue Jimenez Mora

La Fiscalía General del Estado y el uso penal de las instituciones

A la par de las presiones fiscales, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta defraudación tributaria y un supuesto delito de lavado de activos. Pese a las reiteradas revisiones de la contabilidad de la casa editorial, los peritajes no hallaron indicios ni sustento técnico de irregularidades.

El presidente ejecutivo de GRANASA, Galo Martínez Leisker, compareció voluntariamente ante la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre, ratificando la solvencia y pulcritud de las operaciones. El procurador judicial de la firma, Eduardo Carmigniani, denunció públicamente la existencia de un "hostigamiento legal y financiero" orquestado para intimidar a los anunciantes, entorpecer transacciones comerciales y forzar una toma hostil de la compañía. Entidades internacionales como Bloomberg manifestaron su preocupación por el precedente de persecución indirecta contra la prensa libre.

La trama de Veranera S.A. y el bloqueo accionario

El frente societario se concentró en la disputa mercantil en torno al 40 % del paquete accionario de la compañía:

Como acto de protesta pública y resistencia editorial frente a estos atropellos, la redacción de Diario EXPRESO circuló en todo el país con una histórica portada en blanco.

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Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión

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Intervención administrativa de la 'Súper' de Compañías y el rol de Inmobiliar

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir administrativamente a GRANASA. La medida fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República que ostenta únicamente el 2,56 % de las acciones y mantiene litigios judiciales pendientes.

Acciones de bloqueo y obstáculos operativos

Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios alertaron que las medidas de supervisión estatal encubren mecanismos de censura y asfixia financiera.

Tras ocho meses de intervención y continuo bloqueo administrativo, la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre definirá los pasos a seguir tras la forzada eliminación de la edición impresa de Diario EXPRESO.

Lo que debo saber

• Los 100 dólares pierden poder de compra. El encarecimiento de productos básicos, como el pollo, los huevos y el arroz, obliga a las familias a priorizar gastos y dejar fuera de sus compras otros alimentos y artículos de limpieza.
• La baja inflación no garantiza que el dinero alcance. Aunque Ecuador cerró 2025 con una inflación anual del 1,91 %, el bajo crecimiento económico y los ingresos insuficientes limitan la capacidad de compra. Según los expertos citados, la informalidad laboral agrava el problema.
• Más costos presionan los precios y el presupuesto familiar. El aumento del IVA, los ajustes en los combustibles, los cortes de luz y los problemas climáticos han incidido en los costos de producción, transporte y comercialización.

La percepción del consumidor ecuatoriano sobre el costo de vida es clara: con 100 dólares hoy compra menos que hace un año.

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Aunque se tome como referencia la proteína más económica, el dinero ya no alcanza. Margarita Cedeño lo comprueba mientras hace mercado en Sauces IX. “Antes compraba cuatro pollos medianos por 28 dólares. Ahora tengo que pagar 34”, comenta. Y ahí empieza el problema. Si a los pollos se suma una cubeta de huevos, que cuesta alrededor de 4 dólares, y un quintal de arroz, cuyo precio llega a 46 dólares en Guayaquil, no hay sueldo que alcance.

Con ese dinero, dice Margarita, hay que comprar aceite y algunas frutas. “El presupuesto se me acaba antes de llegar a las legumbres y a los productos de limpieza”.

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La inflación reduce el poder adquisitivo

Para el economista y exministro de Finanzas Fausto Ortiz, lo que ocurre tiene una explicación: la inflación reduce el poder adquisitivo del consumidor. Es decir, aunque el billete siga teniendo el mismo valor nominal, permite comprar menos.

Ecuador cerró 2025 con una inflación anual de 1,91 %. En la última década, fue la tercera más alta en el país, después del 1,94 % de 2021 y del 3,74 % de 2022. En la década anterior, el promedio de inflación era de 4,2 %.

Pero hay otro dato que completa el panorama. Entre 2016 y 2025, la economía ecuatoriana mostró señales de estancamiento, con un crecimiento anual promedio de apenas 1,8 %, una cifra que poco supera el crecimiento de la población.

El nivel inflacionario y el bajo crecimiento, entonces, guardan una estrecha relación.

En enero de 2026, la inflación anual, es decir la variación de precios frente a enero de 2025, fue de 2,4 %. “Eso quiere decir que el promedio de la canasta de bienes y servicios utilizada por el consumidor urbano, de un año a otro, se incrementó 2,4 %”, explica Ortiz.

¿Por qué las cosas cuestan más? El analista económico Larry Yumibanda considera que uno de los factores es el incremento del precio de los combustibles, que a su vez está relacionado con el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El problema no está en la inflación

Es verdad que Ecuador sigue teniendo una de las inflaciones más bajas de la región, pero para el economista Santiago García, el problema no tiene su origen allí. Él explica a EXPRESO que si bien la inflación implica una pérdida en la capacidad de compra, este no es el único factor que se debe medir.

“El problema no solo está en la inflación, sino en los bajos ingresos que tiene una mayoría de ecuatorianos”.

Y es que el 52 % de los ecuatorianos trabajan en la informalidad, con sueldos precarios e ingresos insuficientes. “Allí está el problema, más que en la inflación, porque, reitero, el país tiene una baja inflación comparado con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina hace dos años tuvo un indicador de 240 % y actualmente registra un 33,5 %”, remarca García.

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Sarango, está de acuerdo con esa lectura de coyuntura que hace el economista García.

“El desempleo y el subempleo están llegando ya a 7 millones de personas en el país. De un ‘ejército’ de nueve millones, tenemos solamente cerca de 1’300.000 con empleo pleno. Ahí es donde el Gobierno debe mirar para dar una solución”.

¿Suben más de lo que se anuncia?

Incluso la percepción de quienes trabajan la tierra es diferente de lo que muestran las cifras. “Da la impresión de que los productos que compramos suben más que lo que se anuncia en la inflación del país”, señala José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Si bien el costo de una canasta básica, no se puede comparar de un año a otro, debido al incremento de productos en la lista, los registros del INEC evidencian cómo esta se viene encareciendo. En agosto de 2023 la canasta básica costó 785,47 dólares, frente a los 828,06 dólares de agosto de 2026.

Otro analista económico, José David Riviera, considera que aunque la inflación sea baja, algunas decisiones políticas sí han influido en su comportamiento, porque no se puede negar que toda acción tiene un efecto.

Riviera explica que aunque es normal que en cualquier economía exista cierto nivel de inflación con el paso del tiempo, en el caso ecuatoriano varios sucesos y decisiones políticas aceleraron ese incremento.

Por un lado, medidas como la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % y los ajustes en el precio de los combustibles encarecieron de forma directa los servicios, los insumos y el transporte de mercaderías entre provincias.

A esto se sumaron los cortes de luz, que obligaron a negocios y productores a incurrir en gastos extras para operar plantas eléctricas y evitar pérdidas en sus cadenas de frío.

En el campo, las sequías y las lluvias intensas golpearon las cosechas, mientras que insumos básicos como los fertilizantes importados mantuvieron precios elevados. Todo este panorama de incertidumbre terminó alimentando la especulación en los mercados, donde el temor a la escasez o a nuevos aumentos hizo que varios productos esenciales subieran de precio más de lo que sus costos reales de producción justificaban.

En Ecuador, el problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto alcanza el ingreso para cubrir las necesidades del hogar. Con una inflación relativamente baja, pero con ingresos insuficientes, el consumidor pierde capacidad de compra y esto obliga a las familias a priorizar, recortar gastos y dejar productos fuera de su canasta.

Lo que debes saber

• La renovación parcial del CNE se aplaza hasta enero de 2027 tras cuatro años de retraso.
• Expertos proponen que la Asamblea designe autoridades o unificar el concurso para 5 vocales.
• El CPCCS y el CNE superan el 61 % de desaprobación ciudadana, según Click Research.

La renovación de dos de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador sufrirá una nueva postergación hasta enero de 2027, tras una modificación del cronograma resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección. El proceso, pendiente desde noviembre de 2021, mantiene a los cinco consejeros principales en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024, una situación que retrasa también la designación de los otros tres vocales y reactiva el debate sobre reformas urgentes al mecanismo de elección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Retraso crítico en el calendario del Consejo Nacional Electoral

Más de cuatro años después de la fecha en que debió ejecutarse la sustitución de autoridades electorales, el concurso público sigue inconcluso. La ampliación de los plazos posterga el desenlace institucional:

Tres propuestas para destrabar la designación de vocales electorales

Frente a la parálisis institucional, juristas y expresidentes electorales plantean alternativas para evitar que la renovación quede atrapada en disputas administrativas o políticas.

1. Trasladar la facultad de designación a la Asamblea Nacional

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostiene que la solución estructural radica en retirar al CPCCS la potestad de designar a determinadas autoridades del Estado y devolverla a la Asamblea Nacional.

A su juicio, el mecanismo parlamentario agilizaría las designaciones, aunque advierte la necesidad de contrapesos para impedir la concentración partidista. Aguinaga coincide con la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, pero aclara que no debe someterse a votación en la elección del 29 de noviembre porque "se va a tornar en un referéndum de aprobación a Noboa". En su lugar, sugiere una consulta independiente:

Hay que hacer un referéndum independiente con esta y otras preguntas que tengan que ver con la reingeniería de los partidos políticos, un nuevo sistema de partidos y el tema de quitarle esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

2. Unificar el concurso para renovar a los cinco consejeros

Por su parte, Esteban Ron, constitucionalista, experto electoral y decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, plantea ejecutar un solo concurso integral avalado jurídicamente por la Procuraduría General del Estado:

Esta opción fue anunciada en mayo de 2024 por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, e impulsada por el entonces consejero Juan Esteban Guarderas, quien propuso un calendario con nuevos requisitos manteniendo la veeduría y la comisión. No obstante, la moción fue revertida internamente. Para Ron, la traba no es legal: "Lo más sano sería reunificar y hacer un cambio de los cinco consejeros", apuntando a que el estancamiento responde a conveniencias y pactos políticos internos.

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3. Sanciones y destitución por incumplimiento de plazos

La tercera alternativa apunta a establecer responsabilidades legales para frenar demoras reiteradas. Aguinaga propone castigos severos para las autoridades del órgano nominador:

Debería haber sanciones fuertes de destitución para aquellos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumplen los plazos dentro de lo que debe cumplirse de conformidad con la Constitución de Montecristi, porque de ahí nació todo.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Factores detrás del bloqueo: pugnas políticas y recursos judiciales

Las causas de la dilatación del proceso generan versiones encontradas entre analistas y autoridades:

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Impacto en la credibilidad democrática y cifras de desaprobación

Para Aguinaga, extender el mandato prorrogado mina la certeza del sistema: "No podemos tener procesos electorales íntegros, claros, transparentes", lo que incrementa el descrédito ciudadano.

Este desgaste institucional se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de Click Research, realizada entre el 18 y el 23 de septiembre de 2026 a 3.800 personas en diez ciudades del país, los índices de rechazo son mayoritarios:

Lo que debes saber

• El Concejo de Guayaquil tiene 22 comisiones legislativas, pero no todas mantienen la misma actividad. 
• Una de ellas solo ha sesionado una vez desde 2023, mientras que ediles reconocen que hay mesas de trabajo que no han vuelto a ser convocadas.

Aunque son desconocidas para muchos, el Concejo de Guayaquil cuenta con 22 comisiones legislativas que, entre otras funciones, tienen como objetivo emitir conclusiones y recomendaciones. Estas pueden ser permanentes, especiales u ocasionales y, en resumen, constituyen mesas de trabajo que sirven de base para la toma de decisiones de la ciudad.

Sin embargo, durante la actual administración municipal, que empezó en 2023 con Aquiles Álvarez, existe un caso particular: hay comisiones que han sesionado una sola vez y otras que no han vuelto a ser convocadas durante períodos. Los propios ediles reconocen que, en algunos casos, desconocen las razones.

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Es el caso de la concejala Ana Chóez, exintegrante del Partido Social Cristiano (PSC). La Comisión de Acción Social, de la que forma parte junto con Blanca López y Emily Vera, ha sesionado una sola vez durante la actual administración, según la edil.

“Es un dato que preocupa y que debe transparentarse. Pero también hay que explicar por qué una comisión del Concejo puede llegar a ese nivel de inactividad. Como concejal de oposición, he encontrado dificultades para ejercer plenamente las funciones de fiscalización y control que establece la ley”, argumenta Chóez ante la consulta de EXPRESO.

Una comisión solo ha sesionado una vez, dice edila

La concejala revela que la última sesión de esta comisión se realizó en 2023 y que, desde entonces, no se ha vuelto a convocar. En aquella reunión se abordaron temas correspondientes a la comisión, aunque Chóez sostiene que posteriormente no se han generado nuevos espacios formales de trabajo.

Ante la consulta sobre si considera que existe alguna comisión con poca o nula actividad y a qué podría deberse esta situación, Chóez respondió que sí. A su criterio, las comisiones no pueden existir únicamente en el papel. “Son herramientas fundamentales para que el Concejo pueda legislar y fiscalizar”, dice.

“En mi caso, además, existe un componente político que no podemos desconocer. Al ser parte de la oposición, hemos enfrentado dificultades para desarrollar nuestra tarea fiscalizadora, particularmente cuando solicitamos información o pretendemos hacer seguimiento al uso de recursos públicos. Lo digo con claridad: la oposición no está para aplaudir a la administración de turno; está para controlar, preguntar y exigir cuentas. Y cuando se dificulta ese trabajo, no se perjudica a una concejal ni a un bloque político: se perjudica a los ciudadanos”, acota.

Chóez no es la única que advierte sobre la poca actividad de algunas comisiones

Nelly Pullas, su excompañera de bancada y actual concejala por el PSC, señala que uno de los principales objetivos de estas mesas es trabajar en propuestas de ordenanzas. Remarca, además, que deben estar integradas por quienes tengan conocimientos en torno a los temas que se analizan y deciden.

La concejala forma parte de varias comisiones y explica que su trabajo más reciente ha estado relacionado con temas de turismo. “(Para) Las otras, no hemos sido convocados. Las razones las desconozco”, comenta.

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Pullas añade que la última comisión en la que participó sesionó la semana anterior y estuvo relacionada con el análisis de un futuro monumento a la mujer guayaquileña.

Blanca López responde a EXPRESO

Por su parte, la exvicealcaldesa Blanca López, actual concejala por la Revolución Ciudadana, le indicó a este Diario que desde el inicio de la actual gestión municipal, ha formado parte de ocho comisiones legislativas. Según López, entre 2023 y 2026 se registran 32 convocatorias a sesiones de las comisiones de las que forma parte.

“El detalle anual es el siguiente: diez convocatorias en 2023, diez en 2024, siete en 2025 y cinco en 2026. Estas cifras corresponden a las convocatorias registradas en las comisiones en las que participo, ya sea como presidenta o como integrante”, especifica.

De acuerdo con la edil, la mayor actividad se concentra en la Comisión de Planificación y Presupuesto, que registra 21 convocatorias durante esta administración. La última sesión registrada, antes de la sesión de la Comisión de Ambiente convocada para el 8 de octubre de 2026, fue para la Comisión Legislativa de Planificación y Presupuesto, realizada el 28 de septiembre de 2026, precisa López.

A la consulta sobre si considera que hay alguna comisión con poca o nula actividad y a qué se debe, López reconoce que, según las cifras, existen comisiones que han tenido pocas convocatorias durante determinados períodos.

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“Considero, sin embargo, que el número de sesiones por sí solo no determina necesariamente el nivel de trabajo de una comisión. La actividad legislativa depende de la existencia de proyectos, ordenanzas, informes o asuntos que correspondan a las competencias específicas de cada comisión y que requieran conocimiento, análisis o resolución por parte de sus integrantes”, aclara.

También considera importante señalar que una parte del trabajo de los concejales se desarrolla mediante el seguimiento de información, solicitudes de informes, reuniones de trabajo, mesas técnicas y procesos de socialización, los cuales no necesariamente se traducen en una convocatoria formal de comisión.

"Las comisiones deben mantener una actividad acorde"

“Dicho esto, considero que las comisiones legislativas deben mantener una actividad acorde con las necesidades de la ciudad y con las competencias que tienen asignadas. Cuando existen asuntos pendientes o temas que requieren tratamiento legislativo, corresponde impulsar las convocatorias y generar los espacios necesarios para su análisis”, explica.

Para este artículo, EXPRESO consultó a los 14 ediles. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, únicamente tres respondieron: Ana Chóez, Nelly Pullas y Blanca López.

Los demás concejales, entre ellos Fabián Espín, Emily vera, Cinthia García, no atendieron las consultas efectuadas por este Diario.