Los puntos claves de este artículo

• En menos de dos años, cinco episodios políticos y judiciales reconfiguraron el tablero electoral de Guayaquil y redujeron el número de actores con opciones de disputar la Alcaldía.
• La salida de potenciales candidatos, las investigaciones contra Aquiles Álvarez, la suspensión de movimientos políticos y la renuncia de Marcela Aguiñaga modificaron el escenario previo a las elecciones seccionales.
• Mientras la ciudad era escenario de esos episodios, ADN ajustó su estrategia y terminó apostando por Cynthia Viteri -exalcaldesa que enfrenta investigaciones por presunta corrupción-, para intentar conquistar uno de los principales bastiones electorales del país.

En los últimos dos años han ocurrido varios hechos que si se los ve de forma dispersa parecerían que han sido casuales, propios de un ecosistema político improvisado o desconectado. Sin embargo, las implicaciones de cada episodio han tenido un efecto directo o indirecto en los intereses del poder de turno si se los mira en conjunto.

De tal forma, varios de los eventos se han convertido en una suerte de maniobra estratégica para allanar el camino de Daniel Noboa, a través de los colores de ADN y de su carta política al gobierno local más importante de la provincia del Guayas.

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Primer episodio: Andrea González, de candidata a embajadora

Tras el fallido gobierno de Guillermo Lasso en 2023, la elección de Daniel Noboa como presidente de la República y poco más de un año de su primer mandato, corría la campaña para las elecciones generales de 2025 y entre los candidatos de ese proceso emerge la figura de Andrea González Nader.

La guayaquileña, activista ambiental y empresaria interesó a una parte del electorado por su imagen fresca y un discurso frontal contra el narcotráfico y la corrupción, bajo los colores del Partido Sociedad Patriótica. Era su segunda experiencia como candidata. En 2023 fue el binomio de Fernando Villavicencio (+).

En dichas elecciones, González quedó en el cuarto puesto de dieciséis postulantes, con 275.376 votos, detrás de Noboa, Luisa González y Leonidas Iza. Las dos campañas electorales, sus declaraciones críticas a obras de la administración de Aquiles Álvarez, como el paso elevado en la avenida del Bombero, hicieron familiar su rostro para los guayaquileños. Tanto fue así que la misma Andrea González consideró abiertamente buscar la Alcaldía de Guayaquil.

"Hemos sido claros desde el inicio. Tenemos el anhelo de transformar Guayaquil en una ciudad sostenible, dinámica, vibrante y para todos (…). Estamos en conversaciones con sectores políticos, sociales y económicos porque creemos que es el momento de un relevo generacional", dijo la ambientalista a Ecuavisa en julio de 2025.

No obstante, seis meses después, González sorprendió al aceptar el encargo de Daniel Noboa como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de Bélgica.

Esa se podría decir fue primera baja de quienes aspiraban llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

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Segundo episodio: el encarcelamiento de Aquiles Álvarez

La versión más caótica de la relación política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene sus inicios en 2023. El 9 de octubre de ese año, Álvarez criticó que Noboa, entonces candidato a la Presidencia, no asistiera a la sesión solemne de la ciudad y que realizara un acto proselitista cerca del evento del cabildo.

Al año siguiente, la Fiscalía inició las investigaciones por un presunto desvío y comercialización ilegal de combustibles subsidiados, por parte de empresas relacionadas con Álvarez, que posteriormente se conocería como caso Triple A, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).

El 9 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos en contra de Álvarez y pidió la vinculación de 10 personas más. La defensa del alcalde había logrado sortear los pedidos de prisión preventiva del Ministerio Público en esa y otras instancias hasta el 10 de febrero de 2026. Ese día, la Policía lo detiene en el allanamiento de su casa. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Álvarez también enfrenta otra investigación, denominada caso Goleada, que se deriva de Triple A.

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Mientras el alcalde ha enfrentado esas investigaciones, el Concejo Cantonal atendió un pedido de remoción del cargo, que no prosperó porque, se argumentó, su ausencia estaba justificada por estar detenido.

En la cancha electoral, Álvarez también ha realizado un movimiento que busca mantener en vigencia su mano sobre la ciudad: ante la evidente imposibilidad de correr por la reelección escogió a uno de sus abogados para que busque la alcaldía: David Norero. Así lo dijo el letrado tras haber conversado con el alcalde encarcelado.

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Tercer episodio: la RC y Amigo, suspendidos por nueve meses

Dos organizaciones políticas también han sido parte de los episodios de esta historia de poder. Los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) fueron suspendidos de la vida política por nueve meses.

Las suspensiones se derivan de los fallos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras recibir la denuncia de la Fiscalía en torno a casos de presunto lavado de activos.

La RC fue sancionada por el denominado caso Caja Chica el 6 de marzo de 2026; y, Amigo, el 17 de julio pasado. La organización correísta había definido la participación de sus cuadros bajo los colores de la lista 16, como el vehículo electoral para sortear la primera sanción.

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Cuarto episodio: la renuncia sorpresiva de Marcela Aguiñaga

La renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas tiene también un peso político importante en el tablero político, ya que la abogada que surgió de las filas correístas se había posicionado como una opción para buscar la reelección, otra dignidad local o nacional.

El 14 de mayo, Aguiñaga presentó su renuncia de forma oficial y presidió un acto de rendición de cuentas de su gestión. Días atrás, ella había indicado que tomaba la decisión de dejar ese cargo público para dedicarse al cuidado de su esposo.

En el acto de rendición de cuentas, ella indicó: “No vengo solo a rendir cuentas (…). Es un acto con sabor a despedida, pero es solo un hasta pronto”.

En la administración de Aguiñaga como prefecta del Guayas se vivieron altas y bajas en su relación con el Ejecutivo. El 22 de julio de 2024, Noboa y Aguiñaga participaron de un acto oficial. El Gobierno central entregó una garantía soberana por 50 millones de dólares, para programas de riego, vías y vivienda en Guayas.

Se fotografiaron. Ambos, sonrientes, sostuvieron una orquídea morada en una tarima.

Sin embargo, la falta de cumplimiento de compromisos generó fricciones. "En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, dijo Aguiñaga a inicios de este año. También ha sido notoria su posición frente a la situación que atraviesa el alcalde Aquiles Álvarez.

Quinto episodio: la curiosa elección de Cynthia Viteri

Se cierra el círculo. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) movió sus fichas en el proceso de perfilar a la mejor carta que convenza al electorado guayaquileño: Niels Olsen, hombre de confianza de Noboa, quien se había desempeñado como presidente de la Asamblea Nacional, renunció a ese cargo para ponerse la camiseta de futuro candidato.

El exministro de Turismo de Guillermo Lasso y Daniel Noboa usó sus redes sociales para promocionar su precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. “Guayaquil es la ciudad donde nací, donde crecí, donde están creciendo mis hijos”, dijo en un video el empresario, que está empadronado en Samborondón.

Sin embargo, el 16 de julio, ADN cambió de opinión: la futura candidata a la Alcaldía de Guayaquil será Cynthia Viteri, política que hizo su carrera en la vida pública de la mano del socialcristianismo. Fue alcaldesa de Guayaquil del 2019 al 2023. Buscó la reelección, pero perdió frente a Aquiles Álvarez.

La elección de Viteri fue sorpresiva y generó suspicacias porque previo al anuncio de ADN ocurrieron dos cosas. 

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La sorpresiva selección de Viteri reconfigura el tablero político local. Se trata de uno de los movimientos más arriesgados del oficialismo para captar el Municipio de Guayaquil, teniendo en cuenta que Viteri, como alcaldesa, hizo de su administración un proyecto personalísimo, distante al de sus antecesores y marcado por denuncias de corrupción.

Las claves que debes saber

• Precandidato de Izquierda Democrática explica por qué busca la Alcaldía de Quito tras su salida del CPCCS.
• Propone priorizar seguridad, movilidad y desarrollo social para Quito y recuperar instituciones municipales.
• Cuestiona gestión de Pabel Muñoz y plantea investigar la AMT sin subir el pasaje en 2027.

El precandidato por Izquierda Democrática (ID), Juan Esteban Guarderas, habla sobre las razones que lo llevaron a aceptar la precandidatura a la Alcaldía de Quito, explica por qué eligió ese movimiento político, plantea sus principales propuestas para la capital y cuestiona la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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¿Por qué decidió postularse a la Alcaldía de Quito y por qué considera que este es el momento adecuado?

Mi candidatura nace de un contexto muy particular. Después de mi destitución del Consejo de Participación Ciudadana se hicieron públicos chats que, a mi criterio, demostraban que yo era un obstáculo para quienes buscaban controlar instituciones del Estado. 

Eso hizo que muchos líderes barriales y ciudadanos me pidieran asumir este reto. Analicé si existían las condiciones para construir un proyecto serio y concluí que había una responsabilidad con quienes confiaban en mí.

Usted anunció su intención de ser candidato antes de tener un movimiento político. ¿Por qué eligió finalmente a la Izquierda Democrática?

Porque soy una persona de izquierda democrática. Creo en un Estado que garantice salud, educación y oportunidades con dignidad, pero rechazo los modelos autoritarios. Además, es el único partido en el que he militado y regresar era una decisión coherente. 

Finalmente, mi principal bandera es la lucha contra la corrupción y considero que la Izquierda Democrática no arrastra grandes casos de corrupción que hayan marcado su historia.

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¿Cuál considera que es el principal problema que enfrenta Quito?

El principal problema es que el crimen organizado ha ganado espacio tanto en territorios como en instituciones públicas. Eso limita la capacidad del Municipio para responder a las necesidades de los ciudadanos. Recuperar esas instituciones será prioridad.

¿Cuál sería su primera decisión si llega a la Alcaldía?

Solicitar la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Considero que es una institución que necesita ser investigada y recuperada para devolverle la confianza a la ciudadanía.

¿Qué evaluación hace de la administración del alcalde Pabel Muñoz?

Creo que el Municipio ha sido utilizado más como una plataforma política que como una institución enfocada en resolver los problemas de la ciudad. 

Quito necesita una administración técnica, con profesionales especializados y decisiones orientadas al bienestar ciudadano.

La propuesta de Juan Esteban Guarderas

¿Cuáles serán sus tres principales ejes de gobierno para Quito?

El primer eje será la seguridad. Mi diagnóstico es que Quito ha perdido control sobre parte de sus instituciones y de su territorio, por lo que el Municipio debe recuperar su capacidad de gestión y coordinación para enfrentar la delincuencia. 

El segundo eje será la movilidad, porque una ciudad donde las personas no pueden desplazarse con facilidad termina fragmentándose. El tercero será el desarrollo social, con especial atención a grupos vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia.

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¿Cómo enfrentará la inseguridad si las competencias municipales en seguridad son limitadas?

La seguridad también depende del ordenamiento territorial, de la planificación urbana y de la recuperación del espacio público. Además, propongo crear una Fiscalía Municipal que complemente el trabajo de la Fiscalía General del Estado. 

No tendría funciones para reemplazarla, sino para investigar, presentar denuncias y apoyar procesos relacionados con delitos que afectan directamente a Quito, como las extorsiones, la delincuencia organizada y las invasiones de tierras.

¿Qué medidas impulsará para reactivar la economía y apoyar a los emprendedores?

Uno de mis proyectos es crear incubadoras municipales para artesanos y pequeños productores. Estos espacios ofrecerían infraestructura, servicios básicos y condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus actividades sin asumir costos que muchas veces hacen inviables sus emprendimientos.

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Gran parte de su trayectoria pública ha estado ligada a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo garantizará que esa bandera se traduzca en una administración transparente?

Creo que varias entidades municipales no han cumplido su función. Por eso planteo una reestructuración institucional que permita reducir burocracia, fortalecer los mecanismos de control y devolver competencias a instancias que puedan ejercer una fiscalización más efectiva.

¿Está de acuerdo con un incremento del pasaje del transporte urbano en 2027?

No. Estoy convencido de que es posible mejorar el servicio sin aumentar la tarifa. El problema del transporte público no pasa solo por el valor del pasaje, sino por una mala planificación de las rutas. 

Existen barrios con alta demanda que no cuentan con suficiente cobertura, mientras otros recorridos atraviesan zonas donde su operación resulta poco eficiente. Reorganizando el sistema se puede mejorar el servicio y mantener la tarifa actual.

¿Quién es Juan Esteban Guarderas?

Construyó su carrera pública desde la fiscalización y la defensa de la institucionalidad democrática. Abogado y activista anticorrupción, fue vocal del CPCCS y fundador de la Fundación Lucha Anticorrupción. Ahora aspira a la Alcaldía de Quito por Izquierda Democrática (ID) con propuestas para fortalecer la seguridad, la movilidad y la transparencia municipal.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa ratifica diseño de Sanaa para Museo Nacional tras dos concursos en Quito.
• Exjurado cuestiona el proyecto por riesgos técnicos, costos y conservación del patrimonio cultural.
• Polémica crece por presuntas irregularidades, conflictos de interés y cambio del ganador original.

Pudieron ahorrarse plata, tiempo y bochorno: finalmente, al cabo de un escándalo y dos concursos (uno legítimo, con un jurado internacional de primer nivel que deliberó durante más de un mes; otro de juguete, con una apresurada reunión de amigos que no tuvieron inconveniente en prestarse para la manipulación y sacar un veredicto en poco más de un día), el proyecto arquitectónico elegido para convertirse en la sede del nuevo Museo Nacional del Ecuador fue exactamente el mismo que el gobierno de Daniel Noboa había designado a dedo desde el principio. 

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¿Alguien podía creer que ocurriría de otra forma? Se trata de “Estratos vivos”, diseño del estudio japonés Sanaa, de la arquitecta Kazuyo Sejima, con sus socios ecuatorianos A0, de Ana María Durán Calisto, entre otros. 

Es el proyecto que, durante el primer concurso, el verdadero, el gobierno quiso imponer como segundo premio con la evidente intención de reemplazar con él al que resultara ganador. El jurado no admitió las presiones y premió al que consideró mejor. Lo demás es historia.

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¿Por qué el jurado inicial no escogió al nuevo ganador?

El español Alejandro Zaera Polo, miembro de ese primer jurado de calificación (arquitecto por la Politécnica de Madrid, postgraduado en Harvard, exdecano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Princeton…), ha explicado con argumentos técnicos que no han sido rebatidos por nadie hasta la fecha las razones por las cuales el proyecto de Sanaa, elegido no por nadie más sino por el gobierno, era uno de los peores del concurso. 

Si le dieron una mención, explicó en el podcast Politizados, de este Diario, fue para manejar las presiones políticas.

Salas poco o nada flexibles, más bien pequeñas y delimitadas por grandes ventanales de vidrio curvo, que prácticamente no ofrecen ninguna posibilidad de juego museográfico; sobre ellas, una secuencia de terrazas que hará de las filtraciones un problema permanente; un acceso constante del público desde el exterior a todos los niveles, incompatible con las exigencias de seguridad de los tesoros que ahí se guardan; archivos y reserva instalados en el subsuelo, en una zona (la de la vieja laguna de Iñaquito) conocida por su altísimo nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra la parte superior del acuífero subterráneo, el punto donde la tierra está completamente saturada de agua. En otras palabras: espacios inundables. 

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Sin contar con el permanente riesgo sísmico de Quito, que se cuenta entre los más altos del mundo. Por eso, una de las consideraciones del primer jurado fue que el subsuelo era el lugar más irresponsable para situar la reserva del museo.

Eso es el proyecto ganador por voluntad del gobierno: un proyecto irresponsable. Peor aún: un anteproyecto. Ahora viene un concurso público para adjudicar la construcción, etapa en la que se descubrirá que los desafíos del diseño de Kazuyo Sejima obligarán a ajustar los presupuestos (los cien millones de dólares ya asignados serán insuficientes, según Zaera Polo) o introducir variaciones para abaratar el diseño y que terminarán convirtiéndolo en un esperpento.

Luque evade plan inmobiliario y el conflicto de interés

Roberto Luque, el ministro a cargo de este nuevo proyecto casi tan caro como Progen, no responde a ninguna de estas críticas. Le basta con el argumento de la supuesta voluntad popular, que no es otra cosa que la razón populista. 

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El museo, dice, debe ser un punto de encuentro en el que los ciudadanos se reconozcan y con el que se identifiquen. Como si el extraordinario patrimonio histórico y cultura que se va a exhibir ahí no tuviera el suficiente poder de convocatoria y la suficiente capacidad de generar identidad y encuentro.

Por lo demás, el ministro no sabe ni contesta. No se ha enterado, así dice, de ningún proyecto inmobiliario en las inmediaciones, aunque hasta la exviceministra de Cultura habló de las cinco torres en el terreno adyacente y el propio Alberto Campo Baeza, arquitecto del proyecto que ganó el primer concurso y fue desconocido por voluntad del gobierno, las incluyó en sus planos tridimensionales. 

Tampoco sabe nada Roberto Luque sobre los conflictos de interés de los miembros del jurado de juguete que nombraron para el simulacro de concurso con el que se completó el proyecto. 

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Que el Grupo Nobis, para quien trabaja uno de ellos, el arquitecto Christian Wiese, a cargo del desarrollo inmobiliario de otro de los lotes circundantes, no es del presidente sino de la tía, explica, y cuesta creer que está hablando en serio. 

El Gobierno olvida el significado del Museo Nacional

¿Y en cuanto a los líos jurídicos que provocará el hecho de haberle quitado el primer premio a su legítimo ganador? “Ese es un problema del Colegio de Arquitectos”, se lava las manos el ministro de Progen. 

Porque proclamaron al ganador sin consultar con la empresa pública a cargo del proyecto. O sea que el jurado internacional que tomó su decisión estaba ahí de adorno: al final era la empresa pública la que tenía la última palabra.

El caso es que no habrá en el Ecuador un auténtico museo nacional digno de ese nombre mientras dure el gobierno de Daniel Noboa. 

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Y no lo habrá porque la burocracia a cargo, esa argolla de especuladores enchufados que tuvieron la audacia de desprenderse de los especialistas (la viceministra de Cultura Romina Muñoz y su equipo técnico, incluido el director del Museo), esos funcionarios como el ministro de Progen, gente sin densidad intelectual ni profundidad espiritual para comprender lo que aquí está en juego, no son ni remotamente capaces de entender la dimensión del patrimonio cultural e histórico de la nación en aquello que tiene de intangible, si es que acaso la palabra “nación” les dice algo.

Para ellos nomás existe el gobierno como oportunidad de hacer negocios. Lo mejor que puede pasar en esas circunstancias es que el Museo Nacional no se construya.

Lo que debes saber

• Las utilidades empresariales crecieron 34 % en 2025 y alcanzaron un récord de $10.017 millones, pero el 87 % se concentró en las grandes empresas.
  
• Las microempresas continuaron registrando pérdidas por cuarto año consecutivo, pese a una leve reducción de los números rojos.
  
• Analistas atribuyen esta brecha a la falta de financiamiento, la inseguridad, la competencia informal y la ausencia de una ley específica para las pymes.

El 2025 dejó una fotografía aparentemente positiva para la economía ecuatoriana. Las utilidades empresariales alcanzaron niveles récord, en medio de un año de crecimiento económico. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad menos alentadora: las empresas más pequeñas, que constituyen la base del tejido productivo nacional, continuaron acumulando pérdidas.

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías), de las 149.495 empresas que presentaron sus estados financieros (el último ejercicio económico del 2025) a junio de este año, solo 68.423 registraron utilidades, lo que equivale al 46% del total de empresas.

Estos valores, según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, pasaron de 7.463 millones de dólares en 2024 a 10.017 millones en 2025, un incremento de 2.554 millones o del 34%.

No obstante, ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme.

Las grandes empresas elevaron sus ganancias

Mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.

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Más ganancias, más desigualdad

De acuerdo con este estudio, al que accedió EXPRESO, las “actividades financieras y de seguros” fueron las que concentraron las mayores utilidades el año pasado. Este sector obtuvo ganancias por 2.406 millones de dólares, equivalentes al 24,02% del total nacional, tras registrar un crecimiento del 41% respecto al año anterior.

Para Luis Bayardo, director de la carrera de Economía de la Salesiana, estos resultados son un reflejo de que el crecimiento económico no está llegando a todos los segmentos empresariales por igual. “Cada vez más gente tiene menos y menos gente tiene más”, sostiene.

El académico respalda su afirmación con datos del Banco Mundial. Según explica, el organismo divide a la población en cinco quintiles de ingreso. En 2024, el quintil más rico concentraba el 50% de todos los ingresos del país. En 2025 esa participación subió al 51%, una señal de que la distribución de la riqueza tiende a concentrarse.

Esa lógica, dice, se refleja en el sector empresarial: mientras los segmentos más grandes acumulan utilidades crecientes, miles de pequeños negocios luchan por sobrevivir.

Negocios de subsistencia

Para Christian Cisneros, representante de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), el problema comienza incluso antes de que las empresas entren al mercado.

Explica que el 95% del tejido empresarial ecuatoriano está compuesto por microempresas, pero gran parte de ellas surgen por necesidad económica o desempleo, y no como respuesta a una demanda específica del mercado.

La consecuencia de esto, señalan los expertos, es que terminan operando en un mercado donde numerosos negocios compiten entre sí por los mismos clientes, muchas veces en condiciones de informalidad y sin planificación suficiente para crecer hacia categorías superiores.

Héctor Delgado, analista económico y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), dice que a ello se suman factores como la inseguridad, la falta de liquidez y las dificultades para acceder al financiamiento formal, que obligan a muchos emprendedores a recurrir al crédito informal o al denominado ‘chulco’, con tasas de interés que, según un reciente estudio de Equifax, alcanzan en promedio el 1.238% anual.

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A ese escenario “se suma la dificultad que tienen los pequeños negocios para incorporar tecnología y con ello mejorar su productividad, además de acceder a procesos de capacitación que les permitan ser más competitivos”, en un mercado donde además compiten cada vez más productos importados y la fuerte oferta de plataformas de comercio electrónico.

Según Cisneros, rubros como el textil y el calzado han registrado caídas de entre el 30% y el 40% en sus volúmenes de ventas formales desde el año 2023, debido a una mayor oferta foránea.

Los analistas coinciden en que existe una deuda histórica en materia de políticas públicas para las pequeñas empresas. “Tenemos una Ley de Economía Popular y Solidaria, pero no hay ninguna ley de pymes”, advierte Cisneros.

A su juicio, la ausencia de un marco legal específico impide desarrollar instrumentos que permitan fortalecer a un sector que representa a la inmensa mayoría del aparato productivo nacional.

El acceso a créditos es diferenciado

Entre sus propuestas figuran la incorporación de sistemas de gestión y calidad como política de Estado, mecanismos que faciliten la asociatividad empresarial para exportar de manera conjunta y, sobre todo, soluciones para el acceso al financiamiento.

Mientras las grandes compañías acceden a créditos productivos con tasas relativamente bajas, las micro y pequeñas empresas suelen enfrentar intereses de entre el 21% y el 27% en el sistema cooperativo, debido a que muchas veces son evaluadas bajo esquemas similares a los del crédito de consumo.

Por ello, Canape plantea que la banca pública implemente sistemas de garantías o fideicomisos que respalden a las pequeñas empresas cuando no cuentan con suficientes activos para cubrir las exigencias de los bancos.

Gremios más debilitados

La situación ya muestra efectos visibles. Según Canape, varias cámaras provinciales de la pequeña industria, como las de Tungurahua e Imbabura, desaparecieron tras ser absorbidas por organizaciones empresariales más grandes.

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Esto debido a un menor número de afiliados. Gremios que antes del período 2019-2021 reunían entre 2.000 y 5.000 socios, hoy apenas mantienen entre 300 y 400 miembros.

La propia Canape funciona como una cámara de gremios que agrupa a 17 organizaciones provinciales y nacionales.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa reemplazó el Plan Fénix en 2026 con un Plan Nacional de Seguridad con metas e indicadores.
• Expertos analizan por qué el Plan Fénix nunca pudo evaluarse durante el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
• El nuevo Plan Nacional de Seguridad busca enfrentar el crimen organizado con una estrategia integral hasta 2029.

Durante casi dos años, el Gobierno de Daniel Noboa defendió el denominado Plan Fénix como el eje de su política de seguridad. Sin embargo, ese plan estuvo rodeado de un permanente cuestionamiento: nunca fue publicado, sus objetivos permanecieron reservados y jamás se conocieron indicadores que permitieran evaluar si estaba cumpliendo o no sus propósitos. Su existencia terminó convirtiéndose en un debate político más que en una política pública verificable.

Con la expedición del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Ejecutivo cambia de rumbo. El nuevo documento, de más de un centenar de páginas, reemplaza oficialmente al Plan Fénix y, por primera vez desde la llegada de Noboa al poder, establece objetivos institucionales, líneas estratégicas y resultados esperados para las entidades encargadas de la seguridad.

El giro también representa un reconocimiento implícito de una de las principales críticas que acompañó al Gobierno: la ausencia de una hoja de ruta pública.

Un vacío que se extendió por varios gobiernos

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el problema no comenzó con el Plan Fénix. Ecuador arrastra varios años sin un instrumento formal de planificación estratégica.

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"El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Integral en 2022, pero nunca llegó a consolidarse ni publicarse. Con el gobierno de Noboa tampoco existió un plan hasta ahora", explica.

A su juicio, la importancia del nuevo documento radica precisamente en que recupera una obligación establecida en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dispone la existencia de un Plan Nacional de Seguridad Integral como instrumento rector de la política pública. En ese sentido, sostiene que es el primer plan oficialmente vigente desde el publicado en 2021 y que se ubica en el nivel político-estratégico del Estado.

El contraste con el Plan Fénix es evidente. Mientras aquel permaneció bajo reserva y sin parámetros públicos de evaluación, el nuevo documento identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y plantea resultados que, al menos en teoría, podrán ser medidos.

Del secreto a la planificación

Entre los principales cambios figura una visión más amplia de la seguridad. La estrategia ya no se limita exclusivamente al accionar militar y policial. El documento incorpora a instituciones como el SNAI, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Centro Nacional de Inteligencia, además de mantener la participación de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios hasta 2027.

También reconoce amenazas que van desde el crimen organizado transnacional y la minería ilegal hasta los delitos ambientales, la corrupción y los riesgos derivados de la ciberseguridad. 

El enfoque busca integrar prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. No obstante, especialistas advierten que el verdadero desafío comienza después de la publicación del documento.

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Un plan que aún debe aterrizar

El exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, considera que el plan llega con retraso y todavía requiere convertirse en acciones concretas.

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"Este plan debió presentarse el año pasado. Está en el nivel político-estratégico; no es todavía un instrumento táctico con indicadores específicos", señala.

Para Bravo, el mayor acierto es que plantea una política pública con una visión integral, dejando atrás una estrategia exclusivamente coercitiva basada en el Bloque de Seguridad. Sin embargo, cree que su principal limitación es el horizonte temporal.

"Me hubiera gustado que fuera una política de Estado y no únicamente de Gobierno. Se fija hasta 2029, cuando debería trascender cualquier administración. La violencia no terminará en seis meses ni en un año; esto requerirá entre diez y quince años fortaleciendo las capacidades del Estado frente a las mafias", sostiene.

Las cifras que marcaron el cambio

El relevo entre el Plan Fénix y el nuevo Plan Nacional ocurre en un contexto complejo. Aunque el Gobierno ha destacado reducciones en determinados indicadores de violencia durante 2026, Ecuador continúa figurando entre los países con mayor incidencia del crimen organizado en la región y mantiene altos niveles de homicidios registrados desde el inicio del conflicto armado interno.

Esa realidad alimentó los cuestionamientos sobre la efectividad del Plan Fénix, precisamente porque nunca existieron metas públicas contra las cuales contrastar los resultados obtenidos.

Las alertas desde los derechos humanos

No todos observan con optimismo el nuevo documento. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, advierte que algunos conceptos incluidos en el plan pueden abrir espacios para interpretaciones amplias que afecten derechos fundamentales.

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"Nos preocupa profundamente la referencia al extremismo violento porque allí podría caber cualquier forma de disidencia u oposición. Eso puede afectar el derecho a la protesta y desconoce principios como la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidos por la Constitución", afirma.

Idrovo también cuestiona que el cambio de documento no implica necesariamente una transformación del modelo de seguridad. "Es una vieja receta que ya fracasó. Con el Plan Fénix Ecuador alcanzó posiciones críticas en los índices internacionales de crimen organizado y registró los mayores niveles de muertes violentas de su historia", sostiene.

Las observaciones coinciden con recientes llamados de organismos internacionales para que la cooperación en seguridad, incluida la que mantiene Ecuador con Estados Unidos, incorpore mecanismos de transparencia y respeto a los derechos humanos.

El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Las soluciones a los varios problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel.Diego Pérez, Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN

Del papel a los resultados

Para Diego Pérez, el nuevo plan constituye apenas el punto de partida. "Las soluciones a los problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel", advierte.

El académico insiste en que la recuperación de la seguridad exigirá políticas sostenidas durante varios años, articulación institucional y capacidad para convertir la planificación en resultados verificables.

En ese sentido, el principal reto del Gobierno ya no será explicar la existencia de un plan, sino demostrar que las metas plasmadas en él pueden traducirse en una reducción sostenida de la violencia. Si el Plan Fénix quedó marcado por la imposibilidad de medirlo, el nuevo Plan Nacional enfrentará una prueba distinta: ser evaluado por objetivos que ahora sí quedaron escritos.

De acuerdo con las cifras oficiales del sistema gubernamental Turismo en Cifras, en 2019, el último año previo a la pandemia de COVID-19, Ecuador recibió 2’043.993 visitantes extranjeros y obtuvo $2.288 millones por turismo receptor. Ese año, la actividad se consolidó como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país, solo por detrás del banano y el camarón.

El desplome llegó en 2020 por las restricciones sanitarias. Sin embargo, mientras países vecinos como Colombia ya superaron ampliamente sus niveles prepandemia, Ecuador todavía no consigue recuperar el terreno perdido.

El mejor desempeño del sector desde la pandemia se registró en 2023, cuando ingresaron un poco más de 1,4 millones de extranjeros y el turismo receptor generó casi $1.500 millones. Desde entonces, las llegadas volvieron a disminuir y el país ha dejado de percibir al menos $5.337 millones en ingresos turísticos acumulados durante los últimos cinco años.

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Los balnearios, entre los más golpeados

La caída se refleja en balnearios como Olón, un rincón costero donde la presencia de turistas extranjeros ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía local.

“En 2024 tuve todos los fines de semana de junio a septiembre llenos, pero en 2025 bajó mucho y, en lo que va de 2026, solo en febrero y marzo he tenido algunos”, cuenta a EXPRESO Narcisa Álvarez, quien arrienda una casa cerca del mar y forma parte de un comité de anfitriones de villas del sector. El grupo asegura que la ausencia de visitantes extranjeros se ha vuelto cada vez más evidente.

“Sabemos que la inseguridad ha influido bastante en la reducción del turismo extranjero en Olón”, puntualiza.

Aunque sí una de las más golpeadas, el problema no se limita a esta playa. La disminución de visitantes se extiende a otros balnearios de Santa Elena y afecta a una provincia donde, según el sector, hasta el 70 % de la población depende del turismo, especialmente durante las épocas de veda, cuando muchos pescadores deben suspender sus faenas.

Así lo sostiene Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, quien atribuye principalmente el descenso del turismo internacional al deterioro de la seguridad en el país durante los últimos años. Aun así, reconoce que el turismo interno ha permitido sostener la economía de las comunidades costeras.

“Nos afecta mucho porque el turismo internacional es el que más dinero deja. Los extranjeros no solo vienen a comer; también pernoctan y alquilan casas y hoteles”, explica.

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El turismo doméstico sostiene al sector

A diferencia del turismo internacional, el turismo interno sí ha superado los niveles prepandemia, al menos durante los feriados nacionales. Según el Viceministerio de Turismo, los viajes internos pasaron de 6,81 millones en 2019, cuando generaron $385 millones en gasto turístico a 8 millones en 2025, con un movimiento económico de $505 millones.

Solo en los tres primeros feriados de 2026, el gasto turístico ya suma $224,43 millones, un 22,9 % más que en el mismo período de 2025, cuando alcanzó $182,63 millones. Este crecimiento ha estado acompañado por la ampliación de los fines de semana largos impulsada por el Gobierno.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), celebra el dinamismo del turismo interno, aunque advierte que este no reemplaza el ingreso de divisas que genera el visitante extranjero.

A su juicio, además de la inseguridad (que se agravó desde 2021) y de la crisis eléctrica de 2024, el principal problema ha sido la escasa promoción internacional del país.

“Nuestros vecinos destinan entre 50 y 60 millones de dólares para promocionarse. A nosotros, en el Ministerio de Turismo nos han llegado a decir que apenas hay 400.000 dólares al año”, sostiene.

Muñetón considera que la inseguridad, por sí sola, no explica el rezago ecuatoriano. Como ejemplo menciona a Colombia, con ciudades como Cartagena y Medellín, o a Brasil con sus favelas y México, países que continúan atrayendo turistas pese a enfrentar problemas de violencia.

Y es que la comparación regional evidencia la diferencia en la recuperación. Colombia pasó de recibir 4,5 millones de turistas extranjeros en 2019 a 6,5 millones en 2025, superando ampliamente su nivel prepandemia. Perú, aunque todavía no alcanza los 4,4 millones de visitantes de 2019, ya se acercó a esa cifra al registrar 4,1 millones en 2025, según datos de los Gobiernos de ambas naciones.

“Y no todo es responsabilidad del Gobierno; las alcaldías también deben promocionar sus ciudades y muchas no lo hacen. Con la belleza que tiene Ecuador, ya deberíamos estar recibiendo unos 2,5 millones de turistas extranjeros a estas alturas”, afirma.

Tenempaguay coincide. “Solo en Santa Elena tenemos avistamiento de ballenas, observación de aves, olas para surf, mar para buceo y mucho más que ofrecer al mundo. El problema es que no lo promocionamos ni siquiera en los aeropuertos”, lamenta.

Mientras tanto, el sector privado busca revertir la tendencia. Según Muñetón, los operadores turísticos impulsan alianzas para fortalecer segmentos como el turismo de convenciones, eventos y salud, con la esperanza de recuperar el mercado internacional en los próximos años, porque, insisten, con los paisajes majestuosos que tiene, el desafío de Ecuador no está en lo que tiene para ofrecer, sino en cómo logra convencer al mundo de volver.

Lo que debes saber:

• Quito: partidos ya trabajan en listas al Concejo antes del 17 de agosto con reelecciones y nuevos candidatos.
• Listas al Concejo de Quito incluyen exfutbolistas, dirigentes y familiares de asambleístas.
• Analistas advierten falta de perfiles técnicos en candidatos al Concejo de Quito y riesgos en fiscalización.

Aunque todavía faltan casi cuatro semanas para el cierre de inscripción de candidaturas (previsto para el lunes 17 de agosto del 2026), en las organizaciones políticas ya circulan listados preliminares con los nombres de quienes aspiran a llegar al Concejo Metropolitano.

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En esas nóminas aparecen concejales que buscarán la reelección, así como exfutbolistas, comunicadores, dirigentes comunitarios, abogados, familiares de asambleístas y quienes ya han competido por otros cargos, incluso en otros partidos.

El presidente Alfredo Serrano reconoce que el corto tiempo de campaña supone una dificultad, lo que explica la apuesta por rostros conocidos, una estrategia habitual en la capital. En 2002, por ejemplo, impulsó la candidatura de la exreina y presentadora Macarena Valarezo, quien los representó hasta 2012.

¿Qué se necesita para ser concejal de la capital?

Más allá de los nombres, los requisitos para aspirar a uno de los 21 escaños del Concejo son tener al menos 18 años, estar en goce de los derechos políticos y haber nacido o residido de forma ininterrumpida durante dos años en la jurisdicción.

El analista político Santiago Cahuasquí sostiene que uno de los principales problemas en la administración de Pabel Muñoz ha sido una fiscalización condicionada por intereses y lealtades de los ediles. En ambos extremos le parece que se desdibuja su rol.

Tan problemático es que los concejales utilicen el cargo para buscar cercanía con el Gobierno, como que otros asuman una defensa incondicional del alcalde.Santiago Cahuasquí/ analista político

Cahuasquí plantea tres atributos para un concejal: solvencia técnica para elaborar ordenanzas y evaluar políticas públicas con base en evidencia; capacidad deliberativa para debatir, argumentar y construir acuerdos democráticos; y compromiso con la representación ciudadana, que permita canalizar las demandas de los barrios y traducirlas en iniciativas.

¿Qué tipo de preparación debe tener un edil?

En ese contexto, Daniela Valarezo, abogada, criminóloga y exsecretaria de Seguridad, se postula como concejala por Imparables, de Wilson Merino, quien se postula a la Alcaldía. 

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Quien aspire a un cargo de elección popular debe prepararse, más si se trata del Concejo, dice. Ve necesario plantear estrategias actualizadas y viables para enfrentar los problemas de la ciudad.

Entre sus principales preocupaciones menciona el incremento de la inseguridad, con delitos como la extorsión, las estafas, los robos y los casos vinculados al uso de escopolamina.

También advierte un deterioro en la convivencia ciudadana, reflejado, según señala, en construcciones sin permisos y en infracciones que antes no eran frecuentes, lo que atribuye a la falta de control. 

“Cada vez vemos más rostros conocidos, pero no necesariamente con la preparación que el cargo exige”, lamenta. “He decidido formar parte de una lista”.

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La visión de una exconcejala

Patricia Ruiz, exconcejala, resalta que ese cargo es un honor y una responsabilidad. Quienes ocupen uno de los escaños deben cumplir tres funciones: 

A ello se suma una dimensión esencial: actuar con ética, participar activamente en el Concejo, apoyarse en criterios técnicos y mantener cercanía con la ciudadanía.

La diversidad de perfiles (deportistas, artistas o jóvenes) no es un problema en sí. Sin embargo, los aspirantes deben estar preparados, comprometidos con la ciudad y comprender el rol del Concejo, señala.

¿Cuántos concejales tiene la capital?

Quito tiene 21 concejales, más el alcalde. La Revolución Ciudadana tiene la mayoría, gracias a aliados. En Guayaquil solamente existen 15 ediles.

Las claves que debes saber

• José De la Gasca fue excluido en 2026 del concurso para fiscal general por un requisito cuestionado.
• Exfuncionarios de Noboa, como Arrobo y Abad, enfrentaron denuncias, sanciones o disputas tras dejar el Gobierno.
• Casos ocurridos en Ecuador reavivan dudas sobre rupturas políticas y pérdida de respaldo dentro del Gobierno.

Haber sido parte del Gobierno de Daniel Noboa no parece ser una garantía para evitar caer en desgracia después de la salida. El caso de José De la Gasca parece emblemático para entender el fenómeno. Después de haber sido ministro de Gobierno y una pieza fundamental por su incondicionalidad con el presidente Noboa, ahora ni siquiera le permitieron seguir en la carrera para ser fiscal general, cargo al que empezó a aspirar, precisamente, con el auspicio del Gobierno. 

Te invitamos a leer| El nudo para elegir otra vez al fiscal sigue sin desatarse en el concurso del CPCCS

El cambió drástico contra De la Gasca

Un auspicio que terminó y que ahora se ha convertido en una evidente persecución, aunque él prefiera no darle ese calificativo. De haber sido el candidato con mayores opciones para convertirse en fiscal, porque en algún momento fue el niño de los ojos de Noboa y de sus operadores, pasó a ser víctima de un operativo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para sacarlo del camino.

La Comisión Ciudadana de Selección lo excluyó al considerar que presentó un formulario incorrecto para la declaración de conflicto de intereses, un requisito que calificó de obligatorio. De La Gasca sostiene que la decisión fue arbitraria y que forma parte de una persecución para sacarlo de la carrera. 

No existen pruebas públicas de que el Gobierno haya operado para provocar su descalificación. Sin embargo, es sabido que mantiene una fuerte influencia sobre el CPCCS y, al menos, pudo haber evitado que se lo sancionara. Si De La Gasca conservara algo de respaldo o simpatía dentro del Gobierno, difícilmente estaría en la situación en la que hoy se encuentra.

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¿Qué pasó con De La Gasca?

¿Qué pasó con De La Gasca? En realidad, no existe una explicación oficial pero circula una versión, confirmada por al menos tres fuentes vinculadas al Gobierno, según la cual su caída en desgracia se originó en la disputa que mantuvo, cuando era ministro de Gobierno, con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. 

Según esas fuentes, De La Gasca impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. 

La idea no le gustó en absoluto a Sensi-Contugi y, según se conoce, ambos estuvieron a punto de irse a los golpes durante una sesión de gabinete. 

Las mismas versiones sostienen que el director del CIES influyó para que De La Gasca dejara el Ministerio bajo la promesa de que sería fiscal general, pero que ahora ha movido sus resortes para que el CPCCS lo descalificara.

Exministros que sirvieron y ahora son perseguidos

Pero De La Gasca no es el único exministro en desgracia. También está el caso de Andrea Arrobo, exministra de Energía, quien salió del Gobierno en abril de 2024, en medio de la crisis de los apagones. Desde entonces enfrentó tres frentes distintos: una denuncia penal impulsada por el Gobierno, un juicio político en la Asamblea y varias investigaciones administrativas relacionadas con la crisis eléctrica. 

Al pedirle la renuncia, el presidente Noboa anunció que había dispuesto una investigación por presunto sabotaje en el sector eléctrico. Al día siguiente, la Secretaría General de la Administración presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arrobo y otros funcionarios.

Paralelamente, el Gobierno anunció auditorías y exámenes sobre la actuación de funcionarios del sector eléctrico para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de la crisis. Sin embargo, Arrobo nunca fue condenada ni sancionada, básicamente por falta de evidencias.

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El tercer caso es el de la exvicepresidenta Verónica Abad. Probablemente sea la ruptura más visible con el Gobierno. Ha denunciado reiteradamente persecución política por parte del Ejecutivo a raíz de su envío al exterior, los sumarios administrativos, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo (que luego fue anulada por la justicia constitucional) y otros conflictos institucionales.

Tampoco le fue bien a Arturo Félix Wong, quien fue secretario general de la Administración y ministro de Gobierno. Después de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente Daniel Noboa, fue enviado como diplomático a Colombia, en lo que muchos interpretaron como una suerte de exilio político. Antes de su traslado era una de las figuras más influyentes del Gobierno.

Algo parecido ocurrió con Antonio Gonçalves, exministro de Energía, quien fue el único de los exfuncionarios involucrado en la investigación del caso Progen. 

Ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que permanecieron más tiempo en el cargo y tuvieron mayor involucramiento en la compra de los equipos para generación eléctrica, están procesados. Tampoco la Asamblea ha permitido que sean declarados responsables políticos por ese caso.

Ahora queda por ver qué ocurrirá con Romina Muñoz, exviceministra de Cultura, a quien se le pidió la renuncia después de que el Gobierno echó abajo el concurso para el proyecto del Museo Nacional. 

Muñoz perdió el respaldo político desde Carondelet tras el resultado del concurso, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le solicitó la renuncia mientras ejercía el Ministerio de Cultura por encargo.

Según las versiones conocidas, Muñoz terminó convirtiéndose en una figura incómoda porque defendía la idea de que el nuevo Museo Nacional no fuera concebido como una obra destinada a aumentar el valor de los proyectos inmobiliarios cercanos al lugar donde será construido.

Los habitantes del barrio Eloy Alfaro, donde ocurrió el asalto y el posterior enfrentamiento armado, aseguran que no es la primera vez que son víctimas de episodios violentos. Además, una tienda del sector también habría sido asaltada con armas de fuego. 

Un vecino, que por seguridad prefirió no revelar su identidad, relató que vive en la zona desde hace más de 40 años y que antes era impensable que ocurrieran ataques de este tipo. Sin embargo, sostiene que tras la pandemia el barrio cambió, pues muchos propietarios se mudaron y dejaron arrendatarios de quienes poco se sabe. 

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El día del robo, una vecina observó varios objetos en el patio de la vivienda afectada, listos para ser cargados, por lo que alertó a los moradores. Ellos decidieron salir para intentar retener a los delincuentes; sin embargo, estos, al verse acorralados, dispararon para escapar. “Nuestro objetivo era retenerlos hasta que llegara la Policía y fueran detenidos”, relató la moradora.

El caso no es aislado. En las últimas semanas se han registrado otros ataques cometidos con armas de fuego, como el robo a un domicilio en la zona alta de Challuabamba, el asalto a un comerciante de ganado en los exteriores de su vivienda, en Punta Corral, o el robo a una casa en la parroquia San Joaquín. Todos quedaron registrados en cámaras de seguridad, donde se observa a grupos de delincuentes fuertemente armados actuando de manera coordinada.

Preocupación por falta de recursos 

EXPRESO recorrió distintos sectores de Cuenca y constató la preocupación de los vecinos. En parques, plazas y espacios públicos se exhiben carteles de advertencia contra la delincuencia y, al consultar a los ciudadanos, la respuesta fue casi unánime: existe temor por la creciente violencia con la que actúan los delincuentes.

El clamor ciudadano coincide en exigir mayor presencia policial, más patrullajes, la reactivación de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y una menor rotación del personal, ya que los constantes cambios dificultan la continuidad de los proyectos preventivos. 

En la parroquia Totoracocha, una de las más extensas y pobladas de Cuenca, los vecinos señalaron que existe una sola UPC y que el número de uniformados resulta insuficiente para cubrir todo el territorio. 

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En el sur de la ciudad, en el barrio Simón Bolívar, la realidad es distinta, pero igual de preocupante: hace más de dos años comenzó la construcción de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC Yanuncay), pero desde hace más de un año permanece abandonada. Los moradores exigen que la obra sea concluida para fortalecer la seguridad del sector.

Cifras que no reflejan el sentir ciudadano

Las estadísticas oficiales reflejan una aparente disminución del 35 % en los delitos durante el primer semestre de 2026, pese a la percepción ciudadana y a los recientes hechos violentos. Robos con armas de fuego, asaltos cometidos por grupos numerosos, balaceras y extorsiones han incrementado la percepción de inseguridad en la ciudad.

Para el comandante de la Subzona de Policía Azuay, coronel Ángel Esquivel, ambos escenarios pueden coexistir: una reducción en las cifras oficiales y, al mismo tiempo, delitos cada vez más violentos. Además, reconoció que existe un subregistro debido a que muchas víctimas no presentan denuncias formales.

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La Policía también advirtió que las armas de fuego y las armas blancas continúan siendo los principales instrumentos utilizados por los delincuentes. 

Solo en junio fueron incautadas 12 armas de fuego y 43 armas blancas; mientras que, durante todo el primer semestre, se decomisaron 81 armas de fuego y 313 armas blancas. 

Según la institución, la mayor violencia en la comisión de algunos delitos responde a un fenómeno nacional en el que las organizaciones criminales cambian constantemente de territorio e introducen nuevas modalidades delictivas.

A ello se suman problemas sociales que también demandan atención de las autoridades, como el consumo de alcohol en espacios públicos, la violencia intrafamiliar y el uso de inmuebles para actividades ilícitas. 

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, señaló que únicamente en junio la Policía realizó 1.205 intervenciones para retirar a personas que consumían alcohol en la vía pública, atendió 148 alertas por violencia intrafamiliar y, junto con la Intendencia, ejecutó 180 clausuras de establecimientos que operaban de manera irregular.

Para Bermúdez, el fortalecimiento de la seguridad no depende únicamente de la acción policial, sino de una corresponsabilidad ciudadana y del trabajo conjunto entre las distintas autoridades. En ese sentido, planteó impulsar ordenanzas relacionadas con el control de arriendos, el uso y ocupación del suelo y un mayor control del espacio público por parte de la Guardia Ciudadana. 

Sobre los recientes robos a viviendas y unidades económicas, adelantó que las investigaciones apuntan a una misma organización delictiva que estaría operando en el cantón de Cuenca, aunque evitó ofrecer más detalles por tratarse de un proceso investigativo. Asimismo, descartó problemas de financiamiento para el mantenimiento de motocicletas y patrulleros policiales y anunció que, en los próximos días, las Unidades de Policía Comunitaria iniciarán un proceso de recuperación para volver a operar en mejores condiciones.

Lo que debes saber

• El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses al movimiento Amigo por presunto lavado de activos.
• Dirigentes políticos denuncian abuso de poder, falta de independencia y resoluciones en escritorios.
• Analistas advierten que la legitimidad de las elecciones seccionales está en riesgo por fallos judiciales.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente por nueve meses al movimiento Amigo —organización que auspiciaría al correísmo— tras una alerta de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. La medida, que coincide con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) e inhabilitaciones de candidatos para los comicios de noviembre, se ejecutó en Ecuador en julio de 2026. Este escenario ha desatado un debate nacional sobre la crisis de legitimidad, la falta de independencia de la Función Electoral y el supuesto uso del poder político para definir elecciones en escritorios y no en las urnas.

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Suspensión del movimiento Amigo altera el escenario de las elecciones seccionales

La Función Electoral se encuentra en el centro del debate público tras suspender provisionalmente, por un periodo de nueve meses, el registro electoral del movimiento Amigo. La organización política planificaba auspiciar las candidaturas del correísmo para las próximas elecciones seccionales.

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El fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se fundamentó en una alerta emitida por la Fiscalía General del Estado, entidad que mantiene abierta una investigación penal contra la organización por presunto lavado de activos. Este dictamen repite el escenario ocurrido en marzo de 2026, cuando el movimiento Revolución Ciudadana recibió una sanción similar bajo la misma figura legal.

Hechos que generan dudas sobre la legitimidad del proceso

Además de la proscripción de la tienda política, los actores políticos señalan tres acontecimientos recientes que restan transparencia al periodo preelectoral:

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Partidos políticos denuncian abuso de poder y falta de independencia electoral

Las reacciones desde la dirigencia de los partidos políticos y movimientos locales coinciden en que la coyuntura actual debilita las garantías del sistema democrático ecuatoriano. Los portavoces exigen que las autoridades actúen bajo criterios técnicos y no bajo presiones externas.

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Posturas de los dirigentes nacionales

Crisis institucional y desafíos para la Función Electoral según analistas

La falta de credibilidad y la incertidumbre en la víspera de un nuevo proceso electoral representan un riesgo para la estabilidad del país. El exasambleísta y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, analizó el rol que desempeñan las instituciones encargadas de velar por el voto ciudadano.

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“La Función Electoral, que debe ser independiente por naturaleza y por obligación jurídica, se debe legitimar todos los días con sus ejecutorias. Hoy hay serias dudas de esa legitimidad y bastantes probabilidades de dependencia del poder político”, comentó Cucalón.

Para superar la crisis institucional y recuperar la confianza ciudadana, el exministro señaló que el futuro del sistema democrático dependerá de que los procesos de renovación de autoridades —actualmente a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)— funcionen de manera correcta, transparente y oportuna.

Lo que debes saber

• Casos de Alondra Santiago, Jan Topić y Aquiles Álvarez centran el análisis político.
• El texto plantea cuál es el límite del poder y la institucionalidad en Ecuador.
• Columna cuestiona el uso de informes reservados contra opositores en el Gobierno de Daniel Noboa.

Soy un pésimo enemigo para tener”. Así se definió el presidente de la República Daniel Noboa y no le cabe duda a nadie que en eso no ha mentido. 

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Todos quienes han entrado en su definición de enemigo, todos quienes le han sido estorbo, se han enfrentado a medidas durísimas aplicadas a través de todos los medios disponibles para el líder de una republiqueta. 

Se han congelado las cuentas de activistas, se ha judicializado de la forma más grosera primero a su anterior vicepresidenta y luego a su principal rival dentro del país, en ambos casos procesando también a miembros de sus familias, se ha sancionado a los jueces que no se han alineado con el Gobierno en estos casos políticos, se ha acosado de forma mediática a través de organismos de control supuestamente autónomos a la prensa, se ha dejado sin trabajo a periodistas o a sus parientes y –para concluir de alguna manera esta lista para nada exhaustiva– se ha sacado del camino a potenciales contrincantes por medio de informes reservados.

El uso de informes reservados

Eso último, la instrumentalización del secreto para sacramentar la más obvia persecución, es bastante revelador. Lo usaron contra Alondra Santiago para justificar su expulsión del país, contra Jan Topić para sacarlo de las elecciones presidenciales pasadas, contra Aquiles Álvarez para moverlo a la cárcel del Encuentro y ahora también contra el movimiento Amigo, la organización política de la que se quiso valer el correísmo para eludir la suspensión de su propia lista. 

En todos los casos el secreto ha sido la medida de última instancia a la cual recurre el oficialismo no para fingir que no persigue, pues por la intensidad y direccionamiento de sus acciones ya lo deja en evidencia, sino porque se ve forzado a llegar a ese punto cuando se le agotan las ideas. 

Cuando ya no hay otra prueba que inventarse o cuando el apuro hace muy difícil construir un argumento medianamente bien hecho, salta el informe o la sustanciación reservada.

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Las críticas al secretismo

Aunque este secretismo salva al Gobierno de tener que pasar la vergüenza de inventarse cualquier cosa, es difícil no percibir esto como algo todavía más ridículo. 

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Uno puede imaginarse a unos Torquemadas del Dolarazo diciéndonos entre guiños que sí, Santiago era una amenaza para el Estado, pero que justo ahora no nos pueden decir para quién espiaba o con qué grupo andaba; que sí, que no hay duda para las autoridades tributarias de que Topić simuló una venta de acciones, pero no van a explicarnos cómo lo descubrieron; que sí, a Álvarez lo quieren matar, pero no hay sospechoso ni móvil, solo una especulación de que lo propios correístas –que se esfuerzan por sacarlo– lo asesinarían para echarle el muerto al Gobierno.

Ahora el oficioso inquisidor criollo, entre que mira al juez electoral y se voltea a vernos de reojo, alza la voz, diciendo: “Usía, el Santo Oficio le presenta los resultados de nuestra investigación, que ha encontrado evidencias de gravísimos delito cometidos por parte de estos amigos de lo ajeno, estos elementos correizantes, que se insertan entre nosotros y pretenden, qué horror, competir contra los ministros y agentes de Nuestro Señor en las elecciones, pero solo lo puede leer usted, usted y nadie más, ni yo mismo lo he leído”. Listo, el correísmo queda otra vez al borde de la virtual proscripción.

¿Cuál es el límite?

Una vez más, y ya hay que cuestionarnos cuántas veces nos quedan, debemos preguntarnos: ¿Cuál es el límite? La ley no lo es porque no existe. 

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No es una cosa que alguna vez hayamos respetado de forma consistente en el Ecuador. Pero debe haber algún instinto de autopreservación presente en el interior de nuestro ser animal, en la parte del cerebelo que gobierna las mociones elementales del ‘Homo Aequatorialis’, entre la compulsión de negarlo todo y la del alza, alza que te han visto.

Cuando acaben con los correístas –si es que acaban con ellos, porque no hay alguien más interesado en que siempre haya un correísta que el anticorreísta profesional– ¿hay alguna razón para creer que de repente los oficialistas descubrirán los valores de la convivencia democrática y el pluralismo o que permitirán que la justicia alcance a alguno de los integrantes del círculo íntimo del número uno?

Si no lo creemos, si es que pensamos que nos gobierna un grupo dedicado a perseguir a sus enemigos y protegerse a sí mismo, y que este preside sobre los destinos del país sin casi ningún límite a su poder, ¿qué nombre debemos darle? No es una pregunta fácil de responder si creemos que el uso de las palabras tiene consecuencias. Por ahora nos podemos contentar con un apéndice a esa palabra, el adjetivo “ridículo”.

Las claves del caso

• El Festival de la Calle Córdova reunió a cientos de familias con actividades culturales, juegos tradicionales, música en vivo y una amplia oferta gastronómica.
  
• Comerciantes y asistentes coincidieron en que este tipo de eventos ayuda a dinamizar la economía del centro y fortalece la recuperación de los espacios públicos.
  
• Vecinos solicitaron que la iniciativa no se limite a las fiestas julianas y se convierta en una actividad frecuente para impulsar el turismo y la convivencia.

Guayaquil continúa celebrando sus 491 años de fundación y el centro de la ciudad volvió a llenarse de música, sabores, emprendimientos y familias. La décima edición del Festival de la Calle Córdova confirmó que el civismo sigue vivo y que existe un deseo compartido de que estas actividades no se realicen solo una vez al año, sino de manera permanente, incluso cada fin de semana.

El evento, que se ha mantenido durante una década, volvió a tomarse la calle Córdova, entre Mendiburu y Tomás Martínez, desde las 10:00 hasta las 22:00. Artistas, emprendedores, restaurantes y vecinos dieron vida a una jornada que transformó por completo el ambiente de este tradicional sector céntrico.

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Así se vivió el Festival de la Calle Córdova

EXPRESO recorrió el lugar y constató cómo, desde tempranas horas, decenas de familias llegaron para disfrutar de una propuesta que combinó tradición, cultura y gastronomía en un mismo espacio.

Niños corriendo de un lado a otro, adultos recordando juegos de antaño y personas de la tercera edad compartiendo historias del viejo Guayaquil formaron parte de una escena que pocas veces se observa en el centro de la ciudad. El festival logró reunir a varias generaciones alrededor de una misma celebración.

Entre las principales atracciones estuvieron las presentaciones artísticas en vivo y los juegos tradicionales, como el salto de cuerda, el palo encebado, la piñata, el juego del trompo y otras actividades recreativas que despertaron la nostalgia de quienes crecieron practicándolos.

La gastronomía se reactivó en la calle Córdova

Por otra parte, los restaurantes instalados en el sector recibieron a cientos de visitantes que aprovecharon la jornada para degustar platos típicos como arroz con menestra, seco de pollo, encebollado y otras recetas tradicionales de la cocina guayaquileña. Al mismo tiempo, decenas de emprendimientos ofrecieron ropa, carteras, artesanías y bocaditos.

Aunque la satisfacción por el ambiente fue evidente, la idea de que el festival no se limite únicamente a una celebración anual se repitió entre los asistentes.

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Visitantes esperan que iniciativa se mantenga

“Está muy lindo todo lo que hacen. Uno viene con tranquilidad, encuentra actividades para los niños y disfruta de la ciudad. Ojalá esto se hiciera con más frecuencia”, comentó Cristhian Alvarado mientras recorría los diferentes emprendimientos.

Otro ciudadano lamentó que esta imagen del sector solo pueda verse durante estas fechas. “Da gusto caminar por aquí cuando hay vida, música y gente. Lamentablemente, el resto del año la calle luce muy apagada. Sería bonito que esto se mantuviera, aunque sea una vez por semana”, expresó.

La opinión también fue compartida por comerciantes del sector, quienes consideran que este tipo de actividades representa una oportunidad para dinamizar la economía local.

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Varios negocios señalaron que durante el festival aumenta considerablemente la afluencia de clientes y consideran que la calle Córdova tiene el potencial para convertirse en un espacio permanente de encuentro ciudadano, similar a lo que ocurre con la calle Panamá, donde la actividad cultural y gastronómica ha contribuido a revitalizar la zona, pero en el día a día la zona puede ser hasta peligrosa durante las noches.

“Nos gustaría que no solo se acuerden de esta calle en julio. Aquí hay restaurantes, comercios y mucha historia. Si hubiera actividades constantes, ganaríamos los negocios, los vecinos y la ciudad”, expresó uno de los comerciantes.

Coinciden que la calle Córdova tiene un gran potencial 

Más allá del movimiento comercial, quienes asistieron destacaron el ambiente seguro y familiar que predominó durante toda la jornada.

Varios asistentes coincidieron en que Guayaquil necesita más espacios públicos donde las familias puedan reunirse sin temor, especialmente durante los fines de semana.

“Cuando hay seguridad, la gente sale. Guayaquil necesita más eventos como este para recuperar sus espacios públicos y atraer turismo”, comentó Xavier Chila, quien llegó desde La Alborada para disfrutar del festival.

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Miriam Herrera, directora del Festival de la Calle Córdova, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el civismo y unir a los guayaquileños. “Somos un barrio unido y disfrutamos estos momentos. Es una planificación que toma varios meses, pero al final todos la pasamos bien”, comentó. Agregó que, con un mayor respaldo del Municipio, este evento podría realizarse con mayor frecuencia.

Los organizadores recordaron que esta iniciativa ya cumple diez ediciones y que ha logrado mantenerse incluso durante momentos complejos, como la pandemia. Su expectativa es continuar impulsándola en los próximos años.

Lo que debes saber

• Wilson Merino critica la gestión de Pabel Muñoz y presenta sus propuestas para la Alcaldía de Quito en las elecciones de 2026
• El precandidato plantea eliminar 7.000 cargos políticos para destinar más recursos a seguridad, movilidad e inversión municipal en Quito.
• Merino propone fortalecer el Metro, reducir la burocracia y recuperar la confianza ciudadana con un nuevo modelo de gestión municipal.

El concejal y precandidato a la Alcaldía de Quito, Wilson Merino, habla sobre sus prioridades para la ciudad, cuestiona la administración actual y explica las propuestas con las que busca convencer a los quiteños en las elecciones de 2026.

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¿Qué le motivó a dejar su rol de fiscalización en el Concejo Metropolitano para buscar la Alcaldía?

Mis hijas, su futuro, el bienestar de las familias quiteñas y un compromiso honesto con el cambio.

Usted representa una propuesta ciudadana. ¿En qué se diferencia de los partidos tradicionales?

Llevo 25 años de activismo social y más de una década impulsando procesos ciudadanos, cabildos cívicos, redes de voluntariado e iniciativas populares. Además, hace cinco años empezamos a construir el movimiento Imparables. Nuestra propuesta nace de esa experiencia y busca ofrecer una transformación para la ciudad desde la ciudadanía.

¿Por qué los quiteños deberían confiar en un movimiento relativamente nuevo?

No se trata de Wilson Merino, sino de una organización que reúne a personas que no se sienten representadas por la política tradicional. Durante cuatro años recorrimos barrios, escuchamos a la gente y construimos un proyecto enfocado en problemas concretos como la inseguridad, la movilidad, la calidad de los servicios públicos.

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¿Cuál considera que ha sido su principal logro como concejal?

Nunca acomodarme al espacio institucional. He sido una voz crítica frente a los privilegios de la clase política. Desde el ámbito legislativo presentamos cerca de 14 ordenanzas, de las cuales cinco fueron aprobadas, relacionadas con reactivación económica, empleo, emprendimiento, innovación, economía popular y solidaria, comercio justo y alimentación saludable.

¿Qué calificación le pone a la administración del alcalde Pabel Muñoz?

Creo que reprobó. Es una administración que perdió la confianza de la gente. Ha sido cuestionada por procesos de contratación pública y por medidas como la tasa de recolección de basura, la tasa de seguridad y el incremento de tributos. Además, ha confrontado a quienes tenemos la obligación de fiscalizar. Es una administración que no resuelve, que busca excusas.

Si llega a la Alcaldía, ¿qué proyectos mantendría de la actual administración y cuales eliminaría?

Hay procesos que deben continuar. Considero importante fortalecer las políticas de salud mental y el trabajo social que realiza el Patronato San José. Sin embargo, también hay aspectos que deben corregirse, como el crecimiento desordenado de la ciudad, la ocupación de zonas protegidas y el modelo de incentivos al transporte sin mejoras visibles en el servicio.

También ha cuestionado la estructura municipal...

Sí. Hay demasiados cargos políticos. Debemos priorizar a los funcionarios de carrera y contratar personal técnico que resuelva los problemas de la ciudad.

Quito perdió la confianza por una administración que no responde a las necesidades ciudadanas ni ofrece soluciones 
Wilson Merino, precandidato a la Alcaldía de Quito

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. ¿Qué puede hacer un alcalde frente a un problema que también depende del Gobierno Nacional?

La seguridad será nuestra prioridad. Durante un año impulsamos el Acuerdo por la Seguridad junto con víctimas, expertos, dirigentes barriales, autoridades y académicos. Como resultado presentamos una iniciativa popular normativa respaldada por más de 51.000 firmas para que los municipios tengan mayores competencias preventivas.

¿Cuáles serían sus principales acciones durante los primeros 100 días?

Reducir el gasto administrativo eliminando cargos políticos innecesarios para destinar esos recursos a inversión. Fortaleceremos el diálogo con barrios, juntas parroquiales, el Gobierno Nacional y otras autoridades, además de impulsar la expansión del Metro como eje de un sistema integrado de transporte.

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¿Qué propone para mejorar la movilidad?

Queremos un sistema realmente integrado, con el Metro como columna vertebral, articulado con los corredores BRT, buses convencionales y transporte público. También impulsaremos la micromovilidad, el uso de la bicicleta, espacios para peatones y acciones para reducir la siniestralidad vial.

¿Cómo plantea reactivar la economía de Quito?

Es necesario facilitar el acceso al crédito para pequeños comerciantes y emprendedores. También debemos simplificar trámites, impulsar alianzas público-privadas, incorporar herramientas como la inteligencia artificial y fortalecer la capacitación para mejorar la competitividad de la ciudad.

Quito enfrenta limitaciones presupuestarias. ¿Cómo financiaría sus propuestas?

El problema de fondo es que gran parte del presupuesto municipal se destina al pago de nómina. Hoy el Municipio tiene más de 22.000 funcionarios y creemos que, al eliminar alrededor de 7.000 cargos políticos, podremos destinar esos recursos a inversión, mejorar las condiciones del personal de carrera e incorporar tecnología e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública.

Usted habló de eliminar alrededor de 7.000 "pipones". ¿Habrá nuevas contrataciones?

No. Trabajaremos con los funcionarios de carrera. No habrá espacio para militantes políticos. Después de una elección se necesita una burocracia eficiente, no una estructura partidista.

¿Cómo garantizaría la transparencia?

Aplicando normas internacionales de calidad y anticorrupción, impulsando un modelo de gobierno abierto, publicando la agenda de las autoridades y permitiendo que toda la información municipal sea accesible para la ciudadanía.

Vamos a eliminar cargos políticos y priorizar funcionarios técnicos que resuelvan problemas ciudadanos.
Wilson Merino, precandidato a la Alcaldía de Quito

Si no obtiene mayoría en el Concejo Metropolitano, ¿cómo buscará acuerdos?

Creo que incluso debemos discutir una reducción del número de concejales y de sus privilegios. La fiscalización debe verse como una oportunidad para mejorar la gestión pública y trabajaremos con quienes tengan voluntad de construir soluciones para la ciudad.

Lo que debe saber

• Una misma fórmula en cuatro contratos: Progen y ATM recibieron 135,9 millones de dólares sin garantías, gracias a un esquema de pagos que eliminó el anticipo.
• Las coincidencias apuntan más allá de las empresas públicas: La estructura idéntica de los contratos en Termopichincha, EERSSA y Electroguayas pone en duda que las decisiones hayan sido independientes.

La emergencia eléctrica de 2024 no solo dejó millonarias pérdidas económicas por los apagones, sino que activó una serie de contrataciones a la medida.

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Una revisión de los cuatro contratos fallidos de generación eléctrica revela coincidencias que no se justifican con el simple argumento de la autonomía institucional. 

Dos contratos con Progen adjudicados por la Unidad de Negocio Termopichincha (para las centrales de Salitral y Quevedo), uno firmado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) y un cuarto adjudicado por Electroguayas para la central de Esmeraldas a la firma uruguaya Austral Technical Management (ATM) comparten una estructura idéntica en su ADN financiero: la misma fórmula de pago para evadir la entrega de las garantías. 

La tesis de que cada empresa pública y unidad de negocio operaba con autonomía técnica y jurídica se desmorona al analizar la letra chica de los acuerdos. El factor común radica en una cláusula específica: la decisión coordinada de Progen y ATM de “desistir” del anticipo.

El “Modus Operandi” de la Fórmula de Pago

En contratación pública, el anticipo es una herramienta de financiamiento para el proveedor, pero para el Estado representa un riesgo que se mitiga mediante la entrega obligatoria de pólizas de buen uso del anticipo y garantías de fiel cumplimiento. 

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Sin embargo, en las cuatro contrataciones para generación eléctrica, el desistimiento del anticipo se vendió bajo una narrativa de “optimizar el cronograma de entrega” y obviar los trámites de emisión de pólizas para acelerar la entrega de las plantas termoeléctricas para inicios de 2025.

La realidad es que a través de este mecanismo legal ATM recibió 71,9 millones de dólares y Progen 104 millones por Salitral y Quevedo y 14 millones de dólares por Catamayo. Fueron un total de 135,9 millones de dólares sin garantías.

Al estructurar la fórmula de pago con un 0% de anticipo, pero fijando desembolsos de hasta 70% contra la simple inspección en los talleres o bodegas del contratista, el Estado aceptó pagar sumas millonarias por equipos que aún ni siquiera tocaban suelo ecuatoriano, ni contaban con pruebas de instalación. El resto de la historia es ya conocida: Progen entregó equipos viejos e inservibles y ATM entregó 32 generadores (de 48 equipos) configurados a 50 Hz, lo que los hace incompatibles con la red ecuatoriana, que opera a 60 Hz.

¿Una “Mente Superior” fuera de Celec y EERSSA?

¿Quién inventó esta fórmula de pago? La sincronización jurídica tan perfecta entre entidades formalmente independientes (EERSSA, Termopichincha y Electroguayas), evidencia que las decisiones no nacieron en las comisiones técnicas.

El diseño de este modelo contractual apunta de forma directa a una “mente superior” con poder de veto y directriz sobre todo el aparataje estatal: Ministerio de Energía. 

Los correos electrónicos de los directivos de Progen y ATM, ya publicados por EXPRESO, evidencian el primer nivel de injerencia. Presentaron sus “propuestas energéticas” el entonces ministro Roberto Luque y sus asesores Peter Dreher y José Manuel de Oliveira. En el segundo nivel, en la validación de las propuestas, fue De Oliveira quien dio el “visto bueno”, por ejemplo, para la repotenciación de Catamayo, que, de hecho, fue el primero de los cuatro contratos fallidos.

70 % tras una inspección

Los contratos de Progen mencionan el pago del 70% del valor total, el cual se habilita contra la presentación del packing list e informe de inspección y aprobación en fábrica. 

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La fórmula se completa con un 25% tras el montaje de los equipos a entera satisfacción de la entidad y un 5% restante que se retiene hasta que se verifique la transferencia de conocimientos y capacitación del personal. Con Austral Technical Management también se elimina el rubro del anticipo. 

Los desembolsos se estructuraron con un 65% “contra factura” tras un packing list, que incluye un informe de inspección y verificación técnica en las instalaciones del contratista. El 25% tras la puesta en marcha de la central y un 10% tras transferencia de conocimiento.

Lo que debes saber

• La ley permite que una autoridad deje su cargo para postularse a otra dignidad.
• Especialistas advierten que esta práctica afecta la continuidad institucional y la representación.
• Los expertos proponen reformas electorales y un mayor control ciudadano para reducir este fenómeno.

En Ecuador se ha vuelto recurrente que las autoridades elegidas por voto popular no concluyan el periodo para el que fueron designadas. Hasta el 17 de agosto, quienes aspiren a un cargo en los gobiernos autónomos descentralizados deberán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y varios asambleístas que apenas cumplieron un año en funciones dejarán sus curules para buscar nuevamente el respaldo ciudadano en otra dignidad.

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El derecho a postularse frente al compromiso con los electores

Esta práctica no se limita a la Asamblea Nacional. También se ha repetido en los concejos municipales, donde algunos ediles dejan sus funciones apenas se abre el proceso de inscripciones para iniciar una nueva campaña política con el objetivo de obtener un nuevo cargo de elección popular.

Aunque la legislación ecuatoriana no impide que una autoridad de elección popular deje el cargo para postularse a otra dignidad, tres especialistas, consultados por EXPRESO, coinciden en que esta práctica genera efectos negativos sobre la calidad de la democracia. Su principal cuestionamiento no está dirigido al derecho de participar nuevamente en los comicios electorales, sino a las consecuencias institucionales que deja esa decisión.

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, sostiene que cualquier autoridad conserva el derecho de buscar una nueva candidatura, pero advierte que también existe un compromiso de representación adquirido con los electores. A su criterio, los ciudadanos entregan el voto para que un funcionario ejerza el cargo durante el tiempo para el que fue escogido, por lo que abandonar anticipadamente el puesto debilita la rendición de cuentas.

Esto, debido a que, explica Quinga, ese escenario limita la posibilidad de que la ciudadanía evalúe de manera completa el desempeño de sus autoridades. Además, en un sistema de partidos frágil como el ecuatoriano, dice, esta dinámica debilita la representación política y favorece que los intereses partidistas o personales se impongan sobre el compromiso asumido con los electores.

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Los efectos de dejar un cargo antes de concluir el mandato

Para Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el problema tiene un origen estructural en el sistema electoral y en la ausencia de cuadros políticos consolidados dentro de las organizaciones. Según explica, ellos recurren constantemente a los funcionarios que ya tienen visibilidad para cubrir nuevas candidaturas, lo que mantiene al país en una campaña casi permanente.

El académico considera que esa lógica afecta la continuidad de las políticas públicas y de la gestión estatal. A su juicio, cuando un funcionario deja el cargo antes de concluir el periodo para el que fue elegido, la ciudadanía no solo pierde la posibilidad de evaluar una administración completa, sino que se rompe el compromiso asumido en las urnas.

Desde la comunicación política, María Fernanda Carvajal afirma que quienes abandonan tempranamente sus funciones proyectan una imagen desfavorable ante los ciudadanos. En su opinión, muchos electores terminan percibiendo que el cargo fue utilizado únicamente como una plataforma para alcanzar otra posición de mayor interés político.

Carvajal añade que esa práctica también deja proyectos inconclusos, tanto en la Asamblea Nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. Señala que iniciativas legislativas, procesos de fiscalización y otras propuestas pierden continuidad cuando sus impulsores dejan las funciones antes de terminarlas.

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Cuando los reemplazos también tienen un costo

Otro efecto, según Sánchez, recae sobre los alternos que deben asumir las funciones de quienes renuncian. El docente señala que estos suplentes, en muchos casos, no participan activamente en el trabajo diario de las instituciones y deben comenzar prácticamente desde cero cuando se principalizan.

Carvajal coincide con esa preocupación y afirma que el relevo también representa un costo para el Estado. Explica que los nuevos titulares requieren tiempo para familiarizarse con los procesos internos, aprender la dinámica institucional y retomar las iniciativas que quedaron pendientes, lo que implica un gasto adicional de recursos públicos.

Por otro lado, Quinga diferencia el impacto entre la salida de un legislador y la de un ministro de Estado. Explica que, aunque la labor parlamentaria suele extenderse durante varios años y puede continuar con otros actores, la renuncia de una autoridad del Ejecutivo suele paralizar proyectos, cronogramas y procesos administrativos que dependen directamente de esa cartera.

Por lo que, a criterio de la politóloga, el golpe institucional es mayor cuando un ministro abandona el cargo para iniciar una campaña. Esto ocurre porque los planes de ejecución y las decisiones estratégicas del Ejecutivo tienen plazos inmediatos y requieren continuidad para cumplir sus objetivos.

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Las reformas que plantean los especialistas

Sobre las posibles soluciones, Sánchez plantea revisar el calendario electoral para evitar que el país permanezca en campañas constantes. Su propuesta consiste en concentrar las elecciones en una sola jornada, de modo que las autoridades puedan cumplir íntegramente sus periodos antes de aspirar a otra dignidad.

Carvajal considera que también deberían impulsarse reformas legales que limiten esta práctica o establezcan sanciones para quienes abandonen reiteradamente el cargo antes de concluir el mandato. Sin embargo, reconoce que resulta difícil esperar esos cambios desde la clase política porque serían los propios beneficiarios del sistema quienes tendrían que aprobarlos. Por ello, la consultora sostiene que la iniciativa debería surgir desde la ciudadanía organizada.

El puesto para el que fueron elegidos no debería servir como catapulta política.María Fernanda Carvajal, consultora política

Lo que debes saber

• UNE reporta casi 1.000 extorsiones a docentes en Ecuador durante 2026 y pide una emergencia educativa.
• Balaceras y amenazas en escuelas de Guayaquil y Daule afectan a docentes, estudiantes y familias.
• La UNE alerta que 400.000 estudiantes fuera de las aulas enfrentan mayor riesgo de reclutamiento criminal.

A las ocho de la mañana, en una escuela de Daule, el sonido del timbre quedó opacado por una balacera. Los estudiantes no habían terminado de ingresar cuando los disparos estallaron en los exteriores del plantel. 

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El establecimiento ni siquiera tenía cerramiento. Profesores y niños buscaron refugio, mientras los padres esperaban, impotentes, noticias de sus hijos. La escena quedó registrada en un informe reservado enviado al Ministerio de Educación.

En el sur de Guayaquil, una docente de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera revisó su teléfono y encontró un mensaje que todavía la acompaña: “Señora, queremos hoy el dinero o los matamos a todos”. La amenaza ya no era individual. Alcanzaba a profesores, estudiantes y familias.

“Saben en qué carro andan los padres y en qué escuela estudian sus hijos”, relata la maestra, cuya identidad se reserva por razones de seguridad. La profesora asegura que pidió su traslado hace siete meses, pero continúa esperando una respuesta.

Horas después, en otra institución educativa de la Zona 8, docentes y estudiantes evitaron el presunto secuestro de un alumno de primero de bachillerato cuando salía de clases. No había policías en los exteriores. La reacción de los profesores impidió que el adolescente fuera llevado por desconocidos. Para quienes trabajan en las escuelas, la violencia dejó de ser un hecho aislado. Ahora forma parte de la rutina.

Yo pedí el cambio hace siete meses y sigo esperando. Lo que uno siente es abandono. Los padres de familia reciben mensajes de amenazas y por miedo no envían a sus hijos.Docente de escuela al sur de Guayaquil

La UNE alerta sobre el impacto de la inseguridad en el sistema educativo

Para Jorge Escala, asesor de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lo que ocurre dentro y alrededor de los planteles es el reflejo del deterioro de la seguridad nacional.

“Maestros atemorizados, estudiantes con miedo y padres de familia que deciden retirar a sus hijos. La escuela no está aislada de la comunidad. La violencia que vive el país entra también a las aulas”, sostiene.

El dirigente asegura que las amenazas ya no se limitan a extorsiones económicas. Habla de robos, secuestros, intimidaciones con armas y reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. “Maestros con miedo no pueden enseñar y estudiantes con temor no pueden aprender”, resume.

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Luis Cheme

Extorsiones, asesinatos y denuncias de docentes

Según la UNE, la violencia ya tiene un impacto directo en el sistema educativo: alrededor de 400.000 niños y adolescentes no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas, una población que, según el gremio, queda expuesta al reclutamiento de grupos criminales.

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El Ministerio de Educación reconoció 350 casos relacionados con violencia y extorsiones, mientras la UNE asevera que existen cerca de 1.000 denuncias de docentes extorsionados. Según el gremio, 10 profesores han sido asesinados durante 2026, convirtiéndolo en el año más violento para el magisterio ecuatoriano.

Escala recalca que las denuncias no son nuevas. Dice que cada incidente queda registrado en reportes confidenciales remitidos a las direcciones distritales y al Ministerio de Educación para activar protocolos de protección.

Los casos que reflejan la violencia en los planteles

Entre los casos que menciona constan un padre armado que ingresó a una escuela y sometió a personal docente; estudiantes amenazados con armas blancas dentro del plantel; docentes amenazados de muerte frente a sus familias; alumnos alcanzados por balas durante enfrentamientos entre bandas cerca de los planteles.

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El dirigente también cuestiona la respuesta institucional ante las denuncias de profesores extorsionados que piden reubicaciones o teletrabajo temporal para proteger sus vidas.

Según la UNE, durante 2026 se han registrado cerca de 1.000 denuncias de extorsión contra docentes y al menos diez maestros han sido asesinados. 

La situación es particularmente compleja para quienes trabajan en sectores donde operan organizaciones criminales. Algunos educadores dicen vivir pendientes del teléfono, evitar rutas habituales o modificar constantemente sus horarios para reducir riesgos.

La deserción escolar y el riesgo de reclutamiento criminal

Detrás de cada denuncia existe un problema que preocupa tanto como la violencia: la deserción escolar. Según cifras citadas por la UNE, alrededor de 400.000 niños y adolescentes estarían fuera del sistema educativo, ya sea porque no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas. Para el gremio, esta realidad genera un escenario de riesgo.

“La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales”, lamenta Escala.

La preocupación no es menor. Organismos internacionales y estudios sobre violencia en América Latina han advertido que los grupos delincuenciales suelen captar menores en territorios donde existe exclusión educativa, pobreza y débil presencia estatal. En varios barrios de la Costa ecuatoriana, directivos y profesores reconocen que el temor de los padres a enviar a sus hijos a clases se ha convertido en un factor adicional para el abandono escolar.

La ausencia del Estado y el pedido de una emergencia educativa

De esa problemática se alimentan las bandas criminales para cooptar a esos jóvenes. Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la ausencia del Estado es un factor fundamental:

La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales.Jorge Escala, asesor de la UNE

“La carencia de políticas sociales fuertes, capaces de actuar de forma sostenida en las condiciones actuales del país, está influyendo para que las bandas continúen fortaleciendo sus procesos de reclutamiento. Hay que entender que no son los chicos quienes promueven ese reclutamiento”.

Frente al aumento de amenazas, la UNE plantea que el Gobierno declare en emergencia al sistema educativo y adopte medidas urgentes.

Lo que debes saber:

• Ingeniero Leonardo Tituaña usa IA en Quito para predecir tráfico en el hipercentro y reducir congestión vehicular.
• EPN impulsa app ciudadana para denunciar infracciones en Quito; Municipio analiza viabilidad legal en 2026.
• Estudios en Quito alertan más muertes viales y exceso de velocidad; proponen controles, datos e intervenciones urbanas.

Leonardo Tituaña, ingeniero mecánico con trayectoria en transporte y logística, entrena redes neuronales de grafos. Busca aliviar la congestión que generan cerca de 600 mil automotores en Quito (públicos, comerciales y particulares, incluyendo motos). 

Quito

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Rosero Mariela

Según explica, él utiliza un modelo que analiza cómo interactúan el flujo vehicular, los tiempos de desplazamiento y las decisiones de los conductores. Su laboratorio es el hipercentro, en las avenidas de los Shyris, 6 de Diciembre y Amazonas.

Desde hace un año y medio, alimenta este modelo con datos proporcionados por el Municipio y verificados y recogidos en campo. El sistema —explica— aprende como un niño, de forma progresiva, a partir de la experiencia. Cuando reconoce patrones, puede prever qué es probable que ocurra. La meta es identificarlos para anticipar puntos críticos del tráfico y comportamientos de riesgo, para tomar mejores decisiones.

Tituaña empezó a desarrollar este proyecto en su maestría en Optimización Matemática en la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Para procesar la información usa Python, un lenguaje de programación útil en ciencia de datos.

“La clave es tomar decisiones basadas en datos, actualmente no se están gestionando desde un solo centro. Se podrá observar cómo crece el tráfico vehicular, identificar tendencias históricas y entender cómo influyen factores como siniestros o eventos deportivos, meses con y sin clases, el clima”, explica. La idea es poder predecir cómo se mueve la ciudad.

La app para denunciar infracciones de la EPN

Su investigación avanza, pero no es el único esfuerzo desde la EPN. Esteban Irribarra, jefe Del Departamento de Física, con estudiantes y otros profesores desarrollaron una aplicación móvil para que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registre excesos de velocidad e infracciones con ayuda de la ciudadanía.

Con el dispositivo de posicionamiento (GPS) se detecta exceso de velocidad y con la cámara del teléfono se registran infracciones con fotos o videos. Estuvo disponible en su versión beta para Android, como Ecu Transporte Seguro, desde 2018. Han presentado la iniciativa a los tres últimos alcaldes.

Hace un mes, comentó Irribarra, se reunió con Pabel Muñoz, quien le dijo que analizarían la factibilidad con el área jurídica. El profesor reitera que todo será enviado a los agentes.

César Gárate, abogado especialista, opina que se requerirían reformas a las leyes de Tránsito y Transporte, Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Código Administrativo. Él considera que siempre será necesario que se conozca la identidad del denunciante, para que no se argumente que la acusación es “maliciosa y temeraria”, por ejemplo.

Aunque, señaló que una ordenanza podría contemplar regular el procedimiento sancionador en materia de tránsito para infracciones administrativas.

Sobre ese punto, el legislador de ADN y exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, dice que no hacen falta reformas. “La competencia de control de tránsito la tienen los GAD desde el 2008, requieren iniciativa y normativa local para implementar sistemas de denuncia ciudadana por ese medio y en tiempo real”. 

Y recordó que la alcaldía de Guayaquil lanzó la app VIPA. “La denuncia no genera automáticamente una multa, sería ilegal. Debe pasar por un proceso de revisión de la autoridad de control antes de cualquier actuación administrativa”.

La experiencia de Lima, con apps

El peruano Juan Tapia, de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, indicó que con el uso de tecnología, en herramientas como la fotopapeleta, las personas se acostumbran a respetar las normas. 

“Si eres testigo de una infracción puedes tomar foto, envias a buzón electrónico y se sanciona al infractor”. 

Allá también se usó la app VIPA, como la que propone la EPN, y así se han aplicado miles de multas por estacionar en zonas prohibidas, etc.

En Quito, varios ciudadanos usan las redes sociales para compartir videos o fotos de infracciones, en especial de buses y motos. Claude Roulet lo hace de forma permanente y documentada pues busca registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo hace en X (@NoNegligencia).

Investigaciones de las universidades UTE y UTPL sobre movilidad

En este mismo campo, desde la academia también se generan insumos para la toma de decisiones. Francisco Pérez, de la Universidad UTE, detalló que son parte de la Unidad de Investigación de Lesiones de Johns Hopkins, de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, desde 2021. 

Han determinado que el 75 % de muertes en siniestros son de motociclistas, peatones y ciclistas. Y que el exceso de velocidad pasó del 18 % al 27 % desde el 2023 a 2024. 

Han sugerido pruebas aleatorias de alcoholemia, campañas en medios, por eso y uso de casco y cinturón de seguridad y fiscalizar con cámaras fijas en lugares de alta mortalidad, implementar límite de velocidad de 30 km/ h, en vías en donde hay más peatones y ciclistas.

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Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, Yasmany García detalló que en su grupo de investigación en seguridad vial se analizó el proceso de emisión de licencias; concluyeron que el período de formación es corto para garantizar una conducción segura; plantean modelos con acompañamiento de tutores. 

Además, en su observatorio evidencian patrones de riesgo en el comportamiento de los conductores. Entre el 20 % y el 30 % de los usuarios no utiliza el cinturón de seguridad y es frecuente el irrespeto a los semáforos en rojo, una práctica que se repite entre motociclistas, taxistas y conductores particulares. Recomiendan aplicar controles focalizados en zonas con mayor incidencia de siniestros.

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Lo que debes saber

• ADN reconfiguró sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 y concentró su estrategia en Guayas, la provincia que considera clave.
• Los cambios de figuras como Niels Olsen y Zaida Rovira, junto con la incertidumbre sobre los rivales tras la suspensión de AMIGO, revelan cómo el oficialismo busca consolidar su mapa político.

Los últimos cambios en el tablero electoral de Guayas evidencian algo: para ADN, esa provincia es el epicentro de la disputa. Aunque los precandidatos ya están definidos y a la espera de concretar su inscripción, las apuestas del oficialismo reflejan cuáles son las provincias y los cantones que considera estratégicos para delinear el próximo mapa político del país.

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Hay tres elementos que permiten entender la estrategia de ADN para las elecciones seccionales: su primera participación en este tipo de comicios, el interés por cantones y provincias clave para su proyecto político y la disputa abierta con autoridades de la oposición.

El debut en las elecciones seccionales

La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que, en ese escenario, ADN intentará mostrar que cualquier triunfo representará un avance, ya que en las elecciones anteriores el movimiento no existía.

“En los espacios en los que se puede avanzar un centímetro más, seguro lo van a considerar como parte de la victoria. ADN parte de cero a algo; lo que consiga lo encuadrará como un avance y tratarán de pintar de morado el mapa electoral”, menciona Ávila.

La muestra de su debut en este tipo de elecciones está directamente relacionada con los cuadros escogidos. ADN optó por exintegrantes del Gabinete ministerial y de la Asamblea. 

En provincias como Guayas, Azuay o Pichincha no tiene perfiles propios vinculados a liderazgos locales o con procesos políticos consolidados en todos esos territorios.

Sobre los territorios clave

El segundo elemento, relacionado con los cantones y provincias estratégicos, se explica por la decisión de postular a algunas de las figuras más representativas del oficialismo para cargos seccionales.

Niels Olsen llegó a la Presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Primero fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas y luego para la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, en un giro inesperado, ADN alcanzó un acuerdo con la exalcaldesa Cynthia Viteri. Olsen terminó como candidato del oficialismo para la Alcaldía de Samborondón.

Pero esa no fue la única sorpresa. Otra figura de peso en el Gabinete de Daniel Noboa, Zaida Rovira, aceptó su precandidatura para una concejalía en Guayaquil. Inicialmente, ella figuraba como precandidata para la Prefectura del Guayas.

De esta manera, Guayas se convirtió en la única provincia en la que ADN modificó los perfiles que había anunciado previamente. Para el analista electoral Esteban Ron, la estrategia del movimiento muestra mayor visibilidad en dos provincias: Guayas y Pichincha.

El aparente menor interés por otros territorios, según Ron, responde a que en las últimas elecciones generales, en las que triunfó Daniel Noboa, quedó en evidencia un voto duro de ADN. Como ejemplo menciona las provincias ubicadas en la Sierra centro.

La relación del Ejecutivo con los GAD

Finalmente, respecto a la relación Ejecutivo-GAD, el Gobierno ha optado por dos mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos, tomando en cuenta que no cuenta con cuadros propios en las administraciones locales actuales.

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El primero ha sido el enfrentamiento directo con alcaldes de la oposición. El caso de Aquiles Álvarez refleja la tensión política entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.

El segundo mecanismo ha sido incorporar a autoridades locales a su órbita política. Ávila sostiene que el Ejecutivo ha sido hábil para “capturar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”. Ese gremio está presidido por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien, en debates como el de la ley urgente sobre el gasto de los GAD, fue una de las principales defensoras de la normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La experta concluye que al Gobierno central no le interesa tener alcaldes críticos. A su juicio, esa lógica explica la tensión con Aquiles Álvarez y también con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Este último perdió sus derechos políticos tras una denuncia por violencia política de género en el TCE.

A ese escenario se suma un elemento que podría incidir en la estrategia de ADN. Tras la suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aún está por definirse quiénes serán realmente sus principales adversarios políticos en los territorios donde el oficialismo aspira a imponerse. 

Uno de esos escenarios es Quito en done, según Ávila, ADN apuesta a candidatos cercanos no necesariamente la propia.

La historia porteña en fotografías

Una de las vías por las que circulaban los vagones era la calle Pichincha. Hace un mes, mientras se realizaban trabajos de reasfaltado, tramos de los rieles quedaron al descubierto, evocando una época en la que en las calles aparecían los primeros autos, se secaba el cacao en los portales o se compartía a un ritmo más pacífico.

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El bulevar 9 de Octubre fue, desde sus inicios y hasta la década de 1990, el centro residencial y comercial de la ciudad, pero luego las familias empezaron a mudarse a sectores de Samborondón, según recuerda el historiador Javier González.

“Todo lo encontraba uno, no encerrado en aire acondicionado como es ahora, sino caminando en las calles. Había esa disponibilidad de comercios, que hoy por hoy han migrado a centros comerciales”, señala.

“En su época, el tranvía fue ese medio de transporte que caracterizaba al centro”, destaca González, quien plantea que se recuerde a este hito con la exhibición de la réplica de un vagón en sitios como la Plaza de la Administración, similar al que está en el Parque Histórico, en Samborondón.

Antaño, en las edificaciones que fueron el escenario de hechos históricos o en las que nacieron personajes ilustres, las agrupaciones cívicas colocaban placas conmemorativas, muchas de las cuales aún permanecen en el centro.

Con los avances tecnológicos, Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral, sugiere que se pongan códigos QR que ofrezcan toda la información relacionada a ese lugar o evento de nuestra historia.

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Para González, repotenciar los sitios históricos nos ayudará a “recuperar ese civismo que hemos perdido”. Porque aunque los escenarios de la ciudad cambien, su historia sigue viva.

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Lo que debes saber

• Judicatura inició el concurso para jueces de la Corte Nacional con un reglamento cuestionado por gremios de abogados.
• Abogados piden cambios al reglamento para evitar filtraciones y fortalecer la transparencia del concurso judicial.
• La Corte Nacional opera con 10 de 21 jueces; el concurso busca completar el tribunal hasta 2027.

El concurso de selección para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en marcha. El trámite comenzó en el Consejo de la Judicatura (CJ), una vez que el organismo presidido por Mercedes Caicedo aprobó el reglamento para definir los requisitos y procedimientos de calificación de los postulantes.

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El proceso enfrenta grandes desafíos. El primero es lograr la confianza en un concurso que se ha truncado en los últimos cinco años, con dos procesos fallidos en 2023 y 2024, una situación que ha dejado al máximo Tribunal incompleto. 

La CNJ cuenta actualmente con solo 10 jueces, de los 21 con los que debería funcionar y en 2027 concluirá el período de otros seis, motivo que ha servido al CJ para justificar el inicio del trámite.

Si bien se reconoce la necesidad de completar el máximo Tribunal, los profesionales de la Función Judicial han realizado distintas observaciones a la normativa. 

Los juristas consideran que el proceso debe garantizar reglas que impidan la metida de la mano en la justicia y que permita seleccionar a los mejores cuadros para recuperar el prestigio de un organismo que ha sufrido el descrédito porque algunos de sus miembros fueron procesados y sentenciados.

La defensa del reglamento por parte de la Judicatura

Caicedo ha defendido el reglamento. Dice que incorporó un pronunciamiento que pidió a la CNJ sobre las pruebas de confianza y las recomendaciones que dio la Contraloría. 

Estima designar a los jueces nacionales hasta el primer trimestre de 2027, aunque reconoce que el concurso se podría alargar por eventuales acciones legales de los postulantes.

Los abogados proponen mayor participación de la academia

Más allá de los plazos, gremios de los abogados mencionan los puntos de la norma que les genera preocupación y hablan sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar.

El presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez Barrera, considera que “lo inteligente sería que la Judicatura busque el acompañamiento de la academia nacional” para desarrollar este concurso, así como el otro proceso de emergencia con el que busca nombrar a los magistrados de la justicia ordinaria.

“Deberían entregarle a la academia la toma de los exámenes, la calificación de los méritos, ella tiene experticia. Luego, en la parte final intervendría el CJ para la decisión final. La academia tiene un prestigio importante y garantiza que vayan los mejores. Podría haber errores, pero serán menos que los que comete la Judicatura y nos garantiza, al menos, un 80% de transparencia. Pueden haber ciertas injusticias, pero no tantas como las actuales, en donde todo el mundo desconfía”, acota.

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Cuestionamientos por la valoración de méritos y las pruebas

Además de la falta de transparencia, a los abogados les preocupan otros temas. Una es la puntuación que se entregará por la experiencia en docencia y la falta de mecanismos para blindar el acceso a las pruebas.

“Miramos que se da una sobrevaloración al tema de los posgrados y en el concurso se trata de elegir magistrados, no catedráticos universitarios. La diferencia podría afectar el ejercicio de la magistratura y generar una deficiencia que afectaría a la calidad de administración de justicia. Se debe valorar la formación, los méritos y la trayectoria. También vemos que no se evita que se filtren las pruebas teóricas y prácticas. Esto ya sucedió antes e impide la participación igualitaria de los postulantes”, señala Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay.

La probidad, uno de los filtros que respaldan el proceso

Aunque existen estos cuestionamientos, en Pichincha consideran que el proceso es necesario y que el reglamento sí reúne las condiciones porque incorpora requisitos para revisar la probidad.

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“Se deben valorar elementos de probidad económica y política. No queremos que se infiltren personas que, aunque tengan capacidad profesional, estén vinculadas al crimen. Se espera que se haga un análisis minucioso, que se abran las cuentas, que se revise la información de UAFE y SRI para verificar que el patrimonio del postulante o su entorno obedezca a una vida limpia. Son filtros fundamentales de este concurso”, sostiene Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que el CJ repita los errores pasados. “En lugar de actuar de manera acelerada y atolondrada, debía convocar a quienes en ocasiones anteriores han presentado observaciones para que el proceso tenga un lado más ciudadano. Eso no ha pasado y con la emergencia en el sector justicia, hay un riesgo grande de que vuelva a pasar lo mismo de otros procesos: que no tengamos interés de los abogados en participar o que por las reglas, este proceso se caiga. Esperemos que se convoque al concurso y que se encamine una salida para la justicia”, indica.