Vivir en el centro de Guayaquil

• Calles y edificios del casco urbano lucen desolados pasadas las 18:00 por la falta de vecinos.
• Arquitectos proponen al Municipio incentivos tributarios para impulsar la creación de viviendas.
• Residentes actuales carecen de espacios de convivencia y obras públicas para mejorar su entorno

La Bahía es un rugido ensordecedor que muere al caer la noche.

En ese silencio, el centro de Guayaquil cobra otro sentido para los pocos que aún residen en el casco comercial, teniendo de vecinos a enormes bodegas y edificios que se vacían progresivamente con la constante migración de sus habitantes.

Los pocos que quedan en el casco comercial

Son las 21:00. En la intersección de las calles Chile y Febres Cordero apenas circulan dos barrenderos de Urvaseo y un guardia de seguridad que duerme sobre una silla de plástico. Algunos vecinos se asoman a sus balcones para matar el tiempo.

Alex Macacela baja de uno de estos edificios hacia la tienda.

“Sí, es botado, pero en la noche es tranquilo. No se escuchan ruidos, aunque tampoco hay nada que hacer”, comenta.

Se mudó desde El Fortín, en el noroeste de la urbe, buscando un sitio menos conflictivo. “Encontrar alquiler aquí fue fácil, es lo que más hay”, dice. Sin embargo, cuestiona el abandono del espacio público: “Me gustaría que se pavimente mejor, no se ve obra para los que vivimos acá”.

A pocas cuadras, en Cuenca y Chile, Paola Alvarado resiente el declive. Desde que el aledaño edificio Multicomercio se quemó, la vida nocturna de su cuadra se extinguió.  “Se desocuparon diez departamentos. Yo no he podido trabajar. Estamos aquí abajo, conversando entre nosotros para que los niños jueguen en la vereda. De no ser por la luz de la tienda de la esquina, no saldría”, narra.

Allí, un grupo de estibadores brinda por el día acabado, mientras otros transeúntes trotan hacia la Metrovía.  “Tocó hacer inventario, la bodega queda a la vuelta”, dicen apresurados, motivados por la prisa de la distancia y la innegable sensación de inseguridad.

Chris Huiracocha pasea a sus perros por el sector. Confiesa que no se atrevería a salir solo. “Hay gente sin hogar que es violenta, duermen en las aceras. Son vías botadas por donde pasan muchas motos”, asegura a EXPRESO.

De hecho, entre Olmedo y Malecón, los estrechos callejones donde de día se ofrece tecnología a gritos, de noche son el refugio de celadores y personas en situación de calle que duermen pegados a las mallas metálicas.

Este abandono habitacional tiene una explicación estructural. Florencio Compte, arquitecto y académico, lo expone con cifras claras: “Si uno toma las parroquias Rocafuerte, 9 de Octubre, Roca, Carbo y Bolívar, menos del 3 % de la población de Guayaquil vive en el centro. Es un proceso de abandono hacia la periferia que empezó en la década de 1950”.

Según el experto, el centro se vuelve peligroso después de las horas laborales precisamente porque “nadie vive ahí y nadie quiere circular por una zona abandonada”.

Revertir esto requiere que el Municipio provea servicios educativos, de salud y seguridad, otorgando incentivos.

Compte cita el modelo de Río de Janeiro: “Hacían un canje. Si la empresa privada quería construir en la periferia, el municipio le reducía impuestos siempre y cuando invirtiera también en vivienda en el centro”.

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La dinámica laboral sella el vacío. El gestor cultural Luis Alberto Illescas señala que el sector bancario e institucional marca su salida a las 17:30 y huye a sus casas.

“El centro tuvo un espíritu bohemio y nocturno que se ha ido mutilando. En 2006, la Espol de Las Peñas era vital, había ‘jams’ de jazz los miércoles hasta las tres de la mañana”, recuerda.

Hoy, la población residente es mayoritariamente de la tercera edad, un grupo que suele rechazar las iniciativas de reactivación por el ruido.

Para Illescas, urge un censo sectorial y despolitizar la gestión cultural para revivir el casco urbano mediante alianzas. 

Pese al panorama, la esperanza de una reactivación subsiste. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, cree que el centro “está medio agonizando, pero tiene un potencial enorme en vivienda, turismo y arquitectura. Hay que transformar el centro de amenazas a oportunidades, como ocurrió en el sector de Brickell en Miami, que antes daba miedo”, explica.

Esa es la misma fe que guarda Carlo Peñaherrera, de 29 años, residente en Malecón e Imbabura.  Añora las caminatas nocturnas de su niñez al parque Seminario. Aunque la presencia militar en los bajos de su edificio le da alivio, el miedo acecha.  “A la enfermera de mi abuelita le robaron a dos cuadras. Me da recelo”. Sin embargo, se aferra a la idea de un cambio inminente.

Vivir cerca de los puntos históricos, asegura, sigue siendo una experiencia que la ciudad no debe dejar morir en la oscuridad.

Lo que debes saber

• Claudia Díaz advierte que en Quito, casi una persona muere al día por siniestros de tránsito y pide priorizar la vida.
• Experta señala que la OMS ha establecido límites de velocidad segura; ir a 60 km por hora es riesgoso, si se atropella a alguien es como si se la lanzara de un cuarto o quinto piso.
• Los controles aleatorios se hacen en las compañías de buses y en las calles, hay sanciones; pero agentes explican sobre riesgos que se corren con infracciones.

Cada año, la cifra de siniestros de tránsito y de fallecidos producto de ellos aumenta en la capital: 250, 261 y 296, del 2023 al 2025. Van 66 hasta el 26 de marzo del 2026. El 2 de abril se produjo una tragedia, cuando un bus de Setramas pasó un semáforo en rojo y se llevó a dos personas en moto. ¿Qué se puede hacer para enfrentar esta problemática?

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EXPRESO habló con Claudia Díaz Acosta, experta en seguridad vial, que dirige la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en Colombia. Ella habló sobre las políticas que se deben aplicar para evitar que los "errores de las personas" hagan que se pierda vidas en las vías.

En Quito, a diario ocurren infracciones de tránsito graves. ¿La ciudad debería alarmarse más ante esta pandemia silenciosa, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los siniestros viales?

Las palabras son esas, se trata de una pandemia silenciosa. Estamos normalizando como sociedad las muertes por siniestros viales y no se entiende su magnitud. Como bien mencionas es una tragedia que hace que los medios y la conversación pública se enfoquen en ese suceso.

¿Por qué habría que enfocarse en esos siniestros?

Porque si hay alrededor de 300 muertes en Quito al año, es casi una diaria. No es una noticia de todos los días, pero los otros días ocurre una muerte en promedio, según las cifras que vi. La conversación sale cuando se conocen esos casos que generan rechazo común frente a la tragedia. Ese es el trabajo que hay que hacer: ¿Cómo generar esa discusión de la agenda pública de la ciudad en todos los niveles?

¿Sobre qué debatir?

En este caso, el gobierno como tal debe tener una agenda centrada en un discurso de protección a la vida. Y de que todos tenemos una responsabilidad; es un poco la filosofía del sistema seguro que están adoptando las ciudades, por un cambio de paradigma.  

Antes lo fácil era culpar a otro, a la víctima que murió, y se dejaba de lado esa responsabilidad que todos los actores viales tienen, también las autoridades, para generar vías seguras para todos los usuarios.

¿Qué implica ese enfoque de sistema seguro?

En el enfoque de sistema seguro hablamos de la responsabilidad que tenemos las personas, los gobiernos, quienes diseñan el espacio público, las calles, ya que la infraestructura responde a la movilidad.  

Otro hito importante es la velocidad segura, que tiene que ver con límites, pero se relaciona con la forma en que se diseña una calle donde sé que tendré peatones, ciclistas, transporte público, vehículos privados y motociclistas.

¿Cuánto pesa la velocidad?

La velocidad es el articulador, ya que tengo a todos esos actores viales. La OMS ha dicho que en ámbitos urbanos, no se debe ir a más de 50 km por hora. Es más seguro si hubiera una eventualidad.  

Pero, los siniestros de tránsito tienen múltiples causas, que dan lugar a un desenlace lamentable; puede ser que un bus vaya con exceso de velocidad, que el conductor esté distraído o que de pronto haya deficiencias en la infraestructura, etc.

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¿Cuál es la velocidad segura?

Según la OMS, a 50 km por hora, si cruza un peatón o se enfrenta a otro tipo de riesgo, se puede frenar y si lo atropellan, no le costará la vida. En Bogotá, alrededor de centros educativos es de 30 km por hora o menos. Los errores de las personas no deben costar la vida, según el sistema seguro.

¿Cómo debe ser el diseño de las vías para que sean seguras?

La velocidad es el eje estructurante, para diseñar calles y que ese diseño influye positivamente en el comportamiento de las personas. Si una calle tiene carriles de más de 3,5 metros difícilmente el conductor sentirá que puede cumplir un límite de velocidad por debajo de 80 km por hora.  

Al diseñar las calles le hablamos al usuario, si tengo un carril súper ancho es una invitación a facilitar.

¿Qué es lo que los conductores no conocen sobre la velocidad?

No miden el riesgo en velocidad pero sí en altura. Si voy a 50 km por hora y atropello a un peatón, es equivalente a si yo lo hubiera lanzado de un segundo piso, no morirá, saldrá magullado.  

Si voy a 60 km, la probabilidad de muerte sube al 90 %. Al acelerar, no sientes esos 10 km de diferencia en el carro, pero es como si lo lanzaras del cuarto o quinto piso.

A diario vemos las infracciones. ¿Educar o controlar?

El enfoque debe ser en distintos ejes: infraestructura segura, control y cultura ciudadana, pedagogía y comunicación, al mismo tiempo. Decirles “existen estos riesgos, usen los pasos peatonales, conductor comparte la vía...”. Y, mientras cambio la infraestructura, semáforos, pinto las cebras, etc.  

Por otro lado es muy importante que la ciudadanía sienta que hay control y sanción a esos comportamientos; tenemos cámaras salvavidas, hacen que respetan el límite, no quieren volver a pagar multas; y capacitamos al agente civil en el discurso de que al incumplir la ley de tránsito pone en riesgo su vida.

Si exceden la velocidad, pueden matar a dejar a alguien con discapacidad, ponen en riesgo vidas, les decimos.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

A la gente no le gusta ser controlada y los alcaldes no quieren asumir costos políticos. ¿Qué hacer?

Se necesitan liderazgos que privilegien primero la protección a la vida, eso implica, por ejemplo, instalar cámaras para fotodetección y controlar. Eso genera rechazo en la ciudadanía, pero es un deber contar por qué se toman esas medidas.  

Es importante el papel de los periodistas, para que se entienda que los siniestros son un problema de salud pública, por qué son evitables, etc.

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¿Qué tipo de controles se hacen cotidianamente?

Hacemos visitas a los patios de empresas de transporte público, para inspecciones aleatorias; controles en vía a buses ya todos los vehículos para ver si tienen la técnica mecánica al día, el seguro de accidentes obligatorio. Son sanciones para inmovilizar el vehículo.  

Diariamente los hacemos, desde mal parqueo, así como embriaguez, pero estos por ejemplo, más los fines de semana.

Las evidencias de infracciones que se comparten en redes sociales nos sirven para sancionar y para que haya sanción social.Claudia Díaz Acosta/ Secretaria de Movilidad de Bogotá

¿Quién es Claudia Díaz Acosta?

Ingeniera ambiental con maestría en ingeniería civil en el área de transporte de la Universidad de los Andes. Secretaria de Movilidad de Bogotá. Antes lideró la Oficina de Seguridad Vial, desde donde impulsó soluciones que combinan inclusión, seguridad y sostenibilidad. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas de movilidad urbana. Fue asesora del BID.

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Mientras que los costos de insumos agrícolas se han encarecido, dijo José Luis García, coordinador de Defensa de Agricultores.

Pero no solo ha afectado el precio del combustible, sino también por las sobretasas que Ecuador puso a Colombia. “La harina de maíz que viene de Colombia pasó de 1 a 1,30 dólares”, indicó García.

Las amas de casa, como Cecilia Ortega, se quejan de que la libra de mora y la frutilla pasaron de 1 a 1,50 de dólares.

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En los precios influye la escasez

A la coyuntura del precio del combustible y de la sobretasa de Ecuador a Colombia se suman los alimentos que se encarecen por su escasez.

“Los alimentos que han subido de precio por no estar de temporada son el aguacate, los arándanos y las uvas, pero esto es porque no estamos en el tiempo de cosecha. Los demás productos, como manzanas, peras, sandía, mantienen el valor que ya se manejaba”, comentó una comerciante.

Sin embargo, con un poco de recelo aseguró que la situación podría cambiar frente a la alza del galón de diésel que se presentó desde el pasado 12 de abril en el país. “Puede ser mañana o pasado, pero estamos en ascuas porque sabemos que es lo más probable”, mencionó.

Para ella, la medida que suelen adoptar los mayoristas es la solución más rápida y beneficiosa para un grupo pequeño del negocio, es decir, “solo para ellos”. “Para recuperar nuestra inversión, que en esos casos es mayor, debemos subir de precio a cada producto y al llegar a oídos del cliente, no tiene la acogida que uno espera”, dijo.

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Suben precios, no hay salario que alcance

Ella, como si se tratara de una pregunta retórica, se responde a sí misma que es “obvio” que a los compradores les disguste pagar de 20 a 30 centavos más por producto ya que el sueldo continúa en el mismo rango.

Otra comerciante, que también labora en el mercado Central, teme un posible incremento de precios generalizado. Al momento se habla de una subida de ciertos alimentos, por ejemplo en algunos puestos la cubeta de huevo pasó de 3,50 a 3,80 dólares.

Una comerciante dijo que el mayor gasto siempre lo hacen los que no tienen vehículos para transportar la mercadería y deben alquilar los camiones o camionetas para llevar sus productos.

“Si usted tiene un camión o el vehículo es un poquito más económico, pero si es que le toca andar alquilando... ¡ay, Dios!”, expresa. Su reacción sale de sus palabras y se ‘instala’ también en su rostro, que denota el estrés que le genera no saber qué sucederá con los precios.

Ella, por su parte, comentó que ninguno de los productos más comprados, como las papas, pimientos, tomates y cebollas, han subido de precio aún. “No estamos preparados para el golpe tampoco”, señaló.

Lo que debes saber

• Marketing: La gestión de Pinto es un síntoma de un Gobierno que prioriza el marketing digital y el branding en redes sobre una verdadera visión de Estado.
• Desconexión: Existe una grave desconexión entre la narrativa de TikTok y la realidad social, evidenciada en la crisis de salud frente a videos frívolos.

Si la vicepresidenta María José Pinto retiró de sus redes sociales dos videos que le generaron una ola de críticas y burlas crueles, es porque la realidad terminó imponiéndose a la comunicación política o Compol, el nuevo evangelio de los asesores de imagen y estrategas que han reemplazado a la política por el mercadeo y el branding en redes sociales. Aunque no es una víctima de todo esto, porque ya es una adulta que tiene capacidad para decir “yo no hago esto” y que se supone debe tener cierta estatura de estadista, Pinto es tan solo un síntoma y no la enfermedad.

La verdadera enfermedad es la nula o, en el mejor de los casos, la miope visión de estadistas que tienen quienes están al frente del Gobierno y de todos los organismos del Estado. Se trata de una enfermedad que tiene características de epidemia, porque afecta a casi todos los funcionarios responsables de los distintos poderes en el Ecuador.

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El error estratégico del Museo del Prado

Veamos: para comenzar, ¿a quién se le pudo ocurrir la terrible idea de presentar a Pinto en un video en el Museo del Prado, en Madrid, diciendo que fue a aprender un modelo de gestión para el próximo Museo Nacional, cuando su gestión en la salud, por la razón que fuere, ha sido un estrepitoso fracaso? Es obvio que los ‘compoleros’, es decir, los tecnólogos de la comunicación política o Compol que administran (sí, administran) a los funcionarios públicos, no son capaces de medir lo que la gente vive en el mundo real y piensan que todo se resuelve en un reel de TikTok o Instagram.

Pinto podría ser la persona más adecuada y capaz para montar un sistema de gestión para el Museo Nacional, pero, si está en medio de una tormenta por lo que ocurre en la salud pública, ¿a quién se le ocurrió darle el encargo de gestionar capacidades para el Museo Nacional? Quien haya tenido la idea, para comenzar, no tiene la más mínima capacidad de empatía con la sociedad ni siquiera con la propia Pinto: hacerle el encargo y luego producir un video con ella desde las elegantes y plácidas salas del que quizá es el mayor museo de arte del mundo parecería obra de un enemigo suyo.

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Falta de sentido común y delegación de funciones

Y todo se reduce, realmente, a un problema de falta de sentido común: si se tiene un patio desorganizado, sucio y con malos olores, no se le da el encargo de organizar la fiesta del condominio al responsable de tener todo nítido en el patio. Además, todo era muy sencillo: se podía haber enviado a la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para que hiciera esa tarea, ya que desde su despacho se han manejado con éxito las gestiones para el Museo Nacional.

Pinto, sin embargo, no queda exenta de responsabilidad por lo ocurrido: ¿por qué no se negó a hacer un comercial -porque eso era finalmente el video- en el que aparecía en el Prado aprendiendo cómo funciona ese museo? Para comenzar, debía haber dicho que ese fue un encargo de la Presidencia de la República -como en efecto ocurrió-, en lugar de salir ahí como una aparecida. Si hubiera dicho que el encargo provenía de la Presidencia, quizá no habría quedado tan mal parada.

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La desconexión con la crisis de salud

También es verdad que Pinto ya venía protagonizando algunos papelones que explican la reacción social frente al video en el Prado. Muy poco antes ya había publicado otro en el que aparecía columpiándose plácidamente, con los ojos cerrados y escuchando música de Pamela Cortés, precisamente el mismo día en que unos niños amazónicos habían muerto en un hospital de Cuenca por falta de atención adecuada. ¿Existe mejor y más potente forma de graficar a una persona desconectada de la realidad que escuchando música con audífonos y los ojos cerrados?

La indignación no solo fue por lo de los niños fallecidos ese día, sino por todo lo que venía arrastrándose en el campo de la salud, que le encargó el presidente Daniel Noboa. Un encargo que, con todo lo que se ha visto hasta hoy, resultó ser un acto de inmensa irresponsabilidad, porque para asumir esa tarea debió haberse designado a alguien empapado de la problemática de la salud pública. Irresponsabilidad, además, por haberle impuesto como encargado del viceministerio a alguien que había fracasado como secretario jurídico de Carondelet: Stalin Andino.

El límite de la comunicación digital

Ese video produjo, al igual que el del Museo del Prado, una ola de indignación y burlas, por lo que Pinto también terminó borrándolo de sus redes sociales. Lo increíble es, además, que con la experiencia del video del columpio haya publicado el del Museo del Prado, cuando también era lógico que desatara el mismo tipo de reacción.

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Que Pinto haya pecado de inocente o de poco sensible no es el problema de fondo. El verdadero problema es que el Gobierno del presidente Noboa se maneja con lógicas completamente apartadas de una visión estadista y se rige por lo que los asesores de imagen consideran más rentable desde el punto de vista comunicacional. Y ese recurso puede funcionar, pero solo hasta cierto punto: TikTok tiene un límite que se llama realidad.

Lo que debes saber

• Denuncias: Gremios de juristas y organizaciones advierten que jueces en Ecuador enfrentan hostigamiento, ataques y presiones desde el poder político e institucional, incluyendo acciones de la Contraloría, Fiscalía y campañas en redes.
  
• Debate: Expertos señalan que estas acciones podrían derivar en una captura del sistema judicial con fines antidemocráticos.

Los gremios que representan a los juristas del país, organizaciones y abogados han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de “ataques”, “hostigamiento” y “presión” por las resoluciones adversas a las autoridades de turno.

Las reacciones comenzaron cuando se conoció que Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general, Carlos Alarcón. La acción de control ocurre en momentos en los que el Alto Tribunal ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

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Gremios alertan sobre hostigamiento a jueces

En aquel momento, se advertía una afectación a la institucionalidad y se instaba a respetar el orden democrático. Sin embargo, la alerta subió de tono tras conocerse las acciones en el ámbito administrativo y legal que presentó el fiscal en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

Las acciones de Fiscalía estuvieron acompañadas por una campaña en las redes sociales, en donde se atacaba a los jueces. Estas han sido cuestionadas debido a que la inconformidad hacia los fallos deben “ser rebatidas única y exclusivamente en el marco del debido proceso y del contradictorio” para no incidir en la independencia judicial, recordó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

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Si bien la política y la justicia convergen en el sistema judicial de un país, “estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o para realizar controles en juicios políticos en contra de autoridades judiciales”, dice Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). No obstante, el problema se genera “cuando esa interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En ese caso, la justicia se vuelve un botín y actúa aprovechando esa posición. Pero cuando pierde ese poder político, la utilizan como una especie de trinchera para mantener privilegios, impunidad o incluso para negociar con la oposición o perseguir voces disidentes”, explica.

Acciones de Contraloría y Fiscalía intensifican

La directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, señala que estas arremetidas “no son un tema de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia que va a terminar en que los jueces no tengan la capacidad de tomar su decisiones de manera independiente e imparcial. Si se sienten hostigados y no pueden decidir en consonancia con lo que dicta la ley ni ejercer su función como contrapeso del poder, difícilmente podremos tener un sistema de justicia independiente y tendremos uno que se va a convertir en más autoritario”, observa.

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Según Indacochea, el impacto va más allá. Cree que la arremetida no se queda solo en la persecución, como ya se ha visto en otros países de la región, pues sostiene que esos fallos suelen ser “el detonante o la excusa. La justicia se vuelve selectiva y hasta se la utiliza para dar un cascarón de legalidad a ciertas políticas públicas que pueden no serlo, como las políticas de seguridad. Eso lo vimos en El Salvador, donde, para poder aprobar los regímenes de excepción de Nayib Bukele, primero se tuvo que destruir la independencia del sistema de justicia. De otro modo no hubiese sido posible que se detenga a más de 90.000 personas sin ningún tipo de evidencia”, asegura.

Riesgo de captura del sistema judicial

Miño coincide. Menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante muchos años, “los matices que han cobrado últimamente, como las campañas de desprestigio, estigmatización y mecanismos de sanción, a nivel de la Judicatura, o la instrumentalización de la Contraloría, sí son preocupantes. Evidentemente, en Ecuador ya comienza a verse algo, que a nivel regional o global, ya se ha observado como algo peligroso para la democracia: los intentos de captura del sistema de justicia”, agrega.

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Aunque se alerta que estos casos inciden en el sistema de justicia, el abogado y exlegislador, Andrés Páez, opina que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. Considera que en el caso de la CC, sus magistrados “no hacen justicia constitucional, tienen una agenda política que ha convertido a la Corte en el último reducto del correísmo. Lo único que afecta a la independencia judicial es que los jueces tengan una agenda política, porque ellos pueden tener ideas políticas, pero no pueden practicar su ideología”, concluye.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

Te invitamos a leer: Asamblea fiscalizará cortes de luz en Ecuador: ¿qué investigará?

El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debe saber

• Quito: AMT sanciona 2.408 conductores en 2026 por infracciones en transporte público.
• Informe revela más de 5.200 citaciones entre 2025 y 2026 por puertas abiertas y paradas ilegales.
• Controles aumentan tras siniestro en Mariscal Sucre y por riesgos en seguridad vial. 

Correteos entre unidades, exceso de velocidad, circulación con puertas abiertas y pasajeros embarcados o desembarcados en plena vía son parte del retrato cotidiano que enfrenta el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito. 

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encendió nuevamente las alertas al revelar que, en lo que va del año, 2.408 conductores han sido sancionados por diversas contravenciones, tras un análisis a las cooperativas que operan en la capital.

Más de 2.408 sanciones en Quito

El informe no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la recurrencia de ciertas prácticas que se repiten en el sistema. Según la AMT, el objetivo del estudio fue identificar las infracciones más frecuentes para fortalecer los controles en calle y mejorar la calidad del servicio. La preocupación se intensificó tras el siniestro registrado el pasado 2 de abril en la avenida Mariscal Sucre, hecho que motivó el incremento de operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 se han emitido 5.235 boletas de citación al transporte público. Solo en 2026, la cifra alcanza 2.408 sanciones. “Se ha intensificado el control en todas las operadoras, especialmente en aquellas que presentan reincidencia”, señaló la funcionaria.

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El ranking de infracciones ubica a varias cooperativas con altos niveles de sanción. En 2025, Transporsel encabezó la lista con 312 citaciones, seguida de Paquisha, Carcelén-Tarqui, Transperiféricos y Alborada. Para 2026, la tendencia se mantiene con variaciones: Transplaneta lidera con 146 sanciones, seguida de Transporsel con 137, Paquisha con 134, Alborada con 118 y Vencedores de Pichincha con 106.

Las infracciones más recurrentes ayudan a entender el comportamiento en las vías. Conducir con puertas abiertas representa una de las principales faltas, con 849 casos registrados. Le siguen no utilizar cinturón de seguridad (291), recoger o dejar pasajeros en lugares no autorizados (286), desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito (219) e invadir carriles exclusivos del transporte público (169).

Infracciones frecuentes en transporte público Quito

Estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionadas con multas que van desde el 5% hasta el 30% del salario básico unificado, dependiendo de la infracción. Sin embargo, la AMT reconoce que no todas las faltas pueden ser sancionadas con la misma intensidad. 

El exceso de velocidad, por ejemplo, aún no se sanciona de forma operativa debido a un vacío normativo relacionado con la calibración de cinemómetros, aunque sí se realizan controles preventivos y reportes a la Secretaría de Movilidad.

“Sí hemos identificado excesos de velocidad, pero por ahora se notifican para generar conciencia mientras se ajusta la normativa”, explicó Morocho, al tiempo que recalcó que los operativos son diarios y se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

Las consecuencias de estas prácticas no se limitan a sanciones económicas. La AMT advierte que muchas de estas infracciones están directamente relacionadas con siniestros de tránsito, especialmente caídas de pasajeros por apertura indebida de puertas o frenazos bruscos en movimiento. 

El exceso de velocidad se detecta pero aún no se sanciona operativamente por limitaciones técnicas
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT

Conductores sancionados por malas prácticas

El tema también ha generado reacciones políticas. Concejales del Municipio de Quito han cuestionado el accionar de algunas operadoras y han planteado medidas más severas, como la posible reversión de permisos. Desde la Secretaría de Movilidad, en cambio, se anunció el inicio de acciones administrativas y procesos de verificación sobre el funcionamiento de las cooperativas.

Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes defienden su postura. El gerente de Transplaneta, Joselito Rodríguez, aseguró que la empresa ha iniciado procesos de capacitación interna y busca reforzarlos mediante convenios educativos. Sin embargo, señaló una dificultad: no cuentan con el detalle individual de las sanciones, lo que limita el seguimiento caso por caso.

En la misma línea, el representante de Vencedores de Pichincha, Cristian Lara, reconoció la existencia de infracciones, pero atribuyó parte del problema a la falta de señalización adecuada en paradas y a la presión operativa del sistema.

Estamos aplicando sanciones internas para corregir malas prácticas en nuestros conductores.Cristian Lara, gerente de la coop. Vencedores de Pichincha

La cooperativa, dijo, ya aplica sanciones internas y programas de formación, aunque admitió que el informe de la AMT obliga a reforzar los controles. Pese a los cuestionamientos por las infracciones de tránsito registradas en el transporte público, el gremio del sector señala que la operación atraviesa también una fuerte presión económica. 

Los dirigentes atribuyen parte de las dificultades al incremento del precio del diésel, que afecta directamente la sostenibilidad del servicio. El dirigente Carlos Brunis señala que el alza del diésel y la eliminación del subsidio han afectado gravemente la operación de las cooperativas. Afirma que la prestación del servicio ya no puede sostenerse al 100% debido a los mayores costos de combustible e insumos.

“Nosotros criamos en la casa y venimos a vender cada semana. Ahora no podemos traerlos y nos quedamos sin ingresos”, cuenta Rosa Llumiquinga, productora de Quisapincha. Explica que, en una buena jornada, lograba hasta 50 dólares, con cuyes que se venden entre 5 y 6 dólares, según la demanda.

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Una situación similar enfrenta Luis Tenelema, de Pasa. “También tenemos conejos. Esos se venden hasta en 10 dólares sin pelar. Pero si no hay feria, no hay cómo vender”, lamenta.

Desde la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) se informó que la decisión responde a una alerta sanitaria en evaluación. Mary Isabel Trujillo, directora distrital, indicó que se han registrado muertes de conejos en las últimas semanas y, más recientemente, reportes en cuyes.

“Se han tomado muestras que están siendo analizadas en Quito. Mientras tanto, algunas granjas se mantienen en cuarentena”, explicó.

En la misma línea, Gabriel Andino, coordinador general de Sanidad Animal, señaló que la restricción del ingreso de cuyes y conejos a ferias es una medida preventiva.

“No existe evidencia de riesgo de transmisión a humanos. Se trata de proteger a las especies mientras se determina el origen del problema”, puntualizó.

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Más de 10 mil animales por jornada

Solo el Mercado América, ubicado en la avenida Bolivariana y El Cóndor, concentra entre 500 y 800 comerciantes en cada jornada de animales menores y aves.

De acuerdo con datos municipales, en este espacio se comercializan más de 15.000 cuyes y 300 conejos por día de feria, provenientes principalmente de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.

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Con la restricción, se estima que esa cantidad de animales menores —entre cuyes y conejos— deja de venderse cada semana, lo que impacta directamente en la economía de cientos de familias rurales.

Luis Jerez, directivo del Mercado Intercultural Chibuleo, mencionó que también deben acatar la medida y evitar la venta de estos animales mientras se mantenga la prohibición. 

Mientras Guadalupe Pérez, presidenta del centro de comercio de animales menores en el Mercado América, indicó que hace tres semanas se presentó la novedad y tomaron todas las medidas de desinfección.

El Municipio de Ambato, a través del director encargado de Servicios Públicos, Juan Tenorio, aclaró que las ferias de animales menores no han sido suspendidas en su totalidad.

“La actividad continúa en espacios autorizados como el Mercado América, Chibuleo, Pachano, Quisapincha y Pasa. Sin embargo, se activaron protocolos sanitarios tras la alerta en cuyes y conejos”, indicó.

El funcionario añadió que existe coordinación con Agrocalidad y la Gobernación para monitorear la situación y brindar información clara tanto a comerciantes como a la ciudadanía.

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Mientras se esperan los resultados oficiales de laboratorio, los productores mantienen la expectativa de retomar la venta con normalidad. Por ahora, la prioridad es prevenir y evitar una posible propagación entre los animales, recalcó Tenorio.

Lo que debes saber

• Falta de agua potable afecta a Tola Chica 3, en Tumbaco, por red saturada y suministro intermitente.
• Moradores denuncian cortes de hasta cuatro días y gastos extra por tanqueros privados.
• Epmaps atribuye fallas a aire en la red y reconoce problemas similares en Cumbayá y Puembo.

La falta de agua potable genera malestar en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito. En el sector de Tola Chica 3, abrir una llave se ha convertido en un acto de incertidumbre, ya que el líquido vital puede no llegar o hacerlo apenas como un goteo insuficiente. 

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO junto a los moradores, se constató una realidad que se repite en varias viviendas: el suministro es intermitente y, en muchos casos, no alcanza para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse o limpiar.

La escena cotidiana refleja una contradicción. Mientras el sector crece a un ritmo acelerado, la infraestructura no logra acompañar esa expansión.

Los residentes coinciden en que el aumento de urbanizaciones, conjuntos habitacionales y nuevas construcciones ha desbordado la capacidad de la red de agua potable. “El crecimiento es evidente, pero los servicios siguen siendo los mismos”, comentan con preocupación, al señalar que el desarrollo urbano no ha ido de la mano con una planificación adecuada.

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Denuncian días sin una gota de agua

Marco Veintimilla, presidente del barrio, describe con cifras la magnitud del problema. Según sus estimaciones, en Tola Chica 3 viven alrededor de 4.500 personas, sin incluir a la población flotante vinculada a instituciones educativas cercanas. 

“Hay sectores que pasan tres o cuatro días sin agua; otros solo la reciben durante la noche. Incluso hay zonas donde el servicio no llega desde el viernes”, explica. Aunque asegura que mantienen contacto constante con la empresa municipal, advierte que las soluciones suelen ser temporales. “Cuando se insiste, envían ayuda, pero no es una respuesta definitiva”, agrega.

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Para muchas familias, la escasez implica gastos adicionales y condiciones de vida más difíciles. Silvana Zambrano, residente de un conjunto de 28 viviendas, relata que, pese a contar con cisterna, el almacenamiento no es suficiente frente a cortes prolongados. 

“Nos vemos obligados a comprar agua en tanqueros privados. Es un gasto extra y no siempre hay garantía de calidad”, afirma. En su entorno viven adultos mayores y personas con enfermedades, lo que agrava la falta del servicio básico.

Dudan de la distribución del agua

La situación también evidencia problemas estructurales. Rodrigo Aguilar, quien ha vivido más de 40 años en el sector, recuerda que el sistema de abastecimiento original, proveniente de El Inga, ha quedado rebasado.

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“Antes alcanzaba, pero ahora, con tantas construcciones, el caudal se reparte entre más viviendas y ya no es suficiente”, señala. Además, considera que existe una distribución desigual que deja a ciertos sectores sin acceso durante días, mientras otros reciben el servicio de manera parcial.

Las quejas aumentan. Mariela Villalva asegura que desde la pandemia el problema se ha intensificado. 

“Hemos pedido soluciones, pero solo vienen a hacer revisiones temporales. Abren y cierran válvulas, mencionan posibles daños, pero nunca hay una reparación definitiva”, explica. 

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En medio de esta incertidumbre, los habitantes han tenido que adaptar su rutina: recolectar agua en recipientes, reducir su consumo y destinar dinero a la compra de bidones. “Lo más frustrante es que las planillas llegan puntuales, aunque el servicio falle”, enfatiza.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) se informó que no se habían registrado reportes continuos en el sector. No obstante, la entidad reconoció que durante el último fin de semana se produjeron interrupciones. 

Según el informe, se detectó la presencia de aire en varios puntos de la red, lo que afectó la distribución. Como respuesta, realizaron trabajos de desfogue de hidrantes y se instaló un nuevo punto para facilitar el mantenimiento.

Falta de agua aqueja a otras zonas del valle

La problemática no se limita a Tumbaco. En Cumbayá, usuarios reportaron recientemente una disminución en la presión del servicio tras un corte de energía en San Patricio Alto. 

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La empresa confirmó un daño en la estación de bombeo San Francisco Medio, lo que afectó a varios sectores. A este escenario se suman las quejas en Puembo, en donde también se registran fallas constantes, con cortes y baja presión. 

Aunque Epmaps asegura que trabaja en proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la cobertura, estas promesas no logran disipar la preocupación ciudadana. Los moradores cuestionan que se otorguen permisos de construcción mientras el sistema de servicios básicos muestra signos de saturación.

La realidad de abandono también golpea con fuerza al sistema educativo en el norte de Manabí. En cantones como Sucre y San Vicente, la reconstrucción de unidades educativas sigue siendo una tarea pendiente, con espacios destruidos, estructuras inconclusas y estudiantes que aún reciben clases en condiciones inadecuadas.

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En la Unidad Educativa William Fletcher Paraguay, ubicada en la parroquia Canoa, del cantón San Vicente, el terremoto arrasó con gran parte de su infraestructura. “Aquí había dos bloques en forma de L. Uno se perdió completamente, se llevó todo el terremoto”, explica Douglas Bayona, un dirigente ciudadano. El otro bloque quedó a medio construir y, con el paso del tiempo, sin mantenimiento, se ha deteriorado aún más, convirtiéndose en un espacio vacío y desaprovechado.

Bayona también cuestiona la falta de intervención estatal en estos años. “Es cuestión del gobierno de turno que no lo ha hecho. Desde el terremoto no ha habido una respuesta clara para poder reconstruir este espacio”. Recuerda que, tras la emergencia, los estudiantes fueron reubicados en instalaciones provisionales, una medida que debía ser temporal, pero que se ha extendido por una década. “Se han hecho gestiones, se ha solicitado, pero no ha habido respuesta”.

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A esta problemática se suma el impacto de la reubicación. Narcisa Hernández señala que juntar a estudiantes de escuela y colegio en un mismo espacio ha sido perjudicial. La comunidad educativa fue trasladada a la Unidad Educativa Elías Cedeño Jerves, donde reciben clases en contenedores. Lo que inició como una solución provisional terminó convirtiéndose en una realidad permanente durante diez años, generando incomodidades, hacinamiento y dificultades en el proceso de aprendizaje.

No hubo prioridad para la educación

Para el exconcejal de San Vicente, Leonel Kuonqui, la situación es reflejo de una deuda estructural. Asegura que la infraestructura educativa es una de las más afectadas tras el terremoto y que, hasta ahora, no ha sido atendida como prioridad. “No tenemos lugares adecuados donde los estudiantes puedan aprender. Siguen en aulas provisionales, que son contenedores donde hace mucho calor, donde no se pueden concentrar y donde hay demasiados alumnos por paralelo”.

El problema se repite en varias instituciones. En la Unidad Educativa Fiscal San Vicente, por ejemplo, el terreno permanece cubierto de monte, con escombros aún visibles. Además, los cerramientos de las aulas provisionales están deteriorados y los contenedores que funcionan como salones ya presentan daños en sus estructuras, evidenciando el desgaste de una solución que nunca debió prolongarse por tanto tiempo.

Otro de los casos más impactantes se encuentra en el cantón Sucre, en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Allí, la escena parece detenida en el tiempo: paredes destruidas, fisuras profundas y restos de escombros que dan la impresión de que el terremoto hubiera ocurrido recientemente. Para los habitantes del sector, esta imagen refleja un abandono prolongado y una reconstrucción que nunca llegó.

Kuonqui insiste en que, pese a contar con terrenos y espacios disponibles, no se ha concretado una intervención real. “Con tantos recursos que hubo para la reconstrucción, lo principal debió ser la educación. Si no se invierte en eso, es difícil construir futuro”.

Diez años después del desastre, las fisuras siguen marcando no solo paredes y estructuras, sino también la vida de comunidades enteras que continúan esperando respuestas. Entre estaciones de bomberos colapsadas y escuelas a medio reconstruir, la reconstrucción en el norte de Manabí sigue siendo una promesa inconclusa.

Lo que debes saber

• En Quito, las mañanas soleadas contrastan con tardes de fuertes lluvias que han provocado decenas de emergencias. 
• El COE MEtropolitano atendió 14 eventos en un día: inundaciones, caídas de árboles y colapsos estructurales en la ciudad
• Expertos advierten fallas estructurales como el alcantarillado combinado, colectores antiguos y crecimiento urbano desordenado

Aunque las mañanas soleadas y con niveles extremos de radiación solar marcan el inicio de la jornada en Quito, las tardes continúan dominadas por intensas precipitaciones que han provocado diversas emergencias en distintos sectores.

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Solo el 14 de abril de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) atendió 14 eventos adversos provocados por las lluvias. 

Las afectaciones se registraron tanto en el sur como en el norte y los valles de la ciudad, con reportes de inundaciones, colapsos estructurales y caída de árboles.

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La mayor incidencia se concentró en la Administración Zonal Eloy Alfaro (sur). En este sector se reportaron tres inundaciones, dos en Chilibulo y una en el barrio Vencedores, además de un colapso estructural en la misma zona y otro en la Unidad Educativa Cotopaxi, en la calle Chimborazo. A esto se suma una inundación en el barrio La Santiago, por la saturación del sistema de drenaje.

Más al sur también hubo afectaciones. Entre ellas un colapso estructural en San Juan de Turubamba, inundaciones en el barrio Bellavista y daños en estructuras en Ecuador del Futuro y el parque Padre Inocencio, en Venecia 2.

La Bota, uno de los sectores más golpeados

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados con lluvias. Febrero fue el mes más complejo, con 196 emergencias, es decir, el 61% del total trimestral, mientras que en enero se reportaron 74 y en marzo una cifra similar.

Uno de los puntos más críticos se ubica en La Bota, en el norte. Desde febrero, en la zona han ocurrido deslizamientos de tierra que han afectado al menos a seis viviendas.

Germania Lite, presidenta del Comité de Seguridad, asegura que el problema no es reciente. Desde 2025 ha solicitado la realización de estudios técnicos en las cunetas de la avenida De La Bota y la Carlos Fortines, donde existen fisuras visibles en la mesa asfáltica.

Lite señala que estas grietas permiten la filtración de agua, debilitando el terreno y provocando deslizamientos. 

Recuerda que en mayo de 2024 se registró un evento grave cuando un poste cayó cerca de una vivienda y material lodoso ingresó al inmueble. Aunque en su momento se ofreció un plazo de cuatro meses para realizar estudios, hasta la fecha no hay respuestas. “Actualmente, un cuarto de la vía está en mal estado y cada lluvia agrava la situación”, sostiene.

Más lluvias, menos emergencias 

Desde el Municipio, la directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, considera que el número de eventos no es elevado si se toma en cuenta la intensidad de las precipitaciones. Atribuye esta relativa contención a los trabajos preventivos ejecutados en distintos puntos de la ciudad, como limpieza de quebradas, alcantarillas y sumideros, así como el mantenimiento de estructuras de captación y la vigilancia de taludes.

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La temporada lluviosa se extenderá al menos hasta mayo, según los pronósticos. Para hacer frente a sus efectos, el Municipio ha destinado $ 48,2 millones dentro del Plan de Eventos Climáticos 2025-2026, enfocado en mitigación y respuesta.

Colectores que cumplieron su vida útil

Sin embargo, especialistas advierten que los problemas de fondo persisten. Fabricio Yépez, experto en gestión de riesgos, señala que las lluvias actuales no son atípicas, sino parte del comportamiento esperado. “Quito está preparado para lluvias normales, pero la pregunta es qué pasará si se presentan eventos más intensos”, plantea.

El experto identifica al menos seis problemas estructurales en la ciudad. Entre ellos, el sistema de alcantarillado combinado, donde se mezclan aguas lluvias y servidas, que colapsa ante grandes volúmenes de agua. También menciona la falta de redes en ciertos barrios, donde las descargas se realizan directamente en quebradas, incrementando el riesgo de deslizamientos.

A esto se suma el deterioro de colectores antiguos, especialmente en el centro y sur de la ciudad, que han superado su vida útil y presentan menor capacidad de evacuación. Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) reconoce esta situación, asegura que se ha construido colectores de alivio.

Entre ellos están el Habas Corral, Carretas (en dos tramos), Eloy Alfaro y Granados, que suman aproximadamente siete kilómetros.

El colector Eloy Alfaro, ubicado en El Inca y con un 71% de avance, contempla dos ramales tipo túnel que se integran en la calle Isla Marchena, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y reducir la presión sobre las redes existentes.

Lo que debes saber

• Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.
• Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.
• Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

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La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

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El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas. 

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo. 

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”. 

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto en Ecuador, persisten fallas en control de construcciones en Manabí.
• Ingenieros advierten que edificaciones en Manabí siguen vulnerables por débil fiscalización estatal.
• Falta de control en obras aumenta riesgos ante un nuevo sismo en la costa ecuatoriana.

El terremoto de Manabí de 2016 fue un sismo de magnitud 7,8 que ocurrió el 16 de abril y tuvo su epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la costa norte del Ecuador. El evento dejó más de 670 fallecidos, miles de heridos y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Jama. Considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país, el terremoto evidenció falencias estructurales, institucionales y sociales, cuyas secuelas en infraestructura, vivienda y servicios de emergencia aún persisten una década después.

A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, el balance sobre la reconstrucción en Manabí no puede limitarse a obras ejecutadas ni a cifras oficiales. 

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Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, ex presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex titular de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el análisis real exige una mirada crítica sobre lo que se corrigió y, sobre todo, sobre lo que sigue fallando en el control de las edificaciones.

Desde su experiencia técnica y gremial, Briones advierte que el desastre no fue solo consecuencia de la magnitud del sismo, sino también del incumplimiento sistemático de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

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Más normas después del terremoto, pero controles todavía frágiles

El terremoto de 2016 evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí se levantaron sin apego a la normativa técnica vigente. 

El colapso de estructuras públicas y privadas —incluidas edificaciones destinadas a la atención ciudadana— demostró la ausencia de criterios adecuados de seguridad estructural.

"El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas", afirma Briones, al recordar el impacto no solo material, sino también social de la tragedia.

Tras el sismo, varios municipios, con Portoviejo a la cabeza, implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Actualmente, explica, existe un primer filtro más riguroso que exige planos estructurales, memorias de cálculo y diseños sismorresistentes.

Briones identifica un vacío crítico en el control del proceso constructivo: edificaciones que cumplen con la normativa en el papel, pero que se levantan sin una supervisión técnica constante en obra.

"El papel aguanta todo, pero al momento de construir se pueden omitir aspectos clave, como el acero o la calidad del hormigón", advierte.

Ese desfase entre el diseño aprobado y la ejecución real mantiene un nivel de vulnerabilidad que podría volver a evidenciarse ante un nuevo evento sísmico.

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Prevención y control: la diferencia entre el daño y la tragedia

Briones es enfático: un nuevo evento sísmico generará pérdidas. La diferencia estará en el rigor con el que se cumplan las normas, en la eficacia del control durante la construcción y en la capacidad de mantener la prevención como una prioridad permanente.

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Porque —advierte— los procedimientos que a menudo se consideran excesivos o innecesarios son, en realidad, los que marcan la diferencia entre el daño estructural y una tragedia humana cuando la tierra vuelve a temblar.

Lo que debes saber

• Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil se reportaron apagones.
• En primera instancia, la ministra Inés Manzano aseguró que los cortes se debían a trabajos programados en la subestación Dos Cerritos, , que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo. 
• Horas más tarde, el mismo lunes 14 de abril de 2026, la ministra Manzano indicó que se suspendían todos los trabajos de mantenimiento en todo el país.

Desde el jueves 14 de abril de 2026, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el Gobierno prohibió todos los mantenimientos programados en la región Costa. La medida respondió a las quejas ciudadanas por cortes de energía eléctrica sin previo aviso.

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Expertos cuestionan decisión

Sin embargo, expertos del sector eléctrico advierten que esta medida resulta inadecuada. El ingeniero Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, sostiene que la decisión puede ser políticamente favorable, pero carece de sustento técnico.

Quezada explica que las decisiones políticas suelen diferir de los criterios técnicos que rigen la operación del sistema eléctrico. Señala que la alta demanda, impulsada por la ola de calor que se registra en la Costa, presiona aún más una red que no ha incorporado nueva capacidad en los últimos años.

Además, el especialista indica que la suspensión de mantenimientos implica paralizar trabajos programados para garantizar la continuidad del servicio. Precisa que estas intervenciones forman parte de una planificación técnica que busca evitar fallas mayores.

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Riesgos a mediano plazo

En ese contexto, el ingeniero advierte que la medida podría generar más problemas a mediano plazo. Explica que la falta de mantenimiento preventivo aumenta el riesgo de fallas en centrales y equipos.

Quezada también menciona posibles implicaciones contractuales por la paralización de trabajos en curso. Señala que las empresas encargadas del mantenimiento deberán reprogramar actividades sin claridad sobre los plazos.

No hacer el mantenimiento a tiempo trae en consecuencias funestas.
Carlos Sigcha, ingeniero eléctrico

Equipos antiguos y vulnerables

Desde otra perspectiva, el ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que suspender los mantenimientos eléctricos implica riesgos. Señala que gran parte de las subestaciones del país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, por lo que exige revisiones constantes.

Sigcha advierte que omitir estos procesos puede derivar en daños graves a los equipos. Manifiesta que transformadores y otros sistemas podrían incluso incendiarse o explotar si no reciben el mantenimiento adecuado, de acuerdo con las planificaciones técnicas.

El especialista explica que esas fallas podrían generar interrupciones más prolongadas del servicio eléctrico. Añade que el incumplimiento de los tiempos de mantenimiento incrementa de que luego haya la probabilidad de cortes imprevistos, debido a los daños.

Asimismo, alerta sobre los riesgos para el personal técnico que opera en las instalaciones. Explica que la falta de mantenimiento preventivo eleva la probabilidad de fallas súbitas -como explosiones o incendios- que pueden poner en peligro a los trabajadores.

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Falta de inversión estructural

Los expertos Quezada y Sigcha coinciden en que la medida tomada por el régimen responde a una coyuntura inmediata. Insisten en que el país requiere inversión en nuevos proyectos de generación para garantizar un suministro estable a largo plazo. Además, los ingenieros subrayan que el mantenimiento preventivo resulta más eficaz que el correctivo para evitar fallas.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber

• El regreso a clases en la Costa en este 2026 arranca en medio de inseguridad, extorsiones y miedo en las aulas.
• Docentes advierten que, además de la violencia, el uso intensivo del celular y redes sociales está agravando problemas de conducta, ansiedad y aprendizaje en estudiantes.
• Piden al Ministerio de Educación mejores planes para preservar la integridad de docentes.

El inicio de un nuevo año lectivo en la Costa en este 2026 ya no solo implica el regreso a las aulas, la compra de útiles o la planificación académica. Hoy, los docentes enfrentan un escenario más complejo, marcado por el avance de la violencia en varios sectores y su impacto directo en la comunidad educativa.

La inseguridad, que antes parecía ajena al entorno escolar, ahora condiciona rutinas, genera temor y obliga a replantear la forma en que se enseña y se convive dentro y fuera de las instituciones.

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Pero no es el único problema. Los docentes suman desafíos que nacen en el entorno digital. El acceso cada vez más temprano a redes sociales, videojuegos en línea y el uso intensivo del celular expone a niños y adolescentes a riesgos que también llegan al aula: distracción, conflictos, problemas de conducta e incluso situaciones de acoso.

En medio de estas tensiones, docentes de entidades académicas en la Costa hablan a EXPRESO sobre los desafíos en este nuevo año escolar.

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Dos profesores, quienes pidieron no ser identificados por seguridad, señalaron que las condiciones aún no son las adecuadas para volver a dar clases, aunque, por su profesionalismo, siguen acudiendo.

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Es el caso de Adriana, docente de una escuela en la cooperativa San Francisco. “Ya me han recibido delincuentes en moto, hace tres semanas, preguntando a dónde voy, que debo pagar porque no hay clases, y me recriminan qué voy a hacer en la escuela si están en vacaciones”.

Fernando, profesor en una zona del noroeste, ve con preocupación las actitudes que empiezan a tomar niños y jóvenes que asisten a la escuela en la que labora.

“El año pasado fui testigo, con horror, de un juego macabro que realizaron algunos niños, de 10 años incluso. Ellos dicen que son la mafia, que tienen que hacer ‘vueltas’, qué armas quieren usar o a quiénes van a matar. Como docente, mi deber también es rescatarlos de ese ambiente en el que están creciendo”, expuso.

Él sigue pidiendo protección a la Policía y que el Ministerio de Educación pueda intervenir con programas integrales en entidades educativas en zonas conflictivas de Guayaquil.

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Pero hay otros inconvenientes. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que la cartera de Estado está pidiendo a los docentes que realicen mingas en las instituciones antes del inicio de clases.

“El problema no es la minga; es que con eso se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad”, expuso.

El dirigente gremial también indicó que “de las aproximadamente 7.414 instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos, 6.587 requieren algún tipo de reparación”.

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La UNE señaló que los salarios de los docentes en instituciones fiscales permanecen congelados desde hace 14 años y que, al menos, 40 mil profesores trabajan bajo contratos o nombramientos provisionales.

Se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad.Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Inicio de clases en la Costa: Desafío de los docentes en las aulas

Estas condiciones, finalmente, influyen en la formación de la niñez y la adolescencia.

Jorge Balseca, vicerrector de la Unidad Educativa Ecomundo, advirtió que los desafíos actuales para los docentes deben leerse desde varias dimensiones: seguridad y bienestar, tecnología y educación y ejes pedagógicos, enmarcadas en la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad.

“La inseguridad es un tema bastante preocupante”, dijo de forma tajante, especialmente en zonas golpeadas por la violencia. Frente a ello, plantea la necesidad de reforzar medidas tanto a nivel institucional como estatal, desde “cámaras de seguridad, presencia policial y aplicaciones móviles” para reportar incidentes.

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Pero señaló que la seguridad no solo se mide por agentes externos, sino también por el autocuidado y el bienestar mental de estudiantes y docentes, un aspecto que, según indicó, resulta determinante en el ambiente educativo.

Para la psicóloga Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador, la realidad en Guayaquil y otras zonas de Guayas impacta directamente en el desarrollo emocional, conductual y académico de los estudiantes.

“El reto ya no se limita únicamente a garantizar aprendizajes curriculares; hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros”, expresó.

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Cano contó que, en la actualidad, hay niños y jóvenes que llegan al aula —en diversas zonas— con altos niveles de ansiedad, dificultades de autorregulación, problemas de atención o conductas agresivas. Y puso sobre la mesa otra problemática.

“Son reflejo de lo que viven fuera de ella. Casi siempre estas realidades son producto del uso prolongado del celular y la exposición temprana a contenidos inadecuados en redes sociales, que afectan la capacidad de concentración, el sueño, la convivencia y la construcción de identidad”, explicó.

Balseca coincidió en este punto con la psicóloga y agregó que el rol de la familia es clave para cada niño y adolescente. “Lo que se hace en el colegio no sirve de nada si no se refuerza en el hogar”, manifestó.

Hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros.Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador.

Cano sugirió fortalecer estrategias de educación socioemocional, alfabetización digital, prevención de riesgos psicosociales y trabajar articuladamente con las familias.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto 2016, la zona cero de Tarqui, en Manta, sigue sin reconstrucción integral.
• De 35 hoteles en Tarqui antes del sismo, hoy operan 17 por dispersión comercial post terremoto.
• Autoridades prometieron reactivación, pero 10 años después la zona cero mantiene edificios abandonados y un gran terreno vacío.

En Manta, el tiempo parece haberse detenido en algunos rincones de Tarqui. A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, la llamada “zona cero” del sismo no solo carga con estructuras a medio caer, sino con una herida abierta que aún no termina de cicatrizar.

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Donde antes latía el corazón comercial de la ciudad, hoy sobreviven edificios vacíos, otros ocupados de manera informal y calles que ya no tienen el mismo pulso. 

El cambio radical en Tarqui

Tarqui fue, durante años, el eje económico de Manta: hoteles, comercio, empresas pesqueras y una intensa vida urbana que reunía a propios y visitantes. Era, como recuerdan sus habitantes, el punto donde todo confluía.

José Julio Barrezueta, un tarquense y empresario que vio caer su hotel en aquella época, lo resume con claridad: Tarqui movía todo. Aquí estaba la zona hotelera principal, el comercio más dinámico, el flujo constante de una ciudad que giraba en torno a este sector. Pero el terremoto no solo derrumbó estructuras, también fragmentó esa centralidad.

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Tras el desastre, la vida comercial se dispersó. Muchos propietarios optaron por trasladarse a sus barrios, donde levantaron pequeños negocios en la planta baja de sus viviendas. Así, lo que antes estaba concentrado en Tarqui se multiplicó en distintos puntos de la ciudad. El resultado fue una reconfiguración urbana que, si bien dinamizó otros sectores, dejó al antiguo corazón en abandono.

Los números reflejan esa caída. De aproximadamente 35 hoteles que operaban en la zona, hoy quedan apenas 17. Los nombres que marcaron época -como Las Rocas, Las Gaviotas o el Panorama- desaparecieron o nunca volvieron a levantarse. En su lugar, sobreviven edificaciones improvisadas que difícilmente conservan el estándar de lo que alguna vez fue la oferta hotelera del sector.

La promesa de la reconstrucción 

La reconstrucción, según los testimonios, nunca llegó de forma integral. Barrezueta sostiene que sí hubo apoyo para remover escombros, pero no para reconstruir lo que se perdió, y que los créditos ofrecidos resultaron insuficientes frente a la magnitud de la tragedia. Reconstruir un edificio con montos limitados y bajo condiciones poco accesibles dejó a muchos fuera del proceso.

En medio de ese escenario, algunos decidieron quedarse, reinvertir, reconstruir por partes, adaptarse. Levantar nuevamente paredes donde antes hubo ruinas. Apostar por seguir, incluso cuando el entorno no acompañaba. No todos podían trasladar su actividad; un hotel, como bien se señala, no se puede mover de lugar.

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En ese intento por no desaparecer, el caso de Barrezueta refleja la dimensión del esfuerzo. Tras perder parte de su infraestructura, decidió reconstruir y levantar dos pisos para poder continuar con su actividad hotelera. No fue un proceso inmediato ni sencillo: tomó tiempo, sacrificio, endeudamiento y una apuesta constante por mantenerse en pie en una zona que ya no tenía el mismo movimiento. Cada pared levantada fue también una forma de resistencia frente al abandono.

Pero Tarqui no solo enfrenta el peso del pasado. También convive con nuevas dinámicas que evidencian su deterioro. En algunos edificios, aún con escombros acumulados y profundas rasgaduras en sus paredes, se observan personas extranjeras asomándose desde las ventanas. 

El movimiento de Tarqui desapareció

Son espacios que hoy sirven de refugio improvisado: algunos ocupados de manera informal, otros alquilados por sus propietarios, quienes, ante la falta de movimiento y dinamismo en la zona, optan por obtener ingresos mínimos cediendo estos inmuebles. En varios casos, se trata de personas en condición de calle que han encontrado en estas estructuras deterioradas un lugar donde permanecer.

A la par, ciertas esquinas de Tarqui han sido tomadas por trabajadoras sexuales que buscan clientes en medio de un entorno venido a menos. A estos los conducen hacia vetustos hostales que aún se mantienen en pie, resistiendo más por inercia que por actividad económica, en una zona donde el flujo de visitantes ya no es el de antes.

Un terreno baldío donde había proyectos

A Tarqui incluso se le prometió un mercado como parte de su reactivación. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó. Hoy, en medio de la denominada zona cero, permanece un espacio gigantesco sin ocupar: un terreno vacío que se extiende como una cicatriz urbana, convertido en el reflejo más evidente de un hueco profundo del olvido.

Plutarco Bowen, vinculado al sector hotelero y a la historia reciente del lugar, habla desde la nostalgia. Tarqui, dice, se puso de rodillas ante el sismo. Se perdieron vidas, amistades, una forma de vivir la ciudad. Sin embargo, insiste en que la resiliencia recae en quienes permanecen, en los hijos de Manta que se niegan a dejar morir su historia.

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Recuerda que Tarqui siempre fue tierra de migrantes. Ese mismo empuje, asegura, es el que hoy intenta sostener lo que queda en pie. Pero también reconoce que faltaron políticas claras y una hoja de ruta que orientara la reconstrucción.

Diez años después, la sensación es clara: Tarqui resiste, pero no ha vuelto a ser lo que fue. Entre la nostalgia, el esfuerzo privado y la ausencia de una intervención estructural, la zona cero de Manta sigue esperando algo más que el paso del tiempo. Sigue esperando una oportunidad real de volver a latir.

Los puntos claves

• El malecón de Salinas ha registrado dos hechos violentos en menos de 15 días, lo que ha encendido las alertas entre residentes y visitantes.
• Habitantes del sector cuestionan la falta de presencia policial y militar constante en uno de los principales espacios turísticos de Santa Elena, pese a la cercanía de instalaciones militares.
• Expertos advierten que la violencia en espacios turísticos puede impactar directamente en la imagen del destino y en su actividad económica. 

El malecón de Salinas -uno de los principales espacios turísticos del cantón- se ha convertido en escenario de ataques armados. Y eso no solo alarma: entristece y golpea a una ciudadanía que empieza a dejar de verlo como un lugar seguro.

En menos de 15 días, dos hechos violentos dejaron dos personas fallecidas y siete heridas en un sector donde residentes y visitantes coinciden en algo: la inseguridad ya no es una percepción aislada, sino una realidad que se repite, sin una respuesta visible ni sostenida por parte del Estado o de las autoridades locales.

“No es la seguridad que merecemos”, reclaman habitantes

“El malecón es uno de los sitios más importantes de la provincia. Aquí llegan familias, hay historia, hay turismo, hay nostalgia… pero hoy parece un espacio abandonado. No en infraestructura, sino en cuidado”, cuestiona Irma Palacios, residente del sector. A su criterio, la falta de presencia policial y militar agrava la situación. “Dos hechos violentos en tan poco tiempo y no se ve el control que urge. Los metropolitanos, que son a quienes sí vemos, no tienen armas y también son vulnerables. La gente vive con miedo y con dudas. No es la seguridad que merecemos”, agrega.

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Las críticas se intensificaron tras el último ataque, registrado la madrugada del domingo, con nuevos cuestionamientos a la falta de reacción de las autoridades. A pocas cuadras de bases militares y de una UPC policial, los residentes aseguran que no hubo intervención oportuna ni operativos visibles a la fecha.

“Siguen los ataques armados en el malecón y nadie dice qué está pasando. Estamos cerca de instalaciones militares y no se ve a los agentes en las calles. Salinas, la provincia de Santa Elena en sí, debería ser un sitio extremadamente seguro y no lo es. ¿Entonces qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay respuestas?”, reclama Fernando Vargas Alarcón, habitante del balneario.

Residentes denuncian ausencia de control y patrullaje

A esto se suman los reclamos por la falta de control previo en el espacio público. Ciudadanos advierten que situaciones como el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en horarios nocturnos, no son intervenidas a tiempo, lo que -según sostienen- termina escalando en hechos más graves.

“Lo que se sabe es que las víctimas estaban bebiendo en la vía pública y no hubo control. Eso ya era una contravención. Después vino la balacera, incluso cerca de presencia militar. Hay desorden y nadie responde”, lamentó la ciudadana Paola Coppel en redes sociales, donde la noticia se ha viralizado y ha generado reacciones de salinenses que hoy viven fuera del país.

El impacto en el turismo: miedo, cambios de comportamiento y pérdidas

La preocupación también se replica en quienes miran a Salinas desde el extranjero. “Tengo los mejores recuerdos de Salinas. Para mí no hay mejor lugar. Ahí crecí, ahí me casé, ahí viven mis padres, y ahí regresaré cuando me jubile. Ver ahora hechos violentos me preocupa y me duele”, comenta Andrés Rendón, quien reside en Miami desde hace 17 años.

Para quienes viven cerca del malecón, el problema no es solo la violencia puntual, sino la ausencia de acciones. “Se está disparando en la cara más visible de Salinas y no hay un solo pronunciamiento claro. Hace poco veíamos imágenes de turismo y celebración, un concierto que dio la vuelta al país. Ahora lo que circula son escenas de violencia, pero nadie está exigiendo en mensajes públicos un escudo para este balneario”, señala Lucía Santillán, guayaquileña que reside a pocos metros de la playa.

A Salinas le urge un plan de seguridad y que las autoridades se unan para exigir control militar permanente.
Xavier Tomalá presidente del Comité Cívico de Salinas

La residente también cuestiona el silencio de los concejales: “¿Esto va a llegar al Concejo Cantonal o se va a seguir evitando el tema? ¿Por qué el presidente Daniel Noboa, que recorre la provincia con frecuencia, no dice nada? ¿Por qué no hay una respuesta clara? Nosotros votamos por concejales para que prioricen los problemas. Y a la fecha no siento que me hayan defendido, pero aún representado”, añade.

Expertos advierten efectos en la imagen del destino

El impacto, advierten expertos, podría ir más allá de la seguridad inmediata. El urbanista y especialista en turismo Diego Sandoya, habitante de La Milina y guayaquileño, señala que la repetición de hechos violentos en espacios como el malecón no solo golpea la percepción de seguridad, sino que altera el funcionamiento del destino turístico.

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Explica que cuando un balneario pierde la sensación de control en sus espacios públicos, el visitante cambia su comportamiento: reduce su estadía, evita horarios nocturnos, limita el consumo en restaurantes y empieza a elegir destinos percibidos como más seguros.

Como ejemplo, menciona lo ocurrido en General Villamil Playas (Guayas), donde -según indica- la inseguridad ya ha dejado efectos visibles. Cada vez más visitantes optan por viajes de ida y vuelta en lugar de pernoctar, lo que ha reducido la ocupación hotelera y ha impactado a negocios formales e informales vinculados al turismo.

Con bases militares tan cerca, Salinas debería ser muy segura, pero la violencia golpea al turismo. A todo.Alfonso Ortíz presidente de la Junta Cívica Provincial

Para Sandoya, el riesgo es acumulativo y puede escalar rápidamente si no hay intervención. “El daño no se mide solo en el hecho violento, sino en la percepción que se instala en redes, noticias y recomendaciones. Cuando un destino deja de asociarse con descanso y empieza a vincularse con inseguridad, la recuperación es lenta y costosa”, advierte.

Hoy, Salinas sigue siendo un lugar atractivo. Pero ya no es el mismo. Las alertas están encendidas y la confianza empieza a resquebrajarse, piensa.

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“Por eso, más allá de cámaras o de reactivar el espacio público -algo necesario-, se requiere presencia real. Las autoridades locales deben exigir al Gobierno y al gobernador operativos en territorio, trabajo de inteligencia. Es necesario que el personal policial y militar recupere las calles de este balneario. La provincia está sufriendo. Es pequeña, sigue siendo hermosa, pero ya no hay rincón libre de violencia”, alega.

Salinas recurre otra vez a operativos

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Los primeros reportes establecen que los ataques no estarían siendo perpetrados contra ciudadanos locales, sino contra individuos que llegan desde otras ciudades, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que convierte su presencia en un riesgo latente que, hasta ahora, no ha sido contenido.

El coronel Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial de Santa Elena, confirmó que los siete heridos del último ataque arribaron desde Guayaquil. Además, reveló que uno de ellos tenía antecedentes penales. “Existe ya una línea de investigación en curso”, precisó el oficial, sin detallar plazos ni avances concretos.

La preocupación también fue expresada por el gobernador Xavier Negrete, quien, en una entrevista radial, advirtió sobre la gravedad de los hechos. “Se ha informado ya al ministro del Interior, John Reimberg, para que se adopten medidas urgentes y se logre contener esta situación”, señaló. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado acciones específicas ni resultados visibles en territorio.

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Ante el incremento de la violencia, Negrete anunció el refuerzo de los controles de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. “Se han dispuesto operativos permanentes”, aseguró, en un contexto en el que ciudadanos cuestionan la falta de presencia sostenida en el malecón.

Desde el sector turístico, la inquietud también es evidente. José Berh, director municipal de Turismo de Salinas, indicó que los empresarios han decidido involucrarse en la solución ante la falta de garantías suficientes. “Se ha ofrecido hospedaje y alimentación para facilitar la llegada de más uniformados. Este planteamiento será presentado a la Policía y esperamos una respuesta favorable”, manifestó.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El edil Valentín Soriano cuestionó la efectividad del sistema de videovigilancia implementado por el Municipio. A su criterio, resulta inadmisible que continúen los hechos violentos pese a la inversión realizada, sin que exista claridad sobre su funcionamiento.

“Se supone que todo el malecón está cubierto por cámaras. He solicitado en reiteradas ocasiones información sobre su ubicación y funcionamiento, pero no he recibido respuestas”, denunció; al hacer hincapié en que el tema, como lo exige la ciudadanía, será tratado en la próxima sesión de Concejo, a fin de crear una hoja de ruta que no permita que se pierda el malecón y la identidad de Salinas.

Lo que debes saber

• Luis Almeida evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en 2026 ante vacío de poder actual.
• El exasambleísta busca respaldo político y afirma que movimientos sociales impulsan su candidatura.
• Almeida suena para el sillón de Olmedo junto a otras cinco personas más.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida revela, en entrevista con Diario EXPRESO, que evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que lo respaldó durante varios años, no está definido, asegura que su eventual candidatura responde al pedido de movimientos sociales.

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Luis Almeida quiere "servir" a Guayaquil

De acuerdo con Almeida, su trayectoria y preparación académica lo ubican como uno de los "verdaderos políticos" que pueden asumir las riendas de Guayaquil, en especial tras el vacío de poder que ha dejado la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez por los casos judiciales en su contra y la inexperiencia política de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

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"Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política de la ciudad; en empresa privada y no empresa privada; y, sobre todo, con un amor grandioso hacia el pueblo guayaquileño y ecuatoriano", comentó, e indicó que es el momento de "escoger a los mejores, de la gente que ame realmente a su pueblo, de la gente que sienta a este Guayaquil profundo (...)".

La relación con el PSC y Jaime Nebot

Aunque tiene la intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, el exasambleísta Luis Almeida confiesa que aún no tiene un partido político que lo cobije. "Hay movimientos sociales que están planteando, grupos de partidos políticos extraños al Partido Social Cristiano y de otras tendencias, que me han dicho que yo debería ir", señaló.

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Al ser consultado sobre si el PSC, organización política que lo cobijó por varios años, lo respaldará, Luis Almeida indicó que eso depende únicamente de los líderes políticos, aunque considera que el partido "debería considerarlo". Incluso afirmó que mantiene una "excelente relación" con el líder socialcristiano Jaime Nebot, pero que aún no han conversado sobre un eventual apoyo a su candidatura a la Alcaldía.

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Los nombres que suenan para la Alcaldía

La carrera por el sillón de Olmedo empieza a tomar forma con figuras del actual Gobierno y exfuncionarios que ya realizan actividades proselitistas en redes sociales. Almeida se suma a un escenario donde la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y el ascenso de la vicealcaldesa Tatiana Coronel han acelerado los tiempos electorales.

Algunos nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil son:

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

Lo que debes saber

• Marketing: La gestión de Pinto es un síntoma de un Gobierno que prioriza el marketing digital y el branding en redes sobre una verdadera visión de Estado.
• Desconexión: Existe una grave desconexión entre la narrativa de TikTok y la realidad social, evidenciada en la crisis de salud frente a videos frívolos.

Si la vicepresidenta María José Pinto retiró de sus redes sociales dos videos que le generaron una ola de críticas y burlas crueles, es porque la realidad terminó imponiéndose a la comunicación política o Compol, el nuevo evangelio de los asesores de imagen y estrategas que han reemplazado a la política por el mercadeo y el branding en redes sociales. Aunque no es una víctima de todo esto, porque ya es una adulta que tiene capacidad para decir “yo no hago esto” y que se supone debe tener cierta estatura de estadista, Pinto es tan solo un síntoma y no la enfermedad.

La verdadera enfermedad es la nula o, en el mejor de los casos, la miope visión de estadistas que tienen quienes están al frente del Gobierno y de todos los organismos del Estado. Se trata de una enfermedad que tiene características de epidemia, porque afecta a casi todos los funcionarios responsables de los distintos poderes en el Ecuador.

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El error estratégico del Museo del Prado

Veamos: para comenzar, ¿a quién se le pudo ocurrir la terrible idea de presentar a Pinto en un video en el Museo del Prado, en Madrid, diciendo que fue a aprender un modelo de gestión para el próximo Museo Nacional, cuando su gestión en la salud, por la razón que fuere, ha sido un estrepitoso fracaso? Es obvio que los ‘compoleros’, es decir, los tecnólogos de la comunicación política o Compol que administran (sí, administran) a los funcionarios públicos, no son capaces de medir lo que la gente vive en el mundo real y piensan que todo se resuelve en un reel de TikTok o Instagram.

Pinto podría ser la persona más adecuada y capaz para montar un sistema de gestión para el Museo Nacional, pero, si está en medio de una tormenta por lo que ocurre en la salud pública, ¿a quién se le ocurrió darle el encargo de gestionar capacidades para el Museo Nacional? Quien haya tenido la idea, para comenzar, no tiene la más mínima capacidad de empatía con la sociedad ni siquiera con la propia Pinto: hacerle el encargo y luego producir un video con ella desde las elegantes y plácidas salas del que quizá es el mayor museo de arte del mundo parecería obra de un enemigo suyo.

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Falta de sentido común y delegación de funciones

Y todo se reduce, realmente, a un problema de falta de sentido común: si se tiene un patio desorganizado, sucio y con malos olores, no se le da el encargo de organizar la fiesta del condominio al responsable de tener todo nítido en el patio. Además, todo era muy sencillo: se podía haber enviado a la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, para que hiciera esa tarea, ya que desde su despacho se han manejado con éxito las gestiones para el Museo Nacional.

Pinto, sin embargo, no queda exenta de responsabilidad por lo ocurrido: ¿por qué no se negó a hacer un comercial -porque eso era finalmente el video- en el que aparecía en el Prado aprendiendo cómo funciona ese museo? Para comenzar, debía haber dicho que ese fue un encargo de la Presidencia de la República -como en efecto ocurrió-, en lugar de salir ahí como una aparecida. Si hubiera dicho que el encargo provenía de la Presidencia, quizá no habría quedado tan mal parada.

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La desconexión con la crisis de salud

También es verdad que Pinto ya venía protagonizando algunos papelones que explican la reacción social frente al video en el Prado. Muy poco antes ya había publicado otro en el que aparecía columpiándose plácidamente, con los ojos cerrados y escuchando música de Pamela Cortés, precisamente el mismo día en que unos niños amazónicos habían muerto en un hospital de Cuenca por falta de atención adecuada. ¿Existe mejor y más potente forma de graficar a una persona desconectada de la realidad que escuchando música con audífonos y los ojos cerrados?

La indignación no solo fue por lo de los niños fallecidos ese día, sino por todo lo que venía arrastrándose en el campo de la salud, que le encargó el presidente Daniel Noboa. Un encargo que, con todo lo que se ha visto hasta hoy, resultó ser un acto de inmensa irresponsabilidad, porque para asumir esa tarea debió haberse designado a alguien empapado de la problemática de la salud pública. Irresponsabilidad, además, por haberle impuesto como encargado del viceministerio a alguien que había fracasado como secretario jurídico de Carondelet: Stalin Andino.

El límite de la comunicación digital

Ese video produjo, al igual que el del Museo del Prado, una ola de indignación y burlas, por lo que Pinto también terminó borrándolo de sus redes sociales. Lo increíble es, además, que con la experiencia del video del columpio haya publicado el del Museo del Prado, cuando también era lógico que desatara el mismo tipo de reacción.

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Que Pinto haya pecado de inocente o de poco sensible no es el problema de fondo. El verdadero problema es que el Gobierno del presidente Noboa se maneja con lógicas completamente apartadas de una visión estadista y se rige por lo que los asesores de imagen consideran más rentable desde el punto de vista comunicacional. Y ese recurso puede funcionar, pero solo hasta cierto punto: TikTok tiene un límite que se llama realidad.

Lo que debes saber

• Denuncias: Gremios de juristas y organizaciones advierten que jueces en Ecuador enfrentan hostigamiento, ataques y presiones desde el poder político e institucional, incluyendo acciones de la Contraloría, Fiscalía y campañas en redes.
  
• Debate: Expertos señalan que estas acciones podrían derivar en una captura del sistema judicial con fines antidemocráticos.

Los gremios que representan a los juristas del país, organizaciones y abogados han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de “ataques”, “hostigamiento” y “presión” por las resoluciones adversas a las autoridades de turno.

Las reacciones comenzaron cuando se conoció que Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general, Carlos Alarcón. La acción de control ocurre en momentos en los que el Alto Tribunal ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

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Gremios alertan sobre hostigamiento a jueces

En aquel momento, se advertía una afectación a la institucionalidad y se instaba a respetar el orden democrático. Sin embargo, la alerta subió de tono tras conocerse las acciones en el ámbito administrativo y legal que presentó el fiscal en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

Las acciones de Fiscalía estuvieron acompañadas por una campaña en las redes sociales, en donde se atacaba a los jueces. Estas han sido cuestionadas debido a que la inconformidad hacia los fallos deben “ser rebatidas única y exclusivamente en el marco del debido proceso y del contradictorio” para no incidir en la independencia judicial, recordó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

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Si bien la política y la justicia convergen en el sistema judicial de un país, “estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o para realizar controles en juicios políticos en contra de autoridades judiciales”, dice Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). No obstante, el problema se genera “cuando esa interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En ese caso, la justicia se vuelve un botín y actúa aprovechando esa posición. Pero cuando pierde ese poder político, la utilizan como una especie de trinchera para mantener privilegios, impunidad o incluso para negociar con la oposición o perseguir voces disidentes”, explica.

Acciones de Contraloría y Fiscalía intensifican

La directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, señala que estas arremetidas “no son un tema de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia que va a terminar en que los jueces no tengan la capacidad de tomar su decisiones de manera independiente e imparcial. Si se sienten hostigados y no pueden decidir en consonancia con lo que dicta la ley ni ejercer su función como contrapeso del poder, difícilmente podremos tener un sistema de justicia independiente y tendremos uno que se va a convertir en más autoritario”, observa.

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Según Indacochea, el impacto va más allá. Cree que la arremetida no se queda solo en la persecución, como ya se ha visto en otros países de la región, pues sostiene que esos fallos suelen ser “el detonante o la excusa. La justicia se vuelve selectiva y hasta se la utiliza para dar un cascarón de legalidad a ciertas políticas públicas que pueden no serlo, como las políticas de seguridad. Eso lo vimos en El Salvador, donde, para poder aprobar los regímenes de excepción de Nayib Bukele, primero se tuvo que destruir la independencia del sistema de justicia. De otro modo no hubiese sido posible que se detenga a más de 90.000 personas sin ningún tipo de evidencia”, asegura.

Riesgo de captura del sistema judicial

Miño coincide. Menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante muchos años, “los matices que han cobrado últimamente, como las campañas de desprestigio, estigmatización y mecanismos de sanción, a nivel de la Judicatura, o la instrumentalización de la Contraloría, sí son preocupantes. Evidentemente, en Ecuador ya comienza a verse algo, que a nivel regional o global, ya se ha observado como algo peligroso para la democracia: los intentos de captura del sistema de justicia”, agrega.

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Aunque se alerta que estos casos inciden en el sistema de justicia, el abogado y exlegislador, Andrés Páez, opina que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. Considera que en el caso de la CC, sus magistrados “no hacen justicia constitucional, tienen una agenda política que ha convertido a la Corte en el último reducto del correísmo. Lo único que afecta a la independencia judicial es que los jueces tengan una agenda política, porque ellos pueden tener ideas políticas, pero no pueden practicar su ideología”, concluye.

Vivir en el centro de Guayaquil

• Calles y edificios del casco urbano lucen desolados pasadas las 18:00 por la falta de vecinos.
• Arquitectos proponen al Municipio incentivos tributarios para impulsar la creación de viviendas.
• Residentes actuales carecen de espacios de convivencia y obras públicas para mejorar su entorno

La Bahía es un rugido ensordecedor que muere al caer la noche.

En ese silencio, el centro de Guayaquil cobra otro sentido para los pocos que aún residen en el casco comercial, teniendo de vecinos a enormes bodegas y edificios que se vacían progresivamente con la constante migración de sus habitantes.

Los pocos que quedan en el casco comercial

Son las 21:00. En la intersección de las calles Chile y Febres Cordero apenas circulan dos barrenderos de Urvaseo y un guardia de seguridad que duerme sobre una silla de plástico. Algunos vecinos se asoman a sus balcones para matar el tiempo.

Alex Macacela baja de uno de estos edificios hacia la tienda.

“Sí, es botado, pero en la noche es tranquilo. No se escuchan ruidos, aunque tampoco hay nada que hacer”, comenta.

Se mudó desde El Fortín, en el noroeste de la urbe, buscando un sitio menos conflictivo. “Encontrar alquiler aquí fue fácil, es lo que más hay”, dice. Sin embargo, cuestiona el abandono del espacio público: “Me gustaría que se pavimente mejor, no se ve obra para los que vivimos acá”.

A pocas cuadras, en Cuenca y Chile, Paola Alvarado resiente el declive. Desde que el aledaño edificio Multicomercio se quemó, la vida nocturna de su cuadra se extinguió.  “Se desocuparon diez departamentos. Yo no he podido trabajar. Estamos aquí abajo, conversando entre nosotros para que los niños jueguen en la vereda. De no ser por la luz de la tienda de la esquina, no saldría”, narra.

Allí, un grupo de estibadores brinda por el día acabado, mientras otros transeúntes trotan hacia la Metrovía.  “Tocó hacer inventario, la bodega queda a la vuelta”, dicen apresurados, motivados por la prisa de la distancia y la innegable sensación de inseguridad.

Chris Huiracocha pasea a sus perros por el sector. Confiesa que no se atrevería a salir solo. “Hay gente sin hogar que es violenta, duermen en las aceras. Son vías botadas por donde pasan muchas motos”, asegura a EXPRESO.

De hecho, entre Olmedo y Malecón, los estrechos callejones donde de día se ofrece tecnología a gritos, de noche son el refugio de celadores y personas en situación de calle que duermen pegados a las mallas metálicas.

Este abandono habitacional tiene una explicación estructural. Florencio Compte, arquitecto y académico, lo expone con cifras claras: “Si uno toma las parroquias Rocafuerte, 9 de Octubre, Roca, Carbo y Bolívar, menos del 3 % de la población de Guayaquil vive en el centro. Es un proceso de abandono hacia la periferia que empezó en la década de 1950”.

Según el experto, el centro se vuelve peligroso después de las horas laborales precisamente porque “nadie vive ahí y nadie quiere circular por una zona abandonada”.

Revertir esto requiere que el Municipio provea servicios educativos, de salud y seguridad, otorgando incentivos.

Compte cita el modelo de Río de Janeiro: “Hacían un canje. Si la empresa privada quería construir en la periferia, el municipio le reducía impuestos siempre y cuando invirtiera también en vivienda en el centro”.

Guayaquil

En Guayaquil, pasos a desnivel dañados se convierten en trampas viales

Flor Layedra Torres

La dinámica laboral sella el vacío. El gestor cultural Luis Alberto Illescas señala que el sector bancario e institucional marca su salida a las 17:30 y huye a sus casas.

“El centro tuvo un espíritu bohemio y nocturno que se ha ido mutilando. En 2006, la Espol de Las Peñas era vital, había ‘jams’ de jazz los miércoles hasta las tres de la mañana”, recuerda.

Hoy, la población residente es mayoritariamente de la tercera edad, un grupo que suele rechazar las iniciativas de reactivación por el ruido.

Para Illescas, urge un censo sectorial y despolitizar la gestión cultural para revivir el casco urbano mediante alianzas. 

Pese al panorama, la esperanza de una reactivación subsiste. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, cree que el centro “está medio agonizando, pero tiene un potencial enorme en vivienda, turismo y arquitectura. Hay que transformar el centro de amenazas a oportunidades, como ocurrió en el sector de Brickell en Miami, que antes daba miedo”, explica.

Esa es la misma fe que guarda Carlo Peñaherrera, de 29 años, residente en Malecón e Imbabura.  Añora las caminatas nocturnas de su niñez al parque Seminario. Aunque la presencia militar en los bajos de su edificio le da alivio, el miedo acecha.  “A la enfermera de mi abuelita le robaron a dos cuadras. Me da recelo”. Sin embargo, se aferra a la idea de un cambio inminente.

Vivir cerca de los puntos históricos, asegura, sigue siendo una experiencia que la ciudad no debe dejar morir en la oscuridad.