Las claves de los casos

• La Corte Nacional de Justicia tramita unos 50 procesos de extradición de ecuatorianos.
• Entre los casos están Daniel Salcedo, requerido por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
• El caso de Nain Massuh evidencia, además, los tropiezos que enfrenta Ecuador en estos procesos.

La extradición de ecuatorianos al extranjero se ha convertido en una herramienta central de la política del gobierno contra la impunidad y para desarticular las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Hoy, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia tramita alrededor de 50 procesos de extradición. Uno de los últimos corresponde a Daniel Salcedo Bonilla, procesado por su participación en el crimen del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio.

Política

Daniel Salcedo acepta ser extraditado a Estados Unidos tras cambiar de postura

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En el momento que Salcedo salga del país, el juicio en su contra por asesinato quedará suspendido hasta que sea retornado y comparezca ante los tribunales ecuatorianos.

Daniel Salcedo es requerido por la justicia de Estados Unidos por cinco cargos criminales sustentados en envíos de cocaína, acopio de armamento pesado y esquemas avanzados de lavado de activos mediante criptomonedas. Las autoridades norteamericanas ubican a Salcedo como una pieza clave dentro del entramado operativo y financiero de organizaciones transnacionales.

La acusación en EE.UU. contra Salcedo

Según la acusación estadounidense, Salcedo coordinó en febrero de 2026 el traslado de un cargamento de 15 kilogramos de cocaína con destino a Miami, mientras permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito. La investigación señala que la estructura delictiva utilizó ametralladoras y armas automáticas para resguardar el almacenamiento, la logística y el transporte de las drogas hacia Norteamérica.

En el plano financiero, los fiscales norteamericanos identificaron el uso de bitcoins y otras criptomonedas para blanquear millones de dólares provenientes de la venta de drogas.

Para dar soporte y apariencia legal a este flujo de capitales, Salcedo constituyó al menos tres empresas en Estados Unidos, entre ellas Kasaone Holding Inc. y Paramount 2706 LLC, y adquirió bienes inmuebles de lujo en Miami por un valor de $ 1,5 millones.

Si bien el caso de Salcedo es solo uno de los siete procesos de extradición que ha solicitado Estados Unidos, en el plano político esta nación es una de los principales aliados estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional.

Chile, otro aliado

Además de esa nación, Chile se posesiona como otro de los aliados regionales clave en el mapa de la extradición. Actualmente la Corte Nacional tramita el proceso contra Arnol Johao Cantillo Vargas, ecuatoriano requerido por las autoridades chilenas por delitos cometidos en ese país.

Justicia

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Los hechos que motivan la solicitud ocurrieron el 22 de febrero de 2026. Según la investigación chilena, Cantillo atacó con un arma blanca a su conviviente y, cuando el hijo de la mujer intervino para defenderla, le propinó una puñalada por la espalda que le ocasionó la muerte. 

La mujer sobrevivió, por lo que la Fiscalía de Chile imputa a Cantillo los delitos de femicidio frustrado y homicidio calificado consumado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó de Chile, lo que activó una notificación roja de interpol para su localización internacional. Cuatro meses después, el 24 de junio de 2026, la Policía Nacional de lo capturó en Yaguachi, en Guayas.

“Cada vez que solicitan a un criminal, Ecuador hace la gestión para entregar lo más pronto posible y esperamos lo mismo de otros países”, dijo el ministro del Interior John Reimberg, lo que da muestra de la política sobre la cooperación internacional.

El caso de Massuh

Sin embargo, el uso de la extradición como pilar de la política contra la impunidad también registra episodios de controversia e reveses judiciales.

La Corte Nacional de Justicia resolvió archivar el trámite de extradición activa en contra de Nain Massuh, uno de los procesados clave en el denominado caso Encuentro, trama que investiga presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada en las empresas públicas del sector eléctrico.

Massuh, quien permanecía en Colombia mientras la justicia ecuatoriana requería su comparecencia, quedó eximido del proceso de repatriación forzosa por fallas en el trámite de notificación roja de Interpol.

Un juez de la extinta Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Vinculados con Corrupción y Delincuencia Organizada ordenó que se abra una investigación para determinar las actuaciones, presuntas irregularidades o responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la Policía o de la Fiscalía que intervinieron en el trámite, pero que durante la presentación de la documentación se estancó desde 2024. Como resultado, el juicio para Massuh está suspendido hasta que regrese al país. 

Lo que debes saber

• Pasaje del transporte público de Quito subirá a 40 centavos desde enero de 2027.
• 63 operadoras deberán integrar sus sistemas de monitoreo a la Secretaría de Movilidad hasta diciembre.
• El recaudo electrónico deberá implementarse en los buses de Quito hasta mayo de 2027.

El incremento del pasaje del transporte público en Quito a 40 centavos desde enero de 2027 estará acompañado de nuevas obligaciones para las operadoras. La ordenanza que establece la nueva tarifa también contempla cerca de $23 millones en recursos para los transportistas y fija hitos para mejorar el control de la operación y la información que reciben los usuarios.

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El SAE será obligatorio hasta diciembre

Uno de los primeros compromisos deberá cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2026: las operadoras deberán instalar y tener interconectado con la Secretaría de Movilidad el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permite rastrear los buses en tiempo real.

En Quito existen 63 operadoras con cerca de 3.000 buses. Según Jorge Yánez, dirigente transportista, todas ya cuentan con el SAE. El reto, explica, es integrar los sistemas existentes a la plataforma de la Secretaría de Movilidad.

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GPS y cámaras permiten vigilar los buses

El caso de Translatinos, que opera en el sur de Quito con 115 buses, evidencia cómo funcionan estas herramientas. Desde 2021 utiliza sistemas de monitoreo implementados a partir de la ordenanza 17-2020, que exigió estas tecnologías como condición para el anterior incremento de tarifa, de 25 a 35 centavos.

Cada bus cuenta con GPS, cámaras y un contador de pasajeros que diferencia entre quienes suben y bajan. Las cámaras permiten observar tanto el exterior como el interior de la unidad y verificar, entre otros aspectos, la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el respeto a las paradas. Un sistema de sensores registra incluso el lugar donde se abre una puerta.

La tecnología también permite controlar la operación en tiempo real. En el centro de monitoreo de Translatinos se programa diariamente la cantidad de buses que debe circular en cada ruta y se compara esa planificación con lo efectivamente ejecutado.

En un mapa se puede identificar si una unidad está a tiempo, adelantada o retrasada, por ejemplo.

Las 63 operadoras deberán integrar sus sistemas

La información generada por las operadoras es enviada a través de una plataforma que permite centralizar y gestionar los datos. El objetivo es que, hasta diciembre, los sistemas de las 63 operadoras estén completamente integrados al Centro de Gestión y Monitoreo de la Secretaría de Movilidad.

Para alcanzar esta meta, se trabaja en la actualización de los equipos y de la infraestructura tecnológica, incluidos aspectos como las direcciones IP, el hardware y el software.

La tecnología permitirá un doble control

El cambio también implicará un doble control. Las operadoras mantendrán personal encargado del monitoreo, mientras que la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) podrán utilizar la información para verificar el cumplimiento de las condiciones de operación y aplicar sanciones.

Si un conductor se pasa un semáforo, incumple una disposición o presenta otra infracción, el registro tecnológico permitirá identificarlo.

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El recaudo electrónico tiene plazo hasta mayo

El siguiente desafío será el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). La ordenanza establece como plazo mayo de 2027 para que todas las operadoras cuenten con esta tecnología.

Translatinos ya dispone de 110 validadores para sus 115 buses, adquiridos en 2021, pero sus equipos deberán conectarse a la plataforma que defina el Municipio. La inversión estimada para un nuevo sistema de recaudo puede llegar a entre $5.000 y $7.000 por bus.

El funcionamiento del SIR requerirá además definir mecanismos financieros, entre ellos un fideicomiso, para que los pagos realizados por los usuarios con tarjetas como la Ciudad puedan llegar a las cuentas de las operadoras.

En el caso de Unitrans, que agrupa buses de la zona suroriental, se estima que serían necesarios alrededor de 700 validadores.

Transportistas plantean cambiar el modelo de gestión

Yánez considera que la tecnología por sí sola no resolverá los problemas del transporte. Por ello, considera fundamental el cambio del modelo de gestión para avanzar hacia un esquema de pago por disponibilidad, en lugar de uno en el que los ingresos del conductor dependan directamente de la cantidad de pasajeros que recoge.

El dirigente también reconoce las falencias en la capacitación y trato de algunos conductores. En ese sentido, las operadoras analizan convenios con instituciones de educación superior para profesionalizar a los trabajadores, con propuestas de mallas curriculares ya presentadas.

El Municipio tendrá más información para fiscalizar

Para Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad, la integración de los sistemas permitirá que el Municipio tenga información objetiva para medir indicadores como cobertura, velocidad de operación, recorridos y cumplimiento de frecuencias.

La tecnología, sostiene, puede convertirse en una herramienta permanente de fiscalización.

El financiamiento será otro desafío

La discusión de fondo será, sin embargo, económica. Buendía recuerda que el transporte es un servicio público concesionado a operadores privados y que el Municipio debe garantizar el equilibrio financiero que permita mantenerlo.

La ordenanza 17-2020 ya planteaba un Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, alimentado por recursos no operacionales como multas, matriculación, publicidad y otros ingresos.

Pese a todos los cuestionamientos que surgieron tras la aprobación del alza de la tarifa y la entrega de la compensación, Yánez es optimista sobre una mejora en el servicio.

El dirigente agrega que lo que Quito necesita es que, independientemente de quién llegue a la Alcaldía, se dé continuidad al proceso que comenzó en 2020.

Economía y negocios

El kéfir gana espacio en las perchas de Ecuador: ¿qué impulsa su consumo?

Lisbeth Zumba

EXPRESO recorrió cuatro de ellas en Quito —B-Sí, TuTi, Mini y un local exprés de Tía— y cotizó en cada una la misma lista de 29 productos, que abarca desde arroz y huevos hasta papel higiénico y pollo, en la presentación más cercana a la cantidad de referencia. 

Así, la lista costó: 

¿Por qué compiten B-Sí, TuTi, Mini y Tía por el mismo cliente?

Las cuatro compiten por el mismo cliente: están diseñadas para quitarle tráfico a la tienda de barrio, explicó Miguel de la Torre, experto en shopper.

Ahí se concentra el 42,9 % de las adquisiciones de alimentos y bebidas no alcohólicas, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (Enighur) 2024-2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que excluye de esa categoría a las cadenas.

¿Por qué la misma lista cambia de precio entre una tienda y otra?

Tras el recorrido, este Diario pudo observar que una lista llega a ser hasta un 26 % más cara, según el lugar, porque cada establecimiento tiene envases distintos o tiene presentaciones propias. 

Al igualar la cantidad —midiendo el mismo kilo, el mismo litro, los mismos 100 gramos— puede subir a 31 % y cambia el orden.

En Mini el total sube al igualar, y la razón es el envase: varias presentaciones son más pequeñas, con huevos de 15 unidades en vez de 30 y queso de 400 gramos en vez de 450.

Si el consumo se mantiene, una presentación más pequeña obliga a comprar más paquetes o a volver antes a la tienda. Al comparar las mismas cantidades, Mini llega a $44,01, el valor más alto de los cuatro, pese a quedar tercera en caja.

¿Cuánto cuestan el café, el papel higiénico y el pollo en cada tienda?

El café es el caso más claro: el sobre de Mini cuesta $0,98, el más bajo, pero trae 20 gramos. A 100 gramos sale en $4,90, más del triple que los $1,39 de TuTi y Tía.

El papel higiénico se compara por metros, no por paquetes: 

el de cuatro rollos— triple hoja— de Tía cuesta $1,95 y el de B-Sí, $1,99, pero los de Tía traen 36 metros y los otros, 40.

Con la misma cantidad de papel el orden se invierte: 

Con el pollo la diferencia está en el peso: el paquete más barato fue el de TuTi, a $4,99, pero su etiqueta declara $2,60 el kilo, sobre $2,48 de B-Sí. 

Tía cobró $3,28 y Mini, $3,42. Cada formato arma su precio distinto.

Economía y negocios

Detergentes en Ecuador compiten por precio, rendimiento y atributos: estas son las marcas

Mayra Pacheco Pazmiño

¿Cuál de estas tiendas es realmente un hard discount?

TuTi es un hard discount, con 600 a 800 referencias y sin promociones; B-Sí, un soft discount, con 1.100 a 1.200, tarjeta y funda.

Mini, el formato exprés de Mi Comisariato; y Tía, aunque esté en los barrios, no es una tienda de descuento, precisó De la Torre.

Desde la vereda, sin embargo, se parecen: locales chicos, surtido corto y marca propia en casi toda la percha. El comprador no distingue esos formatos, agregó.

¿Cómo cambió la forma de comprar en el Ecuador?

El comprador no dejó de consumir, explicó Fernando Hallo, director de Posgrados de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sino que se volvió estratégico: decide dónde paga por la marca y dónde no. 

Los baby boomers y la generación X siguen fieles a las marcas de siempre, coincidió De la Torre; millennials y generación Z alternan más y ya no asocian la marca propia con menor calidad.

El consumo inteligente no es fiel ni al descuento ni a la marca, es fiel a su ecuación de valor
Fernando Hallo

El papel higiénico es una de esas categorías donde cambiar cuesta poco: sin percibir riesgo para su salud, el comprador prueba más fácil una marca barata, explicó Hallo. 

El precio bajo también cuesta variedad: en TuTi hay menos opciones y buena parte de lo que vende es marca propia.

En las otras tres la marca propia convive con marcas conocidas. En Mini están Mr. Pollo, Plumrose, Ladysoft y Alesol, casi siempre en presentación más pequeña: las mismas marcas, pero en sus líneas más baratas, explican los expertos.

Tía fue la única con etiquetas amarillas por vencimiento próximo en marcas reconocidad: un queso de 450 gramos bajó de $3,99 a $2,39 y el pollo, a $2,77 el kilo.

Mini es la única con dos precios según la afiliación: con la tarjeta su compra baja 6,5 %. 

TuTi cobra solo en efectivo, que De la Torre atribuye a una necesidad de liquidez. 

El comprador tampoco concentra todo en un lugar: visita en promedio nueve puntos de venta al año y siete al mes, precisó De la Torre.

¿Conviene recorrer las cuatro tiendas para ahorrar?

Corporación El Rosado tiene en ocasiones juntos a TuTi y Mini, y Corporación Favorita, dueña de B-Sí, abrió uno junto a un Dollar Store en el norte de Quito. Hallo lee esa cercanía como una forma de repartirse la canasta.

El comprador puede entrar a uno por ciertas categorías y completar en el otro lo que falte. "No me entra el dinero en el bolsillo derecho, pero también me está entrando el dinero en el bolsillo izquierdo", explicó.

Recorrer las cuatro rinde poco: tomando cada producto donde resultó más barato, la canasta equivalente baja a $31,23, apenas $2,31 menos que los $33,54 que cuesta en B-Sí. 

Entonces, ¿cómo comprar mejor? Hallo lo resume en tres decisiones: comparar por kilo, litro o unidad y no por paquete, probar la marca propia donde el riesgo percibido es bajo y no dejar que el precio bajo lleve a comprar de más. 

"El consumo inteligente no es fiel ni al hard discount ni a la marca tradicional, es fiel a su ecuación de valor", afirmó Hallo.

El descuento le enseñó al ecuatoriano a comprar queso maduro

El descuento no solo compite por precio. También está cambiando qué productos entran en el carrito del ecuatoriano. 

Miguel de la Torre, experto en shopper marketing, explica que estos formatos pueden funcionar como una puerta de entrada a categorías que antes tenían poca presencia en la compra cotidiana.

Un ejemplo es el agua micelar. Según De la Torre, TuTi llegó a liderar esa categoría no porque desplazara a quienes ya compraban otras marcas, sino porque atrajo a consumidoras que nunca habían utilizado el producto y que se animaron a probarlo por primera vez a un precio más bajo.

Economía y negocios

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El mismo fenómeno se ha dado con los alimentos. De la Torre sostiene que el descuento “educó” al ecuatoriano a comprar queso maduro, una categoría que actualmente crece a doble dígito, pero también vino, tocino, jamón serrano y aceitunas, productos que antes eran menos habituales en la mesa.

Pero el precio bajo no tiene el mismo poder en todas las categorías. La facilidad con la que una marca propia entra al carrito depende de cuánto riesgo perciba el comprador al cambiar de producto.

En artículos como el cloro o el limpiapisos, donde la marca pesa menos en la decisión, probar una opción más barata resulta más sencillo. De la Torre estima, por ejemplo, que cerca de la mitad del cloro que se vende en Ecuador correspondería ya a la marca propia de TuTi.

La barrera aumenta cuando el comprador siente que está poniendo en juego algo que cuida especialmente. En productos para el rostro o la higiene bucal, la confianza en la marca tiene mucho más peso y un precio bajo no necesariamente basta para provocar el cambio.

El caso del agua micelar funciona de otra manera: allí el descuento no tuvo que arrebatarle consumidoras a una marca en la que ya confiaban, sino convencer a nuevas usuarias de entrar a una categoría que todavía no consumían.

La marca propia, por tanto, tiene más espacio para crecer allí donde el comprador busca principalmente que el producto cumpla una función básica. Cuanto mayor es la confianza, especialización o desempeño que exige, más difícil resulta sustituir una marca conocida solo por precio.

Para las marcas comerciales, De la Torre señala que la principal defensa está en la innovación y la tecnología. 

Guayaquil

La Puntilla le pasa la factura de su crecimiento al próximo alcalde de Samborondón

Diana Sotomayor

Mocolí, un paraíso con deficiente servicio de agua

Ocurre en Mocolí. La entrada y salida de tanqueros por las garitas es diaria; las familias se ven obligadas a llenar sus cisternas privadas ante la deficiente presión de la red pública. David Abramowicz, residente de la ciudadela Isla del Río, advierte el deterioro progresivo del servicio. Aunque su vivienda sufre menor afectación por ser de las primeras construidas, la escasez ya golpea a sus vecinos. “El problema sigue y se agudizará a medida que lleguen más familias a la isla”, advierte.

Diario EXPRESO expuso este inconveniente a finales de 2025. En esa fecha, la concesionaria Amagua atribuyó los cortes a un “problema aislado” provocado por “días de calor” y el aumento de demanda. También justificó fallas en la tubería matriz. Nueve meses después, el escenario no ha mejorado. Ante la falta del líquido, los afectados recurren a la vía privada. Según las denuncias recibidas, abastecerse cuesta entre 50 y 60 dólares por cada tanquero.

Las quejas presionaron al Municipio de Samborondón a reaccionar. La institución inició medidas administrativas contra Amagua debido a estas constantes falencias en el servicio, solicitando también un plan de contingencia inmediato para la ciudadanía afectada.

Guayaquil

Municipio de Samborondón abre expediente contra Amagua tras recurrentes cortes del servicio potable

Carlos Isaac Pino

Ciudad Celeste, otro problema

Para otros abonados, la escasez es algo de años. En la vivienda de Guillermo Carrillo, en la etapa La Brisa de Ciudad Celeste, lo excepcional es tener servicio. “Me levanto a las 05:00 y la presión es bajísima. Regreso al mediodía y no sale nada. No tenemos bomba para la cisterna, pero es injusto que pagando 40 dólares al mes, siendo tres personas, el servicio sea tan malo”, cuestiona.

Guayaquil

La Aurora y La Puntilla ejercen presión a Amagua por mejoras

Paul Sebastian Arias Castillo

Carrillo, estudiante universitario, asume el traslado manual de baldes, pero rechaza que sus padres enfrenten estas condiciones. Asegura que tras reiterar quejas formales por los cortes, la concesionaria optó por bloquear sus perfiles en redes sociales.

Un reportaje previo de EXPRESO documentó la situación de esta etapa a finales de 2024. Carrillo afirma que el suministro mejoró levemente tras la publicación, pero el alivio duró dos semanas y los cortes volvieron a la rutina diaria.

Ante la inacción, su familia documenta el déficit en una matriz de Excel. Los datos evidencian que la etapa recibe entre cuatro y seis horas de servicio al día, restringido a la madrugada (de 03:00 a 06:00). Quienes no poseen reservorios compran agua a precios inflados en el mercado informal. A este impacto económico se suman los gastos por limpiezas de cisternas y recargos facturados por “inspecciones técnicas” que no resuelven el problema.

Catalina S., moradora de Ciudad Celeste desde 2022, confirma el declive de la red. En 2024, la presión comenzó a caer durante el día y se normalizaba en la noche. Para 2025, el flujo diurno desapareció totalmente. “Llegaba a las 10:00 y no tenía una gota en la llave; tocaba prender la bomba. Ahora los fines de semana la presión también es baja o cortan de tajo. Amagua justifica que hay daños en Daule o La Aurora, pero ya son recurrentes. Prolongan los cortes a diario”, detalla.

Al contactar a la operadora, la empresa envía cuadrillas domiciliarias argumentando fallas internas que los propietarios descartan. “No hay problemas en las casas. El problema es que ya no dan un buen servicio. Las planillas son altísimas porque te cobran por todo”, reclama Catalina.

Un asunto de urbanismo y planificación

La crisis del servicio expone una carencia estructural. El urbanista y académico Brick Reyes argumenta que el desabastecimiento crónico en sectores densamente poblados responde a una nula planificación urbana, responsabilidad directa de las autoridades municipales.

“No se debió permitir la construcción de ningún programa de vivienda si no tenía solucionada la dotación de infraestructura: agua, electricidad, alcantarillado y desalojo de aguas lluvias”, advierte Reyes, quien señala que la proliferación inmobiliaria en La Puntilla colapsó la capacidad técnica del sistema matriz.

Para el experto, la única salida técnica exige rediseñar el suministro mediante un plan maestro proyectado a 50 años. Además, precisa que la falta de agua es solo un eslabón del desorden territorial: “El problema grave también es la movilidad, la falta de transporte y de espacios públicos. La solución no debe verse como un problema aislado de Samborondón, Daule o Durán, sino bajo el concepto del Gran Guayaquil”.

Los puntos claves de esta historia

• El rastro de las liquidaciones conduce a un grupo reducido de nombres que se repiten en decenas de registros societarios.
• Más de 300 liquidaciones han sido entregadas durante la gestión de Luis Cabezas-Klaere, quien entró a la 'Super' de Compañías en 2024.
• Varios entrevistados mencionan presuntos cobros de "diezmos" para acceder a encargos que generan honorarios.

"Hay una nómina de liquidadores e interventores, de la que yo alguna vez fui parte tras un proceso de selección. Ahora a esa nómina de profesionales no le dan ninguna importancia. Únicamente interesa la nómina de las personas que están cerca de Cabezas-Klaere", dice un exliquidador experto en asuntos societarios, que prefiere mantener su nombre bajo reserva porque en la actualidad es funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Este es un extracto de uno de los testimonios que Diario EXPRESO documentó en una investigación de más de dos meses sobre la administración de intervenciones y liquidaciones de empresas en la gestión de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien fue posesionado el 15 de octubre de 2024. Esta fecha es importante para poder entender los acontecimientos que se mencionarán en este artículo.

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La Superintendencia de Compañías es la entidad que vela por la salud financiera, administrativa y operacional de las empresas registradas en el Ecuador.

Si estas entran en complicaciones o infracciones, la entidad, dependiendo del caso, ya sea por pedido de accionistas o de oficio, interviene los negocios para intentar rescatarlos, o abre procesos de liquidación para sanear la mayor cantidad de deudas con la venta de activos o cobro de valores. Con lo recaudado se paga a exempleados, jubilados, entidades estatales y bancos privados, en ese orden.

La búsqueda de información tras alertas de anomalías

En la búsqueda de información, este Diario entrevistó a más de una decena de personas, incluidos interventores y liquidadores que actualmente están activos, funcionarios y exfuncionarios de la ‘Super’, abogados que han buscado explicaciones en esa entidad ante procesos presuntamente irregulares, exempleados de compañías que llevan una larga espera por sus haberes y viudas de quienes buscaban el cobro de sus liquidaciones.

Varios de ellos hablaron y compartieron documentación de sustento bajo el compromiso de mantener su identidad en reserva, ante las potenciales represalias. Por ejemplo, liquidadores que no son parte del grupo beneficiado con decenas de liquidaciones, temen ser removidos de los pocos encargos que aún tienen y de los que, en varios casos, todavía no han cobrado sus honorarios.

Las fuentes consultadas, muchas de ellas sin conocerse entre sí, coinciden en que desde finales de 2024 e inicios de 2025 existe una suerte de favoritismo en la asignación de intervenciones y liquidaciones de empresas, sobre todo de compañías que tienen activos o millonarias cuentas por cobrar. Con esas pistas, EXPRESO buscó información que confirmara algún patrón o tendencia.

Política

Liquidadores sin control: las fallas de la SuperCías

Flor Layedra Torres

A partir de hoy, este Diario publica una serie de reportajes que revela la concentración de liquidaciones en un grupo de abogados, ingenieros, economistas y administradores, entre los que figura una amiga del superintendente.

Los entrevistados también mencionan la existencia de un supuesto sistema de cobro de diezmos para acceder a lucrativas intervenciones o liquidaciones (un encargo regular puede representar honorarios de hasta $3.000 al mes o por fase, por cada empresa que se administre); la emisión de resoluciones ‘exprés’ para quitar y entregar ese tipo de encargos; una supuesta falta de control de la ‘Super’ a empresas involucradas en operaciones bursátiles opacas, entre otras anomalías.

Este Diario tuvo acceso a una base de datos de la Superintendencia de Compañías, cuyos registros tienen fecha de corte del 9 de junio pasado. En el archivo constan 501 empresas bajo la administración de 21 liquidadores, es decir, hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo, de acuerdo con el documento.

Política

¿Cuándo una intervención deja de corregir y comienza a poner en riesgo a una empresa?

Flor Layedra Torres

Para citar unos cuantos ejemplos, la abogada Elizabeth Jiménez, persona cercana a Cabezas-Klaere, registraba 12 liquidaciones; Roberth Torres, 34; Carlos Cadena, 40; Patricio Salazar, 72 (ver el gráfico).

En el caso de Jiménez, todas las liquidaciones se las encargaron en la administración de Cabezas-Klaere. Para el cierre de esta investigación, ya no eran 12, sino 15, desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 14 de agosto pasado.

Todas las liquidaciones entregadas a Torres, que subieron a 41, también han sido asignadas en la administración actual, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 14 de agosto.

En el caso de Cadena, 14 de las 41 (a mediados de agosto) también se otorgaron en los dos últimos años. Al 14 de agosto, 309 liquidaciones se habían entregado desde que Cabezas-Klaere está en el cargo, según la información disponible.

De acuerdo con el análisis, el medio millar de liquidaciones en manos de la veintena de personas representan aproximadamente el 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

Los problemas percibidos desde finales de 2024 en la 'Super'

“Años atrás, nosotros fuimos calificados por parte de la Superintendencia para ser interventores y liquidadores. Y en el mejor momento tuve cuatro liquidaciones y tres intervenciones. Pero que una persona tenga treinta... ¡treinta! Entonces, uno dice: ‘De gratis no ha de ser’”, menciona Milton, un interventor entrevistado, cuya identidad está bajo reserva. Él le relata a EXPRESO las anomalías percibidas desde finales de 2024 e inicios de 2025, con soportes documentales.

En ese entonces le retiraron el encargo de tres intervenciones, de empresas relacionadas con cultivos agrícolas y comercialización de productos de primera necesidad, según los registros.

“Con el cambio (llegada) de superintendente (el 15 de octubre de 2024) y de la intendenta regional de Compañías de Quito, a cinco interventores nos quitaron los casos de intervención. (Nos enteramos de los casos del resto) en una conversación que tuvimos en un chat: ‘Oigan, chicos, me quitaron a tal empresa’, decía uno. ‘¿Y por qué?’, preguntó otro. ‘No sé, solo me notificaron’. De repente, otro: ‘A mí también me quitaron’. A mí me quitaron todo”.

Ecuador

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El profesional, de unos cincuenta años de edad, dice que ese fue un golpe duro porque cuando se realizan intervenciones hay más posibilidades de cobrar los honorarios debido a que la compañía sigue operando, es decir, hay mayor flujo de dinero, a diferencia de una compañía en liquidación.

Esteban, otro liquidador con diez años de experiencia y quien también teme que lo veten de esos encargos, recuerda que desde diciembre de 2024 hasta la fecha no le han asignado ningún caso de intervención.

“En ese mes sale (de la institución) el intendente regional de Compañías de Quito y tres días después le ponen a otro liquidador (su reemplazo en una empresa de procesamiento de productos del agro, según los documentos). Los liquidadores somos de libre remoción, pero lo que me llama la atención es que cuando nombran a un liquidador o a un reemplazo, usualmente se demoran de dos a tres meses en posesionarse”, comenta aún sorprendido.

Esteban se refiere a Pablo Garcés, intendente regional de Compañías de Quito desde el 11 de mayo de 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024, a quien recuerda por haber implementado un sistema de asignación aleatoria de interventores y liquidadores.

“Antes, cuando asignaban empresas, lo hacían a través de ternas, compuesta por tres o cuatro interventores o liquidadores. Simplemente salía sorteado”.

El otrora sistema de ternas y sorteos para entregar encargos

Pablo Garcés le explica a EXPRESO que en su gestión escogían a los interventores de una terna que era sometida a un proceso de selección creado en un programa computacional. Algo similar sucedía con la designación de liquidadores.

“¿Qué me llevó a eso? Simplemente haber sido usuario de la ‘Super’ por más de 30 años y a efectos de dar mayor claridad y transparencia en cuanto a la selección, para que no se entienda que existe algún tipo de favoritismo hacia nadie, ni hacia las compañías ni a los interventores o liquidadores”, detalla Garcés, quien desconoce los criterios actuales para escoger los perfiles.

El exfuncionario recuerda que estableció varios requisitos que debían cumplir los postulantes a interventores y liquidadores, con el fin de mejorar la calidad de los procesos. Y agrega que durante su paso por la entidad detectó ciertos casos de concentración de encargos, por lo que, señala, se redistribuyeron las tareas.

“No era dable que tengan tantas compañías. Entre tres y cinco es más que suficiente, más aún habiendo tantas personas calificadas. La desventaja más grande (de tener múltiples intervenciones y liquidaciones) es el tiempo que le va a tomar al profesional atender más de tres o cinco compañías, porque va a ocupar demasiado tiempo en cada una de ellas. Eso hará que la intervención o liquidación dure más tiempo”, explica.

Política

Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía

Jonathan Palma

Doña Susana, viuda de Pedro Morales, un trabajador de la empresa quiteña Tejidos Pintex que está en proceso de liquidación desde enero de 2025, tras un proceso de intervención que data de 2024, conoce muy bien esa espera. Su esposo, quien tenía 20 años de labores en esa compañía relacionada con la familia de la vicepresidenta María José Pinto, falleció en el 2023 por complicaciones en sus pulmones.

“La liquidadora (Elizabeth Jiménez) no nos atiende, no nos paga. La Superintendencia debe revisar ese proceso. Los compañeros de mi esposo me han dicho que la liquidadora está pagando a otros lados. En vez de pagarnos a nosotros está pagando a otros, vendiendo las cosas de la fábrica”, denuncia Susana.

La complejidad de tener múltiples delegaciones de la 'Super'

Elba, otra liquidadora con más de diez años de experiencia que pidió que se omita su identidad, coincide con Pablo Garcés sobre la complejidad de las liquidaciones simultáneas, más aún cuando el proceso de liquidación es más voluminoso que una intervención.

“En un tiempo, cuando recién empecé con el tema de las liquidaciones, llegué a tener diez. Me enfermé. Recién estoy saliendo de lo que estaba enferma. Es un estrés terrible, dormir solamente tres, cuatro horas. Y cuando nos asignaban intervenciones nos decían que unas eran pagadas y otras las teníamos que hacer gratis”.

La incertidumbre que han vivido los interventores y liquidadores, o extrabajadores de empresas en procesos largos y sus familias, también la han sentido accionistas de las firmas, como lo comenta Milton, el interventor que recuerda uno de los casos en que lo reemplazaron de forma imprevista. Él enlista las situaciones que implican los cambios de administradores.

“Ya habíamos concluido el trabajo. Solo se esperaba que yo presente el informe y que el departamento de la ‘Super’ analice y se expida la resolución del levantamiento de la intervención. Ocho meses duró ese trabajo. Asignaron a otro interventor y lo que hicieron es echar abajo los informes y comenzar desde cero. Fíjese el problema para una empresa que tiene que incluir en su rol de pagos a una persona adicional (interventor). ¿Sabe cuánto tiempo se quedó? Un año más”, revela el interventor.

El tema del que "todo el mundo sabe" y que genera recelo

Entre los integrantes del gremio de interventores, liquidadores, exfuncionarios y servidores aún en funciones hay temas opacos que suelen discutirse con cierto recelo. Como las voces que comentan que para recibir una delegación no basta con la trayectoria o capacidad profesional.

Varios testimonios coinciden en la existencia de presuntos cobros de “diezmos”: de unos $1.000 por cada empresa asignada o un porcentaje de los honorarios mensuales que fija la propia institución.

“A mí me llegaron personas a decirme: ‘Mira, yo soy muy allegado a esta persona (alto funcionario). Yo te puedo recomendar para que te asignen, pero te cuesta tanto’. Entonces dije: ‘No, te agradezco mucho’. Es vox populi. Evidencias no van a existir, pero todo el mundo sabe que tienes que pagar para que te asignen un caso”, sostiene el interventor.

La reportería de esta investigación ha sorteado el silencio de las autoridades, que no han contestado los pedidos de entrevista y de información realizados a través de correos institucionales y del Portal Nacional de Transparencia (la ‘Super’ no entregó el listado liquidadores y remitió un reglamento). Los liquidadores mencionados en el gráfico tampoco atendieron una solicitud.

En la superintendencia también hay hermetismo por un acuerdo de confidencialidad que firmaron los servidores entre finales del 2025 e inicios del presente año, según las fuentes (un funcionario compartió el documento).

Lo que debes saber

• EE. UU. hundió seis barcos en el Pacífico; pescadores ecuatorianos enfrentan procesos judiciales.
• En 2026, operaciones antidrogas pusieron bajo vigilancia a embarcaciones pesqueras de Ecuador.
• Familias pesqueras cuestionan si los operativos golpean al narco o afectan a inocentes.

La madrugada parecía una más en altamar hasta que las luces aparecieron en el horizonte. Luis Franco, pescador manabita de la embarcación María Candelaria, recuerda que todo ocurrió con rapidez. Hombres armados abordaron el barco, los tripulantes fueron trasladados a una nave guardacostas y luego quedaron incomunicados.

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“No podíamos ver ni escuchar nada. Todo eso nos preocupaba. Pensamos en algún momento que no volveríamos a ver a nuestros familiares. Pensamos lo peor”, relata. Días después, el María Candelaria ya no existía.

La embarcación fue hundida por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, tras ser señalada como una presunta plataforma logística vinculada a Los Choneros. Sus tripulantes regresaron a Ecuador, pero la incertidumbre no terminó. 

Ahora enfrentan un proceso judicial, medidas cautelares y una pregunta que divide a expertos, autoridades y comunidades pesqueras: ¿se está golpeando al narcotráfico o a pescadores atrapados en una guerra que no les pertenece?

Seis embarcaciones destruidas en pocas semanas

El hundimiento de embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico ha dejado de ser un hecho aislado. En pocas semanas, al menos seis barcos fueron intervenidos y destruidos por fuerzas estadounidenses durante operaciones antidrogas coordinadas en aguas internacionales.

Las acciones ocurren en medio del fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico marítimo, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para enviar cargamentos de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.

La presión internacional aumentó después de que informes de inteligencia identificaran el Pacífico oriental como una de las principales ‘autopistas’ del narcotráfico mundial. En ese escenario, embarcaciones pesqueras ecuatorianas pasaron a estar bajo especial vigilancia.

Sin embargo, el debate no gira únicamente alrededor de la droga. También involucra derechos humanos, jurisdicción internacional, soberanía y la situación de cientos de familias que dependen de la pesca artesanal e industrial.

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La visión de quienes defienden los operativos

Byron Sanmiguel, excomandante de la Marina y especialista en seguridad marítima, sostiene que las intervenciones responden a un trabajo de inteligencia previo y no a operaciones indiscriminadas.

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Según explica, en el Pacífico opera actualmente una estrategia regional integrada por varios países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Como parte de ese esquema se creó recientemente una fuerza de tarea del hemisferio occidental impulsada por Estados Unidos.

Para el oficial en servicio pasivo, la clave está en el papel que cumplen ciertas embarcaciones pesqueras. “La inteligencia identifica barcos que no están realizando actividades normales de pesca. Son plataformas logísticas que suministran combustible a las lanchas rápidas del narcotráfico”, señala.

Los indicios que observan las autoridades

El experto menciona varios elementos que suelen ser considerados indicios por las autoridades: 

Desde su perspectiva, las embarcaciones intervenidas forman parte de una cadena que permite a organizaciones criminales extender el alcance de las llamadas ‘go fast’, las lanchas de alta velocidad utilizadas para transportar cocaína.

“Los marinos sabemos distinguir cuándo una embarcación está pescando y cuándo está dedicada a otra actividad. Hay variables técnicas que permiten identificar comportamientos sospechosos”, argumenta.

Las críticas a la estrategia de Washington

No todos comparten esa visión. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, cuestiona duramente la estrategia impulsada por Washington. Considera que las acciones responden más a una narrativa política que a resultados concretos contra el narcotráfico.

A su juicio, la destrucción de embarcaciones representa una escalada preocupante porque, según afirma, en varios casos no se ha mostrado públicamente evidencia sobre cargamentos de droga encontrados durante las operaciones.

Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático.Mike Vigil, exdirector del DEA

“Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático, pero no necesariamente reducen el tráfico internacional”.

Vigil añade que millones de pescadores desarrollan actividades legítimas en la región y advierte sobre el riesgo de que personas ajenas al narcotráfico resulten afectadas por operativos agresivos.

Sus declaraciones reflejan una discusión que también aparece en comunidades pesqueras de Manabí, donde familiares de tripulantes aseguran que los procedimientos realizados en altamar han generado miedo e incertidumbre.

“Somos pescadores, no delincuentes”

José Mero todavía recuerda el momento en que volvió a abrazar a su familia. “Somos pescadores, no delincuentes”, afirma. La frase resume el sentimiento de varios tripulantes que recuperaron la libertad tras permanecer retenidos y comparecer ante la justicia ecuatoriana.

Aunque fueron liberados, deben cumplir medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades. Su situación jurídica se resolverá en una nueva audiencia prevista para finales de septiembre.

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El impacto económico en las comunidades pesqueras

Mientras tanto, las secuelas económicas son evidentes. Cada embarcación hundida representa una inversión de cientos de miles de dólares.

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Detrás de cada nave existen armadores, pescadores, mecánicos, comerciantes de hielo, proveedores de combustible y decenas de familias que dependen de la actividad pesquera.

La preocupación en los puertos ecuatorianos se agravó con la desaparición de los ocho tripulantes del Fiorella, cuyo paradero sigue sin conocerse.

César Pico, dueño de una embarcación pesquera, asegura que existen videos que muestran procedimientos realizados por personal extranjero armado.

Para él, la incertidumbre crece porque muchas familias desconocen qué ocurre exactamente cuando una nave es interceptada lejos del territorio continental.

La delgada línea entre pesca y narcotráfico

Un oficial de la Armada ecuatoriana que participa en tareas de vigilancia marítima y pidió mantener su identidad en reserva sostiene que el problema es más complejo de lo que parece.

Según explica, el narcotráfico ha encontrado en algunas embarcaciones pesqueras una infraestructura ideal para a ampliar sus operaciones en el Pacífico. “Existen barcos que salen a pescar y existen barcos que utilizan la actividad pesquera como fachada. Esa es la dificultad operativa”, admite.

El marino añade que las organizaciones criminales han perfeccionado durante años sus métodos para mezclar actividades legales con operaciones ilícitas.

“Las rutas marítimas son esenciales para el narcotráfico. Muchas veces las embarcaciones no transportan droga. Transportan combustible, víveres o apoyo logístico para otras naves de la red”, explica.

Lo que debes saber:

• La deuda del MSP y el IESS con dializadoras llega hasta 26 meses en varias provincias.
• Pacientes de Pichincha y Los Ríos denuncian menos horas o sesiones de diálisis.
• Las clínicas advierten que la falta de pagos amenaza su operación y la atención renal.

Se podría decir que están en los dos extremos de una misma cuerda: lo que ocurre con los dueños de las clínicas de diálisis afecta a los pacientes renales. Ahora, más que nunca, la situación de unos y otros los acerca.

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Para el turno de diálisis que comienza a las 10:00, en la sala de espera de un centro del norte de Quito, hombres y mujeres de poco más de 30 años y mayores de 60 hablan sobre un temor, que les inquieta tanto como la enfermedad: perder las diálisis que necesitan para seguir vivos.

Dentro de la clínica, una enfermera cuenta que se siente devastada. Lleva ocho años trabajando allí y asegura que acumulan un año sin recibir pagos. 

“Es insostenible. Los dueños de casa no nos creen”, relata. Su jornada comienza a las 05:40, aunque llega antes para preparar la sala, y se prolonga hasta las 16:00.

“Esta crisis nos afecta a los pacientes y a nosotros”. La mujer llegó de Cuba para trabajar y ayudar a su familia. “Vivo con mi esposo; de otro modo, imagínese. No trabajo por hobby, sino por necesidad”. 

También habla de los pacientes. Lloran, acuden a manifestaciones para reclamar por la falta de pagos a los centros. “Esto es vida o muerte. Son tres veces a la semana. Da terror cuando se enteran que han cerrado centros”.

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Las experiencias de los dueños de dializadoras

El director, que pide mantener en reserva tanto el nombre de la clínica como el suyo, sostiene que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les adeuda 26 meses de pagos, por unos 2 millones de dólares. 

La clínica lleva décadas prestando este servicio al Estado. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la deuda corresponde a un año.

La situación, explica, ha llegado al límite. Ya no tienen capacidad para seguir endeudándose y los proveedores han dejado de prestarles. A eso se suman procesos judiciales iniciados por algunos exempleados. 

“Si quebramos, quedaremos con deudas. No sé cuándo nos cancelarán. Tampoco podemos dejar a los pacientes sin sus tratamientos. En 15 días morirían”, dice, angustiado.

El nefrólogo Luis Serrano, director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, sostiene que la crisis del sector puede medirse así: tenían 120 colaboradores y atendían a 350 pacientes derivados por el MSP y el IESS. “En los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa se han acumulado facturas”.

Por eso ha tenido que devolver pacientes y el IESS no le renovó el convenio. La reducción ha sido drástica: atiende a 37 personas con un equipo de 22 trabajadores. Solo espera a junio del 2027, para terminar el contrato y pagar las deudas.

Yoseline Mantilla, administradora de la Unidad de Hemodiálisis Los Ríos, anota que sirven a la población desde hace 23 años. Subraya que “han perdido credibilidad con los proveedores y ahora solo aceptan compras al contado” debido a los atrasos en los pagos del MSP e IESS. “Si seguimos así habrá una quiebra de las dializadoras”.

Semanas atrás estuvieron involucrados en una polémica con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo directivo del Seguro Social, quien sostuvo que su reclamo era netamente político, ya que les han pagado 2.6 millones de dólares para garantizar las atenciones y ha reconocido que la deuda alcanza los cerca de 6 millones.

Sobre eso, Mantilla niega que el tema sea político. Dice que “presentan una realidad descontextualizada, no hablamos contra un Gobierno. Pero esos $ 2.5 millones no fueron de facturas del 2026, sino de diciembre 2025 y del 2024. Mientras la deuda sigue creciendo. No alcanzan para seguir funcionando. Si sumamos la deuda del IESS y el MSP son $ 10.7 millones”.

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Pamela Luna señala que Dial Ríos, Dialife y Contigo, de Los Ríos, que existen desde el 2010, tienen 1.200 pacientes. El Ministerio les debe pagos desde hace 26 meses; el Seguro Social Campesino, 17 meses; y el IESS, 12 meses. Afirma que han pasado por auditorías. 

Como los demás centros deberían recibir $ 1.456 por 12 sesiones de diálisis, lo que incluye insumos. Es complejo seguir así, dice. Además hay 280 personas esperando que se abran cupos para dializarse, en la provincia. 

Otros representantes de dializadoras, incluyendo transnacionales, corroboran en off: el MSP les debe 26 meses de pagos. Incluso los internacionales dicen no contar con músculo financiero para mantener el servicio.

La Corte Constitucional ordenó al MSP organizar un plan de pagos a dializadoras

EXPRESO envió un pedido de información al respecto al Ministerio de Salud y al IESS y no ha tenido respuesta. 

A través de un comunicado, el Seguro Social indicó que sus principales autoridades recorrieron unidades médicas y visitaron dializadoras externas en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en la primera semana de septiembre. 

“Se comprometieron a continuar con el pago mensual de los servicios de diálisis en favor de los pacientes renales derivados de la Seguridad Social”. 

Pero, pacientes de Los Ríos y Pichincha dicen que las diálisis diarias ya no duran cuatro sino tres horas e incluso dos sesiones a la semana y no tres, lo recomendado.

La Corte Constitucional ha ordenado que el Ministerio de Salud elabore una política pública para la prevención de enfermedades renales y parámetros para garantizar el derecho a la vida. Ordenó que las carteras de Finanzas y Salud elaboren un plan para cumplir con los pagos, pero no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

Lo que debes saber

• Lo que comenzó como una coincidencia en los sepelios de antiguos compañeros terminó convirtiéndose en una celebración de la amistad. 
• Cerca de 50 años después de ingresar a la Espol, exalumnos y exprofesores volvieron a encontrarse para recordar su época universitaria.

Cincuenta años han pasado desde que compartieron por primera vez un aula, pero al reencontrarse este sábado 12 de septiembre parecía que el tiempo no había pasado. Las risas, las bromas y hasta las historias de sus años como estudiantes aparecieron en el campus Prosperina de la Espol. Son cinco décadas de tantas anécdotas que decidieron que era momento de celebrar.

En un área social la cumbia y el clásico I Will Survive, de Gloria Gaynor, fueron la atmósfera perfecta para este reencuentro. Y qué mejor que hacerlo saboreando un suculento encebollado.

Con el amable sol, propicio para una cerveza, llegaron los compañeros ingenieros para celebrar. Hubo de todo, pues la fiesta la pusieron ellos, con su gallardía y selfies para recordar este momento que los volvió a unir en su institución tan recordada. Ellos, algunos acompañados de sus esposas, estaban orgullosos de volver.

Pasado el mediodía, hicieron alarde de aquellas actividades que aún resuenan en su memoria: ‘Canta si Puedes’, que se trataba de un campeonato estudiantil que marcó a una generación de politécnicos. Uno de los más aplaudidos fue un exalumno que sacó lo mejor de sí para interpretar al recordado Leo Dan.

Guayaquil

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Pero no fue lo único. La gran foto grupal arrancó a más de uno una broma de aquella época y todos posaron en las gradas, como aquellos días en los que los estudiantes iban tras el sueño de alcanzar una ingeniería. En el momento del canto, hubo quienes evocaron que, si cantabas mal, te echaban papel periódico.

En aquella época, quienes querían ser ingenieros debían compartir dos años todas las clases. Así lo recuerda Olmedo Castro, ingeniero eléctrico y uno de los que llevó al frente esta iniciativa, que contó con la aprobación de la actual rectora.

“Todas las ingenierías tenían un denominador común, que era el primer y segundo año, y luego ya en el tercero escogías la carrera. Los que empezamos en 1976 nos veíamos todos los días, pero la amistad quedó grabada”, contó el también máster en Administración de Empresas.

Sin embargo, la cita no solo era de los exalumnos. También estuvieron quienes forjaron ese largo camino académico, como los exprofesores. Hubo un momento para recordar, además, a quienes ya se fueron físicamente. Ellos, así como los docentes, también fueron mencionados y se les rindió un homenaje previo al evento. Uno a uno fueron nombrados en estos 50 años.

¿Cuándo surgió la idea de reunir a todos los politécnicos?

Castro resalta que ocurrió cuando comenzaron a verse compañeros en los sepelios de otros. Fue ahí cuando se cuestionaron por qué tener encuentros para lamentar la pérdida de un amigo y por qué no hacer un encuentro de amigos.

El mensaje estaba claro y fue entonces cuando se formó un grupo que lideró la actividad y ayer vio el fruto. Los aplausos, recuerdos de las aulas y las madrugadas sin dormir para aprobar los exámenes se conjugaron mientras un DJ ponía canciones que invitaban a más de uno a mover las caderas, mientras en una pantalla se transmitían imágenes de todos. 

Otros compañeros recordaron la época en la que se formó un grupo estudiantil que marcó a la generación de politécnicos: el campeonato de fútbol entre mujeres. Y resulta que, concordaron, había compañeras que “jugaban mejor que un hombre”. Incluso recordaron a una excompañera a la que le decían “La Maradona”.

El evento, que se desarrolló en una de las áreas sociales, iba a culminar, pero no sin antes desarrollar más actividades que formaron parte de su paso estudiantil. Aún faltaba la elección de la Reina del Novato y el Rey Feo. Quizá estos eran otros de los eventos que más tenían los celulares listos para grabar o fotografiar. Nadie quería perderse cómo han pasado los años y ver que la autenticidad y el carisma continúan a flote.

Aunque recordaron que esta generación terminó su carrera en el campus Las Peñas, en el centro, entrar al campus Prosperina, ver las canchas y una piscina les trajo gratos recuerdos.

Y esos recuerdos son los que anhelan seguir plasmando, pues muchos siguen activos en sus profesiones y quieren que perduren esos principios y seguir siendo guías para, de alguna manera, contribuir a resolver los problemas que tiene el Ecuador.

Lo que se sabe

• Ecuador exportó 3,6% más volumen de madera, pero el valor FOB cayó 2,4% entre enero y julio de 2026 frente al mismo período de 2025.
• India concentra 98,7% del valor de las exportaciones ecuatorianas de teca, mientras otros mercados todavía representan una participación marginal.
• Los costos de extracción de madera aumentaron 15% a 20% y el flete marítimo hacia India pasó de unos $500 a alrededor de $900 por contenedor.

En el Rancho Alemán ubicado en Bucay, el productor Alexander Matecki observa uno de los troncos de teca. No necesita cinta métrica, puesto que su experiencia le permite estimar, con solo mirarlo, que el árbol ya alcanzó entre 80 y 90 centímetros de circunferencia. “Ese árbol ya se puede cosechar”, dice. La plantación de 10 hectáreas tiene 24 años y ya fue raleada -cortaron ciertos árboles de la plantación para reducir su densidad- dos veces, porque la madera, a diferencia de otros cultivos se cosecha tras varios años de trabajo. “Lo mínimo que hay que esperar son 15 años para que tenga un grosor aceptable”, explica el productor. Esa espera, y lo que ocurre mientras tanto en el mercado internacional, es la historia detrás de las cifras de las exportaciones madereras del país en 2026.

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La teca, explica Matecki, llegó a Sudamérica a través de Trinidad y Tobago, donde comenzó a sembrarse en 1913. Desde esa isla del Caribe provino la primera semilla utilizada para establecer las plantaciones de teca en Ecuador. No obstante, su despegue comercial ocurrió recién en 1996, cuando India prohibió la tala de sus bosques nativos y salió a comprar en América del Sur.

Desde entonces, India se convirtió en el mercado natural de la teca ecuatoriana. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), se han exportado 146.715 toneladas de teca entre enero y julio de 2026, un 19,7% más que en el mismo periodo de 2025, con un valor FOB de $25,69 millones (+30,8%).

Sin embargo, ese crecimiento convive en medio de problemas logísticos que se dispararon este 2026. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre el 75% y el 80% de los contenedores que salen de Ecuador llevan carga refrigerada -banano, camarón, brócoli- que no puede esperar en puerto. La madera, en cambio, es carga seca que no goza de la misma prioridad. “El reducido número de contenedores hay que dividirlo entre varios productos, no solamente para madera”, señala Grace Mogrovejo, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Teca y Maderas Tropicales (Asoteca). Además, la disponibilidad de contenedores de 20 pies, añade, es especialmente limitada, mientras que por las importaciones ingresan principalmente equipos de 40 pies, lo que dificulta la reposición.

La ruta hacia Asia también se ha vuelto más compleja. Mogrovejo explica que la salida hacia China se ha reducido y que la madera destinada a Asia debe afrontar transbordos. Para otros destinos, como India, los tiempos de tránsito pueden alcanzar entre 60 y 70 días y el flete marítimo hacia India, que costaba $500, ahora bordea los $900. Tania Wazhima, vicepresidenta de Asoteca, calcula el encarecimiento total de la cadena logística en alrededor del 50% en el último año.

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Para los productores de madera, al encarecimiento logístico se suma a otros costos internos. Matecki calcula que los gastos de extracción en el campo han aumentado entre 15% y 20%, mientras que el transporte interno también presenta alza. A eso se agregan los costos de seguridad y los gastos asociados a la operación portuaria.

Pese a las presiones, julio fue, según Mogrovejo, el mejor mes de exportaciones de los últimos tres o cuatro años. India ha incrementado los pedidos para abastecerse ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño complique el acceso a las plantaciones por las lluvias. Esa premura ha permitido colocar más volumen y, en parte, compensar el encarecimiento logístico, pues los compradores han aceptado pagar algo más.

“Los costos de extracción han subido de un 15% a un 20%. El flete interno desde el bosque se triplicó y también ha subido la naviera. Por los tres lados hemos tenido un aumento conjunto del 50%”.Alexander Matecki, productor maderero

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El comportamiento de la teca ocurre dentro de un sector maderero que, en conjunto, muestra una señal distinta: entre enero y julio de 2026 Ecuador exportó más volumen, pero con menor ingreso.

Las exportaciones de la partida 44 del Banco Central del Ecuador (BCE), que agrupa distintos tipos de madera —la balsa, la teca o el pino—, además de carbón vegetal y productos transformados como tableros, chapas, contrachapados y otras manufacturas, sumaron $359,32 millones entre enero y julio de 2026. En el mismo período de 2025 alcanzaron $368,16 millones. Esto representa una caída de 2,4% en valor FOB, pese a que el volumen exportado aumentó 3,6%.

En los mercados de destino también hay movimientos. China continúa como el principal comprador de la partida 44, aunque su participación en el valor FOB de las compras bajó de 36% a 32,7%. Estados Unidos redujo la suya, mientras Perú se acerca, con 15% cada uno. Les siguen Colombia, con 13,2%, e India, con 9,7%.

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Según Matecki, el precio de venta de la teca por metro cúbico se ha mantenido relativamente estático durante los últimos cinco o seis años, mientras los costos de producción, extracción y envío han aumentado. El efecto de esa combinación comienza a reflejarse en una contracción de las utilidades frente a las proyecciones que tenían hace 15 años, cuando iniciaron las plantaciones.

Además, la demanda de India está cambiando y genera preocupación. “A los hindúes les fascinaba comprar madera vieja, gruesa, sólida, bonita. Pero desde hace un año más o menos llegamos al punto en que ya no la quieren”. El cambio preferencial se da pese a las mejores propiedades físico-mecánicas de la teca de 25 o 30 años.

Ante ese escenario, Asoteca busca mejorar las condiciones de acceso a la India. Desde 2017 el gremio pide un acuerdo de alcance parcial que permita incluir a la madera y reducir a cero el arancel que actualmente pagan las exportaciones, que va de 5% a 10%, dependiendo del tipo de madera.

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Los nuevos acuerdos comerciales también abren posibilidades en otros destinos, aunque todavía son mercados pequeños. El de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, resulta atractivo para madera con mayor valor agregado, pero Mogrovejo explica que está todavía en una fase de exploración. Europa también es una alternativa, aunque la demanda es reducida: Matecki cuenta que el año pasado exportó unos 200 contenedores y, tras seleccionar su mejor madera, logró colocar apenas seis en Alemania. 

“Si logramos bajar del 98% (el volumen destinado a India) al 88% y vender un 10% afuera, ya estaríamos felices”, resume Wazhima.

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Lo que debes saber

• Experto advierte que vender activos del IESS solo cubriría el déficit de 2026.
• IESS enfrenta un déficit creciente porque jubilaciones superan aportes desde 2015.
• Sin reforma al sistema de pensiones, el IESS tendría margen para pocos años más.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la venta de activos ociosos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para inyectar liquidez y, de alguna manera, enfrentar el hueco financiero que el Seguro Social arrastra desde hace muchos años. 

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Sin embargo, afiliados, jubilados y expertos en seguridad social han alertado no solamente sobre la posible inconstitucionalidad de este proceso, sino también sobre lo inconveniente que sería ejecutarlo sin una reforma integral. 

El economista Augusto de la Torre, coordinador de la comisión que planteó reformas para el sistema de pensiones ecuatoriano, analiza con EXPRESO las implicaciones de no ejecutar una reforma integral a la seguridad social.

- Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, usted señaló que vender los bienes del IESS sin una reforma integral sería “quemar activos”. ¿Por qué su apreciación es tan fatídica?

Porque la venta de los activos, por definición, es un reconocimiento de que hay un hueco en el sistema de salud y de pensiones. La venta de activos te ayuda a solucionar temporalmente el problema de caja para cubrir gastos de jubilaciones o gastos de salud, pero el problema es que esa necesidad se va a volver a manifestar el próximo año. Es un reservorio que se está quedando sin agua por una grieta. Y esa grieta está creciendo y en vez de repararla, lo que estamos haciendo es trayendo más agua para tratar de llenar esa cisterna.

- Según manifestó el presidente Noboa, habría 2.000 millones de dólares en estos “activos ociosos”. ¿Por qué, incluso si se reúne todo ese dinero, no es suficiente para las finanzas del Seguro Social?

El IESS administra varios seguros. Todos tienen un fondo, como el reservorio de agua. Esos reservorios están compuestos de activos financieros, pero el fondo de pensiones y el fondo de la salud también tienen algunos activos en forma de bienes raíces. El rubro más grande son los edificios, pero me imagino que muchos de ellos son los de los hospitales y me imagino que ellos no se van a vender. 

Mientras se hace el avalúo y se decide qué terrenos se pueden vender, y si hay demanda en el mercado y se los pueda vender bien, yo me imagino que de esos 1.800 o 2.000 millones identificados, se podrán vender quizás 500 millones. Esa plata ayudará a cubrir el hueco en los sistemas de salud y de pensiones de este año, pero el próximo año el hueco seguirá creciendo.

- ¿En qué momento hubo el punto de inflexión, con un déficit que crece de forma exponencial?

Dos años fueron claves: 2014 y 2020. Hasta el 2014 el fondo de pensiones era superavitario, es decir, los aportes de los empleadores y empleados eran más que suficientes para cubrir el pago de jubilaciones. Por eso es que en el tiempo del presidente Rafael Correa se dijo que el fondo de pensiones no necesita dinero del Estado y suspendió la transferencia del 40 % (que por ley le corresponde al Estado)por tres años, aunque luego las cortes lo restablecieron. 

En 2015 se acaba esa historia y empiezan a aparecer déficits operacionales donde el gasto de jubilaciones empieza a exceder al ingreso por aportes. El 2020 es el  segundo punto de inflexión porque en ese punto la diferencia entre aportes y pago de jubilaciones ya empezó a exceder el subsidio del 40 % que la ley le pide al Estado. 

Entonces, hay que vender activos de algún lado o hay que endeudarse o hay que hacer algo para cubrir el resto del hueco. Por eso, vender activos no es un problema. Eso es parte de la gestión. Pero es un problema si lo único que haces es vender activos y no reparas la grieta.

- Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS, ha dicho que parte de su plan es aumentar las afiliaciones. ¿Es una medida que ayuda a llenar ese hueco?

Aumentar el número de empleados formales, es decir, afiliados, es un complemento necesario. La comisión, en su reporte final, dice que cualquier reforma de pensiones tiene que estar complementada por reformas en el mercado laboral que aumenten la formalización del empleo. Pero no se puede pensar que estos esfuerzos de aumentar el número de afiliados solucionan el problema de fondo, porque parte del problema de fondo es que el sistema está diseñado de tal forma que te ofrece unos beneficios que exceden con mucho a los aportes. 

En promedio, según los cálculos que hicimos en la comisión, un ecuatoriano que se afilia a lo largo de su vida laboral y se jubila con la expectativa de vida actual, digamos a los 65 años de edad y vive hasta los 85, lo que va a recibir cuando esté jubilado va a ser cinco, seis, siete u ocho veces lo que puso. Entonces, el sistema, por definición, genera esta dinámica hacia la grieta. La única manera de evitar eso sería tener ocho o nueve aportantes por cada jubilado. 

Pero la capacidad de tener 8 o 9 es imposible, incluso si aumentamos el número de afiliados, porque la razón por la cual el número de aportantes crece más lentamente que el número de jubilados es el cambio demográfico, que tiene dos componentes: el envejecimiento promedio de la población y la extensión de la esperanza de vida.

Política

Bernardo Cordovez: el abastecimiento de medicinas en el IESS está en 73 %

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

- La comisión, en 2023, planteó cambios a siete de nueve parámetros: número de aportes por año, base de cálculo, requisitos para ser elegible a la jubilación, tasa de reemplazo, distribución del subsidio fiscal, tasa de reemplazo máxima, pensión máxima y pensión mínima. ¿Cuál es más urgente de modificar?

El objetivo de una reforma a los parámetros del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es restablecer una mejor proporcionalidad entre lo que entra y lo que sale, entre aportes y beneficios. Y para hacer eso necesitas siempre hacerlo con ayuda de un modelo actuarial. La comisión, por ejemplo, decidió que era mejor no proponer un aumento de la edad mínima de jubilación, porque por alguna razón psicológica a los ecuatorianos no les gusta eso. 

Entonces dijimos que era mejor dejar la edad mínima de jubilación en 60 años, pero si alguien decide jubilarse a los 60, el resto de parámetros va a ser tal que te va a mostrar que si te jubilas a los 60 puedes hacerlo, pero tu pensión va a ser más baja y que a lo mejor te conviene esperar 5 años más hasta jubilarte a los 70. 

Entonces, de los nueve parámetros que tú mencionaste, nosotros jugamos con siete y los calibramos y los recalibramos. Eso es lo que hay que hacer. Por eso es que no hay una receta mágica.

- ¿Hay forma progresiva de hacerlo? El costo político es lo que ha frenado hacer un cambio profundo.

Sin duda. Todas las reformas pensionales, si se hacen a tiempo, pueden irse instrumentando de manera muy gradual. Pero si esperamos hasta estar sin plata, vamos a tener que hacer cambios drásticos que van a ser más una terapia de choque. Ojalá podamos evitar eso. 

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Todo gobierno de turno le deja la reforma al próximo gobierno para estar más tranquilo. Pero yo argumento que una reforma no le afecta al jubilado; los que están cerca de jubilarse no van a sentir ningún efecto; y para los jóvenes que están entrando al nuevo sistema, ese ingreso va a ser de manera muy gradual. 

Un buen político que entienda el problema y lo explique bien podría conseguir una buena reforma al sistema de pensiones sin un alto costo político.

- La otra opción, que es lo que ha venido sucediendo, es que no se haga nada. ¿Cuánto más puede aguantar el sistema sin una reforma?

Nos queda tanto tiempo cuanto el fisco pueda socorrerle al sistema. Ahora hay un hueco de 4.000 millones de dólares y el fisco le da 2.800. Se venden activos y salimos de este hueco en el 2026. Pero en el 2027, el hueco va a ser de 4.300 millones de dólares. 

¿Cuánto le va a poder dar el fisco? ¿Cuántos activos se van a poder vender? No te puedo decir con claridad porque no sé cuánto vamos a poder raspar la olla, pero a lo mejor son uno, dos o tres años más.

Lo que debes saber

• Las elecciones seccionales de 2027 ya están en el horizonte político.
• Las redes sociales se han convertido en un escenario clave para los enfrentamientos.
• El rol de las instituciones también genera preocupación entre los analistas.

La política ecuatoriana vuelve a mostrar los dientes. Lo que antes parecía concentrarse en las grandes disputas presidenciales ahora también se hace visible en los territorios, donde candidatos y organizaciones se enfrentan por el control electoral y la supervivencia política.

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Una disputa que viene de lejos

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. Simón Pachano, politólogo y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, explica que la confrontación política “viene desde hace un buen tiempo” y que alcanzó especial intensidad durante la época del correísmo, cuando la disputa se planteaba en términos de blanco o negro.

Alberto Feijóo, sociólogo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, coincide en que existe una continuidad, aunque advierte un cambio en el escenario. A su juicio, “corresponde un poco al ciclo político”, porque la disputa que antes se enfocaba en las fuerzas que buscaban desplazar al correísmo, ahora gira alrededor de la hegemonía del oficialismo.

En esa transformación, el canibalismo político ya no puede entenderse únicamente como una pelea dentro de una organización. Alfredo Espinosa, analista político y electoral, precisa que reducirlo a grupos que se enfrentan al interior de un partido sería una interpretación limitada, porque también se expresa mediante la polarización y la construcción de identidades políticas negativas.

De hecho, Espinosa explica que esta dinámica puede presentarse entre grupos que, aunque tienen posiciones contrarias, terminan enfrentándose entre sí en lugar de concentrar sus esfuerzos en el adversario común. Así, el antinoboísmo y el anticorreísmo se convierten también en expresiones de una lógica que busca debilitar al otro antes que fortalecer una propuesta propia.

Por otro lado, Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, evita definir la confrontación como canibalismo. Para él, el conflicto forma parte de la política, pero el problema aparece cuando los adversarios dejan de verse como competidores y son tratados como “enemigos políticos”.

Para Macías, el escenario se ha sofisticado. El experto considera que durante los últimos 10 o 15 años se mantiene la disputa entre correísmo y anticorreísmo, a la que ahora se añade el antinoboísmo, pero con nuevas herramientas como las redes sociales.

Ya no se trata de comerse entre ellos, sino de devorar al otro para quedarse con todo el espacio político.Alberto Feijóo, sociólogo y docente de la UIDE

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Las instituciones entran en juego

En cambio, Espinosa observa una evolución más profunda vinculada con el poder y las instituciones. Desde su lectura, las disputas ya no se limitan a que las fuerzas políticas “se coman entre ellas”, sino que aparecen mecanismos en los que intervienen instituciones estatales y que pueden restringir la competencia.

Ese desplazamiento tiene consecuencias sobre el juego electoral. Espinosa advierte que la judicialización, la justicia penal y electoral, así como las actuaciones de organismos de control, pueden convertirse en herramientas no solo para eliminar competidores, sino para “deglutir a la oposición”, algo que considera preocupante para un régimen que se presenta como democrático.

Para Pachano, no obstante, conviene separar esa utilización de instituciones del concepto de canibalismo político. El politólogo considera que acciones como controles de cuentas, actuaciones del Servicio de Rentas Internas o investigaciones de Fiscalía para inhabilitar competidores corresponden a “otra cosa”: el uso de herramientas desde el Gobierno.

Además, Pachano encuentra una explicación política de mayor alcance. A su juicio, las seccionales funcionan como un trampolín hacia 2029, y el Gobierno busca obtener un buen resultado no solo para controlar territorios, sino para preparar una eventual reelección.

En esa estrategia aparece también la construcción de una estructura partidista que el oficialismo no tenía cuando llegó al poder. Pachano recuerda que Daniel Noboa llegó al Gobierno con un membrete, pero sin un partido consolidado, y que ahora “muchas de estas cosas (decisiones) se explican” por el deseo de forjar una tienda política desde el poder.

La dinámica, además, funciona como un juego en el que cada actor calcula cuánto puede atacar y cuánto puede exponerse, explica Feijóo. Para él, aunque ningún ciudadano declara formalmente que participa en ese juego, “todos sabemos que lo jugamos”, y en el terreno político esa lógica condiciona las decisiones de los actores.

Ya no estamos ante una disputa convencional por el poder, sino ante el exterminio político del otro.Alfredo Espinosa, analista político y electoral

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Cuando competir se vuelve más difícil

Pero el juego tiene reglas que pueden dejar de ser democráticas cuando se restringe la participación. Feijóo advierte que las trabas para competir “coartan un derecho fundamental” porque limitan la posibilidad de participar en los comicios y, con ello, reducen las capacidades de la oposición.

Mientras tanto, el elector también forma parte de este ciclo. Feijóo sostiene que actualmente la ciudadanía responde a una “lógica emergente” en la que la seguridad ocupa el lugar central, por lo que tolera el debilitamiento del sistema de partidos, ya que percibe que existe una promesa de orden.

Esa tolerancia sería como hacerse de la vista gorda. El sociólogo señala que aunque la democracia condena estas prácticas, existe una aceptación porque son justificadas en nombre del orden y la seguridad.

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La ciudadanía también juega

Macías observa el mismo problema desde otra perspectiva: la confrontación agresiva se ha vuelto parte habitual de la política. A su juicio, existe una “normalización” de discursos agresivos, groseros o vulgares porque estrategas y especialistas en marketing consideran que las emociones negativas ayudan a generar viralidad, reconocimiento y adhesiones.

Para Alfredo Espinosa, el desenlace puede ser aun más grave. Él habla de una “necropolítica” y de la normalización de patrones de persecución y violencia desde el poder. Desde su interpretación, el problema ha dejado de ser una disputa convencional por votos, pues ahora se busca el “exterminio” político del otro y se ha aceptado que determinados actores desaparezcan de la competencia.

Lo que debe saber

• Un sueño nacido en la infancia: Sofía Torres comenzó a elaborar chocolate a los 8 años, inspirada por su abuela y la finca familiar de cacao en Buena Fe.
• Del cacao a una marca: Tras años de preparación y aprendizaje, creó productos como el chocolate Enova y el licor Fuego, elaborado con mucílago de cacao.
• El próximo paso, exportar: La empresa busca llegar a Estados Unidos y Europa, con España entre sus mercados de interés.

Tenía apenas 8 años cuando Sofía Torres comenzó a hacer pequeñas bolitas con pasta de cacao. Lo que entonces parecía un juego de niña se convertiría, años después, en una empresa que hoy se abre espacio en cadenas de supermercados, participa en ferias y mira hacia mercados internacionales con el sueño de exportar el chocolate Enova y el licor Fuego elaborado con mucílago de cacao.

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Pero esta historia no comenzó con una empresa, una marca o una máquina para procesar cacao. Comenzó con una niña, una finca y el amor de una abuela.

Creció rodeada de cacao

Su historia empezó mucho antes, en el campo, en la finca familiar de Buena Fe, donde creció rodeada de cacao y de una tradición que viene desde sus bisabuelos. Allí también nació uno de sus recuerdos más entrañables: el chocolate artesanal que preparaba su abuela Rosita.

“Siempre aspiré a poder compartir la experiencia de sentir el mismo amor que yo sentía al momento que probaba su chocolate”, recuerda.

La familia fue un pilar fundamental para que aquel sueño no se quedara en la infancia.

Con el tiempo, decidió prepararse. Estudió Economía, Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y realizó cursos con chocolateros nacionales e internacionales.

Su objetivo era claro: no quería limitarse a producir cacao. Quería que el mundo conociera el sabor y el aroma de una de las mejores materias primas ecuatorianas y, al mismo tiempo, contar una historia que nace en la tierra.

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Emprender es aprender a levantarse

Sofía relató a Diario EXPRESO que fue adquiriendo, poco a poco, la maquinaria necesaria para procesar el cacao que producen en las 40 hectáreas de la finca familiar.

El negocio lleva alrededor de ocho años elaborando chocolate a través de la empresa NutriCacao. En ese recorrido aprendió una de las lecciones más importantes del emprendimiento: avanzar no significa que el camino siempre será fácil. También significa caerse, aprender, corregir y volver a intentarlo.

El primer gran desafío llegó con la pandemia de COVID-19, que obligó a cambiar los planes y a buscar nuevas alternativas. El comercio se detuvo y muchos negocios quedaron paralizados. La agricultura, en cambio, continuó, porque el campo no podía detenerse y los alimentos seguían siendo necesarios.

En medio de la incertidumbre surgieron nuevas ideas y productos. Hoy, el proyecto familiar también incluye una destilería y productos elaborados a partir del mucílago del cacao.

El camino tampoco estuvo libre de tropiezos. Sofía entendió que construir una marca no ocurre de un día para otro.

Se necesitan años de esfuerzo, paciencia, aprendizaje y perseverancia.

“Los tropiezos no son el final, es para mejorar”, sostiene.

El miedo también puede convertirse en fuerza

Sofía considera que el miedo también puede convertirse en una fuerza. Quiere que su historia sirva para inspirar a otras mujeres a atreverse a emprender.

Sabe que el miedo existe. Asumir responsabilidades, invertir, comenzar desde cero y apostar por un sueño genera dudas. Pero también aprendió que el miedo no tiene por qué convertirse en una barrera.

“Simplemente no hay que dejar de intentarlo”, es parte de su mensaje.

Para ella, cada reto es una oportunidad para demostrar de qué se es capaz. No se trata de tener todas las respuestas desde el comienzo, sino de estar dispuesta a aprender en el camino.

Su consejo es sencillo, pero poderoso: no hay que esperar a tenerlo todo para empezar.

Las metas, dice, son alcanzables cuando existe determinación, preparación y voluntad para intentarlo una y otra vez.

Porque muchas veces el primer paso no requiere grandes inversiones. Requiere creer en una idea y tener el valor de comenzar.

Para Sofía, emprender también significa mirar alrededor y entender que el crecimiento propio puede abrir puertas para otros.

Ahora, el objetivo es seguir creciendo. Ya existen conversaciones para exportar a Estados Unidos y a varios países de Europa, con España como uno de los mercados de interés.

Son nuevos retos, pero Sofía los mira con la misma determinación con la que comenzó.

Porque detrás de las reuniones, las ferias, las inversiones y los planes de exportación sigue estando aquella niña que creció entre cacao y campo.

La misma que miraba a su abuela Rosita preparar chocolate artesanal con sus propias manos y descubrió, sin saberlo, que un sabor también puede guardar recuerdos.

Hoy, ese sueño tiene nombre, tiene una marca y tiene un futuro por construir.

En medio del éxito, hay algo que Sofía no quiere perder en el camino: la esencia de aquello que la hizo soñar.

El amor de una abuela.

El aroma del cacao.

La memoria de la tierra.

Y la certeza de que los grandes sueños muchas veces comienzan con algo tan sencillo como las manos de una niña tratando de hacer chocolate.

Porque cuando un sueño nace del amor, puede crecer hasta convertirse en un legado.

Lo que debes saber:

• PISA 2025 alerta sobre el bajo aprendizaje de los estudiantes ecuatorianos y sus causas. En el BGU, en Ecuador estudian 18 materias, en China, cinco.
• El 53,6% de estudiantes de Ecuador se ubicó en los niveles más bajos de rendimiento. 
• La falta de apoyo familiar, materiales y preparación docente aparecen entre los factores asociados.

Entre mayo y julio del 2025, 9.128 ecuatorianos, en representación de 267.900 alumnos de 15 años rindieron el examen del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Una vez más, los resultados no son alentadores, según se ha evidenciado en el informe difundido en septiembre 2026.

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Ecuador no ha logrado mejoras significativas en matemática y lenguaje, como se ha evidenciado desde los noventa con las calificaciones de las pruebas Aprendo y luego con las del Laboratorio de la Unesco.

- ¿PISA 2025 confirma una crisis que conocemos desde hace 20 años?

- En las pruebas internacionales en las que Ecuador ha participado y también en las nacionales, no se ha identificado un gran avance, sino retrocesos. 

Como consecuencia, por ejemplo, en las universidades, la queja general es que los bachilleres llegan sin haber aprendido temas que debían haber estudiado en el colegio. Tanto cualitativa como cuantitativamente, la educación no ha mejorado.

- Acá, para pasar el año lectivo se debe alcanzar la nota mínima de 7 sobre 10 puntos. Con ese contexto, ¿qué notas sacó Ecuador en PISA?

- China obtuvo 527, 597 y 612 puntos en lectura, ciencias y matemáticas. Sacó calificaciones perfectas. Ese país así como Singapur están en un nivel superior de rendimiento, en las escalas cinco y seis. El 53,6 % de estudiantes ecuatorianos está en niveles inferiores de rendimiento, uno y dos. 

Únicamente el 0.2 %, es decir 18 adolescentes, alcanzaron los niveles cinco o seis. Tendrían 10 sobre 10 y el 53.6 % sacó cinco puntos sobre 10, un ‘bombero’ en las pruebas.

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- Muchos se sorprenden por estos resultados. Pero, en los colegios a los chicos, en los últimos años, se les dice “una nota no te define” o les insisten en que el examen solo representa un pequeño porcentaje del promedio.

- Se piensa que la evaluación es formativa y no evaluativa. Desde hace algunos años, los profesores se quejan porque nadie pierde el año, deben ofrecer exámenes de recuperación. Así que para evitar problemas, muchos dejan que pasen. En los colegios, según me han contado, hay estudiantes involucrados con droga o que llegan armados, por lo que evitan complicaciones.

- Otros países, a los que les va mejor en PISA, ¿qué tan en serio se toman las evaluaciones?

- Antes, los estudiantes tenían terror de llegar con un “bombero” a casa. Ahora, las evaluaciones se han vuelto laxas, tampoco hay mucho esfuerzo por estudiar; se instauró la política de tener una mejor producción de estudiantes que pasan el año. 

En Singapur o en China, por ejemplo, el día en que los estudiantes rinden la prueba de acceso a la universidad Gankao se paralizan las construcciones, no debe haber ruido. Se toman en serio la preparación también.

- ¿Qué diferencias usted encuentra entre el sistema educativo de los países que sacaron mejores calificaciones en la prueba PISA y el ecuatoriano?

- Creo que inciden varios factores, la política educativa es el problema en Ecuador. En China, el sistema es muy estructurado; su modelo curricular es de alta exigencia, por eso lograron esos niveles, obtuvieron 300 puntos de diferencia en relación con los estudiantes ecuatorianos. Miremos la cuestión curricular, ellos solo tienen cinco materias.

- ¿Y en el caso del estudiante ecuatoriano?

- En el bachillerato general unificado nosotros tenemos 18 materias, incluidas las inserciones curriculares: matemática, física, química biología, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, inglés, educación física, educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. 

Además educación cívica, ética e integridad, educación socioemocional, seguridad vial y movilidad sostenible, educación financiera y desde este año seguridad digital y protección de datos. Reciben máximo dos horas a la semana de cada una. En ese tiempo no es posible cumplir con un programa.

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En unos años, Ecuador estára en manos de chicos que rindieron ese examen y que hoy tienen 16 años. Serán la PEA.Eduardo Salgado/ especialista en evaluación

- ¿Qué es lo que estudian los estudiantes asiáticos?

- Quienes lideran las pruebas, en segundo y tercero de bachillerato tienen tres materias obligatorias y especialidades: en ciencias, en gestión y en humanidades. Por ejemplo, en ciencias tienen tres materias obligatorias, física, química e inglés. Reciben seis horas a la semana de cada una. 

Además pueden escoger materias optativas como computación o biología. Suman cinco materias, seis horas de cada una a la semana. No es todo, los asiáticos son muy competitivos; en la tarde van tarde a cursos para ingresar a la universidad, por lo que estudian más horas de física y tienen clases los sábados. Todos los días, al inicio y al final de las actividades, cantan el himno nacional.

- Con esa experiencia, ¿qué se debería cambiar?

- Considero, por cómo le ha ido a Latinoamérica, que el currículo por competencias debe cambiar. No hablo de parches ni de volver a especialidades como físico-químico y químico-biológico y sociales.

- ¿Entonces?

- Hace falta una cirugía general, es el llamado de PISA. Los chicos deben poder desarrollar habilidades necesarias, con nuevas especialidades para el siglo XXI. En las de ciencias, los chicos que van a físico, químico, biología o geología y ciencias de la salud. 

Los de ciencias económicas, contabilidad, administración, marketing, y otros, humanidades, ciencias jurídicas, sociales, derecho, carrera política, literatura, filosofía. Así los profesores alcanzan a revisar la materia que les corresponde.

- ¿La calidad docente influyó en las PISA?

- En el SER Maestro hay profesores que sacan menos de 700 puntos. Son analfabetos funcionales, que no entienden una noticia simple, peor ser capaces de hacer operaciones matemáticas profundas. Los docentes tienen mala formación pedagógica. 

Mientras, los chicos con mejor puntaje en PISA saben cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, así que los profesores deben tener un nivel alto. En Japón, la formación es lo primero, los maestros de matemática acceden a mejor educación que los ingenieros, por ejemplo.

- ¿Cómo influyen los factores asociados al aprendizaje, según los resultados?

- En la prueba se detectó menos apoyo familiar, escasez de materiales, falta de preparación docente y una alta segregación escolar por nivel socioeconómico. También se ve que quienes más usan IA sin control, tienen como un año menos de estudios.

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Al exdirector del Ineval le preocupa que se apliquen “paños de agua fría” y no haya un verdadero cambio en el sistema educativo. Sin un trabajo de remediación en esta generación, que dio el examen, en unos años, no habrá jóvenes que resuelvan los problemas que enfrentará el país. Serán la población económicamente activa.

¿Quién es Eduardo Salgado?

Eduardo Salgado es latacungueño, experto en evaluaciones educativas a gran escala. Dice estar orgulloso de haber colaborado para que salgan de la pobreza 60 familias de Cobshe Alto. Dirigió el Ineval. Es Director Ejecutivo de la firma consultora Evalúa SAS y de la Fundación Innovaciencia. Master en Economía del Desarrollo y otro en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, es Ph.D. en Estadística y Psicometría. Astrofísico.

La educación va de la mano con el desarrollo económico. PISA está alertando lo que pasará con la economía.Eduardo Salgado/ experto en evaluación

Lo que debe saber

• Albacora al alza: la libra de lomo pasó de $2,70 a $3,50 en los mercados de Guayaquil.
• Restaurantes absorben el costo: varios locales mantienen el precio del encebollado y otros platos para evitar perder clientes.
• El mar marca el escenario: el calentamiento podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027 y favorecer a especies como el camarón y el dorado.

La cazuela, el encebollado, los corviches y los bollos enfrentan un nuevo reto: el encarecimiento de su ingrediente estrella. En los mercados de Guayaquil, la libra de lomo de albacora pasó de 2,70 a 3,50 dólares, un incremento del 29,6 % que amenaza con presionar el precio de estos tradicionales platos ecuatorianos.

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Sin embargo, algunos restaurantes han decidido no encarecer sus preparaciones. “Si encarecemos el menú podemos perder clientes; preferimos asumir el gasto extra”, indicó a Diario EXPRESO Verónica Valverde, administradora de La Cazuela del Chino.

Esta misma decisión fue tomada por Japi Fish. En este establecimiento se indicó que el encarecimiento de la albacora es temporal y que prefieren no caer en una especulación de precios. Por ello, mantendrán el mismo costo del encebollado y de todos los platillos que llevan este tipo de atún.

Otro de los locales que tampoco incrementará sus precios es El Manaba del Portete.

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Incluso, pese a que la libra de corvina pasó de 1,90 a 2,50 dólares, los locales especializados en la venta de este pescado también han optado por mantener sus precios. Un ejemplo es El Pescado Frito, que, dependiendo del tamaño de la proteína, ofrece el pescado acompañado de patacones, ensalada y aguacate entre 6 y 8 dólares.

Otros peces también se han encarecido. Es el caso del picudo, que suele utilizarse para preparar ceviches. La libra pasó de 3,50 a 4,90 dólares.

Estos son precios que pagan los restaurantes al comprar al por mayor. Para el consumidor final, que adquiere el producto en menores cantidades, el precio puede ubicarse entre 6 y 7 dólares la libra.

No todos pueden absorber el aumento

Pero no todos los negocios pueden asumir el mayor costo de los ingredientes del encebollado. Hay locales, como Ángel y Anahí, que incrementaron el precio del plato sencillo de 2 a 2,25 dólares.

Otros establecimientos venden actualmente un plato de esta sopa típica entre 4 y 5 dólares, cuando antes se podía encontrar desde 3,50 dólares.

Durante el recorrido realizado por Diario EXPRESO se pudo constatar que algunos de los locales que han incrementado sus precios tienen ahora menos clientes.

“Buscamos en las redes sociales la publicidad de los que mantienen los precios, porque actualmente es muy caro salir a comer en familia. Entre el encebollado, chifle y jugo se llega a gastar entre 4 y 5 dólares por persona”, comentó Gabriel Castro, cliente.

Resistir hasta 2027

Los restaurantes que han optado por no subir sus precios tendrán que enfrentar el incremento de sus costos, al menos, durante los próximos meses.

Según Telmo de la Cuadra, oceanógrafo e investigador del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), la superficie del mar frente a las costas de Ecuador, en la región comprendida entre 80-90° W y 0-10° S, se encuentra 3,9 grados Celsius por encima de su valor normal.

“Actualmente, los modelos prevén que por lo menos alcance el primer trimestre de 2027. Pero ello pudiera cambiar a medida que avanzamos hacia fines de 2026”, precisó a EXPRESO.

Otros oceanógrafos prefieren esperar cómo evoluciona el clima antes de establecer un periodo más preciso. Franklin Ormaza señaló que, por ahora, lo que se conoce es que el mar está más caliente de lo normal y que el efecto se mantendrá durante varios meses. Sin embargo, considera necesario esperar el desarrollo de la situación.

No todas las especies se perjudican

De la Cuadra explicó que las especies que generalmente se ven afectadas por el calentamiento del mar son los peces pelágicos pequeños y los atunes.

En cambio, hay especies que pueden verse beneficiadas, como el camarón y el dorado.

“Sin embargo, el nivel de afectación, positiva o negativa, también depende del estado de salud de las poblaciones ictiológicas”, remarcó De la Cuadra.

Una estrategia para contener los precios

Parte de la estrategia de los restaurantes que decidieron no incrementar el precio del encebollado, la cazuela, los bollos y los corviches está precisamente en la posibilidad de compensar el encarecimiento de unas especies con la disponibilidad de otras.

Algunos administradores de restaurantes señalaron que, en la medida en que exista una mayor oferta de camarón en el mercado, su precio podría disminuir. De esta manera, mantener los precios de los platos permitiría equilibrar el aumento registrado en otros ingredientes.

La misma estrategia podría aplicarse a los platos que incluyen pescado. En lugar de determinadas especies cuyo precio ha aumentado, los establecimientos podrían ofrecer dorado, cuya disponibilidad podría incrementarse si las condiciones del mar favorecen su presencia en las costas ecuatorianas.

La presión llega al plato

El comportamiento del mercado pesquero comienza así a trasladarse a los restaurantes y, finalmente, al bolsillo de los consumidores. Para algunos negocios, mantener los precios es una forma de proteger la demanda y evitar perder clientes; para otros, trasladar una parte del aumento al consumidor se vuelve inevitable para sostener sus operaciones.

Por ahora, la apuesta de varios restaurantes es resistir y esperar que cambien las condiciones del mar y del mercado. Mientras tanto, el precio de la albacora, la corvina y el picudo pone a prueba la capacidad de estos negocios para mantener al alcance del consumidor platos que forman parte de la identidad gastronómica del Ecuador.

Trámites y servicios

IESS venderá 175 propiedades: ¿Dónde están y cómo se podrán comprar?

Diana Sotomayor

Todos aprueban el plan y respiran aliviados, pero nadie le dice a don Perico de los Palotes que eso está bien para los primeros seis meses, pero que lo importante es solucionar el verdadero problema: suplir los 600 dólares que cada mes hacen falta con un flujo constante y sostenible, porque ya no solo serán los ahorros los que se acaben, sino los activos de la familia. Pero todos se sienten aliviados y prefieren irse a dormir tranquilos.

La venta de activos del IESS

Eso es, más o menos, lo que está ocurriendo con el plan del presidente Daniel Noboa de vender los activos del IESS para capitalizar la seguridad social con lo que se calcula, a ojo de buen cubero, serán 2.000 millones de dólares. 

En efecto, si se venden esos activos, que básicamente son terrenos y edificaciones, muchos de los cuales no sirven para nada, entrará a las arcas del IESS una importante suma de dinero que buena falta le hace a las alicaídas finanzas del Instituto. ¿Pero eso va a solucionar el problema crítico que tiene el IESS, que gasta mucho más de lo que recibe? La respuesta es sencilla: no. ¿Y por qué no lo soluciona? Porque ese ingreso funcionará, con suerte, para una parte de un año, y enseguida seguirá el desangre porque la medida no es sostenible. 

Y es que resulta que la brecha del sistema de pensiones entre lo que recibe por aportes y lo que necesita para pagar las pensiones ronda los 4.000 millones de dólares en 2026, sin incluir salud. 

Las cifras de ingresos y gasto del fondo de pensiones (unos 3.400 millones de dólares frente a unos 7.400 millones) muestran de dónde sale esa brecha. Pues bien, si se cumple lo que dijo Noboa, se recaudarán 2.000 millones, lo que cubriría aproximadamente la mitad de esa brecha anual. ¿Y el próximo año y los que vienen luego? Al IESS le puede pasar lo mismo que a Perico de los Palotes: alguna ayuda conseguirá vendiendo sus activos, pero eso no servirá de nada si no se toman los correctivos de fondo para que cada año no vuelva a aparecer el mismo agujero.

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Ese es el dato que debería estar en el centro del debate sobre la propuesta de vender propiedades del IESS. Porque convertir terrenos y edificios en efectivo puede aliviar la emergencia, pero no elimina el problema que la produce.

El fondo de pensiones ya necesita desinvertir alrededor de 1.200 millones de dólares este año para cubrir sus obligaciones. Y las proyecciones indican que tendrá que volver a hacerlo en 2027.

Una trampa en la actual situación 

Aquí está la trampa: los activos pueden venderse una vez, pero las pensiones deben pagarse todos los meses. Si el dinero obtenido por las ventas se utiliza para cubrir el déficit corriente, el IESS estará consumiendo patrimonio para financiar un desequilibrio que volverá a aparecer.

La venta puede tener sentido si se trata de cambiar activos improductivos por inversiones más líquidas y rentables. Pero si sirve simplemente para tapar el hueco, no es capitalización. Es descapitalización.

El problema, además, no es coyuntural. El sistema fue diseñado con beneficios que ya no guardan relación con los recursos disponibles. Hay demasiados jubilados en relación con los aportantes, y las obligaciones crecen más rápido que los ingresos. Por eso se necesita una reforma que modifique las reglas del sistema y no solamente una operación de caja.

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La pregunta, entonces, no es cuánto puede obtener el IESS vendiendo sus propiedades. Es cuánto tiempo podrá comprar con ese dinero.

Porque si el Estado vende 2.000 millones de dólares en activos para enfrentar una brecha anual de unos 4.000 millones entre aportes y gasto en pensiones, habrá conseguido cubrir apenas una parte del problema de un año. Y al siguiente, los jubilados seguirán esperando su pensión y el agujero volverá a estar allí. El IESS no necesita simplemente liquidez. Necesita que sus cuentas vuelvan a ser sostenibles.

Solo se compra tiempo

La lección para Perico de los Palotes reza así: vender patrimonio puede comprar tiempo. Pero solo una reforma puede comprar futuro.

Pero la metáfora de Perico de los Palotes no solo sirve para graficar el problema del futuro financiero del IESS, que, tal y como están las cosas, es dramático, sino también para mostrar cómo las instituciones que son parte del IESS, los partidos políticos y la sociedad están reaccionando. En efecto, Daniel Noboa hace el anuncio y, si no es por unas pocas voces críticas, como las del experto Augusto de la Torre y los representantes de los jubilados, nadie ha hecho reparos a la frágil e insuficiente iniciativa para evitar que colapse el sistema de seguridad social y el fondo de pensiones.

¿Ha dicho algo la representante de los empleadores en el directorio del IESS? No. ¿Ha dicho algo el representante de los asegurados? Tampoco. Esto resulta alarmante porque la venta del patrimonio del IESS no es una decisión que corresponda simplemente al Ejecutivo. 

El silencio de los dos vocales que representan a afiliados y empleadores frente a una decisión que puede modificar sustancialmente el patrimonio de los asegurados es, sencillamente, impresentable, porque alrededor del anuncio hay una discusión no solo financiera sino también jurídica sobre si la orden de Noboa puede ejecutarse sin una decisión colegiada del Consejo Directivo.

Lo que se sabe 

• La UCSG desarrolla herramientas de tiflotecnología para facilitar el estudio y la autonomía de estudiantes con discapacidad visual.
• El TifloTeclado ya obtuvo una patente y se prevé que su precio no supere los 10 dólares.
• El proyecto también incluye el TifloCubículo y TifloPaper, dos soluciones que buscan mejorar el acceso a computadoras y documentos impresos.

Para Josué Illescas, estudiar una carrera universitaria significaba esperar a que su mamá o su hermana regresaran del trabajo para que pudieran leerle durante horas los textos que necesitaba. Mientras sus compañeros rendían exámenes por escrito, él debía responder de forma oral frente a un tribunal.

Hoy, a sus 28 años y recién graduado de Psicología Organizacional de la UCSG, esa realidad empieza a cambiar gracias a herramientas que buscan que los estudiantes con discapacidad visual puedan estudiar con mayor autonomía.

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Luis Bonilla, docente e investigador de la UCSG, explica que el cambio comenzó con más de una década de trabajo para encontrar soluciones que permitieran a los estudiantes con discapacidad visual estudiar con mayor autonomía. 

A través de lectores de pantalla y evaluaciones digitales, estas herramientas permitieron que Illescas rindiera los mismos exámenes que sus compañeros, el mismo día y en el mismo espacio, sin depender de un tribunal que leyera o registrara sus respuestas.

Cuando la necesidad se volvió un invento

Una de las principales innovaciones fue el TifloTeclado, un protector de silicona que se coloca sobre un teclado convencional e incorpora referencias en braille para facilitar su uso a personas con discapacidad visual. 

La herramienta obtuvo a finales de agosto su patente oficial por parte de la UCSG y se prevé que su precio no supere los 10 dólares.

Soluciones que siguen

El proyecto también contempla el TifloCubículo, un espacio de trabajo adaptado a las necesidades de estudiantes no videntes, y el TifloPaper, un prototipo que busca facilitar la digitalización y lectura de documentos impresos mediante tecnología de reconocimiento de texto. 

El equipo pretende que estas soluciones lleguen al mercado a precios asequibles una vez concluya el proceso de patentamiento.

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Durante los últimos ciclos, ocho estudiantes no videntes de distintas facultades de la UCSG compartieron sus experiencias y permitieron al equipo identificar las principales dificultades que enfrentaban para acceder a textos, utilizar computadoras y rendir evaluaciones. 

Estos casos impulsaron la búsqueda de nuevas soluciones y el desarrollo de herramientas que facilitaran su aprendizaje y autonomía. El desafío no es menor: en Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registra 53.777 personas con discapacidad visual.

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Más historias que marcan

El caso de Paul Llontop Limaylla fue otro de los que impulsó la investigación. 

Cuando era estudiante de la UCSG, debía esperar hasta altas horas de la noche a que su padre, quien trabajaba como mariachi, regresara a casa para que le leyera sus materiales de estudio.

 “Sus ganas de estudiar eran más fuertes”, contó Luis Bonilla, quien realizó trabajo de campo y pudo conocer de cerca cómo era el día a día de sus estudiantes no videntes y las dificultades que enfrentaban fuera de las aulas. 

Hoy, esa experiencia también forma parte de la solución: Paul colabora en las pruebas y el desarrollo de herramientas para que otros estudiantes no videntes puedan estudiar con mayor autonomía.

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La ayuda continúa 

La investigación de la UCSG no termina con el TifloTeclado. Luis Bonilla contó a EXPRESO que el equipo, junto con Karen Freire, integrante del grupo de investigación, también trabaja en TifloPaper, un prototipo que busca convertir documentos impresos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual mediante tecnología de reconocimiento de texto.

La herramienta todavía está en desarrollo y abre una nueva línea de trabajo para resolver las dificultades que los estudiantes enfrentan fuera de las aulas.

Illescas también participa como usuario en las pruebas de estas soluciones y aporta su experiencia para mejorar su funcionamiento. 

Para Freire, la empatía ha sido uno de los motores de este proceso, pues conocer de cerca las dificultades de los estudiantes los llevó a buscar alternativas que les permitan desenvolverse con mayor independencia.

El equipo también destacó el apoyo de la UCSG para impulsar estos proyectos y fomentar una educación más inclusiva dentro de la institución.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), sin anuncio público, remitió el proceso a la Comisión de Fiscalización. Esta última, en una sesión que duró menos de 16 minutos y con una sola intervención del asambleísta del oficialismo Luiggi García, el pasado 5 de septiembre calificó la solicitud del independiente y aliado de ADN Sergio Peña.

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Este último, con las firmas de apoyo de ADN, ha impulsado solo el proceso. Ha dicho que cuenta con imágenes y videos sobre una supuesta reunión entre Rosero e Inés Romero, aspirante al cargo de fiscal general. Eso, según Peña, podría configurar el incumplimiento de funciones.

La acusación no es menor. El CPCCS lleva adelante el concurso para la designación del titular de la Fiscalía, un proceso que ha enfrentado cuestionamientos desde su inicio. El mismo correísmo ha criticado el concurso y planteó solicitudes de juicio político en contra de cuatro vocales, incluido Rosero, por dichas irregularidades.

¿Qué dice el correísmo?

El asambleísta correísta Luis Molina, quien impulsó dichas solicitudes, habló de un cálculo político. “Lo de Rosero es parte de las maniobras políticas del Gobierno para mantener la mayoría en el CPCCS”, dijo. Todo esto con miras a la última etapa del concurso para la designación del fiscal.

Si bien el correísmo se abstuvo en la calificación de la solicitud en la Comisión de Fiscalización, Molina dice que como bancada no defenderán a nadie. “Tendrán que establecerse las pruebas de cargo y descargo. Quienes deben pronunciarse son los del Gobierno, porque a veces aceptan el juicio político y ahí queda. Otras veces se lo echa a andar de acuerdo con cómo se mueven las mayorías en el CPCCS”, añadió.

La visión del PSC

El asambleísta socialcristiano Alfredo Serrano coincide en que la solicitud de juicio político tiene que ver con sostener la mayoría en el CPCCS. “Rosero conformaba la mayoría gobiernista y, al parecer, algo no ha cumplido y ahora se van a deshacer de él”, manifestó. El PSC aún no tiene una posición sobre si apoyará o no la censura y destitución en caso de que esta llegue al Pleno.

Desde el oficialismo no hay un pronunciamiento oficial sobre su posición al respecto. EXPRESO intentó contactar a María Paula Villacreces, vicepresidenta de la comisión, y Fabiola Sanmartín (ADN), integrante de la mesa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

La Comisión de Fiscalización está controlada por el oficialismo y es presidida por Ferdinan Álvarez. Tras la calificación del juicio, esa mesa emitió un comunicado en el que aseguró: “Aquí no se anticipan resultados ni se evaden responsabilidades. Serán los hechos y las pruebas los que determinen lo que corresponda”.

El apoyo de ADN será determinante ante dicha solicitud. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que para la censura de un vocal del CPCCS se requiere mayoría absoluta, es decir 77 votos. El oficialismo es el encargado de manejar esa mayoría. Aún sin apoyo de la Revolución Ciudadana, ADN podría dar paso a la censura y destitución.

Por ahora está pendiente que se determine el cronograma para la sustanciación de las pruebas de cargo y descargo. Ana Cecilia Herrera (RC), integrante de la Comisión dijo que está corriendo el plazo de 15 días para la presentación de las pruebas. Luego de eso empezará la sustanciación. 

Del lado de Peña ya se ha anunciado que las imágenes y videos de la supuesta reunión salieron de una cámara de seguridad. La misma se habría producido en un edificio de Cumbayá, en Quito, por cerca de dos horas.

El proceso incluirá un careo entre el asambleísta que busca la censura y el vocal del CPCCS. Al final, la comisión deberá presentar un informe en el que recomiende o no el enjuiciamiento. Este no es vinculante para el Pleno. Aunque por normativa, después de la calificación en la comisión, el proceso ya no debería estancarse en la mesa legislativa.

Este sería el segundo proceso en contra de un vocal del CPCCS durante el actual periodo de la Asamblea. Antes, ADN llevó a juicio al exvocal Gonzalo Albán. 

También lo acusó de incumplir funciones, pero por un hecho ocurrido antes de que ejerza el cargo. Serrano recordó que en ese momento Albán le era incómodo al Gobierno, aunque no por una situación similar a la de David Rosero.

Lo que debes saber

• Tras 47 años de autonomía, Guayaquil debate si elige un alcalde afín al Gobierno central.
• Ocho candidatos disputan el sillón municipal ante un vacío de poder y un electorado fragmentado.
• El próximo alcalde de Guayaquil podría asumir con menos del 35 % de los votos válidos.

Por primera vez desde 1979, la ciudad podría tener un alcalde del partido del presidente. Bastaría con que el nivel de conocimiento pese más que la tradición.

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Desde el retorno a la democracia, ningún alcalde de Guayaquil ha pertenecido al partido del presidente de turno. Abdalá Bucaram fue alcalde bajo Febres-Cordero; Nebot convivió con cuatro presidentes distintos; Viteri con dos; Álvarez con Noboa. No hay que leerlo como oposición al Gobierno de turno, sino como una ciudad que resuelve aparte lo local. Guayaquil aprendió a recibir del centro sin pertenecer al centro.

A la ciudad actualmente la gobierna una alcaldesa subrogante. El vacío, además de exponerse en el cargo, es también de titular, de partido y de sucesión, los tres a la vez. Y sobre ese hueco se ordenan ocho candidaturas que conviene leer por lo que cada una gana y pierde al competir así.

Viteri y Roche: la disputa por el voto conservador y la identidad socialcristiana

Cynthia Viteri es quien, posiblemente, llega con mayor nivel de conocimiento y eso es relevante en una elección de tiempos acelerados. Encarna la restauración por vía ajena. Ya gobernó la ciudad y llega con el respaldo del Gobierno, pero carga una derrota reciente y participa en una lista que Guayaquil castigó en el referendo del 2025. Andrés Roche aspira a la Alcaldía, pero también a que el PSC siga vigente. Es quien más ha trabajado de forma coherente los vectores de identidad-imagen. Y al denunciar el 1 de septiembre el congelamiento de sus cuentas convirtió una crisis en visibilidad, al punto de que hasta candidaturas rivales salieron a respaldarlo y su nombre terminó circulando en los espacios de la competencia.

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Ycaza y Luzárraga: la fragmentación del electorado de izquierda y el correísmo

Fiorella Ycaza sustituye un liderazgo que no se transmite por partido sino por vínculo personal, es decir, no encabeza un liderazgo, lo representa. No compite para reemplazar a alguien; compite para que ese alguien no sea reemplazado. Mónica Luzárraga disputa una izquierda no subordinada al correísmo, no le debe la candidatura a un proyecto superior a ella. Sin embargo, la misma autonomía que la distingue, podría dejarla sin la maquinaria que sí tienen los otros tres. A estos nombres se suman cuatro candidaturas con escaso nivel de conocimiento y que provienen de organizaciones que hoy tienen poca estructura en la ciudad y para las que aparecer en la papeleta ya es, en sí mismo, un resultado.

Pugnas ideológicas y polarización del electorado guayaquileño

Viteri y Roche se pelean un mismo electorado, más amplio que el socialcristiano y más difícil de nombrar. Es urbano, conservador y definido sobre todo por lo que rechaza. Dentro de él conviven el que vota por eficacia y mide a un alcalde por obra visible, y el que vota por identidad y sigue leyendo a la ciudad en clave socialcristiana. Al primero, Viteri le habla desde el futuro, prometiendo el apoyo que este gobierno podría facilitarle; y Roche desde el pasado, ofreciendo repetir un modelo que la ciudad ya vio funcionar. El segundo tiende a quedarse con Roche, porque Viteri, al competir con la marca del Gobierno, le entrega la bandera autonomista sin pelearla.

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Ycaza y Luzárraga se disputan el voto correísta, y ni siquiera del todo. Hay un correísmo vertical y doctrinario, que vota por instrucción; y ese no se mueve de Ycaza. Y hay uno nostálgico, el que recuerda una época de presencia estatal y hoy no se reconoce ni en un aparato judicializado, ni en una lista prestada, y ese sí podría irse con Luzárraga.

Lo que Ycaza tiene aparte, y Luzárraga no le disputa, es el aquilismo, una causa que hoy admite matices, carece de partido propio y podría aún no estar estructurada desde la solidez identitaria. Lo que para Ycaza es más difícil disputar, y se vuelve capitalizable para Luzárraga, es el apoyo de una izquierda defraudada por las corrientes clásicas populistas.

Autonomía municipal frente a Carondelet y proyecciones electorales

¿Cuán independiente, distante o cercano sería el cabildo frente al Gobierno Central? Ahí, estas cuatro candidaturas ofrecen respuestas distintas. Dos de ellas podrían quedar supeditadas al poder central por vías opuestas; una por la organización que la postula y que le es ajena; y otra por factores que exceden lo electoral.

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Una tercera reclama la autonomía en su versión más clásica y conservadora. Y hay una cuarta que plantea una independencia que busca no deberle nada a ninguna maquinaria. Vale preguntarse entonces cuál de estas candidaturas se parece más a la ciudad que lleva 47 años eligiendo de manera no coincidente con lo que gobierna en Carondelet.

En 2023 Álvarez ganó con el 39,84 % frente al 30,33 % de Viteri, y unos 200.000 guayaquileños votaron nulo o blanco, mientras otros 305.000 no fueron a las urnas. El próximo alcalde puede llegar con menos del 35 % de los votos válidos. Esto plantea la hipótesis de que el nuevo burgomaestre de la urbe podría asumir el cargo sin la votación de la mayoría de los guayaquileños empadronados.

Lo que debes saber

• Financiar la universidad de los hijos sin endeudarse es posible si se planifica a largo plazo con depósitos a plazo fijo en la banca.
• Especialistas financieros como Marco Rodríguez (Asobanca) y Bertha Romero (Finanzas ON) revelan las claves para calcular la meta, aprovechar el débito automático y maximizar el rendimiento.
• Descubre por qué elegir la tasa de interés más alta no siempre es la mejor opción y qué riesgos debes considerar antes de invertir.

Financiar la universidad de los hijos es una meta que se puede cumplir a largo plazo. Separar pequeñas cantidades de manera constante permite acumular recursos durante un período largo y evitar que, cuando llegue el momento, todo el gasto tenga que salir del ingreso familiar o del crédito.

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Hasta agosto de 2026, los depósitos en la banca privada sumaron $64.513 millones. De ese monto, $26.923 millones fueron a depósitos a plazo, refiere la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

Parte de esto ahorros se pueden destinar a objetivos de largo plazo como la educación.

Antes de optar por estos productos, Marco Rodríguez, director ejecutivo de Asobanca, menciona que el primer paso es convertir el propósito de pagar la universidad en una meta concreta. No basta con plantearse “ahorrar para los estudios”, se debe estimar cuánto dinero se necesitará y cuántos años existen para reunirlo.

Elegir los plazos es clave

La elección del plazo puede variar. Sin embargo, comenzar cuando un hijo tiene pocos años permite distribuir el objetivo entre más aportes y disminuir el esfuerzo mensual.

La constancia es clave. Para ello, las entidades ofrecen débitos automáticos, aportes mensuales hasta pagos con tarjetas de crédito. Por estos montos, generan tasas desde 3,55 % hasta 5,25 % anual (ver gráfico)

Pero la rentabilidad no debería ser el único criterio para decidir. Bertha Romero, directora académica de Finanzas ON, sugiere revisar el riesgo, la liquidez y el comportamiento histórico del rendimiento, además de verificar que sea una entidad formalmente supervisada.

También es importante conocer qué ocurre si se necesita retirar el dinero antes del plazo porque pueden existir penalizaciones o eliminar beneficios. Es decir, no siempre hay que inclinarse por la tasa de interés más alta. “Hay que investigar en qué producto se está invirtiendo”.

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LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Hasta entonces, Estados Unidos parecía haber llegado a la cima de su poder. La Unión Soviética había desaparecido una década antes, la economía estadounidense atravesaba una etapa de enorme prosperidad y Washington encabezaba un mundo prácticamente unipolar. Para buena parte de Occidente, los años noventa habían alimentado la sensación de que el crecimiento económico, la globalización y la democracia liberal marcarían el rumbo del nuevo siglo.

Las Torres Gemelas se llevaron también parte de aquella certeza.

A 25 años de los atentados, expertos consultados por la agencia EFE coinciden en que el 11S abrió una etapa que llevó a Estados Unidos a concentrar enormes recursos políticos, militares y económicos en la lucha contra el terrorismo. Mientras Washington se involucraba en las guerras de Afganistán e Irak, China crecía hasta convertirse en una potencia capaz de disputar su influencia global.

Del apoyo mundial a una guerra que dividió a Occidente

La reacción inicial a los atentados fue de solidaridad con Estados Unidos. “El apoyo global a Estados Unidos aumentó después del 11S”, incluso dentro del mundo árabe, explica a EFE Stacie E. Goddard, experta en seguridad internacional y profesora del Wellesley College de Massachusetts.

La invasión de Afganistán en 2001 contó con el respaldo de la OTAN. El objetivo era combatir a Al Qaeda y al régimen talibán que le había dado refugio. Pero dos años después llegó Irak.

El Gobierno de George W. Bush justificó la invasión, entre otros argumentos, con la existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen de Sadam Hussein. Esas armas nunca fueron encontradas y la guerra terminó dividiendo a los aliados de Washington.

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Para Goddard, lo ocurrido después del 11S —desde la guerra de Irak hasta las violaciones de derechos humanos vinculadas a la lucha antiterrorista y la posterior retirada de Afganistán— terminó socavando la posición internacional de Estados Unidos y su capacidad para promover un orden mundial liberal.

La potencia que había recibido una ola de solidaridad después de ser atacada comenzaba a perder parte de su credibilidad.

Abu Ghraib y Guantánamo: la brújula moral bajo cuestionamiento

El costo no fue únicamente militar. Las fotografías de torturas y abusos contra prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, los centros clandestinos utilizados por la CIA y la apertura de la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo, Cuba, pusieron en duda los valores que Washington decía defender internacionalmente.

Mathias Risse, profesor de asuntos globales y derechos humanos de la Universidad de Harvard, sostiene que la Administración Bush centró su política exterior en enfrentar la vulnerabilidad que Estados Unidos acababa de descubrir. El resultado tuvo un costo profundo.

“La Administración de Bush violó valores que Estados Unidos había intentado exportar a otros países durante décadas”, afirma Risse.

La llegada de Barack Obama a la Presidencia en 2008 permitió recuperar parte de la imagen internacional estadounidense, pero las consecuencias de las guerras ya estaban en marcha. Estados Unidos retiró sus tropas de Irak en 2011, aunque la inestabilidad de la región no terminó con su salida. Posteriormente apareció el Estado Islámico (EI), obligando a Washington y sus aliados a involucrarse nuevamente en Oriente Medio.

Mientras Estados Unidos miraba a Oriente Medio, China crecía

Al otro lado del planeta estaba ocurriendo otra transformación. En 2001, el mismo año de los atentados, China ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC). También creó junto con Rusia la Organización de Cooperación de Shanghái.

Mientras Estados Unidos comenzaba una guerra contra el terrorismo que se extendería durante décadas, China profundizaba su apertura comercial y aumentaba aceleradamente el tamaño de su economía. Entre 1979 y 2018, según los datos recogidos por EFE, la economía china se duplicó aproximadamente cada ocho años.

Pekín se convirtió progresivamente en la “fábrica del mundo”. Su peso económico fue acompañado por mayores ambiciones territoriales, diplomáticas y geoestratégicas.

Washington detectó el cambio. Durante el segundo mandato de Obama intentó impulsar un giro estratégico hacia Asia para reforzar su presencia en el Pacífico y contrarrestar el creciente poder chino. Sin embargo, Estados Unidos seguía condicionado por los conflictos de Oriente Medio.

El mundo unipolar que parecía consolidado antes del 11S estaba desapareciendo.

De las “guerras eternas” a Donald Trump

El desgaste provocado por Afganistán e Irak no quedó limitado a la política exterior. También penetró en la política interna estadounidense.

El historiador Nathan Citino, de la Universidad de Rice, considera que incluso el ascenso político de Donald Trump resulta difícil de explicar sin tomar en cuenta el cansancio producido por las llamadas “guerras eternas”.

“Sin esas ‘guerras eternas’ (en Irak y Afganistán), no creo que Donald Trump hubiera tenido el éxito político que ha tenido”, señaló el historiador, según recoge EFE.

Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2017 con un discurso crítico del intervencionismo estadounidense y regresó al poder en 2025. Sin embargo, la promesa de alejar a Estados Unidos de los conflictos de Oriente Medio volvió a enfrentarse con la realidad geopolítica.

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Durante su segundo mandato, Washington ha vuelto a involucrarse, junto a Israel, en una guerra contra Irán. Una encuesta de The Washington Post citada por la agencia mostraba en julio que más de dos tercios de los estadounidenses consideraban que esa batalla “no merece la pena”.

Para Citino, la conclusión es incómoda: “Creo que no hemos aprendido la lección del 11S en lo que se refiere a los límites del poder militar”.

25 años después: un mundo muy distinto

La imagen del planeta en 2026 tiene poco que ver con aquella de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos continúa siendo una potencia central, pero ya no domina un escenario internacional prácticamente unipolar. China disputa su influencia, Rusia mantiene su peso militar y otras potencias, como India, ganan protagonismo.

Al mismo tiempo, existe un mayor escepticismo hacia el multilateralismo y las instituciones que habían acompañado el orden internacional posterior a la Guerra Fría.

El 11S no explica por sí solo todas esas transformaciones. Pero abrió una etapa en la que Estados Unidos dedicó buena parte de su poder a combatir una amenaza que había irrumpido aquella mañana desde cuatro aviones comerciales.

Por eso, 25 años después, las imágenes de las Torres Gemelas derrumbándose cuentan algo más que la historia de un atentado. Marcan el final simbólico de una época en la que Occidente creyó que había dejado atrás sus grandes amenazas y que el liderazgo estadounidense no tenía un rival capaz de disputarlo.

El 11 de septiembre de 2001 acabó con esa certeza. Y el mundo que surgió de sus escombros todavía está intentando definir quién tiene el poder.