Lo que debes saber:

• Daniel Noboa anunció compra de medicamentos a India el 24 de mayo del 2026, ese país lidera la lista de registros, pero hay más opciones.
• Otros países que tienen una importante cantidad de medicamentos con registros sanitarios en Ecuador son Colombia, y un poco detrás está Argentina.
• Especialistas recuerdan que se puede comprar a través de la OPS y además que en el mercado hay países que encabezan la innovación y otros, la producción masiva.

Lucía, de 66 años, toma a diario una tableta de Carvedilol de 12,5 mg para tratar su hipertensión arterial. Cuando supo que el presidente Daniel Noboa anunció una gran compra de medicinas a la India, recordó el origen de la caja que recibe.  

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En la caja que le entrega un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se lee “fabricado por Exemed Pharmaceuticals”, una farmacéutica con sede en Gujarat, India, importada y distribuida por Farmabion.

Países con más registros de medicamentos en Ecuador

¿Y qué con la industria nacional de medicamentos?

En ese sentido, Enrique Terán, doctor en Farmacología y catedrático de la USFQ, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. 

De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares.Enrique Terán/ doctor en Farmacología

Si se trata de adquirir entre 40 y 50 moléculas de uso cotidiano (como antihipertensivos, antidiabéticos o medicamentos para afecciones respiratorias), los fabricantes nacionales pueden ser una opción, pues son productos de alta demanda en el sistema de salud, dice Terán.

Sin embargo, Terán cuestiona la falta de transparencia sobre la compra internacional. 

Es un misterio qué fármacos se planea traer de la IndiaEnrique Terán/ doctor en Farmacología

Terán explica que importar medicinas desde la India implica que el Estado asuma la cadena logística: desde el transporte hacia Ecuador hasta la custodia, almacenamiento y distribución interna. Esto, dice, no está claramente dentro del ámbito operativo ni del Ministerio de Salud ni de la nueva empresa pública.

A esto se suman riesgos técnicos: deterioro del producto, vida útil corta o caducidad. “Si algo falla, la pérdida la asume el Estado y puede ser a gran escala”. A su criterio, el aparente ahorro en precios podría convertirse en un “búmeran” si no se consideran estos factores.

“Se ha dicho que tendrán aprobación de la FDA, pero no sabemos cuáles son, ni si se comercializan en Estados Unidos. Si la preocupación es la corrupción, se puede negociar de forma directa con el productor, sin intermediarios”.

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Esto dice Mauricio Espinel sobre compras a través de OPS y el mercado farmacéutico

Mauricio Espinel, exdirector nacional de Salud del IESS, subraya que una opción para comprar es a través de los fondos estratégicos y rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Resalta que ha funcionado con la provisión de vacunas, medicamentos esenciales y suministros. 

“Por la economía de escala se logran mejores precios”.

Espinel añade que el mercado farmacéutico global, al que se puede acudir para compras, puede analizarse desde tres niveles. El primero es el de la innovación: países que desarrollan nuevas moléculas, como Estados Unidos, Suiza y Alemania.

El segundo nivel corresponde a los países que producen medicamentos de modo masivo. Sobresalen India y China en la fabricación de principios activos. “Son los ‘campeones’ en producción. En el caso de India, hay miles de empresas dedicadas a este sector”.

En la región señala a Argentina, Brasil y México. En ese marco, Mauricio Espinel precisa que Ecuador ha importado una cantidad importante de medicamentos desde Argentina, mientras que las compras a Brasil han sido menores.

Espinel sostiene que en Ecuador existe “un grupo de intermediarios que dicen ser industria, pero solo maquilan y acaparan el mercado, como un cartel”. Recuerda que cuando fue director del IESS, una intermediaria colombiana le ofreció un biológico que se comercializa en otros países, pero el fabricante se negó a venderlo para Ecuador. “Para cualquier otro país sí, pero para Ecuador no, porque ese cartel tiene el control”, afirma.

La Industria Farmacéutica se pronunció

De su lado, en un comunicado, la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), que representa a la mayoría de laboratorios de innovación, biotecnología y vacunas de Europa, Estados Unidos y Japón en Ecuador, ofreció la capacidad de gestión y provisión de la industria nacional, “que asegura experiencia, calidad y abastecimiento continuo de medicamentos, así como acceso oportuno a terapias innovadoras disponibles en el mercado”.

Además, le reiteró al Gobierno su disposición para cooperar técnicamente con el sector salud y co-implementar soluciones inmediatas y sostenibles de abastecimiento, enfocadas en los pacientes y en fortalecer la confianza en el sistema.

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Los puntos de vista de un exministro y un exviceministro:

Las claves que debes saber

• CPCCS no aprobó el informe y frena concurso para fiscal general en Ecuador.
• Abstención de Roberto Gilbert deja proceso en pausa; Alarcón lidera y seguiría encargado.
• Retraso responde a cálculo político ante elecciones y consulta que cambiaría rol del CPCCS.

El concurso para la selección del nuevo fiscal general es un rompecabezas en el que se cruzan los más variados intereses. Por un lado, ha sido evidente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno y, por eso, ha hecho todo lo posible por favorecer la candidatura de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, quien se ha esmerado en complacer al Gobierno y ganarse su favor para poder ser elegido.

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Por otro lado, se habla de un verdadero intríngulis de intereses. En él entra la voluntad de algunos de los actuales consejeros de ser reelegidos en las elecciones de noviembre. 

Asimismo, se menciona que tanto en el Gobierno como en el CPCCS se hacen cálculos ante la llegada de la consulta popular -anunciada por el presidente Noboa, aunque todavía sin fecha definida- que, de ser aprobada, significaría que ese organismo perdería su facultad nominadora, la cual pasaría a la Asamblea Nacional. Si eso ocurre, los actuales vocales perderían prácticamente todo su poder.

Los votos para el informe

Lo único claro es que, hasta ahora, el concurso ha sido fraudulento y ha estado inclinado a favor de Alarcón. A esto hay que agregar lo ocurrido el jueves 11 de junio de 2026, un hecho que nadie vio venir: el CPCCS no pudo aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso para la selección del fiscal general definitivo. 

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¿Por qué? Porque uno de los votos con los que la mayoría de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha venido actuando a sus anchas decidió no respaldar el informe de la comisión calificadora y se abstuvo. Ese voto fue el de Roberto Gilbert.

En la práctica, ese hecho dejó el proceso en pausa, por lo que lo más probable es que todo se demore aún más. ¿Cuánto? Aún no se sabe, pero no sería extraño que todo conduzca a que, ante la proximidad de las elecciones de noviembre y la eventual convocatoria de la consulta popular, el proceso se retrase lo suficiente como para que Alarcón permanezca en el cargo un año o incluso un año y medio más.

La falta de respaldo quedó reflejada en los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un período de vacaciones hasta julio, dejando la Presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso ha vuelto a quedar estancado.

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¿Quiénes encabezaban el concurso?

Hasta ese momento, la jueza Daniella Camacho lideraba el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres la seguía de cerca la también magistrada Maritza Romero, con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Entre los hombres, el actual fiscal subrogante Carlos Alarcón lideraba el puntaje con 46,5 puntos, algo insólito si se considera que difícilmente sus actuaciones como fiscal justifican esa calificación. Le seguían el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.

Hay que señalar, sin embargo, que observadores independientes del proceso sostienen que la candidatura de Alarcón fue beneficiada fraudulentamente con 6,5 puntos en la fase de recalificación, lo que lo convirtió en uno de los aspirantes con mayores posibilidades, pues quedó a pocos puntos de la jueza Daniella Camacho. 

Es sabido, además, que Camacho no goza de la confianza del Gobierno, por lo que todo parecería estar organizado para que el ganador sea Alarcón.

La gran interrogante que se abrió el jueves tiene relación con la abstención de Roberto Gilbert. ¿Por qué dejó de votar junto con el Gobierno? Personas cercanas a él afirman que se trata de alguien que difícilmente sigue instrucciones, mientras que observadores del trabajo del CPCCS sostienen que durante la votación se lo notó eufórico y algo inconexo.

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El impacto del voto de Gilbert

En cualquiera de los casos, lo cierto es que la decisión de Gilbert alteró por completo lo que se suponía era el guion establecido: aprobar el informe y continuar con un proceso que, a todas luces, tenía un solo objetivo: escoger a Alarcón.

Entre las posibles respuestas a la pregunta de por qué Gilbert no votó como normalmente lo ha hecho junto con el Gobierno hay una que podría parecer una teoría de la conspiración, pero que tiene cierta lógica: reelegir a Alarcón se está poniendo cuesta arriba; por tanto, sería preferible dejar todo postergado y mantenerlo en el cargo hasta saber qué ocurrirá con las elecciones y con la consulta popular.

Eso significaría que habrá Alarcón por un tiempo más. No mucho, pero sí el suficiente para varias cosas.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué le conviene más al presidente Daniel Noboa: un Alarcón elegido para un período constitucional de seis años o un Alarcón prorrogado por algún tiempo?

Obviamente, para el presidente Noboa sería más conveniente un fiscal de bolsillo como Alarcón durante seis años, pues le cubriría las espaldas durante su Presidencia y algunos años después. Sin embargo, no todo indica que eso sea posible. 

Alarcón está haciendo un papelón como fiscal en los casos Sinohydro y Triple A, y eso puede complicar su elección dentro del CPCCS. Más aún, en la etapa de oposición podría aparecer alguien dispuesto a exhibir todas las irregularidades cometidas durante el concurso, así como las malas actuaciones de Alarcón en los casos emblemáticos que lleva adelante.

Entonces, la pregunta ya no es cuál sería la mejor opción para el presidente Noboa, sino cuál es la opción realmente posible. Ahí encaja la alternativa de un Alarcón prorrogado hasta conocer el resultado de las elecciones de noviembre y saber qué ocurrirá con la consulta destinada a quitarle facultades al CPCCS.

¿Entonces la abstención de Gilbert formó parte de una estrategia para mantener a Alarcón en el cargo? Es posible.

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Las claves del caso

• Comerciantes reportan reducciones de entre el 40 % y el 50 % en sus ingresos debido a los cierres viales y las dificultades de acceso para clientes
  
• Las afectaciones se concentran en sectores como la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, la calle Rumichaca y los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), donde se ejecutan importantes intervenciones municipales.
  
• Los comerciantes y residentes advierten que varias calles permanecen sin concluirse y temen que una eventual llegada del fenómeno de El Niño agrave la situación con lluvias e inundaciones.

Guayaquil mantiene más de 100 kilómetros de calles intervenidas en distintos puntos del norte, centro y sur. Aunque la mayoría de las vías permanecen habilitadas parcialmente y otras continúan cerradas o con acceso restringido, quienes aseguran sentir el mayor impacto son los comerciantes. No aguantan más pérdidas, después de los toques de queda y por la inseguridad.

Si bien reconocen que se trata de obras que la ciudadanía ha reclamado durante años para mejorar sus sectores, denuncian que la facturación de sus negocios ha caído de forma considerable. En un recorrido realizado por EXPRESO , los propietarios coinciden en un mismo escenario: reducción de horarios, despidos de personal y una disminución de las ventas de hasta el 50%.

Los casos se registran, por ejemplo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada; la calle Rumichaca, en el centro; y en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), en la ciudadela Quisquís. 

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Decenas de locales en La Alborada son afectados

En el primer punto, desde el 20 de marzo permanece cerrado un tramo de la Rodolfo Baquerizo Nazur, comprendido entre las calles Agustín Freire y José María Egas , donde el Municipio ejecuta obras de reconstrucción. Para quienes trabajan en la zona, la intervención ha significado una fuerte caída económica.

"Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegar", comenta Jimmy Mena, administrador de un establecimiento.

Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegarJimmy Mena
​comerciante 

A lo largo de varias cuadras funcionan cadenas nacionales, franquicias, restaurantes, centros de servicios y locales especializados que dependen en gran medida del acceso vehicular. "Las ventas han bajado entre un 40 y un 50 % . Hemos tenido que reorganizar horarios y prescindir de trabajadores porque ya no existe el mismo movimiento de personas", señala Patricia Rivas, propietaria de un negocio de productos de belleza.

"A veces prefiero comprar en otro lugar porque llegar aquí implica dar muchas vueltas. Cuando uno tiene poco tiempo, termina buscando otra opción", dice Andrea Molina, usuaria frecuente del sector.

Ronny Córdova, propietario de un negocio de venta y mantenimiento de equipos de computación, asegura también que la caída en las ventas ha sido significativa. "Nuestros clientes normalmente llegan en vehículo porque los equipos son pesados. Ahora muchos prefieren comprar o realizar mantenimiento en otros lugares porque estacionarse o ingresar es complicado. Las ventas han disminuido al menos un 50 %".

Arreglo de carril de Metrovía afecta en el centro

En el centro de la ciudad, la calle Rumichaca también forma parte del mapa de intervenciones que, aunque son defendidas por el Municipio como necesarias para mejorar la infraestructura, generan molestias y reclamos. Desde finales de mayo se ejecuta la reconstrucción del carril de la troncal 4 de la Metrovía en un tramo de aproximadamente cinco cuadras, entre Febres Cordero y Pedro Franco Dávila. 

Aunque la afectación no alcanza los niveles observados en otros sectores, los comerciantes aseguran que la reducción del tránsito vehicular ha impactado en sus ingresos. En esta zona operan veterinarios, almacenes de ventilación, comercios especializados en productos para mascotas y diversos negocios familiares.

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“Cuando se restringe la circulación, automáticamente disminuye el número de clientes”, explica Javier Torres, propietario de una veterinaria.

La situación también preocupa a los comerciantes de equipos de ventilación. " Hay días en los que prácticamente no entra nadie . Las personas evitan la zona porque saben que hay trabajos y prefieren acudir a otros sectores", indica Roberto Santillán.

Exteriores de la Facso, con afectaciones

Como detalló EXPRESO días atrás, la situación en la ciudadela Quisquís es una de las más visibles, debido a la gran cantidad de estudiantes y usuarios que diariamente circulan por el sector.

En esta zona, uno de los casos más críticos es el de un centro médico que ha reducido sus atenciones debido a las dificultades de acceso. " Está todo roto y la gente no llega . Hay que considerar que quienes vienen generalmente tienen problemas de salud y, con todo lleno de polvo y en mal estado, resulta casi imposible acceder", relata uno de sus responsables.

Pese a las críticas, la mayoría de los comerciantes reconocen la necesidad de ejecutar obras, pero cuestionan los tiempos de ejecución y piden mayor celeridad, conscientes de que las molestias serán temporales.

"Todos queremos calles mejores. Nadie está en contra de las obras. Lo que pedimos es que se hagan más rápido porque dependemos de nuestras ventas para sobrevivir", afirma un comerciante del centro.

Ante este escenario, EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la coordinación no se había concretado.

Preocupación por la llegada de El Niño

La preocupación también aumenta ante las advertencias sobre una posible llegada del fenómeno de El Niño. "Lo preocupante es que muchas calles siguen siendo prácticamente de tierra. Si llegan lluvias fuertes antes de que terminen las obras, el problema será mucho mayor", advierte un residente de Miraflores.

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Para Carlos Jiménez, experto en urbanismo, estas obras debían haber sido estudiadas antes de su ejecución. "Hay obras que son muy urgentes y otras que no lo son. Siempre se debe buscar la manera de generar el mínimo impacto en la ciudadanía,especialmente en los comercios".

Jiménez señala que las obras no deben tomar más tiempo del establecido. "Eso es lo que desestabiliza a los comerciantes. Los trabajos deben ser ejecutados dentro de los plazos previstos, para no afectar a las personas".

Mientras las intervenciones avanzan, comerciantes de distintos sectores coinciden en una misma petición: que las obras concluyan cuanto antes para recuperar el flujo de clientes y evitar que la afectación económica continúe profundizándose.

Lo que debes saber

• El fiscal Alarcón indaga pagos de Gonçalves, pero oculta las millonarias adendas de Inés Manzano.
  
• Exministro Luque y mandos medios armaron el esquema legal de los contratos y hoy quedan fuera de la investigación.
• Tampoco se investiga al CEO de Progen ni a las empresas Astrobryxa y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A, que recibieron dinero público.

La Fiscalía basa la investigación del caso Progen en hechos aislados y mutilados que dejan fuera a una lista de actores clave, desde la alta esfera política hasta asesores técnicos y administradores de contrato.

Dos ejemplos son evidentes. El fiscal Carlos Alarcón, quien concursa para mantenerse en el cargo, se enfoca solo en el pago a Progen de octubre de 2024 (durante la gestión de Antonio Gonçalves) y omite las transferencias realizadas bajo la entonces ministra Inés Manzano. Presenta como evidencia el viaje a las instalaciones de la firma en mayo de 2024, pero oculta que el entonces ministro Roberto Luque organizó esa visita.

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Sin embargo, a través de documentos, versiones, chats, audios y fotografías es posible identificar los roles que cumplieron los excluidos de la investigación. En el máximo escalón está Roberto Luque, exministro que lideró la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico para impulsar las contrataciones. Luque emitió una directriz para que todas las empresas eléctricas, incluidas CNEL y Celec, informaran sobre sus procesos. El objetivo era que su delegado, José Manuel de Oliveira, analizara y aprobara cada trámite. Este último, como coordinador jurídico del Ministerio, estuvo presente en todas las fases de los contratos: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.

Sobre esto, Luque ha señalado que sus disposiciones tuvieron como fin cuidar los recursos públicos y niega cualquier participación irregular.

En ese nivel también se incluye a Inés Manzano, sucesora en el Ministerio de Energía, quien asumió la gestión de la crisis y el seguimiento de los contratos en plena ejecución y posterior conflicto por incumplimientos. Sus chats con los ejecutivos de Progen evidencian que su rol no fue solo de gestión, sino que es la responsable de la adenda al contrato de Quevedo. Dicho documento permitió que Celec desembolsara 34 millones de dólares a Progen hasta marzo de 2025, pese a que la empresa ya acumulaba retrasos e incumplimientos. Ella no ha explicado sobre esto, solo que colaborará con las autoridades.

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El nivel de los contratistas y funcionarios 

La Fiscalía también dejó fuera a John Manning, CEO de Progen, y a José Walther Manrique, pareja de Karla Saud (lobista de Progen) y accionista de Astrobryxa y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A. Estas firmas recibieron más de 20 millones de dólares de Progen en los EE.UU. Tampoco las compañías, como personas jurídicas, constan en la imputación ni en la teoría de la Fiscalía General del Estado. El rol de Manrique fue de representación y facilitó el desembarco de Progen en los procesos de contratación pública del país. Además, su empresa subcontrató a Inycofyi, la cual firmó como garante solidario de Progen en las pólizas para los proyectos de Quevedo, Salitral y Catamayo.

El puente entre la decisión política y la viabilidad legal estuvo en manos de asesores y coordinadores que blindaron o dictaminaron los pasos a seguir. Destaca José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico, cuyo rol era el control de legalidad interno del Ministerio. Por sus manos pasó la revisión de informes, acuerdos de emergencia y delegaciones que permitieron a Celec EP avanzar con la contratación directa bajo el régimen de excepción.

Peter Dreher, asesor, actuó como estratega técnico-político. Él recibió las propuestas técnicas y económicas de Progen, así como de Austral Technical Management (ATM), al mismo tiempo que receptaba los términos de referencia para las contrataciones. En esa línea aparece Christian Dahik, subgerente jurídico de Termopichincha, quien actuó en las comisiones técnicas para los contratos de Quevedo y Salitral. Dahik trabajó en las cláusulas de contratación.

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Los administradores de los contratos

Para la Fiscalía, los administradores de los contratos tampoco son piezas importantes en este esquema. Sin embargo, ellos autorizaron los pagos millonarios, contrataron vía correo electrónico a las empresas verificadoras y aprobaron como nuevos los equipos viejos e incompatibles. Marlon Casilla, administrador del contrato de Quevedo, incluso pidió expresamente ejercer ese rol. Según el procesado Celso Sánchez, miembro de la comisión de Celec para verificar los equipos, Casillas le quitó la cámara fotográfica para evitar que dejara constancia de que los motores eran viejos, corroídos y remarcados. Finalmente, Marco Guerrero, administrador del contrato de Salitral, cumplía la función de fiscalización y control directo en la planta ubicada en Guayas, donde los retrasos en la obra civil y el montaje de los generadores marcaron el ritmo del incumplimiento contractual.

Los protagonistas

Las claves que debes saber

• Caso Sinohydro: tras 18 días, Fiscalía no presenta pruebas claras de cohecho en juicio contra 21 procesados.
• Peritaje financiero detecta pagos a exfuncionarios y entorno de Lenín Moreno; defensa cuestiona origen y destino.
• Audiencia en Ecuador revela fallas probatorias; Fiscalía busca sostener acusación por contratos Coca Codo Sinclair.

Dieciocho días después de iniciada la audiencia de juicio, el caso Sinohydro empieza vagamente a tomar forma. No precisamente la que quería la Fiscalía en un principio, pero esa es otra historia. Una vez que los medios del gobierno han proclamado a Lenín Moreno, el acusado principal de este proceso, como una suerte de héroe nacional a quien el Ecuador debería levantar un monumento en lugar de llevar a juicio, el interés político del caso ha decaído y el trabajo de la Fiscalía parece concentrarse en salvar los muebles. 

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Para ello bastaría con hallar, entre los 21 procesados, dos o tres a los que pueda endilgarse con cierta verosimilitud el delito del que con evidente desproporción se acusa a todos: cohecho.

Han transcurrido más de dos semanas de tediosa y estéril acumulación de peritajes y testimonios requeridos por el fiscal Carlos Alarcón en el orden supuestamente estratégico que ha querido darles: policías llamados para leer la prensa, testigos que nada han presenciado, peritos que presentan como pruebas periciales toneladas de copias simples que no calificarían como pruebas documentales… 

Y en todo ello, ni una sola evidencia de cohecho, delito que exige la participación de un funcionario público que reciba dinero a cambio de servicios relacionados con su cargo. Prevalecía la incómoda sensación de que la única estrategia del fiscal consistía en quemar tiempo.

Las comparecencias en la audiencia de juicio

Hasta que por fin, a partir de la jornada 16, se produjeron las comparecencia que esperaban todos: la de las policías Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez, peritas contables que analizaron los movimientos financieros de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

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Esto incluye, principalmente, las de Recorsa, la empresa de Conto Patiño contratada por Sinohydro para labores de representación y lobby, con sus filiales en Quito y Panamá, así como las personales de todos los procesados y las de las empresas de Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto, y su esposa María Auxiliadora Patiño: Ina Investment, Ginepri, Espíritu Santo…

Cobros y viajes 

Fue en esta pericia donde empezaron a aparecer pagos sobre los que existen razones fundadas para sospechar y que los abogados defensores deberán justificar de manera convincente: los exgerentes de la empresa Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza, cobraron 200 mil dólares poco más y menos cada uno; el fallecido ex subsecretario de Electricidad Julio César Gordón, a través de su empresa View Valley, y el asesor de Lenín Moreno cuando vicepresidente, Carlos Almeida, recibieron sumas mucho más gruesas: 3,1 millones el primero; 2,9 millones el segundo; también Edwin, hermano de Lenín, recibió más de 200 mil dólares, cien mil de ellos en 14 cheques que cobró de manera inusual, por decir lo menos: costeando viajes a Panamá a amigos y parientes para que se den un paseo, hagan compras y, de paso, ya que van a estar allá, se den un saltito por el Balboa Bank. 

Los pagos para Edwin Moreno salieron de las cuenta de Ina Investment y Ginepri, empresas de Xavier Macías.

Transferencias a familiares de Moreno

Por lo general, los cheques o transferencias para los funcionarios se originan en Recorsa; aquellos dirigidos a los familiares de Lenín Moreno (su esposa, su hija, sus hermanos, su suegra…) proceden de las cuentas de Macías. 

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Los beneficios de Moreno y su familia, según la Fiscalía, bordean el millón de dólares. Aquí se incluyen, entre otras cosas, los famosos muebles comprados en Ginebra, una vajilla de Sukasa y el departamento de Alicante, que constituye probablemente el mayor fracaso del fiscal hasta el momento: llamó a declarar, vía telemática desde España, al expropietario y vendedor de ese inmueble, Emilio Torres Copado, y éste lo trató con una displicencia que Carlos Alarcón, desprovisto de los más básicos recursos verbales, no supo administrar. El departamento, dijo, es de Macías, no de Moreno.

Volviendo al peritaje contable, ninguno de los procesados sacó mejor provecho de él que Eduardo Carmigniani, abogado contratado para brindar servicios profesionales a Recorsa y a quien Fiscalía acusó, al inicio de esta audiencia de juicio, de distribuir sobornos. 

En el contrainterrogatorio a la perito Gabriela Morales, el abogado de Carmigniani pudo demostrar, primero, que un presunto pago de un millón de dólares procedente de Recorsa y que la Fiscalía atribuía a su cliente, estaba transferido a una cuenta bancaria que no era suya. 

Y aun más importante: emplazó a la perito, ante los intentos de Carlos Alarcón por evitarlo, a que expusiera una ampliación de su informe en la que se establecía que, de las cuentas de Carmigniani, no se había originado ningún pago a ninguna de las personas vinculadas con el caso (los otros 20 procesados y 18 más que integraron la lista original de Fiscalía). Lo cual derrumba la acusación de cohecho en su contra.

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Con respecto al resto de implicados, tampoco mostraron las peritos un rastro de dinero que conduzca hacia funcionarios públicos. En resumen, se puede decir que el caso está siendo víctima de sus propias exageraciones. 

Para empezar, el pecado original de tratar los 76,1 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa por sus trabajos de lobby y representación (el 4 por ciento del total del contrato entre el Estado ecuatoriano y la compañía china para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) como si fueran producto de un soborno. 

La Fiscalía lo sigue repitiendo hasta el día de hoy (acaba de publicar una infografía en la que da esa cifra como el monto del cohecho) cuando sabe perfectamente que la inmensa mayoría de esa plata no fue a parar a las manos de ningún funcionario público.

En lugar de concentrarse en demostrar el cohecho donde lo podría encontrar, la Fiscalía persiste en confundir los términos de ese delito, haciendo pasar por tal el cobro de beneficios de los hermanos Patiño, por ejemplo, aunque ningún funcionario público aparezca en la ruta del dinero. 

O se obstina en demostrar lo que sus peritos contables llaman “ausencia de hecho generador o económico” en un negocio de 1.500 dólares (la venta de 100 agendas a Recorsa por parte de Rocío González, la esposa de Lenín Moreno) o en la compra de una vajilla. 

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Los nombres en los documentos

Esas y otras transacciones están debidamente documentadas con facturas, contratos o actas de entrega-recepción, con el único problema de que esos documentos no están a nombre Recorsa, o de Ginepri, o de la empresa que haya emitido el pago, sino de Conto Patiño o de Xavier Macías. Una irregularidad contable, seguramente, pero ¿cohecho?

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis y delirios de grandeza. Como si la fiscal Diana Salazar, que fue quien lo diseñó, hubiera querido repetir la experiencia del caso Sobornos, con un expresidente en el banquillo y una treintena de comparsas, aunque para ello tuviera que involucrar a decenas de personas por el simple hecho de llevar un apellido: esa fue, al final, la única lógica que prevaleció en la exclusión de una lista interminable de personas que también recibieron una fracción de esos 76,1 millones de dólares. 

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El fiscal Carlos Alarcón, por supuesto, carece de la inteligencia necesaria para admitir que el único futuro del proceso es tirar todo ese lastre y concentrarse en los pocos casos en los que la trazabilidad del dinero le conduce a un funcionario público: ahí está el cohecho, el resto es teatro. Y un abuso procesal que debería ser penado.

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Lo que debes saber

• Expertos cuestionan la preparación y el control sobre quienes administran las liquidaciones empresariales.
• Juristas alertan sobre decisiones que podrían favorecer intereses particulares dentro de ciertas liquidaciones.
• La SuperCías no transparenta cuántas empresas acumulan años en liquidación.

La ausencia de evaluaciones periódicas y de capacitación continua para los liquidadores es una de las principales falencias identificadas por especialistas en materia societaria. A ello, se suma que numerosos procesos de liquidación empresarial se extienden durante años sin que existan mecanismos efectivos de seguimiento.

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Designaciones bajo cuestionamiento

En algunos casos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) ha decidido remover a estos profesionales de sus funciones. Sin embargo, la entidad evita revelar cuántas compañías han registrado este patrón o la frecuencia con la que se adoptan estas medidas.

Para Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, el liquidador no es un simple administrador temporal. Al asumir la custodia, gestión y distribución de los activos de una compañía en proceso de cierre, su labor demanda elevados niveles de integridad y conocimiento técnico, requisitos que, según advierte, no siempre están presentes en quienes ejercen esta función.

Según el jurista, uno de los principales problemas del sistema radica en que muchos liquidadores son designados de oficio sin que necesariamente acrediten experiencia en áreas como contabilidad, finanzas, derecho laboral o gestión de procesos de cierre empresarial. A su criterio, estas competencias son indispensables para administrar adecuadamente los activos y pasivos de una compañía en liquidación.

El especialista sostiene que las debilidades no se limitan a la designación de estos profesionales. También cuestiona el nivel de supervisión que ejerce la autoridad societaria, al considerar que los controles suelen enfocarse en aspectos formales y no en la revisión permanente del manejo de recursos, la justificación de gastos o el cumplimiento de las obligaciones asignadas al liquidador.

Como ejemplo, menciona el caso de Galo Olmedo Díaz Gómez, exliquidador designado por la Superintendencia de Compañías, cuya actuación fue posteriormente objeto de denuncias e investigaciones. Chávez Mora señala que, pese a los cuestionamientos planteados, la autoridad societaria se limitó a retirarlo del listado de profesionales elegibles para futuras designaciones, sin asumir responsabilidad institucional sobre su gestión.

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Irregularidades

La principal irregularidad, según Chávez, se produjo cuando la SuperCías reemplazó al primer liquidador de Agrosolutions Cía. Ltda. una vez concluida la etapa de convocatoria a acreedores. Pese a ello, sostiene que Galo Olmedo Díaz Gómez abrió un nuevo proceso de convocatoria, lo que habría permitido incorporar acreencias que no formaban parte del procedimiento original.

El jurista también cuestiona que, durante menos de un año al frente de la liquidación, el funcionario se haya pagado cerca de $ 20.000 por concepto de honorarios. A su juicio, esos desembolsos resultan llamativos porque las remuneraciones de los liquidadores están reguladas por el Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras.

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Honorarios y plazos en debate

Según declaraciones de Luis Cabezas Klaere, superintendente de Compañías, en una entrevista con Carlos Vera (EXPRESO sigue esperando una entrevista con el funcionario), la remuneración de los liquidadores se determinaría en función del tamaño de la empresa, la complejidad del proceso, el balance inicial y el tiempo estimado para concluir la liquidación. Sin embargo, la normativa fija un parámetro específico para ese cálculo.

El reglamento establece tres fases de liquidación, cada una con una duración de 60 días, y fija honorarios que oscilan entre uno y siete salarios básicos unificados. Esos valores deben pagarse proporcionalmente al concluir cada etapa. El monto se determina en función del valor de los activos totales de la compañía, según una tabla que contempla empresas con patrimonios que van desde cero hasta un millón de dólares.

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Procesos que se extienden por años

Pero en la práctica, numerosos procesos de liquidación se extienden por más de un año, superando los plazos previstos en la norma. A ello se suma que algunos liquidadores administran de forma simultánea varias compañías.

Para Marco López, exsuperintendente de Compañías, que un liquidador tenga a su cargo más de una empresa no constituye, por sí mismo, una irregularidad; sin embargo, advierte que no resulta razonable que un mismo profesional administre simultáneamente varios procesos complejos, ya que la liquidación exige dedicación, conocimiento técnico y, en ciertos casos, el apoyo de equipos especializados.

Para Jeaneth Torres, experta en Economía y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el problema surge cuando no se respeta el cronograma establecido para la liquidación y los informes de avance no se presentan oportunamente. Eso, indica, prolonga los procesos que deberían resolverse en plazos definidos, lo que dificulta el control efectivo por parte de la SuperCías.

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Cuestionamientos a la supervisión

Chávez sostiene que estas demoras también evidencian falencias en la supervisión de la autoridad societaria. Como ejemplo menciona el caso de Fumioro, firma domiciliada en Machala que acumula cerca de cuatro años en proceso de liquidación y ha pasado por la administración de tres liquidadores sin que el procedimiento haya concluido.

El abogado agrega que no se trata de un hecho aislado. Cita también al almacén Comego, compañía que permanece en liquidación cerca de dos años. “Ese es el modus operandi: no respetan los reglamentos. Abren plazos adicionales para incorporar nuevos acreedores que termina favoreciendo a intereses particulares; la pregunta es qué se negocia detrás de esas decisiones que perjudican a los acreedores”.

La SuperCías guardó silencio frente al pedido de EXPRESO sobre cuántas empresas siguen en liquidación y cuánto tiempo acumulan en ese proceso.

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Déficit de recursos y control

Para López, muchas de las deficiencias atribuidas a los procesos de liquidación no pueden analizarse sin considerar las limitaciones que enfrenta la SuperCías. Sostiene que la entidad carece de personal, tecnología y programas de capacitación, pese a que, al año, recauda cientos de millones de dólares por concepto de aportes del sector societario.

Según explica, gran parte de esos recursos se transfieren al Estado, pero solo una fracción retorna a la institución, lo que restringe su capacidad operativa y dificulta fortalecer los mecanismos de supervisión. El superintendente, Cabezas-Klare, expuso que las contribuciones generan $ 250 millones, pero el Estado le ha asignado $ 20 millones.

Lo que debes saber

• El ruido se ha convertido en una constante en el Centro Histórico de Quito. Comerciantes y moradores atribuyen la contaminación acústica al comercio informal, los parlantes, el tráfico y el uso excesivo del claxon
• Un estudio de la UDLA identificó niveles de ruido de hasta 80 decibeles en la zona, muy por encima de los límites recomendados por la OMS, que sugiere un máximo de 53 dB durante el día

Los gritos de los vendedores ambulantes, los parlantes instalados en carritos y locales comerciales, el sonido constante de los buses y el uso indiscriminado del claxon han convertido al Centro Histórico de Quito en un escenario donde el ruido forma parte del paisaje cotidiano. 

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Para quienes trabajan y residen en la zona, la contaminación acústica dejó de ser una molestia ocasional para convertirse en un problema permanente que, según denuncian, avanza más rápido que las acciones municipales para controlarlo.

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Comercio informal sin control

En calles como la Chile, Imbabura, Cuenca, Sucre y Sebastián de Benalcázar, el comercio informal ocupa buena parte del espacio público. Entre ofertas lanzadas a viva voz y grabaciones reproducidas por parlantes portátiles, comerciantes y moradores aseguran que la tranquilidad desapareció hace años.

Rita Gaibor, propietaria de un local de productos naturales en el casco colonial, convive diariamente con el problema. Para ella, el ruido no proviene únicamente del tráfico.

“Los autos pitan demasiado, pero también están los vendedores ambulantes con sus parlantes. Antes había música de vez en cuando; ahora son grabaciones que se repiten todo el tiempo. Uno llega a salir desesperado”, comenta.

La comerciante considera que el principal problema es la falta de organización del comercio informal. Aunque reconoce que muchos vendedores ambulantes buscan una fuente de ingresos, cree que la ausencia de control termina afectando a quienes permanecen durante toda la jornada en el sector.

Los sábados, asegura, la situación empeora. La llegada de comerciantes de distintos puntos de la provincia y el incremento de compradores convierten las calles del Centro Histórico en un escenario donde el ruido alcanza sus niveles más altos.

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La percepción es compartida por Carla Martínez, quien abandonó el Centro Histórico hace una década para mudarse a los valles de la capital. Sin embargo, continúa trabajando en el sector porque mantiene un negocio familiar.

Según relata, el comercio informal fue uno de los factores que deterioró la calidad de vida en la zona. A ello se sumó el crecimiento del parque automotor y la transformación de espacios residenciales en áreas comerciales. “Cada vez hay menos vecinos y más negocios. Muchas casas patrimoniales ya no son viviendas. En mi caso, cerca del 70 % del inmueble tiene uso comercial”, explica.

¿Qué dicen los estudios sobre el ruido en la zona?

Las quejas ciudadanas coinciden con los datos académicos. Un estudio realizado por la Universidad de Las Américas (UDLA) identificó al Centro Histórico como una de las zonas más ruidosas de Quito. 

Los niveles de ruido alcanzan los 80 decibeles (dB), similares a los registrados en avenidas de alto tráfico como la Mariscal Sucre (Occidental), la 10 de Agosto, La Prensa y la Simón Bolívar. 

El índice rebasa el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere que los niveles medios de ruido en las ciudades no deberían superar los 53 decibeles (dB) durante el día y los 44 dB en la noche.

Una propuesta que no se trata en el Concejo

Sin embargo, mientras el ruido aumenta, las medidas para enfrentarlo permanecen estancadas. El concejal Andrés Campaña, presidente de la Comisión de Salud, sostiene que la contaminación acústica tiene dos orígenes principales: las fuentes fijas, como los altoparlantes instalados en locales comerciales; y las fuentes móviles, generadas por vehículos, motocicletas y buses.

El edil recuerda que en agosto de 2025 presentó una propuesta de ordenanza para regular el ruido producido por vehículos y motocicletas, especialmente aquellos cuyos propietarios modifican los escapes o eliminan los silenciadores para incrementar el sonido.

La iniciativa planteaba controles durante la revisión técnica vehicular y operativos en las calles para verificar el cumplimiento de los límites permitidos de decibeles.

No obstante, denuncia que el proyecto permanece desde hace casi un año en la Comisión de Movilidad sin que se haya elaborado siquiera el informe para primer debate. “No ha existido voluntad política de Movilidad ni de la administración municipal para avanzar en este tema”, señala.

Sus declaraciones contrastan con las constantes denuncias ciudadanas sobre la falta de controles. Para Campaña, el problema del comercio informal también requiere una intervención integral que combine regulación y reorganización. “El Municipio debe recuperar mercados y centros comerciales que están subutilizados mientras miles de comerciantes siguen ocupando las calles”, afirma.

Problema que no es exclusivo del Centro Histórico

El ruido ya no afecta únicamente al Centro Histórico. En sectores como San Blas y La Alameda, los moradores también reportan un incremento de la contaminación acústica.

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Fernando García, residente de los alrededores de la Asamblea Nacional, asegura que el uso permanente de parlantes en negocios, el tránsito de buses y el abuso del claxon han transformado un barrio tradicionalmente residencial en una zona cada vez más comercial y menos habitable.

“Lo que falta son controles. Existen normas, pero no se aplican con la intensidad necesaria”, opina. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de la bocina con una multa del 5 % del salario básico, es decir, $23. Sin embargo, no existe una norma específica que permita sancionar el exceso de ruido provocado por motores o escapes modificados.

Lo que debes saber

• Algunos adultos mayores aseguran que siguen pagando valores que deberían estar exonerados.
• Los usuarios cuestionan la complejidad de los trámites para acceder al beneficio.
• El Municipio reconoce que no dispone de datos sobre cuántas personas podrían estar afectadas.

Aunque la Ley del Anciano contempla beneficios tributarios, varios guayaquileños sostienen que su aplicación es parcial. Afirman haber accedido a la exoneración de tributos municipales, pero aseguran que aún deben cancelar ciertos valores.

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Adultos mayores cuestionan pagos adicionales

Rebeca Torres es viuda y tiene 71 años. Cuenta que accedió a la exoneración del 100 % del impuesto predial en el Municipio de Guayaquil, aunque eso no significó que dejara de pagar otros rubros. En enero de 2026, canceló $ 57,91 por conceptos como la contribución al Cuerpo de Bomberos, la tasa de drenaje pluvial y un tributo por mejoras correspondiente al período 2000-2014.

A ese monto se sumó otro de $ 90,65 por obras ejecutadas entre 2015 y 2022. La adulta mayor cuestiona el cargo porque asegura desconocer qué trabajos se han realizado en su sector y sostiene que, cuando ha pedido explicaciones, la única respuesta que recibe es que está obligada a cancelarlo, “como si uno tuviera dinero de sobra”.

Torres afirma que en Sauces IX y VII persisten problemas como el deterioro de parques y la falta de mantenimiento de las calles. Por ello, se pregunta cuáles son las obras que justifican los valores.

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Exoneración parcial y cobros que persisten

Según información del Registro Estadístico Base de Población del Ecuador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2023, Guayas registró 376.032 adultos mayores. De ellos, 153.212 estaban casados y 869 en unión de hecho. Además, 142.172 se declararon solteros, 52.142 viudos y 27.556 divorciados. Otros 81 no registraron su estado civil.

Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2022 reportó 367.839 adultos mayores en Guayas. De ese total, 231.638 viven en Guayaquil, de los cuales 103.514 eran hombres y 128.124 mujeres.

Mario Vargas, jubilado y residente de Sauces IV, considera que los beneficios contemplados para los adultos mayores no se respetan plenamente. A su juicio, las exoneraciones terminan diluyéndose en otros cobros, lo que afecta el presupuesto de quienes dependen solo de una pensión.

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Lo que dice la ley y la interpretación municipal

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Anciano, toda persona mayor de 65 años con ingresos mensuales de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas o un patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas “está exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales”. Sin embargo, los adultos mayores consultados por EXPRESO afirman que continúan pagando diversos valores municipales y consideran que el beneficio reconocido por la normativa no se cumple de manera integral.

De acuerdo con información del Municipio, la exoneración solo corresponde al pago del impuesto predial. Este beneficio, indica, no se extiende a tasas ni a contribuciones especiales, ya que “corresponden a servicios específicos e infraestructura esencial para la ciudad”.

No obstante, el adulto mayor cuestiona, además, la falta de información sobre los rubros municipales que debe cancelar. Según relata, aunque dejó de pagar el impuesto predial, ahora debe asumir valores por otros servicios, sin que exista un desglose claro sobre la forma en que se calculan esos montos.

Por otra parte, Vargas sostiene que el impacto económico es significativo para las personas jubiladas. Señala que los ingresos permanecen estancados, mientras el costo de vida aumenta.

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Trámites y barreras para acceder al beneficio

Por su parte, Daniel Uyaguare, de 79 años, considera que el acceso a sus derechos no debería depender de trámites engorrosos. Expresa que, para completar el proceso, muchos acuden a locales para que les ayuden a realizar la gestión en línea, con el temor de que les sustraigan las claves, y deben ir a dependencias municipales para obtener documentos como la historia de dominio.

A su criterio, el Cabildo ya cuenta con la información necesaria para identificar a los beneficiarios y aplicar las exoneraciones de manera automática. Por ello, cuestiona que deban invertir tiempo y dinero en gestiones adicionales para acceder a un derecho contemplado en la ley.

Además, cuestiona que muchos ciudadanos hayan pagado durante años valores que, según la norma, no les correspondían. El entrevistado sostiene que esos recursos habrían sido de utilidad para cubrir gastos esenciales, especialmente en una etapa de la vida en la que las necesidades de salud suelen incrementarse.

Tengo que ir a comprobar que soy anciana. Además, si uno no tiene un conocido que ayude, el trámite se vuelve eterno; parece que los derechos hay que mendigarlos.Gioconda Toscano, jubilada

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Demoras y reclamos por devoluciones pendientes

En cambio, Gioconda Toscano, de 74 años, asegura que el acceso al beneficio estuvo marcado por la burocracia. Aunque ella y su esposo cumplían con los requisitos para acogerse a la exoneración, debieron esperar cinco años y realizar reiteradas gestiones presenciales antes de que el Municipio reconociera su derecho. Esta es una de las quejas más comunes entre los adultos mayores que denunciaron sus casos a EXPRESO.

Toscano relata que, aunque ella y su esposo ya eran adultos mayores cuando adquirieron su departamento en el centro en 2017, el trámite para acceder a la exoneración se inició un año después. Sin embargo, no fue sino hasta 2023 cuando el Municipio reconoció el beneficio, pese a que, según afirma, le ofrecieron devolver los valores cobrados durante ese tiempo -alrededor de $ 153 anuales-, algo que hasta ahora “no ha ocurrido”.

Actualmente, dice, debe cancelar $ 88 por conceptos como la contribución al Cuerpo de Bomberos, la tasa de drenaje pluvial y rubros asociados a mejoras ejecutadas entre 2000 y 2014. A ello se suma una contribución especial por mejoras de $ 47,98, valores que, a su juicio, contradicen el espíritu de la normativa destinada a proteger a los adultos mayores.

“No cumplen con la ley y, cuando vamos a hacer el trámite, tampoco nos orientan; creen que debemos rogar por el cumplimiento de nuestros derechos”, cuestiona. Considera que el acceso a este beneficio debería ser automático.

La vida está cada vez más cara y nosotros vivimos de una pensión fija; cualquier cobro adicional nos afecta. Se supone que ya no deberíamos pagar más impuestos al municipio.Daniel Uyaguare, jubilado

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No ven mejoras en la urbe

La entrevistada también expresa su preocupación por el estado del centro de la ciudad. Asegura que el Malecón 2000 luce descuidado y que existen problemas recurrentes con las luminarias, ya que no todas permanecen encendidas durante la noche. Además, manifiesta temor por las condiciones de seguridad, debido a que varios inmuebles son utilizados como bodegas. Toscano sostiene que existe el riesgo de nuevos incendios y critica la falta de controles sobre el ruido generado en el sector.

Desde el 26 de mayo, EXPRESO ha solicitado una entrevista con el Municipio para abordar este tema, pero la petición no fue atendida. En su lugar, el área de Comunicación remitió información por escrito, aunque señaló que la entidad no cuenta con datos sobre cuántos adultos mayores continúan pagando valores que deberían estar exonerados.

Santiago Pozo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, explicó que hace una década era posible acceder a un departamento o una casa cercana al centro con un presupuesto moderado, pero que en la actualidad muchas familias destinan gran parte de sus ingresos al pago de un arriendo o, en el peor de los casos, deben trasladarse hacia sectores periféricos o parroquias rurales. 

Esta situación es especialmente evidente entre estudiantes universitarios, que hace 10 años pagaban por una habitación un promedio de 90 dólares y ahora superan los 150 dólares por espacios mucho más pequeños.

El fenómeno estaría vinculado al crecimiento inmobiliario que vive la ciudad, al auge de la construcción de departamentos, a la llegada de inversionistas externos y a la expansión de modelos de alojamiento temporal como Airbnb. Como consecuencia, los habitantes de la ciudad enfrentan dificultades para acceder a viviendas en zonas con servicios, movilidad y equipamientos urbanos.

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¿Qué dificultades enfrentan los cuencanos?

Cristina Mora, de 36 años, tardó tres meses en la búsqueda de una vivienda medianamente adecuada para mudarse junto a su esposo e hija y que pudiera cubrir la necesidad de movilidad pública accesible, servicios básicos y seguridad. “Había opciones, pero o no tenían garaje, o no aceptaban mascota, que para nosotros es parte de nuestra familia, o tenían espacios estrechos, o estaban muy lejos sin acceso a transporte público, tomando en cuenta que mi hija es estudiante universitaria y necesitamos seguridad para ella”, relató.

Esta familia buscaba una casa con al menos tres habitaciones y espacios comunes como sala, comedor, cocina, lavandería, espacio verde y lugar de estacionamiento. Al final de la búsqueda, se decidieron por una casa de alto costo, con una renta de 400 dólares, alejada del centro, pero que les brindaba seguridad.

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Reconocimientos sin planificación de la ciudad

Para el arquitecto, investigador y experto en temas de habitabilidad urbana Pedro Jiménez, la situación es resultado de procesos urbanos que crecieron sin control. Señala como punto de inflexión la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que atrajo inversión extranjera y una primera ola de jubilados extranjeros. 

Un estudio suyo evidenció que para 2016 ya existían efectos inmobiliarios orientados a población foránea en el hipercentro y el Barranco. Tras una pausa durante la pandemia de la COVID-19, el fenómeno se reactivó desde 2024 con fuerza, impulsando además negocios orientados a nómadas digitales y alquileres temporales de alto costo. 

“La ciudad dejó de planificar su crecimiento desde el año 2000 y se pasó a un concepto de reconocimientos mundiales enfocados en el turismo, servicios de ocio y más, lo que nos llevó a estar en el radar de los inversionistas internacionales y nacionales”, sostuvo.

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David Flores, representante de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Azuay (Acbir), dio a conocer que actualmente existen alrededor de 80 proyectos inmobiliarios entre habitacionales, comerciales y de uso mixto que están en ejecución o próximos a desarrollarse en Cuenca. 

En este contexto, la asociación levantó un estudio de mercado con información recopilada de más de 1.000 anuncios inmobiliarios, en el que se identificaron como zonas de mayores arriendos a Puertas del Sol, Ordóñez Lasso, El Ejido, Remigio Crespo, la zona del estadio y sectores cercanos al Parque Calderón.

En estos lugares, los departamentos cuestan entre 6 y 10 dólares por metro cuadrado, llegando incluso a 13 dólares en algunos casos del Centro Histórico. 

Como referencia, Flores planteó que una familia de cuatro integrantes que desee rentar una vivienda de tres dormitorios con sala, comedor, cocina y un patio o espacio verde, en zonas alejadas la renta oscila entre los 350 y 450 dólares, pero el mismo inmueble en zonas céntricas no bajaría de los 800 dólares.

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Desplazamiento de familias locales 

El incremento en los precios de los arriendos ha provocado un desplazamiento progresivo de las familias cuencanas a zonas más alejadas. 

Ferddy Espinoza, investigador de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, sostiene que cada vez menos personas viven en el Centro Histórico de Cuenca debido al crecimiento de Airbnb, la transformación de viviendas en negocios y el aumento de los arriendos.

Investigaciones de dicha facultad cruzaron información sobre edificaciones patrimoniales, densidad poblacional y presencia de alojamientos temporales. 

Los resultados muestran una tendencia clara: las zonas con mayor concentración de inmuebles patrimoniales y atractivo turístico son también las que registran menos residentes permanentes.

Según los datos recopilados por el grupo de investigación, durante el período posterior a la pandemia (años 2023 y 2024) se registraron hasta 3.136 anuncios de Airbnb en Cuenca. 

La cifra varía dependiendo de la temporada, pero oscila entre 1.500 y 2.800 anuncios activos. “Aunque estos alojamientos están distribuidos en toda la ciudad, el Centro Histórico concentra una parte importante de ellos, que se ubica en el 27%”, indicó el investigador.

La consecuencia directa, según el investigador, es que cada vez más familias locales abandonan las zonas centrales y buscan vivienda en sectores periféricos o parroquias rurales. “El cuencano se va a Tarqui, a Deleg, se va a una serie de lugares rurales porque ya no hay espacio en el centro”, afirmó.

Y esta realidad no solo afecta al Centro Histórico. Espinoza sostiene que la expansión urbana está integrando progresivamente sectores que antes se diferenciaban claramente de la ciudad consolidada. “Ya no se distinguen zonas rurales como Ricaurte o Baños de la parte urbana. Ya están integradas”, aseguró.

Además, la expansión urbana sin control también genera problemas sociales como limitado acceso a servicios básicos, como la recolección de basura; calles y vías en malas condiciones; servicios de transporte urbano lejanos; y escasa infraestructura pública como alumbrado, parques, tiendas y escuelas, entre otros.

Lo que se sabe

• Los alrededores del campus Mapasingue, de la Universidad de Guayaquil, tienen un cerramiento en mal estado
• Basura e inseguridad vial son algunos de los factores que se observan en este sector del norte
• Se propone convertir a esta barrera urbana en un borde activo

El descuido en los alrededores del campus Mapasingue de la Universidad de Guayaquil repercute en el entorno. Basura e inseguridad son dos elementos que se observan en las zonas contiguas al predio, ubicado en el norte de Guayaquil.

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Dos grandes avenidas, Las Aguas y Juan Tanca Marengo, colindan con el predio donde funcionan las facultades de Ingeniería Industrial, Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias, cuyos estudiantes se movilizan entre el exceso de velocidad de los vehículos, la inseguridad y la deficiente infraestructura peatonal.

“Falta un poco más de seguridad y de vigilancia”, comenta Josué Izquierdo, estudiante de Ingeniería Agrónoma.

Para él, también debería adecuarse un mejor paradero de buses en la entrada principal, en Las Aguas.

En ese punto, la falta de un cruce peatonal seguro y la imprudencia de los conductores ponen en peligro a quienes deben cruzar al apuro para evitar atropellamientos. “No dan chance a que uno cruce, sino que de una se lanzan”, lamenta Nallely Cercado, alumna de Agronomía.

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Inseguridad y basura en alrededores del campus

La estudiante menciona que el tramo ubicado en el intercambiador de esta avenida, hacia el ingreso a su facultad, es peligroso debido a los robos.

Del lado de la avenida Juan Tanca Marengo, la extensa pared del cerramiento universitario muestra un aspecto descolorido, que sumado a la falta de iluminación en las noches crea un ambiente de inseguridad.

Cuando vamos en grupo hay menos riesgo de robos, pero ir solos aumenta el peligro, sobre todo en Las Aguas”.
Nallely Cercado, alumna de Agronomía

La situación detrás del campus empeora. En la calle Oswaldo Guayasamín, límite entre el terreno universitario y el cerro de Mapasingue, junto al cerramiento hay montículos de basura entre los que caminan moradores y alumnos de instituciones educativas cercanas.

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En el 2.º pasaje 37A noroeste, sobre el lado de la ciudadela Martha de Roldós, una puerta oxidada es la vista que ofrece el campus en esta zona urbana.

EXPRESO ha recogido la problemática en varias ocasiones. Hace un año, en un reportaje mostró el mal estado en el que se encuentran los alrededores de la propiedad universitaria. Las calles dañadas también ahondan en la crisis urbana que rodea el campus.

Camino hasta el acceso principal porque en la puerta de mi facultad (junto al intercambiador) es peligroso”.
Josué Izquierdo, estudiante de Ingeniería

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Integrar a universidad y barrios con bordes activos

Pasar de un cerramiento perimetral que aísla a la universidad de su entorno, a tener un borde vivo y activo: eso es lo que se sugiere para los alrededores del campus Mapasingue de la Universidad de Guayaquil.

Diana Milena Loayza Campoverde e Ivanna Esther López Ronquillo elaboraron esta propuesta como parte de su tesis para obtener el título de arquitectas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la mencionada institución.

Ellas detectaron que el campus y su entorno “se caracterizan por deficiencias en la calidad del espacio público y una débil integración con el tejido urbano”.

“Lejos de ser simples límites físicos, estos bordes concentran dinámicas sociales, urbanas y perceptuales que influyen directamente en la relación entre la universidad, su comunidad y el entorno inmediato”, se explica en el documento.

“Cuando estos espacios presentan deficiencias en su configuración física, funcional o simbólica, se generan condiciones de fragmentación, baja apropiación del espacio público y percepción de inseguridad, afectando tanto la calidad urbana como la experiencia cotidiana de los usuarios”, añaden.

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Entre los problemas que encontraron en los alrededores están:

Para Loayza, el terreno del campus tiene “bastante potencial”, el cual está amenazado por los hechos delictivos que se agravan con este tipo de cerramientos perimetrales, a los que califica como “maquillaje” ante el problema de inseguridad.

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La naturaleza como protagonista de la propuesta académica

Basándose en el concepto de la urbanista Jane Jacobs, que promueve los “ojos en la calle”, las investigadoras aseguran que la institución debe abrirse a la comunidad a través de un “sistema adaptable y escalable, que integra criterios de seguridad, accesibilidad, apropiación del espacio, ecología y confort”.

Entre las ideas que proponen para mejorar el entorno del campus están:

Loayza y López también proponen que se desarrollen plazas, anfiteatros, plazoletas barriales y patios culturales. Además, que haya zonas integradas al comercio local.

Para Giosvella González, quien ofrece bebidas y alimentos afuera de la entrada principal al campus, módulos para los vendedores “mejorarían mucho el entorno, tanto para el comercio y la seguridad como para los estudiantes y el espacio, porque sería más organizado”.

En la investigación se aclara que “las intervenciones en estos espacios suelen verse condicionadas por limitaciones normativas, presupuestarias y constructivas, lo que exige el desarrollo de estrategias de diseño factibles, coherentes con el contexto y sostenibles en el tiempo”.

El entorno universitario y barrial de este sector espera que la transformación llegue pronto e integre a barrios y estudiantes.

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Lo que debes saber

• Caficultores estiman una caída de hasta el 40 % en la producción debido a las lluvias, mientras los precios internacionales han bajado y los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos.
• Productores y gremios afirman que continúan sin recibir información oficial detallada sobre los focos detectados y el manejo de la plaga.
• La baja productividad, la ausencia de una política cafetera sostenida y el déficit de asistencia técnica hacen que muchos caficultores apenas recuperen inversiones.

Los productores de café arábigo (Coffea arabica) del sur del Ecuador iniciaron con preocupación la cosecha de 2026 durante la última semana de mayo, con un retraso de tres semanas respecto al calendario habitual. Lo hacen en un contexto marcado por la caída de los precios internacionales del café, la falta de información oficial sobre la detección de focos de la bacteria Xylella fastidiosa en Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, y una reducción estimada del 40 % en la producción debido al exceso de lluvias.

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Estos desafíos afectan a las 1.200 familias productoras y exportadoras que integran la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (Fapecafes), cuya actividad se concentra en esas tres provincias.

Desde el cantón Chaguarpamba, en Loja, la productora y microempresaria Bionay Bravo decidió buscar nuevos mercados para comercializar la cosecha de este año. Con ese objetivo viajó a Buenos Aires y Montevideo llevando muestras de café arábigo de especialidad. “Hice un ajuste económico de muchos años para poder cubrir todos los gastos del viaje”, relata.

Durante su recorrido contó con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior a través de las oficinas comerciales de ambos países. En Uruguay, potenciales compradores degustaron el producto y quedaron sorprendidos. Según Bravo, “se impresionaron porque era un café dulce, diferente en taza y con una calidad organoléptica capaz de romper cualquier barrera”.

La calidad organoléptica se refiere al conjunto de características físicas y químicas que pueden percibirse a través de los sentidos, como el aroma, el sabor, la textura y la acidez. La meta de Bravo para la presente cosecha es exportar al menos 20 quintales de café.

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Pero sobre esa apuesta pesa un contexto de amenazas. “Cuánto lamento que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), a través de Agrocalidad, no haya hecho el seguimiento respectivo”, dice Bravo al referirse a la Xylella fastidiosa la letal bacteria, hoy presente en el país, y que amenaza a los cultivos de café —el grano fue identificado como hospedero por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario—. Bravo, dice, que intentó contactar al director del MAGP de Loja por WhatsApp y no recibió respuesta. Teme que la falta de información sobre la detección de la Xylella en las plantaciones del sur frene el trabajo de años.

Café en cifras

A nivel nacional, según datos de Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), las exportaciones de café arábigo registraron un crecimiento impulsado por mejores precios internacionales entre 2024 y 2025. Los envíos pasaron de 16.711 sacos, valorados en cerca de $7,8 millones, a 20.848 sacos que generaron más de $12 millones. No obstante, representantes del sector sostienen que estas cifras no reflejan una recuperación real.

Melecio Mayo, presidente de Fapecafes, anticipa reducción en las exportaciones de esta temporada debido a las pérdidas ocasionadas por el exceso de lluvias en meses previos. “El año pasado exportamos más de 10.000 quintales; este año estaremos llegando apenas a 6.000”, señala. La cosecha se desarrollará hasta septiembre.

Aunque se mantienen los contratos con sus principales mercados —Francia, que absorbe el 43% de las exportaciones; Italia, el 25%; Alemania, el 22%—, los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos. Un ejemplo es Alemania, cuyo precio de compra descendió de $510 a $485 por quintal. “Menos de eso prácticamente estaríamos perdiendo”, advierte.

Por su parte, Pablo Pinargote, presidente de Anecafé, sostiene que la principal fragilidad del caficultor ecuatoriano radica en su baja productividad, puesto que producen muy por debajo del promedio regional de 25 quintales por hectárea y los cerca de 50 de Brasil.

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Para Pinargote, el problema de fondo persiste: Ecuador lleva más de tres décadas sin una política de Estado sostenida para el desarrollo del café. Eso ha provocado que ni si quiera se logre abastecer el consumo interno que supera los 350.000 frente a los cerca de 250.000 sacos de café que Ecuador produce al año.

Desde el sector productivo, Mayo añade que los programas de reactivación cafetera se han quedado en cifras de entrega de plantas, sin garantizar asistencia técnica a largo plazo. Señala que “muchos productores apenas alcanzan rendimientos de entre 10 y 15 quintales por hectárea”, cuando necesitarían superar los 30 quintales para cubrir costos y ser rentables. Según un análisis de Fapecafes, por cada dólar invertido en caficultura el retorno apenas llega a diez centavos.

Ambas asociaciones continúan sin recibir información detallada sobre el hallazgo de la bacteria. Por su parte, Bravo pide mayor claridad de las autoridades para evitar que la incertidumbre afecte injustificadamente la imagen del café ecuatoriano en los mercados internacionales. Desde diciembre del año pasado, EXPRESO solicitó a Agrocalidad entrevista sobre este tema, pero aún se espera por una respuesta.

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Xylella: la deuda de comunicar

Para Freddy Magdama, jefe del Departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL) la respuesta del Estado ante la Xylella también debe apuntar a la transparencia. “Omitir este tipo de información puede tener repercusiones grandes”, señala el investigador.

Declarar la presencia de la bacteria acompañada de una estrategia sólida de combate posicionaría al país. “Es preferible reportarlo de forma técnica y decir los planes de contención que se están llevando, para posicionar la confianza en el mercado internacional. Somos un país como cualquier otro que ha sufrido una incursión, pero que está lidiando con ella de forma científica y está abierto a la ayuda”.

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Magdama aboga por integrar a la información como herramienta: “Si un productor sabe que su vecino ha tenido un reporte Xylella va a tener mayor precaución en visitarlo, en tomar medidas de bioseguridad y en evitar el traspaso de material vegetal”.

Debido a que la planta muere desde el interior, ya que la Xylella obstruye su sistema vascular. “Si no hay líquidos, no corren los nutrientes, ni siquiera puede llegar a producir los frutos”, señala Magdama.

Por ello, insiste en actuar con medidas necesarias de bioseguridad y la destrucción oportuna de los brotes iniciales para no afectar a la producción. La experiencia internacional respalda esa advertencia. Estudios citados por la sanidad agrícola mexicana reportaban reducciones que oscilan entre 73.2 Kilogramos y 121 kilogramos de grano seco por hectárea por cada punto porcentual de aumento en la severidad de la infección en cultivos de café arábigo de Brasil; en algunas plantaciones de São Paulo la bacteria redujo la producción en un 30%.

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LO QUE DEBES SABER

• Sandoz nombró a Diego Albuixech gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC), un bloque de más de quince países que incluye a Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina.
• En 2026 la farmacéutica suiza celebra tres aniversarios: 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando el desarrollo de biosimilares, campo en el que fue pionera a nivel mundial.
  
• En Ecuador, sus medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas; la compañía tiene más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.
  

Sandoz acaba de ampliar su liderazgo en la región. La farmacéutica suiza, líder global en medicamentos genéricos y biosimilares, designó a Diego Albuixech al frente de un bloque que ahora suma, a la región andina, los mercados de Centroamérica y el Caribe.

El nombramiento llega en un año de aniversarios para la compañía, que en 2026 celebra 140 años de trayectoria. En esta entrevista, Albuixech habla de la expansión, del peso de los biosimilares y del reto de ampliar el acceso a medicamentos en el país.

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— ¿Qué países pasa a dirigir con este nuevo cargo?

Asumo la responsabilidad de Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina, y ahora también de Centroamérica y el Caribe, con mercados como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Antes lideraba solo la región andina.

— ¿Cómo se integra una región tan diversa?

Cada país opera de forma independiente. Mi tarea es identificar las buenas prácticas de unos mercados y trasladarlas a otros.

Tres décadas de hitos y crecimiento global

— La empresa cumple varias décadas de trayectoria este año. ¿Qué hitos destacan?

Así es. En 2026 celebramos 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando los biosimilares. Fuimos pioneros: obtuvimos la aprobación del primer biosimilar de la historia por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

— ¿Qué tamaño tiene Sandoz?

En 2025 registramos ventas netas por $11.100 millones a nivel global, con un portafolio de más de 1.300 genéricos y 13 biosimilares que llegan a más de mil millones de pacientes en el mundo.

— ¿Cómo sostienen ese crecimiento del portafolio?

A medida que las moléculas pierden exclusividad a nivel global, incorporamos esos portafolios. Así fuimos creciendo: primero con antibióticos, luego con cardiometabolismo y ahora con productos de especialidad en oncología y urología.

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Sandoz en Ecuador

— ¿Cómo está posicionada Sandoz en Ecuador?

Somos líderes en antibióticos, con más de 20 años de presencia. Recientemente sumamos la línea de cardiometabolismo y avanzamos hacia productos de especialidad en oncología y urología.

— ¿Cómo percibe el paciente ecuatoriano a la marca?

Tenemos un reconocimiento muy grande en el país. Hay marcas nuestras que los pacientes creen que son la innovadora, y eso refleja un buen trabajo de posicionamiento y el haber apoyado siempre al sistema de salud ecuatoriano.

— ¿A cuántas personas llegan y cómo operan en el país?

Nuestros medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas. Tenemos más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.

— ¿Y cómo abastecen al sistema sanitario?

Participamos tanto en compras públicas como privadas, y también a través de farmacias. El acercamiento con el Estado se da por la vía de las licitaciones: a medida que salen, vamos con nuestro portafolio de medicamentos.

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Los retos de fondo

— ¿Cuál es el mayor desafío de Sandoz en el mercado ecuatoriano?

Que el acceso sea sustentable, tanto para el sistema de salud como para el bolsillo de los pacientes. El reto está en seguir educando a médicos y pacientes, y en lograr que nuestros medicamentos lleguen desde cada punta del país hasta el último paciente.

— Frente a los genéricos de otros países, ¿cómo compiten?

Por calidad. La prioridad de Sandoz es la calidad y la eficacia de los medicamentos. Habrá mercados en los que no podamos competir por precio, pero la calidad nunca se pone en discusión.

— ¿Por qué son tan importantes los biosimilares en su estrategia?

Permiten democratizar el tratamiento de patologías que antes eran terminales y hoy son crónicas, como las oncológicas. Al ser más accesibles que los medicamentos de referencia, hacen el sistema de salud más sustentable y abren la puerta a tratamientos que suelen ser de alto costo. Su adopción avanza a distinta velocidad según la madurez de cada sistema de salud, pero la tendencia es clara: cada vez más pacientes pueden acceder a ellos.

— ¿Qué enfermedades concentrarán los esfuerzos de Sandoz a futuro?

Sobre todo la oncología, pero también la inmunología, la diabetes y la obesidad. Son patologías ligadas al envejecimiento de la población y al estilo de vida. Muchas antes eran terminales y hoy se han vuelto crónicas, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos. En obesidad vemos potencial de desarrollo, aunque por ahora nuestro portafolio se concentra en diabetes.

— ¿Qué lo motiva en este rubro?

El propósito de la industria farmacéutica es generar acceso y cuidar a la gente. Traer medicamentos de calidad es lo que me apasiona y lo que me hace levantarme cada día.

El entrevistado

Gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC) de la farmacéutica Sandoz. Lleva 14 años en este rubro. Empezó como director financiero en Argentina y luego pasó al área comercial. Antes trabajó en consumo masivo, en Danone.

Lo que debes saber

• Los combustibles acumulan alzas de entre 19,9 % y 69,9 % frente a enero de 2026, lo que incrementa el costo de llenar el tanque.
  
• Conductores cambian de gasolina, ajustan sus gastos y buscan alternativas de movilidad para reducir el impacto en su presupuesto.
  
• Especialistas advierten que el encarecimiento de los derivados puede elevar la inflación, afectar el consumo y reducir el crecimiento económico.

Llenar el tanque con combustible cuesta cada vez más en Ecuador. Los altos precios de los derivados, que mantienen una tendencia al alza tras el conflicto en Irán, ejercen mayor presión sobre el presupuesto de los hogares, que deben ajustar sus gastos para destinar más recursos para comprar estos productos o buscar sustitutos, más económicos como la extra o ecopaís.

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Desde este 12 de junio hasta el 11 de julio, la extra y ecopaís se comercializan en $3,31 el galón, el diésel prémium en $3,25. Mientras tanto, la súper tiene un precio referencial de $5,7. Este decir, esta última puede variar según la estación de servicio porque tiene un margen de utilidad liberado.

El costo de estos productos mantiene una tendencia al alza -casi al tope del sistema de bandas que fija un máximo del 5 % para la extra, ecopaís y diésel- desde marzo de 2026.

Así, considerando los montos actuales frente a los de enero 2026 (antes del conflicto), las gasolinas y diésel registran un incremento acumulado de entre 19,9 % y 69,9 %. Este porcentaje, en dólares, significa un aumento de entre $6,40 y $22,10 para llenar, por ejemplo, un tanque con capacidad para 10 galones (ver gráfico).

Llenar el tanque cuesta cada vez más en Ecuador

Al sentir esta variación “brusca” de precios, Sol Torres, propietaria de un crossover, decidió desde mayo usar gasolina extra, pese a que cuando compró su vehículo híbrido en 2025 le indicaron que de preferencia utilice súper.

En su caso, el costo para abastecer de súper a su auto (10 galones) representaba alrededor de $25 a la semana. Sin embargo, en mayo empezó cancelar cerca de $32, pese a que las reservas del tanque no estaban al mínimo.

“Este gasto se me estaba saliendo de control y afectando el presupuesto de mis otras obligaciones”, comenta Torres.

Por esta razón, tras asesorarse en el concesionario empezó a utilizar extra, que frente a la súper, cuesta $2,39 menos. “Ahora tanqueo con $20”, dice.

Conductores cambian hábitos para reducir el gasto en combustible

Jefferson Lastra, propietario de un SUV, comenta también que hasta las primeras semanas de junio abastecía su vehículo exclusivamente con súper.

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Sin embargo, tras el último incremento de precios, llenará el tanque con una mezcla de mitad súper y mitad extra para reducir el gasto en combustible.

Con esta estrategia espera bajar los gastos "inesperados", que representa ahora el alto costo de los combustibles.

Lastra destinaba alrededor de $20 al mes para completar el tanque, que no permitía que baje de la mitad. Pero la última vez gastó $43. “Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.

Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.Jefferson Lastra, propietario de un SUV.

El transporte absorbe una parte importante del presupuesto familiar

El impacto de las alzas de los combustibles no se limita a los conductores. Según la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2024-2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el transporte absorbe el 12,9 % del gasto mensual de los hogares ecuatorianos. 

Además, representa el segundo rubro de mayor peso dentro del presupuesto familiar, después de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro de esta categoría se incluyen gastos relacionados con combustibles, transporte público, mantenimiento de vehículos, repuestos y otros servicios de movilidad.

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El uso de transporte público o vehículos eléctricos es otra opción

Para intentar reducir estos gastos, Javier Vivanco, propietario de un SUV híbrido, considera usar el Metro para movilizarse o cambiarse a un vehículo eléctrico, aunque le preocupa que esta última opción se convierta en un “riesgo”, por la situación eléctrica del país.

Vivanco piensa en estas opciones debido al impacto que tiene en el presupuesto familiar la compra de gasolina.

Para su vehículo -que es más eficiente en el uso de combustible- destinó antes del cambio de precios $44, cuando antes cancelaba alrededor de $32, que le permiten recorrer entre 12 y 15 días dentro de la zona urbana de Quito.

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Un problema global

El alza de los combustibles que se registra en Ecuador en los últimos meses responde al encarecimiento del petróleo, de los derivados en el mercado internacional y la mayor asignación de subsidios para la extra, ecopaís y diésel, enfatiza Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

Además, refiere que si bien en la extra, ecopaís y diésel se advierten alzas, el precio actual de estos productos no refleja su valor real porque el Estado asigna actualmente entre $1,02 y $1,60, según el esquema de subsidios proyectados para el periodo 12 de junio-11 de julio, elaborado por la empresa pública Petroecuador.

La asignación de estas subvenciones responde a que el sistema de bandas solo permite alzas máximas de hasta el 5 %.

Ante este escenario, Acosta Burneo prevé que este mayor costo de derivados aumente la inflación, se reduzca el consumo ante una menor capacidad de compra porque cada vez se debe asignar más para combustibles. Además, puede impactar en el crecimiento económico del país. “El alza de los combustibles tiene un impacto global importante en las familias y en la economía”.

Para variar, la duración de esta crisis es incierta porque mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantenga, los precios del crudo y los derivados seguirán elevados, refiere Nelson Baldeón, consultor energético y geopolítico.

Baldeón también advierte que aunque el conflicto llegue a su fin en las próximas semanas, la reducción de precios de combustibles en Ecuador no será inmediata. 

La razón es que el sistema de bandas permite una reducción máxima del 10 % y a la vez la asignación de subsidios creció. Por ello, mientras el Estado cubra parte de estos valores, los consumidores deberán asumir mayores costos hasta que se vuelvan a equiparar los precios de los combustibles de Ecuador con los del mercado internacional.

Reestructuración en la nómina de Prefectura

• Carlos Encalada delegó áreas estratégicas a extrabajadores del Estado y municipios.
• Analistas coinciden en que la nómina responde a un pacto para evadir bloqueos estatales.
• El prefecto no ha dado su versión a EXPRESO. 

Carlos Encalada Villacís asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026. Tras la salida de Marcela Aguiñaga, logró la unanimidad del Consejo Provincial presentándose como un perfil “apolítico” y sin historial en la función pública. Sin embargo, su cúpula administrativa dista de esa etiqueta.

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Nuevos rostros en la Prefectura, no tan nuevos en el sector público

Una revisión de EXPRESO a la nómina de directores y coordinadores del nuevo gobierno provincial revela que los cargos claves y el manejo de los recursos han sido entregados a una mezcla de cuadros provenientes del Ejecutivo central (del mandato de Daniel Noboa), del Municipio de Guayaquil y de antiguos funcionarios de la era de Jimmy Jairala.

La viceprefecta, Ana María Gallardo Cornejo, también tiene experiencia en el sector público: fue viceministra y coordinadora en el Ministerio de Producción (Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, 2018-2023).

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Los 'reciclados' de la administración de Jimmy Jairala (2009-2018)

Las áreas administrativas y legales marcan el regreso de figuras de pasadas administraciones provinciales. Víctor Zeballos Zevallos, actual director administrativo, manejó esta misma área (como encargado) en 2018, durante el mandato de Jairala.

Su contratación llama la atención por una omisión legal: no existen rastros de sus declaraciones juramentadas en el sistema de la Contraloría General del Estado, pese a que en octubre de 2024 asumió como coordinador financiero en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), según documentos oficiales.

A él se suma Alfredo Escobar Avilés, actual procurador síndico de la Prefectura. Escobar controló las compras públicas de la institución durante diez años (2009-2019), también bajo la administración de Jairala. Tras su salida, ocupó las gerencias de CNEL y CNT en el mandato de Guillermo Lasso.

Este Diario le consultó al exprefecto Jairala si tuvo algún tipo de contacto o influencia en el regreso de estos cuadros, a lo que respondió: “De la incorporación del abogado Escobar y el ingeniero Zevallos me enteré por los medios de comunicación. Puedo asegurarle que no tengo absolutamente ninguna relación con esa administración”.

El peso del oficialismo en el organigrama

El mayor peso del organigrama recae sobre exfuncionarios del actual Gobierno. La Coordinación General Administrativo-Financiera está en manos de Alejandro Peña Jácome, quien hasta este 2026 fue gerente comercial y de desarrollo en CNEL EP, además de tener pasado municipal en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad (Épico) y la Empresa de Vivienda (2019-2024).

Pero el perfil más llamativo en el manejo de recursos es el de Oscar Saab Adum, flamante director de Compras Públicas. Su hoja de vida refleja una vertiginosa rotación estatal: saltó por al menos siete cargos en tres años. Llega desde la subdirección del Hospital Los Ceibos. Solo en 2025 pasó por las direcciones administrativas de los hospitales Efrén Jurado y Francisco de Icaza, además del CNE Guayas. En 2024 fue director del Sercop (Zonal 8) y antes laboró en la Asamblea Nacional.

En áreas operativas, la Dirección de Gestión Ambiental recayó en Roberto Marcos Miranda, exdirector de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía; mientras que la Dirección de Talento Humano fue asumida por Yuliana Zambrano Macay, funcionaria del Ministerio del Trabajo durante cinco años (2019-2024).

La obra física y los proyectos provinciales quedaron encargados a perfiles ligados al Cabildo porteño. Pedro Varas Valdez es el nuevo coordinador general de Infraestructura, cargo al que llega tras operar hasta este 2026 como especialista y coordinador general en el Municipio de Guayaquil. De igual forma, María Piedad Palacios, directora de Proyectos y Cooperación Internacional, ocupó altos cargos en la Fundación Terminal Terrestre hasta este año.

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¿Pacto político o reclutamiento oportuno? 

Renovar un equipo de trabajo para un periodo tan corto de transición frente a la amenaza del fenómeno de El Niño evidencia, para los especialistas, una hoja de ruta que trasciende lo técnico y cuestiona las intenciones más allá de las declaraciones ‘apolíticas’.

Para la politóloga Andrea Endara, el “borrón y cuenta nueva” responde a la necesidad de Encalada de construir su propia imagen y distanciarse de la bandera política de la administración saliente.

Sobre la importación de cuadros del oficialismo, Endara lo interpreta como una maniobra táctica: “Puede generar ruido, pero es una estrategia para evitar ese choque que hemos visto que tiene el Gobierno Central con los seccionales que no le son afines. Al poner gente cercana, evitas fricciones que podrían dilatar los proyectos y obras del prefecto”.

Endara recalca que detrás del perfil apolítico hay intenciones claras. “Si no sabes algo, buscas a quien lo sepa. En ese sentido, se reciclan personajes. Lo importante, en un ambiente tan polarizado, es auditar si el performance de esos perfiles beneficia realmente a la provincia”.

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El politólogo Manuel Balda es más tajante y califica este nuevo organigrama como el reflejo directo de un pacto político. Considera que la repentina salida de Aguiñaga dejó un vacío de poder que obligatoriamente iba a ser capitalizado por el oficialismo (ADN) y sus aliados. “No me sorprende que haya gente del Gobierno. Una de las grandes carencias de ADN es que no tiene cuadros políticos por ningún lado, por lo que generalmente tiene que reciclar”, dice Balda.

Sobre la presencia de exfuncionarios de la era Jairala, el analista sostiene que responde a la necesidad de incorporar gente que ya conoce el engranaje de la Prefectura, sumado a la actual afinidad política que mantiene el exprefecto con el Ejecutivo.

Sigue pendiente la entrevista de Encalada con EXPRESO 

Para contrastar esta información y conocer el plan de trabajo de este año de gestión, EXPRESO ha solicitado una entrevista formal con Carlos Encalada desde que asumió como viceprefecto en abril. La petición no ha sido agendada. Para este artículo se volvió a insistir con el requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición se sigue esperando una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• La SuperCías removió al liquidador de Zofragua tras detectar múltiples observaciones en su gestión.
• La solicitud para cancelar la compañía fue presentada sin cumplir etapas clave de la liquidación.
• La resolución cuestiona la falta de respaldo documental sobre la situación patrimonial de la empresa.

Por más de cinco años, Carlos Xavier Cadena Asencio estuvo al frente de la liquidación de Zofragua S. A. El 3 de octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) concluyó que su gestión registró múltiples incumplimientos, por lo que fue removido del cargo mediante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649.

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Una gestión bajo cuestionamientos

Como EXPRESO ha revelado en reportajes anteriores, la administración de Zofragua S. A. en liquidación estuvo rodeada de cuestionamientos. Entre ellos figura el manejo de una indemnización millonaria obtenida tras una demanda contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, un caso que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el abogado Gastón Alarcón Obando.

Además, el organismo de control determinó que no se justificó documentalmente la situación patrimonial de la empresa ni varias operaciones reportadas durante la liquidación. La resolución también señala que la falta de sustento contable y de avances concretos en el proceso impedía verificar la razonabilidad de los estados financieros presentados por la compañía.

Pero no solo eso. Durante su gestión, la Superintendencia de Compañías identificó múltiples omisiones y deficiencias en el ejercicio de las funciones que la normativa asignada a un liquidador, observaciones que llevaron a César Alfredo Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, a disponer su remplazo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que motivaron esa decisión?

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Los motivos de la remoción

Según la resolución, el también contador público autorizado, que además posee un diploma superior en Gestión de Finanzas, incumplió el artículo 18 del Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras. Esa disposición establece tres etapas, cada una con un plazo de 60 días, y define las acciones que debe ejecutar el liquidador para avanzar en el proceso de liquidación de una empresa.

El cumplimiento de cada una de ellas no solo marca el avance del proceso de liquidación, sino que también condiciona el cobro de los honorarios del liquidador, que deben ser autorizados conforme se acrediten sus gestiones. En la primera etapa, Cadena Asencio tuvo que presentar el acta de entrega y recepción de libros sociales, el balance inicial y el informe y plan de trabajo del liquidador especificando cómo llevará la liquidación.

En la segunda, el parámetro a evaluar es el aviso a acreedores, gestiones para la realización de los activos y extinción del pasivo, de ser el caso. ´

Y para la última fase, el liquidador debió entregar su informe de gestión a la Junta General, el balance final, la distribución del haber social, de ser el caso, y solo allí vendría la cancelación.

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La solicitud de cancelación

Pero en 2021 Cadena Asencio pidió la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil alegando carencia de patrimonio. Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías, esa petición fue presentada sin que previamente se hubieran cumplido las actividades previstas en las distintas etapas del proceso de liquidación.

Según la resolución, Poveda observó que Cadena omitió obligaciones esenciales de su cargo, entre ellas suscribir el acta de entrega-recepción de bienes, libros y documentos de la compañía, presentar un plan de trabajo para la liquidación y remitir informes trimestrales sobre el avance del proceso.

Estas responsabilidades también están contempladas en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 387 de la Ley de Compañías y forman parte de los requisitos que debe cumplir todo liquidador antes de concluir el proceso liquidatorio.

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Patrimonio sin sustento y acreedores pendientes

Además, el organismo de control concluyó que la situación patrimonial de la empresa y varias operaciones efectuadas durante la liquidación carecían de respaldo documental suficiente. En ese sentido, la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 advirtió que Cadena “pretende acogerse a una presunta carencia de patrimonio sin poder justificar documentalmente la misma ante esta Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución”.

A ello se suma que, pese a reconocer la existencia de acreedores, el liquidador nunca informó a la Superintendencia de Compañías qué acciones adoptaría para gestionar los activos y pasivos de Zofragua S. A. Para la Intendencia Nacional de Compañías, esta omisión evidenciaba que no se estaban cumpliendo etapas esenciales del proceso liquidatorio.

Lo que debes saber 

• El branding consiste en construir y gestionar la identidad, reputación y percepción de una marca en la mente de las personas.
  
• Branding, diseño, publicidad y posicionamiento cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de una organización.
  
• Los Best Branding Awards Ecuador reconocen casos que demuestran impacto real en la construcción y gestión de marcas.

La evolución de las comunicaciones de marketing ha estado marcada por conceptos que surgieron para responder a las necesidades de cada época. Las marcas nacieron en el siglo XIX como una forma de diferenciar productos. En los años treinta y cuarenta apareció la publicidad moderna de la mano de figuras como David Ogilvy, Bill Bernbach y Leo Burnett, cuyos principios siguen vigentes. En los años setenta, Al Ries y Jack Trout introdujeron la teoría del posicionamiento. Desde los noventa, en cambio, comenzó a consolidarse otro concepto que todavía suele confundirse: el branding.

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Muchos lo reducen al diseño, al logotipo o a la identidad visual. Sin embargo, el branding es algo mucho más amplio. Se trata del proceso de construir y gestionar la identidad, la reputación y la percepción de una marca en la mente de las personas. Responde a una pregunta esencial: ¿qué significa esta marca para quienes la conocen, la compran o interactúan con ella?

Branding: mucho más que identidad visual

El branding engloba propósito, valores, personalidad, tono de comunicación, experiencia, reputación y las asociaciones emocionales y racionales que una marca es capaz de generar a lo largo del tiempo. Es lo que da coherencia a todas sus expresiones.

Uno de los principales referentes de esta disciplina, Andy Stalman, insiste en que branding, publicidad, diseño y posicionamiento no son sinónimos ni ocupan el mismo nivel estratégico. Su conocida frase, “el branding es el alma y el marketing es la voz”, resume bien esa diferencia. Si imaginamos una marca como una persona, el branding sería su personalidad, sus valores y su reputación; el diseño, su apariencia; la publicidad, aquello que dice para captar atención; y el posicionamiento, el lugar que aspira a ocupar en la mente de los demás.

Economía y negocios

Análisis Estratégico: Deslumbrados pero no ciegos

Horacio Chavarría

Qué premian los Best Branding Awards Ecuador

Por eso resultan tan relevantes iniciativas como los Best Branding Awards Ecuador, cuya más reciente edición reconoció a las organizaciones que durante el último año demostraron excelencia en la construcción y gestión de marcas. El certamen premió 21 categorías que abarcan desde creación de marca, naming y rebranding visual hasta arquitectura de marca, experiencias digitales y activaciones.

Su gran diferencia frente a otros festivales radica en los criterios de evaluación. Aquí no basta con una pieza creativa brillante o con buenos resultados comerciales. Los casos son analizados a partir del desafío planteado, la calidad de la solución desarrollada y el impacto conseguido. Se evalúa la capacidad de identificar un problema relevante, construir una respuesta coherente y demostrar que esta produjo cambios medibles y significativos.

Formé parte del Gran Jurado encargado de seleccionar el máximo reconocimiento del certamen. La tarea no fue sencilla. Varios trabajos exhibieron un nivel notable de profundidad estratégica y ejecución. Finalmente, Floralp obtuvo el premio Best of the Year gracias a un sólido proceso de rebranding visual que recuperó atributos históricos de la marca, unificó criterios de diseño, actualizó su identidad gráfica y fortaleció la arquitectura de productos de la línea Quesos del Mundo. Un caso que demostró que evolucionar no siempre implica romper con el pasado.

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Análisis Estratégico: ¿Genialidad o suicidio de marca?

Horacio Chavarría

Más allá de los ganadores, el mayor valor de estos premios fue confirmar la madurez del marketing y las comunicaciones en Ecuador. Cuando una industria empieza a valorar la construcción de marca con el mismo rigor con que mide ventas o participación de mercado, deja de pensar en campañas aisladas y comienza a construir activos de largo plazo. Y, en un entorno donde los productos se copian, los precios cambian y la tecnología se democratiza cada vez más rápido, la marca sigue siendo la ventaja competitiva más difícil de imitar.

Lo que debes saber 

• Organizaciones de derechos humanos y la Corte Nacional cuestionaron vacíos en la reforma sobre desaparición forzada.
• Asfadec propuso crear una dirección especializada dentro de la Fiscalía para investigar estos casos.
• Inred pidió eliminar tiempos de espera para denuncias y reconocer el derecho a la verdad de las familias.

La reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas recibió nuevas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y delegados de la Corte Nacional de Justicia coincidieron en que el proyecto debe ampliarse para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más efectiva ante posibles casos de desaparición forzada.

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La discusión se produce tras la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que ordenó incorporar mecanismos especiales para la búsqueda e investigación cuando existan indicios de participación estatal en una desaparición.

Durante la jornada, los comparecientes insistieron en que la incorporación de la figura de “presunta desaparición forzada” no puede limitarse a un cambio terminológico y debe ir acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la búsqueda, la investigación y el acceso a la información.

Reforma a ley de desapariciones enfrenta observaciones jurídicas

Sofía Cando, asesora jurídica de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), respaldó el espíritu de la reforma, pero advirtió que la propuesta debe armonizarse con el resto de la normativa vigente para evitar problemas en su aplicación.

“La categoría de presunta desaparición forzada debe armonizarse con todo el contenido de la ley a fin de evitar contradicciones, vacíos normativos o dificultades en su aplicación práctica”, afirmó durante su intervención.

La representante de Asfadec sostuvo que la desaparición forzada no debe entenderse únicamente cuando intervienen directamente agentes estatales. Explicó que la legislación también debe contemplar situaciones en las que existan autorizaciones, apoyo, tolerancia u omisiones de autoridades públicas, tal como ocurre en el Código Orgánico Integral Penal y en los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, planteó que la reforma establezca qué autoridad tendrá la facultad de determinar inicialmente una presunta desaparición forzada, bajo qué criterios se activarán las rutas especializadas y cuáles serán las obligaciones concretas de las instituciones desde el primer momento de la denuncia.

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Asfadec propone crear dirección especializada en Fiscalía

Entre los planteamientos presentados por Asfadec consta la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y Extraviadas dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Esta dirección debe contar con autonomía técnica, presupuesto propio, personal especializado, equipos interdisciplinarios y capacidad de coordinación nacional e internacional”, señaló Cando.

Según la organización, esta estructura permitiría enfrentar problemas recurrentes como la rotación de fiscales, la pérdida de continuidad en los casos, la dispersión institucional y las demoras en diligencias consideradas urgentes para localizar a las víctimas.

También pidieron fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como evitar prejuicios o presunciones de desaparición voluntaria que retrasen la activación de alertas y protocolos de búsqueda.

"Uno no puede ser juez y parte", advierte abogado de Asfadec

David Aróbere, coordinador de la Red de Abogados Voluntarios de Asfadec, expuso varios problemas que, a su criterio, persisten desde la aprobación de la ley vigente.

Uno de ellos es la falta de un registro único y confiable de personas desaparecidas en Ecuador. Según explicó, actualmente existen bases de datos dispersas entre distintas instituciones públicas que no coinciden entre sí.

“No podemos tener un solo registro oficial, lo cual evidentemente nos complica muchísimo tener conciencia de un registro verídico”, manifestó.

Aróbere también cuestionó la falta de especialización de fiscales y policías encargados de investigar desapariciones y señaló que muchas diligencias urgentes no se ejecutan oportunamente, lo que termina afectando la obtención de pruebas.

El abogado fue más allá al referirse a los casos de desaparición forzada y advirtió posibles conflictos en las investigaciones cuando los presuntos responsables pertenecen al propio Estado.

“Uno no puede ser juez y parte”, sostuvo, al proponer que organizaciones sociales participen en mecanismos de vigilancia y control de los procesos para garantizar transparencia cuando existan sospechas sobre la actuación de instituciones públicas.

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Corte Nacional alerta sobre problemas en definición de desaparición forzada

La Corte Nacional de Justicia también presentó observaciones técnicas al proyecto de reforma. El juez nacional Lauro Javier de la Cadena destacó la importancia del activismo de las organizaciones de familiares de desaparecidos y consideró que sus aportes deben ser incorporados en el debate legislativo.

“El Estado como tal es responsable de brindar una respuesta inmediata, una respuesta oficiosa y una respuesta exhaustiva ante la desaparición de una persona”, afirmó.

Por su parte, Diego Sebastián Campoverde, subcoordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional, recordó que la sentencia constitucional derivada del caso de los niños de Las Malvinas ordenó tres medidas específicas: presumir la desaparición forzada cuando existan indicios de participación estatal, impedir que las instituciones aleguen reserva para ocultar información y crear mecanismos de coordinación para la búsqueda.

Sin embargo, señaló que la propuesta aún presenta problemas conceptuales.

“La desaparición forzada no solamente es la causa de acciones de agentes del Estado, sino también de quienes participan con su aquiescencia o con su consentimiento”, explicó.

Asimismo, recomendó que la futura ley incorpore protocolos específicos para coordinar las actuaciones de todas las instituciones involucradas y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento y veeduría.

Inred cuestiona figura de “presunta desaparición forzada”

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inred) también expuso una serie de observaciones durante la sesión. Andrea Toapanta, integrante del área jurídica de la organización, señaló que la denominación “presunta desaparición forzada” genera preocupaciones desde el enfoque internacional de derechos humanos.

“La normativa e instrumentos internacionales de derechos humanos no contempla esta denominación”, afirmó. La jurista explicó que la legislación internacional exige la activación inmediata de mecanismos de búsqueda cuando existan indicios de participación estatal, sin necesidad de crear categorías intermedias que puedan generar incertidumbre o retrasos.

Toapanta también insistió en la necesidad de fortalecer los registros estadísticos sobre desapariciones, incorporando variables relacionadas con edad, sexo, identidad de género, nacionalidad, origen étnico y circunstancias del hecho para identificar patrones de riesgo y mejorar las políticas públicas.

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Organizaciones exigen derecho a la verdad y búsqueda sin demoras

Diana Salomé León, coordinadora legal de Inred, presentó seis propuestas adicionales basadas en estándares internacionales de derechos humanos. La primera fue eliminar cualquier interpretación que permita exigir tiempos de espera antes de denunciar una desaparición.

“Las primeras horas son las más críticas para localizar a una persona con vida y cada hora perdida reduce exponencialmente esa posibilidad”, sostuvo. Además, pidió que la búsqueda de personas desaparecidas funcione de manera independiente de las investigaciones penales, para evitar que la paralización de un proceso judicial frene los esfuerzos para encontrar a la víctima.

La organización también propuso reconocer expresamente el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, garantizar la participación activa de los familiares en la construcción de hipótesis de búsqueda y establecer mecanismos públicos para medir la efectividad de la ley.

“Las familias no son destinatarias pasivas de información, son actores fundamentales en la búsqueda”, enfatizó León.

Al cierre de la sesión, la Comisión de Seguridad solicitó que todas las observaciones presentadas sean remitidas formalmente para ser analizadas en la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reforma.

Lo que debes saber

• Una denuncia pide investigar el destino de recursos entregados a Zofragua S.A.
• Cuatro personas son señaladas por presuntas irregularidades en el caso.
• La empresa fue cancelada pese a haber recibido millonarios desembolsos del Estado.

Formalizado. Ante la Fiscalía General del Estado fue presentada una ‘notitia criminis’ contra cuatro personas sospechosas de la presunta desaparición de recursos públicos que la empresa Zofragua S. A. recibió tras ganar un juicio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, cuando la compañía se encontraba en proceso de liquidación.

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Una denuncia

Según la denuncia, en esta presunta irregularidad habrían participado Carlos Cadena Asencio, liquidador de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías); Leónidas Plaza Verduga, ex procurador judicial de Zofragua; Daniel Falconí Heredia, exviceministro de Finanzas; y Luis Idrovo Murillo, intendente nacional de Compañías de la SuperCías. El abogado Gastón Alarcón Obando los señala por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado.

En total, el Estado habría desembolsado $16’857.433,51 a favor de Zofragua S. A., mediante dos pagos relacionados con el litigio mantenido con la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Sin embargo, según la denuncia, no existiría un registro claro sobre su destino final.

El primer desembolso ascendió a $4’793.769,42 y se realizó en 2019. El segundo, por $12’063.664,09, se concretó el 22 de diciembre de 2023, luego de que el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, suscribió un convenio de pago con Carlos Cadena Asencio para cancelar la obligación mediante un bono del Estado con plazo de seis años.

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¿Qué pasó con los recursos entregados a Zofragua?

El pago realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil se originó tras el fallo emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la ‘notitia criminis’, Zofragua operaba la zona franca del puerto de Guayaquil bajo un contrato de comodato desde 2001, pero en 2012 la entidad pública rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que motivó a la empresa a presentar una demanda por daños y perjuicios. No obstante, pese a que la empresa en liquidación habría recibido estos recursos, Zofragua S. A. fue posteriormente cancelada por disposición del entonces intendente nacional de Compañías. La principal interrogante que plantea la denuncia es qué ocurrió con el dinero transferido a la compañía y quiénes habrían administrado esos fondos.

Una de las pistas sobre el destino del primer desembolso realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. En ese documento, César Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, menciona “la suma de $ 4’793.769,42 (por concepto de indemnización a Zofragua S. A.), que según menciona el liquidador, fue cobrada por el procurador judicial Dr. Leónidas Plaza Verduga el 20 de junio de 2019”, por la defensa que ejerció su estudio jurídico.

Según la resolución, esta información fue proporcionada por el liquidador durante el proceso de revisión de la compañía. El documento no detalla el destino de los recursos ni registra su ingreso a las cuentas de Zofragua S. A.

De acuerdo con la resolución, el liquidador había indicado que la firma supuestamente mantenía una deuda con Leónidas Plaza Verduga por concepto de honorarios profesionales derivados de gastos judiciales acumulados durante más de seis años. El monto ascendía a $2’396.884,71 y, según lo expuesto por Cadena Asencio, los intereses por mora habrían elevado esa obligación a una cifra que “superaba con creces” el valor que la compañía tenía pendiente de cobrar.

Cadena Asencio habría reconocido esa obligación mediante la suscripción del Acta de Mediación No. 090102-2020-00099, dentro del juicio No. 09332-2019-08056, tramitado en la Unidad Judicial Civil Norte con sede en Guayaquil. Sin embargo, el denunciante sostiene que no existen facturas ni un contrato de honorarios que respalden esos valores y asegura que dicho pasivo tampoco constaba registrado en los estados financieros de la firma.

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Segundo desembolso

Respecto al segundo desembolso realizado por el Estado, Alarcón solicita que la Fiscalía determine cuál fue el destino de esos recursos. Su pedido se sustenta en que 13 meses después de la suscripción del acuerdo de pago, la SuperCías dispuso la cancelación definitiva de Zofragua S. A.

Mediante la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2025-00000984, el intendente nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, ordenó la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil, junto con otras 15 compañías. La decisión se fundamentó en que la declaratoria de disolución de esas empresas había sido emitida al menos siete años antes, conforme a lo establecido en la Disposición General Segunda de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías.

Zofragua S. A. fue inscrita el 11 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Según la resolución de la SuperCías, la firma ocupaba el séptimo lugar en el listado de 15 empresas cuya cancelación fue ordenada.

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Los activos que desaparecieron de los balances

A las interrogantes sobre el destino de los recursos transferidos por el Estado se suma otra inconsistencia detectada en la documentación de Zofragua S. A.: la aparente desaparición de sus activos, pasivos y patrimonio. Según la resolución suscrita por César Poveda Valdivieso, el liquidador Carlos Cadena Asencio presentó en julio de 2023 un balance inicial, con corte al 28 de febrero de 2019, en el que todos esos rubros constaban en cero.

Sin embargo, los estados financieros correspondientes a 2010 reflejaban una realidad distinta. Para entonces, la compañía registraba activos por $3’563.152,46, pasivos por el mismo monto y un patrimonio de $42.125,90, una diferencia que el denunciante considera clave para determinar qué ocurrió con los bienes y obligaciones de la empresa antes de su cancelación

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Los involucrados no respondieron

EXPRESO solicitó una entrevista a Cadena Asencio, Plaza Verduga e Idrovo Murillo mediante correos electrónicos enviados a sus direcciones registradas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Falconí indicó que su abogado, Andrés Salazar, atendería las consultas que no fueron resueltas hasta el cierre de la publicación.

Lo que debes saber

• Agrocalidad tenía evidencia científica del arribo de la bacteria desde septiembre de 2025 y firmó una resolución de emergencia el 10 de noviembre de ese año. Sin embargo, confirmó públicamente el 10 de junio de 2026.
• Agrocalidad dice haber capacitado a 268 agricultores en 15 eventos. Pero se estima que solo en zonas productivas de café hay alrededor de 100.000 familias repartidas en 23 provincias.
• Los arándanos —cultivo susceptible ante la Xylella— generaron exportaciones por alrededor $3,94 millones en 2025, con Estados Unidos como destino del 85% del volumen.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó la noche del 10 de junio la presencia de Xylella fastidiosa en las provincias de Zamora Chinchipe, El Oro y Loja. Esta bacteria es considerada una de las más peligrosas del mundo para la producción agrícola, ya que es capaz de afectar a cultivos como café, arándano, cítricos y otros.

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El anuncio se produjo tres días después de que Diario EXPRESO publicara una serie de noticias sobre la bacteria, que generó reacciones en el sector productivo que pide socialización y presencia real del Estado en el campo.

Desde el cantón Puyango, en Loja, el ingeniero agrónomo Vicente Cárdenas fue uno de los primeros productores en compartir su preocupación. Indicó que se enteró de la Xylella a través de comentarios y la difusión de la noticia en su comunidad.

De manera general, señaló que los productores de la zona desconocen del tema: “Aquí en Puyango, yo no conozco si ha habido alguna capacitación”, afirmó. Asimismo, adelantó que él mismo se encargaría de difundir la información en los medios locales, ya que todavía existen muchas interrogantes y es necesario que los productores conozcan del tema.

La situación del sector cafetero

Para Cárdenas, la llegada de la Xylella no puede entenderse fuera del contexto de abandono sistemático que ha sufrido este sector durante décadas. El retroceso ha sido significativo: Ecuador pasó de tener 550.000 hectáreas cultivadas de café a apenas 25.000, y de producir tres millones de sacos anuales a poco más de 100.000 en 2025.

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En su criterio, entes como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) actualmente tiene limitada su capacidad investigativa y de acompañamiento en territorio. A ello se suma la desaparición de organismos y mecanismos que sostenían al sector. “No tenemos el Consejo Cafetero, que brindaba capacitación, tampoco existen créditos enfocados para este tipo de cultivo. Con la derogación de la ley del sector cafetero en 2013, desaparecieron también los créditos blandos. ¿Qué puede hacer el agricultor cafetero?”, cuestionó. 

Considerando aquello Cárdenas explica la acción inicial y sostenida para afrontar a la bacteria debe basarse en: brigadas de capacitación técnica lideradas por la agencia. “Agrocalidad primero debe capacitar a todos los técnicos. Y si no tiene personal, tiene que contratar personal, porque el café es un cultivo que actualmente está en apogeo. En el mundo se está consumiendo dos mil millones de tazas diarias de café —cifra de la Asociación Británica del Café—”, señaló. 

Refuerza su argumento señalando que la Xylella tendrá un impacto más severo en los cultivos que presentan deficiencias de manejo agronómico y en la capacidad de respuesta ante plagas. En ese contexto, estima que “entre el 90 y el 95 % de los productores no maneja técnicamente sus cafetales”.

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¿Qué dice Agrocalidad?

Mientras los productores hablan de ausencia, Agrocalidad presenta cifras del seguimiento a la bacteria. La agencia señala que entre enero y mayo de 2026 realizó más de 1.200 monitoreos y tomas de muestras para diagnóstico de laboratorio, con ocho resultados positivos para la plaga. Esta labor “permitió la erradicación de 219 plantas afectadas, así como el control de vectores y el manejo de malezas en las zonas intervenidas”.

Como parte de la estrategia preventiva, la entidad indica que “ha fortalecido la supervisión de centros de propagación vegetal, emitiendo 181 certificados para viveros”, buscando garantizar que el material vegetal circule bajo condiciones fitosanitarias adecuadas y se reduzca el riesgo de propagación.

Agrocalidad también señala en su comunicado que ha venido impulsando actividades dirigidas a productores y actores de la cadena agrícola, enfocadas en la capacitación y sensibilización. Entre enero y abril, dijo, se desarrollaron 15 eventos técnicos, en los que participaron 268 agricultores, quienes se instruyeron sobre la identificación de síntomas, medidas de manejo, control y notificación oportuna de casos sospechosos. "Gracias a estas intervenciones preventivas y de contención, hasta la fecha no se registran pérdidas económicas significativas ni variaciones relevantes en los niveles de producción agrícola asociadas a la presencia de la plaga", concluye.

No obstante, Cárdenas señala que existen aproximadamente 100.000 familias cafeteras distribuidas en 23 provincias del Ecuador, de manera que esa cifra resulta limitada. Además, sostiene que la respuesta frente a Xylella no puede recaer solo en Agrocalidad, sino que requiere una acción encabezada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para respaldar la prevención y mitigación en el agro.

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Sector agroexportador

La preocupación no es exclusiva del sector cafetero. El arándano es otro de los cultivos identificados por Agrocalidad como hospedero de Xylella, lo que no implica la existencia de casos reportados, sino su susceptibilidad a la plaga. Las exportaciones de esta fruta no tradicional han presentado un importante crecimiento. Pese a una caída en el volumen exportado de los arándanos mantuvieron su dinamismo comercial. Según cifras del Banco Central del Ecuador en 2025, el país exportó 648 toneladas métricas por un valor FOB de $3,94 millones, frente a las 758 toneladas y $3,92 millones registradas en 2024. El incremento en los precios permitió compensar la reducción de los envíos.

Alvaro Cobo, gerente general de Nobis Fruit Company —empresa exportadora de frutas en la que el arándano destaca—, afirma que no han recibido información oficial por parte de la agencia y considera que más allá de generar preocupación es esencial que las autoridad fitosanitaria difunda los hallazgos que obtuvo. “Para quienes estamos vinculados a la producción agrícola, siempre es importante recibir información clara y oportuna sobre cualquier situación fitosanitaria que pueda representar un riesgo para los cultivos”, señaló.

En este contexto, el pedido de datos oficiales, orientación técnica y equipos en campo emerge como un punto de coincidencia entre distintos actores del sector agrícola. Para Cobo, la respuesta frente a la Xylella fastidiosa requerirá comunicación efectiva por parte de las autoridades que permita anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta en el campo. “Desde el sector productivo estaremos abiertos a recibir información que contribuya a proteger la sanidad agrícola y la sostenibilidad de nuestras operaciones”, concluyó.

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Nancy Valles y Jonathan Yanchaguano viven en el sector de La Mena del Hierro. El martes 9 de junio visitaron la sede de Cotocollao del Colegio Innova Schools, una red educativa de origen peruano que llegó a Ecuador hace dos años y medio y que hoy cuenta con seis sedes en la capital y una en Guayaquil, además de tener presencia en México y Colombia.

“Estamos indecisos”, admite la pareja. Han visitado ya tres o cuatro planteles. “Es la primera vez. Buscamos un lugar donde cuiden y enseñen bien a nuestra hija Mía, de tres años y seis meses”, explica el padre.

En una ciudad con más de 800 instituciones particulares, la oferta es amplía. Las pensiones mensuales van de menos de $100 hasta más de $2.000. Pero eso vuelve más complejo el proceso de elección. 

Se trata de una decisión vital, que implica sopesar expectativas académicas, de cuidado y seguridad; la ubicación y las necesidades específicas de inclusión.

Lo que dice una psicóloga sobre la elección de colegio

La psicóloga y directora de la escuela Franklin Roosevelt, Marcela Vilamar, señala que al elegir un plantel, los padres deberían priorizar un entorno que favorezca el bienestar integral de sus hijos. “Debe ser un espacio en donde puedan ser felices, desarrollarse y proyectarse”.

El plantel, sugiere, no solo debe garantizar seguridad, sino también promover el desarrollo de competencias y habilidades más allá del conocimiento académico. 

Esto incluye fortalecer destrezas blandas, la capacidad de resolver problemas cotidianos, la gestión emocional y la empatía. 

Villamar subraya que una educación de calidad debe ser inclusiva y formar personas íntegras, capaces de adaptarse a distintos escenarios, tomar decisiones y avanzar con alternativas (con un plan A, B o C) frente a los desafíos de la vida.

Marco y su esposa dieron con el Seneca al buscar un colegio para su hijo Gabriel (nombres protegidos, a pedido de la familia), quien empezará el primero de bachillerato. Tiene un porcentaje de discapacidad auditiva y les recomendaron el plantel porque es inclusivo y en cada aula hay pocos estudiantes (unos 15). 

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Los espacios verdes, así como la posibilidad de que su hijo pase un día con quienes serán sus compañeros en septiembre, hizo que se decidieran. “Mi hijo está feliz”.

El interés por la enseñanza de idiomas

A ese conjunto de criterios se suma otro interés de algunas familias: que sus hijos aprendan más de un idioma, no solo inglés. En esa línea, Tanya Fuchs, directora del Naledsyel Schule, explica que su proyecto está pensado para quienes buscan “más puertas y oportunidades” para sus hijos.

“El alemán representa una gran ventaja académica, profesional y cultural”, anota. Explica que aprender un tercer idioma estimula los hemisferios cerebrales y las sinapsis, y que muchos padres valoran la posibilidad de acceder a certificados oficiales y a intercambios culturales. 

“Piensan seguir sus estudios en Alemania, dada la apertura del Gobierno. El primer paso es tener el idioma”.Tanya Fuchs/ directora del Naledsyel Schule

Las aulas son de 12 estudiantes, un paralelo por grado. “Las familias valoran un ambiente amigable, sano, pequeño y seguro”, sostiene.

Entre otros temas, los padres preguntan sobre el acompañamiento emocional, manejo del bullying, dinámica dentro del aula, tamaño de los grupos y enseñanza de idiomas.

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A los padres también les preocupa la seguridad. El centro, como otros, cuenta con circuito cerrado de cámaras. Y piden especificar cómo se apoya a estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. 

Otra duda frecuente es si los hijos podrán adaptarse al alemán o si la exigencia académica será demasiado alta. “Pero lo que más inquieta es saber si su hijo va a ser feliz”.

Lo que dicen los padres de familia

Malu Camacho, madre de familia de ese plantel, coincide en que se trata de una elección compleja porque incide en el desarrollo de los hijos. 

Ella se decidió por ese plantel por la ubicación (para ahorrarse 40 minutos en traslados), la metodología, la posibilidad de que sean trilingües, que se use el ajedrez para que aprendan a ser pacientes, estrategas y a ver más allá, así como el número de alumnos por aula y el manejo de las emociones con apoyo de psicólogos a nivel familiar.

Viviana Bonilla buscó un nuevo espacio para Evan Amores, de 9 años, quien pasará a sexto de básica. “Me agrada la metodología (de Innova Schools): es dinámica, respetan el ritmo de cada niño y dicen que los forman para ser críticos y seguros. A mi hijo le gustó”. 

El plantel le queda a ocho minutos en bus o a 20 caminando. Anota que buscaban un cambio desde las vacaciones del año lectivo anterior.

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La búsqueda de planteles se mantiene hasta septiembre del 2026

Marcelo Suárez, gerente comercial de Innova Schools, explica que en Quito el proceso de admisiones se extiende hasta septiembre, cuando inicia el siguiente año escolar. 

Entre junio y agosto se inscriben entre el 20 % y el 25 % de los alumnos y que en este periodo varios colegios intensifican su pauta digital, comenta. “Muchos padres toman la decisión en los últimos meses de clases. Buscan contrastar lo que ven en la publicidad con visitas y varias preguntas”.

Cifras sobre planteles en la capital

En la urbe hay 572.472 estudiantes en escuelas y colegios y 1.447 planteles. De ellos, 875 son particulares, 52 fiscomisionales, 35 municipales y 485 fiscales.