Lo que debes saber

• Luis Fernando Suárez dirigió a Ecuador en el Mundial de Alemania 2026, donde avanzó hasta los octavos de final.
• El estratega colombiano fue entrenador de las selecciones de Honduras y Costa Rica.
• Es la primera vez que la selección de Curazao participa en una Copa del Mundo.

Para el seleccionador de La Tricolor en el Campeonato Mundial Alemania 2006, Luis Fernando Suárez, el combinado nacional “no debe pensar que va a ganar fácil a Curazao”, siguiente rival por el Grupo E.

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Con conocimiento pleno de lo que son los centroamericanos por haber dirigido a las selecciones de Honduras y Costa Rica, el director técnico colombiano, en diálogo con diario EXPRESO, analizó a los adiestrados por el neerlandés Dick Advocaat.

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De arranque se mostró sorprendido por la contundente derrota (1-7) que sufrieron ante Alemania. “Esperaba más de Curazao; lógicamente no esperaba que ganara, pero no que fuera un resultado con una diferencia tan grande entre uno y otro”, dijo.

Suárez basó su aseveración en que “su nivel de juego es distinto al que mostró frente a Alemania; quizás pesó en los jugadores la exigencia, sobre todo mental, que representa estar en un Mundial”.

Con la selección de Costa Rica, el cafetero enfrentó al combinado centroamericano en una ocasión y venció por 2-1; sin embargo, su recorrido por Centroamérica permite que pueda emitir un certero criterio sobre el siguiente rival de Ecuador.

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“La mayoría de los jugadores de Curazao militan en la primera o segunda división de Países Bajos y el técnico que tienen no es un pintado en la pared, sino es Dick Advocaat, así que hay que mirarlos con otros ojos y cautela”, señaló el cafetero.

El partido entre ecuatorianos y curazoleños está programado para este sábado 20 de junio, desde las 19:00 en Kansas City. El árbitro chino Ning Ma fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro.

Recomendaciones ante Curazao

Más allá de pensar en las fortalezas de los curazoleños para el entrenador, que llevó a Ecuador a su mejor participación en un Mundial, los octavos de final en Alemania 2006, el equipo de Sebastián Beccacece debería pensar en su planteamiento.

“Lo más importante es que en cada partido uno tiene que vencerse a uno mismo para después superar a los demás, y eso se logra siendo consciente de qué es lo que tiene, de qué es lo que no tiene y de alguna manera responder a la exigencia que te da el equipo contrario; si uno está atento a ello, seguramente se puede conseguir un buen resultado”, enfatizó.

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Además, recomendó que Ecuador debe “seguir siendo sólido en defensa y después, cuando haya la posibilidad de marcar, hacerlo. En el partido con Costa de Marfil, dentro de las situaciones que uno veía, era que el equipo tuvo la pelota cuando debía tenerla, pero después no supo solucionar en el último cuarto de cancha y eso debe corregir”.

Posibilidades de clasificar

Para el actual comentarista de televisión, la selección ecuatoriana aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente ronda, como uno de los ocho mejores terceros.

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“Hay dos partidos (Alemania y Curazao) todavía por jugar. Todo el mundo pensaba, y me incluyo, que este primer partido contra Costa de Marfil era el más importante. Era contra quienes íbamos a disputar uno de los dos cupos directos. Pero ya cuando se pierde, hay que pensar en los próximos y sobre todo en este ante Curazao”, detalló.

Las claves que debes saber

• Quito activa plan ante El Niño y sequía.
• COE analiza contingencia y recuperación de Blanco Chico este viernes.
• Papallacta reforzará suministro de agua para 50% de la ciudad.

La inminente llegada del fenómeno climático de El Niño al Ecuador activó a las autoridades nacionales y locales. En el caso de Quito, las previsiones apuntan a un escenario de sequía que podría afectar la disponibilidad de agua potable y aumentar el riesgo de incendios forestales.

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Ante este panorama, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos solicitó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) la elaboración y entrega de planes de acción para enfrentar los posibles impactos del fenómeno climático. En respuesta, el Municipio de Quito tiene listo su plan de contingencia, que será analizado este viernes 19 de junio de 2026 por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano antes de ser remitido al organismo nacional.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó el jueves 18 que la principal preocupación para la capital es la posible reducción de las precipitaciones durante los próximos meses. Según indicó, una de las prioridades es fortalecer la capacidad de almacenamiento y reserva de agua para evitar problemas de abastecimiento a la población.

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“Lo que tenemos que hacer es incrementar la capacidad de reserva para que no exista desabastecimiento ni afectaciones en la dotación del servicio”, señaló el burgomaestre.

El plan ante el fenómeno de El Niño

Uno de los ejes de esta estrategia se concentra en el sistema Papallacta, ubicado al suroriente de Quito. Este es considerado como el más importante para el suministro de agua potable de la urbe y abastece a cerca de la mitad de la población.

Muñoz recordó que en 2021 colapsó la estructura de captación de Blanco Chico, que forma parte del embalse Salve Faccha, infraestructura clave que permitía incorporar alrededor de 700 litros por segundo al sistema de abastecimiento y que se vio afectada por las fuertes lluvias. La recuperación de esta obra se ha convertido en una prioridad y se prevé que esté lista a finales de mes.

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Repuperar la estructura de captación

La intervención tiene un costo aproximado de 700.000 dólares y permitirá restablecer el caudal perdido para alimentar el embalse de Papallacta. Según Muñoz, esta recuperación fortalecerá la capacidad del sistema para afrontar una eventual temporada seca.

“Con la obra de Blanco Chico recuperaremos 700 litros por segundo para alimentar el embalse de Papallacta y fortalecer todo el sistema. Eso nos da suficiencia si se presenta una época seca, como señalan las previsiones”, declaró.

Durante la sesión del COE capitalino también se analizará el Plan Fuego, que contempla acciones preventivas y de respuesta frente a posibles emergencias forestales.

Estas acciones buscan evitar situaciones como las registradas en 2024, cuando la falta de precipitaciones durante cerca de dos meses provocó restricciones en el suministro de agua. En ese entonces, más de 100 barrios del centro y sur experimentaron cortes que superaron las ocho horas diarias.

Otras medidas para dotar de agua a Quito

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la gerente de Operaciones, Johanna Patiño, aseguró que tras aquella crisis se han implementado medidas para fortalecer el sistema de distribución y reducir los efectos de futuras sequías.

La experta explicó que en los últimos dos años se ha trabajado en el aumento del diámetro de varias tuberías para mejorar la capacidad de conducción y distribución del líquido vital, especialmente hacia los sectores más elevados de la urbe, donde se registran mayores dificultades de abastecimiento.

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A estas acciones se suma la adquisición de diez nuevos tanqueros, lo que elevó a 16 vehículos la flota disponible para atender emergencias. Además, la empresa mantiene contratos con operadores privados para reforzar el transporte de agua en caso de ser necesario.

Patiño indicó que también se ejecutan trabajos para recuperar y mantener los niveles de los tanques de distribución en las zonas más vulnerables, así como la construcción y adecuación de nuevas redes que permitan una respuesta más eficiente ante eventuales escenarios de escasez.

La funcionaria mencionó que actualmente la cobertura de agua potable en Quito alcanza el 95%, mientras que el suministro está garantizado para más del 90% de la población. Sin embargo, reconoció que alrededor del 10% de los habitantes, principalmente aquellos ubicados en zonas altas y periféricas, podrían enfrentar mayores riesgos ante una sequía prolongada.

Por ello, dijo que las acciones de prevención y contingencia se concentran especialmente en esos sectores y requieren una coordinación permanente con los gobiernos parroquiales y otros actores locales.

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Las claves del caso

• Informe alerta que mafias expanden minería ilegal y narcotráfico en la Amazonía de seis países.
• Grupos criminales reclutan jóvenes indígenas donde persisten pobreza y ausencia estatal.
• Expertos piden cooperación regional para frenar violencia y destrucción ambiental amazónica.

Por décadas, la Amazonía fue observada principalmente como una reserva estratégica de biodiversidad y un regulador climático global. Hoy, además de enfrentar la presión de la deforestación y el cambio climático, la región se ha convertido en uno de los principales escenarios de expansión del crimen organizado transnacional.

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El narcotráfico, la minería ilegal, la tala clandestina y el tráfico de fauna ya no operan como economías separadas. Actualmente forman parte de una misma red criminal que avanza sobre territorios indígenas, controla rutas comerciales y desafía la autoridad de los Estados.

La violencia amazónica dejó de ser un fenómeno localizado para convertirse en una crisis regional que involucra a Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Lo que ocurre en la selva ya no puede explicarse únicamente por la presencia de cultivos ilícitos o laboratorios de cocaína. 

Las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos y hoy explotan simultáneamente la minería ilegal, el tráfico de madera, el acaparamiento de tierras, el tráfico de especies y el control de corredores fluviales.

La combinación de estas actividades les permite generar enormes ganancias y mantener una presencia permanente en territorios donde el Estado apenas existe.

El avance de las mafias sobre la selva

La expansión de grupos criminales brasileños es uno de los fenómenos que más preocupa a los investigadores. Para Hugo Acero, experto colombiano en seguridad, defensa y justicia, el fenómeno ya opera a escala transnacional.

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“Hoy existe un nivel de coordinación entre los distintos grupos mafiosos de los países, pero no existe un nivel similar de coordinación entre los gobiernos que comparten la Amazonía”, explica.

Acero identifica al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil, como uno de los principales actores en la expansión de economías ilegales vinculadas al oro, el narcotráfico y el control territorial.

“La cocaína y la marihuana producidas en distintos territorios se movilizan por ríos, trochas y carreteras que las propias organizaciones construyen. Para hacerlo necesitan ocupar territorio, abrir rutas y destruir parte de la selva”, sostiene.

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¿Qué opinan los expertos?

El analista en seguridad y crimen organizado Fernando Camacho ha advertido en diversos estudios que las cifras agregadas pueden ocultar dinámicas territoriales más complejas. “La violencia no desaparece, se redistribuye”, señala. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la Amazonía.

En numerosos territorios, los grupos criminales cobran extorsiones, regulan el transporte fluvial, controlan el acceso a comunidades y establecen mecanismos informales de justicia. En la práctica, ejercen funciones que tradicionalmente corresponden al Estado.

La situación es especialmente grave en zonas fronterizas como la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, donde las organizaciones aprovechan la fragmentación institucional y las diferencias legales para moverse entre jurisdicciones con relativa facilidad.

“Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente”, advierte un informe de International Crisis Group.

Las consecuencias son visibles: desplazamientos forzados, amenazas contra líderes comunitarios, violencia hacia defensores ambientales y crecientes restricciones a la movilidad de las poblaciones locales.

Las claves que debes saber

• Elecciones 2026: 231 organizaciones competirán en Ecuador; alta fragmentación reduce competencia real.
• CNE registra 2,83 millones de afiliados, pero partidos no logran votos significativos en elecciones.
• Exceso de candidaturas fragmenta el voto y favorece a estructuras políticas tradicionales en Ecuador

En noviembre de 2026, los ecuatorianos irán a las urnas como siempre, con más candidatos de los que nadie puede recordar y menos competencia real de la que parece. Esta vez, 231 organizaciones políticas habilitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se disputarán las elecciones seccionales. Doscientas treinta y una. 

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El número suena a vitalidad democrática, a ciudadanía organizada, a pluralismo. Pero Ecuador no tiene más democracia porque tenga más partidos. Tiene más ruido.

Los números no mienten, aunque sí pueden engañar. Según el CNE, 2,83 millones de ecuatorianos figuran formalmente como militantes o adherentes de alguna organización política. Casi tres millones de personas con carné, con registro, con filiación. 

Y aun así, buena parte de esas organizaciones llegan a las elecciones y desaparecen sin pena ni gloria, incapaces de convencer ni a sus propios miembros de marcar su nombre en la papeleta. La membresía existe en el papel. Los votos, no tanto.

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El bajo rendimiento de los candidatos en Ecuador

En 2021, de los 16 candidatos que compitieron por la Presidencia de Ecuador, siete no alcanzaron ni el 1% de los votos válidos. Estaban en la papeleta, pero no en la disputa real.

Ahí está la clave del problema, en la brecha entre fragmentación nominal y competencia efectiva. Una cosa es contar cuántos candidatos aparecen en la papeleta. Otra, muy distinta, es medir cuántos de ellos realmente se reparten los votos de manera significativa. 

El Índice de Número Efectivo de Candidatos (NEC) hace precisamente eso: pondera a cada candidato según su peso electoral real, y el resultado suele ser mucho más modesto que el número bruto de participantes.

El efecto de una gran cantidad de candidatos

Entre 2004 y 2023, el número de candidatos por provincia casi se duplicó con un pico en 2019, cuando algunos territorios superaron los veinte postulantes, pero la competencia real apenas se movió. El NEC, el índice que mide cuántos candidatos verdaderamente se disputan los votos, pasó de dos a cuatro en ese mismo período, frente a los veinte candidatos que llegó a haber, por ejemplo, en Santa Elena.

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Lo que este fenómeno revela tiene consecuencias directas sobre la calidad de la democracia. Cuando el voto se pulveriza entre docenas de candidatos sin peso real, quienes tienen estructura y recursos (los actores consolidados, las maquinarias territoriales, los apellidos conocidos) salen favorecidos. 

La proliferación de candidaturas pequeñas no democratiza la competencia, la distorsiona. Fragmenta el voto opositor, diluye las alternativas y, paradójicamente, puede terminar beneficiando a los mismos de siempre.

CNE aplicó cambios que no tocaron el problema

El CNE ha intentado poner algo de orden. En abril de 2026, publicó en el Registro Oficial una reforma al reglamento de calificación de candidaturas que endurece los requisitos de pertenencia territorial: quien quiera postularse deberá demostrar, mediante declaración juramentada ante notario, que ha vivido de forma ininterrumpida en la circunscripción durante los dos años previos a su inscripción. 

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Son medidas que regulan quién entra en las listas y cómo se componen. Pero no tocan el fondo del problema: no reducen cuántas organizaciones pueden presentarse. El sistema premia la presencia, no la representación.

Con 231 organizaciones en carrera para noviembre, el ecosistema político ecuatoriano se prepara para otra temporada de ruido ensordecedor y competencia efectiva escasa. Doce reformas al Código de la Democracia, cuatro presidentes en 16 años y el resultado es este: más ruido, misma democracia.

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Lo que debes saber

• El Mundial 2026 se ha convertido en el principal motor de las apuestas deportivas en Ecuador, un mercado que ya vendió más de $134 millones en 2025 y que concentra el 94% del negocio en apenas tres plataformas.
  
• La nueva Ley del Deporte sacó al sector de la zona gris: ahora exige licencias, registro de cada usuario y una retención inmediata del 15% sobre cada premio ganado.
  
• El auge convive con un riesgo de salud pública que los expertos llaman pandemia silenciosa: la ludopatía afecta hasta al 16% de los adultos y al 27% de los adolescentes que usan estas plataformas.
  

Sebastián Montúfar nunca ha pisado un local de apuestas. Le basta el celular: se registró con una foto de su cédula, vinculó una cuenta bancaria y, desde entonces, juega cuando hay un partido que le interesa.

Con sus amigos arma apuestas combinadas de cinco o seis encuentros: cada uno pone $10 y, si aciertan todos los partidos, se reparten el premio.

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Sebastián representa a una generación de aficionados que vive el Mundial 2026 también desde la jugada. Con el Mundial, las apuestas se disparan: "en esta época hay muchas más porque hay muchos más partidos", afirmó.

Él, en cambio, juega cada vez con más prudencia: antes apostaba una vez por semana y hoy lo hace una vez al mes, con apenas $10 y más por diversión que por ganar. La razón la tiene clara: al hacer cuentas del año con sus amigos, "casi todos salimos en pérdida", dijo.

En las apuestas deportivas, cada resultado posible tiene una cuota que decide cuánto se gana. Esa cuota depende de dos cosas: 

Cuando muchos respaldan al favorito, la casa recorta su cuota y el premio baja. Sebastián lo explica con un ejemplo del Mundial: apostar $1 a que gana España ante Cabo Verde —lo esperable, y donde se concentran casi todas las apuestas— devuelve apenas centavos de ganancia.

En cambio, arriesgar ese mismo dólar a que gana Cabo Verde y acertar puede dejar hasta $30. Esa posibilidad de ganar mucho con poco, repetida partido tras partido, sostiene un negocio que en Ecuador ya mueve cifras de peso.

A esa lógica se suma la enorme variedad de jugadas: más allá del marcador, se puede apostar a los goles, a las tarjetas o a los tiros de esquina.

En plataformas internacionales se puede ir aún más lejos, hasta apostar a que un espectador invada la cancha. Esa oferta mantiene al usuario pendiente durante los 90 minutos.

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¿Cuánto mueve realmente el negocio?

Las plataformas de pronósticos deportivos vendieron más de $134 millones en 2025.

Un análisis del economista Alberto Acosta Burneo, basado en la Matriz Insumo Producto del Banco Central, calcula que el sector genera $252 millones en producción, $119 millones en valor agregado y más de 22 mil empleos directos e indirectos.

El mercado está en pocas manos. Tres operadores concentran cerca del 94% de la actividad formal: 

Esa actividad ya deja al Estado alrededor de $18 millones en impuestos al año, entre tributos al valor agregado, a la renta y retenciones sobre premios.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) registra 65 contribuyentes ligados a los pronósticos, aunque el número real es mayor por las plataformas que aún operan fuera del catastro. Para Acosta, el verdadero problema no es que las apuestas existan, sino la informalidad.

Para el economista, prohibir no elimina la demanda:solo la traslada a operadores ilegales o a plataformas extranjeras fuera del alcance del Estado, advirtió en su informe.

Y la tendencia es mundial: el mercado en línea pasaría de $76.750 millones en 2021 a más de $167.660 millones en 2029. En Colombia el negocio creció más del 300% tras regularse y Brasil recaudó cerca de $1.864 millones en su primer año formal.

El propio Mundial mueve la economía global. Organismos internacionales calculan que en 2026 podría aportar más de $40.900 millones al Producto Interno Bruto mundial, un reflejo de la magnitud de un evento capaz de movilizar a millones de personas.

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¿Qué cambia con la nueva ley?

Hay un matiz legal que pocos usuarios notan. En Ecuador, la apuesta de puro azar no está permitida; lo legal es el pronóstico deportivo, que se apoya en probabilidades y estadísticas, explicó Martín Ávila, director de deportes de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

En la práctica, el usuario lo vive como lo mismo: dinero puesto sobre un resultado.

Hasta hace poco esa frontera era una zona gris. La nueva Ley del Deporte rige desde febrero y obliga a las casas de pronósticos a operar con licencia anual, registrar a cada usuario y verificar su residencia. Las operadoras tienen seis meses para completar ese proceso.

También entra la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para frenar el lavado de activos y se prohíbe la publicidad con influencers. El cambio más sensible llega al bolsillo: el nuevo esquema retiene de inmediato el 15% de cada premio ganado.

"Dejó de ser una actividad marginal", afirmó Ávila, y precisó que 12 de los 16 equipos de la Serie A se sostienen con auspicios de estas plataformas. La propia Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene contrato con Ecuabet.

Donde antes había marcas de cigarrillos o gaseosas, hoy hay casas de apuestas: sin ellas, dijo, el fútbol profesional no funcionaría igual.

¿Cómo seducen al apostador?

Las plataformas compiten por el bolsillo del hincha. Ecuabet lanzó una campaña mundialista con más de $500.000 en premios, una Polla Tricolor que reparte $30.000 y hasta diez viajes al Mundial con gastos pagados.

"Hoy los aficionados no solo quieren ver los partidos; buscan vivir experiencias", dijo su gerente de marketing, Patricio Jaramillo.

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¿Cuál es el lado oscuro?

Ese mismo auge tiene una cara menos visible. Ávila la llama una "pandemia silenciosa": reportes internacionales estiman entre 80 y 100 millones de adultos con ludopatía en el mundo.

Los estudios clínicos hablan de un 16% de adultos y un 27% de adolescentes con conductas de riesgo. La adicción, advirtió, dispara ansiedad, depresión y problemas familiares.

La conquista del usuario ocurre en la pantalla. "El casino se volvió el celular", afirmó: la publicidad personalizada, los bonos de inicio y el patrocinio en redes acercan la jugada a cualquier mano y a cualquier hora.

A eso se suma el amaño de partidos, una economía ilícita que en Ecuador ya dejó muertes y que presiona sobre todo a las categorías inferiores.

La experiencia de la región anticipa el patrón. Un apostador mexicano, que pidió reserva, empezó destinando unos $25 al mes "para meterle más emoción" al fútbol, y al principio hasta ganaba: una vez convirtió $5 en unos $150.

Pero la racha se acabó. Cuando empezó a perder y se quedaba sin dinero en la primera semana, le daban ganas de seguir jugando para intentar recuperar lo apostado.

En su país, dijo, las plataformas se multiplicaron y el bombardeo de bonos, influencers y comerciales "está muy severo".

Otros países convirtieron ese dinero en oportunidad. Corea del Sur, por ejemplo, reinvirtió lo recaudado por las apuestas reguladas en su sistema deportivo tras los Juegos Olímpicos.

La Constitución ecuatoriana, además, define las adicciones como un problema de salud pública y obliga al Estado a prevenirlas.

El Mundial 2026 será un punto de inflexión. La duda de fondo es si ese crecimiento ocurrirá dentro de un mercado formal que recaude y proteja, o fuera de él. Mientras tanto, el consejo de aquel apostador mexicano resume el dilema: tratarlo "como una noche de fiesta", gastar solo lo de una cena y olvidarlo.

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Según datos de la encuesta de percepción ciudadana de Quito Cómo Vamos 2025, alrededor del 64% de los quiteños todavía utilizan transporte público, incluyendo el sistema municipal, el transporte convencional y el metro. Sin embargo, las cifras muestran una disminución progresiva en la cantidad de usuarios, especialmente en los sistemas de superficie como el trolebús, la ecovía y los buses convencionales.

Transporte público pierde usuarios en Quito

La experiencia de Karina Erazo muestra una realidad que comparten varios usuarios. Durante un viaje en bus por El Recreo fue víctima del robo de su teléfono celular. A partir de ese momento decidió cambiar sus hábitos de movilidad. “Ahora uso el metro, aunque para llegar a una estación debo tomar un taxi. También utilizo aplicaciones de transporte. A veces es mejor que sufra la plata”, comenta.

El transporte convencional todavía no logra recuperar los niveles de pasajeros que tenía antes de la pandemia. Jorge Yánez, representante de Unitrans, explica que antes del covid-19 cada unidad transportaba en promedio 850 pasajeros diarios. “Cuando salimos del confinamiento el promedio cayó a 200. Poco a poco se ha recuperado, pero actualmente estamos en alrededor de 650 pasajeros diarios”, señala.

Para Yánez, uno de los desafíos es lograr que las rutas sean financieramente sostenibles. Dentro del debate de la nueva ordenanza que se analiza en la Comisión de Movilidad, se plantea gestionar la demanda de una manera más óptima.

La propuesta incluye redistribuir las rutas utilizando indicadores técnicos como el índice pasajero-kilómetro. El objetivo es que más recorridos alcancen su punto de equilibrio financiero y que la diferencia entre la tarifa social que paga el usuario y la tarifa técnica que implica operar el servicio no represente una carga para el Municipio.

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Metro crece mientras trolebús y Ecovía retroceden

La disminución también se refleja en los sistemas municipales. De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida 2025 de Quito Cómo Vamos, elaborado con datos de la Empresa de Pasajeros Quito, durante 2024 el trolebús movilizó un promedio de 166.645 pasajeros por día, mientras que la ecovía registró 151.019 usuarios diarios.

Las cifras representaron una disminución del 2% y 9,5% respectivamente frente a los registros de 2023. Solo el metro de Quito alcanzó un promedio de 148.700 viajes diarios en 2024, consolidándose como el único sistema municipal que mostró crecimiento.

Sin embargo, la tendencia descendente continuó en 2025. El trole registró un promedio de 106.115 viajes diarios y la ecovía 100.767, evidenciando que la pérdida de pasajeros se mantiene.

Motos, taxis y aplicaciones ganan terreno

Jaime Mendoza, coordinador de Quito Cómo Vamos, muestra más elementos para entender la reducción. Entre 2023 y 2024 se matricularon aproximadamente 3.000 motocicletas adicionales en la ciudad. Este crecimiento refleja un cambio en las preferencias de movilidad. “La gente quiere un transporte privado, de uso propio. Por la situación económica muchas personas no pueden comprar un automóvil, pero sí una motocicleta, que resulta más asequible”, explica.

Los resultados de la encuesta de percepción respaldan esta hipótesis. Entre 2024 y 2025 aumentó el uso de motocicletas, taxis y plataformas digitales de transporte.

Uno de los incrementos más llamativos se observa en las aplicaciones de transporte de pasajeros. Mientras en 2024 apenas el 1% de los encuestados afirmaba utilizarlas como principal medio de movilidad, en 2025 esa cifra llegó al 3%.

Mendoza señala que es posible inferir que parte de los usuarios que abandonaron el transporte público migraron hacia estas opciones, a pesar de que implican un gasto mayor. “La gente parece que está dispuesta a pagar más por una percepción de mayor seguridad y comodidad”, analiza.

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Inseguridad influye en los hábitos de movilidad

La tendencia preocupa a expertos en movilidad urbana. Gladys Meléndez, coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, dice que Quito enfrenta un crecimiento acelerado del parque automotor, lo cual podría comprometer la sostenibilidad de la ciudad.

Menciona que entre 2019 y 2025 el número de vehículos registrados en la capital aumentó más del 27%. “En 2011 la motocicleta ni siquiera aparecía de manera significativa en la repartición modal de la ciudad. Para 2022 ya representaba el 3,7% de los viajes”, precisa.

Meléndez cuestiona la capacidad física de Quito para absorber ese incremento. “¿Dónde van a entrar todos esos vehículos en un espacio limitado?”, se pregunta.

La activista sostiene que el problema no es únicamente el aumento de carros y motocicletas, sino el impacto que tienen sobre el transporte público. “Se dice que el transporte público es lento, pero muchas veces se queda atrapado por la gran cantidad de vehículos particulares. Se genera más tráfico y eso afecta la eficiencia de los sistemas masivos”, expone.

Por ello, considera necesario replantear la política de movilidad de la ciudad. “La movilidad debe pensarse en cómo mover personas, no vehículos”. Agrega que el transporte masivo es el medio más eficiente para trasladar grandes cantidades de usuarios en menor tiempo.

Entre las medidas prioritarias menciona la implementación de más carriles exclusivos para los buses. Recalca que lo fundamental es garantizar espacio en la vía pública para el transporte.

La seguridad es otro aspecto clave. Meléndez considera necesario retomar programas como Transporte Seguro, con la inclusión de cámaras de vigilancia, monitoreo de velocidad y sistemas de geolocalización en las unidades. Y señala que las estrategias para combatir el acoso y que las unidades sean más seguras deben convertirse en políticas permanentes y no en intervenciones aisladas.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa realizó al menos 14 viajes a EE. UU. entre 2023 y 2026.
• Expertos destacan cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos.
• Analistas cuestionan la falta de información sobre objetivos y resultados de algunas giras.

Los viajes del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos se han convertido en uno de los rasgos más visibles y debatidos de su política exterior. 

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Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario ha mantenido una intensa agenda internacional con un marcado enfoque hacia ese país.

Entre reuniones oficiales, encuentros sobre seguridad, eventos multilaterales e incluso desplazamientos de carácter personal, Noboa ha visitado territorio estadounidense al menos 14 veces entre 2023 y 2026, según un recuento de Ecuador Chequea basado en decretos ejecutivos y registros oficiales.

La frecuencia de estas visitas ha generado cuestionamientos sobre sus objetivos, costos y resultados. Mientras el Gobierno sostiene que la relación con Washington es estratégica para enfrentar la crisis de seguridad y atraer inversiones, expertos consultados coinciden en que el debate ya no se centra en la cantidad de viajes, sino en los beneficios concretos que estos han generado para el país.

La cercanía con Estados Unidos se ha consolidado como uno de los pilares de la política exterior de la administración Noboa. Solo en 2026, el mandatario ha viajado a ese país en al menos cuatro ocasiones, de acuerdo con información oficial.

En varios casos, los decretos presidenciales justifican los desplazamientos por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, aunque sin detallar con precisión las agendas desarrolladas ni los resultados alcanzados. 

La estrategia responde a una visión más amplia de cooperación en seguridad, comercio e inversión. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador y uno de los aliados más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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La crítica: avances, pero con poca claridad

Para Esteban Santos, docente universitario y experto en relaciones internacionales, el problema no radica en la frecuencia de los viajes, sino en la falta de claridad sobre sus objetivos y resultados.

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A su criterio, toda gira presidencial debe responder a una agenda definida y ser comunicada oportunamente a la ciudadanía. Para Santos, las dudas aumentaron después de la consulta popular de 2025, cuando Noboa realizó una visita a Estados Unidos cuya agenda no fue difundida de manera detallada.

“Las reuniones de alto nivel no se organizan de un día para otro. Son procesos que toman tiempo y requieren preparación. El problema ha sido la comunicación”, afirma.

Pese a sus cuestionamientos, el analista reconoce avances en la relación bilateral. Entre ellos destaca las visitas a Ecuador de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, además de la ampliación de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Los beneficios que destacan los expertos en seguridad

Por su parte, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, sostiene que los constantes viajes del presidente forman parte de una estrategia destinada a consolidar a Estados Unidos como socio estratégico de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado.

Pazmiño considera que algunos resultados ya son visibles. Entre ellos menciona el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, el acceso a tecnología especializada, programas de capacitación para las fuerzas de seguridad, el intercambio de información y la presencia operativa de agencias estadounidenses en territorio ecuatoriano.

“Los primeros pasos que ha dado el Gobierno son correctos. Hay mucho por avanzar, pero la cooperación ha aumentado”, asegura.

¿Son suficientes los acuerdos internacionales?

Una posición intermedia plantea el politólogo y analista Mauricio Aguirre. Si bien considera que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el avance del crimen organizado, advierte que “ningún apoyo externo puede sustituir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado ecuatoriano”.

Para Aguirre, la efectividad de cualquier alianza internacional dependerá de la existencia de una estrategia nacional clara, sostenible y capaz de traducir la cooperación externa en resultados concretos para la ciudadanía.

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El balance de los viajes presidenciales

Los registros públicos muestran que Noboa ha realizado al menos 33 viajes internacionales y ha permanecido fuera del país alrededor de 152 días desde que asumió la Presidencia. Estados Unidos concentra la mayor parte de esos desplazamientos.

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La primera salida internacional registrada de Daniel Noboa a bordo del avión presidencial Falcon 7X ocurrió entre el 6 y el 7 de diciembre de 2023, cuando viajó a Nueva York para participar en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Más allá del número de visitas, la discusión se concentra en determinar si la estrecha relación con Washington ha logrado traducirse en mejoras tangibles para Ecuador en áreas como seguridad, cooperación internacional, inversión y fortalecimiento institucional. 

Lo que debes saber 

• Liam, un niño de cuatro años con inmunodeficiencia, enfrenta nuevas complicaciones de salud tras la falta de inmunoglobulina en hospitales públicos. 
  
• Su familia ha debido recaudar fondos para costear un tratamiento vital que puede superar los $1.600 por dosis. 
• Mientras espera estudios genéticos, su madre pide garantizar el acceso a medicamentos para niños con enfermedades raras en Ecuador.

Lo que comenzó como frecuentes problemas respiratorios terminó revelando una enfermedad poco común que ha cambiado por completo la vida de Liam y su familia.

El niño, de cuatro años, fue diagnosticado en este 2026 con una inmunodeficiencia después de pasar varias semanas hospitalizado por infecciones recurrentes que se complicaban con rapidez. Su madre, Adriana Pérez, cuenta que durante años buscaron respuestas para entender por qué cualquier enfermedad terminaba en ingresos hospitalarios. “Siempre llegaba con neumonías de repetición. Veíamos que otros niños se recuperaban en casa, pero él terminaba hospitalizado”.

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Todo fue más crítico en diciembre de 2025 y enero de 2026. Liam ingresó al hospital por una neumonía que derivó en una infección en la sangre. Durante ese periodo pasó varias veces entre la sala de hospitalización y el área de cuidados intensivos.

Diagnóstico tras meses de infecciones recurrentes

Según relata su madre, el niño llegó a ser intubado y enfrentó distintas infecciones bacterianas durante su recuperación. Fue en medio de ese proceso que los especialistas identificaron la inmunodeficiencia.

Ahora vive prácticamente aislado. Si alguien lo visita debe colocarse una bata quirúrgica, cubrezapatos y mascarilla. El alcohol y los desinfectantes se han vuelto esenciales en su casa, ubicada en Oyacoto, norte de Quito.

Tras el diagnóstico, Liam comenzó a recibir inmunoglobulina, que ayuda a fortalecer sus defensas y que debe aplicarse mensualmente.

Falta de inmunoglobulina complica tratamiento

Entonces, la familia enfrentó una nueva dificultad cuando el medicamento dejó de estar disponible en hospitales de la red pública. “Le tocaba colocarse la dosis el 2 de abril, pero ya no había. Ni en hospitales del Ministerio de Salud Pública ni del IESS”, señala Adriana.

La inmunoglobulina tiene un costo que oscila entre los $1.000 y $1.600 por dosis, dependiendo del laboratorio. Ante la falta de abastecimiento, la familia recurrió a organizar rifas y actividades solidarias para reunir el dinero necesario.

Según la madre, después de no recibir la dosis programada para abril, Liam volvió a presentar complicaciones de salud y tuvo que ser hospitalizado nuevamente.

Familia pide garantizar medicinas en hospitales

Por ello, su principal pedido es que las autoridades garanticen el abastecimiento de esta medicina en la red pública. “La inmunoglobulina es un tratamiento vital. Hay muchos niños que la necesitan y no pueden esperar meses para recibirla”.

Además de la inmunodeficiencia, Liam fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los tres años. Tiene una discapacidad psicosocial del 65% reconocida oficialmente.

Su madre explica que presenta dificultades en la interacción social y una alimentación altamente selectiva, aunque también tiene amplias capacidades de aprendizaje.

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Autismo y pasión por la ciencia

Con apenas cuatro años sabe leer, sumar, restar y multiplicar. Además, muestra un especial interés por el sistema solar, los dinosaurios y temas relacionados con la ciencia. “Le encanta aprender. Siempre está preguntando cosas y quiere saber más”, cuenta Adriana.

La familia también debe asumir gastos permanentes de movilización y atención médica. Debido a su condición inmunológica, Liam no puede utilizar transporte público para acudir a consultas o controles médicos.

Actualmente Adriana dedica todo su tiempo al cuidado y educación de su hijo. Entre consultas, medicinas y controles constantes, la prioridad es mantener estable su estado de salud, mientras esperan nuevos estudios genéticos que determinen el origen de su enfermedad.

Se contactó al Ministerio de Salud para consultar sobre el caso de Liam, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que debes saber

• Mientras cientos de personas recorren cada noche sus escalinatas, varios callejones y pasajes permanecen con luminarias apagadas, postes deteriorados y problemas de iluminación.
  
• Documentos del Municipio de Guayaquil reconocen deficiencias en el sistema eléctrico y respaldan un proyecto para reemplazar la iluminación actual por tecnología LED.

La noche cae sobre el cerro Santa Ana y en las escalinatas hay ajetreo. Entre conversaciones sobre el Mundial, turistas que buscan la mejor vista de la ciudad y parejas que ascienden hacia el faro, este ícono turístico parece mostrar su mejor cara. Sin embargo, basta alejarse unos metros del recorrido habitual para descubrir una realidad distinta: luminarias apagadas, postes deteriorados y rincones donde la oscuridad gana terreno. El cerro no se limita a sus 444 escalones.

Al llegar al 124 surge una imagen que rompe con la postal turística. La ficha que marca el escalón 125 desapareció y, junto a él, también parte de la iluminación de una plazoleta donde se levanta el busto de Luis Pérez Merino. Dos mujeres conversan en el lugar y, al ser consultadas por EXPRESO, responden con resignación: “Eso lleva años así”.

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En esa zona permanecen varias luminarias apagadas. Aunque las escalinatas principales cuentan con vigilancia, una residente reconoce que le preocupa que estos espacios oscuros puedan convertirse en puntos utilizados por delincuentes para ingresar o escapar. “Dígale a la guardia que lo acompañe en el callejón de allá (señalando a su derecha)”, acota la mujer.

A simple vista, la iluminación de la ruta principal parece suficiente. Sin embargo, los moradores sostienen que el problema se concentra en los callejones y pasajes laterales que forman parte de la considerada cuna de Guayaquil.

Las Peñas conserva su esencia bohemia y nocturna. Incluso en jornadas tranquilas, decenas de personas continúan subiendo el cerro. Cerca del escalón 260, la música se convierte en protagonista, pero una guardia de seguridad advierte al equipo de este Diario que no abandonen la escalinata. “Guíese por los escalones marcados”, nos dice.

La preocupación por la iluminación no es nueva. Los reclamos se han repetido durante años. Por ejemplo, en mayo de 2023 la Asociación de Negocios del Cerro Santa Ana (ANCSA) remitió un oficio al alcalde solicitando la reparación urgente del sistema de iluminación en el área del faro, ubicado en el escalón 444.

Aunque algunos trabajos han sido ejecutados desde entonces, los moradores consideran que todavía quedan sectores pendientes de intervención.

Municipio de Guayaquil reconoce fallas en el sistema eléctrico

Actualmente, el Municipio impulsa un proceso para fortalecer la infraestructura eléctrica del sector. De acuerdo con la documentación publicada en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), dentro del proceso denominado ‘Repotenciación del sistema de iluminación con tecnología led en las escalinatas del cerro Santa Ana, sector barrio Las Peñas’, la administración municipal reconoce deficiencias.

El informe señala que el sistema de iluminación de las escalinatas, callejones, parque del cerro Santa Ana y la calle Numa Pompilio Llona opera con tecnología de sodio de alta presión, considerada obsoleta y de baja eficiencia lumínica.

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Según la justificación técnica del proyecto, esta situación genera condiciones de inseguridad, limita la visibilidad y afecta la calidad del espacio público en uno de los sectores turísticos más importantes de Guayaquil. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones.

Los documentos técnicos revelan que se realizaron inspecciones en las escalinatas Diego Noboa y Arteta, Santo Domingo de Guzmán y sus laterales, así como en los callejones de las Carabelas, de las Ánimas, de las Cuevas, de los Astilleros, del Bucanero, del Tesoro, de las Cruces y del Galeón.

Durante las visitas se constató que gran parte de las luminarias son de vapor de sodio, existen postes deteriorados y varias bases de hormigón permanecen sin estructuras instaladas.

Además, se identificaron postes sin tapa superior, situación que ha permitido el ingreso de agua al interior de las estructuras y provocado daños en los circuitos eléctricos.

Blanca Reyes, residente y dirigente barrial, espera que la repotenciación finalmente se concrete. “Vinieron electricistas y nos enseñaron que muchos de estos cables están prácticamente tostados. Hace años socializaron el proyecto y nos dijeron que a más tardar en septiembre de este año se cambiaría el sistema y se migraría a luces tipo led”.

La dirigente explica que los moradores han planteado mantener una iluminación cálida en las escalinatas principales para preservar la imagen tradicional del cerro, mientras que en los callejones consideran necesaria una iluminación blanca que mejore la visibilidad.

“Yo misma participé en los recorridos técnicos. Había mapas, estudios y prácticamente todo listo. Pero siguen ocurriendo daños en luminarias y cada vez hay que volver a reportar los problemas”, lamenta.

Moradores esperan la migración total a tecnología LED

El proyecto contempla precisamente la migración integral a tecnología led en todos estos sectores. “La intervención busca recuperar áreas de tránsito seguro para la ciudadanía, resolver las deficiencias lumínicas existentes y garantizar un servicio eléctrico seguro, eficiente y continuo para los moradores”, señala la documentación municipal.

Mientras la modernización avanza en trámites, el faro del cerro Santa Ana ya experimentó una reciente transformación artística inspirada en el río Guayas, el mar y la identidad portuaria de la ciudad.

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“El arte también transforma espacios, cuenta historias y fortalece la identidad de nuestra ciudad”, destacó Tahis Panus, directora de Eventos del Municipio, durante la presentación de la intervención. La obra ha sido bien recibida por visitantes y residentes. Sin embargo, consideran que la mejora estética debe ir acompañada de soluciones integrales.

Binoculares fuera de servicio y reclamos pendientes

Durante el recorrido realizado por EXPRESO en la parte alta del cerro, también se constató que tres binoculares instalados para observar la ciudad permanecen fuera de servicio.

Doménica Torres, quien frecuentemente sube el cerro Santa Ana para ejercitarse, considera que una mejor iluminación permitiría a los visitantes explorar áreas que hoy prefieren evitar. “Siempre terminamos recorriendo lo mismo: las escalinatas principales y el faro. Si hubiera más iluminación en los callejones y pasillos, podríamos conocer más rincones del cerro con tranquilidad”, opina.

Mientras tanto, residentes y visitantes esperan que la repotenciación finalmente se concrete y permita que el cerro Santa Ana recupere el brillo que proyecta su faro sobre la ciudad y sus cantones vecinos cada noche.

Lo que debes saber

• La SuperCías trabaja en una reforma que aún no ha sido presentada oficialmente.
• Juristas y empresarios coinciden en que la confidencialidad debe ser protegida.
• Expertos piden que se incluyan en las reformas más controles y cambios en los requisitos de capital social.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) trabaja en un proyecto de reformas a la Ley de Compañías. Entre los cambios mencionados estaría el fortalecimiento del acceso a la información societaria para los accionistas, independientemente del porcentaje de participación que mantengan.

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Acceso a la información, bajo la lupa

En una entrevista con Carlos Vera, el superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, señaló que reformas anteriores dejaron pendiente una mayor precisión sobre el alcance del derecho de información de los socios. No obstante, la propuesta ha sido recibida con cautela por especialistas en Derecho Societario.

Si bien consideran positivo reforzar los mecanismos de protección para los accionistas minoritarios, advierten que cualquier cambio debe partir de un análisis de las herramientas ya existentes y de los riesgos que implica ampliar el acceso a información sensible de las compañías.

La jurista Gabriela Santamaría señala que la reforma de 2020 ya incorpora procedimientos administrativos y judiciales para que los accionistas minoritarios (aquellos con menos del 5% del capital social) puedan solicitar información y recurrir a la SuperCías cuando sus requerimientos no sean atendidos.

La transparencia es necesaria, pero no puede significar exponer información estratégica que termine beneficiando a la competencia o al crimen organizado.Tito Quintero, asesor jurídico de Acorbanec

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Visualizan riesgos

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, considera que el derecho de los accionistas a acceder a información societaria no debe traducirse en un acceso irrestricto a todos los datos internos de una empresa. A su juicio, las compañías manejan información sensible de carácter comercial, contractual, tributario, laboral y estratégico, además de datos de clientes, proveedores y planes de negocio, cuya divulgación o uso indebido podría afectar su competitividad y seguridad jurídica.

Para el abogado Oswaldo Santos, la iniciativa podría fortalecer la posición de los accionistas minoritarios frente a posibles abusos de las mayorías. Sin embargo, advierte que el acceso a la información también puede ser utilizado como una herramienta de presión en conflictos internos o negociaciones entre socios, por lo que plantea que la normativa establezca responsabilidades para quienes ejerzan ese derecho de manera abusiva.

Por su parte, Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), sostiene que la transparencia debe ir acompañada de mecanismos que protejan la información estratégica de las empresas. En su opinión, la reforma debería diferenciar entre la información societaria necesaria para ejercer los derechos de los accionistas y aquella de carácter operativo o comercial, cuya divulgación podría afectar su competitividad.

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Las salvaguardas que plantean los expertos

Por eso los especialistas coinciden en que una eventual ampliación del acceso a la información para los accionistas minoritarios debe ir acompañada de mecanismos que eviten usos indebidos. La abogada Santamaría sostiene que la normativa debería establecer con mayor claridad los fines para los cuales puede solicitarse información y fortalecer los procedimientos de supervisión cuando existan indicios de abuso o conflictos entre socios.

Asimismo, Santos y Quintero consideran que las reformas a la normativa deberían incorporar responsabilidades legales para los accionistas que ejerzan este derecho con fines ajenos a la fiscalización de la firma. A su criterio, quienes pidan información para presionar a otros socios, obstaculizar la gestión o causar perjuicios a la empresa deberían asumir las consecuencias jurídicas y responder por los daños ocasionados.

Ambos coinciden en que una mayor apertura informativa debe ir acompañada de salvaguardas que protejan los datos estratégicos de las compañías. Por ello, plantean mecanismos como acuerdos de confidencialidad, restricciones sobre el uso de información sensible y sanciones para quienes divulguen o utilicen esos datos de manera indebida.

En esa línea, Salamea sostiene que cualquier reforma debería definir con precisión qué información debe ser entregada obligatoriamente a los accionistas, en qué plazos y a través de qué mecanismos. También cree necesario establecer criterios claros para determinar qué información puede mantenerse bajo reserva, cómo debe justificarse una negativa de acceso y cuáles serían las sanciones aplicables cuando un accionista utilice los datos para perjudicar a la empresa o comprometer su competitividad.

La ley permite que compañías de alto impacto económico nazcan con capitales irrisorios. Esa es una distorsión que debe corregirse en una eventual reforma.Gabriela Santamaría, abogada, especialista en Derecho Societario

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Otras reformas que piden incorporar

Por otra parte, los especialistas consultados consideran que una eventual reforma a la Ley de Compañías debería abordar otros aspectos estructurales del régimen empresarial. Entre ellos, Santos opina que es pertinente evaluar la efectividad de mecanismos como la intervención de compañías y redefinir aquellas atribuciones de control que generan mayores cargas administrativas que beneficios para el sector empresarial.

En cambio, Quintero y Salamea concuerdan en la necesidad de reforzar los controles sobre la constitución y operación de las compañías. Quintero propone una mayor coordinación entre la Superintendencia, el sistema financiero y otras entidades de control, para prevenir el uso de empresas con fines ilícitos o el lavado de activos.

Santamaría también plantea que la reforma incluya una revisión de los requisitos de capital social para ciertas actividades. Considera que compañías de sectores como la minería, el petróleo o la exportación no deben crearse con apenas $200, sino con montos acordes a la magnitud de sus operaciones.

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Lo que debes saber 

• Ordenanza para regular deliverys sigue pendiente desde 2024 pese a reclamos por seguridad en Quito.
• Vecinos denuncian robos en motocicleta y exigen controles para identificar repartidores legales.
• Concejales atribuyen demora a observaciones jurídicas y carga de ordenanzas aún sin resolver.

Mientras los asaltos cometidos por sujetos que se movilizan en motocicletas continúan generando temor en distintos sectores de Quito, el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores por aplicaciones sigue sin avanzar en el Concejo Metropolitano. 

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A casi dos años de haber sido conocido en primer debate, la normativa permanece estancada, pese a los reiterados pedidos de moradores, dirigentes barriales y concejales que consideran urgente su aprobación frente al incremento de hechos delictivos.

¿Por qué Quito aún no regula a los deliverys mientras aumentan los robos en motocicleta?

El Concejo Metropolitano de Quito conoció y debatió el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores (‘deliverys’) en primer debate el 9 de julio de 2024. La normativa busca crear un catastro de conductores, implementar mecanismos de identificación y fortalecer las medidas de seguridad para quienes prestan este servicio. Sin embargo, hasta la fecha no existe una fecha definida para su segundo debate.

La demora genera cada vez más cuestionamientos en una ciudad donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones. En varios barrios, los vecinos denuncian que delincuentes utilizan mochilas térmicas, cascos y motocicletas similares a las de los repartidores para pasar desapercibidos y cometer robos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Allí, una motocicleta fue incendiada por moradores que identificaron a sus ocupantes como presuntos delincuentes. Según testimonios recogidos en el sector, los sospechosos eran conocidos por cometer robos de celulares y escapar rápidamente a bordo de una moto.

“Presumimos que estaban dos personas en la motocicleta y pudieron estar realizando algún robo a personas”, señaló Santiago Razo, jefe subrogante del distrito Quitumbe.

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La preocupación no se limita a un solo sector. En la Ferroviaria Alta, moradores reportan constantes asaltos cometidos por hombres en moto. El pasado 6 de junio una mujer fue interceptada por dos sujetos armados que le arrebataron sus pertenencias. Para los vecinos, la modalidad se repite una y otra vez en distintos puntos de la ciudad.

El temor se incrementó todavía más tras el asesinato del gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), Santiago David Ávalos Páez, ocurrido el 11 de junio en la avenida Oswaldo Guayasamín. Sicarios en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque no todos estos hechos involucran a repartidores, los ciudadanos sostienen que la facilidad para ocultarse bajo la apariencia de un ‘delivery’ dificulta la identificación de sospechosos y fortalece la percepción de impunidad.

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Ciudadanos reclaman respuestas por inseguridad

Para Paola Urbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador, la demora en el tratamiento de la ordenanza refleja una falta de prioridades dentro del Concejo Metropolitano.

“Han pasado años desde el primer debate y seguimos esperando una respuesta. La seguridad debería ser la prioridad número uno para la ciudad”, dijo.

La seguridad debe ser la prioridad del Concejo. Los quiteños no pueden seguir esperando mientras los delitos aumentan a diario y cada vez son más violentos.
Paola Burbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador

La dirigente sostiene que la normativa no busca estigmatizar a quienes trabajan de manera honesta en plataformas de reparto, sino establecer herramientas que permitan diferenciar a los trabajadores formales de quienes utilizan esa imagen para delinquir.

La opinión de los quiteños sobre los deliverys

“Queremos caminar tranquilos por las calles, ir a un restaurante o a un centro comercial sin el temor de que aparezcan delincuentes en motocicleta. La ciudad necesita controles más efectivos”, expresó.

Una preocupación similar comparte Iván Buitrón, presidente del Comité de Seguridad de El Batán Alto. Según explica, en su sector los robos cometidos por sujetos que utilizan motocicletas son recurrentes.

Los vecinos incluso han detectado la presencia de personas tomando fotos o realizando labores de vigilancia en los barrios. Para Buitrón, la creación de un registro de repartidores facilitaría el trabajo de las autoridades y permitiría una identificación más rápida de quienes operan legalmente.

Las críticas también han llegado desde el interior del Concejo Metropolitano. El concejal Wilson Merino cuestionó que iniciativas relacionadas con la seguridad continúen relegadas, mientras otros temas ocupan la agenda de las sesiones.

“Los temas de fondo quedan siempre postergados. No se discuten asuntos relevantes para la seguridad de los quiteños y eso genera una sensación de abandono en la ciudadanía”.

Merino considera que la regulación de los repartidores puede convertirse en una herramienta complementaria para enfrentar a la delincuencia, aunque reconoce que no será una solución definitiva sin una estrategia integral de seguridad y mayores capacidades operativas.

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¿Qué dicen en el Concejo de Quito sobre los deliverys?

Desde la Comisión de Movilidad, su presidente, el concejal Diego Garrido, aseguró que el proyecto continúa en análisis. Explicó que el tratamiento se ha retrasado debido a observaciones jurídicas derivadas de una sentencia de la Corte Constitucional y a pedidos de redireccionamiento presentados por otros concejales. 

Sin embargo, reconoció que la comisión mantiene una carga de entre 23 y 25 ordenanzas pendientes de tratamiento, por lo que todavía no existe una fecha definida para que la normativa vuelva al pleno.

Estamos revisando aspectos jurídicos y técnicos de la ordenanza. Esperamos presentar pronto un informe que permita avanzar hacia el segundo debate.
Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad

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Esa explicación no convence a los moradores, quienes insisten en que la seguridad no puede seguir esperando mientras los delitos ocurren a diario.

Desde el sector de los conductores por aplicaciones también existen observaciones. Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas de Ecuador (ASOCONAPPE)), considera que la regulación es necesaria, pero advierte que debe construirse con la participación de todos los actores involucrados.

A su criterio, un simple registro municipal no resolverá el problema si no existe una coordinación efectiva con las plataformas digitales, los repartidores y los establecimientos comerciales.

Según datos de la organización, en Ecuador existen alrededor de 53.000 conductores vinculados a aplicaciones y más de 10.000 operan en Quito, una cifra que evidencia la magnitud del sector y la necesidad de establecer mecanismos de control eficientes.

Lo que debes saber

• Solo el 2 % de las empresas familiares de Ecuador tiene un plan de sucesión formal; el resto arriesga desaparecer antes de la tercera generación.
  
• En un fideicomiso mercantil de administración, la estructura asume la propiedad de las acciones y manda en la junta, no los herederos.
  
• Las instrucciones del fundador son irrevocables: un apoderado las ejecuta tal como quedaron escritas, ni más ni menos.
  
• No es una herramienta solo para grandes consorcios: no tiene restricción de cuantía y resulta accesible para medianas empresas.
  

Nueve de cada diez empresas activas en Ecuador son de origen familiar y generan el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, apenas el 2 % cuenta con un plan de sucesión formal, una grieta que condena a la mayoría a desaparecer antes de la tercera generación.

Sobre cómo revertir ese destino conversamos con Rafael Sandoval, experto en negocios fiduciarios y fondos de inversión de ZION, una de las 29 administradoras de fondos y fideicomisos reguladas en el país.

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Especialista en estructuración de patrimonios y esquemas de sucesión empresarial, Sandoval defiende al fideicomiso mercantil como la herramienta que blinda el legado del fundador cuando el protocolo familiar se queda corto.

El panorama y la fragilidad del negocio familiar

— ¿Por qué la sucesión en las empresas familiares se ha convertido en un tema tan recurrente en los foros económicos del país?

Es lo que yo llamo el “tema de temporada” porque las cifras son sumamente reveladoras y preocupantes. En Ecuador, el 91 % de las empresas activas son familiares y aportan directamente el 65 % del PIB. Sin embargo, hay un dato súper alarmante: solo el 2 % cuenta con planes de sucesión.

— ¿Las empresas familiares abren su patrimonio a terceros?

La gran mayoría son empresas de patrimonio cerrado, es decir, no abren su capital a terceros ni cotizan en la bolsa de valores, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta falta de apertura, formalización y planificación las vuelve extremadamente frágiles ante la ausencia del fundador.

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La crisis de la tercera generación

— Existe el mito de que la empresa familiar “quiebra en la tercera generación”. ¿Qué reflejan las estadísticas al respecto?

Lamentablemente no es un mito, es una realidad estadística. Los índices de supervivencia nos dicen que solo un 39 % de las empresas logra subsistir en la segunda generación. Al llegar a la tercera generación, el porcentaje cae drásticamente a un 11,5 %. Y si hablamos de una cuarta generación, no llegamos ni al 1,6 %.

— ¿Cuál es la diferencia de una empresa que sí puede trascender con una que no?

Las compañías que logran sobrevivir y trascender lo hacen precisamente porque cuentan con planes de sucesión estructurados, protocolos y políticas claras de buen gobierno corporativo.

El fideicomiso mercantil como salvavidas corporativo

—En este contexto de alta mortalidad corporativa, ¿cuál es la mejor herramienta legal o financiera para proteger el legado del fundador?

En el Ecuador, la forma más segura de formalizar la decisión del fundador es a través de un fideicomiso mercantil de administración, el cual debe acompañar al protocolo familiar. 

Los protocolos familiares por sí solos son simples acuerdos de voluntades y pueden tener limitaciones o vacíos en su obligatoriedad. En cambio, en un fideicomiso, esta estructura asume la propiedad del total o de la mayoría de las acciones. 

Ahí se detalla minuciosamente la “lista de deseos” del fundador: qué prevé a futuro y cómo quiere que se resuelvan las decisiones empresariales cuando él ya no esté.

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—Dentro del fideicomiso, tras el fallecimiento del fundador, ¿son los hijos quienes asumen el control en la junta?

Más bien ocurre al revés: es el fideicomiso el que tiene el poder en la junta de accionistas, no los hijos. Existe un apoderado que toma las decisiones basándose estrictamente en las instrucciones que dejó el fundador. 

Uno de los principios fundamentales del fideicomiso mercantil ecuatoriano es que las instrucciones son de carácter irrevocable; tienes que hacer lo que está instruido ahí, ni más ni menos.

El fideicomiso puede incluso evaluar el perfil técnico de la persona idónea para tomar las riendas de la gerencia, asegurando que el sucesor esté debidamente capacitado.

Barreras culturales y resistencia al cambio

—Si este mecanismo es tan efectivo, ¿por qué existe tanta resistencia por parte de los fundadores para implementarlo?

La resistencia nace, muchas veces, desde la propia cabeza de la compañía. Es muy común toparse con empresarios que afirman: “Yo he hecho esto 40 años y me ha ido bien, ¿por qué lo voy a cambiar ahorita?”.

—¿A eso debe sumarse la resistencia de las nuevas generaciones?

Gran parte de la preocupación del fundador es que los herederos no estén interesados en el negocio. Hay jóvenes muy inteligentes que tienen otras aspiraciones profesionales o que ya radican en el extranjero. 

Y finalmente, está el riesgo de terceros: esposos, cónyuges o familiares políticos que influyen negativamente sobre los herederos, buscando impugnar los acuerdos para “pellizcar” una mayor parte del patrimonio. Por eso es vital formalizar y separar rígidamente la idea de familia de la de empresa.

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—Para concluir, ¿esta figura del fideicomiso mercantil está reservada de forma exclusiva para los grandes consorcios con un gran músculo económico?

Para nada. Es una estructura legal completamente abierta y no tiene ninguna restricción de cuantía. En la práctica, todo se aterriza al costo operativo de la fiduciaria, por lo que resulta ser una herramienta muy accesible y útil para empresas de mediana escala. 

Los montos de mantenimiento son bastante manejables dependiendo de la operatividad del negocio. El verdadero desafío no es financiero, sino lograr que los empresarios abran la mente y entiendan que el patrimonio necesita organización profesional para poder existir eternamente.

Las claves del caso

• Casa Tola, Casa Maldonado y el edificio Santiago Noziglia enfrentan distintos niveles de riesgo estructural.
  
• Expertos advierten que las lluvias previstas para los próximos meses podrían acelerar el deterioro de varias edificaciones históricas.
  
• Arquitectos denuncian ausencia de mantenimiento, falta de coordinación institucional y carencia de un inventario actualizado sobre el estado del patrimonio.

Las edificaciones patrimoniales de Guayaquil están en problemas. La confirmación de la llegada del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a historiadores, arquitectos, moradores y amantes del patrimonio, quienes temen que varias estructuras históricas terminen colapsando ante el deterioro acumulado durante años.

Un recorrido realizado por EXPRESO evidencia que algunas de las edificaciones patrimoniales más emblemáticas del centro de la ciudad presentan graves problemas estructurales, abandono y falta de mantenimiento. Entre los casos que más preocupación generan están la Casa Tola, la Casa Maldonado y el edificio Santiago Noziglia , inmuebles que hoy enfrentan distintos niveles de riesgo.

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Casa Tola, en decadencia constante 

Según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Guayaquil conserva actualmente 646 edificaciones patrimoniales, pero el deterioro va en aumento. Uno de los casos más visibles es el de la Casa Tola, ubicada en las calles 9 de Octubre y Escobedo. Construida en 1918, la edificación sufrió un colapso parcial tras los movimientos sísmicos registrados en 2022. Desde entonces, el deterioro ha continuado de manera progresiva. El episodio más reciente ocurrió en abril de 2026, cuando nuevos desprendimientos volvieron a evidenciar el mal estado de la estructura.

Actualmente, parte de la vivienda permanece expuesta. Los pasillos y habitaciones que alguna vez formaron parte de una de las construcciones más representativas del sector son visibles desde la calle.

Para Florencio Compte Guerrero, arquitecto y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la situación es crítica. "La Casa Tola está en un riesgo inminente de ser destruida. No se observa ningún tipo de intervención ni de mantenimiento. Es una casa histórica y cada vez se ve peor. Ahí hay abandono y falta de mantenimiento", manifestó a EXPRESO.

Durante el recorrido realizado por este Diario, varios transeuntes expresaron preocupación por el estado del inmueble y por la posibilidad de que nuevas lluvias aceleren su deterioro. "Cada invierno se ve peor. Uno pasa por aquí y da miedo pensar que en cualquier momento pueda desprenderse de otra parte", comentó un comerciante de la zona.

Casa Maldonado, años sin ser reparada

A pocas cuadras de allí, en Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y Panamá, se encuentra la Casa Maldonado. Al llegar ahí, la imagen es impactante. La fachada permanece cubierta con planchas de zinc, mientras varias cañas sostienen parte de la estructura. Tras el sismo del 18 de marzo de 2023, gran parte del inmueble resultó afectada y actualmente solamente sobrevive su frente arquitectónico.

Para Compte, el problema responde a años sin mantenimiento. "Se ha perdido la cubierta y el deterioro viene de mucho tiempo atrás. Las edificaciones de madera o de construcción mixta son las más afectadas porque requieren un mantenimiento constante", explicó. El especialista considera que hacen falta políticas claras para proteger este tipo de inmuebles.

"Debe existir un inventario detallado y actualizado que permita definir qué edificaciones pueden recuperarse y cuáles requieren intervenciones urgentes. Nadie quiere terminar de asumir completamente las competencias sobre el patrimonio".

Edificio Santiago Noziglia, en riesgo latente 

Otro inmueble que preocupa a los especialistas es el edificio Santiago Noziglia, ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Febres-Cordero.

La estructura fue declarada Patrimonio de la Nación el 27 de octubre de 2011 mediante el Acuerdo Ministerial 234 y forma parte del inventario patrimonial nacional. Sin embargo, en la actualidad se enfrenta a una amenaza particular. El edificio colina con la estructura de Multicomercio, que sufrió un incendio de gran magnitud en febrero de 2026 y cuya estabilidad continúa siendo motivo de preocupación.

Arquitectos consultados señalan que cualquier afectación adicional en el edificio vecino podría comprometer la integridad del inmueble patrimonial.

¿Por qué hay descuido de edificios patrimoniales en Guayaquil?

Para Carlos Guerrero, arquitecto y magíster en Proyectos Arquitectónicos , una de las principales dificultades que enfrenta Guayaquil es que su patrimonio histórico se encuentra disperso por toda la ciudad.

"La condición de Guayaquil es diferente a la de ciudades como Quito o Cuenca, donde existe un centro histórico claramente definido. Aquí las edificaciones patrimoniales están distribuidas en distintos sectores y eso dificulta su mantenimiento, control y conservación", argumentó.

Según Guerrero, esta dispersión provoca que muchas construcciones pasen desapercibidas hasta que ya presentan daños importantes.

La condición de Guayaquil es diferente a la de ciudades como Quito o Cuenca, donde existe un centro histórico claramente definido. Aquí las edificaciones patrimoniales están distribuidas en distintos sectores y eso dificulta su mantenimiento, control y conservaciónCarlos Guerrero
​magíster en Proyectos Arquitectónicos

Otras edificaciones en riesgo y con pocas respuestas

Los especialistas advierten que la situación no se limita a estas tres edificaciones. Entre los inmuebles que también presentan algún nivel de deterioro se encuentran sectores de la antigua Cárcel Municipal, el anfiteatro Julián Coronel, la antigua Aduana de Hierro y áreas del Cementerio Patrimonial, donde algunas tumbas ubicadas en laderas podrían verse afectadas por eventuales deslizamientos si se registran lluvias intensas.

Los expertos cuestionan la falta de coordinación entre instituciones y advierten que el deterioro continúa avanzando mientras no existan soluciones concretas.

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EXPRESO solicitó una entrevista con la dependencia municipal encargada de la conservación patrimonial, para conocer las acciones previstas frente a la llegada del fenómeno de El Niño y el estado de estas edificaciones. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Para muchos ciudadanos, el temor va más allá de la pérdida de inmuebles. Lo que está en riesgo es una parte fundamental de la memoria e identidad de Guayaquil.  

Lo que debe saber

• La Arcom plantea reducir la recaudación proyectada de la tasa minera de $221,75 millones a $44 millones, tras reconocer baja efectividad de cobro y problemas de proporcionalidad.
  
• La nueva propuesta excluiría del pago a los proyectos en exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica, fases que aún no generan ingresos.
  
• El proyecto incorpora a plantas de beneficio y propone que el SRI recaude la tasa, aunque persisten dudas legales y observaciones del sector minero.

A un año de la aplicación de la “cuestionada” tasa de fiscalización minera en Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) prepara una reforma que reduciría drásticamente la recaudación proyectada por este concepto.

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La entidad tiene previsto con esta iniciativa, que está en etapa de difusión, recaudar $44 millones. La cifra representa apenas el 20 % del monto inicial aspirado, que ascendía $221,75 millones.

Esta propuesta de ajuste coincide con cuestionamientos, que incluso terminaron con la presentación de ocho demandas de inconstitucionalidad; y con una baja recaudación.

Los pagos de julio de 2025 y enero de 2026 -que corresponden al año anterior- representaron una recaudación de alrededor de $40 millones, según informó el 20 de mayo de 2026 la Cámara de Minería de Ecuador (CME) a Diario EXPRESO.

Esta realidad es reconocida por la Arcom. La entidad admite que el sistema actual apenas alcanza una efectividad de cobro cercana al 35 %, según el lnforme técnico económico para la justificación de necesidad de actualización de la Tasa de Supervisión y Control Minero, disponible en su portal web.

La imposición vigente Arcom-003/25, creada el 2 de junio de 2025, establece cobros variables entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica por cada hectárea concesionada, dependiendo del tipo de minería y de la fase del proyecto (exploración, evaluación económica y explotación). Pero no aplica para la minería artesanal.

La nueva propuesta de tasa minera

Este esquema podría cambiar. La Arcom propone una revisión “técnica” del esquema vigente debido a problemas de proporcionalidad, baja efectividad recaudatoria y una desconexión entre el valor cobrado y los servicios de supervisión que presta el Estado.

Ante ello plantea varios ajustes, uno de los principales cambios, solicitado de manera reiterada por este sector, es excluir del pago de la tasa a las concesiones mineras que se encuentran en exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica. La entidad reconoce que estas fases todavía no generan aprovechamiento comercial de los recursos minerales y, por tanto, el cobro puede convertirse en una barrera para atraer inversiones.

Diario EXPRESO conoció que al menos cinco firmas, que se dedicaban a la exploración de minerales en Ecuador, habrían iniciado los trámites para vender sus concesiones y dejar el país ante la obligatoriedad que existe para el pago de la tasa de fiscalización minera.

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Una de ellas, por ejemplo, requería alrededor de $5 millones para el pago de la tasa minera, un monto superior al presupuesto anual para sus operaciones, que bordea los $4 millones.

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, enfatiza que el cobro de esta tasa ha sido uno de los principales problemas para los proyectos en fase de exploración. La razón es que esta es una actividad que no genera ingresos y cuyo resultado es incierto.

Además, señala que esta imposición resta competitividad a Ecuador frente a sus vecinos y desincentiva la llegada de nuevas inversiones.

La tasa ya no aplicaría para los proyectos de exploración

La Arcom reconoce ahora que mantener el cobro en etapas exploratorias eleva los costos de entrada para los inversionistas, afecta la continuidad de proyectos formales y reduce el interés por desarrollar nuevas iniciativas mineras en Ecuador.

Por ello, propone concentrar la tasa en actividades que demandan una supervisión más intensa y que ya se encuentran en fases ya productivas.

Vargas resalta la decisión del Gobierno de revisar la tasa minera, al considerar que el esquema original presentaba falencias que incluso motivaron demandas judiciales y afectaron la permanencia de algunas empresas en el país. A su criterio, la apertura mostrada por las nuevas autoridades representa una señal positiva para la inversión.

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Para Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), si bien el sector valora esta iniciativa, se debe considerar también que existen concesiones suspendidas por fuerza mayor -que no operan- y que por ese motivo se debería evaluar también su exclusión de la tarifa.

El cálculo para fijar la tasa 

La propuesta de reforma de la Arcom modifica la metodología de cálculo. Actualmente, el esquema se basa principalmente en la superficie concesionada. La nueva iniciativa plantea calcular la tasa a partir de los costos reales de supervisión y control que enfrenta esta institución pública.

De esta manera, el cobro se concentrará en concesiones en explotación, licencias de comercialización. Pero además incorpora a las plantas de beneficio, donde el material extraído es procesado para obtener concentrados o minerales.

Además, para fijar el monto, se incorporan variables como la frecuencia de inspección, complejidad operativa, tipo de mineral, régimen minero, superficie concesionada y capacidad instalada. El fin es que quienes demanden mayores recursos de fiscalización aporten más al financiamiento del sistema de control.

Vargas añade que el sector está dispuesto a contribuir con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la minería ilegal, pero considera que los cobros deben ser proporcionales y acordes a la realidad de cada actividad. También plantea que el diálogo entre Gobierno e industria se extienda a otros temas pendientes, como la seguridad jurídica, los permisos y la tramitología.

El SRI recaudaría la tasa minera

La propuesta modifica también la forma de pago, que era semestral. Según el proyecto de resolución, el cobro ahora será anual para los titulares de gran minería, mediana minería, pequeña minería, régimen general, licencias de comercialización y plantas de beneficio.

Además, se establece que el Servicio de Rentas Internas (SRI) será responsable de la recaudación de esta tasa. Antes estaba a cargo de la misma Arcom.

Para Henry Troya, exviceministro de Minería, al otorgar al SRI esta responsabilidad se evidencia que se trata de un impuesto y no una tasa. “La Arcom no tiene capacidad para crear imposiciones y transferir la capacidad de cobro al SRI”, enfatiza y argumenta que la creación de tributos se debe tramitar en la Asamblea Nacional.

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Pese a estos detalles, la Agencia propone que la liquidación de la tasa se realizará con corte al 31 de diciembre de cada año y deberá cancelarse hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente.

Para este 2026 se aplicará un régimen transitorio. La tasa se calculará de manera proporcional desde la entrada en vigencia de la resolución hasta el 31 de diciembre de este año. En el caso de incumplimientos, se aplicará procesos de coactiva, refiere el proyecto de resolución de la Arcom.

Sobre este último punto, Yépez refiere que se debe aclarar si el pago de la tasa minera -con el modelo anterior- se deberá cancelar o no. Esta preocupación surge porque en julio de 2026 la mediana y gran minería -en todas sus fases-deberían cumplir con esta obligación. “Al tener la tasa anterior vigente, la nueva resolución se debería emitir antes del 30 de junio de 2026”.

Troya: “Los errores se mantienen”

Y aunque el nuevo proyecto de resolución recoge ciertas observaciones del sector, que constan en las acciones de inconstitucional, Troya subraya que la iniciativa reciente incurre en los mismos “errores”.

En su criterio, la Arcom a través de esta figura busca que las empresas de este sector cancelen por la prestación de un servicio de seguridad, cuando la Constitución establece que el Estado es el responsable de brindar, entre otros servicios públicos, seguridad para todos los habitantes del territorio nacional.

“El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”, recuerda el exviceministro de Minería.

El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”.Henry Troya, exviceministro de Minería.

Si bien aún existen dudas sobre el alcance definitivo de la reforma, el sector tiene previsto enviar sus observaciones a la Arcom. Y luego la entidad podrá emitir la nueva resolución, que podría dejar sin efecto la anterior. 

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Sin embargo, según fuentes consultadas este paso no implicaría la terminación automática de las acciones presentadas ante la Corte Constitucional contra la normativa anterior, ni garantizaría la permanencia de las empresas que decidieron abandonar el país tras la entrada en vigencia de la tasa.

Lo que debes saber

• El concurso para fiscal permanece estancado.
• El CPCCS debe resolver observaciones al informe.
• Especialistas alertan sobre efectos institucionales.

En pausa. Así se encuentra el concurso para la selección del nuevo fiscal general, que se inició el 18 de febrero de 2026.

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Las observaciones que frenan el concurso

La fase de recepción de impugnaciones ciudadanas aún no puede iniciar debido a que el informe final de méritos y recalificación no obtuvo aprobación ni rechazo. De acuerdo con el cronograma actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 8 de junio, esta etapa estaba prevista para realizarse entre el 16 y el 22 de junio.

Piedad Cuarán Rosero es una de las dos consejeras que votaron en contra de la aprobación del informe, el jueves 11 de junio. En diálogo con EXPRESO, ella sostiene que el documento carece de la debida motivación y evidencia una presunta vulneración de derechos de ciertos participantes, ya que sus reclamos no han sido acogidos. Además, considera que “es un informe que, de alguna manera, está direccionado”.

La consejera espera que el asunto sea tratado en una próxima reunión del Pleno del CPCCS, el miércoles 17 de junio. A su criterio, para que exista una reconsideración, la Comisión Ciudadana de Selección debe subsanar las observaciones planteadas y justificar de manera clara por qué rechaza ciertos pedidos, garantizando así la seguridad jurídica del proceso.

Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, considera que las observaciones planteadas por Cuarán son válidas y deben ser atendidas antes de que el proceso continúe. A su criterio, los consejeros necesitan contar con todas las explicaciones necesarias para tener la certeza de que el concurso se desarrolla sin irregularidades que puedan afectar su legitimidad.

No obstante, Ulloa sostiene que corresponde al Pleno del CPCCS explicar a la ciudadanía las razones por las que el informe no fue aprobado y adoptar una resolución que permita destrabar el proceso. Para conocer qué acciones impulsará el organismo para reactivar el concurso, EXPRESO solicitó entrevistas, mediante correo electrónico y también por mensajería instantánea, a los siete consejeros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición solo Piedad Cuarán respondió.

Lo preocupante no es solo que el concurso se haya detenido, sino que llega a esta etapa arrastrando dudas sobre su transparencia. El problema pasó a ser institucional.Francisco López, abogado y docente de la UDLA

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El CPCCS frente a las críticas por los retrasos

Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, exconsejera del CPCCS, señala que el organismo debe convocar nuevamente a una sesión y viabilizar una decisión que permita al concurso avanzar hacia las siguientes etapas. En su opinión, mantener el proceso estancado solo profundiza el retraso en la designación de autoridades de control y prolonga la permanencia de funcionarios prorrogados o encargados en distintas instituciones del Estado.

La exconsejera también cuestiona que la paralización del concurso se sume a una serie de retrasos en la designación de autoridades por parte del actual Consejo. Añadió que durante este período, el organismo no ha logrado concretar nombramientos mediante concursos impulsados íntegramente por sus actuales integrantes, sino que ha concluido procesos heredados de administraciones anteriores.

El retraso en los concursos impide la renovación de autoridades y prolonga una crisis institucional. La ciudadanía debe evaluar los resultados de los actuales consejeros.María Fernanda Rivadeneira, exvocal del CPCCS

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Los efectos de la demora en la designación del fiscal

Para el constitucionalista Francisco López, docente de la Universidad de las Américas, la paralización del concurso responde a cuestionamientos que han acompañado el proceso desde su inicio. A su criterio, la demora beneficia a la actual administración de la Fiscalía General del Estado, ya que la falta de una designación definitiva prolonga la permanencia de una autoridad encargada.

Una lectura similar tiene el penalista Pablo Encalada, quien observa una creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso. Según señala, la suspensión de una nueva etapa del concurso reduce aún más el interés público en una designación considerada clave para el sistema de justicia.

Encalada opina que la demora no parece generar mayores costos para quienes se sienten cómodos con la actual conducción de la Fiscalía. Por ello, el jurista advierte que la falta de avances podría prolongarse si no existe voluntad política para destrabar el proceso.

Para Encalada y Ulloa, el principal afectado por la paralización del concurso es el sistema institucional y la confianza de la ciudadanía. López, en cambio, amplía el impacto y sostiene que también resultan perjudicados los postulantes y los ciudadanos, debido a que la demora alimenta los cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

A juicio de Rivadeneira, entorpecer la designación de autoridades solo profundiza el problema de las prórrogas y encargos en instituciones claves del Estado. Por ello, considera que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de los actuales consejeros si deciden reelegirse, en función de los resultados obtenidos en materia de designación de autoridades y cumplimiento de sus atribuciones.

El avance del concurso está en manos de la propia Comisión Ciudadana y el CPCCS. No hay factores externos, como denuncias ciudadanas, que justifiquen esta paralización.Hernan Ulloa, expresidente del CPCCS

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El riesgo país es un indicador que mide qué tan riesgoso, según consideran los inversionistas internacionales, es prestarle dinero a un país. En términos simples, refleja la probabilidad de que un gobierno tenga dificultades para cumplir con el pago de sus deudas o enfrente problemas económicos, políticos o financieros que afecten su capacidad de pago. Este indicador suele expresarse como la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de un país, en nuestro caso el Ecuador,    y la que pagan los bonos del gobierno de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

Mientras más alto sea el riesgo país, mayor será la tasa de rentabilidad que los inversionistas internacionales exigirán para adquirir bonos de deuda pública de ese país. El otro lado de la moneda viene dado por el precio de los bonos. A mayor rentabilidad demandada por los inversionistas (mayor riesgo país), menor es el precio que están dispuestos a pagar por dichos bonos.

¿Cuál ha sido la evolución del riesgo país?

El nivel de riesgo país del Ecuador ha caído desde los 1630 puntos básicos en marzo del año 2025 a apenas 378 el 15 de junio pasado, su nivel más bajo. Si bien los niveles de riesgo país han caído en otros países considerados emergentes, la caída en el Ecuador ha sido relativamente mayor por una combinación de elementos políticos y económicos. Como consecuencia, el precio de los bonos ecuatorianos en mercados internacionales ha subido mucho, convirtiéndose en una de las apuestas de inversionistas que mayor retorno generó en los últimos quince meses en el universo de los países emergentes.

La caída de este indicador permitió al Ecuador regresar a los mercados internacionales de deuda en dos ocasiones en este año. En enero, el país colocó $2.200 millones en bonos con vencimiento 2034 y $1.800 millones en bonos con vencimiento 2039, y utilizó $3.000 millones para recomprar una parte de los bonos 2030 y 2035 en circulación. En abril el gobierno colocó $1.000 millones    adicionales de bonos 2034 y 2039 en condiciones aún mejores que en enero, con un costo financiero menor.

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La caída de riesgo país ayuda también a los emisores que venden bonos o toman deuda en mercados internacionales, pues la tasa de interés que ofrecen los bonos de gobierno es la tasa de referencia para otros tomadores de fondos. En Ecuador, sin embargo, hay pocas instituciones que toman deuda del exterior, entre ellas hay bancos, cooperativas, y algunas corporaciones grandes.

Pero, ¿Cuál es el impacto al ciudadano corriente? Su efecto vendrá en la medida que esos menores costos de financiamiento sean trasladados a los consumidores ecuatorianos a través de menores precios para bienes y servicios (para empresas no financieras) o menores costos financieros (para bancos y cooperativas).

Otro elemento que sí puede impactar favorablemente a una economía es que el menor riesgo país se convierte en una señal positiva para inversionistas internacionales que lleguen con recursos frescos en forma de inversión extranjera directa (IED).    Para el caso ecuatoriano, el año pasado vimos que la IED se triplicó frente al 2024 para alcanzar los $1.300 millones, la cifra más alta desde 2018, pero aún no lo suficiente para dinamizar la economía. En todo caso, son pasos importantes en la dirección correcta.

Varios expertos coinciden en que la expansión urbana acelerada hacia las zonas rurales representa una presión sobre sistemas de servicios públicos y básicos que no fueron planificados para ese crecimiento, lo que, a su vez, encarece cada vez más el suelo en los sectores cercanos al centro de la ciudad.

Encarecimiento del suelo 

Para el docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, Pedro Jiménez, el acceso a la vivienda debe dejar de ser un problema individual y convertirse en un asunto de interés público. 

Según el académico, el encarecimiento de la vivienda en Cuenca no es un fenómeno reciente; por el contrario, se remonta a unos 25 años atrás y hoy muestra consecuencias visibles en distintos sectores de la ciudad.

Aunque muchas personas perciben que la crisis habitacional se aceleró después de la pandemia de COVID-19, Jiménez sostiene que las primeras señales aparecieron antes, según consta en su investigación publicada en 2019 bajo el título Cuenca, ciudad de ocio global, en la que analizó la evolución del valor del suelo entre 2006 y 2016 y se identificaron las primeras zonas de vulnerabilidad residencial en la ciudad: el hipercentro de Cuenca, las manzanas alrededor del Parque Calderón, el Barranco y las áreas ubicadas junto a la margen norte del río Tomebamba. 

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“En estos lugares se registró un aumento sostenido del valor del suelo, acompañado por un cambio progresivo de viviendas hacia actividades comerciales y de servicios”, puntualizó Jiménez.

Rentismo cultural a partir del patrimonio 

Uno de los puntos de inflexión en la transformación de la capital azuaya fue la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1999, lo que habría generado un fenómeno denominado “rentismo cultural”. “La ciudad dejó de planificarse y los atributos patrimoniales y culturales se transformaron en recursos económicos para atraer inversiones, turistas y nuevos residentes”, señaló.

Según Jiménez, Cuenca fue promovida a nivel internacional como una ciudad ideal para retirarse e invertir, lo que generó la llegada de una primera ola de migrantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa, y los efectos secundarios no favorecieron a los habitantes de la ciudad, ya que “el patrimonio y el turismo terminaron generando una presión creciente sobre el mercado inmobiliario, sobre todo en los sectores más atractivos”. 

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En la actualidad existen zonas céntricas que se han vuelto “inalcanzables” para las familias locales y que han sido ocupadas por actividades comerciales de diversa índole: bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, hoteles y negocios de renta temporal dirigidos a comunidades nómadas.

Nuevas formas de rentas 

Sobre este último fenómeno, el docente e investigador de la Universidad de Cuenca, Freddy Espinoza, dio a conocer que entre 2023 y 2024 se registraron hasta 3.136 anuncios en la plataforma Airbnb, cifra que varía según la temporada. Además, señaló que el 27 % de estos alojamientos se concentra en el Centro Histórico de la ciudad. 

La consecuencia, según el investigador, es que cada vez más familias locales abandonan las zonas centrales y buscan vivienda en sectores periféricos o parroquias rurales.

Catastro de contratos de arrendamiento 

En un intento por ordenar el mercado de los arriendos en el cantón Cuenca, la concejal Jenny Bermeo desarrolló un proyecto de ordenanza que plantea la inscripción obligatoria de los contratos de arrendamiento, además del registro de los inmuebles destinados al alquiler en la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio, tal como establece la Ley de Inquilinato. 

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Si bien el objetivo de la propuesta no es controlar los precios, sino conocer quiénes llegan a vivir a la ciudad, se trata de una de las pocas iniciativas orientadas a “poner orden a las actividades renteras que se están desarrollando en Cuenca”, según la edil.

Ley de inquilinato y registro en Control Urbano

Hay que recordar que la Ley de Inquilinato establece en su artículo 10 que las “jefaturas de Catastro Municipales fijarán la pensión máxima de arrendamiento de cada local y entregarán al arrendador, en el plazo máximo de cuatro meses, un certificado en el que conste la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento”. 

Mientras que en el artículo 17 del mismo cuerpo legal se puntualiza que “la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el Catastro Municipal”. Además, se prohíbe el incremento automático de los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima del contrato de arrendamiento.

En este contexto, Bermeo reconoció que actualmente el Municipio carece de información básica sobre el mercado de arrendamientos residenciales. “No sabemos cuál es el porcentaje de predios arrendados en la ciudad. No existe ningún catastro ni ninguna base de datos que nos permita conocer esta realidad”, aseguró. 

Y esta falta de información, según la concejal, impide incluso debatir otros temas relacionados con la vivienda, como posibles mecanismos de regulación de cánones arrendaticios o la elaboración de tablas referenciales de valores por sectores.

Pero muchas de las personas que arriendan, que fueron consultadas por este Diario, aseguraron desconocer el certificado que establece la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble o el valor de arrendamiento permitido que debe tener cada inmueble. EXPRESO solicitó una entrevista con el director de Avalúos y Catastros y con la presidenta de la Comisión del Concejo Cantonal de Avalúos y Catastro para conocer sobre el control que llevan adelante en temas de arrendamiento, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Lo que debes saber:

• Daniel Noboa anunció compra de medicamentos a India el 24 de mayo del 2026, ese país lidera la lista de registros, pero hay más opciones.
• Otros países que tienen una importante cantidad de medicamentos con registros sanitarios en Ecuador son Colombia, y un poco detrás está Argentina.
• Especialistas recuerdan que se puede comprar a través de la OPS y además que en el mercado hay países que encabezan la innovación y otros, la producción masiva.

Lucía, de 66 años, toma a diario una tableta de Carvedilol de 12,5 mg para tratar su hipertensión arterial. Cuando supo que el presidente Daniel Noboa anunció una gran compra de medicinas a la India, recordó el origen de la caja que recibe.  

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En la caja que le entrega un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se lee “fabricado por Exemed Pharmaceuticals”, una farmacéutica con sede en Gujarat, India, importada y distribuida por Farmabion.

Países con más registros de medicamentos en Ecuador

¿Y qué con la industria nacional de medicamentos?

En ese sentido, Enrique Terán, doctor en Farmacología y catedrático de la USFQ, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. 

De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares.Enrique Terán/ doctor en Farmacología

Si se trata de adquirir entre 40 y 50 moléculas de uso cotidiano (como antihipertensivos, antidiabéticos o medicamentos para afecciones respiratorias), los fabricantes nacionales pueden ser una opción, pues son productos de alta demanda en el sistema de salud, dice Terán.

Sin embargo, Terán cuestiona la falta de transparencia sobre la compra internacional. 

Es un misterio qué fármacos se planea traer de la IndiaEnrique Terán/ doctor en Farmacología

Terán explica que importar medicinas desde la India implica que el Estado asuma la cadena logística: desde el transporte hacia Ecuador hasta la custodia, almacenamiento y distribución interna. Esto, dice, no está claramente dentro del ámbito operativo ni del Ministerio de Salud ni de la nueva empresa pública.

A esto se suman riesgos técnicos: deterioro del producto, vida útil corta o caducidad. “Si algo falla, la pérdida la asume el Estado y puede ser a gran escala”. A su criterio, el aparente ahorro en precios podría convertirse en un “búmeran” si no se consideran estos factores.

“Se ha dicho que tendrán aprobación de la FDA, pero no sabemos cuáles son, ni si se comercializan en Estados Unidos. Si la preocupación es la corrupción, se puede negociar de forma directa con el productor, sin intermediarios”.

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Esto dice Mauricio Espinel sobre compras a través de OPS y el mercado farmacéutico

Mauricio Espinel, exdirector nacional de Salud del IESS, subraya que una opción para comprar es a través de los fondos estratégicos y rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Resalta que ha funcionado con la provisión de vacunas, medicamentos esenciales y suministros. 

“Por la economía de escala se logran mejores precios”.

Espinel añade que el mercado farmacéutico global, al que se puede acudir para compras, puede analizarse desde tres niveles. El primero es el de la innovación: países que desarrollan nuevas moléculas, como Estados Unidos, Suiza y Alemania.

El segundo nivel corresponde a los países que producen medicamentos de modo masivo. Sobresalen India y China en la fabricación de principios activos. “Son los ‘campeones’ en producción. En el caso de India, hay miles de empresas dedicadas a este sector”.

En la región señala a Argentina, Brasil y México. En ese marco, Mauricio Espinel precisa que Ecuador ha importado una cantidad importante de medicamentos desde Argentina, mientras que las compras a Brasil han sido menores.

Espinel sostiene que en Ecuador existe “un grupo de intermediarios que dicen ser industria, pero solo maquilan y acaparan el mercado, como un cartel”. Recuerda que cuando fue director del IESS, una intermediaria colombiana le ofreció un biológico que se comercializa en otros países, pero el fabricante se negó a venderlo para Ecuador. “Para cualquier otro país sí, pero para Ecuador no, porque ese cartel tiene el control”, afirma.

La Industria Farmacéutica se pronunció

De su lado, en un comunicado, la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), que representa a la mayoría de laboratorios de innovación, biotecnología y vacunas de Europa, Estados Unidos y Japón en Ecuador, ofreció la capacidad de gestión y provisión de la industria nacional, “que asegura experiencia, calidad y abastecimiento continuo de medicamentos, así como acceso oportuno a terapias innovadoras disponibles en el mercado”.

Además, le reiteró al Gobierno su disposición para cooperar técnicamente con el sector salud y co-implementar soluciones inmediatas y sostenibles de abastecimiento, enfocadas en los pacientes y en fortalecer la confianza en el sistema.

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Los puntos de vista de un exministro y un exviceministro:

Las claves que debes saber

• CPCCS no aprobó el informe y frena concurso para fiscal general en Ecuador.
• Abstención de Roberto Gilbert deja proceso en pausa; Alarcón lidera y seguiría encargado.
• Retraso responde a cálculo político ante elecciones y consulta que cambiaría rol del CPCCS.

El concurso para la selección del nuevo fiscal general es un rompecabezas en el que se cruzan los más variados intereses. Por un lado, ha sido evidente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno y, por eso, ha hecho todo lo posible por favorecer la candidatura de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, quien se ha esmerado en complacer al Gobierno y ganarse su favor para poder ser elegido.

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Por otro lado, se habla de un verdadero intríngulis de intereses. En él entra la voluntad de algunos de los actuales consejeros de ser reelegidos en las elecciones de noviembre. 

Asimismo, se menciona que tanto en el Gobierno como en el CPCCS se hacen cálculos ante la llegada de la consulta popular -anunciada por el presidente Noboa, aunque todavía sin fecha definida- que, de ser aprobada, significaría que ese organismo perdería su facultad nominadora, la cual pasaría a la Asamblea Nacional. Si eso ocurre, los actuales vocales perderían prácticamente todo su poder.

Los votos para el informe

Lo único claro es que, hasta ahora, el concurso ha sido fraudulento y ha estado inclinado a favor de Alarcón. A esto hay que agregar lo ocurrido el jueves 11 de junio de 2026, un hecho que nadie vio venir: el CPCCS no pudo aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso para la selección del fiscal general definitivo. 

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¿Por qué? Porque uno de los votos con los que la mayoría de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha venido actuando a sus anchas decidió no respaldar el informe de la comisión calificadora y se abstuvo. Ese voto fue el de Roberto Gilbert.

En la práctica, ese hecho dejó el proceso en pausa, por lo que lo más probable es que todo se demore aún más. ¿Cuánto? Aún no se sabe, pero no sería extraño que todo conduzca a que, ante la proximidad de las elecciones de noviembre y la eventual convocatoria de la consulta popular, el proceso se retrase lo suficiente como para que Alarcón permanezca en el cargo un año o incluso un año y medio más.

La falta de respaldo quedó reflejada en los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un período de vacaciones hasta julio, dejando la Presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso ha vuelto a quedar estancado.

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¿Quiénes encabezaban el concurso?

Hasta ese momento, la jueza Daniella Camacho lideraba el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres la seguía de cerca la también magistrada Maritza Romero, con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Entre los hombres, el actual fiscal subrogante Carlos Alarcón lideraba el puntaje con 46,5 puntos, algo insólito si se considera que difícilmente sus actuaciones como fiscal justifican esa calificación. Le seguían el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.

Hay que señalar, sin embargo, que observadores independientes del proceso sostienen que la candidatura de Alarcón fue beneficiada fraudulentamente con 6,5 puntos en la fase de recalificación, lo que lo convirtió en uno de los aspirantes con mayores posibilidades, pues quedó a pocos puntos de la jueza Daniella Camacho. 

Es sabido, además, que Camacho no goza de la confianza del Gobierno, por lo que todo parecería estar organizado para que el ganador sea Alarcón.

La gran interrogante que se abrió el jueves tiene relación con la abstención de Roberto Gilbert. ¿Por qué dejó de votar junto con el Gobierno? Personas cercanas a él afirman que se trata de alguien que difícilmente sigue instrucciones, mientras que observadores del trabajo del CPCCS sostienen que durante la votación se lo notó eufórico y algo inconexo.

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El impacto del voto de Gilbert

En cualquiera de los casos, lo cierto es que la decisión de Gilbert alteró por completo lo que se suponía era el guion establecido: aprobar el informe y continuar con un proceso que, a todas luces, tenía un solo objetivo: escoger a Alarcón.

Entre las posibles respuestas a la pregunta de por qué Gilbert no votó como normalmente lo ha hecho junto con el Gobierno hay una que podría parecer una teoría de la conspiración, pero que tiene cierta lógica: reelegir a Alarcón se está poniendo cuesta arriba; por tanto, sería preferible dejar todo postergado y mantenerlo en el cargo hasta saber qué ocurrirá con las elecciones y con la consulta popular.

Eso significaría que habrá Alarcón por un tiempo más. No mucho, pero sí el suficiente para varias cosas.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué le conviene más al presidente Daniel Noboa: un Alarcón elegido para un período constitucional de seis años o un Alarcón prorrogado por algún tiempo?

Obviamente, para el presidente Noboa sería más conveniente un fiscal de bolsillo como Alarcón durante seis años, pues le cubriría las espaldas durante su Presidencia y algunos años después. Sin embargo, no todo indica que eso sea posible. 

Alarcón está haciendo un papelón como fiscal en los casos Sinohydro y Triple A, y eso puede complicar su elección dentro del CPCCS. Más aún, en la etapa de oposición podría aparecer alguien dispuesto a exhibir todas las irregularidades cometidas durante el concurso, así como las malas actuaciones de Alarcón en los casos emblemáticos que lleva adelante.

Entonces, la pregunta ya no es cuál sería la mejor opción para el presidente Noboa, sino cuál es la opción realmente posible. Ahí encaja la alternativa de un Alarcón prorrogado hasta conocer el resultado de las elecciones de noviembre y saber qué ocurrirá con la consulta destinada a quitarle facultades al CPCCS.

¿Entonces la abstención de Gilbert formó parte de una estrategia para mantener a Alarcón en el cargo? Es posible.

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Las claves del caso

• Comerciantes reportan reducciones de entre el 40 % y el 50 % en sus ingresos debido a los cierres viales y las dificultades de acceso para clientes
  
• Las afectaciones se concentran en sectores como la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, la calle Rumichaca y los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), donde se ejecutan importantes intervenciones municipales.
  
• Los comerciantes y residentes advierten que varias calles permanecen sin concluirse y temen que una eventual llegada del fenómeno de El Niño agrave la situación con lluvias e inundaciones.

Guayaquil mantiene más de 100 kilómetros de calles intervenidas en distintos puntos del norte, centro y sur. Aunque la mayoría de las vías permanecen habilitadas parcialmente y otras continúan cerradas o con acceso restringido, quienes aseguran sentir el mayor impacto son los comerciantes. No aguantan más pérdidas, después de los toques de queda y por la inseguridad.

Si bien reconocen que se trata de obras que la ciudadanía ha reclamado durante años para mejorar sus sectores, denuncian que la facturación de sus negocios ha caído de forma considerable. En un recorrido realizado por EXPRESO , los propietarios coinciden en un mismo escenario: reducción de horarios, despidos de personal y una disminución de las ventas de hasta el 50%.

Los casos se registran, por ejemplo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada; la calle Rumichaca, en el centro; y en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), en la ciudadela Quisquís. 

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Decenas de locales en La Alborada son afectados

En el primer punto, desde el 20 de marzo permanece cerrado un tramo de la Rodolfo Baquerizo Nazur, comprendido entre las calles Agustín Freire y José María Egas , donde el Municipio ejecuta obras de reconstrucción. Para quienes trabajan en la zona, la intervención ha significado una fuerte caída económica.

"Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegar", comenta Jimmy Mena, administrador de un establecimiento.

Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegarJimmy Mena
​comerciante 

A lo largo de varias cuadras funcionan cadenas nacionales, franquicias, restaurantes, centros de servicios y locales especializados que dependen en gran medida del acceso vehicular. "Las ventas han bajado entre un 40 y un 50 % . Hemos tenido que reorganizar horarios y prescindir de trabajadores porque ya no existe el mismo movimiento de personas", señala Patricia Rivas, propietaria de un negocio de productos de belleza.

"A veces prefiero comprar en otro lugar porque llegar aquí implica dar muchas vueltas. Cuando uno tiene poco tiempo, termina buscando otra opción", dice Andrea Molina, usuaria frecuente del sector.

Ronny Córdova, propietario de un negocio de venta y mantenimiento de equipos de computación, asegura también que la caída en las ventas ha sido significativa. "Nuestros clientes normalmente llegan en vehículo porque los equipos son pesados. Ahora muchos prefieren comprar o realizar mantenimiento en otros lugares porque estacionarse o ingresar es complicado. Las ventas han disminuido al menos un 50 %".

Arreglo de carril de Metrovía afecta en el centro

En el centro de la ciudad, la calle Rumichaca también forma parte del mapa de intervenciones que, aunque son defendidas por el Municipio como necesarias para mejorar la infraestructura, generan molestias y reclamos. Desde finales de mayo se ejecuta la reconstrucción del carril de la troncal 4 de la Metrovía en un tramo de aproximadamente cinco cuadras, entre Febres Cordero y Pedro Franco Dávila. 

Aunque la afectación no alcanza los niveles observados en otros sectores, los comerciantes aseguran que la reducción del tránsito vehicular ha impactado en sus ingresos. En esta zona operan veterinarios, almacenes de ventilación, comercios especializados en productos para mascotas y diversos negocios familiares.

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“Cuando se restringe la circulación, automáticamente disminuye el número de clientes”, explica Javier Torres, propietario de una veterinaria.

La situación también preocupa a los comerciantes de equipos de ventilación. " Hay días en los que prácticamente no entra nadie . Las personas evitan la zona porque saben que hay trabajos y prefieren acudir a otros sectores", indica Roberto Santillán.

Exteriores de la Facso, con afectaciones

Como detalló EXPRESO días atrás, la situación en la ciudadela Quisquís es una de las más visibles, debido a la gran cantidad de estudiantes y usuarios que diariamente circulan por el sector.

En esta zona, uno de los casos más críticos es el de un centro médico que ha reducido sus atenciones debido a las dificultades de acceso. " Está todo roto y la gente no llega . Hay que considerar que quienes vienen generalmente tienen problemas de salud y, con todo lleno de polvo y en mal estado, resulta casi imposible acceder", relata uno de sus responsables.

Pese a las críticas, la mayoría de los comerciantes reconocen la necesidad de ejecutar obras, pero cuestionan los tiempos de ejecución y piden mayor celeridad, conscientes de que las molestias serán temporales.

"Todos queremos calles mejores. Nadie está en contra de las obras. Lo que pedimos es que se hagan más rápido porque dependemos de nuestras ventas para sobrevivir", afirma un comerciante del centro.

Ante este escenario, EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la coordinación no se había concretado.

Preocupación por la llegada de El Niño

La preocupación también aumenta ante las advertencias sobre una posible llegada del fenómeno de El Niño. "Lo preocupante es que muchas calles siguen siendo prácticamente de tierra. Si llegan lluvias fuertes antes de que terminen las obras, el problema será mucho mayor", advierte un residente de Miraflores.

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Para Carlos Jiménez, experto en urbanismo, estas obras debían haber sido estudiadas antes de su ejecución. "Hay obras que son muy urgentes y otras que no lo son. Siempre se debe buscar la manera de generar el mínimo impacto en la ciudadanía,especialmente en los comercios".

Jiménez señala que las obras no deben tomar más tiempo del establecido. "Eso es lo que desestabiliza a los comerciantes. Los trabajos deben ser ejecutados dentro de los plazos previstos, para no afectar a las personas".

Mientras las intervenciones avanzan, comerciantes de distintos sectores coinciden en una misma petición: que las obras concluyan cuanto antes para recuperar el flujo de clientes y evitar que la afectación económica continúe profundizándose.