Lo que debes saber: 

• Adultos mayores en Ecuador: 1,5 millones enfrentan realidades distintas al llegar a los 65 años.
• Así viven los adultos mayores en Ecuador: pensiones, salud, vivienda y apoyo familiar.
• Una defensora de derechos de esta población habla de las diferencia entre quienes están solos, sin jubilación y otro sector que recibe una pensión, tiene ahorros, una red de apoyo, etc.

En Ecuador, la experiencia de envejecer está condicionada por factores como tener una pensión jubilar, contar con una red de apoyo familiar, ser autónomo y acceder a servicios de salud y vivienda. Así lo explica Sonia Andrade Tafur, defensora de los derechos de las personas mayores.

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Una mañana en el Parque Inglés, al norte de Quito, permite observar algunas de las distintas formas de vivir la vejez en Ecuador. El 9% de la población tiene 65 años o más.

En uno de los espacios del parque, un grupo de mujeres de distintas edades y condiciones participa en una jornada de zumba dirigida por el profesor Alexis González. 

Entre ellas está Marianita de Medina, de 84 años, quien vive en el sector de Andalucía y acude al grupo de martes a viernes. Es enfermera jubilada. Trabajó en el Hospital Carlos Andrade Marín. Tiene cuatro hijos y siete nietos. Los lunes no asiste al parque porque es ministra de la eucaristía y ayuda a llevar la comunión a personas enfermas.

En el mismo grupo está Alba Mosquera, de 75 años, también residente en Andalucía; madre de dos hijos de 52 y 53 años y abuela de cuatro nietos. Lleva 11 años participando en las actividades físicas del parque, aunque comenzó a ejercitarse allí hace dos décadas. Es guayaquileña y llegó a Quito hace 20 años. Tuvo un restaurante.

Nunca se afilió al IESS. Le molestan sus várices, una dolencia que se relaciona con los años que trabajó de pie; se atiende con un médico particular. Dice sentirse satisfecha con su vida y valora especialmente el tiempo que ahora puede dedicar a sí misma.

No es la única. Gina Villacís, quien cumplirá 60 años en este mes, dice: "El grupo me quitó el miedo a seguir avanzando en edad. Me gusta ver que todas se mantienen con salud, vigorosas; todas se amarran los cordones solas". Con el profesor Alexis practican taichí, yoga, aeróbicos y zumba.

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Adultos mayores deben contribuir para sostener gastos familiares

A pocos metros, Teresa Mora, de 67 años, espera a que su nieto suba al transporte escolar. Vive con él y con su hija. Con su pensión, de algo más de 300 dólares al mes, contribuye a sostener los gastos de la familia. Reúna el dinero para cubrir el pago de una vivienda que todavía está hipotecada. 

Mora no ha podido acudir a la oftalmóloga porque el dinero no alcanza y tampoco ha conseguido una cita en el IESS.

El contraste entre estas historias muestra que llegar a los 65 años no representa lo mismo para todas las personas. Para algunas, supone disponer de tiempo después de décadas de trabajo; para otras, el ingreso mensual apenas alcanza para cubrir sus propias necesidades y, al mismo tiempo, contribuir a la economía familiar.

De los 1,5 millones de adultos mayores que hay en Ecuador, 803.392 son pensionistas.

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Andrade recuerda que las pensiones también cumplen una función dentro de los hogares. Incluso cuando los hijos ya están en edad productiva, señala, el ingreso de los jubilados contribuye a cubrir los gastos de hijos y nietos.

Este aporte, apunta, permanece poco visible y debería considerarse en el diseño de políticas públicas. La precarización del empleo formal y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a ingresos suficientes pueden aumentar la dependencia económica dentro de las familias, sostiene.

"Mi jubilación e permite vivir con dignidad y tranquilidad"

Cecilia Suárez, de 66 años, es una de las personas que sí cuenta con una jubilación. Desde 2021 disfruta de una nueva etapa que, según cuenta, le ha permitido dedicar más tiempo a la lectura, a la música, a su familia ya viajar.

Trabajó durante 42 años en la Universidad de Cuenca, donde llegó a ser decana de la Facultad de Artes. También fue directora de Cultura del Municipio de Cuenca. 

“Le dediqué toda mi vida a la docencia, investigación y servicio público”, cuenta. Para ella, jubilarse no fue una experiencia difícil, sino una transición esperada.

"Jubilarse no fue difícil, todo lo contrario, fue muy placentero, tengo tiempo para mí, para mi familia. Como que se cumplieron mis metas y tenía que venir esta otra etapa", relata.

Tiene tres hijos y tres nietos, de 10, 7 años y dos meses.

Su jubilación, explica, le permite vivir con tranquilidad y cubrir sus necesidades.

"Yo diría que tengo una comodidad, una tranquilidad que me ofrece una vida digna. No poseo riquezas ni capitales, mucho menos, pero el tiempo para mí es la mayor recompensa que tengo", afirma.

Ha viajado y conocido lugares que antes no había podido visitar, entre ellos Nueva York y las Islas Galápagos. Se siente agradecida por esas experiencias.

Sin embargo, reconoce que su situación no representa la realidad de la mayoría de las personas mayores en Ecuador.

“Desafortunadamente, pertenezco a un porcentaje pequeñito que tiene el privilegio de disponer de una jubilación”, dice.

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No tener pensión ni ahorros

Sonia Andrade, defensora de derechos de personas mayores, coincide en que la vejez en Ecuador está atravesada por profundas diferencias económicas y sociales. La precarización del trabajo formal, señala, deja a un número importante de personas sin una pensión para afrontar esta etapa de la vida.

“Vivir la vejez es absolutamente desigual: unos tienen jubilación, vivienda propia y apoyo familiar; otros están sin pensión, sin ahorros”, sostiene.

Las historias de quienes se reúnen en un parque de Quito muestran esa diferencia. Para algunos, la vejez puede significar tiempo libre, actividad física, viajes y una mayor autonomía. Para otros, la pensión -cuando existe- ayuda a cubrir las necesidades de hijos y nietos.

Lo que debes saber

• La cultura del miedo puede derivar en autocensura.
• Los entrevistados advierten riesgos para el pluralismo democrático.
• El debate y los contrapesos son claves para la democracia.

El silencio empieza a convertirse en una señal incómoda de la política ecuatoriana. Periodistas que cuestionan, indagan y exponen; empresarios que advierten y figuras públicas que discrepan aparecen cada vez más expuestos a campañas de descrédito, presiones o aislamiento mediático.

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El miedo como herramienta de poder

El patrón preocupa porque no necesita de una orden explícita del poder para producir resultados. Pero, basta con que alguien vea lo ocurrido con otros y empiece a preguntarse cuánto le costaría decir lo que piensa.

El exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que detrás de estas prácticas existe un intento de frenar la crítica cuando esta comienza a crecer. A su criterio, el Gobierno de Daniel Noboa recurre a instituciones que deberían actuar con independencia y que, según afirma, terminan convertidas en instrumentos de poder.

Peñafiel menciona entre los casos que, desde su perspectiva, evidencian esa dinámica al expresidente Oswaldo Hurtado, María Paz Jervis, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, y medios como EXPRESO y Ecuavisa. Sobre este último, señala que impedir la presencia de funcionarios en entrevistas constituye también un problema para la transparencia y la rendición de cuentas.

La consecuencia más delicada, según Peñafiel, es que el poder comienza a ejercerse mediante el miedo. Cuando una persona observa que cuestionar tiene consecuencias, la discusión deja de ser sobre si tiene razón y pasa a ser sobre cuánto está dispuesta a arriesgar.

Precisamente allí, el exministro de Gobierno Henry Cucalón identifica uno de los mayores peligros: la autocensura. La define como “una forma de silencio” que aparece cuando las personas dejan de hablar antes incluso de que alguien tenga que ordenarles callar.

El caso del periodista Hernán Higuera que dejó de investigar el caso Progen después de denunciar consecuencias que alcanzaron a su familia, ilustra para Cucalón hasta dónde puede extenderse ese temor. El problema, sostiene, ya no es únicamente la afectación individual, sino el mensaje que recibe el resto de la sociedad ecuatoriana.

Cucalón advierte que la autocensura es otra forma de silencio y que el miedo puede terminar condicionando la manera en que periodistas, empresarios y ciudadanos expresan sus posiciones. Por lo que el efecto puede producirse de manera indirecta, hasta instalarse como una conducta cotidiana.

No obstante, Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, explica que cuando estas acciones parten de funcionarios o instituciones públicas dejan de ser simplemente una “funa” (un linchamiento virtual para destruir la reputación social de una persona) en redes sociales. A su juicio, estas pueden convertirse en “coacción institucional” y en una forma indirecta de censura.

Delgado describe mecanismos que, según su análisis, pueden combinar presión administrativa, estigmatización y desgaste profesional. Entre ellos menciona el retiro selectivo de publicidad a los medios, auditorías, utilización de herramientas legales y campañas que presentan a los críticos como enemigos o desinformadores.

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Cuando disentir tiene un costo

El resultado, subraya, es que algunos periodistas dejan de hablar, otros abandonan el país y otros cambian los temas que investigan. “Al estrangular o silenciar las voces críticas, la ciudadanía también pierde acceso a información plural contrastada”, sostiene el antropólogo.

Cucalón considera que una de las causas de este fenómeno es la polarización permanente. “Si tú criticas al Gobierno, entonces eres correísta”, resume al explicar una lógica que, según él, convierte cualquier divergencia en una identidad política y reduce el espacio para una crítica independiente.

El antropólogo coincide en que el debate público se ha vuelto binario. Bajo esa lógica, cuestionar una decisión oficial puede ser interpretado como estar “del otro lado”, una simplificación que termina sustituyendo la discusión sobre los argumentos por la descalificación de quien los plantea.

Sin embargo, ¿por qué resulta más fácil atacar que escuchar? Peñafiel responde que el diálogo exige amplitud, escucha y capacidad para aceptar verdades incómodas, mientras que “el proceso de imposición es la decisión del manda más”.

El exministro de Gobierno plantea una diferencia que se debe analizar: un Gobierno puede ejercer un liderazgo firme frente al crimen organizado y, al mismo tiempo, respetar las libertades individuales. “Firmeza sí, dureza, pero por supuesto, un liderazgo fuerte”, afirma, pero advierte que eso no debe confundirse con sectarismo, intolerancia o arbitrariedad.

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El riesgo para la democracia

¿Quién debería poner límites? Jorge Peñafiel apunta primero a la Asamblea Nacional, porque considera que ese poder tiene herramientas constitucionales para ejercer contrapesos; pero cuestiona que el Legislativo cumpla esa función cuando actúa alineado con el Ejecutivo.

Por su parte, Henry Cucalón amplía la responsabilidad a la sociedad y a las instituciones que deben funcionar como contrapesos. “No hay que dejarlos solos”, dice al referirse a quienes son atacados por pensar diferente, y reclama una ciudadanía capaz de defender la libertad, aunque la persona afectada no pertenezca a su sector.

El antropólogo Florencio Delgado sostiene que el riesgo final de esta cultura del silencio no es que desaparezcan todas las voces críticas de un día para otro. Es algo más silencioso: que cada vez haya menos personas dispuestas a levantar la voz, hasta que la sociedad termine acostumbrándose a que discrepar tiene un precio alto.

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El miedo debilita el pluralismo

La “pulverización” de las voces críticas tiene una consecuencia que va más allá del periodismo. Para el antropólogo Florencio Delgado, Ecuador puede convertirse en un lugar inseguro para la disidencia cuando el poder utiliza el miedo como una herramienta para condicionar la expresión pública.

El antropólogo considera que esa política del miedo termina debilitando el espacio público. Si las voces críticas son “pulverizadas”, dice, la ciudadanía pierde la posibilidad de contrastar posiciones y queda expuesta a una narrativa con menos cuestionamientos.

Henry Cucalón ubica el fenómeno en otra dimensión y lo relaciona con una práctica propia del populismo. Para el exministro, convertir la discrepancia en una amenaza y dividir a la sociedad entre quienes están con el poder y quienes están contra él responde a una lógica de confrontación que deteriora el pluralismo.

Jorge Peñafiel lleva la comparación hacia otros gobiernos de la región. El exasambleísta sostiene que el uso del miedo como mecanismo de poder ha sido empleado por gobiernos como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los hermanos Castro. Para el exlegislador, la contradicción es clara: un sistema puede mantener elecciones e instituciones, pero debilitar, a la vez, la democracia al concentrar el poder y limitar a quienes lo cuestionan.

Quito fuera de la postal

• Tres películas ecuatorianas recientes han desplazado la cámara del Centro Histórico y el Panecillo hacia casas de barrio, universidades, bares, antiguos cines, zonas industriales y parroquias rurales del Distrito Metropolitano.
• Nosotros, mi papá y el perro, Buenos Amigos y El niño probeta encuentran en esos escenarios cotidianos el entorno que necesitan sus personajes y las historias que cuentan.

Desde que la industria cinematográfica empezó a desarrollarse en Ecuador, Quito ha sido quizá una de las ciudades más fáciles de reconocer en la pantalla. Bastaban una toma del Panecillo, las fachadas del Centro Histórico o alguna de sus iglesias para situar la historia.

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Ocurrió en filmes emblemáticos del cine nacional como A tus espaldas, que convirtió a la Virgen del Panecillo en un eje de su relato, o Ratas, ratones, rateros, que llevó parte de su acción hasta la antigua terminal de Cumandá.

Esa geografía, sin embargo, aparece cada vez menos en los estrenos nacionales recientes rodados en la capital. La cámara se ha desplazado hacia otros rincones de Quito y sus alrededores, menos asociados con la postal turística y más vinculados con la cotidianidad de sus personajes.

El recorrido ahora pasa por una casa de los años setenta en la Granda Centeno, los corredores de la Universidad Central, un antiguo cine para adultos, un edificio en Cumbayá, los bares de la Shyris o las bucólica calles de la parroquia Nono, en el nororiente de la urbe.

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Nosotros, mi papá y el perro, de Pablo Arturo Suárez; El niño probeta, de Carolina Hernández; y Buenos Amigos, de Dwight Gregorich, tienen poco en común si se mira únicamente sus argumentos. La primera es una comedia familiar sobre un hombre de 45 años cuya vida empieza a desarmarse; la segunda recurre a la ciencia ficción para hablar del racismo; y la tercera se mueve entre el thriller y la acción después de que un grupo de jóvenes roba una computadora y una cámara que pertenecen a una organización criminal.

Pero las tres comparten algo: son historias profundamente atravesadas por Quito. La ciudad no aparece únicamente como el lugar donde ocurren los hechos. Sus barrios, edificios y espacios cotidianos ayudan a definir a quienes los habitan y, en buena medida, explican por qué estas películas han buscado otros escenarios para contarla.

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Una ciudad detenida en el tiempo

La elección de esos espacios empieza, en buena medida, por los personajes. Para Pablo Arturo Suárez, Sebastián, protagonista de Nosotros, mi papá y el perro, no podía habitar un Quito de postal. Es un profesor universitario de clase media que pierde su trabajo y que, mientras intenta recomponer su vida, debe lidiar con un hijo adolescente, un padre jubilado, un matrimonio en crisis y el regreso inesperado de su hermano.

Ese mundo cotidiano comienza en una casa de la Granda Centeno. Suárez buscaba una vivienda de los años setenta u ochenta, una de esas casas familiares por las que han pasado varias generaciones y que todavía sobreviven entre los edificios que han transformado el sector. El espacio debía acompañar también el momento que atraviesa Sebastián: mientras su vida cambia a toda velocidad, él parece haberse quedado unos pasos atrás.

“Quería que la ciudad también se sienta como una ciudad quedada en el tiempo, que no se sienta ni moderna ni vieja, ni colonial ni supermodernizada, sino como esta ciudad que sigue conviviéndose y viviéndose”, señala el director.

La misma lógica llevó el rodaje hasta la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y, más adelante, a uno de los escenarios más singulares de la película: el Cine América. El antiguo teatro, hoy dedicado al cine para adultos, es frecuentado por Rodrigo, el padre de Sebastián. En la película, además de revelar una faceta del personaje, termina convirtiéndose en un lugar de encuentro y conversación entre padre e hijo.

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“Es un lugar que todos sabemos que existe, pero al que el 99 % de las personas nunca hemos entrado o no sabemos cómo es. Me parecía interesante hablar de ese otro mundo y construir una microhistoria alrededor de este espacio”, cuenta Suárez.

Quito, cuando cae la noche

Una búsqueda similar, aunque desde otro género, atraviesa Buenos Amigos. La película de Dwight Gregorich sigue a Isabel, una adolescente que empieza a frecuentar a un grupo de jóvenes que comete pequeños delitos para financiar sus salidas. Una noche roban una computadora y una cámara del vehículo equivocado: los objetos pertenecen a una organización criminal y el juego de estos chicos termina convirtiéndose en una persecución. En paralelo, la historia sigue la tirante relación de Isabel con Tatiana, su madrastra

Para construir ese universo, la producción se desplazó entre Quito y Cumbayá y buscó espacios asociados con la vida urbana de sus personajes. La avenida Shyris y sus bares y el Metro de Quito, forman parte de ese recorrido. A ellos se suma una locación industrial que la producción utilizó durante buena parte del rodaje y donde transcurre parte de la acción.

La intención, explica Karen Montero, productora y protagonista del filme, era retratar el ambiente nocturno en el que se mueven estos jóvenes y lugares de encuentro, desplazamiento y ocio que se visibilizan cuando empiezan a cruzar los límites que pone en marcha el thriller.

Más allá del paisaje

En El niño probeta, la cámara se aleja todavía más del núcleo urbano. Carolina Hernández llevó cuatro de las cinco semanas de filmación a Nono, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito. Allí convirtió sus calles y casas en San Fernando, el pueblo ficticio donde Susana y Miguel recurren a un tratamiento genético para escoger las características de su hijo: piel clara, cabello rubio y ojos claros.

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La ciencia ficción sirve como punto de partida para una historia atravesada por prejuicios raciales y sociales. Para contarla, Hernández buscaba una comunidad donde mestizos e indígenas convivieran de cerca y donde la llegada del primer “niño probeta” pudiera alterar las relaciones de un pueblo en el que las familias se conocen, las noticias circulan rápido y la apariencia del recién llegado despierta preguntas entre sus habitantes.

La elección de ese entorno también tenía una raíz personal. Hernández nació en Guayaquil y creció en Huaquillas, pero sus padres son serranos y durante su infancia pasó temporadas en la Sierra. Situar la historia allí le permitía reunir en un mismo espacio las diferencias y prejuicios sobre los que quería indagar. También incorporar otro elemento que consideraba inseparable de la vida cotidiana de muchas comunidades ecuatorianas: la religión. En San Fernando, el cura aprovecha sus sermones dominicales para hablar de aquello que considera normal o anormal ante los ojos de Dios.

Nono, además, no funcionó únicamente como escenario. Cerca del 90 % del equipo se instaló en la parroquia durante la filmación y, antes de encender las cámaras, la producción realizó un proceso de socialización con la comunidad e incorporó a varios de sus habitantes al rodaje.

“Más allá de que toco temas que me hacen reflexionar o me motivan a preguntarme cosas y a intentar encontrarles respuestas, siempre hago películas pensando en el público, en que las vea el público”, ha explicado la cineasta.

Lo que debes saber

• Mandatarios piden reformar la ONU y centrar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.
• Analistas señalan que el derecho a veto en el Consejo de Seguridad bloquea reformas institucionales.
• La falta de consenso multilateral expone a naciones como Ecuador a depender de superpotencias.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), líderes internacionales como los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos) demandaron transformar el organismo multilateral. Los mandatarios coincidieron en que el sistema global debe dejar atrás los esquemas de la Segunda Guerra Mundial y responder con eficacia a crisis contemporáneas como las guerras y el crimen organizado transnacional.

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Las demandas de los mandatarios en el 81.º período de sesiones

En la sede de las Naciones Unidas, las críticas hacia el funcionamiento del organismo multilateral fueron un eje recurrente entre diferentes delegaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, demandó acciones inmediatas y prioritarias frente a la delincuencia transnacional:

Por su parte, el mandatario argentino, Javier Milei, calificó de "inútil" a la entidad por la falta de cumplimiento en la resolución sobre Malvinas y señaló: “Una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, su autoridad”, agregando que “Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura”.

A su vez, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, encabezó los cuestionamientos al afirmar: “Parece que lo único que hacen es escribir una carta con un tono muy enérgico y luego no darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra”, tras lo cual adelantó que recurrirá a su poderío militar para resguardar sus intereses.

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El derecho a veto: el nudo crítico del Consejo de Seguridad

De acuerdo con analistas consultados por EXPRESO, el principal obstáculo institucional para transformar el organismo radica en el Consejo de Seguridad y en el privilegio de veto que mantienen sus cinco miembros permanentes:

El internacionalista Esteban Santos advierte que este esquema mantiene atado de manos al multilateralismo ante los conflictos bélicos: “No puedes tener una resolución sobre Ucrania como no la tendrás en Palestina y posiblemente no la tengas jamás sobre Taiwán”. Para Santos, este bloqueo sistemático alimenta focos de tensión en enclaves estratégicos como Medio Oriente o el estrecho de Ormuz.

La falta de representatividad regional

El excanciller Patricio Zuquilanda destacó que la marginación de continentes enteros resta legitimidad a la estructura global: “Por el lado latinoamericano, hemos venido desde hace mucho tiempo pensando que un país grande de nuestro subcontinente podría representarnos... Brasil pueda representar a nuestra región”.

Sin embargo, cualquier enmienda a la Carta de la ONU exige la aprobación de los mismos cinco integrantes con derecho a veto. Frente a este panorama, Santiago Pérez, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL, sostuvo que mientras no cambie esa potestad, cualquier reforma anunciada representará solo una “medida parche”.

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Del multilateralismo al auge del "minilateralismo"

Ante el estancamiento burocrático, la diplomacia internacional transita hacia coaliciones flexibles encabezadas por liderazgos personalistas que privilegian acuerdos transaccionales.

Entre estas plataformas destacan:

Pérez precisó que este tipo de alianzas reducidas persiguen resultados inmediatos frente a coyunturas específicas, pero advirtió sobre sus desventajas: “Son más rápidas, pero menos legítimas y menos inclusivas también”. Asimismo, Zuquilanda indicó que los discursos que tildan de inútil a la entidad y recortan su financiamiento coinciden con una “hipertrofia interna” marcada por “una burocratización exagerada que ha causado gravísimos problemas al presupuesto de la organización”.

Las consecuencias directas para Ecuador y la región

El repliegue del sistema global afecta de manera crítica a países pequeños y medianos como Ecuador en el combate al narcotráfico y a las bandas transnacionales. La falta de mecanismos globales deja desprotegidos a los Estados, dado que ningún territorio posee el músculo financiero ni militar suficiente de forma aislada.

Zuquilanda alertó que la parálisis de la organización internacional orilla a resoluciones unilaterales que comprometen la soberanía estatal:

“Estamos cediendo la decisión no solamente de la prevención, sino de la represión a un solo país, a una potencia mundial”, concluyó el excanciller.

Lo que debes saber

• La extorsión se ha extendido a viviendas, negocios y trabajadores de distintos sectores de Guayaquil, con cobros que van desde 2,50 dólares semanales a viviendas, hasta $ 5.000 dólares o más a establecimientos comerciales.
• Los testimonios recogidos por EXPRESO muestran que repartidores, técnicos, comerciantes y familias deben pagar para trabajar, mantener sus negocios abiertos o ingresar a determinados barrios.
• Los cobros están acompañados de amenazas y reflejan el control territorial que ejercen grupos delincuenciales en diferentes zonas de la ciudad.

La amenaza puede llegar en forma de una nota dejada durante la noche, de dos hombres que se acercan a conversar como si fueran conocidos o de alguien que espera en la entrada de un barrio para cobrar por dejar pasar un vehículo.

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En distintos sectores de Guayaquil, residentes y comerciantes cuentan que la extorsión se ha incorporado a actividades tan cotidianas como abrir un local, entregar mercadería o simplemente vivir en una casa. El valor tampoco es el mismo para todos: cambia según el sector, el inmueble y el tipo de actividad.

Extorsiones en Guayaquil: los pagos empiezan con 2,50 dólares semanales a viviendas en el noroeste

En Flor de Bastión, en el noroeste de la ciudad, Arturo, residente de uno de los bloques, cuenta que los cobros a las viviendas pueden comenzar en $ 2,50 semanales. Los hombres que llegan a exigir el dinero hablan de una supuesta protección.

“Ellos te dicen que es protección, pero son ellos mismos los que cobran para no hacerte nada”, relata.

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El monto, según su testimonio, aumenta dependiendo de lo que tenga cada familia. Si la casa tiene dos pisos, el valor sube; si hay un vehículo, se suma otro cobro, por lo que pueden terminar pagando más de $ 10 cada semana.

Para quienes tienen un negocio, la exigencia es diferente. En los establecimientos comerciales, Arturo señala que se puede pedir entre $ 1.500 y $ 2.000 como pago inicial, además de cuotas mensuales que van desde $ 50 hasta $ 300.

La presión no termina con la entrega del dinero. “No les cumples una semana y ya al siguiente día te van a amenazar”, afirma Arturo. El vecino asegura que una vivienda cercana a la suya fue baleada después de que sus ocupantes se negaran a pagar la denominada vacuna.

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Extorsiones en Guayaquil: problemas por control territorial

En Flor de Bastión, además, el cobro está atravesado por el control territorial de grupos delincuenciales. Raúl, otro vecino, explica que las zonas pueden estar divididas por calles o manzanas: una organización cobra hasta determinado punto y, al cruzar la calle, comienza el territorio de otra.

Según explicó, las disputas por esos cobros han provocado enfrentamientos y muertes.

En Monte Sinaí, otros residentes consultados por EXPRESO describen una modalidad distinta para las viviendas. Allí, los cobros pueden partir de $ 2 diarios. Aunque se trata de una cantidad aparentemente menor, la frecuencia convierte la exigencia en un pago constante para las familias que son sometidas a estas presiones.

“No exagero, pero con 2 dólares al día comen algunas familias aquí. Es un problema bravo el que tenemos”, dice Mariuxi, vecina de una cooperativa.

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Extorsiones en Guayaquil: Cierre de establecimientos por amenazas

En el sur, Carla, comerciante de la ciudadela La Floresta terminó cerrando su local de venta de cervezas y otros licores después de ser extorsionada.

El primer contacto ocurrió en 2024, cuando dejaron una nota en el establecimiento. Después llegaron dos hombres que le exigieron $ 200 mensuales bajo el argumento de que la protegerían de otras bandas. También amenazaron con secuestrar a su esposo.

La mujer comenzó a pagar, pero el valor fue aumentando: primero fueron $ 200, luego $ 500 y finalmente llegó a entregar cerca de $ 1.000 cada mes.

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Los cobros también incluían productos. Durante la Navidad de ese año, recuerda, le exigieron más de 12 cajas de cerveza. Ella las dejó afuera del local y los hombres las cargaron en una camioneta.

Dos meses después decidió cerrar, luego de que las amenazas alcanzaran a ella y a otros familiares al negarse a pagarles un aumento en la “tarifa” a $ 1.500.

Belén es propietaria de una picantería en el suroeste de la ciudad. Cuenta a EXPRESO que hace dos años la extorsionaron. Sujetos llegaron a su local para pedir un pago único de $ 5.000, cuyo objetivo era brindar un supuesto servicio de protección. Ella decidió pagar ese monto.

“No me han vuelto a molestar desde esa época”, señaló. Sin embargo, teme que en cualquier momento se aparezcan para pedir nuevamente un rubro fuerte.

El impacto alcanza también a quienes recorren los barrios para abastecer a las tiendas.

Mario, dueño de un establecimiento en Mapasingue oeste, explica que los repartidores han tenido que modificar sus recorridos, además de las extorsiones, por los robos que sufren en ese sector.

En lugar de ingresar con los camiones, los repartidores utilizan camionetas y avanzan hasta donde el acceso es permitido. Según su testimonio, deben pagar entre $ 10 y $ 20 para entrar al barrio, entregar la mercadería en las tiendas y salir del sector.

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La extorsión, sin embargo, no se limita a quienes distribuyen productos.

Una situación similar enfrentan los técnicos de empresas de tecnología que realizan trabajos de campo en el noroeste. Diego, uno de ellos, confirmó que los trabajadores deben llevar entre $ 10 y $ 20 por persona en efectivo, entregado por la misma compañía para que laboren, con el fin de ingresar a determinados sectores y evitar represalias.

“¿Sabe por qué hay gente que se queja que no tiene ciertos servicios durante días? Porque hay técnicos que no pueden entrar a esos sectores, por la peligrosidad”, comentó.

La primera vez que ingresó a Guerreros del Fortín, hace tres años, le robaron cables y herramientas al negarse a entregar dinero.

Decidí cerrar, porque comenzaron a amenazarme a mí, a mi familia, para que les pague más. Era una sensación tan indignante, no podía ni dormir.Carla, laboraba en La Floresta

En sectores como Pascuales, Mucho Lote 2 y Guayacanes, entre otros puntos del norte, propietarios de tiendas, ferreterías y panaderías deben pagar entre $ 50 y $ 300 mensuales, bajo amenazas de los extorsionadores, según contaron a EXPRESO.

Denuncias de extorsiones en cementerio municipal

Pero la extorsión también ha alcanzado otros espacios. Ciudadanos denunciaron supuestos cobros irregulares en el cementerio municipal Ángel María Canals, ubicado en el Suburbio porteño.

Las denuncias apuntan a exigencias de entre $ 200 y $ 500 para acceder a una bóveda dentro del camposanto, cuando los servicios en este espacio son gratuitos. Esta situación se encuentra bajo investigación de las autoridades.

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El costo de la extorsión va más allá del dinero: vidas perdidas, negocios que cierran y familias que se ven obligadas a abandonar viviendas adquiridas con el esfuerzo de toda una vida.

Los cobros siguen extendiéndose a nuevos sectores y actividades, y el desafío para las autoridades es contener un delito que continúa condicionando la vida cotidiana de los guayaquileños.

Lo que debe saber

• Guayaquil: El quintal pasó de $27 en julio a $37,50 en septiembre, según el SIPA.
• Octubre: El arroz Conejo se vende alrededor de $41,95, Oso Flor en $46,50 y el envejecido llega a $49,50 en algunas bodegas.
• La discusión: Comerciantes atribuyen el alza a la menor disponibilidad tras la cosecha, mientras agricultores piden transparentar las existencias nacionales.

El precio del arroz sigue subiendo y la escalada ya se siente en las bodegas y en el bolsillo de los consumidores. Agricultores, comerciantes y clientes finales coinciden en que el valor del grano mantiene una curva ascendente, aunque existen distintas explicaciones sobre las causas.

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Las cifras del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) muestran el cambio. En Guayaquil, el quintal de arroz pasó de $27 en julio de 2026 a $37,50 en septiembre. En Quito, en cambio, el precio pasó de $54,33 a $55 durante el mismo período.

En octubre, los comerciantes reportan nuevos incrementos.

De $29 a casi $50 en pocas semanas

José Luis Unda, experto en distribución y comercialización de alimentos de Prolimentos, explicó a Diario EXPRESO que en los primeros días de octubre el precio de algunas variedades continúa subiendo.

El arroz Conejo se comercializa en $41,95, mientras que el Oso Flor llega a $46,50 y el envejecido bordea los $49,50. Unda señala que esos valores corresponden a cargas que lograron conseguir a un precio relativamente menor.

En las piladoras, el Conejo ya se cotiza en alrededor de $44, el Oso Flor en $48 y el envejecido en $52.

El salto es considerable. Hace unas tres semanas, según Unda, esas mismas variedades se vendían aproximadamente en $29, $32 y $38,50, respectivamente.

El incremento ocurre después de que terminó la cosecha de arroz de verano, una de las principales del año.

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Agricultores cuestionan que el alza llegue al productor

José Luis García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó que hace unos 15 días terminó la cosecha de verano en Guayas y Los Ríos. En ese ciclo se habrían cosechado alrededor de 400.000 toneladas de arroz en cáscara.

Durante la cosecha, la saca llegó a pagarse hasta en $25. García sostiene que, una vez que disminuyó el volumen de arroz disponible inmediatamente después del pico de producción, comenzó el incremento del precio.

Sin embargo, cuestiona que este aumento esté beneficiando de manera general a los agricultores.

Según su explicación, buena parte del arroz ya había pasado a manos de intermediarios, por lo tanto el agricultor no se beneficia de los altos precios.

García también señala que las lluvias y las inundaciones en zonas tradicionalmente afectadas durante el invierno han generado preocupación entre comerciantes y consumidores. A su juicio, esa situación ha alimentado la percepción de que existe una escasez generalizada.

El dirigente sostiene que se debería transparentar cuánto arroz existe en el país y cuáles son las reservas disponibles. Según sus cifras, Ecuador consume unas 740.000 toneladas de arroz pilado al año, mientras que la producción nacional llegaría a unas 900.000 toneladas.

También señala que unas 10.000 hectáreas se han perdido por afectaciones climáticas, frente a unas 300.000 hectáreas que se siembran en el país, por lo que considera que la pérdida representa cerca del 3 % del área cultivada.

EXPRESO consultó a los gremios de industriales arroceros para conocer si las desconexiones eléctricas aplicadas a las industrias podrían estar incidiendo en el nuevo incremento del precio. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Según García las piladoras no trabajan los días en que deben tener generación electrica propia.

Lo que debes saber

• La anulación de la candidatura se resolvió durante un fin de semana sin derecho a la defensa.
• El fallo se fundamenta en una destitución de 2023 por negarse a designar a Wilman Terán.
• Se denuncia un trato diferenciado del TCE frente al caso de la exconsejera Rosa Chalá.

La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, cuestiona el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que anuló su candidatura, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sostiene que la impugnación sobre su probidad notoria carece de sustento jurídico, defiende su negativa previa a designar a Wilman Terán y denuncia un trato desigual respecto a otros aspirantes, anticipando acciones ante instancias internacionales y alertando sobre presiones políticas para controlar la designación de autoridades.

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- El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura, pero el TCE resolvió anularla por una denuncia electoral en su contra. ¿Por qué es improcedente?

Las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral están en contra de la democracia. Se me ha descalificado en un fin de semana en el que no se me permitió el debido derecho a la defensa. Nunca comparecí. No solamente afecta mis derechos y mi dignidad, porque se cuestiona mi probidad notoria, sino también los derechos de la ciudadanía a poder elegir de manera libre.

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- La denuncia en su contra cuestiona su probidad por la destitución que ordenó la Corte Constitucional en 2023. ¿Es argumento suficiente para descalificarla?

La probidad notoria tiene que ver con la conducta debida, con la trayectoria, con la honestidad. Nunca he tenido una responsabilidad penal, civil, ni siquiera una responsabilidad administrativa. Esa destitución, que fue dada por un supuesto incumplimiento de funciones, la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue admitida porque revisaron algunos puntos a considerarse, en los que prácticamente a mí se me destituyó por no designar a Wilman Terán.

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- ¿Todo se remonta a ese momento?

En un contexto en el que mis excompañeros estaban ya destituidos por la Asamblea Nacional, ya había sido una pelea durante meses por designar al presidente en la que demostré que quise designar; pero luego llega la terna donde estaba Wilman Terán y yo me opuse a elegirlo. Me destituyen por no elegir a Wilman Terán y ahora se cuestiona mi probidad notoria por no elegir a un hombre que está preso e involucrado en algunas acciones penales y civiles.

- ¿El TCE ha fallado diferente con otros candidatos?

Es contradictorio el fallo. Más allá de que se saltaron procedimientos, hay algunos candidatos cuyas impugnaciones, bajo las mismas causales y las mismas figuras, fueron rechazadas, y la mía fue aceptada. Es el caso de la exconsejera Rosa Chalá, con la que se actuó en derecho porque ella fue destituida también por la Asamblea Nacional y a ella también se le estaba impugnando la probidad notoria; en ese contexto, a ella se le da a favor y a mí se me da en contra. Aquí hay un direccionamiento claro en mi contra por parte del TCE.

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- ¿Queda algún recurso que pueda presentar para estar en la papeleta electoral?

No me aferro a una candidatura. A lo que sí me aferro es a la honestidad, a la transparencia, a la dignidad humana y a la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. No quiero que esto cree un precedente. Iré a las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.

- ¿Qué o quién está detrás de estos movimientos?

Lo indiqué en la ocasión en que fui presidenta: había presiones políticas para designar a las altas autoridades del Estado a conveniencia de ciertos grupos de interés. Lo denuncié en su momento y ahora lo sigo denunciando, porque es evidente que ese es el meollo del asunto. Nunca he dado pie a luchar a ultranza la designación de autoridades por parte del CPCCS porque he visto las presiones que tienen y cómo estos grupos tratan de apoderarse —y lamentablemente veo que lo han hecho— de las instituciones públicas.

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- ¿Cree que quitando la facultad de designación de autoridades termine ese interés político?

La democracia es lo que tiene que primar y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre si debe designar o no a las autoridades del Estado. En lo personal, he defendido la democracia y eso es lo que hay que respetar. Mientras el CPCCS tenga la atribución de designar autoridades, tiene que cumplirla a cabalidad porque así está en la Constitución.

Esta desesperación del Gobierno demuestra que no basta para asegurarse la victoria el operativo que se montó para descalificar a potenciales candidatos rivales, gracias al control de los organismos electorales, y para disuadir a otros de que se candidaticen, con amenazas de represalias de lo más variopintas. 

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La aparición de Noboa en un video grabado en una banca de la Plaza Grande de Quito y difundido por el órgano oficial El Universo (el operativo de seguridad para arreglar el escenario fue gigante y traumático para el Centro Histórico), lanzando la oferta para el programa Jóvenes en Acción, no hizo sino poner esta angurria electoral en escena.

El aumento de cupos para el nuevo programa

De entre todos los ofrecimientos hechos calculando la cercanía de las elecciones, sin duda, el más burdo es el del bono. El programa tenía inicialmente 150.000 cupos y ahora, cuando se acercan las elecciones, ese número saltó a 700 000. 

El aumento no es pelo de cochino: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original. Cada uno recibirá, según la promesa hecha por Noboa desde el Centro Histórico de Quito, 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, cosa que sería una tragedia para la economía del país, la transferencia alcanzaría la brutal cifra de 560 millones.

La propuesta es demencial, entre otras razones, porque la proforma presupuestaria de 2026 contemplaba apenas un millón de dólares para Jóvenes en Acción. La oferta del 1 de octubre equivale, por tanto, a unas 560 veces esa asignación y el Gobierno no ha explicado de dónde va a salir todo ese dinero. Aún más demencial es la promesa si se toma en cuenta que el Gobierno no ha sido capaz de comprar los medicamentos que gran parte de la población necesita. Además, su cumplimiento sería luego de los devastadores efectos que tendrá (ya está teniendo) el fenómeno de El Niño y la crisis energética que se está sufriendo.

La coincidencia con el calendario electoral

En el Gobierno dirán que se trata de una política social que el país necesita, pero el calendario electoral hace que esa afirmación sea mentirosa: las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están previstas para el 29 de noviembre de 2026. El primer pago de los nuevos Jóvenes en Acción está anunciado para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Más grosero no puede ser.

Y este no sería el primer episodio en el que una transferencia de liquidez del Gobierno coincide casi exactamente con una votación. En noviembre de 2025, antes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, Noboa dispuso adelantar el pago del décimo tercer sueldo de los servidores públicos. El pago comenzó el 11 de noviembre, apenas cinco días antes, y el Ministerio del Trabajo estableció que el pago completo debía efectuarse hasta el 14 de noviembre, apenas dos días antes de la consulta.

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El Gobierno explicó entonces que la medida buscaba inyectar liquidez, apoyar a las familias e impulsar el consumo. El propio SRI atribuyó posteriormente parte del aumento de las ventas de finales de noviembre de 2025 al adelanto del décimo. Pero el ‘timing’ no deja lugar a dudas: esto es clientelismo puro y duro.

Ahora se repite la escena con una escala mucho mayor. A los 560 millones de dólares prometidos para jóvenes se suma el adelanto del décimo tercer sueldo del sector público al 16 de noviembre de 2026, 38 días antes del plazo legal de diciembre. Y también aparece un feriado extraordinario el 20 de noviembre, tan solo nueve días antes de los comicios.

Las antenas parlantes del Gobierno sostienen que aquí no hay clientelismo, pero ninguna de ellas es capaz de responder a la pregunta política y fiscal: ¿por qué una administración que durante meses habla de restricciones presupuestarias termina multiplicando beneficios, adelanta pagos y agrega feriados justamente cuando se aproxima una elección decisiva?

No se trata de negar la necesidad de ayudar a los jóvenes ni de cuestionar que el dinero llegue a los hogares. El problema está en exigir que el Gobierno explique cuánto cuesta, de dónde saldrá, quiénes recibirán el beneficio, con qué criterios serán seleccionados y por qué el calendario de estas medidas coincide tan precisamente con las urnas. Y eso, al menos hasta ahora, no ha ocurrido.

Más allá de la coyuntura electoral y del problema fiscal, este episodio señala algunas cosas sobre las que la academia y los politólogos deberían reflexionar: cómo los regímenes autoritarios y antidemocráticos que deben legitimarse en elecciones recurren a estos recursos de clientelismo puro. Ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela cuando gastó 2,6 mil millones de dólares en la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, antes del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Chávez llegó a reconocer el componente político de su decisión. En una declaración de 2004 explicó que después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las ‘Misiones’ y que con ellas comenzaron a remontar en los sondeos.

Lo que debes saber:

• Carishinas en Bici enseña ciclismo urbano a mujeres de todas las edades en Quito.
• El colectivo de ciclistas cumplió 16 años de fundación en agosto del 2026.
• Jazz Armas es una de las carishinas en bici, enseñan de forma personalizada, a niñas y también a adultas mayores, también a hombres.

Cuando Jazz Armas era niña, solía pedirle a su padre que le comprara una bicicleta. Ese día nunca llegó. Tuvo que esperar hasta 2013, cuando comenzó a trabajar en el Instituto Geográfico Militar, en El Dorado, para descubrir en ella, una forma de desplazarse por Quito. 

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Para llegar hasta allí y volver a su casa, ubicada entonces en la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas, se acercaba a la primera estación de la BiciQ.

Poco después se incorporó a un colectivo de ciclistas. En sus salidas aprendió algunas de las habilidades que necesitaba para moverse en bicicleta por la urbe. Más tarde, enseñó a manejar a niños en un curso vacacional y conoció a otra carishina, Daniela Barragán. 

Luego la invitaron a ser instructora en Tena y, finalmente, a formar parte de Carishinas en Bici, que en agosto del 2026 cumplió 16 años.

Mientras habla, Jazz limpia su bicicleta, una GER 700x26, ligera y rápida gracias a sus llantas delgadas. “Es fácil de transportar, yo la carga con un brazo sin problema si hay grados en el camino”, explica.

No es su primera bicicleta. Antes tenía una Eagle, rin 26, de montaña básica, que utilizaba tanto para recorrer largas distancias como para moverse por la ciudad. Pero, se la robaron. 

Como buena 'carishina' tiene una segunda bicicleta, una MTB, para montaña. "Es más pro, frenos hidráulicos, bloqueo de suspensión al volante, componentes de gama alta. Se llama Espartana".

¿Por qué pedalear por la capital?

Jazz está convencida de que todas las mujeres deberían tener la posibilidad de aprender a montar en bicicleta. “A las mujeres nos dio libertad”, dice. 

Para ella es una herramienta de emancipación. Recuerda que hubo una época en la que las mujeres no podían salir solas y que, incluso para pedalear, debían llevar vestido.

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"Es más que un instrumento para movilizarnos. Mi cuerpo es mi motor: enseña a cuidar la postura, a ubicar las piernas. La bicicleta empodera. Nos cambió la vida. A los hombres quizás, les dio estatus", reflexiona.

Y en ese sentido, Jazz Armas, quien es comunicadora, subraya que el nombre del colectivo resignifica la palabra “carishina”, un término kichwa que hace referencia a una mujer que no quiere hacer aquello que normalmente se espera de ella y que, en determinados contextos, también se ha relacionado con quienes hacen actividades consideradas propias de los hombres, como montar en bicicleta.

La iniciativa de fundar un colectivo llamado Carishinas en Bici fue impulsada, entre otras, por la estadounidense Charlotte Fagan y la quiteña Sofía Gordón, hace 16 años.

Hoy, Jazz, quien trabaja con el equipo de gestión del colectivo, disfruta especialmente cuando puede sumar nuevas alumnas y alumnos. Las carishinas enseñan a niñas y niños pequeños que todavía no saben montar hasta jóvenes y mujeres mayores a quienes alguna vez les dijeron que la bicicleta era cosa de hombres.

Por ejemplo, ella tiene en mente la historia de tres hermanas de más de 60 años, que durante toda su vida soñaron con aprender a pedalear. Su madre nunca se los permitió. Cuando ella murió, las tres se propusieron cumplir ese deseo.

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Una de ellas fue alumna de Jazz. El día que consiguió pedalear sola durante un tramo, se rompió en llanto. Las dos se abrazaron. La mujer solo podía repetirle una frase: “No sabes lo que significa para mí”.

La escuela de ciclismo urbano de las Carishinas, de Quito

Son esos momentos los que las Carishinas en Bici quieren multiplicar: mujeres que, a cualquier edad, descubran que también pueden aprender, pedalear y avanzar por sí mismas.

Ellas mantienen la escuela de ciclismo urbano, que es autogestionada, por lo que reciben $ 59 por las cinco clases de una hora y media cada día, personalizadas. Una instructora acude a donde pida la pupila, puede ser su domicilio, un parque cercano. 

Se puede tomar los niveles básico, intermedio o avanzado. Aprenden desde el equilibrio para manejar, sortear curvas cerradas y abiertas, cambiar de marchas, frenar y estar listas para circular en el tráfico. Jazz admite que ella no ‘ratonea’ entre los carros, prefiere usar las ciclovías.

”A todas las pupilas, niñas, mujeres de 70 y 80 años que preparamos como bicimensajeras, les decimos que seguro se caerán. Ese es su mayor miedo y nos frena. Les damos herramientas para no hacerse daño y levantarse”.

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Lo que debes saber

• Cuenca ofrece un antecedente de las seccionales de 2023.
• La proporción de electores rurales varía entre territorios.
• En Manabí, el voto nulo añade un elemento a la disputa por la Prefectura.

Si el voto de las grandes ciudades vuelve a dispersarse entre varias candidaturas, la definición de algunas alcaldías podría mirar hacia sus circunscripciones rurales, observan expertos en materia electoral. Aunque el peso de esos electores no será igual en todo el país, podrían volverse decisivos allí donde su presencia sea significativa debido a una votación dividida en las urbes.

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Un antecedente que vuelve a escena

Ese escenario no parte de una hipótesis aislada, sino de una dinámica que ya tuvo un antecedente en las seccionales de 2023, menciona Andrés Obando, analista político. En Cuenca, Cristian Zamora ganó la Alcaldía con 18,58 % de los votos, y alrededor del 40 % de ese total provenía de las zonas rurales de la urbe.

El experto considera que una dinámica similar podría presentarse en los comicios de noviembre de 2026. Que “la ruralidad también vuelva a poner esa dinámica de Cuenca” en otras ciudades es una posibilidad, en un escenario de proliferación de candidaturas y fragmentación electoral.

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El peso electoral cambia según cada ciudad

Wilmer Suárez, director del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro, plantea que el impacto deberá medirse según el porcentaje de la población rural de cada ciudad. Estima que la ruralidad representa el 38 % del voto, pero advierte que existen diferencias importantes entre territorios.

Quito, por ejemplo, tendría alrededor de un 15 % de ruralidad y Guayaquil cerca del 5 %, mientras Portoviejo alcanzaría 28 % y El Oro 30 %, según Suárez. Esas proporciones hacen que una misma fragmentación electoral no tenga necesariamente las mismas consecuencias en todas las ciudades.

Por eso, la pregunta no sería únicamente cuántos votos reúne la ruralidad, sino cuánto representa frente a un electorado urbano dividido. Suárez dice que “si hay ciudades que tienen bastante dispersión del voto” y existen tres o cuatro candidaturas con opciones, es evidente que “va a tener mayor impacto probablemente lo rural”.

Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, señala que la incidencia no solo se limita a los cabildos. Sostiene que ese electorado ha tenido históricamente un papel importante en la definición de prefecturas y en las alcaldías de las ciudades más pequeñas de las provincias. En Guayas, por ejemplo, representa alrededor del 40 % del total de la población.

Para Obando, los comicios seccionales tienen una característica que favorece esta lectura territorial, lo que obliga a que las candidaturas no traten al electorado rural como un bloque uniforme. “Se microsegmenta en el territorio”, explica Obando, debido a que cada junta parroquial, concejalía rural, alcaldía o prefectura responde a realidades propias.

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Manabí suma una variable a la contienda

Un caso particular será Manabí, donde la disputa por la Prefectura tendrá un componente adicional: la Revolución Ciudadana promueve el voto nulo luego de que sus dos opciones para esa dignidad, Luisa González y Jaime Estrada, quedaron fuera de la contienda. Para Moscoso, el impacto de esa estrategia será medida en las urnas el 29 de noviembre, aunque, a su juicio, no producirá un efecto jurídico que lleve a una nueva elección.

Ese escenario podría introducir otra variable en la relación entre voto urbano y rural. Wilmer Suárez subraya que en Manabí existe “una eventual polarización entre dos candidatos”. Por eso Nicanor Moscoso recuerda que el correísmo ha mantenido históricamente un respaldo elevado en esa provincia, tanto en zonas urbanas como rurales, por lo que ha sido considerada como su bastión político.

Eso hace que la estrategia de campaña sea otro elemento para determinar si ese voto termina trasladando su peso electoral a una candidatura. No obstante, Suárez advierte que en provincias grandes como Guayas, Pichincha y Manabí, será difícil que los postulantes nuevos logren instalarse en el espectro rural en poco tiempo “si no van al territorio”.

Productos ecuatorianos con sello internacional

• Origen by Jorge Rausch celebró su primer año en Quito con una cena de cinco tiempos que reflejó la evolución de una carta que combina la cocina de autor del chef colombiano con productos ecuatorianos.
• Rausch repasó los cambios del restaurante, sus platos favoritos y sus visitas al país, y aseguró que Origen es apenas el punto de partida de futuros proyectos en Ecuador.

La celebración empezó con un pequeño bocado de morrillo estofado en cerveza, servido con alioli y pan de masa madre. Después llegó el pez brujo: un ceviche en leche de tigre de liches, acompañado de yacón, cebolla y una espuma de coco con aguardiente de caña manabita.

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Hubo también una croqueta de risotto rellena de tartufato; róbalo a la plancha con puré de coliflor, espuma de papa amarilla y salsa de ostras; y un rib eye acompañado de hummus, beurre noisette y una ensaladilla de camarones.

El cierre llegó con un falso coco de crema de queso bañado en cacao al 70 %, relleno de mango rostizado y matcha, y acompañado de helado de jengibre. El menú no pertenecía a la carta habitual. Fue creado para una cena de cinco tiempos que, con música en vivo, marcó el primer aniversario de Origen by Jorge Rausch en Quito.

El chef colombiano regresó a Ecuador para encabezar la celebración. Había pasado un año desde que el restaurante abrió sus puertas en La Floresta, en la esquina de Francisco Salazar y Toledo. Era su primer proyecto gastronómico en el país y una idea que, antes de convertirse en un restaurante, había comenzado con una llamada telefónica.

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Detrás de esa llamada estaba Bolívar Lozada, empresario quiteño que llevaba varios años pensando en abrir un espacio propio. Su interés por la cocina había empezado mucho antes, entre reuniones familiares, asados y ahumados, pero alrededor de 2020 la posibilidad de convertir esa afición en un negocio comenzó a tomar forma. Para 2024, el proyecto ya tenía un espacio y una primera propuesta gastronómica. Faltaba encontrar a quien pudiera llevarla hacia la cocina de autor que buscaban.

Lozada consiguió el número del chef y lo llamó desde Guayaquil. Hablaron durante unos diez minutos, y tres semanas después llegó la respuesta del aclamado chef: el proyecto podía arrancar.

El interés, además, era mutuo. Rausch llevaba varios años pensando en desarrollar un proyecto gastronómico en Ecuador cuando encontrara el lugar y los socios adecuados. De esa intención salió también el nombre: Origen debía ser el punto de partida de una nueva etapa en el país después de más de 25 años de trayectoria y de desarrollar restaurantes en mercados como Colombia y Panamá.

Una carta en movimiento

Doce meses después, la carta con la que abrió Origen sigue siendo reconocible. Algunos platos han salido, otros se han incorporado por temporadas y las cenas de degustación se han convertido en el espacio para probar nuevas preparaciones. El chef, sin embargo, prefiere que esos cambios sean graduales: sabe que hay comensales que regresan buscando aquello que ya probaron.

“Ha cambiado uno que otro plato. Hacemos este tipo de cenas de degustación, donde sacamos platos nuevos, pero tratamos de mantener la carta sin tantos cambios. Quiero que evolucione, pero también hay gente que se enamora de ciertos platos y uno quiere que vuelva y los encuentre”, explica.

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Actualmente, la carta reúne alrededor de 30 opciones entre entradas frías y calientes, platos fuertes y postres. No se trata de cocina ecuatoriana, sino de la cocina de autor trasladada al país: una propuesta contemporánea, de marcada influencia francesa, que incorpora productos provenientes de distintas zonas del país.

Y son precisamente esos ingredientes los que han marcado parte de su experiencia durante este primer año. Rausch destaca especialmente los pescados y mariscos locales —atún, camarón y langostinos—, además de especies como el brujo de Galápagos.

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Cuando se le pregunta cuáles se han convertido en favoritos, este separa los del público de los suyos.

“A la gente le encanta la sopa de cebolla. A mí me encantan las mollejas y el tiramisú. En realidad, me encantan todos, pero esos están entre mis favoritos”, cuenta.

La sopa de cebolla está en el menú desde la apertura, gratinada con queso gruyer y acompañada de pan de masa madre. Otro de los platos que permanece es el Mero à L’ancienne, una receta de inspiración francesa que lleva cerca de dos décadas en la cocina de Rausch y que, para su llegada a Quito, fue reformulada.

Una cocina entre dos países

Mantener el proyecto implica encontrar espacio en una agenda que se divide entre restaurantes, televisión, producción de contenido, clases y, recientemente, teatro. Rausch tampoco establece un calendario fijo para sus visitas a Ecuador: puede pasar algunos meses sin venir y luego regresar dos veces en pocas semanas.

“Esa es mi vida: dividir el tiempo entre todas las cosas que se me ocurren hacer y tratar de hacerlas bien”, explica.

Cuando él no está, Hugo Mora mantiene el vínculo con la operación quiteña y viaja para trabajar directamente con el equipo en procesos de capacitación, supervisión y desarrollo. En el día a día, la cocina está a cargo del chef ecuatoriano Fernando Silva.

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Las visitas de Rausch suelen coincidir, además, con cenas especiales o momentos en los que se prueban nuevas preparaciones. Es entonces cuando recibe de manera directa parte de los comentarios de quienes han seguido al restaurante durante estos doce meses. Algunos clientes han regresado más de 15 veces; otros han llegado desde fuera de Quito para participar en los eventos.

Cumplido el primer año, el plan tampoco pasa por transformar radicalmente lo construido. El chef habla de seguir ajustando platos, crear nuevos menús de degustación y organizar eventos mientras Origen continúa desarrollando su propuesta.

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Por lo pronto, tampoco adelanta cuál será el siguiente proyecto que llevará su nombre en el país.

“Por ahora tengo este proyecto y con este tengo suficiente. Tengo mucho trabajo. Pero esto se llama Origen porque es el origen de mis cosas en Ecuador. Vendrán más cosas, pero vamos con paso firme”.

Lo que se sabe

• El precio actual de la funda de dos kilos de azúcar oscila entre $1,74 y $2,38 en supermercados y tiendas en línea, según la marca y el tipo de azúcar (blanca o morena).
• Según el consultor Santiago Jaramillo, la caña que quede sin cosechar en el campo podría registrar una pérdida de productividad de entre 20 % y 25 %, dependiendo de cómo evolucione el clima.
  
• 8.295 trabajadores y 55.331 hectáreas registra el censo agropecuario de la Prefectura del Guayas en el cultivo de caña.

Las lluvias adelantadas asociadas al fenómeno de El Niño interrumpieron la zafra 2026 en los principales ingenios azucareros de Ecuador. La molienda se detuvo esta semana, lo que llevará a importar azúcar para abastecer el mercado interno y podría repercutir en su precio.

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El Ingenio San Carlos anunció el cierre de su zafra debido a las lluvias, que, según Augusto Ayala, su vicepresidente administrativo, dejaron hasta 100 milímetros en una sola noche y dificultaron el ingreso de maquinaria a los campos sin dañar la cepa. Asimismo, Agroazúcar (Ingenio La Troncal), concluyó su zafra de forma anticipada el 30 de septiembre. El Ingenio Valdez no ha publicado un comunicado oficial, aunque Ayala, quien además preside la Federación Nacional de Azucareros (Fenazúcar), afirmó que también tuvo que hacer lo mismo.

Ayala fue claro: "Es indispensable traer azúcar de fuera. Las existencias que tenemos en el país no alcanzan". Fenazúcar ya pidió autorización al viceministerio de Agricultura para importarla. Ángel López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro (APCAM), coincide en que no debería haber desabastecimiento, porque los ingenios traerían azúcar de Centroamérica, Brasil o Colombia para reensacarla. Hasta el año pasado, recuerda, Ecuador era autosuficiente.

La duda está en el precio. López considera que subirá, pues "traer azúcar de afuera es mucho más caro que producir internamente". Por ahora no hay cifras ni proyecciones oficiales: el efecto en el bolsillo es una posibilidad y su magnitud depende de cuánto cueste importar y de que se eviten aumentos especulativos.

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La especulación, otro frente abierto

Como referencia, hoy, 1 de octubre, el azúcar en presentación de dos kilogramos se vende en supermercados y tiendas en línea entre $1,74 y $2,38, según la marca y si es blanca o morena. Es el punto de partida para medir si hay variaciones en las próximas semanas.

El consultor agrícola Santiago Jaramillo matiza el panorama, puesto que no todos los ingenios han parado. Menciona que los más pequeños, como los de Loja e Imbabura, siguen operando. Estos concentran una oferta mucho menor y, según explica, tendrán un aporte al abastecimiento del consumo doméstico y familiar, pero no necesariamente el industrial. 

Para Jaramillo, el rol central del Estado es evitar la especulación. "Si el Estado no puede mitigar, es ineficiente en cuanto a las medidas, por lo menos que controle la especulación", sostiene. Su preocupación es que, ante la escasez de un producto, el ambiente se "caliente" y los precios suban sin justificación. Su llamado no es a fijar precios, sino a evitar que el impacto llegue al consumidor por esa vía.

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Las zonas productivas de caña enfrentan impactos distintos

La zafra no se detuvo en todo el país por igual. En Pacto, al noroccidente de Pichincha, el productor Manuel Vargas cuenta que su producción de caña de altura no ha parado, porque los terrenos son muy irregulares y el agua fluye. Su caña se destina a panela, panela en polvo y aguardiente, aunque reconoce que su volumen es reducido frente al de las plantaciones del Guayas.

Allí, las lluvias tempranas también se sienten, aunque de otra manera. Vargas estima el impacto en un 20%, debido a que la tierra floja se desliza y la humedad voltea las matas de caña, lo que reduce la producción. Además, los derrumbes dañan los caminos de acceso y, en ocasiones, afectan los puentes, lo que complica sacar el producto.

En el Guayas el panorama es distinto. Jaramillo precisa que se trata de una cosecha detenida, no de una pérdida total. La caña que se queda en el campo se deteriora y podría perder entre 20 % y 25 % de productividad y calidad, aunque el impacto final dependerá del clima: "No sabemos la intensidad de lo que pueda pasar de aquí para adelante". La paralización también afecta a la cadena: melaza, alcohol para el combustible Ecopaís y generación eléctrica. Ayala indicó que San Carlos aportaba 40 megavatios (MW) al sistema nacional que, desde el 1 de octubre, "no van a existir".

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Para los trabajadores, el golpe es inmediato. Ayala informó que los contratos de temporada terminan esta semana y que solo continuará el personal estable. El boletín con el que San Carlos anunció su zafra en julio hablaba de más de 4.000 empleos directos e indirectos en su zona de influencia. En el Guayas, el primer censo agropecuario de la Prefectura registra 55.331 hectáreas de caña y 8.295 trabajadores, sobre todo en Milagro, Marcelino Maridueña y El Triunfo.

López enumera a quienes quedan sin actividad: transportistas, mecánicos, alzadores, maquinistas y personal de seguridad. Los cañicultores que no alcanzaron a cosechar no tendrán ingresos mientras siguen con deudas de operación.

La prevención entra en juego

El Plan de Acción Nacional ante El Niño ya alertaba que las inundaciones comprometen los cultivos de exportación y la agroindustria de la costa, con Guayas a la cabeza con 268.761 hectáreas, sobre todo de arroz, caña industrial, banano y cacao. 

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Por eso, Jaramillo advierte que lo ocurrido con la caña es un aviso para otros cultivos, aunque los efectos no serán iguales. En la Costa recomienda reforzar el drenaje y el manejo sanitario por el exceso de humedad, además de contar con seguros agrícolas que funcionen.

A su juicio, el actual programa de aseguramiento agrícola subvencionado por el Estado no cumple ese papel: 16 años después del lanzamiento de Agroseguro, el esquema mantiene el mismo modelo y una cobertura deficiente. Hoy opera bajo la denominación de AgroProtege, con $17,8 millones anunciados para cuatro años, unos $4,45 millones anuales, que según Jaramillo permitirían asegurar apenas entre el 2 % y 3 % de los cerca de 2 millones de hectáreas cultivadas del país.

En cuanto al arroz, el consultor agrícola considera que será uno de los cultivos más afectados y recomienda no sembrarlo en zonas bajas. En cambio, ve posibilidades para el maíz en zonas altas y ventajas para el banano tecnificado.

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Mientras que, en la Sierra, donde podría haber sequía, sugiere no sembrar sin riego. La clave, dice, es anticiparse: "Todo es predecible bajo un plan integral". Si ese plan existe, añade, "no lo hemos visto todavía".

Diario EXPRESO consultó ayer a la Prefectura del Guayas sobre el impacto real de la crisis en trabajadores y cañicultores, la planificación ante El Niño y las acciones previstas para sostener a los cañicultores mientras no haya liquidez; y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber 

• Wilson Merino dejó el Concejo Metropolitano en agosto y busca la Alcaldía de Quito con Imparables.
• En 2023 llegó al Concejo con la Revolución Ciudadana, pero después se declaró independiente y criticó a Pabel Muñoz.
• - Su trayectoria incluye activismo social, experiencia pública, formación académica y un patrimonio declarado de $1,65 millones.
  

Wilson Merino llega a las elecciones seccionales después de cerrar un ciclo de tres años en el Concejo Metropolitano. En agosto renunció a su cargo para disputar la Alcaldía de Quito. 

Le invitamos a que lea: Harold Burbano, candidato de ADN a Quito: su trayectoria, polémicas y retos para la Alcaldía

Su recorrido político tiene una particularidad. En 2023 llegó al Concejo gracias a una alianza con la Revolución Ciudadana (RC). Fue elegido concejal por la circunscripción Centro. En aquel momento, incluso participó en las conversaciones del bloque correísta para la conformación del nuevo cuerpo colegiado.

La relación política, sin embargo, se fue deteriorando. Al poco tiempo, Merino terminó declarándose independiente y pasó a cuestionar públicamente la gestión del alcalde Pabel Muñoz.

En febrero de 2026, por ejemplo, presentó junto con vecinos una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura. También ha objetado el proceso de contratación pública para la adquisición de 60 trolebuses.

Así, su crítica al alcalde se volvió uno de los elementos centrales de su posicionamiento político. En entrevistas, ha calificado a la administración de Muñoz como una gestión que ha “reprobado”.

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De la alianza con la RC a su propio movimiento

El salto definitivo llegó con Imparables, organización que nació originalmente como un colectivo ciudadano y que obtuvo personería jurídica como movimiento político provincial el 17 de julio de 2025, tras una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De cara a las próximas elecciones, Merino tomó un camino distinto al que lo llevó al Concejo, pues en lugar de una alianza decidió apostar por su propio movimiento, Imparables.

Antes de convertirse en concejal, el candidato ya tenía una trayectoria pública vinculada principalmente al activismo social, el emprendimiento y la participación ciudadana.

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Una parte importante de su perfil está asociada a la Fundación Cecilia Rivadeneira, que fundó en 2004 en memoria de su madre, quien tenía ese nombre y murió de cáncer.

Merino ha contado que la experiencia de acompañar a su madre durante la enfermedad y conocer la realidad de las familias de pacientes oncológicos marcó su posterior actividad social.

Ese activismo también tuvo una dimensión política antes de que buscara un cargo de elección popular. En 2016 participó en la Red Acuerdo Nacional Contra el Cáncer, que impulsó una propuesta legislativa respaldada por más de 159.000 firmas. La iniciativa planteaba, entre otros aspectos, la creación de un sistema nacional para coordinar las políticas de lucha contra el cáncer.

En 2019 lideró el Cabildo Cívico de Quito, un espacio de consulta, propuesta y control social. Su biografía también registra su participación en iniciativas de educación y participación ciudadana.

Formación, sector público y patrimonio

En el ámbito profesional, Merino es ingeniero comercial. Su formación de posgrado está vinculada a la gestión, la innovación y la política. Su perfil académico incluye un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona (2019). Y es magíster en Política Comparada por Flacso Ecuador (2022).

Su paso por el sector público se inició en 2020, en ConQuito, en la administración de Jorge Yunda. En cuanto al ámbito empresarial, en los registros de la Superintendencia de Compañías figura como gerente general en Get & Go Publicidad Cía. Ltda.

En materia patrimonial, la última declaración presentada ante la Contraloría, correspondiente a 2026 y registrada cuando era concejal, reporta un patrimonio total de $1’656.360,19: $1’670.315,36 en activos y $13.955,17 en pasivos.

Un año antes, en su declaración de 2025, registró un patrimonio de $2’137.267,85. Así, entre ambas declaraciones, el patrimonio declarado se redujo en aproximadamente $480.908.

Sobre el impuesto a la renta, la información pública del Servicio de Rentas Internas registra pagos de $1.750,81 en 2025, $1.625,75 en 2024 y $1.182,03 en 2023. En 2022 canceló $398,23.

¿Cómo ven analistas su perfil?

El analista político Rodrigo Jordán menciona que el conocimiento previo de los votantes es un factor relevante en una elección. Señala que Merino llega con cierto reconocimiento derivado tanto de su paso por el Concejo como de las confrontaciones públicas que mantuvo con Pabel Muñoz.

 Pero recalca que buena parte de los electores no sigue los detalles de la actividad política en general y que, por ello, el conocimiento que una candidatura tiene entre el electorado no necesariamente equivale a conocer su trayectoria o sus propuestas en profundidad.

Jordán también identifica un espacio político para una candidatura que no sea continuidad de la administración vigente ni retorno de una administración anterior. En ese contexto ubica a Merino como una alternativa que llega con experiencia institucional, pero sin haber ocupado antes la Alcaldía.

Otro punto que plantea el analista es el contenido programático. Menciona que la discusión electoral todavía necesita aterrizar en propuestas concretas sobre seguridad, movilidad y obras emblemáticas, más allá de la confrontación entre figuras políticas.

La analista Gabriela Guerrero señala otro aspecto. Recuerda que el candidato fue construyendo un nicho político a través de su trayectoria social y encontró en la concejalía una plataforma para ampliar ese capital político. 

Considera que su experiencia como edil le permite afirmar que conoce los problemas de Quito y el funcionamiento de la administración municipal. Pero hace una distinción: haber ejercido una concejalía no equivale necesariamente a tener experiencia como administrador de una ciudad.

También identifica una tensión en su trayectoria, ya que llegó al Concejo en una alianza con la RC y posteriormente se convirtió en uno de los críticos de Pabel Muñoz. Esa evolución forma parte inevitable de la historia política con la que ahora se presenta ante los votantes.

Lo que debes saber

• El PSC deja la carrera por la Alcaldía de Samborondón tras casi 30 años de hegemonía política.
• Niels Olsen y ADN capitalizan el voto afín a Noboa ante la retirada del socialcristianismo.
• Con renuncias e impugnaciones, la contienda electoral en Samborondón queda corta y desigual.

Juan José Yúnez fue reelecto en 2023 con el 63,54 % de los votos. Dos años después, en la segunda vuelta de abril de 2025, Daniel Noboa obtuvo en el mismo cantón el 61,27 %, y en noviembre de 2025 Samborondón fue el único de los veinticinco cantones del Guayas donde el Sí ganó las cuatro preguntas del referendo, con un promedio de 55,39 %. Hasta ahora, el voto por la familia en lo local y por Noboa en lo nacional nunca se habían cruzado en una misma papeleta. El 29 de noviembre tampoco lo harán. Por primera vez desde 1996, el Partido Social Cristiano no tendrá candidato a la Alcaldía de Samborondón y correrá solo con concejales.

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Las renuncias sucesivas en la lista socialcristiana

En julio, María Belén Yúnez, hermana del alcalde y nominada por el PSC, renunció a su precandidatura sin explicar sus razones de fondo. Su reemplazo, Carlos Alvear, exvicealcalde y concejal por La Puntilla, llegó a inscribirse y ahora también desistió. Dos distanciamientos sucesivos de esa lista a la misma candidatura y sin razones públicas admiten varias lecturas, y ninguno de sus protagonistas ha ofrecido la suya. Lo que sí puede medirse es el efecto. Tres décadas de gestión no tendrán quién las defienda en la papeleta de alcalde, y el elector no podrá premiarlas ni castigarlas. La disputa pierde, además, a la única fuerza con una estructura comparable a la del partido de Gobierno.

El trasvase del electorado tradicional hacia ADN

En 2023, el 63,54 % del cantón votó por Yúnez. En noviembre, esos votantes no encontrarán en la papeleta de alcalde ni su apellido ni su partido, y su destino no será aleatorio. En la segunda vuelta de 2025, Noboa obtuvo en Samborondón un porcentaje casi idéntico, y es razonable suponer que buena parte de ese electorado es el mismo, de centroderecha y con poca simpatía por el correísmo. Para ese votante, el camino más corto lleva a Olsen. Silva conserva el vínculo familiar y le habla a la cabecera y a Tarifa, pero su candidatura nació en el correísmo antes de terminar en CREO, y en ese mismo balotaje Luisa González no pasó del 38,73 % en el cantón.

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Niels Olsen y el peso del oficialismo en el cantón

ADN nominó primero a Niels Olsen para Guayaquil y a Arianna Burgos para Samborondón, pero días después Olsen fue reubicado en el cantón y Burgos terminó como candidata a concejal. Expresidente de la Asamblea y exministro de Lasso y de Noboa, Olsen encarna como pocos al elector que votó por ambos, y las renuncias en la lista socialcristiana cotejaron el camino antes de que empezara la campaña. Esa ventaja es también su obligación. Si el oficialismo no gana en el único cantón que le dijo Sí a todo en el referendo, y en el que la fuerza que lo gobernó durante tres décadas ni siquiera estará en la papeleta, habrá perdido entre los suyos y con el terreno despejado.

La candidatura impugnada de Juan Carlos Silva Nowak

El único resto del linaje que queda en la papeleta es Juan Carlos Silva Nowak, primo del alcalde. Debía competir con el casillero correísta de Amigo, y cuando el movimiento fue suspendido terminó inscrito por CREO. Según el medio digital La Defensa, le congelaron las cuentas a él y a varios de sus familiares, y aunque la Junta Provincial y el CNE calificaron su candidatura, ADN la impugnó. El efecto político antecede a cualquier sentencia. Silva hace campaña con sus fondos bloqueados y la candidatura en disputa.

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María José Agusto: la alternativa técnica de Centro Democrático

En ese tablero, la candidatura de María José Agusto, de Centro Democrático, pesa más de lo que parece. No pertenece al partido de Gobierno ni viene del correísmo, y eso la convierte en el destino posible del votante socialcristiano que no quiere votar por el oficialismo ni cruzar hacia Silva. Ese votante podría existir. Es el socialcristiano de tradición que votó por Noboa para frenar al correísmo, pero cuya lealtad municipal es anterior al noboísmo y que podría resentir las renuncias de cuadros socialcristianos. Agusto dirigió hospitales del IESS y del Ministerio de Salud y puede insertar la crisis sanitaria dentro de sus temas de campaña, considerando que es un flanco que interpela directamente al Gobierno. Una de sus desventajas podría ser que el partido por el que se postula no tiene arraigo histórico en el cantón.

Escenario electoral: una papeleta reducida y desigual

Lo que queda es una papeleta corta y desigual en recursos. Un candidato con la estructura de un partido de Gobierno y un electorado que ya votó por su presidente. Una candidata con perfil técnico y un partido que aún debe construir su lugar en el cantón. Y otro postulante que compite con las cuentas congeladas y la candidatura impugnada. En una elección de una sola vuelta, cada retiro y cada restricción achican la competencia, y una competencia achicada favorece a quien llega con más recursos y menos obstáculos. Quien gane lo hará en una competencia estrecha y ese origen pesará sobre su legitimidad más que cualquier porcentaje.

¿Qué ocurre con las obras en Guayaquil?

• Las obras en Guayaquil acumulan retrasos, molestias y reclamos ciudadanos.
• Alborada, Urdesa, Juan Tanca Marengo y Pradera 3 enfrentan cuestionamientos mientras el Municipio advierte que las lluvias podrían modificar los cronogramas.

Cinco meses llevan los comerciantes y moradores de la Alborada soportando polvo, dificultades para circular y, como ya lo denunciaron, números rojos en sus negocios. La intervención en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur debía completar su primera etapa en ese periodo, pero el plazo venció y los trabajos todavía no concluyen.

La obra comenzó en marzo de 2026 en el tramo comprendido entre las avenidas José María Egas y Agustín Freire, con un plazo de ejecución de cinco meses para esta primera fase. Sin embargo, la intervención continúa y el retraso también mantiene pendiente el inicio de la segunda etapa.

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El malestar llegó incluso a las calles, cuando ciudadanos protestaron con pancartas y consignas para reclamar por el avance de los trabajos y exigir respuestas al Municipio. La institución respondió a través de sus redes sociales y explicó que la obra continúa, pero que a la altura de la calle José María Roura se encontraron “condiciones subterráneas preexistentes que obligaron a ajustar la intervención”.

“El objetivo es integrar todo el corredor y completar la recuperación de la Alborada con una infraestructura segura y duradera”, señaló la institución y agregó que, de acuerdo con su ruta técnica, proyecta el cierre integral de este tramo para diciembre de este 2026.

Municipio de Guayaquil explica y cuestionamientos persisten

La explicación, sin embargo, no ha frenado los cuestionamientos ciudadanos. El ciudadano Óscar Betancourt expresó su malestar. “Según el plazo que estipularon ustedes, ya está fuera de tiempo. Si no tienen bien clara la idea, ¿para qué destruyen las calles si se van a demorar en resolver? Ustedes nos están perjudicando y mucho”, cuestionó.

Comentarios similares se multiplican entre moradores y comerciantes de esta zona, una de las de mayor actividad comercial del norte. Pero la obra en la Rodolfo Baquerizo Nazur no es la única que genera inquietudes.

En Guayaquil también existen otros proyectos que han enfrentado cuestionamientos ciudadanos por su lento avance o por las molestias que generan mientras permanecen en ejecución. Una de esas obras es el soterramiento de cables en Urdesa, donde los moradores todavía cuestionan la presencia de cableado en las calles pese a la intervención.

Otra es el paso elevado de la avenida Juan Tanca Marengo. El proyecto comenzó en septiembre de 2025 y contempla un plazo de ejecución de 20 meses. Con ese cronograma, la finalización de la obra está prevista para mayo de 2027. Actualmente registra un avance del 66 %.

Las molestias también alcanzan a quienes deben circular por los alrededores. Carlos López, por ejemplo, describe como un caos el paso por Martha de Roldós, debido a las restricciones de circulación generadas por los trabajos.

“Todos los carros se juntan para tratar de pasar por los dos únicos carriles que dejaron pasando la garita del Espíritu Santo. Para colmo, ves que ese puente está verde. No está en nada todavía”, lamentó.

El centro espera agilidad en trabajos

En el centro, mientras tanto, el Municipio sostiene que mantiene el cronograma de la reconstrucción de la calle Clemente Ballén. La intervención comenzó el 17 de agosto de 2026 y contempla un plazo estimado de 90 días. Los trabajos avanzan progresivamente hacia Lorenzo de Garaycoa.

La reconstrucción de Clemente Ballén forma parte de un contrato de 4 millones de dólares destinado a la rehabilitación de 25 kilómetros de vías en sectores del centro y sur. Si se mantiene el plazo de noventa días, la intervención iniciada el 17 de agosto culminaría a mediados de noviembre de 2026.

La Pradera 3 también espera atención municipal

En la Pradera 3, en el sur de Guayaquil, el retraso de las obras y la falta de explicaciones de las autoridades también mantienen indignadas a las familias. Según denuncian los residentes, hace más de siete meses el Municipio anunció obras de alcantarillado y mejoras para el drenaje pluvial.

Los trabajos, sin embargo, quedaron paralizados. Desde hace unos tres meses, enormes tuberías permanecen en las calles del vecindario. Algunas vías continúan bloqueadas y los toldos instalados en la zona dificultan el paso, especialmente para los adultos mayores.

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“Vivimos mucha gente mayor y no tenemos cómo vivir en paz. Nos caemos, no podemos estacionar los carros. En las noches es imposible ver por donde caminar porque no hay cómo pasar. El Municipio no viene ni dice nada. No hay maquinaria, no hay actividad”, reclamó la residente Mariana Delgado, quien asegura que la paralización lleva tres o cuatro meses. “Ya mismo llega el invierno, el mismo Niño, y nadie mueve un dedo”, cuestionó.

Lluvias en Guayaquil pueden modificar la programación de las obras

A estos proyectos se suma ahora un factor que puede modificar los cronogramas: las lluvias. El Municipio advirtió que pueden alterar la programación de las obras que se ejecutan a cielo abierto y señaló que, para mantener el avance de los proyectos, reorganizará actividades y cuadrillas de acuerdo con las condiciones de cada frente de trabajo.

Durante las lluvias, explicó, podrán priorizar labores como la protección de materiales y excavaciones, la evacuación de agua, la señalización, la supervisión técnica y los trabajos en zonas protegidas.

Entre las zonas que requerirán un seguimiento más riguroso, según el Municipio, están Clemente Ballén, Rumichaca, Guayacanes, Cristo del Consuelo, Nicolás Segovia, la calle 4.ª de Mapasingue y la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada.

“En los trabajos eléctricos y en altura, las condiciones de humedad también determinarán la programación de las actividades, con el fin de garantizar la seguridad del personal”, señaló la institución en un comunicado.

Pero las explicaciones todavía dejan pendiente responder a los cuestionamientos sobre los retrasos y determinar cuánto de estos desfases responde a problemas técnicos, procesos de contratación pública, condiciones climáticas u otros factores.

¿Respondió el Municipio a EXPRESO?

EXPRESO pidió nuevamente una entrevista con el Municipio para conocer las razones de los retrasos, el estado de las obras cuestionadas y las medidas previstas para evitar que las molestias continúen. Hasta la tarde del 1 de octubre de 2026, la recepción de la solicitud no había sido confirmada.

Lo que debes saber:

• PISA 2025 Ecuador revela brechas que docentes relacionan con pobreza, niños sin útiles, sin desayuno o que se ausentan por problemas económicos.
• Profesores de Quito y Guayaquil describen vacíos en matemáticas y comprensión lectora. Y admiten que ellos mismos podrían necesitar un mentor.
• Falta de recursos, formación docente y carga burocrática afectan el aprendizaje en Ecuador.

Cuando Jorge Luis Arturo, profesor de tercero de básica en Quito, habla del rendimiento de los alumnos en las pruebas PISA 2025, no menciona calificaciones. Saca una carta. Es la solicitud de una madre de familia firmada, en la que pide justificar las inasistencias de su hija. La razón: no ha tenido dinero para llevarla a clases.

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Rosero Mariela

Arturo, de 54 años y con 34 en el magisterio, considera que esas historias ayudan a entender qué hay detrás de los resultados de Ecuador. Menciona la ecuación de Mincer como una referencia para explicar que variables como los años de escolaridad de los padres y sus condiciones socioeconómicas pueden relacionarse con las oportunidades de los estudiantes.

“Al final del día, los hogares con mejores condiciones obtienen mejores resultados”, sostiene. Las diferencias aparecen en cuestiones como disponer de una computadora, tener Internet, contar con una biblioteca...

En el aula encuentra niños con posibles problemas de atención a quienes se ha recomendado una evaluación psicopedagógica. Pero, “las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión pueden tardar meses y un año en asignar una cita”.

Pero Arturo también reclama mayor compromiso docente. Ha seguido cursos sobre STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-, dictados por el Ministerio de Educación, en línea. Ha visto que otras personas hacen los cursos por los docentes.

Los docentes requieren acompañamiento en Ecuador

Geovanna, quien pidió mantener en reserva su apellido, fue parte del Programa de Acompañamiento Pedagógico que funcionó entre 2017 y 2021. Ha sido rectora y maestra de aula. 

En su opinión, por años, la educación se ha concentrado demasiado en completar libros y cumplir contenidos, sin dedicar suficiente tiempo a la comprensión. 

“Yo les decía a mis compañeros: profesores, no nos atrasamos a nada. Nosotros, que somos adultos, seguimos aprendiendo, ellos necesitan bases”, recuerda. Y pone sobre la mesa un tema: la formación de quienes llegan a las aulas. Hay ingenieros y profesionales de distintas áreas que ejercen como docentes, que requieren aprender estrategias.

Las dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos o despejar variables

Lucía Castro, maestra de matemática de 60 años, coincide. Durante 31 de ellos trabajó en colegios y hace siete se incorporó a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, donde enseña cálculo a estudiantes de primer semestre de Ingeniería.

En sus clases hay bachilleres. Allí observa los vacíos que arrastran. “En muchos colegios, sobre todo fuera de las ciudades grandes, la matemática la dicta quien esté disponible: a veces un ingeniero, un economista o un profesor de otra área que completa su carga horaria”, explica.

Ella detecta dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos, despejar variables o aplicar propiedades de las potencias. Así, cuando intenta enseñar un límite o una derivada, el obstáculo puede estar en conocimientos que debían dominar antes.

También observa estudiantes acostumbrados a memorizar procedimientos. Si el ejercicio se parece al ejemplo, lo resuelven; cuando cambia el planteamiento, muchos se pierden. A ello se suma la dificultad para leer un problema, entender qué pide y traducirlo al lenguaje matemático.

Saber matemática no es lo mismo que saber enseñarla. Uno puede resolver un ejercicio perfectamente y no darse cuenta de por qué el chico no entiende.Lucía Castro, profesora de matemáticas

Hay que trabajar en la comprensión lectora

Yosbany Vidal, profesor del ISM North, anota que la expansión de las redes sociales, los contenidos audiovisuales y los textos multimodales hace que predomine el consumo de contenidos breves. 

El reto es actualizar las estrategias de enseñanza. La comprensión lectora, sostiene, debe avanzar de la identificación literal y la interpretación inferencial hacia el pensamiento crítico, la lectura contextual y la creación.

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Estudiantes llegan sin desayunar, sin útiles escolares

Santiago Molina, profesor con una década en el magisterio, trabaja en el sur de Quito, cuenta: “Vamos un mes de clases y algunos estudiantes dicen que sus padres todavía no han podido comprarles la lista de útiles porque tienen más hermanos y esperan su turno”.

Además, Molina cuestiona la carga burocrática que enfrentan. “Tenemos que llenar evidencias, formularios y reportes, y ese tiempo se resta a la planificación, elaboración de recursos didácticos, talleres y evaluaciones. Con cursos de 40 alumnos, necesitamos preparar mejor las clases”.

Martín Toala, profesor de matemáticas del Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil; tiene 59 años y 29 de experiencia docente en bachillerato.

“Muchos estudiantes llegan sin desayunar o sin almorzar, según su jornada. Los veo dormirse en el aula”. Critica que desde 2016 no se pierde el año. “Avanzan al bachillerato sin bases“. Critica que profesionales de otras áreas -ingenieros, abogados o doctores- hayan llegado a ejercer la docencia sin formación pedagógica.

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Harold Burbano busca Alcaldía

• Harold Burbano pasó del gabinete de Noboa a la candidatura de ADN para la Alcaldía de Quito.
• Su trayectoria incluye dos ministerios, cargos en inclusión social y una gestión marcada por el debate laboral.
• Expertos analizan su autonomía frente al Gobierno y el desafío de construir una propuesta municipal propia.

Harold Burbano pasó de ocupar cargos en el Gobierno de Daniel Noboa a convertirse en candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) para la Alcaldía de Quito. Su salida del Ministerio de Trabajo, en junio de 2026, cerró una etapa en el gabinete y abrió otra marcada por la campaña electoral.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz y su nueva alianza: así busca mantenerse en la Alcaldía de Quito en 2026

Su candidatura se concretó después de un cambio en las postulaciones de ADN para Pichincha. El 2 de agosto, el movimiento inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Burbano para la Alcaldía y a Giovanna Ubidia para la Prefectura. 

Ambos habían sido considerados inicialmente para las posiciones contrarias. El candidato explicó que se trató de una decisión interna respaldada por la militancia.

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De la administración pública a la papeleta electoral

Antes de llegar a la papeleta, Burbano acumuló experiencia en el sector público. Fue coordinador general de Protección de Derechos en la Defensoría del Pueblo y posteriormente viceministro de Inclusión Social y viceministro de Inclusión Económica.

En el Gobierno de Noboa ocupó el Ministerio de Desarrollo Humano, primero como encargado y luego como titular, antes de asumir el Ministerio de Trabajo.

Su recorrido por distintas instituciones públicas se convirtió en uno de los principales antecedentes de su candidatura. Sin embargo, también dejó episodios que marcaron su paso por el Ejecutivo y que ahora forman parte del escrutinio sobre su perfil electoral.

¿Qué ocurrió con Alexandra Villacís y el Ministerio del Trabajo?

Uno de los episodios más polémicos de su paso por el Gobierno está relacionado con Alexandra Villacís, quien debía asumir como vocal principal del Consejo de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.

Villacís había quedado segunda en el concurso y había ejercido una subrogación. Sin embargo, cuando debía asumir como titular apareció un impedimento para ejercer cargos públicos, atribuido a una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Villacís obtuvo después una certificación del SRI en la que constaba que no mantenía esa deuda. Pese a ello, el impedimento permaneció activo en los registros del Ministerio del Trabajo durante más de 40 días.

La funcionaria acudió a la justicia y presentó un habeas data para corregir la información. Una jueza aceptó su pedido y ordenó al Ministerio levantar la inhabilidad en 24 horas.

La orden no se cumplió en ese plazo. Burbano sostuvo que la sentencia tenía vacíos y cuestionó cómo debía ejecutarse la rectificación sin considerar la información del SRI. Según su argumento, no estaba claro si el Ministerio debía corregir el registro o si primero debía intervenir el SRI.

“¿Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI?”, sostuvo. Calificó la resolución como “inejecutable”.

El impedimento fue levantado después de varios días y cuando Villacís ya había renunciado a continuar con el proceso.

El caso generó cuestionamientos sobre la actuación de la cartera y la demora para acatar una orden judicial. La controversia cobró mayor relevancia luego de que EXPRESO reportó que, antes de la sucesión en la Judicatura, ya se habían preparado documentos relacionados con el impedimento.

Además, el contraste con otros casos llamó la atención: el impedimento de María Fernanda Morejón fue levantado en tres días y el del comunicador Álvaro Rosero, en 24 horas.

Su gestión laboral también dejó debate

Otro frente de su gestión fue el laboral. Burbano emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que reguló turnos y horarios especiales y permitió distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de cinco días.

La norma generó rechazo de organizaciones sindicales. La discusión se produjo después de que los ecuatorianos rechazaron en el referéndum de 2024 la propuesta de incorporar contratos a plazo fijo y por horas: el Sí obtuvo 30,50 % y el No, 69,50 %, según los resultados definitivos del CNE.

El acuerdo de Burbano no creó esos contratos, pero sí modificó la forma de distribuir la jornada, bajo un esquema que debía ser acordado entre empleador y trabajador.

Su formación profesional está ligada al Derecho y a los derechos humanos. 

Formación, patrimonio y registros tributarios

Esa carrera en la administración pública está acompañada por los registros tributarios y patrimoniales que ha declarado.

Los antecedentes profesionales y económicos forman parte del perfil con el que Burbano llega a la contienda electoral por la Alcaldía de Quito.

¿Qué deberá demostrar Burbano durante la campaña?

Para el consultor político Gustavo Isch, uno de los principales desafíos será demostrar que puede administrar el Municipio con autonomía frente a la organización política que respalda su candidatura.

El alcalde debe gobernar para los habitantes del Distrito Metropolitano y no actuar como representante de un partido, movimiento o del Ejecutivo, sostiene.

Alfredo Espinosa plantea otra lectura sobre esa candidatura. El analista la ubica dentro de la estrategia del oficialismo y sostiene que ADN enfrenta dificultades para consolidar cuadros políticos, estructura territorial y una base social propia.

Desde esa perspectiva, considera que uno de los asuntos que deberá definir el candidato es cómo incorporará su experiencia en derechos humanos a un proyecto específico para el Municipio.

La campaña tendrá que aterrizar esa experiencia en problemas concretos. Transporte, seguridad y crecimiento urbano aparecen entre los principales retos.

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Espinosa señala que deberá explicar las responsabilidades del Municipio y del Gobierno central frente al sistema de transporte, además de abordar el incremento de tarifas y la eventual municipalización.

El crecimiento vertical de Quito y el control sobre nuevas edificaciones también serán parte de la discusión, especialmente por los riesgos asociados a las condiciones sísmicas de la ciudad.

Para los analistas, la candidatura de Burbano pone sobre la mesa una trayectoria construida principalmente en el sector público y la necesidad de trasladar esa experiencia a una agenda municipal para una capital que enfrenta problemas de movilidad, seguridad, crecimiento urbano y servicios.

Lo que debes saber

• Sofía Espín busca la Prefectura del Guayas con 1.500 km de vías para impulsar producción y movilidad.
• En Guayas, Sofía Espín propone seguro agrícola para 50.000 productores ante pérdidas climáticas.
• Si gana en 2027, Sofía Espín revisará el dragado del río Guayas por considerarlo insuficiente.

Sofía Espín Reyes vuelve a una papeleta electoral, esta vez con la aspiración de dirigir la Prefectura del Guayas. Después de ocupar cargos en el Ejecutivo y acumular tres periodos en la Asamblea Nacional, la candidata intentará administrar una provincia atravesada por problemas de vialidad rural, productividad, seguridad y riego.

Espín terminó inscrita para competir con el respaldo del Partido Socialista Ecuatoriano. Según información publicada sobre las candidaturas de Guayas, figura entre ocho aspirantes registrados para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Considero que la Prefectura del Guayas necesita recuperar el enfoque en la atención a la ciudadanía. Mi criterio es que la administración actual ha dejado de priorizar áreas fundamentales para la provincia. 

Por ejemplo, cuestiono la inversión en publicidad frente a necesidades como la atención social, la prevención ante fenómenos climáticos y programas dirigidos a niños y jóvenes. Cambiaríamos el enfoque completo de la gestión. Nuestra propuesta es una revolución de las obras. 

La prioridad será intervenir 1.500 kilómetros de vías primarias, secundarias y terciarias. Queremos vías más seguras, con iluminación solar e internet, porque por ellas circulan estudiantes, trabajadores y sale la producción agrícola de la provincia.

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-¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

Uno de los proyectos centrales es fortalecer y ampliar las Manzanas del Cuidado. Nuestra meta es que exista una en cada cantón del Guayas. Queremos que cuenten con servicios de salud, espacios deportivos y programas para niños y jóvenes, de manera que las mujeres y madres de familia tengan espacios de formación y bienestar. 

Tenemos una propuesta basada en tres áreas: deporte, cultura y educación. En deporte planteamos la construcción de al menos tres centros de alto rendimiento. En cultura, reabriríamos y fortaleceríamos programas como la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil.

- Si usted llega a la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

La Prefectura de Sofía Espín y Pepe Pancho Cevallos será la Prefectura de las obras para la gente. Tendrá tres ejes principales: vías seguras, fortalecimiento productivo e inversión en el desarrollo humano.

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Proponemos una empresa pública de almacenamiento para proteger los precios de la producción agrícola y evitar que los productores se vean afectados por los intermediarios o por la caída de precios durante las cosechas.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los apoyaría?

El sector agrícola requiere mayor respaldo. Nuestra propuesta incluye créditos, semillas certificadas, mecanización del agro, asistencia técnica y mejoras viales. 

Además, planteamos un seguro agrícola para aproximadamente 50.000 productores y una capacidad de almacenamiento cercana a 50.000 toneladas, para sostener los precios de sustentación y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

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- ¿Cuál sería su plan frente a los efectos del fenómeno de El Niño?

Lo primero será evaluar las condiciones en las que se encuentre la provincia y el estado de la infraestructura vial. También planteamos créditos blandos para agricultores afectados por inundaciones o pérdidas de cultivos. La prioridad será atender a las familias y productores perjudicados por los eventos climáticos.

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- Usted ha mencionado proyectos relacionados con energía solar. ¿Cómo funcionarían?

Como ingeniera eléctrica, considero que la energía solar representa una oportunidad importante para el Guayas. Nuestra meta es promover la instalación de 100 megavatios de energía solar en la provincia. También queremos implementar kits fotovoltaicos para alrededor de 17.000 familias. 

Esto permitiría reducir el costo de las planillas eléctricas y disminuir la dependencia del sistema nacional de energía. Además, la energía solar serviría para iluminar vías rurales y apoyar al sector productivo.

- ¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

El dragado es necesario, pero debe analizarse de manera integral. No basta con intervenir un solo punto. Se requiere actuar en diferentes zonas de la cuenca. 

Cuando asumamos la administración revisaremos el contrato vigente y, con base en los hallazgos, decidiremos si debe continuar o modificarse. Lo que sí creemos es que la intervención actual resulta insuficiente para las necesidades de la provincia.

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- ¿Cómo asume el desafío de pasar de la política nacional a la administración provincial?

Es un reto importante, pero mi trayectoria siempre ha estado vinculada al trabajo territorial. He participado en proyectos comunitarios y de acceso a servicios públicos en diferentes zonas del país.

- La Revolución Ciudadana no aparecerá en la papeleta. ¿Cómo enfrentan ese desafío?

Siempre hubo una estrategia del Gobierno Nacional para tomarse las alcaldías y prefecturas del país. Lo vemos, por ejemplo, en la Prefectura del Guayas, que hoy está en manos de una persona por la que nadie votó directamente para ese cargo. 

Desde nuestra visión, eso representa un hecho grave y antidemocrático. Para ello hemos diseñado una estrategia que combina trabajo digital y recorridos puerta a puerta.  Además, contamos con una militancia muy activa que nos ayudará a transmitir ese mensaje en toda la provincia.

Lo que debes saber

• El Gobierno amplió las restricciones eléctricas tras conseguir una reducción de entre 135 MW y 200 MW durante la primera semana de medidas para grandes consumidores.
  
• La estrategia ahora incluye a consumidores de medio voltaje, amplía de 24 a 48 horas la desconexión solicitada y alcanza a la Espol, que trasladó temporalmente sus actividades a modalidad virtual.
  
• El Gobierno busca reducir alrededor de 500 MW de la demanda nacional, mientras el embalse Mazar continúa perdiendo nivel durante el estiaje.

A una semana del inicio de los cortes temporales de energía para los grandes consumidores (Alto Voltaje 1 y 2) en Ecuador, que permitieron reducir la demanda nacional en un 4,4 %, el Gobierno amplió el alcance de esta restricción. Desde este 29 de septiembre el período de racionamiento pasó de 24 a 48 horas, una universidad tuvo que modificar sus actividades. Aparte de la incorporación de empresas de mediano voltaje desde esta semana.

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Diario EXPRESO conoció el 29 de septiembre de 2026, en la noche, que el Gobierno pidió extender a 48 horas el período de desconexión voluntaria a este segmento. Y este 30 de septiembre confirmó con el sector empresarial sobre la esta nueva disposición. También se consultó al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el alcance de esta medida y está a la espera de su respuesta.

“Efectivamente han pedido extender el plazo de la desconexión voluntaria a 48 horas”, refirió una fuente del sector productivo de Ecuador.

Sin embargo, la aplicación de la medida puede variar entre empresas. Varias mantienen conversaciones directamente con los gerentes de las distribuidoras eléctricas para acordar la forma en que cumplirán con la reducción solicitada. 

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“Hay muchas empresas que están hablando directamente con los diferentes gerentes de las empresas distribuidoras para llegar a un acuerdo en la forma de desconexión”, agregó.

Aparte del sector industrial, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), ubicada en el noroeste de Guayaquil, considerada consumidor de Alto Voltaje 1 (AV1), resolvió pasar temporalmente a clases virtuales y teletrabajo debido a las interrupciones programadas de servicio público de electricidad.

En esta institución las actividades académicas de grado y posgrado pasaron de la modalidad presencial a virtual desde este 30 de septiembre hasta el 8 de octubre. También se autorizó el teletrabajo para parte de su personal administrativo.

Las restricciones eléctricas alcanzan a más consumidores

EXPRESO consultó también a dos centros universitarios de Quito sobre la posibilidad de adoptar medidas similares para reducir el consumo de energía. Pero ambas instituciones indicaron que, hasta el mediodía de este martes, no habían recibido ninguna disposición.

La ampliación de estas medidas restrictivas apuntan a incrementar la reducción de la demanda nacional de energía. Y así preservar las reservas del embalse Mazar, que es clave para el sector eléctrico del país.

Hasta este 30 de septiembre, a las 13:00, por ejemplo, la cota de Mazar bajó ya 20,63 metros desde finales de julio de 2026, que alcanzó su nivel máximo (2.153,32 metros sobre el nivel del mar).

Gobierno busca reducir 500 MW de la demanda eléctrica

A pesar de este panorama, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, expuso este 30 de septiembre en radio Centro que la situación del sector eléctrico se encuentra bajo control.

El funcionario detalló que con el aporte de los consumidores de Alto Voltaje 1 y 2 (AV1 y AV2), los de mediano voltaje y una campaña de ahorro dirigida a los hogares, se prevé reducir alrededor de 500 MW de la demanda nacional de energía.

“No se prevé ningún apagón nacional dentro de las variables y con el sistema que tenemos al día de hoy”, aseguró Blum. Pero, condicionó este escenario al cumplimiento de las medidas adoptadas y a que se “mantengan las lluvias en la zona de Codo Codo Sinclair, como ha ocurrido en esta semana. Estamos con un esquema establece”.

El ahorro estimado actualmente equivale al 11,1 % de la demanda nacional, que en promedio bordea los 4.500 MW, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta meta representa casi tres veces el resultado alcanzado durante la primera semana de restricciones, cuando la demanda se redujo alrededor de 200 MW o un 4,4 %.

Con las restricciones, que comenzaron el 22 de septiembre con 185 grandes consumidores AV1 y AV2, Blum reconoció el viernes pasado en Teleamazonas que la reducción de la demanda se ubicó en la primera semana entre 135 MW y alrededor de 200 MW.

¿Hasta dónde pueden llegar las restricciones?

Alejandro Jaya, ingeniero eléctrico especialista en Sistemas de Potencia y Regulación Fotovoltaica, explicó que antes de las medidas la demanda podía alcanzar un pico de entre 5.500 y 5.600 MW en cierta horas y posteriormente se movió alrededor de 5.300 MW. Esa diferencia da al Cenace un mayor margen para enfrentar los picos de consumo, precisa el especialista.

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Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, indicó que las medidas tomadas últimamente evidencian “que estamos entrando en una fase de racionamientos preeliminar” ante la dificultad para importar energía desde Colombia, por el periodo de sequía que atraviesa el país vecino. “No queda otra opción”.

Además, el dirigente refirió que frente a 2024 actualmente el sector industrial y centros académicos se encuentran mejor preparados para enfrentar este tipo de contingencias.

Aspiazu agregó que en los últimos dos años se han invertido aproximadamente de $900 millones en generadores de emergencia, que representan en promedio alrededor de 600 megavatios. Aunque no se trata de soluciones permanentes. Por ello, advierte que “si no llueve vamos a tener apagones”.

La falta de energía complica el escenario

Por su parte, Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, coincidió en que el sistema eléctrico de Ecuador atraviesa una situación “complicada”, debido a la menor disponibilidad de generación térmica y a la imposibilidad de importar energía desde Colombia.

En ese escenario, Santos consideró que la ampliación de los racionamientos al sector industrial busca reducir aún más el consumo de electricidad para evitar, por ahora, restricciones al sector residencial, que es el mayor consumidor de este servicio básico. 

“Buscan ahorrar el agua de Mazar hasta finales de noviembre o inicios de diciembre”, señaló. Además, atribuyó esta estrategia al objetivo de evitar “apagones fuertes” hasta las elecciones seccionales que realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

• El Cuerpo de Bomberos registra 276 clausuras desde enero y reconoce dificultades para detectar depósitos ocultos en edificaciones cerradas.
  
• A más de las denuncias ciudadanas, el Cuerpo de Bomberos dice que también investiga de oficio.

Las bodegas clandestinas persisten en La Bahía de Guayaquil pese a los controles. El Cuerpo de Bomberos registra 276 clausuras desde enero y reconoce dificultades para detectar depósitos ocultos en edificaciones cerradas.

El reciente hallazgo de un hotel fachada en la Bahía, que funcionaba como casino clandestino y centro de contrabando, ya ni siquiera generó sorpresa. EXPRESO conoció que el establecimiento había sido clausurado y desnuda una realidad que persiste: bodegas clandestinas y edificaciones cuyo interior resulta difícil de controlar.

Desde enero hasta la fecha se registran 276 bodegas clausuradas. Pero si se conoce que en el centro no se permite este tipo de actividad, ¿por qué las bodegas continúan funcionando y convirtiéndose en una bomba de tiempo para esta caliente zona?

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Para Julio César Cando, director general de Control y Vigilancia del Cuerpo de Bomberos, no se trata de una falla del Municipio, sino de competencias que corresponden a distintas entidades. “No es que está fallando, cada quien tiene sus funciones”, sostiene.

Cando explica que una de las principales dificultades es detectar qué ocurre dentro de las edificaciones. En algunos casos, las bodegas pueden estar ocultas detrás de paredes, perchas u otras estructuras.

Acceso a edificaciones

“Tenemos que tocar paredes a ver si hay una bodega escondida. Una puerta (la) esconden con una percha. Muchas de estas edificaciones están cerradas. Mientras no tengamos acceso, no podemos saber si hay viviendas”, explica.

Sin acceso a ellas, es difícil determinar qué se esconde entre las calles de esta zona. Agrega que el Cuerpo de Bomberos deja sellos en los sitios intervenidos, pero muchas veces estos son rotos. En esos casos se han presentado denuncias ante la Fiscalía.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO en la zona se constató que varios edificios, especialmente en los pisos altos, todavía mantienen ventanas cubiertas con telas, sábanas o periódicos, y se desconoce qué ocurre en el interior de algunos de estos espacios. En otros inmuebles se observan cajas detrás de ventanas.

Ese escenario vuelve a poner sobre la mesa una interrogante que persiste entre comerciantes y habitantes de la zona: ¿qué ocurre detrás de las paredes? El problema de las condiciones de seguridad contra incendios, sin embargo, no se limita a las bodegas de la Bahía ni al centro.

Cando explica que los incumplimientos se presentan en distintos tipos de establecimientos, entre ellos restaurantes, llanteras y otros negocios. Algunos cuentan con citaciones pendientes y otros ni siquiera han obtenido los permisos correspondientes.

Establecimientos sin permisos desde 2021

El funcionario señala que existen establecimientos que desde 2021 no han regularizado sus permisos ante el Cuerpo de Bomberos. Y en lo que va de 2026, la institución registra alrededor de 2.000 clausuras en Guayaquil por diferentes incumplimientos.

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Para Juan Narea, dirigente de la Bahía, las acciones ejecutadas hasta ahora todavía no cumplen las expectativas de los comerciantes de este sector. “En el día a día se puede decir que sí hay en la Bahía suficientes agentes de control, en todo el perímetro. El real problema es el trabajo o la función que realizan estos agentes de control, ya que en la práctica no se cumplen los objetivos”, argumenta.

Narea también cuestiona la situación del tránsito en la zona, especialmente por la presencia de vehículos y motocicletas. “Todo esto se suma al descontrol en cuanto al tránsito, vehículos, motos y otros. Es una anarquía y se requiere intervención urgente”.

En la Bahía también se planteó anteriormente el refuerzo de la seguridad mediante la instalación de una Estación de Acción Segura (EAS) y la presencia de agentes encubiertos.

Sobre estas medidas, el dirigente asegura que existen gestiones coordinadas entre Segura EP y la Policía Nacional. “Tenemos conocimiento de que se realizan gestiones coordinadas con Segura EP y la Policía. Inclusive han firmado un convenio para respaldar las acciones”, afirma.

Sin embargo, la promesa de tener un espacio seguro no se cumple. El dirigente de la Asociación 13 de Diciembre considera que para lograr este objetivo en la zona, donde los robos se multiplican en estos últimos meses del año, se requiere una intervención permanente y articulada entre instituciones.

“La Bahía debe ser considerada una zona de seguridad permanente en el día y la noche. La vida y los bienes deben ser protegidos en cada momento de los miles de ciudadanos que realizan actividades comerciales y el público en general”, añade.

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El Cuerpo de Bomberos remarca que se ciñe al cumplimiento de sus competencias, entre ellas, la prevención. Y menciona el lanzamiento de campañas a través de su departamento de comunicación.

“Continuaremos haciendo conciencia en la ciudadanía y pedimos el apoyo para atacar la informalidad, la clandestinidad. Todos los operativos han funcionado. Pedimos apoyo. Y no solo se ven bodegas, se ven más asuntos”, concluye.