Lo que debes saber 

• Ordenanza para regular deliverys sigue pendiente desde 2024 pese a reclamos por seguridad en Quito.
• Vecinos denuncian robos en motocicleta y exigen controles para identificar repartidores legales.
• Concejales atribuyen demora a observaciones jurídicas y carga de ordenanzas aún sin resolver.

Mientras los asaltos cometidos por sujetos que se movilizan en motocicletas continúan generando temor en distintos sectores de Quito, el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores por aplicaciones sigue sin avanzar en el Concejo Metropolitano. 

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A casi dos años de haber sido conocido en primer debate, la normativa permanece estancada, pese a los reiterados pedidos de moradores, dirigentes barriales y concejales que consideran urgente su aprobación frente al incremento de hechos delictivos.

¿Por qué Quito aún no regula a los deliverys mientras aumentan los robos en motocicleta?

El Concejo Metropolitano de Quito conoció y debatió el proyecto de ordenanza para regular a los repartidores (‘deliverys’) en primer debate el 9 de julio de 2024. La normativa busca crear un catastro de conductores, implementar mecanismos de identificación y fortalecer las medidas de seguridad para quienes prestan este servicio. Sin embargo, hasta la fecha no existe una fecha definida para su segundo debate.

La demora genera cada vez más cuestionamientos en una ciudad donde la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones. En varios barrios, los vecinos denuncian que delincuentes utilizan mochilas térmicas, cascos y motocicletas similares a las de los repartidores para pasar desapercibidos y cometer robos.

Uno de los casos más recientes ocurrió en La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Allí, una motocicleta fue incendiada por moradores que identificaron a sus ocupantes como presuntos delincuentes. Según testimonios recogidos en el sector, los sospechosos eran conocidos por cometer robos de celulares y escapar rápidamente a bordo de una moto.

“Presumimos que estaban dos personas en la motocicleta y pudieron estar realizando algún robo a personas”, señaló Santiago Razo, jefe subrogante del distrito Quitumbe.

La preocupación no se limita a un solo sector. En la Ferroviaria Alta, moradores reportan constantes asaltos cometidos por hombres en moto. El pasado 6 de junio una mujer fue interceptada por dos sujetos armados que le arrebataron sus pertenencias. Para los vecinos, la modalidad se repite una y otra vez en distintos puntos de la ciudad.

El temor se incrementó todavía más tras el asesinato del gerente financiero de la Universidad de las Américas (UDLA), Santiago David Ávalos Páez, ocurrido el 11 de junio en la avenida Oswaldo Guayasamín. Sicarios en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se movilizaba y le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque no todos estos hechos involucran a repartidores, los ciudadanos sostienen que la facilidad para ocultarse bajo la apariencia de un ‘delivery’ dificulta la identificación de sospechosos y fortalece la percepción de impunidad.

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Ciudadanos reclaman respuestas por inseguridad

Para Paola Urbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador, la demora en el tratamiento de la ordenanza refleja una falta de prioridades dentro del Concejo Metropolitano.

“Han pasado años desde el primer debate y seguimos esperando una respuesta. La seguridad debería ser la prioridad número uno para la ciudad”, dijo.

La seguridad debe ser la prioridad del Concejo. Los quiteños no pueden seguir esperando mientras los delitos aumentan a diario y cada vez son más violentos.
Paola Burbano, presidenta del Comité de la República de El Salvador

La dirigente sostiene que la normativa no busca estigmatizar a quienes trabajan de manera honesta en plataformas de reparto, sino establecer herramientas que permitan diferenciar a los trabajadores formales de quienes utilizan esa imagen para delinquir.

“Queremos caminar tranquilos por las calles, ir a un restaurante o a un centro comercial sin el temor de que aparezcan delincuentes en motocicleta. La ciudad necesita controles más efectivos”, expresó.

Una preocupación similar comparte Iván Buitrón, presidente del Comité de Seguridad de El Batán Alto. Según explica, en su sector los robos cometidos por sujetos que utilizan motocicletas son recurrentes.

Los vecinos incluso han detectado la presencia de personas tomando fotos o realizando labores de vigilancia en los barrios. Para Buitrón, la creación de un registro de repartidores facilitaría el trabajo de las autoridades y permitiría una identificación más rápida de quienes operan legalmente.

Las críticas también han llegado desde el interior del Concejo Metropolitano. El concejal Wilson Merino cuestionó que iniciativas relacionadas con la seguridad continúen relegadas, mientras otros temas ocupan la agenda de las sesiones.

“Los temas de fondo quedan siempre postergados. No se discuten asuntos relevantes para la seguridad de los quiteños y eso genera una sensación de abandono en la ciudadanía”.

Merino considera que la regulación de los repartidores puede convertirse en una herramienta complementaria para enfrentar a la delincuencia, aunque reconoce que no será una solución definitiva sin una estrategia integral de seguridad y mayores capacidades operativas.

¿Falta de prioridad? 

Desde la Comisión de Movilidad, su presidente, el concejal Diego Garrido, aseguró que el proyecto continúa en análisis. Explicó que el tratamiento se ha retrasado debido a observaciones jurídicas derivadas de una sentencia de la Corte Constitucional y a pedidos de redireccionamiento presentados por otros concejales. 

Sin embargo, reconoció que la comisión mantiene una carga de entre 23 y 25 ordenanzas pendientes de tratamiento, por lo que todavía no existe una fecha definida para que la normativa vuelva al pleno.

Estamos revisando aspectos jurídicos y técnicos de la ordenanza. Esperamos presentar pronto un informe que permita avanzar hacia el segundo debate.
Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad

Esa explicación no convence a los moradores, quienes insisten en que la seguridad no puede seguir esperando mientras los delitos ocurren a diario.

Desde el sector de los conductores por aplicaciones también existen observaciones. Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Plataformas de Ecuador (ASOCONAPPE)), considera que la regulación es necesaria, pero advierte que debe construirse con la participación de todos los actores involucrados.

A su criterio, un simple registro municipal no resolverá el problema si no existe una coordinación efectiva con las plataformas digitales, los repartidores y los establecimientos comerciales.

Según datos de la organización, en Ecuador existen alrededor de 53.000 conductores vinculados a aplicaciones y más de 10.000 operan en Quito, una cifra que evidencia la magnitud del sector y la necesidad de establecer mecanismos de control eficientes.

Lo que debes saber

• Solo el 2 % de las empresas familiares de Ecuador tiene un plan de sucesión formal; el resto arriesga desaparecer antes de la tercera generación.
  
• En un fideicomiso mercantil de administración, la estructura asume la propiedad de las acciones y manda en la junta, no los herederos.
  
• Las instrucciones del fundador son irrevocables: un apoderado las ejecuta tal como quedaron escritas, ni más ni menos.
  
• No es una herramienta solo para grandes consorcios: no tiene restricción de cuantía y resulta accesible para medianas empresas.
  

Nueve de cada diez empresas activas en Ecuador son de origen familiar y generan el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, apenas el 2 % cuenta con un plan de sucesión formal, una grieta que condena a la mayoría a desaparecer antes de la tercera generación.

Sobre cómo revertir ese destino conversamos con Rafael Sandoval, experto en negocios fiduciarios y fondos de inversión de ZION, una de las 29 administradoras de fondos y fideicomisos reguladas en el país.

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Especialista en estructuración de patrimonios y esquemas de sucesión empresarial, Sandoval defiende al fideicomiso mercantil como la herramienta que blinda el legado del fundador cuando el protocolo familiar se queda corto.

El panorama y la fragilidad del negocio familiar

— ¿Por qué la sucesión en las empresas familiares se ha convertido en un tema tan recurrente en los foros económicos del país?

Es lo que yo llamo el “tema de temporada” porque las cifras son sumamente reveladoras y preocupantes. En Ecuador, el 91 % de las empresas activas son familiares y aportan directamente el 65 % del PIB. Sin embargo, hay un dato súper alarmante: solo el 2 % cuenta con planes de sucesión.

— ¿Las empresas familiares abren su patrimonio a terceros?

La gran mayoría son empresas de patrimonio cerrado, es decir, no abren su capital a terceros ni cotizan en la bolsa de valores, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Esta falta de apertura, formalización y planificación las vuelve extremadamente frágiles ante la ausencia del fundador.

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La crisis de la tercera generación

— Existe el mito de que la empresa familiar “quiebra en la tercera generación”. ¿Qué reflejan las estadísticas al respecto?

Lamentablemente no es un mito, es una realidad estadística. Los índices de supervivencia nos dicen que solo un 39 % de las empresas logra subsistir en la segunda generación. Al llegar a la tercera generación, el porcentaje cae drásticamente a un 11,5 %. Y si hablamos de una cuarta generación, no llegamos ni al 1,6 %.

— ¿Cuál es la diferencia de una empresa que sí puede trascender con una que no?

Las compañías que logran sobrevivir y trascender lo hacen precisamente porque cuentan con planes de sucesión estructurados, protocolos y políticas claras de buen gobierno corporativo.

El fideicomiso mercantil como salvavidas corporativo

—En este contexto de alta mortalidad corporativa, ¿cuál es la mejor herramienta legal o financiera para proteger el legado del fundador?

En el Ecuador, la forma más segura de formalizar la decisión del fundador es a través de un fideicomiso mercantil de administración, el cual debe acompañar al protocolo familiar. 

Los protocolos familiares por sí solos son simples acuerdos de voluntades y pueden tener limitaciones o vacíos en su obligatoriedad. En cambio, en un fideicomiso, esta estructura asume la propiedad del total o de la mayoría de las acciones. 

Ahí se detalla minuciosamente la “lista de deseos” del fundador: qué prevé a futuro y cómo quiere que se resuelvan las decisiones empresariales cuando él ya no esté.

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—Dentro del fideicomiso, tras el fallecimiento del fundador, ¿son los hijos quienes asumen el control en la junta?

Más bien ocurre al revés: es el fideicomiso el que tiene el poder en la junta de accionistas, no los hijos. Existe un apoderado que toma las decisiones basándose estrictamente en las instrucciones que dejó el fundador. 

Uno de los principios fundamentales del fideicomiso mercantil ecuatoriano es que las instrucciones son de carácter irrevocable; tienes que hacer lo que está instruido ahí, ni más ni menos.

El fideicomiso puede incluso evaluar el perfil técnico de la persona idónea para tomar las riendas de la gerencia, asegurando que el sucesor esté debidamente capacitado.

Barreras culturales y resistencia al cambio

—Si este mecanismo es tan efectivo, ¿por qué existe tanta resistencia por parte de los fundadores para implementarlo?

La resistencia nace, muchas veces, desde la propia cabeza de la compañía. Es muy común toparse con empresarios que afirman: “Yo he hecho esto 40 años y me ha ido bien, ¿por qué lo voy a cambiar ahorita?”.

—¿A eso debe sumarse la resistencia de las nuevas generaciones?

Gran parte de la preocupación del fundador es que los herederos no estén interesados en el negocio. Hay jóvenes muy inteligentes que tienen otras aspiraciones profesionales o que ya radican en el extranjero. 

Y finalmente, está el riesgo de terceros: esposos, cónyuges o familiares políticos que influyen negativamente sobre los herederos, buscando impugnar los acuerdos para “pellizcar” una mayor parte del patrimonio. Por eso es vital formalizar y separar rígidamente la idea de familia de la de empresa.

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—Para concluir, ¿esta figura del fideicomiso mercantil está reservada de forma exclusiva para los grandes consorcios con un gran músculo económico?

Para nada. Es una estructura legal completamente abierta y no tiene ninguna restricción de cuantía. En la práctica, todo se aterriza al costo operativo de la fiduciaria, por lo que resulta ser una herramienta muy accesible y útil para empresas de mediana escala. 

Los montos de mantenimiento son bastante manejables dependiendo de la operatividad del negocio. El verdadero desafío no es financiero, sino lograr que los empresarios abran la mente y entiendan que el patrimonio necesita organización profesional para poder existir eternamente.

Las claves del caso

• Casa Tola, Casa Maldonado y el edificio Santiago Noziglia enfrentan distintos niveles de riesgo estructural.
  
• Expertos advierten que las lluvias previstas para los próximos meses podrían acelerar el deterioro de varias edificaciones históricas.
  
• Arquitectos denuncian ausencia de mantenimiento, falta de coordinación institucional y carencia de un inventario actualizado sobre el estado del patrimonio.

Las edificaciones patrimoniales de Guayaquil están en problemas. La confirmación de la llegada del fenómeno de El Niño mantiene en alerta a historiadores, arquitectos, moradores y amantes del patrimonio, quienes temen que varias estructuras históricas terminen colapsando ante el deterioro acumulado durante años.

Un recorrido realizado por EXPRESO evidencia que algunas de las edificaciones patrimoniales más emblemáticas del centro de la ciudad presentan graves problemas estructurales, abandono y falta de mantenimiento. Entre los casos que más preocupación generan están la Casa Tola, la Casa Maldonado y el edificio Santiago Noziglia , inmuebles que hoy enfrentan distintos niveles de riesgo.

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Casa Tola, en decadencia constante 

Según datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Guayaquil conserva actualmente 646 edificaciones patrimoniales, pero el deterioro va en aumento. Uno de los casos más visibles es el de la Casa Tola, ubicada en las calles 9 de Octubre y Escobedo. Construida en 1918, la edificación sufrió un colapso parcial tras los movimientos sísmicos registrados en 2022. Desde entonces, el deterioro ha continuado de manera progresiva. El episodio más reciente ocurrió en abril de 2026, cuando nuevos desprendimientos volvieron a evidenciar el mal estado de la estructura.

Actualmente, parte de la vivienda permanece expuesta. Los pasillos y habitaciones que alguna vez formaron parte de una de las construcciones más representativas del sector son visibles desde la calle.

Para Florencio Compte Guerrero, arquitecto y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la situación es crítica. "La Casa Tola está en un riesgo inminente de ser destruida. No se observa ningún tipo de intervención ni de mantenimiento. Es una casa histórica y cada vez se ve peor. Ahí hay abandono y falta de mantenimiento", manifestó a EXPRESO.

Durante el recorrido realizado por este Diario, varios transeuntes expresaron preocupación por el estado del inmueble y por la posibilidad de que nuevas lluvias aceleren su deterioro. "Cada invierno se ve peor. Uno pasa por aquí y da miedo pensar que en cualquier momento pueda desprenderse de otra parte", comentó un comerciante de la zona.

Casa Maldonado, años sin ser reparada

A pocas cuadras de allí, en Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y Panamá, se encuentra la Casa Maldonado. Al llegar ahí, la imagen es impactante. La fachada permanece cubierta con planchas de zinc, mientras varias cañas sostienen parte de la estructura. Tras el sismo del 18 de marzo de 2023, gran parte del inmueble resultó afectada y actualmente solamente sobrevive su frente arquitectónico.

Para Compte, el problema responde a años sin mantenimiento. "Se ha perdido la cubierta y el deterioro viene de mucho tiempo atrás. Las edificaciones de madera o de construcción mixta son las más afectadas porque requieren un mantenimiento constante", explicó. El especialista considera que hacen falta políticas claras para proteger este tipo de inmuebles.

"Debe existir un inventario detallado y actualizado que permita definir qué edificaciones pueden recuperarse y cuáles requieren intervenciones urgentes. Nadie quiere terminar de asumir completamente las competencias sobre el patrimonio".

Edificio Santiago Noziglia, en riesgo latente 

Otro inmueble que preocupa a los especialistas es el edificio Santiago Noziglia, ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Febres-Cordero.

La estructura fue declarada Patrimonio de la Nación el 27 de octubre de 2011 mediante el Acuerdo Ministerial 234 y forma parte del inventario patrimonial nacional. Sin embargo, en la actualidad se enfrenta a una amenaza particular. El edificio colina con la estructura de Multicomercio, que sufrió un incendio de gran magnitud en febrero de 2026 y cuya estabilidad continúa siendo motivo de preocupación.

Arquitectos consultados señalan que cualquier afectación adicional en el edificio vecino podría comprometer la integridad del inmueble patrimonial.

¿Por qué hay descuido de edificios patrimoniales en Guayaquil?

Para Carlos Guerrero, arquitecto y magíster en Proyectos Arquitectónicos , una de las principales dificultades que enfrenta Guayaquil es que su patrimonio histórico se encuentra disperso por toda la ciudad.

"La condición de Guayaquil es diferente a la de ciudades como Quito o Cuenca, donde existe un centro histórico claramente definido. Aquí las edificaciones patrimoniales están distribuidas en distintos sectores y eso dificulta su mantenimiento, control y conservación", argumentó.

Según Guerrero, esta dispersión provoca que muchas construcciones pasen desapercibidas hasta que ya presentan daños importantes.

La condición de Guayaquil es diferente a la de ciudades como Quito o Cuenca, donde existe un centro histórico claramente definido. Aquí las edificaciones patrimoniales están distribuidas en distintos sectores y eso dificulta su mantenimiento, control y conservaciónCarlos Guerrero
​magíster en Proyectos Arquitectónicos

Otras edificaciones en riesgo y con pocas respuestas

Los especialistas advierten que la situación no se limita a estas tres edificaciones. Entre los inmuebles que también presentan algún nivel de deterioro se encuentran sectores de la antigua Cárcel Municipal, el anfiteatro Julián Coronel, la antigua Aduana de Hierro y áreas del Cementerio Patrimonial, donde algunas tumbas ubicadas en laderas podrían verse afectadas por eventuales deslizamientos si se registran lluvias intensas.

Los expertos cuestionan la falta de coordinación entre instituciones y advierten que el deterioro continúa avanzando mientras no existan soluciones concretas.

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EXPRESO solicitó una entrevista con la dependencia municipal encargada de la conservación patrimonial, para conocer las acciones previstas frente a la llegada del fenómeno de El Niño y el estado de estas edificaciones. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Para muchos ciudadanos, el temor va más allá de la pérdida de inmuebles. Lo que está en riesgo es una parte fundamental de la memoria e identidad de Guayaquil.  

Lo que debe saber

• La Arcom plantea reducir la recaudación proyectada de la tasa minera de $221,75 millones a $44 millones, tras reconocer baja efectividad de cobro y problemas de proporcionalidad.
  
• La nueva propuesta excluiría del pago a los proyectos en exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica, fases que aún no generan ingresos.
  
• El proyecto incorpora a plantas de beneficio y propone que el SRI recaude la tasa, aunque persisten dudas legales y observaciones del sector minero.

A un año de la aplicación de la “cuestionada” tasa de fiscalización minera en Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) prepara una reforma que reduciría drásticamente la recaudación proyectada por este concepto.

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La entidad tiene previsto con esta iniciativa, que está en etapa de difusión, recaudar $44 millones. La cifra representa apenas el 20 % del monto inicial aspirado, que ascendía $221,75 millones.

Esta propuesta de ajuste coincide con cuestionamientos, que incluso terminaron con la presentación de ocho demandas de inconstitucionalidad; y con una baja recaudación.

Los pagos de julio de 2025 y enero de 2026 -que corresponden al año anterior- representaron una recaudación de alrededor de $40 millones, según informó el 20 de mayo de 2026 la Cámara de Minería de Ecuador (CME) a Diario EXPRESO.

Esta realidad es reconocida por la Arcom. La entidad admite que el sistema actual apenas alcanza una efectividad de cobro cercana al 35 %, según el lnforme técnico económico para la justificación de necesidad de actualización de la Tasa de Supervisión y Control Minero, disponible en su portal web.

La imposición vigente Arcom-003/25, creada el 2 de junio de 2025, establece cobros variables entre el 3 % y el 100 % de una remuneración básica por cada hectárea concesionada, dependiendo del tipo de minería y de la fase del proyecto (exploración, evaluación económica y explotación). Pero no aplica para la minería artesanal.

La nueva propuesta de tasa minera

Este esquema podría cambiar. La Arcom propone una revisión “técnica” del esquema vigente debido a problemas de proporcionalidad, baja efectividad recaudatoria y una desconexión entre el valor cobrado y los servicios de supervisión que presta el Estado.

Ante ello plantea varios ajustes, uno de los principales cambios, solicitado de manera reiterada por este sector, es excluir del pago de la tasa a las concesiones mineras que se encuentran en exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica. La entidad reconoce que estas fases todavía no generan aprovechamiento comercial de los recursos minerales y, por tanto, el cobro puede convertirse en una barrera para atraer inversiones.

Diario EXPRESO conoció que al menos cinco firmas, que se dedicaban a la exploración de minerales en Ecuador, habrían iniciado los trámites para vender sus concesiones y dejar el país ante la obligatoriedad que existe para el pago de la tasa de fiscalización minera.

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Una de ellas, por ejemplo, requería alrededor de $5 millones para el pago de la tasa minera, un monto superior al presupuesto anual para sus operaciones, que bordea los $4 millones.

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, enfatiza que el cobro de esta tasa ha sido uno de los principales problemas para los proyectos en fase de exploración. La razón es que esta es una actividad que no genera ingresos y cuyo resultado es incierto.

Además, señala que esta imposición resta competitividad a Ecuador frente a sus vecinos y desincentiva la llegada de nuevas inversiones.

La tasa ya no aplicaría para los proyectos de exploración

La Arcom reconoce ahora que mantener el cobro en etapas exploratorias eleva los costos de entrada para los inversionistas, afecta la continuidad de proyectos formales y reduce el interés por desarrollar nuevas iniciativas mineras en Ecuador.

Por ello, propone concentrar la tasa en actividades que demandan una supervisión más intensa y que ya se encuentran en fases ya productivas.

Vargas resalta la decisión del Gobierno de revisar la tasa minera, al considerar que el esquema original presentaba falencias que incluso motivaron demandas judiciales y afectaron la permanencia de algunas empresas en el país. A su criterio, la apertura mostrada por las nuevas autoridades representa una señal positiva para la inversión.

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Para Santiago Yépez, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), si bien el sector valora esta iniciativa, se debe considerar también que existen concesiones suspendidas por fuerza mayor -que no operan- y que por ese motivo se debería evaluar también su exclusión de la tarifa.

El cálculo para fijar la tasa 

La propuesta de reforma de la Arcom modifica la metodología de cálculo. Actualmente, el esquema se basa principalmente en la superficie concesionada. La nueva iniciativa plantea calcular la tasa a partir de los costos reales de supervisión y control que enfrenta esta institución pública.

De esta manera, el cobro se concentrará en concesiones en explotación, licencias de comercialización. Pero además incorpora a las plantas de beneficio, donde el material extraído es procesado para obtener concentrados o minerales.

Además, para fijar el monto, se incorporan variables como la frecuencia de inspección, complejidad operativa, tipo de mineral, régimen minero, superficie concesionada y capacidad instalada. El fin es que quienes demanden mayores recursos de fiscalización aporten más al financiamiento del sistema de control.

Vargas añade que el sector está dispuesto a contribuir con el fortalecimiento institucional y la lucha contra la minería ilegal, pero considera que los cobros deben ser proporcionales y acordes a la realidad de cada actividad. También plantea que el diálogo entre Gobierno e industria se extienda a otros temas pendientes, como la seguridad jurídica, los permisos y la tramitología.

El SRI recaudaría la tasa minera

La propuesta modifica también la forma de pago, que era semestral. Según el proyecto de resolución, el cobro ahora será anual para los titulares de gran minería, mediana minería, pequeña minería, régimen general, licencias de comercialización y plantas de beneficio.

Además, se establece que el Servicio de Rentas Internas (SRI) será responsable de la recaudación de esta tasa. Antes estaba a cargo de la misma Arcom.

Para Henry Troya, exviceministro de Minería, al otorgar al SRI esta responsabilidad se evidencia que se trata de un impuesto y no una tasa. “La Arcom no tiene capacidad para crear imposiciones y transferir la capacidad de cobro al SRI”, enfatiza y argumenta que la creación de tributos se debe tramitar en la Asamblea Nacional.

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Pese a estos detalles, la Agencia propone que la liquidación de la tasa se realizará con corte al 31 de diciembre de cada año y deberá cancelarse hasta el 31 de enero del ejercicio fiscal siguiente.

Para este 2026 se aplicará un régimen transitorio. La tasa se calculará de manera proporcional desde la entrada en vigencia de la resolución hasta el 31 de diciembre de este año. En el caso de incumplimientos, se aplicará procesos de coactiva, refiere el proyecto de resolución de la Arcom.

Sobre este último punto, Yépez refiere que se debe aclarar si el pago de la tasa minera -con el modelo anterior- se deberá cancelar o no. Esta preocupación surge porque en julio de 2026 la mediana y gran minería -en todas sus fases-deberían cumplir con esta obligación. “Al tener la tasa anterior vigente, la nueva resolución se debería emitir antes del 30 de junio de 2026”.

Troya: “Los errores se mantienen”

Y aunque el nuevo proyecto de resolución recoge ciertas observaciones del sector, que constan en las acciones de inconstitucional, Troya subraya que la iniciativa reciente incurre en los mismos “errores”.

En su criterio, la Arcom a través de esta figura busca que las empresas de este sector cancelen por la prestación de un servicio de seguridad, cuando la Constitución establece que el Estado es el responsable de brindar, entre otros servicios públicos, seguridad para todos los habitantes del territorio nacional.

“El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”, recuerda el exviceministro de Minería.

El Estado tiene la obligación de garantizarnos la seguridad a todos y no cobrarnos por ella”.Henry Troya, exviceministro de Minería.

Si bien aún existen dudas sobre el alcance definitivo de la reforma, el sector tiene previsto enviar sus observaciones a la Arcom. Y luego la entidad podrá emitir la nueva resolución, que podría dejar sin efecto la anterior. 

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Sin embargo, según fuentes consultadas este paso no implicaría la terminación automática de las acciones presentadas ante la Corte Constitucional contra la normativa anterior, ni garantizaría la permanencia de las empresas que decidieron abandonar el país tras la entrada en vigencia de la tasa.

Lo que debes saber

• El concurso para fiscal permanece estancado.
• El CPCCS debe resolver observaciones al informe.
• Especialistas alertan sobre efectos institucionales.

En pausa. Así se encuentra el concurso para la selección del nuevo fiscal general, que se inició el 18 de febrero de 2026.

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Las observaciones que frenan el concurso

La fase de recepción de impugnaciones ciudadanas aún no puede iniciar debido a que el informe final de méritos y recalificación no obtuvo aprobación ni rechazo. De acuerdo con el cronograma actualizado por la Comisión Ciudadana de Selección el pasado 8 de junio, esta etapa estaba prevista para realizarse entre el 16 y el 22 de junio.

Piedad Cuarán Rosero es una de las dos consejeras que votaron en contra de la aprobación del informe, el jueves 11 de junio. En diálogo con EXPRESO, ella sostiene que el documento carece de la debida motivación y evidencia una presunta vulneración de derechos de ciertos participantes, ya que sus reclamos no han sido acogidos. Además, considera que “es un informe que, de alguna manera, está direccionado”.

La consejera espera que el asunto sea tratado en una próxima reunión del Pleno del CPCCS, el miércoles 17 de junio. A su criterio, para que exista una reconsideración, la Comisión Ciudadana de Selección debe subsanar las observaciones planteadas y justificar de manera clara por qué rechaza ciertos pedidos, garantizando así la seguridad jurídica del proceso.

Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, considera que las observaciones planteadas por Cuarán son válidas y deben ser atendidas antes de que el proceso continúe. A su criterio, los consejeros necesitan contar con todas las explicaciones necesarias para tener la certeza de que el concurso se desarrolla sin irregularidades que puedan afectar su legitimidad.

No obstante, Ulloa sostiene que corresponde al Pleno del CPCCS explicar a la ciudadanía las razones por las que el informe no fue aprobado y adoptar una resolución que permita destrabar el proceso. Para conocer qué acciones impulsará el organismo para reactivar el concurso, EXPRESO solicitó entrevistas, mediante correo electrónico y también por mensajería instantánea, a los siete consejeros. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición solo Piedad Cuarán respondió.

Lo preocupante no es solo que el concurso se haya detenido, sino que llega a esta etapa arrastrando dudas sobre su transparencia. El problema pasó a ser institucional.Francisco López, abogado y docente de la UDLA

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El CPCCS frente a las críticas por los retrasos

Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, exconsejera del CPCCS, señala que el organismo debe convocar nuevamente a una sesión y viabilizar una decisión que permita al concurso avanzar hacia las siguientes etapas. En su opinión, mantener el proceso estancado solo profundiza el retraso en la designación de autoridades de control y prolonga la permanencia de funcionarios prorrogados o encargados en distintas instituciones del Estado.

La exconsejera también cuestiona que la paralización del concurso se sume a una serie de retrasos en la designación de autoridades por parte del actual Consejo. Añadió que durante este período, el organismo no ha logrado concretar nombramientos mediante concursos impulsados íntegramente por sus actuales integrantes, sino que ha concluido procesos heredados de administraciones anteriores.

El retraso en los concursos impide la renovación de autoridades y prolonga una crisis institucional. La ciudadanía debe evaluar los resultados de los actuales consejeros.María Fernanda Rivadeneira, exvocal del CPCCS

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Los efectos de la demora en la designación del fiscal

Para el constitucionalista Francisco López, docente de la Universidad de las Américas, la paralización del concurso responde a cuestionamientos que han acompañado el proceso desde su inicio. A su criterio, la demora beneficia a la actual administración de la Fiscalía General del Estado, ya que la falta de una designación definitiva prolonga la permanencia de una autoridad encargada.

Una lectura similar tiene el penalista Pablo Encalada, quien observa una creciente desconfianza ciudadana hacia el proceso. Según señala, la suspensión de una nueva etapa del concurso reduce aún más el interés público en una designación considerada clave para el sistema de justicia.

Encalada opina que la demora no parece generar mayores costos para quienes se sienten cómodos con la actual conducción de la Fiscalía. Por ello, el jurista advierte que la falta de avances podría prolongarse si no existe voluntad política para destrabar el proceso.

Para Encalada y Ulloa, el principal afectado por la paralización del concurso es el sistema institucional y la confianza de la ciudadanía. López, en cambio, amplía el impacto y sostiene que también resultan perjudicados los postulantes y los ciudadanos, debido a que la demora alimenta los cuestionamientos sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

A juicio de Rivadeneira, entorpecer la designación de autoridades solo profundiza el problema de las prórrogas y encargos en instituciones claves del Estado. Por ello, considera que la ciudadanía debe evaluar el desempeño de los actuales consejeros si deciden reelegirse, en función de los resultados obtenidos en materia de designación de autoridades y cumplimiento de sus atribuciones.

El avance del concurso está en manos de la propia Comisión Ciudadana y el CPCCS. No hay factores externos, como denuncias ciudadanas, que justifiquen esta paralización.Hernan Ulloa, expresidente del CPCCS

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Mito del crudo caro: por qué Ecuador no gana como antes

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El riesgo país es un indicador que mide qué tan riesgoso, según consideran los inversionistas internacionales, es prestarle dinero a un país. En términos simples, refleja la probabilidad de que un gobierno tenga dificultades para cumplir con el pago de sus deudas o enfrente problemas económicos, políticos o financieros que afecten su capacidad de pago. Este indicador suele expresarse como la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de un país, en nuestro caso el Ecuador,    y la que pagan los bonos del gobierno de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

Mientras más alto sea el riesgo país, mayor será la tasa de rentabilidad que los inversionistas internacionales exigirán para adquirir bonos de deuda pública de ese país. El otro lado de la moneda viene dado por el precio de los bonos. A mayor rentabilidad demandada por los inversionistas (mayor riesgo país), menor es el precio que están dispuestos a pagar por dichos bonos.

¿Cuál ha sido la evolución del riesgo país?

El nivel de riesgo país del Ecuador ha caído desde los 1630 puntos básicos en marzo del año 2025 a apenas 378 el 15 de junio pasado, su nivel más bajo. Si bien los niveles de riesgo país han caído en otros países considerados emergentes, la caída en el Ecuador ha sido relativamente mayor por una combinación de elementos políticos y económicos. Como consecuencia, el precio de los bonos ecuatorianos en mercados internacionales ha subido mucho, convirtiéndose en una de las apuestas de inversionistas que mayor retorno generó en los últimos quince meses en el universo de los países emergentes.

La caída de este indicador permitió al Ecuador regresar a los mercados internacionales de deuda en dos ocasiones en este año. En enero, el país colocó $2.200 millones en bonos con vencimiento 2034 y $1.800 millones en bonos con vencimiento 2039, y utilizó $3.000 millones para recomprar una parte de los bonos 2030 y 2035 en circulación. En abril el gobierno colocó $1.000 millones    adicionales de bonos 2034 y 2039 en condiciones aún mejores que en enero, con un costo financiero menor.

Economía y negocios

El riesgo país de Ecuador cae a 378 puntos y alcanza su nivel más bajo en 12 años

Lina Zambrano

La caída de riesgo país ayuda también a los emisores que venden bonos o toman deuda en mercados internacionales, pues la tasa de interés que ofrecen los bonos de gobierno es la tasa de referencia para otros tomadores de fondos. En Ecuador, sin embargo, hay pocas instituciones que toman deuda del exterior, entre ellas hay bancos, cooperativas, y algunas corporaciones grandes.

Pero, ¿Cuál es el impacto al ciudadano corriente? Su efecto vendrá en la medida que esos menores costos de financiamiento sean trasladados a los consumidores ecuatorianos a través de menores precios para bienes y servicios (para empresas no financieras) o menores costos financieros (para bancos y cooperativas).

Otro elemento que sí puede impactar favorablemente a una economía es que el menor riesgo país se convierte en una señal positiva para inversionistas internacionales que lleguen con recursos frescos en forma de inversión extranjera directa (IED).    Para el caso ecuatoriano, el año pasado vimos que la IED se triplicó frente al 2024 para alcanzar los $1.300 millones, la cifra más alta desde 2018, pero aún no lo suficiente para dinamizar la economía. En todo caso, son pasos importantes en la dirección correcta.

Varios expertos coinciden en que la expansión urbana acelerada hacia las zonas rurales representa una presión sobre sistemas de servicios públicos y básicos que no fueron planificados para ese crecimiento, lo que, a su vez, encarece cada vez más el suelo en los sectores cercanos al centro de la ciudad.

Encarecimiento del suelo 

Para el docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, Pedro Jiménez, el acceso a la vivienda debe dejar de ser un problema individual y convertirse en un asunto de interés público. 

Según el académico, el encarecimiento de la vivienda en Cuenca no es un fenómeno reciente; por el contrario, se remonta a unos 25 años atrás y hoy muestra consecuencias visibles en distintos sectores de la ciudad.

Aunque muchas personas perciben que la crisis habitacional se aceleró después de la pandemia de COVID-19, Jiménez sostiene que las primeras señales aparecieron antes, según consta en su investigación publicada en 2019 bajo el título Cuenca, ciudad de ocio global, en la que analizó la evolución del valor del suelo entre 2006 y 2016 y se identificaron las primeras zonas de vulnerabilidad residencial en la ciudad: el hipercentro de Cuenca, las manzanas alrededor del Parque Calderón, el Barranco y las áreas ubicadas junto a la margen norte del río Tomebamba. 

Cuenca

Arriendos en Cuenca: altos costos y dificultad de acceso

Claudia Pazán

“En estos lugares se registró un aumento sostenido del valor del suelo, acompañado por un cambio progresivo de viviendas hacia actividades comerciales y de servicios”, puntualizó Jiménez.

Rentismo cultural a partir del patrimonio 

Uno de los puntos de inflexión en la transformación de la capital azuaya fue la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1999, lo que habría generado un fenómeno denominado “rentismo cultural”. “La ciudad dejó de planificarse y los atributos patrimoniales y culturales se transformaron en recursos económicos para atraer inversiones, turistas y nuevos residentes”, señaló.

Según Jiménez, Cuenca fue promovida a nivel internacional como una ciudad ideal para retirarse e invertir, lo que generó la llegada de una primera ola de migrantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa, y los efectos secundarios no favorecieron a los habitantes de la ciudad, ya que “el patrimonio y el turismo terminaron generando una presión creciente sobre el mercado inmobiliario, sobre todo en los sectores más atractivos”. 

Cuenca

Vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente por deslizamientos

Nadia Larco Bravo

En la actualidad existen zonas céntricas que se han vuelto “inalcanzables” para las familias locales y que han sido ocupadas por actividades comerciales de diversa índole: bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, hoteles y negocios de renta temporal dirigidos a comunidades nómadas.

Nuevas formas de rentas 

Sobre este último fenómeno, el docente e investigador de la Universidad de Cuenca, Freddy Espinoza, dio a conocer que entre 2023 y 2024 se registraron hasta 3.136 anuncios en la plataforma Airbnb, cifra que varía según la temporada. Además, señaló que el 27 % de estos alojamientos se concentra en el Centro Histórico de la ciudad. 

La consecuencia, según el investigador, es que cada vez más familias locales abandonan las zonas centrales y buscan vivienda en sectores periféricos o parroquias rurales.

Catastro de contratos de arrendamiento 

En un intento por ordenar el mercado de los arriendos en el cantón Cuenca, la concejal Jenny Bermeo desarrolló un proyecto de ordenanza que plantea la inscripción obligatoria de los contratos de arrendamiento, además del registro de los inmuebles destinados al alquiler en la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio, tal como establece la Ley de Inquilinato. 

Cuenca

40 mil metros cúbicos de material obstaculizan la vía Cuenca-Girón-Pasaje

Claudia Pazán

Si bien el objetivo de la propuesta no es controlar los precios, sino conocer quiénes llegan a vivir a la ciudad, se trata de una de las pocas iniciativas orientadas a “poner orden a las actividades renteras que se están desarrollando en Cuenca”, según la edil.

Ley de inquilinato y registro en Control Urbano

Hay que recordar que la Ley de Inquilinato establece en su artículo 10 que las “jefaturas de Catastro Municipales fijarán la pensión máxima de arrendamiento de cada local y entregarán al arrendador, en el plazo máximo de cuatro meses, un certificado en el que conste la identidad del predio o local inscrito y la pensión mensual para su arrendamiento”. 

Mientras que en el artículo 17 del mismo cuerpo legal se puntualiza que “la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble no podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento del avalúo comercial con que dicho inmueble conste en el Catastro Municipal”. Además, se prohíbe el incremento automático de los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima del contrato de arrendamiento.

En este contexto, Bermeo reconoció que actualmente el Municipio carece de información básica sobre el mercado de arrendamientos residenciales. “No sabemos cuál es el porcentaje de predios arrendados en la ciudad. No existe ningún catastro ni ninguna base de datos que nos permita conocer esta realidad”, aseguró. 

Y esta falta de información, según la concejal, impide incluso debatir otros temas relacionados con la vivienda, como posibles mecanismos de regulación de cánones arrendaticios o la elaboración de tablas referenciales de valores por sectores.

Pero muchas de las personas que arriendan, que fueron consultadas por este Diario, aseguraron desconocer el certificado que establece la pensión mensual de arrendamiento de un inmueble o el valor de arrendamiento permitido que debe tener cada inmueble. EXPRESO solicitó una entrevista con el director de Avalúos y Catastros y con la presidenta de la Comisión del Concejo Cantonal de Avalúos y Catastro para conocer sobre el control que llevan adelante en temas de arrendamiento, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Lo que debes saber:

• Daniel Noboa anunció compra de medicamentos a India el 24 de mayo del 2026, ese país lidera la lista de registros, pero hay más opciones.
• Otros países que tienen una importante cantidad de medicamentos con registros sanitarios en Ecuador son Colombia, y un poco detrás está Argentina.
• Especialistas recuerdan que se puede comprar a través de la OPS y además que en el mercado hay países que encabezan la innovación y otros, la producción masiva.

Lucía, de 66 años, toma a diario una tableta de Carvedilol de 12,5 mg para tratar su hipertensión arterial. Cuando supo que el presidente Daniel Noboa anunció una gran compra de medicinas a la India, recordó el origen de la caja que recibe.  

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En la caja que le entrega un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se lee “fabricado por Exemed Pharmaceuticals”, una farmacéutica con sede en Gujarat, India, importada y distribuida por Farmabion.

Países con más registros de medicamentos en Ecuador

¿Y qué con la industria nacional de medicamentos?

En ese sentido, Enrique Terán, doctor en Farmacología y catedrático de la USFQ, señala que si bien Ecuador no es un país de innovación farmacéutica (no desarrolla nuevas moléculas), la industria nacional ha mejorado. 

De los cerca de 420 laboratorios existentes, al menos unos 20 cumplen con buenos estándares.Enrique Terán/ doctor en Farmacología

Si se trata de adquirir entre 40 y 50 moléculas de uso cotidiano (como antihipertensivos, antidiabéticos o medicamentos para afecciones respiratorias), los fabricantes nacionales pueden ser una opción, pues son productos de alta demanda en el sistema de salud, dice Terán.

Sin embargo, Terán cuestiona la falta de transparencia sobre la compra internacional. 

Es un misterio qué fármacos se planea traer de la IndiaEnrique Terán/ doctor en Farmacología

Terán explica que importar medicinas desde la India implica que el Estado asuma la cadena logística: desde el transporte hacia Ecuador hasta la custodia, almacenamiento y distribución interna. Esto, dice, no está claramente dentro del ámbito operativo ni del Ministerio de Salud ni de la nueva empresa pública.

A esto se suman riesgos técnicos: deterioro del producto, vida útil corta o caducidad. “Si algo falla, la pérdida la asume el Estado y puede ser a gran escala”. A su criterio, el aparente ahorro en precios podría convertirse en un “búmeran” si no se consideran estos factores.

“Se ha dicho que tendrán aprobación de la FDA, pero no sabemos cuáles son, ni si se comercializan en Estados Unidos. Si la preocupación es la corrupción, se puede negociar de forma directa con el productor, sin intermediarios”.

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Esto dice Mauricio Espinel sobre compras a través de OPS y el mercado farmacéutico

Mauricio Espinel, exdirector nacional de Salud del IESS, subraya que una opción para comprar es a través de los fondos estratégicos y rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Resalta que ha funcionado con la provisión de vacunas, medicamentos esenciales y suministros. 

“Por la economía de escala se logran mejores precios”.

Espinel añade que el mercado farmacéutico global, al que se puede acudir para compras, puede analizarse desde tres niveles. El primero es el de la innovación: países que desarrollan nuevas moléculas, como Estados Unidos, Suiza y Alemania.

El segundo nivel corresponde a los países que producen medicamentos de modo masivo. Sobresalen India y China en la fabricación de principios activos. “Son los ‘campeones’ en producción. En el caso de India, hay miles de empresas dedicadas a este sector”.

En la región señala a Argentina, Brasil y México. En ese marco, Mauricio Espinel precisa que Ecuador ha importado una cantidad importante de medicamentos desde Argentina, mientras que las compras a Brasil han sido menores.

Espinel sostiene que en Ecuador existe “un grupo de intermediarios que dicen ser industria, pero solo maquilan y acaparan el mercado, como un cartel”. Recuerda que cuando fue director del IESS, una intermediaria colombiana le ofreció un biológico que se comercializa en otros países, pero el fabricante se negó a venderlo para Ecuador. “Para cualquier otro país sí, pero para Ecuador no, porque ese cartel tiene el control”, afirma.

La Industria Farmacéutica se pronunció

De su lado, en un comunicado, la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), que representa a la mayoría de laboratorios de innovación, biotecnología y vacunas de Europa, Estados Unidos y Japón en Ecuador, ofreció la capacidad de gestión y provisión de la industria nacional, “que asegura experiencia, calidad y abastecimiento continuo de medicamentos, así como acceso oportuno a terapias innovadoras disponibles en el mercado”.

Además, le reiteró al Gobierno su disposición para cooperar técnicamente con el sector salud y co-implementar soluciones inmediatas y sostenibles de abastecimiento, enfocadas en los pacientes y en fortalecer la confianza en el sistema.

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Los puntos de vista de un exministro y un exviceministro:

Las claves que debes saber

• CPCCS no aprobó el informe y frena concurso para fiscal general en Ecuador.
• Abstención de Roberto Gilbert deja proceso en pausa; Alarcón lidera y seguiría encargado.
• Retraso responde a cálculo político ante elecciones y consulta que cambiaría rol del CPCCS.

El concurso para la selección del nuevo fiscal general es un rompecabezas en el que se cruzan los más variados intereses. Por un lado, ha sido evidente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno y, por eso, ha hecho todo lo posible por favorecer la candidatura de Carlos Alarcón, el actual fiscal encargado, quien se ha esmerado en complacer al Gobierno y ganarse su favor para poder ser elegido.

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Por otro lado, se habla de un verdadero intríngulis de intereses. En él entra la voluntad de algunos de los actuales consejeros de ser reelegidos en las elecciones de noviembre. 

Asimismo, se menciona que tanto en el Gobierno como en el CPCCS se hacen cálculos ante la llegada de la consulta popular -anunciada por el presidente Noboa, aunque todavía sin fecha definida- que, de ser aprobada, significaría que ese organismo perdería su facultad nominadora, la cual pasaría a la Asamblea Nacional. Si eso ocurre, los actuales vocales perderían prácticamente todo su poder.

Los votos para el informe

Lo único claro es que, hasta ahora, el concurso ha sido fraudulento y ha estado inclinado a favor de Alarcón. A esto hay que agregar lo ocurrido el jueves 11 de junio de 2026, un hecho que nadie vio venir: el CPCCS no pudo aprobar el informe final de la fase de méritos y recalificación del concurso para la selección del fiscal general definitivo. 

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¿Por qué? Porque uno de los votos con los que la mayoría de Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, ha venido actuando a sus anchas decidió no respaldar el informe de la comisión calificadora y se abstuvo. Ese voto fue el de Roberto Gilbert.

En la práctica, ese hecho dejó el proceso en pausa, por lo que lo más probable es que todo se demore aún más. ¿Cuánto? Aún no se sabe, pero no sería extraño que todo conduzca a que, ante la proximidad de las elecciones de noviembre y la eventual convocatoria de la consulta popular, el proceso se retrase lo suficiente como para que Alarcón permanezca en el cargo un año o incluso un año y medio más.

La falta de respaldo quedó reflejada en los votos en contra de las consejeras Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán, la abstención de Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, lo que frenó el proceso justo antes de que Fantoni iniciara un período de vacaciones hasta julio, dejando la Presidencia encargada a la vicepresidenta Jazmín Enríquez. Es decir, el proceso ha vuelto a quedar estancado.

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¿Quiénes encabezaban el concurso?

Hasta ese momento, la jueza Daniella Camacho lideraba el listado general con 48 puntos. En el bloque de mujeres la seguía de cerca la también magistrada Maritza Romero, con 47,25 puntos. Estas calificaciones corresponden a la evaluación técnica de sus hojas de vida.

Entre los hombres, el actual fiscal subrogante Carlos Alarcón lideraba el puntaje con 46,5 puntos, algo insólito si se considera que difícilmente sus actuaciones como fiscal justifican esa calificación. Le seguían el fiscal Alejandro Montecé Giler y el exjuez Walter Samno Macías, ambos con 46 puntos exactos.

Hay que señalar, sin embargo, que observadores independientes del proceso sostienen que la candidatura de Alarcón fue beneficiada fraudulentamente con 6,5 puntos en la fase de recalificación, lo que lo convirtió en uno de los aspirantes con mayores posibilidades, pues quedó a pocos puntos de la jueza Daniella Camacho. 

Es sabido, además, que Camacho no goza de la confianza del Gobierno, por lo que todo parecería estar organizado para que el ganador sea Alarcón.

La gran interrogante que se abrió el jueves tiene relación con la abstención de Roberto Gilbert. ¿Por qué dejó de votar junto con el Gobierno? Personas cercanas a él afirman que se trata de alguien que difícilmente sigue instrucciones, mientras que observadores del trabajo del CPCCS sostienen que durante la votación se lo notó eufórico y algo inconexo.

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El impacto del voto de Gilbert

En cualquiera de los casos, lo cierto es que la decisión de Gilbert alteró por completo lo que se suponía era el guion establecido: aprobar el informe y continuar con un proceso que, a todas luces, tenía un solo objetivo: escoger a Alarcón.

Entre las posibles respuestas a la pregunta de por qué Gilbert no votó como normalmente lo ha hecho junto con el Gobierno hay una que podría parecer una teoría de la conspiración, pero que tiene cierta lógica: reelegir a Alarcón se está poniendo cuesta arriba; por tanto, sería preferible dejar todo postergado y mantenerlo en el cargo hasta saber qué ocurrirá con las elecciones y con la consulta popular.

Eso significaría que habrá Alarcón por un tiempo más. No mucho, pero sí el suficiente para varias cosas.

Aquí surge otra pregunta: ¿qué le conviene más al presidente Daniel Noboa: un Alarcón elegido para un período constitucional de seis años o un Alarcón prorrogado por algún tiempo?

Obviamente, para el presidente Noboa sería más conveniente un fiscal de bolsillo como Alarcón durante seis años, pues le cubriría las espaldas durante su Presidencia y algunos años después. Sin embargo, no todo indica que eso sea posible. 

Alarcón está haciendo un papelón como fiscal en los casos Sinohydro y Triple A, y eso puede complicar su elección dentro del CPCCS. Más aún, en la etapa de oposición podría aparecer alguien dispuesto a exhibir todas las irregularidades cometidas durante el concurso, así como las malas actuaciones de Alarcón en los casos emblemáticos que lleva adelante.

Entonces, la pregunta ya no es cuál sería la mejor opción para el presidente Noboa, sino cuál es la opción realmente posible. Ahí encaja la alternativa de un Alarcón prorrogado hasta conocer el resultado de las elecciones de noviembre y saber qué ocurrirá con la consulta destinada a quitarle facultades al CPCCS.

¿Entonces la abstención de Gilbert formó parte de una estrategia para mantener a Alarcón en el cargo? Es posible.

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Las claves del caso

• Comerciantes reportan reducciones de entre el 40 % y el 50 % en sus ingresos debido a los cierres viales y las dificultades de acceso para clientes
  
• Las afectaciones se concentran en sectores como la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, la calle Rumichaca y los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), donde se ejecutan importantes intervenciones municipales.
  
• Los comerciantes y residentes advierten que varias calles permanecen sin concluirse y temen que una eventual llegada del fenómeno de El Niño agrave la situación con lluvias e inundaciones.

Guayaquil mantiene más de 100 kilómetros de calles intervenidas en distintos puntos del norte, centro y sur. Aunque la mayoría de las vías permanecen habilitadas parcialmente y otras continúan cerradas o con acceso restringido, quienes aseguran sentir el mayor impacto son los comerciantes. No aguantan más pérdidas, después de los toques de queda y por la inseguridad.

Si bien reconocen que se trata de obras que la ciudadanía ha reclamado durante años para mejorar sus sectores, denuncian que la facturación de sus negocios ha caído de forma considerable. En un recorrido realizado por EXPRESO , los propietarios coinciden en un mismo escenario: reducción de horarios, despidos de personal y una disminución de las ventas de hasta el 50%.

Los casos se registran, por ejemplo, en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada; la calle Rumichaca, en el centro; y en los alrededores de la Facultad de Comunicación Social (Facso), en la ciudadela Quisquís. 

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Decenas de locales en La Alborada son afectados

En el primer punto, desde el 20 de marzo permanece cerrado un tramo de la Rodolfo Baquerizo Nazur, comprendido entre las calles Agustín Freire y José María Egas , donde el Municipio ejecuta obras de reconstrucción. Para quienes trabajan en la zona, la intervención ha significado una fuerte caída económica.

"Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegar", comenta Jimmy Mena, administrador de un establecimiento.

Antes recibimos clientes durante todo el día. Ahora muchos simplemente no quieren ingresar porque creen que la vía está completamente cerrada o porque les resulta incómodo llegarJimmy Mena
​comerciante 

A lo largo de varias cuadras funcionan cadenas nacionales, franquicias, restaurantes, centros de servicios y locales especializados que dependen en gran medida del acceso vehicular. "Las ventas han bajado entre un 40 y un 50 % . Hemos tenido que reorganizar horarios y prescindir de trabajadores porque ya no existe el mismo movimiento de personas", señala Patricia Rivas, propietaria de un negocio de productos de belleza.

"A veces prefiero comprar en otro lugar porque llegar aquí implica dar muchas vueltas. Cuando uno tiene poco tiempo, termina buscando otra opción", dice Andrea Molina, usuaria frecuente del sector.

Ronny Córdova, propietario de un negocio de venta y mantenimiento de equipos de computación, asegura también que la caída en las ventas ha sido significativa. "Nuestros clientes normalmente llegan en vehículo porque los equipos son pesados. Ahora muchos prefieren comprar o realizar mantenimiento en otros lugares porque estacionarse o ingresar es complicado. Las ventas han disminuido al menos un 50 %".

Arreglo de carril de Metrovía afecta en el centro

En el centro de la ciudad, la calle Rumichaca también forma parte del mapa de intervenciones que, aunque son defendidas por el Municipio como necesarias para mejorar la infraestructura, generan molestias y reclamos. Desde finales de mayo se ejecuta la reconstrucción del carril de la troncal 4 de la Metrovía en un tramo de aproximadamente cinco cuadras, entre Febres Cordero y Pedro Franco Dávila. 

Aunque la afectación no alcanza los niveles observados en otros sectores, los comerciantes aseguran que la reducción del tránsito vehicular ha impactado en sus ingresos. En esta zona operan veterinarios, almacenes de ventilación, comercios especializados en productos para mascotas y diversos negocios familiares.

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“Cuando se restringe la circulación, automáticamente disminuye el número de clientes”, explica Javier Torres, propietario de una veterinaria.

La situación también preocupa a los comerciantes de equipos de ventilación. " Hay días en los que prácticamente no entra nadie . Las personas evitan la zona porque saben que hay trabajos y prefieren acudir a otros sectores", indica Roberto Santillán.

Exteriores de la Facso, con afectaciones

Como detalló EXPRESO días atrás, la situación en la ciudadela Quisquís es una de las más visibles, debido a la gran cantidad de estudiantes y usuarios que diariamente circulan por el sector.

En esta zona, uno de los casos más críticos es el de un centro médico que ha reducido sus atenciones debido a las dificultades de acceso. " Está todo roto y la gente no llega . Hay que considerar que quienes vienen generalmente tienen problemas de salud y, con todo lleno de polvo y en mal estado, resulta casi imposible acceder", relata uno de sus responsables.

Pese a las críticas, la mayoría de los comerciantes reconocen la necesidad de ejecutar obras, pero cuestionan los tiempos de ejecución y piden mayor celeridad, conscientes de que las molestias serán temporales.

"Todos queremos calles mejores. Nadie está en contra de las obras. Lo que pedimos es que se hagan más rápido porque dependemos de nuestras ventas para sobrevivir", afirma un comerciante del centro.

Ante este escenario, EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la coordinación no se había concretado.

Preocupación por la llegada de El Niño

La preocupación también aumenta ante las advertencias sobre una posible llegada del fenómeno de El Niño. "Lo preocupante es que muchas calles siguen siendo prácticamente de tierra. Si llegan lluvias fuertes antes de que terminen las obras, el problema será mucho mayor", advierte un residente de Miraflores.

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Para Carlos Jiménez, experto en urbanismo, estas obras debían haber sido estudiadas antes de su ejecución. "Hay obras que son muy urgentes y otras que no lo son. Siempre se debe buscar la manera de generar el mínimo impacto en la ciudadanía,especialmente en los comercios".

Jiménez señala que las obras no deben tomar más tiempo del establecido. "Eso es lo que desestabiliza a los comerciantes. Los trabajos deben ser ejecutados dentro de los plazos previstos, para no afectar a las personas".

Mientras las intervenciones avanzan, comerciantes de distintos sectores coinciden en una misma petición: que las obras concluyan cuanto antes para recuperar el flujo de clientes y evitar que la afectación económica continúe profundizándose.

Lo que debes saber

• El fiscal Alarcón indaga pagos de Gonçalves, pero oculta las millonarias adendas de Inés Manzano.
  
• Exministro Luque y mandos medios armaron el esquema legal de los contratos y hoy quedan fuera de la investigación.
• Tampoco se investiga al CEO de Progen ni a las empresas Astrobryxa y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A, que recibieron dinero público.

La Fiscalía basa la investigación del caso Progen en hechos aislados y mutilados que dejan fuera a una lista de actores clave, desde la alta esfera política hasta asesores técnicos y administradores de contrato.

Dos ejemplos son evidentes. El fiscal Carlos Alarcón, quien concursa para mantenerse en el cargo, se enfoca solo en el pago a Progen de octubre de 2024 (durante la gestión de Antonio Gonçalves) y omite las transferencias realizadas bajo la entonces ministra Inés Manzano. Presenta como evidencia el viaje a las instalaciones de la firma en mayo de 2024, pero oculta que el entonces ministro Roberto Luque organizó esa visita.

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Sin embargo, a través de documentos, versiones, chats, audios y fotografías es posible identificar los roles que cumplieron los excluidos de la investigación. En el máximo escalón está Roberto Luque, exministro que lideró la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico para impulsar las contrataciones. Luque emitió una directriz para que todas las empresas eléctricas, incluidas CNEL y Celec, informaran sobre sus procesos. El objetivo era que su delegado, José Manuel de Oliveira, analizara y aprobara cada trámite. Este último, como coordinador jurídico del Ministerio, estuvo presente en todas las fases de los contratos: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución.

Sobre esto, Luque ha señalado que sus disposiciones tuvieron como fin cuidar los recursos públicos y niega cualquier participación irregular.

En ese nivel también se incluye a Inés Manzano, sucesora en el Ministerio de Energía, quien asumió la gestión de la crisis y el seguimiento de los contratos en plena ejecución y posterior conflicto por incumplimientos. Sus chats con los ejecutivos de Progen evidencian que su rol no fue solo de gestión, sino que es la responsable de la adenda al contrato de Quevedo. Dicho documento permitió que Celec desembolsara 34 millones de dólares a Progen hasta marzo de 2025, pese a que la empresa ya acumulaba retrasos e incumplimientos. Ella no ha explicado sobre esto, solo que colaborará con las autoridades.

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El nivel de los contratistas y funcionarios 

La Fiscalía también dejó fuera a John Manning, CEO de Progen, y a José Walther Manrique, pareja de Karla Saud (lobista de Progen) y accionista de Astrobryxa y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A. Estas firmas recibieron más de 20 millones de dólares de Progen en los EE.UU. Tampoco las compañías, como personas jurídicas, constan en la imputación ni en la teoría de la Fiscalía General del Estado. El rol de Manrique fue de representación y facilitó el desembarco de Progen en los procesos de contratación pública del país. Además, su empresa subcontrató a Inycofyi, la cual firmó como garante solidario de Progen en las pólizas para los proyectos de Quevedo, Salitral y Catamayo.

El puente entre la decisión política y la viabilidad legal estuvo en manos de asesores y coordinadores que blindaron o dictaminaron los pasos a seguir. Destaca José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico, cuyo rol era el control de legalidad interno del Ministerio. Por sus manos pasó la revisión de informes, acuerdos de emergencia y delegaciones que permitieron a Celec EP avanzar con la contratación directa bajo el régimen de excepción.

Peter Dreher, asesor, actuó como estratega técnico-político. Él recibió las propuestas técnicas y económicas de Progen, así como de Austral Technical Management (ATM), al mismo tiempo que receptaba los términos de referencia para las contrataciones. En esa línea aparece Christian Dahik, subgerente jurídico de Termopichincha, quien actuó en las comisiones técnicas para los contratos de Quevedo y Salitral. Dahik trabajó en las cláusulas de contratación.

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Los administradores de los contratos

Para la Fiscalía, los administradores de los contratos tampoco son piezas importantes en este esquema. Sin embargo, ellos autorizaron los pagos millonarios, contrataron vía correo electrónico a las empresas verificadoras y aprobaron como nuevos los equipos viejos e incompatibles. Marlon Casilla, administrador del contrato de Quevedo, incluso pidió expresamente ejercer ese rol. Según el procesado Celso Sánchez, miembro de la comisión de Celec para verificar los equipos, Casillas le quitó la cámara fotográfica para evitar que dejara constancia de que los motores eran viejos, corroídos y remarcados. Finalmente, Marco Guerrero, administrador del contrato de Salitral, cumplía la función de fiscalización y control directo en la planta ubicada en Guayas, donde los retrasos en la obra civil y el montaje de los generadores marcaron el ritmo del incumplimiento contractual.

Los protagonistas

Las claves que debes saber

• Caso Sinohydro: tras 18 días, Fiscalía no presenta pruebas claras de cohecho en juicio contra 21 procesados.
• Peritaje financiero detecta pagos a exfuncionarios y entorno de Lenín Moreno; defensa cuestiona origen y destino.
• Audiencia en Ecuador revela fallas probatorias; Fiscalía busca sostener acusación por contratos Coca Codo Sinclair.

Dieciocho días después de iniciada la audiencia de juicio, el caso Sinohydro empieza vagamente a tomar forma. No precisamente la que quería la Fiscalía en un principio, pero esa es otra historia. Una vez que los medios del gobierno han proclamado a Lenín Moreno, el acusado principal de este proceso, como una suerte de héroe nacional a quien el Ecuador debería levantar un monumento en lugar de llevar a juicio, el interés político del caso ha decaído y el trabajo de la Fiscalía parece concentrarse en salvar los muebles. 

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Para ello bastaría con hallar, entre los 21 procesados, dos o tres a los que pueda endilgarse con cierta verosimilitud el delito del que con evidente desproporción se acusa a todos: cohecho.

Han transcurrido más de dos semanas de tediosa y estéril acumulación de peritajes y testimonios requeridos por el fiscal Carlos Alarcón en el orden supuestamente estratégico que ha querido darles: policías llamados para leer la prensa, testigos que nada han presenciado, peritos que presentan como pruebas periciales toneladas de copias simples que no calificarían como pruebas documentales… 

Y en todo ello, ni una sola evidencia de cohecho, delito que exige la participación de un funcionario público que reciba dinero a cambio de servicios relacionados con su cargo. Prevalecía la incómoda sensación de que la única estrategia del fiscal consistía en quemar tiempo.

Las comparecencias en la audiencia de juicio

Hasta que por fin, a partir de la jornada 16, se produjeron las comparecencia que esperaban todos: la de las policías Gabriela Morales y Ana Luisa Pérez, peritas contables que analizaron los movimientos financieros de todas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.

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Esto incluye, principalmente, las de Recorsa, la empresa de Conto Patiño contratada por Sinohydro para labores de representación y lobby, con sus filiales en Quito y Panamá, así como las personales de todos los procesados y las de las empresas de Xavier Macías Carmigniani, yerno de Conto, y su esposa María Auxiliadora Patiño: Ina Investment, Ginepri, Espíritu Santo…

Cobros y viajes 

Fue en esta pericia donde empezaron a aparecer pagos sobre los que existen razones fundadas para sospechar y que los abogados defensores deberán justificar de manera convincente: los exgerentes de la empresa Coca Codo Sinclair, Luciano Cepeda y Henry Galarza, cobraron 200 mil dólares poco más y menos cada uno; el fallecido ex subsecretario de Electricidad Julio César Gordón, a través de su empresa View Valley, y el asesor de Lenín Moreno cuando vicepresidente, Carlos Almeida, recibieron sumas mucho más gruesas: 3,1 millones el primero; 2,9 millones el segundo; también Edwin, hermano de Lenín, recibió más de 200 mil dólares, cien mil de ellos en 14 cheques que cobró de manera inusual, por decir lo menos: costeando viajes a Panamá a amigos y parientes para que se den un paseo, hagan compras y, de paso, ya que van a estar allá, se den un saltito por el Balboa Bank. 

Los pagos para Edwin Moreno salieron de las cuenta de Ina Investment y Ginepri, empresas de Xavier Macías.

Transferencias a familiares de Moreno

Por lo general, los cheques o transferencias para los funcionarios se originan en Recorsa; aquellos dirigidos a los familiares de Lenín Moreno (su esposa, su hija, sus hermanos, su suegra…) proceden de las cuentas de Macías. 

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Los beneficios de Moreno y su familia, según la Fiscalía, bordean el millón de dólares. Aquí se incluyen, entre otras cosas, los famosos muebles comprados en Ginebra, una vajilla de Sukasa y el departamento de Alicante, que constituye probablemente el mayor fracaso del fiscal hasta el momento: llamó a declarar, vía telemática desde España, al expropietario y vendedor de ese inmueble, Emilio Torres Copado, y éste lo trató con una displicencia que Carlos Alarcón, desprovisto de los más básicos recursos verbales, no supo administrar. El departamento, dijo, es de Macías, no de Moreno.

Volviendo al peritaje contable, ninguno de los procesados sacó mejor provecho de él que Eduardo Carmigniani, abogado contratado para brindar servicios profesionales a Recorsa y a quien Fiscalía acusó, al inicio de esta audiencia de juicio, de distribuir sobornos. 

En el contrainterrogatorio a la perito Gabriela Morales, el abogado de Carmigniani pudo demostrar, primero, que un presunto pago de un millón de dólares procedente de Recorsa y que la Fiscalía atribuía a su cliente, estaba transferido a una cuenta bancaria que no era suya. 

Y aun más importante: emplazó a la perito, ante los intentos de Carlos Alarcón por evitarlo, a que expusiera una ampliación de su informe en la que se establecía que, de las cuentas de Carmigniani, no se había originado ningún pago a ninguna de las personas vinculadas con el caso (los otros 20 procesados y 18 más que integraron la lista original de Fiscalía). Lo cual derrumba la acusación de cohecho en su contra.

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Con respecto al resto de implicados, tampoco mostraron las peritos un rastro de dinero que conduzca hacia funcionarios públicos. En resumen, se puede decir que el caso está siendo víctima de sus propias exageraciones. 

Para empezar, el pecado original de tratar los 76,1 millones de dólares que Sinohydro pagó a Recorsa por sus trabajos de lobby y representación (el 4 por ciento del total del contrato entre el Estado ecuatoriano y la compañía china para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair) como si fueran producto de un soborno. 

La Fiscalía lo sigue repitiendo hasta el día de hoy (acaba de publicar una infografía en la que da esa cifra como el monto del cohecho) cuando sabe perfectamente que la inmensa mayoría de esa plata no fue a parar a las manos de ningún funcionario público.

En lugar de concentrarse en demostrar el cohecho donde lo podría encontrar, la Fiscalía persiste en confundir los términos de ese delito, haciendo pasar por tal el cobro de beneficios de los hermanos Patiño, por ejemplo, aunque ningún funcionario público aparezca en la ruta del dinero. 

O se obstina en demostrar lo que sus peritos contables llaman “ausencia de hecho generador o económico” en un negocio de 1.500 dólares (la venta de 100 agendas a Recorsa por parte de Rocío González, la esposa de Lenín Moreno) o en la compra de una vajilla. 

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Los nombres en los documentos

Esas y otras transacciones están debidamente documentadas con facturas, contratos o actas de entrega-recepción, con el único problema de que esos documentos no están a nombre Recorsa, o de Ginepri, o de la empresa que haya emitido el pago, sino de Conto Patiño o de Xavier Macías. Una irregularidad contable, seguramente, pero ¿cohecho?

El caso Sinohydro sufre de elefantiasis y delirios de grandeza. Como si la fiscal Diana Salazar, que fue quien lo diseñó, hubiera querido repetir la experiencia del caso Sobornos, con un expresidente en el banquillo y una treintena de comparsas, aunque para ello tuviera que involucrar a decenas de personas por el simple hecho de llevar un apellido: esa fue, al final, la única lógica que prevaleció en la exclusión de una lista interminable de personas que también recibieron una fracción de esos 76,1 millones de dólares. 

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El fiscal Carlos Alarcón, por supuesto, carece de la inteligencia necesaria para admitir que el único futuro del proceso es tirar todo ese lastre y concentrarse en los pocos casos en los que la trazabilidad del dinero le conduce a un funcionario público: ahí está el cohecho, el resto es teatro. Y un abuso procesal que debería ser penado.

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Lo que debes saber

• Expertos cuestionan la preparación y el control sobre quienes administran las liquidaciones empresariales.
• Juristas alertan sobre decisiones que podrían favorecer intereses particulares dentro de ciertas liquidaciones.
• La SuperCías no transparenta cuántas empresas acumulan años en liquidación.

La ausencia de evaluaciones periódicas y de capacitación continua para los liquidadores es una de las principales falencias identificadas por especialistas en materia societaria. A ello, se suma que numerosos procesos de liquidación empresarial se extienden durante años sin que existan mecanismos efectivos de seguimiento.

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Designaciones bajo cuestionamiento

En algunos casos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) ha decidido remover a estos profesionales de sus funciones. Sin embargo, la entidad evita revelar cuántas compañías han registrado este patrón o la frecuencia con la que se adoptan estas medidas.

Para Efraín Chávez, abogado y especialista en Derecho Societario y Liquidaciones Empresariales, el liquidador no es un simple administrador temporal. Al asumir la custodia, gestión y distribución de los activos de una compañía en proceso de cierre, su labor demanda elevados niveles de integridad y conocimiento técnico, requisitos que, según advierte, no siempre están presentes en quienes ejercen esta función.

Según el jurista, uno de los principales problemas del sistema radica en que muchos liquidadores son designados de oficio sin que necesariamente acrediten experiencia en áreas como contabilidad, finanzas, derecho laboral o gestión de procesos de cierre empresarial. A su criterio, estas competencias son indispensables para administrar adecuadamente los activos y pasivos de una compañía en liquidación.

El especialista sostiene que las debilidades no se limitan a la designación de estos profesionales. También cuestiona el nivel de supervisión que ejerce la autoridad societaria, al considerar que los controles suelen enfocarse en aspectos formales y no en la revisión permanente del manejo de recursos, la justificación de gastos o el cumplimiento de las obligaciones asignadas al liquidador.

Como ejemplo, menciona el caso de Galo Olmedo Díaz Gómez, exliquidador designado por la Superintendencia de Compañías, cuya actuación fue posteriormente objeto de denuncias e investigaciones. Chávez Mora señala que, pese a los cuestionamientos planteados, la autoridad societaria se limitó a retirarlo del listado de profesionales elegibles para futuras designaciones, sin asumir responsabilidad institucional sobre su gestión.

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Irregularidades

La principal irregularidad, según Chávez, se produjo cuando la SuperCías reemplazó al primer liquidador de Agrosolutions Cía. Ltda. una vez concluida la etapa de convocatoria a acreedores. Pese a ello, sostiene que Galo Olmedo Díaz Gómez abrió un nuevo proceso de convocatoria, lo que habría permitido incorporar acreencias que no formaban parte del procedimiento original.

El jurista también cuestiona que, durante menos de un año al frente de la liquidación, el funcionario se haya pagado cerca de $ 20.000 por concepto de honorarios. A su juicio, esos desembolsos resultan llamativos porque las remuneraciones de los liquidadores están reguladas por el Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras.

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Honorarios y plazos en debate

Según declaraciones de Luis Cabezas Klaere, superintendente de Compañías, en una entrevista con Carlos Vera (EXPRESO sigue esperando una entrevista con el funcionario), la remuneración de los liquidadores se determinaría en función del tamaño de la empresa, la complejidad del proceso, el balance inicial y el tiempo estimado para concluir la liquidación. Sin embargo, la normativa fija un parámetro específico para ese cálculo.

El reglamento establece tres fases de liquidación, cada una con una duración de 60 días, y fija honorarios que oscilan entre uno y siete salarios básicos unificados. Esos valores deben pagarse proporcionalmente al concluir cada etapa. El monto se determina en función del valor de los activos totales de la compañía, según una tabla que contempla empresas con patrimonios que van desde cero hasta un millón de dólares.

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Procesos que se extienden por años

Pero en la práctica, numerosos procesos de liquidación se extienden por más de un año, superando los plazos previstos en la norma. A ello se suma que algunos liquidadores administran de forma simultánea varias compañías.

Para Marco López, exsuperintendente de Compañías, que un liquidador tenga a su cargo más de una empresa no constituye, por sí mismo, una irregularidad; sin embargo, advierte que no resulta razonable que un mismo profesional administre simultáneamente varios procesos complejos, ya que la liquidación exige dedicación, conocimiento técnico y, en ciertos casos, el apoyo de equipos especializados.

Para Jeaneth Torres, experta en Economía y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, el problema surge cuando no se respeta el cronograma establecido para la liquidación y los informes de avance no se presentan oportunamente. Eso, indica, prolonga los procesos que deberían resolverse en plazos definidos, lo que dificulta el control efectivo por parte de la SuperCías.

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Cuestionamientos a la supervisión

Chávez sostiene que estas demoras también evidencian falencias en la supervisión de la autoridad societaria. Como ejemplo menciona el caso de Fumioro, firma domiciliada en Machala que acumula cerca de cuatro años en proceso de liquidación y ha pasado por la administración de tres liquidadores sin que el procedimiento haya concluido.

El abogado agrega que no se trata de un hecho aislado. Cita también al almacén Comego, compañía que permanece en liquidación cerca de dos años. “Ese es el modus operandi: no respetan los reglamentos. Abren plazos adicionales para incorporar nuevos acreedores que termina favoreciendo a intereses particulares; la pregunta es qué se negocia detrás de esas decisiones que perjudican a los acreedores”.

La SuperCías guardó silencio frente al pedido de EXPRESO sobre cuántas empresas siguen en liquidación y cuánto tiempo acumulan en ese proceso.

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Déficit de recursos y control

Para López, muchas de las deficiencias atribuidas a los procesos de liquidación no pueden analizarse sin considerar las limitaciones que enfrenta la SuperCías. Sostiene que la entidad carece de personal, tecnología y programas de capacitación, pese a que, al año, recauda cientos de millones de dólares por concepto de aportes del sector societario.

Según explica, gran parte de esos recursos se transfieren al Estado, pero solo una fracción retorna a la institución, lo que restringe su capacidad operativa y dificulta fortalecer los mecanismos de supervisión. El superintendente, Cabezas-Klare, expuso que las contribuciones generan $ 250 millones, pero el Estado le ha asignado $ 20 millones.

Lo que debes saber

• El ruido se ha convertido en una constante en el Centro Histórico de Quito. Comerciantes y moradores atribuyen la contaminación acústica al comercio informal, los parlantes, el tráfico y el uso excesivo del claxon
• Un estudio de la UDLA identificó niveles de ruido de hasta 80 decibeles en la zona, muy por encima de los límites recomendados por la OMS, que sugiere un máximo de 53 dB durante el día

Los gritos de los vendedores ambulantes, los parlantes instalados en carritos y locales comerciales, el sonido constante de los buses y el uso indiscriminado del claxon han convertido al Centro Histórico de Quito en un escenario donde el ruido forma parte del paisaje cotidiano. 

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Para quienes trabajan y residen en la zona, la contaminación acústica dejó de ser una molestia ocasional para convertirse en un problema permanente que, según denuncian, avanza más rápido que las acciones municipales para controlarlo.

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Comercio informal sin control

En calles como la Chile, Imbabura, Cuenca, Sucre y Sebastián de Benalcázar, el comercio informal ocupa buena parte del espacio público. Entre ofertas lanzadas a viva voz y grabaciones reproducidas por parlantes portátiles, comerciantes y moradores aseguran que la tranquilidad desapareció hace años.

Rita Gaibor, propietaria de un local de productos naturales en el casco colonial, convive diariamente con el problema. Para ella, el ruido no proviene únicamente del tráfico.

“Los autos pitan demasiado, pero también están los vendedores ambulantes con sus parlantes. Antes había música de vez en cuando; ahora son grabaciones que se repiten todo el tiempo. Uno llega a salir desesperado”, comenta.

La comerciante considera que el principal problema es la falta de organización del comercio informal. Aunque reconoce que muchos vendedores ambulantes buscan una fuente de ingresos, cree que la ausencia de control termina afectando a quienes permanecen durante toda la jornada en el sector.

Los sábados, asegura, la situación empeora. La llegada de comerciantes de distintos puntos de la provincia y el incremento de compradores convierten las calles del Centro Histórico en un escenario donde el ruido alcanza sus niveles más altos.

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La percepción es compartida por Carla Martínez, quien abandonó el Centro Histórico hace una década para mudarse a los valles de la capital. Sin embargo, continúa trabajando en el sector porque mantiene un negocio familiar.

Según relata, el comercio informal fue uno de los factores que deterioró la calidad de vida en la zona. A ello se sumó el crecimiento del parque automotor y la transformación de espacios residenciales en áreas comerciales. “Cada vez hay menos vecinos y más negocios. Muchas casas patrimoniales ya no son viviendas. En mi caso, cerca del 70 % del inmueble tiene uso comercial”, explica.

¿Qué dicen los estudios sobre el ruido en la zona?

Las quejas ciudadanas coinciden con los datos académicos. Un estudio realizado por la Universidad de Las Américas (UDLA) identificó al Centro Histórico como una de las zonas más ruidosas de Quito. 

Los niveles de ruido alcanzan los 80 decibeles (dB), similares a los registrados en avenidas de alto tráfico como la Mariscal Sucre (Occidental), la 10 de Agosto, La Prensa y la Simón Bolívar. 

El índice rebasa el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere que los niveles medios de ruido en las ciudades no deberían superar los 53 decibeles (dB) durante el día y los 44 dB en la noche.

Una propuesta que no se trata en el Concejo

Sin embargo, mientras el ruido aumenta, las medidas para enfrentarlo permanecen estancadas. El concejal Andrés Campaña, presidente de la Comisión de Salud, sostiene que la contaminación acústica tiene dos orígenes principales: las fuentes fijas, como los altoparlantes instalados en locales comerciales; y las fuentes móviles, generadas por vehículos, motocicletas y buses.

El edil recuerda que en agosto de 2025 presentó una propuesta de ordenanza para regular el ruido producido por vehículos y motocicletas, especialmente aquellos cuyos propietarios modifican los escapes o eliminan los silenciadores para incrementar el sonido.

La iniciativa planteaba controles durante la revisión técnica vehicular y operativos en las calles para verificar el cumplimiento de los límites permitidos de decibeles.

No obstante, denuncia que el proyecto permanece desde hace casi un año en la Comisión de Movilidad sin que se haya elaborado siquiera el informe para primer debate. “No ha existido voluntad política de Movilidad ni de la administración municipal para avanzar en este tema”, señala.

Sus declaraciones contrastan con las constantes denuncias ciudadanas sobre la falta de controles. Para Campaña, el problema del comercio informal también requiere una intervención integral que combine regulación y reorganización. “El Municipio debe recuperar mercados y centros comerciales que están subutilizados mientras miles de comerciantes siguen ocupando las calles”, afirma.

Problema que no es exclusivo del Centro Histórico

El ruido ya no afecta únicamente al Centro Histórico. En sectores como San Blas y La Alameda, los moradores también reportan un incremento de la contaminación acústica.

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Fernando García, residente de los alrededores de la Asamblea Nacional, asegura que el uso permanente de parlantes en negocios, el tránsito de buses y el abuso del claxon han transformado un barrio tradicionalmente residencial en una zona cada vez más comercial y menos habitable.

“Lo que falta son controles. Existen normas, pero no se aplican con la intensidad necesaria”, opina. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de la bocina con una multa del 5 % del salario básico, es decir, $23. Sin embargo, no existe una norma específica que permita sancionar el exceso de ruido provocado por motores o escapes modificados.

Lo que debes saber

• Algunos adultos mayores aseguran que siguen pagando valores que deberían estar exonerados.
• Los usuarios cuestionan la complejidad de los trámites para acceder al beneficio.
• El Municipio reconoce que no dispone de datos sobre cuántas personas podrían estar afectadas.

Aunque la Ley del Anciano contempla beneficios tributarios, varios guayaquileños sostienen que su aplicación es parcial. Afirman haber accedido a la exoneración de tributos municipales, pero aseguran que aún deben cancelar ciertos valores.

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Adultos mayores cuestionan pagos adicionales

Rebeca Torres es viuda y tiene 71 años. Cuenta que accedió a la exoneración del 100 % del impuesto predial en el Municipio de Guayaquil, aunque eso no significó que dejara de pagar otros rubros. En enero de 2026, canceló $ 57,91 por conceptos como la contribución al Cuerpo de Bomberos, la tasa de drenaje pluvial y un tributo por mejoras correspondiente al período 2000-2014.

A ese monto se sumó otro de $ 90,65 por obras ejecutadas entre 2015 y 2022. La adulta mayor cuestiona el cargo porque asegura desconocer qué trabajos se han realizado en su sector y sostiene que, cuando ha pedido explicaciones, la única respuesta que recibe es que está obligada a cancelarlo, “como si uno tuviera dinero de sobra”.

Torres afirma que en Sauces IX y VII persisten problemas como el deterioro de parques y la falta de mantenimiento de las calles. Por ello, se pregunta cuáles son las obras que justifican los valores.

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Exoneración parcial y cobros que persisten

Según información del Registro Estadístico Base de Población del Ecuador, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en 2023, Guayas registró 376.032 adultos mayores. De ellos, 153.212 estaban casados y 869 en unión de hecho. Además, 142.172 se declararon solteros, 52.142 viudos y 27.556 divorciados. Otros 81 no registraron su estado civil.

Por su parte, el Censo de Población y Vivienda 2022 reportó 367.839 adultos mayores en Guayas. De ese total, 231.638 viven en Guayaquil, de los cuales 103.514 eran hombres y 128.124 mujeres.

Mario Vargas, jubilado y residente de Sauces IV, considera que los beneficios contemplados para los adultos mayores no se respetan plenamente. A su juicio, las exoneraciones terminan diluyéndose en otros cobros, lo que afecta el presupuesto de quienes dependen solo de una pensión.

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Lo que dice la ley y la interpretación municipal

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Anciano, toda persona mayor de 65 años con ingresos mensuales de hasta cinco remuneraciones básicas unificadas o un patrimonio que no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas “está exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales”. Sin embargo, los adultos mayores consultados por EXPRESO afirman que continúan pagando diversos valores municipales y consideran que el beneficio reconocido por la normativa no se cumple de manera integral.

De acuerdo con información del Municipio, la exoneración solo corresponde al pago del impuesto predial. Este beneficio, indica, no se extiende a tasas ni a contribuciones especiales, ya que “corresponden a servicios específicos e infraestructura esencial para la ciudad”.

No obstante, el adulto mayor cuestiona, además, la falta de información sobre los rubros municipales que debe cancelar. Según relata, aunque dejó de pagar el impuesto predial, ahora debe asumir valores por otros servicios, sin que exista un desglose claro sobre la forma en que se calculan esos montos.

Por otra parte, Vargas sostiene que el impacto económico es significativo para las personas jubiladas. Señala que los ingresos permanecen estancados, mientras el costo de vida aumenta.

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Trámites y barreras para acceder al beneficio

Por su parte, Daniel Uyaguare, de 79 años, considera que el acceso a sus derechos no debería depender de trámites engorrosos. Expresa que, para completar el proceso, muchos acuden a locales para que les ayuden a realizar la gestión en línea, con el temor de que les sustraigan las claves, y deben ir a dependencias municipales para obtener documentos como la historia de dominio.

A su criterio, el Cabildo ya cuenta con la información necesaria para identificar a los beneficiarios y aplicar las exoneraciones de manera automática. Por ello, cuestiona que deban invertir tiempo y dinero en gestiones adicionales para acceder a un derecho contemplado en la ley.

Además, cuestiona que muchos ciudadanos hayan pagado durante años valores que, según la norma, no les correspondían. El entrevistado sostiene que esos recursos habrían sido de utilidad para cubrir gastos esenciales, especialmente en una etapa de la vida en la que las necesidades de salud suelen incrementarse.

Tengo que ir a comprobar que soy anciana. Además, si uno no tiene un conocido que ayude, el trámite se vuelve eterno; parece que los derechos hay que mendigarlos.Gioconda Toscano, jubilada

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Demoras y reclamos por devoluciones pendientes

En cambio, Gioconda Toscano, de 74 años, asegura que el acceso al beneficio estuvo marcado por la burocracia. Aunque ella y su esposo cumplían con los requisitos para acogerse a la exoneración, debieron esperar cinco años y realizar reiteradas gestiones presenciales antes de que el Municipio reconociera su derecho. Esta es una de las quejas más comunes entre los adultos mayores que denunciaron sus casos a EXPRESO.

Toscano relata que, aunque ella y su esposo ya eran adultos mayores cuando adquirieron su departamento en el centro en 2017, el trámite para acceder a la exoneración se inició un año después. Sin embargo, no fue sino hasta 2023 cuando el Municipio reconoció el beneficio, pese a que, según afirma, le ofrecieron devolver los valores cobrados durante ese tiempo -alrededor de $ 153 anuales-, algo que hasta ahora “no ha ocurrido”.

Actualmente, dice, debe cancelar $ 88 por conceptos como la contribución al Cuerpo de Bomberos, la tasa de drenaje pluvial y rubros asociados a mejoras ejecutadas entre 2000 y 2014. A ello se suma una contribución especial por mejoras de $ 47,98, valores que, a su juicio, contradicen el espíritu de la normativa destinada a proteger a los adultos mayores.

“No cumplen con la ley y, cuando vamos a hacer el trámite, tampoco nos orientan; creen que debemos rogar por el cumplimiento de nuestros derechos”, cuestiona. Considera que el acceso a este beneficio debería ser automático.

La vida está cada vez más cara y nosotros vivimos de una pensión fija; cualquier cobro adicional nos afecta. Se supone que ya no deberíamos pagar más impuestos al municipio.Daniel Uyaguare, jubilado

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No ven mejoras en la urbe

La entrevistada también expresa su preocupación por el estado del centro de la ciudad. Asegura que el Malecón 2000 luce descuidado y que existen problemas recurrentes con las luminarias, ya que no todas permanecen encendidas durante la noche. Además, manifiesta temor por las condiciones de seguridad, debido a que varios inmuebles son utilizados como bodegas. Toscano sostiene que existe el riesgo de nuevos incendios y critica la falta de controles sobre el ruido generado en el sector.

Desde el 26 de mayo, EXPRESO ha solicitado una entrevista con el Municipio para abordar este tema, pero la petición no fue atendida. En su lugar, el área de Comunicación remitió información por escrito, aunque señaló que la entidad no cuenta con datos sobre cuántos adultos mayores continúan pagando valores que deberían estar exonerados.

Santiago Pozo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca, explicó que hace una década era posible acceder a un departamento o una casa cercana al centro con un presupuesto moderado, pero que en la actualidad muchas familias destinan gran parte de sus ingresos al pago de un arriendo o, en el peor de los casos, deben trasladarse hacia sectores periféricos o parroquias rurales. 

Esta situación es especialmente evidente entre estudiantes universitarios, que hace 10 años pagaban por una habitación un promedio de 90 dólares y ahora superan los 150 dólares por espacios mucho más pequeños.

El fenómeno estaría vinculado al crecimiento inmobiliario que vive la ciudad, al auge de la construcción de departamentos, a la llegada de inversionistas externos y a la expansión de modelos de alojamiento temporal como Airbnb. Como consecuencia, los habitantes de la ciudad enfrentan dificultades para acceder a viviendas en zonas con servicios, movilidad y equipamientos urbanos.

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¿Qué dificultades enfrentan los cuencanos?

Cristina Mora, de 36 años, tardó tres meses en la búsqueda de una vivienda medianamente adecuada para mudarse junto a su esposo e hija y que pudiera cubrir la necesidad de movilidad pública accesible, servicios básicos y seguridad. “Había opciones, pero o no tenían garaje, o no aceptaban mascota, que para nosotros es parte de nuestra familia, o tenían espacios estrechos, o estaban muy lejos sin acceso a transporte público, tomando en cuenta que mi hija es estudiante universitaria y necesitamos seguridad para ella”, relató.

Esta familia buscaba una casa con al menos tres habitaciones y espacios comunes como sala, comedor, cocina, lavandería, espacio verde y lugar de estacionamiento. Al final de la búsqueda, se decidieron por una casa de alto costo, con una renta de 400 dólares, alejada del centro, pero que les brindaba seguridad.

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Reconocimientos sin planificación de la ciudad

Para el arquitecto, investigador y experto en temas de habitabilidad urbana Pedro Jiménez, la situación es resultado de procesos urbanos que crecieron sin control. Señala como punto de inflexión la declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que atrajo inversión extranjera y una primera ola de jubilados extranjeros. 

Un estudio suyo evidenció que para 2016 ya existían efectos inmobiliarios orientados a población foránea en el hipercentro y el Barranco. Tras una pausa durante la pandemia de la COVID-19, el fenómeno se reactivó desde 2024 con fuerza, impulsando además negocios orientados a nómadas digitales y alquileres temporales de alto costo. 

“La ciudad dejó de planificar su crecimiento desde el año 2000 y se pasó a un concepto de reconocimientos mundiales enfocados en el turismo, servicios de ocio y más, lo que nos llevó a estar en el radar de los inversionistas internacionales y nacionales”, sostuvo.

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David Flores, representante de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Azuay (Acbir), dio a conocer que actualmente existen alrededor de 80 proyectos inmobiliarios entre habitacionales, comerciales y de uso mixto que están en ejecución o próximos a desarrollarse en Cuenca. 

En este contexto, la asociación levantó un estudio de mercado con información recopilada de más de 1.000 anuncios inmobiliarios, en el que se identificaron como zonas de mayores arriendos a Puertas del Sol, Ordóñez Lasso, El Ejido, Remigio Crespo, la zona del estadio y sectores cercanos al Parque Calderón.

En estos lugares, los departamentos cuestan entre 6 y 10 dólares por metro cuadrado, llegando incluso a 13 dólares en algunos casos del Centro Histórico. 

Como referencia, Flores planteó que una familia de cuatro integrantes que desee rentar una vivienda de tres dormitorios con sala, comedor, cocina y un patio o espacio verde, en zonas alejadas la renta oscila entre los 350 y 450 dólares, pero el mismo inmueble en zonas céntricas no bajaría de los 800 dólares.

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Desplazamiento de familias locales 

El incremento en los precios de los arriendos ha provocado un desplazamiento progresivo de las familias cuencanas a zonas más alejadas. 

Ferddy Espinoza, investigador de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad de Cuenca, sostiene que cada vez menos personas viven en el Centro Histórico de Cuenca debido al crecimiento de Airbnb, la transformación de viviendas en negocios y el aumento de los arriendos.

Investigaciones de dicha facultad cruzaron información sobre edificaciones patrimoniales, densidad poblacional y presencia de alojamientos temporales. 

Los resultados muestran una tendencia clara: las zonas con mayor concentración de inmuebles patrimoniales y atractivo turístico son también las que registran menos residentes permanentes.

Según los datos recopilados por el grupo de investigación, durante el período posterior a la pandemia (años 2023 y 2024) se registraron hasta 3.136 anuncios de Airbnb en Cuenca. 

La cifra varía dependiendo de la temporada, pero oscila entre 1.500 y 2.800 anuncios activos. “Aunque estos alojamientos están distribuidos en toda la ciudad, el Centro Histórico concentra una parte importante de ellos, que se ubica en el 27%”, indicó el investigador.

La consecuencia directa, según el investigador, es que cada vez más familias locales abandonan las zonas centrales y buscan vivienda en sectores periféricos o parroquias rurales. “El cuencano se va a Tarqui, a Deleg, se va a una serie de lugares rurales porque ya no hay espacio en el centro”, afirmó.

Y esta realidad no solo afecta al Centro Histórico. Espinoza sostiene que la expansión urbana está integrando progresivamente sectores que antes se diferenciaban claramente de la ciudad consolidada. “Ya no se distinguen zonas rurales como Ricaurte o Baños de la parte urbana. Ya están integradas”, aseguró.

Además, la expansión urbana sin control también genera problemas sociales como limitado acceso a servicios básicos, como la recolección de basura; calles y vías en malas condiciones; servicios de transporte urbano lejanos; y escasa infraestructura pública como alumbrado, parques, tiendas y escuelas, entre otros.

Lo que se sabe

• Los alrededores del campus Mapasingue, de la Universidad de Guayaquil, tienen un cerramiento en mal estado
• Basura e inseguridad vial son algunos de los factores que se observan en este sector del norte
• Se propone convertir a esta barrera urbana en un borde activo

El descuido en los alrededores del campus Mapasingue de la Universidad de Guayaquil repercute en el entorno. Basura e inseguridad son dos elementos que se observan en las zonas contiguas al predio, ubicado en el norte de Guayaquil.

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Dos grandes avenidas, Las Aguas y Juan Tanca Marengo, colindan con el predio donde funcionan las facultades de Ingeniería Industrial, Ciencias Naturales y Ciencias Agrarias, cuyos estudiantes se movilizan entre el exceso de velocidad de los vehículos, la inseguridad y la deficiente infraestructura peatonal.

“Falta un poco más de seguridad y de vigilancia”, comenta Josué Izquierdo, estudiante de Ingeniería Agrónoma.

Para él, también debería adecuarse un mejor paradero de buses en la entrada principal, en Las Aguas.

En ese punto, la falta de un cruce peatonal seguro y la imprudencia de los conductores ponen en peligro a quienes deben cruzar al apuro para evitar atropellamientos. “No dan chance a que uno cruce, sino que de una se lanzan”, lamenta Nallely Cercado, alumna de Agronomía.

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Inseguridad y basura en alrededores del campus

La estudiante menciona que el tramo ubicado en el intercambiador de esta avenida, hacia el ingreso a su facultad, es peligroso debido a los robos.

Del lado de la avenida Juan Tanca Marengo, la extensa pared del cerramiento universitario muestra un aspecto descolorido, que sumado a la falta de iluminación en las noches crea un ambiente de inseguridad.

Cuando vamos en grupo hay menos riesgo de robos, pero ir solos aumenta el peligro, sobre todo en Las Aguas”.
Nallely Cercado, alumna de Agronomía

La situación detrás del campus empeora. En la calle Oswaldo Guayasamín, límite entre el terreno universitario y el cerro de Mapasingue, junto al cerramiento hay montículos de basura entre los que caminan moradores y alumnos de instituciones educativas cercanas.

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En el 2.º pasaje 37A noroeste, sobre el lado de la ciudadela Martha de Roldós, una puerta oxidada es la vista que ofrece el campus en esta zona urbana.

EXPRESO ha recogido la problemática en varias ocasiones. Hace un año, en un reportaje mostró el mal estado en el que se encuentran los alrededores de la propiedad universitaria. Las calles dañadas también ahondan en la crisis urbana que rodea el campus.

Camino hasta el acceso principal porque en la puerta de mi facultad (junto al intercambiador) es peligroso”.
Josué Izquierdo, estudiante de Ingeniería

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Integrar a universidad y barrios con bordes activos

Pasar de un cerramiento perimetral que aísla a la universidad de su entorno, a tener un borde vivo y activo: eso es lo que se sugiere para los alrededores del campus Mapasingue de la Universidad de Guayaquil.

Diana Milena Loayza Campoverde e Ivanna Esther López Ronquillo elaboraron esta propuesta como parte de su tesis para obtener el título de arquitectas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la mencionada institución.

Ellas detectaron que el campus y su entorno “se caracterizan por deficiencias en la calidad del espacio público y una débil integración con el tejido urbano”.

“Lejos de ser simples límites físicos, estos bordes concentran dinámicas sociales, urbanas y perceptuales que influyen directamente en la relación entre la universidad, su comunidad y el entorno inmediato”, se explica en el documento.

“Cuando estos espacios presentan deficiencias en su configuración física, funcional o simbólica, se generan condiciones de fragmentación, baja apropiación del espacio público y percepción de inseguridad, afectando tanto la calidad urbana como la experiencia cotidiana de los usuarios”, añaden.

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Entre los problemas que encontraron en los alrededores están:

Para Loayza, el terreno del campus tiene “bastante potencial”, el cual está amenazado por los hechos delictivos que se agravan con este tipo de cerramientos perimetrales, a los que califica como “maquillaje” ante el problema de inseguridad.

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La naturaleza como protagonista de la propuesta académica

Basándose en el concepto de la urbanista Jane Jacobs, que promueve los “ojos en la calle”, las investigadoras aseguran que la institución debe abrirse a la comunidad a través de un “sistema adaptable y escalable, que integra criterios de seguridad, accesibilidad, apropiación del espacio, ecología y confort”.

Entre las ideas que proponen para mejorar el entorno del campus están:

Loayza y López también proponen que se desarrollen plazas, anfiteatros, plazoletas barriales y patios culturales. Además, que haya zonas integradas al comercio local.

Para Giosvella González, quien ofrece bebidas y alimentos afuera de la entrada principal al campus, módulos para los vendedores “mejorarían mucho el entorno, tanto para el comercio y la seguridad como para los estudiantes y el espacio, porque sería más organizado”.

En la investigación se aclara que “las intervenciones en estos espacios suelen verse condicionadas por limitaciones normativas, presupuestarias y constructivas, lo que exige el desarrollo de estrategias de diseño factibles, coherentes con el contexto y sostenibles en el tiempo”.

El entorno universitario y barrial de este sector espera que la transformación llegue pronto e integre a barrios y estudiantes.

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Lo que debes saber

• Caficultores estiman una caída de hasta el 40 % en la producción debido a las lluvias, mientras los precios internacionales han bajado y los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos.
• Productores y gremios afirman que continúan sin recibir información oficial detallada sobre los focos detectados y el manejo de la plaga.
• La baja productividad, la ausencia de una política cafetera sostenida y el déficit de asistencia técnica hacen que muchos caficultores apenas recuperen inversiones.

Los productores de café arábigo (Coffea arabica) del sur del Ecuador iniciaron con preocupación la cosecha de 2026 durante la última semana de mayo, con un retraso de tres semanas respecto al calendario habitual. Lo hacen en un contexto marcado por la caída de los precios internacionales del café, la falta de información oficial sobre la detección de focos de la bacteria Xylella fastidiosa en Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, y una reducción estimada del 40 % en la producción debido al exceso de lluvias.

Te invitamos a leer | Bacteria letal: un hallazgo oculto que amenaza al agro ecuatoriano

Estos desafíos afectan a las 1.200 familias productoras y exportadoras que integran la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (Fapecafes), cuya actividad se concentra en esas tres provincias.

Desde el cantón Chaguarpamba, en Loja, la productora y microempresaria Bionay Bravo decidió buscar nuevos mercados para comercializar la cosecha de este año. Con ese objetivo viajó a Buenos Aires y Montevideo llevando muestras de café arábigo de especialidad. “Hice un ajuste económico de muchos años para poder cubrir todos los gastos del viaje”, relata.

Durante su recorrido contó con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior a través de las oficinas comerciales de ambos países. En Uruguay, potenciales compradores degustaron el producto y quedaron sorprendidos. Según Bravo, “se impresionaron porque era un café dulce, diferente en taza y con una calidad organoléptica capaz de romper cualquier barrera”.

La calidad organoléptica se refiere al conjunto de características físicas y químicas que pueden percibirse a través de los sentidos, como el aroma, el sabor, la textura y la acidez. La meta de Bravo para la presente cosecha es exportar al menos 20 quintales de café.

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Pero sobre esa apuesta pesa un contexto de amenazas. “Cuánto lamento que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), a través de Agrocalidad, no haya hecho el seguimiento respectivo”, dice Bravo al referirse a la Xylella fastidiosa la letal bacteria, hoy presente en el país, y que amenaza a los cultivos de café —el grano fue identificado como hospedero por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario—. Bravo, dice, que intentó contactar al director del MAGP de Loja por WhatsApp y no recibió respuesta. Teme que la falta de información sobre la detección de la Xylella en las plantaciones del sur frene el trabajo de años.

Café en cifras

A nivel nacional, según datos de Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), las exportaciones de café arábigo registraron un crecimiento impulsado por mejores precios internacionales entre 2024 y 2025. Los envíos pasaron de 16.711 sacos, valorados en cerca de $7,8 millones, a 20.848 sacos que generaron más de $12 millones. No obstante, representantes del sector sostienen que estas cifras no reflejan una recuperación real.

Melecio Mayo, presidente de Fapecafes, anticipa reducción en las exportaciones de esta temporada debido a las pérdidas ocasionadas por el exceso de lluvias en meses previos. “El año pasado exportamos más de 10.000 quintales; este año estaremos llegando apenas a 6.000”, señala. La cosecha se desarrollará hasta septiembre.

Aunque se mantienen los contratos con sus principales mercados —Francia, que absorbe el 43% de las exportaciones; Italia, el 25%; Alemania, el 22%—, los márgenes de rentabilidad son cada vez más estrechos. Un ejemplo es Alemania, cuyo precio de compra descendió de $510 a $485 por quintal. “Menos de eso prácticamente estaríamos perdiendo”, advierte.

Por su parte, Pablo Pinargote, presidente de Anecafé, sostiene que la principal fragilidad del caficultor ecuatoriano radica en su baja productividad, puesto que producen muy por debajo del promedio regional de 25 quintales por hectárea y los cerca de 50 de Brasil.

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Para Pinargote, el problema de fondo persiste: Ecuador lleva más de tres décadas sin una política de Estado sostenida para el desarrollo del café. Eso ha provocado que ni si quiera se logre abastecer el consumo interno que supera los 350.000 frente a los cerca de 250.000 sacos de café que Ecuador produce al año.

Desde el sector productivo, Mayo añade que los programas de reactivación cafetera se han quedado en cifras de entrega de plantas, sin garantizar asistencia técnica a largo plazo. Señala que “muchos productores apenas alcanzan rendimientos de entre 10 y 15 quintales por hectárea”, cuando necesitarían superar los 30 quintales para cubrir costos y ser rentables. Según un análisis de Fapecafes, por cada dólar invertido en caficultura el retorno apenas llega a diez centavos.

Ambas asociaciones continúan sin recibir información detallada sobre el hallazgo de la bacteria. Por su parte, Bravo pide mayor claridad de las autoridades para evitar que la incertidumbre afecte injustificadamente la imagen del café ecuatoriano en los mercados internacionales. Desde diciembre del año pasado, EXPRESO solicitó a Agrocalidad entrevista sobre este tema, pero aún se espera por una respuesta.

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Xylella: la deuda de comunicar

Para Freddy Magdama, jefe del Departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL) la respuesta del Estado ante la Xylella también debe apuntar a la transparencia. “Omitir este tipo de información puede tener repercusiones grandes”, señala el investigador.

Declarar la presencia de la bacteria acompañada de una estrategia sólida de combate posicionaría al país. “Es preferible reportarlo de forma técnica y decir los planes de contención que se están llevando, para posicionar la confianza en el mercado internacional. Somos un país como cualquier otro que ha sufrido una incursión, pero que está lidiando con ella de forma científica y está abierto a la ayuda”.

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Magdama aboga por integrar a la información como herramienta: “Si un productor sabe que su vecino ha tenido un reporte Xylella va a tener mayor precaución en visitarlo, en tomar medidas de bioseguridad y en evitar el traspaso de material vegetal”.

Debido a que la planta muere desde el interior, ya que la Xylella obstruye su sistema vascular. “Si no hay líquidos, no corren los nutrientes, ni siquiera puede llegar a producir los frutos”, señala Magdama.

Por ello, insiste en actuar con medidas necesarias de bioseguridad y la destrucción oportuna de los brotes iniciales para no afectar a la producción. La experiencia internacional respalda esa advertencia. Estudios citados por la sanidad agrícola mexicana reportaban reducciones que oscilan entre 73.2 Kilogramos y 121 kilogramos de grano seco por hectárea por cada punto porcentual de aumento en la severidad de la infección en cultivos de café arábigo de Brasil; en algunas plantaciones de São Paulo la bacteria redujo la producción en un 30%.

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LO QUE DEBES SABER

• Sandoz nombró a Diego Albuixech gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC), un bloque de más de quince países que incluye a Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina.
• En 2026 la farmacéutica suiza celebra tres aniversarios: 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando el desarrollo de biosimilares, campo en el que fue pionera a nivel mundial.
  
• En Ecuador, sus medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas; la compañía tiene más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.
  

Sandoz acaba de ampliar su liderazgo en la región. La farmacéutica suiza, líder global en medicamentos genéricos y biosimilares, designó a Diego Albuixech al frente de un bloque que ahora suma, a la región andina, los mercados de Centroamérica y el Caribe.

El nombramiento llega en un año de aniversarios para la compañía, que en 2026 celebra 140 años de trayectoria. En esta entrevista, Albuixech habla de la expansión, del peso de los biosimilares y del reto de ampliar el acceso a medicamentos en el país.

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— ¿Qué países pasa a dirigir con este nuevo cargo?

Asumo la responsabilidad de Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina, y ahora también de Centroamérica y el Caribe, con mercados como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Antes lideraba solo la región andina.

— ¿Cómo se integra una región tan diversa?

Cada país opera de forma independiente. Mi tarea es identificar las buenas prácticas de unos mercados y trasladarlas a otros.

Tres décadas de hitos y crecimiento global

— La empresa cumple varias décadas de trayectoria este año. ¿Qué hitos destacan?

Así es. En 2026 celebramos 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando los biosimilares. Fuimos pioneros: obtuvimos la aprobación del primer biosimilar de la historia por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

— ¿Qué tamaño tiene Sandoz?

En 2025 registramos ventas netas por $11.100 millones a nivel global, con un portafolio de más de 1.300 genéricos y 13 biosimilares que llegan a más de mil millones de pacientes en el mundo.

— ¿Cómo sostienen ese crecimiento del portafolio?

A medida que las moléculas pierden exclusividad a nivel global, incorporamos esos portafolios. Así fuimos creciendo: primero con antibióticos, luego con cardiometabolismo y ahora con productos de especialidad en oncología y urología.

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Sandoz en Ecuador

— ¿Cómo está posicionada Sandoz en Ecuador?

Somos líderes en antibióticos, con más de 20 años de presencia. Recientemente sumamos la línea de cardiometabolismo y avanzamos hacia productos de especialidad en oncología y urología.

— ¿Cómo percibe el paciente ecuatoriano a la marca?

Tenemos un reconocimiento muy grande en el país. Hay marcas nuestras que los pacientes creen que son la innovadora, y eso refleja un buen trabajo de posicionamiento y el haber apoyado siempre al sistema de salud ecuatoriano.

— ¿A cuántas personas llegan y cómo operan en el país?

Nuestros medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas. Tenemos más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.

— ¿Y cómo abastecen al sistema sanitario?

Participamos tanto en compras públicas como privadas, y también a través de farmacias. El acercamiento con el Estado se da por la vía de las licitaciones: a medida que salen, vamos con nuestro portafolio de medicamentos.

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Los retos de fondo

— ¿Cuál es el mayor desafío de Sandoz en el mercado ecuatoriano?

Que el acceso sea sustentable, tanto para el sistema de salud como para el bolsillo de los pacientes. El reto está en seguir educando a médicos y pacientes, y en lograr que nuestros medicamentos lleguen desde cada punta del país hasta el último paciente.

— Frente a los genéricos de otros países, ¿cómo compiten?

Por calidad. La prioridad de Sandoz es la calidad y la eficacia de los medicamentos. Habrá mercados en los que no podamos competir por precio, pero la calidad nunca se pone en discusión.

— ¿Por qué son tan importantes los biosimilares en su estrategia?

Permiten democratizar el tratamiento de patologías que antes eran terminales y hoy son crónicas, como las oncológicas. Al ser más accesibles que los medicamentos de referencia, hacen el sistema de salud más sustentable y abren la puerta a tratamientos que suelen ser de alto costo. Su adopción avanza a distinta velocidad según la madurez de cada sistema de salud, pero la tendencia es clara: cada vez más pacientes pueden acceder a ellos.

— ¿Qué enfermedades concentrarán los esfuerzos de Sandoz a futuro?

Sobre todo la oncología, pero también la inmunología, la diabetes y la obesidad. Son patologías ligadas al envejecimiento de la población y al estilo de vida. Muchas antes eran terminales y hoy se han vuelto crónicas, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos. En obesidad vemos potencial de desarrollo, aunque por ahora nuestro portafolio se concentra en diabetes.

— ¿Qué lo motiva en este rubro?

El propósito de la industria farmacéutica es generar acceso y cuidar a la gente. Traer medicamentos de calidad es lo que me apasiona y lo que me hace levantarme cada día.

El entrevistado

Gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC) de la farmacéutica Sandoz. Lleva 14 años en este rubro. Empezó como director financiero en Argentina y luego pasó al área comercial. Antes trabajó en consumo masivo, en Danone.

Lo que debes saber

• Los combustibles acumulan alzas de entre 19,9 % y 69,9 % frente a enero de 2026, lo que incrementa el costo de llenar el tanque.
  
• Conductores cambian de gasolina, ajustan sus gastos y buscan alternativas de movilidad para reducir el impacto en su presupuesto.
  
• Especialistas advierten que el encarecimiento de los derivados puede elevar la inflación, afectar el consumo y reducir el crecimiento económico.

Llenar el tanque con combustible cuesta cada vez más en Ecuador. Los altos precios de los derivados, que mantienen una tendencia al alza tras el conflicto en Irán, ejercen mayor presión sobre el presupuesto de los hogares, que deben ajustar sus gastos para destinar más recursos para comprar estos productos o buscar sustitutos, más económicos como la extra o ecopaís.

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Desde este 12 de junio hasta el 11 de julio, la extra y ecopaís se comercializan en $3,31 el galón, el diésel prémium en $3,25. Mientras tanto, la súper tiene un precio referencial de $5,7. Este decir, esta última puede variar según la estación de servicio porque tiene un margen de utilidad liberado.

El costo de estos productos mantiene una tendencia al alza -casi al tope del sistema de bandas que fija un máximo del 5 % para la extra, ecopaís y diésel- desde marzo de 2026.

Así, considerando los montos actuales frente a los de enero 2026 (antes del conflicto), las gasolinas y diésel registran un incremento acumulado de entre 19,9 % y 69,9 %. Este porcentaje, en dólares, significa un aumento de entre $6,40 y $22,10 para llenar, por ejemplo, un tanque con capacidad para 10 galones (ver gráfico).

Llenar el tanque cuesta cada vez más en Ecuador

Al sentir esta variación “brusca” de precios, Sol Torres, propietaria de un crossover, decidió desde mayo usar gasolina extra, pese a que cuando compró su vehículo híbrido en 2025 le indicaron que de preferencia utilice súper.

En su caso, el costo para abastecer de súper a su auto (10 galones) representaba alrededor de $25 a la semana. Sin embargo, en mayo empezó cancelar cerca de $32, pese a que las reservas del tanque no estaban al mínimo.

“Este gasto se me estaba saliendo de control y afectando el presupuesto de mis otras obligaciones”, comenta Torres.

Por esta razón, tras asesorarse en el concesionario empezó a utilizar extra, que frente a la súper, cuesta $2,39 menos. “Ahora tanqueo con $20”, dice.

Conductores cambian hábitos para reducir el gasto en combustible

Jefferson Lastra, propietario de un SUV, comenta también que hasta las primeras semanas de junio abastecía su vehículo exclusivamente con súper.

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Sin embargo, tras el último incremento de precios, llenará el tanque con una mezcla de mitad súper y mitad extra para reducir el gasto en combustible.

Con esta estrategia espera bajar los gastos "inesperados", que representa ahora el alto costo de los combustibles.

Lastra destinaba alrededor de $20 al mes para completar el tanque, que no permitía que baje de la mitad. Pero la última vez gastó $43. “Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.

Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.Jefferson Lastra, propietario de un SUV.

El transporte absorbe una parte importante del presupuesto familiar

El impacto de las alzas de los combustibles no se limita a los conductores. Según la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2024-2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el transporte absorbe el 12,9 % del gasto mensual de los hogares ecuatorianos. 

Además, representa el segundo rubro de mayor peso dentro del presupuesto familiar, después de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro de esta categoría se incluyen gastos relacionados con combustibles, transporte público, mantenimiento de vehículos, repuestos y otros servicios de movilidad.

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El uso de transporte público o vehículos eléctricos es otra opción

Para intentar reducir estos gastos, Javier Vivanco, propietario de un SUV híbrido, considera usar el Metro para movilizarse o cambiarse a un vehículo eléctrico, aunque le preocupa que esta última opción se convierta en un “riesgo”, por la situación eléctrica del país.

Vivanco piensa en estas opciones debido al impacto que tiene en el presupuesto familiar la compra de gasolina.

Para su vehículo -que es más eficiente en el uso de combustible- destinó antes del cambio de precios $44, cuando antes cancelaba alrededor de $32, que le permiten recorrer entre 12 y 15 días dentro de la zona urbana de Quito.

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Un problema global

El alza de los combustibles que se registra en Ecuador en los últimos meses responde al encarecimiento del petróleo, de los derivados en el mercado internacional y la mayor asignación de subsidios para la extra, ecopaís y diésel, enfatiza Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

Además, refiere que si bien en la extra, ecopaís y diésel se advierten alzas, el precio actual de estos productos no refleja su valor real porque el Estado asigna actualmente entre $1,02 y $1,60, según el esquema de subsidios proyectados para el periodo 12 de junio-11 de julio, elaborado por la empresa pública Petroecuador.

La asignación de estas subvenciones responde a que el sistema de bandas solo permite alzas máximas de hasta el 5 %.

Ante este escenario, Acosta Burneo prevé que este mayor costo de derivados aumente la inflación, se reduzca el consumo ante una menor capacidad de compra porque cada vez se debe asignar más para combustibles. Además, puede impactar en el crecimiento económico del país. “El alza de los combustibles tiene un impacto global importante en las familias y en la economía”.

Para variar, la duración de esta crisis es incierta porque mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantenga, los precios del crudo y los derivados seguirán elevados, refiere Nelson Baldeón, consultor energético y geopolítico.

Baldeón también advierte que aunque el conflicto llegue a su fin en las próximas semanas, la reducción de precios de combustibles en Ecuador no será inmediata. 

La razón es que el sistema de bandas permite una reducción máxima del 10 % y a la vez la asignación de subsidios creció. Por ello, mientras el Estado cubra parte de estos valores, los consumidores deberán asumir mayores costos hasta que se vuelvan a equiparar los precios de los combustibles de Ecuador con los del mercado internacional.