Lo que debes saber:

• La candidata a la Prefectura de Pichincha por ADN, Giovanna Ubidia, fue Directora del Seguro Social Campesino.
• Intentó ganar una curul, pero no llegó. Ahora tiene 34 años, pero desde los 23 años inició en el servicio público, como Directora Nacional de Comunicación del CNE. Trabajó en la administración Yunda.
• Su reto será ganarle la Prefectura de Pichincha al correísmo, que la ha tenido durante 20 años.

Giovanna Ubidia pasó de ser la opción de ADN para la Alcaldía de Quito, un cargo a todas luces con mayor peso político, a buscar la Prefectura de Pichincha. El recambio ocurrió en medio de los ajustes que hizo el oficialismo en varias provincias para definir las inscripciones y, aunque no tiene una carrera política prolífica, el sector público no le es ajeno.

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“Lo único que hemos hecho es invertir los roles”, dijo Harold Burbano, hoy candidato a la Alcaldía de Quito. Él fue la primera opción de ADN para buscar la Prefectura de Pichincha y así justificó la decisión de su movimiento.

En la práctica, Burbano tenía mayor exposición pública, ya que fue ministro de Desarrollo Humano primero y del Trabajo después. Ubidia, a partir de su anuncio como candidata a la Alcaldía de Quito, hizo fuerte su presencia en la capital, sobre todo desde su rol como directora del Seguro Social Campesino.

Su trayectoria en el sector público es de larga data. Tiene 34 años y, con apenas 23, inició como directora de Comunicación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2015, según se detalla en el histórico de declaraciones patrimoniales de la Contraloría General del Estado.

También ha pasado por el Municipio de Quito. En 2019 ingresó como servidora pública 10. En ese momento, el alcalde de Quito era Jorge Yunda. Durante esa misma administración municipal, Ubidia llegó a ser funcionaria directiva 7 en la Secretaría de Salud, aunque el fin de su gestión en esa entidad se registró durante la Alcaldía de Santiago Guarderas, quien asumió el cargo después de la remoción de Yunda.

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Su vinculación con el Gobierno de Daniel Noboa

De ahí en adelante se vinculó al Gobierno central. Ha sido subsecretaria de Desarrollo Infantil, asesora de Presidencia y directora del Seguro Social Campesino. Todos estos cargos los ejerció durante el gobierno de Daniel Noboa.

La candidata a la Prefectura también registra actividad privada. Ha tenido participación como accionista en tres empresas. De ellas, una se mantiene activa, según consta en el portal de la Superintendencia de Compañías. Se trata de Empresa Publicitaria y de Marketing BigBang Empumab S.A.

Ubidia buscó ser asambleísta

Hasta ahora, Ubidia no ha logrado un cargo de representación popular, pero lo ha intentado. En las últimas elecciones generales, cuando se escogió presidente, vicepresidente y asambleístas, estuvo a punto de lograr un escaño. Mantuvo una pugna directa con el ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana Luis Fernando Molina.

Ubidia llevó su protesta incluso al Consejo Nacional Electoral para intentar lograr un escaño que, en la posterior conformación de la mayoría legislativa de ADN, hubiese sido clave. Al final, Molina alcanzó esa curul.

Su presencia en redes sociales es otro tema a considerar. El analista político y experto en comunicación digital Andrés Jaramillo explicó que quien más ha influenciado en la conversación digital sobre la candidata ha sido el presidente de la República Daniel Noboa. A él se han sumado otros portales identificados por su cercanía con el actual régimen.

El analista también señaló que es una candidata que no provoca rechazo y a la que le está ayudando la estructura del Gobierno para hacerse visible ante las audiencias. “Pero aún genera poca conversación, con respecto a otros candidatos que ya son conocidos y tienen recorrido”, indicó Jaramillo.

¿Le quitará este bastión de Pichincha al correísmo?

Ubidia tiene el reto de lograr un cargo que ha sido ocupado por el correísmo desde hace 20 años. Primero con Alianza PAIS y luego con la Revolución Ciudadana, la Prefectura ha sido una de las trincheras de esa organización política.

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El tema no es menor. Las seccionales de 2026 serán las primeras elecciones locales que enfrentará el movimiento oficialista que, en los dos últimos años, ha mantenido un enfrentamiento directo con los gobiernos descentralizados en donde actúa la oposición.

Pichincha y Quito son dos instancias de poder local a las que ADN apunta llegar. En ese propósito se ha sumado incluso Noboa. El pasado 30 de septiembre, Ubidia publicó una fotografía junto al primer mandatario y su compañero Harold Burbano. Este último hizo lo mismo bajo un mensaje: “Se vienen grandes cosas para Quito y Pichincha”.

Para el analista político Esteban Ron, la figura de Ubidia fue mediática desde su rol en el Seguro Social Campesino. Ese podría tomarse como un elemento que determinó el cambio de su postulación para la Alcaldía de Quito por la Prefectura. Es decir, su cercanía con zonas más rurales y que rebasan los límites de la capital.

Sobre el reto de enfrentar a un bastión correísta, Ron señaló que la fuerza de la Revolución Ciudadana podría no ser la misma que en años anteriores. Eso abriría la posibilidad para un perfil distinto en las próximas seccionales. 

Lo que debes saber

• Quito tiene cerca de $1 millón para parte de la agenda tradicional, frente a los $3 millones destinados a las fiestas en 2025
• El proceso electoral y cambios al Cootad complican contrataciones y convenios. La Comisión de Turismo fiscaliza presupuestos y cronogramas para evitar retrasos
• Unas 20 actividades de la agenda colaborativa y varios festivales barriales no podrían realizarse bajo las condiciones actuales

A Quito le faltan pocas semanas para volver a encender sus fiestas, pero la celebración por sus 492 años de fundación todavía se arma pieza por pieza. Mientras noviembre se acerca con pregones, desfiles, conciertos y actividades culturales, persisten dudas sobre las contrataciones, los artistas y parte de una agenda que tradicionalmente moviliza a miles de personas hasta el 6 de diciembre.

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Una revisión realizada por EXPRESO en el portal de contratación pública no evidenció, al momento de la consulta, procesos vigentes directamente relacionados con las Fiestas de Quito. El escenario ocurre en un año marcado por restricciones para contratar, cambios en la normativa nacional y un calendario electoral que incide en la planificación municipal.

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El factor electoral complica las contrataciones

Desde el Concejo Metropolitano aseguran que existen recursos identificados para sostener parte de la programación tradicional. Joselyn Mayorga, presidenta de la Comisión de Turismo y Fiestas, explica que el factor electoral tiene un peso particular en las decisiones. 

Aunque las autoridades que resulten electas en noviembre asumirán sus funciones en mayo, el proceso electoral reduce, según la edil, el margen para comprometer determinadas contrataciones, principalmente de artistas nacionales e internacionales.

Ante este escenario, la Comisión inició hace aproximadamente un mes y medio un proceso de fiscalización. Sus integrantes participan, mediante delegados, en mesas técnicas donde revisan presupuestos, cronogramas y procesos de contratación. La intención, según la concejal Mayorga, es identificar con anticipación los obstáculos y evitar que la organización se concentre en las últimas semanas.

Un millón para sostener la agenda tradicional

Por ahora, la edil señala que existe cerca de $1 millón destinado a garantizar parte de la programación tradicional. En esa planificación constan el Festival Chispa Quiteña, la Serenata Quiteña, el Festival de Pasacalles, el homenaje a Benítez y Valencia, además de los pregones y los desfiles de la Confraternidad.

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El monto representa una diferencia frente al presupuesto utilizado el año anterior. Mayorga calcula que en 2025 se destinaron alrededor de $3 millones para las fiestas. Los recursos actualmente identificados para los eventos tradicionales equivalen, de acuerdo con esa estimación, a aproximadamente un tercio de aquella cifra.

El Cootad suma nuevas restricciones

A las restricciones presupuestarias se suma la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Mayorga, los cambios dificultan la transferencia de recursos y la suscripción de convenios que anteriormente permitían sostener determinados festivales y actividades culturales.

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Uno de los eventos cuya realización permanece en incertidumbre es QuitoFest. Su continuidad dependerá también de la capacidad de gestión de la Corporación Música Joven, entidad privada encargada de organizar el festival. Este diario consultó a la organización sobre la realización del evento y desde la entidad señalaron que, una vez que la agenda esté definida, los detalles serán comunicados públicamente.

Menos actividades para los barrios

Las restricciones alcanzan además a una programación que durante años se extendió hacia barrios y parroquias. Mayorga señala que alrededor de 20 actividades de la agenda colaborativa, que involucraban a gestores culturales territoriales, no podrán realizarse bajo las condiciones actuales. A esto se suman pequeños festivales previstos en distintos sectores de la capital.

La Comisión de Turismo y Fiestas prevé convocar a las administraciones zonales para analizar alternativas que permitan sostener parte de esa programación y mantener actividades culturales en los territorios. Mientras se define ese componente, otras entidades municipales preparan propuestas para complementar la agenda.

Quito Turismo trabaja en el Festival Gastronómico Chispa Quiteña y el Municipio espera incorporar el MAPI a la programación, siempre que el proyecto esté listo. Estas iniciativas se suman a los eventos que ya cuentan con recursos identificados y a los que todavía dependen de procesos administrativos.

Concejales discrepan sobre las demoras

En el Concejo también existen otras lecturas sobre las demoras. El concejal Michael Aulestia atribuye parte del escenario a una revisión más rigurosa del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Considera que las observaciones buscan evitar procesos dirigidos a proveedores específicos y sostiene que una suspensión no necesariamente responde a razones políticas.

Bernardo Abad coincide en que los procesos deben cumplir las exigencias legales. Además, cuestiona que las observaciones sean interpretadas automáticamente como decisiones políticas y plantea revisar el contenido de los espectáculos financiados con recursos públicos, así como preservar los espacios patrimoniales.

La Secretaría de Cultura aún no detalla la planificación

Mientras estas posiciones se discuten en el Concejo, la Secretaría de Cultura no ha detallado públicamente el avance concreto de las contrataciones. EXPRESO solicitó en tres ocasiones información sobre la planificación de las fiestas y recibió como respuesta que los detalles serán comunicados cuando estén disponibles. 

Lo que se sabe

• La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario aprobó unificar el proyecto cacaotero con otras iniciativas y llevarlo al texto que avanza hacia segundo debate.
• Tres asociaciones consultadas señalan que no han participado en la construcción del proyecto ni recibido una invitación formal al tratamiento en comisión.
• El sector plantea que la nueva ley defina mejor la representación territorial, fortalezca al INIAP y permita que calidad, origen y sostenibilidad se traduzcan en mejores ingresos para el productor.

La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero aprobó, el martes 15 de septiembre de 2026, unificar el Proyecto de Ley para el Fomento e Innovación del Sector Cacaotero Ecuatoriano -presentado por la asambleísta Esperanza Rogel el 27 de mayo- con el texto único que agrupa a otras seis iniciativas agropecuarias, ya en fase previa al informe para segundo debate. La decisión, tomada apenas en la primera sesión en que se trató el proyecto, avanzó con 6 votos a favor.

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La propuesta según Rogel busca producir más, transformar mejor y vender con mayor valor el cacao ecuatoriano. Para ello plantea crear los Lineamientos Estratégicos Nacionales del Cacao (LENCE), una Mesa Técnica del Cacao con representantes del sector y del Estado, y un rol reforzado del INIAP en investigación. Pero al consultar a tres asociaciones del sector, surgieron posturas y matices que hasta ahora no constan en el debate legislativo, pues ninguna ha sido considerada en la construcción de la nueva ley.

Iván Ontaneda, quien al momento de la entrevista, realizada el 22 de septiembre, presidía la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), defendió el modelo actual: sostiene que el libre mercado ha permitido que el productor ecuatoriano capture gran parte del precio internacional, y pone como ejemplo que, mientras el cacao ecuatoriano recibió precios altos en los últimos dos años, productores de países africanos con precios regulados percibieron menos de la mitad. Por eso, pide que la ley “se convierta en una herramienta de incentivo y facilitación” y advierte sobre la fijación de precios por decreto: “cuando el precio es manipulado, es complicado. Y ahí hay una línea muy fina que se puede confundir entre manipulación de un precio y politización de un precio”.

Para Fernando Crespo, presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), el análisis del precio también debe partir de la posición del productor. Recuerda que el precio de referencia del cacao se define en las bolsas de Nueva York y Londres, “donde intervienen la oferta y la demanda, la industria, los comerciantes, los fondos de inversión, los especuladores y muchos otros participantes”, mientras que los productores que enfrentan el clima, las plagas y el trabajo diario en la finca “pocas veces tienen una participación proporcional al valor que generan”. Su postura es que el origen, la calidad y la sostenibilidad del cacao ecuatoriano se traduzcan en mejores ingresos para el productor, algo que hoy no ve reflejado en el proyecto: lo describe como un conjunto de “generalidades” y pregunta directamente cuál sería el mecanismo para lograrlo.

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El sector cuestiona su participación

La discusión también llega a la representación territorial. Telmo Macías, presidente de la Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba Esmeraldas (UOPRICAE), cuestiona que el proyecto se construya sin suficiente participación de los agricultores y con desconocimiento de los planes de desarrollo cantonales y parroquiales. Para Macías, estos planes, por su cercanía con los territorios, deberían servir de base para construir desde abajo los lineamientos nacionales que propone la ley.

Sobre la Mesa Técnica del Cacao, pide que la representación no sea solo una persona por región -Costa, Sierra y Amazonía-, sino un delegado por provincia, dado que la realidad productiva varía incluso dentro de una misma región.

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Los tres líderes gremiales dijeron a EXPRESO que se enteraron del proyecto de ley por redes sociales, cuando el tema tomó fuerza pública, y ninguno ha recibido hasta ahora una invitación formal para participar en el tratamiento en comisión, aunque esperan que ocurra en las próximas semanas.

Ontaneda fue enfático en que el proyecto aún debe recoger los aportes de quienes integran la cadena productiva antes de avanzar hacia el segundo debate. A su criterio, la comisión y la Asamblea Nacional no están frente a una carrera contra el tiempo y deben priorizar una propuesta que refleje la dinámica real del sector cacaotero ecuatoriano. De lo contrario, advirtió, el resultado podría ser “un disparo en el pie”.

“Lo más importante es que se recoja y que se entienda de manera clara la dinámica real que tiene el sector productivo de cacao en el Ecuador”.Iván Ontaneda, presidente de Anecacao

En paralelo a las entrevistas con las tres asociaciones, este medio solicitó una entrevista con la presidenta de la comisión Janina Rizzo, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

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¿Cómo se unificó el proyecto?

La moción para unificar el proyecto cacaotero con el texto que reúne otras seis iniciativas agropecuarias fue presentada por el vicepresidente de la comisión, Juan Gonzaga, quien sustentó su pedido en la seguridad jurídica y en la necesidad de consolidar en un solo cuerpo normativo las propuestas afines. Recordó que, mediante ese mismo mecanismo, ya se habían incorporado iniciativas sobre el plátano, el café, la crianza de cuyes, el precio mínimo de sustentación de la papa y la apicultura.

La iniciativa fue respaldada por la asambleísta Marjorie Rosado y aprobada con 6 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, de un total de 10 asambleístas presentes.

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Gonzaga pidió después reconsiderar la votación, pero la moción no prosperó: obtuvo 4 votos a favor y 6 en contra (incluido el de Gonzaga). Así, se mantuvo la decisión de incorporar el proyecto de fomento e innovación del sector cacaotero al texto que avanza hacia el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La investigación, entre las prioridades que plantea el sector

Crespo también puso el foco en dos temas técnicos que, dice, deberían guiar la investigación que promete la ley: ajustar los niveles permitidos de cadmio en el cacao “a la realidad, no a los intereses de ciertas industrias chocolateras”, y desarrollar variedades resistentes a plagas, ante el riesgo de que una enfermedad afecte de forma masiva al CCN-51, la variedad que hoy domina buena parte de la producción nacional. Reconoce que el INIAP “hace un buen trabajo”, pero advierte que sus avances en genética no se difunden entre los productores por falta de fondos.

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En esa línea, Ontaneda también considera necesario: “Seguir investigando e invirtiendo en genética, en tecnología. En mejorar no solamente las prácticas agrícolas sino las prácticas industriales”, señala. Para el dirigente, el sector debe enfocarse en las variables que sí puede controlar: “calidad, productividad y genética”.

Los puntos claves

• EXPRESO consultó a los candidatos a la Alcaldía sobre sus propuestas concretas para reducir el tráfico en Guayaquil.
• La mayoría de los candidatos en firme respondió el cuestionario y detalló las medidas que aplicaría si llega al Municipio.
• La movilidad es el tercer problema que más afecta la calidad de vida en Guayaquil, según Guayaquil Cómo Vamos 2025.
• Las propuestas incluyen transporte integrado y fluvial, buses eléctricos, obras viales, semáforos inteligentes y sistemas ferroviarios.

Guayaquil volverá a las urnas y el próximo alcalde recibirá una ciudad con problemas que no empezaron con la campaña electoral y que tampoco se resolverán con una sola obra. Hace unos días, EXPRESO recogió la voz de los guayaquileños para identificar los cinco problemas que, a su juicio, deben ser atendidos sí o sí por la próxima administración. Entre ellos, uno aparece todos los días en la vida de la ciudad: el tráfico.

La movilidad es, además, el tercer problema que más afecta la calidad de vida en Guayaquil, según la encuesta Guayaquil Cómo Vamos 2025. El 63 % de los ciudadanos está insatisfecho con la gestión actual de la ATM. Los trayectos de más de 46 minutos son cada vez más comunes por la falta de integración de rutas y los horarios poco fiables, mientras el 63 % de los guayaquileños gasta más de 20 dólares mensuales solo en movilizarse.

La congestión se ha convertido en parte de la rutina de miles de guayaquileños. Llegar al trabajo, llevar a los hijos al colegio, cruzar de un sector a otro o simplemente atravesar uno de los principales corredores viales puede significar perder buena parte del día en el camino. Y el problema no se explica únicamente por la cantidad de vehículos. También intervienen un transporte público que todavía no logra conectar de manera eficiente a toda la ciudad, sistemas de movilidad que funcionan de forma fragmentada, una red de ciclovías que aún es insuficiente y una expansión urbana que ha aumentado las distancias y la presión sobre las vías existentes.

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El guayaquileño pierde horas en el tráfico 

El problema tampoco es nuevo. El Global Traffic Scorecard 2022, elaborado por la firma de análisis INRIX y publicado en enero de 2023, ya calculaba que los guayaquileños pasaban 54 horas al año atascados en el tráfico, algo más de dos días. Hoy, ciudadanos consultados por EXPRESO consideran que esa cifra podría ser todavía mayor.

La Metrovía y la Aerovía son parte de la oferta de transporte de Guayaquil, pero no han conseguido convertirse en una red plenamente integrada. Para muchos ciudadanos, movilizarse implica combinar distintos medios y, en algunos casos, asumir más de un pago. Mientras tanto, parte de la flota de la Metrovía requiere renovación y la inseguridad sigue siendo una preocupación para quienes utilizan el sistema.

El resultado es una ciudad en la que el vehículo particular continúa teniendo un peso importante y en la que los embotellamientos forman parte del paisaje cotidiano. Por eso, resolver la movilidad no pasa solamente por abrir más carriles o construir pasos elevados. También implica decidir cómo se organizará el transporte público, cómo se conectarán sus distintos sistemas, qué papel tendrán las bicicletas y los peatones y qué medidas permitirán que desplazarse por Guayaquil tome menos tiempo.

¿Qué plantean los candidatos a la Alcaldía? 

Frente a este problema, EXPRESO preguntó a los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil cuál es su propuesta concreta para reducir el tráfico, qué medidas priorizarán, qué puntos intervendrán y en qué plazo esperan resultados. Las mismas preguntas fueron enviadas a todos los candidatos, para que los ciudadanos puedan conocer y comparar sus planteamientos frente a uno de los problemas que la próxima administración tendrá que enfrentar desde el primer día.

Pregunta planteada: 

Guayaquil enfrenta una congestión que cada día consume tiempo a miles de guayaquileños. ¿Cuál es su propuesta concreta para reducir el tráfico de la ciudad? Señale las medidas prioritarias, los puntos que intervendrá y en qué plazo espera resultados.

Mónica Luzárraga, por Unidad Popular y Pachakutik

Propongo un sistema de transporte público integrado y seguro, con un solo pasaje para buses, Metrovía, Aerovía y transporte fluvial, que lo reactivaremos. Así buscamos sacar a los carros de las calles.

Más carriles no resuelven el problema. Guayaquil tiene más de 863.000 vehículos y la cifra crece entre 5 % y 7 % cada año. La gente usa el carro porque el bus es caro, fragmentado e inseguro. Por eso planteo integrar a las cerca de 2.500 cooperativas de buses con la Metrovía y la Aerovía mediante una tarifa única, con un solo pago y transferencias. La integración también contempla buses con GPS, cobro electrónico y cámaras conectadas al C5, además de 150 buses eléctricos y más alimentadores para la Troncal 4.

El transporte fluvial será parte de esta red, con movilización por los ríos Guayas, Daule y Babahoyo y la misma tarjeta, para conectar el sur, centro y norte de Guayaquil con Durán, Samborondón y Daule.

Propongo un sistema de transporte público integrado y seguro, con un solo pasaje para buses, Metrovía, Aerovía y transporte fluvial, que lo reactivaremos. Así buscamos sacar a los carros de las calles. La gente usa el carro porque el bus es caro, fragmentado e inseguro.Mónica Luzárraga,
Unidad Popular y Pachakutik

Ordenaré el transporte de carga pesada mediante horarios y rutas obligatorias y utilizaremos el Anillo Vial Perimetral para sacar los camiones de los barrios. En movilidad activa, propongo una red de ciclovías conectada, y no tramos aislados, que una barrios, universidades, mercados, parques y estaciones de transporte.

El primer año se aplicarán la ordenanza para el transporte pesado y la tarifa integrada; el segundo comenzará la primera etapa del transporte fluvial. La meta al cuarto año es reducir en 20 % la congestión en los principales corredores norte-sur y puentes.

Antonio García, por el Partido Sociedad Patriótica

Guayaquil necesita una política de movilidad que no se limite a construir más vías. El objetivo es que las personas pasen menos tiempo trasladándose entre su casa, el trabajo, los centros educativos y los servicios. Por eso proponemos un “Programa Integral de Movilidad y Conectividad 2027–2031” que combine vialidad, gestión del tránsito, transporte público, seguridad vial y accesibilidad.

Durante los primeros seis meses elaboraremos un mapa de congestión de Guayaquil, con datos de flujo vehicular, tiempos de viaje, siniestralidad, transporte público, semáforos y estado de las vías, para identificar dónde se pierde tiempo. A partir de ese diagnóstico habrá tres niveles de intervención.

Guayaquil necesita una política de movilidad que no se limite a construir más vías. El objetivo es que las personas pasen menos tiempo trasladándose entre su casa, el trabajo, los centros educativos y los servicios. Por eso proponemos un Programa Integral de Movilidad y Conectividad 2027–2031.Antonio García, 
Partido Sociedad Patriótica

El primero contempla soluciones rápidas, como modernización de semáforos, cambios de sentido, eliminación de giros conflictivos, recuperación de carriles, vías alternas y control de estacionamiento. El segundo incluye soluciones de corredor, con rehabilitación vial, intersecciones, transporte público, accesibilidad peatonal, drenaje y seguridad vial. El tercero será infraestructura mayor, como ampliaciones, pasos elevados, distribuidores, nuevas conexiones viales o incluso un sistema ferroviario subterráneo, si los estudios determinan su viabilidad.

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Paralelamente, revisaremos integralmente el Estatuto Orgánico Funcional de la ATM e intervendremos sus escuelas formativas, fortaleciendo los controles y elevando los estándares de formación y evaluación del personal.

Pedro Medina, por PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

Guayaquil necesita dejar de administrar la congestión solamente cuando ya se produce. Mi propuesta es trabajar con un Plan de Movilidad de Respuesta Rápida, basado en datos y con intervención por corredores. La prioridad será identificar los mayores cuellos de botella, revisar semáforos y tiempos de cruce, ordenar paradas y giros, mejorar la señalización y coordinar la operación del transporte público. La ATM tiene la competencia para gestionar el tránsito y el transporte terrestre, por lo que la Alcaldía debe exigir resultados medibles.

En los primeros 100 días plantearía un diagnóstico operativo de los principales corredores y una intervención inicial en los puntos de mayor congestión, con monitoreo en tiempo real y publicación de indicadores. No se trata solamente de construir más vías: hay que hacer que las existentes funcionen mejor.

La movilidad no puede medirse por la cantidad de obras anunciadas, sino por el tiempo que una madre, un trabajador o un estudiante recupera cada día. Las primeras intervenciones deberán mostrar resultados durante el primer año y consolidarse con un plan de cuatro años.Pedro Medina, 
alianza PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

También impulsaría corredores seguros para peatones, una mejor conexión entre barrios y transporte público, y soluciones para intersecciones donde el bloqueo de un solo punto paraliza sectores completos. Cuando una obra vial sea necesaria, deberá justificarse por su impacto en tiempos de viaje, seguridad y conectividad.

La meta será reducir progresivamente los tiempos de desplazamiento en los corredores intervenidos y publicar trimestralmente los resultados. El ciudadano debe saber qué punto se intervino, cuánto costó, qué problema se encontró y qué resultado produjo. La movilidad no puede medirse por la cantidad de obras anunciadas, sino por el tiempo que una madre, un trabajador o un estudiante recupera cada día. Las primeras intervenciones deberán mostrar resultados durante el primer año y consolidarse con un plan de cuatro años.

Andrés Roche, por el Partido Social Cristiano

La ciudad necesita recuperar el orden y la fluidez en sus calles. Mi prioridad será que el guayaquileño pierda menos tiempo movilizándose.

Vamos a recuperar el orden, la comodidad y la seguridad en la Metrovía y los buses convencionales. Integraremos las estaciones de la Metrovía con otros modos de transporte, como buses urbanos y taxis, para facilitar la conexión y reducir los tiempos de viaje. Impulsaremos la renovación progresiva hacia buses eléctricos con aire acondicionado, con apoyo de la banca y del Gobierno Nacional. Ya lo hicimos con los primeros 20 buses eléctricos y lo volveremos a hacer.

Cuando dirigí la ATM dejamos estudiados ocho distribuidores de tráfico; solo se ejecutaron dos. Retomaremos los seis pendientes para eliminar conflictos en las intersecciones y agilizar el tránsito.

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Como la movilidad es dinámica, actualizaremos anualmente los planes semafóricos y monitorearemos el tráfico en tiempo real mediante sensores y cámaras de conteo, para ajustar la operación de los semáforos a la realidad de cada vía y cada hora.

Guayaquil necesita recuperar el orden y la fluidez en sus calles. Mi prioridad será que el guayaquileño pierda menos tiempo movilizándose. Vamos a recuperar el orden, la comodidad y la seguridad en la Metrovía y los buses convencionales. Andrés Roche, 
Partido Social Cristiano

En la avenida Francisco de Orellana, por ejemplo, construiremos pasos elevados en las principales intersecciones para desarrollar un corredor vial continuo, sin interrupciones, que permita a los ciudadanos del norte de la ciudad conectarse más rápido con el centro y el sur. En vía a la costa construiremos un retorno elevado cerca de Puerto Azul, para que el flujo del tráfico sea continuo y seguro, y cuatro pasos peatonales seguros, iluminados y con ascensor.

En la avenida del Bombero ampliaremos en dos carriles por lado el cuello de botella en el cruce con la avenida Rodríguez Bonín y estudiaremos una solución definitiva al conflicto vial con la Carlos Julio Arosemena.

Cynthia Viteri, por ADN 

EXPRESO solicitó un espacio de entrevista con la candidata Cynthia Viteri y, al igual que al resto de postulantes, le envió un cuestionario sobre las problemáticas que enfrenta Guayaquil, a fin de conocer las soluciones que propone si llegara a la Alcaldía. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fiorella Ycaza, por el Partido Socialista Ecuatoriano

La ciudad necesita moverse mejor, y eso no se resuelve con una sola obra. Tenemos que seguir mejorando las vías, el transporte público y la forma en que organizamos el tránsito. Mi plan contempla actuar en los puntos donde hoy se forman los mayores problemas, mientras avanzamos con las obras que requieren estudios y ejecución por etapas. Vía a la costa es una prioridad. El plan incluye una solución vial con pasos a desnivel, ampliación de vías, un túnel, ciclovía y mejores aceras, para atender de manera integral los problemas de movilidad y no únicamente con intervenciones aisladas.

También planteamos ampliar y mejorar las troncales de la Metrovía y modernizar los buses de transporte masivo. A esto se suma un ordenamiento de la circulación del transporte pesado y de las operaciones de carga y descarga por zonas. Usaremos tecnología para identificar los puntos de conflicto y responder con mayor rapidez. Esto resulta urgente.

La ciudad necesita moverse mejor, y eso no se resuelve con una sola obra. Tenemos que seguir mejorando las vías, el transporte público y la forma en que organizamos el tránsito. Mi plan contempla actuar en los puntos donde hoy se forman los mayores problemas.Fiorella Ycaza
Partido Socialista Ecuatoriano

Hay medidas de gestión que pueden empezar desde el inicio de la administración, mientras las obras más grandes avanzarán por fases durante el período 2027-2031. Nuestro objetivo es que los guayaquileños sientan que recuperan tiempo y que no permanecen atascados en las vías de la ciudad.

Mi compromiso es con una gestión que mida resultados, corrija lo que no funciona y actúe primero donde el problema es más fuerte.

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Susana Santistevan, por CREO

Mi plan bandera es implementar un Tren Eléctrico Sostenible, un sistema de tren ligero urbano financiado y alimentado energéticamente mediante una planta de valorización de residuos sólidos (Waste-to-Energy). Convertiré la basura que genera la ciudad en energía limpia para movilizar a los guayaquileños, reduciendo el costo operativo y ambiental del transporte.

La propuesta incluye una red de buses alimentadores eléctricos. Reestructuraremos progresivamente la flota de transporte urbano para sustituir los buses tradicionales por alimentadores 100 % eléctricos, que conecten de forma rápida y limpia los barrios y cooperativas con los ejes del Tren Eléctrico y la Metrovía.

Mi plan bandera es implementar un Tren Eléctrico Sostenible, un sistema de tren ligero urbano financiado y alimentado energéticamente mediante una planta de valorización de residuos sólidos. Convertiré la basura que genera la ciudad en energía limpia para movilizar a los guayaquileños.Susana Santistevan, 
CREO

También implementaremos una semaforización inteligente, sincronizada en tiempo real mediante sensores de tráfico para crear “olas verdes”, con cero tolerancia al bloqueo de cruces en horas pico. A esto se sumará un reordenamiento de la carga pesada, con una regulación estricta de los horarios de abastecimiento comercial y del tránsito pesado en la vía Perimetral y los principales accesos.

Este reordenamiento incluye el cambio de uso de suelo en vía a la costa a residencial y comercial. Además, propondremos al Gobierno central y a la Prefectura una alianza para ejecutar una nueva ruta Guayaquil-Progreso-Posorja.

Lo que debes saber

• Señalan al Ministerio de Energía por manejar y revisar los contratos de emergencia.
• Identifican a José Manuel de Oliveira como operador clave en el seguimiento contractual.
• El exfuncionario denuncia presiones de Inés Manzano y un asalto para sustraerle información.

Tras el cierre de la investigación del caso Progen y el sobreseimiento del exministro Antonio Gonçalves, la Fiscalía General del Estado señala exclusivamente a técnicos de Celec dentro del proceso por el fraude $104 millones. Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, señala al Ministerio de Energía como eje de las contrataciones e identifica al excoordinador jurídico José Manuel de Oliveira como un operador.

Justicia

Progen: Karla Saud responde desde X a funcionarios y a medios de comunicación

Rosero Mariela

Karla Salud y los roles de Roberto Luque e Inés Manzano con Progen

- En los últimos días reapareció Karla Saud, representante de Progen en Ecuador. ¿Qué opinión tiene?

Me parece importante que haya aparecido. Creo que es vital que pueda comparecer ante Fiscalía para aclarar todo lo que ha sucedido: cómo llega Progen a Ecuador, desde cuándo llega y cómo se realizaron las negociaciones. En EE. UU. se ha identificado cómo se dieron estos contratos y cómo las negociaciones ocurrieron mucho antes de que se declarara la emergencia en Celec. Hay funcionarios del Gobierno que, pese a todo lo que se ha encontrado, han quedado fuera del caso.

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- Karla Saud ha señalado directamente a Roberto Luque e Inés Manzano... ¿Qué pudo observar?

Desde el inicio de los procesos de contratación, quien los manejaba era el Ministerio de Energía. Las versiones de varios funcionarios que trabajaron antes de mi llegada como gerente encargado de la Unidad de Negocios Termopichincha identifican que el Ministerio solicitaba que toda la información se cargara en un enlace para revisarla, cotejarla y hacer sus ajustes y apreciaciones. Después de todo lo que hemos vivido, podemos ver demasiadas coincidencias entre los contratos de emergencia: Las similitudes en los documentos preparatorios, en las cláusulas, en las formas de pago, en los hitos y en los plazos muestran que había una estructura institucional.

De Oliveira, el "operador" del Ministerio de Energía

- ¿Quién era el funcionario del Ministerio que hacía ese seguimiento?

Quien estaba encargado desde el Ministerio, de acuerdo con un acuerdo ministerial, era José Manuel de Oliveira. Llamaba constantemente para solicitar información sobre los avances, los informes y las actuaciones. No solamente de Termopichincha, sino de todas las unidades de negocio.

- ¿A usted lo llamaba?

Mi canal regular era inicialmente con la máxima autoridad de Celec, el gerente general. Sin embargo, dada la insistencia del señor De Oliveira, desde la propia gerencia general me indicaron que le trasladara la documentación que solicitara, siempre que estuviera sumida, verificada y suscrita. La condición era: si De Oliveira tenía la competencia entregada por el Ministerio para ejercer ese control, podía hacerlo, pero no interferir.

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- ¿Qué ocurrió entonces?

Hoy sabemos que no hacía falta una interferencia directa. La contratista siempre tuvo información privilegiada.

- En su versión usted menciona que Karla Saud tenía contacto directo con funcionarios del Ministerio de Energía. ¿Quiénes?

Antes del inicio de la ejecución contractual yo no conocía a ninguno de los funcionarios de Progen. Durante la ejecución sí hubo momentos en los que la señora Saud decía que iba a hablar con ‘Roberto’, con ‘José Manuel’ o con ‘Arturo’. Entiendo que se refería a los funcionarios del gobierno.

El rol de Inés Manzano en la adenda solicitada por Progen

- ¿Cuál fue el rol de Manzano en la adenda?

Progen aducía un desequilibro financiero. Solicitó una adenda y yo revisé. No tenía ningún sustento. (En Celec) teníamos una posición clara: negarle. Entonces empezaron las llamadas del Ministerio.

- ¿De quién?

De la ministra Inés Manzano y sus asesores. Preguntaban que por qué no puede hacer (la firma de la adenda).

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- ¿Preguntar u ordenar?

Después de haber tenido varias reuniones donde le explicamos que esa adenda no era procedente, el 16 de diciembre me llama (Inés Manzano) para decirme que ya sabe por qué no quiero firmar y cuáles son mis intereses, que ella ha hablado con la contratista. Ahí le dije que si prefería confiar en una empresa que estaba incumpliendo antes que a su propio equipo yo no podía ser parte de ese equipo.

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- Hay versiones de técnicos de Celec que hablan de presiones y amenazas durante las inspecciones en EE. UU. Incluso lo señalan a usted. ¿Qué responde?

Existen serios indicios de inconsistencias. Hay versiones que no coinciden entre sí. Incluso se ha pretendido fabricar testigos estrella para orientar la investigación hacia donde más le convenga al sistema judicial. La realidad de la inspección es que los funcionarios que estuvieron allá gozaron de libertad al punto que después de la inspección fueron a un centro de diversión nocturna y a hacer compras.

El informe y las advertencias de Celso Sánchez

- Hablemos del informe de Celso Sánchez. Él sostiene que advirtió por escrito que las unidades eran viejas y que sus observaciones fueron ignoradas. ¿Qué pasó?

Ese informe, que se menciona fue remitido solo entre los miembros de la Comisión y se copió al subgerente de Producción. Sin embargo, el 23 de septiembre existe un correo de Sánchez dirigido a Marlon Casilla, administrador del contrato, en el que solicita que se pida a la contratista la documentación faltante. El 24 de septiembre circuló un borrador de informe en el que recién ahí fui copiado. En ese documento no se advertía que todo estuviera mal. Por el contrario, se hablaba de que la inspección se había cumplido y se solicitaba información faltante. El 25 de septiembre, Sánchez volvió a solicitar la documentación porque estaban elaborando el informe.

- ¿Cómo interpreta?

Ahí está la contradicción. ¿Cómo se puede decir que el 23 de septiembre se entregó un informe en el que todo estaba mal y que el proceso era insalvable, si el 25 de septiembre Sánchez decía que todavía necesitaba información para terminar el informe?

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Las amenazas contra los señalados en Progen

- Los técnicos Paúl Flores y Celso Peña, el exgerente Fabián Calero y ahora Saud dicen que han recibido amenazas. ¿Qué piensa usted?

Es importante que la señora Saud identifique quién le está amenazando. Casualmente un día antes de la versión del señor De Oliveira, en 2025, llegando a mi domicilio me interceptaron, me escopolaminaron y se llevaron mis dispositivos, donde tenía información relevante cómo llegó Progen a Ecuador. No estamos hablando solo de técnicos o gerentes amenazados, sino de los contratistas. ¿Quién tiene el poder para amenazarnos?

Lo que debes saber: 

• Adultos mayores en Ecuador: 1,5 millones enfrentan realidades distintas al llegar a los 65 años.
• Así viven los adultos mayores en Ecuador: pensiones, salud, vivienda y apoyo familiar.
• Una defensora de derechos de esta población habla de las diferencia entre quienes están solos, sin jubilación y otro sector que recibe una pensión, tiene ahorros, una red de apoyo, etc.

En Ecuador, la experiencia de envejecer está condicionada por factores como tener una pensión jubilar, contar con una red de apoyo familiar, ser autónomo y acceder a servicios de salud y vivienda. Así lo explica Sonia Andrade Tafur, defensora de los derechos de las personas mayores.

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Una mañana en el Parque Inglés, al norte de Quito, permite observar algunas de las distintas formas de vivir la vejez en Ecuador. El 9% de la población tiene 65 años o más.

En uno de los espacios del parque, un grupo de mujeres de distintas edades y condiciones participa en una jornada de zumba dirigida por el profesor Alexis González. 

Entre ellas está Marianita de Medina, de 84 años, quien vive en el sector de Andalucía y acude al grupo de martes a viernes. Es enfermera jubilada. Trabajó en el Hospital Carlos Andrade Marín. Tiene cuatro hijos y siete nietos. Los lunes no asiste al parque porque es ministra de la eucaristía y ayuda a llevar la comunión a personas enfermas.

En el mismo grupo está Alba Mosquera, de 75 años, también residente en Andalucía; madre de dos hijos de 52 y 53 años y abuela de cuatro nietos. Lleva 11 años participando en las actividades físicas del parque, aunque comenzó a ejercitarse allí hace dos décadas. Es guayaquileña y llegó a Quito hace 20 años. Tuvo un restaurante.

Nunca se afilió al IESS. Le molestan sus várices, una dolencia que se relaciona con los años que trabajó de pie; se atiende con un médico particular. Dice sentirse satisfecha con su vida y valora especialmente el tiempo que ahora puede dedicar a sí misma.

No es la única. Gina Villacís, quien cumplirá 60 años en este mes, dice: "El grupo me quitó el miedo a seguir avanzando en edad. Me gusta ver que todas se mantienen con salud, vigorosas; todas se amarran los cordones solas". Con el profesor Alexis practican taichí, yoga, aeróbicos y zumba.

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Adultos mayores deben contribuir para sostener gastos familiares

A pocos metros, Teresa Mora, de 67 años, espera a que su nieto suba al transporte escolar. Vive con él y con su hija. Con su pensión, de algo más de 300 dólares al mes, contribuye a sostener los gastos de la familia. Reúna el dinero para cubrir el pago de una vivienda que todavía está hipotecada. 

Mora no ha podido acudir a la oftalmóloga porque el dinero no alcanza y tampoco ha conseguido una cita en el IESS.

El contraste entre estas historias muestra que llegar a los 65 años no representa lo mismo para todas las personas. Para algunas, supone disponer de tiempo después de décadas de trabajo; para otras, el ingreso mensual apenas alcanza para cubrir sus propias necesidades y, al mismo tiempo, contribuir a la economía familiar.

De los 1,5 millones de adultos mayores que hay en Ecuador, 803.392 son pensionistas.

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Andrade recuerda que las pensiones también cumplen una función dentro de los hogares. Incluso cuando los hijos ya están en edad productiva, señala, el ingreso de los jubilados contribuye a cubrir los gastos de hijos y nietos.

Este aporte, apunta, permanece poco visible y debería considerarse en el diseño de políticas públicas. La precarización del empleo formal y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a ingresos suficientes pueden aumentar la dependencia económica dentro de las familias, sostiene.

"Mi jubilación e permite vivir con dignidad y tranquilidad"

Cecilia Suárez, de 66 años, es una de las personas que sí cuenta con una jubilación. Desde 2021 disfruta de una nueva etapa que, según cuenta, le ha permitido dedicar más tiempo a la lectura, a la música, a su familia ya viajar.

Trabajó durante 42 años en la Universidad de Cuenca, donde llegó a ser decana de la Facultad de Artes. También fue directora de Cultura del Municipio de Cuenca. 

“Le dediqué toda mi vida a la docencia, investigación y servicio público”, cuenta. Para ella, jubilarse no fue una experiencia difícil, sino una transición esperada.

"Jubilarse no fue difícil, todo lo contrario, fue muy placentero, tengo tiempo para mí, para mi familia. Como que se cumplieron mis metas y tenía que venir esta otra etapa", relata.

Tiene tres hijos y tres nietos, de 10, 7 años y dos meses.

Su jubilación, explica, le permite vivir con tranquilidad y cubrir sus necesidades.

"Yo diría que tengo una comodidad, una tranquilidad que me ofrece una vida digna. No poseo riquezas ni capitales, mucho menos, pero el tiempo para mí es la mayor recompensa que tengo", afirma.

Ha viajado y conocido lugares que antes no había podido visitar, entre ellos Nueva York y las Islas Galápagos. Se siente agradecida por esas experiencias.

Sin embargo, reconoce que su situación no representa la realidad de la mayoría de las personas mayores en Ecuador.

“Desafortunadamente, pertenezco a un porcentaje pequeñito que tiene el privilegio de disponer de una jubilación”, dice.

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No tener pensión ni ahorros

Sonia Andrade, defensora de derechos de personas mayores, coincide en que la vejez en Ecuador está atravesada por profundas diferencias económicas y sociales. La precarización del trabajo formal, señala, deja a un número importante de personas sin una pensión para afrontar esta etapa de la vida.

“Vivir la vejez es absolutamente desigual: unos tienen jubilación, vivienda propia y apoyo familiar; otros están sin pensión, sin ahorros”, sostiene.

Las historias de quienes se reúnen en un parque de Quito muestran esa diferencia. Para algunos, la vejez puede significar tiempo libre, actividad física, viajes y una mayor autonomía. Para otros, la pensión -cuando existe- ayuda a cubrir las necesidades de hijos y nietos.

Lo que debes saber

• La cultura del miedo puede derivar en autocensura.
• Los entrevistados advierten riesgos para el pluralismo democrático.
• El debate y los contrapesos son claves para la democracia.

El silencio empieza a convertirse en una señal incómoda de la política ecuatoriana. Periodistas que cuestionan, indagan y exponen; empresarios que advierten y figuras públicas que discrepan aparecen cada vez más expuestos a campañas de descrédito, presiones o aislamiento mediático.

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El miedo como herramienta de poder

El patrón preocupa porque no necesita de una orden explícita del poder para producir resultados. Pero, basta con que alguien vea lo ocurrido con otros y empiece a preguntarse cuánto le costaría decir lo que piensa.

El exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que detrás de estas prácticas existe un intento de frenar la crítica cuando esta comienza a crecer. A su criterio, el Gobierno de Daniel Noboa recurre a instituciones que deberían actuar con independencia y que, según afirma, terminan convertidas en instrumentos de poder.

Peñafiel menciona entre los casos que, desde su perspectiva, evidencian esa dinámica al expresidente Oswaldo Hurtado, María Paz Jervis, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, y medios como EXPRESO y Ecuavisa. Sobre este último, señala que impedir la presencia de funcionarios en entrevistas constituye también un problema para la transparencia y la rendición de cuentas.

La consecuencia más delicada, según Peñafiel, es que el poder comienza a ejercerse mediante el miedo. Cuando una persona observa que cuestionar tiene consecuencias, la discusión deja de ser sobre si tiene razón y pasa a ser sobre cuánto está dispuesta a arriesgar.

Precisamente allí, el exministro de Gobierno Henry Cucalón identifica uno de los mayores peligros: la autocensura. La define como “una forma de silencio” que aparece cuando las personas dejan de hablar antes incluso de que alguien tenga que ordenarles callar.

El caso del periodista Hernán Higuera que dejó de investigar el caso Progen después de denunciar consecuencias que alcanzaron a su familia, ilustra para Cucalón hasta dónde puede extenderse ese temor. El problema, sostiene, ya no es únicamente la afectación individual, sino el mensaje que recibe el resto de la sociedad ecuatoriana.

Cucalón advierte que la autocensura es otra forma de silencio y que el miedo puede terminar condicionando la manera en que periodistas, empresarios y ciudadanos expresan sus posiciones. Por lo que el efecto puede producirse de manera indirecta, hasta instalarse como una conducta cotidiana.

No obstante, Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, explica que cuando estas acciones parten de funcionarios o instituciones públicas dejan de ser simplemente una “funa” (un linchamiento virtual para destruir la reputación social de una persona) en redes sociales. A su juicio, estas pueden convertirse en “coacción institucional” y en una forma indirecta de censura.

Delgado describe mecanismos que, según su análisis, pueden combinar presión administrativa, estigmatización y desgaste profesional. Entre ellos menciona el retiro selectivo de publicidad a los medios, auditorías, utilización de herramientas legales y campañas que presentan a los críticos como enemigos o desinformadores.

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Cuando disentir tiene un costo

El resultado, subraya, es que algunos periodistas dejan de hablar, otros abandonan el país y otros cambian los temas que investigan. “Al estrangular o silenciar las voces críticas, la ciudadanía también pierde acceso a información plural contrastada”, sostiene el antropólogo.

Cucalón considera que una de las causas de este fenómeno es la polarización permanente. “Si tú criticas al Gobierno, entonces eres correísta”, resume al explicar una lógica que, según él, convierte cualquier divergencia en una identidad política y reduce el espacio para una crítica independiente.

El antropólogo coincide en que el debate público se ha vuelto binario. Bajo esa lógica, cuestionar una decisión oficial puede ser interpretado como estar “del otro lado”, una simplificación que termina sustituyendo la discusión sobre los argumentos por la descalificación de quien los plantea.

Sin embargo, ¿por qué resulta más fácil atacar que escuchar? Peñafiel responde que el diálogo exige amplitud, escucha y capacidad para aceptar verdades incómodas, mientras que “el proceso de imposición es la decisión del manda más”.

El exministro de Gobierno plantea una diferencia que se debe analizar: un Gobierno puede ejercer un liderazgo firme frente al crimen organizado y, al mismo tiempo, respetar las libertades individuales. “Firmeza sí, dureza, pero por supuesto, un liderazgo fuerte”, afirma, pero advierte que eso no debe confundirse con sectarismo, intolerancia o arbitrariedad.

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El riesgo para la democracia

¿Quién debería poner límites? Jorge Peñafiel apunta primero a la Asamblea Nacional, porque considera que ese poder tiene herramientas constitucionales para ejercer contrapesos; pero cuestiona que el Legislativo cumpla esa función cuando actúa alineado con el Ejecutivo.

Por su parte, Henry Cucalón amplía la responsabilidad a la sociedad y a las instituciones que deben funcionar como contrapesos. “No hay que dejarlos solos”, dice al referirse a quienes son atacados por pensar diferente, y reclama una ciudadanía capaz de defender la libertad, aunque la persona afectada no pertenezca a su sector.

El antropólogo Florencio Delgado sostiene que el riesgo final de esta cultura del silencio no es que desaparezcan todas las voces críticas de un día para otro. Es algo más silencioso: que cada vez haya menos personas dispuestas a levantar la voz, hasta que la sociedad termine acostumbrándose a que discrepar tiene un precio alto.

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El miedo debilita el pluralismo

La “pulverización” de las voces críticas tiene una consecuencia que va más allá del periodismo. Para el antropólogo Florencio Delgado, Ecuador puede convertirse en un lugar inseguro para la disidencia cuando el poder utiliza el miedo como una herramienta para condicionar la expresión pública.

El antropólogo considera que esa política del miedo termina debilitando el espacio público. Si las voces críticas son “pulverizadas”, dice, la ciudadanía pierde la posibilidad de contrastar posiciones y queda expuesta a una narrativa con menos cuestionamientos.

Henry Cucalón ubica el fenómeno en otra dimensión y lo relaciona con una práctica propia del populismo. Para el exministro, convertir la discrepancia en una amenaza y dividir a la sociedad entre quienes están con el poder y quienes están contra él responde a una lógica de confrontación que deteriora el pluralismo.

Jorge Peñafiel lleva la comparación hacia otros gobiernos de la región. El exasambleísta sostiene que el uso del miedo como mecanismo de poder ha sido empleado por gobiernos como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los hermanos Castro. Para el exlegislador, la contradicción es clara: un sistema puede mantener elecciones e instituciones, pero debilitar, a la vez, la democracia al concentrar el poder y limitar a quienes lo cuestionan.

Quito fuera de la postal

• Tres películas ecuatorianas recientes han desplazado la cámara del Centro Histórico y el Panecillo hacia casas de barrio, universidades, bares, antiguos cines, zonas industriales y parroquias rurales del Distrito Metropolitano.
• Nosotros, mi papá y el perro, Buenos Amigos y El niño probeta encuentran en esos escenarios cotidianos el entorno que necesitan sus personajes y las historias que cuentan.

Desde que la industria cinematográfica empezó a desarrollarse en Ecuador, Quito ha sido quizá una de las ciudades más fáciles de reconocer en la pantalla. Bastaban una toma del Panecillo, las fachadas del Centro Histórico o alguna de sus iglesias para situar la historia.

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Ocurrió en filmes emblemáticos del cine nacional como A tus espaldas, que convirtió a la Virgen del Panecillo en un eje de su relato, o Ratas, ratones, rateros, que llevó parte de su acción hasta la antigua terminal de Cumandá.

Esa geografía, sin embargo, aparece cada vez menos en los estrenos nacionales recientes rodados en la capital. La cámara se ha desplazado hacia otros rincones de Quito y sus alrededores, menos asociados con la postal turística y más vinculados con la cotidianidad de sus personajes.

El recorrido ahora pasa por una casa de los años setenta en la Granda Centeno, los corredores de la Universidad Central, un antiguo cine para adultos, un edificio en Cumbayá, los bares de la Shyris o las bucólica calles de la parroquia Nono, en el nororiente de la urbe.

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Nosotros, mi papá y el perro, de Pablo Arturo Suárez; El niño probeta, de Carolina Hernández; y Buenos Amigos, de Dwight Gregorich, tienen poco en común si se mira únicamente sus argumentos. La primera es una comedia familiar sobre un hombre de 45 años cuya vida empieza a desarmarse; la segunda recurre a la ciencia ficción para hablar del racismo; y la tercera se mueve entre el thriller y la acción después de que un grupo de jóvenes roba una computadora y una cámara que pertenecen a una organización criminal.

Pero las tres comparten algo: son historias profundamente atravesadas por Quito. La ciudad no aparece únicamente como el lugar donde ocurren los hechos. Sus barrios, edificios y espacios cotidianos ayudan a definir a quienes los habitan y, en buena medida, explican por qué estas películas han buscado otros escenarios para contarla.

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Una ciudad detenida en el tiempo

La elección de esos espacios empieza, en buena medida, por los personajes. Para Pablo Arturo Suárez, Sebastián, protagonista de Nosotros, mi papá y el perro, no podía habitar un Quito de postal. Es un profesor universitario de clase media que pierde su trabajo y que, mientras intenta recomponer su vida, debe lidiar con un hijo adolescente, un padre jubilado, un matrimonio en crisis y el regreso inesperado de su hermano.

Ese mundo cotidiano comienza en una casa de la Granda Centeno. Suárez buscaba una vivienda de los años setenta u ochenta, una de esas casas familiares por las que han pasado varias generaciones y que todavía sobreviven entre los edificios que han transformado el sector. El espacio debía acompañar también el momento que atraviesa Sebastián: mientras su vida cambia a toda velocidad, él parece haberse quedado unos pasos atrás.

“Quería que la ciudad también se sienta como una ciudad quedada en el tiempo, que no se sienta ni moderna ni vieja, ni colonial ni supermodernizada, sino como esta ciudad que sigue conviviéndose y viviéndose”, señala el director.

La misma lógica llevó el rodaje hasta la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y, más adelante, a uno de los escenarios más singulares de la película: el Cine América. El antiguo teatro, hoy dedicado al cine para adultos, es frecuentado por Rodrigo, el padre de Sebastián. En la película, además de revelar una faceta del personaje, termina convirtiéndose en un lugar de encuentro y conversación entre padre e hijo.

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“Es un lugar que todos sabemos que existe, pero al que el 99 % de las personas nunca hemos entrado o no sabemos cómo es. Me parecía interesante hablar de ese otro mundo y construir una microhistoria alrededor de este espacio”, cuenta Suárez.

Quito, cuando cae la noche

Una búsqueda similar, aunque desde otro género, atraviesa Buenos Amigos. La película de Dwight Gregorich sigue a Isabel, una adolescente que empieza a frecuentar a un grupo de jóvenes que comete pequeños delitos para financiar sus salidas. Una noche roban una computadora y una cámara del vehículo equivocado: los objetos pertenecen a una organización criminal y el juego de estos chicos termina convirtiéndose en una persecución. En paralelo, la historia sigue la tirante relación de Isabel con Tatiana, su madrastra

Para construir ese universo, la producción se desplazó entre Quito y Cumbayá y buscó espacios asociados con la vida urbana de sus personajes. La avenida Shyris y sus bares y el Metro de Quito, forman parte de ese recorrido. A ellos se suma una locación industrial que la producción utilizó durante buena parte del rodaje y donde transcurre parte de la acción.

La intención, explica Karen Montero, productora y protagonista del filme, era retratar el ambiente nocturno en el que se mueven estos jóvenes y lugares de encuentro, desplazamiento y ocio que se visibilizan cuando empiezan a cruzar los límites que pone en marcha el thriller.

Más allá del paisaje

En El niño probeta, la cámara se aleja todavía más del núcleo urbano. Carolina Hernández llevó cuatro de las cinco semanas de filmación a Nono, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito. Allí convirtió sus calles y casas en San Fernando, el pueblo ficticio donde Susana y Miguel recurren a un tratamiento genético para escoger las características de su hijo: piel clara, cabello rubio y ojos claros.

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La ciencia ficción sirve como punto de partida para una historia atravesada por prejuicios raciales y sociales. Para contarla, Hernández buscaba una comunidad donde mestizos e indígenas convivieran de cerca y donde la llegada del primer “niño probeta” pudiera alterar las relaciones de un pueblo en el que las familias se conocen, las noticias circulan rápido y la apariencia del recién llegado despierta preguntas entre sus habitantes.

La elección de ese entorno también tenía una raíz personal. Hernández nació en Guayaquil y creció en Huaquillas, pero sus padres son serranos y durante su infancia pasó temporadas en la Sierra. Situar la historia allí le permitía reunir en un mismo espacio las diferencias y prejuicios sobre los que quería indagar. También incorporar otro elemento que consideraba inseparable de la vida cotidiana de muchas comunidades ecuatorianas: la religión. En San Fernando, el cura aprovecha sus sermones dominicales para hablar de aquello que considera normal o anormal ante los ojos de Dios.

Nono, además, no funcionó únicamente como escenario. Cerca del 90 % del equipo se instaló en la parroquia durante la filmación y, antes de encender las cámaras, la producción realizó un proceso de socialización con la comunidad e incorporó a varios de sus habitantes al rodaje.

“Más allá de que toco temas que me hacen reflexionar o me motivan a preguntarme cosas y a intentar encontrarles respuestas, siempre hago películas pensando en el público, en que las vea el público”, ha explicado la cineasta.

Lo que debes saber

• Mandatarios piden reformar la ONU y centrar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.
• Analistas señalan que el derecho a veto en el Consejo de Seguridad bloquea reformas institucionales.
• La falta de consenso multilateral expone a naciones como Ecuador a depender de superpotencias.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), líderes internacionales como los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos) demandaron transformar el organismo multilateral. Los mandatarios coincidieron en que el sistema global debe dejar atrás los esquemas de la Segunda Guerra Mundial y responder con eficacia a crisis contemporáneas como las guerras y el crimen organizado transnacional.

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Las demandas de los mandatarios en el 81.º período de sesiones

En la sede de las Naciones Unidas, las críticas hacia el funcionamiento del organismo multilateral fueron un eje recurrente entre diferentes delegaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, demandó acciones inmediatas y prioritarias frente a la delincuencia transnacional:

Por su parte, el mandatario argentino, Javier Milei, calificó de "inútil" a la entidad por la falta de cumplimiento en la resolución sobre Malvinas y señaló: “Una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, su autoridad”, agregando que “Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura”.

A su vez, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, encabezó los cuestionamientos al afirmar: “Parece que lo único que hacen es escribir una carta con un tono muy enérgico y luego no darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra”, tras lo cual adelantó que recurrirá a su poderío militar para resguardar sus intereses.

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El derecho a veto: el nudo crítico del Consejo de Seguridad

De acuerdo con analistas consultados por EXPRESO, el principal obstáculo institucional para transformar el organismo radica en el Consejo de Seguridad y en el privilegio de veto que mantienen sus cinco miembros permanentes:

El internacionalista Esteban Santos advierte que este esquema mantiene atado de manos al multilateralismo ante los conflictos bélicos: “No puedes tener una resolución sobre Ucrania como no la tendrás en Palestina y posiblemente no la tengas jamás sobre Taiwán”. Para Santos, este bloqueo sistemático alimenta focos de tensión en enclaves estratégicos como Medio Oriente o el estrecho de Ormuz.

La falta de representatividad regional

El excanciller Patricio Zuquilanda destacó que la marginación de continentes enteros resta legitimidad a la estructura global: “Por el lado latinoamericano, hemos venido desde hace mucho tiempo pensando que un país grande de nuestro subcontinente podría representarnos... Brasil pueda representar a nuestra región”.

Sin embargo, cualquier enmienda a la Carta de la ONU exige la aprobación de los mismos cinco integrantes con derecho a veto. Frente a este panorama, Santiago Pérez, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL, sostuvo que mientras no cambie esa potestad, cualquier reforma anunciada representará solo una “medida parche”.

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Del multilateralismo al auge del "minilateralismo"

Ante el estancamiento burocrático, la diplomacia internacional transita hacia coaliciones flexibles encabezadas por liderazgos personalistas que privilegian acuerdos transaccionales.

Entre estas plataformas destacan:

Pérez precisó que este tipo de alianzas reducidas persiguen resultados inmediatos frente a coyunturas específicas, pero advirtió sobre sus desventajas: “Son más rápidas, pero menos legítimas y menos inclusivas también”. Asimismo, Zuquilanda indicó que los discursos que tildan de inútil a la entidad y recortan su financiamiento coinciden con una “hipertrofia interna” marcada por “una burocratización exagerada que ha causado gravísimos problemas al presupuesto de la organización”.

Las consecuencias directas para Ecuador y la región

El repliegue del sistema global afecta de manera crítica a países pequeños y medianos como Ecuador en el combate al narcotráfico y a las bandas transnacionales. La falta de mecanismos globales deja desprotegidos a los Estados, dado que ningún territorio posee el músculo financiero ni militar suficiente de forma aislada.

Zuquilanda alertó que la parálisis de la organización internacional orilla a resoluciones unilaterales que comprometen la soberanía estatal:

“Estamos cediendo la decisión no solamente de la prevención, sino de la represión a un solo país, a una potencia mundial”, concluyó el excanciller.

Lo que debes saber

• La extorsión se ha extendido a viviendas, negocios y trabajadores de distintos sectores de Guayaquil, con cobros que van desde 2,50 dólares semanales a viviendas, hasta $ 5.000 dólares o más a establecimientos comerciales.
• Los testimonios recogidos por EXPRESO muestran que repartidores, técnicos, comerciantes y familias deben pagar para trabajar, mantener sus negocios abiertos o ingresar a determinados barrios.
• Los cobros están acompañados de amenazas y reflejan el control territorial que ejercen grupos delincuenciales en diferentes zonas de la ciudad.

La amenaza puede llegar en forma de una nota dejada durante la noche, de dos hombres que se acercan a conversar como si fueran conocidos o de alguien que espera en la entrada de un barrio para cobrar por dejar pasar un vehículo.

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En distintos sectores de Guayaquil, residentes y comerciantes cuentan que la extorsión se ha incorporado a actividades tan cotidianas como abrir un local, entregar mercadería o simplemente vivir en una casa. El valor tampoco es el mismo para todos: cambia según el sector, el inmueble y el tipo de actividad.

Extorsiones en Guayaquil: los pagos empiezan con 2,50 dólares semanales a viviendas en el noroeste

En Flor de Bastión, en el noroeste de la ciudad, Arturo, residente de uno de los bloques, cuenta que los cobros a las viviendas pueden comenzar en $ 2,50 semanales. Los hombres que llegan a exigir el dinero hablan de una supuesta protección.

“Ellos te dicen que es protección, pero son ellos mismos los que cobran para no hacerte nada”, relata.

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El monto, según su testimonio, aumenta dependiendo de lo que tenga cada familia. Si la casa tiene dos pisos, el valor sube; si hay un vehículo, se suma otro cobro, por lo que pueden terminar pagando más de $ 10 cada semana.

Para quienes tienen un negocio, la exigencia es diferente. En los establecimientos comerciales, Arturo señala que se puede pedir entre $ 1.500 y $ 2.000 como pago inicial, además de cuotas mensuales que van desde $ 50 hasta $ 300.

La presión no termina con la entrega del dinero. “No les cumples una semana y ya al siguiente día te van a amenazar”, afirma Arturo. El vecino asegura que una vivienda cercana a la suya fue baleada después de que sus ocupantes se negaran a pagar la denominada vacuna.

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Extorsiones en Guayaquil: problemas por control territorial

En Flor de Bastión, además, el cobro está atravesado por el control territorial de grupos delincuenciales. Raúl, otro vecino, explica que las zonas pueden estar divididas por calles o manzanas: una organización cobra hasta determinado punto y, al cruzar la calle, comienza el territorio de otra.

Según explicó, las disputas por esos cobros han provocado enfrentamientos y muertes.

En Monte Sinaí, otros residentes consultados por EXPRESO describen una modalidad distinta para las viviendas. Allí, los cobros pueden partir de $ 2 diarios. Aunque se trata de una cantidad aparentemente menor, la frecuencia convierte la exigencia en un pago constante para las familias que son sometidas a estas presiones.

“No exagero, pero con 2 dólares al día comen algunas familias aquí. Es un problema bravo el que tenemos”, dice Mariuxi, vecina de una cooperativa.

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Extorsiones en Guayaquil: Cierre de establecimientos por amenazas

En el sur, Carla, comerciante de la ciudadela La Floresta terminó cerrando su local de venta de cervezas y otros licores después de ser extorsionada.

El primer contacto ocurrió en 2024, cuando dejaron una nota en el establecimiento. Después llegaron dos hombres que le exigieron $ 200 mensuales bajo el argumento de que la protegerían de otras bandas. También amenazaron con secuestrar a su esposo.

La mujer comenzó a pagar, pero el valor fue aumentando: primero fueron $ 200, luego $ 500 y finalmente llegó a entregar cerca de $ 1.000 cada mes.

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Los cobros también incluían productos. Durante la Navidad de ese año, recuerda, le exigieron más de 12 cajas de cerveza. Ella las dejó afuera del local y los hombres las cargaron en una camioneta.

Dos meses después decidió cerrar, luego de que las amenazas alcanzaran a ella y a otros familiares al negarse a pagarles un aumento en la “tarifa” a $ 1.500.

Belén es propietaria de una picantería en el suroeste de la ciudad. Cuenta a EXPRESO que hace dos años la extorsionaron. Sujetos llegaron a su local para pedir un pago único de $ 5.000, cuyo objetivo era brindar un supuesto servicio de protección. Ella decidió pagar ese monto.

“No me han vuelto a molestar desde esa época”, señaló. Sin embargo, teme que en cualquier momento se aparezcan para pedir nuevamente un rubro fuerte.

El impacto alcanza también a quienes recorren los barrios para abastecer a las tiendas.

Mario, dueño de un establecimiento en Mapasingue oeste, explica que los repartidores han tenido que modificar sus recorridos, además de las extorsiones, por los robos que sufren en ese sector.

En lugar de ingresar con los camiones, los repartidores utilizan camionetas y avanzan hasta donde el acceso es permitido. Según su testimonio, deben pagar entre $ 10 y $ 20 para entrar al barrio, entregar la mercadería en las tiendas y salir del sector.

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La extorsión, sin embargo, no se limita a quienes distribuyen productos.

Una situación similar enfrentan los técnicos de empresas de tecnología que realizan trabajos de campo en el noroeste. Diego, uno de ellos, confirmó que los trabajadores deben llevar entre $ 10 y $ 20 por persona en efectivo, entregado por la misma compañía para que laboren, con el fin de ingresar a determinados sectores y evitar represalias.

“¿Sabe por qué hay gente que se queja que no tiene ciertos servicios durante días? Porque hay técnicos que no pueden entrar a esos sectores, por la peligrosidad”, comentó.

La primera vez que ingresó a Guerreros del Fortín, hace tres años, le robaron cables y herramientas al negarse a entregar dinero.

Decidí cerrar, porque comenzaron a amenazarme a mí, a mi familia, para que les pague más. Era una sensación tan indignante, no podía ni dormir.Carla, laboraba en La Floresta

En sectores como Pascuales, Mucho Lote 2 y Guayacanes, entre otros puntos del norte, propietarios de tiendas, ferreterías y panaderías deben pagar entre $ 50 y $ 300 mensuales, bajo amenazas de los extorsionadores, según contaron a EXPRESO.

Denuncias de extorsiones en cementerio municipal

Pero la extorsión también ha alcanzado otros espacios. Ciudadanos denunciaron supuestos cobros irregulares en el cementerio municipal Ángel María Canals, ubicado en el Suburbio porteño.

Las denuncias apuntan a exigencias de entre $ 200 y $ 500 para acceder a una bóveda dentro del camposanto, cuando los servicios en este espacio son gratuitos. Esta situación se encuentra bajo investigación de las autoridades.

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El costo de la extorsión va más allá del dinero: vidas perdidas, negocios que cierran y familias que se ven obligadas a abandonar viviendas adquiridas con el esfuerzo de toda una vida.

Los cobros siguen extendiéndose a nuevos sectores y actividades, y el desafío para las autoridades es contener un delito que continúa condicionando la vida cotidiana de los guayaquileños.

Lo que debe saber

• Guayaquil: El quintal pasó de $27 en julio a $37,50 en septiembre, según el SIPA.
• Octubre: El arroz Conejo se vende alrededor de $41,95, Oso Flor en $46,50 y el envejecido llega a $49,50 en algunas bodegas.
• La discusión: Comerciantes atribuyen el alza a la menor disponibilidad tras la cosecha, mientras agricultores piden transparentar las existencias nacionales.

El precio del arroz sigue subiendo y la escalada ya se siente en las bodegas y en el bolsillo de los consumidores. Agricultores, comerciantes y clientes finales coinciden en que el valor del grano mantiene una curva ascendente, aunque existen distintas explicaciones sobre las causas.

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Las cifras del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) muestran el cambio. En Guayaquil, el quintal de arroz pasó de $27 en julio de 2026 a $37,50 en septiembre. En Quito, en cambio, el precio pasó de $54,33 a $55 durante el mismo período.

En octubre, los comerciantes reportan nuevos incrementos.

De $29 a casi $50 en pocas semanas

José Luis Unda, experto en distribución y comercialización de alimentos de Prolimentos, explicó a Diario EXPRESO que en los primeros días de octubre el precio de algunas variedades continúa subiendo.

El arroz Conejo se comercializa en $41,95, mientras que el Oso Flor llega a $46,50 y el envejecido bordea los $49,50. Unda señala que esos valores corresponden a cargas que lograron conseguir a un precio relativamente menor.

En las piladoras, el Conejo ya se cotiza en alrededor de $44, el Oso Flor en $48 y el envejecido en $52.

El salto es considerable. Hace unas tres semanas, según Unda, esas mismas variedades se vendían aproximadamente en $29, $32 y $38,50, respectivamente.

El incremento ocurre después de que terminó la cosecha de arroz de verano, una de las principales del año.

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Agricultores cuestionan que el alza llegue al productor

José Luis García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó que hace unos 15 días terminó la cosecha de verano en Guayas y Los Ríos. En ese ciclo se habrían cosechado alrededor de 400.000 toneladas de arroz en cáscara.

Durante la cosecha, la saca llegó a pagarse hasta en $25. García sostiene que, una vez que disminuyó el volumen de arroz disponible inmediatamente después del pico de producción, comenzó el incremento del precio.

Sin embargo, cuestiona que este aumento esté beneficiando de manera general a los agricultores.

Según su explicación, buena parte del arroz ya había pasado a manos de intermediarios, por lo tanto el agricultor no se beneficia de los altos precios.

García también señala que las lluvias y las inundaciones en zonas tradicionalmente afectadas durante el invierno han generado preocupación entre comerciantes y consumidores. A su juicio, esa situación ha alimentado la percepción de que existe una escasez generalizada.

El dirigente sostiene que se debería transparentar cuánto arroz existe en el país y cuáles son las reservas disponibles. Según sus cifras, Ecuador consume unas 740.000 toneladas de arroz pilado al año, mientras que la producción nacional llegaría a unas 900.000 toneladas.

También señala que unas 10.000 hectáreas se han perdido por afectaciones climáticas, frente a unas 300.000 hectáreas que se siembran en el país, por lo que considera que la pérdida representa cerca del 3 % del área cultivada.

EXPRESO consultó a los gremios de industriales arroceros para conocer si las desconexiones eléctricas aplicadas a las industrias podrían estar incidiendo en el nuevo incremento del precio. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Según García las piladoras no trabajan los días en que deben tener generación electrica propia.

Lo que debes saber

• La anulación de la candidatura se resolvió durante un fin de semana sin derecho a la defensa.
• El fallo se fundamenta en una destitución de 2023 por negarse a designar a Wilman Terán.
• Se denuncia un trato diferenciado del TCE frente al caso de la exconsejera Rosa Chalá.

La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, cuestiona el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que anuló su candidatura, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sostiene que la impugnación sobre su probidad notoria carece de sustento jurídico, defiende su negativa previa a designar a Wilman Terán y denuncia un trato desigual respecto a otros aspirantes, anticipando acciones ante instancias internacionales y alertando sobre presiones políticas para controlar la designación de autoridades.

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- El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura, pero el TCE resolvió anularla por una denuncia electoral en su contra. ¿Por qué es improcedente?

Las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral están en contra de la democracia. Se me ha descalificado en un fin de semana en el que no se me permitió el debido derecho a la defensa. Nunca comparecí. No solamente afecta mis derechos y mi dignidad, porque se cuestiona mi probidad notoria, sino también los derechos de la ciudadanía a poder elegir de manera libre.

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- La denuncia en su contra cuestiona su probidad por la destitución que ordenó la Corte Constitucional en 2023. ¿Es argumento suficiente para descalificarla?

La probidad notoria tiene que ver con la conducta debida, con la trayectoria, con la honestidad. Nunca he tenido una responsabilidad penal, civil, ni siquiera una responsabilidad administrativa. Esa destitución, que fue dada por un supuesto incumplimiento de funciones, la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue admitida porque revisaron algunos puntos a considerarse, en los que prácticamente a mí se me destituyó por no designar a Wilman Terán.

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- ¿Todo se remonta a ese momento?

En un contexto en el que mis excompañeros estaban ya destituidos por la Asamblea Nacional, ya había sido una pelea durante meses por designar al presidente en la que demostré que quise designar; pero luego llega la terna donde estaba Wilman Terán y yo me opuse a elegirlo. Me destituyen por no elegir a Wilman Terán y ahora se cuestiona mi probidad notoria por no elegir a un hombre que está preso e involucrado en algunas acciones penales y civiles.

- ¿El TCE ha fallado diferente con otros candidatos?

Es contradictorio el fallo. Más allá de que se saltaron procedimientos, hay algunos candidatos cuyas impugnaciones, bajo las mismas causales y las mismas figuras, fueron rechazadas, y la mía fue aceptada. Es el caso de la exconsejera Rosa Chalá, con la que se actuó en derecho porque ella fue destituida también por la Asamblea Nacional y a ella también se le estaba impugnando la probidad notoria; en ese contexto, a ella se le da a favor y a mí se me da en contra. Aquí hay un direccionamiento claro en mi contra por parte del TCE.

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- ¿Queda algún recurso que pueda presentar para estar en la papeleta electoral?

No me aferro a una candidatura. A lo que sí me aferro es a la honestidad, a la transparencia, a la dignidad humana y a la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. No quiero que esto cree un precedente. Iré a las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.

- ¿Qué o quién está detrás de estos movimientos?

Lo indiqué en la ocasión en que fui presidenta: había presiones políticas para designar a las altas autoridades del Estado a conveniencia de ciertos grupos de interés. Lo denuncié en su momento y ahora lo sigo denunciando, porque es evidente que ese es el meollo del asunto. Nunca he dado pie a luchar a ultranza la designación de autoridades por parte del CPCCS porque he visto las presiones que tienen y cómo estos grupos tratan de apoderarse —y lamentablemente veo que lo han hecho— de las instituciones públicas.

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- ¿Cree que quitando la facultad de designación de autoridades termine ese interés político?

La democracia es lo que tiene que primar y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre si debe designar o no a las autoridades del Estado. En lo personal, he defendido la democracia y eso es lo que hay que respetar. Mientras el CPCCS tenga la atribución de designar autoridades, tiene que cumplirla a cabalidad porque así está en la Constitución.

Esta desesperación del Gobierno demuestra que no basta para asegurarse la victoria el operativo que se montó para descalificar a potenciales candidatos rivales, gracias al control de los organismos electorales, y para disuadir a otros de que se candidaticen, con amenazas de represalias de lo más variopintas. 

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La aparición de Noboa en un video grabado en una banca de la Plaza Grande de Quito y difundido por el órgano oficial El Universo (el operativo de seguridad para arreglar el escenario fue gigante y traumático para el Centro Histórico), lanzando la oferta para el programa Jóvenes en Acción, no hizo sino poner esta angurria electoral en escena.

El aumento de cupos para el nuevo programa

De entre todos los ofrecimientos hechos calculando la cercanía de las elecciones, sin duda, el más burdo es el del bono. El programa tenía inicialmente 150.000 cupos y ahora, cuando se acercan las elecciones, ese número saltó a 700 000. 

El aumento no es pelo de cochino: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original. Cada uno recibirá, según la promesa hecha por Noboa desde el Centro Histórico de Quito, 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, cosa que sería una tragedia para la economía del país, la transferencia alcanzaría la brutal cifra de 560 millones.

La propuesta es demencial, entre otras razones, porque la proforma presupuestaria de 2026 contemplaba apenas un millón de dólares para Jóvenes en Acción. La oferta del 1 de octubre equivale, por tanto, a unas 560 veces esa asignación y el Gobierno no ha explicado de dónde va a salir todo ese dinero. Aún más demencial es la promesa si se toma en cuenta que el Gobierno no ha sido capaz de comprar los medicamentos que gran parte de la población necesita. Además, su cumplimiento sería luego de los devastadores efectos que tendrá (ya está teniendo) el fenómeno de El Niño y la crisis energética que se está sufriendo.

La coincidencia con el calendario electoral

En el Gobierno dirán que se trata de una política social que el país necesita, pero el calendario electoral hace que esa afirmación sea mentirosa: las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están previstas para el 29 de noviembre de 2026. El primer pago de los nuevos Jóvenes en Acción está anunciado para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Más grosero no puede ser.

Y este no sería el primer episodio en el que una transferencia de liquidez del Gobierno coincide casi exactamente con una votación. En noviembre de 2025, antes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, Noboa dispuso adelantar el pago del décimo tercer sueldo de los servidores públicos. El pago comenzó el 11 de noviembre, apenas cinco días antes, y el Ministerio del Trabajo estableció que el pago completo debía efectuarse hasta el 14 de noviembre, apenas dos días antes de la consulta.

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El Gobierno explicó entonces que la medida buscaba inyectar liquidez, apoyar a las familias e impulsar el consumo. El propio SRI atribuyó posteriormente parte del aumento de las ventas de finales de noviembre de 2025 al adelanto del décimo. Pero el ‘timing’ no deja lugar a dudas: esto es clientelismo puro y duro.

Ahora se repite la escena con una escala mucho mayor. A los 560 millones de dólares prometidos para jóvenes se suma el adelanto del décimo tercer sueldo del sector público al 16 de noviembre de 2026, 38 días antes del plazo legal de diciembre. Y también aparece un feriado extraordinario el 20 de noviembre, tan solo nueve días antes de los comicios.

Las antenas parlantes del Gobierno sostienen que aquí no hay clientelismo, pero ninguna de ellas es capaz de responder a la pregunta política y fiscal: ¿por qué una administración que durante meses habla de restricciones presupuestarias termina multiplicando beneficios, adelanta pagos y agrega feriados justamente cuando se aproxima una elección decisiva?

No se trata de negar la necesidad de ayudar a los jóvenes ni de cuestionar que el dinero llegue a los hogares. El problema está en exigir que el Gobierno explique cuánto cuesta, de dónde saldrá, quiénes recibirán el beneficio, con qué criterios serán seleccionados y por qué el calendario de estas medidas coincide tan precisamente con las urnas. Y eso, al menos hasta ahora, no ha ocurrido.

Más allá de la coyuntura electoral y del problema fiscal, este episodio señala algunas cosas sobre las que la academia y los politólogos deberían reflexionar: cómo los regímenes autoritarios y antidemocráticos que deben legitimarse en elecciones recurren a estos recursos de clientelismo puro. Ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela cuando gastó 2,6 mil millones de dólares en la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, antes del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Chávez llegó a reconocer el componente político de su decisión. En una declaración de 2004 explicó que después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las ‘Misiones’ y que con ellas comenzaron a remontar en los sondeos.

Lo que debes saber:

• Carishinas en Bici enseña ciclismo urbano a mujeres de todas las edades en Quito.
• El colectivo de ciclistas cumplió 16 años de fundación en agosto del 2026.
• Jazz Armas es una de las carishinas en bici, enseñan de forma personalizada, a niñas y también a adultas mayores, también a hombres.

Cuando Jazz Armas era niña, solía pedirle a su padre que le comprara una bicicleta. Ese día nunca llegó. Tuvo que esperar hasta 2013, cuando comenzó a trabajar en el Instituto Geográfico Militar, en El Dorado, para descubrir en ella, una forma de desplazarse por Quito. 

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Para llegar hasta allí y volver a su casa, ubicada entonces en la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas, se acercaba a la primera estación de la BiciQ.

Poco después se incorporó a un colectivo de ciclistas. En sus salidas aprendió algunas de las habilidades que necesitaba para moverse en bicicleta por la urbe. Más tarde, enseñó a manejar a niños en un curso vacacional y conoció a otra carishina, Daniela Barragán. 

Luego la invitaron a ser instructora en Tena y, finalmente, a formar parte de Carishinas en Bici, que en agosto del 2026 cumplió 16 años.

Mientras habla, Jazz limpia su bicicleta, una GER 700x26, ligera y rápida gracias a sus llantas delgadas. “Es fácil de transportar, yo la carga con un brazo sin problema si hay grados en el camino”, explica.

No es su primera bicicleta. Antes tenía una Eagle, rin 26, de montaña básica, que utilizaba tanto para recorrer largas distancias como para moverse por la ciudad. Pero, se la robaron. 

Como buena 'carishina' tiene una segunda bicicleta, una MTB, para montaña. "Es más pro, frenos hidráulicos, bloqueo de suspensión al volante, componentes de gama alta. Se llama Espartana".

¿Por qué pedalear por la capital?

Jazz está convencida de que todas las mujeres deberían tener la posibilidad de aprender a montar en bicicleta. “A las mujeres nos dio libertad”, dice. 

Para ella es una herramienta de emancipación. Recuerda que hubo una época en la que las mujeres no podían salir solas y que, incluso para pedalear, debían llevar vestido.

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"Es más que un instrumento para movilizarnos. Mi cuerpo es mi motor: enseña a cuidar la postura, a ubicar las piernas. La bicicleta empodera. Nos cambió la vida. A los hombres quizás, les dio estatus", reflexiona.

Y en ese sentido, Jazz Armas, quien es comunicadora, subraya que el nombre del colectivo resignifica la palabra “carishina”, un término kichwa que hace referencia a una mujer que no quiere hacer aquello que normalmente se espera de ella y que, en determinados contextos, también se ha relacionado con quienes hacen actividades consideradas propias de los hombres, como montar en bicicleta.

La iniciativa de fundar un colectivo llamado Carishinas en Bici fue impulsada, entre otras, por la estadounidense Charlotte Fagan y la quiteña Sofía Gordón, hace 16 años.

Hoy, Jazz, quien trabaja con el equipo de gestión del colectivo, disfruta especialmente cuando puede sumar nuevas alumnas y alumnos. Las carishinas enseñan a niñas y niños pequeños que todavía no saben montar hasta jóvenes y mujeres mayores a quienes alguna vez les dijeron que la bicicleta era cosa de hombres.

Por ejemplo, ella tiene en mente la historia de tres hermanas de más de 60 años, que durante toda su vida soñaron con aprender a pedalear. Su madre nunca se los permitió. Cuando ella murió, las tres se propusieron cumplir ese deseo.

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Una de ellas fue alumna de Jazz. El día que consiguió pedalear sola durante un tramo, se rompió en llanto. Las dos se abrazaron. La mujer solo podía repetirle una frase: “No sabes lo que significa para mí”.

La escuela de ciclismo urbano de las Carishinas, de Quito

Son esos momentos los que las Carishinas en Bici quieren multiplicar: mujeres que, a cualquier edad, descubran que también pueden aprender, pedalear y avanzar por sí mismas.

Ellas mantienen la escuela de ciclismo urbano, que es autogestionada, por lo que reciben $ 59 por las cinco clases de una hora y media cada día, personalizadas. Una instructora acude a donde pida la pupila, puede ser su domicilio, un parque cercano. 

Se puede tomar los niveles básico, intermedio o avanzado. Aprenden desde el equilibrio para manejar, sortear curvas cerradas y abiertas, cambiar de marchas, frenar y estar listas para circular en el tráfico. Jazz admite que ella no ‘ratonea’ entre los carros, prefiere usar las ciclovías.

”A todas las pupilas, niñas, mujeres de 70 y 80 años que preparamos como bicimensajeras, les decimos que seguro se caerán. Ese es su mayor miedo y nos frena. Les damos herramientas para no hacerse daño y levantarse”.

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Lo que debes saber

• Cuenca ofrece un antecedente de las seccionales de 2023.
• La proporción de electores rurales varía entre territorios.
• En Manabí, el voto nulo añade un elemento a la disputa por la Prefectura.

Si el voto de las grandes ciudades vuelve a dispersarse entre varias candidaturas, la definición de algunas alcaldías podría mirar hacia sus circunscripciones rurales, observan expertos en materia electoral. Aunque el peso de esos electores no será igual en todo el país, podrían volverse decisivos allí donde su presencia sea significativa debido a una votación dividida en las urbes.

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Un antecedente que vuelve a escena

Ese escenario no parte de una hipótesis aislada, sino de una dinámica que ya tuvo un antecedente en las seccionales de 2023, menciona Andrés Obando, analista político. En Cuenca, Cristian Zamora ganó la Alcaldía con 18,58 % de los votos, y alrededor del 40 % de ese total provenía de las zonas rurales de la urbe.

El experto considera que una dinámica similar podría presentarse en los comicios de noviembre de 2026. Que “la ruralidad también vuelva a poner esa dinámica de Cuenca” en otras ciudades es una posibilidad, en un escenario de proliferación de candidaturas y fragmentación electoral.

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El peso electoral cambia según cada ciudad

Wilmer Suárez, director del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro, plantea que el impacto deberá medirse según el porcentaje de la población rural de cada ciudad. Estima que la ruralidad representa el 38 % del voto, pero advierte que existen diferencias importantes entre territorios.

Quito, por ejemplo, tendría alrededor de un 15 % de ruralidad y Guayaquil cerca del 5 %, mientras Portoviejo alcanzaría 28 % y El Oro 30 %, según Suárez. Esas proporciones hacen que una misma fragmentación electoral no tenga necesariamente las mismas consecuencias en todas las ciudades.

Por eso, la pregunta no sería únicamente cuántos votos reúne la ruralidad, sino cuánto representa frente a un electorado urbano dividido. Suárez dice que “si hay ciudades que tienen bastante dispersión del voto” y existen tres o cuatro candidaturas con opciones, es evidente que “va a tener mayor impacto probablemente lo rural”.

Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, señala que la incidencia no solo se limita a los cabildos. Sostiene que ese electorado ha tenido históricamente un papel importante en la definición de prefecturas y en las alcaldías de las ciudades más pequeñas de las provincias. En Guayas, por ejemplo, representa alrededor del 40 % del total de la población.

Para Obando, los comicios seccionales tienen una característica que favorece esta lectura territorial, lo que obliga a que las candidaturas no traten al electorado rural como un bloque uniforme. “Se microsegmenta en el territorio”, explica Obando, debido a que cada junta parroquial, concejalía rural, alcaldía o prefectura responde a realidades propias.

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Manabí suma una variable a la contienda

Un caso particular será Manabí, donde la disputa por la Prefectura tendrá un componente adicional: la Revolución Ciudadana promueve el voto nulo luego de que sus dos opciones para esa dignidad, Luisa González y Jaime Estrada, quedaron fuera de la contienda. Para Moscoso, el impacto de esa estrategia será medida en las urnas el 29 de noviembre, aunque, a su juicio, no producirá un efecto jurídico que lleve a una nueva elección.

Ese escenario podría introducir otra variable en la relación entre voto urbano y rural. Wilmer Suárez subraya que en Manabí existe “una eventual polarización entre dos candidatos”. Por eso Nicanor Moscoso recuerda que el correísmo ha mantenido históricamente un respaldo elevado en esa provincia, tanto en zonas urbanas como rurales, por lo que ha sido considerada como su bastión político.

Eso hace que la estrategia de campaña sea otro elemento para determinar si ese voto termina trasladando su peso electoral a una candidatura. No obstante, Suárez advierte que en provincias grandes como Guayas, Pichincha y Manabí, será difícil que los postulantes nuevos logren instalarse en el espectro rural en poco tiempo “si no van al territorio”.

Productos ecuatorianos con sello internacional

• Origen by Jorge Rausch celebró su primer año en Quito con una cena de cinco tiempos que reflejó la evolución de una carta que combina la cocina de autor del chef colombiano con productos ecuatorianos.
• Rausch repasó los cambios del restaurante, sus platos favoritos y sus visitas al país, y aseguró que Origen es apenas el punto de partida de futuros proyectos en Ecuador.

La celebración empezó con un pequeño bocado de morrillo estofado en cerveza, servido con alioli y pan de masa madre. Después llegó el pez brujo: un ceviche en leche de tigre de liches, acompañado de yacón, cebolla y una espuma de coco con aguardiente de caña manabita.

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Hubo también una croqueta de risotto rellena de tartufato; róbalo a la plancha con puré de coliflor, espuma de papa amarilla y salsa de ostras; y un rib eye acompañado de hummus, beurre noisette y una ensaladilla de camarones.

El cierre llegó con un falso coco de crema de queso bañado en cacao al 70 %, relleno de mango rostizado y matcha, y acompañado de helado de jengibre. El menú no pertenecía a la carta habitual. Fue creado para una cena de cinco tiempos que, con música en vivo, marcó el primer aniversario de Origen by Jorge Rausch en Quito.

El chef colombiano regresó a Ecuador para encabezar la celebración. Había pasado un año desde que el restaurante abrió sus puertas en La Floresta, en la esquina de Francisco Salazar y Toledo. Era su primer proyecto gastronómico en el país y una idea que, antes de convertirse en un restaurante, había comenzado con una llamada telefónica.

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Detrás de esa llamada estaba Bolívar Lozada, empresario quiteño que llevaba varios años pensando en abrir un espacio propio. Su interés por la cocina había empezado mucho antes, entre reuniones familiares, asados y ahumados, pero alrededor de 2020 la posibilidad de convertir esa afición en un negocio comenzó a tomar forma. Para 2024, el proyecto ya tenía un espacio y una primera propuesta gastronómica. Faltaba encontrar a quien pudiera llevarla hacia la cocina de autor que buscaban.

Lozada consiguió el número del chef y lo llamó desde Guayaquil. Hablaron durante unos diez minutos, y tres semanas después llegó la respuesta del aclamado chef: el proyecto podía arrancar.

El interés, además, era mutuo. Rausch llevaba varios años pensando en desarrollar un proyecto gastronómico en Ecuador cuando encontrara el lugar y los socios adecuados. De esa intención salió también el nombre: Origen debía ser el punto de partida de una nueva etapa en el país después de más de 25 años de trayectoria y de desarrollar restaurantes en mercados como Colombia y Panamá.

Una carta en movimiento

Doce meses después, la carta con la que abrió Origen sigue siendo reconocible. Algunos platos han salido, otros se han incorporado por temporadas y las cenas de degustación se han convertido en el espacio para probar nuevas preparaciones. El chef, sin embargo, prefiere que esos cambios sean graduales: sabe que hay comensales que regresan buscando aquello que ya probaron.

“Ha cambiado uno que otro plato. Hacemos este tipo de cenas de degustación, donde sacamos platos nuevos, pero tratamos de mantener la carta sin tantos cambios. Quiero que evolucione, pero también hay gente que se enamora de ciertos platos y uno quiere que vuelva y los encuentre”, explica.

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Actualmente, la carta reúne alrededor de 30 opciones entre entradas frías y calientes, platos fuertes y postres. No se trata de cocina ecuatoriana, sino de la cocina de autor trasladada al país: una propuesta contemporánea, de marcada influencia francesa, que incorpora productos provenientes de distintas zonas del país.

Y son precisamente esos ingredientes los que han marcado parte de su experiencia durante este primer año. Rausch destaca especialmente los pescados y mariscos locales —atún, camarón y langostinos—, además de especies como el brujo de Galápagos.

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Cuando se le pregunta cuáles se han convertido en favoritos, este separa los del público de los suyos.

“A la gente le encanta la sopa de cebolla. A mí me encantan las mollejas y el tiramisú. En realidad, me encantan todos, pero esos están entre mis favoritos”, cuenta.

La sopa de cebolla está en el menú desde la apertura, gratinada con queso gruyer y acompañada de pan de masa madre. Otro de los platos que permanece es el Mero à L’ancienne, una receta de inspiración francesa que lleva cerca de dos décadas en la cocina de Rausch y que, para su llegada a Quito, fue reformulada.

Una cocina entre dos países

Mantener el proyecto implica encontrar espacio en una agenda que se divide entre restaurantes, televisión, producción de contenido, clases y, recientemente, teatro. Rausch tampoco establece un calendario fijo para sus visitas a Ecuador: puede pasar algunos meses sin venir y luego regresar dos veces en pocas semanas.

“Esa es mi vida: dividir el tiempo entre todas las cosas que se me ocurren hacer y tratar de hacerlas bien”, explica.

Cuando él no está, Hugo Mora mantiene el vínculo con la operación quiteña y viaja para trabajar directamente con el equipo en procesos de capacitación, supervisión y desarrollo. En el día a día, la cocina está a cargo del chef ecuatoriano Fernando Silva.

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Mariella Toranzos

Las visitas de Rausch suelen coincidir, además, con cenas especiales o momentos en los que se prueban nuevas preparaciones. Es entonces cuando recibe de manera directa parte de los comentarios de quienes han seguido al restaurante durante estos doce meses. Algunos clientes han regresado más de 15 veces; otros han llegado desde fuera de Quito para participar en los eventos.

Cumplido el primer año, el plan tampoco pasa por transformar radicalmente lo construido. El chef habla de seguir ajustando platos, crear nuevos menús de degustación y organizar eventos mientras Origen continúa desarrollando su propuesta.

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Por lo pronto, tampoco adelanta cuál será el siguiente proyecto que llevará su nombre en el país.

“Por ahora tengo este proyecto y con este tengo suficiente. Tengo mucho trabajo. Pero esto se llama Origen porque es el origen de mis cosas en Ecuador. Vendrán más cosas, pero vamos con paso firme”.

Lo que se sabe

• El precio actual de la funda de dos kilos de azúcar oscila entre $1,74 y $2,38 en supermercados y tiendas en línea, según la marca y el tipo de azúcar (blanca o morena).
• Según el consultor Santiago Jaramillo, la caña que quede sin cosechar en el campo podría registrar una pérdida de productividad de entre 20 % y 25 %, dependiendo de cómo evolucione el clima.
  
• 8.295 trabajadores y 55.331 hectáreas registra el censo agropecuario de la Prefectura del Guayas en el cultivo de caña.

Las lluvias adelantadas asociadas al fenómeno de El Niño interrumpieron la zafra 2026 en los principales ingenios azucareros de Ecuador. La molienda se detuvo esta semana, lo que llevará a importar azúcar para abastecer el mercado interno y podría repercutir en su precio.

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El Ingenio San Carlos anunció el cierre de su zafra debido a las lluvias, que, según Augusto Ayala, su vicepresidente administrativo, dejaron hasta 100 milímetros en una sola noche y dificultaron el ingreso de maquinaria a los campos sin dañar la cepa. Asimismo, Agroazúcar (Ingenio La Troncal), concluyó su zafra de forma anticipada el 30 de septiembre. El Ingenio Valdez no ha publicado un comunicado oficial, aunque Ayala, quien además preside la Federación Nacional de Azucareros (Fenazúcar), afirmó que también tuvo que hacer lo mismo.

Ayala fue claro: "Es indispensable traer azúcar de fuera. Las existencias que tenemos en el país no alcanzan". Fenazúcar ya pidió autorización al viceministerio de Agricultura para importarla. Ángel López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro (APCAM), coincide en que no debería haber desabastecimiento, porque los ingenios traerían azúcar de Centroamérica, Brasil o Colombia para reensacarla. Hasta el año pasado, recuerda, Ecuador era autosuficiente.

La duda está en el precio. López considera que subirá, pues "traer azúcar de afuera es mucho más caro que producir internamente". Por ahora no hay cifras ni proyecciones oficiales: el efecto en el bolsillo es una posibilidad y su magnitud depende de cuánto cueste importar y de que se eviten aumentos especulativos.

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La especulación, otro frente abierto

Como referencia, hoy, 1 de octubre, el azúcar en presentación de dos kilogramos se vende en supermercados y tiendas en línea entre $1,74 y $2,38, según la marca y si es blanca o morena. Es el punto de partida para medir si hay variaciones en las próximas semanas.

El consultor agrícola Santiago Jaramillo matiza el panorama, puesto que no todos los ingenios han parado. Menciona que los más pequeños, como los de Loja e Imbabura, siguen operando. Estos concentran una oferta mucho menor y, según explica, tendrán un aporte al abastecimiento del consumo doméstico y familiar, pero no necesariamente el industrial. 

Para Jaramillo, el rol central del Estado es evitar la especulación. "Si el Estado no puede mitigar, es ineficiente en cuanto a las medidas, por lo menos que controle la especulación", sostiene. Su preocupación es que, ante la escasez de un producto, el ambiente se "caliente" y los precios suban sin justificación. Su llamado no es a fijar precios, sino a evitar que el impacto llegue al consumidor por esa vía.

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Las zonas productivas de caña enfrentan impactos distintos

La zafra no se detuvo en todo el país por igual. En Pacto, al noroccidente de Pichincha, el productor Manuel Vargas cuenta que su producción de caña de altura no ha parado, porque los terrenos son muy irregulares y el agua fluye. Su caña se destina a panela, panela en polvo y aguardiente, aunque reconoce que su volumen es reducido frente al de las plantaciones del Guayas.

Allí, las lluvias tempranas también se sienten, aunque de otra manera. Vargas estima el impacto en un 20%, debido a que la tierra floja se desliza y la humedad voltea las matas de caña, lo que reduce la producción. Además, los derrumbes dañan los caminos de acceso y, en ocasiones, afectan los puentes, lo que complica sacar el producto.

En el Guayas el panorama es distinto. Jaramillo precisa que se trata de una cosecha detenida, no de una pérdida total. La caña que se queda en el campo se deteriora y podría perder entre 20 % y 25 % de productividad y calidad, aunque el impacto final dependerá del clima: "No sabemos la intensidad de lo que pueda pasar de aquí para adelante". La paralización también afecta a la cadena: melaza, alcohol para el combustible Ecopaís y generación eléctrica. Ayala indicó que San Carlos aportaba 40 megavatios (MW) al sistema nacional que, desde el 1 de octubre, "no van a existir".

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Para los trabajadores, el golpe es inmediato. Ayala informó que los contratos de temporada terminan esta semana y que solo continuará el personal estable. El boletín con el que San Carlos anunció su zafra en julio hablaba de más de 4.000 empleos directos e indirectos en su zona de influencia. En el Guayas, el primer censo agropecuario de la Prefectura registra 55.331 hectáreas de caña y 8.295 trabajadores, sobre todo en Milagro, Marcelino Maridueña y El Triunfo.

López enumera a quienes quedan sin actividad: transportistas, mecánicos, alzadores, maquinistas y personal de seguridad. Los cañicultores que no alcanzaron a cosechar no tendrán ingresos mientras siguen con deudas de operación.

La prevención entra en juego

El Plan de Acción Nacional ante El Niño ya alertaba que las inundaciones comprometen los cultivos de exportación y la agroindustria de la costa, con Guayas a la cabeza con 268.761 hectáreas, sobre todo de arroz, caña industrial, banano y cacao. 

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Por eso, Jaramillo advierte que lo ocurrido con la caña es un aviso para otros cultivos, aunque los efectos no serán iguales. En la Costa recomienda reforzar el drenaje y el manejo sanitario por el exceso de humedad, además de contar con seguros agrícolas que funcionen.

A su juicio, el actual programa de aseguramiento agrícola subvencionado por el Estado no cumple ese papel: 16 años después del lanzamiento de Agroseguro, el esquema mantiene el mismo modelo y una cobertura deficiente. Hoy opera bajo la denominación de AgroProtege, con $17,8 millones anunciados para cuatro años, unos $4,45 millones anuales, que según Jaramillo permitirían asegurar apenas entre el 2 % y 3 % de los cerca de 2 millones de hectáreas cultivadas del país.

En cuanto al arroz, el consultor agrícola considera que será uno de los cultivos más afectados y recomienda no sembrarlo en zonas bajas. En cambio, ve posibilidades para el maíz en zonas altas y ventajas para el banano tecnificado.

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Mientras que, en la Sierra, donde podría haber sequía, sugiere no sembrar sin riego. La clave, dice, es anticiparse: "Todo es predecible bajo un plan integral". Si ese plan existe, añade, "no lo hemos visto todavía".

Diario EXPRESO consultó ayer a la Prefectura del Guayas sobre el impacto real de la crisis en trabajadores y cañicultores, la planificación ante El Niño y las acciones previstas para sostener a los cañicultores mientras no haya liquidez; y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber 

• Wilson Merino dejó el Concejo Metropolitano en agosto y busca la Alcaldía de Quito con Imparables.
• En 2023 llegó al Concejo con la Revolución Ciudadana, pero después se declaró independiente y criticó a Pabel Muñoz.
• - Su trayectoria incluye activismo social, experiencia pública, formación académica y un patrimonio declarado de $1,65 millones.
  

Wilson Merino llega a las elecciones seccionales después de cerrar un ciclo de tres años en el Concejo Metropolitano. En agosto renunció a su cargo para disputar la Alcaldía de Quito. 

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Su recorrido político tiene una particularidad. En 2023 llegó al Concejo gracias a una alianza con la Revolución Ciudadana (RC). Fue elegido concejal por la circunscripción Centro. En aquel momento, incluso participó en las conversaciones del bloque correísta para la conformación del nuevo cuerpo colegiado.

La relación política, sin embargo, se fue deteriorando. Al poco tiempo, Merino terminó declarándose independiente y pasó a cuestionar públicamente la gestión del alcalde Pabel Muñoz.

En febrero de 2026, por ejemplo, presentó junto con vecinos una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura. También ha objetado el proceso de contratación pública para la adquisición de 60 trolebuses.

Así, su crítica al alcalde se volvió uno de los elementos centrales de su posicionamiento político. En entrevistas, ha calificado a la administración de Muñoz como una gestión que ha “reprobado”.

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De la alianza con la RC a su propio movimiento

El salto definitivo llegó con Imparables, organización que nació originalmente como un colectivo ciudadano y que obtuvo personería jurídica como movimiento político provincial el 17 de julio de 2025, tras una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De cara a las próximas elecciones, Merino tomó un camino distinto al que lo llevó al Concejo, pues en lugar de una alianza decidió apostar por su propio movimiento, Imparables.

Antes de convertirse en concejal, el candidato ya tenía una trayectoria pública vinculada principalmente al activismo social, el emprendimiento y la participación ciudadana.

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Una parte importante de su perfil está asociada a la Fundación Cecilia Rivadeneira, que fundó en 2004 en memoria de su madre, quien tenía ese nombre y murió de cáncer.

Merino ha contado que la experiencia de acompañar a su madre durante la enfermedad y conocer la realidad de las familias de pacientes oncológicos marcó su posterior actividad social.

Ese activismo también tuvo una dimensión política antes de que buscara un cargo de elección popular. En 2016 participó en la Red Acuerdo Nacional Contra el Cáncer, que impulsó una propuesta legislativa respaldada por más de 159.000 firmas. La iniciativa planteaba, entre otros aspectos, la creación de un sistema nacional para coordinar las políticas de lucha contra el cáncer.

En 2019 lideró el Cabildo Cívico de Quito, un espacio de consulta, propuesta y control social. Su biografía también registra su participación en iniciativas de educación y participación ciudadana.

Formación, sector público y patrimonio

En el ámbito profesional, Merino es ingeniero comercial. Su formación de posgrado está vinculada a la gestión, la innovación y la política. Su perfil académico incluye un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona (2019). Y es magíster en Política Comparada por Flacso Ecuador (2022).

Su paso por el sector público se inició en 2020, en ConQuito, en la administración de Jorge Yunda. En cuanto al ámbito empresarial, en los registros de la Superintendencia de Compañías figura como gerente general en Get & Go Publicidad Cía. Ltda.

En materia patrimonial, la última declaración presentada ante la Contraloría, correspondiente a 2026 y registrada cuando era concejal, reporta un patrimonio total de $1’656.360,19: $1’670.315,36 en activos y $13.955,17 en pasivos.

Un año antes, en su declaración de 2025, registró un patrimonio de $2’137.267,85. Así, entre ambas declaraciones, el patrimonio declarado se redujo en aproximadamente $480.908.

Sobre el impuesto a la renta, la información pública del Servicio de Rentas Internas registra pagos de $1.750,81 en 2025, $1.625,75 en 2024 y $1.182,03 en 2023. En 2022 canceló $398,23.

¿Cómo ven analistas su perfil?

El analista político Rodrigo Jordán menciona que el conocimiento previo de los votantes es un factor relevante en una elección. Señala que Merino llega con cierto reconocimiento derivado tanto de su paso por el Concejo como de las confrontaciones públicas que mantuvo con Pabel Muñoz.

 Pero recalca que buena parte de los electores no sigue los detalles de la actividad política en general y que, por ello, el conocimiento que una candidatura tiene entre el electorado no necesariamente equivale a conocer su trayectoria o sus propuestas en profundidad.

Jordán también identifica un espacio político para una candidatura que no sea continuidad de la administración vigente ni retorno de una administración anterior. En ese contexto ubica a Merino como una alternativa que llega con experiencia institucional, pero sin haber ocupado antes la Alcaldía.

Otro punto que plantea el analista es el contenido programático. Menciona que la discusión electoral todavía necesita aterrizar en propuestas concretas sobre seguridad, movilidad y obras emblemáticas, más allá de la confrontación entre figuras políticas.

La analista Gabriela Guerrero señala otro aspecto. Recuerda que el candidato fue construyendo un nicho político a través de su trayectoria social y encontró en la concejalía una plataforma para ampliar ese capital político. 

Considera que su experiencia como edil le permite afirmar que conoce los problemas de Quito y el funcionamiento de la administración municipal. Pero hace una distinción: haber ejercido una concejalía no equivale necesariamente a tener experiencia como administrador de una ciudad.

También identifica una tensión en su trayectoria, ya que llegó al Concejo en una alianza con la RC y posteriormente se convirtió en uno de los críticos de Pabel Muñoz. Esa evolución forma parte inevitable de la historia política con la que ahora se presenta ante los votantes.

Lo que debes saber

• El PSC deja la carrera por la Alcaldía de Samborondón tras casi 30 años de hegemonía política.
• Niels Olsen y ADN capitalizan el voto afín a Noboa ante la retirada del socialcristianismo.
• Con renuncias e impugnaciones, la contienda electoral en Samborondón queda corta y desigual.

Juan José Yúnez fue reelecto en 2023 con el 63,54 % de los votos. Dos años después, en la segunda vuelta de abril de 2025, Daniel Noboa obtuvo en el mismo cantón el 61,27 %, y en noviembre de 2025 Samborondón fue el único de los veinticinco cantones del Guayas donde el Sí ganó las cuatro preguntas del referendo, con un promedio de 55,39 %. Hasta ahora, el voto por la familia en lo local y por Noboa en lo nacional nunca se habían cruzado en una misma papeleta. El 29 de noviembre tampoco lo harán. Por primera vez desde 1996, el Partido Social Cristiano no tendrá candidato a la Alcaldía de Samborondón y correrá solo con concejales.

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Las renuncias sucesivas en la lista socialcristiana

En julio, María Belén Yúnez, hermana del alcalde y nominada por el PSC, renunció a su precandidatura sin explicar sus razones de fondo. Su reemplazo, Carlos Alvear, exvicealcalde y concejal por La Puntilla, llegó a inscribirse y ahora también desistió. Dos distanciamientos sucesivos de esa lista a la misma candidatura y sin razones públicas admiten varias lecturas, y ninguno de sus protagonistas ha ofrecido la suya. Lo que sí puede medirse es el efecto. Tres décadas de gestión no tendrán quién las defienda en la papeleta de alcalde, y el elector no podrá premiarlas ni castigarlas. La disputa pierde, además, a la única fuerza con una estructura comparable a la del partido de Gobierno.

El trasvase del electorado tradicional hacia ADN

En 2023, el 63,54 % del cantón votó por Yúnez. En noviembre, esos votantes no encontrarán en la papeleta de alcalde ni su apellido ni su partido, y su destino no será aleatorio. En la segunda vuelta de 2025, Noboa obtuvo en Samborondón un porcentaje casi idéntico, y es razonable suponer que buena parte de ese electorado es el mismo, de centroderecha y con poca simpatía por el correísmo. Para ese votante, el camino más corto lleva a Olsen. Silva conserva el vínculo familiar y le habla a la cabecera y a Tarifa, pero su candidatura nació en el correísmo antes de terminar en CREO, y en ese mismo balotaje Luisa González no pasó del 38,73 % en el cantón.

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Niels Olsen y el peso del oficialismo en el cantón

ADN nominó primero a Niels Olsen para Guayaquil y a Arianna Burgos para Samborondón, pero días después Olsen fue reubicado en el cantón y Burgos terminó como candidata a concejal. Expresidente de la Asamblea y exministro de Lasso y de Noboa, Olsen encarna como pocos al elector que votó por ambos, y las renuncias en la lista socialcristiana cotejaron el camino antes de que empezara la campaña. Esa ventaja es también su obligación. Si el oficialismo no gana en el único cantón que le dijo Sí a todo en el referendo, y en el que la fuerza que lo gobernó durante tres décadas ni siquiera estará en la papeleta, habrá perdido entre los suyos y con el terreno despejado.

La candidatura impugnada de Juan Carlos Silva Nowak

El único resto del linaje que queda en la papeleta es Juan Carlos Silva Nowak, primo del alcalde. Debía competir con el casillero correísta de Amigo, y cuando el movimiento fue suspendido terminó inscrito por CREO. Según el medio digital La Defensa, le congelaron las cuentas a él y a varios de sus familiares, y aunque la Junta Provincial y el CNE calificaron su candidatura, ADN la impugnó. El efecto político antecede a cualquier sentencia. Silva hace campaña con sus fondos bloqueados y la candidatura en disputa.

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María José Agusto: la alternativa técnica de Centro Democrático

En ese tablero, la candidatura de María José Agusto, de Centro Democrático, pesa más de lo que parece. No pertenece al partido de Gobierno ni viene del correísmo, y eso la convierte en el destino posible del votante socialcristiano que no quiere votar por el oficialismo ni cruzar hacia Silva. Ese votante podría existir. Es el socialcristiano de tradición que votó por Noboa para frenar al correísmo, pero cuya lealtad municipal es anterior al noboísmo y que podría resentir las renuncias de cuadros socialcristianos. Agusto dirigió hospitales del IESS y del Ministerio de Salud y puede insertar la crisis sanitaria dentro de sus temas de campaña, considerando que es un flanco que interpela directamente al Gobierno. Una de sus desventajas podría ser que el partido por el que se postula no tiene arraigo histórico en el cantón.

Escenario electoral: una papeleta reducida y desigual

Lo que queda es una papeleta corta y desigual en recursos. Un candidato con la estructura de un partido de Gobierno y un electorado que ya votó por su presidente. Una candidata con perfil técnico y un partido que aún debe construir su lugar en el cantón. Y otro postulante que compite con las cuentas congeladas y la candidatura impugnada. En una elección de una sola vuelta, cada retiro y cada restricción achican la competencia, y una competencia achicada favorece a quien llega con más recursos y menos obstáculos. Quien gane lo hará en una competencia estrecha y ese origen pesará sobre su legitimidad más que cualquier porcentaje.

¿Qué ocurre con las obras en Guayaquil?

• Las obras en Guayaquil acumulan retrasos, molestias y reclamos ciudadanos.
• Alborada, Urdesa, Juan Tanca Marengo y Pradera 3 enfrentan cuestionamientos mientras el Municipio advierte que las lluvias podrían modificar los cronogramas.

Cinco meses llevan los comerciantes y moradores de la Alborada soportando polvo, dificultades para circular y, como ya lo denunciaron, números rojos en sus negocios. La intervención en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur debía completar su primera etapa en ese periodo, pero el plazo venció y los trabajos todavía no concluyen.

La obra comenzó en marzo de 2026 en el tramo comprendido entre las avenidas José María Egas y Agustín Freire, con un plazo de ejecución de cinco meses para esta primera fase. Sin embargo, la intervención continúa y el retraso también mantiene pendiente el inicio de la segunda etapa.

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El malestar llegó incluso a las calles, cuando ciudadanos protestaron con pancartas y consignas para reclamar por el avance de los trabajos y exigir respuestas al Municipio. La institución respondió a través de sus redes sociales y explicó que la obra continúa, pero que a la altura de la calle José María Roura se encontraron “condiciones subterráneas preexistentes que obligaron a ajustar la intervención”.

“El objetivo es integrar todo el corredor y completar la recuperación de la Alborada con una infraestructura segura y duradera”, señaló la institución y agregó que, de acuerdo con su ruta técnica, proyecta el cierre integral de este tramo para diciembre de este 2026.

Municipio de Guayaquil explica y cuestionamientos persisten

La explicación, sin embargo, no ha frenado los cuestionamientos ciudadanos. El ciudadano Óscar Betancourt expresó su malestar. “Según el plazo que estipularon ustedes, ya está fuera de tiempo. Si no tienen bien clara la idea, ¿para qué destruyen las calles si se van a demorar en resolver? Ustedes nos están perjudicando y mucho”, cuestionó.

Comentarios similares se multiplican entre moradores y comerciantes de esta zona, una de las de mayor actividad comercial del norte. Pero la obra en la Rodolfo Baquerizo Nazur no es la única que genera inquietudes.

En Guayaquil también existen otros proyectos que han enfrentado cuestionamientos ciudadanos por su lento avance o por las molestias que generan mientras permanecen en ejecución. Una de esas obras es el soterramiento de cables en Urdesa, donde los moradores todavía cuestionan la presencia de cableado en las calles pese a la intervención.

Otra es el paso elevado de la avenida Juan Tanca Marengo. El proyecto comenzó en septiembre de 2025 y contempla un plazo de ejecución de 20 meses. Con ese cronograma, la finalización de la obra está prevista para mayo de 2027. Actualmente registra un avance del 66 %.

Las molestias también alcanzan a quienes deben circular por los alrededores. Carlos López, por ejemplo, describe como un caos el paso por Martha de Roldós, debido a las restricciones de circulación generadas por los trabajos.

“Todos los carros se juntan para tratar de pasar por los dos únicos carriles que dejaron pasando la garita del Espíritu Santo. Para colmo, ves que ese puente está verde. No está en nada todavía”, lamentó.

El centro espera agilidad en trabajos

En el centro, mientras tanto, el Municipio sostiene que mantiene el cronograma de la reconstrucción de la calle Clemente Ballén. La intervención comenzó el 17 de agosto de 2026 y contempla un plazo estimado de 90 días. Los trabajos avanzan progresivamente hacia Lorenzo de Garaycoa.

La reconstrucción de Clemente Ballén forma parte de un contrato de 4 millones de dólares destinado a la rehabilitación de 25 kilómetros de vías en sectores del centro y sur. Si se mantiene el plazo de noventa días, la intervención iniciada el 17 de agosto culminaría a mediados de noviembre de 2026.

La Pradera 3 también espera atención municipal

En la Pradera 3, en el sur de Guayaquil, el retraso de las obras y la falta de explicaciones de las autoridades también mantienen indignadas a las familias. Según denuncian los residentes, hace más de siete meses el Municipio anunció obras de alcantarillado y mejoras para el drenaje pluvial.

Los trabajos, sin embargo, quedaron paralizados. Desde hace unos tres meses, enormes tuberías permanecen en las calles del vecindario. Algunas vías continúan bloqueadas y los toldos instalados en la zona dificultan el paso, especialmente para los adultos mayores.

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“Vivimos mucha gente mayor y no tenemos cómo vivir en paz. Nos caemos, no podemos estacionar los carros. En las noches es imposible ver por donde caminar porque no hay cómo pasar. El Municipio no viene ni dice nada. No hay maquinaria, no hay actividad”, reclamó la residente Mariana Delgado, quien asegura que la paralización lleva tres o cuatro meses. “Ya mismo llega el invierno, el mismo Niño, y nadie mueve un dedo”, cuestionó.

Lluvias en Guayaquil pueden modificar la programación de las obras

A estos proyectos se suma ahora un factor que puede modificar los cronogramas: las lluvias. El Municipio advirtió que pueden alterar la programación de las obras que se ejecutan a cielo abierto y señaló que, para mantener el avance de los proyectos, reorganizará actividades y cuadrillas de acuerdo con las condiciones de cada frente de trabajo.

Durante las lluvias, explicó, podrán priorizar labores como la protección de materiales y excavaciones, la evacuación de agua, la señalización, la supervisión técnica y los trabajos en zonas protegidas.

Entre las zonas que requerirán un seguimiento más riguroso, según el Municipio, están Clemente Ballén, Rumichaca, Guayacanes, Cristo del Consuelo, Nicolás Segovia, la calle 4.ª de Mapasingue y la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada.

“En los trabajos eléctricos y en altura, las condiciones de humedad también determinarán la programación de las actividades, con el fin de garantizar la seguridad del personal”, señaló la institución en un comunicado.

Pero las explicaciones todavía dejan pendiente responder a los cuestionamientos sobre los retrasos y determinar cuánto de estos desfases responde a problemas técnicos, procesos de contratación pública, condiciones climáticas u otros factores.

¿Respondió el Municipio a EXPRESO?

EXPRESO pidió nuevamente una entrevista con el Municipio para conocer las razones de los retrasos, el estado de las obras cuestionadas y las medidas previstas para evitar que las molestias continúen. Hasta la tarde del 1 de octubre de 2026, la recepción de la solicitud no había sido confirmada.