Lo que debes saber

• Un chat dirigido a Roberto Luque evidencia que el CEO de Progen buscó agilizar $69,5 millones sin garantías técnicas, en septiembre de 2024.
  
• Técnicos exigieron pruebas FAT para evitar recibir chatarra, desatando una fuerte discusión con Progen.
  
• Tras las quejas de la contratista, el conflicto escaló a Carondelet y el pago se ejecutó el 1 de octubre.

Un mensaje de Whatsapp al que tuvo acceso este Diario evidencia la gestión del máximo ejecutivo de la empresa Progen para acelerar el primer desembolso de $ 69,5 millones, sin garantías, por el contrato de la central termoeléctrica Salitral (100 MW).

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, época en la que Roberto Luque ya no ejercía como ministro (e) de Energía. De hecho, dejó el cargo dos meses antes, en junio, cuando asumió el que fuera su asesor, Antonio Gonçalves.

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Chat para quejarse del control de Celec

La noche del 25 de septiembre de 2024, tras una reunión virtual con técnicos de la Unidad de Negocios Termopichincha de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el CEO de Progen, John B. Manning, redactó un extenso mensaje que, que según él, iba dirigido a Roberto Luque.

“Buenas noches, Roberto. Espero que todo esté bien contigo y los tuyos. Me disculpo de antemano por la extensión de este texto. No estoy exactamente seguro de si contactarte sea lo más sensato que deba hacer en este momento, pero creo que tal vez quieras saber lo que ha estado ocurriendo en las últimas dos semanas respecto a las inspecciones de los generadores del proyecto Salitral y lo que acaba de suceder esta noche durante una reunión con Byron (Orozco) y una nueva persona llamada José Vega”, escribió.

En esa comunicación, el ejecutivo expuso su malestar por los controles de Celec. Según él, las exigencias de “nueva documentación” constituían “interrupciones infundadas que no están motivadas por la buena fe” y tenían como único propósito “entorpecer el proyecto”.

Justicia

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Tensión tras una reunión del 25 de septiembre de 2024

La queja de Progen se dio luego la caldeada reunión telemática mantenida esa misma noche. Según testimonios de varios participantes, el encuentro ocurrió a solicitud de Progen, que había sido contactada por el jefe de la comisión de verificación, Celso Sánchez. Este técnico había solicitado al administrador del contrato la entrega formal de documentación técnica antes de entregar el informe y dar un aval.

En la sesión virtual participaron, por parte de Celec, Byron Orozco, gerente de Termopichincha; Gabriela Toazo y Carlos Villacís, técnicos del área; Marlon Casilla, administrador del contrato, y Jorge Vega, en calidad de traductor (a quien Manning confundió en su chat con “José Vega”). En cambio, por parte de la contratista asistieron Manning, José Manrique y Karla Saud.

Durante el encuentro, los técnicos de Celec mantuvieron la obligatoriedad de contar con los respaldos de las pruebas de carga de fábrica (pruebas FAT) de los equipos. Estos ensayos resultaban cruciales, pues permitían medir la potencia máxima, la estabilidad de voltaje y la seguridad de los generadores antes del despacho; es decir, eran los únicos documentos que confirmaban si los equipos funcionaban o si el Estado estaba a punto de recibir “chatarra”. Para Celec, esos informes constituían el requisito indispensable para firmar el acta de inspección y autorizar el pago de los $ 69,5 millones.

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“Se pedían las pruebas FAT, una patente y otros requerimientos para el pago. Se empezaron a exaltar, hubo una discusión porque Progen decía que no estaba de acuerdo con esos requerimientos, pero cualquier empresa seria habría tenido esa documentación lista”, recordó, bajo reserva, uno de los técnicos presentes.

La firmeza técnica molestó a la delegación de Progen, que no solo acusó a los funcionarios de “poner trabas”, sino que Karla Saud, según testigos, aseguró que tales exigencias jugaban en contra de la administración del presidente Daniel Noboa, en momentos en que el país atravesaba severos racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias.

La controversia escala a la Presidencia

Las quejas surtieron efecto inmediato en la alta burocracia. Técnicos de Celec aseguran que asesores del Ministerio de Energía los citaron a una reunión virtual el 27 de septiembre de 2024, en la que solicitaron un informe detallado sobre el estado de los contratos. Era un pedido con carácter urgente pues había una reunión prevista ese mismo día en la Presidencia de la República. Aunque para ese entonces ya habían rumores sobre los equipos de Progen, no está claro si en dicha reunión se destrabó el pago. Lo que sí se sabe es que el 1 de octubre Progen recibió $ 69,5 millones.

Amenazas a los técnicos en septiembre de 2024

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En los mismos días en que Progen presionaba por el millonario pago eludiendo la entrega de documentos técnicos ocurrieron dos hechos extraños que hasta ahora no han sido aclarados. El 26 de septiembre de 2024, el técnico Paúl Flores, uno de los miembros de la comisión que viajó a Estados Unidos para verificar los equipos de la contratista, recibió una amenaza de muerte. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Un día después, el 27 de septiembre, otro técnico, Celso Sánchez, desapareció de forma intempestiva. No se presentó en la oficina. El suceso ocurrió el mismo día previsto para la reunión en la Presidencia de la República y en la fecha límite fijada para la entrega del informe clave de inspección.

Lo que debes saber

• El Consejo Nacional Electoral permitió o no supervisó adecuadamente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas durante la selección de precandidaturas.
  
• Hay una falta de transparencia en la publicación de alianzas y listas de candidatos, al considerar que el silencio de la mayoría de organizaciones y la ausencia de información oficial debilitan la confianza en el proceso electoral.
  
• La Función Electoral ha perdido su papel como garante de la integridad de las elecciones y hay que preservar la institucionalidad democrática frente a decisiones que favorecen al poder de turno.

El artículo 345 del Código de la Democracia reza: “Para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en una o en todas las etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará veedores en los procesos en los que no participe”. 

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De toda la letra muerta que la ley contiene, esta es la que resulta más ofensiva, porque implica que todo lo que hemos visto ocurrir en estas semanas -precandidaturas que pasan de un cantón o de un partido a otro, líderes políticos admitiendo que son ellos o los directores provinciales los que arman las listas y la congregación de montones de alzamanos- ha tomado lugar frente a los ojos de los funcionarios del CNE y ha sido sacramentado por ellos. 

O bien eso, que hayan consentido con su “supervisión” y “asistencia” los supuestos procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, o bien simplemente no asistieron, lo que hubiera resultado en la misma cosa.

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Pero lo que ha venido ocurriendo después, habiendo fenecido los plazos para la celebración de las internas el 2 de julio y para el registro de las alianzas el 18, es todavía peor. Tanto periodistas como meros observadores han señalado que esta es una elección bastante inusual, dado que muchas organizaciones políticas, en vez de entregarse de lleno a las precampañas (de por sí ilegales) con sus precandidatos, guardan silencio sobre sus listas y esconden sus cartas hasta el último momento. 

Aunque muchos saben, por ejemplo, que el Partido Socialista es por ahora el nuevo albergue del correísmo, sus dirigentes se niegan a confirmar esa decisión, mientras que el Partido Social Cristiano evita anunciar quiénes serían los reemplazos de los precandidatos que renunciaron en Daule y Samborondón. 

El contraste con el movimiento oficialista ADN es claro. La lista morada, a diferencia de prácticamente la totalidad del resto de partidos y movimientos, es la única que ha lanzado comunicados o publicaciones en redes proclamando sus principales precandidaturas en todo el país y a todo color.

La responsabilidad de la Función Electoral 

Esta política del silencio, al igual que la farsa de las primarias, también es responsabilidad de la Función Electoral. ¿Por qué tanto miedo, si el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso electorales velan sobre el proceso? Además, ¿no deberían estar disponibles ya los nombres de las alianzas y precandidaturas debidamente ingresadas en el CNE? ¿Por qué no los conoce en detalle la prensa, como en anteriores períodos? Se podría decir que algo huele a podrido, pero esta vez no en Dinamarca, sino tan solo a un par de cuadras de la calle Noruega. Dicho de forma más directa: algo anda mal en nuestra democracia.

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Es extraño que esto sea así en un país en el que existen cinco funciones o poderes del Estado, uno de ellos enteramente dedicado al control de los procesos electorales. Aunque algunas personas relacionan esta inflación estructural con el intento de refundar el país en Montecristi, ya desde las épocas de Velasco Ibarra se hablaba de un organismo electoral independiente de las tres ramas tradicionales del poder público. 

En un país controlado por más de un siglo a través del fraude, la compra de votos y conciencias y el ruido de sables, la idea de erigir un institución que tuviese el mismo estatus que el gobierno, el parlamento y las cortes tenía mucho sentido. De ese esfuerzo por garantizar la independencia de la Función Electoral, con el tiempo nació la idea de que sus funcionarios se convierten en la autoridad suprema de la República durante las elecciones, algo así como una especia de tribunos sacrosantos.

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Pero ese poder, en vez de servir para proteger la sacralidad de los procesos electorales e infundir respeto por las normas en los políticos, más bien ha sido usado para sacramentar las decisiones del poder de turno. 

Recordemos, por ejemplo, como en el 2007 el Tribunal Supremo Electoral se prestó para destituir a 57 diputados gracias al voto, entre otros, de una vocal roldosista cuyo líder y hermano confesó que tranzó su apoyo a cambio de una amnistía que nunca llegó. O como, en esta misma elección, la fecha del sufragio se adelantó en una decisión sin ningún precedente y con muy poco sustento técnico (El Niño bien que puede llegar o no, y si lo hace podría asomarse en pleno noviembre, cosa que ya hizo en el pasado).

La marcha hacia estas elecciones empezó hace largo tiempo. Velemos por que no sean los últimos pasos de nuestro sistema, por más imperfecto que sea.

Lo que debes saber

• La propuesta del Consejo de la Judicatura para designar jueces temporales sin concurso público genera cuestionamientos de gremios y expertos.
• Advierten riesgos para la independencia judicial, la transparencia y la estabilidad de los magistrados, mientras ya se analiza una posible demanda de inconstitucionalidad.

La próxima emisión del reglamento para la selección de jueces temporales mantiene en expectativa a los gremios de abogados y magistrados. El documento deberá ser aprobado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como parte de las medidas contempladas en la declaratoria de emergencia judicial.

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La iniciativa busca atender el déficit de 729 jueces que existe a escala nacional. Para ello, el organismo plantea un proceso interno de selección de 222 magistrados que serán promovidos mediante ascensos para ocupar distintas instancias judiciales, con énfasis en ocho provincias priorizadas.

Aunque el CJ sostiene que la medida permitirá enfrentar la falta de operadores de justicia, la propuesta despierta cuestionamientos. Las críticas se centran en la posibilidad de que el procedimiento derive en nombramientos discrecionales de los llamados ‘jueces golondrina’, término con el que se identifica a magistrados designados sin concurso público para conocer casos de alta relevancia.

Jueces temporales generan dudas por la eliminación del concurso público

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha defendido la iniciativa y sostiene que responde a una necesidad urgente del sistema. “No es un mecanismo para sustituir los concursos públicos ni para afectar la carrera judicial, sino una medida excepcional, porque al país le faltan jueces y esa falta retrasa audiencias, acumula causas y eso afecta a la ciudadanía”.

Sin embargo, los reparos persisten. El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez, dice que el principal problema radica en la eliminación del concurso abierto como mecanismo de selección.

“La temporalidad, así como la supresión del concurso, causa inestabilidad en el funcionario y la posibilidad de que sea influenciable, porque en cualquier momento se podría remover esa misma temporalidad. Esto hace que sean susceptibles a presiones; les podrían condicionar que, si no hacen lo que se les dice, regresan a sus puestos”, explica.

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Gremios y expertos advierten riesgos para la independencia judicial

Yánez también plantea interrogantes sobre el futuro laboral de los funcionarios que sean promovidos temporalmente. A su criterio, no está claro qué ocurrirá con las plazas que dejarán vacantes mientras ocupen cargos superiores. “¿Van a mantener la partida de ese cargo?”, se pregunta.

A las dudas sobre el procedimiento se suma la desconfianza respecto al momento en que se adoptó la medida. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, considera que la premura con la que se emitió la declaratoria puede desviar la atención de otros procesos clave dentro de la Función Judicial. A su juicio, existe la posibilidad de que el proceso de emergencia “sea un elemento distractor de algo que es fundamental, como es el proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional”.

Las observaciones también provienen de organizaciones especializadas en justicia. Úrsula Indacochea, abogada peruana de la Fundación para el Debido Proceso (DPL), advierte que prescindir de un concurso público “afecta la legitimidad, la cual se logra con méritos e integridad”.

Organizaciones plantean cambios al reglamento de jueces temporales

Como integrante de la iniciativa que respalda a la Misión de Observación Internacional (MIO), Indacochea recalca que los jueces deben acreditar sus capacidades mediante procesos competitivos y transparentes. En ese sentido, señala que estas autoridades “deben superar los filtros previos de los concursos para garantizar que sus fallos no estarán influenciados ni responderán a presiones”.

Una postura similar mantiene el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). Su directora, María Dolores Miño, menciona que la experiencia regional en países como Venezuela “ha evidenciado que a veces esa temporalidad se usa como mecanismo de control mediante la inestabilidad del juez en el cargo. Esto porque cuando el magistrado sabe que podría ser removido sin mayor requisito o rigor, puede ser más influenciable a presiones externas. De ahí que los estándares internacionales siempre adviertan que la temporalidad puede ser un factor de erosión de esa independencia”.

Frente a estos riesgos, las organizaciones plantean recomendaciones para fortalecer el procedimiento. La DPL propone que toda selección de autoridades judiciales mantenga criterios técnicos, transparentes y con participación ciudadana. Por su parte, el ODJ considera necesario que cualquier designación temporal tenga límites definidos “hasta que se haga el concurso y se designe a los titulares, de tal forma que no se queden años ahí, que la naturaleza de la temporalidad no sea riesgosa para la independencia judicial”, insiste.

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Gremios analizan una demanda de inconstitucionalidad

Mientras se espera la publicación del reglamento, ya se analizan posibles acciones legales. Yánez sostiene que, de concretarse los nombramientos temporales en los términos anunciados, “será una solución parche que vulnera la Constitución. Veremos que poco o nada van a hacer para organizar los concursos para llenar los cargos con titulares”.

Por ese motivo, el dirigente anticipa que los gremios evaluarán la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el proceso.

Lo que debes saber

• Ecuador llegará a las elecciones seccionales de 2026 con alcaldes procesados y partidos suspendidos en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos.
• El jurista André Santos sostiene que las acciones de control buscan evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
• Santos defiende la aplicación de medidas cautelares antes de una sentencia y asegura que existen herramientas legales para estos casos.

Ecuador llega a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con un ambiente atípico por el apresamiento o inhabilitación de alcaldes con posibilidades electorales y organizaciones políticas suspendidas. El jurista André Santos analiza en EXPRESO la posible judicialización de los comicios y defiende las acciones de las autoridades de control.

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- Alcaldes con posibilidades electorales presos y organizaciones políticas suspendidas a vísperas de las seccionales. ¿Son las elecciones más judicializadas que ha tenido Ecuador?

- Luego de que el Gobierno empezó a intervenir las cámaras de varios municipios, no solo el de Guayaquil, y se empezó a investigar las salas espejo y que los grupos de delincuencia organizada tienen acceso directo a ellas, el Gobierno emprendió una cacería total. Cuando se descubren indicios fuertes, porque no hay sentencia ejecutoriada, sino que son procesos penales en curso, se empieza a demostrar la penetración del crimen organizado. Este antecedente ha motivado que el Gobierno impulse medidas para evitar que candidatos vinculados al crimen organizado puedan tener la potestad de participar en una elección política.

- Las principales críticas son por la oportunidad con que se ha inhabilitado o suspendido políticos y partidos. ¿No se trata de procesos con dedicatoria, parcializados?

- En el caso de Aquiles Álvarez, por ejemplo, más allá de que la justicia aún no lo ha juzgado y no hay una sentencia, lo que es objetivo es que hay un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares. Ese caso inició en 2023 y es normal que un proceso penal evolucione. Además, una exposición pública naturalmente va a traer mayor enfoque en tus investigaciones, porque las autoridades de control están sujetas a juicio político y obedecen en cierta manera al vaivén de la opinión pública. Hay otros casos como el del alcalde de Esmeraldas y la de Jipijapa en los que se han encontrado graves indicios de vínculos con bandas de grupos criminales. De pronto parece algo hecho a conveniencia, pero a mí más me preocupa la penetración del crimen organizado en los municipios.

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Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

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- En el caso de Revolución Ciudadana y Amigo, la suspensión responde a un informe reservado de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. ¿Se debe aceptar que es suficiente un informe reservado para una medida así?

- Eso hay que preguntarle a los que aprobaron la ley. ¿Quiénes aprobaron el Código de la Democracia? Fue el correísmo. No es que el fiscal general y el Tribunal Contencioso Electoral se han inventado. Además, no hay que olvidar que es de público conocimiento que Revolución Ciudadana es un partido con vínculos al crimen en todos los niveles y que Amigo fue fundado con el dinero del reparto de los hospitales. No hay derecho electoral para el crimen organizado. Ellos no tienen derechos; el mal no tiene derechos.

-Expertos en materia electoral sostienen que la suspensión de las organizaciones debió ser luego de que se supere todo el proceso.

- Ese es un punto de vista con conveniencia. Es verdad que el artículo 374 del Código de la Democracia señala que el juez podrá sancionar a una organización política con hasta 24 meses de suspensión en los casos que incumplan ciertas actividades de capacitación e incumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, esos numerales aplican cuando se trata de una denuncia ciudadana o del propio CNE. Pero el tercer numeral tiene una lógica distinta: la petición del fiscal general, cuando exista una investigación en curso de lavado de activos, cambia el artículo a una naturaleza cautelar. Es verdad que podría estar mejor redactado, pero dentro de una interpretación jurídica recta, esa disposición del numeral tres cambia todo el articulado.

Lo que están haciendo (en el Gobierno) es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley.André Santos, director de Firmes

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- ¿Y en dónde queda el principio y garantía constitucional de la inocencia? Incluso el ministro John Reimberg ha dicho que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

- El ministro es especialista en seguridad, no abogado. Creo que debió decir que no se ha hecho ningún descargo a las pruebas que apuntan a que estos señores han tenido una participación en delitos de corrupción y crimen organizado. Por lo otro, es obvio que son inocentes hasta una sentencia ejecutoriada. No se trata de sanciones definitivas. Cuando dictan prisión preventiva contra una persona, no están diciendo que ella ya es culpable; es una medida cautelar. Son actos previos y preventivos para evitar que se destruyan pruebas o, en el caso electoral, evitar que un partido político pueda participar.

- Sin embargo, la sensación es que se le está impidiendo al electorado votar libremente. ¿Eso puede garantizar legitimidad?

- Hay partidos políticos que no los han tocado. Está el Partido Social Cristiano (PSC), CREO, Pachakutik. Yo creo que lo que están haciendo es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley. Se le está haciendo a quienes han participado en actos graves de corrupción y cuyos miembros están involucrados en asesinatos selectivos, algo sumamente grave. Esa gente no tiene derecho a participar en las elecciones.

La suspensión de partidos no es un tema de gustos. En el deporte, si un atleta está dopado y se comprueba, es descalificado.André Santos, director de Firmes

Lo que debes saber:

• Hoteles de lujo en Centro Histórico de Quito superan 60% ocupación en 2026 con turistas de EE. UU.
• Turistas combinan Quito con Galápagos, Amazonía y Otavalo; estancia promedio corta en hoteles boutique.
• Experiencias culturales y personalizadas impulsan demanda en alojamientos del Centro Histórico de Quito.

En el Centro Histórico, el corazón de Quito, conviven alojamientos para mochileros con hoteles de lujo —de cinco y cuatro estrellas— donde una noche puede costar entre más de 200 y alrededor de 500 dólares. Los responsables de estos espacios destacan el interés de turistas, sobre todo de Estados Unidos, por recorrer el casco colonial y convertir la visita en una experiencia memorable.

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Renato Vásconez, gerente del Hotel Casa Gangotena, situado en las calles Cuenca y Rocafuerte, frente a la Plaza de San Francisco, explica que sus viajeros hacen escala hacia Galápagos o el Mashpi Lodge, principalmente parejas y adultos. Estamos por encima del 75 % de ocupación en nuestras 31 habitaciones”.

El establecimiento fue incluido en 2022 entre los 500 mejores hoteles del mundo, según un ranking anual de una revista especializada en viajes. Desde 2025 cuenta además con una llave Michelin. 

“Situada en una esquina privilegiada del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la propiedad ofrece una magnífica carta de presentación de la capital ecuatoriana, aún alejándose de lo que suele ser el alojamiento típico de la ciudad”, describe la Guía Michelin sobre el inmueble, construido en 1534.

Lo que prefieren estos turistas

También Paulina Suárez, directora de ventas del Hotel Plaza Grande, señala que mantienen una ocupación cercana al 60 %. 

“Nuestros huéspedes provienen principalmente de Estados Unidos y, en general, son adultos mayores”. Ubicado en la Plaza de la Independencia, ofrece a sus visitantes una vista privilegiada del Palacio Presidencial y por tanto del cambio de guardia, así como acceso inmediato a las iglesias. Su origen se remonta al Majestic, el primer hotel de lujo de la ciudad, inaugurado en 1930.

Llegan a la capital, para luego viajar a Galápagos, etc.

Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, coincide en que este punto de la ciudad, en temas de alojamiento, mantiene un dinamismo sostenido. “Tenemos niveles de ocupación de entre el 65 % y el 70 %, con buenas tarifas”, afirma.

Según precisa, buena parte de los visitantes llega en grupos, va a Otavalo y sus alrededores, y sigue hacia Galápagos o la Amazonía.

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Las experiencias llaman la atención

Ese tránsito de visitantes que combinan Quito con otros destinos del país también se refleja en propuestas más personalizadas.

En el barrio de San Marcos está Illa Experience Hotel, un hotel boutique instalado en una casona del siglo XVI, donde aún se conservan columnas originales. Ana Paula Landázuri, chief happiness officer, anota que se esfuerzan por brindar una experiencia personalizada. “Buscamos que cada día los huéspedes tengan una actividad, que tengan una experiencia, que regularmente se hace al final de la tarde”.

La mayoría de visitantes procede de países angloparlantes —Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda— y el nombre del hotel no es casual: Illa, en kichwa, significa “luz divina”, en alusión a las creencias de la familia propietaria. 

El establecimiento cuenta con 18 habitaciones y mantiene una alta ocupación, especialmente entre jueves y domingo. Recibe sobre todo familias y viajeros mayores de 50 años, que suelen permanecer una noche en Quito antes de continuar hacia Galápagos o la Amazonía. La mayoría llega a través de agencias y sigue itinerarios coordinados con guías, según Landázuri.

Entre las actividades que ofrece el hotel figuran catas de café, en las que ofrecen por ejemplo, honey, blend green, sidra y blend medio, por la que invitan a dejarse llevar por los sentidos. También hay encuentros con artesanos. Uno de ellos es el taller de tejido de sombreros de paja toquilla.

Olga Guzhañay, artesana cuencana, aprendió el oficio a los 8 años y es la cuarta generación de su familia dedicada a esta tradición. “A los turistas les enseño y se animan a tejer. Se emocionan. Les muestro esta horma (molde sólido) en la que trabajo, que tiene más de cien años. Antes se usaban velas para alumbrar, y tejíamos desde las cuatro de la tarde hasta que llegaba el sueño”, relata.

A diferencia de otras propuestas, Illa Experience Hotel no forma parte de una cadena internacional y busca recrear el ambiente de una casa. La experiencia comienza con una bebida de bienvenida, como el Achachay —una reinterpretación del tradicional canelazo— preparada con aguardiente, Orangine y Norteño.

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La opinión de un guía de turismo 

Juan David Mantilla, guía nacional de turismo con más de 22 años de experiencia, calcula que el 20 % de los visitantes que recibe se alojan en hoteles de lujo de esta zona. En los últimos días ha acompañado a un grupo de cubanoestadounidenses que, según le contaron, han visitado más de 68 países. Aún así, el Centro les ha resultado especialmente impactante.

“Les planteo una especie de backstage de cómo se construyó Quito”, dice. Su estrategia consiste en invitar a los visitantes a imaginar el proceso: “Les pido que piensen cómo se pudieron rellenar las 12 o 13 quebradas que rodeaban lo que hoy es el Centro y voy contándoles la historia”. A los visitantes les parece que la capital es encantadora.

El turista busca conocer el backstage de cómo se levantó el Centro. Miran las iglesias y dicen guau...Juan David Mantilla/ guía nacional de turismo

Luz Elena Coloma, exconcejala y exdirectora de Quito Turismo, Luz Elena Coloma sostiene que, como en otras capitales del mundo, la convivencia entre alojamientos económicos y hoteles de lujo enriquece la oferta turística. Estos últimos, señala, generan un mayor nivel de consumo. 

Destaca, además, las experiencias de establecimientos que articulan su propuesta con la comunidad local, a través de vínculos con negocios tradicionales como dulcerías, hierbateras del mercado de San Francisco o talleres de objetos sacros.

El turista con mayor poder adquisitivo valora alojarse en un lugar especial del Centro Histórico.Luz Elena Coloma/ exconcejala y exdirectora de Quito Turismo

El dato

En la capital al momento hay 25 alojamientos de cinco estrellas (13 hoteles, siete haciendas turísticas, tres hosterías y dos lodges.

Lo que debes saber

• Los expertos creen que las seccionales ofrecen poco espacio para un verdadero outsider.
• El corto tiempo de campaña favorece a los candidatos que ya son conocidos.
• Más que discursos antisistema, los electores buscarían propuestas claras y capacidad de generar consensos.

La política suele abrirles la puerta a los conocidos. Pero, de vez en cuando, un nombre sin trayectoria partidista logra irrumpir en el escenario y alterar todos los cálculos electorales.

Ese fenómeno, conocido como el del outsider, ha marcado a las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. Sin embargo, para los comicios seccionales anticipados del 29 de noviembre de 2026, analistas advierten que el escenario es distinto y que las condiciones para que aparezca una figura de ese tipo son mucho más limitadas.

Quien se postule debe dejar de vender humo y presentar un plan claro que responda a las necesidades de la ciudadanía.Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas de la UCG

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¿Qué define a un outsider?

Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, Héctor Yépez, un outsider es alguien que llega desde fuera del sistema político tradicional. Explica que suele presentarse como una figura antipolítica, condición que resulta atractiva cuando existe un fuerte rechazo ciudadano hacia la clase política.

Yépez sostiene que el atractivo de estos candidatos depende de conservar una imagen de alguien “distinto” al resto de actores políticos. Si esa percepción desaparece, dice, también se desvanece buena parte de su fortaleza electoral.

No obstante, para el analista político Giuseppe Cabrera, las elecciones seccionales presentan una lógica distinta a la de unos comicios nacionales. En su opinión, el primer elemento que podría favorecer a un outsider es la existencia de un electorado que habría quedado “huérfano” tras la inhabilitación o debilitamiento de varias organizaciones políticas.

Ese vacío, explica, podría ser aprovechado por una candidatura que logre presentarse como una alternativa diferente a los bloques tradicionales. Sin embargo, advierte que esa oportunidad, por sí sola, no garantiza competitividad.

Con él coincide el experto electoral Alfredo Espinosa, quien sostiene que los outsiders suelen surgir cuando confluyen varias condiciones. Entre ellos, menciona la desconfianza hacia los partidos, una crisis de representación, instituciones débiles y una alta fragmentación política como el terreno propicio para su aparición.

Añade que estos candidatos acostumbran construir narrativas antipolítica y antipartidos, además de presentarse como ajenos a las estructuras tradicionales. Sin embargo, advierte que esa falta de experiencia política no implica un mayor compromiso con la democracia o las instituciones.

Más que un discurso contra las élites, hoy un outsider necesita diferenciarse y ofrecer una propuesta que unifique a la gente.Giuseppe Cabrera, analista político

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Ser conocido, el principal requisito

Sin embargo, Cabrera sostiene que el outsider de estas elecciones seccionales no puede ser un completo desconocido. A diferencia de una elección presidencial, afirma que el corto calendario electoral y una campaña de apenas dos semanas obligan a que el aspirante ya tenga algún nivel de reconocimiento público, aunque nunca haya competido en las urnas.

Espinosa cree que, por ahora, en varias ciudades apenas empiezan a perfilarse aspirantes que intentan proyectar esa imagen. En el caso de Quito, menciona a Wilson Merino como un posible aspirante a ese espacio, aunque aclara que todavía no puede ser considerado un outsider en sentido estricto.

Es por esto por lo que, para el analista, la diferencia debe construirse desde la identidad propia y no únicamente desde el rechazo a otros candidatos. Considera que cada aspirante necesita explicar por qué representa algo distinto frente a quienes ya disputan las principales alcaldías y prefecturas.

A ese requisito suma un tercero: la capacidad económica y logística para la campaña. Cabrera recuerda que las tiendas políticas tienen estructuras débiles, por lo que un aspirante sin recursos propios tendría serias dificultades para movilizar equipos y hacerse visible.

No obstante, Espinosa añade que un verdadero outsider pierde parte de su esencia cuando establece alianzas abiertas con organizaciones tradicionales, incluido Acción Democrática Nacional (ADN) o la Revolución Ciudadana (RC). Según explica, esas asociaciones terminan diluyendo el relato de independencia que caracteriza a este tipo de candidaturas.

Para la coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, el principal problema es que el tiempo juega en contra de cualquier aspirante que pretenda irrumpir desde fuera del sistema. Considera que resultará muy difícil que una persona desconocida logre posicionarse como opción en apenas dos semanas de campaña.

Para que un outsider funcione debe ir contra el sistema, debe mantener siempre una imagen de distinto.Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES

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Más propuestas y menos confrontación

La académica plantea que, más que buscar una figura antisistema, los aspirantes deberían concentrarse en construir una postura clara frente a los problemas de la gente. Agrega que esa posición debe ir acompañada de un plan comprensible, coherente y capaz de generar confianza en los electores.

Por otra parte, el analista Cabrera también considera que el discurso de enfrentar al “pueblo” contra las élites ya no tendría la misma eficacia que en procesos anteriores. A su juicio, las elecciones locales requieren ampliar consensos antes que profundizar divisiones.

Asimismo, Espinosa sostiene que el mayor riesgo consiste en caer en la polarización. A su juicio, si estos candidatos no interpretan adecuadamente el cansancio ciudadano frente a esa confrontación, difícilmente lograrán consolidarse como una alternativa real.

Endara concluye que la prioridad de estos comicios no pasa por encontrar un nuevo fenómeno electoral, sino por elegir autoridades que puedan trabajar de manera articulada y fortalecer una democracia que considera frágil. En su criterio, ese será el principal desafío para quienes busquen conquistar el voto ciudadano el próximo 29 de noviembre.

Los votantes podrían buscar una tercera opción, pero solo si esta logra salir de la polarización entre correísmo y anticorreísmo.Alfredo Espinosa, experto electoral

Lo que se sabe

• El sector agrícola orgánico exportó $621 millones en 2024 y generó empleo directo para 54.063 personas.
• Ecuador es el principal exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea. En 2025, sus envíos crecieron 10% frente al 2024.
• El 92,8% de los productores orgánicos del país son pequeños agricultores de la llamada agricultura familiar campesina.

Ecuador siguió liderando en 2025 las exportaciones de productos agrícolas orgánicos a la Unión Europea, con un crecimiento del 10% frente al año anterior. Y aunque la mayor parte de la oferta agroecológica del país se destina a los mercados internacionales, una red de agricultores también está acercando estos productos a los consumidores locales, mediante ferias en ciudades como Guayaquil.

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Según el Informe de Estadísticas de Producción Orgánica publicado por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en 2023 Ecuador registró 61.279 hectáreas de producción orgánica y 14.434 en transición. 

Las exportaciones de productos orgánicos ecuatorianos alcanzaron los $621 millones en 2024, el 2,5% de las exportaciones no petroleras del país, y generaron empleo directo para 54.063 personas, según un comunicado del Ministerio de Agricultura de octubre de 2025.

De esa cifra de personas relacionadas a la producción orgánica, 9.886 productores contaban con registro o certificación orgánica hasta 2023, según Agrocalidad, aunque solo una parte logra exportar: 9.345, de acuerdo con el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en alemán).

De acuerdo con el mismo estudio del FiBL en 2024 Ecuador se perfiló como el segundo mayor exportador de orgánicos a la Unión Europea y Estados Unidos combinados, con 765.605 toneladas métricas, solo por detrás de México.

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Un informe posterior de la Comisión Europea, publicado en junio de 2026, confirma la tendencia de consumo: Ecuador se mantuvo como el principal exportador de productos orgánicos hacia la UE en 2025, con un crecimiento del 10% frente a 2024, impulsado por un alza del 11% en las exportaciones de banano orgánico.

Banano, cacao, café y quinua fueron de los primeros productos orgánicos ecuatorianos en colocarse en perchas internacionales; hoy la oferta suma 2.137 productos, entre agropecuarios y procesados.

¿Cómo se produce?

Jeremy Bravo, ingeniero agrónomo y director ejecutivo de la Fundación In Terris, explica cómo es producir sin químicos. Con los agricultores que la fundación ha capacitado y verificado como agroecológicos, el cambio pasa, por ejemplo, por sustituir la urea por insumos como la Azolla, una planta acuática que fija nitrógeno: en Colimes, más de 30 arroceros ya la cultivan y ahorran hasta $300 por hectárea frente al costo actual de la urea (entre $40 y $55 el saco), aunque recuperar un suelo con residuos químicos toma entre 3 y 5 años antes de lograr la certificación orgánica. 

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Ese tiempo y el trabajo manual explican, dice Bravo, por qué un producto agroecológico cuesta entre 20% y 30% más que uno convencional: "No hay que ver solo el precio, hay que ver el detrás. Es un producto muchísimo más sano que uno que venden comercialmente".

Según el mismo informe de Agrocalidad, el 92,8% de los productores orgánicos del país pertenece a la llamada agricultura familiar campesina. 

Esa cifra describe, sobre todo, fincas pequeñas: "no estamos buscando grandes agricultores con grandes extensiones, sino productores que tienen una o dos hectáreas, pero muy bien aprovechadas", explica Bravo. Es decir, una base agrícola diversificada, no un monocultivo.

En Guayaquil, esa oferta se reparte en ferias que se alternan cada quince días: Bonaterra, que organiza la Fundación In Terris en el campus Gustavo Galindo Velasco de la ESPOL, y Viva Market, que organiza Ecoesfera en el Colegio Alemán Humboldt, son dos de ellas. 

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A ambas llegan productores de distintas provincias, algunos asociados que envían a un solo representante a vender por todo el grupo, para compartir el costo del viaje y salir a comercializar por sí mismos.

David Di Grumo es cliente frecuente de las ferias. Allí busca productos que no encuentra en otros lugares, como un chocolate particular o verduras con pigmentos especiales. "Hay una relación directa con el productor, no hay intermediarios y se conoce cómo se produce", dice. Aunque reconoce que paga un poco más que en el supermercado, destina entre $30 y $40 semanales para abastecer a su hogar.

¿Quiénes producen?

A esa base se suman fermentados de estilo coreano, panes de masa madre y otros productos que, según Bravo, atraen sobre todo a personas diabéticas, hipertensas o que buscan una alimentación más saludable.

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La estrategia para atraer clientes

Crear una cultura de consumo de este tipo de productos conlleva desafíos. En Viva Market, un grupo de consumidores se organiza en "canastas" quincenales de entre $16 y $30 con productos básicos que aseguran una venta fija a los productores.

Debido a que la afluencia varía: hay ferias con 200 visitantes y otras con apenas 13, y cuando un pedido no se entrega, el productor debe regresar con la carga. "Es esa falta de costumbre. Siempre te sigue atacando la costumbre de volver al supermercado", dice Natalia Sarmiento, gestora de Viva Market. 

Bravo suma otro obstáculo: el público más fiel a las ferias tiene entre 40 y 70 años, y llegar a los más jóvenes, de 16 a 30, es mucho más difícil, dice, porque no crecieron con el hábito.

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Lo que se sabe

• Guayaquil tiene el desafío de ampliar sus áreas verdes en la zona urbana
• Propuesta de arquitectos plantea un corredor que una centro y norte
• Seguridad vial, cuidado del medioambiente y reducción de la temperatura están entre los beneficios

Escasos espacios que ofrecen sombra, aceras en mal estado y falta de cruces seguros. Este coctel de infraestructura antipeatonal es con el que conviven a diario los ciudadanos.

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Ciclovías en Guayaquil se siguen eliminando mientras aumenta la desprotección vial

Juan Pablo Pérez Tomalá

Tanto en grandes avenidas como en las calles de barrios, el cemento predomina y deja en minoría a las áreas verdes.

Especialistas como el urbanista Rodrigo Junco han dicho a EXPRESO que a Guayaquil “le falta mucho por trabajar” para alcanzar uno de los estándares por los que se miden las áreas verdes: la regla 3-30-300.

Este método plantea lo siguiente:

Guayaquil

En Guayaquil hay "desconexión total" de la ciudad con la naturaleza: Rodrigo Junco

Juan Pablo Pérez Tomalá

Arquitectos proponen corredor verde en Guayaquil

Motivados por cambiar esta realidad, los arquitectos Guillermo Paulson Crespo, Cristina Correa Freile y Manuel Colón-Amador se unieron para generar una propuesta de corredor verde que “conecte vegetación, sombra, suelos permeables, espacio público y movilidad activa”.

A lo largo de avenidas como Malecón, de las Américas, Víctor Emilio Estrada, Carlos Julio Arosemena, 9 de Octubre y Francisco de Orellana, plantean unificar entre 10 y 17 puntos de interés, que abarcarían de 10 a 18 kilómetros.

Ahí se unirían universidades como Casa Grande, del Río y de Guayaquil; sitios turísticos como los malecones, el barrio Las Peñas, Urdesa, la Plaza del Centenario, entre otros puntos.

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Avenida Francisco de Orellana tiene potencial ambiental

“La avenida Francisco de Orellana es uno de los espacios que todavía tiene un espacio amplio para poder darle como un retrofit (reutilizar espacios existentes) en el tiempo”, dice Colón-Amador, en referencia al parterre central.

Con la siembra de especies nativas, como guayacán y jacarandá, para que crezcan cada tres metros, y áreas verdes con maceteros, se crearía un corredor en el que las personas puedan no solo movilizarse, sino contemplar la naturaleza.

La infraestructura, que deberá contar con iluminación adecuada, redes de Internet inalámbrico y mobiliario urbano, permitiría también el traslado en bicicleta y vehículos de micromovilidad, a través de ciclovías seguras que conecten puntos de interés.

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“La intención del corredor, en ese espacio específico, es poder jugar un poco con la percepción de desconectarte del flujo de los autos. Al sentir que tienes vegetación de lado y lado, sientes que estás transitando por un espacio más natural, menos denso, urbanísticamente hablando”, resalta Paulson.

¿Cómo hacer realidad el corredor verde en Guayaquil?

Los autores ven factible hacer el corredor en avenidas como Francisco de Orellana porque hay infraestructura existente, aunque aclaran que deberá determinarse qué redes sanitarias y eléctricas hay bajo tierra, para garantizar que la obra ecológica cumpla su función.

“Sería muy interesante ver que exista este cambio, que va a ser muy visual. Nosotros los guayaquileños, cuando vemos algo que funciona, lo queremos replicar de manera positiva. Entonces, creemos que es un buen ejemplo y eso irlo de alguna manera adaptando a las necesidades de los diferentes puntos, según el entorno de cada espacio de la ciudad”, destaca Correa sobre la posibilidad de que el corredor tenga características particulares en cada sitio donde se implemente.

Para impulsar un proyecto así, se necesita “capacidad de gestión” de las administraciones municipales para que den continuidad a su implementación, que podría extenderse entre 8 y 12 años, tomando como referencia lo hecho en otras ciudades, menciona Paulson.

En el caso de los costos, Colón-Amador explica que dependerá de la infraestructura de cada sector, por lo que se necesita un estudio para determinarlos.

Para garantizar el mantenimiento de las especies, los autores creen que se podría involucrar a la empresa privada. Esto, resaltan, atraería también a la comunidad, lo que repercutirá en espacios más seguros.

La avenida Francisco de Orellana es una de las vías donde los especialistas proponen que haya corredor verde

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Uno de los lugares donde se plantea que pase el corredor es la avenida Delta, al pie de la Universidad de Guayaquil, donde sus estudiantes se movilizan junto al bullicio de buses, autos y motos.

Una de esas alumnas es Jennifer Guaño, quien cree que las palmeras colocadas en el parterre central no dan suficiente sombra a los peatones.

La posibilidad de un corredor verde acercaría también al barrio Orellana, que tiene una de las pocas calles totalmente arborizadas en la ciudad, la Luis Vernaza Lazarte.

Ahí, Marcelo Castillo disfruta de la sombra de los árboles, las flores y las aves, algo que este residente del sector califica como “fabuloso” y “fantástico”.

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¿Cómo será Guayaquil en 2050? Estos proyectos lo visualizan

Juan Pablo Pérez Tomalá

En un artículo de la Universidad de California, publicado en 2022, se detalla que, “además de proporcionar sombra, los árboles absorben y almacenan dióxido de carbono, liberan oxígeno, mejoran los polinizadores y el hábitat de la vida silvestre, filtran los contaminantes del aire y el agua y pueden reducir el uso de energía”.

“En calles dominadas por asfalto y concreto, las superficies expuestas al sol pueden alcanzar temperaturas entre 11 y 25 grados centígrados más altas que las superficies sombreadas”, algo que con los árboles se puede reducir entre 1 y 5 °C, destacan los autores del proyecto. Para ellos, “el verde no es decoración: es infraestructura climática”.

Guayaquil

Campus universitario en Mapasingue es barrera urbana en Guayaquil: Esto se propone

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber:

• Analistas advierten autocracia en Ecuador en 2026: Sotomayor y Viola señalan erosión institucional y dudas sobre elecciones libres.
• En Ecuador, 2026: decisiones sobre oposición y control estatal activan alertas de autocracia, según politólogos.
• Debate en Ecuador 2026: Pabón denuncia dictadura y Páez y Rivera lo niegan; analistas vinculan caso a ola global de autocratización.

Como si se tratara de una enfermedad que avanza silenciosamente, los indicios de autocracia ya no se ven como hechos aislados, sino como parte de un patrón en Ecuador y otros países, que inquieta a analistas.

Ecuador

Deterioro democrático en Ecuador: las ‘banderas rojas’ que identifican abogados

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La politóloga y abogada Patricia Sotomayor, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), responde que el país no vive una democracia plena; identifica retrocesos en libertades como las de prensa y asociación. 

Aunque reconoce que tensiones institucionales han existido desde el retorno a la democracia en 1979, subraya que hoy surge un elemento especialmente preocupante: la proscripción política.

Para Sotomayor, este fenómeno -sumado a decisiones cuestionadas de organismos electorales y al contexto de elecciones anticipadas- plantea dudas sobre la equidad del proceso. Recuerda que no hay democracia sin elecciones libres, limpias y competitivas, un principio inseparable del pluralismo.

Opositores pueden aparecer en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría

Coincidiendo con ese diagnóstico, Carolina Viola, politóloga, cree que las últimas decisiones frente a la oposición acercan más a una lógica autocrática y alejan de una democracia plena. 

Lo que se ve, dice, es un régimen híbrido, con una tendencia que se ha acentuado: erosión progresiva de instituciones democráticas y fortalecimiento del Ejecutivo, que termina por copar otros espacios del Estado, debilitando los contrapesos y el equilibrio de poderes.

Para Viola, la eliminación de opositores políticos marca un antes y un después. Si bien hay quienes argumentan que esto ya lo hizo el correísmo -cuando también hubo erosión democrática-, en esos casos “la eliminación de partidos del registro electoral respondía a no cumplir con el mínimo de respaldo. Hoy se observa un ataque que no solo afecta a una organización, sino a cualquier actor con potencial electoral frente al Gobierno”.

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"En democracia, incluso el partido que más incomoda al poder tiene derecho a existir": Paola Pabón

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Según la politóloga, esto no solo afecta a la oposición. “Quienes alzan la voz o cuestionan decisiones empiezan a enfrentar acciones desde distintas instituciones del Estado. Aparecen en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría, etc.”, dice.

La visión de Andrés Páez, exasambleísta

Al plantearle la misma interrogante al exlegislador Andrés Páez -¿hay síntomas de autocracia en el país?-, sonríe. Dice que lo más curioso es que “quienes han instalado esa narrativa son los autores y cómplices de una de las más burdas dictaduras entronizadas en el continente, como fue la década saqueada; aparte de cometer todo tipo de abusos, se robaron millones”. 

Pregunta: “¿Qué autoridad moral pueden tener para sostener una cosa así quienes disolvieron el Congreso el 27 de noviembre del 2007?”. “Eso solo se había visto en las peores dictaduras; se inventaron el Congresillo, disminuyeron el número de jueces de la Corte Suprema de 31 a 21, le quitaron la condición y la dejaron como Corte Nacional; crearon una última instancia de nueve jueces manipulados por ellos e hicieron lo que les vino en gana hasta hoy; todavía el correísmo está insertado allá”.

Paola Pabón habla de una tiranía

Desde una orilla política diametralmente opuesta, la evaluación cambia por completo y se ve incluso como una “patología” del poder. Al preguntarle a Paola Pabón, figura de la Revolución Ciudadana y prefecta de Pichincha, si hay rasgos de autocracia en el país, responde sin matices: 

“En Ecuador vivimos una dictadura, el poder está concentrado en una sola persona y en su grupo económico y se ejerce con crueldad, sin respetar la Constitución ni las leyes, menos aún la voluntad popular. El tirano impone una política de miedo, persecución y terror. La tiranía ha emergido en el país mediante la instauración de la necropolítica y el discurso de guerra contra el crimen organizado”.

El Gobierno -anota- ha hecho caso omiso a los resultados de las consultas populares. Puntualiza:

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Ramiro Rivera niega que exista autocracia en Ecuador

Ramiro Rivera, exdiputado de la DP y defensor del presidente Daniel Noboa, no lo ve así. “Las autocracias implican una concentración absoluta del poder, sin división de funciones, representación legislativa, justicia independiente, libertad de expresión ni garantías constitucionales”. 

Como ejemplos menciona a Nicaragua, bajo Daniel Ortega; Cuba, con Miguel Díaz-Canel; así como Bielorrusia, Siria y teocracias.

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Para él, calificar a Ecuador como una autocracia es una tesis del correísmo “risible”. Reconoce que esta democracia “carece de partidos sólidos y está marcada por el caudillismo y prácticas prebendarias”. 

La suspensión de la RC y Amigo -cree Rivera- responde a la ingeniería autoritaria que dejó (Rafael) Correa; el artículo 374 del Código de la Democracia es claro: con la sola notificación del fiscal, el CNE o el TCE tienen la facultad de suspender a movimientos por 24 meses o imponer multas de 10 a cien salarios.

Comenta que “los correístas dejaron trampas que montaron para sus adversarios, en las que han caído atrapados”. Al recordarle que Inés Manzano casi no participó de su juicio político; Alexandra Villacís no se pudo posicionar en la Judicatura y sobre la intervención de GRANASA comenta: 

“Diría que hay ciertas decisiones o actitudes que constituyen actos desmedidos de un lado y otro”.

Un problema que atraviesa al mundo

Patricia Sotomayor, como politóloga, señala que la situación (avance de la autocracia) no es exclusiva de Ecuador ni de la región. El mundo atraviesa una tercera ola de autocratización, en contraste con la ola democratizadora de las décadas de 1970 y 1980, cuando muchos países pasaron de regímenes autoritarios a democráticos. ¿Otra pandemia sin vacuna?

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Ya no se producen golpes de Estado de tipo militar u oligárquico: Franklin Ramírez

El analista político Franklin Ramírez explica que se habla de una tercera ola de autocratización, que arranca incluso a inicios de este siglo y presenta picos de expansión en democracias aparentemente consolidadas como Estados Unidos, pero también en Hungría o Turquía. 

Este concepto, entendido como proceso -más que como autocracia a secas-, busca describir la erosión gradual de las condiciones democráticas en el ejercicio del poder político.

Se diferencian, subraya, de los viejos golpes de Estado de tipo militar u oligárquico en América Latina, donde la toma del poder era abrupta, protagonizada por militares, policías o élites -como por ejemplo lo de Allende en Chile-. 

Hoy el cuadro es distinto: se trata de figuras y líderes electos por el pueblo, con legitimidad de origen, que desde dentro del sistema y de manera progresiva van concentrando poder, debilitando los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas, y restringiendo libertades políticas como la movilización, la protesta, la libertad de expresión, la oposición y la participación.

“Es una erosión progresiva que opera desde dentro del sistema. A través de distintas formas, estos liderazgos concentran poder y presionan al adversario. Esta figura se aplica al caso ecuatoriano, es comparable a Bukele en El Salvador. La autocratización se vincula a la expansión de la violencia en territorios y a la securitización”.

"El escenario es de poder absoluto, propio de regímenes de partido único, en el que ciudadanía y organizaciones políticas no pueden impugnar".Franklin Ramírez, analista político

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Lo que debes saber

• El Plan Nacional de Seguridad de Daniel Noboa incluye medidas para fortalecer la inteligencia y supervisar a las ONG, lo que ha encendido alertas por un posible control a la protesta social. 
• Organizaciones indígenas, Human Rights Watch y expertos advierten riesgos para la democracia, mientras otros analistas defienden los controles como una herramienta contra el crimen organizado.

Después de casi tres años en el Gobierno, Daniel Noboa oficializó como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto 448.

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El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 9 de marzo de este año, establece siete objetivos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, los ciberataques y el terrorismo.

Sin embargo, el plan también incorpora entre los riesgos para la seguridad nacional al denominado “extremismo violento” y a la subversión, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones sociales, dirigentes indígenas y especialistas en derechos humanos.

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Según el documento, el extremismo violento es definido como un “fenómeno multidimensional (político, económico y social) vinculado con la adopción de ideologías extremistas, el empleo de la violencia e incluso de acciones terroristas”. Además, sostiene que este fenómeno es impulsado “por un radicalismo antisistema que cuestiona las instituciones y la democracia representativa”.

La hoja de ruta gubernamental contempla 17 estrategias en el objetivo 4 para enfrentar esas amenazas. Entre ellas destacan dos medidas que han generado debate: el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para la prevención y neutralización de fenómenos de radicalización de protestas sociales y el incremento de la supervisión sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y corporaciones que operan en el país.

Aunque el Ejecutivo plantea estas acciones como mecanismos para preservar la estabilidad democrática y fortalecer la institucionalidad estatal, diversos actores consideran que podrían derivar en restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de organización y la protesta social.

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Conaie cuestiona el plan y advierte riesgos para la democracia

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuestiona el alcance de estas disposiciones y sostiene que buscan restringir la participación ciudadana. A su criterio, el Gobierno pretende “limitar la libertad de organización” bajo el argumento de defender la democracia.

La dirigente añade que “no es posible hablar de fortalecimiento de la democracia cuando se limita el derecho a la protesta o la participación, como lo que ocurre ahora con las organizaciones políticas, cuando se niega el fondo partidario o los candidatos están detenidos. Se debe investigar, pero dentro del debido proceso y respetando el Estado de Derecho”.

Las preocupaciones también han sido expresadas por organismos internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechaza que las organizaciones de la sociedad civil sean consideradas un factor de desestabilización institucional.

Human Rights Watch alerta sobre posibles restricciones a las ONG

“Las organizaciones no gubernamentales no desestabilizamos la democracia. Muy por el contrario. Nuestro rol es hacer vigilancia a quienes están en el poder. No importa su color político. No hay democracias fuertes y sólidas sin organizaciones de la sociedad civil y periodistas que hagan escrutinio al gobierno”, señala.

Para algunos especialistas, categorizar a las organizaciones sociales como amenazas puede abrir espacios para prácticas de control político.

El experto en seguridad, Paúl Pinto considera que el contenido de ese objetivo representa un riesgo. Según explica, “el objetivo 4 es muy peligroso porque implica temas de control social, control a la oposición y de los que no están de acuerdo con el gobierno”.

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Expertos discrepan sobre el control a organizaciones sociales

El especialista cree que “se está atravesando una línea peligrosa. Ahora está por escrito en el plan que se va a justificar la persecución de los pueblos indígenas. Se ve un deseo de control y de tener controlado a cualquier grupo que sea opositor al gobierno”.

En la misma línea, Goebertus advierte sobre posibles consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. A su criterio, podría producirse “la estigmatización y que esta se traduzca en debilitamiento y cierre de varias organizaciones”.

Desde la Conaie también se sostiene que algunas disposiciones ya han tenido efectos en el ámbito organizativo. Castañeda afirma que las medidas contempladas en el plan han provocado una “persecución y hostigamiento permanente. Tanto es así que ya hay tantos defensores estigmatizados y judicializados; eso sí afecta a la democracia”, resalta.

Supervisión a ONG: ¿seguridad nacional o control político?

La dirigente recuerda que durante las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025 se aplicaron medidas que afectaron tanto a personas como a organizaciones, específicamente a través del congelamiento de cuentas vinculadas con agrupaciones sociales. Casos de este tipo fueron denunciados por organizaciones como Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).

No obstante, también se considera que las medidas de supervisión deben analizarse en el contexto de la lucha contra las estructuras criminales.

Wilson Goyes, experto en seguridad y director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, sostiene que los mecanismos de control contribuirían a identificar redes que se camuflan para actividades ilícitas.

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Control a ONG divide a especialistas en seguridad

Según explica, este tipo de vigilancia permite “asfixiar a las estructuras de fachada” y a los mecanismos utilizados para movilizar recursos de origen ilegal.

El experto indica que algunas organizaciones aparentemente legales han sido utilizadas para financiar estructuras criminales y captar a ciudadanos. “De esta forma se reduce la cooptación de personas en zonas vulnerables, como las fronteras, en donde ciertas organizaciones con apariencia benéfica han sido usadas por el crimen, para la gobernanza criminal y para sustituir al Estado y reclutar a jóvenes, niños y adolescentes”, manifiesta.

Pinto discrepa y atribuye la inclusión de ONG y organizaciones sociales dentro de las amenazas contempladas por el plan a una visión predominantemente militar de la seguridad. A su criterio, ello responde “por el miedo de los militares, porque el plan fue elaborado por militares”.

Analistas cuestionan la elaboración del plan de seguridad

El analista también cuestiona la falta de participación de diversos sectores durante la elaboración del documento. “Debió hacerse con la sociedad civil, gremios, sector privado. No hubo acuerdos ni consensos y lo que tenemos es un plan militar, de defensa, no de seguridad, con puntos inquietantes contra la oposición”, concluye.

Lo que debes saber

• Frente al drástico incremento de la violencia y el uso de menores por parte del crimen organizado, la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de ley.
  
• El proyecto se enfoca en endurecer las penas contra los reclutadores y obligar a diversas instituciones a implementar medidas de prevención.
• Especialistas y legisladores coinciden en que el éxito de la propuesta no depende de la creación de más leyes, sino de superar falta de institucionalidad.

 Cada vez más niños y adolescentes son captados por organizaciones criminales en Ecuador, mientras las cifras reflejan una violencia que no deja de escalar. Entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627,5 %, según UNICEF Ecuador; en ese mismo período, la Fiscalía procesó a 1.278 adolescentes por distintos delitos y, solo en 2025, fueron retenidos 2.812 menores. Frente a este escenario, la discusión ya no se centra únicamente en cómo castigar a quienes los reclutan, sino en si el Estado tiene la capacidad de evitar que ese primer contacto ocurra.

Con ese objetivo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional impulsa el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de 64 artículos que plantea endurecer las sanciones y obliga a ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y otras instituciones a implementar políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, atención psicológica y procesos de reintegración para menores en riesgo o víctimas.

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Los desafíos más allá del papel

Sin embargo, el verdadero desafío no es aprobar una nueva ley, sino hacerla cumplir. Especialistas y legisladores coinciden en que Ecuador mantiene una débil coordinación institucional, escasos protocolos preventivos y poca capacidad para intervenir en los territorios donde el crimen organizado recluta niños y adolescentes. La discusión de fondo es si el Estado tiene recursos y voluntad para pasar del castigo a la prevención.

EXPRESO solicitó entrevistas a los ministerios del Interior, Educación y Salud, instituciones que tendrían un rol clave en la aplicación de esta reforma. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que el análisis se construyó con los aportes de un integrante de la comisión legislativa y especialistas en seguridad y salud mental.

Para el asambleísta Jorge Chamba, la propuesta convierte a los GAD en actores clave mediante programas sociales, deportivos y recreativos dirigidos a menores. Aseguró que esas competencias podrán ejecutarse con los recursos actuales. “No hay recorte en lo económico, en lo absoluto, no hay, no hay”, afirmó. Además, sostuvo que la prevención debe extenderse al entorno digital, donde las organizaciones criminales captan menores mediante videojuegos e internet. Por ello, el proyecto plantea bloquear contenidos vinculados al reclutamiento y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. “Cuando se vean estos temas, inmediatamente la señal deba cortarse”, señaló.

No existe una planificación adecuada sobre el manejo del reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico. Las bandas consideran a los niños como material desechable.Mario Pazmiño, Exdirector de Inteligencia

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Incremento de penas para los reclutadores

La iniciativa también incrementa las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión. A la par, propone reforzar la prevención desde las aulas con la participación permanente de la Policía Nacional. “Los policías deben ser instructores o capacitadores de estos temas como una materia más”, dijo Chamba.

Desde la seguridad, el exdirector de Inteligencia Mario Pazmiño considera que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de planificación. “No existe una planificación adecuada sobre el manejo de lo que es reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico”, afirmó. Explicó que las bandas criminales utilizan a los menores como “material desechable” para vigilancia, transporte de drogas, extorsiones e incluso sicariato. Alertó que el reclutamiento inicia con pequeños incentivos económicos y luego deriva en amenazas que impiden a los adolescentes abandonar esas estructuras. Incluso, advirtió que, en algunos casos, “se convirtió esto en un negocio también por parte de padres de familia”.

Para Pazmiño, la prioridad debe ser fortalecer la prevención mediante capacitación a docentes, padres y estudiantes, protocolos de seguridad, vigilancia digital y planes específicos para las escuelas más vulnerables. También cuestionó que algunos municipios limiten su participación en seguridad pese a recaudar recursos destinados a ese fin.

Aspectos más profundos del problema

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La psicóloga clínica Paola Cercado advirtió que la mayor vulnerabilidad no siempre está en la pobreza, sino en la falta de vínculos afectivos. “Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”, explicó. A su juicio, una ley no cambiará la realidad si no va acompañada de políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”, afirmó.

Respecto a quienes ya fueron captados por organizaciones criminales, Cercado sostuvo que la reinserción exige procesos reales de rehabilitación con acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”, expresó. Para la especialista, la principal barrera frente al reclutamiento sigue siendo una infancia acompañada, protegida y atendida antes de que el crimen organizado ocupe ese espacio.

Los GAD podrán asumir las nuevas responsabilidades de esta ley con los recursos actuales. La Policía debe capacitar sobre reclutamiento como una materia más en las escuelas.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Salud

Lo que debes saber

• Juan Carlos González explica por qué decidió entrar por primera vez en la política.
• El precandidato expone sus prioridades para la Prefectura del Guayas, con énfasis en vialidad y seguridad.
• También se pronuncia sobre su paso por el Municipio de Guayaquil y la situación que atraviesa el PSC.

Juan Carlos González, médico emergenciólogo y precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC), conversó con EXPRESO sobre su incursión en la política, las prioridades que plantea para la provincia y su visión sobre el momento que atraviesa la organización política que impulsa su candidatura.

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Juan Carlos González asegura que no teme ataques del Gobierno en su candidatura por el Guayas

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- Usted es médico emergenciólogo y nunca ha ocupado un cargo de elección popular. ¿Por qué decidió dar el salto a la política en este momento?

- Como médico emergenciólogo, toda la vida he escuchado las necesidades de la gente; un emergenciólogo tiene una característica: escucha, diagnostica y actúa rápido sobre presión, y es lo que yo creo que necesita la Prefectura, alguien que actúe realmente sobre presión, sabiendo hacer las cosas, priorizando, que es lo más importante y haciendo protocolos para hacer bien las cosas. Uno no sabe todo, pero si tienes un buen equipo, que cada uno tenga su rol y su papel, y tú eres un buen líder, todo va a salir muy bien, especialmente para la provincia.

- ¿Ya tiene el equipo?

- Tenemos el equipo. Tenemos ingenieros agrónomos, hidráulicos, estructurales; con todos ellos estamos formando el plan para la provincia. Estamos diagnosticando, con eso podemos tratar y actuar.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la de la provincia de Guayas?

- Son varios los problemas que tiene la provincia: salud, seguridad, viabilidad, producción, ya sea agrícola, ganadera o pesquera, y comunicación.

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- ¿Cuáles serán las prioridades que tendrá usted en la Prefectura?

- Primero, vialidad, especialmente la vialidad rural para que la persona pueda sacar sus productos a tiempo, por ende, disminuirá los costos. No solo sacas los productos, conectas a la provincia, das generación de empleo, y algo importante, una buena vía salvavidas. No es lo mismo una mujer que está dando a luz llegue a un sitio en 45 minutos que en 15 minutos, esos 15 minutos pueden salvar la vida de alguien. Entonces, la primera prioridad será los caminos rurales.

- ¿Ya se han identificado estas zonas?

- En este momento, estamos levantando la identificación. Incluso la Prefectura también tiene levantado esos datos; unimos los datos y vamos a trabajar como se debe trabajar.

- Luego de la vialidad, ¿cuáles serían los otros proyectos en los que se enfocaría?

- Seguridad es importante. Hay que seguir con el trabajo del tejido social. Vamos a hacer corredores seguros, iluminados, con puestos de descansos para los transportistas y con zonas de respuesta rápida. Vamos a reactivar los puestos de trabajo de los policías y militares para que sean espacios agradables porque se los han abandonado; vamos a trabajar con el Gobierno nacional.

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- Con el Gobierno nacional, ¿cómo van a trabajar?

- La seguridad hay que trabajarlo junto con el Gobierno Nacional, junto con la Policía y los militares. Yo no soy partidista, no tengo un partido político. Toda mi vida he sido médico, toda mi vida he servido a la gente y eso es lo que yo quiero hacer. Si me tengo que sentar a conversar con un alguien de otro partido, nos sentaremos. Al Guayas ya no hay que manejarlo como un partido político, hay que manejarlo como un paciente.

- Usted ha trabajado para la administración municipal encabezada por Revolución Ciudadana y RETO. ¿Cómo explica ahora su candidatura por el PSC?

- Si usted es buena en su trabajo y es llamada a trabajar en algún sitio, usted lo hace por amor, porque quiere hacerlo; no por partidista. A mí, el alcalde Aquiles Álvarez me llamó, como llama a alguien con experiencia; hice mi trabajo en la Dirección de Salud (del Municipio de Guayaquil), están los resultados visibles de cómo mejoramos la salud de Guayaquil y ahora tengo otro llamado. Pueden investigar, yo tengo ninguna afiliación política.

- ¿Ni al PSC?

- Ni al PSC. Yo tengo capacidad, liderazgo y ganas de trabajar y amor a lo que hace.

Si llevas un buen liderazgo y control, y pides exámenes a Contraloría, con eso bajas bastante la corrupción.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Ha conversado con el alcalde Aquiles Álvarez sobre el reto que iba a tomar?

- No he podido conversar con él por la situación que tiene; pero él lo deberá entender.

- ¿Cómo interpreta las recientes salidas de dirigentes históricos del PSC?

- Bueno, eso tendrán que evaluarlo los dirigentes del partido. Tendremos que conversar con ellos.

- ¿Han conversado al respecto?

- En este momento, yo no conversado con ellos porque me he dedicado a hacer la planificación de lo que se va a hacer.

- ¿Cree que afectará a las votaciones?

- Cuando venga la campaña tendrán que escuchar lo que les tengo que decir y lo que les quiero prometer. Nunca voy a prometer algo que no pueda cumplir y eso lo he demostrado en mi vida privada y en mi vida pública.

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- ¿No afectará?

- Bueno, tendrán que regresar cuando vean las propuestas que tengo y ellos decidirán, si vuelven; decidirán si quieren, en este caso, que la provincia cambie, que tenga un liderazgo no político, sino realmente (de) ganas de trabajar.

- ¿Su candidatura tuvo algo que ver con estas salidas?

- No, mi candidatura no ha tenido nada que ver.

- ¿Cómo evaluaría la gestión de la última Prefectura?

- Tenemos dos prefecturas, la de Marcela Aguiñaga y la de Carlos Encalada. Yo creo que ellos han hecho bien su labor. Lo que nosotros debemos hacer es continuar lo que se ha hecho bien, reformar lo que no está tan bien. Lo peor que puedes hacer es sentarte y desbaratar toda una estructura que tal vez ya está. Mira, nosotros no venimos a improvisar, venimos a trabajar de verdad.

Quiero dejar un legado; así como he podido ayudar en Guayaquil, creo que también puedo hacerlo en Guayas.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Qué va a mantener?

- Por ejemplo, lo de las semillas certificadas.

- El dragado del río Guayas ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años. ¿Cuál es su posición sobre este proyecto y qué acciones impulsaría?

- Si no tengo profundidad, no tengo drenaje, por eso es por lo que a veces ciertas zonas aledañas a los ríos Guayas y Daule hay inundaciones. Debemos enfocarnos en que sea algo perenne, no solamente por invierno. Dentro de nuestro proyecto estamos visualizando también el transporte fluvial y la atención médica fluvial.

Lo que debes saber

• Los ecuatorianos buscan cada vez más invertir en bienes raíces en el exterior para generar ingresos por alquiler y obtener plusvalía a largo plazo.
  
• Florida continúa siendo el principal destino, mientras Dubái gana atractivo por sus menores precios de entrada y su mayor potencial de rentabilidad.
  
• Los expertos recomiendan analizar el mercado, la demanda y las opciones de financiamiento antes de comprar, para evitar fraudes y maximizar el retorno de la inversión.

Cada vez más ecuatorianos están poniendo la mirada fuera del país cuando piensan en invertir en bienes raíces. Ya no se trata únicamente de comprar una casa para vivir, sino de adquirir un activo que genere ingresos y aumente su valor con el tiempo.

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En diálogo con Diario EXPRESO, el arquitecto, urbanista y desarrollador inmobiliario David Chonillo explica que la inversión inmobiliaria en el exterior se ha convertido en una alternativa para quienes buscan rendimientos superiores a los de instrumentos financieros tradicionales.

“La inversión en bienes raíces puede generar un rendimiento anual de entre el 8% y el 12%, además de la apreciación del inmueble”, precisa.

El destino preferido por los ecuatorianos sigue siendo Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, Dubái ha comenzado a captar el interés de inversionistas, porque ofrece proyectos con precios de entrada más bajos y una alta rentabilidad.

La oferta en Dubái y Florida

El especialista afirma que en Dubái es posible encontrar departamentos desde 150.000 dólares dentro de proyectos de preconstrucción. El comprador no necesita desembolsar el valor total de inmediato, ya que generalmente cancela el 50% durante la construcción y financia el saldo cuando recibe la propiedad mediante un crédito hipotecario internacional.

En Florida, especialmente en Orlando, existen departamentos desde unos 300.000 dólares, también con esquemas de financiamiento similares que permiten ingresar al mercado sin disponer del valor completo desde el inicio.

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Chonillo advierte que uno de los errores más frecuentes es comprar únicamente por el precio o dejarse llevar por una oferta encontrada en internet.

Los riesgos están presentes

Explica que existen riesgos de fraude inmobiliario y que una propiedad aparentemente atractiva puede no ser la mejor opción en términos de rentabilidad o valorización.

Por ello recomienda realizar un análisis previo del mercado, estudiar la oferta y demanda de cada sector y determinar si la inversión responde realmente a los objetivos del comprador, ya sea obtener ingresos por alquiler, preservar un patrimonio o generar plusvalía.

“La mejor propiedad no es la más barata, sino la que mejor responde a las necesidades y al perfil financiero del inversionista”, sostiene.

¿Dubái o Florida?

Desde el punto de vista financiero, Chonillo considera que Dubái ofrece actualmente uno de los mayores retornos para inversionistas extranjeros, debido al dinamismo de su mercado inmobiliario.

No obstante, destaca que Florida atraviesa un momento atractivo para ingresar, luego de que los precios se estabilizaron tras el fuerte incremento registrado en la pandemia.

A su criterio, el crecimiento poblacional, la llegada de empresas tecnológicas y la realización de grandes eventos internacionales podrían impulsar nuevamente la demanda inmobiliaria en ese estado.

Para el especialista, la clave no está en seguir la tendencia cuando los precios ya alcanzaron su máximo, sino en identificar mercados que se encuentren en una etapa de consolidación antes de un nuevo ciclo de crecimiento.

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Financiamiento

Para Ricardo Loor, gerente de Banca Internacional Preferencial de International Finance Bank (IFB), Ecuador se ha consolidado como uno de los mercados latinoamericanos más importantes para la entidad.

“Los ecuatorianos representan aproximadamente el 25% de nuestros clientes internacionales que solicitan créditos hipotecarios”, comenta Loor. Se trata de una participación significativa si se considera que el banco también atiende a inversionistas de países como Argentina, Chile, Perú, México y Venezuela.

El ejecutivo atribuye este interés a varios factores. Uno de ellos es que Ecuador y Estados Unidos comparten el dólar como moneda oficial, lo que elimina el riesgo cambiario al momento de invertir.

A ello se suma la percepción de mayor estabilidad política y económica de Estados Unidos frente a otros mercados de la región. Y contrario a la creencia de que solo ciudadanos o residentes estadounidenses pueden acceder a financiamiento, Loor aclara que existen productos diseñados específicamente para compradores internacionales.

“Ser extranjero no es una limitante para acceder a un crédito hipotecario en Estados Unidos. Lo importante es trabajar con un banco que conozca las necesidades del inversionista internacional y pueda acompañarlo durante todo el proceso”, argumenta.

Loor indica que actualmente los bancos prefieren financiar viviendas unifamiliares antes que departamentos o condominios.

El precio de una casa depende de la ciudad y la ubicación, pero para Loor, más allá del valor monetario, lo fundamental es contar con una adecuada asesoría financiera y legal.

Así, la inversión inmobiliaria internacional deja de ser una alternativa exclusiva para grandes patrimonios y comienza a ganar espacio entre ecuatorianos que buscan proteger su capital y generar ingresos a largo plazo. La clave, coinciden los expertos, está en comprar con información, no por impulso.

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¿Qué sueldo debe tener el comprador?

Un aspecto que impulsa este tipo de inversiones es que algunos bancos internacionales otorgan financiamiento a compradores extranjeros sin exigir historial crediticio en el país donde se adquiere el inmueble. Las entidades evalúan la situación financiera del país de origen del solicitante.

No existe un ingreso mínimo fijo para acceder a este tipo de financiamiento. Lo determinante es la capacidad real de pago después de cubrir los gastos personales y familiares.

Los puntos claves de este análisis

• El juicio político como escenario convierte a periodistas en protagonistas y, según el análisis, erosiona la independencia y la credibilidad de la prensa.
  
• Los casos de Andersson Boscán y Álvaro Espinosa evidencian un patrón creciente: investigaciones periodísticas que terminan influyendo o formando parte de procesos políticos en la Asamblea.
  
• El artículo advierte que, cuando los periodistas pasan de investigar al poder a intervenir en juicios políticos, se desdibujan los límites entre prensa, política y justicia, con riesgos para la democracia.

Que los periodistas se conviertan en protagonistas de las audiencias de un juicio político es una pésima idea. Al menos para el periodismo, porque para los políticos siempre será un excelente negocio: ellos casi siempre saldrán airosos, sean los interpelados o los interpelantes. 

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Quien termina gravemente lesionado es el periodismo, que pierde credibilidad al trastocar los papeles que le corresponden. Esta modalidad de periodistas convertidos en inspiradores de los políticos durante los juicios políticos empieza a aparecer en el Ecuador y, tarde o temprano, podría convertirse en un peligroso precedente para el periodismo independiente. 

Y cuando el periodismo independiente corre riesgos, también los corre la democracia.

Los dos casos de periodistas en busca de protagonismo

Por ahora hay dos casos notorios. El primero es el de Andersson Boscán, quien fue un animador importantísimo del juicio político contra Guillermo Lasso, proceso que desembocó en la muerte cruzada, antecedente directo de la actual circunstancia política. 

A inicios de 2023, Boscán compareció ante la Asamblea y, desde su programa en La Posta, impulsó el juicio político apoyado en su investigación sobre El Gran Padrino, según la cual el gobierno de Lasso mantenía vínculos con la mafia albanesa.

“A Lasso no hay que enjuiciarlo por peculado. Hay que enjuiciarlo por traición a la patria”, dijo Boscán en uno de sus programas, prácticamente sugiriendo a los asambleístas la causal del juicio político que buscaban. 

Finalmente, Lasso fue enjuiciado por un supuesto peculado relacionado con un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, suscrito durante un gobierno anterior. 

Ese caso fue posteriormente archivado por la justicia al no encontrarse indicios suficientes. Sin embargo, la actuación de Boscán fue determinante en el clima político que condujo a la salida de Lasso.

El caso Apagón, también conocido como Progen

El segundo caso es el del periodista Álvaro Espinosa. A inicios de esta semana compareció ante la Comisión de Fiscalización para explicar una investigación periodística sobre el caso Progen, durante la sustanciación del juicio político contra la exministra Inés Manzano. 

Su participación terminó siendo, sobre todo, útil para los abogados de la exfuncionaria, que lo interrogaron como si fuera un perito y no un periodista. ¿Quiénes sacaron provecho de la escena? Precisamente los abogados de Manzano.

Ambos casos forman parte de un fenómeno que crece en un ecosistema mediático donde algunos periodistas empiezan a parecerse más a los influencers que a periodistas. Y, si no se parecen, al menos parecen querer serlo.

En países con sistemas democráticos sólidos existe una tradición que procura evitar que los periodistas se conviertan, voluntaria o involuntariamente, en herramientas de los políticos. Hay varias razones, tanto deontológicas como institucionales, por las que se considera inconveniente que los periodistas se transformen en protagonistas de un juicio político.

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La independencia para sortear cualquier relacionamiento

La primera es la independencia. La idea de que el periodista debe fiscalizar al poder y no integrarse a él es un principio irrenunciable. Si comparece para respaldar la acusación o la defensa de un funcionario, deja de ser percibido como un observador independiente y pasa a ser visto como un actor del proceso político.

Cuando un periodista se convierte en la punta de lanza de un juicio político, una de las primeras víctimas es la credibilidad. La credibilidad del periodismo depende tanto de la independencia real como de la apariencia de independencia. Si aparece en una sesión de la Comisión de Fiscalización indicando a los legisladores cuál debe ser la causal para una censura, tanto el periodista como el periodismo pierden mucho.

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El periodista no es el fiscal de su investigación

Otro problema tiene que ver con la naturaleza de la prueba, y este es uno de los aspectos más importantes. El trabajo del periodista consiste en descubrir información, contrastarla y hacerla pública. Una vez publicada, corresponde a las instituciones del Estado obtener las pruebas originales, citar a los testigos directos y establecer responsabilidades. 

Si el periodista termina convirtiéndose en la pieza central de la acusación, existe el riesgo de que el debate político se desplace de los hechos hacia el medio de comunicación.

También existe un problema de confusión de roles. En una democracia, el periodista investiga; el fiscal acusa; el legislador ejerce control político; y el juez decide. Cuando esas funciones se mezclan, se debilita la separación entre la prensa y las instituciones del Estado. El periodista puede terminar siendo percibido como un auxiliar de una facción política o de un órgano estatal.

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Ser y parecer periodista para proteger las fuentes

Otro aspecto importante es la protección de las fuentes. Si los periodistas se convierten habitualmente en testigos de procesos políticos, aumentará la presión para que revelen cómo obtuvieron la información o quién se la proporcionó. Eso puede desalentar a futuros informantes y debilitar la función de vigilancia que cumple la prensa.

Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se consolidó una práctica institucional: el periodismo puede desencadenar un juicio político, pero no debe sustituirlo ni protagonizarlo. 

El ejemplo clásico es Watergate. Las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein fueron decisivas para revelar el escándalo, pero el proceso de impeachment se construyó sobre testimonios de funcionarios, documentos oficiales y las grabaciones de la Casa Blanca, no sobre la declaración de los periodistas. Esa separación permitió preservar tanto la independencia de la prensa como la legitimidad del procedimiento político.

En Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario.

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Lo que debes saber

• El TLC entre Ecuador y Canadá fue firmado, pero aún debe superar los procesos de ratificación en ambos países antes de entrar en vigor.
  
• Cuando se aplique, alrededor de 600 productos ecuatorianos podrán ingresar al mercado canadiense con arancel cero, lo que fortalecerá la competitividad de las exportaciones.
  
• El acuerdo también facilitará la importación de materias primas, bienes de capital e insumos desde Canadá, mientras protege 227 productos agrícolas sensibles.

Un año y medio después del cierre de negociaciones del acuerdo comercial con Canadá, en enero de 2025, el Ecuador firmó este 24 de julio de 2026, en Ottawa, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Este acuerdo busca abrir las puertas para la oferta exportable ecuatoriana y la importación de bienes en mejores condiciones. Pero aún hay trámites pendientes.

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Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, señala que este acuerdo es una “noticia histórica para el sector exportador ecuatoriano. Nos permite cerrar una brecha de competitividad frente a Chile, Perú y Colombia -que ya tienen acceso preferencial- , y abre la puerta a un mercado de alto poder adquisitivo”.

Canadá es la décima economía más grande del mundo y la segunda del continente americano, solo por detrás de EE.UU., con un tamaño similar a Brasil. Además, sus consumidores tienen un ingreso promedio cercano a $55.000, aproximadamente nueve veces superior al de uno de Ecuador, refiere Fedexpor.

La firma del acuerdo, sin embargo, no implica su implementación inmediata. Antes este instrumento debe contar con el aval de la Corte Constitucional. Luego, el Ejecutivo remitirá este documento -si cabe- a la Asamblea Nacional para su aprobación, refiere José X. Orellana Giler, socio de Andes Legacy Advisors.

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Cumplidos estos procedimientos; el presidente Daniel Noboa deberá emitir un Decreto Ejecutivo para formalizarlo.

Los trámites pendientes

Además, para que este tratado comercial entre en vigor es necesario que Canadá cumpla también con sus procedimientos internos. Una vez que ambos países intercambien las notas diplomáticas que certifiquen el cumplimiento de esos requisitos, se acordará la fecha en que comenzará a aplicarse.

En función del tiempo que demandan estos procedimientos, Fedexpor estima que podrían culminar en 2026 o a inicios de 2027.

Por su parte, Daniel Legarda, exministro de Producción, estima que el TLC entre Ecuador y Canadá “no entrará en vigencia en 2026 (…) los tiempos son extensos a menos que se haga una buena gestión para acelerarlos”, mencionó y recordó que el acuerdo negociado con Corea del Sur ha tomado un tiempo considerable y aún no entra en vigor. Y el de Emiratos Árabes Unidos aún no va a la Corte Constitucional ni a la Asamblea.

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La oferta exportable de Ecuador tendrá beneficios

Una vez que el tratado entre en vigencia, el 99,6 % de la oferta exportable ecuatoriana, alrededor de 600 productos, podrá ingresar a Canadá con arancel cero, informó ayer el Ministerio de Producción.

Entre ellos están: banano, cacao y sus derivados, camarón, frutas tropicales. También se abren oportunidades para sectores que actualmente enfrentan aranceles, como flores, chocolates, confites, conservas y preparaciones de atún, jugos de frutas, aceite de palma y agua mineral. 

A estos se suman textiles, confecciones, cerámicas, muebles, productos de madera, autopartes, neumáticos, calzado y cosméticos que tendrán acceso preferencial a un mercado de cerca de 40 millones de consumidores.

Beneficios para el sector productivo

El tratado permitirá, además, que las empresas ecuatorianas accedan en mejores condiciones a materias primas, bienes de capital e insumos provenientes del país norteamericano.

Para Orellana Giler el acceso a estos equipos permitirá reducir los costos de producción e impulsar la modernización tecnológica del aparato productivo, “atacando de frente la brecha de productividad de $ 6,6 por hora vs. los $ 9,1, que maneja la región”, enfatiza.

El TLC contempla también la protección de 227 productos agrícolas. Entre ellos están rubros relacionados con el arroz, maíz, leche, carnes y azúcar. Asimismo, se mantiene la prohibición de importar ropa usada y se incorporan mecanismos de cooperación bilateral y de atención de alertas comerciales.

Relación comercial Ecuador-Canadá

En el 2025, Canadá fue el noveno mercado de destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador. Entre los principales envíos están cacao, mineral y camarón. Mientras tanto, en las importaciones predominan trigo, abonos y otros producto agrícolas (ver gráfico).

En 2025, el comercio no petrolero entre Canadá y Ecuador dejó un saldo favorable de $84 millones, en donde las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones. En el caso de las exportaciones, estas alcanzaron $563 millones en 2025, lo que significó un aumento de 91 % en relación a 2024.

Una apuesta por la música tropical

• David Guerrero presenta Donde quiera que vayas, su primera bachata romántica, con la que busca transmitir un mensaje de amor, acompañamiento y esperanza.
• El cantante guayaquileño repasa además el camino que lo llevó de los coros y la docencia a construir una carrera como solista.

En un hospital, una pareja recibe una noticia devastadora. Frente a un diagnóstico que altera sus planes y pone a prueba su relación, ambos deciden afrontar juntos lo inevitable. Mientras la historia avanza, los primeros versos de David Guerrero empiezan a sonar al ritmo de una bachata: “Tú y yo, un amor, y de testigo la luna que nos abrigó…”.

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Así comienza Donde quiera que vayas, el tema más reciente del cantante guayaquileño. Su letra romántica se traslada a un videoclip en el que la enfermedad, el cuidado y el acompañamiento adquieren un rostro concreto a través de la experiencia de una paciente oncológica y de su esposo.

La canción marca un giro dentro de su repertorio. Después de varios sencillos de corte tropical y bailable, Guerrero decidió explorar un registro más íntimo con esta composición escrita por George Polanco y producida por Roberto Guerrero. El tema forma parte de Latino Soy, el álbum que ha ido construyendo durante casi una década y del que ya ha presentado cuatro canciones.

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En apenas unas semanas desde su lanzamiento, asegura, el videoclip se acercó a las 50.000 reproducciones y le abrió nuevas oportunidades fuera del país, entre ellas una nominación en República Dominicana.

“Esta es mi primera canción romántica. Mis tres temas anteriores son bailables, pero este era un tema necesario, uno que venía buscando como artista para mostrar la versatilidad interpretativa que tengo”, explica.

Música con propósito

El videoclip también funciona como una vitrina de distintos paisajes del Ecuador. El equipo grabó varias escenas en el volcán Chimborazo, una experiencia que el músico recuerda con humor debido a las dificultades de filmar a más de 5.000 metros de altura.

“Como nosotros somos costeños, tuvimos que grabar el videoclip, tomar fotografías y cambiarnos de ropa en 50 minutos. Ya no aguantábamos la presión”, cuenta entre risas.

Más allá de la anécdota, Guerrero explica que la decisión de trabajar con una paciente oncológica real respondió a una convicción personal. “Quiero que esta canción sirva de acompañamiento emocional para las personas que puedan estar atravesando procesos duros”, afirma.

Esa intención atraviesa buena parte de su trabajo. “Me gusta crear música con propósito. Creo que los artistas ecuatorianos tenemos la tarea, además de sacar un ritmo contagioso, de dar un mensaje a la sociedad”.

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Una vida marcada por el arte

Su historia con la música comenzó mucho antes de convertirse en solista. Fue su madre quien lo llevó desde niño a participar en los coros de la iglesia y en obras de teatro. En ese entonces, reconoce, el interés era más de ella que suyo.

“Siempre estuvo bastante dispuesta para que yo me inclinara por el arte, a pesar de que a mí no me gustaba mucho”, recuerda. Sin embargo, la situación cambió durante la adolescencia. A los 15 años ingresó al Conservatorio Antonio Neumane, donde estudió canto clásico durante una década, y posteriormente integró el coro de la Casa de la Cultura, experiencia que lo llevó a representar al Ecuador en escenarios de México, Argentina, Panamá y otros países.

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Después de varios años cantando en agrupaciones y orquestas, sintió que era momento de construir un proyecto propio. En 2016 escribió Latino Soy, una canción que define como un “autoconsejo” en una etapa en la que pensaba abandonar la música.

“Tocaba puertas y no se me abrían. Como no era un artista conocido, nadie me decía que sí. Un día, decepcionado, agarré mi guitarra y me puse a escribir”, recuerda.

Desde entonces, mientras desarrollaba su carrera, también concluyó sus estudios como ingeniero audiovisual y más tarde obtuvo una maestría en Educación. Durante varios años combinó la música con la docencia, impartiendo clases de arte y, actualmente, de canto.

El camino también estuvo marcado por la pérdida de su madre, un episodio que transformó la manera en que interpreta sus canciones. Antes de grabar Si yo te amo, tercer sencillo del álbum, atravesó el duelo por su fallecimiento.

“Yo tuve la bendición de verla irse”, relata. Cada vez que interpreta el verso “Yo necesito de ti para vivir”, dice, vuelve a ese instante. “Era lo que mi corazón sentía. Le decía: ‘Mamá, yo necesito de ti para vivir. ¿Por qué te vas?’”. Añade, no obstante, que en la música también halló un espacio para procesar el dolor. “La música ha sido ese aliciente, ese consuelo que he tenido para continuar con la vida”.

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Mirar hacia el futuro

Hoy, con once años de trayectoria como solista, David Guerrero mira hacia el exterior.

En las próximas semanas viajará a República Dominicana para recibir un reconocimiento relacionado con Donde quiera que vayas y cumplir una gira de medios, antes de continuar con actividades en Colombia.

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También prepara el lanzamiento de Fallaste, un nuevo merengue con el que planea regresar al sonido tropical que, asegura, mejor refleja su identidad artística. “Cuando canto mis temas movidos siento que ese soy yo. Me inyectan energía y es lo que puedo transmitir al público”, concluye.

Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Lo que debes saber

• La violencia en Ecuador opera bajo coerción local y abuso del poder público.
• Caída de costos del sicariato y armas facilita el uso delictivo de la fuerza.
• Desconfianza institucional e infiltración policial frenan las denuncias ciudadanas.

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el Ecuador pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado lo convierte en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del país.

Luis Córdova, director del programa de investigaciones Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), hace un análisis sobre si los ecuatorianos han normalizado la violencia, así como del deterioro de las instituciones, la expansión del mercado ilegal de armas y la disponibilidad de mano de obra joven han reducido los costos de usar la fuerza para resolver conflictos.

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¿Los ecuatorianos han normalizado la violencia o están aprendiendo a convivir con ella?

Yo haría una distinción importante. Hablar de que la violencia se ha ‘normalizado’ puede resultar impreciso. Hay sectores del país, especialmente en el Litoral y en algunas zonas de la Amazonía, donde operan economías ilegales como la minería, que llevan años viviendo bajo regímenes locales de violencia organizada. Allí las personas no aceptan voluntariamente esa realidad, sino que están sometidas a dinámicas de coerción que condicionan su vida cotidiana.

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¿Cuándo una sociedad empieza realmente a incorporar la violencia como parte de su comportamiento cotidiano?

El problema se vuelve mucho más profundo cuando la violencia deja de ser exclusiva de las organizaciones criminales y también es ejercida desde el poder público. Cuando quienes deberían garantizar la legalidad actúan al margen de la institucionalidad, utilizan la violencia bajo el argumento de combatir el crimen organizado o instrumentalizan las instituciones para obtener beneficios políticos, el Estado comienza a construir un nuevo patrón moral. El Estado existe porque genera consenso alrededor de reglas compartidas. Si esas reglas pasan a justificar abusos de poder o el uso arbitrario de la fuerza, entonces la violencia organizada y el abuso institucional empiezan a convertirse en referentes aceptables. Ese es un cambio extremadamente peligroso porque modifica la forma en que la sociedad entiende la resolución de los conflictos.

¿Qué consecuencias tiene para la seguridad del país que las extorsiones, los atentados o los sicariatos formen parte de la rutina cotidiana?

El primer impacto es que disminuye el costo de utilizar la violencia para resolver conflictos. Hoy conseguir armas resulta más sencillo y contratar sicarios también es mucho más barato que hace algunos años. Esto ocurre porque el mercado ilegal de armas se ha expandido y porque existe una gran cantidad de jóvenes sin empleo ni oportunidades que terminan convirtiéndose en mano de obra disponible para estas actividades criminales. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como mecanismos eficaces para resolver disputas y la violencia aparece como una alternativa rápida y accesible, aumenta el riesgo de que cada vez más personas recurran a esos mecanismos.

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¿Qué efectos tiene este contexto sobre las nuevas generaciones?

El impacto es enorme porque modifica la manera en que niños y adolescentes se relacionan con su entorno. Cuando predomina una percepción constante de inseguridad, las familias limitan la presencia de los menores en parques, calles o espacios públicos y trasladan su socialización hacia espacios cerrados como las viviendas o centros comerciales. Además, muchos jóvenes comienzan a desarrollar una lógica permanente de autoprotección y defensa personal frente a una realidad que perciben como amenazante. Es decir, la violencia no solo cambia las estadísticas del delito; también cambia la manera en que una generación aprende a convivir con el mundo.

Más allá de la seguridad ciudadana, ¿qué implicaciones políticas tiene vivir bajo un clima permanente de violencia?

La violencia genera dos emociones muy poderosas: incertidumbre y miedo. Cuando una sociedad vive bajo esos estados emocionales, resulta mucho más fácil imponer decisiones públicas sin deliberación, aprobar reformas sin suficiente debate o fortalecer prácticas autoritarias. Por eso el problema no es únicamente la criminalidad. También debemos analizar cómo el miedo puede convertirse en un recurso político para gobernar.

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¿La aparente disminución de la reacción ciudadana frente a hechos violentos puede desalentar las denuncias?

Lo que realmente inhibe la denuncia no es que las personas se acostumbren a la violencia, sino la profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad. En Ecuador, especialmente en zonas de Guayaquil afectadas por la extorsión, muchas víctimas prefieren no denunciar porque consideran que existen policías vinculados con las propias redes criminales.

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¿Qué indicadores deberían preocupar al Estado para evitar que esta violencia se convierta en una conducta socialmente aceptada?

La verdadera pregunta es si existe voluntad política para modificar este escenario o si resulta más rentable gobernar en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre. Si realmente se quisiera revertir esta situación, el primer paso sería recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma profunda de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, depurando a las instituciones infiltradas por el crimen y sancionando los abusos cometidos por sus propios integrantes.

Las claves que debes saber

• Concejo suspendió debate en Quito por falta de cuórum este miércoles.
• Proyecto busca subir pasaje urbano de 35 a 40 centavos desde enero 2027 con modernización.
• Alcalde Muñoz y ediles chocan por reforma; críticas apuntan a impacto en rutas rurales y tarifa preferencial.

La discusión sobre el incremento de la tarifa del transporte público en Quito terminó abruptamente este jueves, luego de que la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano fue suspendida por falta de cuórum.  

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La salida de varios concejales impidió continuar el primer debate del proyecto de ordenanza que propone elevar el pasaje urbano de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027, siempre que se cumplan los procesos de modernización previstos para el sistema de transporte.

La suspensión desató un nuevo enfrentamiento político entre el alcalde Pabel Muñoz y parte del Concejo. Visiblemente molesto, el burgomaestre calificó como una “falta de respeto a la ciudad” el abandono del pleno y cuestionó que algunos ediles critiquen una iniciativa que, según dijo, ni siquiera permitieron debatir.

“Luego los que no son nuestros están criticando lo que ni siquiera debaten”, reclamó tras levantarse la sesión, cuando solo permanecían 10 concejales en la sala. La jornada había iniciado pasadas las 10:30 y contemplaba la participación de 13 representantes ciudadanos mediante la figura de la silla vacía.

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Antes de la suspensión, el Municipio defendió que el incremento tarifario no responde únicamente a una necesidad económica, sino que forma parte de una transformación integral del transporte público. 

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que el proyecto fue analizado durante 53 días en mesas técnicas y que la tarifa de 40 centavos entraría en vigencia recién desde el 1 de enero de 2027. Hasta entonces se mantendría el valor actual de 35 centavos.

Muñoz aseguró que su administración recibió un sistema de movilidad “caótico” y sostuvo que el objetivo es dejar atrás un modelo que lleva tres décadas sin cambios estructurales. 

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Según indicó, este año se espera alcanzar cerca del 70% de modernización del sistema mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el servicio y fortalecer el control sobre las operadoras privadas.

El pago a transportistas estaría condicionado

El nuevo modelo plantea que los transportistas dejen de ser remunerados exclusivamente por el número de pasajeros movilizados y pasen a recibir pagos en función de los kilómetros recorridos y del cumplimiento de indicadores de calidad. 

Para ello se implementarán tres plataformas tecnológicas: el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que permitirá pagar con Cuenta Ciudad y otros medios electrónicos; el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para monitorear en tiempo real rutas, velocidades y paradas; y el Sistema de Información al Usuario (SIU), que ofrecerá datos de recorridos y tiempos estimados de llegada de las unidades.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el SAE y el SIU tienen plazo para estar operativos hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que el Sistema Integrado de Recaudo contará con un plazo adicional de ocho meses tras la aprobación de la ordenanza, debido a la importación de los equipos necesarios. 

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13 operadoras realizan pruebas

Añadió que el Municipio ya realiza pruebas con 13 de las 60 operadoras y que la plataforma tecnológica es de propiedad municipal, lo que permitirá centralizar la información y garantizar el monitoreo permanente del servicio.

Desde el sector transportista también hubo respaldo a la propuesta. Jorge Yánez afirmó que esta es la primera vez que el debate tarifario se sustenta en criterios técnicos y no únicamente políticos. Señaló que el gremio ha participado en las mesas de trabajo y que la reforma constituye un paso para reemplazar un modelo “anacrónico” por otro basado en tecnología, control y calidad del servicio.

El dirigente explicó que todas las unidades de transporte ya cuentan con equipos GPS instalados desde 2021 y que la siguiente etapa será integrar esa información con la plataforma municipal, para transmitir datos en tiempo real. 

Y añadió que aún será necesario instalar validadores para aceptar pagos con la Tarjeta Ciudad, tarjetas bancarias y otros medios electrónicos, una inversión que oscilaría entre 5.000 y 7.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. El edil Andrés Campaña calificó como “vergonzoso” que el Concejo no haya podido debatir un tema de alto impacto para la ciudadanía, aunque insistió en que su mayor preocupación es el contenido de la ordenanza.

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A su juicio, la iniciativa representa “una nueva metida de mano en los bolsillos de las familias” y modifica una normativa aprobada apenas en marzo para ampliar los plazos de implementación de la reestructuración de rutas y de los indicadores de calidad, lo que evidenciaría que las mejoras prometidas aún no están garantizadas.

Preocupación por aumento del pasaje en zona rural

Campaña advirtió además que algunas rutas urbano-rurales registrarían incrementos superiores al 20%. Y expresó su preocupación por la eliminación de la tarifa preferencial de 10 centavos para personas con discapacidad, un beneficio que, recordó, está contemplado en el Código Municipal.

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En la misma línea, Johnny Hernández, representante de la silla vacía por las personas con discapacidad y grupos vulnerables, dijo que la propuesta prioriza criterios financieros sobre un enfoque de derechos. Y advirtió que retirar ese beneficio constituiría un retroceso incompatible con la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades.

En representación de la sociedad civil, Rocío Bastidas lamentó la suspensión del debate y aseguró que la falta de cuórum refleja la ausencia de consensos sobre la reforma tarifaria. Cuestionó que el proceso carezca de transparencia y sostuvo que el Municipio no ha demostrado técnicamente por qué la tarifa debe subir a 40 centavos, ni el impacto que tendrá en las zonas rurales.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

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Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.