Lo que debes saber

• Otto Sonnenholzner evaluó hoy en EXPRESO la gestión de Daniel Noboa en seguridad y economía.
  
  
• El exvicepresidente cuestionó riesgos a la independencia de funciones y el adelanto electoral de seccionales.
  
  
• Sonnenholzner aclaró rumores sobre su futuro político y descartó candidatura en Guayaquil.
  
  

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner conversa con Diario EXPRESO sobre la gestión del presidente Daniel Noboa, los cuestionamientos a la independencia de funciones, el cambio de fecha de las seccionales y su futuro político.

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- En 2024, usted señalaba en entrevista con EXPRESO que el presidente Daniel Noboa tenía un reto enorme y complejo. Dos años después, ¿cómo evalúa su gestión?

En lo económico hay decisiones difíciles que ha logrado implementar. Sin embargo, el desafío siempre es que esas decisiones se traduzcan en bienestar, más allá de la sostenibilidad fiscal. 

Ese es un terreno un poco más complejo, porque el bienestar depende de otros factores como la seguridad, la atención en salud y la gestión pública; es ahí donde el Gobierno ha tenido más dificultades.

- 2025 cerró como el año más violento del país...

Veo que arrancan este año anunciando mejoras en los indicadores de seguridad. Espero que, a diferencia de 2024 —año en el que también lograron mejorar las cifras de inseguridad, pero luego tuvimos un rebote muy fuerte en 2025—, en esta ocasión sean resultados definitivos.

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Cooperación internacional y antidrogas

- ¿Cree que la cercanía con Estados Unidos ayudará, incluso con programas como el Escudo de las Américas, o el país queda expuesto a nuevas amenazas?

No hay que mezclar las cosas. Países como Irán, que hoy enfrentan un conflicto bélico con Estados Unidos, tienen otros objetivos prioritarios antes que Ecuador.

Dicho esto, esa asociación puede ser muy positiva en el objetivo principal: combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Pero también hay otros aliados importantes como Colombia y México, que son países donde también operan estas organizaciones criminales.

- Sin embargo, el presidente Noboa mantiene un frente abierto con Gustavo Petro que ha derivado en una guerra arancelaria. ¿Cuáles son los riesgos de esta actitud?

Fue el presidente Petro quien inició el deterioro de la relación. Empezó a hacer comentarios sobre temas internos del Ecuador, vino a la posesión del presidente Noboa y se convirtió en un altavoz de la oposición del Gobierno. 

Sin embargo, esas diferencias, más allá de un reclamo formal, no deberían trascender ni afectar el comercio o el flujo de la cooperación en materia energética.

- El presidente también tiene frentes internos abiertos. Uno de ellos es el de Aquiles Álvarez. ¿Cree que es un perseguido político?

No conozco a detalle ese proceso judicial, pero sin duda diera la impresión de que, cuando menos, hay excesos en materia de medidas cautelares. 

Independientemente de si es el alcalde de Guayaquil o no, cuando una persona está siendo juzgada por un acto, por más grave que sea, debe cumplir una condena una vez que se ha probado su culpabilidad, y para eso hay que ir a juicio. 

Si una persona no representa un riesgo de seguridad real —es decir, no es un asesino, un sicario, un vacunador ni un violador—, las medidas cautelares excesivas pueden interpretarse como temas políticos.

Independencia de funciones

- La Corte Constitucional también ha estado en la mira. Hay jueces bajo la lupa de la Contraloría y Fiscalía. ¿Está en riesgo la independencia de funciones?

Los informes de Contraloría son muy comunes cuando uno es funcionario público. Lo que sí sería grave —y es algo que el país debe superar si realmente deseamos vivir en una democracia civilizada— es que se continúen instrumentalizando los organismos de control como mecanismos de presión política.

Esta ruptura (entre Ecuador y Colombia) no nos ayuda a resolver ninguno de nuestros problemas como países.Otto Sonnenholzner

- El adelanto de las seccionales también ha sido visto como una decisión más política que técnica. ¿Cree que es una medida que beneficia directamente a ADN?

- ¿Tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para fijar la fecha de elecciones? Sí. Evidentemente es raro que se lo haga con tanta anticipación respecto a la posesión de las autoridades y eso genera algunas dudas. Me pregunto en qué le beneficiaría al Gobierno, porque vienen de perder la consulta popular. 

A mí me preocupa más el hecho de que haya autoridades electas en noviembre de 2026 que no van a entrar en funciones hasta mayo de 2027; entonces, las autoridades en funciones que no han sido reelectas pierden prácticamente cualquier autoridad sobre la institución que administran.

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- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana le quita legitimidad al proceso?

Se presta para cuestionamientos, pero ellos no van a tener dificultades en encontrar un partido que les abra las puertas. De hecho, lo han tenido en otras ocasiones. Ellos, como marca política o producto electoral, van a encontrar un espacio y van a poder participar. Les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar de participar.

- En las últimas semanas surgió el rumor de una posible candidatura suya para las seccionales. ¿Tiene conversaciones para ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano?

Yo estoy lejos de la vida pública y de la política electoral hace ya tres años. Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no.

(La suspensión) les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar (a la Revolución Ciudadana) de participar.Otto Sonnenholzner

- Es decir que sí se lo han propuesto...

Siempre hay gente que con mucha gentileza considera que puedo representar una alternativa y, evidentemente, yo tengo siempre un interés porque el país y la ciudad estén bien. Nunca me he alejado de aportar con ideas u opiniones en espacios como este.

- ¿Es definitivo o de qué depende que se anime a participar?

No está en mis planes. Definitiva solo es la muerte en la vida. A todos quienes me han ofrecido esas alternativas les he agradecido por su generosidad, pero no he aceptado ninguna invitación.

Lo que debes saber

• La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante la democracia directa, que contempla diversos mecanismos para que el pueblo intervenga en la gestión del Estado.
• Varias decisiones adoptadas por los ecuatorianos en las urnas aún no se han ejecutado.
• El presidente Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una propuesta de enmienda constitucional para restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); se prevé que una eventual consulta popular coincida con los comicios seccionales de noviembre de 2026.

Con el referéndum de 1978, convocado por la Junta Militar, Ecuador retomó la vida democrática. Desde entonces, la mayoría de quienes han portado la banda presidencial han convocado a los ecuatorianos a las urnas por diversas iniciativas.

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Para los constitucionalistas consultados por EXPRESO, las consultas populares son herramientas esenciales de la democracia directa, pues permiten que el ciudadano decida sobre asuntos de interés nacional. Sin embargo, advierten que su valor se diluye cuando los resultados no se ejecutan o se distorsionan en su aplicación.

Consultas que pierden peso

Es por esto por lo que, a criterio de los abogados, las consultas populares han perdido el peso que les otorga la Constitución. El jurista Ismael Quintana Garzón, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, sostiene que la voluntad popular hoy se queda en letra muerta.

El constitucionalista Emilio Suárez Salazar, docente de la Universidad San Francisco de Quito, advierte que no todas las decisiones adoptadas en consultas populares se ejecutan de forma automática, debido a que en muchos casos requieren de una decisión posterior del poder político. Según explica, mientras los referéndums suelen aplicarse de manera inmediata, las consultas -especialmente los plebiscitos- dependen de una “voluntad más política” para concretarse.

La voluntad popular no se cumple por falta de consecuencias jurídicas, pese a que la Corte Constitucional tiene amplias facultades para sancionar esos incumplimientos.Ismael Quintana, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Electoral

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Límites técnicos y de ejecución

O, como indica, sus resoluciones no resultan viables en el corto plazo, como ocurrió con el caso del Yasuní, donde, en 2023, el mandato ciudadano dispuso mantener indefinidamente el crudo del ITT bajo tierra. Suárez explica que el plazo de un año para cerrar el bloque petrolero era técnicamente inviable, ya que el proceso implica operaciones complejas que pueden tomar varios años, desde el cierre de pozos hasta la remediación ambiental.

Francisco López Rueda, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas y de la Universidad Tecnológica Equinoccial, señala que el problema del Yasuní no solo radica en la falta de ejecución, sino en cómo se planteó la consulta desde el inicio. A su criterio, la ciudadanía vota sin contar con todos los elementos técnicos claros, lo que luego dificulta o distorsiona la aplicación de lo decidido en las urnas.

En ese sentido, advierte que las preguntas pueden formularse de manera “engañosa” o incompleta, lo que abre la puerta a que, tras la votación, el resultado se adapte o incluso no se cumpla. Para López, este tipo de casos evidencia que, sin un planteamiento técnico adecuado, consultas como la del Yasuní terminan perdiendo efectividad y sentido práctico.

La consulta debe ser excepcional y destinarse a temas trascendentales que exijan el pronunciamiento ciudadano, no para asuntos que pueden resolverse en la Asamblea.Emilio Suárez, Abogado y docente de la Universidad San Francisco de Quito

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El alcance del voto ciudadano

Quintana sostiene que el hecho de que la ciudadanía haya rechazado el trabajo por horas en consulta popular, en 2024, no impide que el tema sea regulado posteriormente por otras vías. A su criterio, el ‘no’ en las urnas no constituye una prohibición absoluta para que el Ejecutivo o la Asamblea, dentro de sus competencias, puedan normar ese ámbito.

El jurista explica que la fuerza vinculante opera de manera distinta según el resultado, “cuando la ciudadanía vota afirmativamente, el mandato es obligatorio y de cumplimiento inmediato”. En cambio, menciona, cuando el pronunciamiento es negativo, queda abierta la posibilidad de que el poder político retome el tema mediante legislación o normativa administrativa, como ocurrió con los acuerdos ministeriales sobre trabajo por horas.

Uso político y desgaste

Por otra parte, los entrevistados coinciden en que la reiteración de consultas populares ha desnaturalizado su propósito y debilitado su valor como herramienta de democracia directa. A su criterio, lejos de emplearse para resolver asuntos trascendentales, se han convertido en un recurso recurrente de los gobiernos de turno.

Quintana advierte que la figura se ha “devaluado” por su uso constante desde el retorno a la democracia, especialmente en los últimos años. Sostiene que muchos gobernantes recurren a este mecanismo más como una forma de medir su nivel de aceptación que para someter decisiones realmente necesarias al criterio ciudadano.

En la misma línea, el jurista López sostiene que las consultas deberían ser mecanismos extraordinarios y no de uso habitual. A su juicio, su reiteración -sumada al incumplimiento de los resultados- ha erosionado su sentido y su fuerza, hasta convertirlas en una simple medición de la popularidad del gobierno de turno.

Suárez sostiene que la repetición de consultas ha generado desinterés ciudadano y las ha convertido en un termómetro político. Añade que esto ha desviado su fin hacia la aprobación o rechazo del régimen.

No tiene sentido convocar consultas al menos una vez al año, peor aún si no se acatan sus resultados, considerando el gasto que implican; de cumplirse, sería distinto.Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Udla y UTE

Lo que debes saber

• El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel elevó el precio del petróleo y encareció los combustibles en Ecuador. La gasolina súper subió 34 %, mientras el sistema de bandas ajusta los valores según el mercado internacional.
• Aunque el Gobierno compensa a los taxistas formales para evitar alzas en las tarifas, los informales y otros servicios ya trasladan el costo al usuario. También influyen gastos adicionales, como cuotas en aeropuertos y centros comerciales.
• Pese a que analistas descartan un impacto fuerte en la inflación, ciudadanos ya perciben aumentos en transporte y servicios como expresos escolares, lo que alimenta la sensación de encarecimiento general.

Ecuador empieza a sentir en sus bolsillos los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Esta guerra encareció el precio del petróleo y, por lo tanto, los combustibles a nivel mundial cuestan más, y el país no es la excepción.

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Desde ayer se aplican nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del crudo. Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en 3,024 dólares por galón, mientras que el diésel premium cuesta  2,962 dólares. La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de 3,41 a 4,57 dólares; es decir, un alza del 34 %. Los valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Uno de los primeros impactos económicos se palpa a nivel de los expresos escolares, a propósito del inicio del período escolar en la Costa, los padres de familia ya están recibiendo la advertencia de que el servicio costará más. “Mi sobrino vive y estudia en el sur de Guayaquil; pagaba 50 dólares por ida y vuelta y este año el costo será de 60 dólares. Un incremento de 10 dólares es bastante”, señaló Rosa Sanyer, ciudadana.

¿Con el combustible más caro se formará una cadena que empuje a que todo cueste más? “No debería ocurrir. Cuando subió el diésel, eso no tuvo un impacto significativo en la inflación y es lo mismo que se espera ahora”, opinó el analista económico Jorge Calderón.

Esta apreciación contrasta con una realidad en la que el ciudadano percibe que sus gastos han aumentado. Sobre esto, Calderón señaló que se trata de un efecto de especulación y no directamente del precio del combustible, que puede subir hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %.

Algunos ciudadanos han señalado que el costo del servicio de taxi ahora es mayor. “La carrera mínima la cobran en 2,50 dólares y no en 2 dólares como antes”, se quejó Valeria Vargas, usuaria.

No obstante, “el alza del precio de la gasolina no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi”, dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

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¿Por qué no debe subir el precio del servicio del taxi?

El dirigente explicó que el sector mantiene un acuerdo con el Gobierno que contempla una compensación económica para mitigar el impacto del incremento en el precio de la gasolina.

Según Gómez, los incrementos actuales no responden directamente al costo del combustible, sino a factores adicionales. “En centros comerciales u hoteles se pagan cuotas por operar en esos espacios”. Por ejemplo, los taxis que operan en el aeropuerto deben cubrir una cuota mensual de más de 17.000 dólares. Este monto es asumido de forma colectiva por unos 90 taxistas, lo que implica un aporte individual de más de 200 dólares mensuales, detalló.

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¿Cómo funciona la compensación para taxis?

El mecanismo de compensación cubre la diferencia del precio del combustible sobre una base referencial de 2,46 dólares por galón. El acuerdo está vigente desde junio de 2024 y se aplica hasta un tope de 150 galones mensuales por unidad. Aunque el consumo real de un taxi puede superar esa cifra, con un uso aproximado de 10 galones diarios, “el acuerdo permite aliviar parcialmente el impacto, porque al mes un taxista gasta unos 300 galones de combustible”, enfatizó.

En Guayaquil existen alrededor de 15.000 taxistas, de los cuales entre el 80 % y el 85 % recibe actualmente la compensación estatal, según estimaciones del gremio. El beneficio depende de que los conductores mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales de transporte.

A pesar del complejo panorama internacional, Gómez aseguró que el sector apuesta por mantener la estabilidad en las tarifas y la calidad del servicio. “La ciudadanía puede estar tranquila. Nuestro compromiso es no subir las carreras y seguir prestando un servicio eficiente”, afirmó.

Sin embargo, los vehículos informales, que no reciben la compensación, sí estarían obligados a cobrar más por el servicio. “Trabajo haciendo taxi informal desde que me quedé sin empleo. Pero con el precio del combustible esto ya no es negocio”, lamentó Ricardo Martínez, chofer.

De lo ideal a la realidad, hay comerciantes como Francisco Quimí, quien vende legumbres en el sur de Guayaquil, que se pregunta cuánto le costará ahora trasladar los alimentos hasta su negocio; antes pagaba 20 dólares desde el mercado Montebello.

Aunque la compensación estatal contiene el impacto del alza de combustibles en los taxis formales, en la práctica persisten incrementos puntuales y sectores excluidos, lo que evidencia que la estabilidad de tarifas no es uniforme en todo el sistema de transporte y, por lo tanto, hay razones para la inquietud ciudadana.

Lo que debe saber

• Menos producción por clima extremo: Las inundaciones y la sequía reducirán la cosecha de arroz en cerca de un 20 %, con una pérdida estimada de 95.000 toneladas
• Hay arroz, pero no compradores: Pese a la menor producción, las piladoras no están comprando o pagan por debajo del precio mínimo, debido a problemas para exportar el excedente anterior.
• Conflicto con Colombia complica el mercado: Las sobretasas y restricciones comerciales han frenado las exportaciones, afectando la comercialización del arroz y golpeando a los productores.

Pese a que la cosecha de invierno de arroz será menor por los efectos del clima, los agricultores denuncian que no hay quién compre el producto. La situación es crítica para los productores del grano.

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“En esta cosecha habrá menos arroz y, pese a eso, las piladoras no quieren comprar y, si alguna lo hace, paga por debajo del precio mínimo de sustentación”, dijo a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto de Los Ríos.

Habrá un 20 % menos de la cosecha, detalló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

García explicó que, por las inundaciones registradas al inicio de 2026, se calcula que se perdieron 50.000 toneladas y, por la sequía actual, la merma es de otras 45.000 toneladas, lo que implica una reducción de aproximadamente 95.000 toneladas.

Normalmente, en la cosecha de invierno se recogen unas 400.000 toneladas de arroz; ahora será entre 305.000 y 320.000 toneladas. “Esto no implica que habrá escasez en el mercado nacional; lo que pasará es que no existirá producto para exportar”, indicó García.

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La sobretasa complicó la situación

Los arroceros señalaron que la situación es paradójica porque, por un lado, habrá menos arroz, pero, por otro, en este momento las piladoras no quieren comprar el producto. Al parecer, no han logrado exportar el excedente de la cosecha anterior debido al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia.

Los agricultores  señalaron que la situación se complicó cuando Ecuador impuso una sobretasa a los productos colombianos, buscando presionar para que el presidente Gustavo Petro refuerce la seguridad en la frontera y minimice el paso de droga hacia Ecuador.

Frente a ese tributo, la reacción de Colombia fue aplicar también una sobretasa y exigir que productos como el arroz ya no ingresen por transporte terrestre, sino por vía marítima.

Ahora que Ecuador fijó una sobretasa del 100 % a productos colombianos, Petro anunció que algunos productos ecuatorianos que requiere su país ingresarán con 0 % de arancel. “Pero no se sabe si el arroz estará en esa lista. Hasta el momento, la exportación todavía debe hacerse por barco”, manifestó García.

Se espera que el Gobierno compre el arroz

Otro problema es que, cuando una piladora acepta comprar la saca, paga 29 dólares y no los 34 dólares que corresponden al precio mínimo de sustentación.

Los arroceros esperan que el Gobierno cumpla pronto con la promesa de comprar el producto a precio oficial.

Hasta el cierre de este artículo, los agricultores permanecían reunidos en la provincia de Los Ríos, analizando las medidas que van a tomar.

Lo que debes saber 

• En Quito, 9 parroquias de Tumbaco impulsan cantonización por falta de servicios antes elecciones CNE.
• En Los Chillos y Calderón, colectivos buscan cantonización en Quito por recursos insuficientes y campaña electoral 2026.
• En Quito, candidatos Guarderas, Yunda y Muñoz debaten cantonización de parroquias ante elecciones y reclamos de descentralización.

A siete meses de las elecciones seccionales, adelantadas por el CNE, en el valle de Tumbaco vuelve a cobrar fuerza la cantonización de nueve parroquias. 

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En este contexto, los impulsores de la propuesta buscan conocer la postura de los aspirantes a la Alcaldía de Quito y, eventualmente, respaldar a quienes se muestren a favor de esta iniciativa.

Cantonización Tumbaco gana fuerza

El proyecto plantea la creación de un nuevo cantón conformado por Tumbaco, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Cumbayá y Nayón, que en conjunto superan los 250.000 habitantes. Para sus promotores, la iniciativa responde a la falta de atención y planificación en una zona que, pese a su crecimiento poblacional y aporte económico, aseguran, no recibe servicios acordes a sus necesidades.

Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló, sostiene que la situación en el valle “lejos de mejorar, se agudiza”. Enumera una serie de problemas como informalidad en la construcción, congestión vehicular, deterioro vial, deficiencias en servicios básicos como el agua potable y el progresivo desgaste de la Ruta Viva. A su juicio, estos factores evidencian un modelo de gestión centralizado que ya no responde a la realidad del territorio.

“La mejor salida es la independencia”, afirma Serrano, quien considera que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es “obeso” tanto en extensión como en estructura administrativa. Señala que descentralizar la gestión permitiría aliviar la carga institucional y abrir paso a administraciones más eficientes. La propuesta apunta a la creación de un municipio “moderno”, con una burocracia mínima, procesos automatizados y un catastro actualizado.

La mejor salida es la independenciaJuan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló

Serrano también introduce un elemento político: el respaldo electoral. Asegura que los candidatos a la Alcaldía o a juntas parroquiales que apoyen la autonomía podrían captar un importante número de votos en estas zonas. “Estamos dispuestos a respaldar a quienes tengan convicción sobre esta tesis”, enfatiza.

Tras seis años desde que nació la Junta Cívica, en la actualidad están realizando una nueva encuesta para medir el apoyo ciudadano a la cantonización. Aunque existe un sondeo de 2019, buscan actualizar los datos para presentarlos a los aspirantes y posicionar la propuesta como una alternativa viable.

El proceso, sin embargo, enfrenta trabas legales. Mientras el proyecto reposa en la Presidencia, un pronunciamiento de la Procuraduría General, a raíz de una consulta de la Prefectura de Pichincha, señala que la iniciativa debe ser promovida por juntas parroquiales, no por colectivos ciudadanos. Serrano discrepa y argumenta que la normativa vigente contempla mecanismos de participación ciudadana para impulsar la cantonización.

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Pero Tumbaco no es el único que busca la ‘independencia’. En el Valle de Los Chillos, un colectivo ciudadano, liderado por Xavier Segovia, impulsa la creación de otro cantón integrado por seis parroquias: Conocoto, Amaguaña, Alangasí, La Merced, Guangopolo y Píntag. Con más de 280.000 habitantes, comparten diagnósticos y demandas con Tumbaco.

Segovia asegura que el principal motivo es el “olvido” por parte de las administraciones municipales. Menciona que aunque el presupuesto anual de Quito bordea los $ 1.500 millones, la asignación a estas parroquias es desproporcionada. “Nos correspondería cerca del 7%, unos 90 millones, pero recibimos mucho menos”, señala. Añade que gran parte de los recursos se destina al gasto corriente de la administración zonal, dejando sin margen a la inversión en obras.

Calderón retoma debate de cantonización

Añade que los mecanismos existentes, como el fondo rural, resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas. Como referencia, menciona que cantones con menor población, como Rumiñahui, manejan alrededor de $ 50 millones, cifras similares a las de ciudades como Latacunga y Loja. Pero, parroquias como Los Chillos, Tumbaco y Calderón concentran una población y dinámica territorial incluso mayores.

Una aspiración similar tiene la parroquia más grande del DMQ, Calderón, bajo un escenario similar al de Tumbaco y Los Chillos.

Estos procesos coinciden en un punto: el momento político. Con las elecciones a la vista, los colectivos buscan conocer las posturas de los candidatos, sin distinción de banderas. El objetivo es posicionar la autonomía como un tema de campaña.

Entre los aspirantes a la Alcaldía ya empiezan a definirse criterios. Juan Esteban Guarderas se muestra favorable a procesos de cantonización, pero advierte que deben ejecutarse de manera ordenada y progresiva. Considera que una transición abrupta podría generar efectos negativos, incluso riesgos de inseguridad si no se establecen condiciones adecuadas, sobre todo en Calderón.

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Por su parte, Jorge Yunda reconoce el malestar en las parroquias rurales y lo atribuye a una distribución ineficiente de recursos. Aunque no respalda la fragmentación del DMQ, propone incrementar significativamente la asignación presupuestaria. Su oferta contempla destinar $ 20 millones anuales para estas zonas, enfocados en obras de infraestructura y desarrollo local, con un total de $ 80 millones en cuatro años de administración.

Mientras que el alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, ha señalado que considera inadecuado avanzar en la creación de un nuevo cantón. A su criterio, resulta contradictorio intentar reducir la burocracia con más de lo mismo, debido a lo que implicaría conformar uno nuevo.

Además, según Muñoz, su administración ha ejecutado acciones en favor de estas parroquias, a través del fortalecimiento de las administraciones zonales, con el objetivo de acercar la gestión municipal a las necesidades de los barrios.

Lo que debes saber

• Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano.
• Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía
• Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales.

La reciente apertura de un parque en la avenida León Febres Cordero , a la altura de la etapa Aura de Villa Club, en La Aurora, en Daule, ha generado una ola de cuestionamientos ciudadanos que superan los comentarios positivos. Aunque el espacio fue concebido como una zona para la recreación y el ejercicio, su ubicación y diseño han sido duramente criticados por moradores.

El área cuenta con máquinas para actividad física al aire libre y una infraestructura básica; Sin embargo, desde su apertura, los usuarios han señalado que el entorno no responde a las necesidades reales de la comunidad.

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Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano. "Lo que más hace falta aquí son árboles, sombra, espacios donde uno pueda estar tranquilo. Pero todo es cemento ", comenta Miryam Cedillo, residente, quien cuestiona que no se haya priorizado la siembra de especies arbóreas en un clima caracterizado por altas temperaturas.

La falta de sombra no solo afecta la comodidad, sino que también genera preocupación entre los padres de familia. Algunos temas que la exposición prolongada al sol pueden afectar la salud de los menores.

" Uno quiere que los niños jueguen, pero aquí no se puede . Se pueden enfermar con este calor o le puede dar una infección por sentarse en ese metal caliente. No hay condiciones", comenta. Marielena Murilli, una madre que vive en el sector, pero asegura no usaría el parque.

Esto se refleja en la baja afluencia de los usuarios. A pesar de ser una obra reciente, varios vecinos coinciden en que el sitio permanece la mayor parte del tiempo vacío.

Ubicación no ofrec garantías, según moradores

Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía . El parque construido prácticamente está en medio de una de las vías más transitadas del sector. Para los ciudadanos, esto no solo reduce su funcionalidad, sino que también representa un riesgo.

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"Está pegado a la vía principal, con tráfico constante. No es un lugar donde uno se sienta seguro para hacer ejercicio o traer a los niños", señala Gino Cárdenas, un padre de familia que vive en Villa Club.

El flujo vehicular, sumado a la exposición directa al sol, ha limitado el uso del espacio. “En muy pocas ocasiones los que llegan son los adultos mayores, pero igual termina siendo muy peligroso para ellos también”, comentó un ciudadano.

Piden mayor planificación y acabados en obra

Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales . "Construyen por construir, aunque la obra no tenga sentido. Aquí lo que se necesitaba era sombra, naturaleza, no más cemento", expresa un residente.

Otros consideran que se trata de una intervención que privilegia la apariencia sobre la funcionalidad. "Parece una obra hecha para cumplir, no para servir. Es un gasto que no se justifica cuando hay otras necesidades más urgentes", añade otro vecino.

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A las críticas se suma la percepción de que la obra aún no estaría completamente finalizada, pese a haber sido entregada. Algunos ciudadanos aseguran que existen zonas con acabados incompletos y áreas que evidencian falta de mantenimiento.

"Hay partes llenas de piedras y otras donde el césped está en mal estado. No parece una obra terminada", comenta un vecino del sector.

Estas observaciones refuerzan la inconformidad de quienes consideran que el espacio fue habilitado sin estar en condiciones óptimas para su uso pleno.

Ante las constantes críticas, EXPRESO solicitó una entrevista con el Municipio para conocer los criterios técnicos detrás del proyecto y las posibles acciones frente a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta oficial.

Mientras tanto, el parque continúa generando cuestionamientos entre los habitantes del sector, quienes insisten en la necesidad de espacios públicos mejor planificados, con más áreas verdes y condiciones adecuadas para su uso real.

Crisis en centros comerciales del Centro Histórico

• Centros comerciales del ahorro en Quito presentan baja afluencia y locales cerrados en el Centro Histórico.
• Comerciantes reportan caída de hasta 70% en ventas por informalidad, inseguridad y menor demanda.
• Municipio impulsa controles y campañas, pero el problema estructural del desempleo mantiene la crisis comercial.

Pasillos vacíos, locales cerrados y una presencia de compradores cada vez menor marcan hoy la realidad de los centros comerciales del ahorro en el Centro Histórico de Quito.

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Pasillos vacíos en el Centro Histórico

Lo que antes fue un espacio dinámico de comercio popular, ahora se percibe como un conjunto de “pasillos fantasma”, como los describen los propios comerciantes que, pese al panorama, aún esperan la llegada de clientes.

Las ventas han bajado notablemente este año, y muchos comerciantes apenas logran cubrir costos básicos diarios.
Paola Gramal, comerciante

En estos lugares laboran aproximadamente 4.718 comerciantes distribuidos en nueve centros comerciales, quienes enfrentan una caída sostenida tanto en la concurrencia de público como en sus ingresos diarios.

En el centro comercial Hermano Miguel, el más grande con cerca de 1.725 locales, la escena resulta especialmente desalentadora. Muchos negocios permanecen cerrados incluso en horas pico, mientras otros bajan sus puertas antes de las 15:00 ante la falta de clientes.

Los pocos comerciantes que siguen activos dedican el tiempo a limpiar, ordenar y exhibir sus productos con la esperanza de atraer compradores que cada vez llegan menos.

Caída de ventas en el comercio popular

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se constató esta realidad. Algunos locales abren únicamente ciertos días y otros esperan, sin certezas, concretar una venta. Entre ellos está Paola Gramal, quien desde hace tres años vende zapatos deportivos. Su testimonio refleja la caída sostenida de las ventas. 

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“Hace dos años se vendía mejor. Ahora todo ha bajado bastante”, cuenta. Antes podía alcanzar ingresos cercanos a 100 dólares mensuales; hoy apenas llega a la mitad. “Toca luchar día a día. Ya no es como antes, que uno esperaba el fin de semana”, añade. La reducción de precios para competir también ha golpeado sus ganancias: “Se vende más barato, pero se gana menos”.

Hay preocupación entre los comerciantes porque algunos locales han cerrado debido a la baja sostenida de ingresos mensuales.
Cristian Castillo, presidente centro comercial Granada 

Para Gramal, las causas son claras: la inseguridad y el crecimiento del comercio informal. Una percepción que se repite entre los comerciantes formales, quienes aseguran enfrentar una competencia desigual. Los vendedores cuestionan que el control del comercio informal sigue siendo una deuda pendiente del Municipio y advierten que esta problemática no solo persiste, sino que se intensifica con el paso de los años.

El problema no se limita a un solo espacio. En el centro comercial Granada, su presidente, Cristian Castillo, confirma una caída drástica en la actividad. “De lo que vendíamos antes, ahora estamos en un 30%”, afirma. La crisis ha provocado el cierre de aproximadamente la mitad de los locales: de 430, apenas unos 200 siguen operando.

Castillo explica que, además de la falta de promoción, el comercio informal representa el principal obstáculo. “Nosotros vendemos una prenda en cinco dólares y afuera la ofrecen en tres. ¿Cómo competimos?”, cuestiona. A esto se suman los costos que deben asumir los comerciantes formales: arriendo, servicios básicos, impuestos y alícuotas.

Historias como la de Guadalupe, de 70 años, evidencian el impacto social de esta situación. Dedicada toda su vida al comercio, asegura que no tiene otra alternativa laboral. “Muchos compañeros ya se han ido. Aquí hay que pagar arriendo, servicios… no es fácil”, dice.

Municipio y estrategias de reactivación

Según David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares, la crisis responde a múltiples factores. “Estamos frente a un problema de país. El desempleo ha llevado a muchas personas al comercio autónomo como forma de subsistencia”, explica. A ello se suma un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas optan por compras en línea, reduciendo la presencia física en estos espacios.

Desde el Municipio impulsamos estrategias de promoción y capacitación para fortalecer la actividad comercial 
David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares

En el Centro Histórico existen nueve centros comerciales del ahorro, además de tres principales: Nuevo Amanecer, El Tejar y Hermano Miguel. Aunque cada uno tiene dinámicas distintas, todos enfrentan una disminución en sus ventas, especialmente fuera de temporadas altas como diciembre.

Desde el Municipio se han impulsado estrategias para reactivar el comercio, como campañas de promoción y capacitaciones. Sin embargo, los resultados aún son limitados frente a un problema estructural.

En paralelo, la Agencia Metropolitana de Control ha intensificado operativos contra el comercio no regularizado. Según su supervisor, Gustavo Chiriboga, el 80% de las sanciones se dirige a vendedores autónomos sin permisos. 

En 2025, las sanciones en el Centro Histórico se triplicaron respecto al año anterior. No obstante, el propio funcionario reconoce los límites del control. “Detrás de esto hay desempleo y pobreza. Podemos sancionar, pero es un problema que supera nuestras competencias”, señala.

Lo que debes saber

• Adelanto de elecciones decidido por el Gobierno marca el inicio del proceso electoral en Ecuador.
  
• Críticas apuntan al CNE por cambiar cronograma electoral bajo argumento del Fenómeno de El Niño.
  
• Proceso electoral avanza pese a denuncias de presión institucional y eliminación de adversarios políticos.
  
  

Ni el ilegítimo adelanto de las elecciones dispuesto por el gobierno a través de un Consejo Nacional Electoral a su servicio; ni la evidente cancha inclinada que ese organismo le garantiza al oficialismo; ni la sostenida y resuelta frialdad con la que éste ha venido sistemáticamente sacando del camino, uno tras otro, a sus principales adversarios; ni el clima de intimidación y miedo impuesto por la Fiscalía y los organismos de control (SRI, Contraloría, superintendencias…) en todos los campos de actividad del país, desde los jueces bajo ataque hasta el periodismo, o lo que queda de él, pasando por los gremios profesionales, la academia, los empresarios…

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Ninguno de estos síntomas de descomposición democrática irremediable ha logrado disuadir a la sociedad política ecuatoriana de encarrilarse con naturalidad pasmosa en el tren electoral dispuesto por el gobierno. 

Esta semana, como si nada ocurriera, con la tontuna despreocupación de toda la vida, empezaron las quinielas, las ruletas de candidatos, el cálculo de probabilidades, las siempre amañadas encuestas, el análisis de estrategias… Como si viviéramos en una democracia normal. 

Vuelve la apoteosis de esa seudociencia llamada “comunicación política”, cuyos sacerdotes predican medias verdades esotéricas diseñadas para satisfacer las necesidades de sus clientes y convertir a la política en un divertido juego de tablero que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común.

En resumen: arranca un proceso electoral fraudulento desde su origen y el país se embarca en él alegremente. Fraudulento, sí, porque lo primero que se puede decir de estas elecciones es que comienzan con un fraude en toda regla: su arbitrario e ilegítimo adelanto de febrero a noviembre.

Fraude por partida triple.

Primero, porque la ley lo impide: no debiera hacer falta recordar aquel principio según el cual en derecho público se puede hacer sólo aquello que está expresamente permitido, y éste no es el caso.

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Segundo, porque recurre a un pretexto doloso: la manipulación de las fechas del fenómeno de El Niño, que contradice los pronósticos de los organismos meteorológicos más serios del mundo, que no se respalda en ningún criterio científico y, por el contrario, vino acompañado por la renuncia del científico a cargo, el director del INAMHI.

Tercero, porque se justifica en obtusos juegos de palabras (“adelantamos votaciones, no elecciones”) a cargo de una funcionaria, Diana Atamaint, que lleva siete años medrando del poder de turno y cuya perruna obsecuencia la ha convertido en la autoridad electoral perfecta para dos autocracias sucesivas de distinto signo.

Ante la brutal contundencia de los hechos, a los defensores de la estrategia electoral oficialista no les queda sino dos opciones: la fingida candidez o el grosero cinismo. La primera, que nadie se toma en serio, es propia de los medios comprados por o para el gobierno y dice así: qué bueno que el señor presidente adelante las elecciones para protegernos de El Niño, demos gracias. 

La segunda es la postura de los comunicadores políticos del régimen: supone que el verdadero favorecido por el adelanto de las elecciones no es el gobierno sino el correísmo. Esta lectura se presenta revestida de una cierta racionalidad, finge independencia y se vende como análisis. 

Es, por ejemplo, la tesis del comunicador político Carlos Ferrín, que trabaja para Altavoz, falso medio de comunicación que opera a través de redes sociales y depende directamente de los servicios de Inteligencia del gobierno. 

Ferrín casi suena convincente, salvo por un detalle: ningún análisis que resultara perjudicial para el gobierno se publicaría en Altavoz. Por tanto, su independencia es un fraude. En consecuencia, todo lo que dice es encubierta propaganda.

Lo cierto es que la decisión de adelantar las elecciones es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo (el mismo Daniel Noboa se ha referido a ella en primera persona del plural) y no habría sido adoptada si no fuera porque le conviene. 

Los posibles escenarios

Otra cosa es que le puede salir mal, pero en el cálculo del gobierno entran en juego desde la evolución de su curva de popularidad hasta consideraciones sólo conocidas en los círculos estrechos del poder pero no demasiado difíciles de adivinar: los probablemente inevitables apagones de diciembre, por ejemplo.

En la conversación nacional que se ha instaurado en el arranque de este período electoral nada de eso importa: el camino hacia las elecciones seccionales de noviembre está empedrado de hechos consumados (situaciones jurídicas consolidadas, que dicen los constitucionalistas filáticos). 

El adelanto del cronograma es uno de ellos. Otro: la eliminación artera de adversarios. El correísmo fue descalificado (ilegalmente, como todo lo demás) por mera denuncia fiscal en el TCE, sin proceso y sin sentencia; Aquiles Álvarez, juzgado dos veces por los mismos hechos, está preso con doble candado; Marcela Aguiñaga y su viceprefecto renunciaron en oscuras circunstancias… Nada de eso, sin embargo, hace parte del debate.

Mientras tanto, el miedo se apodera del país: la Fiscalía persigue a los jueces (ahora también a los medios independientes; en realidad, a quien haga falta); la Contraloría, a la Corte Constitucional y muy pronto a los alcaldes (todo perfectamente legal pero mágicamente oportuno); la Superintendencia de Compañías ocupa éste, el último diario de circulación nacional que se niega a la obsecuencia; la academia mira para otro lado (como siempre); los empresarios enmudecen. 

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En una sociedad dividida en compartimientos estancos, regida por la cobardía y el egoísmo, donde cada uno cree que lo que le pasa al vecino no es asunto suyo, las autocracias tienen medio camino recorrido sin mover un dedo. 

La mayoría de gremios empresariales, por ejemplo, viven el espejismo de que la independencia judicial y la libertad de expresión no tienen nada que ver con ellos; cobardes incapaces de ver más allá de su metro cuadrado de beneficios, serían perfectamente nazis si nomás tuvieran la oportunidad de serlo: no es una novedad, ya ocurrió en otros tiempos y otras latitudes.

Estas son las circunstancias de este país que camina rumbo a un proceso electoral fraudulento fingiendo que todo es perfectamente normal. En las tertulias radiofónicas de la mañana los comunicadores políticos (sacerdotes de la nada) barajan las posibilidades de los rostros que giran en sus ruletas como si el adelanto de elecciones fuera un capricho del destino; como si la eliminación sistemática de los rivales políticos del gobierno fuera un obstáculo imprevisto en el juego de la oca. 

Y mientras las autoridades del gobierno amenazan con destituir a los jueces que fallan en su contra y pretenden alzarse (ladrones en despoblado) con el 40 por ciento de acciones de un periódico que escribe lo que no les gusta leer, todavía tenemos que soportar los ciudadanos (por poner sólo un ejemplo) a un Antonio Tramontana que sale con el cuento de que el único capaz de llenar el vacío de la prefectura es Vicente Auad. ¿¡Vicente qué!? Hay que googlearlo para recordar que fue un mal gobernador y peor viceministro de Gobierno de Noboa. Y ahora, ¿contrató a Tramontana? ¿Y se lo toman en serio? Sí, se lo toman en serio. Y el rostro del tal Auad pasa a ocupar su lugar en la ruleta.

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Y los sacerdotes de la comunicación política hablan de la polarización. Alguno (o alguna) sugiere que el triunfo será de quien la evite, de quien no confronte. No se atreve a decir (porque no hay que repetir eslóganes) que se trata de ser pro y no anti, pero esa parece ser otra vez la receta del éxito, es decir, el signo distintivo de la tercera vía (lo que quiera que eso signifique). 

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En otras palabras: estas elecciones las ganaría el Noboa del año 23. Para lo que nos pueda servir. Polarización: correísmo versus noboísmo. Membretes sin contenido. Formas de gobierno sin sustancia. 

Cuando precisamente se difuminaron los límites entre ambas formas de autocracia, cuando la situación política nacional es una en la que la institucionalidad está siendo arrasada por el gobierno con la misma (o incluso mayor) eficiencia y dedicación con que lo fue durante el decenio de la revolución ciudadana, vuelven los comunicadores políticos a desenterrar fantasmas y plantear polarizaciones entre autocracias afines.

Ese es el debate. Esa miseria conceptual y cívica es el camino que lleva a las elecciones seccionales, apoteosis de un concepto de política que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común.

El contexto

• Ecuador anunció un arancel del 100% para las importaciones de Colombia, desde mayo. 
• El país vecino replicó igual medida, salvo para insumos clave. 
• Ambos países llamaron a consulta a sus embajadores, marcando la mayor crisis comercial y diplomática de la región, en la última década.

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia escala sin freno y amenaza con algo más que cifras: la estabilidad regional. El exministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, advierte sobre una posible ruptura de la CAN y sus efectos.

- Colombia claramente no ha optado por marcar presión subiendo aranceles, pero sí lo hace cuando mantiene su amenaza de desvincularse de la CAN. ¿Esto en un futuro podría hacer tambalear la integración regional?

- Absolutamente. El escenario más peligroso, ya a largo plazo, podría ser la destrucción total de la Comunidad Andina, que hoy brinda varios beneficios como el intercambio comercial con el 0% de arancel entre todos sus países miembros, el libre tránsito de personas, la portabilidad del roaming, el intercambio de información, etc. Si esta guerra sigue escalando, ese escenario que parecía lejano, le veo cada vez más cercano, lastimosamente.

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- ¿Qué motivaciones hay?

No solo está el hecho de que Colombia concrete su salida, sino el fallo del tribunal de la CAN en este tema. Si ese fallo es contrario al Ecuador y dice que la tasa de seguridad tiene que ser retirada y que incluso tiene que pagar compensaciones retroactivas por el valor que ha cobrado, no creo que el gobierno ecuatoriano tome esto de una forma amistosa. Dentro de esta escaramuza, ya cada vez más fuerte de esta guerra comercial, esto sí podría tomar dimensiones de una posible ruptura de la comunidad andina...pero habría que esperar qué decisión realmente toma Colombia.

- El Tribunal de Justicia de la CAN suele ser el árbitro en estos casos. ¿Pero esta demora ya no es un síntoma de debilidad de la CAN?

- Sí, la CAN ha sido absolutamente pasiva, mandando comunicados, llamando al diálogo, cuando desde el inicio debió tomar acciones mucho más decisivas. Sin embargo, creo que sigue siendo el mejor espacio para tratar de resolver esta disputa antes de que llegue a una ruptura total. Todavía hay la posibilidad de que exista un diálogo diplomático, que si se da, creo yo estará supeditado del lado de Ecuador, a las elecciones de Colombia. Como van las cosas, la primera vuelta seguramente le dé el triunfo al candidato Petrista, al señor Iván Cepeda, y lo que va a pasar es que tendremos que esperar a la segunda vuelta, que será en agosto. Lo preocupante es que se sigan dilatando los tiempos y que terminemos poniendo la suerte del sector productivo ecuatoriano en un tema electoral.

Preocupa que la suerte del comercio con Colombia se supedite a un tema electoral 

- Y no hay señales de que el Gobierno quiera dar marcha atrás, justificando esto como un tema de seguridad y de dar supuesto equilibrio a la balanza comercial. ¿Cómo observa esos argumentos?

- Yo creo que la justificación del tema de seguridad y la situación tan grave en la que estamos en el Ecuador siempre atrae y a todos nos hace pensar que son necesarias medidas tan fuertes como esta. No es que lo comparta, pero con el 30 % de antes, uno podría decir, que era una medida de presión para sentar a Petro a la mesa, pero a medida que hemos ido avanzando y no hay respuesta, y subimos del 50% y ahora llegamos a esta locura del 100%, cualquier justificación racional pierde. Y cuando decimos que, por primera vez en 25 años la balanza comercial con Colombia es positiva, pero obvio que lo es, si pusimos tremendo arancel que hizo además que muchas transacciones comerciales se anticiparan, pero la destrucción del comercio ha sido muy fuerte. Entre lo que exportamos e importamos, antes de las medidas, el año pasado eran $ 430 millones, y en lo que va del año son $ 313 millones; es decir, perdimos $ 117 millones de comercio bilateral, solo en dos meses.

- Históricamente, Colombia ha sido un proveedor clave de materias primas e insumos industriales para Ecuador. Ante un arancel del 100% para las importaciones, ¿Qué tan realista es esperar que la industria local encuentre proveedores alternos en el corto plazo sin que se genere un efecto inflacionario?

- El efecto de este 100% de aranceles afecta a esos casi 2000 millones de dólares que importamos. Y también me parece una justificación bastante simplona decir ahora que vamos a buscar otros mercados, vamos a importar de China o Perú, eso no sucede de inmediato. Si importamos de Colombia es porque hay una lógica de menor precio, de calidad, cercanía. Salir como locos a buscar otros proveedores genera costos, genera sobretasas, genera estrés en las empresas de todo tipo.

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- ¿Y qué tanta capacidad real tiene la industria local para cubrir vacíos de la oferta colombiana?

- Ahí lo que hay que comenzar a ver es cuáles son los productos que son posiblemente sustituibles, pero son los que importamos de forma minoritaria, para cosas específicas como una goma de resinas que venía de Colombia que sirve para tal cosa; un producto químico que se utilizaba para la industria farmacéutica, un ingrediente específico que se utiliza para hacer salsas de tomate o salsas de ají. Pero en su mayoría tenemos productos que no son fácilmente reemplazables como el azúcar y productos del azúcar, que importamos a Colombia $ 70 millones y ahí tenemos 50% de dependencia del mercado o productos como jabones, preparaciones de jabón, lubricantes y demás con dependencia de un 35 %. Hay una lista larga de productos que no son fácilmente reemplazables que hoy los empresarios están viendo cómo conseguir. Pero esa búsqueda, puede darse con precios más altos y en algunos casos va a generar escasez. Con un arancel del 100 % equivale a cerrar el comercio con Colombia, porque nadie puede pagar el doble de lo que costaba antes cualquier tipo de producto.

- Y cómo se ahonda el riesgo del contrabando. ¿Qué tanto riesgo hay de que ese comercio formal simplemente se desplace hacia la informalidad?

- La protesta de Ecuador es porque Colombia no logra cuidar su frontera, y seamos sinceros, el Ecuador tampoco logra cuidar su frontera. Tenemos una problemática muy grande no solo con el tema de drogas, hay una gran cantidad de productos que entran al Ecuador por pasos clandestinos. Con un 100%, el incentivo para poder comenzar a traer productos de forma subterfugia, ilegal crece también el doble. Y son pasos clandestinos no solo para traer más mercadería, sino más droga al Ecuador. El remedio termina siendo peor que la enfermedad.

El 100 % de tasa es un doble incentivo para el contrabando. Incentivamos a que se abran pasos clandestinos por donde pasan productos de forma ilegal, pero también droga

- Con un diálogo político completamente agotado, ¿Qué vías de solución usted le podría ver a esto?

- Creo que el escenario más cercano al que vamos es una rutptura diplomática. Y, en ese sentido, lo único que nos queda, creo yo, es la presión ya directa de los gremios, de las empresas. Tienen que ser mucho más claros sobre los efectos de lo que está generando todo este tema. Cuando al poder se le da demasiado espacio y no se hacen los reclamos a tiempo, el poder va encontrando siempre formas de ir excediendo, tomando decisiones que pueden ser muy, muy prejudiciales... Esto incluso puede llegar a generar, lastimosamente, una convulsión social importante. Por ejemplo, qué pasará con el arroz que está por entrar a cosecha y no puede ingresar a Colombia. ¿Qué va a pasar con todas esas cadenas productivas, agrícolas que se quedan sin un mercado clave? Esto puede generar protestas y el Gobierno debe controlarlo. Por el lado de la CAN se espera más acción, que de alguna forma medie con la intervención de un tercer país. Con EE.UU. no se logró. Así que no veo un escenario en este momento favorable más que se cedan las posiciones políticas, y no parece que eso sucederá de aquí hasta menos de un año.

Riesgos del patrimonio local

• Guayaquil cuenta actualmente con 646 edificaciones patrimoniales, pero ha perdido cerca de 500 en la zona central durante los últimos 40 años
• El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) señala que la gestión, control e intervención corresponde al Municipio de Guayaquil
• Expertos critican la falta de coordinación entre instituciones y el desinterés de algunos propietarios, mientras el Plan Urbanístico sigue en misterio

Historia que se desmorona

Se pierden ante nuestros ojos. Desaparecen y se llevan consigo el tesoro arquitectónico que por años mantuvo en pie la historia y las tradiciones urbanas. Los recuerdos se atesoran por su simbolismo, pero Guayaquil da la espalda a sus joyas. Las ve caer, desaparecer y esfumarse.

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En pleno centro, al pie de la avenida más importante de la urbe, el bulevar 9 de Octubre, un monumento al descuido se desploma de a poco. Hace una semana, la Casa Tola volvió a llamar la atención cuando expulsó hacia la calle Escobedo pedazos de su infraestructura, símbolo de la elegancia en 1918, cuando la ciudad la vio levantarse. Hoy observa cómo se derrumba lentamente.

Indiferentes, motivados por el temor de una tragedia, quienes transitan por ahí solo piensan en algo: “Hay que tumbarla”. Como si el patrimonio se construyera de un día a otro, fácilmente, como colocar las vallas metálicas que hoy delimitan su perímetro y obligan a los peatones a salir a la calzada para movilizarse.

“He visto cómo en otras partes cuidan los patrimonios culturales. Hay ciudades enteras, en ciertas partes del mundo, que se han mantenido desde hace más de 1.000 años, pero aquí en Guayaquil es lamentable la falta de ese fervor ciudadano por conservar la historia, que la gente sepa qué fue esa casa, qué representó”, dice Yovanny Ortiz Plúas, de la asamblea local ciudadana.

El declive del tesoro urbano

El arquitecto y docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), Florencio Compte, recuerda que en 1987 había cerca de 700 edificaciones patrimoniales solo en el centro urbano, sin contar el barrio del Centenario. Ese tesoro urbano se reduce actualmente a unos 200 bienes, lamenta Compte.

“Estamos hablando de que, en los últimos 40 años, 500 edificaciones de valor patrimonial del área central de la ciudad han desaparecido o han sido gravemente alteradas, de tal manera que han perdido su valor patrimonial”, asevera el especialista.

Hoy, el patrimonio arquitectónico se ha reducido a 646 edificaciones en todo el cantón, según indicó a EXPRESO el director técnico zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Ángelo Constantine Castro.

“Resulta clave fortalecer los procesos de actualización de fichas e inventarios patrimoniales, a fin de disponer de información técnica precisa, actualizada y oportuna que permita conocer con mayor exactitud la situación real de las edificaciones patrimoniales en la ciudad”, dijo Constantine, vía correo electrónico, aunque se le solicitó una entrevista.

Y agregó que, según la normativa vigente en materia de patrimonio cultural, “la gestión, control, seguimiento e intervención sobre los bienes inmuebles patrimoniales” corresponde al Municipio de Guayaquil. Por ello, no respondió sobre el estado de conservación, intervenciones en curso y pérdidas de bienes patrimoniales en Guayaquil, al alegar que eso es competencia del Cabildo porteño.

Falta de respuestas y evasión institucional

Ese inventario es un misterio para la ciudadanía. El Municipio tampoco respondió, hasta el cierre de este reportaje, a una solicitud de entrevista para conocer cómo avanza el control de los bienes patrimoniales existentes.

La implementación del Plan Urbanístico Complementario (PUC) para el centro de la urbe, cuyo contenido también se desconoce, es la herramienta que defendió el asesor municipal, Luis Alfonso Saltos, en una entrevista que dio a EXPRESO a propósito del estado de la Casa Tola. Cuando se le consultó sobre los detalles del PUC, Saltos pidió que se gestione otra entrevista.

Esta evasión del tema es lo que preocupa a expertos y ciudadanos. Compte recordó que, cuando empezó su período (2023), el alcalde Aquiles Álvarez prometió diálogo con la academia para potenciar lo patrimonial, pero esto nunca se dio, asegura. Esto deja en indefensión al patrimonio, que se deteriora sin que ningún proyecto lo salve.

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Estructuras en el olvido

Unir a la antigua Cárcel Municipal con el Cementerio General, en una ruta que sea museo al aire libre, fue la propuesta que EXPRESO publicó en julio pasado. El primer edificio, ubicado en el extremo este de la calle Julián Coronel, ha estado inutilizado por años.

A poco más de un kilómetro, hacia el oeste, el edificio donde funcionó el asilo del Bien Público, también conocido como Calixto Romero, es otra edificación patrimonial cuyas paredes evidencian polvo, óxido y descuido.

Cerca de la zona bancaria, en las calles Víctor Manuel Rendón, entre Pedro Carbo y Panamá, está ubicada la casa Maldonado, un inmueble en evidente estado de deterioro. La fachada está cubierta con zinc, mientras que varias cañas sostienen la estructura. A pesar de los riesgos, peatones siguen caminando junto al inmueble.

Para Ricardo Sandoya, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, hay tres factores por los que la recuperación de edificios patrimoniales sigue estancada. El primero es la falta de coordinación entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central para trabajar en temas de patrimonio. En otras localidades, esas instituciones sí articulan acciones en este ámbito, señaló.

Sandoya cuestionó también la falta de reacción desde la sociedad civil y se preguntó por el rol de los gremios, al señalar que no existe un compromiso colectivo claro con la preservación de la memoria histórica. El arquitecto también señaló que muchos propietarios de bienes patrimoniales no dimensionan la importancia histórica de estos inmuebles.

“Eso es lo que en Guayaquil todavía no se entiende. Se asocia ver algo antiguo como algo destructible, no como algo digno de rescate, y esa situación, mientras hay una pelea entre terceros, hace que la comunidad siga perdiendo valor patrimonial”, comentó.

Lo que debes saber

• El ciudadano reacciona cuando las políticas afectan su vida cotidiana. El aumento del IVA en ciertos productos podría generar desgaste al Gobierno, dice Simon.
• Las opiniones están divididas en torno al caso Aquiles Álvarez: unos creen que es culpable y otros que hay venganza y no justicia.
• Sectores de la academia e intelectuales ven el riesgo del autoritarismo, es importante evitar el silencio.

Farith Simon es profesor de la USFQ y suele opinar sobre temas relacionados con justicia y política en Ecuador. En una entrevista advierte que en el país hay un creciente distanciamiento entre ciudadanía y política, marcado por la urgencia de sobrevivir y la pérdida de confianza en la democracia.

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Los periodistas y los analistas estamos pendientes de la coyuntura. ¿Será que el ciudadano común se enteró de que el CNE pasó las elecciones de febrero para noviembre?

Desde hace algunos años hay desgaste de la política a nivel social, se observa una distancia entre política y vida cotidiana. La obvia prioridad es la sobrevivencia y la seguridad. La gente mira la política en tanto afecta su interés concreto, económico o personal.

¿En qué está pensando el ecuatoriano ahora?

En tener algo que llevar a su mesa, en no ser asaltado, violado, asesinado o extorsionado. La política como acción de toma del poder está distante de las personas. Hace mucho tiempo, la gente no está defendiendo la democracia como un valor en sí mismo, como algo muy valioso.

¿Por qué ya no hay movimientos tipo los forajidos?

Porque el ciudadano no encuentra en esta democracia la respuesta a sus necesidades. En abstracto no hay defensa. Años atrás hemos tenido reacciones concretas movidas por políticos. Una vez se dijo que el movimiento de los forajidos era espontáneo, normalmente se mueve por la misma política. Sin partidos fuertes y organizados y con problemas económicos, violencia y más es complejo.

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Suele decirse que la gente 'protesta' a través de las redes.

Las redes pusieron en evidencia los radicalismos, versiones moderadas no generan likes o seguidores. No creo que las redes desmovilizaran, pero generan la falsa sensación de movilización. Aunque, hay relatos recientes como los de la Primavera Árabe, sobre cómo las redes fueron factores de movilización.

¿Por qué las marchas tienen poca concurrencia?

Hay desgaste de muchas organizaciones. En el último levantamiento indígena se focalizó, se hizo totalmente territorial. Tiene que ver con los resultados, sino se consigue lo que se espera o quien acude se siente usado, deja de movilizarse.

Que cambie de signo político el autoritario no lo hace mejor. El poder que crece sin límites encuentra una barrera.Farith Simon/ catedrático universitario

¿Decir que quienes protestan son terroristas juega en contra de la movilización ciudadana?

Hay desprestigio provocado desde el poder. El relato es que no son movilizaciones ciudadanas sino instrumentos de alguien. Pero no solo eso desmoviliza, esto eso, la descalificación y la necesidad de enfocarse en cómo sobrevivir.

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Si bien quizás, el ciudadano no está pendiente del CNE, ¿qué pensará del encarcelamiento del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

Hay quienes efectivamente creen que pudo haber cometido un delito. El tema es pareciera que no se hace justicia sino venganza, o lo que está pasando contra la Corte Constitucional. Hay como la idea de que el Estado persigue y no que hace justicia.

El presidente Daniel Noboa, en algunas entrevistas, se ha referido a un “alcalde criminal”. ¿Pesa?

Todos esos discursos de presión, con el toque de queda y Aquiles son propaganda política, racionalmente no se sostienen con estadísticas. Creo que la gente tal vez no se compra totalmente el discurso, pero si hay sectores en los que pega la idea.

¿El aumento del IVA podría sí es un tema que incide en la vida cotidiana?

Hay un sector que se indigna en abstracto por autoritarismo, por violar el principio de legalidad en materia tributaria. Y en concreto, el efecto en la vida cotidiana de sectores populares, no de clase media, posiblemente generará resistencia e indignación.  

Aunque se justifique con instrumentos de comunicación, hay un acumulado. Hemos visto en otros momentos de la historia que el error y la rectificación desgastan.

¿En qué sectores se empieza a hablar del riesgo del autoritarismo?

Sectores intelectuales, la clase media empieza a ver, a tener conciencia de que vivimos un período de autoritarismo y que el nivel de control, de poder, que busca Noboa es peligroso y que el fin no justifica medios.

Las alertas en Ecuador

En el país, decisiones de gran impacto se registran. En medio de la urgencia por subsistir, los analistas creen que se ha normalizado la vulneración de derechos e inclusive la falta de control social. Entre otros:

¿Quién es Farith Simon?

Doctor en Nuevas Tendencias del Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue decano del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, de donde es profesor.

Partidos no representan posiciones claras. Los comicios son espacios para individuos, no para ideas políticas, hoy.Farith Simon/ catedrático 

Lo que debes saber

• Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de Celec ante la justicia de EE. UU. por caso Progen.
• Legisladores denuncian que informes de fiscalización sobre Progen de 2025 siguen sin tratarse en el Pleno.
• Oposición señala a ministros del Gobierno como responsables de irregularidades en proyectos eléctricos.

La intención de la subcontratista Astrobryxa de declarar confidencial la información sobre la demanda de Celec en EE. UU. genera alarmas en la Asamblea Nacional. Mientras el oficialismo asegura que su labor de fiscalización terminó, la oposición denuncia bloqueos y opacidad en un proceso que involucra recursos públicos y presuntas irregularidades de ministros.

Justicia

Caso Progen: Astrobryxa busca confidencialidad en la demanda de CELEC en Estados Unidos

Richard Josue Jimenez Mora

El silencio de la Comisión de Transparencia ante la confidencialidad

EXPRESO intentó contactar a los integrantes de la Comisión de Transparencia, mesa que fiscalizó el caso Progen en 2025, para obtener comentarios sobre posibles acciones. Sin embargo, solo tres de los diez legisladores respondieron a los requerimientos enviados por mensajes y correos.

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Desde la bancada oficialista de ADN, el asambleísta Jorge Chamba sostiene que el Legislativo ya cumplió con su responsabilidad a través del proceso de fiscalización previo. “Nosotros como miembros de la comisión ya nos pronunciamos sobre este tema. Será la justicia que debería actuar en función de los procesos en marcha”, afirmó.

Informes de fiscalización: Entre mayorías y responsabilidades políticas

En contraste, la legisladora Germania Romero, del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la legitimidad de las actuaciones anteriores: “no se puede llamar fiscalización a un proceso que, ADN y principalmente la presidenta de la comisión Diana Jácome ha llevado de manera oculta del pueblo ecuatoriano”.

Respecto a la opacidad de la demanda de Celec en el exterior y el reciente pedido de confidencialidad de Astrobryxa, Romero considera que el tema debe ser de interés para la comisión. No obstante, advierte que cualquier iniciativa legislativa sería bloqueada inmediatamente por el oficialismo.

Justicia

Caso Progen: las razones de Astrobryxa para exigir reserva en la demanda de Celec

Richard Josue Jimenez Mora

Por su parte, los asambleístas Blasco Luna y Guido Andrés Mendoza recordaron que el informe de fiscalización aprobado en diciembre de 2025, junto con su respectivo informe de minoría, aún no ha sido conocido por el Pleno de la Asamblea.

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El informe de mayoría, impulsado por el oficialismo, incorporó exámenes especiales de la Contraloría e investigaciones de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no determinó responsabilidades políticas en la fallida contratación de Progen.

En contraposición, el informe de minoría detalló presuntas irregularidades cometidas por autoridades del Gobierno Nacional en el proceso de contratación para proyectos de generación eléctrica. A diferencia de la tesis oficialista, este documento señaló como posibles responsables políticos a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte; Antonio Goncalves, exministro de Energía; e Inés Manzano, actual ministra de Ambiente y Energía.

La justicia de EE. UU. como única fuente de claridad

Para Ricardo Ramírez, coordinador en Guayas de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), el desinterés del oficialismo profundiza la opacidad que ha rodeado al caso desde sus inicios. Sobre la posible reserva de la demanda en EE. UU., Ramírez sostiene que es imperativo que Ecuador, a través del Ejecutivo o la Asamblea Nacional, exija transparencia para permitir el ejercicio de la contraloría social.

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Finalmente, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que la ciudadanía está obteniendo más información a través de la justicia estadounidense que de las propias autoridades locales. “Quizá por ello algunos están buscando que esto sea confidencial. Es un tema nacional y que involucrar recursos públicos. Aunque esto está en otra jurisdicción, muy bien el gobierno puede argumentar que esto se maneje de forma totalmente transparente”, concluyó.

Lo que debes saber

• El modelo de transformación del Centro Histórico de San Salvador, impulsado por Nayib Bukele, reabre el debate sobre el futuro del centro de Guayaquil.
• Aunque la intervención en San Salvador incluyó recuperación de espacios, peatonalización y ordenamiento del comercio informal, expertos advierten que no se puede copiar en Guayaquil de forma literal.
• Para Guayaquil, expertos proponen adaptar medidas como eliminar parqueaderos en la avenida 9 de Octubre, reactivar edificios con uso mixto y mejorar seguridad e iluminación.
• El reto en Guayaquil, coinciden los expertos, es construir un modelo propio que devuelva vida al centro más allá del horario laboral.

“Cuadra por cuadra… tardará un poco, pero quedará hermoso”. Con esa frase, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resumió el mensaje que difundió el pasado 26 de marzo: un video que muestra el antes y el después del Centro Histórico de San Salvador. Calles despejadas, monumentos visibles y una narrativa clara de transformación.

La intervención en el centro salvadoreño no fue únicamente urbanística. Incluyó la recuperación de espacios públicos, restauración de edificios patrimoniales, ampliación de aceras y modernización de infraestructura, como cableado subterráneo e iluminación LED, según el medio Infobae.

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Sin embargo, el cambio más decisivo ocurrió en el uso del espacio. El modelo implicó despejar calles ocupadas durante décadas por comercio informal. El retiro de miles de vendedores ambulantes permitió liberar plazas y corredores peatonales, informan reseñas de medios salvadoreños.

¿Es replicable el modelo de San Salvador en Guayaquil?

Entre especialistas consultados por EXPRESO hay coincidencias de criterios, pero también matices. Para el urbanista y catedrático Felipe Espinoza, el punto de partida no debe ser copiar ese modelo, sino reinterpretarlo con la identidad porteña.

El experto indicó que, desde su concepción, la avenida 9 de Octubre mantiene un valor agregado histórico. Sin embargo, su configuración actual responde a una lógica del pasado.

“La hicieron ancha para los desfiles. Pero era en el pasado. Esa era su tendencia porque, evidentemente, la ciudad era más pequeña. La gente acudía a los parques. Hoy se ha cambiado completamente toda esa modalidad; había otros patrones de consumo del espacio”, expuso.

Guayaquil

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Devolver el espacio al peatón en la avenida 9 de Octubre

Explicó que el primer paso es devolver el espacio al peatón y planteó una medida concreta. “El primer elemento básico de la habitabilidad que debe regresar al centro es la eliminación de parqueaderos en la avenida 9 de Octubre”, expresó.

Esa transformación, explicó, debe ir acompañada de un cambio en el uso del suelo y la rehabilitación de inmuebles desocupados. “Vale la pena meter en esos espacios vivienda para estudiantes, jóvenes profesionales y darles uso mixto”, sostuvo.

La combinación de vivienda, comercio y ocio -dijo- permitiría reactivar la zona más allá del horario laboral.

Espinoza va más allá y plantea una intervención con identidad propia. “¿Qué vamos a colocar ahí adentro una vez que la peatonalicemos? Vamos a tener cafeterías, lugares de esparcimiento”, propuso.

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Incluso sugirió incorporar elementos escenográficos: fuentes de agua, iluminación y referencias históricas que construyan una nueva narrativa urbana. “Imagínese si la gente regresa a la 9 de Octubre haciendo arte. Sería un espectáculo”, reflexionó.

El experto refirió que ese tipo de ocupación del espacio -formal y constante- es lo que permitió, en San Salvador, desplazar progresivamente al comercio informal.

El urbanista resume su propuesta en tres ejes: habitabilidad, seguridad e incentivos.

“El punto dos es tener una vigilancia inteligente, con cámaras y tecnología. Y el tercero, incentivos: reducir impuestos a quienes inviertan en la zona”, explicó, al plantear un modelo de urbanismo “de bajo costo, pero de alto impacto”, con participación privada.

Guayaquil

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Integrar espacios ya existentes en el centro de Guayaquil

Desde otra perspectiva, Natalie Wong, decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UEES, coincidió con Espinoza en que el modelo de San Salvador no puede replicarse de forma literal.

“Puede ser replicable, o algo similar, obviamente aterrizado a nuestra realidad”, señaló. Para ella, el error sería intentar importar un proyecto sin considerar las dinámicas locales.

En lugar de intervenir una sola gran zona, Wong propuso articular los espacios ya existentes. “Tenemos el sector de la Catedral Metropolitana de Guayaquil, el Parque Seminario y el Parque Centenario. Son puntos que pueden ser mejorados e integrados”, explicó.

Para lograrlo, insistió en intervenciones básicas pero sostenidas. “El tema de la inseguridad (…) podría mejorar mucho con la rehabilitación de los espacios públicos: soportales, aceras, iluminación”, expuso.

Dar vida al centro de Guayaquil después de las 6 de la tarde: ¿cómo lograrlo?

Otro de los problemas, advirtió, es la falta de actividad fuera del horario laboral. “A las 6 de la tarde el centro se apaga”, dijo. Por eso plantea incorporar usos que mantengan vida nocturna: “restaurantes, cafés, que la gente pueda asistir sin problemas (…) hacer calles peatonales con planificación integral”.

Wong también apuntó a una deuda estructural en movilidad. Señaló que es clave integrar sistemas como la Metrovía, el transporte privado y las ciclovías, un proyecto que quedó inconcluso.

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Ambos especialistas coincidieron en que el cambio no será inmediato. “La planificación no es de uno o dos años”, subrayó Wong, quien insistió en la necesidad de continuidad entre administraciones.

Para la ciudadanía, la deuda pendiente de las últimas gestiones municipales ha sido la reactivación del centro. “Las calles siguen sucias, con cables tirados en las aceras, inseguridad y desorden. ¿Cuánto tiempo pasará para que esto cambie?”, cuestionó Andrea Barrera, habitante del barrio del Astillero.

Lo que debes saber

• Gobierno de Noboa decreta estado de excepción por 60 días en 9 provincias por avance del crimen organizado.
• Experto alerta que la medida es temporal; delitos migran entre zonas por “efecto globo” en Ecuador.
• Extorsión crece porque es rentable; grupos criminales diversifican ingresos con minería ilegal y narcotráfico.

Unas horas antes del inicio del feriado de Semana Santa, el gobierno de Daniel Noboa activa un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias y cuatro cantones. El experto en seguridad habla para EXPRESO sobre el alcance de la medida y la redistribución del poder criminal.

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- ¿Este nuevo estado de excepción repite la misma estrategia o qué se puede esperar?

El estado de excepción permite el empleo puntual de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, que es la responsable del orden interno. 

Es la única figura que habilita esa cooperación directa. Sin embargo, no es la única estrategia. También están operativos contra minería ilegal, control de armas (camex) y trabajo de inteligencia. Todo esto forma parte del Plan Fénix, aunque no se conocen claramente sus metas ni resultados.

- ¿El estado de excepción es suficiente para enfrentar al crimen organizado?

No. Es una herramienta puntual, no la solución total. Permite contener y presionar a los grupos criminales, pero el problema es estructural.

Se necesita inteligencia operativa constante, identificación de objetivos y una estrategia integral que ataque las economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal y terrorismo.

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Las amenazas se desplazan 

-Se han registrado mejoras en algunos indicadores pero aumentos en otras como Quito. ¿Qué está ocurriendo?

Lo que vemos es un “efecto globo”: cuando se presiona en una zona, el delito se desplaza a otra. Por ejemplo, bajan los homicidios en frontera norte, pero aumentan en Pichincha, Cotopaxi o Chimborazo. 

Incluso ciudades como Cuenca muestran incremento de violencia. El crimen organizado se adapta rápidamente: puede moverse, esperar o reorganizarse según la presión del Estado.

La delincuencia común migra 

- La extorsión y las vacunas no disminuyen. ¿Por qué?

Porque es un negocio altamente rentable. La delincuencia común está migrando hacia estructuras más organizadas. Extorsionar requiere menos riesgo que robar físicamente. 

Con una sola llamada pueden obtener miles de dólares. Además, estos grupos han diversificado sus actividades: narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico de personas.

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- Se habla de 22 grupos criminales hace dos años y ahora cerca de 48. ¿Qué significa esto?

Hay una fragmentación interna por capturas de cabecillas y presiones del Estado. Esto genera divisiones y nuevos grupos. También hay una diversificación del delito, como si fueran “holdings criminales”: cada célula se especializa en una actividad

- Si hay incautaciones récord de droga, ¿de dónde siguen obteniendo recursos?

Principalmente de la minería ilegal y la extorsión. Aunque se decomise droga, el negocio no se detiene. Además, el oro ilegal y la extorsión generan ingresos constantes que financian armas, logística y corrupción.

-¿El Estado tiene capacidad suficiente para enfrentar estas amenazas?

No. Existe una brecha importante. Las Fuerzas Armadas y la Policía suman alrededor de 100.000 efectivos, mientras que se estima que los grupos criminales podrían tener hasta 50.000 miembros. En una guerra de este tipo, la relación ideal debería ser 10 a 1, pero no se cumple por falta de recursos.

- ¿Cuál es el principal problema estructural?

No existe una política de Estado en seguridad. Cada gobierno cambia estrategias sin un plan sostenido. Tampoco hay un sistema integral que conecte seguridad con educación, salud, empleo y desarrollo.

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- ¿Qué rol juega la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos?

Es clave. No se trata de intervención militar, sino de apoyo en inteligencia, tecnología, entrenamiento y equipamiento. Ecuador necesita cooperación porque sus capacidades son limitadas. La corresponsabilidad también es global: países consumidores, productores y de tránsito influyen en el problema.

- ¿Qué errores principales se repiten en la estrategia de seguridad?

Tres principalmente: falta de política de Estado en seguridad, la ausencia de un plan integral con metas claras y débil institucionalidad del sistema de seguridad pública. Sin planificación sostenida, las acciones se vuelven reactivas y no preventivas.

- ¿Qué se necesita para mejorar la seguridad en Ecuador?

Primero, definir una política de Estado clara y estable. Segundo, construir un plan de seguridad integral con metas, actores y plazos. Tercero, fortalecer instituciones clave como inteligencia financiera y control de minería ilegal. El problema no es solo policial o militar, es estructural. Si no se aborda así, el crimen seguirá adaptándose.

Lo que deberías saber

• La decisión de Daniel Noboa de extender el feriado del 1 de mayo busca reducir presión social y contener marchas sindicales en varias ciudades, según expertos.
• Medidas del Gobierno responden a objetivos políticos, electorales y fiscales: analistas advierten contradicciones y riesgo de incertidumbre.
• El IVA en alimentos será uno de los reclamos en la marcha del Día del Trabajador.

El presidente Daniel Noboa ha tomado decisiones antipopulares como aplicar el IVA a ciertos productos alimenticios, una medida que generó molestias por un posible impacto en la canasta básica. Sin embargo, como respuesta, hizo anuncios que generaron simpatía al extender el feriado del 1 de mayo y ampliar el plazo para entregar la compensación a los transportistas por el alza del diésel.

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Han sido medidas con las dos caras de la moneda: populares e impopulares. Parecerían contradictorias o que buscarían paliar las críticas, pero más bien, según expertos, responden a tres objetivos: político, electoral y fiscal.

Compensaciones y feriado contra protestas

El analista político, Matías Abad, dice que las decisiones recientes del Gobierno son reactivas y apuntan a evitar posibles manifestaciones de sectores sociales. 

“Responden a una administración de las tensiones, más que por una estrategia económica coherente. Por un lado, vemos que extiende las compensaciones, feriado, disminución del IVA al sector turístico que, se entienden, buscan contener ciertos conflictos inmediatos, diluir las posibles marchas y salida a las calles por el 1 de mayo. En general, tratan de reducir la presión social y pretenden evitar la apertura de nuevos frentes de conflicto. Por otro lado, hace ajustes del IVA y aumenta los aranceles con Colombia, lo que podría generar especulación o trasladar el costo al consumidor final. Son medidas reactivas desde lo político porque no hay una línea económica clara”.

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Preocupación por las elecciones

Según Gabriela Guerrero, politóloga y máster en comunicación política, el objetivo de esas medidas tiene, además, un matiz electoral. “Intenta desactivar las amenazas de paralizaciones por parte de gremios. Al Gobierno le interesa hacerlo porque estamos entrando a elecciones y no le conviene manifestaciones ni alzas de precios”. 

También observa que, en el caso de las decisiones frente a Colombia, existe una respuesta alineada a su socio: Estados Unidos. “Tiene que ver con las elecciones futuras que habrá allá. Si bien Ecuador no es un país trascendental en torno a esas votaciones, sí es un aliado estratégico de Estados Unidos y podría ser un mecanismo de presión hacia el otro lado. Podría ser una estrategia conjunta de los gobiernos aliados de los EE. UU.”, opina.

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Cuidar la imagen fiscal

El consultor político Rafael Silva sostiene que otro de los objetivos sería proyectar una buena imagen para obtener mejores condiciones en el mercado internacional. 

“Mantener la capacidad de pago, mostrarse cooperante al implementar el IVA, mientras que, las medidas en un contexto doméstico, responden a un tema estratégico, es una especie de bálsamo para controlar la inconformidad y cubrir así las acciones impopulares”, acota.

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¿Las decisiones de Noboa funcionarán?

No obstante, considera que el Gobierno tendría que ajustar el argumento para sostenerlas. Silva recuerda que el incremento del IVA, del 12 al 15 % obtuvo cierto respaldo porque se lo justificó como una decisión para brindar mayor seguridad en el 2024. “Ahora esta narrativa está desgastada”, indica.

Guerrero coincide: “Ecuador ha sido un país que ha vivido de medidas públicas populistas. Podrán durar si están justificadas y si el Gobierno logra comunicar bien esa política. Le tendrá que durar para estas elecciones y hasta que resistan los gremios”, menciona.

Abad, por su parte, ve un riesgo en estas decisiones. “En ese afán de estabilizar a corto plazo, más bien empieza a incrementar la incertidumbre y eso genera mensajes contradictorios a los mercados internacionales y de financiamiento”.

Manifestaciones se organizan, pese a feriado

La decisión de ampliar el plazo del feriado por la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo, no alteró la organización de las marchas convocadas por las centrales sindicales del país. 

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, ratificó que las movilizaciones se realizarán en las distintas ciudades el 1 de mayo. 

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“No es una fecha de descanso, sino que es una fecha donde se conmemora la lucha por las 8 horas de trabajo”, expresó. Otras organizaciones, como la UNE, confirmaron que se sumarán a esta marcha para rechazar el cobro del IVA en ciertos alimentos, el ajuste de la jornada laboral, así como la aprobación de las leyes Minera y la reforma al Cootad, que han sido cuestionadas.

Contexto

Las medidas coinciden en un escenario político que mezcla la organización de las elecciones y distintos procesos contra autoridades locales.

No tiene otra opción. Su situación no es la excepción: es la regla para cientos de familias que viven a lo largo de este río tungurahuense, obligadas a trabajar con un recurso hídrico que estudios ya calificaron de gravemente contaminado.

Juan Pablo Cáceres lo compara directamente con el Machángara de Quito. "Ya es un río muerto", sentencia. Conoció el Pachanlica en los años 80, cuando aún se podían pescar.

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Ahora, dice, la solución pasa por instalar plantas de tratamiento de aguas servidas en Mocha, Tisaleo, Cevallos y Quero, y sacar de la zona las curtiembres y las lavadoras de jeans. "Antes de que eso pase, llegará el día del juicio", lamentó.

Ese río ya no existe. Con los años, la instalación de curtiembres, lavadoras de jeans, lubricadoras de vehículos y otros negocios a lo largo de la microcuenca fue cambiando todo. El Pachanlica pasó de ser fuente de vida a convertirse en río muerto.

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Estudios ya revelaron los daños

Un estudio efectuado entre abril y agosto de 2022 por estudiantes y catedráticos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) dejó cifras que alarman.

El informe detalla que el afluente está contaminado por fosfatos, elementos orgánicos —materia fecal humana y animal—, cromo y cadmio. 

Este último es el que más preocupa: las muestras registraron 0,09 milésimas de miligramo por parte por millón (ppm), cuando el límite permisible es apenas 0,01. La presencia del cadmio fue detectada en un tramo de cinco kilómetros del río.

"Cadmio y cromo son metales pesados de alta densidad que no pueden metabolizar las plantas, los animales ni el ser humano. Eso significa que estos dos elementos se mantienen en estado puro con posibilidad de provocar riesgos cancerígenos en el hígado y los riñones”, explicaron los técnicos en su tiempo.

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La situación se mantiene cuando el Pachanlica pasa por Cevallos, Quero, Totoras (Ambato) y Pelileo, donde se suman los residuos de lavadoras de jeans y otras industrias. 

Una acción de protección sin ejecutarse

El cansancio de las comunidades no es solo emocional. Representantes de los sectores agrícolas de Chiquicha, El Rosario, Chilcapamba y otros de la parroquia Salasaca, junto con moradores de Totoras, presentaron en 2025 una acción de protección a favor del río Pachanlica. 

 Fue suspendida en varias ocasiones la audiencia. Para quienes llevan años marchando y documentando la contaminación en laboratorios, esa decisión fue una bofetada.

"Tenemos pruebas documentadas de diferentes laboratorios que demuestran que el agua está contaminada. No estamos reclamando porque nos da la gana, sino porque queremos defender la vida, la salud del río, el medioambiente", dijo Edgar Castro, de Totoras.

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Toribio Mazaquisa, representante del pueblo Salasaka, reclamó que a la contaminación se suma el robo del agua de los canales de riego para los sembradíos.

Ricardo Pillajo, presidente del barrio El Recreo, recalcó: "Las zonas agrícolas están produciendo alimentos contaminados. Lechugas, nabos, acelga y animales están siendo afectados. Necesitamos una resolución".

Las comunidades han realizado varios plantones incluso a inicios de este 2026. "El pueblo se está cansando. Necesitamos que algo favorable se dé para la mayoría, y no solo para cuatro o cinco empresas que están contaminando", recalcó Masaquiza.

Las instituciones se mueven, pero despacio

En el Concejo Municipal de Ambato, las cosas también empezaron a moverse, aunque con cautela. Las reformas aprobadas al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), a finales de marzo, le dan al municipio un año para definir un nuevo polígono donde reubicar las curtiembres que hoy operan en parroquias como Totoras y Picaihua.

El concejal Alex Valladares reconoció que hay contaminación verificada, pero justificó los plazos por el impacto económico y social que implicaría una salida inmediata de esas industrias. 

La concejala Sabina Gamboa fue más clara: "El que contamina paga, y las industrias de alto impacto deben pagar para trabajar de manera ordenada". La concejala María José López reconoció que: "La realidad de estas comunidades es grave por los altos niveles de contaminación".

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Desde el Gobierno Provincial de Tungurahua, la directora de Gestión Ambiental, Diana Fiallos, informó que alrededor del 70% de las 23 empresas que realizan descargas —directa o indirectamente— en el Pachanlica están actualmente suspendidas por incumplir los límites permitidos.

Desde febrero se efectúan inspecciones incluso en la madrugada y los fines de semana, para verificar que las industrias sancionadas no trabajen a escondidas. 

Las empresas suspendidas tienen la posibilidad de presentar planes de acción con mejoras verificadas por un laboratorio certificado; si cumplen, podrían reanudar actividades tras un período de comprobación de unos 15 días.

El prefecto Manuel Caizabanda se reunió con la viceministra del Ambiente, Alicia Jaramillo, para coordinar acciones conjuntas orientadas a la descontaminación del Pachanlica y el manejo responsable de las cuencas de la provincia.

Caizabanda señaló que los municipios deben cumplir con su parte: verificar que las empresas tengan plantas de tratamiento y actuar de forma integral.

Diana Fiallos no cierra la puerta a la recuperación, pero tampoco da falsas esperanzas. "Es posible recuperar el Pachanlica, pero son procesos largos", advierte. Reconoce que hay industrias con conciencia ambiental que, con el seguimiento adecuado, pueden lograrlo. Otras ya presentaron planes de cierre ante la autoridad ambiental y no volverán al sector.

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Sin embargo, el problema no se reduce a las curtiembres: la cuenca también recibe descargas de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas, fuentes que seguirán aportando contaminación mientras no sean atendidas

Lo que debes saber

• Jorge Yunda descarta participar en las elecciones seccionales por ADN, dice que está con Centro Democrático; llama a la unidad, incluso a interesados en ser concejales. 
• Critica a Pabel Muñoz, quien busca la reelección; dice que no asume su responsabilidad en el control del tránsito ni en seguridad pese a que se cobra una tasa.
• Afirma que espera una campaña sin ataques, pero comenta que la correísta Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sería mejor candidata de la RC.
• Aún está en contacto con exfuncionarios como Fernando Carrión y Guillermo Abad, asegura.
• Evita tomar postura sobre lo que le pasó a Alexandra Villacís, finalmente dice que él también fue víctima de "leguleyadas".

El exalcalde Jorge Yunda confirmó que su intención es seguir el proceso para candidatizarse por Centro Democrático. Aunque afirma que declinaría, si luego de un consenso y de revisar “números”, se determina que “soy el candidato chimbador”.

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Alcaldía de Quito 2026: entre aspirantes firmes y candidatos que aún dudan

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En 2019, usted llegó con Unión Ecuatoriana a la alcaldía, antes ganó una curul con el correísmo. Dicen que no va con ADN porque usted es elegante pero también calle...

Yo estoy haciendo un llamado a la unidad. Esta polarización, de que o eres ‘borrego’ o ‘florindo’ nos ha dejado mal heridos políticamente.

¿Postularse con ADN?

No he hablado, supe que tienen sus propios candidatos y yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral. No les he propuesto ni me han propuesto. No soy de esa agrupación política, siempre he sido independiente.

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¿No le quieren los anticorreístas?

No lo sé, yo tengo buenos amigos ahí. He visto que gente en redes sociales me ha dado sin motivo alguno. Pero entiendo, así es la política.

Contra usted, ¿quién es más fuerte en el sur: Pabel Muñoz o Paola Pabón?

Yo creo que la prefecta Pabón tiene más cancha en el sur, en la periferia, en la ruralidad. Si me preguntaran, es una candidata más dura que vencer. Al señor Muñoz creo que cualquiera le gana.

¿Por qué dice que la alcaldía de Muñoz es desastrosa?

Vivo en Quito, la ciudad tiene altos índices de delincuencia, está desolada. Aquí en La Mariscal en todo (lado) dice: ‘se arrienda’, ‘se vende’. Quieren comprar hornados a $15, generar puestos para amigos, (con sueldos) de 3.000, creados para gastar millones.  

Hay secuestro, balacera, sicariatos, vacunas, con la tasa más alta de mortalidad en accidentes, de suicidio, desempleo. Vea los números. Quito está retrasada totalmente.

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“Puede surgir una figura que no venga de RC ni ADN, en Quito”: César Montúfar

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Usted dice que se enfocará en la seguridad, pero el alcalde recalca que no es competencia del municipio.

El señor es el Poncio Pilato de Quito, se lava las manos: en seguridad dice ‘no es mi competencia’, pero cobramos tasa; sobre accidentabilidad dice ‘no manejo los buses’. Hubo un muerto en la Ruta Viva por un bache, ah no bacheo. Hay una responsabilidad política y un liderazgo nefasto.

La justicia lo absolvió en el caso pruebas PCR. Pese a ello ¿cree que ese capítulo pesará a su candidatura? 

La intención fue dejar en el imaginario que hubo corrupción, pero hay que madurar, te caiga o no te caiga. (La justicia determinó) que nadie presentó ni un video ni una prueba o documento o movimiento financiero ni un testigo.

Quito nunca fue Suiza, pero no estaba a los niveles de hoy en desaparecidos, sicariato, vacunas...
Jorge Yunda/ precandidato a la alcaldía de Quito

¿Quiénes serán sus ediles? Los 4 que llegaron con su apoyo han votado con la RC.

Cuando ganaron les di libertad para actuar, pero se olvidaron a quiénes representaban. No tengo una lista de candidatos a concejales. Invito a quienes quieran, independientemente de si son de izquierda o derecha, si tienen capacidad, se han preparado para el servicio público, no piensan en intereses económicos...

¿Cuál es su opinión sobre lo que vivió Alexandra Villacís, quien no se pudo posesionarse en la Judicatura?

No conozco, no he estudiado bien el caso.

No me diga que no sabe...

Es un tema más jurídico. Me botaron del cargo por un informe que dice que no di una rendición de cuentas presencial, cuando estaba prohibido por el CPCCS, leguleyadas. Me botan con 13 votos y requerían 14, de quien estaba hospitalizado, en paz descanse Mario Granda.  

Le sentaron a una señora y así se atropella el debido proceso. He demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptaron mi demanda.

Como empresario, ¿cree que el Gobierno ha hecho una buena gestión para evitar apagones?

Vivo de una actividad, casi quiebro con todos los apagones. Si vienen ahora, va a terminar liquidando más, quebrando la economía del Ecuador, Dios quiera que no sea así... Es el momento de haber tomado correctivos. Deberíamos tener otras fuentes energéticas, en un país tan cerca al sol, energía eólica, volcánica.

Yo enfrenté a la justicia, tuve 23 allanamientos. Espero que el alcalde de Guayaquil tenga derecho a la defensa.Jorge Yunda/ exalcalde

¿Quién es Jorge Yunda?

Exalcalde de Quito entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021. Tiene 60 años y nació en Guano. Integró grupo de música. Recorre barrios jugando vóley y con bata de médico. Ha ganado popularidad como radiodifusor. Fue legislador por la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Fiscalización impulsa reformas para centralizar competencias de tránsito que hoy manejan los GAD, argumentando riesgos de corrupción y presunta infiltración del crimen organizado.
  
• La propuesta incluye cambios a la Ley de Tránsito y al COOTAD para que el Gobierno central pueda asumir o revertir competencias municipales cuando existan indicios de irregularidades o amenazas a la seguridad nacional.
  
• Distintas fuerzas políticas advierten que el trasfondo sería político.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea trazó una hoja de ruta con la que busca restar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La punta de lanza es la investigación sobre la gestión del tránsito, pero hay sugerencias de reformas legales que no convencen al resto de las fuerzas políticas.

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La mayoría controlada por ADN en la comisión aprobó el informe sobre las entidades municipales encargadas del tránsito. Se analizaron presuntas emisiones irregulares de matrículas que estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada.

El proceso se originó tras la intervención del Gobierno Nacional en las agencias de tránsito de los cantones de Durán y Manta. Durante las comparecencias, el ministro del Interior, John Reimberg, ya había anticipado el rumbo de la fiscalización.

Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia y manejar el tránsitoJohn Reimberg, ministro del Interior (2 de febrero del 2026)

El informe de la Comisión reafirma esa postura. En el documento se advierte que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

Con ese enfoque, la Comisión plantea reformas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). En el primer caso, propone centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular.

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La propuesta va más allá. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Las alarmas nacen de la oposición en la Comisión

Las primeras alertas surgieron dentro de la propia Comisión. La legisladora correísta Ana Cecilia Herrera advirtió que, aunque es necesario combatir la corrupción y la inseguridad, esta última no es responsabilidad exclusiva de los GAD.

El fondo es más bien político: seguir en esta línea de quitarles competencias a los GAD. Volver a centralizar un montón de serviciosAna Herrera, legisladora correísta. 

En Pachakutik también hay reparos. Mariana Yumbay consideró que, si bien se requieren reformas para enfrentar la corrupción, las propuestas planteadas no solucionan el problema de fondo: “Es peligroso. Ya se aprobó la Ley de Vivienda Social que violenta la autonomía. Lo mismo pasó con la ley que reformó al COOTAD. Con esto no se va a resolver un tema que es consecuencia de actos de corrupción de funcionarios públicos porque no hay una acción concreta”.

El independiente Cristian Benavides recordó que la gestión del tránsito es facultad de los GAD y advirtió que revertirla podría incurrir en inconstitucionalidad. A la par, cuestionó la autonomía de los municipios, al señalar que la mayoría depende de recursos del Gobierno central.

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Incluso dentro de ADN hay matices. Inés Alarcón subrayó que los informes de las comisiones no son vinculantes y que cualquier cambio debe debatirse en el Pleno. “No somos ajenos a que vivimos un conflicto armado interno y toda lucha contra el narcotráfico debe ser bienvenida”, dijo.

Alarcón añadió que la autonomía no es un derecho, sino un principio orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y reiteró que la seguridad sigue siendo la principal preocupación.

Por ahora, todo dependerá del tratamiento que el Pleno le otorgue al informe. Solo después de esto y su trámite en una comisión, se medirá el alcance de una nueva propuesta que tiene como eje de intervención una vez más la gestión de municipios y en año electoral.

Lo que debes saber

• El jueves 2 de abril del 2026, el conductor de un bus de Setramas, se pasó un semáforo en rojo y se llevó la vida de dos personas, que iban en moto. Es una infracción que se repite.
• El alcalde Pabel Muñoz dijo que ni la Policía Nacional ni el agente de tránsito manejaban el bus, pero desde el 2013, Quito tiene la competencia de planificación y control de tránsito y transporte.
• En el 2021, en la ciudad se estableció parámetros que debían cumplir operadoras de buses para acceder a aumento de pasajes. Santiago Guarderas, exalcalde, permitió que todos tengan el incremento.
• Director de la AMT dice que él no entrega licencias de tránsito, anuncia operativos de control, en cada una de las compañías, bus por bus, desde el lunes 13 de abril del 2026.
• Transportistas del sur piden capacitación para los conductores pues pueden tener problemas de salud mental. Dijo que hay una póliza para terceros, de unos $ 5.000. Piden reunión con Pabel Muñoz.

El siniestro en el que un chofer del bus urbano 0438 ignoró la luz roja del semáforo y se llevó la vida de dos personas que iban en motocicleta conmocionó a la ciudad. La escena refleja una inconducta cada vez más habitual en las calles de Quito.  

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Desde redes sociales como X, ciudadanos que documentan las infracciones en fotos y videos han cuestionado por qué esos hechos se repiten, también el débil control a las operadoras, la formación de conductores y la responsabilidad de las autoridades.

El alcalde Pabel Muñoz se ha solidarizado con la familia y dispuso la revisión técnica vehicular de la flota de Setramas, la operadora del bus. Además, se verificará que todos sus choferes estén afiliados al IESS y levantarán por 60 días el permiso de operación de la dueña de la unidad involucrada, la cual se quemó.  

Según Muñoz, “ni la Policía Nacional ni los agentes de tránsito ni el alcalde conducen una unidad” y calificó de “irresponsable” al conductor.

Pero, desde el 26 de abril del 2013, la capital asumió la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial. Además, en una de las múltiples denuncias en redes, los usuarios reportaron que la unidad 0438, se pasó un rojo en la avenida De Los Shyris en 2022. ¿Era el mismo chofer? ¿Era un hábito?

En 2021 ya se puso en marcha un sistema de control de buses, ¿qué pasó?

Para Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, lo ocurrido, “en cualquier otro país, con un mediano sentido de preocupación por la seguridad vial, hubiera provocado reacciones no solo del alcalde sino del Presidente de la República”.

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Abad recordó que en su gestión, solo siete operadoras o compañías de buses urbanos cumplieron los parámetros de servicio para acceder a una “actualización” (aumento) de pasajes.  

Las unidades debían contar con dispositivos para transmitir datos en tiempo real a una plataforma que la Secretaría consiguió en comodato, “para vigilar a cada autobús".  

Desde su tablet, recordó, podía revisar a qué velocidad iban, si frenaban bruscamente, quién era el conductor. "El exalcalde (Santiago) Guarderas subió la tarifa a todos de un plumazo, solo con declaraciones juramentadas de que cumplieron. Así ya nadie quiso invertir en los GPS”.

¿Cuál es la responsabilidad de la AMT?

Pero la administración de Muñoz reemplazó a la de Guarderas hace casi tres años. ¿Cuál es su responsabilidad en el siniestro?, se le consultó a Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

“Cito al señor alcalde, se desdibuja y se busca una cabeza. ¿Quién da las licencias? ¿Yo o la ANT (Agencia Nacional de Tránsito)? ¿Quién permite que un chico de 20 años tenga licencia E y que, mientras escucha Bad Bunny, maneje un bus con 40 personas? No con eso le paso la pelota a la ANT. La Ley de Tránsito se aprobó hace más de 10 años, fue hecha en mesas de trabajo, con transportistas. ¿Por qué dan 30 puntos?”.

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El rol de la empresa privada y Ministerio de Infraestructura y Transporte

También Martínez lamentó lo ocurrido, conoce de siniestros ya que trabajó 28 años en el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía, dijo. Como director de la AMT, apuntó, ha pedido todas las sanciones para la operadora.

“Con ese contexto como director no tengo ninguna responsabilidad, cuento con estadísticas de (buses) sancionados, se ha capacitado, pero sé que ese es un discurso mediocre. Buscan un culpable", dijo. Luego del siniestro, con dos víctimas mortales, la AMT ha estado controlando más a buses y compartiendo en redes su trabajo:

Asimismo, el director de la AMT recordó que se hizo la restricción para el transporte pesado en la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar (luego de un siniestro con muertes). ¿Es mi culpa que una empresa le meta 50 toneladas a un camión? ¿Que el Ministerio de Transporte no regule el peso, que los transportistas no estén afiliados al IESS?”.

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"No habrá espíritu de cuerpo", responden los transportistas, luego de la tragedia

Desde el sector del transporte, Roberto Castro, dirigente del Consorcio Sur Occidental, del que forma parte Setramas, aseguró que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir responsabilidades. Además, cuestionó las palabras del alcalde, dijo que llevan algunos meses pidiéndole una cita, para hablar del modelo de gestión, no solo de la tarifa.

El 90 % del sector nos reunimos. Todos debemos asumir, también entes rectores.Roberto Castro/ representante transportistas

“Quisiéramos que ahora que hubo esta alerta, (el alcalde) nos convoque y hablemos de por qué pasan estas cosas. Necesitamos capacitación, vamos a buscar el apoyo de universidades, puede existir un problema de salud mental de los conductores. Sería bueno que la Secretaría de Movilidad nos convoque". 

Castro contó que el pasado lunes 6 de abril del 2026 se reunieron transportistas de todos los sectores. Concluyeron que: "Esto no lo resolveremos solos. Se evidencia que necesitamos cambiar como transportistas y ciudad. Falta tomar cartas en el asunto, no parches”.

¿Cumplía la unidad 0438 con las reglas?

Castro no supo dar detalles sobre qué pasó con el chofer ni si el bus había pasado las revisiones técnica vehiculares. Consultado por EXPRESO confirmó que obligatoriamente tienen pólizas para terceros, de unos $5.000, no por el bien, cree que la dueña del bus del 2016 o 2017 habrá perdido unos $80.000 porque se incendió.

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IVONNE MANTILLA

La AMT anuncia controles bus por bus, desde el lunes 13 de abril

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

Te invitamos a leer: Contraloría y Alí Lozada: un informe forjado para ser filtrado

Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Crisis en centros comerciales del Centro Histórico

• Centros comerciales del ahorro en Quito presentan baja afluencia y locales cerrados en el Centro Histórico.
• Comerciantes reportan caída de hasta 70% en ventas por informalidad, inseguridad y menor demanda.
• Municipio impulsa controles y campañas, pero el problema estructural del desempleo mantiene la crisis comercial.

Pasillos vacíos, locales cerrados y una presencia de compradores cada vez menor marcan hoy la realidad de los centros comerciales del ahorro en el Centro Histórico de Quito.

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Pasillos vacíos en el Centro Histórico

Lo que antes fue un espacio dinámico de comercio popular, ahora se percibe como un conjunto de “pasillos fantasma”, como los describen los propios comerciantes que, pese al panorama, aún esperan la llegada de clientes.

Las ventas han bajado notablemente este año, y muchos comerciantes apenas logran cubrir costos básicos diarios.
Paola Gramal, comerciante

En estos lugares laboran aproximadamente 4.718 comerciantes distribuidos en nueve centros comerciales, quienes enfrentan una caída sostenida tanto en la concurrencia de público como en sus ingresos diarios.

En el centro comercial Hermano Miguel, el más grande con cerca de 1.725 locales, la escena resulta especialmente desalentadora. Muchos negocios permanecen cerrados incluso en horas pico, mientras otros bajan sus puertas antes de las 15:00 ante la falta de clientes.

Los pocos comerciantes que siguen activos dedican el tiempo a limpiar, ordenar y exhibir sus productos con la esperanza de atraer compradores que cada vez llegan menos.

Caída de ventas en el comercio popular

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se constató esta realidad. Algunos locales abren únicamente ciertos días y otros esperan, sin certezas, concretar una venta. Entre ellos está Paola Gramal, quien desde hace tres años vende zapatos deportivos. Su testimonio refleja la caída sostenida de las ventas. 

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“Hace dos años se vendía mejor. Ahora todo ha bajado bastante”, cuenta. Antes podía alcanzar ingresos cercanos a 100 dólares mensuales; hoy apenas llega a la mitad. “Toca luchar día a día. Ya no es como antes, que uno esperaba el fin de semana”, añade. La reducción de precios para competir también ha golpeado sus ganancias: “Se vende más barato, pero se gana menos”.

Hay preocupación entre los comerciantes porque algunos locales han cerrado debido a la baja sostenida de ingresos mensuales.
Cristian Castillo, presidente centro comercial Granada 

Para Gramal, las causas son claras: la inseguridad y el crecimiento del comercio informal. Una percepción que se repite entre los comerciantes formales, quienes aseguran enfrentar una competencia desigual. Los vendedores cuestionan que el control del comercio informal sigue siendo una deuda pendiente del Municipio y advierten que esta problemática no solo persiste, sino que se intensifica con el paso de los años.

El problema no se limita a un solo espacio. En el centro comercial Granada, su presidente, Cristian Castillo, confirma una caída drástica en la actividad. “De lo que vendíamos antes, ahora estamos en un 30%”, afirma. La crisis ha provocado el cierre de aproximadamente la mitad de los locales: de 430, apenas unos 200 siguen operando.

Castillo explica que, además de la falta de promoción, el comercio informal representa el principal obstáculo. “Nosotros vendemos una prenda en cinco dólares y afuera la ofrecen en tres. ¿Cómo competimos?”, cuestiona. A esto se suman los costos que deben asumir los comerciantes formales: arriendo, servicios básicos, impuestos y alícuotas.

Historias como la de Guadalupe, de 70 años, evidencian el impacto social de esta situación. Dedicada toda su vida al comercio, asegura que no tiene otra alternativa laboral. “Muchos compañeros ya se han ido. Aquí hay que pagar arriendo, servicios… no es fácil”, dice.

Municipio y estrategias de reactivación

Según David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares, la crisis responde a múltiples factores. “Estamos frente a un problema de país. El desempleo ha llevado a muchas personas al comercio autónomo como forma de subsistencia”, explica. A ello se suma un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas optan por compras en línea, reduciendo la presencia física en estos espacios.

Desde el Municipio impulsamos estrategias de promoción y capacitación para fortalecer la actividad comercial 
David Mogollón, director de Centros Comerciales Populares

En el Centro Histórico existen nueve centros comerciales del ahorro, además de tres principales: Nuevo Amanecer, El Tejar y Hermano Miguel. Aunque cada uno tiene dinámicas distintas, todos enfrentan una disminución en sus ventas, especialmente fuera de temporadas altas como diciembre.

Desde el Municipio se han impulsado estrategias para reactivar el comercio, como campañas de promoción y capacitaciones. Sin embargo, los resultados aún son limitados frente a un problema estructural.

En paralelo, la Agencia Metropolitana de Control ha intensificado operativos contra el comercio no regularizado. Según su supervisor, Gustavo Chiriboga, el 80% de las sanciones se dirige a vendedores autónomos sin permisos. 

En 2025, las sanciones en el Centro Histórico se triplicaron respecto al año anterior. No obstante, el propio funcionario reconoce los límites del control. “Detrás de esto hay desempleo y pobreza. Podemos sancionar, pero es un problema que supera nuestras competencias”, señala.

Lo que debes saber

• Adelanto de elecciones decidido por el Gobierno marca el inicio del proceso electoral en Ecuador.
  
• Críticas apuntan al CNE por cambiar cronograma electoral bajo argumento del Fenómeno de El Niño.
  
• Proceso electoral avanza pese a denuncias de presión institucional y eliminación de adversarios políticos.
  
  

Ni el ilegítimo adelanto de las elecciones dispuesto por el gobierno a través de un Consejo Nacional Electoral a su servicio; ni la evidente cancha inclinada que ese organismo le garantiza al oficialismo; ni la sostenida y resuelta frialdad con la que éste ha venido sistemáticamente sacando del camino, uno tras otro, a sus principales adversarios; ni el clima de intimidación y miedo impuesto por la Fiscalía y los organismos de control (SRI, Contraloría, superintendencias…) en todos los campos de actividad del país, desde los jueces bajo ataque hasta el periodismo, o lo que queda de él, pasando por los gremios profesionales, la academia, los empresarios…

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Ninguno de estos síntomas de descomposición democrática irremediable ha logrado disuadir a la sociedad política ecuatoriana de encarrilarse con naturalidad pasmosa en el tren electoral dispuesto por el gobierno. 

Esta semana, como si nada ocurriera, con la tontuna despreocupación de toda la vida, empezaron las quinielas, las ruletas de candidatos, el cálculo de probabilidades, las siempre amañadas encuestas, el análisis de estrategias… Como si viviéramos en una democracia normal. 

Vuelve la apoteosis de esa seudociencia llamada “comunicación política”, cuyos sacerdotes predican medias verdades esotéricas diseñadas para satisfacer las necesidades de sus clientes y convertir a la política en un divertido juego de tablero que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común.

En resumen: arranca un proceso electoral fraudulento desde su origen y el país se embarca en él alegremente. Fraudulento, sí, porque lo primero que se puede decir de estas elecciones es que comienzan con un fraude en toda regla: su arbitrario e ilegítimo adelanto de febrero a noviembre.

Fraude por partida triple.

Primero, porque la ley lo impide: no debiera hacer falta recordar aquel principio según el cual en derecho público se puede hacer sólo aquello que está expresamente permitido, y éste no es el caso.

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Segundo, porque recurre a un pretexto doloso: la manipulación de las fechas del fenómeno de El Niño, que contradice los pronósticos de los organismos meteorológicos más serios del mundo, que no se respalda en ningún criterio científico y, por el contrario, vino acompañado por la renuncia del científico a cargo, el director del INAMHI.

Tercero, porque se justifica en obtusos juegos de palabras (“adelantamos votaciones, no elecciones”) a cargo de una funcionaria, Diana Atamaint, que lleva siete años medrando del poder de turno y cuya perruna obsecuencia la ha convertido en la autoridad electoral perfecta para dos autocracias sucesivas de distinto signo.

Ante la brutal contundencia de los hechos, a los defensores de la estrategia electoral oficialista no les queda sino dos opciones: la fingida candidez o el grosero cinismo. La primera, que nadie se toma en serio, es propia de los medios comprados por o para el gobierno y dice así: qué bueno que el señor presidente adelante las elecciones para protegernos de El Niño, demos gracias. 

La segunda es la postura de los comunicadores políticos del régimen: supone que el verdadero favorecido por el adelanto de las elecciones no es el gobierno sino el correísmo. Esta lectura se presenta revestida de una cierta racionalidad, finge independencia y se vende como análisis. 

Es, por ejemplo, la tesis del comunicador político Carlos Ferrín, que trabaja para Altavoz, falso medio de comunicación que opera a través de redes sociales y depende directamente de los servicios de Inteligencia del gobierno. 

Ferrín casi suena convincente, salvo por un detalle: ningún análisis que resultara perjudicial para el gobierno se publicaría en Altavoz. Por tanto, su independencia es un fraude. En consecuencia, todo lo que dice es encubierta propaganda.

Lo cierto es que la decisión de adelantar las elecciones es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo (el mismo Daniel Noboa se ha referido a ella en primera persona del plural) y no habría sido adoptada si no fuera porque le conviene. 

Los posibles escenarios

Otra cosa es que le puede salir mal, pero en el cálculo del gobierno entran en juego desde la evolución de su curva de popularidad hasta consideraciones sólo conocidas en los círculos estrechos del poder pero no demasiado difíciles de adivinar: los probablemente inevitables apagones de diciembre, por ejemplo.

En la conversación nacional que se ha instaurado en el arranque de este período electoral nada de eso importa: el camino hacia las elecciones seccionales de noviembre está empedrado de hechos consumados (situaciones jurídicas consolidadas, que dicen los constitucionalistas filáticos). 

El adelanto del cronograma es uno de ellos. Otro: la eliminación artera de adversarios. El correísmo fue descalificado (ilegalmente, como todo lo demás) por mera denuncia fiscal en el TCE, sin proceso y sin sentencia; Aquiles Álvarez, juzgado dos veces por los mismos hechos, está preso con doble candado; Marcela Aguiñaga y su viceprefecto renunciaron en oscuras circunstancias… Nada de eso, sin embargo, hace parte del debate.

Mientras tanto, el miedo se apodera del país: la Fiscalía persigue a los jueces (ahora también a los medios independientes; en realidad, a quien haga falta); la Contraloría, a la Corte Constitucional y muy pronto a los alcaldes (todo perfectamente legal pero mágicamente oportuno); la Superintendencia de Compañías ocupa éste, el último diario de circulación nacional que se niega a la obsecuencia; la academia mira para otro lado (como siempre); los empresarios enmudecen. 

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En una sociedad dividida en compartimientos estancos, regida por la cobardía y el egoísmo, donde cada uno cree que lo que le pasa al vecino no es asunto suyo, las autocracias tienen medio camino recorrido sin mover un dedo. 

La mayoría de gremios empresariales, por ejemplo, viven el espejismo de que la independencia judicial y la libertad de expresión no tienen nada que ver con ellos; cobardes incapaces de ver más allá de su metro cuadrado de beneficios, serían perfectamente nazis si nomás tuvieran la oportunidad de serlo: no es una novedad, ya ocurrió en otros tiempos y otras latitudes.

Estas son las circunstancias de este país que camina rumbo a un proceso electoral fraudulento fingiendo que todo es perfectamente normal. En las tertulias radiofónicas de la mañana los comunicadores políticos (sacerdotes de la nada) barajan las posibilidades de los rostros que giran en sus ruletas como si el adelanto de elecciones fuera un capricho del destino; como si la eliminación sistemática de los rivales políticos del gobierno fuera un obstáculo imprevisto en el juego de la oca. 

Y mientras las autoridades del gobierno amenazan con destituir a los jueces que fallan en su contra y pretenden alzarse (ladrones en despoblado) con el 40 por ciento de acciones de un periódico que escribe lo que no les gusta leer, todavía tenemos que soportar los ciudadanos (por poner sólo un ejemplo) a un Antonio Tramontana que sale con el cuento de que el único capaz de llenar el vacío de la prefectura es Vicente Auad. ¿¡Vicente qué!? Hay que googlearlo para recordar que fue un mal gobernador y peor viceministro de Gobierno de Noboa. Y ahora, ¿contrató a Tramontana? ¿Y se lo toman en serio? Sí, se lo toman en serio. Y el rostro del tal Auad pasa a ocupar su lugar en la ruleta.

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Y los sacerdotes de la comunicación política hablan de la polarización. Alguno (o alguna) sugiere que el triunfo será de quien la evite, de quien no confronte. No se atreve a decir (porque no hay que repetir eslóganes) que se trata de ser pro y no anti, pero esa parece ser otra vez la receta del éxito, es decir, el signo distintivo de la tercera vía (lo que quiera que eso signifique). 

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En otras palabras: estas elecciones las ganaría el Noboa del año 23. Para lo que nos pueda servir. Polarización: correísmo versus noboísmo. Membretes sin contenido. Formas de gobierno sin sustancia. 

Cuando precisamente se difuminaron los límites entre ambas formas de autocracia, cuando la situación política nacional es una en la que la institucionalidad está siendo arrasada por el gobierno con la misma (o incluso mayor) eficiencia y dedicación con que lo fue durante el decenio de la revolución ciudadana, vuelven los comunicadores políticos a desenterrar fantasmas y plantear polarizaciones entre autocracias afines.

Ese es el debate. Esa miseria conceptual y cívica es el camino que lleva a las elecciones seccionales, apoteosis de un concepto de política que nada tiene que ver, ni remotamente, con el bien común.

Lo que debes saber

• Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano.
• Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía
• Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales.

La reciente apertura de un parque en la avenida León Febres Cordero , a la altura de la etapa Aura de Villa Club, en La Aurora, en Daule, ha generado una ola de cuestionamientos ciudadanos que superan los comentarios positivos. Aunque el espacio fue concebido como una zona para la recreación y el ejercicio, su ubicación y diseño han sido duramente criticados por moradores.

El área cuenta con máquinas para actividad física al aire libre y una infraestructura básica; Sin embargo, desde su apertura, los usuarios han señalado que el entorno no responde a las necesidades reales de la comunidad.

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Moradores reclaman por la falta de sombra

Uno de los principales reclamos apunta a la escasez de áreas verdes y sombra, un problema recurrente en esta zona de crecimiento urbano. "Lo que más hace falta aquí son árboles, sombra, espacios donde uno pueda estar tranquilo. Pero todo es cemento ", comenta Miryam Cedillo, residente, quien cuestiona que no se haya priorizado la siembra de especies arbóreas en un clima caracterizado por altas temperaturas.

La falta de sombra no solo afecta la comodidad, sino que también genera preocupación entre los padres de familia. Algunos temas que la exposición prolongada al sol pueden afectar la salud de los menores.

" Uno quiere que los niños jueguen, pero aquí no se puede . Se pueden enfermar con este calor o le puede dar una infección por sentarse en ese metal caliente. No hay condiciones", comenta. Marielena Murilli, una madre que vive en el sector, pero asegura no usaría el parque.

Esto se refleja en la baja afluencia de los usuarios. A pesar de ser una obra reciente, varios vecinos coinciden en que el sitio permanece la mayor parte del tiempo vacío.

Ubicación no ofrec garantías, según moradores

Ni si quiera durante las noches, cuando el sol se oculta, el parque logra ser un atractivo, debido a la ubicación escogida para su construcción, otro de los puntos críticos por la ciudadanía . El parque construido prácticamente está en medio de una de las vías más transitadas del sector. Para los ciudadanos, esto no solo reduce su funcionalidad, sino que también representa un riesgo.

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"Está pegado a la vía principal, con tráfico constante. No es un lugar donde uno se sienta seguro para hacer ejercicio o traer a los niños", señala Gino Cárdenas, un padre de familia que vive en Villa Club.

El flujo vehicular, sumado a la exposición directa al sol, ha limitado el uso del espacio. “En muy pocas ocasiones los que llegan son los adultos mayores, pero igual termina siendo muy peligroso para ellos también”, comentó un ciudadano.

Piden mayor planificación y acabados en obra

Las críticas también se extienden al uso de fondos públicos. Para algunos ciudadanos, el proyecto no responde a una planificación adecuada ni a prioridades reales . "Construyen por construir, aunque la obra no tenga sentido. Aquí lo que se necesitaba era sombra, naturaleza, no más cemento", expresa un residente.

Otros consideran que se trata de una intervención que privilegia la apariencia sobre la funcionalidad. "Parece una obra hecha para cumplir, no para servir. Es un gasto que no se justifica cuando hay otras necesidades más urgentes", añade otro vecino.

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A las críticas se suma la percepción de que la obra aún no estaría completamente finalizada, pese a haber sido entregada. Algunos ciudadanos aseguran que existen zonas con acabados incompletos y áreas que evidencian falta de mantenimiento.

"Hay partes llenas de piedras y otras donde el césped está en mal estado. No parece una obra terminada", comenta un vecino del sector.

Estas observaciones refuerzan la inconformidad de quienes consideran que el espacio fue habilitado sin estar en condiciones óptimas para su uso pleno.

Ante las constantes críticas, EXPRESO solicitó una entrevista con el Municipio para conocer los criterios técnicos detrás del proyecto y las posibles acciones frente a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta oficial.

Mientras tanto, el parque continúa generando cuestionamientos entre los habitantes del sector, quienes insisten en la necesidad de espacios públicos mejor planificados, con más áreas verdes y condiciones adecuadas para su uso real.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Moraleja de un fracaso: el caso Villacís y la crisis de la función pública en Ecuador

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Lo que debes saber

• El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel elevó el precio del petróleo y encareció los combustibles en Ecuador. La gasolina súper subió 34 %, mientras el sistema de bandas ajusta los valores según el mercado internacional.
• Aunque el Gobierno compensa a los taxistas formales para evitar alzas en las tarifas, los informales y otros servicios ya trasladan el costo al usuario. También influyen gastos adicionales, como cuotas en aeropuertos y centros comerciales.
• Pese a que analistas descartan un impacto fuerte en la inflación, ciudadanos ya perciben aumentos en transporte y servicios como expresos escolares, lo que alimenta la sensación de encarecimiento general.

Ecuador empieza a sentir en sus bolsillos los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Esta guerra encareció el precio del petróleo y, por lo tanto, los combustibles a nivel mundial cuestan más, y el país no es la excepción.

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Desde ayer se aplican nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del crudo. Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en 3,024 dólares por galón, mientras que el diésel premium cuesta  2,962 dólares. La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de 3,41 a 4,57 dólares; es decir, un alza del 34 %. Los valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Uno de los primeros impactos económicos se palpa a nivel de los expresos escolares, a propósito del inicio del período escolar en la Costa, los padres de familia ya están recibiendo la advertencia de que el servicio costará más. “Mi sobrino vive y estudia en el sur de Guayaquil; pagaba 50 dólares por ida y vuelta y este año el costo será de 60 dólares. Un incremento de 10 dólares es bastante”, señaló Rosa Sanyer, ciudadana.

¿Con el combustible más caro se formará una cadena que empuje a que todo cueste más? “No debería ocurrir. Cuando subió el diésel, eso no tuvo un impacto significativo en la inflación y es lo mismo que se espera ahora”, opinó el analista económico Jorge Calderón.

Esta apreciación contrasta con una realidad en la que el ciudadano percibe que sus gastos han aumentado. Sobre esto, Calderón señaló que se trata de un efecto de especulación y no directamente del precio del combustible, que puede subir hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %.

Algunos ciudadanos han señalado que el costo del servicio de taxi ahora es mayor. “La carrera mínima la cobran en 2,50 dólares y no en 2 dólares como antes”, se quejó Valeria Vargas, usuaria.

No obstante, “el alza del precio de la gasolina no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi”, dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

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¿Por qué no debe subir el precio del servicio del taxi?

El dirigente explicó que el sector mantiene un acuerdo con el Gobierno que contempla una compensación económica para mitigar el impacto del incremento en el precio de la gasolina.

Según Gómez, los incrementos actuales no responden directamente al costo del combustible, sino a factores adicionales. “En centros comerciales u hoteles se pagan cuotas por operar en esos espacios”. Por ejemplo, los taxis que operan en el aeropuerto deben cubrir una cuota mensual de más de 17.000 dólares. Este monto es asumido de forma colectiva por unos 90 taxistas, lo que implica un aporte individual de más de 200 dólares mensuales, detalló.

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¿Cómo funciona la compensación para taxis?

El mecanismo de compensación cubre la diferencia del precio del combustible sobre una base referencial de 2,46 dólares por galón. El acuerdo está vigente desde junio de 2024 y se aplica hasta un tope de 150 galones mensuales por unidad. Aunque el consumo real de un taxi puede superar esa cifra, con un uso aproximado de 10 galones diarios, “el acuerdo permite aliviar parcialmente el impacto, porque al mes un taxista gasta unos 300 galones de combustible”, enfatizó.

En Guayaquil existen alrededor de 15.000 taxistas, de los cuales entre el 80 % y el 85 % recibe actualmente la compensación estatal, según estimaciones del gremio. El beneficio depende de que los conductores mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales de transporte.

A pesar del complejo panorama internacional, Gómez aseguró que el sector apuesta por mantener la estabilidad en las tarifas y la calidad del servicio. “La ciudadanía puede estar tranquila. Nuestro compromiso es no subir las carreras y seguir prestando un servicio eficiente”, afirmó.

Sin embargo, los vehículos informales, que no reciben la compensación, sí estarían obligados a cobrar más por el servicio. “Trabajo haciendo taxi informal desde que me quedé sin empleo. Pero con el precio del combustible esto ya no es negocio”, lamentó Ricardo Martínez, chofer.

De lo ideal a la realidad, hay comerciantes como Francisco Quimí, quien vende legumbres en el sur de Guayaquil, que se pregunta cuánto le costará ahora trasladar los alimentos hasta su negocio; antes pagaba 20 dólares desde el mercado Montebello.

Aunque la compensación estatal contiene el impacto del alza de combustibles en los taxis formales, en la práctica persisten incrementos puntuales y sectores excluidos, lo que evidencia que la estabilidad de tarifas no es uniforme en todo el sistema de transporte y, por lo tanto, hay razones para la inquietud ciudadana.