Lo que debes saber

• Fernando Camposano, candidato de la Lista 1, defiende una propuesta basada en cambios institucionales y de infraestructura.
• Es abogado, mediador, consultor político, liquidador de compañías. Fue gerente general de Emapag EP.
• Las elecciones se desarrollarán el domingo 16 de agosto de 2026.

La contienda por la presidencia del Guayaquil Tenis Club entra en su recta decisiva. Fernando Camposano, candidato de la Lista 1, asegura que su postulación nació del descontento de un grupo de socios frente al rumbo de la institución. Cuestiona la judicialización del proceso, plantea una reforma integral del estatuto y promete recuperar las sedes.

¿Qué lo motivó a postularse a la presidencia del Guayaquil Tenis Club?

En las elecciones anteriores, con un grupo de compañeros y socios analizamos e identificamos problemáticas que no se resolvieron en el Guayaquil Tenis Club. Uno de mis amigos me dijo: “¿Por qué no dejamos de quejarnos y somos parte de la solución?”. Le dije que tenía razón y tratamos de conformar una lista en la elección anterior. No lo logramos, pero para estas elecciones consolidamos una lista de socios que queremos que las cosas cambien y que vayan bien. Voy con María Cecilia Massuh de vicepresidenta.

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Hoy vemos que en medio de las elecciones hay una acción de protección. ¿Qué lectura tiene sobre esto?

Sí. Lamentablemente el candidato de la Lista 3, hoy calificado, sintió que sus derechos se habían vulnerado y planteó una acción de protección en la justicia ordinaria. Ya fue resuelta y dispone que vuelvan al estado de la calificación e incluyan al candidato Bohrer como tercero en la lista. Ahora, si me preguntas como socio, pienso que es un nefasto precedente activar la justicia ordinaria cuando eres socio de un club que tiene su reglamentación interna, un estatuto que respetar. Ahora, el estatuto es ambiguo, sí, es ambiguo. Entonces la administración actual debió actualizarlo. ¿Qué propongo? Que todas las controversias que se deriven del tribunal electoral sean sustanciadas en arbritraje y mediación.

Al inicio de la entrevista decía que busca cambiar molestias que tiene como socio. ¿Cuáles?

¿Qué veíamos en el club? Que integraban alguna infraestructura nueva y no guardaba ninguna simetría con el resto del diseño del club. Entonces yo decía que este era el club parche. No nos atendían la parte del gimnasio; no actualizaban las máquinas, un día un compañero se partió la cabeza; no había atención, un médico (que esté) todo el tiempo operando en el club; la comida había bajado la calidad; la atención al socio. Entonces el socio comenzó a dejar de ir. Incluso los hijos del socio, cuando cumplían los 18 años, ya no querían que los papás los hagan socios. Otra falencia en Samborondón es el parqueo. No hay.

El Anexo tiene esa tónica. ¿Qué propone?

Desde el comienzo, porque yo sí tengo mi plan estratégico de trabajo; no digo que los otros no tengan, no he visto el de los demás; es más, muchas cosas que he planteado me las han copiado. Mi plan es hacer un edificio de parqueo. Por ejemplo, vas un fin de semana y tus hijos te dicen: “¿Y yo qué voy a hacer ahí, papá, aparte de estar en la piscina? Nos aburrimos”. Queremos implementar un gimnasio de niños pequeños, para adolescentes, una sala de gamers y un pequeño parquecito acuático tanto en la sede centro como en Samborondón.

Me llama la atención la reforma del estatuto. Como abogado, le consulto: un artículo puede interpretarse de distintas maneras y generar controversias.

Primero, en el artículo 1 del estatuto te dice que eres una IRP, una institución recreativa privada autónoma. En cambio, en el artículo 2 del mismo cuerpo legal te dice que se rige a la Constitución, a la Ley del Deporte, al estatuto interno y demás normativas internacionales del deporte. Eso hay que retirar.

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¿Que no esté inscrito al ministerio?

No es necesario porque es una IRP. La ley anterior lo facultaba, pero hay que tener una autonomía real. Entonces me vas a decir: “¿Quieren ser una isla?”. Pero bueno, somos un club privado. Si no, vámonos a jugar a Fedeguayas, que es público.

¿Cómo le gustaría ver al club en los próximos cuatro años?

Mi idea, si me favorecen con los votos los socios, es contratar un ‘máster plan’ de aquí a 15 años, a dónde tiene que ir el Guayaquil Tenis Club, y este tampoco es una camisa de fuerza. Puede ser revisado cada cinco años, porque todo cambia.

¿Cuáles son sus propuestas para la sede centro?

Está bastante abandonada, (con) la pintura descascarada, rejas oxidadas, no hay mayor movimiento y acuérdate de que se hacían grandes fiestas. Es bodega el salón de eventos, bodega de mesas y sillas, y da lástima ver cómo han permitido que el club caiga en ese estado. Hay que tener ingresos, tratar de volver a activar el club, necesitas ampliar el gimnasio, las máquinas son antiguas. Vamos a techar canchas, mejorar la gastronomía y hacer eventos segmentados.

¿Y cómo recuperarla?

Atraer a la familia. Tú vas a decir: “Después de estas elecciones, todos van a quedar peleados”. Puede ser. Pero el deporte une a la gente y todos somos amigos, socios, todos nos conocemos; pero siento que esta elección nos ha distanciado.

Lo que debes saber:

• El río Machángara en Quito es escenario de violencia y búsquedas de personas desaparecidas, no solo de alta contaminación.
• Bomberos buscan a Lizeth Bunshi en el Machángara con equipos especiales por caudal, lluvias y riesgo sanitario. Hay más casos.
• A dos años de la sentencia, Quito no ejecuta PTAR y colectivos alertan retrasos en descontaminación y seguridad.

Desde el domingo 19 de julio del 2026, hace más de dos semanas, el río Machángara volvió a ocupar titulares. No por avances en su recuperación (como ordenó la sentencia de agosto de 2024), sino por su vínculo recurrente con hechos de violencia. 

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Se ha convertido en un cauce altamente contaminado, receptor de aguas residuales y escenario de búsquedas de personas desaparecidas.

Juan Carlos Ganchala, del Cuerpo de Bomberos de Quito, explica que la unidad especializada de rescate acuático lidera la búsqueda de Lizeth Bunshi. 

Para estas operaciones utilizan trajes secos, sondas y botes. “Este río no es navegable ni apto para buceo por su nivel de contaminación”. 

Por ello emplean equipos de rastreo que emiten ondas para detectar irregularidades en la superficie y en zonas profundas, con alcances de hasta 50 metros.

Las búsquedas combinan inspección visual, recorridos ribereños y verificación de cavidades y pozas. El caudal (que aumenta con las lluvias) puede arrastrar cuerpos a lo largo de varios kilómetros. “Hemos tenido hallazgos después de semanas”, indica Ganchala.

La recuperación debe incluir componente de seguridad ciudadana

Para María Elena Rodríguez, integrante del Cabildo Cívico de Quito, estos hechos reflejan el cumplimiento mínimo de una sentencia que ordena al Municipio no solo descontaminar el agua, sino ejecutar una reparación integral de las riberas. 

“Esta recuperación debe incluir un componente de seguridad ciudadana, pues en sus quebradas, orillas y laderas aumentan los casos de violencia extrema: asesinatos, violencia sexual, muchos contra niñas y mujeres”.

El 24 de agosto se cumplirán dos años de la sentencia que responsabiliza al Municipio por la situación del Machángara y establece 27 medidas obligatorias. 

Entre ellas constan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el control de descargas, la recuperación del espacio público, programas de educación ambiental y la restauración ecológica de las riberas.

Sin embargo, la implementación ha sido lenta y, según colectivos ciudadanos, incompleta. El diagnóstico inicial, que debía elaborarse en seis meses, tardó más de un año y medio y, de acuerdo con observaciones técnicas, omitió aspectos claves como la medición de metales pesados. 

“Se han hecho intervenciones puntuales, pero todavía no existe una estrategia integral que responda a la magnitud del problema”, señala.

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No habrá planta de tratamiento Quito en esta alcaldía

Rosa Fonseca, directora de Regulación, Control y Seguimiento de la Secretaría de Ambiente, afirma que las acciones vienen desde antes de que se emitió la sentencia, con una estrategia de descontaminación de ríos y construcción de PTAR. 

Explica que estas obras requieren estudios y permisos, por lo que la PTAR Quito podría ejecutarse en la siguiente administración y la de Tumbaco en 2027.

La funcionaria añade que existen 27 medidas de corto, mediano y largo plazo vinculadas a planes como el de acción climática y el de ríos y quebradas. Destaca intervenciones como la limpieza de 397.000 m², instalación de más de 10.000 metros de cercado y más de 60 mingas comunitarias. 

Finalmente, Fonseca aclara que el mantenimiento de cercados no depende de Ambiente, sino de Seguridad, en un contexto nacional de inseguridad.

En este río se bañaban los quiteños y lavaban la ropa

Nicolás Cuvi, profesor investigador de la Flacso y presidente de la Academia de Ciencias, lamenta que varias generaciones hayan crecido pensando que el Machángara es un vertedero de aguas servidas, negras, grises y residuos ambientales. Pero no siempre fue así, según sus trabajos. 

Diferencias entre Quito, Cuenca y Guayaquil en tratamiento de aguas residuales

“El alcalde habla de una estrategia de descontaminación, pero en casi cuatro años no ha construido ninguna planta de tratamiento. Es decir, empezó su administración con un 2,7 % de tratamiento y cierra con el mismo porcentaje. Incluso ha dicho que la descontaminación de ríos será un eje de su reelección, pero se requiere más acción que promesas”, cuestiona María Elena Rodríguez.

En Cuenca, apunta, se limpian los ríos desde hace cuarenta años. Y Guayaquil tiene proyectado pasar del 60 % al 90% de tratamiento de aguas residuales.

La activista está preocupada porque “se necesitan varias plantas en distintos puntos y aún no hay avances claros”. Añade que aunque hay intervenciones puntuales, estas son aisladas y no reflejan una política integral. Consideran que la Secretaría de Seguridad debe involucrarse más.

Lo que debes saber

• Zamora Chinchipe se convirtió en la tercera provincia que más impuestos recauda en Ecuador, impulsada por el auge de la minería y el alza de los precios internacionales de los minerales.
  
• La recaudación tributaria del sector minero casi se duplicó en el primer semestre de 2026, al pasar de $773 millones a $1.397,4 millones.
  
• Las exportaciones mineras crecieron 47 %, consolidando a los minerales como el segundo producto no petrolero de exportación y fortaleciendo los ingresos fiscales del país.

Los altos precios internacionales de los minerales impulsaron la minería y modificaron el mapa de la recaudación tributaria en Ecuador. Durante el primer semestre de 2026, Zamora Chinchipe desplazó a Azuay y se convirtió en la tercera provincia que más impuestos aporta al Estado, solo por detrás de Pichincha y Guayas.

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Entre enero y junio de este año, Zamora Chinchipe recaudó $758,15 millones, un crecimiento del 75,5 % (el más alto de todas las provincias) frente a lo obtenido en el mismo período de 2025. Con ese resultado superó a Azuay ($561,38 millones), según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Este salto coincide con el mejor desempeño de la minería y los altos precios de los commodities en el mercado internacional. Además, en esta provincia operan las dos minas a gran escala que tiene Ecuador: Fruta del Norte y Mirador, refiere María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).

Este crecimiento en la recaudación de impuestos, se traduce no solo en más ingresos para el Estado, sino también en crecimiento económico en zonas como Zamora Chinchipe porque el 60 % de las regalías que se generan por esta actividad deben volver al área de influencia. “Estos resultados dan cuenta de que la gente está viviendo mejor en Zamora”, refiere la CME.

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El impacto de la minería en Zamora Chinchipe

Silva sostiene también que aparte de la mayor recaudación, en esta provincia oriental se ha reducido también la pobreza, “de 2019 a 2021 bajó 13 puntos y se mantiene la tendencia”.

Además, la gente cuenta con un empleo pleno, aumentó el nivel de escolaridad, más de 400 jóvenes de la zona de influencia, que es rural, cursa estudios superiores; y no buscan migrar porque en esta localidad hay oportunidades de trabajo.

Al ser consultado sobre el aporte de Zamora Chinchipe en la recaudación de impuestos, el presidente Daniel Noboa informó el 27 de julio en radio Sucre que “Zamora se está volviendo hoy en día entre la quinta y sexta provincia”. 

Y a la vez, señaló que El Oro y otras han tenido también un crecimiento signficativo. “Si generas incentivos para formalizar hay mucho mejor control y hay mayores ingresos para el Estado”, señaló el presidente Noboa.

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A escala nacional, la actividad minera es una de las ramas que más impuestos aportó durante el semestre. Estos resultados coinciden con el aumento de los precios internacionales del oro, el cobre y otros minerales en el mercado internacional. La onza troy de oro, por ejemplo, superó los $5.300 en enero de 2026, según Investing.com.

El aporte de la minería en la recaudación

De acuerdo con el SRI, la actividad Explotación de minas y canteras -sin incluir extracción de crudo y gas- generó $1.397,4 millones en recaudación en el primer semestre de 2026. Es decir, casi el doble de lo obtenido en el mismo periodo de 2025 ($773 millones).

La mayor parte de estos ingresos del primer semestre provino de la extracción de minerales metálicos (oro, plata, cobre y otros), que aportó $886,8 millones, equivalente al 63,4 % del total del sector.

Le siguieron las actividades de apoyo para la explotación de minas y canteras, explotación de otras minas y canteras, y extracción de carbón y lignito.

Estos resultados coinciden con el crecimiento de la exportación de minerales. Según las últimas cifras disponibles del Banco Central del Ecuador (BCE), Ecuador exportó $2.220,73 millones en productos mineros entre enero y mayo de 2026. Es decir, aumentó 47 % frente al mismo lapso de 2025.

Además, en este mismo periodo los productos mineros se consolidaron como el segundo rubro de exportación no petrolera de Ecuador y el tercero entre las exportaciones totales, precisa la CME.

De acuerdo con el Banco Central, los productos mineros representaron aproximadamente el 13,6 % de todas las exportaciones ecuatorianas, que alcanzaron en total $16.288 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

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Más allá de Zamora Chinchipe, Pichincha se mantuvo como la principal fuente de ingresos tributarios del país, con $5.957,89 millones, seguida de Guayas, con $3.839,30 millones, cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El tercer lugar pasó a manos de Zamora Chinchipe, mientras que Azuay descendió a la cuarta posición. El Oro ocupó el quinto lugar.

A continuación están Manabí, Tungurahua, Cotopaxi y otras que conforman el grupo de las 10 jurisdicciones que más aportaron al Estado.

Lo que debes saber

• La Alianza por los Derechos Humanos habla de una "autocratización" en Ecuador.
• Advierte que la suspensión de movimientos políticos afecta la democracia.
• Pide a organismos internacionales vigilar el proceso electoral.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó la semana pasada sobre un supuesto proceso de “autocratización” en Ecuador, tras la suspensión de movimientos políticos de oposición. En entrevista con EXPRESO, su coordinadora, Vivian Idrovo, explica por qué considera que el país atraviesa un acelerado deterioro democrático.

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- ¿Cuáles son los indicios que les hacen pensar que Ecuador podría pasar de una democracia electoral a una autocracia electoral?

- Lo que ha pasado en Ecuador no son hechos aislados. Los acontecimientos son de conocimiento público, como la exclusión de los principales actores de oposición en los comicios, que han sido adelantados sin, a nuestro juicio, razones que lo justifiquen. Entonces, tomar decisiones que eliminan de las posibilidades de ser elegidos al principal partido de oposición (Revolución Ciudadana) y a otros movimientos (Construye y Amigo), consolida ese proceso acelerado de deterioro democrático.

- ¿Qué mecanismos legales cree que debieron aplicarse antes de adoptar una medida de suspensión a un movimiento político?

- El tema es cuándo se hace esta suspensión: antes de las elecciones. Pero además, ¿qué tipo de fundamentos existen? Es una aplicación mecánica de una norma. Un órgano del Estado pide la suspensión y el tribunal, sin hacer ningún tipo de análisis de cómo se garantiza el debido proceso, lo ejecuta. Lo que deviene en que el fiscal general tiene la atribución para suspender partidos políticos cuando a bien lo tenga en gana, sin ningún tipo de contrapeso.

- ¿Cuál es el principal riesgo para una democracia cuando una parte importante de la oposición queda fuera de una contienda electoral?

- El tema es que no hay democracia. Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado no solamente en Ecuador; se denunció en los países donde efectivamente no hay posibilidad de elecciones libres.

Ojalá la OEA, la CIDH y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre lo que pasa en Ecuador.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Ve similitudes entre lo que ocurre en Ecuador y procesos vividos en otros países de la región?

- Ustedes ven lo que pasa en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que él ya no va a permitir más elecciones. Pero Ecuador, en términos de leyes que restringen a la sociedad civil, se parece a Venezuela, se parece a El Salvador, se parece a Nicaragua. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener democracia.

- ¿Qué impacto tiene una eventual autocracia electoral sobre la libertad de expresión y la protesta social?

- Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado con el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo. Están las denuncias de Fundamedios, de Periodistas Sin Cadenas. También está ese proceso de cooptar y comprar medios de comunicación que en su momento fueron críticos e independientes. Vemos el hostigamiento que, por ejemplo, ha denunciado el periodista Hernán Higuera, sobre sus investigaciones en relación con la corrupción. O el asesinato de la activista anticorrupción (Monika Silva). También están los elementos de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y a los disidentes; el bloqueo de cuentas como una herramienta de asfixia económica.

Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado en Ecuador y otros países.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Qué es lo que se viene?

- A mi juicio, se viene un escenario muy peligroso. Poco a poco nos convertimos en estos países en los que teníamos miedo de convertirnos: Nicaragua, Venezuela, El Salvador.

- ¿En qué momento cree que se cruzaría un punto de no retorno para la democracia ecuatoriana?

- Yo creo que ya estamos cruzando el punto de no retorno. Creo que las elecciones de noviembre sí son una línea roja.

- ¿Qué organismo o quién deberían actuar ya?

- El tema es que aquí no tenemos un sistema de pesos y contrapesos nacionales. La Corte Constitucional ha dicho que no puede interferir en el proceso electoral y ha dejado vigente esta aberración jurídica. La Corte ya se ha callado. Lo que queda es seguir denunciando internacionalmente lo que está pasando. Ojalá la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre el Ecuador, porque lo que estamos viendo es que nos convertimos, de forma acelerada, en un país donde el cierre del espacio cívico es completo.

Lo que debes saber: 

• Gabriela Panchana enfrenta una sentencia por injurias: 30 días de prisión, tras publicaciones en la red social X.
• La activista registra ya cuatro denuncias penales en su contra, desde diciembre 2025, cuando habló sobre la esposa de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura.
• Abogados advierten en Ecuador que uso de derecho penal y condena por injuria puede limitar libertad de expresión.

El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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Todo empezó por una interacción en la red social X con otro usuario que intervino, sin ser citado en sus mensajes.

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

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El impacto para la familia de Panchana

“La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

La opinión de dos abogados sobre sentencia por injurias

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada". 

Además, Miño resalta que "Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

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Farith Simon indicó que el derecho a la libertad de expresión incluye la posibilidad de que los ciudadanos pueden llegar a exagerar o ser imprecisos en sus afirmaciones públicas en asuntos de interés social. Y castigarlos penalmente genera un efecto disuasorio. 

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

Lo que debes saber

• Con la promesa de recuperar la sede centro, construir un edificio de parqueos en Samborondón y frenar el crecimiento indiscriminado de socios, Bohrer busca regresar a la dirigencia del Guayaquil Tenis Club.
• El candidato sostiene que existieron irregularidades en su descalificación y asegura que su lista representa una alternativa de renovación para la institución.
• Las elecciones se desarrollarán el domingo 16 de agosto de 2026.

A menos de un mes de las elecciones del Guayaquil Tenis Club (GTC), Bohrer sostiene que la intervención de la justicia permitió restituir su participación y la de su lista en un proceso que, asegura, estuvo marcado por la vulneración de derechos. Defiende su propuesta de cambio, cuestiona el manejo de los estatutos y plantea un plan de obras que incluye un nuevo edificio de parqueo.

¿Qué lo llevó a acudir a la justicia? Es un hecho sin precedentes en los más de 100 años de historia del Tenis Club.

Efectivamente, es inédita. Actuamos con buena fe. Tanto así, que este mismo tribunal electoral, en la elección del 2022, nos permitió correr como candidatos y esta vez, por la misma causa, nos dice que no. Envié una carta a los miembros del tribunal y les dije: “Me hago a un costado, pero permitan a la lista participar”, lo cual fue negado. Impugnan mi candidatura el 20 de mayo y contestamos el 21 de mayo. La fecha límite para inscribir las lista era el 25 de mayo. Imagínese, si sabían que yo no debía competir, ¿por qué no me notifican antes del 25 de mayo y esperaron al 5 de junio para hacerlo y descalifican a toda la lista que quiere un cambio en el club? Hay un sinnúmero de socios que quieren que haya elecciones libres y transparentes. En vista de que no teníamos eco en el tribunal electoral del GTC, le dimos la oportunidad al presidente del directorio: 719 socios que, en 72 horas, conseguimos las firmas de acuerdo con el artículo 37 del estatuto, pero nos contestan diciendo “adjunten las cédulas”. Esta burla no la podemos permitir. Entre vulnerar nuestros derechos, tuvieron que recurrir 13 socios.

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¿Ellos respaldan su candidatura?

Respaldan (y llevan el caso) a una instancia superior y esa instancia hoy les permite a los socios escoger entre tres listas. Nuestra lista es una lista probada. Hace 24 años construimos el anexo campestre Samborondón. Casi todo lo que existe en el anexo lo hicimos junto a un grupo de amigos que hoy queremos volver porque queremos hacer nuevas obras. A los socios se les ofreció en Samborondón un edificio de parqueo.

Ese es uno de los principales problemas: la falta de estacionamiento ahí.

No lo vemos y no hay donde estacionar. Nuestro proyecto es hacer un edificio de parqueo, mínimo 250 parqueos; ampliar el gimnasio, embellecer nuestro club, darle al socio buena calidad de alimentos a precios razonables y no seguir incrementando sin medida gran cantidad de socios, porque ya mismo no entramos.

¿Considera que este conflicto debió resolverse puertas adentro? ¿Cree que estos estatutos podrían generar preocupación entre otros socios que podrían verse reflejados?

Fue el Guayaquil Tenis Club, este directorio el que decidió en su reforma de estatuto del 2025 someterse a la Ley del Deporte, tanto es así que se somete que ellos mismos vienen inscribiendo sus estatutos y directorio al Ministerio del Deporte. Entonces el artículo 37 del estatuto dice que con el 5% de las firmas hay que convocar una asamblea extraordinaria. Presentamos más del doble de las firmas y no convocaron. Era la forma ideal para que los socios tratemos nuestras diferencias casa adentro. Entonces, entre que vulneren tus derechos y dejarte atropellar, 13 socios recurrieron a una instancia superior que nos dio la razón a nosotros. Aparte, dos ministros del Deporte dijeron que Leonardo Bohrer podía ser candidato.

Ahora queda menos de un mes para las elecciones. ¿Qué le diría al socio que aún tiene incertidumbre?

Al socio le diría que somos gente de experiencia y probada. Y que no te cumplieron; el que te miente una vez, te miente dos. Ya hicimos muchas obras hace 24 años, por eso esta lista de aquí promueve un cambio. Ya no entran los socios en el gimnasio, en la sede centro, hoy la tienen abandonada, que fue la cuna donde nació el tenis ecuatoriano. Queremos darles descuentos adicionales a los jubilados para que asistan, tenemos lindas ideas. Pero haber caído en lo que usted dice no obedece a nosotros. Siempre hemos actuado con responsabilidad.

Hablemos de su lista. ¿Quiénes la conforman?

Nuestra lista está conformada por socios probados. Roberto Calderón, Patricia Avilés, Diego Crespo, mucha gente joven con ganas de trabajar por el club. La hemos hecho con mucha conciencia de servicio. Roberto Calderón es muy querido en la sede del centro y pasa gran parte de su tiempo en la sede. De esa manera vamos a dividirnos: que él sea el responsable de manejar esa sede junto a algunos directores. Y en mi caso, que vivimos en la zona de Samborondón, trabajamos en la zona. Dos administraciones a beneficio del socio.

Las claves que debes saber

• ID presenta candidata a Prefectura de Pichincha; propone recuperar liderazgo con Municipio y Prefectura
• Prioriza la vía Quito-Santo Domingo y viaductos en la General Rumiñahui con inversión internacional
• Impulsa alianza academia-GAD, riego preventivo y reformas para evitar dependencia política de recurso

El próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir, entre otras autoridades, a los prefectos provinciales. Pichincha, desde al menos 20 años, ha estado bajo la dirección de perfiles del correísmo y es una de las provincias claves. En los dos últimos periodos ha estado al frente Paola Pabón.

(Lea también| Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa)

La Izquierda Democrática (ID) tiene su carta para la Prefectura de Pichincha: Jaime Ruiz. Considera que la unión entre academia y GAD es fundamental para el desarrollo.

¿Cuál considera o identifica como el principal problema de Pichincha actualmente?

Quito y Pichincha han perdido el liderazgo que tradicionalmente mantenían. El Municipio de Quito y la Prefectura, más allá de las diferencias ideológicas, deben armar un eje de recuperación del liderazgo. 

Pichincha tiene 3,3 millones de habitantes. Es la segunda provincia con mayor población y no tiene una comunicación directa, mediante una buena vía, hacia los puertos del país. 

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La vía Loja-Santo Domingo, por donde circula lo más importante de la economía del Ecuador, es la vía de la muerte. De la misma manera, podríamos decir que tiene problemas graves en la ciudad que tienen que ver con la Prefectura. Por ejemplo, el acceso de la autopista General Rumiñahui y de toda la población del valle de los Chillos y los cantones aledaños. Sobre cosas como estas se tiene que asumir la responsabilidad de un plan vial.

Las vías que serán prioridad

¿Qué vías de la provincia son las que priorizará y con qué criterios se harán las obras en ellas?

La primera vía, la más importante, es el recorrido logístico vial de Quito hacia Santo Domingo. ¿Y recursos? Pero si son vías que se concesionan. Si en el mundo lo que más existe son capitales de inversión. 

Hoy el Gobierno Nacional está hablando de que tiene un plan al 2040 y que el BID está generando cerca de 10.000 millones de dólares para desarrollar la inversión. 

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Pero esa inversión vale la pena hacerla si es que se atrae también inversión internacional porque, si no, hay que confrontar con el nivel de deuda que tenemos. Hay que salir atrayendo inversión internacional que amplíe el aparato productivo, que genere empleo, que dinamice la economía. 

Las vías tienen que articular las zonas productivas con los corredores centrales y también el turismo y, obviamente, el apoyo a la gente que vive en esas zonas. Ese es el concepto vial que debe tener la provincia.

Autopista General Rumiñahui

¿Mantendrá el mismo modelo de gestión de la autopista General Rumiñahui?

La propuesta es cambiar. Si es que en la autopista General Rumiñahui nosotros logramos hacer los viaductos que evitarían todo ese tráfico que tenemos desde la curva de Monjas hasta el coliseo Rumiñahui, hasta la Patria, y pasamos al peaje central, los peajes ahí se trasladan para financiar la obra que se realiza: los viaductos. 

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Eso tiene estudios desde hace 15 años. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no logra construirse un entendimiento con los gobiernos centrales y no logran poner sobre la mesa la garantía soberana que se necesita para una concesión; obviamente, de un capital internacional que viene a financiar eso, porque no hay presupuesto para hacerlo. 

Pero con garantía soberana y justificando una corrida financiera que, en un periodo de 10 a 15 años, se paga, gana la inversión, gana la ciudad y gana la gente.

¿Cómo vincular las propuestas con otros sectores?

Necesitamos a la academia. El Estado gasta en las universidades muchísimos recursos, pero las universidades van por un lado, de espaldas al aparato productivo, generalmente. 

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Hay pocas universidades privadas que están buscando la educación dual, vincularse con el aparato productivo. Pero eso debería ser una política pública que integre a las universidades públicas. Hacer investigaciones en el campo y en todos los aspectos.

La Prefectura también tiene como competencia el riego y el fomento productivo. ¿Cuáles son sus planes en esas materias?

Por muchos años se peleó por el canal de riego que salía de Cayambe a Pedro Moncayo, Tabacundo, que se sufrió mucho y ahí tiene sus inconsistencias. Pero gran cantidad de los cultivos de la Sierra, incluso las plantaciones frutales, las nuevas plantaciones de espárragos y de productos para la exportación, necesitan del riego que viene generalmente de los páramos. 

Y ese sistema de riego a veces se contamina en los traslados, en la trayectoria de los canales de riego, y eso tiene que mantenerse. Tiene que haber una política no de sanación posterior, sino una de prevención, porque también eso es prevenir en la política de riesgos que debe tener el Consejo Provincial: prevenir que se mantengan los canales de riego siempre limpios y siempre abastecidos de agua. 

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Es decir, eso significará tal vez hacer zonas de reserva para los lugares donde, en ciertas épocas, no llegue el riego y se sufra por escasez de agua.

Parecería que ahora hay una división entre los GAD que están alineados con el Gobierno y los de oposición. ¿Cuál es su visión del actual escenario político?

Ese es un error al que aquí ya estamos acostumbrados: si yo no tengo alineamiento con el Gobierno, no recibo recursos. Hay que hacer reformas constitucionales. Creo firmemente en que hay que respetar las respectivas instancias. Hay que mejorar la democracia representativa. Nuestra democracia no puede ser lo que está ocurriendo ahora.

¿Quién es Jaime Ruiz?

Es un economista y doctor en Economía con una trayectoria de más de 40 años en el servicio público, la política y el deporte. Su perfil combina formación académica en Gobierno y Administración Pública con experiencia en cargos de representación como concejal de Quito, asambleísta constituyente y legislador nacional. Ahora busca la Prefectura de Pichincha con el partido Izquierda Democrática (ID).

Lo que debes saber

• La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea un nuevo modelo económico en el que el sector privado asuma un papel protagónico para impulsar el crecimiento de largo plazo.
  
• El Gobierno propone reformas para fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, la competitividad y la dolarización, con el fin de atraer inversión.
  
• Analistas advierten que la Agenda define objetivos y lineamientos, pero deja dudas sobre cómo se ejecutarán las reformas y con qué recursos.

Tras casi tres años en el poder, el Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 (ACE 2040). Este documento, de 130 páginas, traza un nuevo modelo económico para impulsar un crecimiento sostenido en el largo plazo con apoyo del sector privado. Sin embargo, según especialistas consultados por Diario EXPRESO, no se precisa cómo llegar a ese fin.

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La ACE 2040 parte de la referencia que Ecuador ofrece “bases sólidas para una nueva etapa de crecimiento”. La razón es que entre 2024 y 2025, el país demostró “que con orden macrofiscal, es capaz de atraer inversión, diversificar su matriz exportadora, aumentar los niveles de inversión privada, reducir significativamente su exposición de riesgo”.

Estas condiciones, según el insumo, permitieron que la economía ecuatoriana registrará en 2025 “una expansión consistente del 3,7 %”, impulsada principalmente por el buen desempeño del sector privado.

El ACE 2040 no considera que este resultado responde a un rebote del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, luego de que en 2024 se contrajera un 2 %, debido a la crisis eléctrica que provocó apagones de hasta 14 horas en el país, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Por este motivo, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, refiere que tomar los datos de 2025 como prueba de que se va por buen camino dista de la realidad. “En el 2025 volvimos a tener el PIB per cápita de 2023. Es rebote. Mal podemos decir que vamos bien”.

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Un nuevo rol para el Estado y el sector privado

Pese a esta puntualización, la ACE sostiene que el PIB de 2025 superó la trayectoria de la década 2014-2023, en la que el PIB anual creció en promedio del 1,9 %. Es decir, por debajo de las media registrada en América Latina.

Para sostener una senda de crecimiento promedio del 2,7 % a mediano plazo (hasta 2029), la ACE propone desarrollar cuatro pilares:

Spurrier sostiene que si la meta es crecer a menos de 3 %, no habrá cambios estructurales. “Si no hay un crecimiento fuerte no se genera empleo”.

Bajo este esquema se busca que el Estado asuma un nuevo rol. En lugar de ser el principal ejecutor de la actividad económica, se plantea convertirlo en un facilitador que genere reglas claras, seguridad jurídica y condiciones para atraer capital privado (ver gráfico).

Entre las acciones planteadas para alcanzar estos propósitos constan: simplificar trámites, fortalecer las APP, modernizar los contratos de inversión, reformar el sistema tributario, ampliar el acceso al financiamiento y desarrollar el mercado de valores. En el ámbito laboral, propone adecuar las modalidades de contratación, fortalecer la formación técnica, certificar las competencias laborales y más.

Las dudas sobre la ejecución del plan

Para Spurrier los puntos expuestos se quedan en "declaraciones" de hacia donde irá el país y no se detalla con precisión cómo se lograrán esos objetivos, metas ni montos de inversión para crear esas nuevas condiciones. “Decir que hay que generar apertura para atraer inversiones es bastante evidente”, subraya.

Bernardo Chiriboga, analista económico y profesor de Business School la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide en que se tratan de ideas generales, que deberán irse puliendo.

Los sectores que el Gobierno prioriza

La ACE 2040 identifica a la minería, hidrocarburos, electricidad, agroindustria, manufactura, turismo y comercio exterior como sectores prioritarios. En ellos se busca modernizar la infraestructura, mejorar la logística, fortalecer el comercio, impulsar la innovación, desarrollar corredores multimodales y más.

Y aunque la ACE 2040 reconoce la relevancia del sector minero, por ejemplo, Spurrier recuerda que pese a que el Gobierno anunció en junio de 2025 la apertura del catastro, este tipo de solicitudes se mantienen cerradas para la minería metálica hasta ahora.

La productividad, el principal desafío

Para José X. Orellana Giler, socio de Andes Legacy Advisors, el verdadero desafío para lograr crecimiento en el largo plazo es la productividad. Explica que un trabajador ecuatoriano necesita 53 horas para generar $1.000 de valor; uno en Luxemburgo lo hace en 16. 

“Esa brecha no se cierra con deuda pública. Se cierra con tecnología, automatización, y mejor asignación de capital privado”, refiere Orellana Giler.

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Por ello, en su criterio la ACE 2040 no es un plan de gasto público, sino un manual de instrucciones para que el sector privado identifique las fallas geológicas de valor y dónde están los retornos. “La viabilidad no está en duda. La única pregunta es si el Estado tendrá la disciplina de ejecutar las reformas -seguridad jurídica, estabilidad fiscal, apertura sectorial- que el capital privado exige para comprometer sus dólares”.

Por su parte, Chiriboga menciona que el desafío de esta iniciativa es que se mantenga en el largo plazo y que este y los próximos gobiernos ofrezcan apertura y brinden la seguridad jurídica para atraer inversiones.

Lo que debes saber:

• Quito: alcalde ganó con 25% en 2023; debate crece ante seccionales de noviembre 2026 por legitimidad y gobernabilidad.
• Analistas en Ecuador señalan: 25% limita fuerza política; gestión y hace que el liderazgo sea débil; no se pueden hacer cambios importantes.
• Fragmentación electoral en Quito con 12 candidatos se complica gobernar; concejos diversos obligan pactos y afectan decisiones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ganó los comicios de febrero de 2023 con el 25,18 % de los votos, en una contienda con 12 candidatos. Es decir, obtuvo el respaldo de una cuarta parte del electorado. Sus antecesores —con excepción de Jorge Yunda— llegaron al Municipio con apoyos cercanos al 60 %.

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Con las elecciones seccionales de noviembre 2026 en el horizonte, el debate sobre la legitimidad y la capacidad de gobernar toma fuerza. ¿Puede un alcalde tomar decisiones de alto impacto cuando tres de cada cuatro votantes no lo respaldaron en las urnas?

El exdiputado y analista político, Juan Manuel Fuertes, ve necesario diferenciar entre la legitimidad de origen —la que proviene de las urnas— y la legitimidad de ejercicio, vinculada a la calidad de la gestión.

A su criterio, la legitimidad de origen no depende únicamente del porcentaje de votos. También inciden factores como el proyecto político y de la trayectoria. “No es lo mismo llegar con el 20 % de votos y provenir de una estructura política consolidada que hacerlo como un outsider sin partido”, explica.

Ese respaldo organizativo —precisa— se evidencia en la capacidad de reacción si la autoridad enfrenta conflictos, ya sea a través de estructuras partidarias o redes digitales que respaldan o cuestionan su gestión. 

“No es solo el resultado electoral lo que define la legitimidad inicial, sino también la personalidad y el recorrido político del elegido”, señala.

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Fuertes aclara que no se puede esperar lo mismo de un liderazgo con trayectoria que de uno emergente. “No es igual un alcalde con historia política que alguien que aparece como un ‘NN’ en una elección”, dice.

En cuanto a la legitimidad de ejercicio, sostiene que esta se construye de forma permanente. “El gobernante necesita relegitimarse todos los días a través de su gestión. No gobierna en soledad: tiene aliados y opositores, algunos que buscan corregir errores y otros que intentan su salida”.

Esa estabilidad —afirma— depende del capital político, que se sostiene en resultados, liderazgo, programa de gobierno y equipo de trabajo.

No tenemos líderes, por eso no hay cambios estructurales: Jorge Peñafiel

El exlegislador Jorge Peñafiel vincula este escenario con la crisis de representación política, especialmente en la Sierra centro. El sistema, cree, permite que “la minoría más numerosa” acceda a cargos como alcaldías o prefecturas, lo que deriva en liderazgos débiles.

“No tenemos líderes y, por tanto, tampoco cambios estructurales. Lo que hay es un reemplazo de figuras, pero las condiciones se mantienen”, sostiene.

Peñafiel añade que esta situación también responde al estado de ánimo de la ciudadanía, más enfocada en resolver problemas económicos, laborales y de seguridad que en la política. “La gente quiere sobrevivir; la política ha pasado a un segundo plano”, afirma.

No hay cálculo político desde la RC: Adrián Ibarra

Desde el oficialismo, el concejal de la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra, descarta que exista un cálculo político, de cara a la intención de reelegirse, en las decisiones del alcalde. Pide ver el escenario: fragmentación y posterior polarización.

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Los partidos no han logrado articular las múltiples demandas sociales —ambientales, animalistas y de otros sectores— en propuestas integrales, señala. Además, advierte que alcaldes electos con entre el 24 % y 25 % enfrentan grandes desafíos de gobernabilidad.

Según Ibarra, esto obliga a construir acuerdos en concejos diversos. “Hemos logrado alianzas con concejales de distintos partidos. Más del 90 % de la normativa se ha aprobado por unanimidad, sin restar importancia a una oposición constructiva”, resume.

Antes era posible llegar a acuerdos entre dos fuerzas políticas más importantes: Paco Moncayo

El exalcalde Paco Moncayo coincide en que el problema se agrava por la fragmentación. Recuerda que en la época en la que terció por la alcaldía, en las elecciones, el respaldo estaba más concentrado entre dos fuerzas políticas, lo que facilitaba acuerdos. 

Actualmente, no solo que el alcalde llega con un nivel bajo de respaldo inicial, sino que la dispersión electoral —con 11 o 12 partidos y movimientos compitiendo por votaciones cercanas al 5 %— deriva en concejos altamente fragmentados, analiza.

“En contraste, en las elecciones en las que participé, alrededor de la mitad del electorado me respaldaba y entre el 30 % y 35 % apoyaba al segundo candidato, Roque Sevilla o Rodrigo Paz”, respectivamente, ya que fue reelegido. 

Eso permitía que, al llegar a la administración, se construyeran acuerdos con mayor facilidad sobre temas de ciudad. Se hacía entre dos fuerzas políticas estructuradas que concentraban cerca del 85 % del Concejo. Los partidos pequeños tenían una representación marginal.

Hoy, en cambio, un alcalde puede llegar con apenas el 25 % de apoyo real y tener que negociar con múltiples actores que representan fracciones reducidas del electorado.

La opinión de Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico de Quito:

Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico de Quito, dice que la factura la pagan los ciudadanos, que lidian con inoperancia, traducida en falta de soluciones a los problemas de la ciudad o la estrategia de evitar conflictuarse para no enfrentar a quienes podrían ‘molestar’.

Una estrategia es dejar hacer y pasar y simular, con publicidad, como el señor Muñoz.Rocío Bastidas/ Integrante Cabildo Cívico de Quito

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Es importante recordar que la nueva tarifa de 40 centavos fue aprobada en diciembre de 2025 por el Concejo Cantonal de Cuenca. En esa instancia se establecieron varias exigencias tanto para poner en marcha el incremento como para que los usuarios sean beneficiarios del subsidio de 10 centavos.

La normativa vigente determina, por ejemplo, la obligación de las compañías de transporte de mejorar su servicio, crear nuevas rutas, extender los recorridos, entre otras medidas. También establece la exigencia de personalizar las tarjetas —único método de pago del transporte urbano en Cuenca— para que el beneficio del subsidio sea personal e intransferible.

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¿Cómo funcionarán las tarjetas de pago?

Berenice Cubides, directora subrogante de Gestión de Movilidad, detalló que el beneficio del subsidio será efectivo únicamente en la primera validación de la tarjeta. Si se realiza una segunda validación de forma inmediata, el sistema debitará el valor completo del pasaje, sin subsidio, es decir, 40 centavos.

Para volver a acceder al beneficio, los usuarios deberán esperar al menos 10 minutos y validar su tarjeta en otra unidad de bus. El tiempo de espera entre viaje y viaje se habría estipulado con base a los estudios técnicos realizados que determinaron que un mismo usuario se demora un promedio de 10 minutos en realizar el trasbordo entre unidades para llegar a su destino final.

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Dudas en la ciudadanía 

Es justamente este requisito el que ha generado descontento entre los usuarios. Explican que, en ocasiones, hay personas que se quedan sin saldo en sus tarjetas y, al no existir centros de recarga cercanos, suelen prestarse la tarjeta para realizar el viaje.

Magaly Pillajo, estudiante universitaria, comentó que en ocasiones se prestan la tarjeta entre compañeros porque alguno se queda sin saldo. Sin embargo, explicó que esto ya no será posible porque deberán pagar la tarifa completa, lo que los afectará. "Esta es una forma indirecta de incrementar la tarifa del pasaje; no se trata del incremento del subsidio, sino del alza de la tarifa", señaló la joven.

Otros usuarios, como Manuel Alvarado, manifestaron que existen limitaciones al momento de recargar las tarjetas debido a los horarios de atención de los establecimientos donde se ofrece este servicio. "Generalmente se trata de negocios privados y, por ejemplo, los estudiantes acuden a sus actividades mucho antes de que estos lugares abran. Creo que esto generará conflictos cuando se produzca el regreso a clases", puntualizó.

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¿Por qué se deberá personalizar la tarjeta?

Alfredo Aguilar, coordinador de Movilidad del Municipio de Cuenca, dio a conocer que la personalización de las tarjetas se ha realizado de forma gradual a lo largo del primer semestre de este 2026 y que se registra un 92 % de cumplimiento. Sin embargo, datos de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) revelan que aún restan unos 32.000 usuarios por personalizar sus tarjetas.

Además, explicó que la exigencia de personalización se enmarca en el proyecto de interoperabilidad entre los sistemas de transporte (buses, tranvía y bicicleta pública), con el que se pretende establecer una única forma de pago para todos ellos. 

"Los usuarios podrán utilizar, ya sea la tarjeta del tranvía o la del bus, en cualquiera de los sistemas de transporte y, al final del día, deberemos (Municipio y Cámara de Transporte) hacer un cruce de usuarios para realizar los correspondientes pagos. Sin la personalización de la tarjeta de bus será imposible", detalló Aguilar.

Lo que debes saber

• Un chat dirigido a Roberto Luque evidencia que el CEO de Progen buscó agilizar $69,5 millones sin garantías técnicas, en septiembre de 2024.
  
• Técnicos exigieron pruebas FAT para evitar recibir chatarra, desatando una fuerte discusión con Progen.
  
• Tras las quejas de la contratista, el conflicto escaló a Carondelet y el pago se ejecutó el 1 de octubre.

Un mensaje de Whatsapp al que tuvo acceso este Diario evidencia la gestión del máximo ejecutivo de la empresa Progen para acelerar el primer desembolso de $ 69,5 millones, sin garantías, por el contrato de la central termoeléctrica Salitral (100 MW).

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, época en la que Roberto Luque ya no ejercía como ministro (e) de Energía. De hecho, dejó el cargo dos meses antes, en junio, cuando asumió el que fuera su asesor, Antonio Gonçalves.

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Chat para quejarse del control de Celec

La noche del 25 de septiembre de 2024, tras una reunión virtual con técnicos de la Unidad de Negocios Termopichincha de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el CEO de Progen, John B. Manning, redactó un extenso mensaje que, que según él, iba dirigido a Roberto Luque.

“Buenas noches, Roberto. Espero que todo esté bien contigo y los tuyos. Me disculpo de antemano por la extensión de este texto. No estoy exactamente seguro de si contactarte sea lo más sensato que deba hacer en este momento, pero creo que tal vez quieras saber lo que ha estado ocurriendo en las últimas dos semanas respecto a las inspecciones de los generadores del proyecto Salitral y lo que acaba de suceder esta noche durante una reunión con Byron (Orozco) y una nueva persona llamada José Vega”, escribió.

En esa comunicación, el ejecutivo expuso su malestar por los controles de Celec. Según él, las exigencias de “nueva documentación” constituían “interrupciones infundadas que no están motivadas por la buena fe” y tenían como único propósito “entorpecer el proyecto”.

Justicia

José Manrique, el contratista incumplido y socio de Saud en los millonarios contratos de Progen

Sara Ortiz

Tensión tras una reunión del 25 de septiembre de 2024

La queja de Progen se dio luego la caldeada reunión telemática mantenida esa misma noche. Según testimonios de varios participantes, el encuentro ocurrió a solicitud de Progen, que había sido contactada por el jefe de la comisión de verificación, Celso Sánchez. Este técnico había solicitado al administrador del contrato la entrega formal de documentación técnica antes de entregar el informe y dar un aval.

En la sesión virtual participaron, por parte de Celec, Byron Orozco, gerente de Termopichincha; Gabriela Toazo y Carlos Villacís, técnicos del área; Marlon Casilla, administrador del contrato, y Jorge Vega, en calidad de traductor (a quien Manning confundió en su chat con “José Vega”). En cambio, por parte de la contratista asistieron Manning, José Manrique y Karla Saud.

Durante el encuentro, los técnicos de Celec mantuvieron la obligatoriedad de contar con los respaldos de las pruebas de carga de fábrica (pruebas FAT) de los equipos. Estos ensayos resultaban cruciales, pues permitían medir la potencia máxima, la estabilidad de voltaje y la seguridad de los generadores antes del despacho; es decir, eran los únicos documentos que confirmaban si los equipos funcionaban o si el Estado estaba a punto de recibir “chatarra”. Para Celec, esos informes constituían el requisito indispensable para firmar el acta de inspección y autorizar el pago de los $ 69,5 millones.

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“Se pedían las pruebas FAT, una patente y otros requerimientos para el pago. Se empezaron a exaltar, hubo una discusión porque Progen decía que no estaba de acuerdo con esos requerimientos, pero cualquier empresa seria habría tenido esa documentación lista”, recordó, bajo reserva, uno de los técnicos presentes.

La firmeza técnica molestó a la delegación de Progen, que no solo acusó a los funcionarios de “poner trabas”, sino que Karla Saud, según testigos, aseguró que tales exigencias jugaban en contra de la administración del presidente Daniel Noboa, en momentos en que el país atravesaba severos racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias.

La controversia escala a la Presidencia

Las quejas surtieron efecto inmediato en la alta burocracia. Técnicos de Celec aseguran que asesores del Ministerio de Energía los citaron a una reunión virtual el 27 de septiembre de 2024, en la que solicitaron un informe detallado sobre el estado de los contratos. Era un pedido con carácter urgente pues había una reunión prevista ese mismo día en la Presidencia de la República. Aunque para ese entonces ya habían rumores sobre los equipos de Progen, no está claro si en dicha reunión se destrabó el pago. Lo que sí se sabe es que el 1 de octubre Progen recibió $ 69,5 millones.

Amenazas a los técnicos en septiembre de 2024

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En los mismos días en que Progen presionaba por el millonario pago eludiendo la entrega de documentos técnicos ocurrieron dos hechos extraños que hasta ahora no han sido aclarados. El 26 de septiembre de 2024, el técnico Paúl Flores, uno de los miembros de la comisión que viajó a Estados Unidos para verificar los equipos de la contratista, recibió una amenaza de muerte. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Un día después, el 27 de septiembre, otro técnico, Celso Sánchez, desapareció de forma intempestiva. No se presentó en la oficina. El suceso ocurrió el mismo día previsto para la reunión en la Presidencia de la República y en la fecha límite fijada para la entrega del informe clave de inspección.

Lo que debes saber

• El Consejo Nacional Electoral permitió o no supervisó adecuadamente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas durante la selección de precandidaturas.
  
• Hay una falta de transparencia en la publicación de alianzas y listas de candidatos, al considerar que el silencio de la mayoría de organizaciones y la ausencia de información oficial debilitan la confianza en el proceso electoral.
  
• La Función Electoral ha perdido su papel como garante de la integridad de las elecciones y hay que preservar la institucionalidad democrática frente a decisiones que favorecen al poder de turno.

El artículo 345 del Código de la Democracia reza: “Para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en una o en todas las etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará veedores en los procesos en los que no participe”. 

Te invitamos a leer: Seccionales 2026: CNE ratifica vocales de juntas de Los Ríos y Loja y actualiza mapa electoral

De toda la letra muerta que la ley contiene, esta es la que resulta más ofensiva, porque implica que todo lo que hemos visto ocurrir en estas semanas -precandidaturas que pasan de un cantón o de un partido a otro, líderes políticos admitiendo que son ellos o los directores provinciales los que arman las listas y la congregación de montones de alzamanos- ha tomado lugar frente a los ojos de los funcionarios del CNE y ha sido sacramentado por ellos. 

O bien eso, que hayan consentido con su “supervisión” y “asistencia” los supuestos procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, o bien simplemente no asistieron, lo que hubiera resultado en la misma cosa.

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Pero lo que ha venido ocurriendo después, habiendo fenecido los plazos para la celebración de las internas el 2 de julio y para el registro de las alianzas el 18, es todavía peor. Tanto periodistas como meros observadores han señalado que esta es una elección bastante inusual, dado que muchas organizaciones políticas, en vez de entregarse de lleno a las precampañas (de por sí ilegales) con sus precandidatos, guardan silencio sobre sus listas y esconden sus cartas hasta el último momento. 

Aunque muchos saben, por ejemplo, que el Partido Socialista es por ahora el nuevo albergue del correísmo, sus dirigentes se niegan a confirmar esa decisión, mientras que el Partido Social Cristiano evita anunciar quiénes serían los reemplazos de los precandidatos que renunciaron en Daule y Samborondón. 

El contraste con el movimiento oficialista ADN es claro. La lista morada, a diferencia de prácticamente la totalidad del resto de partidos y movimientos, es la única que ha lanzado comunicados o publicaciones en redes proclamando sus principales precandidaturas en todo el país y a todo color.

La responsabilidad de la Función Electoral 

Esta política del silencio, al igual que la farsa de las primarias, también es responsabilidad de la Función Electoral. ¿Por qué tanto miedo, si el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso electorales velan sobre el proceso? Además, ¿no deberían estar disponibles ya los nombres de las alianzas y precandidaturas debidamente ingresadas en el CNE? ¿Por qué no los conoce en detalle la prensa, como en anteriores períodos? Se podría decir que algo huele a podrido, pero esta vez no en Dinamarca, sino tan solo a un par de cuadras de la calle Noruega. Dicho de forma más directa: algo anda mal en nuestra democracia.

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Es extraño que esto sea así en un país en el que existen cinco funciones o poderes del Estado, uno de ellos enteramente dedicado al control de los procesos electorales. Aunque algunas personas relacionan esta inflación estructural con el intento de refundar el país en Montecristi, ya desde las épocas de Velasco Ibarra se hablaba de un organismo electoral independiente de las tres ramas tradicionales del poder público. 

En un país controlado por más de un siglo a través del fraude, la compra de votos y conciencias y el ruido de sables, la idea de erigir un institución que tuviese el mismo estatus que el gobierno, el parlamento y las cortes tenía mucho sentido. De ese esfuerzo por garantizar la independencia de la Función Electoral, con el tiempo nació la idea de que sus funcionarios se convierten en la autoridad suprema de la República durante las elecciones, algo así como una especia de tribunos sacrosantos.

Te invitamos a leer: Organizaciones políticas de América Latina alertan por el proceso electoral en Ecuador: ¿qué piden?

Pero ese poder, en vez de servir para proteger la sacralidad de los procesos electorales e infundir respeto por las normas en los políticos, más bien ha sido usado para sacramentar las decisiones del poder de turno. 

Recordemos, por ejemplo, como en el 2007 el Tribunal Supremo Electoral se prestó para destituir a 57 diputados gracias al voto, entre otros, de una vocal roldosista cuyo líder y hermano confesó que tranzó su apoyo a cambio de una amnistía que nunca llegó. O como, en esta misma elección, la fecha del sufragio se adelantó en una decisión sin ningún precedente y con muy poco sustento técnico (El Niño bien que puede llegar o no, y si lo hace podría asomarse en pleno noviembre, cosa que ya hizo en el pasado).

La marcha hacia estas elecciones empezó hace largo tiempo. Velemos por que no sean los últimos pasos de nuestro sistema, por más imperfecto que sea.

Lo que debes saber

• La propuesta del Consejo de la Judicatura para designar jueces temporales sin concurso público genera cuestionamientos de gremios y expertos.
• Advierten riesgos para la independencia judicial, la transparencia y la estabilidad de los magistrados, mientras ya se analiza una posible demanda de inconstitucionalidad.

La próxima emisión del reglamento para la selección de jueces temporales mantiene en expectativa a los gremios de abogados y magistrados. El documento deberá ser aprobado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como parte de las medidas contempladas en la declaratoria de emergencia judicial.

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La iniciativa busca atender el déficit de 729 jueces que existe a escala nacional. Para ello, el organismo plantea un proceso interno de selección de 222 magistrados que serán promovidos mediante ascensos para ocupar distintas instancias judiciales, con énfasis en ocho provincias priorizadas.

Aunque el CJ sostiene que la medida permitirá enfrentar la falta de operadores de justicia, la propuesta despierta cuestionamientos. Las críticas se centran en la posibilidad de que el procedimiento derive en nombramientos discrecionales de los llamados ‘jueces golondrina’, término con el que se identifica a magistrados designados sin concurso público para conocer casos de alta relevancia.

Jueces temporales generan dudas por la eliminación del concurso público

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha defendido la iniciativa y sostiene que responde a una necesidad urgente del sistema. “No es un mecanismo para sustituir los concursos públicos ni para afectar la carrera judicial, sino una medida excepcional, porque al país le faltan jueces y esa falta retrasa audiencias, acumula causas y eso afecta a la ciudadanía”.

Sin embargo, los reparos persisten. El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez, dice que el principal problema radica en la eliminación del concurso abierto como mecanismo de selección.

“La temporalidad, así como la supresión del concurso, causa inestabilidad en el funcionario y la posibilidad de que sea influenciable, porque en cualquier momento se podría remover esa misma temporalidad. Esto hace que sean susceptibles a presiones; les podrían condicionar que, si no hacen lo que se les dice, regresan a sus puestos”, explica.

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Gremios y expertos advierten riesgos para la independencia judicial

Yánez también plantea interrogantes sobre el futuro laboral de los funcionarios que sean promovidos temporalmente. A su criterio, no está claro qué ocurrirá con las plazas que dejarán vacantes mientras ocupen cargos superiores. “¿Van a mantener la partida de ese cargo?”, se pregunta.

A las dudas sobre el procedimiento se suma la desconfianza respecto al momento en que se adoptó la medida. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, considera que la premura con la que se emitió la declaratoria puede desviar la atención de otros procesos clave dentro de la Función Judicial. A su juicio, existe la posibilidad de que el proceso de emergencia “sea un elemento distractor de algo que es fundamental, como es el proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional”.

Las observaciones también provienen de organizaciones especializadas en justicia. Úrsula Indacochea, abogada peruana de la Fundación para el Debido Proceso (DPL), advierte que prescindir de un concurso público “afecta la legitimidad, la cual se logra con méritos e integridad”.

Organizaciones plantean cambios al reglamento de jueces temporales

Como integrante de la iniciativa que respalda a la Misión de Observación Internacional (MIO), Indacochea recalca que los jueces deben acreditar sus capacidades mediante procesos competitivos y transparentes. En ese sentido, señala que estas autoridades “deben superar los filtros previos de los concursos para garantizar que sus fallos no estarán influenciados ni responderán a presiones”.

Una postura similar mantiene el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). Su directora, María Dolores Miño, menciona que la experiencia regional en países como Venezuela “ha evidenciado que a veces esa temporalidad se usa como mecanismo de control mediante la inestabilidad del juez en el cargo. Esto porque cuando el magistrado sabe que podría ser removido sin mayor requisito o rigor, puede ser más influenciable a presiones externas. De ahí que los estándares internacionales siempre adviertan que la temporalidad puede ser un factor de erosión de esa independencia”.

Frente a estos riesgos, las organizaciones plantean recomendaciones para fortalecer el procedimiento. La DPL propone que toda selección de autoridades judiciales mantenga criterios técnicos, transparentes y con participación ciudadana. Por su parte, el ODJ considera necesario que cualquier designación temporal tenga límites definidos “hasta que se haga el concurso y se designe a los titulares, de tal forma que no se queden años ahí, que la naturaleza de la temporalidad no sea riesgosa para la independencia judicial”, insiste.

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Gremios analizan una demanda de inconstitucionalidad

Mientras se espera la publicación del reglamento, ya se analizan posibles acciones legales. Yánez sostiene que, de concretarse los nombramientos temporales en los términos anunciados, “será una solución parche que vulnera la Constitución. Veremos que poco o nada van a hacer para organizar los concursos para llenar los cargos con titulares”.

Por ese motivo, el dirigente anticipa que los gremios evaluarán la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el proceso.

Lo que debes saber

• Ecuador llegará a las elecciones seccionales de 2026 con alcaldes procesados y partidos suspendidos en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos.
• El jurista André Santos sostiene que las acciones de control buscan evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
• Santos defiende la aplicación de medidas cautelares antes de una sentencia y asegura que existen herramientas legales para estos casos.

Ecuador llega a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con un ambiente atípico por el apresamiento o inhabilitación de alcaldes con posibilidades electorales y organizaciones políticas suspendidas. El jurista André Santos analiza en EXPRESO la posible judicialización de los comicios y defiende las acciones de las autoridades de control.

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- Alcaldes con posibilidades electorales presos y organizaciones políticas suspendidas a vísperas de las seccionales. ¿Son las elecciones más judicializadas que ha tenido Ecuador?

- Luego de que el Gobierno empezó a intervenir las cámaras de varios municipios, no solo el de Guayaquil, y se empezó a investigar las salas espejo y que los grupos de delincuencia organizada tienen acceso directo a ellas, el Gobierno emprendió una cacería total. Cuando se descubren indicios fuertes, porque no hay sentencia ejecutoriada, sino que son procesos penales en curso, se empieza a demostrar la penetración del crimen organizado. Este antecedente ha motivado que el Gobierno impulse medidas para evitar que candidatos vinculados al crimen organizado puedan tener la potestad de participar en una elección política.

- Las principales críticas son por la oportunidad con que se ha inhabilitado o suspendido políticos y partidos. ¿No se trata de procesos con dedicatoria, parcializados?

- En el caso de Aquiles Álvarez, por ejemplo, más allá de que la justicia aún no lo ha juzgado y no hay una sentencia, lo que es objetivo es que hay un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares. Ese caso inició en 2023 y es normal que un proceso penal evolucione. Además, una exposición pública naturalmente va a traer mayor enfoque en tus investigaciones, porque las autoridades de control están sujetas a juicio político y obedecen en cierta manera al vaivén de la opinión pública. Hay otros casos como el del alcalde de Esmeraldas y la de Jipijapa en los que se han encontrado graves indicios de vínculos con bandas de grupos criminales. De pronto parece algo hecho a conveniencia, pero a mí más me preocupa la penetración del crimen organizado en los municipios.

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Fiscal Carlos Alarcón dice que la suspensión de Amigo fue decisión del TCE, no de la Fiscalía

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- En el caso de Revolución Ciudadana y Amigo, la suspensión responde a un informe reservado de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. ¿Se debe aceptar que es suficiente un informe reservado para una medida así?

- Eso hay que preguntarle a los que aprobaron la ley. ¿Quiénes aprobaron el Código de la Democracia? Fue el correísmo. No es que el fiscal general y el Tribunal Contencioso Electoral se han inventado. Además, no hay que olvidar que es de público conocimiento que Revolución Ciudadana es un partido con vínculos al crimen en todos los niveles y que Amigo fue fundado con el dinero del reparto de los hospitales. No hay derecho electoral para el crimen organizado. Ellos no tienen derechos; el mal no tiene derechos.

-Expertos en materia electoral sostienen que la suspensión de las organizaciones debió ser luego de que se supere todo el proceso.

- Ese es un punto de vista con conveniencia. Es verdad que el artículo 374 del Código de la Democracia señala que el juez podrá sancionar a una organización política con hasta 24 meses de suspensión en los casos que incumplan ciertas actividades de capacitación e incumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, esos numerales aplican cuando se trata de una denuncia ciudadana o del propio CNE. Pero el tercer numeral tiene una lógica distinta: la petición del fiscal general, cuando exista una investigación en curso de lavado de activos, cambia el artículo a una naturaleza cautelar. Es verdad que podría estar mejor redactado, pero dentro de una interpretación jurídica recta, esa disposición del numeral tres cambia todo el articulado.

Lo que están haciendo (en el Gobierno) es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley.André Santos, director de Firmes

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- ¿Y en dónde queda el principio y garantía constitucional de la inocencia? Incluso el ministro John Reimberg ha dicho que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

- El ministro es especialista en seguridad, no abogado. Creo que debió decir que no se ha hecho ningún descargo a las pruebas que apuntan a que estos señores han tenido una participación en delitos de corrupción y crimen organizado. Por lo otro, es obvio que son inocentes hasta una sentencia ejecutoriada. No se trata de sanciones definitivas. Cuando dictan prisión preventiva contra una persona, no están diciendo que ella ya es culpable; es una medida cautelar. Son actos previos y preventivos para evitar que se destruyan pruebas o, en el caso electoral, evitar que un partido político pueda participar.

- Sin embargo, la sensación es que se le está impidiendo al electorado votar libremente. ¿Eso puede garantizar legitimidad?

- Hay partidos políticos que no los han tocado. Está el Partido Social Cristiano (PSC), CREO, Pachakutik. Yo creo que lo que están haciendo es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley. Se le está haciendo a quienes han participado en actos graves de corrupción y cuyos miembros están involucrados en asesinatos selectivos, algo sumamente grave. Esa gente no tiene derecho a participar en las elecciones.

La suspensión de partidos no es un tema de gustos. En el deporte, si un atleta está dopado y se comprueba, es descalificado.André Santos, director de Firmes

Lo que debes saber:

• Hoteles de lujo en Centro Histórico de Quito superan 60% ocupación en 2026 con turistas de EE. UU.
• Turistas combinan Quito con Galápagos, Amazonía y Otavalo; estancia promedio corta en hoteles boutique.
• Experiencias culturales y personalizadas impulsan demanda en alojamientos del Centro Histórico de Quito.

En el Centro Histórico, el corazón de Quito, conviven alojamientos para mochileros con hoteles de lujo —de cinco y cuatro estrellas— donde una noche puede costar entre más de 200 y alrededor de 500 dólares. Los responsables de estos espacios destacan el interés de turistas, sobre todo de Estados Unidos, por recorrer el casco colonial y convertir la visita en una experiencia memorable.

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Renato Vásconez, gerente del Hotel Casa Gangotena, situado en las calles Cuenca y Rocafuerte, frente a la Plaza de San Francisco, explica que sus viajeros hacen escala hacia Galápagos o el Mashpi Lodge, principalmente parejas y adultos. Estamos por encima del 75 % de ocupación en nuestras 31 habitaciones”.

El establecimiento fue incluido en 2022 entre los 500 mejores hoteles del mundo, según un ranking anual de una revista especializada en viajes. Desde 2025 cuenta además con una llave Michelin. 

“Situada en una esquina privilegiada del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la propiedad ofrece una magnífica carta de presentación de la capital ecuatoriana, aún alejándose de lo que suele ser el alojamiento típico de la ciudad”, describe la Guía Michelin sobre el inmueble, construido en 1534.

Lo que prefieren estos turistas

También Paulina Suárez, directora de ventas del Hotel Plaza Grande, señala que mantienen una ocupación cercana al 60 %. 

“Nuestros huéspedes provienen principalmente de Estados Unidos y, en general, son adultos mayores”. Ubicado en la Plaza de la Independencia, ofrece a sus visitantes una vista privilegiada del Palacio Presidencial y por tanto del cambio de guardia, así como acceso inmediato a las iglesias. Su origen se remonta al Majestic, el primer hotel de lujo de la ciudad, inaugurado en 1930.

Llegan a la capital, para luego viajar a Galápagos, etc.

Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, coincide en que este punto de la ciudad, en temas de alojamiento, mantiene un dinamismo sostenido. “Tenemos niveles de ocupación de entre el 65 % y el 70 %, con buenas tarifas”, afirma.

Según precisa, buena parte de los visitantes llega en grupos, va a Otavalo y sus alrededores, y sigue hacia Galápagos o la Amazonía.

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Las experiencias llaman la atención

Ese tránsito de visitantes que combinan Quito con otros destinos del país también se refleja en propuestas más personalizadas.

En el barrio de San Marcos está Illa Experience Hotel, un hotel boutique instalado en una casona del siglo XVI, donde aún se conservan columnas originales. Ana Paula Landázuri, chief happiness officer, anota que se esfuerzan por brindar una experiencia personalizada. “Buscamos que cada día los huéspedes tengan una actividad, que tengan una experiencia, que regularmente se hace al final de la tarde”.

La mayoría de visitantes procede de países angloparlantes —Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda— y el nombre del hotel no es casual: Illa, en kichwa, significa “luz divina”, en alusión a las creencias de la familia propietaria. 

El establecimiento cuenta con 18 habitaciones y mantiene una alta ocupación, especialmente entre jueves y domingo. Recibe sobre todo familias y viajeros mayores de 50 años, que suelen permanecer una noche en Quito antes de continuar hacia Galápagos o la Amazonía. La mayoría llega a través de agencias y sigue itinerarios coordinados con guías, según Landázuri.

Entre las actividades que ofrece el hotel figuran catas de café, en las que ofrecen por ejemplo, honey, blend green, sidra y blend medio, por la que invitan a dejarse llevar por los sentidos. También hay encuentros con artesanos. Uno de ellos es el taller de tejido de sombreros de paja toquilla.

Olga Guzhañay, artesana cuencana, aprendió el oficio a los 8 años y es la cuarta generación de su familia dedicada a esta tradición. “A los turistas les enseño y se animan a tejer. Se emocionan. Les muestro esta horma (molde sólido) en la que trabajo, que tiene más de cien años. Antes se usaban velas para alumbrar, y tejíamos desde las cuatro de la tarde hasta que llegaba el sueño”, relata.

A diferencia de otras propuestas, Illa Experience Hotel no forma parte de una cadena internacional y busca recrear el ambiente de una casa. La experiencia comienza con una bebida de bienvenida, como el Achachay —una reinterpretación del tradicional canelazo— preparada con aguardiente, Orangine y Norteño.

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La opinión de un guía de turismo 

Juan David Mantilla, guía nacional de turismo con más de 22 años de experiencia, calcula que el 20 % de los visitantes que recibe se alojan en hoteles de lujo de esta zona. En los últimos días ha acompañado a un grupo de cubanoestadounidenses que, según le contaron, han visitado más de 68 países. Aún así, el Centro les ha resultado especialmente impactante.

“Les planteo una especie de backstage de cómo se construyó Quito”, dice. Su estrategia consiste en invitar a los visitantes a imaginar el proceso: “Les pido que piensen cómo se pudieron rellenar las 12 o 13 quebradas que rodeaban lo que hoy es el Centro y voy contándoles la historia”. A los visitantes les parece que la capital es encantadora.

El turista busca conocer el backstage de cómo se levantó el Centro. Miran las iglesias y dicen guau...Juan David Mantilla/ guía nacional de turismo

Luz Elena Coloma, exconcejala y exdirectora de Quito Turismo, Luz Elena Coloma sostiene que, como en otras capitales del mundo, la convivencia entre alojamientos económicos y hoteles de lujo enriquece la oferta turística. Estos últimos, señala, generan un mayor nivel de consumo. 

Destaca, además, las experiencias de establecimientos que articulan su propuesta con la comunidad local, a través de vínculos con negocios tradicionales como dulcerías, hierbateras del mercado de San Francisco o talleres de objetos sacros.

El turista con mayor poder adquisitivo valora alojarse en un lugar especial del Centro Histórico.Luz Elena Coloma/ exconcejala y exdirectora de Quito Turismo

El dato

En la capital al momento hay 25 alojamientos de cinco estrellas (13 hoteles, siete haciendas turísticas, tres hosterías y dos lodges.

Lo que debes saber

• Los expertos creen que las seccionales ofrecen poco espacio para un verdadero outsider.
• El corto tiempo de campaña favorece a los candidatos que ya son conocidos.
• Más que discursos antisistema, los electores buscarían propuestas claras y capacidad de generar consensos.

La política suele abrirles la puerta a los conocidos. Pero, de vez en cuando, un nombre sin trayectoria partidista logra irrumpir en el escenario y alterar todos los cálculos electorales.

Ese fenómeno, conocido como el del outsider, ha marcado a las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. Sin embargo, para los comicios seccionales anticipados del 29 de noviembre de 2026, analistas advierten que el escenario es distinto y que las condiciones para que aparezca una figura de ese tipo son mucho más limitadas.

Quien se postule debe dejar de vender humo y presentar un plan claro que responda a las necesidades de la ciudadanía.Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas de la UCG

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¿Qué define a un outsider?

Para el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo, Héctor Yépez, un outsider es alguien que llega desde fuera del sistema político tradicional. Explica que suele presentarse como una figura antipolítica, condición que resulta atractiva cuando existe un fuerte rechazo ciudadano hacia la clase política.

Yépez sostiene que el atractivo de estos candidatos depende de conservar una imagen de alguien “distinto” al resto de actores políticos. Si esa percepción desaparece, dice, también se desvanece buena parte de su fortaleza electoral.

No obstante, para el analista político Giuseppe Cabrera, las elecciones seccionales presentan una lógica distinta a la de unos comicios nacionales. En su opinión, el primer elemento que podría favorecer a un outsider es la existencia de un electorado que habría quedado “huérfano” tras la inhabilitación o debilitamiento de varias organizaciones políticas.

Ese vacío, explica, podría ser aprovechado por una candidatura que logre presentarse como una alternativa diferente a los bloques tradicionales. Sin embargo, advierte que esa oportunidad, por sí sola, no garantiza competitividad.

Con él coincide el experto electoral Alfredo Espinosa, quien sostiene que los outsiders suelen surgir cuando confluyen varias condiciones. Entre ellos, menciona la desconfianza hacia los partidos, una crisis de representación, instituciones débiles y una alta fragmentación política como el terreno propicio para su aparición.

Añade que estos candidatos acostumbran construir narrativas antipolítica y antipartidos, además de presentarse como ajenos a las estructuras tradicionales. Sin embargo, advierte que esa falta de experiencia política no implica un mayor compromiso con la democracia o las instituciones.

Más que un discurso contra las élites, hoy un outsider necesita diferenciarse y ofrecer una propuesta que unifique a la gente.Giuseppe Cabrera, analista político

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Ser conocido, el principal requisito

Sin embargo, Cabrera sostiene que el outsider de estas elecciones seccionales no puede ser un completo desconocido. A diferencia de una elección presidencial, afirma que el corto calendario electoral y una campaña de apenas dos semanas obligan a que el aspirante ya tenga algún nivel de reconocimiento público, aunque nunca haya competido en las urnas.

Espinosa cree que, por ahora, en varias ciudades apenas empiezan a perfilarse aspirantes que intentan proyectar esa imagen. En el caso de Quito, menciona a Wilson Merino como un posible aspirante a ese espacio, aunque aclara que todavía no puede ser considerado un outsider en sentido estricto.

Es por esto por lo que, para el analista, la diferencia debe construirse desde la identidad propia y no únicamente desde el rechazo a otros candidatos. Considera que cada aspirante necesita explicar por qué representa algo distinto frente a quienes ya disputan las principales alcaldías y prefecturas.

A ese requisito suma un tercero: la capacidad económica y logística para la campaña. Cabrera recuerda que las tiendas políticas tienen estructuras débiles, por lo que un aspirante sin recursos propios tendría serias dificultades para movilizar equipos y hacerse visible.

No obstante, Espinosa añade que un verdadero outsider pierde parte de su esencia cuando establece alianzas abiertas con organizaciones tradicionales, incluido Acción Democrática Nacional (ADN) o la Revolución Ciudadana (RC). Según explica, esas asociaciones terminan diluyendo el relato de independencia que caracteriza a este tipo de candidaturas.

Para la coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, el principal problema es que el tiempo juega en contra de cualquier aspirante que pretenda irrumpir desde fuera del sistema. Considera que resultará muy difícil que una persona desconocida logre posicionarse como opción en apenas dos semanas de campaña.

Para que un outsider funcione debe ir contra el sistema, debe mantener siempre una imagen de distinto.Héctor Yépez, director de la Escuela de Gobierno de la UEES

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Más propuestas y menos confrontación

La académica plantea que, más que buscar una figura antisistema, los aspirantes deberían concentrarse en construir una postura clara frente a los problemas de la gente. Agrega que esa posición debe ir acompañada de un plan comprensible, coherente y capaz de generar confianza en los electores.

Por otra parte, el analista Cabrera también considera que el discurso de enfrentar al “pueblo” contra las élites ya no tendría la misma eficacia que en procesos anteriores. A su juicio, las elecciones locales requieren ampliar consensos antes que profundizar divisiones.

Asimismo, Espinosa sostiene que el mayor riesgo consiste en caer en la polarización. A su juicio, si estos candidatos no interpretan adecuadamente el cansancio ciudadano frente a esa confrontación, difícilmente lograrán consolidarse como una alternativa real.

Endara concluye que la prioridad de estos comicios no pasa por encontrar un nuevo fenómeno electoral, sino por elegir autoridades que puedan trabajar de manera articulada y fortalecer una democracia que considera frágil. En su criterio, ese será el principal desafío para quienes busquen conquistar el voto ciudadano el próximo 29 de noviembre.

Los votantes podrían buscar una tercera opción, pero solo si esta logra salir de la polarización entre correísmo y anticorreísmo.Alfredo Espinosa, experto electoral

Lo que se sabe

• El sector agrícola orgánico exportó $621 millones en 2024 y generó empleo directo para 54.063 personas.
• Ecuador es el principal exportador de productos orgánicos hacia la Unión Europea. En 2025, sus envíos crecieron 10% frente al 2024.
• El 92,8% de los productores orgánicos del país son pequeños agricultores de la llamada agricultura familiar campesina.

Ecuador siguió liderando en 2025 las exportaciones de productos agrícolas orgánicos a la Unión Europea, con un crecimiento del 10% frente al año anterior. Y aunque la mayor parte de la oferta agroecológica del país se destina a los mercados internacionales, una red de agricultores también está acercando estos productos a los consumidores locales, mediante ferias en ciudades como Guayaquil.

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Según el Informe de Estadísticas de Producción Orgánica publicado por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, en 2023 Ecuador registró 61.279 hectáreas de producción orgánica y 14.434 en transición. 

Las exportaciones de productos orgánicos ecuatorianos alcanzaron los $621 millones en 2024, el 2,5% de las exportaciones no petroleras del país, y generaron empleo directo para 54.063 personas, según un comunicado del Ministerio de Agricultura de octubre de 2025.

De esa cifra de personas relacionadas a la producción orgánica, 9.886 productores contaban con registro o certificación orgánica hasta 2023, según Agrocalidad, aunque solo una parte logra exportar: 9.345, de acuerdo con el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en alemán).

De acuerdo con el mismo estudio del FiBL en 2024 Ecuador se perfiló como el segundo mayor exportador de orgánicos a la Unión Europea y Estados Unidos combinados, con 765.605 toneladas métricas, solo por detrás de México.

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Un informe posterior de la Comisión Europea, publicado en junio de 2026, confirma la tendencia de consumo: Ecuador se mantuvo como el principal exportador de productos orgánicos hacia la UE en 2025, con un crecimiento del 10% frente a 2024, impulsado por un alza del 11% en las exportaciones de banano orgánico.

Banano, cacao, café y quinua fueron de los primeros productos orgánicos ecuatorianos en colocarse en perchas internacionales; hoy la oferta suma 2.137 productos, entre agropecuarios y procesados.

¿Cómo se produce?

Jeremy Bravo, ingeniero agrónomo y director ejecutivo de la Fundación In Terris, explica cómo es producir sin químicos. Con los agricultores que la fundación ha capacitado y verificado como agroecológicos, el cambio pasa, por ejemplo, por sustituir la urea por insumos como la Azolla, una planta acuática que fija nitrógeno: en Colimes, más de 30 arroceros ya la cultivan y ahorran hasta $300 por hectárea frente al costo actual de la urea (entre $40 y $55 el saco), aunque recuperar un suelo con residuos químicos toma entre 3 y 5 años antes de lograr la certificación orgánica. 

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Ese tiempo y el trabajo manual explican, dice Bravo, por qué un producto agroecológico cuesta entre 20% y 30% más que uno convencional: "No hay que ver solo el precio, hay que ver el detrás. Es un producto muchísimo más sano que uno que venden comercialmente".

Según el mismo informe de Agrocalidad, el 92,8% de los productores orgánicos del país pertenece a la llamada agricultura familiar campesina. 

Esa cifra describe, sobre todo, fincas pequeñas: "no estamos buscando grandes agricultores con grandes extensiones, sino productores que tienen una o dos hectáreas, pero muy bien aprovechadas", explica Bravo. Es decir, una base agrícola diversificada, no un monocultivo.

En Guayaquil, esa oferta se reparte en ferias que se alternan cada quince días: Bonaterra, que organiza la Fundación In Terris en el campus Gustavo Galindo Velasco de la ESPOL, y Viva Market, que organiza Ecoesfera en el Colegio Alemán Humboldt, son dos de ellas. 

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A ambas llegan productores de distintas provincias, algunos asociados que envían a un solo representante a vender por todo el grupo, para compartir el costo del viaje y salir a comercializar por sí mismos.

David Di Grumo es cliente frecuente de las ferias. Allí busca productos que no encuentra en otros lugares, como un chocolate particular o verduras con pigmentos especiales. "Hay una relación directa con el productor, no hay intermediarios y se conoce cómo se produce", dice. Aunque reconoce que paga un poco más que en el supermercado, destina entre $30 y $40 semanales para abastecer a su hogar.

¿Quiénes producen?

A esa base se suman fermentados de estilo coreano, panes de masa madre y otros productos que, según Bravo, atraen sobre todo a personas diabéticas, hipertensas o que buscan una alimentación más saludable.

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La estrategia para atraer clientes

Crear una cultura de consumo de este tipo de productos conlleva desafíos. En Viva Market, un grupo de consumidores se organiza en "canastas" quincenales de entre $16 y $30 con productos básicos que aseguran una venta fija a los productores.

Debido a que la afluencia varía: hay ferias con 200 visitantes y otras con apenas 13, y cuando un pedido no se entrega, el productor debe regresar con la carga. "Es esa falta de costumbre. Siempre te sigue atacando la costumbre de volver al supermercado", dice Natalia Sarmiento, gestora de Viva Market. 

Bravo suma otro obstáculo: el público más fiel a las ferias tiene entre 40 y 70 años, y llegar a los más jóvenes, de 16 a 30, es mucho más difícil, dice, porque no crecieron con el hábito.

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Lo que se sabe

• Guayaquil tiene el desafío de ampliar sus áreas verdes en la zona urbana
• Propuesta de arquitectos plantea un corredor que una centro y norte
• Seguridad vial, cuidado del medioambiente y reducción de la temperatura están entre los beneficios

Escasos espacios que ofrecen sombra, aceras en mal estado y falta de cruces seguros. Este coctel de infraestructura antipeatonal es con el que conviven a diario los ciudadanos.

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Ciclovías en Guayaquil se siguen eliminando mientras aumenta la desprotección vial

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Tanto en grandes avenidas como en las calles de barrios, el cemento predomina y deja en minoría a las áreas verdes.

Especialistas como el urbanista Rodrigo Junco han dicho a EXPRESO que a Guayaquil “le falta mucho por trabajar” para alcanzar uno de los estándares por los que se miden las áreas verdes: la regla 3-30-300.

Este método plantea lo siguiente:

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En Guayaquil hay "desconexión total" de la ciudad con la naturaleza: Rodrigo Junco

Juan Pablo Pérez Tomalá

Arquitectos proponen corredor verde en Guayaquil

Motivados por cambiar esta realidad, los arquitectos Guillermo Paulson Crespo, Cristina Correa Freile y Manuel Colón-Amador se unieron para generar una propuesta de corredor verde que “conecte vegetación, sombra, suelos permeables, espacio público y movilidad activa”.

A lo largo de avenidas como Malecón, de las Américas, Víctor Emilio Estrada, Carlos Julio Arosemena, 9 de Octubre y Francisco de Orellana, plantean unificar entre 10 y 17 puntos de interés, que abarcarían de 10 a 18 kilómetros.

Ahí se unirían universidades como Casa Grande, del Río y de Guayaquil; sitios turísticos como los malecones, el barrio Las Peñas, Urdesa, la Plaza del Centenario, entre otros puntos.

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Avenida Francisco de Orellana tiene potencial ambiental

“La avenida Francisco de Orellana es uno de los espacios que todavía tiene un espacio amplio para poder darle como un retrofit (reutilizar espacios existentes) en el tiempo”, dice Colón-Amador, en referencia al parterre central.

Con la siembra de especies nativas, como guayacán y jacarandá, para que crezcan cada tres metros, y áreas verdes con maceteros, se crearía un corredor en el que las personas puedan no solo movilizarse, sino contemplar la naturaleza.

La infraestructura, que deberá contar con iluminación adecuada, redes de Internet inalámbrico y mobiliario urbano, permitiría también el traslado en bicicleta y vehículos de micromovilidad, a través de ciclovías seguras que conecten puntos de interés.

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Cruces peatonales diagonales en Guayaquil: ¿Dónde se ubican y cómo funcionan?

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“La intención del corredor, en ese espacio específico, es poder jugar un poco con la percepción de desconectarte del flujo de los autos. Al sentir que tienes vegetación de lado y lado, sientes que estás transitando por un espacio más natural, menos denso, urbanísticamente hablando”, resalta Paulson.

¿Cómo hacer realidad el corredor verde en Guayaquil?

Los autores ven factible hacer el corredor en avenidas como Francisco de Orellana porque hay infraestructura existente, aunque aclaran que deberá determinarse qué redes sanitarias y eléctricas hay bajo tierra, para garantizar que la obra ecológica cumpla su función.

“Sería muy interesante ver que exista este cambio, que va a ser muy visual. Nosotros los guayaquileños, cuando vemos algo que funciona, lo queremos replicar de manera positiva. Entonces, creemos que es un buen ejemplo y eso irlo de alguna manera adaptando a las necesidades de los diferentes puntos, según el entorno de cada espacio de la ciudad”, destaca Correa sobre la posibilidad de que el corredor tenga características particulares en cada sitio donde se implemente.

Para impulsar un proyecto así, se necesita “capacidad de gestión” de las administraciones municipales para que den continuidad a su implementación, que podría extenderse entre 8 y 12 años, tomando como referencia lo hecho en otras ciudades, menciona Paulson.

En el caso de los costos, Colón-Amador explica que dependerá de la infraestructura de cada sector, por lo que se necesita un estudio para determinarlos.

Para garantizar el mantenimiento de las especies, los autores creen que se podría involucrar a la empresa privada. Esto, resaltan, atraería también a la comunidad, lo que repercutirá en espacios más seguros.

La avenida Francisco de Orellana es una de las vías donde los especialistas proponen que haya corredor verde

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En la ciudadela Miraflores se anhela que resurja su potencial para turismo ecológico

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Uno de los lugares donde se plantea que pase el corredor es la avenida Delta, al pie de la Universidad de Guayaquil, donde sus estudiantes se movilizan junto al bullicio de buses, autos y motos.

Una de esas alumnas es Jennifer Guaño, quien cree que las palmeras colocadas en el parterre central no dan suficiente sombra a los peatones.

La posibilidad de un corredor verde acercaría también al barrio Orellana, que tiene una de las pocas calles totalmente arborizadas en la ciudad, la Luis Vernaza Lazarte.

Ahí, Marcelo Castillo disfruta de la sombra de los árboles, las flores y las aves, algo que este residente del sector califica como “fabuloso” y “fantástico”.

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En un artículo de la Universidad de California, publicado en 2022, se detalla que, “además de proporcionar sombra, los árboles absorben y almacenan dióxido de carbono, liberan oxígeno, mejoran los polinizadores y el hábitat de la vida silvestre, filtran los contaminantes del aire y el agua y pueden reducir el uso de energía”.

“En calles dominadas por asfalto y concreto, las superficies expuestas al sol pueden alcanzar temperaturas entre 11 y 25 grados centígrados más altas que las superficies sombreadas”, algo que con los árboles se puede reducir entre 1 y 5 °C, destacan los autores del proyecto. Para ellos, “el verde no es decoración: es infraestructura climática”.

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Lo que debes saber:

• Analistas advierten autocracia en Ecuador en 2026: Sotomayor y Viola señalan erosión institucional y dudas sobre elecciones libres.
• En Ecuador, 2026: decisiones sobre oposición y control estatal activan alertas de autocracia, según politólogos.
• Debate en Ecuador 2026: Pabón denuncia dictadura y Páez y Rivera lo niegan; analistas vinculan caso a ola global de autocratización.

Como si se tratara de una enfermedad que avanza silenciosamente, los indicios de autocracia ya no se ven como hechos aislados, sino como parte de un patrón en Ecuador y otros países, que inquieta a analistas.

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La politóloga y abogada Patricia Sotomayor, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), responde que el país no vive una democracia plena; identifica retrocesos en libertades como las de prensa y asociación. 

Aunque reconoce que tensiones institucionales han existido desde el retorno a la democracia en 1979, subraya que hoy surge un elemento especialmente preocupante: la proscripción política.

Para Sotomayor, este fenómeno -sumado a decisiones cuestionadas de organismos electorales y al contexto de elecciones anticipadas- plantea dudas sobre la equidad del proceso. Recuerda que no hay democracia sin elecciones libres, limpias y competitivas, un principio inseparable del pluralismo.

Opositores pueden aparecer en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría

Coincidiendo con ese diagnóstico, Carolina Viola, politóloga, cree que las últimas decisiones frente a la oposición acercan más a una lógica autocrática y alejan de una democracia plena. 

Lo que se ve, dice, es un régimen híbrido, con una tendencia que se ha acentuado: erosión progresiva de instituciones democráticas y fortalecimiento del Ejecutivo, que termina por copar otros espacios del Estado, debilitando los contrapesos y el equilibrio de poderes.

Para Viola, la eliminación de opositores políticos marca un antes y un después. Si bien hay quienes argumentan que esto ya lo hizo el correísmo -cuando también hubo erosión democrática-, en esos casos “la eliminación de partidos del registro electoral respondía a no cumplir con el mínimo de respaldo. Hoy se observa un ataque que no solo afecta a una organización, sino a cualquier actor con potencial electoral frente al Gobierno”.

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Según la politóloga, esto no solo afecta a la oposición. “Quienes alzan la voz o cuestionan decisiones empiezan a enfrentar acciones desde distintas instituciones del Estado. Aparecen en listas del SRI, son objeto de procesos en la Contraloría, etc.”, dice.

La visión de Andrés Páez, exasambleísta

Al plantearle la misma interrogante al exlegislador Andrés Páez -¿hay síntomas de autocracia en el país?-, sonríe. Dice que lo más curioso es que “quienes han instalado esa narrativa son los autores y cómplices de una de las más burdas dictaduras entronizadas en el continente, como fue la década saqueada; aparte de cometer todo tipo de abusos, se robaron millones”. 

Pregunta: “¿Qué autoridad moral pueden tener para sostener una cosa así quienes disolvieron el Congreso el 27 de noviembre del 2007?”. “Eso solo se había visto en las peores dictaduras; se inventaron el Congresillo, disminuyeron el número de jueces de la Corte Suprema de 31 a 21, le quitaron la condición y la dejaron como Corte Nacional; crearon una última instancia de nueve jueces manipulados por ellos e hicieron lo que les vino en gana hasta hoy; todavía el correísmo está insertado allá”.

Paola Pabón habla de una tiranía

Desde una orilla política diametralmente opuesta, la evaluación cambia por completo y se ve incluso como una “patología” del poder. Al preguntarle a Paola Pabón, figura de la Revolución Ciudadana y prefecta de Pichincha, si hay rasgos de autocracia en el país, responde sin matices: 

“En Ecuador vivimos una dictadura, el poder está concentrado en una sola persona y en su grupo económico y se ejerce con crueldad, sin respetar la Constitución ni las leyes, menos aún la voluntad popular. El tirano impone una política de miedo, persecución y terror. La tiranía ha emergido en el país mediante la instauración de la necropolítica y el discurso de guerra contra el crimen organizado”.

El Gobierno -anota- ha hecho caso omiso a los resultados de las consultas populares. Puntualiza:

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Ramiro Rivera niega que exista autocracia en Ecuador

Ramiro Rivera, exdiputado de la DP y defensor del presidente Daniel Noboa, no lo ve así. “Las autocracias implican una concentración absoluta del poder, sin división de funciones, representación legislativa, justicia independiente, libertad de expresión ni garantías constitucionales”. 

Como ejemplos menciona a Nicaragua, bajo Daniel Ortega; Cuba, con Miguel Díaz-Canel; así como Bielorrusia, Siria y teocracias.

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Para él, calificar a Ecuador como una autocracia es una tesis del correísmo “risible”. Reconoce que esta democracia “carece de partidos sólidos y está marcada por el caudillismo y prácticas prebendarias”. 

La suspensión de la RC y Amigo -cree Rivera- responde a la ingeniería autoritaria que dejó (Rafael) Correa; el artículo 374 del Código de la Democracia es claro: con la sola notificación del fiscal, el CNE o el TCE tienen la facultad de suspender a movimientos por 24 meses o imponer multas de 10 a cien salarios.

Comenta que “los correístas dejaron trampas que montaron para sus adversarios, en las que han caído atrapados”. Al recordarle que Inés Manzano casi no participó de su juicio político; Alexandra Villacís no se pudo posicionar en la Judicatura y sobre la intervención de GRANASA comenta: 

“Diría que hay ciertas decisiones o actitudes que constituyen actos desmedidos de un lado y otro”.

Un problema que atraviesa al mundo

Patricia Sotomayor, como politóloga, señala que la situación (avance de la autocracia) no es exclusiva de Ecuador ni de la región. El mundo atraviesa una tercera ola de autocratización, en contraste con la ola democratizadora de las décadas de 1970 y 1980, cuando muchos países pasaron de regímenes autoritarios a democráticos. ¿Otra pandemia sin vacuna?

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Ya no se producen golpes de Estado de tipo militar u oligárquico: Franklin Ramírez

El analista político Franklin Ramírez explica que se habla de una tercera ola de autocratización, que arranca incluso a inicios de este siglo y presenta picos de expansión en democracias aparentemente consolidadas como Estados Unidos, pero también en Hungría o Turquía. 

Este concepto, entendido como proceso -más que como autocracia a secas-, busca describir la erosión gradual de las condiciones democráticas en el ejercicio del poder político.

Se diferencian, subraya, de los viejos golpes de Estado de tipo militar u oligárquico en América Latina, donde la toma del poder era abrupta, protagonizada por militares, policías o élites -como por ejemplo lo de Allende en Chile-. 

Hoy el cuadro es distinto: se trata de figuras y líderes electos por el pueblo, con legitimidad de origen, que desde dentro del sistema y de manera progresiva van concentrando poder, debilitando los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas, y restringiendo libertades políticas como la movilización, la protesta, la libertad de expresión, la oposición y la participación.

“Es una erosión progresiva que opera desde dentro del sistema. A través de distintas formas, estos liderazgos concentran poder y presionan al adversario. Esta figura se aplica al caso ecuatoriano, es comparable a Bukele en El Salvador. La autocratización se vincula a la expansión de la violencia en territorios y a la securitización”.

"El escenario es de poder absoluto, propio de regímenes de partido único, en el que ciudadanía y organizaciones políticas no pueden impugnar".Franklin Ramírez, analista político

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Lo que debes saber

• El Plan Nacional de Seguridad de Daniel Noboa incluye medidas para fortalecer la inteligencia y supervisar a las ONG, lo que ha encendido alertas por un posible control a la protesta social. 
• Organizaciones indígenas, Human Rights Watch y expertos advierten riesgos para la democracia, mientras otros analistas defienden los controles como una herramienta contra el crimen organizado.

Después de casi tres años en el Gobierno, Daniel Noboa oficializó como política pública el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto 448.

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El documento, aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 9 de marzo de este año, establece siete objetivos estratégicos destinados a fortalecer la capacidad del Estado frente a amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, los ciberataques y el terrorismo.

Sin embargo, el plan también incorpora entre los riesgos para la seguridad nacional al denominado “extremismo violento” y a la subversión, aspectos que han despertado preocupación entre organizaciones sociales, dirigentes indígenas y especialistas en derechos humanos.

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Según el documento, el extremismo violento es definido como un “fenómeno multidimensional (político, económico y social) vinculado con la adopción de ideologías extremistas, el empleo de la violencia e incluso de acciones terroristas”. Además, sostiene que este fenómeno es impulsado “por un radicalismo antisistema que cuestiona las instituciones y la democracia representativa”.

La hoja de ruta gubernamental contempla 17 estrategias en el objetivo 4 para enfrentar esas amenazas. Entre ellas destacan dos medidas que han generado debate: el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para la prevención y neutralización de fenómenos de radicalización de protestas sociales y el incremento de la supervisión sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y corporaciones que operan en el país.

Aunque el Ejecutivo plantea estas acciones como mecanismos para preservar la estabilidad democrática y fortalecer la institucionalidad estatal, diversos actores consideran que podrían derivar en restricciones a derechos fundamentales, como la libertad de organización y la protesta social.

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Conaie cuestiona el plan y advierte riesgos para la democracia

Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuestiona el alcance de estas disposiciones y sostiene que buscan restringir la participación ciudadana. A su criterio, el Gobierno pretende “limitar la libertad de organización” bajo el argumento de defender la democracia.

La dirigente añade que “no es posible hablar de fortalecimiento de la democracia cuando se limita el derecho a la protesta o la participación, como lo que ocurre ahora con las organizaciones políticas, cuando se niega el fondo partidario o los candidatos están detenidos. Se debe investigar, pero dentro del debido proceso y respetando el Estado de Derecho”.

Las preocupaciones también han sido expresadas por organismos internacionales de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), rechaza que las organizaciones de la sociedad civil sean consideradas un factor de desestabilización institucional.

Human Rights Watch alerta sobre posibles restricciones a las ONG

“Las organizaciones no gubernamentales no desestabilizamos la democracia. Muy por el contrario. Nuestro rol es hacer vigilancia a quienes están en el poder. No importa su color político. No hay democracias fuertes y sólidas sin organizaciones de la sociedad civil y periodistas que hagan escrutinio al gobierno”, señala.

Para algunos especialistas, categorizar a las organizaciones sociales como amenazas puede abrir espacios para prácticas de control político.

El experto en seguridad, Paúl Pinto considera que el contenido de ese objetivo representa un riesgo. Según explica, “el objetivo 4 es muy peligroso porque implica temas de control social, control a la oposición y de los que no están de acuerdo con el gobierno”.

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Expertos discrepan sobre el control a organizaciones sociales

El especialista cree que “se está atravesando una línea peligrosa. Ahora está por escrito en el plan que se va a justificar la persecución de los pueblos indígenas. Se ve un deseo de control y de tener controlado a cualquier grupo que sea opositor al gobierno”.

En la misma línea, Goebertus advierte sobre posibles consecuencias para las organizaciones de la sociedad civil. A su criterio, podría producirse “la estigmatización y que esta se traduzca en debilitamiento y cierre de varias organizaciones”.

Desde la Conaie también se sostiene que algunas disposiciones ya han tenido efectos en el ámbito organizativo. Castañeda afirma que las medidas contempladas en el plan han provocado una “persecución y hostigamiento permanente. Tanto es así que ya hay tantos defensores estigmatizados y judicializados; eso sí afecta a la democracia”, resalta.

Supervisión a ONG: ¿seguridad nacional o control político?

La dirigente recuerda que durante las protestas registradas entre septiembre y octubre de 2025 se aplicaron medidas que afectaron tanto a personas como a organizaciones, específicamente a través del congelamiento de cuentas vinculadas con agrupaciones sociales. Casos de este tipo fueron denunciados por organizaciones como Alianza Ceibo y la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt).

No obstante, también se considera que las medidas de supervisión deben analizarse en el contexto de la lucha contra las estructuras criminales.

Wilson Goyes, experto en seguridad y director de la Escuela de Riesgos de la UIDE, sostiene que los mecanismos de control contribuirían a identificar redes que se camuflan para actividades ilícitas.

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Control a ONG divide a especialistas en seguridad

Según explica, este tipo de vigilancia permite “asfixiar a las estructuras de fachada” y a los mecanismos utilizados para movilizar recursos de origen ilegal.

El experto indica que algunas organizaciones aparentemente legales han sido utilizadas para financiar estructuras criminales y captar a ciudadanos. “De esta forma se reduce la cooptación de personas en zonas vulnerables, como las fronteras, en donde ciertas organizaciones con apariencia benéfica han sido usadas por el crimen, para la gobernanza criminal y para sustituir al Estado y reclutar a jóvenes, niños y adolescentes”, manifiesta.

Pinto discrepa y atribuye la inclusión de ONG y organizaciones sociales dentro de las amenazas contempladas por el plan a una visión predominantemente militar de la seguridad. A su criterio, ello responde “por el miedo de los militares, porque el plan fue elaborado por militares”.

Analistas cuestionan la elaboración del plan de seguridad

El analista también cuestiona la falta de participación de diversos sectores durante la elaboración del documento. “Debió hacerse con la sociedad civil, gremios, sector privado. No hubo acuerdos ni consensos y lo que tenemos es un plan militar, de defensa, no de seguridad, con puntos inquietantes contra la oposición”, concluye.