Lo que debes saber

• La Cámara de Minería sostiene que permitir la revisión o renegociación de contratos vigentes representa una amenaza para la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
  
• El gremio asegura que la Ley de Minería ya contempla mecanismos como el ajuste soberano para garantizar que el Estado reciba como mínimo el 50 % de los beneficios totales de los proyectos.
• Aunque mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno, la Cámara no descarta futuras acciones legales.

Los acuerdos 056 y 057 firmados por Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, que dejó el cargo a finales de abril de 2026, causaron una remezón tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de mayo. La posibilidad de revisar contratos de explotación de minerales ya firmados encendió las alertas de la industria, que advierte riesgos para la seguridad jurídica y atracción de inversiones.

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Los cuatro únicos contratos de explotación de minerales, que ha firmado Ecuador en los últimos 14 años (Mirador, Fruta del Norte, Cascabel y Cangrejos), pueden ser sujetos de revisión. Así lo establece la reciente normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, que introduce cambios para el desarrollo de esta actividad, que actualmente representa el tercer rubro de exportación, está después del camarón y del petróleo.

- ¿Cómo toma la Cámara e Minería de Ecuador el sector la publicación de estos acuerdos que permiten al Estado o la Empresa Nacional Minera (Enami) revisar o renegociar contratos cuando ellos lo consideren?

Esa disposición atenta contra la seguridad jurídica porque dice con todas las palabras que los contratos son una simple referencia. Es decir, se pueden abrir y modificar cuando el Estado lo considere conveniente. Los contratos son ley para las partes y esa es la base de cualquier inversión. Si esa base se debilita, se genera incertidumbre para todos los sectores productivos.

El sector minero apunta al diálogo

- ¿Qué implican estas disposiciones para contratos ya vigentes como los de Fruta del Norte y Mirador?

En este momento estamos en una etapa de diálogo. Creemos que el diálogo va a llegar a un buen puerto y que estas tremendas zozobras que nos generan los dos acuerdos, tal vez fueron producto de algún tipo de error. Confiamos en que la autoridad va a tener la suficiente apertura y sentido jurídico para hacer respetar el Estado de derecho.

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- El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, sostuvo que algunos contratos son desfavorables para el Estado y agregó que si no estaban de acuerdo que se podían ir. ¿Consideran que hay apertura para el diálogo?

Esto ha generado muchísima preocupación en el sector. Estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía desde la semana pasada, vamos a tener un espacio para poder hablarlo en estos días. Esto no es un tema menor. Tengo esperanza en que el diálogo será fructífero porque al final el Estado y la industria queremos lo mismo, no somos antípodas somos aliados.

La seguridad jurídica preocupa

- ¿Qué puntos planteará la Cámara en el diálogo con el Gobierno?

Primero, que los contratos son ley para las partes. Esa es la esencia y la definición básica de un contrato. Entonces, si pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país. No es problema de un concesionario, es un efecto negativo para el país.

El segundo es que ya existen mecanismos en la Ley de Minería para proteger los intereses del Estado en el caso de un incremento de precios de los minerales, como el ajuste soberano. También nos preocupa la disposición relacionada con la propiedad de la información geológica, porque desincentiva la exploración al desconocer el riesgo y la inversión que realizan las empresas para generar ese conocimiento.

Si los contratos pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

- ¿El ajuste soberano aplica al final del proyecto?

No siempre es al final. Además, excluye los costos de exploración a través de un contrato, pese a que un proyecto grande de exploración destina alrededor de $200 millones (...) Los ecuatorianos tienen que estar absolutamente conscientes de que el Estado ecuatoriano nunca, jamás va a ganar menos de la mitad de lo que gana una compañía extranjera, porque hay un mecanismo consagrado en la Constitución y en la Ley de Minería que se llama ajuste soberano y se puede activar cuando terminas de pagar la inversión.

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¿La historia se repite?

- ¿El sector minero está viviendo lo que ocurrió con las renegociaciones petroleras durante el gobierno de Rafael Correa, que luego derivó en la presentación de arbitrajes?

No quiero comparar gobiernos. Lo que sí puedo decir es que estos acuerdos ministeriales representan una amenaza para la seguridad jurídica. En los negocios, la palabra y el cumplimiento de los contratos son fundamentales.

- Si el diálogo no prospera, como ocurrió con la tasa minera, ¿la Cámara contempla acciones legales?

En este momento nuestro mandato es dialogar. Estamos participando en conversaciones con las autoridades y esperamos que ese proceso sea fructífero. No queremos adelantar escenarios futuros.

- Luego de la emisión de la tasa minera emitida en 2025 hubo mesas técnicas, diálogos y tras ello tienen ocho acciones de inconstitucional en trámite.

(Silencio) Tenemos la esperanza de este canal de diálogo, la industria está actuando de buena fe. La Cámara responde también a sus socios y va a llegar un momento en que los socios posiblemente exijan cierto tipo de acciones. Por el momento es el diálogo. Pero, no descarto que más adelante el mismo socio exija algún tipo ya de una acción un poco más drástica.

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Las acciones legales no están descartadas

- ¿Esa acción drástica es un arbitraje internacional o demandas de inconstitucionalidad?

No me quiero adelantar, pero pueden ser acciones legales, no estoy amenazando por si acaso porque mi mandato ahora es dialogar.

Si es que la inversión que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- El ministro Blum dijo que si no están de acuerdo se pueden ir. ¿Es esa la opción?

No quiero llegar a ese escenario, creemos que todavía podemos hablar con el Estado, pero obviamente esta falta de seguridad jurídica no solo repele la inversión, que no llega, sino que si es que la que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos. Ya ha sucedido en el pasado con el petróleo. No queremos seguir ese camino,

- ¿Considerarían recurrir a un arbitraje internacional?

Esperemos no llegar a eso ni a acciones de inconstitucional.

La minería tiene futuro en Ecuador

-Después de la tasa minera, ajuste de la tarifa eléctrica, obligación para autogenerar su energía y los recientes acuerdos, ¿la minería tiene futuro en Ecuador?

Tenemos recursos geológicos extraordinarios y el mundo necesita minerales. La minería puede ser una herramienta clave para reducir la pobreza y atraer inversión. Pero para lograrlo necesitamos seguridad jurídica, reglas claras y un diálogo permanente entre el Estado y la industria. En Ecuador no hay inversión fresca desde hace ocho años. Sí hay los takeovers, se compran concesiones, pero no hay proyectos de exploración nuevos desde hace ocho años.

- ¿Conocía la Cámara sobre los ajustes que el Gobierno plantea en estos acuerdos?

Hace casi dos años se nos pidió observaciones sobre un borrador muy parecido a estos acuerdos. La Cámara presentó sus comentarios y posteriormente consultamos sobre su evolución, pero nunca recibimos información. Finalmente apareció publicado en el Registro Oficial el 20 de mayo. Reconocemos que es la autoridad la que emite la norma, pero creemos que las decisiones deben tomarse de manera informada y con diálogo con los sectores involucrados.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- Los acuerdos de asociatividad con la Enami no requieren un catastro abierto. ¿Los acuerdos ministeriales permiten que este camino abra las puertas a nuevas inversiones?

Las empresas serias, grandes, estandarizadas van a preferir un camino mucho más establecido que un instructivo mediante el cual a través de Enami se puedan hacer acuerdos de cooperación.

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Los acuerdos 056 y 057 tienen sustento legal

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- ¿Y estos acuerdos no brindan esa garantía?

- Estos instructivos no te dan la seguridad que te podría dar un marco regulatorio estable y profesional hecho con los mejores estándares del mundo, hecho como tienen los demás países. Eso al final se traduce en el ánimo o no de que lleguen los inversionistas.

- ¿Lo que establecen estos acuerdos tiene un respaldo legal?

Creemos que no. Hemos hecho un análisis legal técnico y creemos que es ilegal e inconstitucional. Están cambiando reglas a través de norma secundaria. Eso, es un error legal.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot sostiene que la ciudad de Guayaquil perdió rumbo tras su salida del municipio, en 2019.
  
• El exalcalde señala que la prisión preventiva de Aquiles Álvarez es un golpe político para el Puerto Principal.
• Nebot cuestiona que la justicia sea utilizada para fines electorales tras detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, analiza con EXPRESO la crisis del municipio que dejó en 2019, la gestión de Aquiles Álvarez y el futuro político de la ciudad ante las próximas seccionales de noviembre de 2026. En una entrevista exclusiva, el exlíder municipal rompe el silencio para evaluar la pérdida de rumbo institucional, el impacto de la judicialización de la política en el Puerto Principal y el estado de los grandes proyectos de movilidad e infraestructura como la Aerovía y el nuevo aeropuerto.

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Jaime Nebot habla de recuperar la autoestima de Guayaquil y revela su futuro político

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Jaime Nebot después de la Alcaldía de Guayaquil

- Desde que salió de la Alcaldía sus apariciones han sido puntuales. ¿Por qué se ha mantenido al margen?

Porque cuando uno es funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas permanentemente. Soy de las personas que creen que uno tiene que hablar cuando tiene algo que decir, y es lo que he hecho.

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- ¿Pero con conferencias y entrevistas basta para incentivar el cambio del que usted habla en sus intervenciones?

No, pero una situación como la actual, donde el cambio es indispensable y no simplemente necesario para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, me obliga a una frecuencia mayor dentro de este plano. Estamos para ayudar a resolver problemas, no para crearlos.

Crisis municipal y la pérdida de la identidad guayaquileña

- En su más reciente aparición pública usted destacó la huella que las administraciones de León Febres-Cordero y la suya dejaron en la ciudad. ¿Por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no lo pudo sostener?

En esa misma conferencia terminé con una frase: lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. No estoy para calificar a las personas que me han sucedido, sino para calificar la realidad. Y la realidad es muy distinta de lo que yo dejé. Esta es una ciudad sin rumbo, sin metas. A eso hay que volver, porque el mayor de los bienes que tiene un ciudadano es su autoestima, y ha desaparecido.

Si ganamos (la Alcaldía de Guayaquil) y quien resulte electo no cumple, nosotros mismos impulsaremos la revocatoria de mandato.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- ¿En qué momento desapareció esa autoestima?

Cuando se van deteriorando las cosas.

- ¿Quién es responsable? En 2023, el proyecto del PSC no fue ratificado por los guayaquileños y eligió a Aquiles Álvarez como alcalde.

El pueblo pensó que algo no estaba bien. El legado no me lo pueden quitar, porque es lo que yo hice. Si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o lo empeoró.

El rol del Partido Social Cristiano y la situación de Aquiles Álvarez

- ¿Cuál es el mea culpa que hace el PSC tras perder su bastión, Guayaquil, en 2023?

Uno hace mea culpas cuando tiene la culpa de lo que pasa. El que tiene la culpa o el mérito es el que administra o quiere administrar. Y el partido no administra.

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- Tal vez otras figuras, como Doménica Tabacchi, habrían podido ser una mejor opción...

Lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no va a pasar. El pasado se acabó y sirve para enmendar errores o rescatar aciertos.

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- ¿Qué opina de la administración de Aquiles Álvarez? Permanece preso sin tener una sentencia condenatoria.

Separemos lo judicial de lo político-representativo. La justicia tendrá que resolver, ojalá dentro de la ley, lo justo. ¿Cómo no va a afectar a una ciudad que el alcalde esté preso? La ciudad está a la deriva y eso afecta y mancha el orgullo de ser guayaquileño.

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- ¿Es un perseguido político?

El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo es que es un escenario terrible. La ciudad de Guayaquil está a la deriva. La ciudad que yo dejé, comparada con esta, es otra ciudad.

- No es el único caso. Este 3 de junio de 2026 fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por un supuesto caso de lavado de activos a pocos meses de las elecciones...

Ahora esa parece ser una patente para tratar de ganar elecciones: descalificar a los que tienen los votos. No conozco el fondo, pero parece, porque es algo que sucede en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo... Y eso está mal. Los votos se ganan cumpliendo, con seriedad.

Perfil del próximo alcalde y desafíos de movilidad para Guayaquil

- Con las seccionales cerca, ¿cuál es el perfil de alcalde que necesita Guayaquil para no estar a la deriva?

Debe tener conocimiento de los problemas y sus soluciones, para quién se solucionan los problemas. Pero, sobre todo, el administrador tiene que saber que un alcalde no es un simple hacedor de obras, sino alguien que representa a una comunidad y defiende lo que la gente quiere.

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- Sin embargo, hay situaciones como la del alcalde Álvarez, que ha denunciado que precisamente por defender los intereses de Guayaquil ha sido víctima de persecución por parte del Gobierno.

Yo me enfrenté a Rafael Correa públicamente, sin insultar, pero con tesis muy claras y contrarias a las que sostenía el presidente, y no me pasó nada. La verdad no ofende. Y si ofende, es problema del ofendido.

El Gobierno de Daniel Noboa y cualquier presidente puede hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- El próximo alcalde deberá asumir viejos retos de la ciudad como la movilidad. ¿Cómo mejorarla, sin caer en situaciones como la Aerovía?

La Aerovía se hizo porque había que hacer una vía paralela aérea al puente de la Unidad Nacional. ¿Por qué se ha quedado solo para el turismo? Porque no hay un sistema de alimentación en Durán, porque no les ha dado la gana de hacerlo, y porque se ha permitido que el exceso de buses y de tráileres continúe.

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- ¿El río puede ser otra opción para la movilidad?

Hay que recuperarlo turísticamente, pero el transporte acuático para personas no es rentable por velocidad, por costo y, sobre todo, porque es una sola vía. Se tendría que dejar a la gente en varias estaciones a lo largo del malecón para que se bajen y luego tomen nuevos transportes. No es una solución integral ni válida, aunque sea bonita.

Crisis de seguridad y el futuro del aeropuerto de Daular

- La seguridad es otro reto. ¿Cómo trabajar con el Gobierno sin llegar a los extremos de la intervención, como sucede con Segura EP, o no contar con apoyo, como ha denunciado el alcalde Aquiles Álvarez?

¿Cuando fui alcalde hubo ese conflicto? No, porque había un alcalde que hacía respetar la autonomía, pero era consciente de que había que aportar para tener una política de seguridad. No desprecio ningún esfuerzo, pero el tema no está acabado. Guayaquil está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Hay esfuerzo, sí; hay una solución, no.

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- La posible construcción de un aeropuerto en Taura por parte del Gobierno es otro de los temas con los que el próximo alcalde deberá convivir. ¿El fideicomiso para el aeropuerto en Daular corre peligro?

El Gobierno de Daniel Noboa y de cualquier presidente tiene facultad para hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil. Pero no puede coger la plata de Guayaquil para hacerlo en Naranjal. Al fideicomiso no le pasará nada porque no lo puede tocar, salvo que viole la ley penal.

Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda contra tasa de basura en Quito por presuntos cobros excesivos desde enero.
• Ciudadanos y concejal denuncian incrementos en planillas de agua en Quito usados para calcular tasa de basura.
• Reclamos superan miles en Quito mientras se cuestiona el método de cobro y la ordenanza municipal vigente.

La controversia por la tasa de recolección de basura en Quito escaló a un nuevo escenario judicial. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos contra el cobro que, desde enero, se aplica a través de la planilla de agua potable.

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La decisión abre un proceso de revisión sobre una ordenanza que ha generado miles de reclamos por presuntos cobros excesivos.

Sin embargo, esta no es la única acción legal impulsada contra la medida. Hace tres meses, el concejal Michael Aulestia también presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura, donde cuestiona el mecanismo utilizado para calcular el valor que pagan los usuarios.

Reclamos se multiplican en distintos sectores de Quito

Mientras esas acciones avanzan, a cuatro meses de la entrada en vigencia del nuevo esquema, las quejas aún se acumulan. Los usuarios no solo denuncian incrementos considerables en la tasa de basura, sino también la aparición de otros rubros en las planillas de agua, cuyos conceptos y valores, aseguran, no han sido explicados con claridad por las autoridades municipales.

Uno de esos casos es el de Roselena Morales, habitante de Alangasí, quien acudió este miércoles a las oficinas municipales para solicitar explicaciones por los montos registrados en su factura.

Según relató, hace dos meses recibió una planilla con una deuda superior a los 160 dólares. Tras presentar un reclamo y llenar un formulario de revisión, obtuvo una rebaja y terminó pagando 61,10 dólares.

Posteriormente, el mes pasado canceló alrededor de nueve dólares, monto que aseguró era el valor habitual de su consumo. No obstante, en la factura más reciente volvió a registrarse un incremento inesperado. “Ahora nuevamente me sale una deuda de 160 dólares. Me acerqué a consultar y me dicen que tengo que pagar 70 dólares, pero no me dan una explicación clara sobre el motivo de estos cobros”, manifestó.

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La usuaria explicó que en su vivienda habitan cuatro personas, pero durante gran parte del día el inmueble permanece vacío debido a las actividades laborales y académicas de la familia. Por ello considera que los valores facturados no corresponden al consumo real de agua.

Las denuncias como esta se han repetido en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El origen de la polémica radica en que la tasa de basura ahora se calcula tomando como referencia el consumo de metros cúbicos de agua, un mecanismo que ha sido cuestionado por concejales, dirigentes barriales y ciudadanos.

Concejal cuestiona metodología de cálculo de la ordenanza

El concejal Wilson Merino señaló que la admisión de la demanda por parte de la Corte representaría un primer paso para revisar una ordenanza que, a su criterio, utiliza un método de cuantificación que no guarda relación entre el consumo de agua y la generación de residuos.

“Los vecinos siguen viendo con desesperación cómo llegan las planillas. Han existido medidas parche, pero no una solución definitiva”, afirmó.

Según el edil, más de 60.000 reclamos han sido registrados en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y en la Empresa Metropolitana de Aseo. Además, sostuvo que más de 420.000 usuarios pagan actualmente valores superiores a los del año pasado.

Merino aseguró que los problemas se presentan tanto en parroquias rurales como Alangasí, La Merced, Píntag, Calderón, Perucho y San José de Minas, donde los ciudadanos cuestionan pagar montos elevados pese a recibir servicios de recolección limitados. También mencionó casos en barrios antiguos de la ciudad donde fugas o daños en tuberías habrían provocado consumos elevados que terminan impactando directamente en el cálculo.

A estas denuncias se suman nuevos reclamos por otros rubros reflejados en las planillas. El concejal indicó que durante los procesos de fiscalización se han detectado presuntas inconsistencias, entre ellas, descuentos que no se aplican a adultos mayores y valores que no tendrían relación con el consumo registrado.

Este Diario buscó la versión de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) respecto a los rubros que aparecen en las planillas y sobre la demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial.

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Mientras tanto, el plazo para que el Municipio presente una reforma a la ordenanza sigue avanzando sin resultados concretos.

Entre marzo y abril, el Concejo Metropolitano mantuvo reuniones con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para analizar la posibilidad de que la tasa vuelva a cobrarse mediante la planilla de luz. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente estableció condiciones técnicas y sociales que hasta ahora no se han materializado, aseguró Merino.

Su llegada al cargo se produjo en medio de cuestionamientos por un conflicto de intereses, señalado por políticos y organizaciones de la sociedad civil, ya que su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales (+), tenía relación con Hispana de Seguros y Reaseguros S. A., empresa que prestaba servicios al Biess.

El abogado de 50 años ha estado vinculado al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere, donde trabajaba su padre y tenía acciones junto con su hermano Felipe. En la actualidad, sus acciones ahora las tiene su hijo Luis Alberto Cabezas-Klaere Ayala.

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EXPRESO intentó sostener una entrevista con Cabezas-Klaere, pero este no aceptó. “Cualquier respuesta a la entrevista sin duda será manipulada o sacada de contexto”, argumentó.

Desde este miércoles 3 de junio de 2026, este Diario publica varios episodios de los pasos del abogado escogido por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar cargos claves en la sociedad ecuatoriana.

A las preocupaciones pasadas de organizaciones de la sociedad civil se suman otras alertas, como lo hizo la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa (editora de EXPRESO).

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Al momento de la posesión de Cabezas-Klaere, el Biess mantenía una póliza de seguro de desgravamen prorrogada con Hispana de Seguros, para los préstamos hipotecarios. Esta situación se originó porque se suspendió el concurso para elegir a las empresas que ofrecerían ese aseguramiento y por acciones legales para culminar ese proceso, en 2022.

Este Diario solicitó una entrevista a dicha compañía, a través de un correo electrónico. Como respuesta, se indicó que sus políticas “no permiten entrevistas presenciales ni en vivo”.

En términos económicos, el Biess pagaba a Hispana de Seguros aproximadamente $60 millones al año por ese servicio.

En la actualidad, tres empresas, entre esas Hispana, ofrecen el seguro de desgravamen. A finales de 2024, la administración de Cabezas-Klaere en el Biess impulsó un concurso para escoger a las aseguradoras. Los afiliados y jubilados que tenían un préstamo tenían que escoger a una de las tres empresas, cuya tarifa es la misma. Quien no hacía la elección, automáticamente mantenía la cobertura con la compañía que venía ofreciendo el producto (Hispana), informó el Biess en ese año.

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, medios periodísticos han señalado que, tras su llegada a la gerencia del Biess, el nombre del padre de Cabezas-Klaere “desapareció” de los registros de la Superintendencia como directivo de la aseguradora.

EXPRESO tuvo acceso a una captura de pantalla del documento digital que data del 6 de febrero de entonces, donde se lee el nombre de esa persona y la leyenda “Miembro del Directorio-Presidente”. En una revisión al portal de la ‘Super’, del 19 de marzo de 2026, un equipo de este Diario no halló información en el apartado de Administradores Anteriores: “No se ha encontrado información para mostrar”. Sin embargo, en los registros de la aseguradora sí consta el nombre de Luis Alberto Cabezas Parrales como miembro del directorio.

En un episodio reciente, se volvió a denunciar cambios en los registros societarios. El 5 de marzo pasado, Raúl Chávez publicó un tuit dedicado a Cabezas-Klaere: “A partir del 15 de mayo del 2025, cuando esté posesionado como nuevo asambleísta de la república del Ecuador, voy a pedirle que sustente por qué han manipulado información del portal del sistema de consultas de la ‘Super’ de Compañías (...). Todo para proteger a los que entregaron el campo Sacha a dedo”.

Yo pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio.

Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

En torno a los vínculos del funcionario, dirigentes de la sociedad civil, como Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, solicitaron a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos un examen especial y un análisis al nombramiento de Cabezas-Klaere como gerente del Biess, en ese mismo orden.

La denuncia argumentaba que su designación contravenía el artículo 10 (numerales 4 y 6) de la Ley del Biess, que prohíbe ser directivo a quienes tengan vinculación con el sistema de seguros privados o representen intereses de terceros en dichas compañías.

“Pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio. El estudio jurídico asesoraba a Hispana y el padre de Cabezas-Klaere era presidente de Hispana de Seguros”, remarcó Llanes, quien dijo no haber recibido respuesta de la Contraloría.

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Este Diario preguntó a esa institución sobre ese pedido. También solicitó el documento del análisis. Ante lo cual, la entidad dijo que realizó una verificación preliminar en 2024, constatando que “la designación del funcionario se realizó conforme a la normativa y a la ley, por lo que no se identificaron irregularidades”. Sigue pendiente la entrega de la documentación.

La gestión de Cabezas-Klaere en el Biess finalizó en octubre de 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Las claves que debes saber

• Audio de Ecuavisa del 25/07/2025 revela a Inés Manzano coordinando con Celec para bloquear fiscalización del caso Progen en Ecuador.
• Conversación implica a Manzano y Diana Jácome en estrategia en Asamblea para evitar control del correísmo sobre Progen.
• Fiscalía habría excluido audio y pruebas clave y mantiene peculado pese a indicios de delincuencia organizada en Progen.

El audio que sacó al aire Ecuavisa, en el que se escucha a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, coordinando con Fabián Calero, de Celec, es la prueba de algo que ya se olía en el caso Progen: ahí hubo mucho más que peculado; huele a delincuencia organizada. Y en un eventual caso de delincuencia organizada, la investigación debería extenderse a muchos más actores que participaron en el robo al erario público de Ecuador y en el intento, evidentemente coordinado entre varios, de encubrirlo.

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Lo que hizo el audio fue poner en evidencia que el Gobierno diseñó y ejecutó un operativo político para bloquear la fiscalización en la Asamblea. 

Y, al menos en ese operativo, estuvieron involucradas dos figuras de alto perfil en la administración de Daniel Noboa: Inés Manzano y Diana Jácome. La primera, como ministra de Energía, y la segunda, que ya salió a negarlo todo, como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Las supuestas instrucciones del audio de Manzano

De acuerdo con el audio, el 25 de julio de 2025 la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, dio instrucciones a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esas instrucciones le decía que se había acordado dentro del Gobierno que el caso Progen iba a ser conocido por la comisión presidida por Jácome, como estrategia para evitar que otras comisiones, donde había mayoría del correísmo, se apoderaran de la fiscalización y evitar así el primer intento de interpelación política por los casos Progen y ATM.

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El contenido de la supuesta conversación es contundente. Manzano no solo le cuenta a Calero que existe un acuerdo con Jácome para impedir que el correísmo se tome el tema, sino que le pide (y esto quizá es lo más grave) que diga únicamente aquello que no complique más a los responsables de la trama.

“Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a las comparecencias porque otra comisión, donde está la mayoría de Revolución Ciudadana, también lo estaba pidiendo, y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’”, le dice Manzano a Calero en la primera parte. 

Manzano habría instruido qué responder en Comisión

Luego le comunica que será él quien acudirá a la audiencia y le sugiere que las preguntas que le harán ya están acordadas. “Entonces, es por eso que tendría que ir y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser”.

Por último, le ordena lo más delicado: que no diga nada que pueda comprometer a los protagonistas de la trama. “Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo y que tiene el tema de la... eh... No sé si hay una... eh... Mejor dígame qué puede decir que no vaya a ahondar más en el problema”, le dice Manzano a Calero.

Según ese medio, el audio estaba en manos de la Fiscalía, pero no había sido incorporado al expediente del caso.

La instrucción de Manzano se cumplió en la Comisión

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia en la comisión de Jácome se realizó sin la presencia de los ministros encargados, es decir, Manzano y Roberto Luque, quienes delegaron las respuestas al entonces viceministro Calero. El proceso derivó en un informe final sin establecimiento de responsabilidades políticas.

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La aparición de este material pone en evidencia que hay muchos actores que han actuado de forma concertada y coordinada para cometer el delito y encubrirlo. No solo están las instrucciones de Manzano a Calero en el audio, sino también la actuación de la Fiscalía. 

Audios y videos fueron entregados a Fiscalía

Tanto ese audio como otros documentos y videos (por ejemplo, el de los técnicos que denunciaban desde un hotel en Estados Unidos que se estaban comprando equipos que no servían), que son fundamentales para identificar a los responsables de la estafa, han sido deliberadamente excluidos del expediente por el fiscal Carlos Alarcón.

Es decir, todo apunta a que incluso Alarcón y otros funcionarios de la Fiscalía podrían ser parte de un plan concertado entre varios actores para encubrir el delito. Eso sin mencionar la no vinculación en el juicio de dos exministros claves en esta historia: la propia Manzano y Roberto Luque, así como de los dos administradores de los contratos.

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Y lo de la Fiscalía no termina ahí. Tampoco ha incluido en el proceso el contrato que Progen firmó para la planta de generación de Catamayo, donde se perfeccionó el modelo del negociado.

¿Y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)? Ese organismo tampoco hizo su trabajo pese a que, se conoce, allí existía información sobre el desfalco.

Hasta ahora, la Fiscalía ha estado presentando el caso como un delito de peculado. Pero, tal como están las cosas, aquí hay una acción concertada, lo que apunta a un posible delito de delincuencia organizada.

Diferencias entre peculado y delincuencia organizada

De acuerdo con el sistema penal ecuatoriano, en el peculado hay una o varias personas que se benefician del robo de recursos públicos. En el delito de delincuencia organizada, en cambio, se requiere la participación coordinada de varias personas y puede involucrar a funcionarios, políticos y empresarios particulares.

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Las penas también son diferentes. El delito de peculado está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En cambio, para la delincuencia organizada, la pena varía según el rol que tenga la persona dentro de la organización: los dirigentes, financistas o quienes ejerzan mando enfrentan penas de 10 a 13 años de prisión, mientras que los integrantes o colaboradores pueden recibir entre 7 y 10 años.

Según penalistas consultados, en este caso podrían coexistir ambos delitos. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido hablar de delincuencia organizada.

Lo que se sabe

• Estudiantes universitarios realizaron propuesta para unificar y hacer más caminables tres parques de La Garzota
• Espacios actualmente necesitan mantenimiento y mejoras
• Involucrar a la comunidad y mantener la esencia barrial son los retos

Caminan rápido, como esperando que alguien no las alcance. Nadie las sigue, pero perciben que en cualquier momento puede sorprenderlas un antisocial que les robe o las ataque.

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Así es la dinámica para las personas que cruzan a diario el parque ubicado en la calle peatonal que une la 5.ª y la 6.ª herradura 2A NE con la calle Luis Mendoza Moreira, en la ciudadela La Garzota.

Este es el parque que se encuentra en mal estado

Es la parte trasera del parque de un reconocido centro comercial de esta zona del norte de Guayaquil. Y es el enlace con el área verde denominada parque de La Garzota, que está junto a la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El parque de La Garzota se encuentra junto a la matriz de CNEL

Presurosa y con temor, Elizabeth Maldonado describe lo que siente al pasar por el parque peatonal, cuyos juegos infantiles están dañados, además de presentar el césped crecido, sobre el cual se ve basura regada: “Me da miedo. Pasadas las 18:00 es peligroso pasar por ahí”.

Las luminarias oxidadas y en mal estado son muestra de que la oscuridad se vuelve aliada de la delincuencia por las tardes y noches. Así lo afirma la residente Yamileidy Contreras. 

“Hay personas que se esconden detrás de los árboles o que usan como baño las paredes. Es bastante peligroso. La iluminación es pésima. Muchas personas se han quejado, pero el mantenimiento no es constante. El Municipio no viene a reparar”, menciona la moradora.

Necesitamos que haya guardias resguardando los parques, más que todo para que se mantenga el parque y también por las personas que van a pasar".
Yamileidy Contreras, residente 

Crear una red de parques en La Garzota se propone

Durante los últimos seis meses, un equipo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil recorrió esta zona para conocer sus necesidades y proponer una red de parques.

“La propuesta lo que busca es ubicar tres hitos iniciales en cada uno de los extremos del proyecto para hacer un solo parque lineal, que trate de preservar la independencia de cada manzana, pero que se entienda como un recorrido conjunto”, explica a EXPRESO el coordinador del área de Diseño de la FAU, José Aguirre-Déleg.

“Cuando se tiene un espacio público dinámico, el uso y ocupación del espacio también garantizan o ayudan a la seguridad, porque hay más ojos observando en la calle. Con esa premisa lo que se busca es que la activación de estos espacios intermedios entre parques pueda justamente activar esa dinámica social, que a su vez también permita ir mejorando la seguridad”, señala Aguirre.

Aprovechando el movimiento del centro comercial, se plantea un parque con esa temática. Mientras que para el espacio que está detrás de CNEL se buscaría algo tipo plaza, para desarrollar actividades culturales, deportivas, ferias, etc.

Finalmente, en el parque que está descuidado y otro que conduce a la cancha de tenis entre la 3.ª y la 4.ª herradura 2 NE, se aprovecharía la vegetación existente para hacer un espacio tipo jardín. 

Este último parque tiene acceso limitado porque cuenta con rejas, lo que se vuelve un desafío al momento de generar un espacio libre que integre a la comunidad y no la fragmente.

El otro parque que forma parte de la propuesta está cerrado con rejas

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Intervención debe incluir a la comunidad

Para la arquitecta María Fernanda Cárdenas, es importante que el proyecto incluya a la comunidad. “La participación real implica que los vecinos se involucren en el proyecto, no que solo lo aprueben. Hacen falta diálogos con el consejo barrial: qué actividades necesitan, en qué horarios usan el espacio, qué problemas concretos tiene el parque hoy. Sin eso, el riesgo es tener un parque bien diseñado que el barrio no siente suyo”.

“Un corredor bien ejecutado mejora la conectividad peatonal y ciclista, reduce la dependencia del automóvil, activa el entorno y da identidad al barrio. Puede fallar si el diseño no considera la escala humana: corredores anchos con poca sombra, con espacios de descanso que nadie usa porque resultan incómodos para el clima de Guayaquil”, dice Cárdenas.

Conectar los parques transformaría completamente la dinámica barrial. No hablamos de espacios aislados, sino de un sistema que activa la movilidad peatonal".
María Fernanda Cárdenas, arquitecta

EXPRESO pidió una entrevista con el Municipio para conocer los detalles y plazos de este proyecto, resultado del concurso ‘Paréntesis urbanos’, y está a la espera de una respuesta. 

En La Garzota también esperan una pronta respuesta a la necesidad comunitaria de mejorar e integrar sus espacios aplicando una visión académica.

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Lo que debes saber

• Analistas explican por qué Colombia ocupa un lugar prioritario en la agenda de Daniel Noboa.
• Expertos debaten si las acciones del mandatario constituyen una forma de incidencia en los comicios colombianos.
• La seguridad, la frontera y la relación con Estados Unidos aparecen como factores clave detrás de esta estrategia.

Dos días antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones provenientes de ese país a partir de febrero de 2026. Aunque sus acciones han sido interpretadas por algunos sectores como una posible injerencia en el proceso electoral colombiano, también abren el debate sobre la importancia estratégica que Colombia tiene en la agenda política y económica del mandatario ecuatoriano.

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De la afinidad política al cálculo geopolítico

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que las acciones del presidente Noboa constituyen una injerencia en un proceso electoral ajeno. A su criterio, la actuación del presidente no ha seguido una línea política consistente.

Recuerda que inicialmente él mostró cercanía con la presidenciable Paloma Valencia y los sectores del uribismo, pero posteriormente trasladó su respaldo hacia Abelardo de la Espriella cuando este comenzó a ganar protagonismo en las encuestas. Para la académica, ese cambio evidencia una estrategia basada más en la conveniencia coyuntural que en convicciones ideológicas definidas. “No vemos ni siquiera una línea coherente dentro de su propia área de afinidad política”.

Según la experta, detrás de estas acciones existe una intención de alinearse con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. En ese escenario, Ecuador buscaría posicionarse como uno de los principales aliados regionales de Washington en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Tomar partido en los comicios presidenciales de Colombia rompe las reglas de la diplomacia internacional y compromete a Ecuador en una disputa que no le corresponde.Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Colombia, un socio estratégico para Ecuador

Arturo Moscoso, abogado, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, manifiesta que el presidente ecuatoriano busca favorecer a un candidato que comparta una visión más cercana a la de Estados Unidos y a la estrategia de seguridad impulsada desde Washington. En contraste, recuerda que la relación entre Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha estado marcada por desacuerdos y tensiones.

El abogado Moscoso añade que Colombia ocupa un lugar prioritario para Ecuador por razones que van más allá de la política. La cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el control de las rutas de salida de cocaína convierten a ambos países en socios estratégicos en materia de seguridad.

Desde esa perspectiva, Moscoso considera que Daniel Noboa intenta contribuir a la llegada al gobierno colombiano de alguien que mantenga una visión similar sobre el combate al crimen organizado. No obstante, aclara que es imposible medir con precisión cuánto han influido las acciones del mandatario ecuatoriano en las preferencias de los votantes del vecino país.

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Una apuesta por ganar influencia regional

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que existe un componente geopolítico detrás de la actuación del presidente ecuatoriano. A su juicio, Noboa busca fortalecer una red regional de gobiernos de derecha alineados con la agenda política impulsada desde Estados Unidos.

Pino sostiene que Colombia tiene un peso estratégico que no poseen otros países con los que Ecuador mantuvo una actitud más distante durante sus recientes procesos electorales, como Perú y Chile.

Según el analista, involucrarse en Perú habría significado “perder el tiempo”, por la inestabilidad de sus gobiernos, y en Chile los beneficios políticos serían limitados, pero la contienda colombiana ofrece mayores réditos para Noboa al tratarse de un país fronterizo, con profundos vínculos económicos y de seguridad, donde además podía impulsar la llegada de un aliado afín a sus intereses.

Daniel Noboa está haciendo una apuesta por posicionar a un futuro aliado dentro de esta nueva derecha regional alineada con Estados Unidos. Le es más rentable.Juan Pino, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador

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Las advertencias sobre los costos diplomáticos

Para César Montúfar, sociólogo, exasambleísta y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es extraño que el jefe de Estado se involucre de manera tan activa en una elección de un país vecino, cuando la tradición diplomática ecuatoriana ha privilegiado la no intervención. Montúfar advierte que la estrategia puede terminar siendo contraproducente para Ecuador, independientemente del resultado electoral.

“Gane quien gane”, el país podría enfrentar costos diplomáticos, sostiene. Para Montúfar, las relaciones entre ambos países deben construirse sobre vínculos de Estado y no sobre preferencias circunstanciales.

Para Téllez, estas acciones reflejan un patrón en la gestión presidencial: “Noboa nos ha acostumbrado a su torpeza en el manejo de la política interna e internacional”.

No le encuentro una lógica. Parece una reacción personal que termina arrastrando a todo el país. Las relaciones deben construirse entre Estados y no entre candidatos.César Montúfar, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Lo que debes saber

• La renovación del CNE lleva estancada seis meses en la reformulación del banco de preguntas.
• Comisión de Selección desobedeció pedido técnico de descalificar a postulantes académicos.
• Andrés Fantoni deslinda culpas al CPCCS y responsabiliza a Comisión Ciudadana del concurso.

El concurso para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió seis meses estancado en este junio de 2026 debido a un nuevo nudo crítico: la reformulación del banco de preguntas para la fase de oposición. Tras alertas de una posible filtración en diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dispuso rehacer los cuestionarios, pero la tarea sigue pendiente por pugnas internas entre el equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección.

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Las razones detrás del nuevo retraso en el concurso

La falta de avance responde a desacuerdos en la revisión de requisitos de los académicos postulantes que elaborarán las preguntas. Entre enero y febrero de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó un nuevo listado a las universidades. No obstante, el equipo técnico recomendó descalificar a todos los nominados por falta de documentación de respaldo.

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A pesar de la advertencia, la Comisión continuó con la fase de admisibilidad. Esto generó alertas que obligaron al Pleno del CPCCS, en abril de 2026, a ordenar una nueva revisión de expedientes por parte del equipo técnico, lo que dilató aún más el proceso.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, deslindó al organismo de los retrasos acumulados en este concurso pendiente desde 2021. El funcionario aclaró que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Comisión de Selección y que el Consejo no intervendrá para evitar afectar la legalidad del proceso.

Las consecuencias institucionales de la prórroga en el CNE

Para Esteban Ron, experto electoral y decano de la Universidad Internacional SEK, este nuevo nudo crítico imposibilitará que la renovación del CNE se concrete en 2026. Las principales implicaciones de esta parálisis estatal incluyen:

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A este escenario se suma el componente político expuesto por el analista Giuseppe Cabrera, quien señala que el adelantamiento de las elecciones seccionales a noviembre de 2026 añade presiones e intereses cruzados, ya que varios consejeros del CPCCS podrían buscar la reelección en dicho proceso.

La declaración se produjo horas después de que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) derogó la medida, encendiendo alertas en el sector jurídico.

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"No habría devolución", afirmó Jaramillo. "Esos recursos fueron utilizados para la seguridad", agregó, dejando claro que el dinero ya fue ejecutado en operativos fronterizos. Con esa respuesta, el Gobierno cerró la puerta a cualquier reembolso para los importadores que pagaron el gravamen entre febrero y abril.

¿Qué dicen los expertos?

Para Daniel Legarda, exministro de Producción, la posición contradice el ordenamiento jurídico andino: la Comunidad Andina (CAN) tiene primacía sobre el derecho nacional y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. "Cuando se declara que una medida es ilegal, los recursos recabados están sujetos a devolución", dijo.

No es la primera vez: en 2024 la Corte Nacional de Justicia ya ordenó la devolución de salvaguardias que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegales, estableciendo que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario son la instancia competente para estos casos.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, fue más directo. A su juicio, la declaración del ministro busca desanimar a las empresas para que no reclamen sus derechos. "La devolución es inevitable por parte del Estado ecuatoriano", afirmó. Ballén advirtió que el camino no será sencillo: la aduana negará los reclamos administrativos en una primera instancia, no por razones jurídicas sino por presión política.

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"La aduana no va a entrar en conflicto con el ministro y peor con el presidente", explicó Ballén. 

Eso significa que los importadores deberán ir necesariamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el caso se resolverá con base en la normativa andina, jerárquicamente superior a cualquier disposición interna.

¿Qué vicio tiene la resolución del Senae?

Ballén identificó un vicio grave en la resolución del Senae que derogó la tasa: el documento no menciona en ninguna parte a la SGCAN ni a sus resoluciones, como si la declaratoria de ilegalidad no existiera. "Pretende dejar todo en el ámbito de la legislación nacional, tratando de ocultar algo que es inocultable", afirmó.

La resolución también incumple el artículo 80 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), que exige que toda tasa corresponda al costo real del servicio prestado, con una autorización formal del ente rector de comercio exterior publicada en el Registro Oficial. Ninguno de esos requisitos fue cumplido.

¿Qué dice la ley?

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) declaró mediante Resolución N° 2582 del 7 de mayo de 2026 que la tasa constituyó un gravamen incompatible con el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena desde su implementación. 

El artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano establece que el pago indebido es aquel realizado sobre la base de un tributo establecido ilegalmente. La ilegalidad opera desde el origen, no desde la resolución que la declara.

Ballén precisó además que la SGCAN rechazó expresamente la solicitud de Ecuador de suspender las resoluciones 2581 y 2582 mientras se tramita la reconsideración. Las resoluciones se mantienen en firme.

¿Hay precedentes de devolución?

En 2017, Ecuador aplicó una tasa de control aduanero que también fue declarada ilegal por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), que ordenó su eliminación.

Una de las empresas afectadas fue Attenza, operadora de tiendas Duty Free en aeropuertos, que inició un prolongado litigio para recuperar los valores pagados.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) rechazó su reclamo en 2018. Sin embargo, en 2020 el Tribunal Contencioso Tributario de Quito falló a favor de la empresa. Pese a ello, la entidad aduanera mantuvo su negativa a devolver los recursos.

Ante esa situación, Attenza presentó una demanda de impugnación en 2021. Un año después, el Tribunal Contencioso Tributario solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), que emitió la Interpretación 466. En ella estableció que las empresas tienen derecho a exigir la devolución de cobros efectuados bajo medidas que posteriormente hayan sido declaradas ilegales.

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Aunque el caso de Attenza es atípico por su magnitud y complejidad, no es el único antecedente. Abogados especializados en comercio exterior consultados por este medio señalaron que varios importadores afectados por la tasa aplicada entre 2017 y 2018 sí lograron recuperar los montos pagados mediante sentencias ejecutoriadas.

No obstante, advierten que el resultado depende de factores como la calidad de la defensa jurídica, los montos en disputa y la disposición de cada empresa para sostener procesos que pueden extenderse durante varios años.

"Tasa es tasa, sin importar el nombre que se le ponga", explicó Esteban Santos, jurista internacionalista y decano de la Universidad Hemisferios. "En 2017 la llamaron tasa de control aduanero; hoy la llaman tasa de seguridad. El tribunal ya dijo que esos cobros deben ser devueltos".

El caso de Attenza sigue abierto, pero la batalla judicial que ha librado durante casi una década dejó un precedente que hoy fortalece las reclamaciones de los importadores afectados por la actual tasa de seguridad.

¿Cómo pueden reclamar los importadores?

El procedimiento inicia con un reclamo de pago indebido ante la aduana, no ante el SRI. La declaración aduanera de importación es la prueba principal. 

Ballén advirtió que la aduana puede exigir una solicitud separada por cada importación realizada, lo que dilata el proceso.

Si la aduana niega el reclamo, el importador puede impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, con un proceso que puede extenderse de dos a tres años. "Si los montos fueron significativos, vale la pena iniciar el proceso. 

Si fueron pequeños, muchas empresas optarán por no litigar", precisó un abogado especializado consultado por este medio.

¿Pueden reclamar también por daños?

Ballén advirtió que el alcance del reclamo puede ir más allá de la devolución de la tasa. Las empresas que sufrieron pérdidas por operaciones no realizadas, contratos incumplidos o cambios forzados de proveedor pueden demandar al Estado por daños y perjuicios, amparadas en la Constitución.

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"El Estado debe responder ante los importadores, distribuidoras, comercializadoras y transportistas que sufrieron esos daños", afirmó. 

La Constitución establece que todo funcionario público responde por los perjuicios causados por sus actos, lo que abre la puerta a que el Estado repita el reclamo contra el funcionario responsable.

¿El conflicto con Colombia quedó resuelto?

La eliminación de la tasa de seguridad no pone fin al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. 

La Resolución 2583 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegal el arancel recíproco impuesto por Colombia mediante los decretos 0170 y 0455 de 2026, que establecieron gravámenes del 30%, 50% y 75% a productos ecuatorianos. 

La decisión otorgó a Bogotá un plazo de 10 días hábiles para retirar la medida, pero hasta ahora no existe una respuesta oficial sobre su cumplimiento.

Edwin Vásquez, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales, explicó que Ecuador mantiene activos dos frentes legales contra las resoluciones andinas: un recurso de reconsideración ante la SGCAN y una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). 

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Aunque el Gobierno ya eliminó la tasa de seguridad, ambos procesos siguen en curso. "Más allá de que la medida ya se retiró, esos procesos deben continuar", señaló.

Sin embargo, el especialista Francisco Ballén considera que Ecuador cometió un error de procedimiento. Según explicó, la Decisión 425 del Acuerdo de Cartagena establece que primero debe agotarse la vía administrativa ante la Secretaría General y solo después puede acudirse al TJCAN. 

Al presentar ambos recursos de manera simultánea, el tribunal probablemente devolverá la demanda de nulidad sin pronunciarse sobre el fondo del caso.

A criterio de Ballén, esto podría prolongar aún más el litigio y debilitar la capacidad negociadora de Ecuador frente a Colombia, justo cuando ambos países intentan normalizar una relación comercial que sigue marcada por temas pendientes más allá de la eliminación de la tasa de seguridad.

Lo que debe saber de esta historia

• El Hotel Continental fue vendido por $4 millones pese a que existían propuestas de hasta $12 millones, según documentos y testimonios de accionistas que se opusieron a la operación.
• Luis Alberto Cabezas-Klaere, actual superintendente de Compañías, era el gerente del Hotel Continental cuando se concretó la venta cuestionada, y tenía un rol clave en la recepción y gestión de ofertas de compra.
• La venta se aprobó tras el reemplazo repentinode un liquidador que debía votar en contra de la operación, según resoluciones y testimonios revisados por EXPRESO.

El Hotel Continental, su restaurante y bares eran puntos de reunión de empresarios, políticos y artistas. En 2022 fueron vendidos por $4 millones, en un polémico proceso de liquidación de deudas.

Sin embargo, documentos y testimonios de accionistas que se negaban a la venta por ese monto indican que hubo otras propuestas que alcanzaban los $12 millones, por lo que, dicen, se los “perjudicó”. Y aseguraron que esas intenciones fueron bloqueadas por la administración de entonces. El gerente de Continental Hotel S. A. era Luis Alberto Cabezas-Klaere, clave en la recepción de ofertas, hoy superintendente de Compañías.

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A partir de hoy EXPRESO publica varios episodios de los pasos del abogado apoyado por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar, en su momento, la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la titularidad de la Superintendencia de Compañías.

Su llegada a esas instituciones se registró en medio de señalamientos de conflictos de intereses, denunciados por políticos y organizaciones que alertaron a instancias de control.

Actualmente otros son los motivos de preocupación, como lo expuso la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa. La Corporación Participación Ciudadana también ha abogado por una prensa libre.

Para elaborar este reportaje, este Diario recogió testimonios de accionistas. Varios de ellos pidieron el anonimato por temor a una persecución y a un antecedente de amenaza telefónica durante el proceso de venta.

Continental Hotel S. A. era dueña del Hotel Continental, cuya construcción data de 1971. Varios miembros de la familia Bruzzone, a través de la compañía Bruzzicorp Cía. Ltda. (una de las accionistas mayoritarias de Continental Hotel S. A.), habían llevado las riendas de ese ícono del Guayaquil de los años 70, que quebró en pandemia.

Víctor (nombre protegido) y María Beatriz Robles Bruzzone, dos herederos de la familia, relataron a EXPRESO que Juan Francisco Bruzzone, también accionista, convenció a casi todos los socios de Bruzzicorp para cambiar al gerente del hotel, por problemas en la administración a cargo de otro familiar.

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Agregaron que Juan Francisco contactó a Juan Ramón Jiménez Carbo, quien había ocupado cargos en la ‘Super’ de Compañías, para que los ayudara a ordenar la administración de la empresa. Con él llegó Cabezas-Klaere, a quien nombrarían gerente del Continental el 11 de marzo de 2021, según las fuentes y registros. Estas aseguraron que, al contrario, cayó un manto opaco sobre las cuentas del hotel.

“Nunca se supo cuánto ganaba (Cabezas-Klaere) ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja del hotel. Y es ahí cuando algunos accionistas empezamos a sospechar que todo esto estaba armado desde el principio y que el objetivo principal era vender el hotel al primer postor”, dijo Robles Bruzzone.

Así también, otra fuente sostuvo que le pareció sospechoso que el hotel se vendiera en $4 millones cuando las deudas eran de $6 millones. “Cabezas-Klaere me contestaba, pero nunca me respondía lo que yo preguntaba”, agregó Víctor, quien coincide con otras fuentes sobre la afirmación de que Cabezas “daba largas, entregaba información fragmentada” y que “hacía caso omiso a los pedidos”.

Para contrastar la versión de los accionistas, este Diario conversó con Juan Francisco Bruzzone, quien aseguró que no llevó a Jiménez (su amigo de la infancia) para resolver los problemas del hotel. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los $10 mil que varios socios aseguraron haberle pagado a esa persona por una suerte de asesoría, recordó: “A ver... Yo, yo no he dado ni un centavo. Escuché del tema. Desconozco lo que me está diciendo”.

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Con el cambio de mando, Cabezas impulsó la venta del edificio y otros activos, entre 2021 y 2023, marcada por varios hechos.

Para marzo de 2021, Bruzzicorp entró en liquidación, por lo que la Superintendencia de Compañías nombró a un liquidador, quien representaría a la empresa en la junta de la compañía del Hotel Continental. Carlos Cadena fue el primero de cuatro liquidadores que ha tenido Bruzzicorp (del 9 de marzo de 2021 al 6 de abril de 2022), según los registros.

Para entonces, Bruzzicorp y otros accionistas del Continental conocían de la oferta de $4 millones. Según los documentos, en la junta de accionistas de Bruzzicorp del 1 de abril de 2022 se aprobó votar en contra de la venta del hotel en la junta de accionistas de Continental Hotel del 5 de abril.

Sin embargo, esa reunión no se dio porque un día antes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lo embargó por una mora patronal. “¿Qué pasó en esos días? Hicieron todo para cambiar al liquidador que iba a votar para que no se venda a 4 millones”, dijo una de las fuentes.

Según una resolución de la ‘Super’ de Compañías, el 6 de abril se ordenó reemplazar a Cadena por incumplimiento de funciones, y el 8 de abril se nombró a Byron Vera como nuevo liquidador, quien el 18 y 25 de abril participó en la instalación y reinstalación de la junta para resolver la venta, convocada por Cabezas-Klaere.

Contrario a la decisión de la mayoría de accionistas, Vera votó a favor de la oferta de $4 millones que hizo Golfi S. A., empresa de Simón Bolívar Rosero, personaje que compra bienes y los vende por millones o los alquila.

La firma de la carta de compra del hotel ocurrió el 26 de mayo, entre Rosero y Cabezas-Klaere.

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En contraparte, una de las fuentes aseguró que dos meses antes, el 9 de marzo, Cabezas-Klaere recibió una carta de un corredor de bienes raíces para informarle de dos interesados, cuya negociación iniciaría en $10 millones. Uno era Daniel Noboa, entonces asambleísta. Se intentó obtener una versión de Noboa, pero no fue posible.

El agente buscaba “coordinar una visita para que los interesados conozcan el interior del hotel” y luego “presentarnos una propuesta de compra”. EXPRESO contactó al agente, quien aseguró que le pusieron trabas.

Este Diario solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere, pero no aceptó. Por otro lado, está pendiente un pedido que se hizo a la institución pública que él dirige.

Por su parte, Simón Bolívar Rosero dijo que se enteró que el hotel estaba a la venta cuando vio un papel pegado en una pared, de esos que tienen la leyenda "Se vende".

En un correo al que este Diario tuvo acceso, el entonces gerente del Continental dijo “que la única forma de desechar una propuesta por otra es con algo en firme (plata en mano)”.

Tras la firma del documento de compra, los accionistas buscaron más respuestas, ya que necesitaban conocer el destino del pago inicial que hizo el comprador. A esos pedidos de información se sumó el nuevo liquidador de Bruzzicorp. La ‘Super’ de Compañías reemplazó a Vera por Galo Farfán el 3 de junio, por incumplimiento de funciones.

En una petición de Farfán a Cabezas-Klaere le solicitó “conocer información financiera de Continental Hotel de 2020, 2021 y a la fecha 2022”. Sin embargo, en los casi tres meses de labores, el liquidador expuso no haber recibido información financiera, “solo hojitas extracontables”.

“Es sorprendente que alguien que administra una empresa se maneje sin información, y no se cumpla con las Normas Internacionales de Información Financiera”, se lee en su carta de renuncia a Lupe Velasco, intendenta nacional de Compañías, fechada el 24 de agosto de 2022.

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El ocaso del Continental también estuvo marcado por decisiones judiciales. Un grupo de accionistas trató de convocar una junta para el 5 de septiembre y así cambiar al gerente e intentar revertir la venta, pero uno de los socios minoritarios interpuso una acción de protección ante el juez Antonio Velázquez, de Yaguachi, quien la concedió el 31 de agosto.

Rafael Robles (+) de ACHE Cía. Ltda., otra de las accionistas del Continental, dijo entonces que dicho recurso se lo usó “para evitar que la mayoría pueda convocar a una nueva junta y deshacer el entuerto”.

Pese a las divisiones familiares y acreencias, el hotel siguió generando ofertas. El 5 de septiembre de ese año, Marcelino Moreno, de un consorcio, expuso su interés por segunda ocasión a través de una carta cuya propuesta ascendía a $11 millones, sin respuesta. Meses después lo buscaron para revenderle el edificio, afirmó un agente de bienes raíces que lo asesoró en su momento.

Lo que debes saber

• Los buses urbanos empezaron a operar desde las 08:00 y no desde las 05:30 como era habitual.
• Cerca de 120.000 usuarios utilizan diariamente el transporte público en Ambato.
• La medida se mantendrá mientras los transportistas esperan una definición sobre la revisión de tarifas.

A las cinco de la mañana, cuando normalmente ya escucha el ruido de los buses pasando por el barrio Techo Propio, Jéssica Gutiérrez supo que la jornada sería diferente.

Necesitaba llegar al Mercado Mayorista para enviar mercadería, pero las unidades urbanas no aparecieron ayer. Sin otra alternativa, contrató una camioneta y pagó 3,50 dólares por una carrera que en bus le habría costado apenas unos centavos.

La mujer cumplió con su diligencia, pero el problema llegó después. Como no tenía dinero para regresar nuevamente en transporte particular, permaneció cerca de dos horas esperando que se restableciera el servicio. Recién cuando comenzaron a circular algunas unidades pudo volver a su hogar.

Leer:(El agro ecuatoriano sin ruta clara para afrontar a El Niño)

“Cinco centavos que suban está bien porque nos ayudamos todos, pero diez centavos es mucho. También deberían mejorar las rutas para los sectores alejados”, comentó mientras aguardaba en una parada.

La escena se repitió en distintos sectores de Ambato durante el primer día de racionamiento del transporte urbano. Desde ayer, varias cooperativas comenzaron a operar únicamente entre las 08:00 hasta las 14:00 como medida de presión para exigir una revisión de la tarifa del pasaje.

José Mendoza fue uno de los afectados. Aunque había escuchado sobre la decisión de los transportistas, pensó que no se aplicaría. A las 07:00 seguía esperando un bus en Techo Propio, pero nunca llegó. Entonces desempolvó su bicicleta y recorrió cerca de 40 minutos hasta su trabajo.

“Está pésima esta medida. Si exigen un aumento también deberían mejorar el trato a los usuarios, especialmente a los adultos mayores”, reclamó.

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Según datos municipales, más de 120 mil usuarios utilizan diariamente el transporte público urbano en Ambato. Muchos de ellos llegaron a las paradas sin conocer el nuevo horario y se encontraron con largas esperas, incertidumbre y dificultades para movilizarse.

La congestión fue evidente en varios puntos de la ciudad. Taxis, chivas, camionetas y vehículos particulares tuvieron una mayor demanda. Algunos ciudadanos compartieron automóviles con familiares y amigos, mientras otros optaron por largas caminatas para llegar a trabajar o estudiar.

“Todos necesitamos trabajar, no solo ellos. Los taxistas y camioneros también aprovechan cuando se paraliza el servicio”, manifestó Carlota Chasig, quien acudió al Mercado Mayorista por la tradicional feria de los lunes.

Las críticas también llegaron desde los barrios. El dirigente Felipe Bonilla recordó que el transporte público es un servicio esencial y cuestionó que la ciudadanía sea la principal afectada.

“Primero deben realizarse los análisis técnicos, sociales y económicos. No se puede trasladar todo el problema al usuario”, expresó.

Mientras tanto, el Municipio activó un plan de contingencia con cooperativas rurales e interparroquiales para cubrir parte de la demanda.

Sin embargo, varios ciudadanos señalaron que la medida se cumplió solo parcialmente y que algunos conductores desconocían las rutas temporales habilitadas.

Por ahora, el conflicto entre transportistas y autoridades continúa. Pero ayer, quienes sintieron el peso de la disputa fueron los miles de ambateños que tuvieron que buscar cualquier alternativa para movilizarse en una ciudad que, por varias horas, amaneció prácticamente a pie.

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Lo que debes saber

• Partidos adelantan su democracia interna por cambios urgentes en el calendario electoral.
• Reformas a la Ley Electoral complican el sistema de alianzas y desincentivan los acuerdos.
• Organizaciones políticas corren contra el reloj para cumplir cuotas de jóvenes y mujeres.

Con la llegada de junio, las seccionales se ponen en marcha. Para mediados de este mes, las organizaciones políticas habilitadas deberán cumplir con uno de los hitos más esenciales de los comicios: los procesos de democracia interna.

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Este proceso, en el que los partidos políticos escogerán de forma orgánica a sus precandidatos, es un hito electoral indispensable para que posteriormente las organizaciones puedan formalizar sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

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Calendario electoral y adelanto de la democracia interna

De acuerdo con el calendario electoral actualizado debido a la alerta por el fuerte invierno previsto para inicios de 2027, los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de este año, 43 días antes de lo originalmente planteado para los partidos.

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Y es que en el calendario original, aprobado en febrero de 2026, el periodo para los procesos de democracia interna estaba previsto del 31 de julio al 14 de agosto. Aunque el número de días (15) para realizar este hito electoral se mantuvo, el adelanto generó complicaciones para los dirigentes de los partidos y movimientos políticos.

Reformas a la Ley Electoral y el sistema de alianzas

Además de los problemas logísticos que implica organizarse en todo el país en menos tiempo, el asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, menciona que las complicaciones se agravan con las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2025.

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Serrano se refiere específicamente a las reformas al sistema de alianzas. Antes de los cambios a la Ley Electoral, el sistema incentivaba las alianzas con un 20 % adicional para la promoción electoral, así como con una distribución equivalente en el cómputo de la votación entre todos los partidos de la alianza si un candidato superaba el 15 % de los votos.

Sin embargo, el sistema ahora dispone que para dicho cálculo se dividirán en partes iguales la totalidad de dignidades electas o el porcentaje de votación obtenido. Eso, según Serrano, ha desincentivado la búsqueda de alianzas y, por ende, complicado el cumplimiento del porcentaje obligatorio de jóvenes y mujeres en las listas.

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Desafíos de los partidos políticos para las elecciones 2026

En el caso del PSC, Serrano explica que en provincias como Esmeraldas, que tiene 57 juntas parroquiales, para el partido ya no será sencillo buscar alianzas en zonas donde no tiene muchos candidatos. Por ello, admite que están contra el reloj intentando completar los espacios destinados a jóvenes y mujeres.

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La situación del Partido Social Cristiano es muy similar a la de Avanza, comenta su presidente, Javier Orti. Aunque dice que no están teniendo inconvenientes para cumplir la cuota de mujeres, señala que alcanzar el número mínimo de jóvenes constituye un reto. Sostiene que aunque no descarta la posibilidad de no presentar candidatos en algunos cantones,  debido a estas complicaciones, intentan cumplir con todos los requisitos.

Esta es la misma realidad de otras organizaciones políticas, como el Partido Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Ecuatoriano y Pachakutik, que también ven dificultades para cumplir las nuevas reglas electorales en un plazo más corto. 

No obstante, todas aseguran que su objetivo es alcanzar a presentar candidaturas en todo el país, a pesar de las dificultades de la carrera electoral de noviembre de 2026.

Violencia sacude norte Quito

• Asalto armado en supermercado de El Inca deja un trabajador fallecido en Quito el domingo 31 de mayo.
• Moradores de Iñaquito y El Inca denuncian inseguridad, falta de patrullajes y presencia de motos sospechosas.
• Policía investiga el hecho y analiza patrón delictivo en corredor norte de Quito con alta incidencia criminal.

La violencia volvió a sacudir al norte de Quito y dejó una sensación de temor e incertidumbre entre moradores, comerciantes y trabajadores. 

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La noche del domingo 31 de mayo, un empleado de 27 años murió durante un asalto armado en un supermercado ubicado en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y El Inca, un hecho que reavivó las preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad en una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.

La tragedia ocurrió alrededor de las 18:00, en plena hora pico, cuando el movimiento de clientes y vehículos era intenso. Según los primeros reportes, seis hombres vestidos de negro ingresaron al establecimiento y amenazaron a trabajadores y compradores para cometer el robo.

“Uno de ellos estaba armado y comenzó a intimidarnos”, relató un testigo a la Policía Nacional. Durante el atraco, uno de los empleados fue atacado mortalmente. Su fallecimiento convirtió este caso en el tercer hecho violento de alto impacto registrado en Quito durante el último fin de semana.

A pocas horas del crimen, el ambiente en los alrededores del supermercado seguía marcado por la consternación. Aunque la actividad comercial continuaba, el temor era evidente entre quienes trabajan y viven en el sector.

Vecinos de El Inca e Iñaquito viven con creciente temor

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, varios vecinos y propietarios de negocios expresaron sentirse desprotegidos frente al incremento de la delincuencia. Muchos prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, pero coincidieron en señalar la falta de presencia policial.

“¿Dónde están los patrullajes?, ¿Dónde está la seguridad de la que tanto hablan?”, cuestionó un comerciante mientras observaba el flujo habitual de personas en la zona.

Los moradores aseguran que los robos y hechos sospechosos se han vuelto cada vez más frecuentes. Algunos incluso afirman que los delincuentes operan con mayor audacia, aprovechando la gran afluencia de personas que circulan diariamente por este corredor comercial. 

“Hay motocicletas rondando constantemente los locales. Como esta es una vía principal, no sabemos quiénes son usuarios honestos y quiénes podrían estar vigilando para robar”, relató otro comerciante.

La propietaria de una panadería cercana recordó que recientemente se reportó un robo en el chat comunitario del sector y que, según los vecinos, la respuesta policial tardó en llegar. “Faltan uniformados, falta más control. Es desesperante ver en lo que se está convirtiendo la ciudad”, expresó.

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Policía investiga serie de asaltos en el norte de Quito

La preocupación ciudadana se produce en medio de una serie de episodios violentos registrados en el norte de Quito durante las últimas semanas. Frente a ello, la Policía Nacional sostiene que mantiene un análisis permanente de los patrones delictivos que se presentan en esta zona de la ciudad.

El mayor Jorge Pástor, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Eugenio Espejo, explicó que los casos recientes reflejan cambios en las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Entre los hechos analizados por la institución figura el asalto que terminó con la muerte del trabajador en El Inca y otro robo armado ocurrido días atrás en un local comercial ubicado en la avenida 6 de Diciembre e Irlanda.

Según el oficial, este último caso llamó la atención de los investigadores por la conducta del sospechoso, quien ingresó y abandonó el establecimiento caminando, utilizó un arma de fuego sin reparo alguno y disparó apenas entró al negocio.

“Por fortuna no tuvimos víctimas mortales en ese caso. El delincuente realizó dos disparos dentro del local y el arma, aparentemente un revólver, presentó una falla mecánica. De no haber ocurrido eso, hoy estaríamos lamentando otra muerte”, señaló.

Policía refuerza análisis tras asaltos en Quito norte

Pastor recordó además que días antes se registró otro episodio violento en una gasolinera ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. A criterio de la Policía, estos acontecimientos evidencian que existe un corredor del norte de Quito que está siendo impactado por distintos hechos delictivos. No obstante, aclaró que las investigaciones todavía no permiten concluir que todos los casos estén vinculados a organizaciones criminales estructuradas.

“No necesariamente hablamos de grupos de delincuencia organizada en cada uno de estos eventos. Son fenómenos distintos que están siendo analizados por los equipos investigativos”, indicó.

El oficial advirtió además que la delincuencia ha evolucionado en los últimos años y que tanto las bandas criminales como los delincuentes comunes modifican constantemente sus estrategias para evadir los controles policiales.

Datos de la Policía Judicial señalan que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2026 se registraron 2.580 denuncias de delitos en Quito, una reducción del 26 % respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, el distrito Eugenio Espejo continúa concentrando la mayor incidencia delictiva de la capital, con 990 denuncias, equivalentes a cuatro de cada diez delitos reportados.

La Policía atribuye esta realidad a la intensa actividad comercial y a la alta población flotante que circula por el sector. 

Lo que debes saber 

• La tuberculosis ya no preocupa solo dentro de las cárceles de Ecuador.
• Trabajadores penitenciarios y personal de salud alertan sobre contagios y falta de control epidemiológico.
• Médicos advierten que el problema se extiende fuera de los centros de reclusión, mientras aumentan las hospitalizaciones y los casos vinculados al sistema penitenciario.

Escuchar una tos persistente o un estornudo dentro de la Penitenciaría del Litoral ya no es un hecho cualquiera. Para algunos trabajadores del sistema penitenciario, esos sonidos despiertan una preocupación que les recuerda los días más difíciles de la pandemia de covid-19. Solo que esta vez el temor no gira alrededor de un nuevo virus, sino de una enfermedad antigua que sigue propagándose: la tuberculosis.

Política

Tuberculosis en cárceles de Ecuador: hacinamiento y falta de atención preocupan a familiares

Redacción Expreso

Un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que la inquietud es constante entre quienes laboran en el centro carcelario más grande del país. “Hay algunos que están tosiendo feo. Ya nos mandaron a hacer exámenes en enero, el año pasado también. Yo he salido negativo, gracias a Dios. Pero algunos se agitan, tosen... Es complicado”, cuenta.

Según su testimonio, el riesgo se siente especialmente durante los traslados de internos enfermos hacia hospitales. Los guías penitenciarios y conductores deben acompañarlos en ambulancias o vehículos cerrados. “Van estornudando, botando sangre. Uno tiene que ir ahí”, admite.

Tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral preocupa a trabajadores

La preocupación ha llegado al punto de que algunos trabajadores han solicitado cambios de centro o han preferido abandonar sus funciones. Quienes permanecen intentan protegerse como pueden. El funcionario afirma que las mascarillas y el alcohol antiséptico forman parte de sus gastos habituales porque, según sostiene, esos implementos no les son proporcionados de manera regular.

Pero el temor no se limita a los trabajadores penitenciarios.

El riesgo de contagio se extiende fuera de las cárceles

El 24 de enero de 2026, EXPRESO publicó el caso de una médica legista de Guayaquil que permanecía hospitalizada y que, según fuentes consultadas, habría desarrollado tuberculosis tras manipular cadáveres provenientes de cárceles donde existían internos infectados.

Este episodio mostró que el riesgo no se limita a los internos. También alcanza a profesionales que, por su trabajo, mantienen contacto frecuente con pacientes o con cuerpos provenientes del sistema penitenciario.

Un médico neumólogo de un hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP), entrevistado bajo reserva para este reportaje, dice que el caso de la médica legista no sería un hecho aislado. “Nosotros tenemos cinco casos de tuberculosis en los últimos dos años de personal de salud”, afirma.

Política

Tuberculosis en las cárceles de Ecuador: la epidemia que el Gobierno se niega a reconocer

Roberto Aguilar

Personal médico también reporta casos de tuberculosis

Dice que forma parte de un comité zonal relacionado con tuberculosis y que existen más contagios entre trabajadores sanitarios. “No puedo decir un número exacto de funcionarios del Ministerio de Salud que se han infectado, pero son muchísimos. Si usted se pone a escarbar más, créame que se va a ir para atrás”.

Aunque no aporta cifras oficiales, su testimonio revela la preocupación existente.

Cómo se transmite la tuberculosis y quiénes están en riesgo

El especialista explica que cualquier persona puede contagiarse. “La transmisión es netamente respiratoria”, precisa.

Por ello, el riesgo alcanza no solo a internos, sino también a médicos, enfermeros, personal administrativo, guías penitenciarios, policías, militares, conductores de ambulancia, personal forense, visitantes y familiares.

La protección más efectiva, explica, es el uso de mascarillas y otras barreras respiratorias. Sin embargo, “aquí el gran problema es que en las cárceles del país, sobre todo en Guayaquil, no hay control”, menciona.

Falta de control epidemiológico agrava la situación

Recalca que la falta de control epidemiológico permite que la enfermedad siga circulando. “No hay control en quién sale, quién entra, quién visita. No hay realmente un cerco epidemiológico”.

Para el neumólogo, esto genera un riesgo que no se queda únicamente tras los muros. “El problema que se ve en las penitenciarías empieza a reflejarse en toda la ciudad”, advierte.

Pacientes privados de libertad interrumpen tratamientos

Otra de las preocupaciones del especialista está relacionada con la continuidad de los tratamientos. El médico explica que en consulta externa recibe constantemente personas privadas de libertad para controles por tuberculosis.

Según su experiencia, gran parte de esos pacientes llegan después de haber interrumpido la medicación. “En el 80 por ciento de los casos los abandonaron porque no les dieron las pastillas adentro”.

También asegura que alrededor del 70 % de los pacientes con tuberculosis que atiende en hospitalización corresponden a personas privadas de libertad. A su criterio, la situación se ha agravado en los últimos años.

Justicia

Crisis en la Cárcel del Encuentro: tuberculosis sigue expandiéndose

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Hospitalizaciones por tuberculosis muestran tendencia al alza

Detalla que en el centro médico donde labora se registraron aproximadamente 350 hospitalizaciones por tuberculosis durante 2023, más de 400 en 2024 y más de 450 en 2025.

Aunque aclara que se trata de datos de su casa de salud, considera que reflejan una tendencia sostenida al alza.

Por otro lado, las cifras nacionales del Ministerio de Salud Pública muestran igualmente incrementos en varias provincias durante el período 2023-2025, especialmente en zonas costeras y territorios con presencia de centros penitenciarios (ver infografía).

Lo que debes saber

• Colombia anunció que derogaría sus aranceles a los productos ecuatorianos, pero hasta el 1 de junio no había publicado ningún decreto ejecutivo en su Diario Oficial, el único instrumento con efecto jurídico real.
  
• La Secretaría General de la Comunidad Andina ordenó a Ecuador reabrir el paso de San Miguel en el mismo plazo que tenía para retirar la tasa; al 1 de junio ese paso seguía cerrado sin ningún acto administrativo que lo acredite.
  
• La tasa fue declarada ilegal desde febrero, cuando se creó al 30%, no desde mayo cuando llegó al 100%, lo que amplía el periodo exigible y eleva el monto que Ecuador tendría que devolver a los importadores.
  
• El oleoducto y la electricidad quedaron fuera de la derogación y sin dictamen de la Comunidad Andina; su resolución depende del resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio.

La derogación de la tasa de seguridad era la demanda central del conflicto comercial con Colombia y, con su retiro, ese frente quedó resuelto. Pero no es el único.

Detrás de la Resolución 2582 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Sgcan), que ordenó retirar el gravamen, quedan cinco pendientes que también pesan sobre la normalización del comercio bilateral. Algunos tienen plazos vencidos.

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¿Colombia ya cumplió?

El pendiente más inmediato está del lado colombiano. Bogotá anunció que derogaría sus aranceles, de hasta el 75%, impuestos sobre cerca de 190 productos ecuatorianos. Pero anunciar no es derogar. Hasta el 1 de junio no había publicado ningún decreto ejecutivo en su Diario Oficial, el único instrumento con efecto jurídico real.

Mientras ese decreto no exista, los aranceles colombianos siguen técnicamente vigentes, las exportaciones ecuatorianas no tienen certeza formal de tarifa cero y los operadores no pueden comprometer volúmenes ni planificar despachos.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) —que agrupa a cerca de 2.700 empresas que exportan al mercado ecuatoriano— pidió al gobierno de Gustavo Petro aprovechar la derogación ecuatoriana para restablecer plenamente las condiciones de libre comercio.

Ecuador pasó de ser el segundo al cuarto destino de las exportaciones no minero energéticas colombianas durante el primer trimestre de 2026. Carlos Bastidas, de la cadena logística de Carchi, fue directo: la actividad comercial no puede seguir anclada al capricho político.

¿Qué pasa con los pasos fronterizos?

Pero Colombia no es el único que tiene obligaciones pendientes. La Resolución 2581 de la Sgcan ordenó a Ecuador reabrir los pasos de San Miguel —en Sucumbíos—, Tufiño y El Carmelo, todos cerrados desde el 24 de diciembre de 2025, en el mismo plazo de diez días.

Al 1 de junio, el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) San Miguel seguía sin reabrirse. De los otros dos pasos tampoco había ningún acto oficial.

La opacidad en torno a esos pasos es llamativa. Francisco Ballén, exministro de Comercio, advirtió que no existe ningún acto administrativo que acredite si están abiertos o cerrados: la propia Sgcan tuvo que hacer una inspección presencial para comprobarlo.

El gobierno ecuatoriano podría argumentar presencia de grupos armados en la zona, pero Ballén advierte que ese riesgo es controlable con más seguridad en la vía, no con el cierre. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, confirmó que de los tres pasos no había ninguna información oficial y están cerrados.

Olivia Diezgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, fue tajante: Ecuador tiene que desmontar las restricciones y permitir la movilidad humana y el libre comercio por esos pasos. Diezgranados, explicó,  que Colombia podría estar esperando ese desmonte esta medida para dar por completo cumplida la reciprocidad.

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Edwin Vásquez, exsubsecretario de negociaciones comerciales, agregó un matiz: no sabe si en el recurso de reconsideración que Ecuador presentó ante la Sgcan está incluido el tema de los pasos. Si no lo está, la obligación de reabrirlos es autónoma.

Caso contrario, Colombia puede presentar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) un pronunciamiento de incumplimiento con posibles sanciones.

Ballén recuerda además que San Miguel ofrece ventajas operativas en tiempos de tránsito muy superiores a Rumichaca. Mientras los tres sigan cerrados, todo el comercio terrestre bilateral depende de un único punto.

¿Ecuador va a devolver lo cobrado?

El frente más complejo en términos jurídicos es el de las devoluciones. La Sgcan declaró ilegal la tasa no desde mayo, cuando llegó al 100%, sino desde febrero, cuando se creó al 30%. Eso amplía el periodo exigible.

Ballén fue categórico: las empresas formales —las que declaran impuestos, presentan declaraciones aduaneras y nacionalizan cumpliendo todas las formalidades— son las que pagan las consecuencias, y Ecuador va a tener que devolver lo cobrado indebidamente.

Marcelo Bodero, abogado especialista en derecho supranacional andino, fue más directo: reclamaría inmediatamente, porque cada día sin iniciar el proceso es un día en que la cuenta crece con intereses. Para Bodero, las resoluciones de la CAN son de efecto inmediato y ningún recurso suspende el derecho a reclamar.

Vásquez precisó que al retirar la medida antes de que el TJCAN emitiera sentencia directa, Ecuador evitó la vía más fuerte: esa sentencia habría tenido carácter obligatorio. Ahora el camino pasa por los jueces nacionales.

Internacional

Elecciones Colombia 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a segunda vuelta

Óscar Fernando Murillo Mojica

El antecedente de 2018 no es alentador. Ecuador retiró una tasa similar sin devolver lo cobrado. Bodero recuerda ese caso: la resolución final ordenó la devolución, pero Ecuador no la ejecutó.

La deuda, calculada sobre $121,5 millones recaudados entre febrero y abril, crece con intereses. El proceso implicará solicitud ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), probable negativa y escalada al Tribunal Contencioso Tributario. El gobierno no se ha pronunciado sobre qué pasará con ese dinero.

¿Qué pasa con el oleoducto y la luz?

Ecuador subió de $3 a $30 por barril el precio del transporte del crudo de Ecopetrol. Colombia cortó la interconexión eléctrica desde el inicio de la disputa; Ecuador depende de esa energía, en un mercado todavía deficitario.

Ballén señaló que sobre el oleoducto la Sgcan no ha emitido ningún dictamen. Vásquez fue preciso: esos temas quedarán pendientes del resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El daño acumulado no espera ese resultado. Las importaciones desde Colombia cayeron un 66% en febrero y un 58% en marzo, según el Banco Central del Ecuador. 

Internacional

¿Gustavo Petro está pensando en renunciar a la Presidencia para apoyar a Iván Cepeda?

Óscar Fernando Murillo Mojica

Las exportaciones no petroleras a Colombia bajaron un 3,9% en el primer trimestre de 2026, mientras las importaciones cayeron un 32%, según el Ministerio de Producción.

Álvaro Lucero, presidente del gremio de depósitos temporales aduaneros de Carchi, fue claro: lo perdido en estos meses ya no se recupera, pero las relaciones comerciales entre los dos países deben restablecerse cuanto antes.

Ecuador

La Aurora bajo protesta: "No más muertes", el grito del hartazgo ciudadano que retumbó la vía

Freddy Josue Andrade Andrade

Indignación colectiva 

Indignada, la ciudadanía salió a protestar en ambos casos. Los vecinos de esas zonas sienten que estas tragedias se pudieron evitar. Pero sus reclamos permanentes, las alertas, los pedidos de seguridad vial y controles de tránsito no calan en las autoridades.

“Tuvo que morir una persona, se tuvo que apagar una vida, para que recién armen una mesita técnica, que muchas veces es lo mismo que nada. (Las autoridades) Hablan y hablan de planes, de soluciones, pero no las ejecutan. Y si lo hacen, duran máximo dos semanas y luego los problemas se mantienen”, expuso Karina Reinoso, habitante de la urbanización Málaga, en La Aurora.

Las vías más peligrosas para cruzar en Guayaquil

Cruzar una calle se ha convertido en un ejercicio de riesgo para los peatones en varias avenidas de Guayaquil, especialmente durante la noche. Incluso caminar por ciertas aceras implica un riesgo.

La falta de cruces seguros, la iluminación deficiente y la escasa señalética conforman una combinación peligrosa para quienes se movilizan a pie en una ciudad poco amigable para los transeúntes.

Un equipo de EXPRESO recorrió varios tramos de avenidas que han sido identificados como riesgosos para los peatones, y evidenció múltiples problemáticas, sobre todo pasadas las 19:00.

Juan Tanca Marengo

Hay varios tramos complicados. Uno de ellos está a pocos metros de la intersección con la avenida Agustín Freire. Estudiantes universitarios deben sortear los vehículos que, en muchas ocasiones, cruzan a exceso de velocidad. Otro punto conflictivo está frente a la ciudadela Martha de Roldós. La falta de pasos seguros obliga a ciudadanos a correr hacia un parterre central angosto, que no ofrece garantías para el descanso de los peatones.

25 de Julio

En esta vía del sur hay varios puentes peatonales elevados. Pese a ello, algunos ciudadanos realizan maniobras peligrosas: en lugar de cruzar por zonas seguras, corren en medio de la vía para subirse a las barandas de acceso a la parada de Metrovía (cerca a la av. Ernesto Albán), con el peligro de ser atropellados o quedar atrapados. Algunos usuarios indicaron que los viaductos “suelen ser peligrosos” por la presencia de delincuentes.

Vía Perimetral

En el tramo sur, a lo largo de la isla Trinitaria, el escenario es adverso para los peatones: los vehículos (incluidos tráileres) circulan a alta velocidad, mientras que los pasos elevados carecen de iluminación, presentan suciedad y no ofrecen condiciones seguras. Por ello, muchos peatones terminan cruzando entre los vehículos, ante la falta de opciones adecuadas y la poca atención de la autoridad de tránsito.

Francisco de Orellana

Los habitantes de El Cóndor, Sauces 8 y la décima tercera etapa de la Alborada han vivido por años con un problema de falta de cruces seguros en la avenida Francisco de Orellana, desde Rodolfo Baquerizo Nazur hasta José Luis Tamayo. Con la aplicación de semáforos se intentó realizar correctivos, pero no es suficiente para los vecinos del sector. A diario, los peatones siguen sorteando vehículos en media vía.

Para el urbanista Roberto Carpio, el problema es estructural y responde a cómo ha sido concebida la ciudad.

“El peatón no es el actor principal de la movilidad en Guayaquil. Todo funciona en torno al vehículo. Si no tomamos acciones correctivas, como la implementación de espacios más caminables, mejor conectados y con mayor iluminación, el peatón seguirá cada vez más relegado”, analizó.

Lo que debes saber

• Cinco adolescentes de Guayaquil y Daule cuentan cómo perciben la ciudad donde crecen.
• Valoran la solidaridad, pero cuestionan la falta de espacios seguros y recreativos.
• Sueñan con ciudades más seguras, inclusivas y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Cinco adolescentes que viven en Guayaquil y en Daule compartieron con EXPRESO sobre la ciudad en la que crecen, los desafíos que enfrentan a diario y cómo imaginan el lugar donde les gustaría vivir. Hablan de calles donde antes podían jugar sin preocupación, de parques que perciben descuidados y de una convivencia que aún valoran gracias a la solidaridad de algunas personas.

Pero también describen un entorno urbano marcado por la inseguridad. Esta ha transformado su manera de desplazarse, relacionarse e incluso de proyectar sus sueños.

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Trabajo infantil persiste en las vías de Guayaquil ante la vista de todos y de nadie

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Una generación que observa y cuestiona

Sus testimonios reflejan las inquietudes de una generación numerosa. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), en Guayas viven 876.776 niños de 0 a 11 años, que representan el 20 % de la población provincial, mientras que 491.033 son adolescentes de entre 12 y 17 años, equivalentes al 11,2 %.

Entre los menores, 449.151 son niños y 427.625 son niñas. Asimismo, se registraron 250.685 adolescentes hombres y 240.348 adolescentes mujeres.

Del total de menores de edad, 732.739 niños y 410.630 adolescentes residen en áreas urbanas de Guayas. En cambio, en las zonas rurales habitan 144.037 niños y 80.403 adolescentes, una población que también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a servicios, espacios recreativos y oportunidades de desarrollo.

Las cifras reflejan, además, otras realidades que atraviesan a la niñez y adolescencia. De acuerdo con el Registro Estadístico Base de Población del Ecuador (Rebpe), elaborado por el INEC, en 2023 se registraron 39.314 menores de edad en situación de orfandad en Guayas; el 51 % corresponde a hombres y el 49 % a mujeres. De ese grupo, el 43,9 % son niños y el 56,1 % adolescentes.

Siento que debemos cuidarla entre todos, porque el futuro de la ciudad no depende solo de las autoridades. Somos nosotros quienes construimos ese futuro y quienes podemos convertirlo en un mejor lugar para las próximas generaciones.Valeria Galárraga, 16 años

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Lo que rescatan: la interrelación ciudadana

Para Valeria Galárraga, de 16 años, quien reside en Daule, todavía existen aspectos valiosos en la convivencia social. Ella destaca que las personas comienzan a interesarse más por temas como la salud, la economía y el cuidado del país, algo que considera importante para construir un mejor futuro.

La adolescente asegura que le gusta la manera en que vecinos y amigos se organizan para cuidar lo que tienen en común. Sin embargo, cree que la ciudad ha descuidado áreas fundamentales, como la seguridad y las zonas verdes, espacios que considera esenciales para las nuevas generaciones.

Asimismo, Domenika Pérez, de 15 años, rescata la solidaridad que aún encuentra en su entorno; ella vive en Urdenor, al norte de Guayaquil. Dice que le alegra ver que todavía existen personas dispuestas a ayudar a otros, lo que le hace sentir que la sociedad aún conserva valores importantes.

Me gustaría un Guayaquil donde todas las personas tengan oportunidades para cumplir sus sueños y sus metas personales como profesionales, y donde podamos disfrutar de los espacios recreativos sin sentir miedo ni preocuparnos por nuestra seguridad.Domenika Pérez, 15 años

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La inseguridad marca su día a día

Aunque describe a Guayaquil como una ciudad tranquila y bonita, reconoce que el temor está presente cuando camina por las calles. Cuenta que muchas veces siente miedo al ver una motocicleta acercarse, por el riesgo de sufrir un robo.

Es por eso por lo que Valeria siente que hoy los niños y adolescentes ya no pueden salir con la tranquilidad con la que crecieron sus abuelos. “Los padres viven con el miedo constante de que sus hijos no regresen a casa”, afirma, al describir cómo la inseguridad ha transformado la vida cotidiana.

Matteo Castillo, de 13 años, encuentra en su barrio, la ciudadela Martha de Roldós, un espacio para hacer lo que más disfruta: jugar fútbol con sus vecinos. Para él, esos tiempos representan una oportunidad para divertirse, compartir con otros niños y despejar la mente.

Me gustaría vivir en una ciudad donde los niños podamos salir a jugar, divertirnos y estar con nuestros amigos sin preocupaciones. Creo que deberíamos sentirnos seguros cuando estamos en la calle, en el parque o en nuestro propio barrio.Matteo Castillo, 13 años

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Una generación que crece con marcas

Sin embargo, reconoce que la inseguridad también condiciona su vida cotidiana. Dice que no siempre puede salir de su hogar sin preocupaciones, por lo que suele sentirse más tranquilo cuando está acompañado por sus padres.

Alessandro Quinto, de 15 años, menciona que antes salir con amigos era algo sencillo y cotidiano. Hoy, en cambio, siente que incluso compartir con otros adolescentes implica pensar en el riesgo de ser víctima de un robo.

El adolescente cuenta que presenció un asalto, en el sur de Guayaquil, cuando iba a entrenar fútbol a las canchas de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador), una experiencia que lo impactó profundamente. “Fue sorprendente ver cómo alguien podía hacer daño con tanta facilidad”, comenta al recordar ese momento que lo marcó.

Aunque asegura que suele sentirse protegido cuando se moviliza acompañado de amigos, reconoce que la inseguridad condiciona la manera en que transita por la urbe porteña. Afirma que si fuese alcalde dispondría que dos policías estén en cada cuadra para que protejan y se hagan compañía.

Me gustaría vivir en una ciudad más segura y más social, donde las personas no tengan adicciones y tampoco tomen malas decisiones. Creo que una mejor educación desde niños ayudaría a que más jóvenes elijan un camino diferente.Alessandro Quinto, 15 años

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Lo que esperan de los adultos y las autoridades

Por otro lado, Daniel Moscoso, de 14 años, cree que el deporte no recibe la atención que merece. Aunque reconoce la popularidad del fútbol, considera que otras disciplinas deportivas necesitan más impulso y espacios públicos que permitan a niños y adolescentes aprovechar su tiempo libre.

Daniel vive en Daule y sueña con una ciudad donde los adolescentes y niños puedan reunirse sin temor con sus amistades. Desde su mirada, las autoridades locales y nacionales deberían priorizar una administración más transparente y coordinada para recuperar la seguridad, así como la confianza de la ciudadanía.

Alessandro considera que las ciudades necesitan más espacios recreativos y oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus talentos. Sueña con una ciudad más segura, más integrada socialmente y con una educación sólida desde la infancia, para evitar que la gente termine atrapada en la violencia o las adicciones.

La ciudad que sueño es una donde las personas puedan caminar tranquilas, reunirse con sus amigos y disfrutar de parques y espacios deportivos. Nos merecemos crecer en un lugar que nos permita desarrollarnos y convivir sin temor.Daniel Moscoso, 14 años

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5 ideas para celebrar el Día del Niño con poco presupuesto

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Lo que debes saber:

• Por el Día del Niño, EXPRESO recoge voces de adolescentes que cuestionan seguridad, ambiente e individualismo.
• Más del 60% vive en ciudades; adolescentes señalan que hacen falta medicinasy también oportunidades laborales.
• En Ecuador, más del 30 % de habitantes tiene menos de 18 años.

La inseguridad, el desempleo, la contaminación, la falta de medicinas y una sociedad cada vez más individualista no son preocupaciones exclusivas de los adultos. También inquietan a quienes aún no cumplen 18 años.  

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En Ecuador, algo más del 30 % de habitantes -entre 5 y 6 millones de personas- son niños y adolescentes, que crecen en medio de esa realidad.

Por el Día del Niño, que se conmemora este 1 de junio del 2026, EXPRESO evitó recurrir a la mirada de los adultos para describir lo que viven. Optó por escuchar directamente a quienes la viven: niñas, niños y adolescentes, y cómo perciben la sociedad en la que están creciendo.

Más del 60 % de esta población vive en áreas urbanas. Por eso, este ejercicio se concentró en Quito, Daule y Guayaquil, con adolescentes de entre 12 y 16 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), seis de cada 10 hogares tienen al menos un niño o adolescente.

Fuimos a buscarlos en sus espacios: en sus casas, también en espacios como la Casa 707 del Municipio de Quito, el proyecto Tejiendo Futuro de Lab-XXI y la Red de Padres de chicos con altas capacidades.

Los testimonios de adolescentes evidencian inquietudes de adultos

Cuatro de los cinco adolescentes entrevistados se refirieron a la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. En el caso de los varones, se trata de chicos que dividen su tiempo entre la escuela y actividades como clases de guitarra, break dance, panadería, pastelería o la posibilidad de ir a buscar qué leer y compartir con otros jóvenes.

Justyn, de 13 años, vive en El Placer, sorprendió con su comentario: “Ver a militares cuidando las calles, un día, me parece una fachada; no me da seguridad”. Otro tema que le hace reflexionar sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA) porque incidiría en la pérdida de posibilidades laborales, en un Ecuador agobiado por la falta de empleo.

Samuel Rivadeneira, el menor de los entrevistados, acude los martes, jueves y viernes a talleres municipales de guitarra y panadería. “Quisiera ponerme mi propio restaurante, donde también pueda enseñar a hacer pizza”, dice. Le iría bien administrándolo, cree, porque es bueno para matemáticas. Pero no le gusta escuchar a los adultos hablar sobre lo que pasa con los delincuentes.

Falta de medicinas la sienten los menores de edad

Otra preocupación, menos esperada para su edad, surgió en la conversación con Sergio, de 16 años. Le colocaron implantes cocleares desde antes de cumplir los 2 años y recientemente fue operado de la arteria aorta. 

Su recuperación ha impedido que acuda a clases regulares, por lo que ha hecho tareas dirigidas para no perder el segundo de bachillerato.

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Pero más allá de su salud, le inquieta que su madre -como tantas otras- tenga que asumir el costo de las medicinas necesarias para su tratamiento.

Por otro lado, Guillermo, quien en julio cumplirá 16 años, fue diagnosticado con altas capacidades a los 8. Aunque por su edad debería cursar décimo de básica, ingresó antes al sistema educativo y por su inteligencia se saltó un grado; actualmente está en segundo de bachillerato.

Él integra un grupo de aprendizaje de matemáticas en la Escuela Politécnica Nacional. También dedica tiempo a la música: toca guitarra; antes aprendió piano y bajo. No está seguro de tener buena voz.

Le preocupa el individualismo. Considera necesario fortalecer la unión y el trabajar juntos por objetivos compartidos.

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Renata, de 15 años, es parte del Proyecto Tejiendo Futuro de LAB XXI. Juega con su perra Molly, mientras cuenta que todos podrían ayudar para no destruir el ambiente, incluso recogiendo la basura y no lanzándola en las calles. Le gustaría que se trabaje en educar para formar mejores ciudadanos.

Lo que debes saber

• Las muertes de presos en la Cárcel del Encuentro reavivan las alertas por tuberculosis y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. 
• Expertos advierten que la falta de diagnóstico oportuno y tratamientos continuos puede agravar los contagios. 
• Mientras las autoridades descartan un brote, familiares denuncian una crisis sanitaria dentro de los pabellones.

Las recientes muertes de personas privadas de la libertad en la cárcel del Encuentro bajo la sospecha de tuberculosis y las denuncias de las condiciones precarias en que viven dentro del penal ha levantado la preocupación de sus familiares por desconocer la real situación de salud de sus seres queridos.

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Para el doctor Alberto Piubello, médico italiano con 35 años de experiencia en salud pública, especialista en tuberculosis y tuberculosis multidrogorresistente, asesor médico de la Fundación Damien y experto del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, estas preocupaciones tienen sustento cuando coinciden hacinamiento, ventilación deficiente, diagnóstico tardío y acceso limitado a servicios de salud. Según explica, en muchos sistemas penitenciarios la transmisión de la enfermedad ya suele haberse extendido ampliamente cuando aparecen los primeros casos detectados.

En abril de 2025 ya se registraban falencias. Ese mes, el día 22, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizó una visita en la Penitenciaría, gracias a una disposición judicial emitida a partir de una medida cautelar presentada por la institución.

Tuberculosis en prisión: condiciones que favorecen los contagios

En su informe de aquella inspección, el CDH destacó que el pabellón 7 albergaba a 531 presos “con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, quienes “no recibieron tratamiento médico adecuado durante los últimos tres meses”. También reportó que en las alas 3 y 4 del pabellón “se evidenció la presencia de heces de roedores o murciélagos”.

En el pabellón 8, en algunas alas, “cada celda está ocupada por un promedio de 9 personas, a pesar de contar solo con 3 camas disponibles”.

El informe también revela que según el personal médico del Ministerio de Salud presente en el policlínico, uniformados de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la cárcel “no permitían el ingreso de los médicos para suministrar medicamentos” desde hace más de cuatro meses.

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Hacinamiento, falta de medicamentos y obstáculos para la atención médica

Piubello considera que este tipo de escenarios dificulta el control de la enfermedad. Explica que uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío, pues en muchos sistemas penitenciarios no existen tamizajes sistemáticos al ingreso de los internos, además de que suele ser limitado el acceso a radiografías de tórax, pruebas moleculares rápidas y otros exámenes especializados. A ello se suman los constantes traslados de personas privadas de libertad, que pueden dificultar tanto el diagnóstico como la continuidad de los tratamientos.

En febrero de 2026, el CDH realizó una nueva visita a esa cárcel, igualmente permitida a partir de un fallo judicial. Allí se constató el funcionamiento de un nuevo policlínico con cierto abastecimiento de medicamentos, en donde se atendía a 10 reos en camillas.

En el pabellón 7 se evidenció una situación de hacinamiento. Además, conocieron que en el establecimiento había una mala distribución de raciones alimenticias, pues algunos internos no recibían las mismas porciones y a otros no se las daban.

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Nuevo policlínico, pero persisten denuncias sobre la atención sanitaria

Al final de ese recorrido se valoró positivamente que con la habilitación de dicho policlínico, mejoró la atención en salud a los internos. Pero según Navarrete, varios presos señalaron que la dotación de medicinas no era constante.

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, asegura que en los pabellones aún existen malas condiciones: colchones sucios, tarrinas y fundas con restos de comida, así como una escasa o nula ventilación.

El doctor Piubello advierte que la interrupción de los tratamientos prolonga el periodo de contagio y favorece la aparición de formas resistentes de tuberculosis, consideradas entre los mayores desafíos para los sistemas de salud. Añade que para contener eficazmente un brote son indispensables un diagnóstico temprano, tratamiento continuo, disponibilidad garantizada de medicamentos y seguimiento permanente de los pacientes, especialmente durante los traslados.

Expertos alertan sobre el riesgo de tuberculosis resistente

En la rendición de cuentas del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concerniente al año 2025, efectuada en abril de 2026, se informó que en cuanto a salud, más de 10.769 presos recibieron atención integral y además se inauguró el policlínico intramuros en Guayas.

Previamente, en febrero de 2026, en una rueda de prensa realizada en Quito, el Ministerio de Salud informó que 2.649 reos padecen tuberculosis y se indicó que permanentemente se aplican tamizajes y tratamientos.

En mayo de este año, los fallecimientos de al menos tres presos en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, quienes tuvieron complicaciones en su estado de salud, generaron nuevamente preocupación por la situación sanitaria en los centros de reclusión por los casos de tuberculosis.

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Casos de tuberculosis en cárceles mantienen la preocupación sanitaria

El SNAI, en un comunicado emitido el jueves 28 de mayo, indicó que en ese establecimiento “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis”. También aseguró que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizan acciones permanentes de vigilancia sanitaria y seguimiento clínico en las cárceles.

Piubello recuerda que las cárceles no son espacios aislados. El flujo constante de internos, funcionarios, personal médico, visitas y personas que recuperan su libertad hace que la tuberculosis no controlada pueda convertirse también en un problema para la comunidad.

Por ello advierte que los brotes en prisión pueden contribuir significativamente a la transmisión de la enfermedad fuera de las cárceles y favorecer la permanencia de cepas resistentes.

Lo que debes saber

• El Niño amenaza simultáneamente los principales cultivos del país: la Phytophthora en cacao, y el Fusarium raza 4, la Sigatoka y el Moko en musáceas podrían desbordarse, pues el fenómeno acelera la reproducción y dispersión de enfermedades y plagas.
• Ecuador aplica el doble de plaguicidas a comparación del promedio latinoamericano. El Niño, al acelerar la proliferación de plagas, incrementará esa cifra.
• El gobierno anticipó un presupuesto de $4 millones para pagar primas de seguros agrícolas a productores que resulten afectados por El Niño, cifra que las posibles pérdidas superarían con creces.

La alerta por el fenómeno de El Niño que el gobierno conocía desde finales de marzo y que apenas en estas últimas dos semanas derivó en la semaforización amarilla y activó sus primeras respuestas formales lleva consigo una carga silenciosa: el riesgo de que enfermedades y plagas se propaguen a una velocidad que el agro ecuatoriano difícilmente pueda contener, sin infraestructura preparada ni un plan de contingencia.

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En el sector cacaotero, Jorge Marún, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), señala que hay una deuda pendiente: “no hay ningún plan de prevención, no hay la suficiente difusión, no hay una transferencia de tecnología”, al referirse a la inacción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales.

Esa omisión tiene consecuencias concretas. El oomiceto Phytophthora, responsable de la mazorca negra, es la enfermedad que preocupa al sector cacaotero.

Marún —productor de Babahoyo, uno de los cantones de Los Ríos con mayor historial de inundaciones y cuyas trabas presupuestarias e interinstitucionales fueron documentadas en la entrega anterior— advierte que durante los últimos dos años la Phytophthora ya predomina incluso en época seca: "con un invierno fuerte va a haber una mayor incidencia, puesto que también ataca los árboles y termina matándolos".

El impacto es acumulativo: un productor puede perder entre 4% y 5% de su población de árboles por año y quedar, en una década, con hasta 400 individuos menos en una hectárea sembrada con 1.200. “Se piensa que la plantación está decreciendo en la productividad y no es un tema de productividad sino de falta de población”, aclara.

“El primer ataque contra esta enfermedad son los drenajes, antes que pensar en invertir más en plaguicidas y en otro tipo de insumos”, enfatiza Marún. Y recomienda a los productores cacaoteros mejorar los canales, monitorear constantemente, retirar los frutos enfermos de los cultivos y resembrar.

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En el sector bananero, el escenario es igual de complejo. Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro (ABO), sostiene que “la economía de la provincia depende básicamente de la producción bananera”.

Lo que más le inquieta es la repercusión de las primeras lluvias fuertes que golpearon la zona cero de Fusarium raza 4 tropical, en Santa Rosa. El hongo no exterioriza sus efectos de inmediato, sino entre seis y siete meses después. Eso significa que el daño que pudo propagarse durante las inundaciones recientes permanece aún invisible, y cuando el daño finalmente sea perceptible o la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario publique los hallazgos , el margen de reacción será estrecho.

De no tomarse medidas, la ABO estima que la productividad podría caer “hasta en un 40, 50% mínimo”, con afectaciones adicionales por Sigatoka negra y moko. 

El agravante: El Quemado, sector donde se detectó la presencia del FOC R4T, está a escasos kilómetros de la cabecera cantonal de Santa Rosa, cantón que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo semaforizó como zona susceptible a inundaciones en la resolución emitida el 19 de mayo. Frente a todo esto, Solano exige lo que aún no existe: “ya se debería haber puesto en marcha un plan nacional de contingencia agropecuaria, con medidas urgentes estructurales”.

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Alex Bustos, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y gerente de GreenControl-LA, explica como el fenómeno impactará directamente en la proliferación de plagas en múltiples cultivos: con el aumento de temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones, “hay un incremento de la fisiología de las plagas (insectos, hongos bacterias y virus): se reproducen más rápido, se alimentan más”.

Además de los cultivos ya mencionados hay otros como el mango y café que pueden verse perjudicados por el aumento del estrés fisiológico y las alteraciones en los procesos de polinización que provocarían abortos florales, deformidades y un menor cuajado de frutos. Esto según Bustos podría traducirse en: “menores rendimientos, cosechas des uniformes, pérdida de calidad de los productos, incremento de costos de producción y menor volumen de exportación”.

Bustos anticipa que ante esa presión climática, los productores intensificarían la aplicación de agroquímicos. Actualmente Ecuador, junto a Costa Rica, encabezan el abuso de estos productos en la región: “cerca de 17 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, el doble del promedio latinoamericano”. Ambos frentes abiertos ocasionarán graves costos económicos, sociales, ambientales y en la salud de los ecuatorianos. También ocasionará restricciones para la exportación de la oferta agrícola.

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No obstante, Ecuador también esta al otro extremo: “es el principal proveedor en Latinoamérica de productos orgánicos de la Unión Europea y de banana orgánica a los Estados Unidos”, señala Bustos. El país abusa de los agroquímicos y al mismo tiempo lidera la oferta orgánica regional. Superar esa dicotomía, reconoce Bustos, exigirá articulación entre gremios y Estado para que la tecnología se transfiera y se expanda.

Mientras que Solano reconoce el uso excesivo de los agroquímicos durante décadas y que esas prácticas provocaron la vulnerabilidad de los suelos ante enfermedades que El Niño amenaza con propagar. 

La alternativa que propone la ABO son los microorganismos benéficos y la materia orgánica: "para recuperar los suelos y mitigar los impactos de hongos y bacterias". Además, explica que su preparación y aplicación abarata hasta un 60% los costos frente a cualquier fungicida convencional.

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Bustos añade que “la afectación también va a ser en temas pecuarios”, debido al impacto que las condiciones climáticas tendrían sobre la producción de alimentos (como los pastos) para los sectores bovino, porcino y avícola, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria.

El Niño plantea entonces la urgencia de repensar cómo se produce: aplicación de agroquímicos con criterio y abrir paso a alternativas que ya existen pero que no llegan a los campos. Para un sector que, como recuerda Solano, "es una fuente inagotable de trabajo, genera divisas y es clave para la sostenibilidad de la soberanía alimentaria". El tiempo de esperar se agotó: el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, los GADs provinciales y cantonales, enfatiza el líder gremial, "debieron haber estado" preparados desde antes, y no solo ahora que la alarma ya suena.

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Presupuesto de $4 millones para seguros agrícolas

Ese fue el monto que Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, anticipó en declaraciones públicas para pagar primas a productores que resulten afectados por El Niño, con posibilidad de ampliarse, sin detallar avances en las conversaciones con organismos internacionales para que eso ocurra (la cartera de Estado no respondió a la solicitud de entrevista de EXPRESO). Para Bustos en Ecuador no existen seguros agrícolas “funcionales” y califica la medida como “insuficiente” ante la magnitud de pérdidas que generaría el fenómeno. “Son proyectos piloto por su cobertura y están bien para aprender” concluye.

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