Lo que debes saber

• El Plan Anual de Inversiones (PAI) ejecutó $636 millones hasta junio de 2026, menos de la tercera parte de lo presupuestado.
  
• El PAI equivale apenas al 0,9 % del PIB anualizado, lejos del 6,2 % registrado en 2013.
• La baja ejecución de obra pública y otras medidas ayudan a reducir el déficit fiscal, pero limita el crecimiento económico.
  

El recorte de la inversión pública se ha convertido en una salida para contener el déficit fiscal que arrastra Ecuador. Aunque el Plan Anual de Inversiones (PAI) contemplaba destinar $2.181,47 millones en 2026, hasta junio se habían devengado (ejecutado) apenas $636 millones, menos de la tercera parte del presupuesto previsto.

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El PAI reúne los recursos que el Estado destina a ejecutar obras y proyectos de inversión pública. Incluye la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, proyectos energéticos, compra de equipos y otras iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Sin embargo, el monto ejecutado en el primer semestre de 2026, aunque es superior al registrado en el mismo período de 2025, equivale apenas al 0,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) anualizado.

Ese porcentaje prácticamente no ha variado desde 2022 y se encuentra muy por debajo del máximo de 6,2 % alcanzado en 2013, según datos de la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) analizados por Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas.

Para Ortiz, la evolución del PAI entre 2022 y 2026 evidencia que el aporte de la inversión pública al crecimiento económico está "muerto", si se compara con los niveles registrados entre 2008 y 2013, cuando representaba alrededor del 6 % del PIB. ¿Pero qué significa reducir el gasto en inversión pública?

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Menos inversión para reducir el déficit

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que ejecutar la totalidad de los proyectos previstos implicaría que el Estado recurra a un mayor endeudamiento, debido a que los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes.

Datos del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) muestran que, hasta junio de 2026, los ingresos del Estado no alcanzaron para cubrir el total de los gastos, lo que dejó un déficit global de $31 millones.

Acosta Burneo añade que los proyectos incluidos en el PAI no siempre responden a la capacidad financiera del Estado, sino también a disposiciones constitucionales que obligan a incrementar progresivamente la inversión en sectores como salud y educación. Por ello, financiar la totalidad del plan representa un desafío para las finanzas públicas.

Incrementar la ejecución del PAI requeriría contratar nueva deuda. Sin embargo, esa alternativa iría en sentido contrario al proceso de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro del programa que Ecuador mantiene con el organismo desde mayo de 2024.

En la quinta revisión del acuerdo, realizada en abril de 2026, el FMI proyecta que el déficit fiscal de Ecuador cerrará en alrededor de $2.600 millones (2 % del PIB), una cifra inferior a los $5.515 millones previstos inicialmente en el Presupuesto General del Estado.

Además, el informe detalla que se apuntará a ampliar el gasto social e inversiones prioritarias. “Las autoridades mantienen su compromiso de fortalecer la situación fiscal y salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Han adoptado medidas políticas firmes para racionalizar el gasto tributario, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público, al tiempo que amplían el margen para el gasto social y de inversión prioritario”, refiere el organismo.

El costo económico del ajuste

Ante este escenario, Ortiz refiere que una alternativa para reducir el déficit fiscal -aparte de eliminar el subsidio del diésel y gravar alimentos con el impuesto al valor agregado (IVA)- es reducir el gasto público.

En su criterio, si se mantiene el actual ritmo de ejecución del PAI y continúan las demás medidas fiscales, el déficit podría cerrar alrededor de $4.000 millones en 2026, un monto inferior al presupuestado y también menor al registrado el año anterior: $4.592 millones en 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

"El déficit ha caído porque se ha logrado tumbar agresivamente la obra pública. Tener menos obra ayuda a bajar el déficit porque hay menos deuda", afirma el exministro.

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No obstante, Ortiz advierte que esa estrategia tiene un costo para la economía. Una menor inversión pública reduce el dinamismo de la actividad económica y limita el crecimiento.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), durante el primer trimestre de 2026, la economía ecuatoriana registró un incremento interanual de 2,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras tanto, frente al trimestre anterior, se registró una variación positiva del 1 %. "Este indicador muestra una trayectoria positiva explicada por los niveles de inversión y el gasto de consumo privado".

En cambio, en la última década, la economía de Ecuador creció en promedio al 1,5 %, que es el mismo porcentaje al que crece la población. Es decir, sostiene este ritmo porque hay una mayor población que consume.

¿Cómo atraer más inversión?

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Para revertir ese escenario, Acosta Burneo considera que el país debe atraer más inversión privada, especialmente en los sectores petrolero y minero, con el fin de generar mayores ingresos que permitan impulsar nuevamente la inversión pública.

Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, coincide en que, ante las limitaciones fiscales del Estado, es necesario fortalecer mecanismos como las alianzas público-privadas para atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico. "El año anterior se invirtieron solo alrededor de $600 millones en obra pública", recuerda.

Las claves que debes saber

• Monika Silva llegó a Ecuador en 2014 y convirtió a Montañita en el centro de su vida.
• Desde 2020 denunció presunta corrupción en Santa Elena y creó la fundación La Integridad.
• Amigos revelan amenazas y desgaste antes de su muerte ocurrida el 8 de junio de 2026.

“Mi Monika amada... fuiste mucho para un país donde todo se consigue con corrupción”. La frase apareció en Facebook la noche del 8 de junio de 2026, pocos minutos después de que se conoció la muerte de Monika Silva Koniuszek. La escribió Ítalo Pincay, abogado y uno de sus amigos más cercanos en Ecuador. 

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No era un comunicado, tampoco una reflexión elaborada. Era el desahogo ‘en caliente’ de alguien que todavía intentaba entender lo ocurrido.

Casi un mes después, aún no asimila la pérdida. Había acompañado a Monika durante años, no solo en procesos legales, como el divorcio de su expareja, un brasileño del que conservó el apellido Silva, sino también en las causas sociales que marcaron la última etapa de su vida.

Pero antes de convertirse en una de las voces más incómodas para autoridades y políticos de la provincia de Santa Elena, existió otra Monika. Una que llegó a Ecuador y en cuyos planes no estaba quedarse para siempre.

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Una fractura que los unió

Año 2014. Ítalo trabajaba en el área administrativa del Hospital Liborio Panchana, en Santa Elena, cuando llegó una turista polaca con un tobillo fracturado, tras sufrir un accidente mientras recorría el famoso balneario de Montañita.

Intercambiaron algunas palabras, luego sus contactos en redes sociales y cada uno siguió su camino. Durante los años siguientes mantuvieron una amistad distante. Monika continuó viajando por distintos países, más tarde se casó y hacia 2017 decidió establecerse definitivamente en Montañita.

Nunca le explicó con mucho detalle por qué eligió quedarse. Simplemente se había enamorado de Ecuador. “Le encantó Montañita, su gente, la comida ecuatoriana. Le gustaba esa unión entre la playa y la vegetación”, recuerda Ítalo.

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La niña que recogía fresas

Aunque rara vez hablaba de sí misma, en algunas conversaciones le contó fragmentos de una infancia que estuvo lejos de ser sencilla. A su madre, quien era profesora, le tocó criar sola a Monika.

Desde pequeña la ayudaba trabajando en la recolección de fresas para aportar a la economía familiar. Creció sin la figura paterna. A pesar de esas dificultades, consiguió una beca para estudiar en Inglaterra por su rendimiento académico.

Ella amaba este país. Soñaba con un Ecuador donde la gente no se dejara vencer por la corrupción.Ítalo Pincay, amigo de Monika SIlva

Según le contó a Ítalo, cursó la universidad en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, donde se graduó en idiomas. Hablaba cinco lenguas con fluidez, una habilidad que después le permitió viajar y desenvolverse en distintos países antes de llegar a Ecuador.

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Cambio de rumbo

Para Ítalo, la Monika activista ‘nació’ recién en 2020. Durante la pandemia comenzó investigando presuntas irregularidades en contrataciones públicas del Municipio de Santa Elena. Él la orientó sobre cómo acceder a información pública y cuáles eran los límites legales al momento de hacer denuncias.

Pronto dejó de necesitar esa guía. Aprendió a revisar documentos, solicitar información oficial y contrastar datos antes de publicar cualquier acusación.

Las investigaciones sobre el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de Montañita marcaron el inicio de una actividad que ya no abandonaría. “Era muy investigadora. No se quedaba solo con la denuncia. Buscaba documentos y respuestas”. 

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La integridad

Con recursos propios viajaba constantemente entre Santa Elena, Guayaquil y Quito para asistir a audiencias, presentar documentos o impulsar las causas que defendía. “Nos enseñó a no quedarnos callados frente a las injusticias”, destaca Ítalo. Esa convicción también dio origen a la Fundación La Integridad (laintegridadec.org).

Aunque desde la pandemia ya gestionaba ayuda para familias vulnerables, en 2024 decidió formalizar la organización. Ítalo la acompañó en el proceso legal.

La fundación quedó integrada únicamente por ella. No quiso incorporar ni siquiera a sus amigos. Su explicación fue sencilla: no quería que nadie más terminara siendo perseguido por acompañarla.

La organización mantuvo el trabajo social que Monika realizaba, repartiendo alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, pero también nació con otro objetivo que para ella era irrenunciable: combatir la corrupción.

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“Estoy acorralada”

Ítalo admite que en los últimos meses la notó distinta. Conserva todavía un audio que prefiere no volver a escuchar. “Ítalo, estoy acorralada, estoy cansada”, le habría dicho la activista polaca.

Las múltiples demandas judiciales, las sanciones económicas y las amenazas habían comenzado a desgastarla. Años antes incluso tomó la decisión de sacar temporalmente a sus hijas de Ecuador, pues consideró que ya no estaban seguras.

Al principio atribuía esas intimidaciones a organizaciones criminales. Después comenzó a mencionar también a actores políticos.

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Aun así, nunca dejó de insistir en que Ecuador era el país donde quería vivir. “Ella amaba este país. Soñaba con un Ecuador donde la gente no se dejara vencer por la corrupción”, menciona.

Ítalo guarda una mezcla de admiración y culpa. Dice que Monika encontró en Ecuador el lugar donde decidió criar a sus hijas, construir una comunidad y dedicar buena parte de su vida. Por eso lamenta que, pese a las denuncias públicas sobre las amenazas que recibía, nunca haya sentido que el Estado pudo protegerla. “Puedo dar fe de lo brillante, capaz y comprometida que fue Monika”, concluye.

Lo que debes saber:

• En el Concejo de Quito se ponen sobre la mesa alianzas, que rigen desde 2023 pues en la papeleta de la RC- Amigo habrá aliados de ID y PK.
• Wilson Merino, edil, al igual que Pabel Muñoz, correrán por la alcaldía de Quito; mientras las pugnas aumentan en el Concejo.
• Ediles afirman que no actúan con cálculo político, pero de un lado y otro se evidencia deseo de visibilizarse más.

Si se tratara de una partida del tradicional juego de cuarenta, podría decirse que en el Concejo Metropolitano buena parte de las cartas ya están sobre la mesa. Las posiciones comienzan a definirse de cara a las elecciones del 29 de noviembre del 2026.

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El alcalde Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana (RC), busca la reelección. A la par, Wilson Merino, del movimiento Imparables, ha confirmado que también aspira al cargo. En el Concejo, varios ediles se preparan para intentar mantenerse en sus curules.

Los ‘camisetazos’ se han evidenciado desde mayo de 2023, en votaciones y en alineaciones a favor de la mayoría correísta. Pero ahora el mapa político es más claro. 

Adrián Ibarra, concejal y secretario de Pichincha de la RC, confirmó que los cinco ediles de esa organización buscarán la reelección. 

“Se suman los dos aliados que han venido trabajando con la misma visión de la administración”, respondió. Le preocupa que “se intensifiquen los ataques”.

Esperamos que no primen las pretensiones de protagonismo particular, sino el compromiso con la ciudad.Adrián Ibarra/ concejal de la RC, va por la reelección

Otros cambios también se dieron en el Concejo

Los cambios no se limitan a ese bloque. En la oposición también hay reacomodos. Michael Aulestia, electo por Ahora y CREO, se ha alineado con ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa.

Consultado, el exconcejal y dirigente de Ahora, Fabricio Villamar, comentó que “los concejales se han acostumbrado a usurpar espacios del ejecutivo (administraciones, gerencias, empresas, etc.) a cambio del voto”. 

Muñoz, recordó Villamar, solo tenía siete concejales y las minorías el resto (hay 20 curules, además del alcalde), pero “se hipotecaron apenas llegaron”. Remarcó que los concejales deben legislar y fiscalizar.

“Hay quienes van a la reelección después de haber hecho menos de dos ordenanzas en tres años. El alcalde es malo, pero el Concejo no es mejor”.

Villamar habló sobre su movimiento, Ahora. Anticipó que una línea roja es hacer alianzas con el correísmo, con sus actuales o antiguos candidatos o sus satélites. La fragmentación en la izquierda populista, considera, abre una alternativa al centro informado, si esta tendencia entiende la necesidad de juntar y no dividir.

“Hay concejales que apenas llegan se meten bajo la axila del gobernante y después vuelven a tratar de ser independientes. Hay que evitar que vuelvan”.

Socialistas dejaron de respaldar a Andrés Campaña y ahora es Imparable

Por su parte, Andrés Campaña, quien llegó por una alianza entre el Partido Socialista y SUMA, participará con Imparables. ¿Por qué no va por la reelección con la organización centenaria? Recuerda que ha mantenido distancia del correísmo en el Concejo, a partir de su labor de fiscalización.

Afirma que esa gestión derivó en informes remitidos a la Contraloría con indicios de responsabilidades administrativas y penales, en casos como la compra de trolebuses, camiones de basura y el intercambiador de Rumihurco. En ese contexto, considera inviable respaldar la reelección del alcalde, algo que probablemente apoyarán los socialistas.

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Añade que su postura responde a una línea política sostenida y a la lucha contra la corrupción. También cuestiona la falta de democracia interna en el Partido Socialista, que anunció como precandidato a Augusto Barrera y luego designó a Jorge Cueva, “quien no proviene del partido”, según dijo.

Wilson Merino dice por qué se alejó de la RC

Wilson Merino, a quien los correístas le gritan “camisetero y traidor” porque llegó en alianza con ellos pero se separó, dice que la política local debe dejar atrás el estigma y la deslegitimación del adversario, para avanzar hacia una práctica más moderada y profesional.

Indica que Imparables surge del activismo social. Defiende que la fiscalización debe entenderse como una herramienta técnica de alerta temprana frente a posibles irregularidades. Cita casos como la revisión de la compra de trolebuses, los procesos en Emaseo o decisiones municipales que, según dice, pudieron derivar en ilegalidades, pero fueron frenadas.

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Merino reitera que lo más fácil pudo ser acomodarse en la mayoría, pero su trabajo ha sido incomodar, investigar y transparentar información, incluso llevándola a otras instancias, ante la falta de respuestas. 

La mayoría de la RC y aliados ha bloqueado cualquier intento de cambiar el orden del día para tratar la emergencia del transporte, por ejemplo.

Lo más cómodo era quedarme en la mayoría, tener viajes, colegas... hasta novias tienen en el Municipio.Wilson Merino/ concejal y candidato a la alcaldía de Quito

Otros concejales comentan sobre su relación con la RC 

Otros concejales han estado muy cerca de la RC, aunque no quieren ser encasillados como aliados. Se trata de Diego Garrido, de Futuro (de Gustavo Larrea), quien preside la importante comisión de Movilidad.

 “Voto por la ciudad. En el Municipio no cabe la oposición política”, argumenta. Anticipa que en el Concejo se agudizarán las contradicciones porque cree que muchos prefieren el “show”. Eso en línea con lo que ha dicho el alcalde Muñoz, quien ha descalificado la fiscalización de Merino.

Por su parte, Estefanía Grunauer, quien en los últimos meses ha marcado distancia con la RC, menciona que “mi gestión nunca ha estado guiada por cálculos políticos ni por la coyuntura electoral. Respecto a las relaciones con otras bancadas, incluida la RC, nuestra posición seguirá siendo la misma: no actuamos en función de partidos, sino de los temas que benefician a Quito”. Va a la reelección por Pachakutik.

En compás de espera están dos concejales de SUMA, Sandra Hidalgo y Fidel Chamba. Su movimiento tendrá que buscar una alianza para que puedan terciar por la reelección. Él adelantó que seguirá fiscalizando vaya o no por la reelección.

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El contexto en el Concejo de la capital

En Quito hay 21 concejalías, además del alcalde. En 2023, el correísmo solo ganó siete sillas, incluida la de Pabel Muñoz.

Lo que debes saber

• La milonga reúne cada miércoles a vecinos de distintos sectores en la Plazoleta Ceibos.
• El encuentro busca fortalecer la convivencia y recuperar el espacio público a través de la cultura.
• Desde este 8 de julio habrá clases gratuitas para quienes deseen iniciarse en el tango.

La noche se posa sobre Guayaquil y la brisa acaricia las mejillas de quienes dejan atrás la rutina cotidiana y el trabajo. Mientras unos partidos de fútbol concentran la atención del mundo, para decenas de personas la verdadera cita de la noche comienza al ritmo del tango.

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La ciudad al compás del tango

Desde las 20:00, la Plazoleta Ceibos, ubicada en la avenida Primera y calle 14, en el noroeste de la urbe porteña, comienza a adquirir otro aire. Poco a poco llegan los asistentes, que entre sonrisas, abrazos y saludos se apropian del espacio para convertirlo en una pista de baile.

Son cerca de 70 personas. Algunos se sientan y dejan a un lado el calzado cotidiano para ponerse los zapatos de tango y, mientras se preparan al compás de la música, parecen trasladarse, por un instante, a Argentina.

Allí, guayaquileños y extranjeros llegan sin trajes de gala ni atuendos que delaten su destino; basta la música para reconocer que han acudido a la cita con un único propósito: milonguear. En cuestión de minutos, el espacio al final de la plazoleta, junto al restaurante El Rey de Choripán, deja de ser un rincón solitario, de paso y se transforma en una pista de baile que se desborda entre las mesas y sillas del local.

No todos llegan desde el mismo punto de la ciudad. Hay quienes vienen de Miraflores, otros de la ciudadela Ceibos Norte, algunos son de la misma ciudadela y otros cruzan la ciudad solo para regalarse unas horas de tango. Lo hacen porque, dicen, aquí las diferencias de edad, profesión o barrio se desvanecen cuando comienza la música y el único requisito para quedarse es aceptar seguir el compás.

Juliette Kronfle, de 24 años, asegura que la milonga le permitió construir una comunidad entre personas que antes no conocía. “Nos sentamos a conversar y el tango nos une; siempre tenemos de qué hablar”, cuenta, convencida de que estas noches son una oportunidad para desestresarse, conocer gente y fortalecer los lazos entre desconocidos.

El tango nos recuerda que la ciudad también se construye cuando los vecinos salen de sus casas, se encuentran y empiezan a reconocerse como parte de un mismo barrio.María Franco, asistente

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Una plaza que vuelve a encontrarse

Para Luis Enrique Zea, vecino de Miraflores, el cambio también se refleja en el paisaje citadino. Recuerda que, anteriormente, la plazoleta lucía vacía y silenciosa; ahora, en cambio, la encuentra llena de música, conversaciones y parejas que bailan. “La plaza estaba muerta y ahorita la veo viva”, expresa, mientras asegura que a Guayaquil le hacen falta más reuniones de barrio y espacios donde la ciudadanía vuelva a encontrarse.

Su esposa, Marisol de Zea, coincide. Para ella, estas iniciativas ayudan a reconstruir una confianza que, poco a poco, se ha ido perdiendo entre los vecinos. Cree que estas actividades culturales, al aire libre, crean comunidad y acercan a personas que, de otra manera, no habrían dialogado; por eso, manifiesta, la ciudad necesita más escenarios donde la música y el arte devuelvan vida a los espacios públicos.

María Franco, médica y vecina de Ceibos Norte, recorre varios kilómetros para llegar a la milonga. Para ella, el tango es una pausa en medio de la rutina, un lugar donde los problemas personales quedan afuera y la urbe parece reconciliarse consigo misma, al menos durante unas horas, el miedo ya no gobierna, sino la música.

El tango es la excusa; lo que buscamos es que la gente vuelva a encontrarse, porque en una ciudad con más cultura sus habitantes vuelven a ocupar los espacios públicos.Duval Barrezueta, profesor de tango

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Un paso para sumar más bailarines

Desde este miércoles 8 de julio, de 20:00 a 20:40, Duval Barrezueta ofrecerá clases gratuitas de tango antes de cada milonga. La propuesta busca atraer a quienes siempre han querido bailar, pero no se han animado porque creen que no saben hacerlo: “El tango es caminar”, expresa el instructor, convencido de que cualquiera puede aprender y de que estas clases permitirán sumar nuevos integrantes a la comunidad tanguera.

Para Eduardo Blusztein, dueño de El Rey del Choripán y uno de los impulsores de la milonga, el tango no solo ha revitalizado la plazoleta, sino también a los negocios del sector. Asegura que la actividad, nacida para atraer público los miércoles -uno de los días de menor movimiento para los restaurantes-, incrementó la afluencia de clientes y benefició a todos los establecimientos, al demostrar que un espacio público con vida también impulsa el comercio.

Además de dinamizar el sector, este tipo de iniciativas mejora la calidad de vida de quienes habitan en la zona, sostiene Fátima López, residente de la ciudadela Los Ceibos desde hace pocos meses. “Esto les hace falta a otros barrios de Guayaquil; ojalá podamos compartir más actividades culturales para romper las brechas que nos separan”.

El mejor paso que enseña el tango no está en la pista, sino fuera de ella: acercarse a alguien, conversar y descubrir que tenemos más en común de lo que creemos.Juliette Kronfle, bailarina

Lo que debes saber

• Las primarias de las elecciones seccionales de noviembre de 2026 quiebran la unidad de los partidos.
• Las pugnas por precandidaturas benefician directamente al correísmo y al oficialismo de ADN.
• Procesos judiciales y suspensiones externas distraen la democracia interna de los partidos.

El avance del calendario electoral deja secuelas en las organizaciones políticas, apuntalando una posible polarización de la votación en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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Así lo evidenció el más reciente hito del calendario electoral con los procesos de democracia interna (también llamados primarias), que generaron conflictos en más de un partido.

Organizaciones como el correísmo y Avanza tuvieron desencuentros por las precandidaturas; mientras que otras, como el movimiento RETO e Izquierda Democrática, ya venían arrastrando problemas.

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Estas pugnas, comenta la académica y experta en comunicación Caroline Ávila, parten del error de los partidos de reducir las primarias a un mero trámite y no asumirlas como un punto crítico del proceso electoral.

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Las precandidaturas, acota, exigen propuestas políticas, formación de bases, identificación de liderazgos, discusión programática y exposición pública de cuadros, procesos que deben iniciarse mucho antes del periodo formal.

Por ello señala que, aunque los roces y las disputas suelen ser parte de la dinámica partidista, la imposición de nombres puede generar este tipo de fracturas, que empeoran si terminan haciéndose públicas.

La polarización del voto en Ecuador: ADN y correísmo

Sin embargo, el analista político Alfredo Espinosa señala que las consecuencias pueden ser aún mayores y afectar al proceso electoral en general, con una mayor dispersión e incluso una mayor polarización del voto.

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De hecho, sostiene que el correísmo, auspiciado por el movimiento Amigo, y Acción Democrática Nacional (ADN) son las principales tendencias beneficiadas por las pugnas internas del resto de partidos.

Y es que a diferencia del resto de organizaciones políticas, que ponen en juego su estabilidad, el correísmo cuenta con una estructura orgánica vigente, mientras el oficialismo puede apostar por el “mercantilismo electoral”.

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No obstante, Ávila señala que incluso el correísmo y ADN serán puestos a prueba con el siguiente hito del calendario electoral: la definición de alianzas electorales, que podrían fortalecer o mermar su fuerza.

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En el caso del oficialismo, antes de las primarias la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que ADN no apostaría por alianzas en ninguna localidad del país para las próximas elecciones seccionales.

El correísmo, por otro lado, sí apostará por alianzas, impulsado principalmente por la suspensión de su movimiento y el auspicio temporal de Amigo y, en ciertas candidaturas, del Partido Socialista Ecuatoriano.

Crisis de los partidos políticos frente al calendario electoral

Aunque las pugnas internas de ciertos partidos puedan incidir en el panorama general, Ávila señala que esto termina por desnudar una dicotomía en los procesos de democracia interna del país. Mientras se exige que los partidos políticos se tomen en serio las primarias, también existen factores ajenos a lo electoral que no les permiten organizarse de la mejor manera y los mantienen distraídos.

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Ávila sostiene que la amenaza de cancelación a Unidad Popular y Construye (que finalmente fue cancelado), así como la suspensión de la Revolución Ciudadana por una investigación fiscal, son ejemplos de ello.

Las claves del caso

• La oferta de transporte urbano no ha crecido al ritmo de La Aurora, lo que obliga a miles de residentes a depender de vehículos particulares, taxis o autobuses intercantonales.
  
• Los habitantes denuncian la falta de rutas internas que conecten urbanizaciones como La Joya, Villa Club, La Rioja, Compostela, Málaga y Milán, dificultando la movilidad diaria.
  
• Los especialistas advierten que la escasez de transporte público incrementa el tráfico vehicular, ya que muchas familias no tienen otra alternativa que utilizar sus automóviles para desplazarse.

Transportarse de un punto a otro dentro de La Aurora continúa siendo una de las principales dificultades para millas de familias que residen en este sector del cantón Daule. Aunque la parroquia ha experimentado un crecimiento acelerado durante la última década, con decenas de nuevas urbanizaciones, centros comerciales y proyectos inmobiliarios, el sistema de transporte público no ha evolucionado al mismo ritmo, denuncian los residentes.

La falta de rutas urbanas suficientes, la escasa interconexión entre ciudadelas y la dependencia de vehículos particulares o taxis son algunas de las principales quejas de quienes viven en este importante polo residencial del Gran Guayaquil.

Durante varios recorridos realizados por EXPRESO en distintos puntos de La Aurora, se constató que las opciones de transporte público urbano siguen siendo limitadas frente al crecimiento poblacional registrado en la zona. Actualmente, las líneas que operan de manera regular dentro del sector son principalmente Los Lojas Trans y Gonzalito, mientras que otros autobuses que circulan por la avenida León Febres Cordero cumplen recorridos interparroquiales o intercantonales.

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Residentes denuncian falta de rutas para conectar las ciudadelas

Residentes de sectores como Villa Club, La Joya, La Rioja, Casa Laguna y otras ciudades ubicadas a lo largo del Vial 1 aseguran que prácticamente no existen mayores alternativas de transporte público para movilizarse internamente.

"Si quiero ir desde Villa Club hasta La Rioja, prácticamente tengo que pedir un taxi o usar mi carro. No existe una ruta urbana que conecte estos sectores", comenta Carlos Mancheno, residente de Villa Club.

Una opinión similar tiene Andrea Salazar, habitante de La Joya. "Muchas personas creen que porque vivimos cerca todo queda conectado, pero no es así. Hay sectores que están a pocos kilómetros y no existe ninguna línea que permita movilizarse entre ellos . Dependemos totalmente de taxis o aplicaciones".

Vía Salitre, la zona más afectada

Las dificultades de movilidad no solo se presentan en la zona central de La Aurora. Residentes de urbanizaciones ubicadas en la vía a Salitre aseguran que la situación es aún más complicada.

Ciudadelas como Compostela, Málaga 1, Málaga 2, Milán, La Gran Vittoria y otras han registrado un importante crecimiento habitacional en los últimos años. Sin embargo, los residentes insisten en que las alternativas de transporte siguen siendo escasas.

"Vivimos miles de personas aquí, pero prácticamente no tenemos autobuses urbanos. Si uno no tiene carro, la situación se vuelve muy complicada", señala Gabriela Ortega, residente en Compostela.

Mientras tanto, Luis Mendieta, quien vive en Málaga 2, manifiesta que la única opción que tienen es el uso de autobuses intercantonales, pero estos suelen circular completamente llenos.

"Muchas veces pasan llenos y no se detienen. Uno puede esperar bastante tiempo para conseguir espacio. La realidad es que no existe una solución de transporte pensada para quienes vivimos aquí", sostiene.

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Especialistas insisten en necesidad de más rutas

Especialistas en movilidad consultados por este Diario coinciden en que la falta de alternativas de transporte público termina generando como consecuencia directa que haya más vehículos particulares en las calles.

Según el experto en movilidad urbana Ricardo Torres, quien reside en La Aurora, la ausencia de rutas eficientes obliga a los ciudadanos a utilizar el automóvil como única opción viable.

Para el especialista, el crecimiento urbanístico de La Aurora exige una planificación de movilidad mucho más robusta. "El desarrollo inmobiliario ha avanzado más rápido que la oferta de transporte. Eso genera una dependencia excesiva del vehículo privado", añade.

Sin embargo, los usuarios consideran que esta alternativa representa un gasto significativo para sus economías. Por ejemplo, una carrera entre La Joya y una urbanización de la vía a Salitre puede costar entre cinco y siete dólares, pese a tratarse de un recorrido relativamente corto.

Más buses hay, pero en la avenida León Febres Cordero

En la avenida León Febres Cordero circulan algunas rutas como Panorama, provenientes de Samborondón, además de las líneas 63, 64, Salitreña y la línea 17, que conecta La Aurora con La Puntilla. No obstante, los residentes concuerdan en que estas rutas no resuelven la movilidad interna de las urbanizaciones.

“Sí hay autobuses, pero están pensados para salir del sector, no para conectarnos dentro de La Aurora”, explica Jorge Rivadeneira, residente de la ciudadela Santa María Casa Grande.

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"A veces uno espera media hora o más para que pase una unidad. No es un servicio eficiente para una zona que ha crecido tanto", menciona María Zambrano, habitante de Villa del Rey.

Mientras el crecimiento de La Aurora continúa acelerándose, los ciudadanos recalcan que la movilidad sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para una de las zonas residenciales con mayor expansión de la provincia del Guayas.

Lo que debes saber:

• Hasta el 18 de julio, partidos en Ecuador podrán registrar alianzas para alcaldías en Quito y Guayaquil.
• Reforma electoral 2025 desincentiva alianzas y eleva riesgo de desaparición de partidos pequeños, dicen dirigentes.
• Algunos dirigentes señalan que apostarán por alianzas con organizaciones grandes para sobrevivir, aunque saben que hay riesgos, por ejemplo los socialistas y Futuro.

Hasta el sábado 18 de julio del 2026, las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas. En la carrera por la alcaldía, Quito suma una docena de precandidatos, mientras Guayaquil tiene nueve. Eso anticipa una papeleta abultada, pese a que menos de cinco son figuras conocidas o del semillero. Dirigentes coinciden en que la reforma a la Ley Electoral desincentiva procesos de unidad.

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Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, sostiene que no pondrán en riesgo la existencia de una organización centenaria. “En términos pragmáticos estamos obligados a hacer alianzas. El riesgo de ir solos es mayor bajo las nuevas condiciones”, apunta.

A su juicio, el mapa político lo dominan dos fuerzas hegemónicas: la Revolución Ciudadana (RC) y ADN, y una tercera con base relevante, Pachakutik (PK). 

Para estas tres, explica, la lógica es distinta; pero para el resto, las alianzas son casi obligatorias para sobrevivir con las nuevas reglas tras la reforma al Código de la Democracia, que aprobaron correístas y ADN, el movimiento de Daniel Noboa.

Vallejo detalla que cumplir los requisitos legales (como alcanzar el 5% de la votación nacional, obtener 19 alcaldías o 25 concejales) resulta más riesgoso en solitario. Admite que las alianzas exigen un cálculo muy fino. Ellos no han dejado de hablar con la RC.

Habrá pactos tipo fanesca, dice la ID

Otra es la mirada de la Izquierda Democrática. Su vocero, Elvis Herrera, cree que en la práctica, las alianzas pueden ser poco convenientes para su supervivencia. 

“Los votos y las autoridades se fraccionan entre las organizaciones. Si necesito 18 alcaldías para sostenerme y voy en alianza con dos partidos, en realidad tendría que alcanzar 36, para que cada uno sume 18”, explica. Pese a ello, prevé pactos “tipo fanesca”, más pragmáticos que ideológicos.

Para Eustorgio Tandazo, de Centro Democrático, antes debería hacerse una revisión del sistema de organizaciones políticas. “Hay casos como SUMA o la Izquierda Democrática, que a última hora no pueden participar porque no cumplen la normativa, no están al día o no realizan las tareas que les corresponden”.

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Insiste en que el problema no es solo la cantidad de candidaturas, sino la necesidad de impulsar una reforma integral que fortalezca (y no reduzca) el sistema. Cuestiona la obligatoriedad de incluir jóvenes en las listas, lo que, en algunos casos, “termina llevando a candidaturas de (aspirantes de) 26 años sin experiencia para una alcaldía”.

Por su parte, Gustavo Larrea, del movimiento Futuro, prevé que en Quito la papeleta será menos extensa que en procesos anteriores. Dice que la reforma legal limita las alianzas, aunque no las vuelve inviables. “Intentaremos concretar acuerdos en todo Ecuador”.

Más allá de las restricciones normativas, dice, es necesario construir “acuerdos amplios” que eviten la dispersión del voto. “En Los Ríos hemos avanzado en alianzas y dialogamos en Azuay para concretar un acuerdo amplio para alcaldías y prefecturas. También trabajamos en Guayas y Pichincha”.

La opinión del analista Santiago Cahuasquí

Para el analista político Santiago Cahuasquí, la reforma de 2025 al artículo 327 del Código de la Democracia eliminó los incentivos de alianzas. 

Al dividir la representación obtenida entre las organizaciones aliadas, para efectos de cancelación de una organización política, “no solo se desincentivan sino que pueden poner en serio riesgo la supervivencia de partidos”. 

En consecuencia, es más probable que prefieran competir solas, lo que deriva en una fragmentación, ya existente en el nivel subnacional, dice Cahuasquí.

"Mientras a nivel nacional hay polarización estructural de la representación política, a nivel subnacional tenemos una fragmentación de la representación".

El PSC busca alianzas para "proyectos ganadores"

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Alfredo Serrano, líder del Partido Social Cristiano, repite que “la reforma desestimuló las alianzas”. En este contexto, ¿solo funciona aliarse a ‘grandes’? “Estamos buscando alianzas para proyectos ganadores, pero eso de ‘grandes’ es relativo. (El partido de) Noboa es grande, pero no necesariamente tiene buenos candidatos. Y el correísmo también enfrentará dificultades (no tiene casillero propio)”, apunta.

Para Serrano, en lo local el peso recaerá en las candidaturas más que en las estructuras partidarias. En ese contexto, considera que las alianzas pueden ser más viables en candidaturas como alcaldías, mientras que el cálculo electoral (que se mide por la votación de concejalías y no de alcaldías) introduce distorsiones.

ADN no va con alianzas

El presidente Daniel Noboa ha dicho que su movimiento, ADN, correrá solo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

El Municipio de Cuenca vive cambios internos: la salida de personal cercano al alcalde suspendido y las reuniones de Marisol Peñaloza con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa abren interrogantes. ¿Cómo queda su relación con Cristian Zamora?

Siempre habrá respeto y cordialidad para el doctor Zamora respecto a la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión. Mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores. Al doctor Zamora le envío un abrazo y toda mi consideración. Esta es una subrogación temporal y haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada. Sobre la salida de personal de su confianza, las únicas personas que fueron desvinculadas son dos (asesores), que al inicio de mi gestión no estaban presentes. El resto ha presentado su renuncia por cuenta propia y eso se respeta. No tengo una cifra exacta de cuántas personas se han ido.

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La inseguridad es un aspecto que preocupa a la ciudad. En este tema, ¿cuáles serán sus prioridades y cómo se articulará el trabajo?

La seguridad debe ser la bandera de todos los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Me reuní con el gobernador, concejales y asambleístas para buscar soluciones conjuntas. Una de ellas es impulsar la ordenanza de dos personas en moto que no ha podido superar el primer debate desde hace dos años. Para esto, cada martes mantenemos talleres con las entidades competentes y hoy tendremos los informes estadísticos, jurídicos y técnicos para construir una propuesta actualizada de esa ordenanza. El plan de seguridad también lo revisaremos. He solicitado al director del Consejo de Seguridad Ciudadana un informe sobre el plan vigente, que tiene validez hasta el 2030. No significa que no exista un plan, sino que debemos revisarlo porque las realidades han cambiado.

Hay cuestionamientos desde el Gobierno sobre el uso de la Tasa de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasará con este presupuesto que supera los 7 millones de dólares?

Somos respetuosos de la política pública del cantón. La tasa de seguridad ciudadana responde a lo que la ciudadanía prioriza en las asambleas parroquiales. Allí nos solicitan cámaras, alarmas comunitarias, botones de pánico y capacitaciones. Por eso destinamos recursos a esos proyectos. Lo que ha existido es una falta de coordinación que debemos corregir. El Municipio y el Consejo de Seguridad Ciudadana deben coordinar con el ECU 911 para evitar duplicar esfuerzos y ofrecer mejores resultados. Estoy segura de que trabajando en conjunto podremos brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

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Está en marcha el proyecto de la nueva terminal sur, pero la zona está afectada por el colapso vial que representa el ingreso sur de Cuenca. ¿Este tema está dentro de sus prioridades?

Hemos escuchado denuncias y reclamos de la ciudadanía y en esta línea nos hemos reunido con técnicos de la entidad competente y dispuse a todo nuestro equipo del Municipio de Cuenca a ser articulador y ejecutar acciones en conjunto en beneficio de la gente. La siguiente semana tengo una reunión con moradores, quienes solicitaron un espacio porque sienten que les falta información y todavía tienen dudas. Es un legítimo derecho. Me reuniré con ellos. Y también están las puertas abiertas con los ministros encargados y los delegados del Estado para coordinar acciones conjuntas sobre el acceso sur. Tenemos las puertas abiertas para buscar soluciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Espero que haya buenos resultados y también que la ciudadanía entienda el proceso.

La semana pasada se anunció un posible acuerdo con el Estado para la operación de los hospitales municipales. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio?

Los hospitales municipales seguirán siendo de la ciudad. Hay que entender que el Hospital Municipal del Niño y la Mujer -el primero que se construyó en administraciones anteriores- funciona con un convenio que nos da la potestad para desarrollar más hospitales. Debemos ser muy respetuosos con el ente competente que debe firmar la autorización correspondiente. Pensar en que ellos (Ministerio de Salud Pública) los administren es imposible. Solo se trata de una autorización que debe otorgar el ministerio y para esto son las gestiones que realizamos. Los hospitales son del cantón Cuenca y cuentan con un modelo de gestión propio y han venido dando la atención necesaria para sus usuarios.

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¿Cómo interpreta el interés actual del Gobierno en los hospitales municipales, cuando antes fueron criticados?

Existieron recomendaciones por parte de las autoridades provinciales, especialmente de los asambleístas, quienes ejercen labores de fiscalización. Ellos señalaron que debía cumplirse con las recomendaciones de Contraloría y que el Ministerio de Salud Pública era quien debía emitir la certificación. Sin embargo, contamos con documentos del propio Ministerio que indican que, con base en el convenio preexistente, también se puede avanzar en la operación de los otros. Seremos respetuosos de las recomendaciones, las revisaremos, analizaremos y, si es necesario, las acogeremos; caso contrario, seguiremos con los procesos respectivos.

¿Cuáles serán las ordenanzas que tendrán prioridad en estos seis meses que durará su gestión?

La agenda legislativa contempla acelerar los procesos pendientes para sacar las ordenanzas de dos personas en moto, inquilinato, biodiversidad, patentes, mercados y otras más. Cada jueves tenemos sesiones del Concejo Cantonal y, si es necesario realizar dos sesiones por semana, lo haremos.

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¿Cómo enfocará el desarrollo turístico mientras usted esté al frente de la ciudad?

Las obras, proyectos y actividades deberán continuar. Cuenca no puede detenerse. La reactivación económica es importante, pero debe hacerse de manera organizada. También nos preocupa la reducción presupuestaria derivada de la reforma al Cootad. Por eso hemos decidido que el Municipio ya no financiará conciertos internacionales. Son eventos importantes, pero esos recursos deben destinarse a obras. Más bien invitamos a la empresa privada a asumir ese tipo de eventos. El Municipio brindará todo el apoyo necesario. No significa que desaparezcan los conciertos internacionales, sino que deberán contar con financiamiento privado. Además, trabajaremos junto a empresarios, medios de comunicación, cámaras de turismo y otros actores para construir una hoja de ruta que fortalezca la reactivación económica y un turismo más organizado.

Lo que debes saber

• El proyecto de ordenanza plantea subir el pasaje a 40 centavos y entregar $20 millones en compensaciones a los transportistas
• La Comisión de Movilidad procesa las observaciones de los concejales y quienes han participado en la silla vacía 
• Transportistas cuestionan la tarifa técnica planteada por el Municipio y piden cambiar el modelo de pago por pasajero hacia uno por servicio

El informe para el primer debate del proyecto de ordenanza que plantea el incremento del pasaje del transporte público en Quito y un esquema de compensaciones económicas para los operadores estará listo en un plazo de ocho días, según el presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Diego Garrido. 

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El edil aseguró que por ahora se están recogiendo las observaciones realizadas por concejales y representantes de la ciudadanía que participan mediante la figura de silla vacía.

La propuesta, presentada por el alcalde Pabel Muñoz, contempla elevar la tarifa del transporte urbano de 35 a 40 centavos desde enero de 2027 y establecer un fondo de compensación de más de $20 millones para los transportistas, equivalente a alrededor de $1.000 mensuales por unidad durante ocho meses.

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Garrido explicó que la Comisión ha desarrollado cuatro mesas de trabajo y prevé realizar al menos dos adicionales antes de concluir el informe. “Estamos cerca de tener el informe para primer debate de la ordenanza. En ocho días estará listo”, señaló a EXPRESO.

Cuestionamientos por la tarifa técnica

El proceso de debate ha estado marcado por cuestionamientos sobre la metodología utilizada para establecer la tarifa de 40 centavos y las condiciones bajo las cuales se entregarán los recursos a los operadores.

En la penúltima mesa de trabajo, los concejales Cristina López y Ángel Vega solicitaron a la Secretaría de Movilidad remitir la información técnica que respalda el proyecto.

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, defendió el modelo empleado para establecer la tarifa técnica. Explicó que se trata de la metodología aprobada en la Ordenanza 017-2020, la cual incorpora todos los costos de operación del sistema, entre ellos personal, mantenimiento, combustible, salarios, tecnología, recaudo e ingresos, además del promedio diario de pasajeros transportados por cada unidad.

Sin embargo, desde el sector transportista surgieron reparos. Édison Yánez, quien intervino en la silla vacía como suplente de Danilo Sarmiento, sostuvo que varios de los parámetros utilizados no reflejan la realidad operativa del sistema.

Según explicó, el informe técnico de 2026 calcula la tarifa a partir del costo de operación dividido por el número de pasajeros, pero algunos componentes presentan inconsistencias. 

Como ejemplo mencionó que el estudio considera una demanda de 787,43 pasajeros por unidad, mientras que el Plan de Movilidad registra poco más de 600 usuarios. Asimismo, indicó que aunque se estima una operación con 2,3 conductores por unidad, la corrida financiera únicamente reconoce el salario y afiliación de 1,2 conductores, lo que, a su criterio, deriva en precarización laboral.

¿Qué pasa con el modelo de gestión?

Yánez también cuestionó el esquema de subsidios planteado por el Municipio. Dijo que si la tarifa técnica realmente fuera de 40 centavos, no sería necesario destinar cerca de $65 millones anuales para subsidiar a la Empresa de Pasajeros, que opera el Trole y Ecovía, pues ese valor de pasaje cubriría los costos del sistema.

Para Yánez, el proyecto no resuelve el problema estructural del transporte, ya que mantiene el modelo de pago por pasajero en lugar de migrar hacia un sistema de pago por servicio.

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La propuesta de los transportistas

Precisamente, esa es una de las principales propuestas de los operadores privados, quienes plantean replicar en el transporte de superficie el esquema de prestación de servicio utilizado por el metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y eliminar la competencia entre unidades por captar pasajeros.

Otro de los cuestionamientos provino de la concejala Joselyn Mayorga, quien señaló que si bien el incremento del precio del diésel ha impactado en los costos de operación, no se justifican las deficiencias del servicio. 

A su criterio, antes de aprobar un aumento del pasaje y entregar compensaciones económicas es indispensable garantizar el cumplimiento de indicadores de calidad que beneficien directamente a los usuarios.

De su parte, Rocío Bastidas, participante de la silla vacía, coincide con Yánez en que el principal problema del sistema radica en el actual modelo de gestión, basado en el pago por pasajero y por ruta, lo que genera competencia desleal entre conductores y una distribución desigual de la demanda. 

Aseguró, por ejemplo, que existen recorridos saturados y otros con escaso número de pasajeros, debido a la falta de planificación técnica en el diseño de rutas.

Pedido de una tarifa universitaria

Durante las mesas de trabajo también participaron estudiantes universitarios, quienes propusieron la creación de un pasaje diferenciado para alumnos matriculados en instituciones de educación superior del Distrito Metropolitano. 

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Melina Zurita argumentó que el sistema actual excluye a un amplio sector de jóvenes que dependen del transporte público para asistir a clases. Según las cifras expuestas, hasta 2024 existían aproximadamente 223.294 alumnos universitarios en Quito, de los cuales el 84,8% utiliza el transporte público como principal medio de movilización.

De cara al primer debate, Garrido aseguró que uno de los consensos alcanzados en las mesas de trabajo apunta a que cualquier incremento tarifario y la entrega de compensaciones estén condicionados al cumplimiento previo de metas verificables en la calidad del servicio. “El sector del transporte tiene una deuda, que es mejorar las condiciones del servicio”, concluyó.

LO QUE SE DEBE SABER

• El BCE reportó $431,5 millones de IED en el primer trimestre de 2026, un récord, pero el 57% corresponde a ganancias reinvertidas por empresas que ya operan en el país, no a capital nuevo llegado del exterior.
  
• Un impuesto de agosto de 2025 gravó las ganancias no repartidas, lo que empujó a las empresas a capitalizar esos recursos. Ese movimiento contable se registró como inversión extranjera aunque no entraron divisas nuevas.
  
• La minería recibió apenas $23,3 millones pese a proyecciones oficiales de $1.500 millones para el año. La tasa minera frenó decisiones de inversión por $7.000 millones, según el exministro Legarda.
  

El Banco Central del Ecuador (BCE) anunció esta semana un récord: $431,5 millones de inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2026, un 85,7% más que en el mismo período de 2025 y el mayor flujo para un arranque de año en más de una década. Triplica al de 2024.

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Pero al abrir la composición, la cifra se desdibuja. No se trata de nuevos capitales que cruzan la frontera, sino en su mayoría de dinero que ya estaba aquí y que, por efecto de una reforma tributaria, cambió de casillero contable.

¿Qué hay detrás de la cifra?

El propio boletín oficial del BCE lo desliza sin darle peso. De los $431,5 millones, la inversión se desglosa así:

• $246,7 millones (57%) en utilidades reinvertidas de empresas ya instaladas.

• $138,8 millones (32%) en acciones y participaciones de capital, con movimientos contables como capitalización de reservas y compensación de créditos.

• $46 millones (11%) en otro capital, por préstamos entre casas matrices y filiales locales.

Capitalizar reservas significa trasladar dinero de una cuenta patrimonial a otra dentro del mismo balance. Compensar créditos implica convertir deuda con la casa matriz en acciones. En ambos casos el patrimonio crece en el registro, pero no entra dinero nuevo al país.

En las notas de su base de datos, el BCE admite que "estas transacciones no implican necesariamente un ingreso de divisas al país".

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¿Por qué creció la inversión?

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior e Inversiones, explicó que el comportamiento tiene una causa precisa: el impuesto a las utilidades no distribuidas, introducido en agosto de 2025. 

La norma creó un gravamen sobre las ganancias acumuladas que las empresas mantenían en sus balances sin repartir a los accionistas, lo que las empujó a capitalizar esos recursos para evitar el cobro.

"A partir de esa fecha empiezas a ver que los registros de inversión societaria crecen bastante y crecen por reinversión", dijo. Según datos públicos de la Superintendencia de Compañías, precisó, el 96% del incremento se explica por ese rubro.

El analista económico Alberto Acosta coincidió: "Eso se reportó como inversión extranjera, pero no es ingreso de capital nuevo fresco, sino reinversión de capital producido localmente", explicó.

Acosta aclaró que la reinversión no es en sí una mala señal: demuestra que quienes ya operan en el país confían en sus negocios. "Lo que sí necesitamos es eliminar las barreras para que vengan mucho más inversionistas, no contentarnos solo con quienes ya están", agregó.

José Orellana, consultor con experiencia en McKinsey & Company, agregó una lectura desde la banca de inversión. 

Las multinacionales, en un entorno dolarizado con crédito caro por un riesgo país aún elevado, prefieren financiar su inversión con flujo de caja local.

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"Esto demuestra que las operaciones en Ecuador son rentables, pero debe leerse como eficiencia del capital existente, no como una apuesta de un nuevo inversionista que cruza la frontera", advirtió.

Orellana también desmontó el dato geográfico: los $105,1 millones desde Singapur corresponden a la compra de concesiones mineras de la estatal chilena Codelco. "Es optimización de portafolio, no creación de nueva infraestructura", precisó.

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¿Qué dicen los datos trimestrales?

La serie del BCE confirma el punto de quiebre. En el primer y segundo trimestre de 2025, la IED fue de $232 millones y $112 millones. 

En el tercero, tras la reforma, saltó a $566 millones. En el primer trimestre de 2024 apenas fue de $111 millones.

Las utilidades reinvertidas pasaron de $87 millones a $321 millones en ese lapso. El patrón se sostuvo en el cuarto trimestre ($439 millones) y en el primero de 2026.

¿Dónde se concentra el flujo?

Mientras el dato agregado sube, la inversión en sectores transformadores se contrae. 

La minería apenas recibió $23,3 millones en el primer trimestre de 2026. Legarda explicó que la tasa minera, un cobro anticipado del sector, desactivó un portafolio de $7.000 millones.

"Eso se desdibujó y al menos se retrasaron las inversiones", dijo. El flujo se concentró en comercio ($149,4 millones), agricultura ($101,8 millones) y manufactura ($90,7 millones), sectores donde, según Orellana, predomina la "expansión defensiva y tecnificación de incumbentes".

¿Qué frena al capital privado?

Acosta apuntó al problema de fondo: "No es que el inversionista no quiere venir, es que no permitimos que venga", afirmó. La Constitución de 2008 reservó los sectores estratégicos al Estado: solo por excepción se permite inversión mixta, y solo si esta falla, privada.

"No existe un mercado eléctrico mayorista, los precios son políticos", dijo. Eso significa que el precio de la electricidad no responde a la oferta y la demanda, sino a decisiones del Gobierno. 

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Da lo mismo que sobre o falte energía: la tarifa no cambia, y sin esa señal un inversionista no puede calcular rentabilidad.

Acosta comparó con Colombia, donde una empresa italiana anunció $2.000 millones en generación eléctrica. Las dos reformas eléctricas aprobadas desde los apagones de 2024, aseguró, fueron "cosméticas".

Legarda matizó que hay señales macro positivas: el riesgo país ha bajado a mínimos de doce años, la inflación es menor y eso abarata el crédito. También destacó sectores con dinámica propia, como el camaronero, que por su fortaleza exportadora arrastra inversión en balanceados y logística.

Pero advirtió que falta un plan productivo articulado. "Si le preguntas a cualquier empresario cuál es el plan de inversión productiva del Gobierno, pocos van a darte una respuesta. Se conocen los objetivos fiscales, pero no los productivos", afirmó.

El informe anual de la Cepal aporta contexto regional: Ecuador creció 191% en IED durante 2025, pero la reinversión de utilidades aumentó un 230% y el 71% del flujo se dirigió al sector servicios. En Perú, el 94% de la IED de 2025 también fue reinversión, aunque en Ecuador el efecto contable y tributario es aún más pronunciado.

Orellana aclaró que el dato es correcto en términos metodológicos —el BCE aplica los estándares del Manual de Balanza de Pagos—, pero advirtió que celebrar el titular sin auditar la composición es "una oportunidad perdida".

Para Acosta, el fondo del problema sigue intacto: "Hemos creado un modelo pensado para que la inversión no venga, y el modelo ha sido muy eficiente", dijo.

Las claves del caso 

• 82 cantones de Ecuador registraron más homicidios entre enero y mayo de 2026 por expansión del crimen organizado.
• La Policía investiga quién atacó al competidor de BLN y cuál fue el móvil. 
• Josselin Jiménez compartió su último mensaje con Erick antes del crimen.

El fenómeno de la violencia homicida en Ecuador está cambiando de mapa. Aunque las cifras nacionales muestran una reducción frente al año pasado, ese descenso no significa que el crimen organizado haya perdido fuerza. 

Por el contrario, los datos oficiales revelan que la violencia se ha desplazado hacia nuevos territorios: entre enero y mayo de 2026, un total de 82 cantones registraron más muertes violentas que en el mismo período de 2025, lo que evidencia una expansión geográfica de las estructuras criminales. 

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el país pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado convierte a 2026 en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del Ecuador, solo por detrás del récord alcanzado en 2025.

Reducción de homicidios oculta nuevos focos de violencia

La aparente mejora se concentra principalmente en los grandes focos históricos de violencia. Guayaquil redujo los asesinatos de 1.308 a 944 casos, equivalente a una caída del 27,8%. 

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Durán pasó de 319 a 156 homicidios, una reducción del 51%. Portoviejo disminuyó de 149 a 80 casos y Babahoyo de 132 a 70. Estos descensos permitieron aliviar el balance nacional, pero, al mismo tiempo, ocultaron el crecimiento de la violencia en decenas de cantones que anteriormente no figuraban entre los principales escenarios del crimen organizado. 

Según el análisis de las bases oficiales, mientras 51 cantones registraron reducciones y otros 44 no reportaron homicidios durante el período analizado, 82 experimentaron incrementos. 

Este patrón coincide con las advertencias formuladas desde hace varios meses por autoridades y especialistas sobre la movilidad de las organizaciones criminales frente a la presión estatal en las zonas tradicionales del narcotráfico.

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Crimen organizado y bandas criminales expanden su presencia

Los incrementos no responden únicamente a un aumento espontáneo de la delincuencia común. 

Diversos analistas sostienen que detrás existe una reconfiguración territorial de las bandas criminales que buscan controlar nuevas rutas para el tráfico de drogas, la minería ilegal, las extorsiones y otras economías ilícitas.

El experto en seguridad Gabriel Lozano sostiene que el crimen organizado posee una enorme capacidad de adaptación y que, cuando el Estado concentra recursos en determinados territorios, las organizaciones simplemente trasladan parte de sus operaciones hacia zonas menos vigiladas. Para el académico, la violencia “no desaparece, sino que cambia de lugar”, un fenómeno observado también en otros países de América Latina.

Narcotráfico y control territorial impulsan la violencia

Por su parte, el analista en seguridad Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, explica que los episodios de violencia múltiple suelen responder a disputas por el control territorial, reacomodos entre estructuras criminales o fracturas internas. 

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“En ese escenario, la presión estatal puede fragmentar a los grupos, pero no necesariamente desarticularlos. La consecuencia es una mutación de la violencia: disminuyen ciertos asesinatos focalizados, pero continúan eventos de alto impacto, como matanzas múltiples en espacios públicos o ataques selectivos con alto nivel de brutalidad, que funcionan como mensajes de poder, represalia o intimidación”, sostiene.

Una fuente militar detalla que en la provincia operan grupos delincuenciales con actividad diaria, especialmente en los cantones Babahoyo, Quevedo, Mocache, Vinces, Ventanas y Quinsaloma.

“La provincia tiene 13 cantones y estos son los que tienen mayor preponderancia de la actividad delincuencial”, señala el oficial. Añade que existe una lucha de poder entre las bandas Los Lobos, Los Choneros y R7, conflicto que ha generado un incremento de la violencia.

El impacto del narcotráfico y las estrategias del Gobierno

El oficial afirma que se ejecutan operaciones para contener el accionar delictivo, reducirlo y garantizar la seguridad. Sin embargo, subraya que “la columna vertebral del problema es el narcotráfico”, principal fuente de ingresos de los grupos delincuenciales, junto con las extorsiones y otros delitos conexos, como secuestros y robos.

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Una lectura similar plantea el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que desde 2023 viene advirtiendo que el análisis de los homicidios debe realizarse tanto a partir de cifras absolutas como de tasas poblacionales. 

El informe del OECO recuerda que Ecuador experimentó un incremento superior al 528% en homicidios respecto de 2019 y que las organizaciones criminales han ampliado progresivamente su presencia hacia territorios anteriormente considerados de bajo riesgo. 

Además, ocho de cada diez asesinatos son cometidos con armas de fuego, un indicador que refleja el carácter organizado de buena parte de estos delitos.

El Gobierno también implementó el toque de queda en dos ocasiones como parte de su estrategia de seguridad. El experto en seguridad Daniel Pontón reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70% en los homicidios durante las horas restringidas.

Homicidios siguen entre los más altos de la historia reciente

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impidió una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas. 

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Pontón plantea que el Gobierno pudo haber medido el éxito del toque de queda con base en indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

La distribución territorial confirma esa tendencia. Los 3.485 homicidios registrados entre enero y mayo ocurrieron en 138 cantones, es decir, en más del 62% del territorio cantonal ecuatoriano. 

El promedio nacional continúa siendo de aproximadamente 23 asesinatos diarios. A ello se suma el impacto sobre la población más joven. Ecuador registró 148 homicidios de adolescentes únicamente durante el primer trimestre de 2026.

Lo que debes saber

• Roberto Luque nombró funcionarios clave durante la emergencia eléctrica de 2024 que aprobaron contratos millonarios.
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• Documentos vinculan a Karla Saud con familiares y funcionarios de Celec y Electroguayas entre 2022 y 2026.
  ​
• La investigación revela cómo una red de contactos coincidió con contrataciones en el sector eléctrico estatal.

El ministro Roberto Luque y la lobista de Progen, Karla Saud, están relacionados a través de una compleja red de vínculos personales y laborales que durante años se ha tejido en el sector eléctrico estatal.

La historia comienza el 16 de abril de 2024, cuando Luque asumió el cargo de ministro de Energía encargado. Apenas ocho días después, nombró a José Manuel de Oliveira Allú como coordinador jurídico del Ministerio. 

Esta designación resultó crucial, ya que todas las empresas eléctricas del país, entre ellas CNEL, Celec y la Empresa Eléctrica Regional del Sur, recibieron la disposición de Luque de esperar la aprobación de Oliveira para todos los contratos de la emergencia eléctrica de 2024, que en conjunto sumaron más de 400 millones de dólares.

Ese nexo familiar entre Saud y Álex Dueñas fue el que construyó esa trama de corrupción.José Julio Neira, Secretario de la Administración

Como coordinador jurídico del Ministerio, De Oliveira sumilló la hoja de vida de Manuel Barberán Cedeño para facilitar su contratación. El 5 de junio de 2024, Barberán Cedeño asumió la Gerencia de Electroguayas y, bajo su gestión, se firmó el contrato con Austral Technical Management (ATM), que, al igual que Progen, dos años después, no ha cumplido con proveer la generación eléctrica pactada, pese a haber recibido el 70 % del valor del contrato.

Karla Saud y sus contactos en Celec y Electroguayas

Los relación entre Saud y Luque incluyen hechos ya conocidos: la invitación a La Florida para conocer las instalaciones de Progen y reunirse con John B. Manning; y las comunicaciones directas para presentar sus propuestas. Sin embargo, el Ministro nunca ha explicado cómo ella logró destacar en medio de decenas de oferentes y contratistas.

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A esta influencia se suman sus contactos en Electroguayas, que no solo fueron profesionales, sino que también involucra transferencias de activos que levantan sospechas de posibles conflictos de interés. 

El 8 de enero de 2026, Cristopher Barberán Torres, hijo del ya exgerente de Electroguayas, Manuel Barberán, recibió el 50 % de la constructora Marvellous S.A., propiedad de Karla Saud. Esta cesión de acciones vincula directamente a la familia del funcionario puesto por De Oliveira con la lobista.

Las conexiones continúan con la designación del medio hermano de Saud, Álex Dueñas Calero, como subgerente en Electroguayas el 8 agosto de 2024, cuando el ministro era Antonio Gonçalves.

Barberán ordenó la contratación de Dueñas a través del memorando CELEC-EP-EGU-2024-7892-MEM. Sin embargo, a los pocos días fue desvinculado, según los documentos.

Julio José Neira revela la trama de contactos en Celec y CNEL

Que el hermano de Karla Saud ingresara a Celec justo en medio de las contrataciones emergentes no solo es un dato nuevo, sino que Julio José Neira, secretario de la Administración Pública, no lo ha revelado. 

Esto pese a que publicó un video en el que, según él, había rastreado esta red de contactos. Simplemente se ha limitado a explicar que los vínculos de Saud fueron los que permitieron el millonario fraude y que sus integrantes han operado desde 2016 en CNEL y Celec.

“El nexo más importante fue entre Karla Saud Calero y Álex Dueñas Calero. Él trabajó como asesor de Celec (en 2022) y ese nexo familiar fue el que construyó toda esa trama de corrupción para que estos contratos se den”, afirmó Neira el 18 de mayo, en Teleamazonas.

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Álex Dueñas Calero y las conexiones con Celec desde 2022

Para su contratación en 2024, Dueñas incluyó en su hoja de vida como referencia personal a Nicolás Andrade, quien fue gerente de Celec entre junio y diciembre de 2022. Así consta en el documento al que tuvo acceso EXPRESO.

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Su amigo, Nicolás Andrade, salió de Celec al perder la confianza del Gobierno, pues pretendía declarar una emergencia para Coca Codo Sinclair y firmar contratos millonarios.

Uno de los asesores de Andrade en 2022 fue Dueñas Calero, pero otro miembro de su equipo fue José Alberto Zambrano Solórzano, quien el pasado 4 de abril fue nombrado asesor de Roberto Luque en el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

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Los asesores que mantienen conexiones en el Gobierno

Nicolás Andrade también tuvo como asesor a Juan Francisco Palacios Bustamante, cuya esposa es Verónica Paulina Bravo Ochoa, subsecretaria de Obras Públicas, con quien Luque trabajó entre 2023 y 2025.

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Si bien todos los nombres de asesores y colaboradores no son una evidencia de un acto ilícito, sí muestran un entorno de conexiones personales dentro del aparato estatal que se ha mantenido en cargos estratégicos.

Entre los exasesores de Nicolás Andrade también figura Jorge Quintero Rodríguez, el recientemente posesionado viceministro de Seguridad Ciudadana. Poco antes de este alto cargo, en enero pasado, Quintero fue nombrado por el Ministerio que preside Luque como director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Lo que debes saber

• Cantón Borbón reaviva propuesta para crear el cantón Tumbaco en Quito.
• Encuesta de junio de 2026: 67 % respaldaría la cantonización mediante consulta popular.
• Impulsores alegan abandono municipal; expertos plantean descentralización como alternativa.

La creación del cantón Borbón, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, volvió a poner sobre la mesa un debate que en Quito permanece abierto desde hace más de siete años: la propuesta para que ocho parroquias del valle de Tumbaco y Nayón conformen un cantón propio. 

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Para los impulsores de la iniciativa, el caso de Esmeraldas demuestra que la cantonización puede dejar de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad viable.

Cantón Borbón reaviva el debate sobre la cantonización de Tumbaco

El 30 de junio, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la creación del cantón Borbón, luego de un proceso que incluyó una consulta popular realizada en noviembre de 2025, en la que los habitantes decidieron dejar de ser una parroquia rural para convertirse en un cantón independiente de Eloy Alfaro.

El proyecto fue remitido por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea el 2 de abril de 2026 y, tras el informe favorable de la Comisión de Gobiernos Autónomos, recibió el respaldo unánime del Legislativo.

¿Hay informes que sustenten la cantonización?

Un informe que sustentó la cantonización argumentó que las características geográficas del territorio, la dispersión de los asentamientos humanos, la distancia respecto de los centros administrativos y la necesidad de fortalecer la planificación y la prestación de servicios públicos justificaban la creación de un gobierno local propio.

Ese precedente es visto con optimismo por la Junta Cívica del Ilaló, organización creada en 2018 para promover la cantonización del valle de Tumbaco.

“La Asamblea aprobó recientemente el nuevo cantón Borbón; son más de 30.000 personas. Entre las nueve parroquias que proponemos somos cerca de 250.000 habitantes. Quizá haya muchos intereses políticos, hay miedo, no sabemos. No sabemos cuándo se dé, pero vamos a seguir”, afirma Juan Fernando Serrano, presidente de la organización.

La propuesta plantea la creación de un nuevo cantón integrado por Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y Nayón, un territorio que, según sus promotores, concentra cerca del 9 % de la población del DMQ.

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Encuesta muestra respaldo ciudadano al nuevo cantón Tumbaco

Como parte del proceso, la Junta Cívica del Ilaló realizó una nueva encuesta para medir la percepción ciudadana sobre la iniciativa. El estudio se desarrolló entre el 12 y el 18 de junio de 2026, con 1.100 entrevistas válidas, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±3 %.

Uno de los principales resultados señala que el 67,22 % de los consultados votaría a favor de la cantonización en caso de realizarse una consulta popular, mientras que el 32,78 % lo haría en contra.

El sondeo también revela que el conocimiento del proyecto todavía es limitado. El 40,41 % de los encuestados asegura haber escuchado, leído o visto información sobre la propuesta, frente al 59,59 % que dice no conocerla.

Serrano recuerda que la primera medición, realizada en 2019, mostraba un desconocimiento mucho mayor sobre la iniciativa. “Esta encuesta la hicimos para saber cómo está el tema de la cantonización. En 2019 prácticamente nadie conocía el proyecto; ahora un 40 % ya ha escuchado sobre él. Eso demuestra que hay avances, pero también que debemos seguir trabajando en territorio”, sostiene.

Aunque el respaldo ciudadano se mantiene alto, la aceptación pasó del 70 % registrado en los primeros estudios al 67 % actual, una variación que, para Serrano, no cambia la tendencia favorable al proyecto.

La encuesta también refleja un amplio descontento con la situación del valle. El 67,99 % califica como mala la situación general del territorio y un 4,10 % la considera muy mala. Solo el 2,45 % cree que es muy buena y el 25,46 % la califica como buena.

Las expectativas tampoco son alentadoras. El 58,72 % considera que la situación será peor dentro de un año y otro 6,91 % cree que será mucho peor. En contraste, el 32,57 % espera una mejora.

Otro de los indicadores evidencia el distanciamiento entre la población y la administración municipal. El 70,63 % considera que el Municipio de Quito no presta suficiente atención a las necesidades, mientras que el 75,89 % cree que el sector aporta más recursos de los que recibe.

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Descontento con la gestión municipal impulsa la propuesta

Para los impulsores de la cantonización, estas cifras respaldan la necesidad de crear un gobierno autónomo con capacidad para administrar directamente los recursos y ejecutar obras prioritarias.

Serrano sostiene que, si el presupuesto municipal supera los $1.000 millones, al valle de Tumbaco le corresponden alrededor de $90 millones, tomando en cuenta su peso poblacional. Además, afirma que las parroquias generan una importante recaudación por concepto de impuesto predial.

Asimismo, rechaza que la propuesta implique dividir a Quito y sostiene que, por el contrario, permitiría desconcentrar la administración del Distrito Metropolitano.

“No se trata de dividir a Quito, sino de mejorar su administración. Si cada territorio maneja sus propias necesidades y presupuestos, con autonomía pero articulado con el resto, podemos construir una metrópoli moderna, como ocurre en otras ciudades de Sudamérica”, señala.

Autonomía o descentralización: dos visiones para el futuro del valle

Para Diego Cevallos, de GobernanzaEC, la creación de un nuevo cantón es un proceso complejo y, en las condiciones actuales, poco viable.

Como alternativa, plantea fortalecer la descentralización dentro del propio Municipio mediante una asignación presupuestaria más equitativa para las administraciones zonales y, sobre todo, garantizando la ejecución de esos recursos.

En relación con los procesos de cantonización que se tramitan en la Asamblea, el alcalde Pabel Muñoz ha expresado su preocupación al considerar que estas iniciativas podrían abrir la puerta a decisiones que calificó como potencialmente irresponsables.

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El caso de Zaida Rovira

Por supuesto, eso no quiere decir que esas elecciones internas de mentirita hayan estado exentas de sorpresas. Vaya y pregúntele, por ejemplo, a la ministra saliente (quién sabe por cuánto tiempo) Zaida Rovira, que estaba lista para ser nominada para la Prefectura del Guayas, pero que terminó siendo designada como precandidata a una concejalía en Guayaquil.

Esa designación de Rovira, y su reemplazo para la prefectura por Andrés Guschmer, quien antes aspiraba a ser candidato a alcalde de Guayaquil, se presta al análisis. Es difícil pensar en que Rovira simplemente haya caído en desgracia. Es bien sabido que el presidente Noboa la considera una pieza clave de sus campañas y que ella cuenta con importantes aliados en el Gobierno como la ministra Cynthia Gellibert o el exministro y ahora precandidato en Pichincha, Harold Burbano. 

Por ende, es más fácil pensar que Noboa la quiere de candidata en Guayaquil porque prefiere arriesgarse a perder la prefectura que la alcaldía, donde están en juego lucrativos proyectos como el Quinto Puente y el nuevo aeropuerto. 

Además, Rovira sentada en el Concejo Cantonal puede convertirse tanto en un ojo seco con el que controlar a cualquier figura emergente dentro de su propio partido como en un comodín fácil de remover y traer de vuelta a la baraja. 

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En cambio, si Noboa quisiera sacarla de la prefectura para llevarla a otro cargo, la vergüenza sería mayor. 

La carta del Partido Social Cristiano

Otra nominación llamativa fue la del doctor Juan Carlos González para la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano. González, médico de profesión, viene siendo director de Salud del Municipio de Guayaquil desde el comienzo de la administración de Aquiles Álvarez. Algunos pegarán el grito de “¡pacto, pacto!” al cielo, pero se equivocarán diciendo que esto es evidencia del supuesto acuerdo entre Rafael Correa y Jaime Nebot para controlar al país. 

Más allá de que sea cierto que Correa y Nebot mantienen líneas de comunicación abiertas, la relación más relevante en este caso es la de Álvarez con Nebot. 

Cuando el actual alcalde recibió el cargo de manos de Cynthia Viteri (más sobre ella después), se encontró con un municipio patas arriba y en el descalabro financiero. Ante esas circunstancias, Álvarez, un admirador confeso de Nebot y de León Febres-Cordero, acudió a la vieja guardia socialcristiana para pedir ayuda. Mocolí escuchó sus plegarias y asintió.

Por otro lado, el PSC prefirió lanzar para la Alcaldía de Guayaquil a Andrés Roche, cuyas credenciales socialcristianas son incuestionables. ¿Por qué él y no Jorge Acaiturri, quien a raíz de su decepción preelectoral abandonó el partido? Hay diversas teorías, pero una en particular se alinea con la estrategia de Nebot en años recientes: Roche, como antes Topić en otra escala, sí está dispuesto a tirarse su propia campaña al hombro. El socialcristianismo, después de todo, ha perdido a muchos patrocinadores.

También perdió a una exalcaldesa que parece que de todas formas volverá a la papeleta: Cynthia Viteri. Ella va auspiciada por Centro Democrático, fundado por Jimmy Jairala, quien hoy se muestra alineado al Gobierno. Eso, sumado a sus declaraciones previas a favor de Daniel Noboa y a los lazos de su esposo con la comunicación oficialista, invita a pensar que ella será, como otros políticos alrededor del país, el plan B de Noboa.

El espectro para la izquierda

Para la izquierda la situación es aun más incierta. El correísmo, refugiado en el movimiento Amigo, anunció al asambleísta Juan Pablo Molina para alcalde y a la exlegisladora Sofía Espín para prefecta. En una etapa en la que todavía no es seguro si el movimiento Reto, adoptado por el aquilismo, podrá superar los problemas que ha tenido en constituir a su directiva nacional y celebrar sus primarias de forma aplazada, no podemos descartar que en una alianza posterior las figuras cambien y veamos otras caras. Tampoco podemos excluir la posibilidad de que, con alguna maniobra desde adentro o desde afuera, los precandidatos cambien antes de la inscripción de las candidaturas en agosto, momento en que se vuelven irrenunciables.

Otras figuras que emergen desde la izquierda cuya suerte podría cambiar son los precandidatos de la Unidad Popular y el Partido Socialista, que junto a Pachakutik firmaron una alianza para las seccionales de Guayaquil y Guayas. Ellos auspician a Juan Cervantes y a William Brito para la provincia, mientras que sus cartas para la capital provincial son Karla Arellano y Mónica Luzárraga, respectivamente.

Seguramente, las semanas que vienen irán esclareciendo el panorama. Pero no nos confiemos. En el espíritu de Diana Atamaint, mejor compremos paraguas.

Lo que debes saber

• Caso Nathaly Mafla impulsa nuevas medidas de seguridad en universidades de Quito este 2026.
• Municipio y universidades reforzarán corredores seguros, videovigilancia y controles en zonas universitarias de Quito.
• Más de 21.000 incidentes registrados motivan acciones para proteger a estudiantes en los alrededores de universidades.

La desaparición de la estudiante de 20 años, Nathaly Mafla, volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los alrededores de las universidades de Quito.

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Aunque los problemas de consumo de alcohol en la vía pública, riñas, robos e inseguridad son recurrentes desde hace años, este caso reactivó el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección en los corredores universitarios del Distrito Metropolitano.

Ante este escenario, el Municipio de Quito, autoridades académicas y organismos de seguridad acordaron implementar nuevas medidas para reducir los riesgos que enfrentan miles de estudiantes que diariamente se movilizan entre los campus, el transporte público y las zonas comerciales cercanas.

Seguridad en universidades de Quito: cifras revelan los principales problemas

Los datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos evidencian la magnitud de la problemática. Entre el 1 de enero de 2023 y el 21 de junio de 2026 se registraron 21.545 incidentes en el Distrito Metropolitano de Quito.

Del total, el 87,2% corresponde a hechos relacionados con convivencia ciudadana, mientras que el 12,8% son robos de mayor connotación.

Las estadísticas muestran que los principales incidentes son:

Las autoridades identifican que el consumo de alcohol en espacios públicos, especialmente en los exteriores de los centros universitarios, genera escenarios propicios para robos, riñas y otras situaciones de riesgo.

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Caso Nathaly Mafla impulsa nuevas medidas de seguridad en Quito

Tras la desaparición de Nathaly Mafla y otros casos recientes que involucraron a estudiantes, el alcalde Pabel Muñoz convocó a los rectores de varias universidades para diseñar una estrategia conjunta.

Durante el encuentro se acordó fortalecer los corredores seguros y aumentar la presencia institucional en los alrededores de los campus universitarios.

Entre las principales acciones definidas constan:

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Coordinación permanente entre Municipio, Policía Nacional y universidades

"Nos preocupa mucho lo sucedido en el caso de la señorita Mafla y el caso del señor Orellana. Hemos convocado a las universidades para expresar solidaridad y construir una estrategia conjunta", manifestó el alcalde.

Controles permanentes en los exteriores de las universidades

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, informó a EXPRESO que el Municipio mantiene operativos permanentes en sectores cercanos a la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional, principalmente entre martes y viernes.

Según explicó, durante el último año más de 2.000 personas han sido sancionadas por consumir alcohol o utilizar indebidamente el espacio público en estos sectores.

Además, las autoridades clausuraron establecimientos que funcionaban de manera irregular y que, en algunos casos, contaban con accesos ocultos hacia discotecas clandestinas.

En las próximas semanas también se instalarán nuevos puestos de mando operativo en los alrededores de la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Videovigilancia y corredores seguros para estudiantes

Otra de las medidas contempla integrar las cámaras privadas de las universidades con el sistema ECU 911 para ampliar la cobertura de vigilancia.

El objetivo es monitorear los corredores que conectan los campus con estaciones del Metro de Quito, paradas de transporte público y zonas de mayor circulación peatonal.

Las autoridades consideran que esta articulación permitirá reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias y fortalecer la prevención de delitos.

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Universidades plantean acciones para mejorar la seguridad estudiantil

Los rectores coincidieron en que la solución requiere una intervención conjunta entre las instituciones educativas y las autoridades municipales.

El rector de la Escuela Politécnica Nacional, Tarquino Sánchez, calificó como positiva la reunión y destacó la necesidad de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mediante acciones coordinadas.

Por su parte, la directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador, Ximena Baño, señaló que existe un compromiso institucional para ejecutar medidas que disminuyan los riesgos en los entornos universitarios.

La Escuela Politécnica Nacional informó que, tras el caso de Nathaly Mafla, reforzó su sistema interno con cámaras de videovigilancia, guardianía las 24 horas, accesos biométricos, seguros de vida y rutas de transporte para estudiantes. Sin embargo, insistió en que los mayores problemas de inseguridad continúan registrándose fuera de los campus.

Entre las propuestas presentadas figuran la creación de una mesa técnica interinstitucional permanente, el fortalecimiento del control del espacio público, mejoras en iluminación, ampliación de cámaras de seguridad, implementación de rutas seguras y mayor capacidad de atención de emergencias.

Lo que debes saber

• Las alianzas aún podrían reducir la cantidad de candidatos que aparecerán en la papeleta.
• Expertos atribuyen la proliferación de precandidatos a la fragmentación del sistema político.
• Los candidatos oficiales se conocerán tras el cierre de las inscripciones, en agosto.

Las tiendas políticas de alcance nacional ya definieron a sus precandidatos para las elecciones seccionales de 2026. Un total de 54, de 13 organizaciones políticas, buscarán conquistar las alcaldías de Cuenca, Guayaquil y Quito, así como las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las alianzas aún pueden mover el tablero

Para las alcaldías de las principales ciudades del país se perfilan 28 precandidatos de las organizaciones políticas nacionales. De ellos, 11 aspiran a encabezar la carrera por el Municipio de Quito, nueve por el de Guayaquil y ocho por el de Cuenca. 

En las prefecturas, en cambio, se proyectan 26 precandidatos. Diez buscan la de Pichincha, ocho la de Guayas y ocho la de Azuay, aunque estas designaciones aún no son definitivas y dependerán de las alianzas que estos grupos concreten con otros. 

Para el analista político Giuseppe Cabrera, la cifra de candidatos que desde ya se visualiza no resulta inusual, aunque cree que esta podría reducirse cuando concluyan las alianzas y se oficialicen las inscripciones. A su juicio, el problema no es la cantidad de nombres, sino que muchas de estas responden a la obligación legal de los partidos de presentar candidatos y a los incentivos que reciben para participar, pese a no tener opciones reales de triunfo. “El problema no es que haya muchos candidatos, sino que demasiados no tienen posibilidades reales de ganar”. 

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La fragmentación, en el centro del debate

En cambio, la politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, considera que sí existe una mayor cantidad de precandidatos de la prevista, sobre todo por la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de varias organizaciones políticas. Por lo que, advierte que esta proliferación de candidaturas podría dispersar el voto de las principales alternativas, incrementar el uso de recursos públicos en campañas y restar competitividad a opciones con mayores posibilidades. 

La experta señala que varios de los actuales precandidatos ya participaron en comicios anteriores sin alcanzar resultados competitivos. Entre ellos está Juan Cervantes, quien en 2023 fue candidato por Unidad Popular (UP) y obtuvo el 1,3 % de la votación, y a Andrés Guschmer, que ese mismo año representó a Renovación Total (RETO) y alcanzó el 11,44 %. 

A estas listas presentadas por EXPRESO aún se sumarían las precandidaturas definidas por los movimientos provinciales y cantonales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que, por ahora, no puede difundir esos nombres y que solo hará públicas las candidaturas una vez que las postulaciones estén oficialmente inscritas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. 

Hay demasiadas candidaturas y eso diluye el debate; ni los medios de comunicación ni la ciudadanía pueden conocer bien las propuestasGiuseppe Cabrera, analista político

Los candidatos se conocerán el próximo mes, una vez concluya el proceso de inscripción. Según el calendario electoral, las organizaciones políticas deberán registrarlas entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. 

Para Alfredo Espinosa, experto político-electoral, esta proliferación de candidatos es consecuencia de un sistema político sobrerrepresentado, en el que varias organizaciones funcionan más como vehículos electorales que como partidos con bases sólidas. En su criterio, ese escenario sobrecarga al electorado con propaganda, dificulta un voto informado y favorece la elección de autoridades con bajos porcentajes de respaldo, una tendencia que, según señala, ya se ha evidenciado en anteriores comicios. 

El dirigente de Futuro, antes denominado Democracia Sí, Gustavo Larrea, también observa una dispersión de candidaturas en las principales provincias y ciudades. Por ello, aseguró que su movimiento mantiene diálogos con otras fuerzas políticas para concretar alianzas y reducir el número de aspirantes, con la expectativa de alcanzar acuerdos para las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las reglas electorales también inciden

No obstante, en una publicación en X, la presidenta de Creando Oportunidades (CREO), Ana Belén Cordero, sostuvo que la elevada cantidad de precandidatos responde, en parte, a la reforma al Código de la Democracia, aprobada en la Asamblea Nacional por Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC). A su juicio, esos cambios eliminaron los incentivos para conformar alianzas electorales y, por el contrario, las desincentivan. 

La reforma, publicada en el Registro Oficial el 24 de julio de 2025, modificó el mecanismo con el que se contabilizan los resultados de las alianzas para efectos de la permanencia de las organizaciones políticas. Anteriormente, cada integrante conservaba el porcentaje total de votación alcanzado por la coalición, mientras que ahora ese porcentaje se distribuye en partes iguales entre todas las agrupaciones que la conforman, reduciendo el incentivo que existía para formar frentes electorales. 

Si todos esos partidos y movimientos se hubieran unido para sacar un solo buen candidato, habría mejores oportunidades electorales.Andrea Endara, politóloga

¿Cómo reducir la dispersión?

Ante esto, Espinosa manifiesta que la reducción del número de candidatos pasaría por una reforma al sistema político. El experto plantea que Ecuador debería contar con cinco partidos nacionales y un menor número de movimientos provinciales, lo que contribuiría a disminuir la oferta electoral y facilitar un voto más informado. 

Por su parte, Cabrera sostiene que el debate debe centrarse en que las postulaciones respondan a proyectos políticos con opciones reales de competir. A su criterio, mientras persistan los incentivos para inscribir candidaturas sin posibilidades de triunfo, la oferta electoral seguirá fragmentada en el país.

Lo que debes saber:

• En 2026, CIP cumple 90 años; María Paz Jervis reafirma postura independiente en Ecuador.
• Estabilidad económica y Riesgo País mejoran, pero CIP alerta inseguridad jurídica afecta inversión.
• CIP advierte temor por debilitamiento institucional y pide respeto a libertades y Estado de derecho.

En 2026, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) cumple 90 años. Su presidenta ejecutiva, María Paz Jervis, sostiene que el gremio mantendrá una postura técnica e independiente frente a los gobiernos.

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Ustedes se han pronunciado en defensa del periodismo, la libre empresa y la propiedad privada. ¿Cómo están sintiendo hoy al país?

Creo que hay algunos elementos que generan preocupación a todos los sectores que tenemos convicciones profundas sobre la democracia y las libertades. Y como vocera de la Cámara de la Industria y Producción puedo decir que tenemos un legado de nueve décadas de compromiso con la defensa de valores institucionales.

¿Cuáles son esos valores?

La defensa de la democracia, la libre empresa, la libertad de expresión y el Estado de Derecho están en el artículo tres del estatuto que nos rige. Somos una institución que respeta lo que declara.

¿Seguirán pronunciándose?

Sí, vamos a seguir expresándonos independientemente de gobiernos de turno. Así ha sido la trayectoria de esta Cámara y la mía, aunque ahora hablo como presidenta ejecutiva del gremio más amplio de representación de los industriales.

¿Cuál es la ‘temperatura’ del país en términos de confianza y clima económico?

Es una paradoja y nos obliga a tener una visión profunda y holística de los problemas, mirar la película completa. Destaco que la estabilidad macroeconómica y el Riesgo País han alcanzado niveles de confianza que en los últimos años no se habían visto y eso no es menor. 

Es un elemento de confianza en el país y oportunidad de generar empresa y trabajo digno.

¿Y qué ocurre con el Estado de derecho y las garantías para invertir?

Si la estabilidad macroeconómica viene acompañada de inseguridad jurídica, de inestabilidad de las instituciones, de poca apertura para el diálogo y poco respeto a las libertades, como hemos visto con casos de judicialización de opositores, persecución a periodistas, poca transparencia frente a actos de corrupción, esto desdice de un esfuerzo muy positivo.

¿Cómo encararlo?

Nuestro rol es seguir apoyando medidas positivas, destacar aquello que se hace bien. Pero como no son cheques en blanco, sino visiones técnicas y responsables, vamos a seguir alertando cuando vemos expresiones que contradicen libertades y derechos fundamentales.

La CIP ha advertido que no se deben normalizar interpretaciones que excedan la ley ni interferencias en el ámbito privado.

Si miramos globalmente es una tendencia en todo el planeta, no es exclusivo del Ecuador. No por eso deja de preocuparnos. Se presenta un hartazgo de institucionalidad.

No hablar en medios no significa que estemos callados o inacción, tenemos otros mecanismos de intervención.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva CIP

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¿Por qué?

Si surge el hartazgo, la respuesta es ‘que se vayan todos’, y si no funciona eso, ‘el todo vale’. Eso nos lleva a la coyuntura política de los péndulos. Tenemos extremas derechas e izquierdas, con lo tibio que pueden ser esos conceptos porque quienes se autodefinen como derecha no siempre toman decisiones típicas de esa tendencia, y viceversa. 

En Europa y América Latina, aquellos gobiernos de extrema izquierda que en principio se decantaban por las protecciones sociales suman más escándalos de corrupción.

¿Qué debería replantearse?

Se ha replanteado. Muchas cosas no funcionaron, pensamos que eran las instituciones, los procedimientos o la calidad de los políticos, y me anticipo: porque eliminamos unas, suplantamos derechos, nos saltamos procedimientos, ¿mejora la calidad de representantes? Parece que no es así. 

El desafío es inmenso y por eso desde el espacio que ocupamos en la opinión pública debemos repensar lo que significa representar.

¿Cómo se compagina el discurso oficial de atraer inversión con hostigamiento a la empresa privada y a la prensa como el caso de GRANASA?

Nos llaman la atención medidas que no siempre son las más cercanas a la juridicidad y a los principios y valores democráticos. Por eso levantamos la voz. 

Como gremio y como sector empresarial, nuestro rol no es estar a favor ni en contra; tratamos de mantenernos al margen de esas posturas que pueden ser mucho más emotivas.

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¿Al margen?

Nuestra responsabilidad es aportar con pronunciamientos profundamente técnicos que busquen el respeto a libertades e instituciones. 

Estamos convencidos de que es el único camino para generar empleo digno, la única vía para mejorar la calidad de vida. Nuestro rol no es hacer opinión pública las 24 horas del día y sobre todos los temas. Quizá nos buscan ante la ausencia de liderazgos.

Que la ley se aplique para todos, sin importar cuáles son las posturas, eso es lo que llamamos seguridad jurídica.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Y la seguridad jurídica?

Ante determinada circunstancia, la ley y las instituciones se aplicarán y operarán de forma similar, eso es seguridad jurídica. Nos preocupa cuando vemos que hay casos que tienen indicios de ilegalidad y duermen el sueño de los justos, pero otros son tratados de manera muy ágil, si se trata de personajes políticos.

Y si los etiquetan como correístas por esa opinión...

No significa que defendamos a determinados políticos y, peor aún, a delincuentes. Este país no era perfecto antes del correísmo ni antes de este período. 

Sí creemos que debería alarmarnos ver que instituciones del Estado se direccionan bajo perspectivas políticas; ahí no gana nadie, perdemos todos, no se gana estabilidad.

Hay quienes piensan lo contrario...

Es mentira el cuento de que así se mantiene la estabilidad política y, ergo, nos beneficia. El peor negocio para el sector empresarial es tener una democracia débil. 

Tenemos tan mal recuerdo del boicot político en el gobierno anterior que hay casi una obsesión con lo que mal denominamos estabilidad política. Me pregunto qué es eso. ¿La ausencia del debate, de discusión de la política pública, de la divergencia? No lo es, da cuenta de regímenes poco democráticos.

¿Hay empresarios que temen ser perseguidos por órganos de control?

Lo que define la coyuntura nacional es el miedo, la inseguridad nos golpea en todos los niveles, la física y jurídica. Por el debilitamiento institucional hay temor de que puedan castigarse las voces divergentes, pero desde esta Cámara tenemos la tranquilidad de que las posiciones son siempre técnicas.

Nuestro rol como Cámara no es ser amigos ni enemigos de gobiernos, no estamos ni a favor ni en contra, estamos con el país.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Quién es María Paz Jervis?

Abogada. Fue docente de la UDLA, USFQ y decana en la SEK. Dirigió el Comité Empresarial y desde 2022 preside la Cámara de Industrias y Producción.

¿Qué ha hecho la CIP?

La Cámara de Industrias y Producción es uno de los pocos gremios empresariales del país que reaccionan sobre decisiones y hechos que atraviesan el debate público. 

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Entre el ruido del mercado de San Roque y el movimiento comercial de las calles Imbabura y Loja, Casa Victoria emerge como un entorno donde la infancia encuentra seguridad, aprendizaje y nuevas oportunidades.

Las puertas de madera se abren y el entorno cambia de inmediato: el bullicio de la ciudad desaparece y es reemplazado por voces infantiles, música, lectura y actividades formativas. Aunque está a pocos metros de uno de los sectores más complejos de Quito, el interior de la Fundación Casa Victoria funciona como un espacio completamente distinto, enfocado en la educación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

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De ruina a proyecto social en el Centro Histórico de Quito

A inicios de los años 2000, la vivienda estaba en condiciones críticas. Había sido dividida para albergar a cerca de 20 familias, unas 60 personas en total. Fue entonces cuando Alicia Durán Ballén y su esposo, Dan Gheorguita, junto a un grupo de amigos, decidieron adquirir la propiedad y restaurarla.

Casa Victoria demuestra que el amor y la educación pueden transformar comunidades desde la niñez con esperanza
Erika Guaña, coordinadora de la Fundación Casa Victoria

Tras cinco años de trabajos de recuperación, en 2006 la casona abrió sus puertas como la Fundación Casa Victoria, un proyecto social en San Roque orientado a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, la iniciativa ha impactado a más de 3.000 niños, ha servido alrededor de 30.000 comidas y ha recibido cerca de 4.000 voluntarios nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los proyectos comunitarios más activos del Centro Histórico de Quito.

Educación, arte y acompañamiento para niños de San Roque

Dentro de la casona, cada espacio tiene un propósito. En una sala funciona una biblioteca donde los niños desarrollan el hábito de la lectura. En otros ambientes se imparten clases de música, karate y apoyo escolar con acompañamiento de voluntarios.

El programa “Sembrando Esperanza” es el eje central de la fundación. Atiende a 60 niños de entre seis y doce años, en su mayoría hijos de comerciantes del mercado de San Roque y vendedores ambulantes del Centro Histórico de Quito.

Además del refuerzo académico, reciben formación en valores, talleres emocionales, actividades recreativas, clases de música, defensa personal y acompañamiento permanente durante el año escolar.

“Queremos que los niños encuentren aquí un lugar seguro, donde se sientan queridos y puedan construir un futuro diferente”, explica Erika Guaña, coordinadora del proyecto.

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Un espacio que también forma a jóvenes voluntarios

Casa Victoria también impulsa procesos de formación para adolescentes a través de una pizzería y espacio de brunch ubicado en el primer piso. Este lugar no solo financia la fundación, sino que funciona como escuela práctica donde los jóvenes aprenden cocina, atención al cliente, trabajo en equipo y servicio comunitario.

Este lugar me enseñó que el servicio también construye oportunidades para quienes más lo necesitan 
Maité Agualsaca,
voluntaria de la Fundación

Jair León, quien llegó a la fundación a los ocho años, hoy con 14 años colabora en la cocina y en actividades con los niños más pequeños. Su meta es estudiar gastronomía y convertirse en chef.

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“Este lugar es como mi otra casa”, afirma.

Historias similares se repiten en la fundación. Maite Agualsaca ingresó a los seis años y actualmente es voluntaria. Cada tarde regresa para apoyar en tareas escolares y acompañar actividades.

“Aprendí a servir y descubrí lo que quiero para mi futuro: ser pediatra”, cuenta.

Un círculo de aprendizaje que se transforma en comunidad

En Casa Victoria, los niños crecen, los voluntarios regresan y las historias se transforman en continuidad. El aprendizaje no termina en la infancia, sino que se convierte en un ciclo donde quienes fueron beneficiarios ahora guían a nuevas generaciones.

En medio de uno de los sectores más complejos de Quito, la Fundación Casa Victoria se mantiene como un ejemplo de transformación social, educación comunitaria y recuperación del patrimonio con impacto humano real.

Las claves del caso

• Comerciantes denuncian que las extorsiones, robos y el consumo de drogas forman parte de la rutina en el Mercado Mayorista Montebello.
  
• La Policía reconoce que existen falencias en los controles de ingreso y plantea reforzar los protocolos de seguridad.
  
• Expertos advierten que la falta de control interno favorece la presencia y operación de grupos delictivos.

Antes de pronunciar una palabra, Manuel mira a todos lados, como si temiera que alguien lo observara. Luego, en voz baja, casi susurrando, advierte: “Aquí está prohibido hablar. Nos vigilan. Si ven que estamos conversando con alguien, se acercan para ver qué pasa”.

El comerciante, de 54 años y oriundo de la provincia de Chimborazo, vende legumbres en la Terminal de Transferencia de Víveres (TTV), también conocida como Mercado Mayorista Montebello, uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil. Lleva cerca de tres décadas en la ciudad y asegura que nunca había sentido tanta inseguridad como ahora.

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Se vive con temor en Montebello

Sostiene que desde 2021 el mercado dejó de ser únicamente un centro de abastecimiento para convertirse también en escenario de extorsiones, robos, consumo de drogas y asesinatos. En los dos últimos años, dice, la violencia se volvió parte de la rutina.

“Se trabaja con temor. Ya no solo nos preocupa vender nuestros productos, sino convivir con consumidores de droga que han hecho de este mercado su espacio. Se pelean entre ellos y no hay control. Nadie dice nada”, revela.

Para Euclides García, otro comerciante del mercado, las extorsiones son una de las principales amenazas en este centro de abastos, inaugurado en el año 2000 y que actualmente cuenta con 20 andenes y 660 bodegas. Está ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule, cerca de la avenida Perimetral.

“Aquí no se puede hablar mucho porque las paredes tienen oídos”, comenta mientras observa con cautela a quienes transitan por los alrededores. “Los que están adentro y los que están afuera se dan cuenta de todo. Si nos ven conversando, después saben quién habló”.

García, quien también se dedica a la venta de legumbres, asevera que la violencia no se limita a los asesinatos. Denuncia además la presencia constante de consumidores y expendedores de droga, así como robos y amenazas contra comerciantes.

Las extorsiones y los robos, los principales problemas de los comerciantes

“Aquí uno no puede andar con dinero. Llegan dos o tres personas, intimidan a la gente y le quitan lo que tiene. Hay guardias, pero la pregunta es qué controlan realmente”, cuestiona.

Según el vendedor, las víctimas de la violencia no son únicamente los comerciantes. “También han matado a personas que vienen a comprar, sobre todo en las noches y madrugadas”.

Además, recalca que los robos son frecuentes. “A muchos nos siguen cuando salimos del mercado y nos asaltan más adelante. Pareciera que saben quiénes entran, quiénes salen y quiénes manejan dinero”

La sensación de inseguridad también alcanza a los clientes. Luis Pilco, propietario de un negocio en el norte de Guayaquil, asegura haber sido víctima de la delincuencia hace aproximadamente seis meses.

“Siempre les digo a los administradores que no permitan el ingreso de cualquier persona. Venimos a comprar y deberíamos sentirnos seguros”, manifiesta.

Según relata, usuarios y comerciantes han solicitado en reiteradas ocasiones mayores controles de acceso y vigilancia dentro del recinto.

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El consumo de droga, otro problema que se suma

Pilco identifica el área de frutas como uno de los sectores más conflictivos. “Es común ver personas consumiendo drogas frente a comerciantes y compradores”.

El comerciante, que frecuenta Montebello desde hace más de 15 años, dice que cualquier persona puede ingresar sin mayores restricciones. “Me han robado la carga. En una ocasión me abrieron el vehículo y se llevaron cerca de 600 dólares mientras cargaba mercadería. He visto cómo ocurren otros delitos. Cualquiera puede entrar, incluso armado, y nadie se da cuenta. Ya solo nos ponemos en manos de Dios”, lamenta.

Las denuncias de comerciantes y compradores coinciden con la violencia registrada dentro y en los alrededores del mercado durante los últimos meses.

Tiguerones, los causante de la violencia

De acuerdo con una fuente policial, dos facciones de Los Tiguerones mantienen una disputa por el control de actividades ilícitas dentro y en los alrededores del mercado, lo que estaría detrás de parte de la violencia registrada en la zona.

El mayor Orlando Posligua, jefe de Control del Distrito Pascuales, aseguró que la Policía mantiene operativos permanentes para prevenir delitos y reforzar la seguridad. Sin embargo, reconoció que existen falencias en los controles de ingreso.

Entre las recomendaciones constan fortalecer los filtros de acceso, revisar personas y vehículos, así como capacitar al personal de seguridad privada para detectar comportamientos sospechosos.

EXPRESO solicitó una versión a la administración de la Terminal de Transferencia de Víveres y al Municipio de Guayaquil, sobre las denuncias de comerciantes y compradores. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

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Especialistas se refieren al respecto

Para los especialistas en seguridad Nelson Yépez y Carla Álvarez, el Mercado Mayorista Montebello reúne varias condiciones que lo convierten en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales: un alto movimiento de dinero y mercadería, miles de personas circulando a diario y controles internos insuficientes.

Yépez explica que los mercados mayoristas suelen convertirse en focos de interés para las bandas porque concentran grandes cantidades de dinero en efectivo y un constante flujo de personas. “Cuando el control de ingresos y salidas se debilita, aparecen las extorsiones, los robos y las disputas por el dominio del territorio. No solo buscan asaltar, también controlar quién trabaja, quién vende y quién paga”.

Ambos coinciden en que la solución no pasa únicamente por incrementar la presencia policial. Consideran necesario fortalecer los controles de acceso, registrar a comerciantes, proveedores y vehículos, reforzar la videovigilancia, mejorar la coordinación entre la seguridad privada y las autoridades, y recuperar el orden dentro del mercado.

Sin esos cambios, advierten que las extorsiones, los robos y las disputas por el control de actividades ilícitas seguirán encontrando terreno fértil en uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil.

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Puntos críticos para parquearse en Urdesa

Uno de los sectores donde esta realidad resulta más evidente es la intersección de las calles Costanera y Circunvalación Sur, donde en los últimos meses se ha consolidado un polo gastronómico y comercial.

Aunque los establecimientos cuentan con áreas destinadas al estacionamiento, estas dejan de ser suficientes en las horas de mayor afluencia.

Ante la falta de cupos, los cuidadores de carros que trabajan en determinados horarios terminan guiando a los conductores para que se estacionen incluso sobre las aceras, con tal de encontrar un lugar.

El administrador de un local de la zona señaló que su establecimiento dispone de cuatro parqueaderos internos, pero reconoce que durante las noches se genera congestión mientras los clientes recorren el sector en busca de dónde dejar sus vehículos.

“Siempre nos comentan nuestros clientes sobre ese problema, pero tratamos de darles soluciones. Los chicos que cuidan afuera intentan abrir espacios para que puedan entrar todos. Es como podemos resolverlo por ahora”, señaló.

La exigencia de más espacios

La situación se repite en otros puntos de Urdesa. Ocurre, por ejemplo, en los alrededores de la iglesia San Antonio María Claret, conocida por los guayaquileños como La Redonda. “Realmente no hay donde estacionarse. Tratamos de venir muy temprano a la misa solo para conseguir un parqueo”, explicó Marcia Coronel, habitante de la ciudadela. Ella señaló que este inconveniente persiste pese a la presencia de parquímetros en las calles aledañas al templo.

Otro punto que se proyecta a convertirse en un sitio de congestión vehicular en este sector de Guayaquil está en la calle Circunvalación, cerca del parque Jerusalén, donde se construye un centro médico. Los moradores esperan que el lugar tenga los suficientes parqueos para albergar a los doctores y pacientes, y que el Municipio haga respetar las ordenanzas en ese sentido para que el lugar no se convierta en un punto de caos vehicular.

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Rogelio Larrea vive en el centro de Guayaquil y acude con frecuencia a la avenida Víctor Emilio Estrada para realizar compras. Contó que, en determinadas franjas horarias, conseguir un lugar para estacionarse puede tomarle más de quince minutos.

“Un problema que tiene Urdesa es que no cuenta con áreas amplias para parquear. Hay muchos restaurantes y locales, pero hay que hacer malabares e incluso subirse a la acera para dejar el carro. Es un tema que no se ha planificado bien aquí”, indicó.

Hay casos como el de Jorge Briones. Hace dos semanas buscó un lugar para estacionarse y almorzar con su familia en un restaurante de la avenida Víctor Emilio Estrada, pero al no encontrar un lugar para parquear su vehículo, desistió de la idea y optó por acudir a un centro comercial.

"Un guardia me dijo que espere, pero mis hijos no querían esperar. Optamos por ir a otro sitio, aunque nos dimos dos vueltas hasta esperar que se habilite un espacio, pero todo seguía copado”, contó.

Un error desde la planificación

Para Malena Marín, experta en tránsito, el problema de la falta de parqueos en Urdesa también debe analizarse desde la planificación de la movilidad urbana. Explicó que desde un enfoque estrictamente técnico, las ciudades modernas buscan reducir la dependencia del automóvil particular.

“En el área técnica, lo que siempre se hace por tema de movilidad sostenible es desalentar el uso del vehículo particular. ¿Cuáles son esas técnicas? Eliminar los parqueos para que la gente no use el vehículo particular y utilice especialmente el transporte público, la bicicleta o se movilice caminando”, manifestó. Sin embargo, considera que esa teoría no puede aplicarse de forma aislada en ciudades como Guayaquil. “Basándonos en nuestro contexto, no podemos darnos ese lujo porque no les damos la oportunidad a las personas que utilizan carros particulares o motos de tener un sistema de transporte eficiente y la comodidad de llegar a los lugares donde realizan actividades comerciales o públicas”.

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Marín indicó que una de las primeras medidas debe estar enfocada en la planificación de los nuevos desarrollos comerciales. Recordó que toda edificación o cambio de uso de suelo debe estar respaldado por un estudio de impacto vial, documento que permite estimar la demanda de circulación y de estacionamientos que generará un proyecto. 

“Ahí se determina que debe tener parqueos suficientes. Obviamente, no se va a cubrir el 100% de la demanda, pero sí un porcentaje bastante elevado”. 

Mientras se ejecutan soluciones de largo plazo, Marín plantea alternativas temporales. Una de ellas consiste en identificar terrenos actualmente en desuso e incentivar a sus propietarios para que funcionen como estacionamientos provisionales.