Lo que debes saber

• Jorge Yunda busca por tercera vez la Alcaldía. En 2019 ganó con Unión Ecuatoriana, pero fue removido en 2021 por decisión del Concejo
• Para las elecciones seccionales cambia nuevamente de camiseta política. Tras competir en 2023 con Juntos por la Gente, ahora es auspiciado por Avanza
• Su gestión estuvo marcada por investigaciones, entre ellas el caso de las pruebas PCR. En 2025 fue declarado inocente junto a otros procesados, aunque la Fiscalía anunció una apelación

En un nuevo intento, Jorge Yunda aspira a regresar a la Alcaldía de Quito, esta vez auspiciado por Avanza. Su candidatura fue escogida en las primarias de esa organización política en junio y posteriormente formalizada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Se trata de su tercera candidatura para dirigir la capital. En 2019 ganó la contienda de la mano del movimiento Unión Ecuatoriana. Su administración, sin embargo, no llegó al final del período. En junio de 2021, el Concejo aprobó su remoción con 14 votos a favor.

El proceso que terminó con la salida de Yunda se originó en una solicitud presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Entre los argumentos planteados estaban el incumplimiento de resoluciones del Concejo, la falta de garantías para la participación ciudadana y cuestionamientos relacionados con la presentación de la ejecución presupuestaria de 2020 ante la Asamblea de Quito.

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Presuntos actos de corrupción en su administración

Su periodo también estuvo marcado por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos se relacionó con la adquisición de 100.000 pruebas PCR para covid-19 por parte de la Secretaría de Salud, mediante un contrato de $ 4,2 millones.

En febrero de 2021, la Fiscalía lo vinculó a la investigación por peculado. Entre las medidas se dispuso el uso de grillete electrónico. El dispositivo fue retirado en julio de 2023, aunque se mantuvieron otras medidas cautelares.

En septiembre de 2025, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la inocencia de Yunda y de otros 13 implicados en el caso. La sentencia estableció la absolución de los procesados; posteriormente, la Fiscalía anunció que apelaría la decisión.

Su hijo, Sebastián Yunda, también fue investigado por presunta asociación ilícita. Pero en 2025, un tribunal declaró su inocencia.

En medio de esos episodios con la justicia, en 2023 volvió a candidatizarse con la alianza Juntos por la Gente, integrada por Pachakutik, Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover. El resultado fue distinto y perdió ante Pabel Muñoz. Ahora, cambia nuevamente de camiseta política y lo auspicia el partido Avanza.

La trayectoria política de Jorge Yunda

Antes de ingresar a la política, Yunda construyó una trayectoria vinculada con la radiodifusión. Radio Canela se convirtió en uno de los principales espacios de su actividad empresarial y de comunicación. Además, en la página del Senescyt registra el título de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador.

Su llegada al sector público ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. En 2007 fue designado presidente del entonces Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel). En 2013 intentó llegar a la Asamblea Nacional como candidato de Alianza PAIS (AP), aunque no consiguió una curul. Cuatro años después sí fue elegido asambleísta nacional por ese partido. A comienzos de 2017 dejó AP y pasó a Centro Democrático.

Su patrimonio registrado 

Sobre su patrimonio, su última declaración disponible en la Contraloría corresponde a 2021, en donde reportó $ 492.660,72, producto de activos por $ 1.184.419,33 y pasivos por $ 691.758,61.

En materia tributaria, los registros del SRI muestran que Yunda pagó $ 13.810,03 por Impuesto a la Renta en 2025. La cifra representa un incremento frente a los $ 2.362 registrados en 2024 y los $ 6.542,36 de 2023.

Su actividad empresarial continúa vinculada a la comunicación. En los registros societarios consta como accionista de Radio Canela S.A. También figura como accionista minoritario de Allimicuna S.A., junto con otra accionista que mantiene el mismo porcentaje de participación.

¿Cómo ven analistas el perfil de Yunda?

Para Gabriela Guerrero, analista política, una de las fortalezas del candidato es el capital social acumulado durante años. Señala que el exalcalde mantiene un vínculo con ciudadanos y sectores específicos que conoce bien y en los que ha logrado consolidar apoyo.

Guerrero también identifica la radio y la personalidad de Yunda como elementos de su estrategia política. Su capacidad para mantener contacto directo con la gente, participar en actividades deportivas o sociales y construir una imagen cercana le permitiría conservar un nicho electoral propio.

El pasado judicial queda fuera del centro de la campaña

Además, considera que Yunda ha cambiado la manera de abordar su pasado judicial. Recuerda que en la campaña de 2023 habló públicamente del proceso por las pruebas PCR e incluso mostró el grillete electrónico. Para la analista, aquella estrategia generó una reacción negativa y, en la actual campaña, ha optado por no convertir esos episodios en el centro de su discurso y no se refiere a ello.

Otro elemento que destaca es que Yunda tiene experiencia en la administración pública: fue funcionario durante el gobierno de Correa, asambleísta y alcalde. Ese antecedente, agrega, puede contrastar con candidaturas que no han desarrollado una trayectoria similar en el sector público.

La relación con el Gobierno de Noboa

El analista en comunicación política, Andrés Obando, pone sobre la mesa otro aspecto: la relación de Yunda con el actual Gobierno. Obando señala que el exalcalde ha mantenido una posición que puede ser interpretada como cercana al presidente Daniel Noboa. Cita como ejemplo la entrevista al mandatario y las coincidencias mostradas durante ese diálogo.

Obando señala que algunas candidaturas locales están construyendo desde ahora posibilidades de colaboración con el Gobierno, independientemente de que exista coincidencia ideológica. En el caso de Yunda, observa una trayectoria política que también incluye su pasado con el correísmo, por lo que su posicionamiento actual no puede ser leído únicamente desde una cercanía con el Gobierno.

El desafío, agrega, está en cómo Yunda conecta con los distintos segmentos del electorado. Su perfil puede mantener vínculos con sectores populares que fueron importantes en su triunfo de 2019 y también con jóvenes, animalistas y sectores de izquierda. Pero, según Obando, ahora esa combinación enfrenta tensiones cuando parte de esos grupos cuestionan su cercanía con el Gobierno.

Diferenciarse de sus adversarios

También existe otro reto y es que su propuesta se diferencie de sus adversarios. Para el analista, todavía tiene que mostrar con mayor claridad cuáles son sus respuestas concretas para los problemas de la capital y evitar reducir la discusión de seguridad a un asunto del Municipio, cuando una parte importante de las competencias corresponde al Gobierno central.

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Tanto Guerrero como Obando coinciden en que la tercera candidatura de Yunda parte de una posición particular. No es un político nuevo ni un candidato que deba construir desde cero su reconocimiento. Tiene experiencia electoral, una marca personal desarrollada durante años en la radio, experiencia legislativa y una administración que le dejó respaldo, pero también muchos cuestionamientos.

Vía a la Costa: tres claves para entender el caos vehicular

• Sin vías alternas: Un accidente puede colapsar la vía a la Costa por la falta de rutas capaces de absorber el tráfico.
  
• Crecimiento desordenado: Urbanizaciones, comercios, industrias y colegios se expandieron en un corredor limitado por manglares y bosques protectores.
• Carga pesada: Se plantea restringir su circulación en horas pico como una medida para reducir la congestión y los riesgos viales.

La mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, la vía a la costa amaneció con el tráfico colapsado debido a un accidente de tránsito que había ocurrido a la altura del kilómetro 12. Una escena ya bastante frecuente para los habitantes del sector, producto de su crecimiento plano, lineal y desordenado desde la fundación de sus primeras urbanizaciones en las décadas de los ochentas y noventas. 

Para mayor agravio de algunos residentes de la zona, la autoridad competente se pronunció para dar una recomendación bastante risible: “tomar vías alternas”. “¿Cuáles vías alternas?” es la pregunta (en su versión amigable para todas las edades) que seguramente se hicieron.

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Y es que tal vez ya sea muy tarde para que vía a la costa construya rutas alternas que realmente sirvan para redirigir el tráfico en caso de accidentes: por un lado está el manglar, protegido, y por el otro los bosques protectores. El único intento de construir una especie de vía alterna, el controvertido proyecto del túnel de Cerro Blanco, ni siquiera fue pensando para alivianar la carga del tráfico en el sector o para racionalizar de alguna forma el diseño urbano de la amorfa y atrofiada ciudad de Guayaquil. 

Su objetivo era facilitar el acceso al proyecto del nuevo aeropuerto en Daular, una propuesta socialcristiana en la que algunas personas ya habían invertido, pero que el Gobierno Nacional ha descartado en pro de construir una nueva terminal aérea regional en la zona de Taura (a donde no se mete ni el Cuco por estos días). 

"Guayaquil, si busca un futuro sostenible, debe mirar hacia adentro y construir hacia arriba".

¿Polo de desarrollo o tercermundismo?  

A todo el mundo le gusta repetir que vía a la costa es un polo de desarrollo, pero resulta más adecuado llamarla un sánduche de tercermundismo: una montón de ciudadelas, plazas comerciales, centros educativos, plantas industriales y canteras emparedadas entre el manglar y los cerros, o un montón de compuestos urbanos embutidos en una fina lámina metida entre dos panes orgánicos. 

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En ese sentido es muy parecida al otro polo de la metrópolis guayaquileña, la vía a Samborondón, atrapada entre dos ríos, aunque al final se encuentren en cantones distintos. El problema es que son habitados por la misma gente con su misma necedad y deseo de hacerse muy ricos muy rápido apostándole a las rentas adquiridas a través de la explotación del suelo. Cosa, por supuesto, muy criolla.

Pero no debemos pensar que todo está perdido. Es posible, aunque conviene darle la palabra primero a los expertos, el imaginar una alternativa real para mejorar el flujo del tráfico, sobre todo después de los accidentes. Claro, también habría que pensar en cómo cuidar que los municipales de ahora (si es que ahí siguen) o los del futuro (que a lo mejor resulten ser los mismos del pasado) no hagan su feria otorgándole permisos de construcción a Raimundo y todo el mundo alrededor de esa hipotética vía.

Otra cosa que puede y debe hacerse: implementar una ordenanza para restringir el tránsito de la carga pesada que va al puerto de Posorja a ciertos horarios, idealmente nocturnos o al menos alejados de las horas pico. 

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Reclamarán, por supuesto, las empresas del puerto y algunas exportadoras, pero habrá que contestarles con los hechos: los accidentes provocados por los vehículos de carga pesada son frecuentes y las sanciones contra sus conductores van en aumento. Habrá que recordarles también que la congestión prolongada del tráfico causada por ellos le genera pérdidas económicas y de calidad de vida (es decir, económicas) a un montón personas.

Un tema de fondo en discusión

El tema de fondo, sin embargo, y uno que si lo interiorizamos nos puede ahorrar muchos dolores transitando por las vías del futuro, es que los guayaquileños no tenemos un concepto de ciudad ni de vecindad, a duras penas conoceremos alguna idea semejante a la civilización (y esto es cierto de muchísimos otros ecuatorianos, tan solo hay que ver el crecimiento desordenado y las propuestas de desmembramiento cantonal en la capital de la República). Sin tantas garitas y muros ni garitas detrás de garitas (cosa más ridícula que uno se topa con frecuencia en vía a la costa) y sin tanto miedo a la densidad, es decir, a la vecindad íntima, el trazado de la ciudad se desarrollaría de una forma menos difícil de transitar y de administrar.

Guayaquil, si busca un futuro sostenible, debe mirar hacia adentro y construir hacia arriba. Pero antes podría también mirar el reloj y ponerle orden a sus vías.

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Lo que debes saber

• Termina el toque de queda; hubo 2.561 detenidos en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
• Durante dos semanas, policías y militares decomisaron 8,1 toneladas de droga en operativos.
• Expertos cuestionan si la medida redujo la violencia o solo facilitó controles y allanamientos.

A la medianoche, las calles de Guayaquil cambiaron de ritmo. Los últimos buses aceleraron su recorrido, algunos locales bajaron sus puertas antes de lo habitual y los conductores que permanecían fuera debían justificar su presencia ante policías y militares. 

Durante cinco horas, hasta las 05:00, la circulación quedó restringida. Mientras los uniformados instalaban controles y ejecutaban allanamientos, trabajadores informales, comerciantes y repartidores daban por terminada su jornada. Esa escena se repitió desde el 17 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

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El balance de dos semanas de restricción

El toque de queda llega a su fin este 30 de septiembre, después de dos semanas durante las cuales el Gobierno buscó ampliar su margen operativo frente a estructuras vinculadas con asesinatos, extorsiones, narcotráfico y tráfico de armas. El balance con corte al 29 de septiembre registra 1.310 operaciones, 1.050 puntos de control y 29 allanamientos.

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En esos procedimientos fueron aprehendidas 2.561 personas. De ellas, 1.866 estarían relacionadas con delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, según el balance presentado por el Ministerio del Interior. 

Los operativos también dejaron:

Reportaron la retención o recuperación de:

El efecto operativo en las calles

La restricción comenzó con el despliegue de 15.308 policías. Solo en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se habilitaron 25 puntos de control. La reducción de vehículos y peatones facilitó revisiones, patrullajes y el desplazamiento de unidades hacia inmuebles previamente identificados. En ese sentido, el toque de queda sí cumplió una función táctica: despejó las calles durante la madrugada y permitió concentrar recursos en zonas específicas.

Sin embargo, no todos los resultados pueden atribuirse únicamente a la restricción. Varias capturas fueron consecuencia de investigaciones iniciadas meses antes. Ese fue el caso de alias La Patrona, detenida junto con otras 12 personas durante el operativo Diamante, ejecutado en Guayaquil. La investigación tomó aproximadamente ocho meses y apuntó a una red dedicada presuntamente al cobro de ‘vacunas’ y hechos violentos. Aunque la captura se efectuó durante el toque de queda, el trabajo de inteligencia comenzó mucho antes.

Algo similar ocurrió con la presunta red integrada por siete médicos y un funcionario del SNAI, investigada por supuestamente favorecer al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi mediante certificados médicos, registros y documentos irregulares. La operación incluyó 11 allanamientos y ocho detenciones, pero también fue producto de ocho meses de investigaciones.

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Golpes a estructuras criminales en Manabí y El Oro

En Manabí, las autoridades localizaron caletas y decomisaron más de tres toneladas de droga. Según el balance oficial, eso representó una afectación superior a $120 millones para una estructura relacionada con Los Choneros. En El Oro, los primeros procedimientos dejaron más de 14 aprehendidos en acciones dirigidas contra grupos como Lobos-Box y Sao-Box.

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La experta en crimen organizado Michelle Maffei cuestiona la repetición de esta herramienta. “Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es un síntoma de locura”, afirma. Según sus datos, Ecuador cerró 2025 con una tasa de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes y un promedio de 25 asesinatos diarios. Hasta julio de 2026 se contabilizaban 4.882 homicidios, alrededor de 23 por día.

Maffei considera que la violencia responde a factores que superan el horario de circulación, entre ellos la expansión de la minería ilegal y delitos asociados como la trata y el tráfico de personas. Desde esa perspectiva, la restricción puede contener temporalmente ciertas dinámicas, pero no altera las economías ilegales que financian a las organizaciones.

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, también pone el foco en la duración del efecto. La presencia de policías y militares, explica, genera entre los ciudadanos la sensación de que “algo se está haciendo”. No obstante, duda de que la medida produzca un cambio estructural y señala que las estadísticas necesarias para evaluarla se publican con retraso.

Entre la percepción de control y los resultados

La segunda noche en Guayaquil reflejó esa diferencia entre control y resultado. Se realizaron 25 operativos y no hubo detenidos en la ciudad. Algunos conductores que no justificaron su movilización tuvieron que esperar hasta las 05:00, mientras los controles militares continuaron después de concluida la restricción.

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El analista económico Christian Idrovo define el impacto como directo y asimétrico. La restricción, señala, ralentiza la actividad y golpea con mayor intensidad a quienes viven del ingreso diario. El efecto adquiere otra dimensión en un país donde cerca de la mitad de la población trabaja en la informalidad.

Una fuente militar, que pidió mantener su identidad en reserva, señaló que el toque de queda puede contribuir a contener la violencia en determinados momentos, pero advirtió que esta medida, por sí sola, no constituye una solución. A su criterio, su aplicación debe complementarse con labores de inteligencia que permitan identificar la ubicación de los delincuentes y ejecutar acciones focalizadas.

Lo que debes saber

• La industria consumió 6.968,24 GWh en el primer semestre de 2026, equivalentes al 24,52 % de la energía eléctrica facturada en Ecuador.
  
• La falta de un suministro eléctrico estable eleva los costos de producción y condiciona nuevas inversiones, según representantes empresariales.
  
• Las restricciones eléctricas y un eventual aumento de las tarifas industriales pueden repercutir en la competitividad y el crecimiento económico, advierte Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

Disponer de energía eléctrica estable para producir es una nueva variable que deben considerar cada vez más las industrias en Ecuador. La crisis que atraviesa el sector eléctrico desde 2023 -por la falta de nuevos proyectos de generación- ha provocado interrupciones en el suministro de este servicio público durante cuatro años consecutivos.

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En 2023 y 2024, las industrias enfrentaron apagones generalizados; en 2025, algunas tuvieron que recurrir a su propia generación ante emergencias del sistema eléctrico y, además, en junio el Gobierno estableció un plazo de 18 meses para que los grandes consumidores (AV1 y AV2) implementen sistemas de autogeneración.

En 2026, las dificultades con el suministro eléctrico continuaron. Las restricciones volvieron, primero, con pedidos para que ciertas empresas se desconectaran temporalmente de la red y encendieran sus generadores de emergencia; y, desde las últimas semanas de septiembre de 2026, con la desconexión temporal, un día a la semana, de los grandes consumidores de electricidad (alto y mediano voltaje).

Esta última medida se tomó ante el descenso sostenido de la cota del embalse Mazar, que es clave para el sector eléctrico ecuatoriano porque alimenta al complejo Paute Integral, que puede cubrir hasta un 40 % de la demanda nacional.

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Hasta las 12:00 de este 29 de septiembre de 2026, por ejemplo, la cota estaba a 2.133 metros sobre el nivel del mar (mnsm). Es decir, bajó ya 20,03 metros desde la última vez que estuvo al máximo (2.153,32) a finales de julio de 2026, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, informó el 25 de septiembre en Teleamazonas que esta medida permitió “ahorrar” en la primera semana entre 135 y alrededor 200 megavatios (MW).

“Podemos ahorrar hasta “3.100 megavatios hora (MWh)”, dijo el funcionario y refirió que esta cifra representa una reducción del 5 % de la demanda nacional. Pero, ¿qué efecto tiene este “ahorro” en el sector productivo de Ecuador?

La energía inestable eleva los costos de producción

En su informe Perspectivas de las tecnologías energéticas 2026 (Energy Technology Perspectives 2026), la Agencia Internacional de Energía (AIE) sostiene que “las políticas estables y los sistemas energéticos seguros sustentan la competitividad”, porque permiten a las empresas invertir en nuevas tecnologías y plantas de producción.

En Ecuador el sector industrial es el segundo segmento que más demanda electricidad. En el primer semestre de 2026 consumió 6.968,24 gigavatios hora (GWh), equivalentes al 24,52 % de toda la energía eléctrica facturada en Ecuador, según estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

Por ello, no tener un suministro de energía eléctrica estable altera la producción en el sector privado, que apunta a ser lo más eficiente, reconoce Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). 

“Al no tener energía constante, se deben apagar las máquinas y prender los generadores, cuya operación cuesta más”. Esto aumenta los costos producción y afecta aún más a la competitividad en las industrias, comercios y, en sí, en todo el sector productivo, añade Alarcón.

La falta de electricidad confiable también frena inversiones

La falta de este suministro estable limita también el desarrollo de nuevas inversiones. En el sector minero, por ejemplo, la fase II de Mirador -que duplicará la producción de cobre- aún no entra en operación, pese a que su construcción concluyó a finales de 2025.

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Para poner en marcha esta ampliación, la firma china Ecuacorriente -que opera Mirador- debe contar con al menos 180 megavatios (MW). Es decir, más del doble de su requerimiento actual, que bordea los 83 MW. Por ello, el Gobierno no ha autorizado todavía su puesta en marcha.

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), admite que la incertidumbre sobre el suministro eléctrico también condiciona las decisiones de inversión de las empresas porque parte de los recursos que podrían destinarse a crecer termina utilizándose para resolver problemas inmediatos.

“Las empresas invierten muy poco de lo que podrían invertir porque mucho de lo que invierten va dirigido hacia resolver problemas en el día a día, no a proyectarse”, señala.

Esta menor capacidad para invertir termina repercutiendo en otras áreas de la economía. Según Robalino, menos inversión significa menos posibilidades de aumentar la producción, contratar trabajadores y generar tributos. “Mientras menos capacidad de invertir, menos aumento de producción, menos contratación, menos pago de impuestos”, enfatiza.

Industrias enfrentarían una tarifa eléctrica más alta

Para el ministro Blum, la situación, que atraviesan actualmente las industrias, es la “crónica de una muerte anunciada” porque los grandes consumidores AV1 y AV2 tienen hasta el 15 diciembre de 2026 para contar con sus propios sistemas de autogeneración, como establece el Decreto Ejecutivo 32.

Pero debido a que “muchos de ellos” no alcanzaron, el Gobierno decidió ofrecer la alternativa de permanecer conectados al sistema nacional, a cambio de asumir los costos reales de las tarifas de energía, que se espera que se oficialicen este 1 de octubre de 2026.

Así, se prevé que el kilovatio hora (kWh) para el sector industrial pasaría de 12 centavos a alrededor de 30 o 31 centavos. Una tarifa menor a lo que les cuesta a los industriales (entre 38 y 44 centavos), dice Blum.

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De ratificarse estos costos (30 o 31 centavos por cada kWh), la tarifa del sector industrial en Ecuador pasaría de ser una de las más bajas de América Latina a la más elevada, subraya Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

El impacto puede llegar al crecimiento económico

Este panorama puede golpear aún más la competitividad y también el crecimiento económico, advierte Spurrier. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) prevé que la economía crezca 2,7 % en 2026, una meta que, a su criterio, se podría ver afectada por las restricciones eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño. “El aporte de las industrias al Producto Interno Bruto representa el 13 %, sin contar la refinación de petróleo”, advierte.

Muñoz y su ruta electoral

• Pabel Muñoz busca la reelección con una alianza distinta a la que lo llevó a la Alcaldía en 2023.
• La suspensión de Revolución Ciudadana y Amigo obligó a Muñoz a cambiar de vehículo electoral para 2026.
• Unidad Popular, Partido Socialista y Todos respaldan la nueva candidatura de Muñoz para continuar en la Alcaldía.

Pabel Muñoz busca reelegirse como alcalde de Quito en un escenario distinto al que lo llevó al Municipio en 2023. 

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Su carrera política nació ligada al correísmo y, durante más de una década, pasó por cargos técnicos, administrativos y legislativos dentro de esa estructura.

Ahora intenta mantenerse en la contienda electoral pese a los cambios de movimiento, las suspensiones de organizaciones políticas y una nueva estrategia de alianzas que lo llevó a inscribir su candidatura con Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento Todos.

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De la planificación estatal a la política nacional

El recorrido de Muñoz comenzó en la administración pública durante el gobierno de Rafael Correa. Sociólogo de profesión, obtuvo su licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas, con especialidad en Sociología del Desarrollo, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su perfil se consolidó inicialmente en áreas vinculadas con la planificación estatal y el diseño de políticas públicas.

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Ese paso por la administración pública le abrió la puerta a una nueva etapa. 

En las elecciones de 2023 consiguió el triunfo con el respaldo de la Revolución Ciudadana y asumió el cargo el 14 de mayo de ese año. Su llegada significó el retorno del correísmo al control del Municipio, después de varios períodos administrados por distintas fuerzas políticas.

Del correísmo a una nueva ruta electoral

La relación con el correísmo ha estado marcada por matices y diferencias. Rafael Correa llegó a calificar a Muñoz de “tibio”, aunque esa distancia no impidió que el actual alcalde permaneciera dentro de la estructura política construida alrededor del expresidente.

El escenario electoral de 2026, sin embargo, alteró esa dinámica. Con la Revolución Ciudadana suspendida, el correísmo buscó una vía alternativa en el movimiento Amigo, escogido para auspiciar a sus candidatos. Muñoz llegó a ser considerado dentro de esa estrategia, pero el camino se cerró temporalmente cuando el Tribunal Contencioso Electoral suspendió a Amigo por nueve meses. La decisión obligó a modificar nuevamente la ruta electoral.

La salida fue una alianza diferente. El 6 de agosto de 2026, Muñoz inscribió su candidatura para buscar la reelección con el respaldo de Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y el movimiento provincial Todos. El cambio de siglas marca una diferencia respecto de 2023, cuando llegó directamente bajo el sello de la Revolución Ciudadana.

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Una alianza que cambia el escenario de 2026

El nuevo escenario no significa, por sí mismo, que su base electoral haya desaparecido. La politóloga Tatiana Quinga sostiene que todavía no existen datos suficientes y actualizados para establecer cuánto puede afectar a Muñoz la ausencia de la Revolución Ciudadana y señala que las elecciones seccionales tienen dinámicas propias, en las que el trabajo territorial adquiere un peso relevante.

Para el analista Alfredo Espinosa, la alianza responde a una necesidad compartida entre las organizaciones que buscan mantenerse en la competencia electoral y un alcalde que perdió el vehículo partidista con el que llegó al poder municipal. El desafío, además, podría extenderse al Concejo Metropolitano, donde una eventual continuidad requeriría construir acuerdos para gobernar.

En paralelo a su trayectoria política, los datos tributarios permiten observar otra dimensión de su perfil público. Según la información consignada para este perfil, Muñoz declaró $4.378,55 de impuesto a la renta en 2023; $6.803,68 en 2024; y $6.379,34 en 2025. En conjunto, los pagos de esos tres ejercicios suman $17.561,57.

Su declaración patrimonial registra bienes por $230.298,32. Estas cifras forman parte del contraste entre la trayectoria política y la información económica declarada por el alcalde.

Los retos de la reelección

Su administración también ha estado atravesada por episodios que han elevado la disputa política. Los incendios forestales registrados en Quito, por ejemplo, generaron cuestionamientos y pedidos de fiscalización, mientras las emergencias han expuesto las tensiones entre el Cabildo y otras instituciones públicas.

Para los especialistas, la trayectoria de Muñoz llega así a una nueva etapa. Su primera fase estuvo marcada por el correísmo: comenzó en la planificación estatal, pasó por la Asamblea y terminó en la Alcaldía.

La segunda está definida por la necesidad de competir sin la estructura partidista que lo acompañó durante buena parte de su carrera. Para mantenerse en la contienda de 2026, Muñoz tuvo que cambiar de vehículo electoral sin abandonar el objetivo de continuar al frente del Municipio.

La interoperabilidad entre el tranvía, los buses urbanos y la bicicleta pública está en proceso. Sin embargo, especialistas y autoridades coinciden en que permitir el uso de una misma tarjeta no será suficiente. El siguiente reto será definir una tarifa integrada que permita al usuario realizar transbordos sin pagar nuevamente por cada medio de transporte.

Guilherme Chalhoub, consultor y profesor en Movilidad Sostenible, sostiene que el tranvía ha modificado la percepción que existe sobre el transporte público. “Su comodidad, horarios definidos y circulación por una vía segregada permite que sea visto como un sistema que puede ser utilizado independientemente del nivel de ingresos”.

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Interoperabilidad del sistema

Sin embargo, el consultor considera que esto ya no es suficiente y que una de las principales limitaciones a las que se enfrenta el tranvía en la actualidad es que “no está plenamente conectado con líneas de buses que funcionen como alimentadoras”.

En 2019 se realizó un piloto de tres meses en el que se conectaron rutas de bus con el tranvía sin un cobro adicional por el transbordo. Chalhoub, integrante del equipo municipal en aquel momento, aseguró que esta medida hizo que la “demanda creciera significativamente y superara las 25.000 validaciones diarias”.

A su criterio, una integración similar permitiría incrementar el uso del sistema. Pero advierte que esto requiere cambiar la manera en que se entiende el transporte público: no como servicios independientes, sino como una sola red. “Cuanto más reintegremos el tranvía a otros medios de transporte sin un cobro adicional, va a aumentar el número de usuarios”, señaló.

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La integración, sin embargo, tiene una dimensión económica. Los operadores de buses deben mantener sus ingresos y el sistema necesita establecer cómo se distribuirá el valor de una tarifa única entre los distintos medios.

Para Chalhoub, este es un debate a desarrollarse entre varios actores: siete operadoras de buses urbanos, la Cámara de Transporte, el Municipio y los usuarios. La reorganización de las rutas también sería necesaria para evitar que varias líneas recorran los mismos corredores y permitir que los transbordos formen parte natural del viaje.

Haydee López, directora general del Tranvía, explicó que la interoperabilidad tecnológica ha sido analizada desde 2019. El objetivo es que los sistemas de pago puedan reconocerse entre sí y que los usuarios no tengan que manejar tarjetas separadas para el bus y el tranvía.

El 2 de diciembre de 2025 se firmó un convenio en el que se establecieron las reglas para avanzar en la interoperabilidad comercial, operativa y tecnológica. En marzo de 2026 se publicó un proceso de contratación, pero fue declarado desierto después de observaciones y reclamos.

Posteriormente, la documentación tuvo que actualizarse debido a cambios en la normativa. Actualmente, el proceso se encuentra nuevamente en revisión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel y se prevé volver a publicar el proceso en octubre.

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Cifras del tranvía de Cuenca

En tanto las cifras son alentadoras para el sistema tranviario. López detalló que en 2020 se registraban unas 8.000 validaciones diarias. En 2025 se cerró con 25.000 de lunes a viernes y en 2026 la cifra, hasta agosto, ya supera las 27.000 validaciones. 

Y este incremento también se refleja en los ingresos. Hasta el 31 de agosto de 2026, el sistema registraba alrededor de 2,5 millones de dólares en ingresos. 

En todo 2025 fueron más de 3,5 millones de dólares. En agosto de 2026, considerado un mes de menor demanda por el período de vacaciones escolares, los ingresos alcanzaron aproximadamente 300.000 dólares: 238.000 dólares correspondieron a la prestación del servicio, 61.000 dólares a publicidad y unos 2.000 dólares a la venta de tarjetas. 

López señaló que en 2025 el subsidio fue de aproximadamente 2 millones de dólares y estima que en 2026 podría ubicarse en alrededor de 1,7 millones de dólares, aunque la cifra definitiva se conocerá al cierre del ejercicio fiscal.

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Buses eléctricos como alimentadores

La integración no depende únicamente del sistema de recaudo. También requiere que existan rutas que conecten con el tranvía. La Dirección de Gestión de Movilidad trabaja en una estrategia que contempla, como una de las opciones, la adquisición de una flota de buses eléctricos y la planificación de una nueva línea operada por el Municipio de Cuenca. Parte de esas unidades podría funcionar como alimentadora del tranvía.

Berenice Cubides, directora de Gestión de Movilidad, explicó que la consultoría fue contratada el año anterior y que su plazo contractual culmina este mes. 

El estudio busca definir la estrategia para la electrificación de todo el transporte públicoa corto, mediano y largo plazo. La primera adquisición contempla una flota de cerca de 12 unidades que en primera instancia serían operadas por la dirección del tranvía. Cubides señaló que esto aún deberá ser aprobado una vez que se reciba el estudio definitivo.

Desde entonces y hasta en lo que va de 2026, Noboa ha realizado al menos 49 viajes internacionales como presidente, de los que la mayoría (en algunos casos por más de 15 días), se ha enfocado en generar atracción para la Inversión Extranjera Directa (IED) en Ecuador.

Por ejemplo, en 2024, el presidente realizó 14 viajes al extranjero, de los que 10 fueron de carácter oficial y de ellos 8 fueron a Estados Unidos. La decena de viajes como mandatario tuvo entre sus objetivos despertar el interés de las empresas por Ecuador.

En marzo de ese año se reunió en Nueva York con inversionistas y en Toronto participó en actividades vinculadas con minería, energía e inversiones. A esos destinos volvió en septiembre para cumplir una agenda similar. En mayo estuvo por Italia, España y Francia, también con la idea de atraer inversión.

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Más de dos meses fuera del país, a través de giras presidenciales

Para 2025, el mandatario permaneció al menos 69 días en el extranjero, por un total de 18 viajes, de los que el 75% correspondió a agendas oficiales. Entre los principales destinos estuvo Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Reino Unido, Francia, China, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Israel, Brasil y Uruguay.

Posteriormente, el Gobierno vinculó estos viajes con las cifras de la balanza económica, destacando que la IED alcanzó los $1.299 millones en 2025, lo que significó un crecimiento del 191%, según cifras del Banco Central de Ecuador (BCE).

No obstante, analistas recuerdan que este aumento no se trató de capital fresco. El experto en inversión y comercio exterior, José Xavier Orellana, explica que el aumento de la IED respondió sobre todo al incremento del 145% en los aportes de capital y del 230% en la reinversión de utilidades, mientras persistieron entradas negativas asociadas a préstamos entre empresas.

“Buena parte del salto es reinversión de utilidades de empresas que ya estaban en Ecuador, no necesariamente inversión nueva de primera vez”, indica.

La inversión de ese año se concentró en servicios prestados a empresas (42%), comercio (19,5%) y agricultura, silvicultura, caza y pesca (16,1%), commodities, servicios y recursos naturales, más no manufactura de valor agregado ni tecnología. Un patrón, dice el experto, que es consistente con un país que atrae capital oportunista de corto ciclo y no todavía inversión productiva de largo plazo.

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Las giras representan no más allá del 10 % de la decisión para invertir en Ecuador

Los analistas señalan que si bien las visitas presidenciales son importantes para ubicar a Ecuador en el radar del mundo, solo representan hasta un 10 % de la decisión de inversión hacia el país, ya que los incentivos de gran peso son otros que aún el Estado necesita resolver.

El primero de estos componentes es la seguridad jurídica, como tratados de protección de inversión con arbitraje internacional (Ciadi) que se respeten en la práctica, no solo en el papel. “Un due diligence legal (proceso de investigación, auditoría y análisis exhaustivo de la situación jurídica del país) pesa más que cualquier viaje”, señala Orellana.

El analista y editor de la revista económica Análisis Semanal, Alberto Acosta, coincide en que las principales barreras siguen siendo legales. Él explica que los sectores que más atraen inversión en el mundo son energía, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, agua, minería e infraestructura. No obstante, en Ecuador esos son precisamente los sectores que por ley se establecieron como monopolios estatales.

“Es un absurdo, por ejemplo, que empresas privadas no puedan invertir en potabilizar agua y que haya escasez de agua en muchas ciudades de la costa, porque la Constitución prohíbe esa inversión y hay que depender de una empresa pública que no se abastece y entonces se tenga que vivir con tanqueros. Somos un país experto en bloquear las inversiones”, cuestiona.

En 2026 ha realizado 16 viajes

En lo que va de este año 2026, el presidente ha hecho 16 viajes, de los cuales 15 han sido como mandatario y de ellos cuatro han tenido entre sus objetivos atraer inversión extranjera.

En febrero volvió a los Emiratos Árabes para fortalecer la relación bilateral en comercio, inversión y energía. En mayo viajó a Estados Unidos y en agosto realizó una gira oficial por China y Singapur.

De esta última, obtuvo el compromiso de $42,7 millones en cooperación no reembolsable desde China y el inicio de mesas de transferencia tecnológica y de inversión en Singapur.

La docente del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Tatiana Macías, dice que estos logros son importantes, aunque serán exitosos cuando se reflejen en la dinamización de la economía y en más empleo en Ecuador. Y para que se dé, además del arbitraje internacional y la seguridad jurídica, coincide, será necesaria una reforma laboral, añade.

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La reinversión de utilidades también crece en 2026

En el primer trimestre de este 2026 (últimos datos reportados por el BCE), la IED en el país fue de $431,5 millones, lo que representó un aumento de 85,7 % frente a los $232,4 millones del primer trimestre de 2025.

No obstante, de nuevo no se trató de capital fresco ingresando al país, sino de utilidades reinvertidas, en un 57,2 %. El resto se dividió entre acciones y préstamos entre las casas matrices extranjeras y sus filiales en Ecuador, según el BCE.

“Esa reinversión también es muy buena, porque es una muestra de que las empresas deciden quedarse en Ecuador, aun cuando el país no les brinda un terreno adecuado y deben asumir costos adicionales como el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)”, menciona Macías.

Y es que otro de los incentivos fundamentales para atraer IED, dicen los expertos, es la estabilidad tributaria, ya que reformas retroactivas o sorpresivas son la razón número uno por la que un fondo descarta un país en la fase de screening (fase de filtrado), “antes de llegar siquiera a modelar retornos”, añade Orellana.

El último de los viajes de Noboa se realizó el 18 de septiembre y duró 5 días. Lo hizo para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea de la ONU, en Nueva York. Y, según aseguró antes de marcharse, también fue a presentar oportunidades de inversión en Ecuador.

En 2018 la Presidencia reportó que el costo por hora de vuelo en el avión presidencial Falcon 7X era de $7.615 y en el Embraer Legacy 600 de $7.228

Otros incentivos importantes para atraer inversión

Los expertos también destacan que, para que llegue realmente la inversión, antes que las giras, Ecuador debe contar con infraestructura energética confiable, ya que ningún inversionista industrial compromete capital si el costo y la disponibilidad de energía son inciertos. Además, añaden, el Estado debe proteger activamente la dolarización que funciona como ancla; mejorar la seguridad ciudadana, dar continuidad institucional, impulsar la ventanilla única y la previsibilidad regulatoria.

Lo que debes saber

• Superintendencia oculta informe sobre la polémica compra de medios ligada a Galamedios.
• La reserva legal de Galamedios vulnera la LOTAIP al carecer de resolución y motivación.
• El uso indebido del estatus reservado se consolida como artilugio para ocultar información.

Cuando un organismo de control del Estado declara en reserva o califica como reservado un informe es porque la autoridad no quiere que esa información sea pública. En otras palabras, lo reservado es lo que quiere que se mantenga oculto o, como se dice morocho, escondido. Esto es lo que la Superintendencia de Compañías ha hecho con el informe que dice haber elaborado sobre Galamedios, la empresa del asambleísta suplente del Gobierno que hizo la más que tránsfuga compra de La Posta y Radio Centro.

En efecto, el superintendente de Compañías subrogante, Luis Idrovo Murillo, reveló ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que la entidad ya ejecutó y concluyó un proceso de control e inspección a Galamedios. Sin embargo, dijo que los resultados se mantienen bajo estricta reserva legal. La Superintendencia de Compañías investigó a Galamedios. La investigación terminó. El informe existe. Pero los ciudadanos no pueden conocer qué encontró la entidad porque, según su superintendente subrogante, sus resultados son “reservados”.

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Marco legal y requisitos constitucionales vulnerados

Y aquí comienza el problema. No porque se trate de un asambleísta de medio pelo, cuyo patrimonio declarado no le alcanza ni para comprar una media agua, sino porque la declaratoria de reserva en este caso es evidentemente tramposa y no se ajusta a los requisitos legales y constitucionales. En efecto, la ley permite reservar determinada información pública. Sin embargo, la reserva no se declara por decreto verbal de un funcionario, por más bonito que este se considere, ni nace simplemente de pronunciar la palabra “reservado”, como parece haber ocurrido en este caso.

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Incumplimientos de la LOTAIP y la Constitución

Para comenzar, hay que decir que la Constitución es clara y contundente. El artículo 18 establece que no existe reserva de información sino en los casos expresamente establecidos en la ley. Y la LOTAIP exige, además, que la clasificación como reservada se haga mediante una resolución motivada. Esa resolución debe identificar la norma que permite la reserva, el interés público que se busca proteger, el daño concreto que produciría divulgar la información, las razones de proporcionalidad y el período durante el cual permanecerá reservada. Hasta aquí, nada calza y resulta evidente que Idrovo se pasó la ley por el forro.

Hay más. La LOTAIP establece que, si no se cumple el procedimiento legal de clasificación, la reserva carece de validez. También dispone que la resolución sea remitida a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional, cosa que no ha ocurrido, al menos según la información pública disponible.

Otra cosa: tampoco existe constancia pública de la resolución de la Superintendencia que declaró reservado el informe de Galamedios. Nada se sabe de esa resolución: ni cuándo fue expedida, ni quién la firmó, ni qué norma invocó la Superintendencia. ¿Qué parte del informe está protegida? ¿Por cuánto tiempo? ¿Fue incorporada al índice de información reservada? ¿Fue remitida a la Defensoría y a la Asamblea? Nada de esto se sabe. Sin embargo, en la Asamblea se dio por sentado que nadie puede conocer el informe elaborado sobre Galamedios.

Las operaciones financieras de Galamedios y Boglia Media

Y en este caso el tema no es cualquier cosa, porque Galamedios no es una compañía cualquiera: fue creada en 2025, adquirió por 2,6 millones de dólares las participaciones relacionadas con La Posta y Radio Centro y registró millonarias obligaciones financieras. Y ahora resulta que Galamedios transfirió esos activos a Boglia Media, una sociedad panameña, poco antes de entrar en disolución.

La lógica, la ley y la ética pública dicen que la transparencia no consiste en que el Estado diga que investigó. Consiste en que explique qué puede mantener legítimamente oculto y por qué.

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Si existe una resolución de reserva, Idrovo debió mostrarla, y eso no lo hizo. Si cumple la LOTAIP, como debería, Idrovo debió explicar su fundamento. Porque una investigación sobre una empresa que compró medios de comunicación por millones de dólares no puede terminar administrativamente en una frase: “el informe es reservado”. Eso, en realidad, fue un insulto a la inteligencia y a la ética.

Idrovo ignoró, evidentemente de forma deliberada, que la reserva de un documento necesita una ley que la justifique, una resolución y una motivación. Y, sobre todo, necesita poder ser comprobada.

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Falta de registro y antecedentes de ocultamiento estatal

Pero aún hay algo más que hace pensar que esta reserva es chueca. La LOTAIP obliga a las instituciones a mantener un índice de información reservada, que debe señalar el número de resolución, la fecha de clasificación y el período de vigencia. Es decir, la Superintendencia debería tener su resolución sobre Galamedios en ese índice o lista.

Y esto tampoco ocurre. En realidad, Galamedios no aparece en el índice de información reservada de la Superintendencia de Compañías, según la información pública revisada.

Idrovo no parece saber, o finge no saber, algo que jurídicamente es para principiantes: la reserva no se presume. Si la Superintendencia afirma que el informe de Galamedios es reservado, debe poder mostrar el fundamento legal y el acto administrativo que produjo esa clasificación. Hasta ahora, eso no ha ocurrido públicamente.

El patrón de reserva en casos de interés público

Lo de “reservado”, evidentemente, se ha convertido en un artilugio utilizado por el Gobierno para esconder información. Ocurrió en este caso con Galamedios, como también ocurrió con el fiasco de HealthBird, donde tampoco se quiso entregar a la opinión pública la información sobre el contrato con esa supuesta proveedora de servicios de salud. Y ocurrió con el informe del caso Caja Chica, también reservado, con el que el Tribunal Contencioso Electoral dejó fuera de las elecciones a la Revolución Ciudadana.

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Si se quiere ocultar algo, siempre lo más eficaz será declararlo reservado. Aún más cuando se lo hace ignorando la ley.

Los datos clave de esta historia

• Un terreno de 55 hectáreas, avaluado en $22 millones, iba a venderse por unos $5 millones en el caso Proinco, pero un juez de Mejía suspendió en agosto de 2026 el proceso de compra y venta. Son más de 1.000 inversionistas que esperan recuperar más de $60 millones.
  
  
• En Homes Ecuador, 46 familias siguen sin una solución en proyecto habitacional de vía a la Costa, en Guayaquil. Han pasado seis liquidadores desde 2019.
  
• En Vidcae, el actual liquidador, Patricio Salazar, maneja 72 liquidaciones simultáneamente, y no contesta a acreedores, según fuentes.

Después de la publicación de la investigación ‘La argolla del control’, varias personas llegaron a EXPRESO, tanto a sus oficinas de Guayaquil como de Quito, para contar las anomalías que registran los procesos de liquidación que atraviesan las empresas con las que tienen algún tipo de relación, ya sea porque son compañías familiares o son parte de la lista de acreedores.

Este Diario recogió sus testimonios y recibió los documentos que sostienen sus afirmaciones. Ellos cuestionan que las gestiones de los liquidadores, personas delegadas por la Superintendencia de Compañías, en lugar de cerrar las empresas de forma ordenada y pagar las deudas, se han convertido en trámites largos, inciertos y, en varios casos, administraciones que guardan silencio ante sus consultas.

La falta de información y de acciones para sanear las deudas, aseguraron los ciudadanos, mantiene con incertidumbre a familias, adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad.

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En los testimonios se repite el problema y las figuras de los liquidadores en diferentes empresas. En distintos expedientes se cruzan los nombres de Carlos Cadena, Patricio Salazar o Ashley Delgado, quienes han llegado a manejar decenas de liquidaciones a la vez o a representar al mismo tiempo a empresas que tienen cuentas pendientes entre sí.

Este es un seguimiento de las tres entregas pasadas que revelaron la concentración de cargos que, según los testimonios y expertos en temas societarios, genera opacidad y prolonga las acciones de pago ante la carga de trabajo humanamente imposible de gestionar. Así también lo señalaron fuentes y denunciantes, que pidieron relatar sus casos sin una mayor exposición por posibles represalias.

HOMES ECUADOR S.A.

Milton Espinosa, un jubilado con discapacidad, pagó $42.000 en diciembre de 2014 por un departamento en el proyecto Costa Plaza en Puerto Azul, en Guayaquil.

La vivienda debía entregarse en febrero de 2015, pero no le dieron el inmueble ni le devolvieron el dinero.

Así lo relató un familiar del adulto mayor, quien pidió que se guardara bajo reserva su identidad. Él se contactó con este Diario y contó que pese a ganar una decisión arbitral firme en mayo de 2026, sigue sin cobrar, al igual que otras 45 familias.

“Vendieron dos veces los apartamentos, todo con venia de liquidadores. Los actuales dueños que sí viven en el conjunto lo conocen. Además que ya perdieron su plata, les pedían más plata sobre un proyecto en ruinas”, manifestó la fuente, quien cuestiona el silencio y falta de acciones de las diferentes administraciones de la ‘Super’ en torno a la opacidad con que se han manejado las cuentas de Homes Ecuador y de otras empresas relacionadas.

Homes Ecuador fue disuelta el 8 de marzo de 2019 y desde entonces la administración de la firma ha pasado por las manos de seis liquidadores, quienes no han podido dar solución a los perjudicados.

Según la fuente, la información con la que cuentan corresponde a un archivo de Excel del año 2018 que el entonces liquidador Carlos Cadena les envió en 2021 (esta persona estuvo al frente de esa liquidación entre 2020 y 2022).

Cadena es una de las 21 personas identificadas en la concentración de liquidaciones de empresas. Simultáneamente registraba 40 encargos, según los datos oficiales con corte al 9 de junio pasado.

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En el documento entregado a acreedores, que revisó este Diario, se detalla que Homes debía $384.000 a Landrex y $1.422 dólares a Moatowers, mientras que la empresa vinculada Motorgold le debía a Homes Ecuador $1’643.504. Todas estas compañías pertenecen a los accionistas.

“Desde otra liquidación, (vemos) en cambio, que el aparato jurídico sí fue activado contra directivos de la compañía que edita EXPRESO (la ‘Super’ nombró a Cadena liquidador de Veranera S. A., que pretende controlar el 40% del paquete accionario de Granasa, y en medio de una disputa abierta por esas acciones Granasa fue intervenida en 2026). Cadena debe explicar por qué no desplegó frente a Motorgold ni accionistas de compañías vinculadas la misma capacidad jurídica”, comentó la fuente.

Ninguno de los seis liquidadores que pasaron por Homes Ecuador demandó ni intentó cobrar los 1,64 millones de dólares que debía Motorgold, sostuvieron los afectados.

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Por el contrario, agregaron, el 28 de agosto de 2020 fueron enviados correos con copia a la liquidadora Paola Vélez exigiendo a los compradores pagar entre un 10% y un 18% más de dinero bajo supuestas amenazas de sanciones (presiones). Además, indicaron que en su momento cinco de los seis liquidadores representaron al mismo tiempo a la empresa deudora y a la acreedora Landrex.

Este Diario solicitó una entrevista a la administración de esas firmas, pero sigue pendiente la respuesta.

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Más de mil afectados

El caso del Grupo Proinco (que agrupa a tres empresas) abarca a más de 1.000 inversionistas, a quienes se les debe más de $60’000.000 desde el año 2016.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y herederos, como Pedro Galindo, el presidente del comité de acreedores formado el 7 de julio de 2025, cuya madre falleció sin recuperar sus $80.000.

Un informe pericial de la Fiscalía confirmó que existían $98’000.000 en activos para saldar las deudas.

Los denunciantes relatan que entre mayo y junio de 2025, la entonces intendenta regional Verónica Rodríguez reemplazó del cargo al liquidador Ángel Mayorga (quien, según las fuentes, sí informaba a los acreedores del avance del proceso) por Roberth Torres.

Torres es parte del grupo de liquidadores beneficiados con 34 encargos al 9 de junio pasado. Según los acreedores, en 2025 él tenía previsto vender un bien que podía respaldar parte de la deuda: un terreno de 55 hectáreas (dos lotes) en el cantón Mejía, avaluado en $22’000.000 en 2016, pero que se pretendía vender en unos $5’000.000.

No obstante, en agosto de 2026, el juez Henry Leiva, del cantón Mejía, ordenó la suspensión del proceso de la compra y venta del bien, “a fin de prevenir un daño grave e irreversible a los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, vida digna y propiedad de las personas adultas mayores y acreedores del proceso de liquidación de Maktradecorp S.A.”.

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El caso VIDCAE S.A.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas constituyó la empresa Vidcae S.A. para construir un proyecto de viviendas, a través del cual se vendieron terrenos a más de 500 arquitectos. Tiempo después, los directivos del gremio pasaron la mayoría de las acciones a la propia Vidcae S.A.

Dicha firma entró en liquidación en 2015 por incumplimientos en la presentación de balances y desde entonces han pasado siete liquidadores. Actualmente, el proceso está en manos del liquidador Patricio Salazar, quien maneja 72 liquidaciones al mismo tiempo, según la investigación de EXPRESO.

Arquitectos que confiaron sus ahorros en el proyecto aseguraron que Salazar se ha negado a registrar como acreedores a 240 compradores que entregaron sus carpetas con la documentación completa.

Patricia Sánchez es una de las más de 500 personas que afirman haber sido afectadas y que sostienen no haber sido escuchadas por la ‘Super’. “Yo creo que debe actuar la Fiscalía. El paquete accionario debe regresar al CAE (Colegio de Arquitectos del Ecuador-Guayas) y es el CAE el que debe liquidar el proyecto”, planteó Sánchez, quien entregó 8.600 dólares hace 25 años.

En la investigación ‘La argolla del control’ se envió un pedido de entrevista a Salazar. No ha contestado el correo electrónico.

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Dos años en liquidación

Entre las historias que se documentaron en esta entrega consta la de una empresa cuya actividad está relacionada con varias industrias y que tras haber sido intervenida por la Superintendencia de Compañías, en medio de un conflicto entre accionistas, entró en un proceso de disolución que data del 2024.

EXPRESO conoció que esta compañía ha tenido más de un liquidador en ese tiempo. Ashley Delgado Aguilar es la más reciente, desde mediados de 2025. La liquidadora, abogada de 24 años de edad, ha recibido 20 nombramientos similares entre 2025 y 2026 (al 9 de junio pasado tenía 15 encargos de ese tipo).

La llegada de la liquidadora significó para el principal accionista y su familia, el inicio de una pesadilla ante las supuestas acciones de la administradora para evitar que el negocio retome su actividad, como el cambio de cerraduras, lo que ha supuesto la acumulación de deudas bancarias, de servicios básicos, pago a proveedores, reveló una fuente cercana a la empresa.

Lo que debes saber

• La PTAR Tumbaco genera dudas entre moradores de Churoloma por posibles expropiaciones y olores.
• Epmaps prevé intervenir 12 hectáreas para atender las aguas residuales de Tumbaco y Cumbayá.
• La fase consultiva está prevista para octubre de 2026 antes de definir el inicio de la construcción.

En Churoloma, la incertidumbre crece. La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales pone en alerta a familias, agricultores y propietarios.

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El temor se concentra en dos aspectos. Por un lado, los posibles olores, vectores y cambios en el entorno que podría generar la operación de la planta. Por otro, la posibilidad de que varias familias tengan que abandonar sus propiedades debido a los procesos de expropiación necesarios para ejecutar la obra.

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Propietarios temen perder sus terrenos

Uno de los moradores que podría resultar directamente afectado es Alberto Guerra. Su predio, de aproximadamente 5.200 metros cuadrados, se encuentra dentro del área contemplada para el proyecto. 

Según explica, Epmaps ya le habría comunicado un valor de compensación cercano a los $150.000, pese a que él estima que el terreno tendría un valor aproximado de $300.000.

“No me están consultando, me están indicando lo que ellos ya tienen proyectado”, sostiene Guerra, quien asegura que estaría dispuesto a dejar el lugar si recibe una compensación adecuada. Sin embargo, dice que su mayor preocupación está en las familias que permanecerán en los alrededores.

El proyecto contempla una zona de amortiguamiento alrededor de la planta, que incluirá áreas verdes para contribuir a reducir los posibles impactos. Para Guerra, esa medida no necesariamente garantiza que los olores no lleguen a sectores ubicados en dirección de los vientos, como Pillagua, Collaquí, Nayón y Cuatro Esquinas.

Su inquietud también está relacionada con experiencias que, asegura, algunos moradores han conocido durante visitas a otras plantas de tratamiento. Epmaps organizó recorridos, entre ellos a la PTAR Quitumbe, para explicar a los habitantes cómo funcionan estas instalaciones.

Olores y afectaciones preocupan a moradores

Irina Moncayo, asesora de la Gerencia General de Epmaps, sostiene que las principales preocupaciones de los moradores están relacionadas con olores, vectores, posibles afectaciones ambientales y cambios en el entorno. A su criterio, parte de estas dudas se originan en el desconocimiento sobre el funcionamiento de las plantas.

Guerra, sin embargo, mantiene sus reparos. Cuenta que visitó la planta de Quitumbe y observó que estaba en buenas condiciones, pero también vio una urbanización cercana donde, según relata, los habitantes mantenían las ventanas y cortinas cerradas.

Además, advierte que la comparación tiene una diferencia importante: la PTAR Tumbaco tendrá una capacidad aproximada de 500 litros por segundo, mientras que la de Quitumbe alcanza los 108 litros por segundo.

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La preocupación tampoco se limita a los propietarios. Yesenia López, quien vive en Churoloma desde hace unos 20 años, asegura que la noticia tomó por sorpresa a varias familias. Dice que todavía existen versiones contradictorias sobre el alcance del proyecto y que no todos conocen qué ocurrirá con las viviendas ubicadas en el área de intervención.

López arrienda la vivienda en la que reside, por lo que tampoco conoce con claridad qué mecanismo se aplicaría en su caso. Sin embargo, señala que varias personas de su entorno son familiares y tendrían que abandonar el sector si la obra avanza.

“Vivimos ahí algunas personas que casi todos somos familiares y sí nos afecta porque tenemos que evacuar de ahí”, explica.

Los agricultores también siguen el proceso con preocupación. Geovanny Mieles lleva alrededor de cinco años en la zona y mantiene cultivos de maíz, alfalfa y fréjol, además de animales. Afirma que su actividad depende directamente de los terrenos que podrían verse afectados.

Los moradores reclaman mayor claridad sobre las propiedades que serán intervenidas y las condiciones de las eventuales expropiaciones. Epmaps señala que la planta requerirá unas ocho hectáreas y que el proyecto completo ocupará aproximadamente 12 hectáreas.

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Epmaps defiende beneficios ambientales

La empresa explica que el diseño incluye una zona de amortiguamiento con parque, ciclovía, árboles y espacios solicitados por la comunidad, entre ellos una cancha. También asegura que cualquier expropiación deberá cumplir los procedimientos establecidos por la ley.

Si un propietario no está de acuerdo con la valoración, podrá recurrir a las vías legales correspondientes.

El proyecto todavía no entrará inmediatamente en construcción. Epmaps ya cuenta con los diseños definitivos y el estudio de impacto ambiental fue aprobado. Actualmente avanza la fase consultiva, prevista para octubre de 2026.

Antes de esta etapa, la empresa instaló mesas informativas en Churoloma y Collaquí, realizó una asamblea y recogió observaciones de los moradores.

La fecha de inicio de los trabajos aún no está definida. Moncayo explica que, una vez obtenida la licencia ambiental, Epmaps deberá convocar a una licitación para seleccionar a la empresa constructora. Si la autorización se obtiene durante 2026, ese proceso podría desarrollarse en 2027.

Mientras la comunidad cuestiona los posibles impactos, Epmaps defiende la obra por sus beneficios ambientales. La PTAR forma parte de un sistema de interceptores que recogerá las aguas residuales de Tumbaco y Cumbayá para conducirlas hacia la planta y someterlas a tratamiento.

El objetivo es reducir la contaminación de quebradas como El Común, El Tejar y Tajamar, además de contribuir a la recuperación del río San Pedro. La quebrada Payaso, donde se ubicará la planta, es uno de sus afluentes.

Lo que debes saber

• Ecuador figura entre los países más endeudados de América Latina y el peso de sus obligaciones sigue creciendo, según análisis recientes.
• Expertos advierten que una parte importante de los recursos públicos se destina al pago de deuda e intereses, limitando la inversión y la capacidad de impulsar la economía.
• Mientras el Gobierno mantiene el acceso al financiamiento externo, economistas alertan que el desafío de fondo sigue siendo reducir el déficit fiscal y contener el gasto público.

El alto endeudamiento sigue siendo una ‘piedra en el zapato’ para las metas fiscales del Gobierno y sus intentos de sacar a flote la economía. Hoy, Ecuador aparece entre los 10 países de América Latina que más deuda acumulan, como resultado de haber convertido el crédito en una política recurrente para enfrentar sus problemas.

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Así lo registró hace unos días Bloomberg, portal especializado en noticias financieras y análisis de mercados, cuando señaló que la presión de la deuda de Ecuador, al segundo trimestre de 2026, ya alcanzaba el 53,8 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando incluso a economías como México (48,4 %), Chile (47,4 %) y Perú (29,7 %).

Para ciertos expertos, el panorama de Ecuador es mucho más complejo de lo que reflejan estas cifras. Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, explica que los datos de Bloomberg se basan únicamente en la deuda consolidada del sector público, que en el caso del país comprende solo las necesidades de financiamiento del Gobierno central. En este análisis, añade, se está dejando de lado “la real deuda que tiene el país y esa es la deuda agregada”.

A junio de este año, precisa, la deuda agregada —que además de la deuda del Gobierno central incluye la de empresas estatales, municipios y otras obligaciones y cuentas por pagar del presupuesto— alcanzó los $ 87.522 millones y eso, dice, equivale a entre el 60 % y el 63 % del PIB.

“Pero si a esa deuda se agregan los pasivos que tiene el Estado, que son como $ 4.000 millones, la deuda total supera los $ 91.000 millones. Y si a eso se suman las deudas no registradas que el Estado mantiene con el Seguro Social, que son alrededor de 30.000 millones de dólares, la deuda total real del Estado es de alrededor de 120.000 millones de dólares”.

La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), en un análisis sobre el tema, explica que la mayor presión de la deuda estatal sigue proviniendo de una mayor demanda de financiamiento externo. Hasta junio, el saldo alcanzó los $ 49.403 millones, es decir, $ 3.102 millones más que en igual mes del año pasado.

No obstante, el organismo hace hincapié en algunos esfuerzos que ha venido realizando el Gobierno a nivel de deuda interna, reduciendo atrasos y convenios de liquidez. Visto de esa manera, la deuda pública en su conjunto (tanto externa como interna) ha crecido este año $ 4.062 millones, por debajo de lo que aumentó el año pasado ($ 6.000 millones).

Este año, con mejores indicadores macroeconómicos, como un menor riesgo país (hoy sobre los 400 puntos), Ecuador sigue allanando el camino para recurrir a más endeudamiento. Y si bien es positivo contar con fuentes de financiamiento, Mauricio Pozo, exministro de Economía, advierte sobre lo contraproducente que esto puede resultar.

Ecuador, en el círculo vicioso: Endeudarse para pagar

En lugar de reducir el déficit fiscal, dice, se opta por financiar el problema. “Simplemente es patear el tema hacia adelante, ir resolviendo en el corto plazo, pero los temas de fondo siguen sin ser tocados”, señala Pozo, quien lamenta que el país, desde hace algunos años, haya llegado al punto de endeudarse no para financiar proyectos, sino para cubrir deudas pendientes.

“El mayor acreedor del Ecuador en este momento son los multilaterales, que tienen más del 52 % de la deuda externa. Hoy Ecuador tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los multilaterales; ese acuerdo fue a cuatro años. Lo que ha entrado y lo que falta por entrar suma más o menos $ 15.000 millones. ¿Sabe cuánto se va en pago de deudas anteriores? Cerca de 14.000 millones”.

Los expertos hablan de la urgencia de reducir el déficit fiscal y, ante la dificultad de encontrar mayores ingresos, la clave, dicen, está en seguir ajustando el gasto. “El problema es que se han acumulado tantas distorsiones en las finanzas públicas que, a pesar de haber subido el IVA al 15 % y de haber eliminado el subsidio al diésel, el déficit público sigue siendo elevado”, sostiene.

Carrera coincide en que uno de los principales desafíos es reducir el tamaño del Estado para contener el gasto público. “En el año 2000, cuando se inició la dolarización, por sueldos públicos se pagaban alrededor de $ 714 millones en el presupuesto y ahora, 26 años después, se pagan $ 10.000 millones. Si no hay dinero suficiente para cubrir esto, seguirá habiendo déficit público y cuando hay déficit, el país tiene que seguir endeudándose”.

Opinión

El espejismo importado

Fausto Ortiz

Un freno para la expansión económica

Los expertos coinciden en que se ha entrado en un círculo vicioso, en el que la salida rápida y fácil para cualquier Gobierno es recurrir al endeudamiento, pero con una factura cada vez más alta que se refleja año tras año.

Para los analistas, la proyección de crecimiento económico (2,7 %) que este año estima el Banco Central del Ecuador (BCE) se mantiene en la senda de la débil expansión que ha caracterizado a la economía durante la última década y eso, aseguran, está relacionado con el endeudamiento.

Para Carrera, las obligaciones acumuladas son uno de los principales factores que impiden una mayor expansión económica, ya que implican mayores pagos de intereses, recursos que dejan de destinarse a inversión pública y otros sectores estratégicos, afectando directamente el crecimiento de la economía.

“Si uno mira el pago de intereses de la deuda pública, es de alrededor de 4.500 millones de dólares para este año. Ese pago es muy superior a lo que se asigna a educación y salud; casi triplica lo que se destina a los bonos para los más pobres, más que duplica las asignaciones del 40 % de pensiones de la Seguridad Social y es casi ocho veces lo que se destina a inversión. Todo eso afecta al crecimiento de la economía”.

La deuda global con nuevo récord

Bloomberg abordó en su publicación los elevados niveles de deuda global que en el primer semestre del año marcan un nuevo récord. Citando datos del Global Debt Monitor del Institute of International Finance (IIF) se dice que esta aumentó en más de $ 10 billones y superó los $ 365 billones. Aunque el incremento fue menor a los $ 21 billones    del 2025,    debido a las altas tasas de interés, el mayor costo del servicio de la deuda y el encarecimiento de la energía como consecuencia del conflicto con Irán.

El pasado jueves 24 de septiembre, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) celebró sus 90 años de vida institucional con la presencia de sus miembros y amigos, así como de la prensa. Los asistentes esa noche seguramente esperaron encontrarse nada más que con las típicas escenas que se dan en estos eventos: palabras de rigor llenas de remembranza y homenaje, condecoraciones repartidas a los ilustres invitados y un suntuoso coctel para que la gente reponga sus fuerzas antes de emprender el camino de vuelta a casa. Todo eso terminaría en las páginas de sociedad de los diarios y en los reportajes de relleno de los noticieros y ya, chao hasta el próximo año.

Sin embargo, los señoritos y prohombres congregados terminaron presenciando una noticia muy distinta: la Cámara alzó su voz por las empresas y por la democracia.

Economía y negocios

Gremio productivo cuestiona el temor y el silencio empresarial y pide defender libertades

Lina Zambrano

Lo hizo a través de María Paz Jervis, la presidenta ejecutiva de la CIP, quien declaró que “pocas veces en su vida” había encontrado tanto “miedo”, “desesperanza” y “resignación” dentro del sector empresarial. 

Sus palabras las comparten otros dirigentes empresariales y empresarios, pero no se atreven a hacerlo en público. Ella bien lo dijo: hay un “falso y ruidoso entusiasmo de quienes se definen como liberales, pero esa convicción dura muy poquito, hasta que les tocan los intereses”. 

La reacción desde los simpatizantes del Gobierno

Por supuesto, no tardaron en salir los defensores del Gobierno, naturalmente el principal aludido, a reclamar indignados por las declaraciones de los directivos de la CIP. 

Alzar la voz, se nos dice desde pequeños, es de malcriados. Hablar de democracia, se nos advierte ahora, es inoportuno y hasta sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De subversión, correísmo, wokismo, comunismo y tanto más, a pesar de que quienes usan esas palabras para describirse así mismos no tienen mucho bueno de qué hablar sobre los empresarios y los demócratas liberales.

Pero es increíble cómo han ido aún más allá esta vez, y han criticado en sí mismo el rol del dirigente gremial. Sobre todo porque una de esas voces enfadadas es la de Mónica Heller, dirigente gremial. En una publicación en redes sociales, Heller escribió lo siguiente: “Que una directora ejecutiva gremial cuestione la valentía de quienes sí somos empresarios, es inaceptable. Calificarnos como miedosos expone su desconocimiento o se limita a un criterio discursivo. Quienes somos empresarios y hemos luchado por años en este país, lo hemos hecho aún con inseguridad, violencia, crisis económicas y políticas, cambios de moneda y mucho más. ¡Los valientes seguimos aquí!”.

Ese criterio discursivo, para usar las palabras de Heller, el cual sostiene que hay que ser empresario para poder ejercer su representación gremial es por lo menos miope, pero es lo que han usado algunas cuentas y figuras gobiernistas para atacar a María Paz Jervis, una académica de trayectoria, elegida por los empresarios de la Cámara para representarlos y dirigir el funcionamiento diario de su gremio. 

En otros países podemos encontrar ejemplos de académicos y funcionarios públicos que han sido designados para distintos roles dirigenciales en gremios empresariales: el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá es el jurista Ovidio Claros Polanco, hace poco elegido como presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas, mientras que en Gran Bretaña el presidente de la asociación de las Cámaras de Comercio Británicas es el economista y académico Andy Haldane.

Economía y negocios

María Paz Jervis deja la CIP tras advertir días antes: “Pocas veces he visto tanto miedo”

Redacción Digital

Otra réplica provino de Carolina Jaramillo, la ex vocera del Gobierno. Ella postuló, antes las quejas de Jervis y de sus compañeros en la directiva de la CIP, que el sector industrial crece a pesar de la crisis eléctrica y que su consumo es tal que naturalmente debe poner de su parte por el país. Válido, pero remató con algo gravísimo: Representar a un puñado de empresarios no es lo mismo que representar a un país”. 

Eso es tremendamente antidemocrático. El país no es una mayoría, mucho menos una totalidad, que los gobernantes imaginan como suya propia. El Ecuador es un conjunto de personas y comunidades, y todos tienen su derecho a opinar, a reclamar y a disputar las acciones del poder público. Y hacer eso no significa ser un opositor a nada ni nadie, sino ser defensor de la idea de que el bien común no puede dejar a nadie atrás o entregarse a un solo proyecto político sin perder su naturaleza.

Pero ellos quieren que seamos suyos o de sus rivales. Sus siervos o sus enemigos. El empresario debe escoger a la democracia por encima de esa falsa disyuntiva. 

Guayaquil

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Cifras oficiales

Según el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta la semana 36 de 2026 (desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre), Ecuador registra 34.058 casos de dengue. Aunque la cifra representa un ligero incremento del 0,68 % frente al mismo periodo de 2025, la alarma recae en la agresividad del virus: los cuadros de dengue grave aumentaron un 18 %. La autoridad sanitaria atribuye este escenario a la circulación predominante del serotipo (variante) DENV-3, sumado a la presencia simultánea de las DENV-1 y DENV-2.

Junto al dengue, el invierno también amenaza con repuntar otras patologías endémicas transmitidas por vectores; entre ellas figuran la leishmaniasis (590 casos), malaria (255 casos) y la enfermedad de Chagas (64 casos reportados hasta septiembre). Guayas concentra la mayor preocupación. La provincia reporta muertes confirmadas en cantones como Balzar, Durán, Milagro, Naranjal y Salitre. 

En Guayaquil, la parroquia Tarqui figura como una zona crítica de letalidad, con decesos registrados en múltiples rangos de edad, que van desde menores de un año hasta adultos de 64 años.

Es precisamente en el norte de Guayaquil donde rebosa la preocupación. Cuando las intensas lluvias caen sobre las Orquídeas y Mucho Lote, zonas urbanas atravesadas por canales de agua, estas suelen desbordarse, inundando las principales avenidas y viviendas colindantes con una mezcla de agua y basura.

Poco mantenimiento y malos hábitos

Tras las precipitaciones de la madrugada del 24 de septiembre, EXPRESO recorrió Las Orquídeas y constató cómo residuos sólidos quedaron enredados en los puentes peatonales sobre el canal, evidenciando que no el problema no es solo la inundación, sino la contaminación y el potencial taponamiento que sufrirá el sector si el temporal se agudiza.

Polo Montero, residente de Mucho Lote, se quejó que hace falta mantenimiento. “Los ‘chamberos’ botan la basura a vista y paciencia de todos. No he visto que vengan a hacer limpieza en un buen tiempo. La otra vez se cayó un perro en una inundación, y por la cantidad de basura no lo rescataron rápido”, recuerda.

A Cristian Ruiz le preocupan los mosquitos. “Sería bueno una fumigación porque ahorita por suerte no se ha desbordado el canal (de Mucho Lote), pero las enfermedades sí se proliferan”, acotó. Otro punto que también preocupa a los guayaquileños es Urdenor 1, donde el canal del estero Salado también suele desbordarse. En un reportaje de la semana pasada de este Diario, sus vecinos pidieron al Municipio una intervención más profunda ya que se avecina el invierno.

Según información publicada en portales del Municipio, Guayaquil tiene por intervenir 265 canales, ductos y alcantarillas, más cerca de 30.000 sumideros, equivalente a unos 147 km de infraestructura pluvial. 

Este Diario consultó al Municipio de Guayaquil sobre sus planes de prevención y respuesta ante las enfermedades vectoriales, además de una cifra actualizada de atenciones de esta índole en sus centros médicos. Hasta el cierre de este reportaje, se seguía esperando una respuesta.

La alerta de los expertos 

Frente al silencio institucional, los especialistas advierten que el tiempo se agota. Para el epidemiólogo Daniel Simancas, el aumento de casos graves es una alerta crítica. “El dengue puede agravarse en pocas horas. Entre el tercer y séptimo día, al desaparecer la fiebre, el paciente puede entrar en una fase crítica. Infecciones sucesivas por distintos serotipos, como el DENV-3, incrementan el riesgo de choque o sangrado”, detalla.

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El doctor Mario Paredes Cruz, epidemiólogo y docente de la UCSG, alerta que las lluvias y el DENV-3 pueden agravar el cuadro clínico poblacional exponencialmente en un mes. Un canal obstruido con desechos, explica, crea “microambientes” que operan como fábricas masivas de vectores a pasos de las casas. “El mosquito no vuela más de 100 metros. Si la zanja está al frente, picará a esas familias a diario”, sostiene, sumando el riesgo de leptospirosis por roedores.

Ambos coinciden en que fumigar es apenas un parche. “Solo mata al mosquito adulto que vuela en ese momento, el 15 % de la población total”, aclara Paredes. Simancas exige recuperar el cauce de los ductos. “El agua en movimiento frena la reproducción. La prevención debe ejecutarse antes del primer aguacero mediante limpieza pesada. Urge un control larval masivo y mingas: el Cabildo en el espacio público y las familias en sus patios”, concluye.

Lo que debes saber

• Extorsiones en Ecuador crecieron 898% entre 2019 y 2025, según el Observatorio del Crimen Organizado.
• Guayas concentró el 35% de denuncias en 2025 por vacunas y extorsiones a comerciantes.
• Bandas usan datos de víctimas para cobrar vacunas y controlar territorios en Ecuador.

El teléfono sonó cuando el propietario de un local de vehículos ya había terminado su jornada en Guayaquil. El mensaje no necesitó demasiadas palabras: quienes escribían conocían su negocio, sus movimientos y la forma de contactar a su familia. 

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El hombre, que pidió mantener su identidad en reserva, evitó explicar si pagó. Hablar, dice, también puede convertirse en un riesgo. Su experiencia se repite, con distintos montos y amenazas, en comercios, mercados, cooperativas de transporte y barrios populares.

En Monte Sinaí, una emprendedora asegura que las extorsiones continúan pese a los operativos y las restricciones de movilidad. Su temor no termina cuando cierra el negocio: también alcanza su vivienda y sus recorridos cotidianos. Los testimonios retratan un delito que dejó de limitarse a llamadas realizadas al azar.

El cobro de “vacunas” funciona ahora como una herramienta para financiar estructuras criminales, disputar sectores y someter a comerciantes y vecinos.

La extorsión creció casi 900% en seis años

Un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado advierte que la extorsión, la usura y la captación ilegal de dinero se han integrado a las cadenas económicas del crimen organizado.

En 2019, la Fiscalía General del Estado registró 1.616 noticias del delito por extorsión. En 2025 contabilizó 16.130, equivalentes a una tasa de 89 reportes por cada 100.000 habitantes.

El incremento acumulado fue del 898% en seis años, según el informe difundido este mes por el Observatorio, dentro del proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

Las provincias con más denuncias

La concentración territorial no es uniforme. 

Sin embargo, una mayor cantidad de denuncias no implica necesariamente que esas provincias sean las únicas donde crece el fenómeno. También puede reflejar diferencias en población, actividad comercial, disposición a denunciar y capacidad institucional para registrar los casos.

Latacunga y el vínculo entre extorsión y usura

El estudio identifica en Latacunga un crecimiento atípico de la extorsión que coincide con una reducción de las denuncias por usura. Los investigadores plantean una posible transición desde el cobro de préstamos informales hacia mecanismos más violentos de control territorial.

 La deuda deja de ser únicamente una relación económica y se convierte en una forma de subordinación: si el comerciante no puede pagar la “vacuna”, puede recurrir al préstamo ilegal y quedar atrapado en una doble obligación criminal.

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¿Cómo operan las estructuras dedicadas a las vacunas?

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, sostiene que la extorsión se ha convertido en un delito de supervivencia para las organizaciones. Cada grupo intenta controlar una cuadra, un barrio o una zona comercial, de manera similar a la disputa por los puntos de venta de droga. “No son hechos aislados de alguien que va y extorsiona”, explica.

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Según Altamirano, estructuras pequeñas pueden operar como “franquicias”: reciben autorización o protección de una organización mayor y, a cambio, entregan parte de lo recaudado. Cuando otro grupo intenta ingresar al mismo sector, la disputa por las víctimas genera amenazas, atentados y asesinatos.

La profesionalización no significa que todos los extorsionadores tengan una estructura compleja. El informe distingue tres niveles: actores individuales, organizaciones jerárquicas con cadenas de mando y redes sofisticadas conectadas con el narcotráfico, la minería ilegal o el lavado de activos.

En los esquemas más desarrollados existe división de funciones para identificar: 

La información personal como herramienta de intimidación

El uso de información personal aumenta la capacidad de intimidación. Los mensajes pueden incluir direcciones, fotografías del negocio, nombres de familiares o detalles de las rutinas de la víctima.

Esta precisión hace creíble la amenaza, incluso cuando quien envía el mensaje no pertenece directamente a una organización criminal y solo utiliza su nombre.

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El reclutamiento de jóvenes y el factor social

Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, el fortalecimiento de las bandas también está relacionado con la ausencia de políticas sociales sostenidas.

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Advierte que los adolescentes no son quienes impulsan su propio reclutamiento, sino que son captados en territorios donde las organizaciones ofrecen ingresos, protección o pertenencia frente a una presencia estatal debilitada.

Una noticia del delito puede archivarse, acumularse con otra investigación, cambiar de tipificación o no llegar a juicio. Una sentencia también puede corresponder a una denuncia presentada años antes.

Lo que debes saber

• EE.UU. designó terroristas a bandas de Ecuador en 2025-2026 para bloquear sus finanzas.
• Los Choneros, Lobos y Tiguerones enfrentan sanciones, pero la violencia sigue en Ecuador.
• Expertos señalan que capturas y decomisos definirán el impacto de la medida en Ecuador.

La designación de cuatro bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos modificó el tratamiento internacional del crimen organizado que opera desde Ecuador. Sin embargo, no constituye por sí sola una solución inmediata frente a las extorsiones, asesinatos, secuestros y disputas territoriales que continúan afectando al país.

Los Choneros y Los Lobos fueron incorporados por el Departamento de Estado estadounidense a las categorías de Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 4 de septiembre de 2025. Chone Killers ingresó el 1 de julio de 2026 y Los Tiguerones fueron incluidos en septiembre de este año.

La decisión permite bloquear bienes y transacciones bajo jurisdicción estadounidense, perseguir redes de financiamiento y sancionar a quienes proporcionen apoyo material a esas estructuras. Los Choneros y Los Lobos ya habían sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2024, antes de recibir la categoría terrorista.

El principal impacto está en las finanzas de las organizaciones

El efecto más concreto se encuentra en el sistema financiero. Bancos, empresas y personas vinculadas con Estados Unidos deben impedir operaciones relacionadas con los grupos designados.

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El cerco también incrementa los controles sobre compañías, testaferros, exportadoras, intermediarios y otras actividades que podrían ser utilizadas para introducir dinero ilícito en la economía formal.

Wilson Goyes, académico y coronel retirado del Ejército, considera que la medida activa mecanismos para congelar activos, bloquear el acceso al sistema financiero estadounidense y sancionar el apoyo material. También sostiene que facilita acusaciones federales y procesos contra integrantes de las redes criminales.

La designación no reemplaza el trabajo de las autoridades ecuatorianas

El alcance, no obstante, depende de la capacidad de Ecuador para identificar patrimonios, reunir pruebas y conectar a los cabecillas con empresas o personas que administran sus recursos.

Una designación internacional no reemplaza el trabajo de fiscales, policías, militares, unidades de inteligencia financiera y jueces. Una fuente militar consultada bajo reserva resume esa limitación: “La designación fortalece las herramientas internacionales para afectar sus finanzas, logística y redes de apoyo, y permite profundizar la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. Pero no significa que la violencia desaparezca automáticamente”.

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Según la fuente, los resultados dependerán de “investigaciones, capturas, decomiso de bienes, control territorial y desarticulación de las estructuras criminales”.

La categoría terrorista, añade, debe entenderse como una herramienta adicional dentro de una estrategia más amplia. El cerco dejó de ser exclusivamente bilateral.

Escudo de las Américas amplía la cooperación regional

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones fueron incluidos entre 24 organizaciones señaladas por 15 países del continente dentro de la iniciativa Escudo de las Américas.

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La declaración propone acciones financieras, restricciones migratorias, intercambio de inteligencia y cooperación tecnológica, aunque cada Estado deberá aplicarlas conforme a su legislación.

La iniciativa también plantea promover una discusión en la Organización de Estados Americanos sobre mecanismos colectivos frente al crimen transnacional. El documento, sin embargo, no establece sanciones individualizadas ni fija plazos para ejecutarlas.

El alcance de la participación estadounidense genera debate

Para Jean Paul Pinto, experto en seguridad, las declaratorias amplían el margen de participación estadounidense. “Estados Unidos necesita una declaratoria de ese estilo para poder entrar a los países a operar”, sostiene.

Su interpretación debe ser matizada: una designación FTO no autoriza automáticamente una intervención militar ni sustituye el consentimiento del Estado ecuatoriano. Sí crea bases legales para fortalecer investigaciones, sanciones, cooperación judicial y operaciones coordinadas. El debate adquirió mayor importancia ante la participación reportada de personal estadounidense en acciones conjuntas durante 2026.

Hasta la fecha se identifican al menos dos episodios: operaciones iniciadas en marzo contra estructuras de la frontera norte y allanamientos ejecutados en septiembre contra una presunta red vinculada al narcotráfico. Los detalles sobre funciones, reglas de actuación y duración de esa presencia siguen siendo limitados.

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Expertos piden transparencia y advierten riesgos para la autonomía institucional

Esteban Santos, experto internacional, advierte que Ecuador debe conocer el alcance de las inmunidades concedidas al personal estadounidense y determinar qué autoridad investigaría eventuales excesos.

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“Nos merecemos absoluta transparencia sobre qué se está haciendo, qué temporalidad tendrá y, sobre todo, que Ecuador no deje de tener la sartén por el mango”, afirma.

Goyes añade que la cooperación puede mejorar el acceso a inteligencia, tecnología y mecanismos de persecución patrimonial, pero alerta sobre una relación asimétrica que podría reducir autonomía institucional. También señala el riesgo de equiparar delincuencia organizada con terrorismo sin controles suficientes.

Lo que debes saber

• Celso Sánchez documentó en Houston sus dudas sobre los motores de Progen en septiembre de 2024, pero el material salió a la luz cuando el caso ya había estallado
• El peritaje de sus correos muestra que el 23 de septiembre de 2024 envió el borrador de su informe únicamente a tres funcionarios de Celec.
• Tras el levantamiento de su prisión preventiva, Sánchez declarará el 8 de octubre. Su testimonio podría ser utilizado por Fiscalía para sostener su hipótesis sobre una cadena de irregularidades.

El 19 de septiembre de 2024, Celso Sánchez, técnico de Celec, grabó un video en Houston tras realizar la primera de tres inspecciones a los motores vendidos por Progen Industries.

“Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad esto nos está causando un poco de temor, porque estamos en Estados Unidos”, afirmó en la grabación. Sin embargo, por razones que solo el funcionario sabe, decidió no difundir el material en su momento; lo guardó durante casi dos años y solo lo filtró cuando el caso Progen ya había estallado y él mismo se encontraba procesado.

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Actualmente, Sánchez es el único técnico de Celec que cuenta con el respaldo de la Fiscalía. Tras declarar en una versión previa que “querían la cabeza del ministro Roberto Luque”, el fiscal Carlos Alarcón avaló el levantamiento de su orden de prisión preventiva. Ahora, Sánchez participará como testigo clave del Ministerio Público en la declaración juramentada fijada para el próximo 8 de octubre.

¿Qué dirá en su testimonio?

El fiscal Alarcón dio una pista en la audiencia del jueves pasado al señalar que ya se conoce el plan que existía para ir por la cabeza de un ministro. Así, la declaración de Sánchez servirá para sostener la hipótesis que la Fiscalía ha construido sobre el caso: que hubo una “cadena de irregularidades” entre mandos medios y gerentes de Celec, sin responsabilidad de ministros.

El inconveniente radica en las inconsistencias y evidencias que Fiscalía no ha querido investigar. Sobre Sánchez, por ejemplo, él ha revelado sobre temores y supuestas presiones que habría recibido en septiembre de 2024 para firmar un informe favorable sobre los equipos de Progen, aunque estos no cumplían las especificaciones técnicas del contrato.

Justicia

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El peritaje a los correos electrónicos de Sánchez revela algo distinto: el 23 de septiembre de 2024, él únicamente envió el borrador de su informe de inspección a tres personas en Celec: Nelson Castro, Paúl Flores y Carlos Villacís, con quienes realizó la visita técnica y que hoy también se encuentran procesados. No hay evidencia que alertara a sus superiores.

Este Diario lo buscó y, entre otras preguntas, lo consultó sobre por qué no denunció estos hechos en 2024, pero no respondió hasta el cierre de esta edición. 

Bloqueo a Calero

El exgerente de Celec, Fabián Calero, pidió cinco veces a la Fiscalía que le reciba su versión vía telemática, que es la misma condición que aplicó para otros procesados que tienen órdenes de prisión preventiva. 

Pero la entidad se ha negado a proporcionarle un link. El exgerente señala que se trata de un trato desigual que vulnera su derecho a la defensa, ya que es el único que no ha podido hablar.

Sin versión de Progen

Andrew Williamson, director de operaciones, sí recibió un link para rendir su versión por zoom. Pero no se conectó. Incluso Karla Saud, lobista de la empresa extranjera, obtuvo una vía telemática para declarar desde España. Pero tampoco ha querido colaborar con la investigación. Mientras que el CEO, John Manning no fue procesado aunque estuvo al frente de los contratos y chateó con Luque.

Inés Manzano lejos del país

La exministra de Energía fue convocada en dos ocasiones a rendir su versión. Sin embargo, pese a conocer que reside en España, la Fiscalía insistió en requerir su presencia física. Esta exigencia impidió que la exfuncionaria rindiera su testimonio y explicara la adenda que impulsó para flexibilizar las condiciones contractuales de Progen y continuar con los desembolsos, aun cuando ya se sabía que incumplía.

Lo que debes saber

• Los letreros de alquiler o venta se multiplican a lo largo de esta importante y transitada arteria de la ciudadela Urdesa central, en el norte de Guayaquil.

Urdesa mantiene un matrimonio entre lo comercial y lo residencial y, como en toda convivencia, las peleas entre estas dos partes no faltan. Denuncias por irregularidades en el uso de suelo, exceso de ruido, desechos y hasta ratas que saltan de una acera a otra forman parte del diario vivir, en medio de los pintorescos negocios que mantienen el dinamismo de esta ciudadela. Pero hay una escena que cada vez resulta más evidente: negocios en plena avenida Víctor Emilio Estrada están diciendo adiós.

No ocurre en toda la avenida, pero sí en uno de los tramos más activos, donde la gastronomía es la protagonista. Se trata del sector comprendido entre Las Monjas y el puente que conecta con la Kennedy. 

Son siete cuadras en las que, durante un recorrido de EXPRESO, se contabilizaron al menos 15 negocios con las rejas abajo, ya sea por desuso o porque lucen en sus paredes sellos de ‘Se alquila’ o ‘Se vende’.

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Los letreros, acompañados de números telefónicos, se multiplican en una zona que no baja los brazos pese a las ‘palizas’ que ha recibido de la pandemia, la inseguridad y los toques de queda. 

“Ya no damos más”, coinciden algunos propietarios de negocios, en su mayoría restaurantes, consultados por este Diario. Ellos esperan que esta imagen cambie y que la gente vuelva a acudir a Urdesa.

Y sí, la gente sigue llegando, pero la preocupación ahora apunta a que ya no solo Urdesa se despide de su gente. Aquellos residentes de mayor edad que decidieron invertir en la Urbanizadora del Salado ya no están o han optado por mudarse a Samborondón.

Los locales vacíos ya toman la avenida principal 

En calles secundarias de la ciudadela también se observan letreros de ‘Se alquila’ o ‘Se vende’. La novedad, sin embargo, es que estos avisos ya llegaron a la avenida principal, la que bombea el corazón comercial de Urdesa.

Paúl Cedeño trabaja en un restaurante y señala que una de las razones por las que muchos piensan dos veces antes de abrir un negocio en esta zona es el costo del alquiler, sumado a los gastos de servicios básicos y nómina.

“Aparte hay mucha competencia y eso hace que cada quien busque cautivar con promociones. Pero mira ahora, otro toque de queda nos afecta y eso implica gastar más en un expreso para llegar bien a casa. Son gastos y gastos”, explica.

Para vecinos como Bolívar Maldonado, actualmente uno de los problemas que más afectan a la ciudadela es la obra que ejecuta el Municipio para el soterramiento de cables, un proyecto que, lamenta, está “mal planificado”.

“Esta obra ha destrozado todas las calles y Urdesa parece una ciudad bombardeada. Obviamente, esta situación afecta la vida comercial. Tenemos varios años en los que, como consecuencia de una verdadera falta de planificación, siempre están rompiendo calles. Un ejemplo es la calle Guayacanes. En consecuencia, esa falta de planificación podría ser el origen de esto”, analiza.

Sin embargo, Maldonado reconoce que, a nivel comercial, también hay aspectos positivos que deben tomarse en cuenta, pues nuevos negocios han llegado a la ciudadela.

Pero basta recorrer la calle Ébanos y su intersección con Víctor Emilio Estrada para encontrar cinco negocios con estos sellos. Incluso uno de ellos se encuentra en estado de abandono. Al asomarse hacia el interior no se observa actividad alguna. Un sello de desaseo luce medio arrancado y, afuera, el inmueble se ha convertido en lienzo para grafitis.

Los otros cuatro espacios se dividen entre negocios e inmuebles residenciales que buscan nuevos ocupantes.

En la segunda peatonal también se observa un escenario similar. Incluso hay un inmueble que espera ser habitado o recibir algún tipo de uso.

Otro punto que genera voces divididas es el sector de Las Monjas y Juan de Dios Martínez, donde se observan al menos cinco establecimientos con letreros de alquiler, además de un edificio esquinero y otros inmuebles en dirección hacia Guayacanes.

Pese a estos avisos, los negocios que permanecen, como locales de venta de muebles, restobares y pizzerías, continúan dándole a este tramo de Urdesa su identidad. Es uno de los sectores más activos cuando ocurre una celebración y donde todavía se mantiene esa frase que ha identificado a generaciones: “Vamos a la Víctor”. También siguen abriéndose las puertas de nuevos negocios, desde pequeñas tiendas y minimarkets hasta locales de pollos asados.

Carondelet cambia imagen con geranios

• Carondelet cambia parte de sus vallas metálicas por cercos de vidrio y geranios en Quito.
• El nuevo cerramiento mantiene la seguridad presidencial y mejora la visibilidad del Palacio en el Centro Histórico.
• Comerciantes reportaron menor actividad por las vallas, mientras el turismo del Centro Histórico busca recuperar visitantes.

El gris que durante meses convirtió a Carondelet en una especie de fortaleza comienza a desaparecer. En las calles Chile, García Moreno y Espejo, las pesadas vallas metálicas que marcaban distancia con el Palacio de Gobierno ahora comparten espacio con estructuras transparentes de vidrio y macetas repletas de geranios rojos, rosados y morados.

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El contraste salta a la vista. Detrás del nuevo cerco permanece la sede presidencial, resguardada por seguridad y militares, pero la imagen cambió. Las flores rompen la dureza del metal y permiten volver a mirar el edificio desde la calle. La protección no desapareció; cambió de apariencia.

Para quienes recorren diariamente la Plaza Grande, la modificación ha sido bien recibida. Turistas se detienen a observar las flores, comerciantes destacan que el entorno luce más amable y moradores consideran que la seguridad puede convivir con el patrimonio. Pero detrás de los geranios existe una historia de reclamos, restricciones y una larga espera.

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El pedido para cambiar la imagen del Centro Histórico

Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico, asegura que el cambio fue solicitado durante años por distintos sectores. La organización envió peticiones y mantuvo reuniones con autoridades para plantear una alternativa que permitiera conservar la seguridad de Carondelet sin afectar la imagen del espacio patrimonial.

El pedido también fue planteado por el Municipio de Quito, colectivos ciudadanos, gremios y usuarios, quienes solicitaron el retiro de las vallas o una modificación que permitiera integrarlas al entorno.

Sánchez recuerda que la principal respuesta siempre estuvo relacionada con la seguridad. Por eso, la propuesta buscó una salida intermedia. Si las estructuras debían permanecer, podían cambiar su apariencia.

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“Estamos conscientes de que, por la coyuntura de violencia, nuestras autoridades deben estar protegidas”, sostiene Sánchez. Sin embargo, durante años comparó el antiguo cerramiento con una “espina en el corazón de la ciudad”. Ahora considera que la espera tuvo un resultado positivo. Las estructuras transparentes y las flores mantienen el perímetro de protección, pero reducen el impacto visual de las vallas.

Las vallas también afectaron al comercio

El cerramiento también modificó durante meses los recorridos de peatones y turistas. En algunos momentos, quienes atravesaban la Plaza Grande debían cambiar de ruta para continuar su recorrido.

Según Sánchez, esto generó una percepción negativa entre visitantes y terminó repercutiendo en los negocios. Su estimación es que las ventas de los establecimientos del sector llegaron a caer alrededor del 50%. Además, ocho locales que funcionaban durante décadas bajo los arcos de Carondelet dejaron de operar.

Las vallas metálicas tuvieron un impacto negativo para el turismo y los negocios; ahora el vidrio y las flores generan otra percepción.
Ricardo Sánchez, presidente del Buró del Centro Histórico

La importancia económica del sector se refleja en las cifras de Quito Turismo. Hasta abril de 2026, el Centro Histórico registraba 554 establecimientos turísticos: 59 de alojamiento, 469 de alimentos, bebidas y entretenimiento, tres de organización de eventos y uno de transporte turístico.

La actividad también muestra crecimiento. El gremio reporta un incremento cercano al 30% en la demanda de hospedaje y alimentos y bebidas durante 2026. La ocupación promedio alcanza el 78% en hoteles y el 85% en restaurantes.

En ese escenario, la imagen y la movilidad del Centro adquieren mayor importancia. Para Sánchez, recuperar espacios transitables y atractivos significa favorecer una actividad que depende de que los visitantes quieran caminar, quedarse y consumir en el casco patrimonial.

Vidrio y geranios recuperan parte del paisaje

Las nuevas estructuras no eliminan por completo el cerco. Algunas vallas metálicas todavía permanecen, especialmente en los costados de Chile y Espejo. Sin embargo, el vidrio recupera parte de la visibilidad y los geranios aportan color.

Sánchez destaca que ahora también pueden observarse con mayor facilidad elementos históricos frente al Palacio, como la placa relacionada con el asesinato de Gabriel García Moreno.

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La transformación también convence a quienes han visto pasar décadas frente a Carondelet. Eufrasia Qhispe, moradora del sur de Quito, observa las flores y resume su impresión: “Las flores son vida”. Para ella, proteger la Presidencia no necesariamente implica levantar una barrera hostil frente a los ciudadanos.

Angelita Toalongo lleva 53 años trabajando en el Centro Histórico. Ha presenciado manifestaciones, operativos y distintos momentos en los que la seguridad obligó a reforzar el perímetro presidencial. Por eso considera que Carondelet debe mantenerse protegido, pero celebra que el mecanismo tenga ahora otra apariencia. “Es algo hermoso, se ve lindo”, comenta mientras observa las jardineras.

El Presidente necesita seguridad por las amenazas, pero me parece hermoso que hayan encontrado una forma elegante de protegerlo.
Angelita Toalongo, comerciante Centro Histórico 

La intervención coincide además con iniciativas ciudadanas que buscan recuperar la estética del Centro Histórico. Ana Sevilla, líder de De Vuelta al Centro, cuenta que durante cinco años la organización ha promovido el geranio como símbolo de recuperación del espacio público. Más de 23.000 plantas han sido colocadas en distintos puntos del casco patrimonial.

Su planteamiento resume el nuevo paisaje de Carondelet. Una barrera de seguridad también puede relacionarse con el entorno. Una calle, sostiene, debería invitar a caminar y convivir; pero si una estructura es necesaria, también puede aportar al ornato.

Lo que debes saber

• Dedalus modernizará hospitales en Ecuador, pero persiste la falta de medicinas.
• Médicos alertan en 2026 que tecnología sin insumos limita la atención sanitaria.
• El Niño preocupa al sector salud por equipos y planes de contingencia pendientes.

Aunque el Gobierno de Daniel Noboa ha enfocado parte de sus esfuerzos en la digitalización del sistema de salud pública, expertos advierten que esta modernización no resolverá por sí sola problemas urgentes como el desabastecimiento de medicamentos, la falta de equipamiento y las deficiencias de infraestructura.

La empresa italiana Dedalus, con más de 40 años de trayectoria y presencia en varios países, fue escogida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), para modernizar el sistema de salud pública del país.

¿Qué contempla el proyecto de digitalización del sistema de salud?

Entre otras cosas, se prevé que la firma implemente sistemas para la 

También contempla herramientas para el monitoreo y análisis de la red y del flujo de atención de pacientes crónicos.

Sin embargo, expertos consultados por EXPRESO señalan que la digitalización debe estar acompañada de mejoras en la operación de los establecimientos de salud para que tenga un impacto efectivo en la atención.

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Expertos advierten que la tecnología no reemplaza medicinas ni equipamiento

El exministro de Salud y exdirector hospitalario Francisco Andino sostiene que la digitalización no reemplaza la operatividad básica. A su criterio, la interoperabilidad informática pierde sentido si las unidades de salud carecen de suministros, equipamiento e infraestructura para atender oportunamente a los pacientes.

“Lo que estamos claro es que si tú no tienes un sistema que responda a las grandes necesidades de atención médica y obviamente de recursos operativos... es como tener un lujo que no te va a dar resultado”, comenta, al referirse especialmente al desabastecimiento de medicinas.

Andino considera que el software es necesario para construir una historia clínica interoperable, pero advierte que la plataforma por sí sola no resolverá las carencias del sistema.

“Una vez que tú reconstruyas el sistema pues... si no tienes medicamentos, no tienes insumos, no tienes dispositivos, no tienes equipamiento, no tienes infraestructura, no puedes comenzar a articularlos”, señala.

Persisten dudas sobre el abastecimiento de medicamentos

Este Diario intentó coordinar una entrevista con el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, para conocer su posición sobre el contrato entre CNT y Dedalus, así como sobre el avance del proceso de compra de medicamentos a India y el plan de abastecimiento de la cartera de Estado. Hasta el cierre de esta edición, la Dirección de Comunicación del Ministerio no respondió a la solicitud.

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No obstante, a inicios de septiembre de 2026, durante una entrevista televisiva, Aveiga señaló que el abastecimiento de medicinas había pasado del 50 % al 55 %. También indicó que la meta era alcanzar el 60 %.

Según el ministro, buena parte de las deficiencias de los hospitales públicos responde a problemas de gestión administrativa, trabas contractuales que mantenían fármacos en bodegas y perfiles inadecuados en las gerencias.

El fenómeno de El Niño aumenta la preocupación en el sector salud

A la falta de medicamentos se suma la preocupación por el estado del equipamiento sanitario, especialmente ante la proximidad del fenómeno de El Niño.

Wilson Tenorio, dirigente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), considera que esta debe ser una prioridad para el sistema de salud. “Tenemos la prioridad inminente de los estragos del fenómeno de este ‘súper’ El Niño... y esto nos preocupa sobremanera... porque no conocemos cuál es el plan de contingencia para poder enfrentar esto que ya es inmediato”, sostiene.

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Cuestionamientos sobre el financiamiento del contrato con Dedalus

Tenorio, además, cuestiona una presunta reasignación de recursos dentro del Ministerio de Salud que, según afirma, habría afectado programas sanitarios para financiar el contrato con Dedalus.

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“Con mucha preocupación también observamos, de acuerdo a reportes, que se han debitado rubros a programas de salud que son de gran impacto dentro del país para poder adquirir esta plataforma”, denuncia.

Tenorio señala que ha solicitado reuniones formales con sustento técnico para abordar estos temas, sin obtener respuesta de la cartera de Estado. “Ya van dos oficios solicitándole de manera cordial, respetuosa, tener una reunión de trabajo, no una reunión para aspectos burocráticos, pero no hemos tenido respuesta del otro lado”, afirma.

La necesidad de fortalecer la red primaria de salud

Aunque reconoce la importancia de la historia clínica digital, el exministro Francisco Andino señala que las principales urgencias del sistema de salud están en otro lado. 

El exfuncionario cuestiona, además, la respuesta estatal frente al impacto sanitario que podrían generar las lluvias y el incremento de enfermedades asociadas al fenómeno de El Niño. A su criterio, la planificación comenzó tarde y no está suficientemente articulada en los territorios.

Andino también cuestiona la falta de integración entre los distintos subsistemas de salud pública: el Ministerio de Salud Pública (MSP), el IESS, el ISSFA y el ISSPOL. 

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Según el exministro y exdirector hospitalario, esta falta de articulación puede generar una duplicación o triplicación de gastos y desaprovechar capacidades ya existentes, como la amplia red de atención del Seguro Social Campesino y del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Para Andino, además, la salud pública no depende exclusivamente del Ministerio de Salud. También requiere la intervención de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), responsables de servicios como agua potable, alcantarillado y manejo de desechos, así como de políticas de educación preventiva desde las escuelas. “Si yo fuera presidente de la República, vuelco todo el Estado a favor de la salud”, sostiene el exministro Andino.

Lo que debes saber

• Ecuador tendría entre 41.000 y 80.000 integrantes ligados al crimen organizado.
• Los Lobos y Los Choneros sumarían 23.000 miembros, según estimaciones analizadas.
• Economías criminales causarían pérdidas de hasta USD 12.000 millones al año en Ecuador.

Durante años, las organizaciones criminales dejaron de ser pequeñas bandas dedicadas al robo o al microtráfico y se convirtieron en redes capaces de controlar barrios, cárceles, rutas marítimas y actividades económicas. Ecuador enfrenta ahora una estructura que, según datos analizados durante el debate de la Ley Antimafias, tendría entre 41.000 y 80.000 integrantes armados.

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La primera cifra corresponde a una identificación realizada por el Ministerio del Interior hasta 2025. La segunda es una proyección gubernamental sobre la expansión de los grupos en zonas urbanas y rurales. 

En el extremo más conservador, el número de integrantes supera los aproximadamente 36.000 miembros de las Fuerzas Armadas y se acerca a los 57.000 servidores policiales. Pero el tamaño de las bandas explica solo una parte del fenómeno.

La economía paralela detrás de las estructuras criminales

Detrás de los hombres armados existe una red que recluta, transporta drogas, lava dinero, infiltra instituciones, vende información, almacena armas y administra territorios. Es una economía paralela que genera ganancias para unos y pérdidas para millones.

Ese crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a convertirse en un eslabón estratégico de la cadena internacional de cocaína. Sus puertos, carreteras, fronteras y sistema financiero fueron aprovechados por organizaciones ecuatorianas que establecieron alianzas con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas y la ‘Ndrangheta italiana.

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De bandas locales a aliados de carteles internacionales

Las bandas locales aportaron conocimiento territorial, contactos y capacidad logística. A cambio recibieron armas, dinero y participación en cargamentos.

Las cárceles funcionaron como centros de coordinación y reclutamiento. Tras el asesinato de cabecillas y la ruptura de alianzas, las organizaciones se fragmentaron y comenzaron a disputar rutas, prisiones y barrios. En 2024, el Estado identificó 22 grupos como organizaciones terroristas.

No obstante, con el monitoreo de incidentes difundidos se llegó a mencionar a 48 estructuras entre enero de 2025 y marzo de 2026. Los Lobos y su principal brazo armado tendrían unos 11.000 miembros, mientras que Los Choneros y sus aliados sumarían alrededor de 12.000.

Las razones detrás de la expansión criminal

Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, la expansión fue favorecida por la falta de planificación y el debilitamiento institucional.

“No tuvimos estadistas o gobernantes que nos pudieran decir qué iba a suceder. Se fueron haciendo gobiernos y, de una u otra manera, fue creciendo la delincuencia”, lamenta.

Bravo sostiene que la eliminación del antiguo sistema de seguridad nacional durante el gobierno de Rafael Correa debilitó la capacidad de anticipación estatal. A ello añade el incremento de los cultivos de coca en los países vecinos y la diversificación de actividades como minería ilegal, tráfico de personas y contrabando.

La fragmentación multiplicó los grupos

La captura de líderes tampoco desarticuló siempre las redes. En algunos casos abrió espacio para nuevos mandos. “Cuando se captura a los líderes, en lugar de tener cuatro cabezas y 22 grupos, ahora tenemos cerca de 48”.

Su estimación va más allá de los integrantes armados. Si se suman colaboradores, proveedores, informantes y personas que reciben ingresos de las economías ilícitas, la red podría involucrar directa o indirectamente a unas 250.000 personas, calcula Bravo. Esta última cifra corresponde a una apreciación del experto y no a un registro oficial.

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El costo económico del crimen organizado

La Academia de Ciencias Policiales calcula que la violencia y las economías criminales ocasionan pérdidas de entre 10.000 millones y 12.000 millones de dólares al año, alrededor del 10 % del producto interno bruto. La proporción supera ampliamente el impacto regional del crimen organizado estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El perjuicio no se limita a mercancías robadas. Incluye empresas cerradas, inversiones aplazadas, gastos en seguridad, caída de ventas, extorsiones, daños a infraestructura, menor recaudación tributaria y restricciones de movilidad.

¿Cómo afecta la inseguridad a negocios y consumidores?

Cada negocio que modifica su horario, instala cámaras, contrata guardias o paga una ‘vacuna’ incorpora un costo que puede terminar trasladado al consumidor.

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Christian Idrovo, analista económico, describe el impacto como “directo y asimétrico”. El pequeño comerciante y el trabajador informal tienen menos margen para absorber una caída de ingresos.

“La demanda se contrae por la incertidumbre. Las personas comienzan a limitar sus salidas y consumos, y en ocasiones readecúan su presupuesto”.

Idrovo añade que las restricciones de movilidad ralentizan la actividad económica, especialmente en un país donde cerca de la mitad de la población trabaja informalmente. La afectación puede ser mayor cuando las medidas de seguridad coinciden con los meses de mayor movimiento comercial.

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Minería ilegal, contrabando y lavado de dinero

Las pérdidas también provienen de mercados específicos. La minería ilegal movería cerca de $1.300 millones al año. En 2025, la UAFE detectó operaciones sospechosas por más de $1.200 millones. El contrabando desviaría más de $500 millones anuales. Y el robo de hidrocarburos ocasionó alrededor de $166 millones en pérdidas durante el último año analizado.

“La Ley Antimafias busca atacar el patrimonio, la logística y la liquidez de las estructuras. Entre sus propuestas constan sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, elevar las penas por delincuencia organizada y facilitar la incautación y venta anticipada de bienes”, analiza Gabriel Prada, experto en crimen organizado.