Lo que debes saber

• El correísmo sigue atrapado en el dilema de convertir la autoridad de una persona en una institución capaz de sobrevivirle.
• Desde 2017, el correísmo ha atravesado una década marcada por derrotas presidenciales y otras dificultades.
• el correísmo resolvió el problema de sobrevivir a la pérdida del Estado, pero todavía no termina de resolver sobrevivir después de Correa.

El correísmo ya no gobierna. No tendrá casillero electoral propio para las seccionales. Sus alianzas nacionales permanecen suspendidas a pocos meses de disputarse 11.262 dignidades. Y en Manabí, sus militantes organizaron una rifa para recaudar fondos y pagar una multa electoral de 18.000 dólares. El premio mayor era una motocicleta. También un cerdo.

La escena es llamativa porque retrata una transformación histórica. Durante una década, el correísmo gobernó el país, controló la Asamblea, dominó gran parte de la agenda pública y construyó la primera mayoría legislativa absoluta que conoció el Ecuador desde el retorno a la democracia. Hoy debe competir sin Estado, sin organización electoral propia y sin la capacidad institucional que alguna vez sostuvo su expansión.

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El 19 de junio, Gabriela Rivadeneira anunció la suspensión de la alianza nacional que Revolución Ciudadana preparaba para las elecciones seccionales, argumentando una nueva ofensiva contra una organización aliada. Nueve años después de abandonar Carondelet, el correísmo sigue atrapado en el dilema que acompaña a todo liderazgo carismático: convertir la autoridad de una persona en una institución capaz de sobrevivirle.

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Max Weber llamó a este proceso la rutinización del carisma. El peronismo debió aprender a existir después de Perón. El chavismo enfrenta el desafío de existir después de Chávez. El uribismo lleva más de una década intentando definir qué significa ser uribista sin Álvaro Uribe ocupando el centro del poder político colombiano.

La particularidad ecuatoriana radica en la forma en que nació el proyecto. De impronta plebeya y liderazgo personalista, Correa respondió desde sus orígenes a una lógica de populismo delegativo.

Durante los años de gobierno, aquella fórmula fue extraordinariamente eficaz. Los Enlaces Ciudadanos funcionaron simultáneamente como mecanismo de rendición de cuentas, construcción narrativa y reafirmación del vínculo plebiscitario entre liderazgo y ciudadanía.

De las derrotas presidenciales a la crisis de liderazgo político

El problema apareció cuando el poder desapareció. Desde 2017, el correísmo ha atravesado una década marcada por derrotas presidenciales, migraciones de plataforma electoral, dificultades para obtener reconocimiento jurídico propio y conflictos internos cada vez más visibles. Perdió la Presidencia con Andrés Arauz en 2021. Volvió a perder con Luisa González en 2023 y nuevamente en 2025. Ninguno de esos procesos produjo un relevo capaz de sustituir la centralidad política de Correa. Ningún caso ilustra mejor esa dificultad sucesoria que el de Marcela Aguiñaga.

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Durante años representó una de las figuras con mayor capacidad para encarnar una etapa posterior al liderazgo fundacional. Había sido ministra, asambleísta, dirigente nacional y posteriormente prefecta del Guayas. Precisamente por eso, su distanciamiento fracturó ese relato de unidad disciplinada.

Sin embargo, interpretar este proceso exclusivamente como una crisis de descomposición también sería un error analítico.

Si el correísmo dependiera únicamente del acceso al Estado, probablemente habría desaparecido hace años. No ocurrió.

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El voto duro del correísmo y su peso en las elecciones seccionales

En 2023 conquistó nueve Prefecturas, incluidas Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí. Ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, rompiendo en esta última ciudad tres décadas de hegemonía socialcristiana. Continúa siendo la principal fuerza opositora del país. Conserva un voto duro estable. Mantiene capacidad de movilización territorial y sigue llegando a segundas vueltas presidenciales.

La persistencia de esos resultados obliga a matizar cualquier diagnóstico simplista.

El correísmo contiene elementos de movimiento político. Ninguna organización sobrevive casi una década fuera del poder nacional.

También contiene elementos de franquicia política. Buena parte de sus conflictos recientes no han girado alrededor de desacuerdos ideológicos. Las abstenciones legislativas, las renuncias de asambleístas y las tensiones internas reflejan una organización donde el peso de las personas continúa siendo mayor que el de las corrientes doctrinarias. No porque los conflictos sean excepcionales (toda oposición relevante los experimenta), sino porque siguen resolviéndose bajo la sombra de una autoridad política cuya capacidad de arbitraje continúa siendo decisiva.

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Esa misma dependencia del liderazgo explica que el correísmo conserve también rasgos de nostalgia de Estado.

Este fin de semana, Revolución Ciudadana celebrará sus primarias para las elecciones seccionales. Escogerá candidatos, pero políticamente pondrá a prueba su capacidad para producir liderazgos con autoridad propia.

Nueve años después de abandonar el Gobierno Nacional, el correísmo resolvió el problema que destruye a muchas organizaciones latinoamericanas: sobrevivir a la pérdida del Estado.

Lo que todavía no termina de resolver es algo más complejo. Sobrevivir luego de Rafael Correa.

Lo que debes saber:

• ONU 2027: seis candidatos, cuatro mujeres, compiten por suceder a Guterres en crisis del multilateralismo global.
• Ecuador no ha oficializado respaldo a nadie, ni a Espinosa, mientras crece campaña global por primera mujer secretaria general de la ONU.
• Elección ONU inicia en julio con vetos del Consejo de Seguridad y definición final entre noviembre y diciembre 2026.

Seis candidatos —cuatro mujeres— compiten por suceder al portugués António Guterres como secretario general de Naciones Unidas a partir de enero de 2027. La carrera se produce en un momento crítico para el sistema multilateral, marcado por tensión geopolítica y recortes económicos.

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Sin embargo cada vez se oye más sobre una campaña para elegir a la primera mujer en el cargo. Global Women Leaders Voices for Change and Inclusion (GWL Voices), que agrupa a más de 70 exjefas de Estado y funcionarias de alto nivel, promueve la iniciativa #MadamSecretaryGeneral. 

“Necesitamos una secretaria general no solo por justicia, sino porque el sistema requiere algo distinto”, se lee en su plataforma web.

El debate se reabrió esta semana (la última de junio 2026), por el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que se conmemora cada 24 de junio. Con ocho décadas de vida, la ONU nunca ha sido dirigida por una mujer. Nueve hombres han ocupado el cargo.

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Pese a eso, especialistas advierten que la elección no responderá a una lógica de género. Ivonne Téllez, abogada experta en derecho internacional, dice que es un proceso “sumamente técnico y riguroso”, intervienen factores políticos y procedimientos formales estrictos.

Pero se mantiene la expectativa de que el próximo liderazgo venga del sur global. Santiago Carranco, decano de Relaciones Internacionales del IAEN, apunta que en la diplomacia internacional opera una suerte de derecho consuetudinario que favorece la rotación regional. 

“No está escrito, pero existe la idea de que le corresponde a América Latina. Y nunca ha habido una mujer en el cargo”, señala.

Pero, esa posibilidad podría diluirse por la falta de apoyos coordinados en la región. El nuevo presidente de Chile le quitó el respaldo a Michelle Bachelet y un tercer país, Antigua y Barbuda, nominó a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. 

“Cuando los países no alinean sus votos, se abre la puerta a que otros candidatos capitalicen ese espacio”, advierte Carranco. En ese escenario, el argentino Rafael Grossi o el senegalés Macky Sall podrían ganar terreno.

Las mujeres en la diplomacia, subrepresentadas

Más allá de la geopolítica, la discusión sobre un eventual liderazgo femenino también tiene un componente estructural. Téllez, docente de la PUCE, recuerda que la subrepresentación de las mujeres en la diplomacia responde a desigualdades más amplias. 

No se trata solo de acceder a estos cargos, sino de condiciones de partida desiguales históricas que limitan su participación en igualdad de condiciones, sostiene.

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Andrea Garcés, internacionalista y académica de la UDLA, coincide en que la posibilidad de una secretaria general es alta, tanto por la composición actual de candidaturas como por el clima en la comunidad internacional. 

Sin embargo, matiza: “No se trata de elegir a una mujer por ser mujer, sino de que sea la persona más capacitada. Y las candidatas tienen trayectorias sólidas en diplomacia y organismos multilaterales”.

Garcés cree que, en un contexto de crisis del multilateralismo, una presidenta podría aportar una mirada distinta. “Se requiere un cambio de enfoque. No es que una mujer vaya a transformar completamente la ONU, pero que introduzca luz en medio de la crisis del multilateralismo”, opina.

Sobre los perfiles, Andrea Garcés comenta que Espinosa destaca por su trayectoria multilateral: fue la primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU. 

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Bachelet podría tener la oposición de Estados Unidos o China por sus posturas en temas sensibles. En ese contexto, Espinosa aparece como una opción con menor nivel de controversia y amplio recorrido en diplomacia, cree Garcés.

Así se desarrollará el proceso de selección:

El proceso de elección, detallará, se desarrolla en dos fases. La primera en julio del 2026, con deliberaciones y votaciones en el Consejo de Seguridad, que son completamente secretas y donde los cinco miembros permanentes pueden ejercer su derecho a veto. 

La segunda, de agosto a octubre, son votaciones informales y se avanza hacia la definición. Finalmente, entre noviembre y diciembre, la Asamblea General confirma la designación y se hace el anuncio oficial.

Algunos datos de la elección de la ONU

Lo que debes saber

• Un mes después del anuncio de Daniel Noboa, la compra de medicinas desde India sigue sin avances públicos ni información oficial sobre su ejecución.
• Expertos cuestionan el hermetismo del proceso y advierten que la falta de transparencia genera dudas sobre plazos, costos y controles de calidad.
• Mientras persiste el desabastecimiento en hospitales, crece la preocupación por el impacto que un eventual retraso tendría en miles de pacientes.

Un mes después del anuncio presidencial, el acuerdo para importar medicamentos desde India sigue envuelto en el silencio. Lo que fue presentado por el Gobierno como una solución urgente para enfrentar el desabastecimiento en hospitales públicos, no registra avances públicos, cronogramas oficiales ni detalles concretos sobre las medicinas que llegarían al país.

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El 25 de mayo, tras el Informe a la Nación de Daniel Noboa, el Ejecutivo aseguró que estaba a pocas semanas de firmar un contrato estatal con India para adquirir entre 40 y 50 tipos de medicinas e insumos médicos sin intermediarios.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, incluso adelantó que el convenio podría concretarse en tres semanas y que los productos llegarían al país entre 30 y 60 días después de la firma. La promesa apuntaba a reducir costos, acelerar compras y beneficiar directamente a miles de pacientes, pero hasta ahora no existe información oficial sobre el avance de ese proceso.

¿Qué pasó con la compra de medicinas de India anunciada por el Gobierno?

EXPRESO solicitó información a la Dirección de Comunicación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AILSC), encargada de gestionar esta compra internacional, así como a su gerente, Stalin Andino, para conocer el estado actual del proceso. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta sobre los avances de la negociación, por lo que se decidió consultar a especialistas en la materia.

Para Luis Andrade, exsubdirector del Sercop, el principal problema no es que la compra aún no se haya concretado, sino la falta de información sobre su avance. “El anunciarlo no es comprar”, advirtió, al señalar que una adquisición internacional requiere cumplir una serie de pasos institucionales antes de que los medicamentos lleguen efectivamente a los pacientes.

Andrade considera que, transcurrido un mes desde el anuncio presidencial, el Gobierno debería transparentar el estado de la negociación. “Sí sería importante que se conozcan detalles sobre este tipo de contratación”, manifestó. A su criterio, la ciudadanía necesita saber si los precios son adecuados, qué controles de calidad tendrán los productos y cuándo se concretará su llegada al país.

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Especialistas cuestionan la falta de transparencia en el proceso

El experto también alertó sobre los riesgos de mantener el proceso bajo reserva. “Eso genera preocupación e incluso podría despertar suspicacia en la ciudadanía”. En ese sentido, insistió en que el Ejecutivo debe informar “en qué parte del proceso estamos, qué nos falta para alcanzar los objetivos y cuándo se materializan dichos objetivos”, señaló.

A diferencia de Andrade, que centró sus observaciones en la transparencia del proceso de contratación, Andrés Corral puso el foco en los desafíos operativos y sanitarios que vendrían después de la compra. El exsubsecretario de Salud advirtió que todavía no existe información pública sobre aspectos esenciales como los fármacos seleccionados, las empresas proveedoras, los precios acordados o los tiempos reales de entrega. “No hay absolutamente nada de información”, cuestionó.

Corral también alertó que la llegada de los medicamentos no garantiza por sí sola una solución al desabastecimiento. Según explicó, las medicinas deberán atravesar procesos de homologación, obtención de registros sanitarios, almacenamiento y distribución especializada. “No es únicamente la compra”, aclaró.

Retrasos podrían agravar el desabastecimiento de medicamentos

Otro punto que destacó el exfuncionario es el riesgo que enfrenta actualmente el sistema de salud si la compra se retrasa más de lo previsto. Recordó que con la creación de la nueva empresa pública, el Ministerio de Salud perdió capacidad directa para adquirir fármacos. Y advirtió que “si no llegan a tiempo los medicamentos de la compra a la India, la situación se va a seguir complicando”.

A su criterio, los pacientes con enfermedades renales, cáncer y otras patologías catastróficas son quienes podrían sufrir las consecuencias más graves de una demora prolongada.

Esteban Ortiz, experto en políticas de salud, señaló que una de las pocas certezas sobre la compra de medicinas a India es que la Comisión de Salud de la Asamblea prevé realizar una verificación técnica del proceso. “Entiendo yo, de buena fuente, que la Comisión de Salud de la Asamblea va a enviar un equipo técnico a revisar y a ver que las plantas farmacéuticas cumplan con todos los requisitos”, dijo.

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Comisión de Salud prevé revisión técnica de la compra internacional

A su criterio, más allá de las negociaciones previas, lo fundamental es que los medicamentos cumplan con los estándares regulatorios exigidos por Ecuador, antes de su distribución.

Sobre la creación de la nueva AILSC, Ortiz considera que la medida podría ser positiva en un contexto de crisis del sistema sanitario. “No creo que la vía tradicional haya dado buenos resultados”, comentó al cuestionar los mecanismos convencionales de contratación pública.

Añadió que la nueva entidad podría agilizar las adquisiciones y reducir costos gracias a compras a gran escala. “Creo que puede funcionar” y “puede ser una buena idea si se la maneja bien”, concluyó.

Las claves que debes saber

• Quito: vecinos reportan filtraciones en chats de seguridad; delincuencia accede a información en barrios.
• Sectores como La Ferroviaria y La Carolina refuerzan controles tras robos y alertas por infiltraciones.
• Policía advierte depurar chats y verificar usuarios; 55 grupos operan como alerta ante inseguridad.

La creciente organización ciudadana frente a la inseguridad en Quito ha derivado en la creación de chats comunitarios, sistemas de alerta temprana y redes de coordinación directa con la Policía Nacional. Sin embargo, en varios sectores de la capital, moradores y dirigentes barriales advierten que estas herramientas, diseñadas para proteger a la comunidad, estarían siendo vulneradas por filtraciones de información que podrían terminar en manos de grupos delictivos.

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Uno de los casos más recientes se registra en el sector de La Ferroviaria, en el sur de la ciudad, donde un robo encendió nuevamente las alertas de inseguridad. Tras el hecho, los vecinos denunciaron que la situación los obligó a reorganizar sus mecanismos de vigilancia, instalar cámaras de seguridad y fortalecer los chats comunitarios.

Desconocidos se infiltraron en chat comunitario

No obstante, la preocupación creció cuando en una reunión entre propietarios de viviendas se identificó la posible filtración de información sensible.

“Hay gente que se filtró en este barrio para saber qué hacemos y lo que planificamos con los policías para protegernos”, relató una moradora del sector. Ante ello, la comunidad decidió crear un segundo grupo exclusivo para propietarios, con el objetivo de reducir el riesgo de infiltraciones.

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Los vecinos aseguran que han invertido recursos propios en seguridad, pero aun así sienten que la delincuencia va un paso adelante. En varios casos, incluso observan delitos a través de cámaras sin poder intervenir por temor a represalias.

Desconocidos exponen información privada

La preocupación no es aislada. Dirigentes de otros sectores coinciden en que la filtración de información en chats comunitarios puede afectar directamente la efectividad de los operativos.

Luis Segarra, presidente del Comité de Seguridad del sector de la avenida República de El Salvador, señaló que ya se han registrado casos donde la información sobre controles policiales se difunde anticipadamente.

“Cuando hay un operativo, se filtra en el chat y, de pronto, no hay nadie en la calle: no hay vendedores, no hay limpiaparabrisas, no hay nada. Todos desaparecen”, explicó.

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Según Segarra, esta situación no solo dificulta el trabajo policial, sino que también evidencia la vulnerabilidad del sistema de comunicación comunitaria.

En otros casos, agregó, la filtración ha generado reacciones violentas. Recordó que en un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), tras difundirse información en un chat, se produjo una agresión contra un patrullero, incluido el daño a un vehículo institucional. 

Segarra advierte que uno de los principales problemas está en la mezcla entre zonas residenciales y comerciales dentro de los mismos chats.

En el ámbito comercial, explicó, la cadena de confianza es más difícil de controlar: propietarios, administradores y personal contratado pueden acceder a información sensible sin que exista un conocimiento profundo de sus antecedentes. 

“Muchas veces el dueño contrata un administrador, y este a su vez personal de confianza. Pero esas personas pueden terminar filtrando información porque no viven en el barrio”, señaló.

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Por ello, considera necesario separar los chats entre residentes y sectores comerciales, además de fortalecer la verificación de quienes ingresan a estos grupos.

La Policía toma medidas frente a los chats afectados

Desde la Policía Nacional, el mayor Byron Flores, jefe de operaciones del Distrito Eugenio Espejo, explicó que los chats comunitarios son una herramienta de comunicación y alerta temprana, pero no se utilizan para anticipar operativos. “Nosotros no informamos operativos antes de que se realicen. Informamos resultados posteriores y damos recomendaciones de seguridad”, indicó.

Flores detalló que en el distrito Eugenio Espejo existen 13 circuitos y 55 chats comunitarios, que agrupan aproximadamente a 19.800 personas. El acceso a estos grupos es voluntario, pero requiere verificación.

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¿Cómo controlan la seguridad en los chats?

Entre los requisitos constan la presentación de documentos de identidad, comprobantes de domicilio y la validación en el sistema policial para descartar antecedentes judiciales.

El oficial aclaró que los chats también funcionan como canal de auxilio inmediato, lo que ha permitido actuar con mayor rapidez frente a emergencias, incluso antes de la atención formal del ECU 911. “No se trata de que los chats estén infiltrados, sino de mantener un uso adecuado y depurarlos constantemente cuando se detecta información falsa o usuarios inadecuados”, añadió.

La Policía y los líderes comunitarios coinciden en que la depuración de los chats es clave para evitar filtraciones.

En algunos circuitos, la revisión de miembros se realiza cada dos o tres meses, mientras que en otros depende del nivel de actividad del chat. En grupos con alta interacción, la depuración puede ser más frecuente.

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Cambios de inquilinos generan riesgo

Además, se ha identificado un reto adicional: la presencia de edificios con renta temporal o alta rotación de inquilinos, lo que dificulta el control de quién accede a la información.

En algunos casos, estos inmuebles han sido vinculados a actividades ilícitas como acopio de drogas o armas, lo que incrementa la preocupación de las autoridades comunitarias. 

El teniente Jonathan Ojala, jefe del circuito Magdalena, reconoció que los chats comunitarios pueden ser una herramienta efectiva, pero también un riesgo si no se manejan adecuadamente. “Son una herramienta de doble filo. Por eso hemos tomado la iniciativa de crear chats administrados directamente por la Policía, con líderes barriales y vecinos verificados”, explicó.

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En su circuito existen cuatro chats comunitarios con entre 350 y 400 integrantes, donde se mantiene un control de ingresos y salidas mediante reuniones periódicas.

Coordinación no elimina delitos, pero los reduce

En barrios como Villaflora, la experiencia ha sido similar. Sandra Moscoso, presidenta del Comité de Seguridad, explicó que el trabajo conjunto con el Municipio y la Policía ha permitido reducir el impacto delictivo, aunque no eliminarlo. “El barrio no está libre de delitos. Sería mentir decir eso. Pero sí nos hemos organizado para que no sean constantes”, afirmó.

En este sector, además de chats comunitarios, se utilizan alarmas barriales y cámaras de seguridad. Sin embargo, la depuración de usuarios también es una práctica constante para evitar filtraciones. “Se cierra el chat y se crea uno nuevo donde los vecinos deben confirmar con documentos que realmente pertenecen al barrio”, explicó.

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Lo que debes saber

• La publicación de datos financieros confidenciales por parte de José Julio Neira fracturó un acuerdo de reserva del tribunal de Florida.
  
• El bufete Greenberg Traurig notificó de inmediato el error al juez Sean P. Flynn para frenar sanciones.
• La defensa de Celec puede citar la Regla Federal 502 sobre revelación accidental y el privilegio abogado-cliente para frenar los daños.

Un error político complica la estrategia legal de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) en el juicio que impulsa en EE.UU. para recuperar los 104 millones de dólares entregados a Progen a cambio de generadores inservibles.

La divulgación que hizo José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, sobre montos y transferencias de las cuentas de Progen y Astrobryxa, fractura la orden de confidencialidad, ordenada por el juez Sean P. Flynn, de la Corte del Distrito Medio de la Florida y que, de hecho, fue pedida por la misma Celec, Progen y Astrobryxa para precautelar o controlar los hallazgos de la fase de descubrimiento de pruebas (‘discovery’).

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Ante el riesgo inminente de sanciones por desacato o la anulación de evidencia crucial para el caso amparado bajo la Ley RICO, el equipo legal de Celec en EE. UU., liderado por el bufete Greenberg Traurig, adoptó una postura de control de daños inmediatos y notificó formalmente el error al tribunal de Florida.

EXPRESO buscó a Neira y a Celec para conocer su postura y si consideran si este incidente resta credibilidad a la defensa ecuatoriana. Ninguno respondió hasta la publicación. Progen y los demás demandados disponen ahora de argumentos para alegar mala fe procesal, violación al debido proceso e incluso la doctrina de ‘manos sucias’ (Unclean Hands).

De prosperar estas quejas, el juez federal cuenta con la potestad de multar económicamente a la eléctrica estatal o excluir del juicio los documentos expuestos, lo cual debilitaría la ruta para recuperar el dinero público de los contratos de emergencia térmica de las centrales Quevedo y Salitral.

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Confianza entre abogado-cliente 

La firma Greenberg Traurig le indicó al tribunal que material divulgado de forma inadvertida, pero que fue entregado a Celec por el privilegio abogado-cliente.

La defensa de Celec también puede alegar la Regla Federal de Evidencia 502, que protege el “privilegio abogado-cliente” cuando hay una revelación accidental. La ley exige que la parte tome medidas razonables y prontas para rectificar el error y evitar que vuelva a ocurrir.

Para Leonardo Stagg, abogado del exministro Antonio Gonçalves, uno de los procesados en Ecuador y quien más ha buscado la asistencia de EE.UU. y la trazabilidad de los fondos, su posición es a favor de la transparencia. “Mientras más información se haga pública, mejor”. Resaltó que “en toda la documentación del proceso que se tramita en Florida, incluyendo la ruta del dinero, las transferencias, comunicaciones y registros, no aparece el nombre Antonio Gonçalves”.

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Tres escenarios

El juez Sean P. Flynn acepta la justificación de Greenberg Traurig sobre lo accidental de la filtración. Debido a la transparencia de los abogados, el tribunal no impone multas ni sanciones procesales contra la estatal, sino que emite un llamado de atención formal y una advertencia para evitar futuros incidentes.

Progen y Astrobryxa demuestran que la exposición de sus datos financieros causó un perjuicio comercial o personal directo. En consecuencia, el juez declara a Celec en desacato civil y la obliga a pagar multas, además de los honorarios de los abogados de la contraparte por este incidente específico.

El tribunal determina que la filtración violó el debido proceso y la doctrina de equidad procesal. Como sanción principal, el juez prohíbe el uso judicial de la información financiera y de cualquier evidencia derivada de este, lo cual desarma la estrategia de Celec para seguir la ruta del dinero.

Lo que debe saber

• La avicultura genera más de 300.000 empleos directos y mueve cerca de 4.500 millones de dólares al año.
• Ecuador exporta carne de pollo desde 2023 y ha colocado más de 4.300 toneladas en mercados internacionales.
• El sector espera completar la homologación sanitaria para ingresar a China, un mercado que podría representar ingresos superiores a los 100 millones de dólares anuales.

La avicultura ecuatoriana se consolida como una de las actividades más importantes del sector agropecuario y ahora fija su mirada en uno de los mercados más grandes del mundo: China.

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Según Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), la actividad aporta el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa el 25 % del PIB agropecuario. Además, genera más de 300.000 empleos directos y contribuye con alrededor de 4.500 millones de dólares cada año a la economía ecuatoriana.

El crecimiento del sector también se refleja en el comercio exterior. Desde mayo de 2023, Ecuador exporta carne de pollo, una actividad inédita para el país, logrando colocar más de 4.300 toneladas en mercados como Bahamas y varios destinos de Centroamérica.

China, el gran objetivo de la industria

Aunque las exportaciones ya son una realidad, el principal desafío del sector es ingresar al mercado chino.

Para ello, Ecuador debe completar un proceso de homologación sanitaria que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades del país asiático. Este trámite involucra tanto al sector privado como a las instituciones públicas encargadas del control sanitario.

Según Espín, la apertura de este mercado podría representar al menos 100 millones de dólares anuales para el país, especialmente mediante la exportación de partes del pollo que tienen alta demanda en Asia.

Las empresas ecuatorianas ya han recibido visitas técnicas de representantes chinos, quienes han evaluado favorablemente la calidad del producto nacional. Sin embargo, el proceso aún depende de la validación de información sanitaria y de nuevas reuniones con las autoridades competentes.

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El pollo sigue liderando el consumo nacional

Mientras avanza la estrategia exportadora, el mercado interno continúa siendo la prioridad para los productores.

Actualmente, cada ecuatoriano consume alrededor de 30 kilogramos de carne de pollo al año, convirtiéndola en la proteína animal más consumida del país. El sector registra un crecimiento cercano al 5 % anual y busca que este producto sea aún más accesible para las familias.

Los productores consideran que una reducción en los costos de materias primas permitiría ofrecer precios más competitivos y mejorar el acceso a proteínas de calidad, especialmente en sectores vulnerables.

Materias primas y clima, los retos pendientes

Entre las principales preocupaciones de la industria figura el costo de los insumos utilizados para la alimentación animal, especialmente el maíz y la harina de soya.

A ello se suma la incertidumbre por los efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que podrían afectar la producción agrícola y reducir la disponibilidad de materias primas para la elaboración de balanceados.

Frente a este escenario, el sector trabaja junto a las autoridades en propuestas que permitan garantizar el abastecimiento de insumos, fortalecer la competitividad y sostener el crecimiento de una industria que hoy alimenta a millones de ecuatorianos y busca expandirse hacia nuevos mercados internacionales.

La apuesta de la avicultura ecuatoriana es clara: mantener el liderazgo del pollo en la mesa de los hogares y convertir al país en un actor cada vez más relevante en el comercio mundial de proteínas animales.

Lo que debes saber 

• Cumbayá se ha convertido en un punto clave para seguir el Mundial gracias a promociones, horarios extendidos y decoración temática
• La avenida Pampite y los alrededores del parque central concentran la mayor oferta gastronómica 
• Pese al dinamismo comercial por el Mundial, negocios de Cumbayá enfrentan problemas por cierres viales, congestión e inseguridad

Las promociones, los horarios extendidos y la decoración temática han convertido a Cumbayá en uno de los principales puntos de encuentro para seguir el Mundial 2026. 

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Restaurantes, cafeterías y bares buscan atraer a los aficionados con descuentos y transmisiones de los partidos.

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La avenida Pampite, un corredor gastronómico

La avenida Pampite, uno de los corredores gastronómicos más atractivos de la parroquia, está ambientada para la cita deportiva. Globos con los colores de la bandera ecuatoriana, banderas de las selecciones participantes y figuras de cartón de tamaño real de estrellas del fútbol como Énner Valencia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo adornan los negocios que buscan atraer a los hinchas.

La expectativa también se refleja en la actividad comercial. Varios establecimientos han extendido los horarios de atención y diseñado promociones especiales para aprovechar el flujo de visitantes.

Uno de ellos es Rey Viche, donde la jornada se amplió en cuatro horas durante el torneo. Antes cerraban a las 17:30, pero ahora permanecen abiertos hasta las 22:00.

“Tenemos promociones en coctelería, cerveza, picadas y ofertas de tres por dos. También estamos entregando obsequios a nuestros clientes”, detalla la administradora del local.

En La Herencia Manabita, el Mundial también ha servido para impulsar nuevas estrategias comerciales. Luis Trias explica que desde el inicio del torneo implementaron desayunos mundialistas con promociones dos por uno, además de descuentos en platos principales.

“Ha llegado mucha gente, sobre todo en grupos durante las tardes y los fines de semana. Desde que comenzó el Mundial hemos tenido un incremento aproximado del 15% en la cantidad de clientes”, señala.

El restaurante también se sumó a la decoración temática con globos y banderas de las selecciones participantes.

La propuesta en el centro de Cumbayá

En el centro de Cumbayá, Zavalita apostó por una propuesta gastronómica creada especialmente para la temporada. María José García Zavala menciona que decoraron el local y transmiten todos los partidos del campeonato.

La oferta estrella es una picada de mariscos para cuatro personas que incluye camarones, pequeñas empanadas, corviches y cervezas.

Aunque reconoce que las expectativas iniciales eran más altas, señala que las ventas se mantienen en niveles similares a los del Mundial de 2022.

Entre quienes aprovechan estas iniciativas está Juan Carlos, cliente habitual de la zona, quien acudió para disfrutar de un partido. “Las promociones son buenas y la comida también. Es una buena opción para reunirse y ver fútbol”, dice.

Otro de los establecimientos que ha encontrado en el Mundial una oportunidad para atraer clientes es El Chacal Parrilla, ubicado junto al parque central. Allí las promociones cambian según los partidos y contemplan descuentos en cervezas y vinos.

El Quito Gastro Fan Zone llegó a la parroquia

La oferta para los aficionados no se limita a los restaurantes. Desde el inicio del torneo también funciona el Quito Gastro Fan Zone, un espacio que abrió sus puertas con la transmisión de la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica.

Desde entonces, el lugar se ha convertido en un punto de reunión para los amantes del fútbol, combinando la emisión de los encuentros con una amplia oferta gastronómica de emprendimientos locales.

Los desafíos en la parroquia

Sin embargo, detrás del ambiente festivo también existen preocupaciones. Daniel Rojas, propietario de El Chacal Parrilla, señala han enfrentado dificultades debido a las intervenciones viales en la zona, como en la García Moreno, en donde sacaron las piedras. 

“Hacemos un esfuerzo para generar más ventas y atraer clientes, pero muchas veces las calles se cierran sin una comunicación oportuna y eso afecta directamente a los negocios”, afirma.

Según Rojas, algunos establecimientos han registrado pérdidas cercanas al 30% debido a las complicaciones de acceso y a los trabajos que se realizan en horarios poco favorables para la actividad comercial.

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La seguridad es otro desafío. Rojas señala que varios locales han invertido en cámaras y vigilancia privada para proteger a clientes y trabajadores. Hace un año, un grupo de restaurantes impulsó una iniciativa conjunta para contratar guardias privados y fortalecer el monitoreo. Pero la propuesta no logró sumar a la mayoría de establecimientos.

Con cerca de 200 negocios en el centro de Cumbayá, apenas diez se unieron al proyecto y durante ocho meses costearon el servicio, que bordeaba los $1.200 mensuales. “Si más personas participaban, el costo se reducía, pero no ocurrió. Hay mucho egoísmo, se piensa que si el vecino tiene para que tengo yo", lamenta Rojas.

A ello se suman problemas de congestión vehicular, falta de estacionamientos y desorden en el espacio público, factores que, según dice, desmotivan la visita de potenciales clientes.

Rojas señala que se autorizan más negocios, construcciones y otros proyectos, pero las autoridades no se detienen a pensar dónde van a estacionar los vehículos o cómo van a llegar las personas a esos lugares.

Lo que debes saber

• Aunque asegura que tiene cobertura total en las rutas que puede atender, Urvaseo reconoce que la recolección efectiva de basura alcanza alrededor del 92% de Guayaquil, debido a limitaciones de infraestructura o inseguridad. 
• Advierte que la ciudad carece de un estudio actualizado para optimizar el servicio y atribuye parte del problema de acumulación de desechos a la falta de civismo.

¿Por qué todavía no se llega con la recolección de basura a toda la ciudad?

Nosotros como consorcio Urvaseo contamos con el 100% de la cobertura, siempre y cuando nos dejen el ingreso en las vías. Por ejemplo, barrios como Mapasingue, Alborada, Martha de Roldós, entre otros, cuentan con unas características particulares que no nos permiten el ingreso en cuanto a la infraestructura vial. Tenemos el ancho de las vías, (que son) muy angostas. Otro tema es el material de la vía. Entonces, lo traducimos en un 92%.

Es decir, un 100 % en mapa, georreferencia.

Lo que nos permiten las características (de cada barrio), pero también (otro inconveniente es) el cableado, el cable bajo que está en lo mínimo que exige la ordenanza. También los carros mal parqueados.

Más los portones y rejas instalados para cubrirse de la delincuencia.

También. Entonces, yo cubro el 100%, pero lo traduzco en el 92%, siempre y cuando la infraestructura me deje ingresar. También tenemos puntos registrados donde la inseguridad está a tope.

¿Cómo llegar al 100%? ¿Con reformas a las ordenanzas, otros equipos, vehículos?

Mire, la flota grande, que son nuestros carros de 25 yardas, corresponden al 74% de la flota que tenemos. Al hablar de un camión pequeño, que sería lo ideal en barrios tan pequeños, en calles angostas, vale que ingrese, pero es insuficiente la flota. Aparte de eso, se incurre en un mayor despliegue de logística operativa, (porque) estos camiones pequeños tienen que llegar a unidades de trasbordo. Esta unidad se va al relleno y regresa... Entonces, imagínese.

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Dos horas perdidas en equipos que no están recogiendo.

Es insuficiente el porcentaje, el tráfico me juega en contra, pero quien tiene la obligatoriedad de disponer qué es lo mejor para la ciudad es el Municipio. Tiene la obligación de realizar un estudio para determinar mejoras en el servicio.

¿Todavía no los hay?

No existen. Tengo entendido que el último (estudio) fue en el (año) 1991. La ciudad ha crecido, a veces no están regularizados (los predios), no hay controles, hay una serie de variables. Lo ideal sería que sepamos lo que necesita la ciudad.

En diciembre de 2027 termina el contrato. En este último año, ¿qué decirle al Municipio?

Nosotros somos amigos del Municipio, trabajamos en conjunto. Ellos tienen que hacer ese estudio para ver qué mejoras se pueden dar. Con base en ese estudio técnico se podrá saber qué necesita la ciudad y levantar el proceso de contratación diciéndole a quien sea que vaya a licitar: ‘Yo necesito esto, esto y esto’.

¿Volverán a licitar?

Sí.

¿Hoy cuáles son los beneficios que impulsa el consorcio?

Como consorcio, en trabajo conjunto con el Municipio, se ha trabajado un cronograma con el que llevamos gestores comunitarios a educar a la ciudadanía. Seamos sinceros: el problema de la ciudad es la mala disposición. Es fácil decir “el carro no pasó”. No, señora, usted está sacando la basura en horarios y lugares que no son (los permitidos), y de paso también viene el chambero y rompe las fundas. Entonces llevamos esta gestión comunitaria, capacitaciones puerta a puerta, perifoneo...

¿También sanciones?

Exacto. Llevo los horarios, ordenanza e información de multas que van de 96 a 602 dólares. Pero quien tiene que multar no es Urvaseo, sino el Municipio. Créame, estamos educando todos los días y, obviamente, hay un cronograma.

Hay puntos rojos y otros donde cambian sus sectores.

Hacemos campañas para incentivar a barrios a que tengan (limpio) su espacio, cuadra. Ahora estamos con la ‘Liga de la Limpieza’. En pleno Mundial sacamos el mejor gol de tu sector, y previo a julio. Les damos premio, kit de minga, pintura al sector y el reconocimiento en redes sociales. Por ejemplo, entre los puntos que se destacan por la recolección de los desechos figuran Urdesa central, Los Ceibos e interiores del suburbio. Cuando vi este último, me dije: ‘¿cómo es posible?’. Hacen conciencia de la mala disposición (de desechos), sacan (la basura) en el horario correcto y son los barrios más limpios. Si se quieren inscribir, de seguro ganan, ellos cumplen con la buena disposición.

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¿Pero falta civismo en Guayaquil? Vemos el centro, por ejemplo, donde aún hay montículos de desperdicios. En las redes sociales denuncian que parece la Guayaquil de la década de los 90. ¿Cuál es el principal problema?

Tal como usted lo dijo: falta de civismo, de tomarse personal la ciudad, (de decir) ‘aquí es donde vivo, es mi ciudad’. Es el reflejo de lo que viene desde casa. La falta de apersonarse de la marca Guayaquil. Va también por ese lado. Nosotros hacemos nuestro trabajo en cuanto nos lo permiten, pero necesitamos el apoyo del otro lado. La responsabilidad es del Municipio, Urvaseo y la ciudadanía.

Lo que debes saber

• El Gobierno y el correísmo disputan el control político y el monopolio de la videovigilancia.
• Reimberg denunció nexos de ex-Senain en Quito e intervino Segura EP en Guayaquil por espionaje.
• La batalla por las cámaras busca tapar escándalos propios y exponer los del bando rival.

Tras el reciente episodio protagonizado por el ministro del Interior, John Reimberg, en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, donde denunció el uso político que el correísmo hacía de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, subyace un proyecto de control político. Tener el monopolio de las cámaras de seguridad de las ciudades para utilizarlas como herramientas de espionaje es, actualmente, una de las formas más potentes de apalancamiento político.

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Durante la audiencia en la Comisión de Seguridad, donde domina el partido de gobierno, Reimberg dejó en evidencia, aunque sin decirlo expresamente, que el Gobierno quiere tener el control de las cámaras no solo de Guayaquil -donde ya las tiene tras la intervención en Segura EP la noche del 15 de febrero de 2026-, sino también de Quito y de otras ciudades donde, según él, el correísmo las ha utilizado con fines de espionaje.

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Intervención del Gobierno en Segura EP y videovigilancia en Guayaquil

El ministro del Interior denunció cómo el Municipio de Guayaquil, bajo control del correísmo, instaló un sistema para que miembros de ese movimiento utilizaran la información que llega a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Reimberg, en su intento por legitimar la intervención del Gobierno en Segura EP -la entidad encargada del sistema de cámaras-, afirmó que desde entonces la capacidad de reacción ante los casos de delincuencia ha aumentado significativamente. Antes de la intervención, sostuvo, la administración municipal de Aquiles Álvarez se limitaba a observar cómo se consumaban los delitos sin ofrecer una respuesta efectiva. “Los resultados son contundentes: la efectividad alcanzó el 97,47 % frente al 29,70 % antes de la intervención”, aseguró.

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Sin embargo, lo de las cámaras de Guayaquil y los audios de los correístas fue apenas una parte de la actuación de Reimberg en la Comisión de Seguridad. El ministro afirmó que antiguos agentes de la Senain, durante el correísmo, están a cargo del sistema de videovigilancia del Municipio de Quito. Además, anunció que en poco tiempo revelará en qué otros cantones gobernados por el correísmo también se habría ejercido esa práctica.

Exfuncionarios de la Senain en el Municipio de Quito y Pabel Muñoz

Lo dicho por Reimberg fue replicado por medios y cuentas de redes sociales afines al Gobierno, algo particularmente significativo en esta administración, pues suelen actuar como antenas repetidoras de las intenciones de Carondelet. El diario El Universo se hizo eco de sus declaraciones y publicó una nota en la que afirma que cinco funcionarios de la antigua Senain trabajan actualmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito y en la Agencia Metropolitana de Tránsito, y que fueron contratados durante la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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Según esa publicación, esos funcionarios son Carolina Andrade, actual secretaria de Seguridad Ciudadana y quien durante el correísmo fue una figura importante de los servicios de inteligencia de la Senain; Washington Martínez, teniente de Policía en servicio pasivo y actual director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito; Ernesto Anzieta, director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, a quien la nota describe como antiguo operador de Rommy Vallejo, exdirector de la Senain; Silvia Burgos Muela, funcionaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y exfuncionaria de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, que coordinaba acciones con la Senain; y, finalmente, Paul Andrés López Erazo, mayor de Policía en servicio pasivo, quien figura como servidor público en el Municipio de Rumiñahui y actualmente presta asesoría en la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.

Audios de Rafael Correa y la disputa por el monopolio de la seguridad

Para la audiencia de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Reimberg llevó un caso con el que buscó legitimar la aspiración del Gobierno de controlar los sistemas de videovigilancia: los audios en los que se escucha a Rafael Correa coordinar con miembros de su movimiento, incluidos prófugos involucrados en casos graves, como Ronny Aleaga, el uso político de las imágenes captadas por las cámaras.

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Sin embargo, durante la sesión se hizo evidente la pugna entre el Gobierno y el correísmo por el monopolio del uso de esos sistemas. Ese movimiento político ha asestado dos golpes muy duros al Gobierno gracias a la información obtenida mediante la videovigilancia. El primero fue el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, cuyas imágenes permitieron establecer que fueron detenidos, torturados y posteriormente entregados a grupos delincuenciales por miembros de las Fuerzas Armadas. El segundo fue el denominado caso Porsche. En ese episodio, las cámaras siguieron el recorrido del autor del atentado terrorista ocurrido en el sector de la Bahía, quien, tras lanzar el explosivo, se dirigió hasta su vivienda en la Isla Trinitaria. Horas después apareció allí un vehículo de alta gama que posteriormente se comprobó -también gracias a las cámaras de Segura EP- que pertenecía a Industrial Molinera, empresa de la Corporación Noboa.

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Estos dos episodios han causado un enorme daño político al Gobierno, y resulta fácil imaginar que este no quiere que un caso similar vuelva a repetirse.

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Quien gane esta batalla por el control de los sistemas de videovigilancia tendrá la capacidad de evitar que salgan a la luz escándalos que perjudiquen a su propio movimiento político o, en su defecto, de detectar aquellos que afecten a sus adversarios.

El gobierno de Daniel Noboa quiere tomar el control de las cámaras de videovigilancia que permanecen en manos de administraciones correístas -con excepción de Guayaquil- y para ello busca que se investiguen los audios de Correa. Los correístas, por su parte, no quieren perder lo que consideran una de sus principales fuentes de poder territorial: el acceso a esos sistemas de vigilancia. Por eso insisten en que se recuerde y se investigue el caso Porsche. Y, en ese punto, tienen razón.

Las claves que debes saber

• Asamblea fiscaliza compra de 60 trolebuses eléctricos de Quito, proceso cuestionado por límites constitucionales.
• Legislativo inicia controles a GAD: patrimonios de alcaldes 2023-2025 y manejo de cámaras en Guayaquil.
• Debate político: alcaldes aceptan auditorías, pero advierten que fiscalización debe ser técnica y con Contraloría.

La Asamblea Nacional concentra su labor en los procesos de fiscalización a los representantes de los gobiernos locales, una decisión que ha generado un amplio debate.

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Los controles comenzaron con el anuncio de fiscalizar el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos que adquirió el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para renovar las unidades obsoletas de la capital. 

La Constitución regula la fiscalización

La acción, impulsada en la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el oficialismo, provocó cuestionamientos en torno a la legalidad, ya que la Constitución limita, en el artículo 120, el alcance de la fiscalización parlamentaria.

Según la carta magna, una de las atribuciones de la Asamblea es “fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias”. Además, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) señala, en el art. 56, que “el Concejo Municipal es el órgano de fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal”.

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Pese a las observaciones de constitucionalistas, autoridades y de los mismos legisladores, pero de oposición, la acción avanzó y ahora la Asamblea impulsa otros procesos.

Los procesos de fiscalización en curso

La fiscalización a los troles derivó la tarde del martes en la aprobación de una resolución del Pleno, en donde se recomendó al Concejo Metropolitano de Quito fiscalizar el proceso. También se dispuso remitir el informe a Contraloría y Fiscalía para que efectúen los trámites investigativos que consideren pertinentes.

Sin embargo, mientras concluía ese tema, el Legislativo inició otros controles a los GAD. Por una parte, la Comisión de Fiscalización ha convocado a varios funcionarios para que expliquen el manejo de las cámaras de vigilancia de Segura EP, la empresa del Municipio de Guayaquil. Un análisis que se originó por un audio atribuido al expresidente Rafael Correa, relacionado con el caso Porsche.

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Mientras que la mesa de Gobiernos Autónomos Descentralizados se encargará de la fiscalización al incremento injustificado de los patrimonios que habrían reportado distintos alcaldes y prefectos del país en sus declaraciones patrimoniales, del período 2023-2025.

¿Qué opinan los alcaldes y prefectos?

Si bien se ha llegado a dudar de la legitimidad de esas actuaciones por las competencias del Parlamento y porque los controles se han aplicado a alcaldes de una línea política contraria al Gobierno y al bloque de ADN, los alcaldes y prefectos consultados por EXPRESO muestran predisposición para la fiscalización. 

Además, coinciden en que las actuaciones no les impedirán avanzar en la gestión y obras que ejecutan en sus territorios antes de concluir su mandato.

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“Es una excelente oportunidad para demostrar que somos una administración de puertas abiertas, que goza de la confianza de su cantón y que siempre estará dispuesta a que el patrimonio de sus altas autoridades sea auditado”, dice Dennis Córdova, alcalde de Salinas.

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, coincide: “Todo el poder público tiene que mostrar transparencia en la gestión. No tengo problema en que investiguen, pero que sea una fiscalización en el marco de transparentar. Si la Asamblea quiere fiscalizar, debería comenzar por los mismos asambleístas”.

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Pese al apoyo, funcionarios como Tibán y Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, sostienen que lo óptimo sería que el proceso sea técnico y que cuente con el acompañamiento de las entidades especializadas en esos análisis, como la Contraloría y el mismo Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Muñoz, en cambio, desconfía del Legislativo y habla de una campaña anticipada a las elecciones seccionales.

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Lo que debe saber

• Daniel Noboa marcó una cercanía ideológica con Abelardo de la Espriella desde su felicitación por los resultados en el balotaje.
• El mandatario electo en Colombia se suma a la tendencia de la región con gobiernos de derecha respaldados por los Estados Unidos.
• El primer reto entre Ecuador y Colombia será el abordaje de la seguridad en la frontera, tema que fue el punto de quiebre entre Noboa y Gustavo Petro.

La relación entre Ecuador y Colombia podría cambiar. La sintonía del Gobierno de Daniel Noboa con la tendencia regional hacia gobiernos de derecha marca un punto de partida para una posible cooperación en materia de seguridad y migración con el mandatario electo Abelardo De La Espriella.

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Una señal de esa cercanía la ofreció el propio Noboa. El domingo pasado, una vez conocidos los resultados del conteo rápido en Colombia, el presidente ecuatoriano fue uno de los primeros en felicitarlo.

Su mensaje puso sobre la mesa las coincidencias ideológicas. “Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, escribió Noboa, dejando clara su posición frente al Gobierno de Gustavo Petro y a quien aspiraba a sucederlo, Iván Cepeda.

El mandatario ecuatoriano también señaló: “Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”. Con ese mensaje delineó lo que podría esperarse en materia de seguridad entre ambos gobiernos.

Coincidencias ideológicas en seguridad

El experto en relaciones internacionales Daniel Crespo explica que una cercanía ideológica implica visiones similares respecto de problemas como el narcotráfico y la naturaleza del crimen organizado. En ese sentido, también podrían coincidir en la forma de enfrentar las amenazas comunes.

“Esto no significa que la respuesta vaya a ser más efectiva o que tenga un mejor impacto a largo plazo. Eso no lo sabemos todavía, pero es un hecho que dos gobiernos con una visión semejante va a facilitar una respuesta”, señala Crespo.

En este aspecto coincide Santiago Carrasco, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN, quien sostiene que la visión que comparten Noboa y De La Espriella es opuesta a la de Petro y Cepeda. “Esto es: un enfrentamiento directo en espacios territoriales que han sido ocupados por las mafias”, dice el experto.

Más allá de esas coincidencias en la visión política, Carrasco identifica tres temas urgentes en la agenda bilateral: restablecer las zonas binacionales fronterizas de desarrollo, fortalecer los mecanismos regionales que permitan negociar con otros países y aplicar políticas comunes para resarcir los daños provocados durante la reciente tensión comercial.

Sobre este último punto, cabe recordar que, en medio de la campaña presidencial en Colombia, Noboa participó en una reunión virtual con el entonces candidato De La Espriella. Poco después, el Gobierno ecuatoriano anunció la eliminación de la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos.

Esa tasa de seguridad fue el arancel que Ecuador impuso a Colombia bajo el argumento de que el gobierno de Petro no controlaba su frontera.

Con este antecedente, Natalia Encalada, coordinadora académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, señala que los resultados de las elecciones en Colombia tendrán un impacto importante en la relación bilateral con Ecuador.

“Los discursos muestran la voluntad de un acercamiento para superar las diferencias a nivel de política, comercial y de seguridad”, manifiesta.

También considera que las señales de cooperación deberían traducirse en medidas concretas, como la normalización del comercio y el trabajo conjunto en espacios como los gabinetes binacionales fronterizos o la Comunidad Andina.

Tendencia con el aval de los Estados Unidos

La tendencia regional, además, no solo apunta hacia gobiernos de derecha, sino también hacia una mayor búsqueda de respaldo de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. De La Espriella ha dicho que buscará que Colombia forme parte de la iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas). Por su parte, Noboa estuvo entre los mandatarios sudamericanos invitados por Trump a la presentación de esa propuesta.

Esa alineación con la política de seguridad estadounidense también abarca el ámbito migratorio.

Crespo señaló: “Es muy predecible que la posición de La Espriella sea parecida a la de Noboa sobre alinearse con la política de migración, e inclusive de deportación desde los Estados Unidos. Puede haber una articulación que endurecería el control fronterizo”, concluye.

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Con Colombia, la tendencia de los gobiernos de derecha en la región suma un nuevo aliado. Sin embargo, desde la perspectiva de Carrasco, eso no significa que la izquierda esté acabada. La clave radica en que, en sistemas hiperpresidencialistas como los de América Latina, la figura del jefe de Estado tiene un peso determinante, aunque en los parlamentos exista una importante presencia de fuerzas políticas de izquierda.

En ese escenario, como lo manifiesta Natalia Encalada, se abren posibilidades de alianzas con las administraciones afines. Aunque también podrían surgir mayores tensiones ideológicas con gobiernos de la tendencia opuesta.

“También se plantea la posibilidad de más roces ideológicos con estados de tendencias contrarias. Ante esto, lo más deseable sería que prevalezca el pragmatismo”, menciona.

Lo que debes saber

• Las primarias de las organizaciones políticas en Ecuador son cuestionadas por su falta de competencia real.
• Dirigencias suelen definir previamente a los candidatos.
• Expertos plantean reformas para garantizar procesos internos más democráticos.

Del 18 de junio al 2 de julio, las 234 organizaciones políticas (entre partidos y movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales) que participarán en las próximas elecciones seccionales, deben cumplir con sus procesos de democracia interna. No obstante, las primarias han sido objeto de cuestionamientos recurrentes, pues para varios analistas se han convertido en un trámite formal destinado únicamente a cumplir con las disposiciones legales.

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Primarias con candidatos definidos de antemano

La consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal sostiene que las dirigencias ya tienen definidos, de antemano, los cuadros que postularán para las distintas dignidades. A su criterio, las primarias terminan siendo un mecanismo para legitimar decisiones previamente adoptadas por las cúpulas partidistas, más que un espacio real de participación de afiliados y adherentes.

A esta visión se suman Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y Alfredo Espinosa, analista político-electoral, quienes consideran que los procesos de democracia interna se han convertido en una “farsa” validada durante años por las autoridades electorales. Ambos coinciden en que las candidaturas suelen definirse antes de las primarias y que estos actos terminan funcionando como una ratificación de decisiones tomadas por las dirigencias.

Espinosa añade que la mayoría de las tiendas políticas optan por las primarias representativas en lugar de las abiertas o cerradas, porque son un mecanismo en el que delegados y directivos provinciales terminan avalando candidaturas definidas de antemano. Para Oleas, estas primarias no responden al espíritu de participación que establece la ley, ya que pequeños grupos aseguran representar a miles de afiliados sin que exista una verificación efectiva de esa representación.

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El control de las dirigencias, en el centro del problema

En esa misma línea, Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye, movimiento que fue cancelado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dice que el problema es estructural y está relacionado con el funcionamiento del sistema de partidos políticos. A su criterio, mientras las organizaciones conserven el control de sus propios registros de afiliados y adherentes, sin una supervisión efectiva de la autoridad electoral, persistirá el riesgo de que las dirigencias determinen quiénes participan y quiénes toman las decisiones en los procesos de democracia interna.

Frente a este escenario, Oleas indica que una verdadera democracia interna solo sería posible si los partidos y movimientos contaran con padrones confiables y actualizados de afiliados. Además, plantea que los militantes deberían votar directamente por los precandidatos, quienes tendrían la oportunidad de presentar propuestas, debatir y buscar el respaldo de sus bases antes de convertirse en candidatos oficiales.

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Modelos internacionales y reformas pendientes

Como referencia, Espinosa apunta a modelos como el de Argentina, donde las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) permiten que la ciudadanía participe en la definición de las candidaturas de las organizaciones políticas. A su juicio, mecanismos de este tipo fortalecerían la legitimidad de los postulantes, reducirían el peso de los caudillismos y convertirían a las primarias en una verdadera competencia democrática, en lugar de una simple ratificación de decisiones tomadas con antelación.

Para ello, Peñafiel considera que las reformas deben ir más allá de ajustes puntuales y abarcar cambios profundos en la Constitución y en el Código de la Democracia. Entre sus propuestas plantea que el CNE deje de ser una Función del Estado y se convierta en una entidad dedicada exclusivamente a organizar y supervisar los procesos electorales, con facultades para controlar los registros de afiliados y adherentes, fiscalizar la democracia interna de las organizaciones políticas y organizar elecciones primarias abiertas y competitivas, en las que los militantes puedan escoger entre distintas opciones y no limitarse a ratificar decisiones tomadas previamente por las dirigencias.

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Mayor control del CNE como condición para cambiar el sistema

Mientras tanto, Carvajal y Oleas coinciden en que el CNE debería asumir una posición más rigurosa frente a los procesos de democracia interna que actualmente están desarrollando las organizaciones políticas. A su juicio, mientras el organismo electoral continúe validando mecanismos que consideran meros formalismos, los partidos y movimientos no tendrán incentivos para impulsar procesos más participativos y transparentes. Solo una fiscalización estricta, sostienen, podría obligar a las organizaciones a cumplir con el espíritu democrático que establece la ley.

Espinosa agrega que esto no depende del cambio de mentalidad de los dirigentes, sino de establecer normativas serias.

Las claves que debes conocer

• Muñoz confirma reelección en Quito 2027, pendiente partido por suspensión de RC.
• Concejales definen candidaturas en primarias del CNE la próxima semana, tres no podrán postularse por límite de períodos.
• Movimientos SUMA, ADN, Imparables y alianzas perfilan listas y decisiones rumbo a elecciones seccionales.

A una semana de que las organizaciones políticas definan a sus candidatos mediante los procesos de democracia interna establecidos en el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Concejo Metropolitano ya empiezan a perfilarse las posibles postulaciones para los comicios seccionales. Algunos ediles han confirmado su intención de buscar un nuevo período, mientras que otros todavía analizan escenarios políticos y alianzas antes de tomar una decisión definitiva.

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Por un lado, el alcalde Pabel Muñoz ya confirmó su intención de reelegirse para permanecer cuatro años más al frente del Municipio. Sin embargo, aún está pendiente definir la organización política por la que participará, debido a la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC), partido que lo llevó al cargo.

Tres ediles no podrán ir por la reelección

En el Concejo, donde el oficialismo mantiene una mayoría respaldada por aliados políticos, también se discute el futuro electoral de los actuales ediles. De los 21 concejales que lo integran, tres no podrán postularse porque ya cumplieron dos períodos consecutivos: Analía Ledesma, Bernardo Abad y Blanca Paucar.

Dentro de la RC, integrada por seis concejales, la postura es esperar las definiciones internas. Adrián Ibarra, presidente de la bancada, señaló que el movimiento está siguiendo el cronograma establecido y que la próxima semana se desarrollarán las primarias.

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Ibarra cuestionó la situación jurídica del partido. “La presidenta de la RC ha pospuesto el anuncio del nombre de la organización con la que participaremos. Esto demuestra lo débil que está la democracia en el país, cuando la mayor organización política tiene que actuar con sigilo”, afirmó.

El edil explicó que la línea política de la RC establece que las autoridades en funciones que tengan la posibilidad legal de reelegirse podrán aspirar a una nueva candidatura, siempre que exista una evaluación favorable de su gestión. Aunque reconoció que todavía tiene la posibilidad de un nuevo período, aclaró que la decisión final dependerá de las resoluciones internas.

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Los concejales dialogan con organizaciones políticas

Desde otras organizaciones también se perfilan posibles candidaturas. Cristina López, de SUMA, indicó que el movimiento realizará las primarias la próxima semana y que entonces se definirán las postulaciones. Señaló que existe respaldo a su trabajo, especialmente en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano por las que fue elegida.

Otro edil que ve una eventual reelección es Diego Garrido, quien llegó al Concejo por una alianza entre Sociedad Patriótica y Democracia Sí. Según dijo, existe interés en continuar impulsando los proyectos iniciados durante la actual administración. “Sería interesante seguir trabajando cuatro años más”, comentó.

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Por su parte, Estefanía Grunauer aseguró que aún no existe una decisión tomada. La concejala, que obtuvo el cargo mediante una coalición entre Juntos por la Gente y Pachakutik, considera que antes de definir una candidatura es necesario conocer quiénes serán los aspirantes a la Alcaldía y revisar que las condiciones políticas estén claras. “Todavía no hay nada seguro”, señaló.

Una situación similar menciona Ángel Vega, elegido por la Izquierda Democrática. Aunque asegura que ha mantenido su línea ideológica, reconoce que se ha distanciado de las decisiones partidarias. Confirmó que ha tenido ofrecimientos de otras organizaciones políticas interesadas en contar con su participación. 

Sin embargo, enfatizó que cualquier decisión deberá considerar no solo la posibilidad de competir electoralmente, sino también el proyecto colectivo que acompañe una eventual candidatura.

Andrés Campaña tampoco ha definido su futuro político. El concejal, que llegó en alianza entre el Partido Socialista Ecuatoriano y SUMA, confirmó que mantiene conversaciones con distintos actores políticos y que en los próximos días adoptará una decisión.

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Mientras tanto, Wilson Merino adelantó que el próximo 29 de junio se realizará la asamblea del Movimiento Imparables en la que se presentará oficialmente la lista de candidatos. Según dijo, el objetivo es recuperar la confianza ciudadana y plantear soluciones a los problemas estructurales de Quito.

Estos ediles buscarán un nuevo período

Entre quienes ya han tomado una decisión está Michael Aulestia, quien confirmó que buscará la reelección. El concejal obtuvo una curul por el movimiento Ahora, aunque actualmente está afiliado al partido Acción Democrática Nacional (ADN).

Joselyn Mayorga, quien fue electa mediante una alianza encabezada por Pachakutik, aún espera las definiciones que adopten las bases de su organización antes de anunciar si participará nuevamente.

En tanto, Fidel Chamba, elegido por la alianza UIO, conformada por el Partido Socialista Ecuatoriano, SUMA y Más Acción, tampoco ha definido su candidatura. Las primarias de su organización están previstas para el 2 de julio.Concejales definen candidaturas en primarias CNE la próxima semana, tres no podrán postularse por límite de períodos

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Lo que debes saber

• Noboa mantiene a sus ministros pese a polémicas, generando un fuerte desgaste político.
• La falta de "ministros fusibles" y los cambios en Salud evidencian limitaciones en el régimen.
• El desgaste de Noboa podría salir a flote de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

Durante los más de dos años en el poder, miembros del gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa han estado, en más de una ocasión, envueltos en polémicas y señalamientos por casos que se han vuelto emblemáticos para las fuerzas de oposición.

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Los años 2024 y 2025 han concentrado la mayor parte de las críticas por casos que aún permanecen vigentes en la opinión pública, como la fallida contratación de Progen, la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas y, recientemente, el registro del año más violento en la historia del país.

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Aunque cada una de estas crisis tuvo a ministros como protagonistas, en lugar de reemplazarlos para amortiguar el desgaste del régimen, el presidente Daniel Noboa ratificó en sus cargos a la mayoría de ellos, mientras que a otros los apartó del gabinete ministerial sin que ofrecieran respuestas.

Progen, la crisis que avanzó más de lo que debía

La insistencia de Noboa en mantener estos perfiles dentro de su gabinete, además de alejarse del concepto de “ministros fusibles”, también ha provocado un mayor desgaste para el presidente, sostiene Henry Cucalón, exministro de Gobierno y excandidato a la Presidencia de la República.

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El mayor ejemplo de ello es el caso Progen, afirma. “Sin perjuicio de las evidentes responsabilidades penales, este tema pudo haberse amortiguado políticamente si había un responsable. Pero entre la tozudez y la necedad hicieron como que no pasó nada, ya sea por el ministro Luque o la exministra Manzano”, señala.

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Daniel Noboa y su falta de equipo y de confianza

Sin embargo, Cucalón también sostiene que el presidente Daniel Noboa se ve orillado a esta compleja situación por sus propias limitaciones político-partidistas, que no le permiten cambiar nombres con facilidad y, sobre todo, encontrar reemplazos que gocen de su confianza para ejecutar sus líneas de gobierno.

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La mayor muestra de ello, señala, ha sido la rotación en el Ministerio de Salud. “Cinco o seis ministros, encargo a la vicepresidenta María José Pinto y la demora para nombrar un ministro titular, pese a los conflictos de interés que tiene el que terminó siendo designado (Jaime Bernabé Erazo)”, analiza.

Ministros no desgastan, son "intermitentes"

El exasambleísta y político quiteño Andrés Páez, por su lado, considera que mantener a los ministros tampoco es necesariamente negativo. De hecho, recuerda que cada uno de los miembros del gabinete de un gobierno debe gozar de la confianza del mandatario, por lo que el círculo de colaboradores suele ser reducido.

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Aunque no descarta que sean necesarios cambios en el gabinete para aliviar el desgaste de la imagen del régimen, también aclara que los “ministros fusibles” se cambian cuando han dejado de funcionar, no cuando están “intermitentes”. En ese sentido, cree que Noboa los mantiene porque eso también forma parte de su estrategia.

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Las seccionales servirán de termómetro político para Noboa

Cucalón, por su lado, señala que la “tozudez” solo se resuelve con más democracia y sostiene que la oportunidad está muy cerca, en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. De hecho, asevera que el desgaste de Noboa ya tuvo un primer síntoma con la derrota electoral en las cuatro preguntas de la consulta popular de noviembre de 2025.

Lo que debes saber

• Aunque la tasa de desempleo en Ecuador bajó al 3,06 %, los jóvenes enfrentan una realidad distinta: el desempleo entre las personas de 15 a 24 años aumentó del 28 % al 40 % en un año.
• Expertos advierten que la falta de empleo de calidad, la escasa inversión y la inseguridad están limitando las oportunidades laborales.
• Este escenario se enfrenta pese a los incentivos tributarios y programas estatales dirigidos a este segmento de la población.

Ecuador llegó a mayo de 2026 con menos desempleados que hace un año (3,06 %), pero detrás de esta aparente estabilidad del mercado laboral hay una realidad que se esconde entre las cifras. La desocupación golpea cada vez más a los jóvenes de entre 15 y 24 años.

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El dato lo revela el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que muestra no solo una concentración de desempleados en este rango de edad, sino también cómo, en el último año, esta tasa repuntó del 28 % al 40 %, aun en un contexto de incentivos fiscales (hasta el 75 % de deducción del impuesto a la renta) para que las empresas contraten a menores de 29 años.

Karolina Pazmiño, gerente de la consultora Gente & Gestión, palpa a diario la desesperación que existe entre los más jóvenes. “Por cada vacante laboral que publicamos en las redes, para puestos administrativos o asistenciales, estamos recibiendo entre 100 y 200 hojas de vida por día”. De este universo, especifica, el 70 % corresponde a personas jóvenes.

¿Por qué los jóvenes tienen más dificultades para conseguir trabajo?

Pazmiño atribuye este fenómeno a una mayor rotación laboral, una tendencia que, según dice, se ha ido acelerando durante los últimos siete años y que, silenciosamente, ha erosionado la estabilidad de los puestos de trabajo.

Y esto último, agrega, puede darse por dos factores. Por un lado, están las nuevas generaciones, que priorizan el “salario emocional”, buscan flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y laboral, y están dispuestas a cambiar de empleo rápidamente si no se sienten cómodas. Por otro lado, también existen quienes buscan un empleo estable que les asegure buenos ingresos y otros beneficios, una oferta que cada vez escasea más en el mercado.

Las cifras del INEC muestran que, a mayo de este año, la tasa nacional de empleo adecuado registró un ligero incremento al pasar de 35,2 % a 36,6 %, un resultado que algunos analistas consideran un estancamiento, pues no ha vuelto a los niveles de la bonanza petrolera, cuando la mitad de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado; es decir, un trabajo que permite percibir ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajar 40 horas o más a la semana y acceder a beneficios como la seguridad social.

El empleo adecuado sigue lejos de los niveles de hace una década

En ello concuerda Luis Bayardo Tobar, director de la Carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, quien destaca el retroceso histórico que también ha venido registrando el empleo de calidad entre la población más joven.

A pesar de que las cifras generales puedan mostrar ligeras variaciones, dice, el acceso de los jóvenes a un empleo digno se ha reducido drásticamente respecto de años anteriores, dejándolos en una situación de vulnerabilidad ante la falta de oportunidades. Hace 12 años, sostiene, la tasa de este tipo de empleo para el rango de 15 a 24 años era del 12,1 %; hoy, a mayo de 2026, es de 9,7 %.

Además de los incentivos fiscales ya mencionados, el gobierno de Daniel Noboa lanzó, desde noviembre de 2024, su programa social Jóvenes en Acción, que este año, con una inversión de $180 millones, busca facilitar la inserción de 150.000 personas de entre 18 y 29 años, otorgándoles pasantías en entidades públicas con un pago de $400 mensuales durante un período de tres meses.

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Ese tipo de ayudas, dice Bayardo, son positivas porque permiten aliviar las consecuencias económicas de no encontrar empleo en el país, pero aclara que no son suficientes, pues no representan una solución real ni sostenible. Para el economista, cualquier subsidio o transferencia monetaria debe cumplir criterios estrictos —ser temporal y focalizado—, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de generar dependencia en lugar de promover el desarrollo.

“¿Sabe cuál es el mejor bono que el Estado debe dar a una persona? Un empleo digno. La posibilidad de tener trabajo digno y educación”. Pero hoy, añade, hay muchos jóvenes que no tienen ni lo uno ni lo otro, lo que agrava la problemática de los “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan). Bayardo señala que, según datos del Ministerio de Educación, más de 600.000 jóvenes han quedado fuera de las aulas en los últimos 12 años, lo que los convierte en “presa fácil” para las redes delictivas debido a la falta de alternativas laborales y académicas.

Los analistas coinciden en que la falta de contratación o la inestabilidad no surge de una mala intención del empleador, sino de la dura realidad económica y de la falta de productividad en el país. “Por más que se mejoren las leyes, que se exija a un empleador contratar... si no existe un ingreso o un incremento de la productividad en la empresa, ¿cómo va a crecer la empresa con más gente?”, explica Pazmiño, quien añade que, cuando los ingresos de un negocio no mejoran, las empresas se ven obligadas a contraerse y el personal suele ser lo primero en ser sacrificado.

Para cambiar esa realidad, el economista Alberto Acosta sostiene que la economía debe crecer más rápido y con mucha más inversión productiva, lo que exige eliminar barreras a la inversión y modernizar la legislación laboral. Bayardo, en cambio, apunta a dos estrategias. La primera es apoyar a las microempresas que, al constituir el tejido productivo más grande y a la vez uno de los más afectados, necesitan acceso a crédito en condiciones favorables. “Lo otro que va de la mano es el tema de la seguridad. Por más políticas de apoyo que tengamos para el emprendimiento, no vamos a salir adelante si no se controla la inseguridad”.

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Grupos con mejor inserción

A diferencia de lo que ocurre con la población más joven, las cifras del INEC muestran ligeras mejoras en otros grupos etarios. El que más destaca, por ejemplo, es el de 25 a 34 años, cuya tasa de desempleo cayó del 40,7% al 32,7%; es decir, 7,9 puntos menos. Le sigue el grupo de 35 a 44 años, con una tasa del 15,3%, y el de 45 a 64 años, con 10,7%, lo que equivale a descensos de 1,8 y 0,6 puntos, respectivamente.

Si se observan las cifras de subempleo, los datos oficiales muestran cierta estabilidad. A escala nacional, esta tasa cayó del 20,9% al 18,3%.

Al analizarla por edades, el indicador se mantuvo casi inalterado, salvo en el grupo de 35 a 44 años, donde se registró un aumento del 19,7% al 21,5%.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa enfrenta desgaste por casos Progen, derechos humanos y seguridad sin cambios en ministros.
• Falta de relevo ministerial concentra responsabilidades en el presidente ante crisis y escándalos recientes.
• Encuestas reflejan caída de aprobación en Quito y Guayaquil por corrupción e inseguridad en 2026. 

Si el presidente Daniel Noboa aplicara la teoría de los ministros fusibles, quizá a estas alturas su gobierno no estaría sufriendo el desgaste que le han generado los más recientes casos de corrupción y de violación de derechos humanos.

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La idea de los ‘ministros fusibles’ proviene de la lógica política de los sistemas presidenciales y parlamentarios, según la cual los ministros sirven como una primera línea de responsabilidad política para proteger al jefe de gobierno del desgaste directo causado por errores, escándalos o fracasos de gestión. 

La metáfora viene del fusible eléctrico: cuando hay una sobrecarga, el fusible se quema para evitar que se dañe todo el sistema. En política, el ministro asume el costo político de una crisis para evitar que el daño llegue al presidente o al primer ministro.

Pues bien, Noboa ha cargado prácticamente él solo con el desgaste provocado por varios temas escandalosos que dominan la conversación nacional porque no ha hecho lo que haría cualquier gobernante medianamente inteligente o hábil: pedir la renuncia al ministro donde se produce la sobrecarga.

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Quienes entienden algo de ciencia política saben que existe un principio de delegación política según el cual el presidente delega funciones en sus ministros. Como son los ministros quienes ejecutan las políticas públicas, se espera que respondan por los errores de ejecución antes de que la responsabilidad alcance al mandatario. 

Por eso, los gobiernos en los que existe alguna señal de inteligencia y perspicacia política suelen reemplazar ministros para transmitir la idea de que se han identificado responsables y de que se están tomando correctivos. El cambio de ministros actúa como una válvula de escape frente al descontento de la sociedad.

El costo que asume Noboa por sus ministros

Eso es precisamente lo que Noboa no ha comprendido y, por ello, ha terminado quemándose con escándalos de corrupción como los de Progen y HealthBird, o con casos de violación de derechos humanos como el de los niños de Las Malvinas o el asesinato de la activista Monika Silva. 

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Incluso en situaciones como la de las presiones contra periodistas como Hernán Higuera, quien ha investigado el caso Progen, ocurre lo mismo: si se comprueba que su esposa fue despedida del sector público y que su hijo, médico interno, fue separado de su internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, las cabezas de los responsables de esas decisiones deberían haber rodado.

El caso Progen es un ejemplo de este fenómeno. La permanencia en el cargo de Roberto Luque y su posterior confirmación como superministro con mayores facultades lo único que ha conseguido es que la sociedad empiece a sospechar, quizá sin razón alguna, que el presidente no solo oculta y protege a los responsables del robo, sino que está involucrado. ‘Si lo mantiene con tanta obstinación y lo protege tanto es porque él está metido en el negocio’, es el razonamiento que se cruza por la mente de muchos ciudadanos.

Sin que Luque haya sido necesariamente quien se quedó con el dinero de la estafa, Noboa pudo haberle pedido la renuncia para que explicara su actuación y nombrar a otro ministro para que, con el cambio, al menos pareciera que existe una intención de rectificación o un interés genuino en esclarecer el tema. Pero Noboa lo ha mantenido pese a todos los señalamientos que se le han hecho, y el caso Progen se ha convertido en un emblema de la corrupción del gobierno.

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¿A quién quiere proteger Reimberg?

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Con Inés Manzano, ahora exministra de Energía, ocurrió algo similar. Aunque finalmente salió del cargo, se mantuvo en él durante un tiempo prolongado y todo el aparato estatal, incluida la Asamblea Nacional, que funciona como un apéndice del Ejecutivo, la protegió.

Con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ocurre lo mismo. El trágico caso de los niños de Las Malvinas nunca tuvo un responsable político porque el gobierno hizo todo lo posible por protegerlo y mantenerlo en el cargo. 

Noboa movilizó a la Asamblea para impedir su juicio político y jamás le pidió la renuncia, algo que probablemente habría sido recibido por la sociedad como un gesto de empatía con las víctimas.

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Y ahora ocurre algo parecido con el asesinato de la activista Monika Silva. El ministro del Interior, John Reimberg, intentó posicionar (mintiendo deliberadamente) la idea de que se trató de un suicidio, cuando la lógica y, más tarde, la autopsia apuntaron a un asesinato.

El impacto en la popularidad de Noboa

¿Qué piensa la sociedad cuando un ministro como Reimberg permanece en el cargo a pesar de lo que ha dicho? Sencillo: que el presidente está protegiendo a alguien. Y eso afecta la imagen presidencial.

Todos estos casos y otros más han minado la popularidad del presidente. Si los utilizara como fusibles, la situación podría ser diferente. Según la más reciente encuesta de la firma CIEES, en Quito la aprobación cayó del 39% al 32%, mientras que en Guayaquil el descenso fue aún más drástico, al pasar del 46% al 29%.

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Según la encuestadora, el principal problema que afecta la popularidad del gobierno es la percepción de inseguridad que, si bien ha disminuido recientemente, sigue siendo la causa más importante de su impopularidad.

Es decir, los recientes escándalos de corrupción le han costado mucho políticamente. ¿Por qué no aplica entonces la lógica del fusible?

Ahora bien, también es cierto que, según se sabe, a Noboa le cuesta mucho encontrar ministros para hacer cambios, pues es muy poca la gente calificada y honesta que acepta ocupar esos cargos.

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Lo que debes saber:

• 20.800 personas necesitan diálisis en Ecuador, según el Frente Nacional de Pacientes Renales.
• Kevin Valdez, su dirigente nacional, recuerda que acceder a ese tratamiento es cuestión de vida o muerte para ellos.
• Hace siete años había desabastecimiento de insumos, de productos de $2 o 3, pero ahora a varios pacientes les recortan horas o días de diálisis.

El 21 de mayo del 2026, Kevin Valdez, vocero del Frente Nacional de Pacientes Renales, acudió a un evento al Hospital Baca Ortiz porque sabía que estaría el ministro de Salud, Jaime Bernabé. En un video se observa que se presenta y le pide una cita y él lo evita y le deja con alguien de seguridad.

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- ¿Qué edad tiene y desde hace cuándo vive con enfermedad renal?

- Tengo 32 años. El diagnóstico lo recibí hace siete años, en el dispensario de La Mariscal del IESS, me dijeron que necesitaba diálisis de emergencia. Busqué una opinión particular y así con dieta extricta recién empecé con ese tratamiento el 13 de marzo del 2023. 

Tuve una preparación previa, mi cuadro renal es hereditario, mi hermana mayor, de 34 años, desde los 12 ha vivido con la enfermedad.

- ¿Qué implica tener que someterse a diálisis?

- Algunos de nosotros tenemos que llevar en los brazos una fístula, que une una vena y una arteria para soportar punciones. Yo ingresé consciente al IESS, para esa operación, la mayoría lo hace inconsciente, por emergencia. 

A otros compañeros les colocan un cateter, un aparato invasivo directo al corazón y se despiertan en diálisis.

- ¿Cuál es la frecuencia con la que requieren someterse a las diálisis?

- Depende del diagnóstico individual. La recomendación suele ser tres veces a la semana y cada terapia dura tres horas y 45 minutos; en mi caso acudo los lunes, miércoles y viernes, de 06:00 a 10:00. Pasamos conectados a una máquina que filtra nuestra sangre. 

Hay dos tipos de terapia sustitutiva, hemodiálisis, a través de la sangre; se filtra y extrae los líquidos que están en exceso en el cuerpo, como el sodio, potasio, fósforo; y diálisis peritoneal, por la que conectan al ombligo un aparato, en las noches, por 10 a 12 horas. Solo el 6 % se hace este último tipo.

Las clínicas privadas no nos sueltan, saben que no les pagan de inmediato, pero luego cobran con intereses.Kevin Valdez/ vocero de pacientes renales

- ¿Por qué en sus intervenciones públicas, como representante de los pacientes renales, usted enfatiza en que no acceder a diálisis pone en riesgo sus vidas?

- Algunos compañeros tienen un diagnóstico sobre otro. Así, enfermedad renal crónica, más presión arterial, diabetes o insuficiencia cardiaca. 

No acceder a una diálisis es fatal porque nuestros riñones no funcionan, no orinamos, no podemos eliminar los líquidos que consumimos; el cuerpo se contamina pues lo que ingerimos se convierte en toxinas. Y se produce un derrame cerebral o un paro cardiaco.

- ¿Han fallecido integrantes de la Federación de Pacientes Renales?

- Según el Estado, en Ecuador no hay muertes por falta de diálisis sino por derrame cerebral o paro cardiaco. Pero lo que lleva a eso es la falta de diálisis. 

Podríamos pasar una semana hinchados, como no se puedes miccionar, los líquidos se acumulan, hay un daño en los pulmones, la muerte puede ser tortuosa y triste, con falta aire.

- ¿Qué tan grave es?

- Por eso empezamos esta lucha. Los pacientes renales no tenemos tiempo. No desmerecemos otras luchas, por la educación o la seguridad. Luego del decreto 393 se mencionó que en 15 días se abastecería a hospitales; se habló de 60 días de transición. 

Nos preocupa, denunciamos y alertamos porque solo nosotros sabemos lo que es vivir con una enfermedad crónica. Solo deberíamos preocuparnos por cuidar la dieta y el estado físico y no por si mañana será posible acceder a la diálisis.

- ¿Por qué decidió involucrarse en el activismo?

- Hace dos años y medio empezamos con el Frente, hemos estado en plantones y marchas, nos ha reprimido la Policía, pese a nuestra condición. 

Me surgió la convicción de luchar por esta causa, por mis compañeros, hasta que el último tenga los insumos completos, también por quienes en tres o más años dependerán de diálisis, por quienes esperan por un trasplante y por quienes perdieron la batalla. En el país somos 20.800 personas que requerimos diálisis.

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- Hay quienes dicen que el desabastecimiento no es de hoy sino de toda la vida.

- Hace siete u ocho años había desabastecimiento de insumos, pero era mínimo, debíamos adquirir medicamentos que costaban $ 2 o 3. 

Pero es en estos últimos años que las clínicas empezaron a hablar de suspender los tratamientos. Nos dicen que el Estado no les paga. Nos enteramos de que cobran $ 1.456 mensuales por paciente. Pero a algunos compañeros les suspenden una sesión al mes o en lugar de cuatro les dan dos horas de diálisis.

El Estado solo cubre al 12 % de pacientes, el 88 % va a clínicas privadas. Deben garantizarnos el tratamiento completo.Kevin Valdez/ vocero del Frente de Pacientes Renales

¿Jaime Bernabé no los recibió?

El Frente Nacional de Pacientes Renales, que reúne a más de 20 mil personas, ha buscado una reunión con el ministro de Salud, Jaime Bernabé; también con Juán José Reyes, presidente de la Comisión legislativa a cargo de este sector, pero ninguno ha aceptado escucharlos.

¿Quién es Kevin Valdez?

Es profesor de Idiomas, con maestría en Educación. Pero no ha podido ejercer su profesión por su ocndición de salud. Trabaja en el área administrativa de un museo. Tiene 32 años. Desde los 7 años conoció cómo es la vida de un paciente renal, ya que su hermana mayor fue diagnosticada. 

Lo que debes saber

• El concurso para fiscal general está paralizado por falta de consenso interno y votos en el Pleno.
• Analistas señalan que el retraso beneficia la continuidad del fiscal encargado del Gobierno.
• Candidatos debaten entre corregir errores del reglamento o denunciar direccionamiento.

El concurso para fiscal general del Estado camina hacia su segunda semana de paralización luego de que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no pudo ponerse de acuerdo para aprobar el informe final de la etapa de calificación de méritos.

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La paralización, además de complicar el cumplimiento de los plazos establecidos, empieza a generar dudas sobre las razones detrás del estancamiento del proceso y, en especial, sobre quién se estaría beneficiando con el retraso en la designación del nuevo fiscal general, pese a que debió haberse designado a una nueva autoridad en abril de 2025.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso para Fiscal General del Estado, bosqueja algunos de los hechos que explicarían qué habría detrás de la paralización del proceso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.

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Uno de ellos está vinculado con lo más evidente: no hay los votos. Según Espinel, esto ya se observó en la sesión del 11 de junio, cuando la mayoría consolidada se fracturó por la sorpresiva abstención del consejero Roberto Gilbert y la ausencia de David Rosero, además de los votos en contra de Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán.

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Este escenario se complica aún más, acota, por la incertidumbre sobre cuál será la postura del consejero que reemplace a Gilbert, quien renunció al CPCCS en medio de los cuestionamientos por aparecer, durante una sesión del Pleno, junto a José De La Gasca, postulante y exministro de Gobierno de Daniel Noboa.

La mayoría del CPCCS tambalea

Este Diario intentó contactar a Andrés Fantoni y Jazmín Enríquez, presidente y vicepresidenta del CPCCS respectivamente, para consultar cómo la entidad prevé dar continuidad al concurso para fiscal general. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta. No obstante, la consejera Nicole Bonifaz señala que dicha incertidumbre empieza a sentirse al interior del Pleno del Consejo.

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Bonifaz confirma que la paralización del proceso responde al creciente descontento al interior del Pleno del CPCCS. “Somos tres los consejeros que no estamos de acuerdo. No sé la posición de (David) Rosero”, comenta la consejera y sostiene que “ahora que se fue Roberto Gilbert habría que ver qué piensa su suplente, pero al menos por mi lado no he cambiado de posición con respecto a este concurso”.

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Por otro lado, Espinel no descarta que el nuevo ritmo del concurso para fiscal general del Estado esté vinculado con la posible convocatoria a un referéndum para que la función de designación de autoridades pase a manos de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría parlamentaria y control sobre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y las comisiones especializadas permanentes.

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Sea cual sea la explicación, Espinel sostiene que el principal beneficiario de la paralización del concurso para fiscal general del Estado es el Gobierno del presidente Daniel Noboa, por la continuidad del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en dicho puesto. En especial, porque Alarcón ha sido una pieza clave en casos como Triple A, Goleada y otros que han sido de interés directo del oficialismo.

Posturas de los candidatos a fiscal general de Ecuador

Por otro lado, entre los aspirantes existen posturas divididas. Mientras que Daniella Camacho y Alejandro Montecé dicen estar de acuerdo con la paralización del concurso, siempre y cuando sea para subsanar errores o garantizar la independencia del proceso, José De La Gasca insinúa un direccionamiento del concurso para fiscal general.

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Camacho, además, considera que la paralización no beneficia a nadie, pero sí afecta a la institucionalidad del Estado por no contar con una autoridad titular. Asimismo, dice que más allá de cualquier desacuerdo al interior del CPCCS, existe un reglamento con lineamientos y mecanismos para garantizar el respeto de la normativa.

Montecé, por su parte, acota que la intervención del Pleno del Consejo es indispensable ante una Comisión Ciudadana de Selección que “rompe el reglamento”, como dice que quedó demostrado con el tratamiento de la calificación de méritos. Sin embargo, aclara que la paralización debe ser justa y permitir la corrección de los errores.

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A diferencia de Camacho y Montecé, el exministro De La Gasca cuestiona el desarrollo del concurso e insinúa que la paralización responde a un direccionamiento del proceso. “¿Paralización o más bien que no ‘avance’ hacia donde lo quieren llevar?”, se pregunta. Y hace hincapié en que es preocupante la falta de transparencia y que incluso el proceso ha perdido credibilidad por un trabajo “amañado” y “torcido” de la Comisión Ciudadana de Selección.

Lo que se sabe

• La edificación donde funcionó el emblemático hotel y su restaurante La Canoa fue comprada por Simón Bolívar Rosero, en 2022
• La primera opción es alquilar los espacios, pero también hay una oferta de $8 millones por el edificio, que se compró a la mitad de ese precio
• Especialistas calculan que el mantenimiento va de 2.000 hasta unos 6.500 dólares mensuales

La música volvió a sonar en el salón de eventos del hotel Continental. “Un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no al ansia de llegar más alto”, cantaba un hombre, con los acordes de ‘Seré’, tema de José José.

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No se trataba de algún imitador del recordado cantante mexicano, sino de Simón Bolívar Rosero Andrade, quien es dueño del edificio donde el icónico hotel funcionó por 47 años y que compró por 4 millones de dólares en 2022.

EXPRESO ingresó a este recordado espacio, ubicado en Chile y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto), en pleno centro, y recorrió la recepción, las oficinas, las cocinas, los salones, sus espacios de entretenimiento, algunas de las 91 habitaciones y la terraza.

¿Por qué no se ha reabierto el hotel Continental?

No parece que hayan pasado cinco años desde que el hotel y su emblemático restaurante La Canoa cerraron sus puertas tras el golpe económico de la pandemia y la creciente inseguridad. 

Un año después, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) embargó la propiedad por mora patronal, con deudas por $6 millones, y Rosero la compró.

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EXPRESO recogió, a inicios de este mes, cómo esa compra resultó de un proceso cuestionado en el que el entonces administrador era el actual superintendente de Compañías, Luis Alberto Cabezas-Klaere. Pese a que existieron propuestas de hasta $12 millones y que las deudas ascendían a $6 millones, la venta se pactó por el valor inferior.

¿Por qué el hotel ha estado todos estos años sin reabrir sus puertas? Rosero asegura que no ha contado con el equipo para ponerlo al frente del negocio. Por eso, la primera opción es alquilarlo.

“El sitio, el hotel, todo está listo para que vengan los clientes. Aquí necesitamos contratar meseros, cocineros y un equipo administrativo para que tengamos los proveedores de los alimentos y la atención al hotel”, señala Rosero, quien evita dar cifras sobre lo que gasta mensualmente por servicios básicos y el mantenimiento de áreas como las oficinas, las que ocupan él y su equipo de trabajo desde febrero pasado, cuando se incendió el edificio del centro comercial Multicomercio, del que es copropietario.

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Antes de que eso ocurra, hubo acercamientos con la directora municipal de Turismo, Tahiz Panus, quien le habría expresado el interés de que se reactive el hotel. 

La Alcaldía le aseguró a EXPRESO que hay “disposición de brindar acompañamiento institucional y coordinar acciones que contribuyan a la reactivación de este reconocido hotel cuando este retome sus operaciones”.

“La reapertura de este inmueble privado representaría una noticia positiva para Guayaquil , ya que complementaría la oferta turística, comercial y patrimonial” del centro, mencionó la Municipalidad a EXPRESO.

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¿Cuánto costaría reactivar el hotel Continental y La Canoa?

Con esto coinciden los representantes de dos restaurantes que, tras el cierre de La Canoa, surgieron en el centro y norte de la ciudad.

Carmelo Zawadzki, administrador de La Panga, opina que reabrir este icónico hotel aportaría al desarrollo del centro porque su ubicación y la gastronomía “representaban bastante de Guayaquil”.

Mientras, el propietario de La Balsa, Eduardo Jairala, estima que reabrir un restaurante donde estuvo La Canoa ameritaría una inversión aproximada de $150.000 para mantener las maquinarias, cambiar la cubierta del piso, renovar el mobiliario, entre otras necesidades.

Zawadzki, quien fue jefe de La Canoa hasta 2019, explica que habría que invertir en independizar el sistema de aire acondicionado, entre otras adecuaciones en la edificación.

“Los servicios básicos se los cargamos a los gastos de las otras compañías, pero (el edificio) está en perfectas condiciones. Lo ves y dices: ‘Aquí hay una inversión buena’. Pero lo que pasa es que no nos ha salido el cliente”, sostiene Rosero.

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Para el arquitecto Javier González, los gastos mensuales no deben ser inferiores a 2.000 dólares, tomando en cuenta servicios como el aire acondicionado y la energía eléctrica.

Esos gastos podrían incrementarse y oscilar entre $3.500 y $6.500 mensuales, según calcula el arquitecto Ricardo Cajape. Para él, con base en la experiencia de proyectos similares de rehabilitación hotelera, se necesitarían entre $800.000 y $1’500.000 para que el Continental vuelva a estar operativo.

“El monto exacto dependerá del alcance de las obras, que pueden incluir trabajos estructurales, mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, renovación de mobiliario, sistemas de climatización y acabados generales”, precisa Cajape.

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Rosero dice que si hasta fines de este año no aparece una oferta, él asumiría el negocio. “Tenemos que ponernos las pilas. Creo que a mí mismo me va a tocar tomar el liderazgo para que esto se resuelva rápido y comience a producir”.

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Lo que debes saber

• La llegada de nuevos gobiernos en Colombia y Perú, afines políticamente a Daniel Noboa, abre la posibilidad de destrabar temas pendientes.
  
• Las ventas de electricidad desde Colombia a Ecuador están suspendidas, aunque el país vecino discute ya una resolución para retomar estos intercambios.
  
• Otros asuntos por resolver son el transporte de crudo colombiano por oleoductos ecuatorianos y las restricciones al comercio de arroz.

La relación de Ecuador con sus vecinos, Colombia y Perú, entrará en una nueva etapa. Tras la elección de los candidatos presidenciales, Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, alineados políticamente con el presidente Daniel Noboa, se abre la posibilidad de una mayor coordinación que apunte a zanjar temas pendientes.

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En el caso de Colombia, la llegada De la Espriella a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, una vez que se oficialicen los resultados, permitiría resolver las diferencias, que persisten tras la crisis comercial derivada por la aplicación de la tasa de seguridad, impuesta por el presidente Noboa.

Entre los daños colaterales de esta tensión, que se mantienen pese al restablecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, constan:

Daniel Legarda, exministro de Producción, considera que tras la resolución de la Comunidad Andina (CAN) del 7 de mayo pasado, que ordenó levantar las barreras impuestas, el retiro de estas restricciones debe realizarse independientemente del cambio de gobierno.

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Legarda recuerda que Ecuador es parte de un organismo de integración regional y debe cumplir las normas sin importar qué persona está al mando. “Los líderes, los ministros, los presidentes pasan, pero las empresas y las inversiones trascienden”, subraya.

Los líderes, los ministros, los presidentes pasan, pero las empresas y las inversiones trascienden”.Daniel Legarda, exministro de Producción.

Iniciativas pendientes con Perú

Este mismo principio se debería aplicar con Fujimori, una vez que se proclamen los resultados y asuma el poder. Aunque en este caso, Legarda recuerda que la relación con Perú no ha sido tensa, sino más bien no ha podido tener continuidad debido a la crisis institucional del país vecino del sur.

Entre otras iniciativas, Ecuador impulsa un proyecto para ampliar la línea de transmisión de energía hacia Perú a 500 kilovoltios. 

Esta infraestructura permitiría que el intercambio de electricidad pase desde los actuales 80 MW hasta los 680 MW, propiciando el intercambio de excedentes de electricidad entre ambos países, detalla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia este proyecto.

La reanudación de ventas de electricidad depende de factores técnicos

Más allá de esta alineación entre altas autoridades, Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador, refiere que en el caso colombiano para reanudar el intercambio de energía eléctrica es necesario que se cumplan primero ciertos aspectos técnicos. 

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El país vecino requiere tener los embalses casi llenos (al 80 %) para atender su demanda interna, más ahora con la alerta sobre la posible llegada de El Niño.

En este sentido, Salinas dice que aunque exista afinidad entre los mandatarios, se deberá esperar al menos hasta finales de julio o inicios de agosto para que se puedan reanudar las ventas de electricidad hacia Ecuador, como establece el mercado andino.

"La integración regional establece que exista unión independientemente de las fuerzas políticas que gobiernan los países", enfatiza Salinas.

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Ecuador lleva cinco meses sin importar electricidad desde Colombia

Pese a este principio, las importaciones de electricidad desde Colombia permanecen suspendidas desde hace ya cinco meses. Este suministro es estratégico para Ecuador, ya que el aporte colombiano, de hasta 450 megavatios (MW), equivale a entre el 10 % y el 12 % de la demanda promedio del país, señala Ricardo Buitrón, consultor energético.

Además, este aporte permite que Ecuador mantenga su principal embalse (Mazar) en niveles altos para así contar con reservas, previo a la llegada del estiaje, que va de octubre a marzo.

Ante este escenario, surge la inquietud sobre si la llegada al poder del candidato electo de Colombia, que recibió el respaldo público del presidente Noboa, cambiará esta realidad.

"En términos humanos la ideología puede ayudar, sin embargo, no debería ser un obstáculo, porque debe primar más el bien común para cubrir los servicios de los ciudadanos en Ecuador o Colombia", señala Buitrón.

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Colombia evalúa retomar las ventas de electricidad

Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), detalla que el Ministerio de Energía y Energía de Colombia emitió ya una resolución, que ahora está en la etapa de comentarios, para retomar esos intercambios con Ecuador.

Sin embargo, indica que estas operaciones dependerán también de la situación eléctrica del país, que por ahora tiene como prioridad contar con las reservas para atender la demanda nacional, más con la amenaza de El Niño.

La tarifa para el transporte de crudo debe bajar

Aparte Ecuador deberá también revisar la tarifa impuesta para el transporte de crudo colombiano por los oleoductos ecuatorianos, que se elevó en un 900 %, al pasar de $3 a $30 por barril.

Y aunque esta producción colombiana era marginal para Ecuador representaba alrededor de $21 millones al año.

Estos temas pendientes podrían tener una salida, en términos políticos, debido a que el candidato presidencial, que lidera las elecciones en Colombia, genera un entorno "más favorable" para trabajar en conjunto,  agrega Legarda, aunque reitera que no debería ser así. "Los gobiernos deben trabajar independientemente de su línea ideológica". 

El comercio con Colombia perdió impulso

Las diferencias con el gobierno actual de Colombia, sin embargo, dejó huellas. 

En el tema comercial, la relación entre Ecuador y Colombia perdió dinamismo durante el primer cuatrimestre de 2026. Entre enero y abril, las exportaciones ecuatorianas hacia ese mercado cayeron 6,2 %, al pasar de $280,6 millones a $263,3 millones. 

Mientras tanto, las importaciones desde Colombia registraron una contracción más pronunciada, de 28,1 %, al descender de $608,2 millones a $437,6 millones.

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La reducción del intercambio coincide con las tensiones comerciales que surgieron este año tras la aplicación de la tasa de seguridad por parte de Ecuador y las medidas adoptadas posteriormente por Colombia. 

En contraste, Perú se consolidó como un mercado en expansión para Ecuador. Las exportaciones ecuatorianas hacia ese país crecieron 33,1 % entre enero y abril de 2026, al pasar de $289,2 millones a $385 millones. Las importaciones también aumentaron, al registrar un alza de 38,4 %, desde $322,3 millones hasta $445,9 millones.