Las claves del caso

• La oferta de transporte urbano no ha crecido al ritmo de La Aurora, lo que obliga a miles de residentes a depender de vehículos particulares, taxis o autobuses intercantonales.
  
• Los habitantes denuncian la falta de rutas internas que conecten urbanizaciones como La Joya, Villa Club, La Rioja, Compostela, Málaga y Milán, dificultando la movilidad diaria.
  
• Los especialistas advierten que la escasez de transporte público incrementa el tráfico vehicular, ya que muchas familias no tienen otra alternativa que utilizar sus automóviles para desplazarse.

Transportarse de un punto a otro dentro de La Aurora continúa siendo una de las principales dificultades para millas de familias que residen en este sector del cantón Daule. Aunque la parroquia ha experimentado un crecimiento acelerado durante la última década, con decenas de nuevas urbanizaciones, centros comerciales y proyectos inmobiliarios, el sistema de transporte público no ha evolucionado al mismo ritmo, denuncian los residentes.

La falta de rutas urbanas suficientes, la escasa interconexión entre ciudadelas y la dependencia de vehículos particulares o taxis son algunas de las principales quejas de quienes viven en este importante polo residencial del Gran Guayaquil.

Durante varios recorridos realizados por EXPRESO en distintos puntos de La Aurora, se constató que las opciones de transporte público urbano siguen siendo limitadas frente al crecimiento poblacional registrado en la zona. Actualmente, las líneas que operan de manera regular dentro del sector son principalmente Los Lojas Trans y Gonzalito, mientras que otros autobuses que circulan por la avenida León Febres Cordero cumplen recorridos interparroquiales o intercantonales.

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Residentes denuncian falta de rutas para conectar las ciudadelas

Residentes de sectores como Villa Club, La Joya, La Rioja, Casa Laguna y otras ciudades ubicadas a lo largo del Vial 1 aseguran que prácticamente no existen mayores alternativas de transporte público para movilizarse internamente.

"Si quiero ir desde Villa Club hasta La Rioja, prácticamente tengo que pedir un taxi o usar mi carro. No existe una ruta urbana que conecte estos sectores", comenta Carlos Mancheno, residente de Villa Club.

Una opinión similar tiene Andrea Salazar, habitante de La Joya. "Muchas personas creen que porque vivimos cerca todo queda conectado, pero no es así. Hay sectores que están a pocos kilómetros y no existe ninguna línea que permita movilizarse entre ellos . Dependemos totalmente de taxis o aplicaciones".

Vía Salitre, la zona más afectada

Las dificultades de movilidad no solo se presentan en la zona central de La Aurora. Residentes de urbanizaciones ubicadas en la vía a Salitre aseguran que la situación es aún más complicada.

Ciudadelas como Compostela, Málaga 1, Málaga 2, Milán, La Gran Vittoria y otras han registrado un importante crecimiento habitacional en los últimos años. Sin embargo, los residentes insisten en que las alternativas de transporte siguen siendo escasas.

"Vivimos miles de personas aquí, pero prácticamente no tenemos autobuses urbanos. Si uno no tiene carro, la situación se vuelve muy complicada", señala Gabriela Ortega, residente en Compostela.

Mientras tanto, Luis Mendieta, quien vive en Málaga 2, manifiesta que la única opción que tienen es el uso de autobuses intercantonales, pero estos suelen circular completamente llenos.

"Muchas veces pasan llenos y no se detienen. Uno puede esperar bastante tiempo para conseguir espacio. La realidad es que no existe una solución de transporte pensada para quienes vivimos aquí", sostiene.

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Especialistas insisten en necesidad de más rutas

Especialistas en movilidad consultados por este Diario coinciden en que la falta de alternativas de transporte público termina generando como consecuencia directa que haya más vehículos particulares en las calles.

Según el experto en movilidad urbana Ricardo Torres, quien reside en La Aurora, la ausencia de rutas eficientes obliga a los ciudadanos a utilizar el automóvil como única opción viable.

Para el especialista, el crecimiento urbanístico de La Aurora exige una planificación de movilidad mucho más robusta. "El desarrollo inmobiliario ha avanzado más rápido que la oferta de transporte. Eso genera una dependencia excesiva del vehículo privado", añade.

Sin embargo, los usuarios consideran que esta alternativa representa un gasto significativo para sus economías. Por ejemplo, una carrera entre La Joya y una urbanización de la vía a Salitre puede costar entre cinco y siete dólares, pese a tratarse de un recorrido relativamente corto.

Más buses hay, pero en la avenida León Febres Cordero

En la avenida León Febres Cordero circulan algunas rutas como Panorama, provenientes de Samborondón, además de las líneas 63, 64, Salitreña y la línea 17, que conecta La Aurora con La Puntilla. No obstante, los residentes concuerdan en que estas rutas no resuelven la movilidad interna de las urbanizaciones.

“Sí hay autobuses, pero están pensados para salir del sector, no para conectarnos dentro de La Aurora”, explica Jorge Rivadeneira, residente de la ciudadela Santa María Casa Grande.

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"A veces uno espera media hora o más para que pase una unidad. No es un servicio eficiente para una zona que ha crecido tanto", menciona María Zambrano, habitante de Villa del Rey.

Mientras el crecimiento de La Aurora continúa acelerándose, los ciudadanos recalcan que la movilidad sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para una de las zonas residenciales con mayor expansión de la provincia del Guayas.

Lo que debes saber:

• Hasta el 18 de julio, partidos en Ecuador podrán registrar alianzas para alcaldías en Quito y Guayaquil.
• Reforma electoral 2025 desincentiva alianzas y eleva riesgo de desaparición de partidos pequeños, dicen dirigentes.
• Algunos dirigentes señalan que apostarán por alianzas con organizaciones grandes para sobrevivir, aunque saben que hay riesgos, por ejemplo los socialistas y Futuro.

Hasta el sábado 18 de julio del 2026, las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas. En la carrera por la alcaldía, Quito suma una docena de precandidatos, mientras Guayaquil tiene nueve. Eso anticipa una papeleta abultada, pese a que menos de cinco son figuras conocidas o del semillero. Dirigentes coinciden en que la reforma a la Ley Electoral desincentiva procesos de unidad.

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Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, sostiene que no pondrán en riesgo la existencia de una organización centenaria. “En términos pragmáticos estamos obligados a hacer alianzas. El riesgo de ir solos es mayor bajo las nuevas condiciones”, apunta.

A su juicio, el mapa político lo dominan dos fuerzas hegemónicas: la Revolución Ciudadana (RC) y ADN, y una tercera con base relevante, Pachakutik (PK). 

Para estas tres, explica, la lógica es distinta; pero para el resto, las alianzas son casi obligatorias para sobrevivir con las nuevas reglas tras la reforma al Código de la Democracia, que aprobaron correístas y ADN, el movimiento de Daniel Noboa.

Vallejo detalla que cumplir los requisitos legales (como alcanzar el 5% de la votación nacional, obtener 19 alcaldías o 25 concejales) resulta más riesgoso en solitario. Admite que las alianzas exigen un cálculo muy fino. Ellos no han dejado de hablar con la RC.

Habrá pactos tipo fanesca, dice la ID

Otra es la mirada de la Izquierda Democrática. Su vocero, Elvis Herrera, cree que en la práctica, las alianzas pueden ser poco convenientes para su supervivencia. 

“Los votos y las autoridades se fraccionan entre las organizaciones. Si necesito 18 alcaldías para sostenerme y voy en alianza con dos partidos, en realidad tendría que alcanzar 36, para que cada uno sume 18”, explica. Pese a ello, prevé pactos “tipo fanesca”, más pragmáticos que ideológicos.

Para Eustorgio Tandazo, de Centro Democrático, antes debería hacerse una revisión del sistema de organizaciones políticas. “Hay casos como SUMA o la Izquierda Democrática, que a última hora no pueden participar porque no cumplen la normativa, no están al día o no realizan las tareas que les corresponden”.

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Insiste en que el problema no es solo la cantidad de candidaturas, sino la necesidad de impulsar una reforma integral que fortalezca (y no reduzca) el sistema. Cuestiona la obligatoriedad de incluir jóvenes en las listas, lo que, en algunos casos, “termina llevando a candidaturas de (aspirantes de) 26 años sin experiencia para una alcaldía”.

Por su parte, Gustavo Larrea, del movimiento Futuro, prevé que en Quito la papeleta será menos extensa que en procesos anteriores. Dice que la reforma legal limita las alianzas, aunque no las vuelve inviables. “Intentaremos concretar acuerdos en todo Ecuador”.

Más allá de las restricciones normativas, dice, es necesario construir “acuerdos amplios” que eviten la dispersión del voto. “En Los Ríos hemos avanzado en alianzas y dialogamos en Azuay para concretar un acuerdo amplio para alcaldías y prefecturas. También trabajamos en Guayas y Pichincha”.

La opinión del analista Santiago Cahuasquí

Para el analista político Santiago Cahuasquí, la reforma de 2025 al artículo 327 del Código de la Democracia eliminó los incentivos de alianzas. 

Al dividir la representación obtenida entre las organizaciones aliadas, para efectos de cancelación de una organización política, “no solo se desincentivan sino que pueden poner en serio riesgo la supervivencia de partidos”. 

En consecuencia, es más probable que prefieran competir solas, lo que deriva en una fragmentación, ya existente en el nivel subnacional, dice Cahuasquí.

"Mientras a nivel nacional hay polarización estructural de la representación política, a nivel subnacional tenemos una fragmentación de la representación".

El PSC busca alianzas para "proyectos ganadores"

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Alfredo Serrano, líder del Partido Social Cristiano, repite que “la reforma desestimuló las alianzas”. En este contexto, ¿solo funciona aliarse a ‘grandes’? “Estamos buscando alianzas para proyectos ganadores, pero eso de ‘grandes’ es relativo. (El partido de) Noboa es grande, pero no necesariamente tiene buenos candidatos. Y el correísmo también enfrentará dificultades (no tiene casillero propio)”, apunta.

Para Serrano, en lo local el peso recaerá en las candidaturas más que en las estructuras partidarias. En ese contexto, considera que las alianzas pueden ser más viables en candidaturas como alcaldías, mientras que el cálculo electoral (que se mide por la votación de concejalías y no de alcaldías) introduce distorsiones.

ADN no va con alianzas

El presidente Daniel Noboa ha dicho que su movimiento, ADN, correrá solo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

El Municipio de Cuenca vive cambios internos: la salida de personal cercano al alcalde suspendido y las reuniones de Marisol Peñaloza con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa abren interrogantes. ¿Cómo queda su relación con Cristian Zamora?

Siempre habrá respeto y cordialidad para el doctor Zamora respecto a la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión. Mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores. Al doctor Zamora le envío un abrazo y toda mi consideración. Esta es una subrogación temporal y haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada. Sobre la salida de personal de su confianza, las únicas personas que fueron desvinculadas son dos (asesores), que al inicio de mi gestión no estaban presentes. El resto ha presentado su renuncia por cuenta propia y eso se respeta. No tengo una cifra exacta de cuántas personas se han ido.

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La inseguridad es un aspecto que preocupa a la ciudad. En este tema, ¿cuáles serán sus prioridades y cómo se articulará el trabajo?

La seguridad debe ser la bandera de todos los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Me reuní con el gobernador, concejales y asambleístas para buscar soluciones conjuntas. Una de ellas es impulsar la ordenanza de dos personas en moto que no ha podido superar el primer debate desde hace dos años. Para esto, cada martes mantenemos talleres con las entidades competentes y hoy tendremos los informes estadísticos, jurídicos y técnicos para construir una propuesta actualizada de esa ordenanza. El plan de seguridad también lo revisaremos. He solicitado al director del Consejo de Seguridad Ciudadana un informe sobre el plan vigente, que tiene validez hasta el 2030. No significa que no exista un plan, sino que debemos revisarlo porque las realidades han cambiado.

Hay cuestionamientos desde el Gobierno sobre el uso de la Tasa de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasará con este presupuesto que supera los 7 millones de dólares?

Somos respetuosos de la política pública del cantón. La tasa de seguridad ciudadana responde a lo que la ciudadanía prioriza en las asambleas parroquiales. Allí nos solicitan cámaras, alarmas comunitarias, botones de pánico y capacitaciones. Por eso destinamos recursos a esos proyectos. Lo que ha existido es una falta de coordinación que debemos corregir. El Municipio y el Consejo de Seguridad Ciudadana deben coordinar con el ECU 911 para evitar duplicar esfuerzos y ofrecer mejores resultados. Estoy segura de que trabajando en conjunto podremos brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

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Está en marcha el proyecto de la nueva terminal sur, pero la zona está afectada por el colapso vial que representa el ingreso sur de Cuenca. ¿Este tema está dentro de sus prioridades?

Hemos escuchado denuncias y reclamos de la ciudadanía y en esta línea nos hemos reunido con técnicos de la entidad competente y dispuse a todo nuestro equipo del Municipio de Cuenca a ser articulador y ejecutar acciones en conjunto en beneficio de la gente. La siguiente semana tengo una reunión con moradores, quienes solicitaron un espacio porque sienten que les falta información y todavía tienen dudas. Es un legítimo derecho. Me reuniré con ellos. Y también están las puertas abiertas con los ministros encargados y los delegados del Estado para coordinar acciones conjuntas sobre el acceso sur. Tenemos las puertas abiertas para buscar soluciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Espero que haya buenos resultados y también que la ciudadanía entienda el proceso.

La semana pasada se anunció un posible acuerdo con el Estado para la operación de los hospitales municipales. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio?

Los hospitales municipales seguirán siendo de la ciudad. Hay que entender que el Hospital Municipal del Niño y la Mujer -el primero que se construyó en administraciones anteriores- funciona con un convenio que nos da la potestad para desarrollar más hospitales. Debemos ser muy respetuosos con el ente competente que debe firmar la autorización correspondiente. Pensar en que ellos (Ministerio de Salud Pública) los administren es imposible. Solo se trata de una autorización que debe otorgar el ministerio y para esto son las gestiones que realizamos. Los hospitales son del cantón Cuenca y cuentan con un modelo de gestión propio y han venido dando la atención necesaria para sus usuarios.

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¿Cómo interpreta el interés actual del Gobierno en los hospitales municipales, cuando antes fueron criticados?

Existieron recomendaciones por parte de las autoridades provinciales, especialmente de los asambleístas, quienes ejercen labores de fiscalización. Ellos señalaron que debía cumplirse con las recomendaciones de Contraloría y que el Ministerio de Salud Pública era quien debía emitir la certificación. Sin embargo, contamos con documentos del propio Ministerio que indican que, con base en el convenio preexistente, también se puede avanzar en la operación de los otros. Seremos respetuosos de las recomendaciones, las revisaremos, analizaremos y, si es necesario, las acogeremos; caso contrario, seguiremos con los procesos respectivos.

¿Cuáles serán las ordenanzas que tendrán prioridad en estos seis meses que durará su gestión?

La agenda legislativa contempla acelerar los procesos pendientes para sacar las ordenanzas de dos personas en moto, inquilinato, biodiversidad, patentes, mercados y otras más. Cada jueves tenemos sesiones del Concejo Cantonal y, si es necesario realizar dos sesiones por semana, lo haremos.

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¿Cómo enfocará el desarrollo turístico mientras usted esté al frente de la ciudad?

Las obras, proyectos y actividades deberán continuar. Cuenca no puede detenerse. La reactivación económica es importante, pero debe hacerse de manera organizada. También nos preocupa la reducción presupuestaria derivada de la reforma al Cootad. Por eso hemos decidido que el Municipio ya no financiará conciertos internacionales. Son eventos importantes, pero esos recursos deben destinarse a obras. Más bien invitamos a la empresa privada a asumir ese tipo de eventos. El Municipio brindará todo el apoyo necesario. No significa que desaparezcan los conciertos internacionales, sino que deberán contar con financiamiento privado. Además, trabajaremos junto a empresarios, medios de comunicación, cámaras de turismo y otros actores para construir una hoja de ruta que fortalezca la reactivación económica y un turismo más organizado.

Lo que debes saber

• El proyecto de ordenanza plantea subir el pasaje a 40 centavos y entregar $20 millones en compensaciones a los transportistas
• La Comisión de Movilidad procesa las observaciones de los concejales y quienes han participado en la silla vacía 
• Transportistas cuestionan la tarifa técnica planteada por el Municipio y piden cambiar el modelo de pago por pasajero hacia uno por servicio

El informe para el primer debate del proyecto de ordenanza que plantea el incremento del pasaje del transporte público en Quito y un esquema de compensaciones económicas para los operadores estará listo en un plazo de ocho días, según el presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Diego Garrido. 

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El edil aseguró que por ahora se están recogiendo las observaciones realizadas por concejales y representantes de la ciudadanía que participan mediante la figura de silla vacía.

La propuesta, presentada por el alcalde Pabel Muñoz, contempla elevar la tarifa del transporte urbano de 35 a 40 centavos desde enero de 2027 y establecer un fondo de compensación de más de $20 millones para los transportistas, equivalente a alrededor de $1.000 mensuales por unidad durante ocho meses.

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Garrido explicó que la Comisión ha desarrollado cuatro mesas de trabajo y prevé realizar al menos dos adicionales antes de concluir el informe. “Estamos cerca de tener el informe para primer debate de la ordenanza. En ocho días estará listo”, señaló a EXPRESO.

Cuestionamientos por la tarifa técnica

El proceso de debate ha estado marcado por cuestionamientos sobre la metodología utilizada para establecer la tarifa de 40 centavos y las condiciones bajo las cuales se entregarán los recursos a los operadores.

En la penúltima mesa de trabajo, los concejales Cristina López y Ángel Vega solicitaron a la Secretaría de Movilidad remitir la información técnica que respalda el proyecto.

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, defendió el modelo empleado para establecer la tarifa técnica. Explicó que se trata de la metodología aprobada en la Ordenanza 017-2020, la cual incorpora todos los costos de operación del sistema, entre ellos personal, mantenimiento, combustible, salarios, tecnología, recaudo e ingresos, además del promedio diario de pasajeros transportados por cada unidad.

Sin embargo, desde el sector transportista surgieron reparos. Édison Yánez, quien intervino en la silla vacía como suplente de Danilo Sarmiento, sostuvo que varios de los parámetros utilizados no reflejan la realidad operativa del sistema.

Según explicó, el informe técnico de 2026 calcula la tarifa a partir del costo de operación dividido por el número de pasajeros, pero algunos componentes presentan inconsistencias. 

Como ejemplo mencionó que el estudio considera una demanda de 787,43 pasajeros por unidad, mientras que el Plan de Movilidad registra poco más de 600 usuarios. Asimismo, indicó que aunque se estima una operación con 2,3 conductores por unidad, la corrida financiera únicamente reconoce el salario y afiliación de 1,2 conductores, lo que, a su criterio, deriva en precarización laboral.

¿Qué pasa con el modelo de gestión?

Yánez también cuestionó el esquema de subsidios planteado por el Municipio. Dijo que si la tarifa técnica realmente fuera de 40 centavos, no sería necesario destinar cerca de $65 millones anuales para subsidiar a la Empresa de Pasajeros, que opera el Trole y Ecovía, pues ese valor de pasaje cubriría los costos del sistema.

Para Yánez, el proyecto no resuelve el problema estructural del transporte, ya que mantiene el modelo de pago por pasajero en lugar de migrar hacia un sistema de pago por servicio.

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La propuesta de los transportistas

Precisamente, esa es una de las principales propuestas de los operadores privados, quienes plantean replicar en el transporte de superficie el esquema de prestación de servicio utilizado por el metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y eliminar la competencia entre unidades por captar pasajeros.

Otro de los cuestionamientos provino de la concejala Joselyn Mayorga, quien señaló que si bien el incremento del precio del diésel ha impactado en los costos de operación, no se justifican las deficiencias del servicio. 

A su criterio, antes de aprobar un aumento del pasaje y entregar compensaciones económicas es indispensable garantizar el cumplimiento de indicadores de calidad que beneficien directamente a los usuarios.

De su parte, Rocío Bastidas, participante de la silla vacía, coincide con Yánez en que el principal problema del sistema radica en el actual modelo de gestión, basado en el pago por pasajero y por ruta, lo que genera competencia desleal entre conductores y una distribución desigual de la demanda. 

Aseguró, por ejemplo, que existen recorridos saturados y otros con escaso número de pasajeros, debido a la falta de planificación técnica en el diseño de rutas.

Pedido de una tarifa universitaria

Durante las mesas de trabajo también participaron estudiantes universitarios, quienes propusieron la creación de un pasaje diferenciado para alumnos matriculados en instituciones de educación superior del Distrito Metropolitano. 

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Melina Zurita argumentó que el sistema actual excluye a un amplio sector de jóvenes que dependen del transporte público para asistir a clases. Según las cifras expuestas, hasta 2024 existían aproximadamente 223.294 alumnos universitarios en Quito, de los cuales el 84,8% utiliza el transporte público como principal medio de movilización.

De cara al primer debate, Garrido aseguró que uno de los consensos alcanzados en las mesas de trabajo apunta a que cualquier incremento tarifario y la entrega de compensaciones estén condicionados al cumplimiento previo de metas verificables en la calidad del servicio. “El sector del transporte tiene una deuda, que es mejorar las condiciones del servicio”, concluyó.

LO QUE SE DEBE SABER

• El BCE reportó $431,5 millones de IED en el primer trimestre de 2026, un récord, pero el 57% corresponde a ganancias reinvertidas por empresas que ya operan en el país, no a capital nuevo llegado del exterior.
  
• Un impuesto de agosto de 2025 gravó las ganancias no repartidas, lo que empujó a las empresas a capitalizar esos recursos. Ese movimiento contable se registró como inversión extranjera aunque no entraron divisas nuevas.
  
• La minería recibió apenas $23,3 millones pese a proyecciones oficiales de $1.500 millones para el año. La tasa minera frenó decisiones de inversión por $7.000 millones, según el exministro Legarda.
  

El Banco Central del Ecuador (BCE) anunció esta semana un récord: $431,5 millones de inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2026, un 85,7% más que en el mismo período de 2025 y el mayor flujo para un arranque de año en más de una década. Triplica al de 2024.

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Pero al abrir la composición, la cifra se desdibuja. No se trata de nuevos capitales que cruzan la frontera, sino en su mayoría de dinero que ya estaba aquí y que, por efecto de una reforma tributaria, cambió de casillero contable.

¿Qué hay detrás de la cifra?

El propio boletín oficial del BCE lo desliza sin darle peso. De los $431,5 millones, la inversión se desglosa así:

• $246,7 millones (57%) en utilidades reinvertidas de empresas ya instaladas.

• $138,8 millones (32%) en acciones y participaciones de capital, con movimientos contables como capitalización de reservas y compensación de créditos.

• $46 millones (11%) en otro capital, por préstamos entre casas matrices y filiales locales.

Capitalizar reservas significa trasladar dinero de una cuenta patrimonial a otra dentro del mismo balance. Compensar créditos implica convertir deuda con la casa matriz en acciones. En ambos casos el patrimonio crece en el registro, pero no entra dinero nuevo al país.

En las notas de su base de datos, el BCE admite que "estas transacciones no implican necesariamente un ingreso de divisas al país".

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¿Por qué creció la inversión?

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior e Inversiones, explicó que el comportamiento tiene una causa precisa: el impuesto a las utilidades no distribuidas, introducido en agosto de 2025. 

La norma creó un gravamen sobre las ganancias acumuladas que las empresas mantenían en sus balances sin repartir a los accionistas, lo que las empujó a capitalizar esos recursos para evitar el cobro.

"A partir de esa fecha empiezas a ver que los registros de inversión societaria crecen bastante y crecen por reinversión", dijo. Según datos públicos de la Superintendencia de Compañías, precisó, el 96% del incremento se explica por ese rubro.

El analista económico Alberto Acosta coincidió: "Eso se reportó como inversión extranjera, pero no es ingreso de capital nuevo fresco, sino reinversión de capital producido localmente", explicó.

Acosta aclaró que la reinversión no es en sí una mala señal: demuestra que quienes ya operan en el país confían en sus negocios. "Lo que sí necesitamos es eliminar las barreras para que vengan mucho más inversionistas, no contentarnos solo con quienes ya están", agregó.

José Orellana, consultor con experiencia en McKinsey & Company, agregó una lectura desde la banca de inversión. 

Las multinacionales, en un entorno dolarizado con crédito caro por un riesgo país aún elevado, prefieren financiar su inversión con flujo de caja local.

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"Esto demuestra que las operaciones en Ecuador son rentables, pero debe leerse como eficiencia del capital existente, no como una apuesta de un nuevo inversionista que cruza la frontera", advirtió.

Orellana también desmontó el dato geográfico: los $105,1 millones desde Singapur corresponden a la compra de concesiones mineras de la estatal chilena Codelco. "Es optimización de portafolio, no creación de nueva infraestructura", precisó.

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¿Qué dicen los datos trimestrales?

La serie del BCE confirma el punto de quiebre. En el primer y segundo trimestre de 2025, la IED fue de $232 millones y $112 millones. 

En el tercero, tras la reforma, saltó a $566 millones. En el primer trimestre de 2024 apenas fue de $111 millones.

Las utilidades reinvertidas pasaron de $87 millones a $321 millones en ese lapso. El patrón se sostuvo en el cuarto trimestre ($439 millones) y en el primero de 2026.

¿Dónde se concentra el flujo?

Mientras el dato agregado sube, la inversión en sectores transformadores se contrae. 

La minería apenas recibió $23,3 millones en el primer trimestre de 2026. Legarda explicó que la tasa minera, un cobro anticipado del sector, desactivó un portafolio de $7.000 millones.

"Eso se desdibujó y al menos se retrasaron las inversiones", dijo. El flujo se concentró en comercio ($149,4 millones), agricultura ($101,8 millones) y manufactura ($90,7 millones), sectores donde, según Orellana, predomina la "expansión defensiva y tecnificación de incumbentes".

¿Qué frena al capital privado?

Acosta apuntó al problema de fondo: "No es que el inversionista no quiere venir, es que no permitimos que venga", afirmó. La Constitución de 2008 reservó los sectores estratégicos al Estado: solo por excepción se permite inversión mixta, y solo si esta falla, privada.

"No existe un mercado eléctrico mayorista, los precios son políticos", dijo. Eso significa que el precio de la electricidad no responde a la oferta y la demanda, sino a decisiones del Gobierno. 

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Da lo mismo que sobre o falte energía: la tarifa no cambia, y sin esa señal un inversionista no puede calcular rentabilidad.

Acosta comparó con Colombia, donde una empresa italiana anunció $2.000 millones en generación eléctrica. Las dos reformas eléctricas aprobadas desde los apagones de 2024, aseguró, fueron "cosméticas".

Legarda matizó que hay señales macro positivas: el riesgo país ha bajado a mínimos de doce años, la inflación es menor y eso abarata el crédito. También destacó sectores con dinámica propia, como el camaronero, que por su fortaleza exportadora arrastra inversión en balanceados y logística.

Pero advirtió que falta un plan productivo articulado. "Si le preguntas a cualquier empresario cuál es el plan de inversión productiva del Gobierno, pocos van a darte una respuesta. Se conocen los objetivos fiscales, pero no los productivos", afirmó.

El informe anual de la Cepal aporta contexto regional: Ecuador creció 191% en IED durante 2025, pero la reinversión de utilidades aumentó un 230% y el 71% del flujo se dirigió al sector servicios. En Perú, el 94% de la IED de 2025 también fue reinversión, aunque en Ecuador el efecto contable y tributario es aún más pronunciado.

Orellana aclaró que el dato es correcto en términos metodológicos —el BCE aplica los estándares del Manual de Balanza de Pagos—, pero advirtió que celebrar el titular sin auditar la composición es "una oportunidad perdida".

Para Acosta, el fondo del problema sigue intacto: "Hemos creado un modelo pensado para que la inversión no venga, y el modelo ha sido muy eficiente", dijo.

Las claves del caso 

• 82 cantones de Ecuador registraron más homicidios entre enero y mayo de 2026 por expansión del crimen organizado.
• La Policía investiga quién atacó al competidor de BLN y cuál fue el móvil. 
• Josselin Jiménez compartió su último mensaje con Erick antes del crimen.

El fenómeno de la violencia homicida en Ecuador está cambiando de mapa. Aunque las cifras nacionales muestran una reducción frente al año pasado, ese descenso no significa que el crimen organizado haya perdido fuerza. 

Por el contrario, los datos oficiales revelan que la violencia se ha desplazado hacia nuevos territorios: entre enero y mayo de 2026, un total de 82 cantones registraron más muertes violentas que en el mismo período de 2025, lo que evidencia una expansión geográfica de las estructuras criminales. 

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el país pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado convierte a 2026 en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del Ecuador, solo por detrás del récord alcanzado en 2025.

Reducción de homicidios oculta nuevos focos de violencia

La aparente mejora se concentra principalmente en los grandes focos históricos de violencia. Guayaquil redujo los asesinatos de 1.308 a 944 casos, equivalente a una caída del 27,8%. 

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Durán pasó de 319 a 156 homicidios, una reducción del 51%. Portoviejo disminuyó de 149 a 80 casos y Babahoyo de 132 a 70. Estos descensos permitieron aliviar el balance nacional, pero, al mismo tiempo, ocultaron el crecimiento de la violencia en decenas de cantones que anteriormente no figuraban entre los principales escenarios del crimen organizado. 

Según el análisis de las bases oficiales, mientras 51 cantones registraron reducciones y otros 44 no reportaron homicidios durante el período analizado, 82 experimentaron incrementos. 

Este patrón coincide con las advertencias formuladas desde hace varios meses por autoridades y especialistas sobre la movilidad de las organizaciones criminales frente a la presión estatal en las zonas tradicionales del narcotráfico.

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Crimen organizado y bandas criminales expanden su presencia

Los incrementos no responden únicamente a un aumento espontáneo de la delincuencia común. 

Diversos analistas sostienen que detrás existe una reconfiguración territorial de las bandas criminales que buscan controlar nuevas rutas para el tráfico de drogas, la minería ilegal, las extorsiones y otras economías ilícitas.

El experto en seguridad Gabriel Lozano sostiene que el crimen organizado posee una enorme capacidad de adaptación y que, cuando el Estado concentra recursos en determinados territorios, las organizaciones simplemente trasladan parte de sus operaciones hacia zonas menos vigiladas. Para el académico, la violencia “no desaparece, sino que cambia de lugar”, un fenómeno observado también en otros países de América Latina.

Narcotráfico y control territorial impulsan la violencia

Por su parte, el analista en seguridad Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, explica que los episodios de violencia múltiple suelen responder a disputas por el control territorial, reacomodos entre estructuras criminales o fracturas internas. 

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“En ese escenario, la presión estatal puede fragmentar a los grupos, pero no necesariamente desarticularlos. La consecuencia es una mutación de la violencia: disminuyen ciertos asesinatos focalizados, pero continúan eventos de alto impacto, como matanzas múltiples en espacios públicos o ataques selectivos con alto nivel de brutalidad, que funcionan como mensajes de poder, represalia o intimidación”, sostiene.

Una fuente militar detalla que en la provincia operan grupos delincuenciales con actividad diaria, especialmente en los cantones Babahoyo, Quevedo, Mocache, Vinces, Ventanas y Quinsaloma.

“La provincia tiene 13 cantones y estos son los que tienen mayor preponderancia de la actividad delincuencial”, señala el oficial. Añade que existe una lucha de poder entre las bandas Los Lobos, Los Choneros y R7, conflicto que ha generado un incremento de la violencia.

El impacto del narcotráfico y las estrategias del Gobierno

El oficial afirma que se ejecutan operaciones para contener el accionar delictivo, reducirlo y garantizar la seguridad. Sin embargo, subraya que “la columna vertebral del problema es el narcotráfico”, principal fuente de ingresos de los grupos delincuenciales, junto con las extorsiones y otros delitos conexos, como secuestros y robos.

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Una lectura similar plantea el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que desde 2023 viene advirtiendo que el análisis de los homicidios debe realizarse tanto a partir de cifras absolutas como de tasas poblacionales. 

El informe del OECO recuerda que Ecuador experimentó un incremento superior al 528% en homicidios respecto de 2019 y que las organizaciones criminales han ampliado progresivamente su presencia hacia territorios anteriormente considerados de bajo riesgo. 

Además, ocho de cada diez asesinatos son cometidos con armas de fuego, un indicador que refleja el carácter organizado de buena parte de estos delitos.

El Gobierno también implementó el toque de queda en dos ocasiones como parte de su estrategia de seguridad. El experto en seguridad Daniel Pontón reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70% en los homicidios durante las horas restringidas.

Homicidios siguen entre los más altos de la historia reciente

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impidió una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas. 

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Pontón plantea que el Gobierno pudo haber medido el éxito del toque de queda con base en indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

La distribución territorial confirma esa tendencia. Los 3.485 homicidios registrados entre enero y mayo ocurrieron en 138 cantones, es decir, en más del 62% del territorio cantonal ecuatoriano. 

El promedio nacional continúa siendo de aproximadamente 23 asesinatos diarios. A ello se suma el impacto sobre la población más joven. Ecuador registró 148 homicidios de adolescentes únicamente durante el primer trimestre de 2026.

Lo que debes saber

• Roberto Luque nombró funcionarios clave durante la emergencia eléctrica de 2024 que aprobaron contratos millonarios.
  ​
• Documentos vinculan a Karla Saud con familiares y funcionarios de Celec y Electroguayas entre 2022 y 2026.
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• La investigación revela cómo una red de contactos coincidió con contrataciones en el sector eléctrico estatal.

El ministro Roberto Luque y la lobista de Progen, Karla Saud, están relacionados a través de una compleja red de vínculos personales y laborales que durante años se ha tejido en el sector eléctrico estatal.

La historia comienza el 16 de abril de 2024, cuando Luque asumió el cargo de ministro de Energía encargado. Apenas ocho días después, nombró a José Manuel de Oliveira Allú como coordinador jurídico del Ministerio. 

Esta designación resultó crucial, ya que todas las empresas eléctricas del país, entre ellas CNEL, Celec y la Empresa Eléctrica Regional del Sur, recibieron la disposición de Luque de esperar la aprobación de Oliveira para todos los contratos de la emergencia eléctrica de 2024, que en conjunto sumaron más de 400 millones de dólares.

Ese nexo familiar entre Saud y Álex Dueñas fue el que construyó esa trama de corrupción.José Julio Neira, Secretario de la Administración

Como coordinador jurídico del Ministerio, De Oliveira sumilló la hoja de vida de Manuel Barberán Cedeño para facilitar su contratación. El 5 de junio de 2024, Barberán Cedeño asumió la Gerencia de Electroguayas y, bajo su gestión, se firmó el contrato con Austral Technical Management (ATM), que, al igual que Progen, dos años después, no ha cumplido con proveer la generación eléctrica pactada, pese a haber recibido el 70 % del valor del contrato.

Karla Saud y sus contactos en Celec y Electroguayas

Los relación entre Saud y Luque incluyen hechos ya conocidos: la invitación a La Florida para conocer las instalaciones de Progen y reunirse con John B. Manning; y las comunicaciones directas para presentar sus propuestas. Sin embargo, el Ministro nunca ha explicado cómo ella logró destacar en medio de decenas de oferentes y contratistas.

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A esta influencia se suman sus contactos en Electroguayas, que no solo fueron profesionales, sino que también involucra transferencias de activos que levantan sospechas de posibles conflictos de interés. 

El 8 de enero de 2026, Cristopher Barberán Torres, hijo del ya exgerente de Electroguayas, Manuel Barberán, recibió el 50 % de la constructora Marvellous S.A., propiedad de Karla Saud. Esta cesión de acciones vincula directamente a la familia del funcionario puesto por De Oliveira con la lobista.

Las conexiones continúan con la designación del medio hermano de Saud, Álex Dueñas Calero, como subgerente en Electroguayas el 8 agosto de 2024, cuando el ministro era Antonio Gonçalves.

Barberán ordenó la contratación de Dueñas a través del memorando CELEC-EP-EGU-2024-7892-MEM. Sin embargo, a los pocos días fue desvinculado, según los documentos.

Julio José Neira revela la trama de contactos en Celec y CNEL

Que el hermano de Karla Saud ingresara a Celec justo en medio de las contrataciones emergentes no solo es un dato nuevo, sino que Julio José Neira, secretario de la Administración Pública, no lo ha revelado. 

Esto pese a que publicó un video en el que, según él, había rastreado esta red de contactos. Simplemente se ha limitado a explicar que los vínculos de Saud fueron los que permitieron el millonario fraude y que sus integrantes han operado desde 2016 en CNEL y Celec.

“El nexo más importante fue entre Karla Saud Calero y Álex Dueñas Calero. Él trabajó como asesor de Celec (en 2022) y ese nexo familiar fue el que construyó toda esa trama de corrupción para que estos contratos se den”, afirmó Neira el 18 de mayo, en Teleamazonas.

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Álex Dueñas Calero y las conexiones con Celec desde 2022

Para su contratación en 2024, Dueñas incluyó en su hoja de vida como referencia personal a Nicolás Andrade, quien fue gerente de Celec entre junio y diciembre de 2022. Así consta en el documento al que tuvo acceso EXPRESO.

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Su amigo, Nicolás Andrade, salió de Celec al perder la confianza del Gobierno, pues pretendía declarar una emergencia para Coca Codo Sinclair y firmar contratos millonarios.

Uno de los asesores de Andrade en 2022 fue Dueñas Calero, pero otro miembro de su equipo fue José Alberto Zambrano Solórzano, quien el pasado 4 de abril fue nombrado asesor de Roberto Luque en el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

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Los asesores que mantienen conexiones en el Gobierno

Nicolás Andrade también tuvo como asesor a Juan Francisco Palacios Bustamante, cuya esposa es Verónica Paulina Bravo Ochoa, subsecretaria de Obras Públicas, con quien Luque trabajó entre 2023 y 2025.

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Si bien todos los nombres de asesores y colaboradores no son una evidencia de un acto ilícito, sí muestran un entorno de conexiones personales dentro del aparato estatal que se ha mantenido en cargos estratégicos.

Entre los exasesores de Nicolás Andrade también figura Jorge Quintero Rodríguez, el recientemente posesionado viceministro de Seguridad Ciudadana. Poco antes de este alto cargo, en enero pasado, Quintero fue nombrado por el Ministerio que preside Luque como director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Lo que debes saber

• Cantón Borbón reaviva propuesta para crear el cantón Tumbaco en Quito.
• Encuesta de junio de 2026: 67 % respaldaría la cantonización mediante consulta popular.
• Impulsores alegan abandono municipal; expertos plantean descentralización como alternativa.

La creación del cantón Borbón, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, volvió a poner sobre la mesa un debate que en Quito permanece abierto desde hace más de siete años: la propuesta para que ocho parroquias del valle de Tumbaco y Nayón conformen un cantón propio. 

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Para los impulsores de la iniciativa, el caso de Esmeraldas demuestra que la cantonización puede dejar de ser una aspiración para convertirse en una posibilidad viable.

Cantón Borbón reaviva el debate sobre la cantonización de Tumbaco

El 30 de junio, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la creación del cantón Borbón, luego de un proceso que incluyó una consulta popular realizada en noviembre de 2025, en la que los habitantes decidieron dejar de ser una parroquia rural para convertirse en un cantón independiente de Eloy Alfaro.

El proyecto fue remitido por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea el 2 de abril de 2026 y, tras el informe favorable de la Comisión de Gobiernos Autónomos, recibió el respaldo unánime del Legislativo.

¿Hay informes que sustenten la cantonización?

Un informe que sustentó la cantonización argumentó que las características geográficas del territorio, la dispersión de los asentamientos humanos, la distancia respecto de los centros administrativos y la necesidad de fortalecer la planificación y la prestación de servicios públicos justificaban la creación de un gobierno local propio.

Ese precedente es visto con optimismo por la Junta Cívica del Ilaló, organización creada en 2018 para promover la cantonización del valle de Tumbaco.

“La Asamblea aprobó recientemente el nuevo cantón Borbón; son más de 30.000 personas. Entre las nueve parroquias que proponemos somos cerca de 250.000 habitantes. Quizá haya muchos intereses políticos, hay miedo, no sabemos. No sabemos cuándo se dé, pero vamos a seguir”, afirma Juan Fernando Serrano, presidente de la organización.

La propuesta plantea la creación de un nuevo cantón integrado por Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y Nayón, un territorio que, según sus promotores, concentra cerca del 9 % de la población del DMQ.

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Encuesta muestra respaldo ciudadano al nuevo cantón Tumbaco

Como parte del proceso, la Junta Cívica del Ilaló realizó una nueva encuesta para medir la percepción ciudadana sobre la iniciativa. El estudio se desarrolló entre el 12 y el 18 de junio de 2026, con 1.100 entrevistas válidas, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±3 %.

Uno de los principales resultados señala que el 67,22 % de los consultados votaría a favor de la cantonización en caso de realizarse una consulta popular, mientras que el 32,78 % lo haría en contra.

El sondeo también revela que el conocimiento del proyecto todavía es limitado. El 40,41 % de los encuestados asegura haber escuchado, leído o visto información sobre la propuesta, frente al 59,59 % que dice no conocerla.

Serrano recuerda que la primera medición, realizada en 2019, mostraba un desconocimiento mucho mayor sobre la iniciativa. “Esta encuesta la hicimos para saber cómo está el tema de la cantonización. En 2019 prácticamente nadie conocía el proyecto; ahora un 40 % ya ha escuchado sobre él. Eso demuestra que hay avances, pero también que debemos seguir trabajando en territorio”, sostiene.

Aunque el respaldo ciudadano se mantiene alto, la aceptación pasó del 70 % registrado en los primeros estudios al 67 % actual, una variación que, para Serrano, no cambia la tendencia favorable al proyecto.

La encuesta también refleja un amplio descontento con la situación del valle. El 67,99 % califica como mala la situación general del territorio y un 4,10 % la considera muy mala. Solo el 2,45 % cree que es muy buena y el 25,46 % la califica como buena.

Las expectativas tampoco son alentadoras. El 58,72 % considera que la situación será peor dentro de un año y otro 6,91 % cree que será mucho peor. En contraste, el 32,57 % espera una mejora.

Otro de los indicadores evidencia el distanciamiento entre la población y la administración municipal. El 70,63 % considera que el Municipio de Quito no presta suficiente atención a las necesidades, mientras que el 75,89 % cree que el sector aporta más recursos de los que recibe.

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Descontento con la gestión municipal impulsa la propuesta

Para los impulsores de la cantonización, estas cifras respaldan la necesidad de crear un gobierno autónomo con capacidad para administrar directamente los recursos y ejecutar obras prioritarias.

Serrano sostiene que, si el presupuesto municipal supera los $1.000 millones, al valle de Tumbaco le corresponden alrededor de $90 millones, tomando en cuenta su peso poblacional. Además, afirma que las parroquias generan una importante recaudación por concepto de impuesto predial.

Asimismo, rechaza que la propuesta implique dividir a Quito y sostiene que, por el contrario, permitiría desconcentrar la administración del Distrito Metropolitano.

“No se trata de dividir a Quito, sino de mejorar su administración. Si cada territorio maneja sus propias necesidades y presupuestos, con autonomía pero articulado con el resto, podemos construir una metrópoli moderna, como ocurre en otras ciudades de Sudamérica”, señala.

Autonomía o descentralización: dos visiones para el futuro del valle

Para Diego Cevallos, de GobernanzaEC, la creación de un nuevo cantón es un proceso complejo y, en las condiciones actuales, poco viable.

Como alternativa, plantea fortalecer la descentralización dentro del propio Municipio mediante una asignación presupuestaria más equitativa para las administraciones zonales y, sobre todo, garantizando la ejecución de esos recursos.

En relación con los procesos de cantonización que se tramitan en la Asamblea, el alcalde Pabel Muñoz ha expresado su preocupación al considerar que estas iniciativas podrían abrir la puerta a decisiones que calificó como potencialmente irresponsables.

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El caso de Zaida Rovira

Por supuesto, eso no quiere decir que esas elecciones internas de mentirita hayan estado exentas de sorpresas. Vaya y pregúntele, por ejemplo, a la ministra saliente (quién sabe por cuánto tiempo) Zaida Rovira, que estaba lista para ser nominada para la Prefectura del Guayas, pero que terminó siendo designada como precandidata a una concejalía en Guayaquil.

Esa designación de Rovira, y su reemplazo para la prefectura por Andrés Guschmer, quien antes aspiraba a ser candidato a alcalde de Guayaquil, se presta al análisis. Es difícil pensar en que Rovira simplemente haya caído en desgracia. Es bien sabido que el presidente Noboa la considera una pieza clave de sus campañas y que ella cuenta con importantes aliados en el Gobierno como la ministra Cynthia Gellibert o el exministro y ahora precandidato en Pichincha, Harold Burbano. 

Por ende, es más fácil pensar que Noboa la quiere de candidata en Guayaquil porque prefiere arriesgarse a perder la prefectura que la alcaldía, donde están en juego lucrativos proyectos como el Quinto Puente y el nuevo aeropuerto. 

Además, Rovira sentada en el Concejo Cantonal puede convertirse tanto en un ojo seco con el que controlar a cualquier figura emergente dentro de su propio partido como en un comodín fácil de remover y traer de vuelta a la baraja. 

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En cambio, si Noboa quisiera sacarla de la prefectura para llevarla a otro cargo, la vergüenza sería mayor. 

La carta del Partido Social Cristiano

Otra nominación llamativa fue la del doctor Juan Carlos González para la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano. González, médico de profesión, viene siendo director de Salud del Municipio de Guayaquil desde el comienzo de la administración de Aquiles Álvarez. Algunos pegarán el grito de “¡pacto, pacto!” al cielo, pero se equivocarán diciendo que esto es evidencia del supuesto acuerdo entre Rafael Correa y Jaime Nebot para controlar al país. 

Más allá de que sea cierto que Correa y Nebot mantienen líneas de comunicación abiertas, la relación más relevante en este caso es la de Álvarez con Nebot. 

Cuando el actual alcalde recibió el cargo de manos de Cynthia Viteri (más sobre ella después), se encontró con un municipio patas arriba y en el descalabro financiero. Ante esas circunstancias, Álvarez, un admirador confeso de Nebot y de León Febres-Cordero, acudió a la vieja guardia socialcristiana para pedir ayuda. Mocolí escuchó sus plegarias y asintió.

Por otro lado, el PSC prefirió lanzar para la Alcaldía de Guayaquil a Andrés Roche, cuyas credenciales socialcristianas son incuestionables. ¿Por qué él y no Jorge Acaiturri, quien a raíz de su decepción preelectoral abandonó el partido? Hay diversas teorías, pero una en particular se alinea con la estrategia de Nebot en años recientes: Roche, como antes Topić en otra escala, sí está dispuesto a tirarse su propia campaña al hombro. El socialcristianismo, después de todo, ha perdido a muchos patrocinadores.

También perdió a una exalcaldesa que parece que de todas formas volverá a la papeleta: Cynthia Viteri. Ella va auspiciada por Centro Democrático, fundado por Jimmy Jairala, quien hoy se muestra alineado al Gobierno. Eso, sumado a sus declaraciones previas a favor de Daniel Noboa y a los lazos de su esposo con la comunicación oficialista, invita a pensar que ella será, como otros políticos alrededor del país, el plan B de Noboa.

El espectro para la izquierda

Para la izquierda la situación es aun más incierta. El correísmo, refugiado en el movimiento Amigo, anunció al asambleísta Juan Pablo Molina para alcalde y a la exlegisladora Sofía Espín para prefecta. En una etapa en la que todavía no es seguro si el movimiento Reto, adoptado por el aquilismo, podrá superar los problemas que ha tenido en constituir a su directiva nacional y celebrar sus primarias de forma aplazada, no podemos descartar que en una alianza posterior las figuras cambien y veamos otras caras. Tampoco podemos excluir la posibilidad de que, con alguna maniobra desde adentro o desde afuera, los precandidatos cambien antes de la inscripción de las candidaturas en agosto, momento en que se vuelven irrenunciables.

Otras figuras que emergen desde la izquierda cuya suerte podría cambiar son los precandidatos de la Unidad Popular y el Partido Socialista, que junto a Pachakutik firmaron una alianza para las seccionales de Guayaquil y Guayas. Ellos auspician a Juan Cervantes y a William Brito para la provincia, mientras que sus cartas para la capital provincial son Karla Arellano y Mónica Luzárraga, respectivamente.

Seguramente, las semanas que vienen irán esclareciendo el panorama. Pero no nos confiemos. En el espíritu de Diana Atamaint, mejor compremos paraguas.

Lo que debes saber

• Caso Nathaly Mafla impulsa nuevas medidas de seguridad en universidades de Quito este 2026.
• Municipio y universidades reforzarán corredores seguros, videovigilancia y controles en zonas universitarias de Quito.
• Más de 21.000 incidentes registrados motivan acciones para proteger a estudiantes en los alrededores de universidades.

La desaparición de la estudiante de 20 años, Nathaly Mafla, volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los alrededores de las universidades de Quito.

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Aunque los problemas de consumo de alcohol en la vía pública, riñas, robos e inseguridad son recurrentes desde hace años, este caso reactivó el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección en los corredores universitarios del Distrito Metropolitano.

Ante este escenario, el Municipio de Quito, autoridades académicas y organismos de seguridad acordaron implementar nuevas medidas para reducir los riesgos que enfrentan miles de estudiantes que diariamente se movilizan entre los campus, el transporte público y las zonas comerciales cercanas.

Seguridad en universidades de Quito: cifras revelan los principales problemas

Los datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos evidencian la magnitud de la problemática. Entre el 1 de enero de 2023 y el 21 de junio de 2026 se registraron 21.545 incidentes en el Distrito Metropolitano de Quito.

Del total, el 87,2% corresponde a hechos relacionados con convivencia ciudadana, mientras que el 12,8% son robos de mayor connotación.

Las estadísticas muestran que los principales incidentes son:

Las autoridades identifican que el consumo de alcohol en espacios públicos, especialmente en los exteriores de los centros universitarios, genera escenarios propicios para robos, riñas y otras situaciones de riesgo.

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Caso Nathaly Mafla impulsa nuevas medidas de seguridad en Quito

Tras la desaparición de Nathaly Mafla y otros casos recientes que involucraron a estudiantes, el alcalde Pabel Muñoz convocó a los rectores de varias universidades para diseñar una estrategia conjunta.

Durante el encuentro se acordó fortalecer los corredores seguros y aumentar la presencia institucional en los alrededores de los campus universitarios.

Entre las principales acciones definidas constan:

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Coordinación permanente entre Municipio, Policía Nacional y universidades

"Nos preocupa mucho lo sucedido en el caso de la señorita Mafla y el caso del señor Orellana. Hemos convocado a las universidades para expresar solidaridad y construir una estrategia conjunta", manifestó el alcalde.

Controles permanentes en los exteriores de las universidades

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, informó a EXPRESO que el Municipio mantiene operativos permanentes en sectores cercanos a la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional, principalmente entre martes y viernes.

Según explicó, durante el último año más de 2.000 personas han sido sancionadas por consumir alcohol o utilizar indebidamente el espacio público en estos sectores.

Además, las autoridades clausuraron establecimientos que funcionaban de manera irregular y que, en algunos casos, contaban con accesos ocultos hacia discotecas clandestinas.

En las próximas semanas también se instalarán nuevos puestos de mando operativo en los alrededores de la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Videovigilancia y corredores seguros para estudiantes

Otra de las medidas contempla integrar las cámaras privadas de las universidades con el sistema ECU 911 para ampliar la cobertura de vigilancia.

El objetivo es monitorear los corredores que conectan los campus con estaciones del Metro de Quito, paradas de transporte público y zonas de mayor circulación peatonal.

Las autoridades consideran que esta articulación permitirá reducir los tiempos de respuesta frente a emergencias y fortalecer la prevención de delitos.

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Universidades plantean acciones para mejorar la seguridad estudiantil

Los rectores coincidieron en que la solución requiere una intervención conjunta entre las instituciones educativas y las autoridades municipales.

El rector de la Escuela Politécnica Nacional, Tarquino Sánchez, calificó como positiva la reunión y destacó la necesidad de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mediante acciones coordinadas.

Por su parte, la directora de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador, Ximena Baño, señaló que existe un compromiso institucional para ejecutar medidas que disminuyan los riesgos en los entornos universitarios.

La Escuela Politécnica Nacional informó que, tras el caso de Nathaly Mafla, reforzó su sistema interno con cámaras de videovigilancia, guardianía las 24 horas, accesos biométricos, seguros de vida y rutas de transporte para estudiantes. Sin embargo, insistió en que los mayores problemas de inseguridad continúan registrándose fuera de los campus.

Entre las propuestas presentadas figuran la creación de una mesa técnica interinstitucional permanente, el fortalecimiento del control del espacio público, mejoras en iluminación, ampliación de cámaras de seguridad, implementación de rutas seguras y mayor capacidad de atención de emergencias.

Lo que debes saber

• Las alianzas aún podrían reducir la cantidad de candidatos que aparecerán en la papeleta.
• Expertos atribuyen la proliferación de precandidatos a la fragmentación del sistema político.
• Los candidatos oficiales se conocerán tras el cierre de las inscripciones, en agosto.

Las tiendas políticas de alcance nacional ya definieron a sus precandidatos para las elecciones seccionales de 2026. Un total de 54, de 13 organizaciones políticas, buscarán conquistar las alcaldías de Cuenca, Guayaquil y Quito, así como las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las alianzas aún pueden mover el tablero

Para las alcaldías de las principales ciudades del país se perfilan 28 precandidatos de las organizaciones políticas nacionales. De ellos, 11 aspiran a encabezar la carrera por el Municipio de Quito, nueve por el de Guayaquil y ocho por el de Cuenca. 

En las prefecturas, en cambio, se proyectan 26 precandidatos. Diez buscan la de Pichincha, ocho la de Guayas y ocho la de Azuay, aunque estas designaciones aún no son definitivas y dependerán de las alianzas que estos grupos concreten con otros. 

Para el analista político Giuseppe Cabrera, la cifra de candidatos que desde ya se visualiza no resulta inusual, aunque cree que esta podría reducirse cuando concluyan las alianzas y se oficialicen las inscripciones. A su juicio, el problema no es la cantidad de nombres, sino que muchas de estas responden a la obligación legal de los partidos de presentar candidatos y a los incentivos que reciben para participar, pese a no tener opciones reales de triunfo. “El problema no es que haya muchos candidatos, sino que demasiados no tienen posibilidades reales de ganar”. 

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La fragmentación, en el centro del debate

En cambio, la politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, considera que sí existe una mayor cantidad de precandidatos de la prevista, sobre todo por la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de varias organizaciones políticas. Por lo que, advierte que esta proliferación de candidaturas podría dispersar el voto de las principales alternativas, incrementar el uso de recursos públicos en campañas y restar competitividad a opciones con mayores posibilidades. 

La experta señala que varios de los actuales precandidatos ya participaron en comicios anteriores sin alcanzar resultados competitivos. Entre ellos está Juan Cervantes, quien en 2023 fue candidato por Unidad Popular (UP) y obtuvo el 1,3 % de la votación, y a Andrés Guschmer, que ese mismo año representó a Renovación Total (RETO) y alcanzó el 11,44 %. 

A estas listas presentadas por EXPRESO aún se sumarían las precandidaturas definidas por los movimientos provinciales y cantonales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que, por ahora, no puede difundir esos nombres y que solo hará públicas las candidaturas una vez que las postulaciones estén oficialmente inscritas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. 

Hay demasiadas candidaturas y eso diluye el debate; ni los medios de comunicación ni la ciudadanía pueden conocer bien las propuestasGiuseppe Cabrera, analista político

Los candidatos se conocerán el próximo mes, una vez concluya el proceso de inscripción. Según el calendario electoral, las organizaciones políticas deberán registrarlas entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. 

Para Alfredo Espinosa, experto político-electoral, esta proliferación de candidatos es consecuencia de un sistema político sobrerrepresentado, en el que varias organizaciones funcionan más como vehículos electorales que como partidos con bases sólidas. En su criterio, ese escenario sobrecarga al electorado con propaganda, dificulta un voto informado y favorece la elección de autoridades con bajos porcentajes de respaldo, una tendencia que, según señala, ya se ha evidenciado en anteriores comicios. 

El dirigente de Futuro, antes denominado Democracia Sí, Gustavo Larrea, también observa una dispersión de candidaturas en las principales provincias y ciudades. Por ello, aseguró que su movimiento mantiene diálogos con otras fuerzas políticas para concretar alianzas y reducir el número de aspirantes, con la expectativa de alcanzar acuerdos para las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las reglas electorales también inciden

No obstante, en una publicación en X, la presidenta de Creando Oportunidades (CREO), Ana Belén Cordero, sostuvo que la elevada cantidad de precandidatos responde, en parte, a la reforma al Código de la Democracia, aprobada en la Asamblea Nacional por Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC). A su juicio, esos cambios eliminaron los incentivos para conformar alianzas electorales y, por el contrario, las desincentivan. 

La reforma, publicada en el Registro Oficial el 24 de julio de 2025, modificó el mecanismo con el que se contabilizan los resultados de las alianzas para efectos de la permanencia de las organizaciones políticas. Anteriormente, cada integrante conservaba el porcentaje total de votación alcanzado por la coalición, mientras que ahora ese porcentaje se distribuye en partes iguales entre todas las agrupaciones que la conforman, reduciendo el incentivo que existía para formar frentes electorales. 

Si todos esos partidos y movimientos se hubieran unido para sacar un solo buen candidato, habría mejores oportunidades electorales.Andrea Endara, politóloga

¿Cómo reducir la dispersión?

Ante esto, Espinosa manifiesta que la reducción del número de candidatos pasaría por una reforma al sistema político. El experto plantea que Ecuador debería contar con cinco partidos nacionales y un menor número de movimientos provinciales, lo que contribuiría a disminuir la oferta electoral y facilitar un voto más informado. 

Por su parte, Cabrera sostiene que el debate debe centrarse en que las postulaciones respondan a proyectos políticos con opciones reales de competir. A su criterio, mientras persistan los incentivos para inscribir candidaturas sin posibilidades de triunfo, la oferta electoral seguirá fragmentada en el país.

Lo que debes saber:

• En 2026, CIP cumple 90 años; María Paz Jervis reafirma postura independiente en Ecuador.
• Estabilidad económica y Riesgo País mejoran, pero CIP alerta inseguridad jurídica afecta inversión.
• CIP advierte temor por debilitamiento institucional y pide respeto a libertades y Estado de derecho.

En 2026, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) cumple 90 años. Su presidenta ejecutiva, María Paz Jervis, sostiene que el gremio mantendrá una postura técnica e independiente frente a los gobiernos.

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Ustedes se han pronunciado en defensa del periodismo, la libre empresa y la propiedad privada. ¿Cómo están sintiendo hoy al país?

Creo que hay algunos elementos que generan preocupación a todos los sectores que tenemos convicciones profundas sobre la democracia y las libertades. Y como vocera de la Cámara de la Industria y Producción puedo decir que tenemos un legado de nueve décadas de compromiso con la defensa de valores institucionales.

¿Cuáles son esos valores?

La defensa de la democracia, la libre empresa, la libertad de expresión y el Estado de Derecho están en el artículo tres del estatuto que nos rige. Somos una institución que respeta lo que declara.

¿Seguirán pronunciándose?

Sí, vamos a seguir expresándonos independientemente de gobiernos de turno. Así ha sido la trayectoria de esta Cámara y la mía, aunque ahora hablo como presidenta ejecutiva del gremio más amplio de representación de los industriales.

¿Cuál es la ‘temperatura’ del país en términos de confianza y clima económico?

Es una paradoja y nos obliga a tener una visión profunda y holística de los problemas, mirar la película completa. Destaco que la estabilidad macroeconómica y el Riesgo País han alcanzado niveles de confianza que en los últimos años no se habían visto y eso no es menor. 

Es un elemento de confianza en el país y oportunidad de generar empresa y trabajo digno.

¿Y qué ocurre con el Estado de derecho y las garantías para invertir?

Si la estabilidad macroeconómica viene acompañada de inseguridad jurídica, de inestabilidad de las instituciones, de poca apertura para el diálogo y poco respeto a las libertades, como hemos visto con casos de judicialización de opositores, persecución a periodistas, poca transparencia frente a actos de corrupción, esto desdice de un esfuerzo muy positivo.

¿Cómo encararlo?

Nuestro rol es seguir apoyando medidas positivas, destacar aquello que se hace bien. Pero como no son cheques en blanco, sino visiones técnicas y responsables, vamos a seguir alertando cuando vemos expresiones que contradicen libertades y derechos fundamentales.

La CIP ha advertido que no se deben normalizar interpretaciones que excedan la ley ni interferencias en el ámbito privado.

Si miramos globalmente es una tendencia en todo el planeta, no es exclusivo del Ecuador. No por eso deja de preocuparnos. Se presenta un hartazgo de institucionalidad.

No hablar en medios no significa que estemos callados o inacción, tenemos otros mecanismos de intervención.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva CIP

Economía y negocios

¿Por qué los empresarios guardan silencio en Ecuador? Su razón no tiene que ver con el miedo

Richard Josue Jimenez Mora

¿Por qué?

Si surge el hartazgo, la respuesta es ‘que se vayan todos’, y si no funciona eso, ‘el todo vale’. Eso nos lleva a la coyuntura política de los péndulos. Tenemos extremas derechas e izquierdas, con lo tibio que pueden ser esos conceptos porque quienes se autodefinen como derecha no siempre toman decisiones típicas de esa tendencia, y viceversa. 

En Europa y América Latina, aquellos gobiernos de extrema izquierda que en principio se decantaban por las protecciones sociales suman más escándalos de corrupción.

¿Qué debería replantearse?

Se ha replanteado. Muchas cosas no funcionaron, pensamos que eran las instituciones, los procedimientos o la calidad de los políticos, y me anticipo: porque eliminamos unas, suplantamos derechos, nos saltamos procedimientos, ¿mejora la calidad de representantes? Parece que no es así. 

El desafío es inmenso y por eso desde el espacio que ocupamos en la opinión pública debemos repensar lo que significa representar.

¿Cómo se compagina el discurso oficial de atraer inversión con hostigamiento a la empresa privada y a la prensa como el caso de GRANASA?

Nos llaman la atención medidas que no siempre son las más cercanas a la juridicidad y a los principios y valores democráticos. Por eso levantamos la voz. 

Como gremio y como sector empresarial, nuestro rol no es estar a favor ni en contra; tratamos de mantenernos al margen de esas posturas que pueden ser mucho más emotivas.

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¿Al margen?

Nuestra responsabilidad es aportar con pronunciamientos profundamente técnicos que busquen el respeto a libertades e instituciones. 

Estamos convencidos de que es el único camino para generar empleo digno, la única vía para mejorar la calidad de vida. Nuestro rol no es hacer opinión pública las 24 horas del día y sobre todos los temas. Quizá nos buscan ante la ausencia de liderazgos.

Que la ley se aplique para todos, sin importar cuáles son las posturas, eso es lo que llamamos seguridad jurídica.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Y la seguridad jurídica?

Ante determinada circunstancia, la ley y las instituciones se aplicarán y operarán de forma similar, eso es seguridad jurídica. Nos preocupa cuando vemos que hay casos que tienen indicios de ilegalidad y duermen el sueño de los justos, pero otros son tratados de manera muy ágil, si se trata de personajes políticos.

Y si los etiquetan como correístas por esa opinión...

No significa que defendamos a determinados políticos y, peor aún, a delincuentes. Este país no era perfecto antes del correísmo ni antes de este período. 

Sí creemos que debería alarmarnos ver que instituciones del Estado se direccionan bajo perspectivas políticas; ahí no gana nadie, perdemos todos, no se gana estabilidad.

Hay quienes piensan lo contrario...

Es mentira el cuento de que así se mantiene la estabilidad política y, ergo, nos beneficia. El peor negocio para el sector empresarial es tener una democracia débil. 

Tenemos tan mal recuerdo del boicot político en el gobierno anterior que hay casi una obsesión con lo que mal denominamos estabilidad política. Me pregunto qué es eso. ¿La ausencia del debate, de discusión de la política pública, de la divergencia? No lo es, da cuenta de regímenes poco democráticos.

¿Hay empresarios que temen ser perseguidos por órganos de control?

Lo que define la coyuntura nacional es el miedo, la inseguridad nos golpea en todos los niveles, la física y jurídica. Por el debilitamiento institucional hay temor de que puedan castigarse las voces divergentes, pero desde esta Cámara tenemos la tranquilidad de que las posiciones son siempre técnicas.

Nuestro rol como Cámara no es ser amigos ni enemigos de gobiernos, no estamos ni a favor ni en contra, estamos con el país.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Quién es María Paz Jervis?

Abogada. Fue docente de la UDLA, USFQ y decana en la SEK. Dirigió el Comité Empresarial y desde 2022 preside la Cámara de Industrias y Producción.

¿Qué ha hecho la CIP?

La Cámara de Industrias y Producción es uno de los pocos gremios empresariales del país que reaccionan sobre decisiones y hechos que atraviesan el debate público. 

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Rosero Mariela

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Entre el ruido del mercado de San Roque y el movimiento comercial de las calles Imbabura y Loja, Casa Victoria emerge como un entorno donde la infancia encuentra seguridad, aprendizaje y nuevas oportunidades.

Las puertas de madera se abren y el entorno cambia de inmediato: el bullicio de la ciudad desaparece y es reemplazado por voces infantiles, música, lectura y actividades formativas. Aunque está a pocos metros de uno de los sectores más complejos de Quito, el interior de la Fundación Casa Victoria funciona como un espacio completamente distinto, enfocado en la educación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

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De ruina a proyecto social en el Centro Histórico de Quito

A inicios de los años 2000, la vivienda estaba en condiciones críticas. Había sido dividida para albergar a cerca de 20 familias, unas 60 personas en total. Fue entonces cuando Alicia Durán Ballén y su esposo, Dan Gheorguita, junto a un grupo de amigos, decidieron adquirir la propiedad y restaurarla.

Casa Victoria demuestra que el amor y la educación pueden transformar comunidades desde la niñez con esperanza
Erika Guaña, coordinadora de la Fundación Casa Victoria

Tras cinco años de trabajos de recuperación, en 2006 la casona abrió sus puertas como la Fundación Casa Victoria, un proyecto social en San Roque orientado a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, la iniciativa ha impactado a más de 3.000 niños, ha servido alrededor de 30.000 comidas y ha recibido cerca de 4.000 voluntarios nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los proyectos comunitarios más activos del Centro Histórico de Quito.

Educación, arte y acompañamiento para niños de San Roque

Dentro de la casona, cada espacio tiene un propósito. En una sala funciona una biblioteca donde los niños desarrollan el hábito de la lectura. En otros ambientes se imparten clases de música, karate y apoyo escolar con acompañamiento de voluntarios.

El programa “Sembrando Esperanza” es el eje central de la fundación. Atiende a 60 niños de entre seis y doce años, en su mayoría hijos de comerciantes del mercado de San Roque y vendedores ambulantes del Centro Histórico de Quito.

Además del refuerzo académico, reciben formación en valores, talleres emocionales, actividades recreativas, clases de música, defensa personal y acompañamiento permanente durante el año escolar.

“Queremos que los niños encuentren aquí un lugar seguro, donde se sientan queridos y puedan construir un futuro diferente”, explica Erika Guaña, coordinadora del proyecto.

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Un espacio que también forma a jóvenes voluntarios

Casa Victoria también impulsa procesos de formación para adolescentes a través de una pizzería y espacio de brunch ubicado en el primer piso. Este lugar no solo financia la fundación, sino que funciona como escuela práctica donde los jóvenes aprenden cocina, atención al cliente, trabajo en equipo y servicio comunitario.

Este lugar me enseñó que el servicio también construye oportunidades para quienes más lo necesitan 
Maité Agualsaca,
voluntaria de la Fundación

Jair León, quien llegó a la fundación a los ocho años, hoy con 14 años colabora en la cocina y en actividades con los niños más pequeños. Su meta es estudiar gastronomía y convertirse en chef.

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“Este lugar es como mi otra casa”, afirma.

Historias similares se repiten en la fundación. Maite Agualsaca ingresó a los seis años y actualmente es voluntaria. Cada tarde regresa para apoyar en tareas escolares y acompañar actividades.

“Aprendí a servir y descubrí lo que quiero para mi futuro: ser pediatra”, cuenta.

Un círculo de aprendizaje que se transforma en comunidad

En Casa Victoria, los niños crecen, los voluntarios regresan y las historias se transforman en continuidad. El aprendizaje no termina en la infancia, sino que se convierte en un ciclo donde quienes fueron beneficiarios ahora guían a nuevas generaciones.

En medio de uno de los sectores más complejos de Quito, la Fundación Casa Victoria se mantiene como un ejemplo de transformación social, educación comunitaria y recuperación del patrimonio con impacto humano real.

Las claves del caso

• Comerciantes denuncian que las extorsiones, robos y el consumo de drogas forman parte de la rutina en el Mercado Mayorista Montebello.
  
• La Policía reconoce que existen falencias en los controles de ingreso y plantea reforzar los protocolos de seguridad.
  
• Expertos advierten que la falta de control interno favorece la presencia y operación de grupos delictivos.

Antes de pronunciar una palabra, Manuel mira a todos lados, como si temiera que alguien lo observara. Luego, en voz baja, casi susurrando, advierte: “Aquí está prohibido hablar. Nos vigilan. Si ven que estamos conversando con alguien, se acercan para ver qué pasa”.

El comerciante, de 54 años y oriundo de la provincia de Chimborazo, vende legumbres en la Terminal de Transferencia de Víveres (TTV), también conocida como Mercado Mayorista Montebello, uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil. Lleva cerca de tres décadas en la ciudad y asegura que nunca había sentido tanta inseguridad como ahora.

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Se vive con temor en Montebello

Sostiene que desde 2021 el mercado dejó de ser únicamente un centro de abastecimiento para convertirse también en escenario de extorsiones, robos, consumo de drogas y asesinatos. En los dos últimos años, dice, la violencia se volvió parte de la rutina.

“Se trabaja con temor. Ya no solo nos preocupa vender nuestros productos, sino convivir con consumidores de droga que han hecho de este mercado su espacio. Se pelean entre ellos y no hay control. Nadie dice nada”, revela.

Para Euclides García, otro comerciante del mercado, las extorsiones son una de las principales amenazas en este centro de abastos, inaugurado en el año 2000 y que actualmente cuenta con 20 andenes y 660 bodegas. Está ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule, cerca de la avenida Perimetral.

“Aquí no se puede hablar mucho porque las paredes tienen oídos”, comenta mientras observa con cautela a quienes transitan por los alrededores. “Los que están adentro y los que están afuera se dan cuenta de todo. Si nos ven conversando, después saben quién habló”.

García, quien también se dedica a la venta de legumbres, asevera que la violencia no se limita a los asesinatos. Denuncia además la presencia constante de consumidores y expendedores de droga, así como robos y amenazas contra comerciantes.

Las extorsiones y los robos, los principales problemas de los comerciantes

“Aquí uno no puede andar con dinero. Llegan dos o tres personas, intimidan a la gente y le quitan lo que tiene. Hay guardias, pero la pregunta es qué controlan realmente”, cuestiona.

Según el vendedor, las víctimas de la violencia no son únicamente los comerciantes. “También han matado a personas que vienen a comprar, sobre todo en las noches y madrugadas”.

Además, recalca que los robos son frecuentes. “A muchos nos siguen cuando salimos del mercado y nos asaltan más adelante. Pareciera que saben quiénes entran, quiénes salen y quiénes manejan dinero”

La sensación de inseguridad también alcanza a los clientes. Luis Pilco, propietario de un negocio en el norte de Guayaquil, asegura haber sido víctima de la delincuencia hace aproximadamente seis meses.

“Siempre les digo a los administradores que no permitan el ingreso de cualquier persona. Venimos a comprar y deberíamos sentirnos seguros”, manifiesta.

Según relata, usuarios y comerciantes han solicitado en reiteradas ocasiones mayores controles de acceso y vigilancia dentro del recinto.

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El consumo de droga, otro problema que se suma

Pilco identifica el área de frutas como uno de los sectores más conflictivos. “Es común ver personas consumiendo drogas frente a comerciantes y compradores”.

El comerciante, que frecuenta Montebello desde hace más de 15 años, dice que cualquier persona puede ingresar sin mayores restricciones. “Me han robado la carga. En una ocasión me abrieron el vehículo y se llevaron cerca de 600 dólares mientras cargaba mercadería. He visto cómo ocurren otros delitos. Cualquiera puede entrar, incluso armado, y nadie se da cuenta. Ya solo nos ponemos en manos de Dios”, lamenta.

Las denuncias de comerciantes y compradores coinciden con la violencia registrada dentro y en los alrededores del mercado durante los últimos meses.

Tiguerones, los causante de la violencia

De acuerdo con una fuente policial, dos facciones de Los Tiguerones mantienen una disputa por el control de actividades ilícitas dentro y en los alrededores del mercado, lo que estaría detrás de parte de la violencia registrada en la zona.

El mayor Orlando Posligua, jefe de Control del Distrito Pascuales, aseguró que la Policía mantiene operativos permanentes para prevenir delitos y reforzar la seguridad. Sin embargo, reconoció que existen falencias en los controles de ingreso.

Entre las recomendaciones constan fortalecer los filtros de acceso, revisar personas y vehículos, así como capacitar al personal de seguridad privada para detectar comportamientos sospechosos.

EXPRESO solicitó una versión a la administración de la Terminal de Transferencia de Víveres y al Municipio de Guayaquil, sobre las denuncias de comerciantes y compradores. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

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Especialistas se refieren al respecto

Para los especialistas en seguridad Nelson Yépez y Carla Álvarez, el Mercado Mayorista Montebello reúne varias condiciones que lo convierten en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales: un alto movimiento de dinero y mercadería, miles de personas circulando a diario y controles internos insuficientes.

Yépez explica que los mercados mayoristas suelen convertirse en focos de interés para las bandas porque concentran grandes cantidades de dinero en efectivo y un constante flujo de personas. “Cuando el control de ingresos y salidas se debilita, aparecen las extorsiones, los robos y las disputas por el dominio del territorio. No solo buscan asaltar, también controlar quién trabaja, quién vende y quién paga”.

Ambos coinciden en que la solución no pasa únicamente por incrementar la presencia policial. Consideran necesario fortalecer los controles de acceso, registrar a comerciantes, proveedores y vehículos, reforzar la videovigilancia, mejorar la coordinación entre la seguridad privada y las autoridades, y recuperar el orden dentro del mercado.

Sin esos cambios, advierten que las extorsiones, los robos y las disputas por el control de actividades ilícitas seguirán encontrando terreno fértil en uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil.

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Puntos críticos para parquearse en Urdesa

Uno de los sectores donde esta realidad resulta más evidente es la intersección de las calles Costanera y Circunvalación Sur, donde en los últimos meses se ha consolidado un polo gastronómico y comercial.

Aunque los establecimientos cuentan con áreas destinadas al estacionamiento, estas dejan de ser suficientes en las horas de mayor afluencia.

Ante la falta de cupos, los cuidadores de carros que trabajan en determinados horarios terminan guiando a los conductores para que se estacionen incluso sobre las aceras, con tal de encontrar un lugar.

El administrador de un local de la zona señaló que su establecimiento dispone de cuatro parqueaderos internos, pero reconoce que durante las noches se genera congestión mientras los clientes recorren el sector en busca de dónde dejar sus vehículos.

“Siempre nos comentan nuestros clientes sobre ese problema, pero tratamos de darles soluciones. Los chicos que cuidan afuera intentan abrir espacios para que puedan entrar todos. Es como podemos resolverlo por ahora”, señaló.

La exigencia de más espacios

La situación se repite en otros puntos de Urdesa. Ocurre, por ejemplo, en los alrededores de la iglesia San Antonio María Claret, conocida por los guayaquileños como La Redonda. “Realmente no hay donde estacionarse. Tratamos de venir muy temprano a la misa solo para conseguir un parqueo”, explicó Marcia Coronel, habitante de la ciudadela. Ella señaló que este inconveniente persiste pese a la presencia de parquímetros en las calles aledañas al templo.

Otro punto que se proyecta a convertirse en un sitio de congestión vehicular en este sector de Guayaquil está en la calle Circunvalación, cerca del parque Jerusalén, donde se construye un centro médico. Los moradores esperan que el lugar tenga los suficientes parqueos para albergar a los doctores y pacientes, y que el Municipio haga respetar las ordenanzas en ese sentido para que el lugar no se convierta en un punto de caos vehicular.

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Rogelio Larrea vive en el centro de Guayaquil y acude con frecuencia a la avenida Víctor Emilio Estrada para realizar compras. Contó que, en determinadas franjas horarias, conseguir un lugar para estacionarse puede tomarle más de quince minutos.

“Un problema que tiene Urdesa es que no cuenta con áreas amplias para parquear. Hay muchos restaurantes y locales, pero hay que hacer malabares e incluso subirse a la acera para dejar el carro. Es un tema que no se ha planificado bien aquí”, indicó.

Hay casos como el de Jorge Briones. Hace dos semanas buscó un lugar para estacionarse y almorzar con su familia en un restaurante de la avenida Víctor Emilio Estrada, pero al no encontrar un lugar para parquear su vehículo, desistió de la idea y optó por acudir a un centro comercial.

"Un guardia me dijo que espere, pero mis hijos no querían esperar. Optamos por ir a otro sitio, aunque nos dimos dos vueltas hasta esperar que se habilite un espacio, pero todo seguía copado”, contó.

Un error desde la planificación

Para Malena Marín, experta en tránsito, el problema de la falta de parqueos en Urdesa también debe analizarse desde la planificación de la movilidad urbana. Explicó que desde un enfoque estrictamente técnico, las ciudades modernas buscan reducir la dependencia del automóvil particular.

“En el área técnica, lo que siempre se hace por tema de movilidad sostenible es desalentar el uso del vehículo particular. ¿Cuáles son esas técnicas? Eliminar los parqueos para que la gente no use el vehículo particular y utilice especialmente el transporte público, la bicicleta o se movilice caminando”, manifestó. Sin embargo, considera que esa teoría no puede aplicarse de forma aislada en ciudades como Guayaquil. “Basándonos en nuestro contexto, no podemos darnos ese lujo porque no les damos la oportunidad a las personas que utilizan carros particulares o motos de tener un sistema de transporte eficiente y la comodidad de llegar a los lugares donde realizan actividades comerciales o públicas”.

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Marín indicó que una de las primeras medidas debe estar enfocada en la planificación de los nuevos desarrollos comerciales. Recordó que toda edificación o cambio de uso de suelo debe estar respaldado por un estudio de impacto vial, documento que permite estimar la demanda de circulación y de estacionamientos que generará un proyecto. 

“Ahí se determina que debe tener parqueos suficientes. Obviamente, no se va a cubrir el 100% de la demanda, pero sí un porcentaje bastante elevado”. 

Mientras se ejecutan soluciones de largo plazo, Marín plantea alternativas temporales. Una de ellas consiste en identificar terrenos actualmente en desuso e incentivar a sus propietarios para que funcionen como estacionamientos provisionales.

Lo que debes saber

• El sector agroexportador avanza en la EUDR, pero de manera desigual: madera y cacao están más adelantados; café admite ir "muy atrasado".
• La informalidad en la tenencia de tierra es uno de los obstáculos: solo un 30% de productores tiene papeles en regla.
• Ingeniero agrónomo aplica su conocimiento técnico para recuperar un suelo degradado por ganadería y producir cacao y plátano libre de deforestación.

Hace un año, en un potrero donde antes solo pastaba ganado, en una finca de Colimes, provincia del Guayas, empezaron a crecer cacao y plátano. No hubo tala. Tampoco se abrió una hectárea nueva. El ingeniero agrónomo Mauro Erazo, presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano y presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, prefirió optar por tratar la tierra degradada por años de ganadería con microorganismos y combinar especies vegetales bajo un sistema agroforestal.

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“Estamos recuperando el suelo que se ha perdido durante tanto tiempo”, dice Erazo mientras recorre la finca y muestra cómo intercala cacao, plátano y árboles frutales.

En el cantón, el déficit hídrico en algunas zonas productivas condiciona la producción agrícola. Para abastecer de agua los cultivos, Erazo implementó un “sistema de siembra de agua”: reservorios rellenados con agua de lluvia que se filtra de forma natural hacia el subsuelo y recarga el acuífero.

¿Por qué alguien decide producir así? Pablo García-Berdoy, diplomático español que entre 2016 y 2021 lideró la delegación de su país como embajador ante la Unión Europea (UE), lo resume en una idea: Europa ya no quiere comprar productos asociados a la deforestación.

Ese giro se plasmó en el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR), que exige a café, cacao, palma, soya, madera, caucho y ganado vacuno demostrar que no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

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Es decir, durante años el comercio internacional preguntó cuánto producía un país. Ahora empieza a preguntar también de dónde proviene ese producto. Un paquete de simplificación aprobado en mayo, dice García-Berdoy, redujo en 75% la carga administrativa: declaración única para pequeños productores y datos catastrales como alternativa a la geolocalización compleja.

De vuelta en la finca, Erazo recuerda que la EUDR va más allá de la deforestación. La norma exige además cumplir con los derechos laborales y de los pueblos indígenas, y trazabilidad: “la representación y localización de cada parcela de producción y una declaración de la debida diligencia”. El registro se carga en el sistema TRACES de la Unión Europea.

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¿Ecuador ya está listo?

El cumplimiento de los requisitos que plantea la EUDR no es uniforme, varía según el sector. Alfredo Dueñas, consultor de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), explica que la cadena maderera avanza casi sin sobresaltos, dominada por pocas empresas grandes ya organizadas para exportar.

Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), sostiene que entre el 85% y el 90% de los productores asociados ya cumple con la EUDR, aunque ese porcentaje espera consolidarse al alza próximamente con el ingreso masivo al sistema GUIA, del cual, reconoce, aún no hay fecha exacta.

Ontaneda explica que el gremio a logrado ese nivel de adaptación con la georreferenciación masiva de fincas mediante polígonos GPS, la digitalización de esa información conectada al sistema GUIA, y programas de formación técnica como "Expertos en Cacao" y ahora apuntan al diplomado de Alta Dirección del Cacao junto a la Escuela de Negocios de la ESPOL.

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Por otro lado está el sector cafetero. Pablo Pinargote, presidente de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), respondió a las consultas de EXPRESO desde un taller sobre EUDR, donde el gremio trabaja con el Centro de Comercio Internacional de España para capacitar a empresas y productores socios, con la intención de “transmitir en los próximos meses en las diferentes provincias caficultoras el proceso para aplicar a EUDR”.

Pinargote describe que hay “muy poco conocimiento” del reglamento de cara al plazo de 2027. A ello se suma que la caficultura ecuatoriana se distribuye entre pequeños productores. Ante ese reto, que reconoce como “complicado”, Pinargote pide “que realmente el gobierno, a través de las instituciones responsables, apoye con seriedad este proceso que, de no lograrse, va a restringir las exportaciones a Europa”.

Este Diario solicitó vocerías a las carteras de Agricultura y de Comercio Exterior para conocer los principales avances alcanzados, los desafíos identificados y las cifras disponibles sobre la preparación de las cadenas productivas. Al cierre de esta edición aún se espera respuesta.

Cuellos de botella

Dueñas, advierte que la informalidad es el mayor obstáculo. En tenencia de tierra, calcula que solo un 30% de productores tiene escritura o papeles en regla; el resto, sobre todo en la Costa, no tiene propiedad efectiva ni herencias legalizadas. Con el recurso hídrico, es similar, ya que muchos productores no tiene permiso de uso, porque la ley exige estudios de ingeniería y trámites que ningún pequeño agricultor puede pagar.

A ello se suma la desconexión con los Gobiernos Autónomos Descentralizados: “pocos gobiernos locales han puesto presupuesto o interés real”.

Sobre el Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible, creado en 2024 con el Ministerio de Comercio Exterior, el de Agricultura, el de Ambiente y el SRI, entre otros —y que lleva el proceso de aplicación de la EUDR—, Pinargote, de Anecafé, fue tajante: “No tengo idea de ese comité”. Dueñas lo confirma: son “reuniones de buena voluntad” con funcionarios que rotan por las fusiones ministeriales, sin estrategia visible, a diferencia de Colombia, donde gremios y Estado sí se sientan en una sola mesa.

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Métodos señalados

Dueñas destaca la capacitación multinivel que impulsó la GIZ: primero a funcionarios públicos, empezando por el Ministerio de Agricultura, luego a los GADs, y después a asociaciones, pequeños productores y gremios como Anecacao y Aprocafa, con quienes se logró vincular también a los exportadores.

Como complemento, explica el consultor de GIZ que es necesario fomentar la asociatividad, ya que realizar un análisis de riesgo sobre la EUDR caso por caso es "algo inmenso" en términos de tiempo y recursos. Por ello, el diagnóstico colectivo es más viable. El siguiente paso consiste en diseñar un plan de implementación y establecer prioridades. Hasta la fecha, solo el sector cacaotero cuenta con un análisis de riesgo; aún es necesario desarrollarlo para el café y las demás cadenas productivas.

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Eddie Encalada, vocal del directorio de Aprocafa, coincide en que el sector cacaotero avanza, aunque reconoce que puede haber pequeños productores rezagados y los invita a acercarse al gremio o a la Cumbre del Cacao en Guayaquil, que en agosto, volverá a tratar la EUDR. "La mejor forma es que se contacten con la asociación para que les brindemos ayuda, información, los pasos que deben tomar", dice.

Competitividad

Dueñas ubica a Colombia y Brasil como líderes regionales. Colombia, con años de trazabilidad ya construida en federaciones con participación activa, mientras Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, más cercanos a Europa, podrían captar el mercado que Ecuador no logre cubrir.

Sin embargo, Dueñas no descarta otra prórroga. La actual, hasta el 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores y el 30 de junio de 2027 para pequeñas empresas, ya es la segunda, y detrás de ella, según el consultor pesan también las “presiones de grandes empresas importadoras europeas”. Pero aunque se renovara, Ecuador debe empezar por resolver los problemas de fondo: alta informalidad y la falta de un programa nacional para la aplicación de la normativa con estraegia definida.

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La finca en Colimes existe con o sin prórroga: las primeras hectáreas ya están cultivadas con cacao nacional en crecimiento y plátano que ya se cosecha. Además, hay otras áreas donde Erazo planea sembrar más cacao e incluso café robusta. Su objetivo es impulsar una transformación de mentalidad productiva en la comunidad al “mostrar este modelo de hacer agricultura”.

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Las claves del caso

• Punta Diamante está ubicada a menos de 45 minutos de Guayaquil y posee un importante potencial turístico.
  
• La disminución de visitantes afecta directamente a las familias que dependen del turismo para generar ingresos.
  
• Los moradores solicitan mejoras en la vía de acceso, mayor seguridad y promoción para reactivar el balneario.

A menos de 45 minutos del área urbana de Guayaquil existe una playa que muy pocos conocen. Rodeada de naturaleza, con aguas tranquilas y un paisaje que combina con el perfil costero, la playa Punta Diamante muestra potencial para convertirse en uno de los principales destinos turísticos de la ciudad. Sin embargo, hoy permanece prácticamente olvidada , con escasos visitantes y una comunidad que espera ser tomada en cuenta por las autoridades.

EXPRESO recorrió este balneario, ubicado a unos 25 minutos de Chongón , y encontró un panorama muy distinto al que recuerdan sus habitantes. La playa conserva su belleza natural , sus aguas lucen limpias y el ambiente transmite tranquilidad .

Punta Diamante ya no brilla como antes 

"Antes esto se llenaba los fines de semana. Venían familias completas y hasta turistas extranjeros que habían escuchado del lugar. Ahora pasan días sin que llegue nadie", lamenta Julio Cruz, uno de los moradores del sector.

Los habitantes recuerdan que hace apenas dos o tres años, la playa Punta Diamante comenzaba a posicionarse como un destino alternativo para quienes buscaban escapar del ruido de la ciudad sin recorrer largas distancias. Las redes sociales ayudaron a que cada vez más personas descubrieran este rincón escondido de Guayaquil. Sin embargo, esa tendencia cambió abruptamente.

Según los moradores, un hecho delictivo en la madrugada registrada tiempo atrás afectó la imagen del sitio y provocó que muchas personas dejaran de visitarlo. A ello se sumó el deterioro del acceso vial. "La gente dejó de venir y el camino está cada vez peor. Antes uno veía carros entrando constantemente. Ahora es raro que aparezca alguno", comenta Lucía Yagual mientras observa la playa prácticamente vacía.

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Llegar hasta la playa Punta Diamante se vuelve complicado

Los últimos kilómetros del recorrido transcurren por caminos de tierra, con poca señalización y sectores donde el mantenimiento prácticamente no existe. Durante el trayecto pueden observarse baches, desniveles y tramos que dificultan el paso de vehículos livianos. Para los habitantes, mejorar el acceso sería uno de los primeros pasos para recuperar el turismo.

"Para atraer a los turistas, no necesitamos grandes obras. Solo que arreglen la carretera, coloquen señalización y promoción en el sitio. La playa ya tiene todo lo demás", sostiene Máximo Bohórquez.

La caída del turismo afecta a los comuneros

La caída del turismo también afectó a la economía local. En Punta Diamante funcionan apenas dos pequeños comedores familiares que sobreviven con muy pocos clientes.

Los propietarios aseguran que hay fines de semanas completas en los que apenas logran vender dos o tres platos de comida. "Hay días en que cocinamos esperando gente y terminamos llevándonos todo nuevamente a la casa. Así es muy difícil mantener abierto un negocio", menciona un comerciante del sector.

Para las familias, el turismo representa prácticamente la mayor posibilidad de generar ingresos adicionales.

Se pide ayuda de las autoridades para Punta Diamante

La especialista en turismo Anabella Chong considera que Punta Diamante reúne condiciones suficientes para convertirse en un nuevo atractivo turístico de Guayaquil. "Es sorprendente que muy pocos sepan que Guayaquil tiene una playa. Este tipo de espacios deben integrarse a las rutas turísticas de la ciudad, porque ofrecen naturaleza, tranquilidad y experiencias distintas sin salir del cantón", explica.

"También se necesita infraestructura básica, accesibilidad, seguridad y acompañamiento institucional. Cuando un destino recibe mantenimiento y difusión adecuada, automáticamente comienza a atraer visitantes e inversión".

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Pese a las dificultades, quienes viven en Punta Diamante mantienen intacta la ilusión de ver nuevamente llena su playa. Cada visitante es recibido con una sonrisa, recomendaciones sobre el sector y la hospitalidad propia de una comunidad pequeña donde prácticamente todos se conocen.

"Nosotros no pedimos regalos. Solo queremos oportunidades para trabajar. Nosotros vivimos del turismo. Si la gente viene, aquí los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos", asegura Bohórquez.

Mientras las olas continúan golpeando suavemente la orilla y el paisaje permanece casi intacto, Punta Diamante espera dejar de ser uno de los secretos mejores guardados de Guayaquil para convertirse, finalmente, en el balneario que sus habitantes siempre soñaron.  

Las claves que debes saber

• Caso Progen: difusión de documento por José Julio Neira complica litigio de Celec en Florida.
• Progen busca acceso a estrategia legal del Estado tras divulgación de memorando el 17 de junio.
• Tribunal de EE. UU. decidirá si se perdió confidencialidad en demanda por más de 100 millones de dólares.

La insidia, la vanidad y la carencia de escrúpulos de José Julio Neira están a punto de salirle caras al país en el caso Progen. En su desesperación por encubrir la responsabilidad del Gobierno en la compra de generadores de electricidad inútiles y por insinuar, con perversidad, que detrás del negociado están Ecuavisa y EXPRESO, Neira apareció en un video de cinco minutos mostrando documentos que tenían carácter reservado dentro del juicio que Celec le entabló a Progen en Florida para recuperar el dinero.

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Lo que pretendía ser un golpe político del Gobierno para sostener que ya había identificado a los supuestos beneficiarios del millonario contrato de Progen, terminó convirtiéndose en un problema para la propia estrategia judicial de Celec en Estados Unidos. 

En un acto de gigantesca irresponsabilidad, Neira divulgó información que los abogados de la empresa pública consideran confidencial y que ahora la defensa de Progen pretende utilizar para acceder a toda la estrategia legal del Estado ecuatoriano.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Neira difundió parte de documento confidencial

El episodio comenzó el 17 de junio, cuando Neira publicó un video en el que explicaba la denominada “ruta del dinero” del caso Progen. Para sustentar sus afirmaciones mostró parte de un memorando elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para demandar a Progen en una Corte Federal de Estados Unidos y recuperar cerca de 104 millones de dólares relacionados con los contratos para la instalación de generación eléctrica.

Y aunque el documento, denominado Financial Tracing Strategy, no era un informe cualquiera, Neira lo aventó al público. Se trataba de un memorando preparado por los abogados de Celec para definir la estrategia destinada a rastrear el destino del dinero pagado a Progen. La irresponsable y maliciosa publicación de Neira abrió, entonces, una oportunidad para Progen que nadie había previsto.

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Progen aprovecha la exposición del documento

Los abogados de la empresa sostuvieron ante el juez que si el propio cliente (Celec, a través de un alto funcionario del Gobierno) hizo público el documento, entonces renunció voluntariamente a esa protección legal.

Sobre esa base solicitaron que el tribunal ordene la entrega íntegra del memorando y de otros documentos relacionados con la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano. En otras palabras, Progen busca convertir el error político de Neira en una ventaja procesal.

Los abogados de Celec reaccionaron notificando de inmediato al juez que la difusión del memorando nunca fue autorizada por el equipo legal y pidieron limitar las consecuencias de esa publicación. 

Sin embargo, el tribunal todavía deberá resolver si esa divulgación implica o no la pérdida del privilegio que protege las comunicaciones entre abogado y cliente. En otras palabras, el eventual éxito de la demanda de Celec podría verse seriamente comprometido.

Los escenarios del pedido de Progen

Si el juez acepta la tesis de Progen, la empresa demandada podría acceder a información sensible sobre la estrategia jurídica de Celec, incluidos análisis de riesgos, hipótesis legales y planes para rastrear activos. Eso no significaría automáticamente la derrota del Estado ecuatoriano en el juicio, pero sí supondría una ventaja importante para la defensa de Progen en uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente el Ecuador.

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La responsabilidad de Neira

La responsabilidad de Neira es inmensa y tiene tres dimensiones: política, administrativa y procesal.

La responsabilidad política es, probablemente, la más evidente. Neira decidió utilizar un documento elaborado por los abogados de Celec como parte de una estrategia de comunicación del Gobierno para aparecer como si ya hubieran descubierto quién se quedó con el dinero, algo que es falso. 

Esa decisión transformó una herramienta jurídica concebida para un litigio en un instrumento de propaganda política. Si esa divulgación termina debilitando la posición de Celec en el juicio, la responsabilidad política recaerá sobre Neira.

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En el plano administrativo, habría que establecer si Neira tenía autorización para divulgar un documento preparado por abogados externos para un litigio en curso. 

Si el memorando estaba sujeto a confidencialidad (como sostienen los abogados de Celec), la pregunta es quién autorizó su entrega al secretario de la Administración y con qué fundamento legal pudo difundirlo públicamente. Esa es una cuestión que podría dar lugar a investigaciones internas sobre el manejo de información reservada.

Pero donde el tema adquiere mayor relevancia es en la responsabilidad procesal. En el sistema judicial estadounidense, el privilegio abogado-cliente y la protección del ‘work product’ existen precisamente para impedir que la contraparte conozca la estrategia jurídica de quien demanda. 

¿Neira creó ventaja para Progen?

La defensa de Progen sostiene que la publicación realizada por Neira constituye una renuncia voluntaria a esa protección. Si el juez acepta ese argumento, el perjuicio no provendría únicamente de haber mostrado algunas páginas del memorando, sino de haber abierto la puerta para que Progen solicite acceso a un conjunto mucho más amplio de comunicaciones y análisis estratégicos.

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Si bien eso no significa que Neira sea jurídicamente responsable de una eventual derrota de Celec, el secretario de la Administración habría facilitado la tarea de un adversario del Estado ecuatoriano en un litigio de más de 100 millones de dólares. 

Neira creó un riesgo procesal que antes no existía: proporcionó a la defensa de Progen un argumento para intentar levantar la confidencialidad de documentos que, de otro modo, probablemente habrían permanecido protegidos.

Paradójicamente, en su afán por obtener un rédito político inmediato, Neira pudo haber entregado a la defensa de Progen la herramienta más valiosa que podía recibir: una oportunidad para conocer y cuestionar la estrategia jurídica del propio Estado ecuatoriano.

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Lo que debes saber

• La velocidad sigue siendo una de las principales causas de muerte en las vías.
• Expertos sostienen que el urbanismo táctico ha demostrado ser una herramienta eficaz para calmar el tránsito y reducir los siniestros, pero advierten que el reto es convertir estas intervenciones en permanentes.

Reducir la velocidad. La recomendación se repite siempre que hay un siniestro vial, pero las campañas parecen insuficientes para sacar a la rapidez en el desplazamiento de los vehículos de la lista de las principales causas de muerte en las vías.

“Cuando se conduce a velocidad excesiva, aumenta la probabilidad de que el conductor pierda el control del vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios de la vía pública puedan prever adecuadamente el comportamiento del auto”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Pero cuándo se considera que hay un exceso en la velocidad a la que se conduce? Se podría interpretar que ocurre cuando se maneja a más de 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, lo que en nuestras vías son considerados límites apropiados, suelen esconder consecuencias peligrosas.

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“Si un niño cruza frente a un automóvil a 13 metros de distancia, cuando el automóvil transita a 30 kilómetros por hora, este puede detenerse justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del auto es 50 km/h o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que sobreviva serán pocas”, sentencia la OMS.

En la vía Perimetral, la de mayor siniestralidad según el Observatorio de Movilidad, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el límite es 90 km/h. En la vía a la costa, donde los incidentes ocurren casi a diario, es 80 km/h.

Durante un operativo preventivo que realizó la ATM hace un mes, se detectaron vehículos que superaron los 100 km/h en esta vía rodeada de urbanizaciones y comercios.

“Convencer a los conductores de que manejen dentro de los límites de velocidad permitidos no siempre es fácil, pero es un desafío que debe enfrentarse, pues se ha comprobado que las velocidades elevadas aumentan el número de siniestros viales y, por lo tanto, de lesionados y fallecidos; mientras que la disminución de la velocidad los reduce”, insiste la OMS.

¿Cuál es el fin de estas intervenciones?

Cambiar la infraestructura para forzar esta reducción y recuperar espacios para las personas, es uno de los objetivos de las intervenciones de urbanismo táctico que se han realizado en sectores del noroeste, sur y centro de la ciudad.

En 2022, la administración de Cynthia Viteri intervino la zona de la avenida Mariana Argudo Chejín, desde Domingo Comín hasta Alberto Spencer, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo.

Desde entonces, las calles dejaron de ser sinónimo de velocidad. Con maceteros, bolardos y pintura se pacificó la vía.

“Antes eran casi el 40 % de los vehículos que excedían la velocidad estipulada en el diseño de la calle, de 50 km/h. Ahora vemos que no pasan del 16% los vehículos que exceden la velocidad. Con el diseño puedes regular justamente eso”, explica Fernando de la Torre, gerente de programas de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI), organización que asesora al Municipio en este tipo de intervenciones.

Este proyecto llevó incluso a que GDCI incluya a Guayaquil, en 2025, en el programa ‘Streets for Kids Leadership Accelerator’, por haber ejecutado 47 intervenciones en los alrededores de centros educativos, en los últimos dos años, para reducir los límites de velocidad a 20 km/h.

Las intervenciones se han realizado en sitios como Colombia y la 39, en el sector de Cristo Rey, y afuera de la escuela Jorge Enrique Adoum, en la cooperativa Juan Montalvo.

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“Esto sí cubre bastante para que no haya muchos siniestros con los niñitos que salen. Estuvo muy bien, pero se necesita que sea un poquito más cerradito (el paso), porque hay motos lineales que se cruzan”, dice Marcia Ollague, madre de familia.

Paola Coello, otra representante de esta escuela, señala que en otra zona de la misma cooperativa hay planteles donde los carros, incluidos expresos, circulan a exceso de velocidad, pese a que son calles empinadas. Por eso cree que este tipo de obras deben ampliarse a otros sectores.

A ese desafío se suma el hecho de hacer que las intervenciones, que son temporales, pasen a ser definitivas tras un tiempo de evaluación. Así lo considera Alberto Hidalgo, magíster en Urbanismo y especialista en movilidad activa y seguridad vial.

“Si no hay una estrategia de que esto sea permanente, simplemente luego se pierde. De hecho, es contraproducente porque se dañan las macetas o incluso hay más gasto para el mantenimiento de la pintura”, explica el especialista, quien señala que la temporalidad no debería ser mayor a seis meses.

Otro punto intervenido fue el tramo norte del bulevar 9 de Octubre, entre Quito y Machala. Ahí, las personas aprovechan para sentarse a conversar bajo la sombra de árboles, pese a que los motociclistas ingresan y se estacionan incluso en el espacio del cicloparqueo.

Hidalgo cree que ahí podrían crearse más espacios para descanso y recreación. Incluso, menciona el caso de parques en Quito donde se han creado zonas de cuidado para madres con sus niños. Así se brinda un “espacio público mucho más habitable para las personas”.

Para De la Torre, que se ejecuten más intervenciones depende de la voluntad política, porque suele ser un tema que al inicio genera resistencia, pero que termina convenciendo a las personas, al darse cuenta de los beneficios generados.

“Se tiene que dar ese salto para que las personas que tienen un poco más de poder político o de decisión tomen justamente estas opciones, que son mucho más rentables que dejarle a la ciudad con la misma dinámica que existe”, señala.

Por eso, masificar las intervenciones para cambiar el diseño vial y hacerlas permanentes, es el desafío que tiene la ciudad para reducir no solo la velocidad en las vías, sino las muertes por siniestros de tránsito.

Lo que debes saber:

• Las Casas Quito crece como ruta gastronómica; desde 2012, Junior Córdova impulsa locales y atrae comensales de toda la ciudad.
• Vecinos y dueños residentes sostienen equilibrio en el barrio; evitan discotecas y priorizan convivencia y seguridad comunitaria.
• Córdova alerta riesgo de expansión sin control; teme repetir caso La Mariscal por uso de suelo y presión inmobiliaria.

Nació en Baños, en Tungurahua, pero desde hace 14 años Junior Córdova se instaló en Las Casas, en el centro-norte de Quito, y sin proponérselo terminó por iniciar con el primero de varios locales que le inyectaron nueva vida. 

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El sector conserva un ritmo de barrio: algunos de los vecinos que se saludan crecieron juntos (fueron niños, luego jóvenes y hoy son abuelos). Se los ve caminando lento, apoyados en el brazo de enfermeras o hijos.

A ese latido, que solo proporcionan los residentes a un barrio, a diario se suman rostros que lo mantienen en movimiento y en la mira de quienes incluso llegan de los valles. Las Casas se ha ido convirtiendo en una parada obligada para quienes buscan una ruta gastronómica distinta, alejada de la oferta de los centros comerciales.

Lo especial y probablemente lo que ha permitido que todavía no lleguen locales estruendosos con combos de cerveza, ruido y más problemas, es que buena parte de los propietarios también son residentes.

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Así llegó la gastronomía a Las Casas

Uno de ellos es Junior Córdova. No cierra Shibumi para marcharse a descansar a otra zona, sino que reside en la misma casa donde funciona su restaurante especializado en sushi. 

Tal vez por eso, y por la lógica comunitaria que aún persiste, Las Casas mantiene una suerte de equilibrio, una atmósfera que parece preservada. No es un punto donde lleguen miles, hay árboles, lugares para parquear, aire de comunidad.

Córdova, convertido en una de las voces más activas del colectivo que dinamiza la zona, no oculta su preocupación. Ese encanto podría diluirse si no se controla el uso de suelo y la expansión comercial se desborda. Eso pasó en La Mariscal, donde un lugar bohemio, pensado como zona rosa, se salió de control, por lo que gran parte de vecinos se mudaron.

“La Mariscal fue un barrio súper bonito. En mi juventud lo disfruté, pero se dio una degradación después del año 2000. No hubo coordinación, simplemente se permitió que todos los que quieran vayan”, reflexiona.

El temor de que todo se salga de control

El hecho de ser vistos como una zona gastronómica en Quito es un imán. Incluso los vecinos cuentan que hace unos meses, el Municipio llegó para ubicar un espacio de zona azul. Pero el barrio y los locales los detuvieron, les hicieron ver que las aceras estaban destruidas, así que tuvieron que repararlas.

El ritmo de vecindad en el barrio

Esa percepción de seguridad se sostiene en gestos cotidianos: un guardia que acompaña a una vecina hasta su casa por la noche, al notar que acaba de salir del gimnasio, mientras otro cubre su puesto. 

O las bancas de madera junto a algunos locales, donde adultos mayores descansan unos minutos acompañados por sus cuidadoras. Escenas que dan la idea de comunidad, de calma, de un buen lugar para ir a comer algo rico.

Córdova llegó al sitio tras casarse con Soledad, residente del lugar. Creció entre bares y restaurantes en Baños, emigró a Dinamarca y allí un chef japonés le enseñó a preparar sushi. De ese recorrido nació Shibumi, un nombre que alude a la belleza de lo simple, sin artificios, explica.

En Las Casas no hay discotecas ni cervecerías de gran formato, sino un bar pequeño, así como propuestas cuidadas y precios que se ajustan a la oferta especializada, explica Córdova. Se puede acudir a Broz, tostaduría y cafetería; Plural, casa de bebidas; Chulpi Urbano, un restaurante de comida ecuatoriana; la pastelería Miel & Chocolate; Blum Heladería; comer platos lojanos, etc.

La convivencia entre negocios, rememora, ha sido posible gracias al diálogo. Si llega un local masivo, concentrado en la venta de licor o una discoteca, habría problemas. Él mismo, si eventualmente un local permanece abierto más allá de las 23:00, no puede dormir. 

No necesariamente por el ruido que cinco personas en la calle hagan, sino por temor a lo que podría pasar, porque están más expuestos.

Las ferias en Las Casas

Pero entre restaurantes pequeños es manejable: se conversa y se coordina, afirma. Bajo esa premisa han hecho posible que iniciativas colectivas como ‘Salsa en la calle’ llegue a Las Casas. Con el apoyo de los restaurantes y más locales se concretaron dos ediciones en febrero y junio 2026, en el parque Italia, que combinaron gastronomía, arte y música.

Ahora el colectivo de restaurantes, que incluso cuenta con un chat comunitario, se ha propuesto preparar una nueva feria de forma independiente. Esta vez no piensan en una fiesta, sino en un enfoque más familiar y concentrado específicamente en lo gastronómico, quizá con un DJ y un cantautor. Será en agosto, aprovechando que es el Mes de las Artes.

Para esta y otras iniciativas, el colectivo de restauranteros se comunica con la Administración Zonal La Mariscal. Quieren ayuda para tener carpas y electricidad.

Durante las ferias, los organizadores asumen la logística: seguridad para los vehículos, limpieza del parque y coordinación con la Zonal. El esfuerzo es compartido. “Cada uno aporta desde lo que sabe hacer: redes sociales, organización, contactos. No es algo impuesto, sino construido entre todos”.

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Las Casas se consolida como un enclave donde conviven emprendimientos gastronómicos y alma de barrio. El desafío, coinciden, es sostener ese equilibrio y que el éxito que le da vida, no lo desdibuje.

Todos los barrios, San Juan o La Gasca, deberían tener unos cuatro locales, por lo menos.Junior Córdova

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