Lo que debe saber

• Guayaquil: El quintal pasó de $27 en julio a $37,50 en septiembre, según el SIPA.
• Octubre: El arroz Conejo se vende alrededor de $41,95, Oso Flor en $46,50 y el envejecido llega a $49,50 en algunas bodegas.
• La discusión: Comerciantes atribuyen el alza a la menor disponibilidad tras la cosecha, mientras agricultores piden transparentar las existencias nacionales.

El precio del arroz sigue subiendo y la escalada ya se siente en las bodegas y en el bolsillo de los consumidores. Agricultores, comerciantes y clientes finales coinciden en que el valor del grano mantiene una curva ascendente, aunque existen distintas explicaciones sobre las causas.

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Las cifras del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) muestran el cambio. En Guayaquil, el quintal de arroz pasó de $27 en julio de 2026 a $37,50 en septiembre. En Quito, en cambio, el precio pasó de $54,33 a $55 durante el mismo período.

En octubre, los comerciantes reportan nuevos incrementos.

De $29 a casi $50 en pocas semanas

José Luis Unda, experto en distribución y comercialización de alimentos de Prolimentos, explicó a Diario EXPRESO que en los primeros días de octubre el precio de algunas variedades continúa subiendo.

El arroz Conejo se comercializa en $41,95, mientras que el Oso Flor llega a $46,50 y el envejecido bordea los $49,50. Unda señala que esos valores corresponden a cargas que lograron conseguir a un precio relativamente menor.

En las piladoras, el Conejo ya se cotiza en alrededor de $44, el Oso Flor en $48 y el envejecido en $52.

El salto es considerable. Hace unas tres semanas, según Unda, esas mismas variedades se vendían aproximadamente en $29, $32 y $38,50, respectivamente.

El incremento ocurre después de que terminó la cosecha de arroz de verano, una de las principales del año.

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Agricultores cuestionan que el alza llegue al productor

José Luis García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó que hace unos 15 días terminó la cosecha de verano en Guayas y Los Ríos. En ese ciclo se habrían cosechado alrededor de 400.000 toneladas de arroz en cáscara.

Durante la cosecha, la saca llegó a pagarse hasta en $25. García sostiene que, una vez que disminuyó el volumen de arroz disponible inmediatamente después del pico de producción, comenzó el incremento del precio.

Sin embargo, cuestiona que este aumento esté beneficiando de manera general a los agricultores.

Según su explicación, buena parte del arroz ya había pasado a manos de intermediarios, por lo tanto el agricultor no se beneficia de los altos precios.

García también señala que las lluvias y las inundaciones en zonas tradicionalmente afectadas durante el invierno han generado preocupación entre comerciantes y consumidores. A su juicio, esa situación ha alimentado la percepción de que existe una escasez generalizada.

El dirigente sostiene que se debería transparentar cuánto arroz existe en el país y cuáles son las reservas disponibles. Según sus cifras, Ecuador consume unas 740.000 toneladas de arroz pilado al año, mientras que la producción nacional llegaría a unas 900.000 toneladas.

También señala que unas 10.000 hectáreas se han perdido por afectaciones climáticas, frente a unas 300.000 hectáreas que se siembran en el país, por lo que considera que la pérdida representa cerca del 3 % del área cultivada.

EXPRESO consultó a los gremios de industriales arroceros para conocer si las desconexiones eléctricas aplicadas a las industrias podrían estar incidiendo en el nuevo incremento del precio. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Según García las piladoras no trabajan los días en que deben tener generación electrica propia.

Lo que debes saber

• La anulación de la candidatura se resolvió durante un fin de semana sin derecho a la defensa.
• El fallo se fundamenta en una destitución de 2023 por negarse a designar a Wilman Terán.
• Se denuncia un trato diferenciado del TCE frente al caso de la exconsejera Rosa Chalá.

La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, cuestiona el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que anuló su candidatura, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sostiene que la impugnación sobre su probidad notoria carece de sustento jurídico, defiende su negativa previa a designar a Wilman Terán y denuncia un trato desigual respecto a otros aspirantes, anticipando acciones ante instancias internacionales y alertando sobre presiones políticas para controlar la designación de autoridades.

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- El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura, pero el TCE resolvió anularla por una denuncia electoral en su contra. ¿Por qué es improcedente?

Las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral están en contra de la democracia. Se me ha descalificado en un fin de semana en el que no se me permitió el debido derecho a la defensa. Nunca comparecí. No solamente afecta mis derechos y mi dignidad, porque se cuestiona mi probidad notoria, sino también los derechos de la ciudadanía a poder elegir de manera libre.

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- La denuncia en su contra cuestiona su probidad por la destitución que ordenó la Corte Constitucional en 2023. ¿Es argumento suficiente para descalificarla?

La probidad notoria tiene que ver con la conducta debida, con la trayectoria, con la honestidad. Nunca he tenido una responsabilidad penal, civil, ni siquiera una responsabilidad administrativa. Esa destitución, que fue dada por un supuesto incumplimiento de funciones, la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue admitida porque revisaron algunos puntos a considerarse, en los que prácticamente a mí se me destituyó por no designar a Wilman Terán.

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- ¿Todo se remonta a ese momento?

En un contexto en el que mis excompañeros estaban ya destituidos por la Asamblea Nacional, ya había sido una pelea durante meses por designar al presidente en la que demostré que quise designar; pero luego llega la terna donde estaba Wilman Terán y yo me opuse a elegirlo. Me destituyen por no elegir a Wilman Terán y ahora se cuestiona mi probidad notoria por no elegir a un hombre que está preso e involucrado en algunas acciones penales y civiles.

- ¿El TCE ha fallado diferente con otros candidatos?

Es contradictorio el fallo. Más allá de que se saltaron procedimientos, hay algunos candidatos cuyas impugnaciones, bajo las mismas causales y las mismas figuras, fueron rechazadas, y la mía fue aceptada. Es el caso de la exconsejera Rosa Chalá, con la que se actuó en derecho porque ella fue destituida también por la Asamblea Nacional y a ella también se le estaba impugnando la probidad notoria; en ese contexto, a ella se le da a favor y a mí se me da en contra. Aquí hay un direccionamiento claro en mi contra por parte del TCE.

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- ¿Queda algún recurso que pueda presentar para estar en la papeleta electoral?

No me aferro a una candidatura. A lo que sí me aferro es a la honestidad, a la transparencia, a la dignidad humana y a la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. No quiero que esto cree un precedente. Iré a las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.

- ¿Qué o quién está detrás de estos movimientos?

Lo indiqué en la ocasión en que fui presidenta: había presiones políticas para designar a las altas autoridades del Estado a conveniencia de ciertos grupos de interés. Lo denuncié en su momento y ahora lo sigo denunciando, porque es evidente que ese es el meollo del asunto. Nunca he dado pie a luchar a ultranza la designación de autoridades por parte del CPCCS porque he visto las presiones que tienen y cómo estos grupos tratan de apoderarse —y lamentablemente veo que lo han hecho— de las instituciones públicas.

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- ¿Cree que quitando la facultad de designación de autoridades termine ese interés político?

La democracia es lo que tiene que primar y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre si debe designar o no a las autoridades del Estado. En lo personal, he defendido la democracia y eso es lo que hay que respetar. Mientras el CPCCS tenga la atribución de designar autoridades, tiene que cumplirla a cabalidad porque así está en la Constitución.

Esta desesperación del Gobierno demuestra que no basta para asegurarse la victoria el operativo que se montó para descalificar a potenciales candidatos rivales, gracias al control de los organismos electorales, y para disuadir a otros de que se candidaticen, con amenazas de represalias de lo más variopintas. 

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La aparición de Noboa en un video grabado en una banca de la Plaza Grande de Quito y difundido por el órgano oficial El Universo (el operativo de seguridad para arreglar el escenario fue gigante y traumático para el Centro Histórico), lanzando la oferta para el programa Jóvenes en Acción, no hizo sino poner esta angurria electoral en escena.

El aumento de cupos para el nuevo programa

De entre todos los ofrecimientos hechos calculando la cercanía de las elecciones, sin duda, el más burdo es el del bono. El programa tenía inicialmente 150.000 cupos y ahora, cuando se acercan las elecciones, ese número saltó a 700 000. 

El aumento no es pelo de cochino: son 550.000 beneficiarios adicionales, es decir, casi 4,7 veces la cifra original. Cada uno recibirá, según la promesa hecha por Noboa desde el Centro Histórico de Quito, 400 dólares mensuales durante dos meses. Si se cumple íntegramente lo anunciado, cosa que sería una tragedia para la economía del país, la transferencia alcanzaría la brutal cifra de 560 millones.

La propuesta es demencial, entre otras razones, porque la proforma presupuestaria de 2026 contemplaba apenas un millón de dólares para Jóvenes en Acción. La oferta del 1 de octubre equivale, por tanto, a unas 560 veces esa asignación y el Gobierno no ha explicado de dónde va a salir todo ese dinero. Aún más demencial es la promesa si se toma en cuenta que el Gobierno no ha sido capaz de comprar los medicamentos que gran parte de la población necesita. Además, su cumplimiento sería luego de los devastadores efectos que tendrá (ya está teniendo) el fenómeno de El Niño y la crisis energética que se está sufriendo.

La coincidencia con el calendario electoral

En el Gobierno dirán que se trata de una política social que el país necesita, pero el calendario electoral hace que esa afirmación sea mentirosa: las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) están previstas para el 29 de noviembre de 2026. El primer pago de los nuevos Jóvenes en Acción está anunciado para el 30 de octubre y el segundo para el 27 de noviembre, apenas dos días antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Más grosero no puede ser.

Y este no sería el primer episodio en el que una transferencia de liquidez del Gobierno coincide casi exactamente con una votación. En noviembre de 2025, antes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, Noboa dispuso adelantar el pago del décimo tercer sueldo de los servidores públicos. El pago comenzó el 11 de noviembre, apenas cinco días antes, y el Ministerio del Trabajo estableció que el pago completo debía efectuarse hasta el 14 de noviembre, apenas dos días antes de la consulta.

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El Gobierno explicó entonces que la medida buscaba inyectar liquidez, apoyar a las familias e impulsar el consumo. El propio SRI atribuyó posteriormente parte del aumento de las ventas de finales de noviembre de 2025 al adelanto del décimo. Pero el ‘timing’ no deja lugar a dudas: esto es clientelismo puro y duro.

Ahora se repite la escena con una escala mucho mayor. A los 560 millones de dólares prometidos para jóvenes se suma el adelanto del décimo tercer sueldo del sector público al 16 de noviembre de 2026, 38 días antes del plazo legal de diciembre. Y también aparece un feriado extraordinario el 20 de noviembre, tan solo nueve días antes de los comicios.

Las antenas parlantes del Gobierno sostienen que aquí no hay clientelismo, pero ninguna de ellas es capaz de responder a la pregunta política y fiscal: ¿por qué una administración que durante meses habla de restricciones presupuestarias termina multiplicando beneficios, adelanta pagos y agrega feriados justamente cuando se aproxima una elección decisiva?

No se trata de negar la necesidad de ayudar a los jóvenes ni de cuestionar que el dinero llegue a los hogares. El problema está en exigir que el Gobierno explique cuánto cuesta, de dónde saldrá, quiénes recibirán el beneficio, con qué criterios serán seleccionados y por qué el calendario de estas medidas coincide tan precisamente con las urnas. Y eso, al menos hasta ahora, no ha ocurrido.

Más allá de la coyuntura electoral y del problema fiscal, este episodio señala algunas cosas sobre las que la academia y los politólogos deberían reflexionar: cómo los regímenes autoritarios y antidemocráticos que deben legitimarse en elecciones recurren a estos recursos de clientelismo puro. Ya lo hizo Hugo Chávez en Venezuela cuando gastó 2,6 mil millones de dólares en la ampliación de las llamadas ‘Misiones’, antes del referéndum revocatorio de agosto de 2004.

Chávez llegó a reconocer el componente político de su decisión. En una declaración de 2004 explicó que después de conocer encuestas que indicaban que perdería el referéndum, empezaron a crear las ‘Misiones’ y que con ellas comenzaron a remontar en los sondeos.

Lo que debes saber:

• Carishinas en Bici enseña ciclismo urbano a mujeres de todas las edades en Quito.
• El colectivo de ciclistas cumplió 16 años de fundación en agosto del 2026.
• Jazz Armas es una de las carishinas en bici, enseñan de forma personalizada, a niñas y también a adultas mayores, también a hombres.

Cuando Jazz Armas era niña, solía pedirle a su padre que le comprara una bicicleta. Ese día nunca llegó. Tuvo que esperar hasta 2013, cuando comenzó a trabajar en el Instituto Geográfico Militar, en El Dorado, para descubrir en ella, una forma de desplazarse por Quito. 

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Para llegar hasta allí y volver a su casa, ubicada entonces en la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas, se acercaba a la primera estación de la BiciQ.

Poco después se incorporó a un colectivo de ciclistas. En sus salidas aprendió algunas de las habilidades que necesitaba para moverse en bicicleta por la urbe. Más tarde, enseñó a manejar a niños en un curso vacacional y conoció a otra carishina, Daniela Barragán. 

Luego la invitaron a ser instructora en Tena y, finalmente, a formar parte de Carishinas en Bici, que en agosto del 2026 cumplió 16 años.

Mientras habla, Jazz limpia su bicicleta, una GER 700x26, ligera y rápida gracias a sus llantas delgadas. “Es fácil de transportar, yo la carga con un brazo sin problema si hay grados en el camino”, explica.

No es su primera bicicleta. Antes tenía una Eagle, rin 26, de montaña básica, que utilizaba tanto para recorrer largas distancias como para moverse por la ciudad. Pero, se la robaron. 

Como buena 'carishina' tiene una segunda bicicleta, una MTB, para montaña. "Es más pro, frenos hidráulicos, bloqueo de suspensión al volante, componentes de gama alta. Se llama Espartana".

¿Por qué pedalear por la capital?

Jazz está convencida de que todas las mujeres deberían tener la posibilidad de aprender a montar en bicicleta. “A las mujeres nos dio libertad”, dice. 

Para ella es una herramienta de emancipación. Recuerda que hubo una época en la que las mujeres no podían salir solas y que, incluso para pedalear, debían llevar vestido.

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"Es más que un instrumento para movilizarnos. Mi cuerpo es mi motor: enseña a cuidar la postura, a ubicar las piernas. La bicicleta empodera. Nos cambió la vida. A los hombres quizás, les dio estatus", reflexiona.

Y en ese sentido, Jazz Armas, quien es comunicadora, subraya que el nombre del colectivo resignifica la palabra “carishina”, un término kichwa que hace referencia a una mujer que no quiere hacer aquello que normalmente se espera de ella y que, en determinados contextos, también se ha relacionado con quienes hacen actividades consideradas propias de los hombres, como montar en bicicleta.

La iniciativa de fundar un colectivo llamado Carishinas en Bici fue impulsada, entre otras, por la estadounidense Charlotte Fagan y la quiteña Sofía Gordón, hace 16 años.

Hoy, Jazz, quien trabaja con el equipo de gestión del colectivo, disfruta especialmente cuando puede sumar nuevas alumnas y alumnos. Las carishinas enseñan a niñas y niños pequeños que todavía no saben montar hasta jóvenes y mujeres mayores a quienes alguna vez les dijeron que la bicicleta era cosa de hombres.

Por ejemplo, ella tiene en mente la historia de tres hermanas de más de 60 años, que durante toda su vida soñaron con aprender a pedalear. Su madre nunca se los permitió. Cuando ella murió, las tres se propusieron cumplir ese deseo.

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Una de ellas fue alumna de Jazz. El día que consiguió pedalear sola durante un tramo, se rompió en llanto. Las dos se abrazaron. La mujer solo podía repetirle una frase: “No sabes lo que significa para mí”.

La escuela de ciclismo urbano de las Carishinas, de Quito

Son esos momentos los que las Carishinas en Bici quieren multiplicar: mujeres que, a cualquier edad, descubran que también pueden aprender, pedalear y avanzar por sí mismas.

Ellas mantienen la escuela de ciclismo urbano, que es autogestionada, por lo que reciben $ 59 por las cinco clases de una hora y media cada día, personalizadas. Una instructora acude a donde pida la pupila, puede ser su domicilio, un parque cercano. 

Se puede tomar los niveles básico, intermedio o avanzado. Aprenden desde el equilibrio para manejar, sortear curvas cerradas y abiertas, cambiar de marchas, frenar y estar listas para circular en el tráfico. Jazz admite que ella no ‘ratonea’ entre los carros, prefiere usar las ciclovías.

”A todas las pupilas, niñas, mujeres de 70 y 80 años que preparamos como bicimensajeras, les decimos que seguro se caerán. Ese es su mayor miedo y nos frena. Les damos herramientas para no hacerse daño y levantarse”.

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Lo que debes saber

• Cuenca ofrece un antecedente de las seccionales de 2023.
• La proporción de electores rurales varía entre territorios.
• En Manabí, el voto nulo añade un elemento a la disputa por la Prefectura.

Si el voto de las grandes ciudades vuelve a dispersarse entre varias candidaturas, la definición de algunas alcaldías podría mirar hacia sus circunscripciones rurales, observan expertos en materia electoral. Aunque el peso de esos electores no será igual en todo el país, podrían volverse decisivos allí donde su presencia sea significativa debido a una votación dividida en las urbes.

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Un antecedente que vuelve a escena

Ese escenario no parte de una hipótesis aislada, sino de una dinámica que ya tuvo un antecedente en las seccionales de 2023, menciona Andrés Obando, analista político. En Cuenca, Cristian Zamora ganó la Alcaldía con 18,58 % de los votos, y alrededor del 40 % de ese total provenía de las zonas rurales de la urbe.

El experto considera que una dinámica similar podría presentarse en los comicios de noviembre de 2026. Que “la ruralidad también vuelva a poner esa dinámica de Cuenca” en otras ciudades es una posibilidad, en un escenario de proliferación de candidaturas y fragmentación electoral.

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El peso electoral cambia según cada ciudad

Wilmer Suárez, director del Observatorio Territorial Multidisciplinario de la Universidad Laica Eloy Alfaro, plantea que el impacto deberá medirse según el porcentaje de la población rural de cada ciudad. Estima que la ruralidad representa el 38 % del voto, pero advierte que existen diferencias importantes entre territorios.

Quito, por ejemplo, tendría alrededor de un 15 % de ruralidad y Guayaquil cerca del 5 %, mientras Portoviejo alcanzaría 28 % y El Oro 30 %, según Suárez. Esas proporciones hacen que una misma fragmentación electoral no tenga necesariamente las mismas consecuencias en todas las ciudades.

Por eso, la pregunta no sería únicamente cuántos votos reúne la ruralidad, sino cuánto representa frente a un electorado urbano dividido. Suárez dice que “si hay ciudades que tienen bastante dispersión del voto” y existen tres o cuatro candidaturas con opciones, es evidente que “va a tener mayor impacto probablemente lo rural”.

Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, señala que la incidencia no solo se limita a los cabildos. Sostiene que ese electorado ha tenido históricamente un papel importante en la definición de prefecturas y en las alcaldías de las ciudades más pequeñas de las provincias. En Guayas, por ejemplo, representa alrededor del 40 % del total de la población.

Para Obando, los comicios seccionales tienen una característica que favorece esta lectura territorial, lo que obliga a que las candidaturas no traten al electorado rural como un bloque uniforme. “Se microsegmenta en el territorio”, explica Obando, debido a que cada junta parroquial, concejalía rural, alcaldía o prefectura responde a realidades propias.

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Manabí suma una variable a la contienda

Un caso particular será Manabí, donde la disputa por la Prefectura tendrá un componente adicional: la Revolución Ciudadana promueve el voto nulo luego de que sus dos opciones para esa dignidad, Luisa González y Jaime Estrada, quedaron fuera de la contienda. Para Moscoso, el impacto de esa estrategia será medida en las urnas el 29 de noviembre, aunque, a su juicio, no producirá un efecto jurídico que lleve a una nueva elección.

Ese escenario podría introducir otra variable en la relación entre voto urbano y rural. Wilmer Suárez subraya que en Manabí existe “una eventual polarización entre dos candidatos”. Por eso Nicanor Moscoso recuerda que el correísmo ha mantenido históricamente un respaldo elevado en esa provincia, tanto en zonas urbanas como rurales, por lo que ha sido considerada como su bastión político.

Eso hace que la estrategia de campaña sea otro elemento para determinar si ese voto termina trasladando su peso electoral a una candidatura. No obstante, Suárez advierte que en provincias grandes como Guayas, Pichincha y Manabí, será difícil que los postulantes nuevos logren instalarse en el espectro rural en poco tiempo “si no van al territorio”.

Productos ecuatorianos con sello internacional

• Origen by Jorge Rausch celebró su primer año en Quito con una cena de cinco tiempos que reflejó la evolución de una carta que combina la cocina de autor del chef colombiano con productos ecuatorianos.
• Rausch repasó los cambios del restaurante, sus platos favoritos y sus visitas al país, y aseguró que Origen es apenas el punto de partida de futuros proyectos en Ecuador.

La celebración empezó con un pequeño bocado de morrillo estofado en cerveza, servido con alioli y pan de masa madre. Después llegó el pez brujo: un ceviche en leche de tigre de liches, acompañado de yacón, cebolla y una espuma de coco con aguardiente de caña manabita.

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Hubo también una croqueta de risotto rellena de tartufato; róbalo a la plancha con puré de coliflor, espuma de papa amarilla y salsa de ostras; y un rib eye acompañado de hummus, beurre noisette y una ensaladilla de camarones.

El cierre llegó con un falso coco de crema de queso bañado en cacao al 70 %, relleno de mango rostizado y matcha, y acompañado de helado de jengibre. El menú no pertenecía a la carta habitual. Fue creado para una cena de cinco tiempos que, con música en vivo, marcó el primer aniversario de Origen by Jorge Rausch en Quito.

El chef colombiano regresó a Ecuador para encabezar la celebración. Había pasado un año desde que el restaurante abrió sus puertas en La Floresta, en la esquina de Francisco Salazar y Toledo. Era su primer proyecto gastronómico en el país y una idea que, antes de convertirse en un restaurante, había comenzado con una llamada telefónica.

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Detrás de esa llamada estaba Bolívar Lozada, empresario quiteño que llevaba varios años pensando en abrir un espacio propio. Su interés por la cocina había empezado mucho antes, entre reuniones familiares, asados y ahumados, pero alrededor de 2020 la posibilidad de convertir esa afición en un negocio comenzó a tomar forma. Para 2024, el proyecto ya tenía un espacio y una primera propuesta gastronómica. Faltaba encontrar a quien pudiera llevarla hacia la cocina de autor que buscaban.

Lozada consiguió el número del chef y lo llamó desde Guayaquil. Hablaron durante unos diez minutos, y tres semanas después llegó la respuesta del aclamado chef: el proyecto podía arrancar.

El interés, además, era mutuo. Rausch llevaba varios años pensando en desarrollar un proyecto gastronómico en Ecuador cuando encontrara el lugar y los socios adecuados. De esa intención salió también el nombre: Origen debía ser el punto de partida de una nueva etapa en el país después de más de 25 años de trayectoria y de desarrollar restaurantes en mercados como Colombia y Panamá.

Una carta en movimiento

Doce meses después, la carta con la que abrió Origen sigue siendo reconocible. Algunos platos han salido, otros se han incorporado por temporadas y las cenas de degustación se han convertido en el espacio para probar nuevas preparaciones. El chef, sin embargo, prefiere que esos cambios sean graduales: sabe que hay comensales que regresan buscando aquello que ya probaron.

“Ha cambiado uno que otro plato. Hacemos este tipo de cenas de degustación, donde sacamos platos nuevos, pero tratamos de mantener la carta sin tantos cambios. Quiero que evolucione, pero también hay gente que se enamora de ciertos platos y uno quiere que vuelva y los encuentre”, explica.

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Actualmente, la carta reúne alrededor de 30 opciones entre entradas frías y calientes, platos fuertes y postres. No se trata de cocina ecuatoriana, sino de la cocina de autor trasladada al país: una propuesta contemporánea, de marcada influencia francesa, que incorpora productos provenientes de distintas zonas del país.

Y son precisamente esos ingredientes los que han marcado parte de su experiencia durante este primer año. Rausch destaca especialmente los pescados y mariscos locales —atún, camarón y langostinos—, además de especies como el brujo de Galápagos.

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Cuando se le pregunta cuáles se han convertido en favoritos, este separa los del público de los suyos.

“A la gente le encanta la sopa de cebolla. A mí me encantan las mollejas y el tiramisú. En realidad, me encantan todos, pero esos están entre mis favoritos”, cuenta.

La sopa de cebolla está en el menú desde la apertura, gratinada con queso gruyer y acompañada de pan de masa madre. Otro de los platos que permanece es el Mero à L’ancienne, una receta de inspiración francesa que lleva cerca de dos décadas en la cocina de Rausch y que, para su llegada a Quito, fue reformulada.

Una cocina entre dos países

Mantener el proyecto implica encontrar espacio en una agenda que se divide entre restaurantes, televisión, producción de contenido, clases y, recientemente, teatro. Rausch tampoco establece un calendario fijo para sus visitas a Ecuador: puede pasar algunos meses sin venir y luego regresar dos veces en pocas semanas.

“Esa es mi vida: dividir el tiempo entre todas las cosas que se me ocurren hacer y tratar de hacerlas bien”, explica.

Cuando él no está, Hugo Mora mantiene el vínculo con la operación quiteña y viaja para trabajar directamente con el equipo en procesos de capacitación, supervisión y desarrollo. En el día a día, la cocina está a cargo del chef ecuatoriano Fernando Silva.

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Las visitas de Rausch suelen coincidir, además, con cenas especiales o momentos en los que se prueban nuevas preparaciones. Es entonces cuando recibe de manera directa parte de los comentarios de quienes han seguido al restaurante durante estos doce meses. Algunos clientes han regresado más de 15 veces; otros han llegado desde fuera de Quito para participar en los eventos.

Cumplido el primer año, el plan tampoco pasa por transformar radicalmente lo construido. El chef habla de seguir ajustando platos, crear nuevos menús de degustación y organizar eventos mientras Origen continúa desarrollando su propuesta.

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Por lo pronto, tampoco adelanta cuál será el siguiente proyecto que llevará su nombre en el país.

“Por ahora tengo este proyecto y con este tengo suficiente. Tengo mucho trabajo. Pero esto se llama Origen porque es el origen de mis cosas en Ecuador. Vendrán más cosas, pero vamos con paso firme”.

Lo que se sabe

• El precio actual de la funda de dos kilos de azúcar oscila entre $1,74 y $2,38 en supermercados y tiendas en línea, según la marca y el tipo de azúcar (blanca o morena).
• Según el consultor Santiago Jaramillo, la caña que quede sin cosechar en el campo podría registrar una pérdida de productividad de entre 20 % y 25 %, dependiendo de cómo evolucione el clima.
  
• 8.295 trabajadores y 55.331 hectáreas registra el censo agropecuario de la Prefectura del Guayas en el cultivo de caña.

Las lluvias adelantadas asociadas al fenómeno de El Niño interrumpieron la zafra 2026 en los principales ingenios azucareros de Ecuador. La molienda se detuvo esta semana, lo que llevará a importar azúcar para abastecer el mercado interno y podría repercutir en su precio.

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El Ingenio San Carlos anunció el cierre de su zafra debido a las lluvias, que, según Augusto Ayala, su vicepresidente administrativo, dejaron hasta 100 milímetros en una sola noche y dificultaron el ingreso de maquinaria a los campos sin dañar la cepa. Asimismo, Agroazúcar (Ingenio La Troncal), concluyó su zafra de forma anticipada el 30 de septiembre. El Ingenio Valdez no ha publicado un comunicado oficial, aunque Ayala, quien además preside la Federación Nacional de Azucareros (Fenazúcar), afirmó que también tuvo que hacer lo mismo.

Ayala fue claro: "Es indispensable traer azúcar de fuera. Las existencias que tenemos en el país no alcanzan". Fenazúcar ya pidió autorización al viceministerio de Agricultura para importarla. Ángel López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Cantón Milagro (APCAM), coincide en que no debería haber desabastecimiento, porque los ingenios traerían azúcar de Centroamérica, Brasil o Colombia para reensacarla. Hasta el año pasado, recuerda, Ecuador era autosuficiente.

La duda está en el precio. López considera que subirá, pues "traer azúcar de afuera es mucho más caro que producir internamente". Por ahora no hay cifras ni proyecciones oficiales: el efecto en el bolsillo es una posibilidad y su magnitud depende de cuánto cueste importar y de que se eviten aumentos especulativos.

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La especulación, otro frente abierto

Como referencia, hoy, 1 de octubre, el azúcar en presentación de dos kilogramos se vende en supermercados y tiendas en línea entre $1,74 y $2,38, según la marca y si es blanca o morena. Es el punto de partida para medir si hay variaciones en las próximas semanas.

El consultor agrícola Santiago Jaramillo matiza el panorama, puesto que no todos los ingenios han parado. Menciona que los más pequeños, como los de Loja e Imbabura, siguen operando. Estos concentran una oferta mucho menor y, según explica, tendrán un aporte al abastecimiento del consumo doméstico y familiar, pero no necesariamente el industrial. 

Para Jaramillo, el rol central del Estado es evitar la especulación. "Si el Estado no puede mitigar, es ineficiente en cuanto a las medidas, por lo menos que controle la especulación", sostiene. Su preocupación es que, ante la escasez de un producto, el ambiente se "caliente" y los precios suban sin justificación. Su llamado no es a fijar precios, sino a evitar que el impacto llegue al consumidor por esa vía.

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Las zonas productivas de caña enfrentan impactos distintos

La zafra no se detuvo en todo el país por igual. En Pacto, al noroccidente de Pichincha, el productor Manuel Vargas cuenta que su producción de caña de altura no ha parado, porque los terrenos son muy irregulares y el agua fluye. Su caña se destina a panela, panela en polvo y aguardiente, aunque reconoce que su volumen es reducido frente al de las plantaciones del Guayas.

Allí, las lluvias tempranas también se sienten, aunque de otra manera. Vargas estima el impacto en un 20%, debido a que la tierra floja se desliza y la humedad voltea las matas de caña, lo que reduce la producción. Además, los derrumbes dañan los caminos de acceso y, en ocasiones, afectan los puentes, lo que complica sacar el producto.

En el Guayas el panorama es distinto. Jaramillo precisa que se trata de una cosecha detenida, no de una pérdida total. La caña que se queda en el campo se deteriora y podría perder entre 20 % y 25 % de productividad y calidad, aunque el impacto final dependerá del clima: "No sabemos la intensidad de lo que pueda pasar de aquí para adelante". La paralización también afecta a la cadena: melaza, alcohol para el combustible Ecopaís y generación eléctrica. Ayala indicó que San Carlos aportaba 40 megavatios (MW) al sistema nacional que, desde el 1 de octubre, "no van a existir".

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Para los trabajadores, el golpe es inmediato. Ayala informó que los contratos de temporada terminan esta semana y que solo continuará el personal estable. El boletín con el que San Carlos anunció su zafra en julio hablaba de más de 4.000 empleos directos e indirectos en su zona de influencia. En el Guayas, el primer censo agropecuario de la Prefectura registra 55.331 hectáreas de caña y 8.295 trabajadores, sobre todo en Milagro, Marcelino Maridueña y El Triunfo.

López enumera a quienes quedan sin actividad: transportistas, mecánicos, alzadores, maquinistas y personal de seguridad. Los cañicultores que no alcanzaron a cosechar no tendrán ingresos mientras siguen con deudas de operación.

La prevención entra en juego

El Plan de Acción Nacional ante El Niño ya alertaba que las inundaciones comprometen los cultivos de exportación y la agroindustria de la costa, con Guayas a la cabeza con 268.761 hectáreas, sobre todo de arroz, caña industrial, banano y cacao. 

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Por eso, Jaramillo advierte que lo ocurrido con la caña es un aviso para otros cultivos, aunque los efectos no serán iguales. En la Costa recomienda reforzar el drenaje y el manejo sanitario por el exceso de humedad, además de contar con seguros agrícolas que funcionen.

A su juicio, el actual programa de aseguramiento agrícola subvencionado por el Estado no cumple ese papel: 16 años después del lanzamiento de Agroseguro, el esquema mantiene el mismo modelo y una cobertura deficiente. Hoy opera bajo la denominación de AgroProtege, con $17,8 millones anunciados para cuatro años, unos $4,45 millones anuales, que según Jaramillo permitirían asegurar apenas entre el 2 % y 3 % de los cerca de 2 millones de hectáreas cultivadas del país.

En cuanto al arroz, el consultor agrícola considera que será uno de los cultivos más afectados y recomienda no sembrarlo en zonas bajas. En cambio, ve posibilidades para el maíz en zonas altas y ventajas para el banano tecnificado.

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Mientras que, en la Sierra, donde podría haber sequía, sugiere no sembrar sin riego. La clave, dice, es anticiparse: "Todo es predecible bajo un plan integral". Si ese plan existe, añade, "no lo hemos visto todavía".

Diario EXPRESO consultó ayer a la Prefectura del Guayas sobre el impacto real de la crisis en trabajadores y cañicultores, la planificación ante El Niño y las acciones previstas para sostener a los cañicultores mientras no haya liquidez; y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber 

• Wilson Merino dejó el Concejo Metropolitano en agosto y busca la Alcaldía de Quito con Imparables.
• En 2023 llegó al Concejo con la Revolución Ciudadana, pero después se declaró independiente y criticó a Pabel Muñoz.
• - Su trayectoria incluye activismo social, experiencia pública, formación académica y un patrimonio declarado de $1,65 millones.
  

Wilson Merino llega a las elecciones seccionales después de cerrar un ciclo de tres años en el Concejo Metropolitano. En agosto renunció a su cargo para disputar la Alcaldía de Quito. 

Le invitamos a que lea: Harold Burbano, candidato de ADN a Quito: su trayectoria, polémicas y retos para la Alcaldía

Su recorrido político tiene una particularidad. En 2023 llegó al Concejo gracias a una alianza con la Revolución Ciudadana (RC). Fue elegido concejal por la circunscripción Centro. En aquel momento, incluso participó en las conversaciones del bloque correísta para la conformación del nuevo cuerpo colegiado.

La relación política, sin embargo, se fue deteriorando. Al poco tiempo, Merino terminó declarándose independiente y pasó a cuestionar públicamente la gestión del alcalde Pabel Muñoz.

En febrero de 2026, por ejemplo, presentó junto con vecinos una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura. También ha objetado el proceso de contratación pública para la adquisición de 60 trolebuses.

Así, su crítica al alcalde se volvió uno de los elementos centrales de su posicionamiento político. En entrevistas, ha calificado a la administración de Muñoz como una gestión que ha “reprobado”.

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De la alianza con la RC a su propio movimiento

El salto definitivo llegó con Imparables, organización que nació originalmente como un colectivo ciudadano y que obtuvo personería jurídica como movimiento político provincial el 17 de julio de 2025, tras una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De cara a las próximas elecciones, Merino tomó un camino distinto al que lo llevó al Concejo, pues en lugar de una alianza decidió apostar por su propio movimiento, Imparables.

Antes de convertirse en concejal, el candidato ya tenía una trayectoria pública vinculada principalmente al activismo social, el emprendimiento y la participación ciudadana.

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Una parte importante de su perfil está asociada a la Fundación Cecilia Rivadeneira, que fundó en 2004 en memoria de su madre, quien tenía ese nombre y murió de cáncer.

Merino ha contado que la experiencia de acompañar a su madre durante la enfermedad y conocer la realidad de las familias de pacientes oncológicos marcó su posterior actividad social.

Ese activismo también tuvo una dimensión política antes de que buscara un cargo de elección popular. En 2016 participó en la Red Acuerdo Nacional Contra el Cáncer, que impulsó una propuesta legislativa respaldada por más de 159.000 firmas. La iniciativa planteaba, entre otros aspectos, la creación de un sistema nacional para coordinar las políticas de lucha contra el cáncer.

En 2019 lideró el Cabildo Cívico de Quito, un espacio de consulta, propuesta y control social. Su biografía también registra su participación en iniciativas de educación y participación ciudadana.

Formación, sector público y patrimonio

En el ámbito profesional, Merino es ingeniero comercial. Su formación de posgrado está vinculada a la gestión, la innovación y la política. Su perfil académico incluye un máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona (2019). Y es magíster en Política Comparada por Flacso Ecuador (2022).

Su paso por el sector público se inició en 2020, en ConQuito, en la administración de Jorge Yunda. En cuanto al ámbito empresarial, en los registros de la Superintendencia de Compañías figura como gerente general en Get & Go Publicidad Cía. Ltda.

En materia patrimonial, la última declaración presentada ante la Contraloría, correspondiente a 2026 y registrada cuando era concejal, reporta un patrimonio total de $1’656.360,19: $1’670.315,36 en activos y $13.955,17 en pasivos.

Un año antes, en su declaración de 2025, registró un patrimonio de $2’137.267,85. Así, entre ambas declaraciones, el patrimonio declarado se redujo en aproximadamente $480.908.

Sobre el impuesto a la renta, la información pública del Servicio de Rentas Internas registra pagos de $1.750,81 en 2025, $1.625,75 en 2024 y $1.182,03 en 2023. En 2022 canceló $398,23.

¿Cómo ven analistas su perfil?

El analista político Rodrigo Jordán menciona que el conocimiento previo de los votantes es un factor relevante en una elección. Señala que Merino llega con cierto reconocimiento derivado tanto de su paso por el Concejo como de las confrontaciones públicas que mantuvo con Pabel Muñoz.

 Pero recalca que buena parte de los electores no sigue los detalles de la actividad política en general y que, por ello, el conocimiento que una candidatura tiene entre el electorado no necesariamente equivale a conocer su trayectoria o sus propuestas en profundidad.

Jordán también identifica un espacio político para una candidatura que no sea continuidad de la administración vigente ni retorno de una administración anterior. En ese contexto ubica a Merino como una alternativa que llega con experiencia institucional, pero sin haber ocupado antes la Alcaldía.

Otro punto que plantea el analista es el contenido programático. Menciona que la discusión electoral todavía necesita aterrizar en propuestas concretas sobre seguridad, movilidad y obras emblemáticas, más allá de la confrontación entre figuras políticas.

La analista Gabriela Guerrero señala otro aspecto. Recuerda que el candidato fue construyendo un nicho político a través de su trayectoria social y encontró en la concejalía una plataforma para ampliar ese capital político. 

Considera que su experiencia como edil le permite afirmar que conoce los problemas de Quito y el funcionamiento de la administración municipal. Pero hace una distinción: haber ejercido una concejalía no equivale necesariamente a tener experiencia como administrador de una ciudad.

También identifica una tensión en su trayectoria, ya que llegó al Concejo en una alianza con la RC y posteriormente se convirtió en uno de los críticos de Pabel Muñoz. Esa evolución forma parte inevitable de la historia política con la que ahora se presenta ante los votantes.

Lo que debes saber

• El PSC deja la carrera por la Alcaldía de Samborondón tras casi 30 años de hegemonía política.
• Niels Olsen y ADN capitalizan el voto afín a Noboa ante la retirada del socialcristianismo.
• Con renuncias e impugnaciones, la contienda electoral en Samborondón queda corta y desigual.

Juan José Yúnez fue reelecto en 2023 con el 63,54 % de los votos. Dos años después, en la segunda vuelta de abril de 2025, Daniel Noboa obtuvo en el mismo cantón el 61,27 %, y en noviembre de 2025 Samborondón fue el único de los veinticinco cantones del Guayas donde el Sí ganó las cuatro preguntas del referendo, con un promedio de 55,39 %. Hasta ahora, el voto por la familia en lo local y por Noboa en lo nacional nunca se habían cruzado en una misma papeleta. El 29 de noviembre tampoco lo harán. Por primera vez desde 1996, el Partido Social Cristiano no tendrá candidato a la Alcaldía de Samborondón y correrá solo con concejales.

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Las renuncias sucesivas en la lista socialcristiana

En julio, María Belén Yúnez, hermana del alcalde y nominada por el PSC, renunció a su precandidatura sin explicar sus razones de fondo. Su reemplazo, Carlos Alvear, exvicealcalde y concejal por La Puntilla, llegó a inscribirse y ahora también desistió. Dos distanciamientos sucesivos de esa lista a la misma candidatura y sin razones públicas admiten varias lecturas, y ninguno de sus protagonistas ha ofrecido la suya. Lo que sí puede medirse es el efecto. Tres décadas de gestión no tendrán quién las defienda en la papeleta de alcalde, y el elector no podrá premiarlas ni castigarlas. La disputa pierde, además, a la única fuerza con una estructura comparable a la del partido de Gobierno.

El trasvase del electorado tradicional hacia ADN

En 2023, el 63,54 % del cantón votó por Yúnez. En noviembre, esos votantes no encontrarán en la papeleta de alcalde ni su apellido ni su partido, y su destino no será aleatorio. En la segunda vuelta de 2025, Noboa obtuvo en Samborondón un porcentaje casi idéntico, y es razonable suponer que buena parte de ese electorado es el mismo, de centroderecha y con poca simpatía por el correísmo. Para ese votante, el camino más corto lleva a Olsen. Silva conserva el vínculo familiar y le habla a la cabecera y a Tarifa, pero su candidatura nació en el correísmo antes de terminar en CREO, y en ese mismo balotaje Luisa González no pasó del 38,73 % en el cantón.

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Niels Olsen y el peso del oficialismo en el cantón

ADN nominó primero a Niels Olsen para Guayaquil y a Arianna Burgos para Samborondón, pero días después Olsen fue reubicado en el cantón y Burgos terminó como candidata a concejal. Expresidente de la Asamblea y exministro de Lasso y de Noboa, Olsen encarna como pocos al elector que votó por ambos, y las renuncias en la lista socialcristiana cotejaron el camino antes de que empezara la campaña. Esa ventaja es también su obligación. Si el oficialismo no gana en el único cantón que le dijo Sí a todo en el referendo, y en el que la fuerza que lo gobernó durante tres décadas ni siquiera estará en la papeleta, habrá perdido entre los suyos y con el terreno despejado.

La candidatura impugnada de Juan Carlos Silva Nowak

El único resto del linaje que queda en la papeleta es Juan Carlos Silva Nowak, primo del alcalde. Debía competir con el casillero correísta de Amigo, y cuando el movimiento fue suspendido terminó inscrito por CREO. Según el medio digital La Defensa, le congelaron las cuentas a él y a varios de sus familiares, y aunque la Junta Provincial y el CNE calificaron su candidatura, ADN la impugnó. El efecto político antecede a cualquier sentencia. Silva hace campaña con sus fondos bloqueados y la candidatura en disputa.

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María José Agusto: la alternativa técnica de Centro Democrático

En ese tablero, la candidatura de María José Agusto, de Centro Democrático, pesa más de lo que parece. No pertenece al partido de Gobierno ni viene del correísmo, y eso la convierte en el destino posible del votante socialcristiano que no quiere votar por el oficialismo ni cruzar hacia Silva. Ese votante podría existir. Es el socialcristiano de tradición que votó por Noboa para frenar al correísmo, pero cuya lealtad municipal es anterior al noboísmo y que podría resentir las renuncias de cuadros socialcristianos. Agusto dirigió hospitales del IESS y del Ministerio de Salud y puede insertar la crisis sanitaria dentro de sus temas de campaña, considerando que es un flanco que interpela directamente al Gobierno. Una de sus desventajas podría ser que el partido por el que se postula no tiene arraigo histórico en el cantón.

Escenario electoral: una papeleta reducida y desigual

Lo que queda es una papeleta corta y desigual en recursos. Un candidato con la estructura de un partido de Gobierno y un electorado que ya votó por su presidente. Una candidata con perfil técnico y un partido que aún debe construir su lugar en el cantón. Y otro postulante que compite con las cuentas congeladas y la candidatura impugnada. En una elección de una sola vuelta, cada retiro y cada restricción achican la competencia, y una competencia achicada favorece a quien llega con más recursos y menos obstáculos. Quien gane lo hará en una competencia estrecha y ese origen pesará sobre su legitimidad más que cualquier porcentaje.

¿Qué ocurre con las obras en Guayaquil?

• Las obras en Guayaquil acumulan retrasos, molestias y reclamos ciudadanos.
• Alborada, Urdesa, Juan Tanca Marengo y Pradera 3 enfrentan cuestionamientos mientras el Municipio advierte que las lluvias podrían modificar los cronogramas.

Cinco meses llevan los comerciantes y moradores de la Alborada soportando polvo, dificultades para circular y, como ya lo denunciaron, números rojos en sus negocios. La intervención en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur debía completar su primera etapa en ese periodo, pero el plazo venció y los trabajos todavía no concluyen.

La obra comenzó en marzo de 2026 en el tramo comprendido entre las avenidas José María Egas y Agustín Freire, con un plazo de ejecución de cinco meses para esta primera fase. Sin embargo, la intervención continúa y el retraso también mantiene pendiente el inicio de la segunda etapa.

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El malestar llegó incluso a las calles, cuando ciudadanos protestaron con pancartas y consignas para reclamar por el avance de los trabajos y exigir respuestas al Municipio. La institución respondió a través de sus redes sociales y explicó que la obra continúa, pero que a la altura de la calle José María Roura se encontraron “condiciones subterráneas preexistentes que obligaron a ajustar la intervención”.

“El objetivo es integrar todo el corredor y completar la recuperación de la Alborada con una infraestructura segura y duradera”, señaló la institución y agregó que, de acuerdo con su ruta técnica, proyecta el cierre integral de este tramo para diciembre de este 2026.

Municipio de Guayaquil explica y cuestionamientos persisten

La explicación, sin embargo, no ha frenado los cuestionamientos ciudadanos. El ciudadano Óscar Betancourt expresó su malestar. “Según el plazo que estipularon ustedes, ya está fuera de tiempo. Si no tienen bien clara la idea, ¿para qué destruyen las calles si se van a demorar en resolver? Ustedes nos están perjudicando y mucho”, cuestionó.

Comentarios similares se multiplican entre moradores y comerciantes de esta zona, una de las de mayor actividad comercial del norte. Pero la obra en la Rodolfo Baquerizo Nazur no es la única que genera inquietudes.

En Guayaquil también existen otros proyectos que han enfrentado cuestionamientos ciudadanos por su lento avance o por las molestias que generan mientras permanecen en ejecución. Una de esas obras es el soterramiento de cables en Urdesa, donde los moradores todavía cuestionan la presencia de cableado en las calles pese a la intervención.

Otra es el paso elevado de la avenida Juan Tanca Marengo. El proyecto comenzó en septiembre de 2025 y contempla un plazo de ejecución de 20 meses. Con ese cronograma, la finalización de la obra está prevista para mayo de 2027. Actualmente registra un avance del 66 %.

Las molestias también alcanzan a quienes deben circular por los alrededores. Carlos López, por ejemplo, describe como un caos el paso por Martha de Roldós, debido a las restricciones de circulación generadas por los trabajos.

“Todos los carros se juntan para tratar de pasar por los dos únicos carriles que dejaron pasando la garita del Espíritu Santo. Para colmo, ves que ese puente está verde. No está en nada todavía”, lamentó.

El centro espera agilidad en trabajos

En el centro, mientras tanto, el Municipio sostiene que mantiene el cronograma de la reconstrucción de la calle Clemente Ballén. La intervención comenzó el 17 de agosto de 2026 y contempla un plazo estimado de 90 días. Los trabajos avanzan progresivamente hacia Lorenzo de Garaycoa.

La reconstrucción de Clemente Ballén forma parte de un contrato de 4 millones de dólares destinado a la rehabilitación de 25 kilómetros de vías en sectores del centro y sur. Si se mantiene el plazo de noventa días, la intervención iniciada el 17 de agosto culminaría a mediados de noviembre de 2026.

La Pradera 3 también espera atención municipal

En la Pradera 3, en el sur de Guayaquil, el retraso de las obras y la falta de explicaciones de las autoridades también mantienen indignadas a las familias. Según denuncian los residentes, hace más de siete meses el Municipio anunció obras de alcantarillado y mejoras para el drenaje pluvial.

Los trabajos, sin embargo, quedaron paralizados. Desde hace unos tres meses, enormes tuberías permanecen en las calles del vecindario. Algunas vías continúan bloqueadas y los toldos instalados en la zona dificultan el paso, especialmente para los adultos mayores.

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“Vivimos mucha gente mayor y no tenemos cómo vivir en paz. Nos caemos, no podemos estacionar los carros. En las noches es imposible ver por donde caminar porque no hay cómo pasar. El Municipio no viene ni dice nada. No hay maquinaria, no hay actividad”, reclamó la residente Mariana Delgado, quien asegura que la paralización lleva tres o cuatro meses. “Ya mismo llega el invierno, el mismo Niño, y nadie mueve un dedo”, cuestionó.

Lluvias en Guayaquil pueden modificar la programación de las obras

A estos proyectos se suma ahora un factor que puede modificar los cronogramas: las lluvias. El Municipio advirtió que pueden alterar la programación de las obras que se ejecutan a cielo abierto y señaló que, para mantener el avance de los proyectos, reorganizará actividades y cuadrillas de acuerdo con las condiciones de cada frente de trabajo.

Durante las lluvias, explicó, podrán priorizar labores como la protección de materiales y excavaciones, la evacuación de agua, la señalización, la supervisión técnica y los trabajos en zonas protegidas.

Entre las zonas que requerirán un seguimiento más riguroso, según el Municipio, están Clemente Ballén, Rumichaca, Guayacanes, Cristo del Consuelo, Nicolás Segovia, la calle 4.ª de Mapasingue y la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en la Alborada.

“En los trabajos eléctricos y en altura, las condiciones de humedad también determinarán la programación de las actividades, con el fin de garantizar la seguridad del personal”, señaló la institución en un comunicado.

Pero las explicaciones todavía dejan pendiente responder a los cuestionamientos sobre los retrasos y determinar cuánto de estos desfases responde a problemas técnicos, procesos de contratación pública, condiciones climáticas u otros factores.

¿Respondió el Municipio a EXPRESO?

EXPRESO pidió nuevamente una entrevista con el Municipio para conocer las razones de los retrasos, el estado de las obras cuestionadas y las medidas previstas para evitar que las molestias continúen. Hasta la tarde del 1 de octubre de 2026, la recepción de la solicitud no había sido confirmada.

Lo que debes saber:

• PISA 2025 Ecuador revela brechas que docentes relacionan con pobreza, niños sin útiles, sin desayuno o que se ausentan por problemas económicos.
• Profesores de Quito y Guayaquil describen vacíos en matemáticas y comprensión lectora. Y admiten que ellos mismos podrían necesitar un mentor.
• Falta de recursos, formación docente y carga burocrática afectan el aprendizaje en Ecuador.

Cuando Jorge Luis Arturo, profesor de tercero de básica en Quito, habla del rendimiento de los alumnos en las pruebas PISA 2025, no menciona calificaciones. Saca una carta. Es la solicitud de una madre de familia firmada, en la que pide justificar las inasistencias de su hija. La razón: no ha tenido dinero para llevarla a clases.

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Arturo, de 54 años y con 34 en el magisterio, considera que esas historias ayudan a entender qué hay detrás de los resultados de Ecuador. Menciona la ecuación de Mincer como una referencia para explicar que variables como los años de escolaridad de los padres y sus condiciones socioeconómicas pueden relacionarse con las oportunidades de los estudiantes.

“Al final del día, los hogares con mejores condiciones obtienen mejores resultados”, sostiene. Las diferencias aparecen en cuestiones como disponer de una computadora, tener Internet, contar con una biblioteca...

En el aula encuentra niños con posibles problemas de atención a quienes se ha recomendado una evaluación psicopedagógica. Pero, “las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión pueden tardar meses y un año en asignar una cita”.

Pero Arturo también reclama mayor compromiso docente. Ha seguido cursos sobre STEAM -ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-, dictados por el Ministerio de Educación, en línea. Ha visto que otras personas hacen los cursos por los docentes.

Los docentes requieren acompañamiento en Ecuador

Geovanna, quien pidió mantener en reserva su apellido, fue parte del Programa de Acompañamiento Pedagógico que funcionó entre 2017 y 2021. Ha sido rectora y maestra de aula. 

En su opinión, por años, la educación se ha concentrado demasiado en completar libros y cumplir contenidos, sin dedicar suficiente tiempo a la comprensión. 

“Yo les decía a mis compañeros: profesores, no nos atrasamos a nada. Nosotros, que somos adultos, seguimos aprendiendo, ellos necesitan bases”, recuerda. Y pone sobre la mesa un tema: la formación de quienes llegan a las aulas. Hay ingenieros y profesionales de distintas áreas que ejercen como docentes, que requieren aprender estrategias.

Las dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos o despejar variables

Lucía Castro, maestra de matemática de 60 años, coincide. Durante 31 de ellos trabajó en colegios y hace siete se incorporó a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, donde enseña cálculo a estudiantes de primer semestre de Ingeniería.

En sus clases hay bachilleres. Allí observa los vacíos que arrastran. “En muchos colegios, sobre todo fuera de las ciudades grandes, la matemática la dicta quien esté disponible: a veces un ingeniero, un economista o un profesor de otra área que completa su carga horaria”, explica.

Ella detecta dificultades para operar con fracciones, trabajar con signos, despejar variables o aplicar propiedades de las potencias. Así, cuando intenta enseñar un límite o una derivada, el obstáculo puede estar en conocimientos que debían dominar antes.

También observa estudiantes acostumbrados a memorizar procedimientos. Si el ejercicio se parece al ejemplo, lo resuelven; cuando cambia el planteamiento, muchos se pierden. A ello se suma la dificultad para leer un problema, entender qué pide y traducirlo al lenguaje matemático.

Saber matemática no es lo mismo que saber enseñarla. Uno puede resolver un ejercicio perfectamente y no darse cuenta de por qué el chico no entiende.Lucía Castro, profesora de matemáticas

Hay que trabajar en la comprensión lectora

Yosbany Vidal, profesor del ISM North, anota que la expansión de las redes sociales, los contenidos audiovisuales y los textos multimodales hace que predomine el consumo de contenidos breves. 

El reto es actualizar las estrategias de enseñanza. La comprensión lectora, sostiene, debe avanzar de la identificación literal y la interpretación inferencial hacia el pensamiento crítico, la lectura contextual y la creación.

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Estudiantes llegan sin desayunar, sin útiles escolares

Santiago Molina, profesor con una década en el magisterio, trabaja en el sur de Quito, cuenta: “Vamos un mes de clases y algunos estudiantes dicen que sus padres todavía no han podido comprarles la lista de útiles porque tienen más hermanos y esperan su turno”.

Además, Molina cuestiona la carga burocrática que enfrentan. “Tenemos que llenar evidencias, formularios y reportes, y ese tiempo se resta a la planificación, elaboración de recursos didácticos, talleres y evaluaciones. Con cursos de 40 alumnos, necesitamos preparar mejor las clases”.

Martín Toala, profesor de matemáticas del Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil; tiene 59 años y 29 de experiencia docente en bachillerato.

“Muchos estudiantes llegan sin desayunar o sin almorzar, según su jornada. Los veo dormirse en el aula”. Critica que desde 2016 no se pierde el año. “Avanzan al bachillerato sin bases“. Critica que profesionales de otras áreas -ingenieros, abogados o doctores- hayan llegado a ejercer la docencia sin formación pedagógica.

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Harold Burbano busca Alcaldía

• Harold Burbano pasó del gabinete de Noboa a la candidatura de ADN para la Alcaldía de Quito.
• Su trayectoria incluye dos ministerios, cargos en inclusión social y una gestión marcada por el debate laboral.
• Expertos analizan su autonomía frente al Gobierno y el desafío de construir una propuesta municipal propia.

Harold Burbano pasó de ocupar cargos en el Gobierno de Daniel Noboa a convertirse en candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) para la Alcaldía de Quito. Su salida del Ministerio de Trabajo, en junio de 2026, cerró una etapa en el gabinete y abrió otra marcada por la campaña electoral.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz y su nueva alianza: así busca mantenerse en la Alcaldía de Quito en 2026

Su candidatura se concretó después de un cambio en las postulaciones de ADN para Pichincha. El 2 de agosto, el movimiento inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Burbano para la Alcaldía y a Giovanna Ubidia para la Prefectura. 

Ambos habían sido considerados inicialmente para las posiciones contrarias. El candidato explicó que se trató de una decisión interna respaldada por la militancia.

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De la administración pública a la papeleta electoral

Antes de llegar a la papeleta, Burbano acumuló experiencia en el sector público. Fue coordinador general de Protección de Derechos en la Defensoría del Pueblo y posteriormente viceministro de Inclusión Social y viceministro de Inclusión Económica.

En el Gobierno de Noboa ocupó el Ministerio de Desarrollo Humano, primero como encargado y luego como titular, antes de asumir el Ministerio de Trabajo.

Su recorrido por distintas instituciones públicas se convirtió en uno de los principales antecedentes de su candidatura. Sin embargo, también dejó episodios que marcaron su paso por el Ejecutivo y que ahora forman parte del escrutinio sobre su perfil electoral.

¿Qué ocurrió con Alexandra Villacís y el Ministerio del Trabajo?

Uno de los episodios más polémicos de su paso por el Gobierno está relacionado con Alexandra Villacís, quien debía asumir como vocal principal del Consejo de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.

Villacís había quedado segunda en el concurso y había ejercido una subrogación. Sin embargo, cuando debía asumir como titular apareció un impedimento para ejercer cargos públicos, atribuido a una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Villacís obtuvo después una certificación del SRI en la que constaba que no mantenía esa deuda. Pese a ello, el impedimento permaneció activo en los registros del Ministerio del Trabajo durante más de 40 días.

La funcionaria acudió a la justicia y presentó un habeas data para corregir la información. Una jueza aceptó su pedido y ordenó al Ministerio levantar la inhabilidad en 24 horas.

La orden no se cumplió en ese plazo. Burbano sostuvo que la sentencia tenía vacíos y cuestionó cómo debía ejecutarse la rectificación sin considerar la información del SRI. Según su argumento, no estaba claro si el Ministerio debía corregir el registro o si primero debía intervenir el SRI.

“¿Cómo se va a realizar la rectificación dentro del Ministerio del Trabajo sin tomar en cuenta la información del SRI?”, sostuvo. Calificó la resolución como “inejecutable”.

El impedimento fue levantado después de varios días y cuando Villacís ya había renunciado a continuar con el proceso.

El caso generó cuestionamientos sobre la actuación de la cartera y la demora para acatar una orden judicial. La controversia cobró mayor relevancia luego de que EXPRESO reportó que, antes de la sucesión en la Judicatura, ya se habían preparado documentos relacionados con el impedimento.

Además, el contraste con otros casos llamó la atención: el impedimento de María Fernanda Morejón fue levantado en tres días y el del comunicador Álvaro Rosero, en 24 horas.

Su gestión laboral también dejó debate

Otro frente de su gestión fue el laboral. Burbano emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que reguló turnos y horarios especiales y permitió distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias dentro de cinco días.

La norma generó rechazo de organizaciones sindicales. La discusión se produjo después de que los ecuatorianos rechazaron en el referéndum de 2024 la propuesta de incorporar contratos a plazo fijo y por horas: el Sí obtuvo 30,50 % y el No, 69,50 %, según los resultados definitivos del CNE.

El acuerdo de Burbano no creó esos contratos, pero sí modificó la forma de distribuir la jornada, bajo un esquema que debía ser acordado entre empleador y trabajador.

Su formación profesional está ligada al Derecho y a los derechos humanos. 

Formación, patrimonio y registros tributarios

Esa carrera en la administración pública está acompañada por los registros tributarios y patrimoniales que ha declarado.

Los antecedentes profesionales y económicos forman parte del perfil con el que Burbano llega a la contienda electoral por la Alcaldía de Quito.

¿Qué deberá demostrar Burbano durante la campaña?

Para el consultor político Gustavo Isch, uno de los principales desafíos será demostrar que puede administrar el Municipio con autonomía frente a la organización política que respalda su candidatura.

El alcalde debe gobernar para los habitantes del Distrito Metropolitano y no actuar como representante de un partido, movimiento o del Ejecutivo, sostiene.

Alfredo Espinosa plantea otra lectura sobre esa candidatura. El analista la ubica dentro de la estrategia del oficialismo y sostiene que ADN enfrenta dificultades para consolidar cuadros políticos, estructura territorial y una base social propia.

Desde esa perspectiva, considera que uno de los asuntos que deberá definir el candidato es cómo incorporará su experiencia en derechos humanos a un proyecto específico para el Municipio.

La campaña tendrá que aterrizar esa experiencia en problemas concretos. Transporte, seguridad y crecimiento urbano aparecen entre los principales retos.

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Espinosa señala que deberá explicar las responsabilidades del Municipio y del Gobierno central frente al sistema de transporte, además de abordar el incremento de tarifas y la eventual municipalización.

El crecimiento vertical de Quito y el control sobre nuevas edificaciones también serán parte de la discusión, especialmente por los riesgos asociados a las condiciones sísmicas de la ciudad.

Para los analistas, la candidatura de Burbano pone sobre la mesa una trayectoria construida principalmente en el sector público y la necesidad de trasladar esa experiencia a una agenda municipal para una capital que enfrenta problemas de movilidad, seguridad, crecimiento urbano y servicios.

Lo que debes saber

• Sofía Espín busca la Prefectura del Guayas con 1.500 km de vías para impulsar producción y movilidad.
• En Guayas, Sofía Espín propone seguro agrícola para 50.000 productores ante pérdidas climáticas.
• Si gana en 2027, Sofía Espín revisará el dragado del río Guayas por considerarlo insuficiente.

Sofía Espín Reyes vuelve a una papeleta electoral, esta vez con la aspiración de dirigir la Prefectura del Guayas. Después de ocupar cargos en el Ejecutivo y acumular tres periodos en la Asamblea Nacional, la candidata intentará administrar una provincia atravesada por problemas de vialidad rural, productividad, seguridad y riego.

Espín terminó inscrita para competir con el respaldo del Partido Socialista Ecuatoriano. Según información publicada sobre las candidaturas de Guayas, figura entre ocho aspirantes registrados para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Considero que la Prefectura del Guayas necesita recuperar el enfoque en la atención a la ciudadanía. Mi criterio es que la administración actual ha dejado de priorizar áreas fundamentales para la provincia. 

Por ejemplo, cuestiono la inversión en publicidad frente a necesidades como la atención social, la prevención ante fenómenos climáticos y programas dirigidos a niños y jóvenes. Cambiaríamos el enfoque completo de la gestión. Nuestra propuesta es una revolución de las obras. 

La prioridad será intervenir 1.500 kilómetros de vías primarias, secundarias y terciarias. Queremos vías más seguras, con iluminación solar e internet, porque por ellas circulan estudiantes, trabajadores y sale la producción agrícola de la provincia.

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-¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

Uno de los proyectos centrales es fortalecer y ampliar las Manzanas del Cuidado. Nuestra meta es que exista una en cada cantón del Guayas. Queremos que cuenten con servicios de salud, espacios deportivos y programas para niños y jóvenes, de manera que las mujeres y madres de familia tengan espacios de formación y bienestar. 

Tenemos una propuesta basada en tres áreas: deporte, cultura y educación. En deporte planteamos la construcción de al menos tres centros de alto rendimiento. En cultura, reabriríamos y fortaleceríamos programas como la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil.

- Si usted llega a la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

La Prefectura de Sofía Espín y Pepe Pancho Cevallos será la Prefectura de las obras para la gente. Tendrá tres ejes principales: vías seguras, fortalecimiento productivo e inversión en el desarrollo humano.

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Proponemos una empresa pública de almacenamiento para proteger los precios de la producción agrícola y evitar que los productores se vean afectados por los intermediarios o por la caída de precios durante las cosechas.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los apoyaría?

El sector agrícola requiere mayor respaldo. Nuestra propuesta incluye créditos, semillas certificadas, mecanización del agro, asistencia técnica y mejoras viales. 

Además, planteamos un seguro agrícola para aproximadamente 50.000 productores y una capacidad de almacenamiento cercana a 50.000 toneladas, para sostener los precios de sustentación y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores.

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- ¿Cuál sería su plan frente a los efectos del fenómeno de El Niño?

Lo primero será evaluar las condiciones en las que se encuentre la provincia y el estado de la infraestructura vial. También planteamos créditos blandos para agricultores afectados por inundaciones o pérdidas de cultivos. La prioridad será atender a las familias y productores perjudicados por los eventos climáticos.

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- Usted ha mencionado proyectos relacionados con energía solar. ¿Cómo funcionarían?

Como ingeniera eléctrica, considero que la energía solar representa una oportunidad importante para el Guayas. Nuestra meta es promover la instalación de 100 megavatios de energía solar en la provincia. También queremos implementar kits fotovoltaicos para alrededor de 17.000 familias. 

Esto permitiría reducir el costo de las planillas eléctricas y disminuir la dependencia del sistema nacional de energía. Además, la energía solar serviría para iluminar vías rurales y apoyar al sector productivo.

- ¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

El dragado es necesario, pero debe analizarse de manera integral. No basta con intervenir un solo punto. Se requiere actuar en diferentes zonas de la cuenca. 

Cuando asumamos la administración revisaremos el contrato vigente y, con base en los hallazgos, decidiremos si debe continuar o modificarse. Lo que sí creemos es que la intervención actual resulta insuficiente para las necesidades de la provincia.

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- ¿Cómo asume el desafío de pasar de la política nacional a la administración provincial?

Es un reto importante, pero mi trayectoria siempre ha estado vinculada al trabajo territorial. He participado en proyectos comunitarios y de acceso a servicios públicos en diferentes zonas del país.

- La Revolución Ciudadana no aparecerá en la papeleta. ¿Cómo enfrentan ese desafío?

Siempre hubo una estrategia del Gobierno Nacional para tomarse las alcaldías y prefecturas del país. Lo vemos, por ejemplo, en la Prefectura del Guayas, que hoy está en manos de una persona por la que nadie votó directamente para ese cargo. 

Desde nuestra visión, eso representa un hecho grave y antidemocrático. Para ello hemos diseñado una estrategia que combina trabajo digital y recorridos puerta a puerta.  Además, contamos con una militancia muy activa que nos ayudará a transmitir ese mensaje en toda la provincia.

Lo que debes saber

• El Gobierno amplió las restricciones eléctricas tras conseguir una reducción de entre 135 MW y 200 MW durante la primera semana de medidas para grandes consumidores.
  
• La estrategia ahora incluye a consumidores de medio voltaje, amplía de 24 a 48 horas la desconexión solicitada y alcanza a la Espol, que trasladó temporalmente sus actividades a modalidad virtual.
  
• El Gobierno busca reducir alrededor de 500 MW de la demanda nacional, mientras el embalse Mazar continúa perdiendo nivel durante el estiaje.

A una semana del inicio de los cortes temporales de energía para los grandes consumidores (Alto Voltaje 1 y 2) en Ecuador, que permitieron reducir la demanda nacional en un 4,4 %, el Gobierno amplió el alcance de esta restricción. Desde este 29 de septiembre el período de racionamiento pasó de 24 a 48 horas, una universidad tuvo que modificar sus actividades. Aparte de la incorporación de empresas de mediano voltaje desde esta semana.

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Diario EXPRESO conoció el 29 de septiembre de 2026, en la noche, que el Gobierno pidió extender a 48 horas el período de desconexión voluntaria a este segmento. Y este 30 de septiembre confirmó con el sector empresarial sobre la esta nueva disposición. También se consultó al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el alcance de esta medida y está a la espera de su respuesta.

“Efectivamente han pedido extender el plazo de la desconexión voluntaria a 48 horas”, refirió una fuente del sector productivo de Ecuador.

Sin embargo, la aplicación de la medida puede variar entre empresas. Varias mantienen conversaciones directamente con los gerentes de las distribuidoras eléctricas para acordar la forma en que cumplirán con la reducción solicitada. 

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“Hay muchas empresas que están hablando directamente con los diferentes gerentes de las empresas distribuidoras para llegar a un acuerdo en la forma de desconexión”, agregó.

Aparte del sector industrial, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), ubicada en el noroeste de Guayaquil, considerada consumidor de Alto Voltaje 1 (AV1), resolvió pasar temporalmente a clases virtuales y teletrabajo debido a las interrupciones programadas de servicio público de electricidad.

En esta institución las actividades académicas de grado y posgrado pasaron de la modalidad presencial a virtual desde este 30 de septiembre hasta el 8 de octubre. También se autorizó el teletrabajo para parte de su personal administrativo.

Las restricciones eléctricas alcanzan a más consumidores

EXPRESO consultó también a dos centros universitarios de Quito sobre la posibilidad de adoptar medidas similares para reducir el consumo de energía. Pero ambas instituciones indicaron que, hasta el mediodía de este martes, no habían recibido ninguna disposición.

La ampliación de estas medidas restrictivas apuntan a incrementar la reducción de la demanda nacional de energía. Y así preservar las reservas del embalse Mazar, que es clave para el sector eléctrico del país.

Hasta este 30 de septiembre, a las 13:00, por ejemplo, la cota de Mazar bajó ya 20,63 metros desde finales de julio de 2026, que alcanzó su nivel máximo (2.153,32 metros sobre el nivel del mar).

Gobierno busca reducir 500 MW de la demanda eléctrica

A pesar de este panorama, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, expuso este 30 de septiembre en radio Centro que la situación del sector eléctrico se encuentra bajo control.

El funcionario detalló que con el aporte de los consumidores de Alto Voltaje 1 y 2 (AV1 y AV2), los de mediano voltaje y una campaña de ahorro dirigida a los hogares, se prevé reducir alrededor de 500 MW de la demanda nacional de energía.

“No se prevé ningún apagón nacional dentro de las variables y con el sistema que tenemos al día de hoy”, aseguró Blum. Pero, condicionó este escenario al cumplimiento de las medidas adoptadas y a que se “mantengan las lluvias en la zona de Codo Codo Sinclair, como ha ocurrido en esta semana. Estamos con un esquema establece”.

El ahorro estimado actualmente equivale al 11,1 % de la demanda nacional, que en promedio bordea los 4.500 MW, según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Esta meta representa casi tres veces el resultado alcanzado durante la primera semana de restricciones, cuando la demanda se redujo alrededor de 200 MW o un 4,4 %.

Con las restricciones, que comenzaron el 22 de septiembre con 185 grandes consumidores AV1 y AV2, Blum reconoció el viernes pasado en Teleamazonas que la reducción de la demanda se ubicó en la primera semana entre 135 MW y alrededor de 200 MW.

¿Hasta dónde pueden llegar las restricciones?

Alejandro Jaya, ingeniero eléctrico especialista en Sistemas de Potencia y Regulación Fotovoltaica, explicó que antes de las medidas la demanda podía alcanzar un pico de entre 5.500 y 5.600 MW en cierta horas y posteriormente se movió alrededor de 5.300 MW. Esa diferencia da al Cenace un mayor margen para enfrentar los picos de consumo, precisa el especialista.

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Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, indicó que las medidas tomadas últimamente evidencian “que estamos entrando en una fase de racionamientos preeliminar” ante la dificultad para importar energía desde Colombia, por el periodo de sequía que atraviesa el país vecino. “No queda otra opción”.

Además, el dirigente refirió que frente a 2024 actualmente el sector industrial y centros académicos se encuentran mejor preparados para enfrentar este tipo de contingencias.

Aspiazu agregó que en los últimos dos años se han invertido aproximadamente de $900 millones en generadores de emergencia, que representan en promedio alrededor de 600 megavatios. Aunque no se trata de soluciones permanentes. Por ello, advierte que “si no llueve vamos a tener apagones”.

La falta de energía complica el escenario

Por su parte, Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, coincidió en que el sistema eléctrico de Ecuador atraviesa una situación “complicada”, debido a la menor disponibilidad de generación térmica y a la imposibilidad de importar energía desde Colombia.

En ese escenario, Santos consideró que la ampliación de los racionamientos al sector industrial busca reducir aún más el consumo de electricidad para evitar, por ahora, restricciones al sector residencial, que es el mayor consumidor de este servicio básico. 

“Buscan ahorrar el agua de Mazar hasta finales de noviembre o inicios de diciembre”, señaló. Además, atribuyó esta estrategia al objetivo de evitar “apagones fuertes” hasta las elecciones seccionales que realizarán el próximo 29 de noviembre de 2026.

• El Cuerpo de Bomberos registra 276 clausuras desde enero y reconoce dificultades para detectar depósitos ocultos en edificaciones cerradas.
  
• A más de las denuncias ciudadanas, el Cuerpo de Bomberos dice que también investiga de oficio.

Las bodegas clandestinas persisten en La Bahía de Guayaquil pese a los controles. El Cuerpo de Bomberos registra 276 clausuras desde enero y reconoce dificultades para detectar depósitos ocultos en edificaciones cerradas.

El reciente hallazgo de un hotel fachada en la Bahía, que funcionaba como casino clandestino y centro de contrabando, ya ni siquiera generó sorpresa. EXPRESO conoció que el establecimiento había sido clausurado y desnuda una realidad que persiste: bodegas clandestinas y edificaciones cuyo interior resulta difícil de controlar.

Desde enero hasta la fecha se registran 276 bodegas clausuradas. Pero si se conoce que en el centro no se permite este tipo de actividad, ¿por qué las bodegas continúan funcionando y convirtiéndose en una bomba de tiempo para esta caliente zona?

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Para Julio César Cando, director general de Control y Vigilancia del Cuerpo de Bomberos, no se trata de una falla del Municipio, sino de competencias que corresponden a distintas entidades. “No es que está fallando, cada quien tiene sus funciones”, sostiene.

Cando explica que una de las principales dificultades es detectar qué ocurre dentro de las edificaciones. En algunos casos, las bodegas pueden estar ocultas detrás de paredes, perchas u otras estructuras.

Acceso a edificaciones

“Tenemos que tocar paredes a ver si hay una bodega escondida. Una puerta (la) esconden con una percha. Muchas de estas edificaciones están cerradas. Mientras no tengamos acceso, no podemos saber si hay viviendas”, explica.

Sin acceso a ellas, es difícil determinar qué se esconde entre las calles de esta zona. Agrega que el Cuerpo de Bomberos deja sellos en los sitios intervenidos, pero muchas veces estos son rotos. En esos casos se han presentado denuncias ante la Fiscalía.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO en la zona se constató que varios edificios, especialmente en los pisos altos, todavía mantienen ventanas cubiertas con telas, sábanas o periódicos, y se desconoce qué ocurre en el interior de algunos de estos espacios. En otros inmuebles se observan cajas detrás de ventanas.

Ese escenario vuelve a poner sobre la mesa una interrogante que persiste entre comerciantes y habitantes de la zona: ¿qué ocurre detrás de las paredes? El problema de las condiciones de seguridad contra incendios, sin embargo, no se limita a las bodegas de la Bahía ni al centro.

Cando explica que los incumplimientos se presentan en distintos tipos de establecimientos, entre ellos restaurantes, llanteras y otros negocios. Algunos cuentan con citaciones pendientes y otros ni siquiera han obtenido los permisos correspondientes.

Establecimientos sin permisos desde 2021

El funcionario señala que existen establecimientos que desde 2021 no han regularizado sus permisos ante el Cuerpo de Bomberos. Y en lo que va de 2026, la institución registra alrededor de 2.000 clausuras en Guayaquil por diferentes incumplimientos.

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Comerciantes se pronuncian

Para Juan Narea, dirigente de la Bahía, las acciones ejecutadas hasta ahora todavía no cumplen las expectativas de los comerciantes de este sector. “En el día a día se puede decir que sí hay en la Bahía suficientes agentes de control, en todo el perímetro. El real problema es el trabajo o la función que realizan estos agentes de control, ya que en la práctica no se cumplen los objetivos”, argumenta.

Narea también cuestiona la situación del tránsito en la zona, especialmente por la presencia de vehículos y motocicletas. “Todo esto se suma al descontrol en cuanto al tránsito, vehículos, motos y otros. Es una anarquía y se requiere intervención urgente”.

En la Bahía también se planteó anteriormente el refuerzo de la seguridad mediante la instalación de una Estación de Acción Segura (EAS) y la presencia de agentes encubiertos.

Sobre estas medidas, el dirigente asegura que existen gestiones coordinadas entre Segura EP y la Policía Nacional. “Tenemos conocimiento de que se realizan gestiones coordinadas con Segura EP y la Policía. Inclusive han firmado un convenio para respaldar las acciones”, afirma.

Sin embargo, la promesa de tener un espacio seguro no se cumple. El dirigente de la Asociación 13 de Diciembre considera que para lograr este objetivo en la zona, donde los robos se multiplican en estos últimos meses del año, se requiere una intervención permanente y articulada entre instituciones.

“La Bahía debe ser considerada una zona de seguridad permanente en el día y la noche. La vida y los bienes deben ser protegidos en cada momento de los miles de ciudadanos que realizan actividades comerciales y el público en general”, añade.

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El Cuerpo de Bomberos remarca que se ciñe al cumplimiento de sus competencias, entre ellas, la prevención. Y menciona el lanzamiento de campañas a través de su departamento de comunicación.

“Continuaremos haciendo conciencia en la ciudadanía y pedimos el apoyo para atacar la informalidad, la clandestinidad. Todos los operativos han funcionado. Pedimos apoyo. Y no solo se ven bodegas, se ven más asuntos”, concluye.

Lo que se sabe

• En la etapa 11 de La Alborada esperan desde hace más de 40 años por la reparación integral de un parque
• El malecón lineal de Mucho Lote 2 aún no se completa y la primera fase requiere mantenimiento y mejoras de luminarias
• La caminabilidad en la ciudadela Sagrada Familia se ve afectada por portones cerrados y aceras en mal estado

En sectores como La Alborada, Mucho Lote y Sagrada Familia, sus líderes barriales empezaron este 2026 con la esperanza de que sus pedidos de obras se harían realidad o al menos habría avances en las solicitudes.

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Sin embargo, al iniciar el último trimestre del año, la ilusión se desvaneció entre aceras y parques descuidados, obras sin fecha de culminación y escaso control.

EXPRESO recogió, el 10 de enero anterior, los anhelos de barrios del norte de Guayaquil para que el espacio público reciba el mantenimiento adecuado para garantizar la convivencia comunitaria en época de inseguridad.

En La Alborada no llega la intervención de un parque

En las manzanas 12 y 13, de la etapa 11, en la ciudadela La Alborada, los moradores ya dejaron de contar cuántos años lleva descuidado el parque del sector y optaron por arreglarlo ellos mismos.

Daniel Cajas, presidente del Comité Barrial Alborada 11va etapa y del Comité Santa Ana, comenta que desde que empezó el año se hicieron requerimientos al Municipio de Guayaquil para que se concrete la intervención integral del parque ubicado en el 1er pasaje 2 y 1er callejón 18 N-E.

El pedido no es nuevo. En este sector han solicitado, al menos desde 2018, que se repare el suelo del parque y de las calles aledañas. En varios tramos hay adoquines levantados, lo que pone en riesgo a los niños y adultos mayores que acuden al sitio.

Sin embargo, en agosto pasado acudió personal municipal únicamente a sembrar plantas y a fumigar el sector, según comentó Cajas.

“Hemos hecho autogestión para pagarle a una persona que haga el cuidado de las plantas, la limpieza del parque y la pintura”, explica el dirigente.

Los colores celeste y blanco no ocultan el mal estado de las bancas de cemento, que no prestan las condiciones adecuadas para sentarse porque están cuarteadas.

La preocupación aumenta por el inicio de las lluvias porque el agua se estanca en algunos puntos del sector.

“Hace unos tres años vinieron a verificar y hacer las gestiones para el proyecto (de intervención) pero se quedó ahí nomás, no avanza el tema. No sabemos qué es lo que pasa realmente”, reclama el morador Galo Ruiz.

Otra preocupación se extiende al parque de la manzana 6, ubicado también en el sector.

Pese a que se encuentra en mejores condiciones, hay temor entre los moradores porque hay un árbol que amenaza con caerse y dañar las rejas que cercan el espacio.

Cajas asegura que ha ingresado requerimientos para que se resuelva ese problema y así evitar posibles afectaciones a la infraestructura y a los visitantes del parque, pero que la respuesta municipal no llega.

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Ampliación del malecón de Mucho Lote sigue sin fecha

Donde tampoco se concretan las ofertas es en Mucho Lote 2, donde se espera la construcción de la segunda fase del malecón lineal, ubicado sobre la avenida Costanera.

Hasta aquí llega la primera fase del malecón en Mucho Lote 2

Luis Tomalá, del Comité de líderes de este sector, recuerda que al menos desde hace tres años se ofreció continuar con la segunda etapa, que comprende alrededor de un kilómetro de canchas, camineras y juegos infantiles.

“Hasta el momento no hay respuesta. Esto afecta porque es un sector con unas 40.000 personas”, refiere Tomalá.

Incluso, en el primer tramo existente falta mantenimiento en las luminarias, algunas de las cuales parpadean y otras no encienden.

Para residentes como Brigitte Espinoza, hay tramos que carecen de buena iluminación, pese a que es un espacio muy concurrido para ejercitarse y acudir con niños.

El contraste es evidente entre el espacio donde está la primera etapa del malecón y donde se prevé la construcción de la segunda fase. Gabriel Macas sale a caminar por el sector y asegura que en la zona es común el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.

Tomalá señala que también han pedido la instalación de reductores de velocidad en la avenida, sobre todo en las zonas escolares, donde el cruce para los peatones es tarea difícil ante el paso de vehículos cuyos conductores no ceden el paso.

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La movilidad peatonal también se dificulta en la ciudadela Sagrada Familia, en el sector de Kennedy Nueva, donde se incumple el horario de cierre de los portones instalados en las calles y las peatonales, según denuncia Dayana Vinces.

En las peatonales hay desniveles. Cuando llueve, el agua se acumula y es imposible salir".Dayana Vinces, residente de Sagrada Familia

EXPRESO pidió una entrevista al Municipio para conocer cuándo se resolverán estos pedidos ciudadanos, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje. 

Que la obra no llegue deja frustrados a los habitantes de estos sectores. Como resume Cajas, se sienten “con coraje, tristes, como marginados, porque no nos toman en cuenta”.

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Lo que debes saber

• Jorge Yunda busca por tercera vez la Alcaldía. En 2019 ganó con Unión Ecuatoriana, pero fue removido en 2021 por decisión del Concejo
• Para las elecciones seccionales cambia nuevamente de camiseta política. Tras competir en 2023 con Juntos por la Gente, ahora es auspiciado por Avanza
• Su gestión estuvo marcada por investigaciones, entre ellas el caso de las pruebas PCR. En 2025 fue declarado inocente junto a otros procesados, aunque la Fiscalía anunció una apelación

En un nuevo intento, Jorge Yunda aspira a regresar a la Alcaldía de Quito, esta vez auspiciado por Avanza. Su candidatura fue escogida en las primarias de esa organización política en junio y posteriormente formalizada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Se trata de su tercera candidatura para dirigir la capital. En 2019 ganó la contienda de la mano del movimiento Unión Ecuatoriana. Su administración, sin embargo, no llegó al final del período. En junio de 2021, el Concejo aprobó su remoción con 14 votos a favor.

El proceso que terminó con la salida de Yunda se originó en una solicitud presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Entre los argumentos planteados estaban el incumplimiento de resoluciones del Concejo, la falta de garantías para la participación ciudadana y cuestionamientos relacionados con la presentación de la ejecución presupuestaria de 2020 ante la Asamblea de Quito.

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Presuntos actos de corrupción en su administración

Su periodo también estuvo marcado por presuntos actos de corrupción. Uno de ellos se relacionó con la adquisición de 100.000 pruebas PCR para covid-19 por parte de la Secretaría de Salud, mediante un contrato de $ 4,2 millones.

En febrero de 2021, la Fiscalía lo vinculó a la investigación por peculado. Entre las medidas se dispuso el uso de grillete electrónico. El dispositivo fue retirado en julio de 2023, aunque se mantuvieron otras medidas cautelares.

En septiembre de 2025, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la inocencia de Yunda y de otros 13 implicados en el caso. La sentencia estableció la absolución de los procesados; posteriormente, la Fiscalía anunció que apelaría la decisión.

Su hijo, Sebastián Yunda, también fue investigado por presunta asociación ilícita. Pero en 2025, un tribunal declaró su inocencia.

En medio de esos episodios con la justicia, en 2023 volvió a candidatizarse con la alianza Juntos por la Gente, integrada por Pachakutik, Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover. El resultado fue distinto y perdió ante Pabel Muñoz. Ahora, cambia nuevamente de camiseta política y lo auspicia el partido Avanza.

La trayectoria política de Jorge Yunda

Antes de ingresar a la política, Yunda construyó una trayectoria vinculada con la radiodifusión. Radio Canela se convirtió en uno de los principales espacios de su actividad empresarial y de comunicación. Además, en la página del Senescyt registra el título de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador.

Su llegada al sector público ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa. En 2007 fue designado presidente del entonces Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel). En 2013 intentó llegar a la Asamblea Nacional como candidato de Alianza PAIS (AP), aunque no consiguió una curul. Cuatro años después sí fue elegido asambleísta nacional por ese partido. A comienzos de 2017 dejó AP y pasó a Centro Democrático.

Su patrimonio registrado 

Sobre su patrimonio, su última declaración disponible en la Contraloría corresponde a 2021, en donde reportó $ 492.660,72, producto de activos por $ 1.184.419,33 y pasivos por $ 691.758,61.

En materia tributaria, los registros del SRI muestran que Yunda pagó $ 13.810,03 por Impuesto a la Renta en 2025. La cifra representa un incremento frente a los $ 2.362 registrados en 2024 y los $ 6.542,36 de 2023.

Su actividad empresarial continúa vinculada a la comunicación. En los registros societarios consta como accionista de Radio Canela S.A. También figura como accionista minoritario de Allimicuna S.A., junto con otra accionista que mantiene el mismo porcentaje de participación.

¿Cómo ven analistas el perfil de Yunda?

Para Gabriela Guerrero, analista política, una de las fortalezas del candidato es el capital social acumulado durante años. Señala que el exalcalde mantiene un vínculo con ciudadanos y sectores específicos que conoce bien y en los que ha logrado consolidar apoyo.

Guerrero también identifica la radio y la personalidad de Yunda como elementos de su estrategia política. Su capacidad para mantener contacto directo con la gente, participar en actividades deportivas o sociales y construir una imagen cercana le permitiría conservar un nicho electoral propio.

El pasado judicial queda fuera del centro de la campaña

Además, considera que Yunda ha cambiado la manera de abordar su pasado judicial. Recuerda que en la campaña de 2023 habló públicamente del proceso por las pruebas PCR e incluso mostró el grillete electrónico. Para la analista, aquella estrategia generó una reacción negativa y, en la actual campaña, ha optado por no convertir esos episodios en el centro de su discurso y no se refiere a ello.

Otro elemento que destaca es que Yunda tiene experiencia en la administración pública: fue funcionario durante el gobierno de Correa, asambleísta y alcalde. Ese antecedente, agrega, puede contrastar con candidaturas que no han desarrollado una trayectoria similar en el sector público.

La relación con el Gobierno de Noboa

El analista en comunicación política, Andrés Obando, pone sobre la mesa otro aspecto: la relación de Yunda con el actual Gobierno. Obando señala que el exalcalde ha mantenido una posición que puede ser interpretada como cercana al presidente Daniel Noboa. Cita como ejemplo la entrevista al mandatario y las coincidencias mostradas durante ese diálogo.

Obando señala que algunas candidaturas locales están construyendo desde ahora posibilidades de colaboración con el Gobierno, independientemente de que exista coincidencia ideológica. En el caso de Yunda, observa una trayectoria política que también incluye su pasado con el correísmo, por lo que su posicionamiento actual no puede ser leído únicamente desde una cercanía con el Gobierno.

El desafío, agrega, está en cómo Yunda conecta con los distintos segmentos del electorado. Su perfil puede mantener vínculos con sectores populares que fueron importantes en su triunfo de 2019 y también con jóvenes, animalistas y sectores de izquierda. Pero, según Obando, ahora esa combinación enfrenta tensiones cuando parte de esos grupos cuestionan su cercanía con el Gobierno.

Diferenciarse de sus adversarios

También existe otro reto y es que su propuesta se diferencie de sus adversarios. Para el analista, todavía tiene que mostrar con mayor claridad cuáles son sus respuestas concretas para los problemas de la capital y evitar reducir la discusión de seguridad a un asunto del Municipio, cuando una parte importante de las competencias corresponde al Gobierno central.

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Tanto Guerrero como Obando coinciden en que la tercera candidatura de Yunda parte de una posición particular. No es un político nuevo ni un candidato que deba construir desde cero su reconocimiento. Tiene experiencia electoral, una marca personal desarrollada durante años en la radio, experiencia legislativa y una administración que le dejó respaldo, pero también muchos cuestionamientos.

Vía a la Costa: tres claves para entender el caos vehicular

• Sin vías alternas: Un accidente puede colapsar la vía a la Costa por la falta de rutas capaces de absorber el tráfico.
  
• Crecimiento desordenado: Urbanizaciones, comercios, industrias y colegios se expandieron en un corredor limitado por manglares y bosques protectores.
• Carga pesada: Se plantea restringir su circulación en horas pico como una medida para reducir la congestión y los riesgos viales.

La mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, la vía a la costa amaneció con el tráfico colapsado debido a un accidente de tránsito que había ocurrido a la altura del kilómetro 12. Una escena ya bastante frecuente para los habitantes del sector, producto de su crecimiento plano, lineal y desordenado desde la fundación de sus primeras urbanizaciones en las décadas de los ochentas y noventas. 

Para mayor agravio de algunos residentes de la zona, la autoridad competente se pronunció para dar una recomendación bastante risible: “tomar vías alternas”. “¿Cuáles vías alternas?” es la pregunta (en su versión amigable para todas las edades) que seguramente se hicieron.

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Y es que tal vez ya sea muy tarde para que vía a la costa construya rutas alternas que realmente sirvan para redirigir el tráfico en caso de accidentes: por un lado está el manglar, protegido, y por el otro los bosques protectores. El único intento de construir una especie de vía alterna, el controvertido proyecto del túnel de Cerro Blanco, ni siquiera fue pensando para alivianar la carga del tráfico en el sector o para racionalizar de alguna forma el diseño urbano de la amorfa y atrofiada ciudad de Guayaquil. 

Su objetivo era facilitar el acceso al proyecto del nuevo aeropuerto en Daular, una propuesta socialcristiana en la que algunas personas ya habían invertido, pero que el Gobierno Nacional ha descartado en pro de construir una nueva terminal aérea regional en la zona de Taura (a donde no se mete ni el Cuco por estos días). 

"Guayaquil, si busca un futuro sostenible, debe mirar hacia adentro y construir hacia arriba".

¿Polo de desarrollo o tercermundismo?  

A todo el mundo le gusta repetir que vía a la costa es un polo de desarrollo, pero resulta más adecuado llamarla un sánduche de tercermundismo: una montón de ciudadelas, plazas comerciales, centros educativos, plantas industriales y canteras emparedadas entre el manglar y los cerros, o un montón de compuestos urbanos embutidos en una fina lámina metida entre dos panes orgánicos. 

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En ese sentido es muy parecida al otro polo de la metrópolis guayaquileña, la vía a Samborondón, atrapada entre dos ríos, aunque al final se encuentren en cantones distintos. El problema es que son habitados por la misma gente con su misma necedad y deseo de hacerse muy ricos muy rápido apostándole a las rentas adquiridas a través de la explotación del suelo. Cosa, por supuesto, muy criolla.

Pero no debemos pensar que todo está perdido. Es posible, aunque conviene darle la palabra primero a los expertos, el imaginar una alternativa real para mejorar el flujo del tráfico, sobre todo después de los accidentes. Claro, también habría que pensar en cómo cuidar que los municipales de ahora (si es que ahí siguen) o los del futuro (que a lo mejor resulten ser los mismos del pasado) no hagan su feria otorgándole permisos de construcción a Raimundo y todo el mundo alrededor de esa hipotética vía.

Otra cosa que puede y debe hacerse: implementar una ordenanza para restringir el tránsito de la carga pesada que va al puerto de Posorja a ciertos horarios, idealmente nocturnos o al menos alejados de las horas pico. 

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Reclamarán, por supuesto, las empresas del puerto y algunas exportadoras, pero habrá que contestarles con los hechos: los accidentes provocados por los vehículos de carga pesada son frecuentes y las sanciones contra sus conductores van en aumento. Habrá que recordarles también que la congestión prolongada del tráfico causada por ellos le genera pérdidas económicas y de calidad de vida (es decir, económicas) a un montón personas.

Un tema de fondo en discusión

El tema de fondo, sin embargo, y uno que si lo interiorizamos nos puede ahorrar muchos dolores transitando por las vías del futuro, es que los guayaquileños no tenemos un concepto de ciudad ni de vecindad, a duras penas conoceremos alguna idea semejante a la civilización (y esto es cierto de muchísimos otros ecuatorianos, tan solo hay que ver el crecimiento desordenado y las propuestas de desmembramiento cantonal en la capital de la República). Sin tantas garitas y muros ni garitas detrás de garitas (cosa más ridícula que uno se topa con frecuencia en vía a la costa) y sin tanto miedo a la densidad, es decir, a la vecindad íntima, el trazado de la ciudad se desarrollaría de una forma menos difícil de transitar y de administrar.

Guayaquil, si busca un futuro sostenible, debe mirar hacia adentro y construir hacia arriba. Pero antes podría también mirar el reloj y ponerle orden a sus vías.

Cartas de lectores

Acerca de “¿Hasta cuándo?: el reclamo de Vía a la Costa”

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Lo que debes saber

• Termina el toque de queda; hubo 2.561 detenidos en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.
• Durante dos semanas, policías y militares decomisaron 8,1 toneladas de droga en operativos.
• Expertos cuestionan si la medida redujo la violencia o solo facilitó controles y allanamientos.

A la medianoche, las calles de Guayaquil cambiaron de ritmo. Los últimos buses aceleraron su recorrido, algunos locales bajaron sus puertas antes de lo habitual y los conductores que permanecían fuera debían justificar su presencia ante policías y militares. 

Durante cinco horas, hasta las 05:00, la circulación quedó restringida. Mientras los uniformados instalaban controles y ejecutaban allanamientos, trabajadores informales, comerciantes y repartidores daban por terminada su jornada. Esa escena se repitió desde el 17 de septiembre en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

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El balance de dos semanas de restricción

El toque de queda llega a su fin este 30 de septiembre, después de dos semanas durante las cuales el Gobierno buscó ampliar su margen operativo frente a estructuras vinculadas con asesinatos, extorsiones, narcotráfico y tráfico de armas. El balance con corte al 29 de septiembre registra 1.310 operaciones, 1.050 puntos de control y 29 allanamientos.

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En esos procedimientos fueron aprehendidas 2.561 personas. De ellas, 1.866 estarían relacionadas con delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia de armas y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, según el balance presentado por el Ministerio del Interior. 

Los operativos también dejaron:

Reportaron la retención o recuperación de:

El efecto operativo en las calles

La restricción comenzó con el despliegue de 15.308 policías. Solo en la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, se habilitaron 25 puntos de control. La reducción de vehículos y peatones facilitó revisiones, patrullajes y el desplazamiento de unidades hacia inmuebles previamente identificados. En ese sentido, el toque de queda sí cumplió una función táctica: despejó las calles durante la madrugada y permitió concentrar recursos en zonas específicas.

Sin embargo, no todos los resultados pueden atribuirse únicamente a la restricción. Varias capturas fueron consecuencia de investigaciones iniciadas meses antes. Ese fue el caso de alias La Patrona, detenida junto con otras 12 personas durante el operativo Diamante, ejecutado en Guayaquil. La investigación tomó aproximadamente ocho meses y apuntó a una red dedicada presuntamente al cobro de ‘vacunas’ y hechos violentos. Aunque la captura se efectuó durante el toque de queda, el trabajo de inteligencia comenzó mucho antes.

Algo similar ocurrió con la presunta red integrada por siete médicos y un funcionario del SNAI, investigada por supuestamente favorecer al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi mediante certificados médicos, registros y documentos irregulares. La operación incluyó 11 allanamientos y ocho detenciones, pero también fue producto de ocho meses de investigaciones.

Guayaquil

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Golpes a estructuras criminales en Manabí y El Oro

En Manabí, las autoridades localizaron caletas y decomisaron más de tres toneladas de droga. Según el balance oficial, eso representó una afectación superior a $120 millones para una estructura relacionada con Los Choneros. En El Oro, los primeros procedimientos dejaron más de 14 aprehendidos en acciones dirigidas contra grupos como Lobos-Box y Sao-Box.

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La experta en crimen organizado Michelle Maffei cuestiona la repetición de esta herramienta. “Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es un síntoma de locura”, afirma. Según sus datos, Ecuador cerró 2025 con una tasa de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes y un promedio de 25 asesinatos diarios. Hasta julio de 2026 se contabilizaban 4.882 homicidios, alrededor de 23 por día.

Maffei considera que la violencia responde a factores que superan el horario de circulación, entre ellos la expansión de la minería ilegal y delitos asociados como la trata y el tráfico de personas. Desde esa perspectiva, la restricción puede contener temporalmente ciertas dinámicas, pero no altera las economías ilegales que financian a las organizaciones.

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, también pone el foco en la duración del efecto. La presencia de policías y militares, explica, genera entre los ciudadanos la sensación de que “algo se está haciendo”. No obstante, duda de que la medida produzca un cambio estructural y señala que las estadísticas necesarias para evaluarla se publican con retraso.

Entre la percepción de control y los resultados

La segunda noche en Guayaquil reflejó esa diferencia entre control y resultado. Se realizaron 25 operativos y no hubo detenidos en la ciudad. Algunos conductores que no justificaron su movilización tuvieron que esperar hasta las 05:00, mientras los controles militares continuaron después de concluida la restricción.

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El analista económico Christian Idrovo define el impacto como directo y asimétrico. La restricción, señala, ralentiza la actividad y golpea con mayor intensidad a quienes viven del ingreso diario. El efecto adquiere otra dimensión en un país donde cerca de la mitad de la población trabaja en la informalidad.

Una fuente militar, que pidió mantener su identidad en reserva, señaló que el toque de queda puede contribuir a contener la violencia en determinados momentos, pero advirtió que esta medida, por sí sola, no constituye una solución. A su criterio, su aplicación debe complementarse con labores de inteligencia que permitan identificar la ubicación de los delincuentes y ejecutar acciones focalizadas.

Lo que debes saber

• La industria consumió 6.968,24 GWh en el primer semestre de 2026, equivalentes al 24,52 % de la energía eléctrica facturada en Ecuador.
  
• La falta de un suministro eléctrico estable eleva los costos de producción y condiciona nuevas inversiones, según representantes empresariales.
  
• Las restricciones eléctricas y un eventual aumento de las tarifas industriales pueden repercutir en la competitividad y el crecimiento económico, advierte Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

Disponer de energía eléctrica estable para producir es una nueva variable que deben considerar cada vez más las industrias en Ecuador. La crisis que atraviesa el sector eléctrico desde 2023 -por la falta de nuevos proyectos de generación- ha provocado interrupciones en el suministro de este servicio público durante cuatro años consecutivos.

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En 2023 y 2024, las industrias enfrentaron apagones generalizados; en 2025, algunas tuvieron que recurrir a su propia generación ante emergencias del sistema eléctrico y, además, en junio el Gobierno estableció un plazo de 18 meses para que los grandes consumidores (AV1 y AV2) implementen sistemas de autogeneración.

En 2026, las dificultades con el suministro eléctrico continuaron. Las restricciones volvieron, primero, con pedidos para que ciertas empresas se desconectaran temporalmente de la red y encendieran sus generadores de emergencia; y, desde las últimas semanas de septiembre de 2026, con la desconexión temporal, un día a la semana, de los grandes consumidores de electricidad (alto y mediano voltaje).

Esta última medida se tomó ante el descenso sostenido de la cota del embalse Mazar, que es clave para el sector eléctrico ecuatoriano porque alimenta al complejo Paute Integral, que puede cubrir hasta un 40 % de la demanda nacional.

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Hasta las 12:00 de este 29 de septiembre de 2026, por ejemplo, la cota estaba a 2.133 metros sobre el nivel del mar (mnsm). Es decir, bajó ya 20,03 metros desde la última vez que estuvo al máximo (2.153,32) a finales de julio de 2026, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, informó el 25 de septiembre en Teleamazonas que esta medida permitió “ahorrar” en la primera semana entre 135 y alrededor 200 megavatios (MW).

“Podemos ahorrar hasta “3.100 megavatios hora (MWh)”, dijo el funcionario y refirió que esta cifra representa una reducción del 5 % de la demanda nacional. Pero, ¿qué efecto tiene este “ahorro” en el sector productivo de Ecuador?

La energía inestable eleva los costos de producción

En su informe Perspectivas de las tecnologías energéticas 2026 (Energy Technology Perspectives 2026), la Agencia Internacional de Energía (AIE) sostiene que “las políticas estables y los sistemas energéticos seguros sustentan la competitividad”, porque permiten a las empresas invertir en nuevas tecnologías y plantas de producción.

En Ecuador el sector industrial es el segundo segmento que más demanda electricidad. En el primer semestre de 2026 consumió 6.968,24 gigavatios hora (GWh), equivalentes al 24,52 % de toda la energía eléctrica facturada en Ecuador, según estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).

Por ello, no tener un suministro de energía eléctrica estable altera la producción en el sector privado, que apunta a ser lo más eficiente, reconoce Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). 

“Al no tener energía constante, se deben apagar las máquinas y prender los generadores, cuya operación cuesta más”. Esto aumenta los costos producción y afecta aún más a la competitividad en las industrias, comercios y, en sí, en todo el sector productivo, añade Alarcón.

La falta de electricidad confiable también frena inversiones

La falta de este suministro estable limita también el desarrollo de nuevas inversiones. En el sector minero, por ejemplo, la fase II de Mirador -que duplicará la producción de cobre- aún no entra en operación, pese a que su construcción concluyó a finales de 2025.

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Para poner en marcha esta ampliación, la firma china Ecuacorriente -que opera Mirador- debe contar con al menos 180 megavatios (MW). Es decir, más del doble de su requerimiento actual, que bordea los 83 MW. Por ello, el Gobierno no ha autorizado todavía su puesta en marcha.

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), admite que la incertidumbre sobre el suministro eléctrico también condiciona las decisiones de inversión de las empresas porque parte de los recursos que podrían destinarse a crecer termina utilizándose para resolver problemas inmediatos.

“Las empresas invierten muy poco de lo que podrían invertir porque mucho de lo que invierten va dirigido hacia resolver problemas en el día a día, no a proyectarse”, señala.

Esta menor capacidad para invertir termina repercutiendo en otras áreas de la economía. Según Robalino, menos inversión significa menos posibilidades de aumentar la producción, contratar trabajadores y generar tributos. “Mientras menos capacidad de invertir, menos aumento de producción, menos contratación, menos pago de impuestos”, enfatiza.

Industrias enfrentarían una tarifa eléctrica más alta

Para el ministro Blum, la situación, que atraviesan actualmente las industrias, es la “crónica de una muerte anunciada” porque los grandes consumidores AV1 y AV2 tienen hasta el 15 diciembre de 2026 para contar con sus propios sistemas de autogeneración, como establece el Decreto Ejecutivo 32.

Pero debido a que “muchos de ellos” no alcanzaron, el Gobierno decidió ofrecer la alternativa de permanecer conectados al sistema nacional, a cambio de asumir los costos reales de las tarifas de energía, que se espera que se oficialicen este 1 de octubre de 2026.

Así, se prevé que el kilovatio hora (kWh) para el sector industrial pasaría de 12 centavos a alrededor de 30 o 31 centavos. Una tarifa menor a lo que les cuesta a los industriales (entre 38 y 44 centavos), dice Blum.

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De ratificarse estos costos (30 o 31 centavos por cada kWh), la tarifa del sector industrial en Ecuador pasaría de ser una de las más bajas de América Latina a la más elevada, subraya Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

El impacto puede llegar al crecimiento económico

Este panorama puede golpear aún más la competitividad y también el crecimiento económico, advierte Spurrier. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) prevé que la economía crezca 2,7 % en 2026, una meta que, a su criterio, se podría ver afectada por las restricciones eléctricas y los efectos del fenómeno de El Niño. “El aporte de las industrias al Producto Interno Bruto representa el 13 %, sin contar la refinación de petróleo”, advierte.