• Familiares alertan sobre internos con tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral durante 2026.
• Un juez identificó hacinamiento y fallas de salud en la Penitenciaría tras una acción de protección.
• Exinternos denunciaron muertes por tuberculosis y falta de atención médica dentro de la cárcel.

María Rodríguez esperaba noticias sobre el nacimiento del cuarto hijo de su hermana en el Hospital General Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, cuando supo que en ese centro médico también reciben atención personas privadas de libertad con tuberculosis provenientes de la Penitenciaría del Litoral.

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La información la llevó a pensar en su primo Francisco, quien permanece recluido en ese centro penitenciario. Según contó, hace pocos días su familia recibió un video en el que se lo observa visiblemente deteriorado.

“Hace unos días le llegó a mi tía un video en el que aparece con el cuerpo lleno de llagas y se le ven los huesos”, relató.

La enfermedad también marcó la vida de su cuñado Erwin, quien falleció a inicios de este año mientras cumplía una condena en la Penitenciaría. Era pareja de Samantha, hermana de María, con quien tenía un hijo y esperaba el nacimiento de otro. “Él quería salir por ella y su hijo, pero no lo logró. Entran y ya no sabes si saldrán”, recordó.

De acuerdo con la versión que recibió la familia, Erwin pasó sus últimos días con un severo deterioro físico. “Su compañero de celda nos dijo que murió tirado en el suelo. Días antes estaba muy flaco. Lo dejaron morir agonizando”, aseguró María.

Un mes después de esa pérdida, Samantha falleció por complicaciones asociadas a una preeclampsia. Cuatro niños quedaron huérfanos de madre, incluidos los dos hijos que tuvo con Erwin.

Un diagnóstico que llegó después de salir de prisión

La tuberculosis también afectó a Ricardo, expareja de María y padre de sus dos hijos. Según relató, fue diagnosticado después de recuperar la libertad.

Durante meses presentó síntomas como tos con sangre y abundante flema, sin que se identificara la enfermedad. Cerca de un mes después de recibir el diagnóstico, fue asesinado en marzo de 2019.

Desde entonces, María no ha vuelto a ingresar a un centro penitenciario. La información que recibe sobre Francisco proviene de llamadas telefónicas, mensajes y videos enviados desde el interior de la cárcel.

Una denuncia viral reactivó las alertas

La preocupación de esta familia coincide con una denuncia difundida en redes sociales el viernes 5 de junio de 2026.

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Una publicación de la cuenta Alerta Guayaquil, en la red social X, afirmó que personas privadas de libertad estarían muriendo por tuberculosis dentro de la Penitenciaría del Litoral y que otros internos serían los encargados de retirar los cuerpos.

La publicación estuvo acompañada de un video presuntamente grabado dentro de uno de los pabellones. Sin embargo, el material no permite verificar cuándo fue registrado, en qué área ocurrió, quiénes aparecen en las imágenes ni cuál habría sido la causa de la muerte de la persona mostrada.

Aun así, la difusión del contenido volvió a poner atención sobre un problema que ya había sido objeto de análisis judicial.

Un fallo judicial identificó vulneraciones de derechos

Las condiciones de salud, alimentación, higiene y rehabilitación dentro de la Penitenciaría fueron revisadas en la acción de protección con medida cautelar N.° 09209-2025-06533.

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La demanda fue presentada por Billy Navarrete Benavidez, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, junto con los abogados Fernando Bástias Robayo, Abraham Aguirre García, Telmo Jaramillo y Karen Montero Freire.

La acción fue planteada contra el SNAI, la dirección del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado.

El juez Julián Patricio Naranjo Haro resolvió parcialmente a favor de los accionantes y concluyó que existieron vulneraciones a derechos relacionados con la seguridad jurídica, integridad personal, salud, alimentación, rehabilitación social y cumplimiento de la pena en condiciones dignas.

La sentencia, emitida el 22 de diciembre de 2025, describió problemas estructurales como hacinamiento, falta de agua potable, daños en las tuberías, presencia de aguas servidas, escasez de medicamentos, deficiencias en la alimentación y suspensión de actividades de rehabilitación.

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Exinterno relató muertes por tuberculosis y falta de atención

Uno de los testimonios incorporados al proceso fue el de Diego Y., quien declaró bajo juramento tras permanecer 20 meses recluido en el CPL Guayas N.° 1.

Durante su intervención aseguró haber presenciado casos de personas que murieron por tuberculosis, desnutrición y falta de atención médica. Además, afirmó que él mismo contrajo la enfermedad durante su permanencia en prisión. “Los compañeros están falleciendo por desnutrición, por tuberculosis, por falta de atención”, manifestó.

También describió a internos con movilidad reducida que dependían de otros compañeros para recibir agua, alimentos o asistencia básica. “Se van apagando la vida poco a poco, no teniendo agua, no teniendo comida, no teniendo medicaciones, pidiendo ayuda”, declaró.

Según su testimonio, incluso hubo casos de familiares que desconocían la muerte de sus seres queridos dentro del centro penitenciario.

Denuncias de presuntos abusos durante requisas

Durante la audiencia también se presentaron certificados de defunción en los que constaba la tuberculosis como causa de muerte.

Además, Diego denunció presuntas agresiones durante operativos de control dentro de la cárcel. Según afirmó, personas con tuberculosis y cuadros de desnutrición eran expuestas a gases y sufrían dificultades respiratorias.

El juez calificó el relato como “sumamente fuerte” y “muy duro”. No obstante, precisó que cada una de las denuncias debía ser investigada y contrastada de manera individual para determinar responsabilidades.

La sentencia que reveló la crisis sanitaria en la Penitenciaría

En los pabellones 3 y 8, en el caso que llegó a sentencia, se reportaron internos con síntomas visibles de tuberculosis, personas en grave estado de salud y dificultades para trasladar a los enfermos al policlínico. Los informes también describieron celdas con nueve ocupantes y solo tres camas, además de áreas con hasta 12 personas en espacios diseñados para cuatro.

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Dentro del policlínico, según los accionantes, había pacientes extremadamente delgados, solicitudes médicas acumuladas y falta de ambulancias para traslados.

EXPRESO solicitó información sobre la situación carcelaria a los ministerios de Salud, Defensa e Interior, así como al SNAI. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Los ministerios de Salud y Defensa solicitaron nuevos envíos de solicitudes de información, los cuales fueron realizados.

“Señor Juez, extraoficialmente los familiares se han podido comunicar los privados de libertad, pero solamente se han comunicado extraoficialmente para despedirse, porque han agonizado con una llamada a pedir la bendición de su madre, de su padre, de sus hermanas, hasta de su abuela, donde ese pequeño detalle que nosotros tenemos como Comité de Familiares. Y el SNAI y las instituciones que están aquí presentes se olvidan de que el privado de libertad tiene familia, de que el privado de libertad tiene hijos y de ese vínculo se olvida porque ese, ese es el trato inhumano que nosotros recibimos acá afuera es un silencio que mata”, expresó Ana Morales, representante del Comité de Familiares, en audiencia.

El informe no señala que Ecuador produzca bienes con trabajo forzado.

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El cargo es más preciso: el país carece de mecanismos operativos para investigar si los bienes que importa provienen de naciones donde esa práctica existe.

"La norma no está orientada a impedir la entrada de productos ecuatorianos porque Ecuador hace trabajo forzado", resumió Edwin Vásquez, exsubsecretario de negociaciones comerciales.

"Está orientada a investigar si Ecuador utiliza mecanismos para aplicar medidas hacia productos que vengan de países que realizan trabajo forzado."

El tercer instrumento de Washington

La investigación, iniciada el 12 de marzo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, divide a las 60 economías en dos grupos.

Daniel Legarda, exministro de Producción, sitúa ese 10% en un contexto político: los aranceles recíprocos de Trump han sido declarados ilegales por la Corte Suprema, y la salvaguarda del 10% perdió en primera instancia —vence en julio—, dejando ese vacío.

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"Están forzando un poco la normativa sobre trabajo forzoso para justificar una nueva medida de imposición de aranceles", explicó Legarda. "Es el instrumento que viene a sustituir a los que se cayeron."

El primero fue el arancel recíproco del 2 de abril de 2025, que fijó un 10% para Ecuador —luego subido al 15%—. La Corte Suprema lo declaró ilegal en febrero de 2026: la ley de emergencia económica no autoriza al Ejecutivo a imponer aranceles.

El segundo, una salvaguarda por balanza de pagos que perdió en primera instancia y vence en julio sin posibilidad de prórroga sin aprobación del Congreso.

Con ambos fuera de juego, la investigación por trabajo forzado es la única herramienta arancelaria activa que le queda a Trump.

Legarda, además, descartó que el problema exista: "Trabajo forzado no es un problema sistémico en Ecuador. Tenemos un sector informal muy grande, pero eso no es trabajo forzado."

Sin pruebas de control

La USTR precisó en su informe por qué Ecuador quedó en la categoría de controles insuficientes, y no en el grupo mayoritario de los 54.

"Si bien reconocemos que Ecuador impuso recientemente dicha prohibición, no existen pruebas de investigaciones, incautaciones u otras medidas coercitivas realizadas hasta la fecha", señala el informe. 

La norma existe; la aplicación, no.

El documento cita un caso concreto: en 2025, las importaciones ecuatorianas de algodón desde China alcanzaron 48 millones de dólares frente a 20 millones desde Estados Unidos, una diferencia del 140%.

El algodón chino ingresa sin que Ecuador haya investigado si en algún tramo de esa cadena hubo trabajo forzado.

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El ejemplo no es casual: China enfrenta acusaciones internacionales por el uso de trabajo forzado en Xinjiang, principal zona productora de algodón del mundo. Ecuador absorbió en 2025 más del 70% de sus importaciones de esa fibra desde ese origen.

Eso es lo que la Resolución 005-2026 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), adoptada el 29 de abril, debería corregir.

La norma crea el Equipo Técnico Interinstitucional para la Restricción de Importaciones de Mercancías Producidas con Trabajo Forzoso (ETITF).

Lo integran el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y el Ministerio del Trabajo.

El ETITF podrá iniciar investigaciones de oficio o a pedido de parte, solicitar información a países proveedores y emitir resoluciones de restricción.

Sin embargo, todas esas facultades están condicionadas a que antes se apruebe el manual operativo: el organismo tiene 90 días para redactarlo. Hasta que ese manual exista, el ETITF no puede investigar formalmente ni actuar.

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Ecuador llegó al apuro

Francisco Ballén, exministro de Comercio, describió cómo Ecuador llegó a la audiencia en Washington donde los países investigados debían defender su posición ante la USTR: sin embajador, sin ministro, representado por un subsecretario de políticas comerciales."

La resolución del COMEX había sido adoptada ese mismo día, aunque la audiencia estaba convocada con semanas de anticipación. "La investigación se inició el 12 de marzo", explicó. "Ecuador llega a la audiencia recién presentando una norma que en 90 días más tendrá su manual."

En los 48 días transcurridos desde el inicio de la investigación no se abrió ningún expediente ni se realizó ninguna incautación. La norma no tenía procedimientos concretos para investigar nada.

Los sectores en juego

Los bienes más expuestos son el camarón y el atún, que no cuentan con protecciones arancelarias especiales y enfrentarían el 10% adicional.

El camarón es el segundo producto de exportación del Ecuador y el atún uno de los principales rubros de la industria pesquera. Juntos representan miles de millones de dólares en ventas anuales al mercado estadounidense.

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Los sectores de palma y banano aparecen en informes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, pero por trabajo infantil, no por trabajo forzado, distinción que todos los entrevistados subrayan.

Vásquez lo deja claro: "Trabajo forzado en el Ecuador no existe. Sí tenemos problemas en cuanto al trabajo infantil."

Carlos Chávez, de Ancupa, fue directo: "Los racimos pesan demasiado. Un niño no puede." Explica que podría tratarse de una medida de proteccionismo al aceite de soya que producen.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), afirmó que en el sector bananero ecuatoriano no existe trabajo infantil ni trabajo forzado. “Hemos trabajado con fuerza en su erradicación”, aseguró.

El gremio acumula más de 11 certificaciones privadas, un 96% de escolaridad en zonas de producción y cumple con estándares internacionales de salario digno.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoció en 2024 que Ecuador logró un "avance significativo" en el control del trabajo infantil. Aunque el país tiene apenas 143 inspectores laborales frente a los 556 que necesitaría.

La brecha importa: sin un cuerpo inspector suficiente, el ETITF no podrá verificar en campo las condiciones laborales de proveedores nacionales ni cruzar información sobre cadenas de suministro importadas.

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Ballén recuerda el caso de Furukawa Plantaciones, empresa japonesa sancionada por la Corte Constitucional, y advierte que el señalamiento fue por trabajo infantil y no forzado, con una sanción ya ejecutoriada.

Lo que Ecuador deberá acreditar, en los hechos, no es que aprobó la Resolución 005, sino que el ETITF empezó a funcionar.

La USTR no buscará solo la norma en el Registro Oficial: buscará investigaciones, incautaciones y medidas coercitivas que la justifiquen.

El acuerdo con EE.UU. aún no está ratificado

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) que Ecuador firmó con Estados Unidos en marzo de 2026 todavía no está en vigor. Debe superar la revisión de la Corte Constitucional y la aprobación de la Asamblea Nacional. Si el ART no se ratifica, los productos cubiertos —el banano, flores, cacao y café— también quedarían expuestos al 10% adicional y perderían la ventaja del acuerdo. Los comentarios ante la USTR cierran el 6 de julio; las audiencias, el 7.

Lo que debes saber

• Viteri y Yunda reactivan el debate sobre las alianzas políticas del oficialismo en Ecuador.
• El análisis examina cómo el oficialismo busca ampliar apoyos en el actual escenario político.
• Los movimientos de Viteri y Yunda reflejan cambios en la estrategia política del Gobierno.

Las elecciones seccionales adelantadas de este año podrían convertirse en un referéndum y el Gobierno lo sabe. Curiosamente, para que eso ocurra no es necesario que la gente vaya a votar por un alcalde o prefecto pensando en si aprueba o no la gestión de Daniel Noboa. 

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Solo haría falta que el mapa electoral resultante, dependiendo del color en que se pinte, nos cuente una historia sobre el voto de los demás: que nació el noboísmo de las entrañas del país o que lo sepultaron en su infancia con una segunda derrota. 

Y el presidente Noboa bien que podría ayudar a contar ese cuento según cómo decida asumir los resultados: celebrando con sus candidatos morados, escondiéndose ante un gran revés o, como una alternativa que algunos comentaristas ya contemplan, congratulándose por la victoria de sus aliados sobre sus enemigos.

La estrategia de alianzas como apuesta política

Esa tercera opción podría ser la apuesta más segura de Daniel Noboa para hacerse con el control de las principales ciudades y provincias del país, y así darse un empujón más para llegar al 2029 a la cabeza de un proyecto político viable. 

Las dos cartas que hasta ahora parecerían delatar ese juego son dos exalcaldes: Cynthia Viteri en Guayaquil y Jorge Yunda en Quito. Ambos han sido más que amistosos con el presidente Noboa.

Cynthia Viteri y las señales de cercanía

Viteri salió varias veces durante el año pasado a respaldar tanto la candidatura de Daniel Noboa en segunda vuelta como el proyecto presidencial de una asamblea constituyente. 

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En al menos una entrevista, Viteri no negó haber conversado con el presidente Noboa, aunque les restó importancia a esos diálogos. Pero lo más llamativo ha sido lo que ha ocurrido alrededor de ella.

We News, la portal digital que comparte con su actual marido, Juan Carlos Vásconez, ha mantenido una línea relativamente favorable al Gobierno, a pesar de que todavía se puede encontrar en su cuenta de X (antes Twitter), alguna publicación reveladora sobre el pasado de Vásconez en el lado B correísta. 

Él es el mismo Vásconez a quien Aquiles Álvarez acusó, por medio de una foto borrosa de los hechos y otra más nítida de un momento distinto, de ser dueño del vehículo supuestamente usado para montar una pancarta que atribuía falsamente a la campaña de Luisa González la propuesta de convertir al Yeyo Úraga en un centro de rehabilitación. Daniel Noboa compartió una foto de esa pancarta en su propia cuenta.

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Jorge Yunda y su postura frente al Gobierno

Jorge Yunda por su lado, ha preferido que Noboa hable por él mismo. Tanto lo dejó hablar en una entrevista, y con tal comodidad, que se ganó las felicitaciones del presidente: lo llamó un “muy buen comunicador”.

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Cuando a Yunda le ha tocado responder desde el sillón del entrevistado, como hace unos días, sobre su opinión del Gobierno, su postura ha sido todavía más penosa: que hay que darle tiempo, que la culpa es de Lasso y de Moreno que le heredaron un desastre y que él mismo no puede “responder de (sic) medidas que las toman desde el Gobierno central”.

Yunda alguna vez portó la camiseta verdeflex (al igual que muchos noboístas de hoy), pero sus convicciones de izquierda, si es que las tuvo, nunca fueron demasiado claras. Hoy, él parece preferir ubicarse en un centro vacuo e indefinido, pero sobre todo acomodaticio. 

Lo único que él representa es el rechazo a la élite tradicional de Quito, la cual se siente relegada y maltratada por Noboa y sus ministros. Una posible colaboración con Noboa no debería ser entonces, una sorpresa para nadie ni un problema para su campaña mientras él sepa marcar la distancia necesaria.

Candidatos con antecedentes y limitaciones

Más allá de sus coincidencias con el Gobierno, estas dos figuras, estos dos exalcaldes que ya fueron derrotados en el 2023, no son precisamente las mejores apuestas posibles. 

Encima, sobre ambos pesa una derrota histórica para su antiguo partido, en el caso de Viteri, y una destitución, en el de Yunda, y ninguno de los dos puede presentar un récord de gestión que pudiera llamarse brillante. Sin embargo, Daniel Noboa no tiene con mucho más con que jugar.

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En Guayaquil, la precandidatura abortada de Annabella Azín fue la única que generó fuertes expectativas. Los dos precandidatos finalmente anunciados, por su parte, enfrentan cierta oposición a la interna, y uno de ellos, Reimberg, no está muy emocionado con la idea de dejar su cargo actual para irse de campaña.

Escenario electoral en Quito

En Quito, el asambleísta Andrés Castillo, quien aspiraba a ser el seleccionado, se quedó afuera, mientras que las dos precandidatas oficiales, la canciller Gabriela Sommerfeld y la directora del seguro campesino, Giovanna Ubidia, sorprendieron a un público que no se esperaba a la primera y no conocía a la segunda.

En comparación, la doctora y el doctor no parecen tan malos prospectos para el Gobierno. Habrá que ver si los votantes piensan igual. Esto es, claro, si ellos llegan a la papeleta y el oficialismo no encuentra una mejor salida.

Lo que debes saber

• Más allá del Malecón 2000, Las Peñas y el centro histórico, Guayaquil alberga espacios naturales, culturales y patrimoniales con potencial turístico que permanecen fuera de los circuitos habituales. 
• Expertos consideran que la ciudad aún no logra diversificar su oferta ni conectar sus atractivos para construir una identidad turística más amplia.
• La percepción de inseguridad y la concentración de la oferta turística en pocos sectores siguen limitando el desarrollo del turismo.

Malecón 2000, Las Peñas y el centro. Esos son, desde hace años, los principales referentes turísticos de Guayaquil. Pero, más allá de ese circuito tradicional, la ciudad guarda otros espacios con potencial que rara vez se promocionan o forman parte de los recorridos habituales de los visitantes.

Especialistas advierten que la oferta turística continúa concentrada en pocos sectores, mientras la percepción de inseguridad limita los recorridos y los reduce prácticamente a un horario de oficina. Incluso hay zonas, como el sur, que han quedado fuera de la narrativa turística.

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Para Carla Ricaurte, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol, Guayaquil continúa vendiéndose como un destino turístico tradicional. “Guayaquil se vende como un turismo muy tradicional. Existen otros espacios con potencial, pero quizás no se los está organizando o promocionando”, cuenta.

La académica basa su análisis en información recopilada por el Observatorio Turístico de Guayaquil. Los resultados muestran que tanto quienes visitan la ciudad por primera vez como quienes llegan para ver a familiares o amigos identifican los mismos atractivos. Uno de los casos más llamativos es la Aerovía. Aunque hace pocas semanas la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, dijo que “ni para turismo ha terminado de servir”, muchos visitantes la perciben como una actividad turística.

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“Las personas utilizan la Aerovía como circuito, pero cuando llegan a Durán encuentran pocas actividades complementarias. Al final, termina convirtiéndose en un recorrido circular”, explica, al sostener que uno de los desafíos es articular los distintos puntos de interés de la ciudad para construir una identidad turística más sólida.

“No estamos conectando los atractivos entre sí. Primero hay que analizar los datos, identificar qué espacios tienen potencial, quiénes son los prestadores de servicios y luego construir una estrategia que permita descentralizar la actividad turística”, afirma.

Ricaurte pone sobre la mesa rutas temáticas vinculadas con la biodiversidad, la gastronomía y el patrimonio histórico. El cangrejo, por ejemplo, representa una oportunidad para desarrollar experiencias gastronómicas que conecten tanto la zona urbana como parroquias rurales como El Morro. Asimismo, los recursos naturales y las especies endémicas podrían integrarse a propuestas turísticas especializadas.

Los estudios del Observatorio también reflejan una debilidad recurrente: la escasez de actividades nocturnas.

Según Ricaurte, numerosos visitantes señalan que la oferta turística disminuye considerablemente después del atardecer. “La gente no se anima a visitar ciertos espacios durante la noche debido a la percepción de inseguridad. Incluso en sectores tradicionales como Puerto Santa Ana existe la percepción de que las actividades terminan temprano”, comenta.

La académica destaca una contradicción: pese a la percepción de inseguridad, los registros de incidentes que afectan directamente a turistas son relativamente bajos.

Ricaurte también considera que el sur ha sido relegado dentro de la narrativa turística de la ciudad. “Creo que hemos abandonado el sur en el discurso turístico. Durante años se habló del barrio Cuba, la Caraguay o el Planetario...”. Además, a su criterio, la historia ligada a los Astilleros y al origen mismo de Guayaquil representa una oportunidad para desarrollar nuevas rutas.

Para César Santana, licenciado en Turismo y docente de la Universidad Ecotec, la descentralización sí es posible, pero requiere una visión más amplia de los productos turísticos que ofrece la ciudad.

“Muchas operadoras se limitan a promocionar espacios regenerados o relativamente nuevos. Eso no está mal, pero deja fuera otros atractivos con gran potencial”, señala.

Miradores y otros espacios

Entre ellos menciona los miradores de Bellavista y Cerro Paraíso, áreas naturales como Cerro Blanco y el Jardín Botánico, además de espacios culturales como los museos y el Cementerio Patrimonial. “No todo depende de los operadores turísticos. También influyen aspectos relacionados con la seguridad, la adecuación de espacios públicos y la obtención de permisos para desarrollar actividades turísticas”, añade.

El especialista considera que la inseguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos para aprovechar ciertos recursos. “Lastimosamente, por la situación de inseguridad que atraviesa el país, no estamos aprovechando para fines turísticos los espacios de manglar que aún conserva Guayaquil”, concluye.

La ciudad impulsa nueva hoja de ruta

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Guayaquil, durante el primer trimestre de 2026 (enero-marzo), la ciudad registró aproximadamente 596.000 visitantes, lo que representa una disminución moderada frente al trimestre anterior, cuando se contabilizaron 625.000.

Del total de visitantes, el 23,5 % realizó actividades nocturnas. Entre quienes no participaron en este tipo de actividades, los principales motivos fueron el descanso (37,84 %), la percepción de inseguridad (33,61 %) y el desinterés (17,76 %), porcentajes similares a los registrados en el período previo.

Municipio de Guayaquil lanza plan

A inicios de junio, el Municipio de Guayaquil presentó el denominado Plan Estratégico de Turismo de la ciudad y un nuevo visor turístico. Según la entidad, esta herramienta digital facilita el acceso a información sobre atractivos, oferta gastronómica, hospedaje, actividades y rutas disponibles en el cantón.

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La institución liderada por Tatiana Coronel señaló que actualmente desarrolla un proceso de socialización en distintas universidades para acercar estos proyectos a la comunidad académica y fomentar su participación en el desarrollo turístico de la ciudad.

“El Plan Estratégico de Turismo constituye el primer Plan Maestro del sector elaborado por la actual administración y establece una hoja de ruta para posicionar a Guayaquil como un destino líder, competitivo y sostenible a nivel nacional e internacional”, señala un comunicado oficial.

El Municipio indicó que la participación de universidades y estudiantes forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la planificación, la innovación y la promoción de Guayaquil como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

De lo que se conoce, como parte de su estructura, el plan contempla la creación de la Organización para la Gestión de Destino (OGD), un equipo técnico encargado de monitorear riesgos, evaluar el avance de la estrategia y asegurar su continuidad en el tiempo.

Lo que debes saber

• Mientras el país enfrentaba apagones y una severa crisis energética, detrás de uno de los contratos emergentes del sector eléctrico se habría tejido una trama de chantajes y filtraciones.
• Una denuncia en la Fiscalía señala que el objetivo era tomar el control de un contrato de $95 millones adjudicado para generar energía en Manta.
• La denuncia apunta a una red que habría combinado presiones, exigencias económicas y acceso privilegiado a información de Celec. 

Un nuevo esquema de corrupción en Celec sale a la luz. Operó en plena emergencia eléctrica, que llevó al país a sufrir apagones, en 2024.

Funcionó de la siguiente manera: un contratista gana una adjudicación millonaria. Inmediatamente otros empresarios vinculados con Celec le llaman a presionar para obligarlo a venderles el contrato y, aprovechando sus nexos con altos funcionarios del sector eléctrico, lo amenazan con la terminación unilateral del contrato y declaración de contratista incumplido sino acepta.

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Esto le ocurrió en diciembre de 2024, a Power Tech Consortium, según la denuncia presentada por el exgerente de Celec, Gustavo Sánchez Iñiguez.

Los documentos como chats, correos, fotos y videos revelan un presunto esquema de chantajes que culminó con la terminación unilateral del contrato de energía, por $ 95 millones, para generación termoeléctrica en Manta, en Manabí.

El origen: Un contrato en tiempos de crisis

La historia se remonta a la adjudicación del contrato TMA-CON-0040-24 para generación termoeléctrica terrestres en la Subestación San Juan - Manta. La Unidad de Negocios Termomanabí de Celec le adjudicó el contrato, en diciembre de 2024, al consorcio Power Tech Consortium, representado por José Stalin Moreno Salas. Moreno no logró conseguir las pólizas de garantía ambiental, técnica y de fiel cumplimiento que exigía su contrato.

Ante la urgencia por salvar el proyecto, Moreno Salas buscó “intermediarios financieros”. Y en ese escenario descubrió una presunta red ilícita que operaba desde Celec.

Según la bitácora de llamadas y chats a los que tuvo acceso EXPRESO, el primer contacto ocurrió el 4 de diciembre de 2024 a través de la plataforma Google Meet. En esa sesión apareció Jack Ricardo André Burneo, quien se identificó como un “abogado con contactos empresariales” capaz de conseguir los certificados bancarios necesarios. 

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Pero en realidad André era asesor de la Gerencia General de Celec. Sin embargo, la ayuda tenía un precio alto: André exigió inicialmente el 70 % de la participación del contrato. El contratista rechazó la propuesta debido a que la ley prohibe vender un contrato, lo que provocó más presiones.

De acuerdo con el relato de Moreno, apenas un día después, el 5 de diciembre se ejecutó una segunda reunión virtual. En esta cita, una ciudadana colombiana, a la que no pudo identificar, le lanzó una advertencia lapidaria: “Si no me entregan el 90 % del contrato se declarará terminado el contrato... si nosotros no tenemos el negocio ustedes tampoco”.

En esa misma reunión, detalla el contratista, participó una auditora llamada Diana Carolina Urgiles Guarderas, quien se identificó como representante de Sipetrol; y Jack Ricardo André. Este último habría exigido un pago en efectivo de $ 600.000 a través de la compañía Bluay Fondos S.A.S.

Para la tercera reunión, celebrada el 9 de diciembre, un hombre, al que identificó como Omar Leal, subió la apuesta: ya no buscaban un porcentaje, sino el negocio completo (el 100% del consorcio). Leal se jactó de sus supuestos contactos en el Ministerio de Energía y Minas y en Celec, e incluso afirmó que podía modificar el contrato a su antojo.

Filtración de información desde CELEC EP

La denuncia y las evidencias fotográficas hacen suponer que la supuesta red ilícita no operaba sola; contaba con acceso directo a los más altos niveles. A principios de enero de 2025, un funcionario identificado como Andrés Abad alertó al consorcio sobre la redacción del documento para la terminación unilateral del contrato, por orden directa de André. 

La consigna transmitida fue que la única alternativa para salvar el contrato era la cesión a los colombianos, porque “ese contrato es de ellos”. Abad también les dijo que debían reunirse con Diana Urgiles Guarderas si quería evitar que el contrato se caiga.

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Coincidencialmente, Urgiles también aparece como la persona que contrató las pólizas de ATM para la central Esmeraldas y es representante del Consorcio Energía Ecuador 260, que ha participado en procesos de contratación para alquiler de energía termoeléctrica.

El acoso se materializó en las oficinas de Urgiles, en Quito. Según Moreno, esta le pidió que firmara un “contrato de promesa de venta por la totalidad de los derechos del consorcio”. 

También reveló que estuvo presente el abogado Bayardo Poveda, quien forma parte de ECIJA GPA, el mismo estudio jurídico que contrató ATM para presentar sus propuestas de soluciones energéticas en reuniones con el ministro Roberto Luque, encargado de Energía, entre abril y mayo de 2024.

La consumación de la amenaza

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia apunta a la entonces directora Jurídica de Celec, Ruth Gabriela Rodríguez Morejón, quien llegó a Celec en la época de Luque, y está vinculada al despacho Noboa, Peña & Torres abogados , según perfil en LinkedIn.

De acuerdo con la denuncia, el 20 de enero de 2025, Urgiles envió al contratista la resolución de terminación unilateral del contrato completamente firmada a través de WhatsApp. 

El documento era confidencial y representante de Power Tech Consortium dijo que para ese momento aún no recibía la notificación por los canales oficiales, lo que evidencia una filtración interna masiva desde el departamento legal.

Para demostrar este punto, el gerente General de Celec hizo adjuntar a su denuncia la bitácora de ingreso al edificio matriz. Allí consta que Diana Urgiles y Bayardo Poveda ingresaron al despacho de Gabriela Rodríguez a las 10:21 y salieron a las 11:21. Sobre esta cita, el abogado Poveda negó categóricamente que se haya reunido con Rodríguez. “Es falso, nunca me he reunido con ningún funcionario de Celec”.

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Las claves del caso

• Moradores de Cumbres Bajas de Los Ceibos y Santa Cecilia denuncian que llevan más de 25 años solicitando la construcción de un ducto cajón para solucionar los problemas de un canal de aguas lluvias.
  
• Residentes de Bosques de la Costa temen nuevos deslizamientos de tierra tras el derrumbe registrado en 2025 y consideran insuficientes las medidas de mitigación ejecutadas.
  
• Los habitantes aseguran que la posible llegada del fenómeno de El Niño podría agravar problemas estructurales, de movilidad y seguridad que permanecen sin solución.

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño vuelva a impactar al Ecuador en los próximos meses ha despertado una preocupación que crece en distintos sectores de Guayaquil. En al menos tres ciudades, los habitantes aseguran que enfrentan problemas de infraestructura que, de no ser atendidos al tiempo, podrían convertirse en catástrofes.

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Tres ciudadelas claman por atención de autoridades

En Cumbres Bajas de Los Ceibos, Santa Cecilia y Bosques de la Costa, los moradores coinciden en que durante años han advertido sobre riesgos que continúan sin resolverse. Hoy, mientras observan los pronósticos climáticos y escuchan las alertas sobre una posible temporada invernal más severa, el temor vuelve a instalarse en sus barrios.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, en Cumbres Bajas de Los Ceibos y Santa Cecilia el problema es un canal de aguas lluvias que atraviesa ambos sectores y que, según los residentes, lleva décadas sin recibir una solución definitiva.

Cumbres Baja y Santa Cecilia comparten el mismo miedo

Los moradores aseguran que han pasado más de 25 años enviando oficios, participando en reuniones y presentando reclamos a distintas administraciones municipales para solicitar la construcción de un ducto cajón y la estabilización de la estructura que rodea al canal.

Según recuerdan, el problema ha pasado por las administraciones de Jaime Nebot, Cynthia Viteri, Aquiles Álvarez y ahora Tatiana Coronel, sin que exista una intervención integral.

"Ya estamos cansados de las promesas. Nos han visitado, nos han ofrecido estudios, reuniones y soluciones, pero seguimos exactamente iguales. Lo único que cambia es el alcalde de turno", reclamó Iván Cuesta, residente de Cumbres Bajas.

La preocupación ha aumentado desde que parte de la vía adyacente comenzó a deteriorarse progresivamente. La calle se ha desprendido en varios tramos y existen zonas donde el terreno muestra signos visibles de desgaste.

"Si llega un invierno fuerte, esto se puede terminar de romper. Lo que nos preocupa es que aquí hay casas muy cerca y también circulan vehículos todos los días. No sabemos qué están esperando", manifestó Raquel Chedraui, moradora del sector.

El canal permanece gran parte del año con maleza y vegetación descontrolada. Los residentes aseguran que la falta de mantenimiento ha generado problemas de salubridad y la proliferación de animales.

Culebras, iguanas, ratas y otros roedores son observados con frecuencia en las inmediaciones del canal, según denuncian los habitantes.

"Las culebras salen de la maleza y aparecen en los patios. Aquí viven muchos niños y adultos mayores. No estamos hablando solo de estética; estamos hablando de seguridad", expresó una residente.

Los vecinos sostienen que han enviado al menos una decena de oficios a distintas dependencias municipales durante los últimos años.

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Esta problemática también afecta a los moradores de la ciudadela Santa Cecilia, quienes aseguran vivir con preocupación cada vez que se anuncian lluvias.

" Aquí se derrumba todo el vecindario. Es increíble la poca importancia que le dan las autoridades, pese a que estos reclamos llevan años", señalaron moradores del sector.

" Nos tienen dando vueltas. Estamos hartos . Ya no sabemos qué más hacer. Hemos hablado con funcionarios, hemos presentado documentos, hemos esperado reuniones. Todo queda en palabras", reclamaron los residentes.

Incluso recuerdan que la concejala Nelly Pullas visitó el sector y manifestó su intención de apoyar la construcción del ducto cajón.

"Nos dijeron que casi todo estaba aprobado. Después nos dijeron que no había presupuesto. Mientras tanto seguimos esperando y cada invierno es peor que el anterior", reclamó César Guaranda.

Bosques de la Costa con miedo a que el cierro les caiga

A varios kilómetros de allí, en Bosques de la Costa, la preocupación tiene otro origen. Los residentes recuerdan que durante el invierno de 2025 se registró un porcentaje de tierra que encendió las alarmas en la urbanización. Desde entonces, aseguran que las medidas adoptadas han sido insuficientes frente a un posible escenario de lluvias intensas.

Recientemente, una inspección municipal evaluó las condiciones del sector y revisó las obras de mitigación ejecutadas después del incidente. Sin embargo, los habitantes continúan inquietos.

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"Lo único que hicieron meses atrás fue colocar una lona negra cubriendo parte del cerro, pero esa solución no sirve porque ese plástico cada vez se rompe más. Nosotros no vivimos tranquilos. Cada vez que anuncian lluvias fuertes pensamos en lo que podría pasar", señaló Manuel Chang, residente de Bosques de la Costa.

Los moradores consideran que el terreno requiere obras más profundas, como la construcción de un talud de cemento y hormigón, para garantizar la estabilidad de la ladera.

"Nos dicen que están monitoreando, que están evaluando, que están revisando. Pero mientras tanto seguimos viendo el mismo problema. El miedo sigue ahí ", afirmó Iván Falcones.

Barrios coincide que se necesita ayuda urgente

Mientras las autoridades realizan inspecciones y evaluaciones técnicas, los habitantes de Cumbres Bajas, Santa Cecilia y Bosques de la Costa aseguran que el tiempo para actuar se agota.

"El problema no es que llegue El Niño. El problema es que llegue y nosotros sigamos exactamente igual que hace años", resumió Eloísa Patiño. “Lo triste es que todos saben lo que pasa aquí, pero nadie hace nada”, reprochó.

La vía a la costa y varias zonas del norte de Guayaquil históricamente han registrado problemas asociados a lluvias intensas, acumulación de agua, graduales y afectaciones a la movilidad.

Por ello, los anuncios relacionados con la posible llegada del fenómeno de El Niño han vuelto a poner sobre la mesa reclamos que, según los moradores, llevan años esperando atención. 

Una novela emblemática

• El corazón de las tinieblas, utiliza el viaje de Marlow por el Congo para desmontar los mitos del imperialismo europeo y explorar la violencia, la codicia y el horror que pueden ocultarse bajo la idea de civilización.
• A través de la figura de Kurtz, Joseph Conrad plantea una reflexión sobre los límites morales del ser humano y anticipa algunas de las grandes tragedias y debates filosóficos del siglo XX.

A finales del siglo XIX, cuando el colonialismo europeo alcanzaba su cénit y se legitimaba con elaborados discursos de progreso, misión civilizadora y destino histórico manifiesto, Joseph Conrad —polaco de nacimiento, inglés de adopción, cosmopolita de existencia— escribió una obra que cuestionó esos mitos desde sus fundamentos ontológicos. El corazón de las tinieblas, publicada en 1899 en la revista Blackwood’s Magazine tras el traumático viaje del autor al Congo belga en 1890, es uno de los textos más perturbadores, ambiguos y visionarios de la narrativa occidental. No es simplemente una denuncia del imperialismo: es una meditación radical sobre el sustrato de violencia que subyace bajo toda civilización, una interrogación sin respuesta sobre los límites del alma humana.

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La estructura de la novela remite a los grandes arquetipos del descenso iniciático: la bajada de Ulises al Hades en la Odisea, el viaje de Dante a través de los círculos infernales guiado por Virgilio, los ritos de pasaje descritos por James George Frazer en La rama dorada. Marlow, capitán de un barco de vapor contratado por una compañía comercial para remontar el río Congo y encontrar al legendario agente Kurtz, no es simplemente un viajero: es el iniciado que desciende al reino de las verdades insoportables. Conrad establece, con esta arquitectura mítica de hondo calado, que el horror encontrado no es accidental ni periférico, sino constitutivo del orden civilizatorio que lo ha enviado.

Conforme Marlow se interna en la selva, lo que descubre no es progreso sino ruina, no misión civilizadora sino barbarie con ropajes administrativos, no un héroe sino un hombre que ha llevado el ideal imperial hasta su conclusión lógica y aterradora. La selva africana se convierte en metáfora del inconsciente colectivo: vasta, silenciosa, indomable, devoradora. Es el espacio donde las convenciones de la civilización occidental se disuelven como bruma, y donde el hombre moderno queda cara a cara con sus impulsos más primarios y sus verdades más inoculables. Conrad conocía ese abismo por experiencia propia: su viaje al Congo en 1890 lo dejó física y espiritualmente quebrantado, con una fiebre que casi lo mata y una visión del mundo que nunca pudo olvidar ni redimir mediante palabras.

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La oscuridad del título no alude únicamente al continente africano tal como lo imaginaban las geografías imperiales europeas, sino a una dimensión más profunda y universal: la del alma humana cuando se desprende de las máscaras que la civilización le impone. Esta intuición anticipa las grandes elaboraciones teóricas del siglo siguiente: la pulsión de muerte freudiana, la banalidad del mal que Hannah Arendt identificaría en el totalitarismo, la crítica de la razón instrumental que Horkheimer y Adorno desarrollarían en la Dialéctica de la Ilustración. Conrad formula en 1899, con los únicos instrumentos de la literatura, lo que los filósofos tardarían largas décadas en articular conceptualmente.

Kurtz es el gran enigma de la novela, su centro gravitacional y su figura más inquietante. Descrito con una mezcla vertiginosa de admiración y repulsión, es un ser de excepcionales talentos —artista, orador, pensador, redactor de informes para la Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes— que ha terminado convertido en tirano sagrado, adorado por los nativos, rodeado de cabezas humanas clavadas en estacas. Su figura encarna la culminación lógica del pensamiento imperialista: cuando se suprime todo límite externo, cuando el superhombre nietzscheano se libera de la moral del rebaño en la selva ecuatorial, el ideal se transmuta en violencia y la misión civilizadora se revela como puro despojo. Kurtz no es una anomalía del sistema: es su verdad más desnuda y definitiva.

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Su frase final, «l¡El horror! ¡El horror!», resuena no como exclamación retórica sino como síntesis agónica de todo lo que ha contemplado hasta la lucidez extrema. Es la frase de quien ha visto la verdad sin mediaciones: sin cultura, sin ley, sin religión que atenúe su brutalidad. En este grito irreductible, Conrad concentra una visión existencial que precede al absurdo de Camus y al nihilismo de Cioran: el horror no como accidente sino como fundamento, como lo que siempre estuvo allí, oculto bajo los frágiles andamiajes de la civilización.

Marlow no es el héroe clásico sino el testigo que narra desde la perplejidad y la duda. Su relato —repleto de digresiones, silencios e intuiciones inconclusas— subvierte el estilo épico de la narrativa colonial victoriana. A diferencia de Kurtz, que se entrega a la oscuridad con una especie de éxtasis trágico, Marlow resiste. Pero no sale indemne: algo de la tiniebla lo ha rozado irreversiblemente, y ese roce define su condición posterior de narrador que solo puede hablar de aquello que no comprende del todo. Conrad anticipa así la figura del narrador poco fiable que Henry James teoriza y que Faulkner llevará a sus extremos formales más radicales.

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Uno de los mayores logros de la novela es su demolición del discurso colonial sin recurrir al sermón. Conrad muestra que la presunta civilización que Europa exporta es fachada para la codicia, la violencia y el despojo sistemático. Los personajes europeos —peregrinos, administradores, contables— son autómatas recubiertos de eufemismos cuyo lenguaje burocrático oculta la brutalidad de sus actos con una eficiencia que es ella misma una forma de horror. El marfil, convertido en tótem sagrado, justifica todo crimen. Esta crítica anticipó por décadas los análisis poscoloniales de Frantz Fanon y Aimé Césaire sobre la violencia estructural de la empresa imperial.

Es verdad que Chinua Achebe, en su célebre conferencia de 1975, acusó a Conrad de perpetuar el silenciamiento de África al no conceder voz propia a los africanos. La crítica es legítima e ineludible. Pero la acusación más profunda de Conrad no se dirige contra África sino contra Europa y su profundo autoengaño moral: el racismo estructural no es denunciado desde fuera del sistema sino exhibido en su propio funcionamiento interno, en la retórica autocomplaciente y letal de sus directos beneficiarios.

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Leído con la distancia de ciento veinticinco años, El corazón de las tinieblas anticipa las catástrofes del siglo XX con una precisión que asombra y perturba. Los totalitarismos, los genocidios, los campos de exterminio: Conrad sugiere desde 1899 que no existe barrera natural entre civilización y barbarie, que basta con remover ciertos límites —morales, legales, simbólicos— para que emerja el horror en toda su extensión. El grito de Kurtz resuena como anuncio de Auschwitz, del Gulag, de Hiroshima. La modernidad lleva inscrito en su código, como Kurtz en su informe, un párrafo final que anula implacablemente todo lo anterior.

El estilo de Conrad ha sido comparado con el impresionismo pictórico: en lugar de líneas claras, pinceladas sueltas; en lugar de certezas, atmósferas difusas donde la luz y la sombra se entrelazan sin resolverse. El lenguaje es sinuoso, elíptico, cargado de una ambigüedad deliberadamente productiva. Las repeticiones, los silencios y los desvíos narrativos crean una bruma permanente en la que el lector, como Marlow, navega sin mapa ni brújula. Esta estrategia no es ornamental sino profundamente ética: Conrad no ofrece respuestas sino zonas de duda, no clausura el sentido sino que lo mantiene en una tensión irresuelta que es, precisamente, la condición del pensamiento verdadero.

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No es un libro para leer con comodidad. Es un libro que duele, que interpela, que deja marcas indelebles. Nos obliga a contemplar lo que preferiríamos ignorar: que la barbarie no es externa ni ajena, sino íntima; que el horror no es excepción sino posibilidad permanente; que el corazón de las tinieblas —aunque nos esforcemos por negarlo con todos los recursos de la civilización— late en el centro mismo de nuestra condición humana.

Lo que debe saber

• La producción de hidrógeno limpio requiere enormes cantidades de electricidad proveniente de fuentes renovables como la solar y la eólica. Sin una infraestructura energética limpia y con excedentes suficientes, el hidrógeno pierde gran parte de sus beneficios ambientales.
• Aunque la tecnología de electrólisis ha avanzado, el hidrógeno verde sigue enfrentando obstáculos importantes, como elevados costos de producción, almacenamiento y transporte, además de una fuerte demanda de agua, energía e infraestructura especializada.
• Gracias a sus recursos solares y eólicos, Chile aspira a convertirse en exportador de hidrógeno verde hacia mercados internacionales. Sin embargo, expertos advierten que la viabilidad económica, la magnitud de las inversiones y la construcción de infraestructura serán determinantes para convertir esa promesa en una realidad.

Mientras distintos países aceleran sus planes para reducir emisiones contaminantes y abandonar progresivamente los combustibles fósiles, el hidrógeno verde comienza a ocupar un lugar central dentro de las estrategias energéticas globales. Europa busca asegurar futuras importaciones de energía limpia, empresas internacionales anuncian inversiones millonarias y países como Chile intentan posicionarse como actores relevantes dentro de una industria que promete transformar la transición energética. Sin embargo, detrás del creciente entusiasmo político y tecnológico, persisten dudas importantes sobre la verdadera viabilidad del hidrógeno como solución energética a gran escala.

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Aunque el hidrógeno ha sido presentado como una alternativa capaz de descarbonizar industrias y sistemas de transporte difíciles de electrificar, especialistas advierten que su implementación masiva continúa enfrentando obstáculos técnicos, económicos y estructurales que aún están lejos de resolverse.

La promesa condicionada por la energía

El principio tecnológico detrás del hidrógeno no es nuevo. Mediante un proceso conocido como electrólisis, la electricidad separa las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. El problema, sin embargo, no radica únicamente en producir hidrógeno, sino en la enorme cantidad de energía necesaria para hacerlo.

El impacto ambiental del proceso depende completamente de la fuente eléctrica utilizada. Cuando la electricidad proviene de combustibles fósiles, las ventajas climáticas prácticamente desaparecen. Solo cuando se utilizan energías renovables, como solar o eólica, se obtiene el denominado hidrógeno verde.

Pero esta condición revela una de las principales contradicciones de la tecnología: para producir hidrógeno limpio, primero es necesario disponer de sistemas eléctricos limpios, robustos y capaces de generar grandes excedentes de energía renovable.

En otras palabras, el hidrógeno no reemplaza automáticamente los problemas energéticos actuales, sino que depende directamente del desarrollo previo de infraestructura renovable a gran escala.

Costos, infraestructura y límites tecnológicos

A pesar de los avances recientes en electrólisis, la producción de hidrógeno verde continúa siendo considerablemente más costosa que otras alternativas energéticas convencionales.

Actualmente existen distintas tecnologías de producción, entre ellas los sistemas alcalinos, los electrolizadores PEM y las tecnologías de óxido sólido. Aunque estas opciones han mejorado la eficiencia del proceso, todavía enfrentan importantes limitaciones técnicas y económicas.

Entre los principales desafíos destacan, entre otros, el elevado consumo energético requerido durante todo el proceso de producción, los altos costos de infraestructura para generación, almacenamiento y distribución, la dependencia de materiales especializados y costosos, las dificultades asociadas al transporte y almacenamiento seguro del hidrógeno, la necesidad de grandes volúmenes de agua y electricidad renovable.

Estas barreras han llevado a numerosos especialistas a cuestionar si el hidrógeno podrá realmente expandirse con la velocidad que actualmente proyectan gobiernos y empresas energéticas.

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Chile y la nueva carrera energética

En medio de esta discusión, Chile aparece como uno de los países con mayor potencial para desarrollar hidrógeno verde gracias a sus recursos solares y eólicos, particularmente en regiones del norte y sur del país.

Diversos proyectos impulsados por el sector público y privado buscan convertir al país en un futuro exportador de combustibles limpios hacia mercados como Europa y Asia. Sin embargo, el desarrollo de esta industria también abre interrogantes sobre el costo de las inversiones, el uso intensivo de recursos naturales y la capacidad real de construir infraestructura energética a gran escala.

La velocidad con la que distintos gobiernos han comenzado a promover el hidrógeno refleja no solo una apuesta ambiental, sino también una competencia económica y geopolítica por liderar una posible nueva industria global.

Usos reales versus narrativa global

El hidrógeno ya tiene aplicaciones concretas en sectores industriales, refinación, producción de amoníaco y algunos sistemas de transporte mediante celdas de combustible. Sin embargo, su presencia actual sigue siendo limitada frente a la narrativa que lo presenta como una solución energética inmediata y universal.

En muchos casos, especialistas consideran que su papel será complementario y específico, especialmente en industrias difíciles de electrificar directamente, más que una sustitución total de los combustibles fósiles o de otras tecnologías renovables.

La discusión ya no parece centrarse únicamente en si el hidrógeno puede producirse, sino en si realmente podrá hacerlo de manera económicamente viable y energéticamente sostenible.

Una transición aún abierta

Más que una solución definitiva, el hidrógeno verde representa una tecnología en desarrollo dentro de un sistema energético global que todavía atraviesa profundas transformaciones.

Su futuro dependerá no solo de avances científicos y reducción de costos, sino también de decisiones políticas, inversiones sostenidas y de la capacidad de los países para construir infraestructura renovable suficiente para sostener esta nueva industria.

Por ahora, el hidrógeno continúa moviéndose entre promesas tecnológicas, intereses económicos y desafíos estructurales aún no resueltos. La transición energética ya comenzó. La pregunta es si el hidrógeno verde logrará convertirse realmente en uno de sus pilares o si terminará siendo otra promesa tecnológica incapaz de cumplir las expectativas que hoy genera.

Según la resolución, a la que diario EXPRESO tuvo acceso, los días 1, 4 y 5 de septiembre del 2025, el Laboratorio de Biología Molecular de Diagnóstico Vegetal de Agrocalidad, ubicado en Tumbaco , procesó muestras tomadas en ocho sitios de producción en la parroquia Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe: siete de las ocho resultaron positivas para Xylella fastidiosa, una bacteria que se transmite a través de insectos vectores, y que afecta el sistema de conducción de agua y nutrientes de las plantas, ocasionando su marchitez y su muerte progresiva.

Conforme al documento, en ese entonces, el área total prospectada fue de 10,7 hectáreas, con una estimación de 0,545 hectáreas afectadas, todas en plantaciones de café arábigo (Coffea arábica). No obstante, a esos primeros focos se sumaron, el 4 de octubre de 2025, otros seis sitios de producción del mismo cultivo en la provincia de Loja.

Silencio oficial

Desde el pasado 23 de diciembre de 2025, EXPRESO ha venido solicitando formalmente a Agrocalidad información y vocería sobre la existencia de esta enfermedad, sin recibir respuesta alguna. Ayer, se hizo un nuevo intento, con la finalidad de conocer las acciones de contención o mitigación que las autoridades deberían estar tomando contra esta bacteria, así como el trabajo de difusión y capacitación que requieren los agricultores para evitar posibles efectos en sus cultivos. Pero hasta el cierre de esta edición, la agencia no había respondido.

La resolución 0187 es firmada por Patricio Almeida, el entonces director ejecutivo de Agrocalidad. Este Diario contactó a Almeida el pasado 23 de diciembre; no obstante, se mostró cauto a la hora de hablar sobre el tema, del que dijo, “sería oportuno el pronunciamiento de la autoridad”. No obstante, el exfuncionario dejó entrever que, hasta su salida, había la existencia de planes de acción técnicos para afrontar plagas como la xylella.

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Se pide confirmación

Pero mientras los documentos técnicos circulan en los despachos de Agrocalidad, los productores desconocen sobre la presencia de esta bacteria y posible amenaza.

La noticia genera incertidumbre en Víctor Yanángomez, quien tiene cinco hectáreas de producción de café en el cantón Puyango, provincia de Loja. “Me quedo preocupado, porque tenemos mucho dinero invertido en los cultivos”, afirmó mientras se queda en la expectativa de que los productores reciban información y asesoría técnica.

Similar fue la reacción de Melecio Mayo, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur (Fapecafes), quien tampoco dice tener conocimiento del tema. “No existe ningún tipo de información sobre esa afectación, desconozco completamente del tema”, dijo al ser consultado. Al conocer el hallazgo, fue categórico: “Es una mala práctica de las autoridades. Si tienen datos confirmados, deberían socializarlo directamente en campo y ayudar al productor a salvar los cultivos y la economía de las familias”. 

Mayo afirma que el sector desde hace mucho tiempo se siente desprotegido y explica la dimensión del riesgo: en Zamora Chinchipe donde se habrían detectado los primeros focos, la federación concentra alrededor del 80% de café de exportación.

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Lo que resuelve

La disposición de la autoridad fitosanitaria ordena a la Coordinación General de Sanidad Vegetal de Agrocalidad, a través de sus Direcciones Distritales y Jefaturas de Sanidad Agropecuaria, ejecutar medidas provisionales de emergencia, que incluyen la vigilancia sobre cultivos hospedantes de importancia económica: arándano, aguacate, café, cítricos, rosas, uva y frutales del género Prunus; el monitoreo de insectos vectores del orden Hemíptera; y la capacitación obligatoria al productor ante cada detección confirmada.

Por otra parte, en los focos identificados, ordena tomar las siguientes medidas de bioseguridad: restringir la movilización de plantas o sus partes en un radio de dos metros, erradicación mecánica con extracción completa de raíz y desinfección de herramientas.

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En el documento también reconoce que es esencial notificar sobre la presencia de la bacteria a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Andina y socios comerciales del país. “Tomando en cuenta el impacto potencial de esta detección en las exportaciones agrícolas (...) puede generar restricciones comerciales en mercados internacionales”, dictamina.

La CIPF es el tratado administrado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para proteger los recursos vegetales y garantizar un comercio internacional seguro. A este organismo los países deben notificarle oficialmente la detección de plagas cuarentenarias. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no existe ningún reporte de Ecuador por xylella fastidiosa en su portal oficial.

Carlos Torres, especialista en Fitopatología de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria del Perú (SENASA), explica que la CIPF no aplica sanciones, pero podría emitir notificaciones. De todos modos, el especialista advierte que no realizar el aviso oportuno “crea controversias y dudas”. La mayoría de las naciones, añade, cumple “por transparencia y credibilidad”.

En este escenario El Niño podría ampliar la dispersión de la plaga, debido a cambios en temperatura y humedad que alteran la actividad fisiológica de los vectores, por ende su reproducción y alimentación. Las consecuencias incluyen menor rendimiento, cosechas des uniformes, pérdida de calidad, mayores costos y menor volumen exportable.

En ese contexto, la información es la primera herramienta de defensa. Europa lo aprendió en medio de la crisis: el sistema de detección temprana que frenó la expansión en olivares usó avionetas con cámaras multiespectrales y térmicas capaces de identificar la enfermedad hasta un año antes de que sea visible, midiendo alteraciones en la fotosíntesis que el ojo humano no percibe. Ecuador aún no la aplica de forma sistemática tecnología similar. Esa brecha es, hoy, resulta riesgosa.

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La reciente fusión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) con el de Economía y Finanzas ya inquietaba al sector cafetero, pero la noticia de la posible presencia de Xylella fastidiosa en los cafetales del sur agrava el panorama. Pablo Pinargote, gerente de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), -quien tampoco había recibido información alguna sobre la bacteria-, suma este silencio a un amplio historial de abandono: “si hay un sector profundamente abandonado por el Estado, ha sido el café; sobrevivimos y estamos resurgiendo solos”. 

La asociación califica la reestructuración como una “barbaridad”, al considerar que el MAGP “no ha podido dominar el tema agrícola y agroindustrial” del país. “Si antes estábamos mal, ahora estamos en el limbo”, concluyó.

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Lo que debes saber

• ADN afrontará las seccionales de 2026 sin estructuras territoriales consolidadas y apoyado en figuras del Gobierno.
• Expertos advierten que Daniel Noboa ha concentrado el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.
• Analistas alertan que mantener funcionarios cuestionados podría generar desgaste y voto castigo en las urnas.

Las elecciones seccionales del próximo domingo 29 de noviembre de 2026 se perfilan como un proceso marcado más por el centralismo que por las dinámicas territoriales, según expertos en Ciencias Políticas y Comunicación Política consultados por EXPRESO. Para los analistas, el principal impulsor de esta tendencia es el presidente Daniel Noboa.

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Detrás de esta apuesta también aparece una necesidad política del oficialismo. En su primer desafío electoral a escala local, Acción Democrática Nacional (ADN) llega sin una red sólida de liderazgos territoriales ni estructuras consolidadas en gran parte del país, por lo que ha decidido apoyarse en los rostros más visibles del Gobierno para intentar ganar espacio en alcaldías y prefecturas.

Por lo que, ante ese contexto, las próximas elecciones seccionales de 2026 podrían convertirse en una extensión del proyecto político del Ejecutivo más que en una disputa centrada en las necesidades de cada territorio. Para el politólogo Juan Carlos Valarezo, coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ADN busca trasladar la marca presidencial hacia alcaldías y prefecturas, en un contexto en el que todavía no cuenta con una estructura local consolidada.

Esa estrategia responde, además, a una lógica de centralización de las decisiones. El politólogo Valarezo sostiene que la selección de candidatos parece estar dirigida desde la cúpula del movimiento oficialista y no desde procesos territoriales, liderazgos construidos en las provincias y cantones, ni procesos de democracia interna.

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ADN busca compensar la falta de cuadros propios

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, coincide en que el oficialismo evidencia dificultades para generar cuadros propios. A su juicio, ADN carece de procesos de formación política comparables a los de agrupaciones más tradicionales, por lo que termina recurriendo a figuras cercanas a Noboa para ocupar espacios electorales.

La decisión de promover a ministros y asambleístas como posibles cuadros también deja al descubierto una de las principales debilidades de ADN: la falta de nuevos liderazgos con alcance nacional. Según la consultora en comunicación política María Fernanda Carvajal, el oficialismo recurre a figuras como John Reimberg, Gabriela Sommerfeld, Niels Olsen, Andrés Guschmer, Andrés Cevallos y Cynthia Gellibert porque ya poseen notoriedad pública, mientras que posicionar candidatos nuevos demandaría un tiempo y una inversión política que el movimiento no tiene de cara a las seccionales.

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Las redes como filtro para elegir candidatos

Para la politóloga Quinga, la difusión de esos nombres funciona como un “globo de ensayo”. La especialista considera que el oficialismo está observando la reacción de los usuarios en plataformas digitales para determinar qué perfiles generan respaldo y cuáles provocan rechazo.

El experto político-electoral Alfredo Espinosa manifiesta que las redes sociales se han convertido en una especie de grupo focal permanente para el Gobierno ecuatoriano. Según su análisis, la decisión final sobre determinadas candidaturas podría depender más de la respuesta digital que de mecanismos internos de democracia partidaria.

Andrés Jaramillo, estratega de comunicación política, añade que esa estrategia tiene costos para la administración pública. Advierte que cuando ministros con responsabilidades nacionales empiezan a proyectarse electoralmente, parte de su atención se desplaza de la gestión hacia la construcción de una candidatura.

Desde la perspectiva de la comunicadora Carvajal, la reestructuración ministerial, que Noboa dictó el 4 de junio, también puede interpretarse como una forma de facilitar el salto electoral de determinadas figuras. No obstante, alerta que la fusión de carteras podría, indica, afectar la calidad de los servicios públicos, para la ciudadanía, si la reorganización termina reduciendo capacidades institucionales.

Noboa concentra la vocería del oficialismo

Por otro lado, la creciente exposición del propio presidente Daniel Noboa responde, según varios analistas, al deterioro de los voceros gubernamentales. Jaramillo sostiene que muchos ministros ya se encuentran políticamente desgastados, por lo que el presidente ha terminado convirtiéndose en el principal defensor de la gestión oficial.

Espinosa coincide con esa lectura y afirma que la reciente carta difundida por el primer mandatario refleja un intento por concentrar la vocería en una sola figura. El objetivo sería evitar contradicciones internas y blindar a los potenciales candidatos frente al costo político derivado de las crisis gubernamentales.

Esa estrategia, añade el politólogo Juan Carlos Valarezo, también profundiza una lógica de hiperpresidencialismo dentro del oficialismo. Cuando las explicaciones sobre la gestión pública recaen directamente en el jefe de Estado y no en los funcionarios responsables de cada cartera, el liderazgo presidencial termina absorbiendo funciones políticas y comunicacionales que deberían estar distribuidas en el gabinete de Gobierno.

El resultado, advierte, es una administración cada vez más personalizada, en la que la figura de Noboa se convierte simultáneamente en el principal activo electoral y en el mayor riesgo político para ADN. Sin embargo, asumir personalmente la defensa del Gobierno también implica riesgos para el primer mandatario, ya que al convertir las seccionales en una evaluación directa de su liderazgo, cada victoria fortalecerá su proyecto político, pero cada derrota relevante podría interpretarse como un rechazo ciudadano a su gestión, advierte Valarezo.

Las seccionales de noviembre podrían convertirse más en una evaluación de Daniel Noboa que de los candidatos de ADN, debido a que el presidente concentra cada vez más el protagonismo político y comunicacional del oficialismo.Juan Carlos Valarezo, politólogo y docente de la PUCE

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El costo de sostener a figuras cuestionadas

La falta de depuración del gabinete de Daniel Noboa también acarrearía consecuencias. El caso de Roberto Luque es uno de los más representativos. Tatiana Quinga señala que, pese a las controversias vinculadas al caso Progen, el Gobierno no solo decidió mantenerlo en funciones, sino otorgarle mayores competencias dentro de la nueva estructura ministerial.

Para Andrés Jaramillo, ese movimiento constituye un mensaje político explícito. Mantener a Luque y fortalecer su posición implica transmitir que el presidente sigue respaldándolo plenamente, incluso en medio de cuestionamientos que han afectado la imagen del Gobierno.

No obstante, esa decisión también puede convertirse en un factor de desgaste electoral. Juan Carlos Valarezo advierte que figuras asociadas a polémicas podrían transformar el denominado “efecto arrastre” presidencial en un “lastre”, perjudicando a las candidaturas que el oficialismo impulse en los territorios.

Aunque todavía faltan varios meses para los comicios, Quinga recuerda que la teoría política muestra que los gobiernos debilitados suelen enfrentar expresiones de voto castigo en las elecciones intermedias o locales. Por ello, sostiene que la acumulación de conflictos y la permanencia de figuras desgastadas podrían convertirse en un elemento de evaluación ciudadana cuando los electores acudan a las urnas en noviembre de 2026.

Lo que debe saber

• Yaku Pérez analiza la posibilidad de buscar la Alcaldía de Cuenca en las seccionales 2026. 
• Considera que es necesaria una tercera vía con movimientos y organizaciones sociales del centro a la izquierda.
• Cuestiona el momento político actual respecto a la situación de varios alcaldes del país y los procesos judiciales y electorales. 

Yaku Pérez, excandidato presidencial por Pachakutik reapareció en el escenario político. En diálogo con EXPRESO habla del alcance del acuerdo político con la Izquierda Democrática, la posibilidad de candidatizarse a la Alcaldía de Cuenca y la construcción de una tercera vía.

¿A qué responde su reaparición política?

He estado siempre en la lucha ecológica, en la defensa de los derechos de la naturaleza, del agua y en los tribunales de justicia. Creo que eso vio la Izquierda Democrática: que puede complementarse la justicia social con la justicia ecológica. Hubo la invitación a formar parte de este acuerdo nacional, en el que el objetivo es cimentar la construcción de la tercera vía a fin de dar alternativas reales, concretas y serias frente a un panorama opaco que vive el país.

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¿A dónde apunta este pacto con la ID?

El objetivo es sentar estas bases de la justicia ecológica y la justicia social, en un contexto en el que las desigualdades sociales se han profundizado. Hay cada vez menos ricos, pero más billonarios; además de más sectores que se encuentran en vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ya no es solamente en temas económicos y sociales, sino sobre todo ecológicos. En función de esto y de la inseguridad, la impunidad y la corrupción que se viven, es emergente la unificación no solamente de Somos Agua e ID, sino de otros sectores sociales y políticos que estén dentro del centro hacia la izquierda, capaces de construir una alternativa.

¿Por qué justamente empezar con la ID? Es un partido que, de alguna forma, no logra resolver sus problemas internos.

La ID ha tenido la generosidad, a través de Analía Ledesma, Marcos Dueñas y su directiva, de confiar en nuestro movimiento. Con todos sus problemas internos, tiene una imagen y una historia. Tuvo a un expresidente que pudo, después de gobernar, caminar por las calles. O sea, no hubo corrupción. Eso dice bastante. Los problemas existen en todos los sectores, pero el desafío es avanzar. Se avanzará en la diversidad.

Habló de ampliarse a organizaciones del centro hacia la izquierda. ¿De quiénes habla? Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano han hecho la misma propuesta.

Nos alegra que UP tuvo justicia y vuelve al escenario político. Es un movimiento que se identifica con los sectores populares. Pachakutik es un movimiento que tiene su trayectoria y, así como estos, hay más. Sobre todo, hay que apuntar a los sectores sociales y no precisamente solo a los trabajadores o solo a los indígenas, sino ampliar a los profesionales, artesanos, emprendedores y empresarios que sean honestos. No hay que ser excluyentes. Lo que sí vamos a ser es completamente excluyentes con aquellos que estén dentro de las economías criminales, y eso sí, para nada.

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¿Se incluye al correísmo?

El correísmo no está dentro de esta cosmovisión. El correísmo y el noboísmo han tenido la oportunidad de demostrar que son ecologistas y han sido extractivistas; (han tenido la oportunidad) de demostrar que son demócratas y han sido totalitarios.

Pero habló de UP y Pachakutik. ¿Hay acercamientos?

Se ha conversado en algunas provincias con ellos. Pero este acuerdo no necesariamente es para las elecciones de noviembre. Hay que construir un frente amplio para las elecciones venideras y las siguientes. Creo que es urgente la construcción de la tercera vía, donde se aglutine a todos los sectores desencantados con los partidos tradicionales que tuvieron la oportunidad y no supieron aprovecharla ni cambiar las estructuras del país.

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¿Piensa participar en las seccionales de 2026?

Es una posibilidad. Nos lo han propuesto. Pero estamos analizando y, sobre todo, la decisión no tiene que ser individual. Tiene que ser colectiva. Yo les he dicho en privado y en público: estaré en el espacio donde sea más útil para la construcción de la tercera vía. Si hay que ir a la cancha electoral para disputar la Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si no toca ser candidato y más bien apoyar con la banderita, o esperar para 2029 o más adelante, donde yo sea importante y pueda contribuir con mi condición, ahí estaré.

¿Buscaría la Alcaldía de Cuenca y no nuevamente la Prefectura del Azuay?

Creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca o, si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles. Contribuiremos a la construcción de esa tercera vía.

Hay alcaldes procesados no solo en lo judicial, sino también en la justicia electoral. ¿Cómo ve el escenario político actual?

Eso es muy preocupante. Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera. Y si las hay, perfecto, que se le siga, pero con una justicia completamente independiente.

"Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera"Yaku Pérez

¿Usted puede disputar la representación de la izquierda?

No se trata de disputar. Se trata de complementar. Ya hicimos un ejercicio interesante en el 2019 cuando ganamos la Prefectura con una agenda ecosocial y también le propusimos al país en el 2021 esa tercera vía. Nos fue bien. Podíamos haber sido el gobierno. El fraude lo impidió.

Lo que debes saber 

• La compra de medicinas a India promete aliviar el desabastecimiento en hospitales, pero expertos advierten que el verdadero reto será garantizar su calidad y bioequivalencia.
• Especialistas alertan sobre las limitaciones de Arcsa para verificar decenas de fármacos en pocas semanas y piden reforzar la farmacovigilancia.
• Conoce cuáles son los riesgos, los controles exigidos y por qué la seguridad de los pacientes está en el centro del debate.

La promesa de abastecer con rapidez los hospitales públicos abre una pregunta que hoy preocupa más que el origen de los medicamentos: ¿cómo garantizar que los fármacos que llegarán al Ecuador cumplan realmente con los estándares de calidad, bioequivalencia y seguridad exigidos para los pacientes?

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La interrogante cobra relevancia porque India, además de ser uno de los mayores productores farmacéuticos del mundo, ha enfrentado en los últimos años cuestionamientos internacionales por fallas de calidad detectadas en algunas de sus plantas de producción.

El debate tomó fuerza luego de que el presidente Daniel Noboa anunció, durante su Informe a la Nación del 24 de mayo, un acuerdo con India para adquirir medicinas destinadas al sistema público de salud. Aunque el mandatario aseguró que los productos deberán contar con certificaciones internacionales y aprobaciones de organismos como la FDA de Estados Unidos, especialistas consultados advierten que la discusión no termina en el papel.

Calidad de medicamentos importados bajo análisis

La verdadera prueba, sostienen, estará en la capacidad del Estado para verificar esas certificaciones, controlar la bioequivalencia de los fármacos y fortalecer la vigilancia sanitaria una vez que los medicamentos ingresen al país.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio de Salud Pública para conocer los mecanismos que se aplicarán para garantizar la calidad de estos medicamentos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido. También se gestionó una entrevista con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), pero la entidad indicó que no tenía autorización para pronunciarse sobre el tema sin la aprobación previa del Ministerio de Salud, por lo que no emitió declaraciones respecto a los controles previstos.

Camilo Salinas, exministro de Salud, aseguró que las medicinas fabricadas en India no son nuevas para el sistema sanitario ecuatoriano y recordó que el país las ha utilizado durante décadas. Como ejemplo mencionó las vacunas contra la covid-19 producidas en ese país, entre ellas las de AstraZeneca.

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Exministro destaca importancia de la farmacovigilancia

“El debate no es si vienen o no con calidad. Ya las hemos consumido y no hemos tenido inconvenientes”, aclaró.

Para el exfuncionario, la discusión debe enfocarse en los controles posteriores a la compra y no en el origen de los fármacos. Consideró necesario fortalecer la farmacovigilancia de Arcsa y del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) para verificar la bioequivalencia y seguridad de los productos.

“Lo importante es que lleguen con validación internacional y exista una fiscalización permanente”, sostuvo.

Distribución nacional será otro desafío sanitario

Salinas también advirtió que el reto no termina con la adquisición de medicamentos, sino con su distribución a escala nacional. Recordó que durante la pandemia la logística contó con apoyo privado para garantizar la llegada de las vacunas.

“La dificultad era la distribución. Hay que asegurar que las medicinas lleguen a tiempo a los pacientes”, manifestó.

Por su parte, Enrique Terán dijo que la calidad de los medicamentos no depende del país de origen, sino de las certificaciones que respalden su fabricación. Explicó que un registro sanitario local no basta para garantizar estándares adecuados y que deben existir avales de agencias de alta vigilancia sanitaria.

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Arcsa enfrenta retos para verificar productos

“Si el producto tiene aprobación de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, Arcsa puede homologar el registro con tranquilidad”, precisó.

No obstante, el especialista advirtió que Arcsa enfrenta limitaciones técnicas para verificar de forma independiente la calidad de los fármacos y que actualmente su trabajo se basa, en gran medida, en la revisión documental. Además, recordó que el Gobierno ha mencionado la compra de entre 40 y 50 fármacos, que deberían llegar en aproximadamente tres semanas.

“Si son 50 productos en tres semanas, deberían tener a medio personal de Arcsa sentado revisando esas carpetas”, afirmó.

Transparencia y trazabilidad en la compra de medicinas

Terán también alertó sobre los riesgos de incorporar intermediarios en las compras y cuestionó que aún no se conozca qué medicinas serán adquiridas, para qué enfermedades estarán destinadas y de qué laboratorios provendrán.

A su criterio, la solución pasa por fortalecer la trazabilidad y la gestión logística del sistema.

“Hay que informatizar la gestión del medicamento para conocer la necesidad, el aprovisionamiento y el uso real de los fármacos”, concluyó.

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Bioequivalencia será clave para evitar riesgos

Andrés Corral, exsubsecretario de Salud, manifestó que la garantía de calidad de los medicamentos importados dependerá del cumplimiento de exigencias regulatorias internacionales. A su criterio, Arcsa debe verificar certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, registros sanitarios vigentes y estudios de bioequivalencia cuando estos sean necesarios.

“Se debe exigir que el medicamento tenga el mismo desempeño clínico que el producto de referencia”, indicó. “Es fundamental fortalecer el muestreo, los laboratorios de control de calidad y los mecanismos de farmacovigilancia”.

El exsubsecretario alertó que una de las principales preocupaciones es que dos medicamentos con el mismo principio activo no necesariamente produzcan los mismos resultados terapéuticos. Según explicó, esta situación podría afectar el tratamiento de enfermedades crónicas o generar otros problemas sanitarios.

“Las fallas terapéuticas, los eventos adversos y la resistencia antimicrobiana son riesgos que deben prevenirse con controles adecuados”, advirtió.

Lo que debes saber:

• Maytté Gavilanes lidera defensa del arbolado urbano en Quito desde 2016 tras intento de tala en San Carlos.
• En 2026 crea colectivo en Quito para frenar tala y sumar ciudadanos ante incumplimiento de Ordenanza 041.
• Denuncia talas en Quito pese a ley vigente y pide veedores ciudadanos para proteger árboles urbanos.

Sin proponérselo, Maytté Gavilanes se ha convertido en la defensora del arbolado de Quito. Es capaz de detenerse, aunque eso implique retrasarse a una cita, cada vez que encuentra troncos recién cortados, huellas de una tala. Hace fotos y videos para presentar una denuncia.

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- ¿Cuándo empezó esta lucha y por qué?

- Hace 10 años, el 16 de abril, cuando fue el terremoto del 2016, los vecinos de mi conjunto en San Carlos se asustaron muchísimo y pensaban que los árboles se podían caer y quisieron talarlos. Una familia junto a la mía buscamos una evaluación técnica.

- ¿Qué hicieron?

- Acudimos a la Secretaría de Ambiente. Jorge Polo era coordinador del arbolado urbano, quien nos ayudó. Es ingeniero arborista. No es lo mismo un biólogo, un botánico o un ingeniero forestal. Las ciudades requieren más arboristas, que entiendan de la vida y arquitectura del árbol y no piensan en la producción maderera, no autorizan talas.

- ¿Cuál fue la respuesta?

- Nos dijeron que los árboles estaban sanos, que todavía eran jóvenes, que no tenían hongos ni bacterias y que necesitamos una evaluación bianual. En 2018 nos indicaron que pinos y cipreses son exóticos; del uno se dice que seca el suelo. Los defendemos. Un vecino que trabajaba en la Prefectura los plantó hace unos 40 años.

- ¿Por qué defenderlos?

- En el 2013, el antiguo aeropuerto salió de esta zona. El sector donde vivo está a una cuadra de la avenida Occidental, arriba tenemos el Pichincha. Cuando se fue la contaminación auditiva, regresaron las aves.

A las 06:00 veo a un gavilán en uno de los árboles de mi casa, quilicos, águilas y búhos, también tangaras, gallaretas, que van a la laguna del Bicentenario y regresan. Para mí, es un regalo de vida para un barrio donde el índice de masa verde es bajo y el de contaminación es alto.

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- ¿Se salvaron los árboles?

- En 2020 no se los evaluó. En 2022, por el aluvión de La Gasca, otra vez se argumentó que había que talarlos. En mi condominio hay 42 familias. Nos quedamos solos. La Secretaría de Ambiente aprobó por un diagnóstico visual mal hecho de una ingeniera forestal. La Defensoría del Pueblo dijo que defendía a ciudadanos.

- Pero la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza y existe la Ordenanza 041.

- No se aplican. Regresé a casa y estaban talados varios árboles. Viví un duelo profundo. Me han dicho loca, problemática, indeseable. Esa madrugada con mi familia les dejamos una ofrenda, regamos a los otros árboles que sufrieron una violencia terrible. 

Nombré a los cipreses: Don Quijote porque lo desmocharon, fue como cortarle la yugular, su muerte está declarada, pero sigue haciendo copa; el segundo, Mama Tránsito, pues brinda equilibrio a los otros; (a otro le puse) Salvador Gaviota, inmenso, aves rapaces se posan en su copa; y el Pichincha.

- ¿Por qué poner nombre a unos cipreses?

- Tienen nombre porque son seres sintientes, no objetos inanimados, tienen derechos. Han elegido vivir inmóviles para ayudarnos. Eso decía el profesor Francis Hallé, botánico y biólogo francés que dedicó su vida a entender bosques en el trópico, en la Amazonía. En mayo, por el Día del Árbol, proyectamos ‘Había una vez un bosque’, en la Flacso.

Dejen de usar la motoguadaña y capaciten sobre los manuales de poda. Además, plantar especies nativas.Maytté Gavilanes

- Como usted comenta, esta ‘cruzada’ le ha traído críticas y enemistades. Implica una inversión en tiempo y hasta en recursos. ¿Por qué meterse en problemas?

- La ciudad necesita árboles de altura como esos. Atrapan la contaminación. Nos dan más oxígeno, nos brindan sombra, previenen deslaves, en ellos habitan aves y también microorganismos, o insectos como los abejas. Sin árboles no hay polinizadores y sin eso no hay alimento.

- Con frecuencia, en redes sociales veo que cuando denuncian que hubo una tala de árboles, las autoridades responden con la misma frase: “Estaban secos por dentro o muertos y en malas condiciones sanitarias”.

- Deberíamos preocuparnos si la mayoría de árboles de la ciudad estuvieran en malas condiciones. Quito fue concebida como una ciudad jardín. En los setenta, en los redondeles había más verde, en las casas teníamos jardines.

- ¿Por qué el Municipio de Quito no ‘adopta’ como aliadas a personas como usted?

- Deberían oír y satisfacer las inquietudes cuando hay inconformidad. No pensar que denuncio para molestar. No ven que es más común tener sinusitis o rinitis alérgica por la contaminación de los vehículos. Que nos digan cuántos árboles hay en la ciudad y que incluyan predios privados. Son los pulmones.

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- ¿No es contradictorio tener una Dirección de Calentamiento Global y no ver cuán grave es cortar árboles?

- Nos dicen, por ejemplo, que en la avenida 12 de Octubre talaron tres árboles porque había riesgo de caída. En Bellavista, dos sauces llorones, porque un vecino señaló que había riesgo. 

En la naturaleza, como dijo el profesor Hallé, los animales son dueños del espacio y los árboles del tiempo. Pueden necesitar seis siglos para llegar a su plenitud. Nuestra huella en este mundo no debería ser de devastación.

- ¿Ya no está sola?

- Este año nació el Colectivo Defensa del Arbolado Urbano. Necesitamos veedores de la naturaleza. Cuando era niña, parte del uniforme eran botas de caucho afelpadas y encauchado. “Marzo, aguas sin descanso; abril, lluvias mil; mayo, hasta que se rompa el sayo”. Había más lluvias. Quito se ha vuelto más caliente.

El Municipio debe decir cuántos árboles hay en la ciudad, incluyendo los predios privados. Son pulmones.Maytté Gavilanes

La Ordenanza 041:

La Ordenanza 041, del 2022, dice que nadie puede talar o intervenir en árboles ubicados en espacios públicos o en predios privados sin autorización de la administración zonal o de la Secretaría de Ambiente. Pero eso no se cumple, lamenta Maytté Gavilanes, quien pide que se unan al Colectivo de Defensa del Arbolado.

¿Quién es Maytté Gavilanes?

Quiteña, enamorada de sus verdes paisajes, comunicadora para la salud. Graduada en la Universidad Central. Terapeuta floral, instructora de yoga, activista por los derechos de la naturaleza. 

Es la promotora del Colectivo Defensa del Arbolado Urbano en Quito, que se formó en este 2026 y abre las puertas a más ciudadanos. También integra el Cabildo Cívico. Tiene un hijo de 21 años.

Lo que debes saber

• Los moradores cuestionan las expropiaciones y los montos ofrecidos por sus propiedades.
• Varias demandas del Estado han sido objetadas por el Tribunal por errores en el trámite.
• La construcción del Quinto Puente sigue adelante pese a los conflictos legales y vecinales.

A pesar de que desde el Viceministerio de Servicios y Transporte, adscrito al ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), se ha sostenido que los inconvenientes con los moradores sujetos a expropiación, de la avenida Cacique Tomalá, en el sur de Guayaquil, han sido atendidos, los afectados rechazan esa versión. Afirman que el trazado del Quinto Puente y sus accesos no debería atravesar el sector donde se encuentran sus viviendas, aunque continúan exigiendo una compensación acorde con el valor de sus propiedades.

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Demandas bajo observación judicial

Hasta la fecha, el Ministerio ha presentado, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, 22 demandas de pago por consignación relacionadas con las expropiaciones requeridas para el proyecto. De acuerdo con declaraciones de David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A del Quinto Puente contempla la expropiación de 110 lotes.

No obstante, los procesos impulsados por el Ministerio han enfrentado reparos en la justicia. Del total de demandas, dos han sido retiradas por la cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles por el Tribunal y las restantes continúan en trámite judicial o están pendientes de calificación.

En las causas revisadas por EXPRESO, el Tribunal declaró inadmisible la demanda presentada por el Ministerio. Los jueces concluyeron que la entidad utilizó una acción de pago por consignación, cuando lo procedente era tramitar una acción de expropiación conforme a la normativa vigente.

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La obra sigue su curso

Pese a las controversias en torno a las expropiaciones, el proceso de contratación sigue adelante. El 18 de mayo, el MIT adjudicó la obra a la empresa China Civil Engineering Construction Corporation.

Según los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto partirá desde la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín, donde también se encuentra la escuela de educación básica fiscal Manuela de Santa Cruz y Espejo. El trazado se extenderá hasta la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Vecinos denuncian falta de acuerdos

Paola Fuentes, vicepresidenta del grupo de afectados de la avenida Cacique Tomalá, sostiene que las familias aún no han recibido ningún pago por sus predios, pese a que las autoridades han señalado que el proceso de expropiación avanza. Según afirma, tampoco se ha realizado una socialización formal del proyecto ni se han alcanzado acuerdos con ellos sobre las compensaciones que recibirían.

Además, Fuentes dice que a algunos vecinos se les ha mencionado la posibilidad de acceder a créditos del proyecto habitacional estatal Miti Miti, ubicado en Chongón, utilizando como parte de pago el valor reconocido por sus actuales inmuebles. No obstante, considera que las cifras planteadas (que en algunos casos serían de $4.000, $15.000 o $ 22.000) están muy por debajo del valor real de sus propiedades, por lo que consideran que esos montos no les permitirían cubrir el costo de una nueva vivienda, ni compensar la pérdida de sus negocios y fuentes de ingresos.

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Historias detrás de las expropiaciones

Mercedes Mendoza Cueva, de 65 años, es una de las moradoras denunciadas por el MIT. Asegura que no es justo que le ofrezcan $20.000 por la casa en la que ha vivido durante los últimos 40 años y expresa su preocupación por el futuro, pues teme quedarse sin un lugar donde residir debido a que, según dice, ese monto no le alcanzaría para adquirir otra vivienda.

María Zambrano Cruz asegura que la demanda presentada en su contra por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología se debe a que no aceptó la propuesta de compensación por su inmueble. Según relata, las autoridades le ofrecieron $15.000 por una propiedad de tres pisos que incluye locales comerciales y departamentos destinados al alquiler, una cifra que considera insuficiente frente al valor real de su patrimonio.

“Quieren que aceptemos ese precio irrisorio”, denuncia Zambrano. Además, asevera que la oferta no toma en cuenta la inversión realizada durante años ni los ingresos que obtiene de las actividades comerciales y de arrendamiento que funcionan en el predio.

Maritza Salinas, otra de las moradoras de la avenida Cacique Tomalá afectadas por el proyecto, dice que el Estado pretende pagar $45.000 por la vivienda de sus padres. Sin embargo, sostiene que el avalúo actual de la propiedad supera los $80.000, por lo que la compensación propuesta está por debajo de su valor real.

Además, cuestiona la necesidad de construir el Quinto Puente en esa zona y sostiene que el proyecto vulnera los derechos de las familias que habitan el sector. Salinas indica que sus padres, ambos de 76 años, viven con incertidumbre ante la posibilidad de que las autoridades ejecuten las expropiaciones en cualquier momento, sin que exista una solución que garantice su estabilidad y patrimonio.

Lo que debes saber

• Las empresas intervenidas deben pagar los honorarios del interventor.
• Algunas intervenciones pueden extenderse durante años.
• Expertos cuestionan el control de la SuperCías sobre estos procesos.

Las intervenciones societarias en Ecuador no tienen un plazo definido. Aunque, según expertos consultados por EXPRESO, este procedimiento debería ejecutarse de forma puntual y en corto tiempo, en la práctica suele extenderse por meses o años, por lo que en ocasiones genera un impacto económico para las compañías.

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El costo de mantener una intervención

Uno de los casos recientes es el de Dulces, Pasteles y Tortas RADU S. A., conocida comercialmente como Adriana Pastelería y Panadería, intervenida desde julio de 2025. Iván Cruz, abogado de la firma, explica que la normativa obliga a la propia compañía a asumir los honorarios y gastos derivados de estos procesos de intervención, lo que puede profundizar su situación financiera al incorporar egresos no previstos.

En medio de ese escenario, la empresa también ha debido afrontar el pago del interventor, cuyos honorarios rondan los $3.000 mensuales. Sin embargo, parte de esos valores permanece todavía impaga, debido a los problemas de liquidez que atraviesa la compañía, que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, con liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, lo que no justifica mantener además un interventor.

Efraín Chávez, abogado especializado en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial, señala que los honorarios de un interventor en compañías pequeñas suelen fluctuar entre $600 y $1.200, valores que son fijados por la Superintendencia de Compañías. A su criterio, aunque estas cifras pueden parecer bajas, representan una carga significativa para negocios de menor tamaño que ya atraviesan dificultades financieras.

En cambio, en empresas medianas y grandes, el abogado Cruz indica que los montos pueden elevarse desde $1.500 hasta $5.000 mensuales. Además advierte que, en la práctica, no siempre existe una regulación oportuna por parte de la entidad de control, lo que abre paso a acuerdos directos entre el interventor y la compañía. Incluso, el incumplimiento de esos pagos (según la normativa) puede convertirse en una causal para iniciar un proceso de liquidación.

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¿Quién fija los honorarios de los interventores?

No obstante, Marco López, exsuperintendente de Compañías, aclara que un interventor no puede fijar unilateralmente sus honorarios, pues la norma establece que es la SuperCías la encargada de determinar esos valores, tomando en cuenta la capacidad de pago y el tamaño de la empresa intervenida.

Según explica López, si existe un acuerdo directo entre el interventor y la compañía, este debe ser ratificado por la entidad de control. Caso contrario, la firma incluso podría abstenerse de cancelar esos valores, ya que no existiría una resolución oficial que establezca el monto a pagar, lo que a su vez no constaría como causal de liquidación.

Llama la atención que una intervención dure demasiado tiempo. Lo usual es que estos procesos se mantengan el menor tiempo posible para no burocratizar la compañía.Marco López, exsuperintendente de Compañías

Cuestionamientos al control y la duración de los procesos

Por otro lado, Chávez considera que la SuperCías debería reforzar el control sobre la gestión de los interventores, ya que asegura que algunos permanecen durante años. Según afirma, en ciertos casos estos funcionarios se limitan a remitir informes periódicos, pese a que ya no existirían acciones concretas por ejecutar.

Como ejemplo, menciona el caso del interventor Washington Guerra, quien según el abogado permaneció cerca de ocho años al frente de una compañía en Quito, periodo durante el cual continuó percibiendo honorarios. Actualmente, agrega, figura como acreedor de la empresa en liquidación debido a valores pendientes por el pago de su sueldo.

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Más de 200 empresas permanecen intervenidas

De acuerdo con información de la SuperCías, al cierre de 2025 existían 208 empresas bajo intervención. De ese total, 83 correspondían a nuevos procesos iniciados. En ese mismo año, levantaron la medida únicamente a 77 casos.

La cifra prácticamente no ha variado en el primer trimestre de 2026. Hasta el 30 de marzo, la entidad reporta un total de 208 compañías intervenidas. De ellas, 32 ingresaron ese año y 33 han logrado salir del proceso.

Me llama la atención que en 2025 hubo solo 209 empresas intervenidas, cuando cada año más de 30.000 entran en disolución. El control societario no sería completo.Efraín Chávez, abogado, experto en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial

Alertas sobre incentivos para prolongar las intervenciones

Para Chávez, estos datos reflejarían que algunas intervenciones se prolongarían más de lo necesario, lo que terminará afectando a las empresas, especialmente cuando no existen resultados concretos por parte de los interventores. El abogado también cuestiona el control y los tiempos de respuesta de la SuperCías y asegura que la entidad puede tardar hasta cuatro meses en atender una petición.

Para el abogado societario Oswaldo Santos, que una intervención se prolongue más allá de lo necesario podría responder a “incentivos perversos”. A su criterio, algunos interventores tendrían interés en mantenerse en funciones para seguir percibiendo honorarios, lo que genera una mayor afectación económica para la empresa.

El jurista Cruz señala que, por costumbre, muchas intervenciones suelen extenderse más allá de seis meses en las empresas. No obstante, considera que la Superintendencia de Compañías debe reforzar el control sobre la gestión de los interventores que designa.

Lo que debes saber

• La presentadora de TC asegura que no volvería a la farándula, considera que actualmente existen excesos.
• Disfruta unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos junto a su pareja. Irán a los partidos del Mundial.

La presentadora y reportera de TC, Cynthia Naveda (38), vive uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras disfruta de unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos, también consolida su relación con Pepe Lucero, con quien ya comparte hogar y proyecta llegar al altar.

Con una trayectoria que incluye pasos por Gamavisión, Canal Uno, Teleamazonas, RTS y Telerama, asegura que TC ocupa un lugar especial en su carrera. No es para menos: ha regresado en tres ocasiones a ese canal, donde actualmente forma parte de los equipos de DespiérTC, Entre Ellas y El Noticiero de las 14:00.

La comunicadora es madre de Maximiliano, de 11 años, fruto de su anterior relación con Juan Sebastián González.

¿Cómo es trabajar con Mauricio Ayora, Caterva?

¡Chévere! Todos mis compañeros tienen diferentes personalidades. Nos vemos en ese momento, nos manejamos con respeto y, además, ya somos adultos. Ninguno es novato.

Existe un denominador común en la mayoría de los informativos matinales: los presentadores bailan. Con noticias poco alentadoras, ¿tiene ganas de bailar a esa hora?

Nosotros fuimos los primeros en bailar (suelta una carcajada). Ponga eso, por favor. A fines de mes llaman las culebras y rapidito dan ganas de bailar. He conversado con productores y con Mauricio, y me han dicho que él impuso ese estilo desde hace mucho tiempo. En otros canales donde estuvo también lo hizo. Yo solo llegué a sumar, me he tenido que acoplar.

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No todos los presentadores tienen la personalidad de Caterva o la suya.

A nadie se obliga, pero si tienen que estar ahí, deben acoplarse. Mi personalidad se presta para eso. Pronto cumpliré dos años en los informativos de TC.

La farándula ya no está en sus planes

Fue parte de dos sonados espacios, Jarabe de Pico y De Boca en Boca. ¿La farándula ya es historia pasada en su vida?

Siempre he estado agradecida por las oportunidades. Fue una linda etapa. Nunca vieron como un obstáculo que yo haya hecho farándula para trabajar en un noticiero. A veces se cree que porque se manejan estos temas no se pueden hacer otros.

¿Es decir que no le costó?

Gracias a Dios, no me costó. Todo tema debe manejarse con las dos versiones, profesionalismo y seriedad. De algo que saco pecho es que durante el tiempo que he estado en televisión he logrado credibilidad. Gozo de la aceptación del público y de la confianza de mis jefes.

En estos momentos, muchos periodistas manejan la farándula de una forma poco profesional y seria y, sin importar las consecuencias, dañan la reputación de las personas. ¿Podría volver a hacerla?

No creo. La miro con gratitud y la disfruté. Tengo muchos buenos amigos. Considero que hay excesos y, además, es necesaria la preparación. Pueden ser carismáticos, divertidos, simpáticos o histriónicos, pero lastimosamente hay muchos que están en farándula sin conocimiento. Merece que la miren con respeto y no como una payasada. 

Se habla sin respeto de las relaciones sentimentales, se ventilan orientaciones sexuales, se difama o se ensañan con alguien solo porque les cae mal. Siempre vi mi profesión como una carrera a largo plazo y manejando límites. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso.

Algunos talentos no se dan cuenta de que sus hijos son los principales afectados por sus acciones.

Ahora que Maximiliano ya es un preadolescente, me da orgullo y saco pecho de que sus compañeros e incluso sus madres me vean con respeto o me consideren una persona creíble. No me conocen por un escándalo. Nunca me negaron la matrícula en un colegio ni nos miraron con desprecio a mi hijo o a mí. Cuando va al catecismo porque hará la Primera Comunión, le preguntan por mí, pero sin mala onda. No es víctima de bullying por culpa de su madre.

En la ruta mundialista...

Está lista para disfrutar el Mundial...

Viajé el miércoles (ya está en Canadá). Luego iré a Estados Unidos. Haré turismo, pero también veré algunos partidos, tanto de Ecuador como de otras selecciones. Disfrutaré de esa fiesta. Volveré el 21 de junio. Me fui con mi hombre, con Pepe. En la maleta llevé un baby doll de la selección ecuatoriana y las pastillas anticonceptivas (suelta una carcajada).

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Aparte de la selección ecuatoriana, ¿a cuál otra apoyará?

Siento que la final será entre España y Francia. Apoyaré a la Tri, pero hay que ser realistas. Sería súper chévere que llegue Portugal porque es el último Mundial de Cristiano Ronaldo y tiene un buen equipo. En el Mundial anterior, Messi ya tuvo la oportunidad de ser campeón con su equipo.  

Planes de boda

Se dio una nueva oportunidad en el amor, pero ha sido una relación de perfil bajo.

Mis familiares y amigos lo sabían, pero era para evitar los chismes y la comidilla. Me da mucho coraje que opinen sin saber y que utilicen mi imagen sin permiso. Lo conocí a finales de 2020. Una amiga en común nos presentó. Se dieron las circunstancias para estar juntos y ahora compartimos el mismo hogar.

¿Qué encontró en su pareja actual que hizo clic en usted?

Por Pepe siento mucha admiración. Es importante aquello, más allá de lo físico. Admiro sus valores. Es buen padre y buen hijo. Se preocupa por su entorno y eso habla mucho de él.

Todo lo que menciona fue lo que hizo que diera el paso de irse a vivir con él.

Eso y mucho más. Es una persona muy trabajadora. Nos parecemos en eso. Tiene dos hijos: una mujer de 19 años y un varón de 12. Gracias a Dios, ellos y toda la familia me han recibido muy bien.

¿Están considerando el matrimonio?

Obvio. Si nos fuimos a vivir juntos es porque consideramos dar ese paso. Me siento en el momento indicado y con la persona correcta. A veces se piensa que es solo un papel, pero nos gustaría darle más formalidad a nuestra relación. 

Además, quiero darle un buen ejemplo a los niños. No todo ha sido perfecto, ambos somos divorciados. Mi hijo fue el más entusiasmado con que me fuera a vivir con Pepe porque comparte mucho con el hijo de mi pareja. Son contemporáneos.

Ambos tienen hijos, ¿quisieran tener uno en común?

No sé. Es volver a empezar. Muchos me presionan con ese tema, pero estamos bien como estamos. No deseamos ni animalitos ni niños. Queremos viajar, enfocarnos en nuestros proyectos y disfrutar esta etapa. Canadá y Estados Unidos es una luna de miel, aunque nosotros vivimos muchas lunas de miel (risas).

Entre risas dijo que llevó al Mundial las pastillas anticonceptivas. ¿Así evita los hijos?

Los evito orando (risas).

Su hijo, lo mejor de su relación anterior

Las experiencias enseñan. ¿Qué aprendió de esa relación anterior?

¿Tengo que decir la verdad? Solo mi hijo fue lo hermoso de esa relación. Fue una etapa difícil por las decisiones que se toman, pero de eso se aprende. 

Lo que siempre aconsejo es que muchas veces nos atraen los polos opuestos, pero en mi experiencia es preferible compartir con una persona parecida a nosotros en valores, estilo de vida, trabajo y forma de criar a los hijos.

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¿Es un padre presente en todos los sentidos?

No mucho. Con el padre del niño no mantenemos ninguna relación, solo tratamos temas relacionados con nuestro hijo. Velo por sus intereses y por las necesidades que tiene. Mientras sea responsable en eso, no me importa dónde esté, en China o en la Luna. 

Cuando Maximiliano me pide verlo, lo llevo. Hace poco estuvimos en Estados Unidos. Lo ideal sería que afectivamente estuviera cerca de su hijo, pero si no está, no puedo hacer nada.

El periodismo no es su única actividad...

Con una hermana de Pepe tenemos un negocio de organización de eventos familiares y empresariales, una especie de productora. Si nos piden organizar una fiesta de divorcio, también la hacemos (risas). Además, tenemos un negocio de parrillas a domicilio. Siempre estamos buscando nuevas maneras de crecer.

Lo que debes saber

• El artículo 122 del Código Tributario establece que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado está obligado a devolver lo cobrado más los intereses.
  
• El reclamo debe presentarse ante la Aduana —no ante el SRI— con la declaración aduanera de importación como único documento requerido.
  
• Ya existe jurisprudencia aplicable: casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales.
  

El 29 de mayo, víspera de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa anunció la derogación de la tasa tras una videollamada con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien acordó cooperar en seguridad fronteriza y energía. La medida entró en vigor el 1 de junio. De la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,74%, irá a balotaje.

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Tras la derogación de la tasa de control aduanero a las importaciones colombianas —que escaló del 30% al 100%—, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, descartó devolver los $121,5 millones recaudados entre febrero y mayo de 2026, argumentando que el dinero ya fue ejecutado en operativos de seguridad fronteriza. 

Para el abogado Roberto Carmigniani, esa posición carece de respaldo jurídico: el ordenamiento ecuatoriano obliga al Estado a restituir lo cobrado, más los intereses, y los importadores afectados cuentan con las herramientas legales para exigirlo ante la Aduana.

La postura del Gobierno y el error jurídico

— El ministro Jaramillo dijo que no se devolverá la tasa porque ese dinero ya fue usado en seguridad. ¿Esa posición tiene sustento legal?

No. Es una posición equivocada. La Secretaría General de la CAN ordenó el retiro de la tasa porque, desde su implementación en febrero, infringió las normas del Acuerdo de Cartagena. 

Al ser un tributo establecido ilegalmente, el artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano activa automáticamente el derecho a reclamar la devolución por pago indebido. 

El destino que el Gobierno le haya dado a esos recursos no modifica esa obligación jurídica: lo que se cobró ilegalmente debe devolverse, sin excepción.

— ¿Por qué la CAN determinó que la tasa era ilegal desde su origen?

Por dos razones fundamentales. Primero, porque esa tasa no representaba la contraprestación de un servicio efectivamente prestado a cada importador por su importación concreta, sino que era un cobro genérico, impuesto por generalidades. 

Segundo, porque la tarifa —que escaló del 30% al 50% y luego al 100%— era desproporcionada y no tenía por objeto cubrir el costo de ningún servicio real. Por esos motivos, la Secretaría de la CAN la calificó como un gravamen al comercio, que está expresamente prohibido por el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

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El derecho a la devolución

— ¿Es necesario que la CAN ordene expresamente la devolución o ya está implícito en el fallo?

Está implícito y no hace falta un pronunciamiento adicional. El artículo 122 del Código Tributario establece que procede el pago indebido cuando el tributo ha sido establecido ilegalmente, y la resolución de la CAN es precisamente la evidencia de esa ilegalidad. 

Con ese pronunciamiento, cada importador que pagó la tasa durante su vigencia tiene derecho a solicitar la restitución de esos valores, más los intereses respectivos que el Estado deberá reconocer.

El proceso ante la Aduana

— ¿Cómo puede un importador recuperar su dinero y ante quién debe acudir?

El reclamo se presenta ante la Aduana, no ante el SRI, porque es ante la Aduana donde se realizó el pago. El procedimiento es un reclamo administrativo de pago indebido, que suele tomar entre 3 y 4 meses y culmina con una resolución administrativa. 

Si el Gobierno lo niega, el importador puede impugnar esa decisión ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el proceso puede tomar en promedio entre 2 y 3 años. 

Cabe aclarar que el Gobierno ya cumplió con la CAN al derogar la tasa, por lo que no hay riesgo de sanciones del bloque: la disputa queda en el ámbito de la justicia ecuatoriana.

Haber gastado esos recursos en seguridad no modifica la obligación jurídica del Estado de devolverlos

— ¿Qué documentos se necesitan y es complicado demostrarlo?

No es complicado. El importador solo necesita presentar la declaración aduanera de importación, que es el documento donde constan todos los rubros pagados al nacionalizar la mercadería, incluyendo el valor de esta tasa. 

Con esa evidencia y la resolución de la Secretaría de la CAN, la ilegalidad del cobro queda demostrada. El trámite en sí no es complicado, aunque toma tiempo si el Gobierno lo niega en sede administrativa.

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— ¿A qué tipo de importador le conviene más reclamar?

Depende de cuánto representa para cada uno lo que pagó por la tasa. Para un importador grande, con volúmenes altos de mercadería nacionalizada durante los meses que rigió el cobro, el monto a recuperar puede justificar perfectamente el proceso, incluso si llega a la vía judicial. 

Para los más pequeños, el cálculo es distinto: el trámite no es costoso económicamente, pero sí demanda tiempo, y eso es lo que deben evaluar antes de decidir si acuden a la Aduana.

Precedentes y perspectiva

— ¿Existen casos ya resueltos que respalden esta vía?

Sí, y son directamente aplicables. Ya existe jurisprudencia de la tasa de control aduanero que rigió entre 2017 y abril de 2018, que fue declarada ilegal por la misma Secretaría General de la CAN. 

En esos procesos he logrado entre 5 y 6 casos en los que se concretó el cobro de la devolución, el último de ellos en febrero de este año, tras sentencia ejecutoriada obtenida en un proceso judicial iniciado en 2023. Es decir, ya existen precedentes concretos que sostienen todo lo contrario a lo que ha afirmado el ministro.

— ¿Puede ocurrir que el Gobierno simplemente no devuelva, aunque haya una resolución favorable?

Puede ocurrir demora, sí. El proceso tiene una fase de cumplimiento de sentencia que, aunque es relativamente corta, depende de la gestión del Estado. En el caso que mencioné, entre el inicio del proceso judicial en 2023 y el cobro efectivo pasaron más de dos años. 

Por eso, más que el costo económico del trámite, lo que los importadores deben considerar es el tiempo que implica recorrer esa vía, especialmente para los más pequeños.

Con la declaración aduanera presentada ante la Aduana el pago indebido de la tasa queda demostrado

Sobre el entrevistado

Roberto Carmigniani es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo(UESS). 

Fue socio de Pérez Bustamante & Ponce y desde 2024 ejerce en Eduardo Carmigniani Estrategias Legales. Cuenta con más de 20 años en litigio civil, comercial y contencioso administrativo, The Legal 500 lo destacó como litigante de referencia del país.

Lo que debes saber

• El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
• Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
• Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.

La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.

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- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?

- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.

- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?

- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?

- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.

No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?

- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.

- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?

- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.

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- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.

- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?

- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.

- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?

- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.

Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?

- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.

- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?

- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.

- ¿Entonces?

- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.

Lo que debes saber de esta historia

• Seis años después de la desaparición de más de $900 millones, empresas clave del caso como Delcorp y Ecuagran continúan en procesos de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
• Documentos muestran que Cabezas-Klaere actuó como procurador judicial de las empresas y como abogado de Gad Goldstein, principal directivo del entramado investigado y actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
• Antes de llegar a la Superintendencia, su nombre ya aparecía ligado a cuestionamientos por la venta del Hotel Continental y por conflictos de intereses durante su paso por la gerencia del BIESS, según políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

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Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

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Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

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La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.

Los puntos claves

• La solución vial en construcción en la Juan Tanca Marengo ha generado largas demoras y crecientes cuestionamientos sobre la gestión del tránsito.
• En varios tramos, los conductores invaden carriles y bloquean intersecciones en un intento por salir del embotellamiento.
• El Municipio ha dicho que habilitará un primer cuerpo de la obra de forma progresiva, pero no respondió a las consultas de EXPRESO sobre las medidas para mitigar el impacto.

La queja no es aislada: se ha convertido en una constante que crece al mismo ritmo que el tráfico en la avenida Juan Tanca Marengo, uno de los corredores más transitados de Guayaquil, por donde circulan a diario cerca de 90.000 vehículos. La ciudadanía está harta, agotada de convivir con un embotellamiento que, denuncian, es hoy la norma en la vía.

Conductores exigen al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acciones inmediatas ante un escenario que, aseguran, se ha salido de control. La construcción de la solución vial en la intersección con la avenida Rodrigo Chávez ha profundizado el colapso.

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El proyecto, que apunta precisamente a desatascar esta arteria del norte de la ciudad, como ha venido publicando EXPRESO, forma parte de una intervención de mayor escala. La obra está proyectada a estar lista en un plazo total de 20 meses desde el inicio de su construcción, en septiembre pasado. Y es precisamente eso lo que más preocupa.

“Estamos hablando de casi dos años. No vamos ni nueve meses lidiando con esa construcción y todo es un caos que se extiende por kilómetros. Necesitamos que apresuren los trabajos o que haya más agentes. Estamos pagando el costo de una intervención en marcha sin un control efectivo del tránsito. Es inconcebible movilizarse así. Un dolor de cabeza que se agudiza. ¿Así estuvo planificado que fuera desde el inicio? ¿Hubo planificación?”, cuestionó Ronald Cajamarca, conductor que usa esta ruta para llegar a su oficina, ubicada al pie de la arteria.

Nos han pedido paciencia durante meses, pero la paciencia no reduce las horas que perdemos en el tráfico. Aquí parece que la obra avanzó más rápido en los planos que en la calle. Lo que vemos es desorden, bocinas y una movilidad que empeora cada semana.Leticia Barberán, residente de Urbanor 

Desde el Municipio se ha señalado en comunicados previos que se habilitará un primer cuerpo este año, bajo un esquema de apertura progresiva similar al aplicado en el paso elevado de la avenida de las Américas, que fue puesto en funcionamiento por fases. Sin embargo, al pedido formal de este Diario para conocer la hoja de ruta prevista para “oxigenar” la vía durante la obra, el tipo de control, el número de agentes destinados al lugar y la posición del Municipio frente al cuestionamiento de posibles fallas en la planificación e improvisación, no hubo respuesta.

Pero la expectativa de una apertura parcial no ha logrado calmar la molestia de los usuarios. Para ellos, la vía “ha desaparecido” en la práctica diaria: lo que antes tomaba 30 minutos ahora puede duplicarse o extenderse aún más, sin mejoras visibles en el horizonte cercano. La obra es percibida como un factor que ha agravado el problema, especialmente por la falta de gestión del flujo vehicular durante su ejecución.

Atrapados entre filas de vehículos

Un recorrido realizado por este Diario durante varios días constató que el colapso es sostenido: en la mañana el tráfico inicia alrededor de las 07:30 y se extiende hasta las 10:00; en la tarde, el escenario se repite entre las 17:00 y las 20:00.

“Solo se ve una marea de carros con luces rojas detenidas. Es horrible, desesperante. Con suerte uno o dos agentes intentan dar paso, pero no alcanza. ¿Dónde están los agentes? Esto es infernal”, reclama Nora Bourne, quien utiliza la vía a diario para llegar a su trabajo en el centro de la ciudad.

Lo más frustrante es sentir que nadie está gestionando el problema. Si van a hacer una obra de esta magnitud, deberían existir rutas alternas claras, agentes permanentes y una estrategia visible. Hoy lo que existe es improvisación.Ana Lupera, conductora habitual de la Juan Tanca Marengo 

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La escena se vuelve aún más crítica cuando la movilidad se desborda: motocicletas que buscan avanzar terminan subiendo a las veredas ante la imposibilidad de circular, reflejando un sistema colapsado donde cada usuario intenta sobrevivir como puede.

La Juan Tanca Marengo se ha convertido en una prueba de resistencia. Uno sale con tiempo y aun así llega tarde. El tráfico ya no es un problema de ciertas horas; es prácticamente permanente.Sebastián Carrillo, conductor 

Peatones atrapados en medio del desorden

A esto se suma una situación aún más compleja para los peatones, a quienes cruzar la avenida les resulta prácticamente imposible. Cerca del Tecnológico Espíritu Santo se forma además una especie de espiral de vehículos de la que solo se logra salir entre bocinazos, mientras los conductores intentan abrirse paso a la fuerza.

En ese punto, los carros invaden carriles, se cruzan de una vía a otra y los buses bloquean intersecciones, profundizando el desorden.

“Nadie está ahí para sancionar o dar la mano. Los conductores de buses hacen lo que les da la gana, algo ya típico en la ciudad, pero en este escenario te irrita el triple porque ya estamos asqueados de permanecer atorados en un tráfico que nadie logra solucionar. El Municipio se la ha pasado diciendo que está planificando, mentira. Aquí no se planifica nada. Hay tráfico infernal en la Juan Tanca, a tal punto que llega hasta el cruce con la avenida de Las Américas y la Francisco de Orellana, y del otro lado hasta el puente que conecta con la vía a Daule. ¿Es comprensible tener que conducir así? No, nunca. Qué cosa más horrible la movilidad en Guayaquil”, señaló el conductor Diego Endara, residente de Álamos Norte.

“Si no ven a los conductores, peor a los peatones. Nosotros somos irrespetados por todos. A diario debo cruzar la avenida para llegar a mi trabajo y lo hago agarrada de la mano, como los niños, con mis compañeras, con quienes nos topamos en un punto a las 8:00. La gente se ríe, pero no es gracioso”, lamenta Karina Guevera, enfermera de un centro médico ubicado en la ruta.

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La paciencia se agota mientras avanza la construcción

La intervención vial —cuya primera estructura se construye desde septiembre de 2025— registra avances parciales: ya cuenta con 10 pilas levantadas y varios cabezales colocados. Esta fase, destinada al tránsito en sentido este-oeste, está prevista para ser entregada a inicios del segundo semestre de este año.

Sin embargo, en el terreno, la percepción ciudadana es otra: la paciencia se agota mientras la obra avanza a un ritmo que no logra aliviar el “infierno diario”.

Lo preocupante es que seguimos escuchando promesas de mejoras mientras el caos continúa. La gente no está pidiendo milagros, está pidiendo orden, control y una solución temporal mientras termina la obra.Claudia Zarate, conductora

“Siempre he pensado que las soluciones viales no solucionan realmente nada. Ustedes, a través de especialistas urbanos, lo han detallado en repetidas ocasiones. Pero aquí nadie hace caso. Más cemento solo agrava un problema que ya no da abasto. Ojalá me equivoque. Ojalá también se equivoquen en Los Ceibos, donde el tráfico es agobiante. Lo que ahora se necesita son salidas: más agentes, más control. No podemos seguir perdiendo horas en esta vía, menos con la inseguridad que tiene Guayaquil. En medio del tráfico nos pueden robar, incluso matar. ¿Y quién responde?”, sentenció Roger Santander, residente de Urdenor, otro de los vecindarios afectados.