Lo que debes saber

• Metro de Quito se paralizó más de seis horas por falla en comunicaciones del Puesto Central de Control.
• Gerente y alcalde explicaron en el Concejo fallo ocurrido el lunes; se descartó intrusión informática.
• Concejales cuestionan mantenimiento y demora en reportar incidente que prolongó suspensión.

La explicación en el Concejo Metropolitano sobre la paralización por más de seis horas del Metro de Quito, lejos de despejar las dudas, dejó más interrogantes.  

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Tras la suspensión del servicio, varios ediles solicitaron la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que se concretó desde la mañana hasta la tarde del martes 21 de abril de 2026. En su intervención detalló lo ocurrido el lunes 20, cuando todas las estaciones amanecieron cerradas.

El funcionario explicó que la falla se originó en el sistema de comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el ‘cerebro’ de la operación. Según dijo, la imposibilidad de mantener enlace con la estación Quitumbe hizo inviable garantizar la seguridad del sistema.

“La seguridad no es negociable”, sostuvo Parra, al recalcar que sin una visibilidad completa de los sistemas en el PCC, no era posible autorizar la operación del metro.

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El propio alcalde, Pabel Muñoz, intentó complementar la explicación asegurando que se trató de un evento aislado y que no hubo fallas en los trenes, en la vía, en el sistema de señalización, ni en las plataformas principales de comunicación. Señaló que el problema se concentró en un ‘switch’, uno de los más de 200 que existen en el metro, cuya falla provocó la pérdida de comunicación entre estaciones.

Según Muñoz, este tipo de eventos activa protocolos automáticos de seguridad que bloquean la operación cuando las estaciones no están interconectadas. 

Aunque el alcalde también dejó abierta la posibilidad de un acto intencional. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, manifestó el mismo día de la suspensión.

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Esa hipótesis, sin embargo, perdió fuerza tras las declaraciones de Parra, quien señaló que, de manera preliminar, se descartó una intrusión informática o amenaza externa. 

Indicó que el dispositivo afectado no se apagó, pero quedó en estado de ‘stand-by’, sin transmitir datos, lo que generó un efecto en cadena que bloqueó otros puntos de comunicación del sistema.

Para el alcalde, también resulta sospechoso que entre la medianoche y las 02:00 del lunes se ejecutó un procedimiento relacionado con el equipo que falló, pero esa intervención no fue reportada de inmediato. De hecho, se conoció recién cerca de las 18:00 de ese día, varias horas después de que el servicio ya fue suspendido.

“Si se hubiera informado, se habría empezado por ahí”, cuestionó Muñoz, quien advirtió que esta omisión impactó directamente en la capacidad de respuesta y prolongó la paralización del sistema.

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Tanto Muñoz como Parra recalcaron que sí se realizan todos los mantenimientos y que lo ocurrido el lunes se trató de un evento aislado.

Concejales cuestionan la versión de la Alcaldía

En el Concejo Metropolitano, las explicaciones no convencieron. El edil Andrés Campaña cuestionó la falta de claridad y pidió al alcalde sustentar sus afirmaciones sobre un posible sabotaje. 

Además, recordó que desde hace más de dos años se ha advertido la necesidad de contar con contratos efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, mencionó informes recientes de la CAF (constructora de los trenes) que alertan sobre el desgaste “anormal” de las ruedas de los trenes, cuya sustitución tiene que realizarse este año para evitar problemas mayores. 

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“Ojalá no se produzca un daño a futuro. Y si hay alguna novedad, ojalá la respuesta no sea que hubo un sabotaje”, dijo.

Por su parte, el concejal Wilson Merino acusó al alcalde de especular sin pruebas. Señaló que las declaraciones sobre sabotaje contradicen la versión técnica del gerente y advirtió que esta falta de coherencia debilita la confianza en el proyecto de infraestructura más importante y más costoso del Ecuador.

A estas preocupaciones se sumó la concejala Estefanía Grunauer, quien atribuyó lo ocurrido a la ausencia de un mantenimiento integral desde el inicio del proyecto. También cuestionó la falta de un plan de contingencia efectivo.

Durante la suspensión, agregó, la ciudad enfrentó un colapso en el Trolebús y la Ecovía, evidenciando la dependencia del sistema como eje del transporte urbano. “El metro es la columna vertebral, pero no hay rutas ni frecuencias alternativas claras”, advirtió.

Piden separación de funcionarios

El edil Fidel Chamba, en cambio, pidió que la investigación continúe con total transparencia y que, en caso de confirmarse un sabotaje, se identifique a los responsables. 

Incluso planteó que se separe a los funcionarios vinculados con el mantenimiento y la comunicación del sistema. Y advirtió que de no adoptarse estas medidas, el gerente también deberá asumir responsabilidad por lo ocurrido.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) no se descarta ninguna posibilidad. El concejal Adrián Ibarra mencionó que todas las hipótesis siguen abiertas, incluyendo la de un error provocado, y planteó la necesidad de realizar peritajes forenses y pruebas de confianza.

Asimismo, propuso reforzar los sistemas de seguridad mediante un mayor monitoreo y la implementación de mecanismos de redundancia en las telecomunicaciones.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional (CC) aprobó, el 7 de febrero de 2024, el acceso a la muerte digna, tras la demanda de Paola Roldán.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.
• En la sesión No. 080-AN-2025-2029, del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia '.

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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Cuestionamientos al origen de la ley

En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

La eutanasia evidencia que todos hemos fallado. ¿Cómo hablar de ella con tanta ligereza en un país donde ni siquiera se garantizan medicamentos básicos? Tengo 14 años en cuidados paliativos y la mayoría de pacientes no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con esta ley, el Estado podría reducir costos al dejar de atender ciertos casos.Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas

Una historia personal que marca el debate

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó el punto de quiebre. “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”, rememora Gavilanes que le dijo su hijo; una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que, 20 días después, lo llevó a despertar. Desde entonces, sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

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Déficit en cuidados paliativos

Además, añade Jimbo, es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025. El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, Martha Cecilia Villafuerte asevera que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos, pese a su relevancia. Dice que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves, advierte.

Lo que estamos viendo es falta de coherencia jurídica y legislativa. Los asambleístas terminan siguiendo agendas impuestas, en lugar de asumir una postura firme en la defensa de derechos fundamentales. Se ha desviado la atención hacia debates secundarios, cuando lo urgente es garantizar atención en salud, medicamentos y cuidados paliativos.Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador

La vida como prioridad del Estado

En ese contexto, Gavilanes insiste en que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes.

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

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Coincidencias en condiciones para su aplicación

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXPRESO coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo detalla que la normativa debería establecer requisitos técnicos estrictos. Señala que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de al menos tres meses y contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar esta opción. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Antes de tomar decisiones de esta magnitud, el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a tratamientos, cuidados paliativos y un sistema de salud oportuno y humano. No se puede hablar de eutanasia sin asegurar primero condiciones dignas de atención médica. Nosotros luchamos por la vida de nuestros hijos.Edwin Gavilanes, fundador de la organización Ariel Chicho Gavilanes

Dudas sobre la efectividad de los controles

Villafuerte advierte que, aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes, como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.

Lo que debes saber

• Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad
• Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial
• Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

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Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio.Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen.Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.

Los puntos claves

• En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas cuestiona a la ATM y plantea que todos quienes la integran deben renunciar, en medio de críticas a la gestión del transporte en Guayaquil.
• El especialista también asegura que en Monte Sinaí,  el Municipio no está presente y, por ello, servicios básicos como el agua son controlados por bandas criminales.
• Advierte que el sistema de transporte en Guayaquil está colapsado, califica a la Metrovía como “terrible” y señala que la Aerovía es un mal negocio que, sin cambios urgentes, se volverá insostenible.

En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas describe un escenario crítico en Guayaquil y apunta a problemas en la administración municipal, la gestión de la ATM y el rol de la alcaldesa subrogante, además de fallas en el sistema de transporte público.

La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada. La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite “ajustar” el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa, una justificación tonta que responde a la intención de perjudicar al pueblo. Incluso la ATM no ha tomado buenas decisiones, y en el Concejo se ha planteado implementar un sistema de taxis desde Durán hasta El Recreo, lo que encarece aún más el servicio. ¿Qué hacer? Analizar la medida, echarse para atrás y ampliar la ruta para captar usuarios: llevarla al sur hasta la Playita y al norte hasta la terminal terrestre. Solo así podría ganar miles de usuarios. Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible.

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En todo. Es un bonito servicio. Claro, con plata ajena se pueden hacer muy bien las cosas. Es cómodo y agradable a la vista, pero no va a resistir. Yo espero que las autoridades cambien de parecer, planifiquen como debe ser. La Aerovía es un mal negocio y el error viene de todos lados: de las autoridades que la propusieron y de las actuales que no han decidido generar un cambio. Los ciudadanos hemos venido advirtiendo las fallas, pero no escuchan. No tienen la capacidad de escuchar. Y no quiero decirles ‘sordas’ porque insulto a los sordos. Lo único que les interesa es quedar bien con quienes tienen plata, con quienes tienen negocio. No les importa quedar mal con la ciudad y su gente.

La Metrovía es terrible (...). La solución es que el Municipio compre buses para el sistema y compita de igual a igual con los operadores privados, que también presentan fallas. He conversado con transportistas y hoy es imposible, por ejemplo, poner aire acondicionado. Tienen deudas y la tarifa no se ha revisado en años, por eso piden un ajuste justo. Yo estaría de acuerdo con los 40 centavos que solicitan. Incluso como Observatorio sabemos que apoyar una subida genera rechazo, pero es lo responsable porque los problemas del transporte se sienten todos los días. Y repito: nadie hace nada. La ATM no escucha a nadie. Y si una autoridad no sabe servir al público, debería renunciar.

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Creemos que toda la ATM debería irse a su casa. Toda. Y elegir, mediante concursos, a profesionales de los colegios y gremios para administrar el transporte público en Guayaquil. El problema no es solo ahí. El tránsito es caótico, no hay agentes suficientes, la señalética no es efectiva, la semaforización es bastante irreal… y todos esos problemas los sentimos en la cotidianidad. Por eso insisto: la ATM tiene que irse.

No creo que se haya desencadenado una crisis. Lo que tenemos hoy es una alcaldesa que no está preparada para ser alcaldesa. Ese es el problema. Ella debe ser reemplazada de inmediato. O sea, tanto Aquiles como la alcaldesa (s) deben ser reemplazadas de inmediato conforme lo estipula la ley del Cootad.

En el caso de Aquiles Álvarez, cualquier ciudadano, alcalde, presidente o quien sea, debe ser sometido a la justicia; si es inocente, que lo declaren inocente, pero si es culpable, debe pagar conforme a la ley. Pero, en cualquiera de los casos —y esto es importante—, no deben jamás usarse recursos municipales para defender al individuo.”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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En Guayaquil los agentes están, pero no actúan

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En que ella nunca ha administrado nada. Si no has administrado ni una tienda, ¿cómo va a administrar una ciudad? Y si alguien no tiene capacidad para administrar, no debería aceptar un cargo. Guayaquil tiene inundaciones, calles dañadas y problemas de alcantarillado que no se resuelven. Hay recursos de demandas ganadas que deberían usarse en obras, pero no se hace. Y lo que se ejecuta hoy es lo visible, no lo urgente. Lo que se necesita es que los concejales definan quién tiene capacidad para administrar la ciudad.

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Nadie. Pero ya falta poco para elegir otro alcalde o alcaldesa. Mientras tanto, tocará aguantar a una autoridad que no sabe administrar y a concejales que no permiten ni impulsan la participación ciudadana. Las sesiones del Concejo se han convertido en un cónclave. Por ejemplo, solo entra quien está en lista. Siendo públicas, eso no debería ocurrir. Toda la administración municipal está mal y hay deudas históricas con la ciudad que deben saldarse.

Más que una crisis coyuntural, lo que evidencia Guayaquil es una falta de capacidad en la administración municipal, que se refleja en la ausencia de respuestas concretas a los problemas estructurales.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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Con la privatización del agua y el alcantarillado, que fue un mal negocio. No se debe permitir que Interagua busque extender el contrato por 30 años más sin un nuevo proceso de licitación en igualdad de condiciones.

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En que hace lo que le da la gana. Solo le interesa el negocio, no el interés ciudadano. Invierten poco, no escuchan. No entienden que el servicio debe ir de la mano con la ciudadanía.

Corregir la concesión del agua potable y alcantarillado es lo primero: fue un mal negocio desde su origen”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. 

El agua. En invierno el problema del alcantarillado es grave. El norte y el suburbio se inundan. Y cuando hay lluvia y marea alta, la gente camina en el agua. Yo no sé por qué todavía, por ejemplo, los ciudadanos no demandan al Municipio, a Interagua y a Emapag, por la pérdida y los daños que tiene la gente. Nos da miedo litigar con los grandes. Pero creo que ya es hora de que los ciudadanos piensen realmente en activar los mecanismos legales para lograr que haya una compensación por los daños que ocasionan las inundaciones.

Interagua se escuda en un contrato para hacer desastre. Dicen que el corte será de 23 horas, por ejemplo, pero en la práctica pasan más, a veces días  sin agua en varios sectores y nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no reclama sus derechos porque tiene miedo de litigar contra los grandes.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

- ¿Ese problema se limita al agua?

- No. Es general. Pero un caso extremo es Monte Sinaí, donde viven cerca de 50.000 familias y el Estado prácticamente no existe. Ahí grupos de delincuencia organizada manejan el agua: cobran por conexiones y por el servicio diario. Lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Las autoridades no actúan. Las leyes no están hechas para garantizar derechos, sino que terminan perjudicando a la gente.

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Asimismo. Interagua capta agua del río Daule, ya contaminado, la trata y la vuelve potable, pero los químicos y metales pesados del proceso son devueltos al mismo río, lo que vuelve a contaminarlo. Pese a conocerlo, no toman medidas para remediarlo. Por eso impulsamos una acción de protección que busca remediación, no dinero, y que esperamos ganar. Los guayaquileños estamos en indefensión. Es la realidad y la razón de nuestra eterna lucha. 

Es más importante invertir en alcantarillado y agua que en obras estéticas; una jardinera, lo que se ha hecho en Guayarte que, sí, puede estar bonito, no puede estar por encima de un servicio básico. Por citar solo un caso, en Guayaquil a diario se pierden 600 millones de litros de agua al día por tuberías sin reemplazo. No se invierte en lo prioritario. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Esto es lo que debe saber:

• La nueva resolución de la Junta redefine cómo se protege el dinero de los clientes: la Cosede  intervendrá como última opción y se priorizarán soluciones de mercado antes de usar el seguro.
• Cosede asegura que el cambio permitirá que los depositantes puedan acceder a sus recursos de manera más ágil, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos.
• Además, se fija un orden obligatorio de pagos en caso de cierre: primero trabajadores, luego pequeños depositantes y grupos vulnerables, y finalmente el resto.

La cobertura del seguro sobre los depósitos de clientes de bancos y cooperativas tiene nuevas reglas de juego. La Cosede, entidad encargada de proteger estos recursos, actuará como última instancia para su devolución. Y en caso de cierre de instituciones, los fondos deberán entregarse según un orden de prelación.

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La Superintendencia defiende solidez del sistema y aclara los motivos de liquidación de cooperativas

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La reforma consta en una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), emitida el pasado 3 de abril, que aclara los pasos a seguir en el proceso de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP), el    mecanismo que permite, antes de la liquidación de una entidad financiera, trasladar los depósitos de los clientes (junto con los activos que los respaldan) a una institución sana. Según la norma, la Cosede podrá aportar recursos para facilitar esta transferencia, pero siempre y cuando    dicho aporte no supere el costo que implicaría el pago del seguro individual.

La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) explicó a EXPRESO que la facultad de participar con recursos en el ETAP no es nueva, pues ya está contemplada en el artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero. No obstante, la    novedad ahora es el orden en que debe seguirse este proceso. Antes de aplicar este mecanismo, primero se deberán evaluar las soluciones disponibles en el mercado. Si estas alternativas no son viables o no cubren a todos los depositantes, la Cosede, solo en ese caso, intervendrá garantizando el pago del seguro.

Los procesos de liquidación de cooperativas registrados son casos particulares y específicos.Comunicado de la SEPS

La entidad aclara que este enfoque “responde a una gestión prudente y alineada a buenas prácticas internacionales”, y permite que “los depositantes accedan a sus recursos de manera más ágil y continua, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos”.

Para el experto financiero Carlos Rodríguez, los cambios son significativos, porque antes de esta resolución “las autoridades no analizaban otras opciones; la salida más fácil era que la Cosede liquide y punto”. Ahora, añade, en un contexto en el que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) continúa con un proceso de depuración de cooperativas con problemas, esto también cobra mayor valor, pues la Junta estaría buscando salvaguardar los niveles de liquidez del fondo.

¿Qué cooperativas están en proceso de liquidación?

Hasta febrero de este año, dice, el Seguro de Depósitos Popular y Solidario contaba con 1.243 millones de dólares, recursos que serían insuficientes para cubrir los depósitos de las cooperativas más grandes en caso de una eventual quiebra.

Solo en los dos últimos años, debido a problemas de gestión o solvencia, la Superintendencia ha ordenado la liquidación de al menos cuatro cooperativas: Cámara de Comercio de Ambato, CREA, Incoop y Cariamanga.

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Estas son las cooperativas en liquidación forzosa, en el último año en Ecuador

Lisbeth Zumba

La resolución de la Junta encendió las alarmas en redes sociales sobre posibles nuevos cierres. Sin embargo, el pasado lunes, mediante un comunicado, la SEPS aclaró que las liquidaciones registradas hasta ahora responden a problemas puntuales dentro de un sistema cooperativo que, aseguró, “se mantiene fuerte, sólido y sostenible”.

La entidad de control enfatizó que los cierres recientes se derivan de fallas propias de cada institución, “producto de una corresponsabilidad directa de sus órganos de gobierno” y de la incapacidad para superar los procesos de supervisión.

Los pagos deberán seguir un orden prioritario

Pero este no es el único cambio. La resolución de la Junta también establece que el administrador temporal de una entidad en cierre deberá ahora cumplir un orden de prelación estricto y obligatorio para la transferencia de pasivos, en función de los activos disponibles. Así, antes de cualquier transferencia, deberán reservarse recursos líquidos para cubrir, en primer lugar, los compromisos laborales.

En segundo lugar se priorizará a los depositantes cuyos montos no superen el límite de cobertura vigente, sin incluir intereses. Posteriormente, se atenderán los depósitos que excedan dicha cobertura, pertenecientes a personas de grupos de atención prioritaria. Y finalmente al resto de depositantes.

La norma, dice el experto, establece tiempos, para que los procesos de devolución no puedan tardar más allá de los 20 días que, por norma, la Cosede fijó para devolver estos recursos.

De ahí que es necesario que en el proceso de ETAP no solo se realicen procesos de valoración minuciosos y transparentes, sino ágiles, para no afectar ni a empresas ni a depositantes. Antes de la resolución, la Cosede llegaba a tardar entre 9 y 10 días en hacer las devoluciones, la mitad del tiempo límite permitido.

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Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

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Sobre este mercado

Reforma. La Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP) es un mecanismo mediante el cual, antes de la liquidación de una entidad financiera, se busca trasladar los depósitos de los clientes, junto con activos que los respaldan, a una entidad financiera sana. La norma fija cuándo la Cosede debe actuar.

Desembolsos: La Cosede ha cancelado en los últimos cinco años $180 millones, correspondientes a 37 entidades en procesos de liquidación. Según la entidad,    los procesos implementados han permitido fortalecer la capacidad operativa del seguro, incluyendo mecanismos más ágiles de pago, como transferencias a cuentas de los beneficiarios.

Salud del sistema: Según la Superintendencia de Economía Popular, este sector, en su conjunto, suma un total de $32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia del 16,32 % y una liquidez del 38,16 %. Estos indicadores, según el ente, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.

Lo que debes saber

• Beret confirma concierto en Quito el 8 de mayo en la Casa de la Cultura
• El artista explica cómo la tristeza impulsa la creación de sus canciones
• Su nueva etapa musical se basa en el concepto japonés kintsugi

El cantante español Beret atraviesa una nueva etapa artística marcada por la reconstrucción emocional, concepto central de su gira Lo más bello y lo roto. En entrevista con EXPRESIONES, el artista reflexiona sobre su presente, el rol de la tristeza en su música y su conexión con el público, mientras se prepara para su concierto en Quito en mayo de 2026.

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La conversión se dio entre Guayaquil y Sevilla, en una distancia que no se sintió pese a los kilómetros que nos separaban del artista. A través de una pantalla de Zoom, Beret aparece relajado, risueño y con un tono cercano que rompe rápido la formalidad. Bromea, se ríe con facilidad y, en medio del calor que marca la ciudad, se sopla con un abanico blanco mientras responde. La escena, cercana y espontánea, contrasta con la intensidad de su agenda. No hay prisa en sus palabras, aunque su calendario diga lo contrario.

Su más reciente etapa artística se construye desde una idea clara: aceptar las grietas. Inspirado en el kintsugi, el arte japonés que repara lo roto con oro, su último disco convierte la fragilidad en discurso. No es solo una referencia estética, es una forma de entender lo que escribe y lo que vive. Lo bello y lo roto, como también se titula su gira, funciona como un mapa emocional que conecta con una audiencia que ha crecido con sus canciones.

En esta entrevista con EXPRESIONES, el artista español habla desde ese lugar. Entre conciertos, viajes y nuevas canciones, reflexiona sobre la música, la tristeza como motor creativo y el momento personal que atraviesa al borde de una nueva década.

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Más allá del artista y el trabajo, ¿cómo está usted en este momento?

Estoy en un momento muy bonito porque tengo la mente completamente en mayo, que tengo 17 conciertos en 30 días. Se dice rápido, pero es una locura. Estoy muy feliz porque voy a hacer muchos conciertos en países muy diferentes y se han llenado casi todos. Para mí, que vivo en el sur de España, que a 1000 km se llenen conciertos me parece un premio brutal. Personalmente también estoy contento. Soy una persona bastante positiva, aunque mi letra parezca lo contrario.

Se le nota muy emocionado al hablar de esto. Además, usted tiene varios hobbies. Ha aprendido incluso a usar patinetas con los dedos. Esto lo vinculo con el concepto del kintsugi en su disco. ¿Le gustaría profundizar en ese arte de reparar piezas?

Sí. De hecho, me pasó hace poco que en una entrevista en España me regalaron un pack de kintsugi, con pegamento dorado para unir piezas. En la propia entrevista rompí un jarrón y lo arreglé. Me parece que todo lo que engloba el kintsugi tiene un mensaje muy resiliente, muy bonito.

¿Se animaría a profundizar más en ese tipo de prácticas o por ahora es solo un hobby?

Creo que desde hace bastante tiempo todo lo que sea resiliencia, psicología y paz mental lo investigo. Así que sí, puede ser.

Esta búsqueda personal, ¿cree que se ha intensificado ahora que está cerca de los 30 años?

Justo hace 20 minutos hablaba con un amigo de eso. Creo que con 30 años empieza cierta prisa por algunas cosas. Te das cuenta de que cuando tenías 15 o 20 años veías a los de 30 como mayores y ahora eres tú. Yo empecé con la música a los 17 y tuve la suerte de encontrar lo que quería hace tiempo. Sé que he venido a transmitir un mensaje mío, que por casualidad a la gente le gusta y le ayuda. Con 30 años, lo que busco es vivir al menos 30 más. Me quedan muchas cosas por conocer, pero la base para tener estabilidad mental la he conseguido y eso me da paz.

¿Su base seguirá siendo España o contempla mudarse a ciudades como Miami o Ciudad de México?

No vivo en ningún sitio realmente. Siempre digo que las cartas me llegan a Sevilla, pero nada más. Estoy viajando constantemente: vengo de Dublín, estuve en París, ahora voy a México, luego Ecuador. Desde pequeño aprendí que mi casa soy yo.

En su música hay una presencia constante de la tristeza. ¿Es su mejor aliada para crear?

Más que mi mejor amiga, es mi motor. Cuando estoy contento no me apetece hacer canciones, quiero estar con amigos. Cuando estoy mal, necesito desahogarme escribiendo. Por eso la gente conecta tanto con mi música triste.

¿Tiene canciones alegres dentro de su repertorio actual?

Sí, claro. Tengo Si por mí fuera, Porfa no te vayas y Cupido Pero entiendo que la gente me identifique con lo triste porque hay baladas mías con muchísimas reproducciones. Es como el Big Mac de McDonald’s: es lo más conocido, pero hay mucho más. En mis conciertos se ve que soy de todo menos triste.

Usted recientemente colaboró con Dulce María en una nueva versión de Ojalá. ¿Cómo surge esta colaboración?

La conozco desde hace años. Cantamos juntos en el Teatro Metropolitan en Ciudad de México en 2023. Nos conocimos por redes. Yo la conocía porque mi hermana era fan de Rebelde. Cuando me escribió, me sorprendió mucho. Sentí que la historia de la canción encajaba con ella y que debía ser la protagonista del videoclip. El remix fue increíble. Lo cantamos en la Arena Ciudad de México.

Para sus shows en Ecuador, ¿planea invitar a algún artista local?

Me gustaría. De hecho, la próxima semana quiero investigar artistas que hayan hecho covers de mis canciones. Me encantaría invitar a alguien, aunque a veces por logística no se puede.

Con una agenda tan intensa, ¿cómo hace para disfrutar las ciudades que visita?

Después de tantos años, he aprendido a organizarme. Doy el concierto, descanso y al día siguiente hago turismo. Si tengo poco tiempo, intento salir antes de la prueba de sonido. En Ecuador creo que tendré algo de tiempo libre, así que intentaré conocer.

Finalmente, Hablo de ti, su última canción, no forma parte de su último disco. ¿Es el inicio de una nueva etapa?

Es un sencillo que tenía ganas de compartir. Probablemente forme parte del siguiente disco.

¿Algún mensaje para su público en Ecuador?

A toda mi familia de Ecuador, tengo muchas ganas de veros, de quitaros de redes y daros un abrazo. Os espero en el show.

Ecuador lo espera en Mayo

El cantautor español Beret incluye a Ecuador en su gira Lo más bello y lo roto con un único concierto en Quito. La presentación será el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en un formato pensado para espacios cerrados y conexión directa con el público.

Las entradas están disponibles a través de TicketShow. Los precios van desde $ 40 en Luneta Alta hasta $ 90 en Beret Box. El show forma parte de una gira que recorre Latinoamérica y Europa, y que se basa en el concepto de reconstrucción emocional presente en su más reciente trabajo.

Lo que se sabe

• El barrio Chamanal de Obrapía cumplirá 100 años de fundado, en 2027
• Sus habitantes organizan mingas y acciones colectivas para mejorar el entorno
• El Municipio de Loja no respondió a una solicitud de EXPRESO para entrevista

En el occidente de Loja, el barrio Chamanal de Obrapía no solo enfrenta problemas estructurales, sino también una lucha diaria por mantener la dignidad en medio del abandono. 

Sus calles, sin asfalto y deterioradas por el paso del tiempo y la falta de intervención, son el escenario donde vecinos conviven con el riesgo, pero también con la solidaridad.

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Caminando entre piedras en el barrio lojano

Caminar por el sector es encontrarse con piedras sueltas, zanjas y desniveles que dificultan el paso. Cuando llueve, el panorama se vuelve aún más complejo: el lodo cubre todo y transforma las calles en verdaderas trampas. 

Sin embargo, para quienes viven allí, no hay alternativa; deben salir, trabajar y continuar con sus actividades, pese a los obstáculos.

Manuel Armijos, uno de los moradores, describe esta realidad con claridad. Cuenta que no es un problema reciente, sino una situación que se ha arrastrado durante años. 

A pesar de la cercanía con el centro de la ciudad, siente que el barrio ha sido dejado de lado. Aun así, recalca que la comunidad no pierde la esperanza de ser escuchada.

El barrio Chamanal de Obrapía está cerca del centro de Loja

Preocupación por perros abandonados

Pero el deterioro de las calles no es el único desafío. La presencia de perros callejeros se ha convertido en una preocupación constante. Los vecinos aseguran que los animales recorren el barrio en grupos y sin control. 

A pesar del panorama adverso, en Chamanal de Obrapía la comunidad intenta sostenerse a través de la organización y la colaboración. Andrea Elizabeth Castillo explica que los vecinos han propuesto mingas y acciones colectivas para mejorar su entorno. 

Aunque los esfuerzos no han sido suficientes, reflejan el compromiso de quienes viven en el sector por no dejar caer su barrio.

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Basura en las calles del barrio Chamanal de Obrapía

Uno de los problemas que más golpea la convivencia es la acumulación de basura en la entrada del barrio. Según los moradores, personas ajenas llegan a dejar desechos, lo que ha convertido el lugar en un foco de contaminación. Esta situación no solo genera malos olores, sino que también atrae a los animales que suelen escarbar entre los desechos.

Alcira Alcívar, quien ha vivido más de quince años en el sector, observa con tristeza cómo los lotes baldíos se han transformado en botaderos improvisados. 

Para ella, el problema también pasa por la falta de conciencia ciudadana. Aun así, insiste en que la comunidad necesita apoyo para poder enfrentar esta situación de manera efectiva.

La historia de Deisy Masache refleja el impacto directo de estas condiciones en la vida diaria. Madre soltera de cuatro hijos, cuenta que cada vez que llueve, teme salir de casa. 

En dos ocasiones ha sufrido caídas mientras cargaba a su hijo pequeño, debido al lodo en las calles. Su testimonio evidencia cómo el abandono no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de las familias de este barrio.

A esto se suma la preocupación por la inseguridad. Minio Sarmiento, quien ha vivido más de sesenta años en el barrio, asegura que la falta de atención ha permitido que la delincuencia comience a ganar espacio.

Según relata, en horas de la mañana y la noche se han registrado robos, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

El desorden vial en la avenida Villonaco es otro de los puntos críticos. Los moradores denuncian que buses urbanos se estacionan sin control, generando congestión y riesgos constantes. 

Carlos Andrés Riofrío considera que esta situación requiere regulación urgente, ya que pone en peligro tanto a los peatones como a los conductores de vehículos.

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A pesar de todo, en Chamanal de Obrapía aún se percibe un fuerte sentido de comunidad. Los vecinos se conocen, se apoyan y buscan soluciones dentro de sus posibilidades. 

Las mingas, las conversaciones entre moradores y el deseo de mejorar su entorno son señales de una comunidad que no se rinde ante el abandono.

Sin embargo, coinciden en que el esfuerzo comunitario no es suficiente frente a problemas estructurales que requieren intervención. La falta de respuesta ha generado frustración, pero también ha fortalecido la unión entre quienes habitan el sector.

EXPRESO buscó una respuesta por parte de las autoridades municipales, sin obtener pronunciamiento hasta el cierre de este reportaje.

Mientras tanto, en Chamanal de Obrapía la vida continúa entre calles deterioradas, basura acumulada y preocupación constante. Pero también sigue viva la voluntad de sus habitantes, que no dejan de insistir en algo básico: ser escuchados.

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Lo que debes saber

• Corte Nacional de Justicia aprobó el 13 de abril norma sobre firmas de sentencias tras ausencia definitiva de jueces.
• La resolución permite a jueces sucesores firmar o revocar fallos si no comparten criterio anunciado en audiencia.
• Abogados alertan riesgos para seguridad jurídica y cosa juzgada por posibles manipulaciones judiciales.

En un país donde la justicia está entregada al gobierno y/o a las mafias, cualquier modificación en su administración huele a podrido. Hasta los cambios que pueden ser buenos huelen a podrido y, cuando las cosas son así, sospechar se convierte en la única actitud cívica posible. 

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Ese es el precio que debe pagar un país donde el poder, ya sea el político o el de las mafias, se ha apoderado casi totalmente de cortes, tribunales, jueces, fiscales y fiscalías, y ciertamente, del Consejo de la Judicatura que desde hace ya algunos años responde a intereses oscuros: unas veces políticos y otras mafiosos.

Es lo que pasa con la resolución de la Corte Nacional de Justicia adoptada por el pleno de ese organismo el 13 de abril. La resolución establece que, si un juez, luego de dictar su sentencia oral, se ausenta definitivamente, el juez que lo suceda deberá firmar la sentencia escrita “siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por quienes intervinieron en la audiencia y anunciaron dicha decisión”. 

¿La razón para tanta sospecha y tanta condena, de abogados honestos y de trayectoria límpida? Básicamente, porque aparece como una ventana -o ventanota- para las más horrendas manipulaciones legales.

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Esta es la resolución de la Corte

En su parte medular, lo resuelto por los jueces dice: “Cuando se designe un juez o jueza unipersonal, o uno o más juzgadores para integrar o completar un tribunal que ya hubiere pronunciado decisión oral, el nuevo juez o jueza unipersonal, o el tribunal con la nueva conformación, reducirá a escrito la sentencia, siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por aquel que intervino en audiencia y anunció la decisión oral”. 

En principio, el texto suena a una medida sensata para agilitar los trámites legales en caso de que un juez se ausente luego de dictar la sentencia.

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El problema aparece en varios puntos, y uno de ellos es que se abre la posibilidad de que ese juez no comparta el criterio de su antecesor y no firme la sentencia. ¿Y entonces qué pasa? 

“El nuevo juez puede decidir si firma o no, y, si no quiere hacerlo, podría revocarla y abrir otro caso”, sostiene el abogado Gonzalo Muñoz. Es decir, estaría destruyendo el principio de la cosa juzgada y los derechos que una sentencia genera.

El peligro de la resolución

Por ejemplo, si el juez, que luego se ausenta definitivamente, haya declarado inocente a una persona en su sentencia oral. Como dijo en redes sociales el abogado Joffre Campaña, se ha inaugurado con esta resolución la “tercera instancia”. 

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Para el penalista Pablo Encalada, la decisión de la Corte es, por lo bajo, peligrosa. Según él, en este país es perfectamente posible que el Consejo de la Judicatura, si no le ha gustado un fallo, destituya al juez que dio la sentencia oral o que algún mafioso lo asesine. 

Encalada cree que es demasiado sospechoso que todos los jueces de la Corte Nacional no se hayan percatado de este vacío que se genera con su resolución.

Así podría darse el cambio de sentencias

De acuerdo con la decisión de la Corte, los pasos para que se cumpla la resolución son los siguientes:

Corte tomó un fallo de la Constitucional

Para tomar la decisión, en todo caso, la Corte se sustentó en principios que están en la Constitución: el artículo 75, que habla de tutela judicial efectiva, inmediatez y celeridad; y el 169, que establece que la justicia no se sacrifica por meras formalidades. 

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La Corte Nacional no está inventando, en todo caso, la rueda. Se apoya en un precedente de la mismísima Corte Constitucional, la sentencia 344-16-EP-21, según la cual un rígido acatamiento del principio de inmediatez podría comprometer otros principios procesales como el de celeridad. 

El mensaje central de la resolución es que la Corte está poniendo los principios de celeridad y de inmediación en una balanza y prefiere el primero.

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¿Qué es el principio de inmediación, entonces? Que quien juzga es alguien que ha seguido todo el caso, que ha visto las pruebas y escuchado a las partes. 

Y que eso no haya ocurrido produce algunas dudas: ¿puede el nuevo juez, que no estuvo ahí, que no vio las caras, que no escuchó el tono de los testigos, realmente captar al 100 % el criterio decisional original? Es una solución pragmática, sí, pero plantea la posibilidad de que se cometan los más horrendos actos.

Los riesgos con funcionarios cuestionados

De acuerdo con Pablo Encalada, en la práctica podrían ocurrir cosas como esta: qué tal que, dictada la sentencia que no le gusta al gobierno, un ministro -por ejemplo, el de Trabajo, Harold Burbano- le inventa a los jueces un impedimento para ejercer el cargo, como hizo con Alexandra Villacís para que no presida la Judicatura. Por eso, dice, la seguridad jurídica se reduce a cero absoluto.

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Anteriormente, es decir hasta antes del 13 de abril, si un juez luego de dictar su sentencia oral desaparecía del mapa, su sucesor tenía que firmarla tal y como había quedado. Es decir, el reemplazo hacía simplemente el papel de notario. 

¿Había otra solución? Claro que sí: de acuerdo a penalistas consultados, el problema se generó cuando los jueces empezaron a redactar larguísimas sentencia con citas académicas, entre otras. Por eso, se podría obligar a los jueces a dictar sentencias orales mucho más cortas y firmarlas al mismo tiempo en que dictan la decisión oral.

Las claves del caso

• Exconsejero del CPCCS busca anular su censura mediante medida cautelar de la CIDH.
• Tras su destitución, el exfuncionario no descarta una candidatura para las elecciones seccionales.
• Denuncia presiones del oficialismo y advierte falta de transparencia en el concurso de la Fiscalía.

Tras siete meses de su destitución mediante juicio político, el exconsejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, ha retomado sus actividades en la cátedra y la consultoría. Sin embargo, la reciente decisión de la CIDH de admitir su caso genera expectativas sobre una posible medida cautelar. Según Albán, si la Comisión actúa a tiempo, se podría suspender su inhabilidad para ejercer cargos públicos, permitiéndole asumir nuevos retos en la administración pública.

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El caso de Gonzalo Albán llegó a la CIDH

- Se cumplirán siete meses de su destitución, ¿cómo ha llevado este tiempo?

He regresado a mis actividades convencionales, como la cátedra y la consultoría.

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- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite su caso. ¿Qué espera conseguir de la Comisión?

Para mí, lo importante es que no permanezcan estos precedentes nefastos como los que pasaron en mi juicio político.

La expectativa de regresar al servicio público

- ¿Hay la posibilidad de que se suspenda su censura para ser funcionario público?

Podría darse que la CIDH acepte una medida cautelar para que, durante el tiempo que se estudia el caso, se levante la inhabilidad. Veamos si la Comisión logra analizar esto en el tiempo concerniente y, de ser así, por qué no asumir un reto para poder llegar a aspirar a un cargo público.

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- ¿Quiere regresar al servicio público pese a lo que denunció como consejero?

Si estamos en la línea de la administración pública, por qué no ser también candidatos y representar esas voces que, a lo mejor, puedan verse guiadas por una potencial candidatura. Hay una intención de cambiar el país, pero no se asume el riesgo de ser candidato o de tomar la batuta.

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Albán y las seccionales de 2026

- ¿Hay la posibilidad de que participe en las seccionales de 2026?

No lo sabemos; son condiciones de la misma Comisión, que tiene sus tiempos. Soy respetuoso de cómo la Comisión actúe frente a ello.

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- ¿Intentaría regresar al CPCCS?

No es una posibilidad. El Consejo, desde mi experiencia, no cumple su objetivo en materia de designación de autoridades de control; adicionalmente, sí creo que podría fortalecerse por otras vías, pero no es algo que por ahora esté en mi campo de acción.

- ¿Quiere ser asambleísta, alcalde o prefecto?

Hay que analizar bien para qué se podría estar mejor calificado. Mi formación en administración pública me permite aspirar a algunos espacios, pero no es algo que por el momento haya estudiado.

CPCCS no logró cumplir su objetivo

- Una propuesta de enmienda del Ejecutivo plantea trasladar la designación de autoridades a la Asamblea. ¿Cree que eso soluciona los problemas que denunció cuando fue consejero?

Es volver al modelo original que existía previamente, pero que también tenía cuestionamientos por la politización de las autoridades de control. El CPCCS fue un experimento para intentar resolver esa problemática, pero no lo logró. Volver al Parlamento no resuelve el problema, pero al menos transparenta quién respalda a quién.

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- ¿Cree que en el caso de Alexandra Villacís sucedió eso, de que nadie parecía tener la responsabilidad? ¿Se actuó de forma correcta?

Quien llevó a cabo el proceso de designación del Consejo de la Judicatura fue el mismo CPCCS y un cuerpo colegiado de consejeros. Lo que debía haber hecho el Consejo fue velar por que lo que este había trabajado y cumplido se respete. La posesión de Villacís de manera inmediata era lo que cabía.

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La presión del oficialismo en el CPCCS

- ¿Cree que hubo influencia del oficialismo? ¿Usted fue testigo de presiones cuando fue consejero?

Esto es algo a lo que ha estado expuesto el CPCCS siempre, donde la cooptación de instituciones va a primar. Una incidencia para que alguien no pueda posesionarse sí despierta alertas.

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- ¿El oficialismo tiene control sobre el CPCCS?

Fui consejero y tuve la presión de un juicio político de la bancada oficialista. No tuve una llamada directa, pero fue un mensaje claro.

- ¿Cree que el concurso de Fiscal General también terminará siendo cuestionado por las alertas de la veeduría ciudadana?

El proceso ha demostrado algunas falencias. La legitimidad se gana también en la opinión de la ciudadanía.

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

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Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

Lo que debes saber 

• El intercambiador de la avenida Rumihurco, anunciado como una solución al tráfico en el norte de la ciudad, pierde viabilidad, al menos en el corto plazo
• El alcalde, Pabel Muñoz, reconoce que no hay certeza sobre su ejecución, lo que deja en suspenso una obra importante para mejorar la movilidad
• Para los vecinos era una obra largamente esperada. Aunque la expectativa no se ha perdido del todo, consideran que una salida más inmediata sería mejorar las vías existentes

La promesa de una solución al caos vehicular en el norte de Quito no se concretará en la actual administración. El intercambiador de la avenida Rumihurco, anunciado por el alcalde Pabel Muñoz como una “ gran obra” para aliviar el tráfico, enfrenta un escenario de incertidumbre que aleja su ejecución en el corto plazo.

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El proyecto fue revelado a inicios de 2025 como una respuesta urgente a la congestión que se vive en uno de los puntos más conflictivos del norte de la capital. 

La intervención contemplaba un intercambiador en la intersección de la Rumihurco con la av. Mariscal Sucre, además de adecuaciones viales complementarias. Según estimaciones del Municipio, más de 160.000 personas que viven en barrios como El Condado, La Roldós, La Planada, Pisulí y Velasco se verían beneficiadas. 

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Pero la construcción, que reemplazó al fallido proyecto Quito Cables, impulsado en la alcaldía de Mauricio Rodas, atraviesa un momento complejo. El propio alcalde reconoció que no existe certeza sobre su ejecución. “No sé si vamos a realizar el intercambiador de Rumihurco”, dijo recientemente.

¿Por qué no se ejecutará el intercambiador?

El principal obstáculo, aseguró Muñoz, es el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Según su explicación, cerca del 50% de los proyectos no avanzan con la rapidez esperada debido a observaciones y cuestionamientos en el portal de compras públicas.

En el caso específico del intercambiador, el proceso fue primero paralizado y luego condicionado a continuar “bajo responsabilidad” de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), pese a que, según el alcalde, no se habrían resuelto todas las observaciones.

Es increíble la cantidad de procesos que para el Sercop. Del 100% de obras en la ciudad, cerca del 50% no avanzan con la rapidez que quisiéramos
Pabel Muñoz, alcalde de Quito

La ambigüedad de la respuesta, agregó Muñoz, ha generado dudas. “No sabemos qué hacer”, dijo, y también advirtió riesgos legales si se decide avanzar sin despejar las observaciones. El escenario más probable, reconoció, sería reiniciar todo el proceso, lo que implicaría nuevos plazos y retrasos.

Una obra esperada por los vecinos

La construcción del intercambiador causó expectativas entre la comunidad, que lo veía como una salida al alto tráfico vehicular. Óscar Simbaña, quien reside en la av. Rumihurco, asegura que recorrer poco más de un kilómetro puede tomar 30 minutos, o más, en horas de la noche. Jacqueline Tufiño describe un “cuello de botella” permanente entre el sector comercial y una unidad educativa cercana.

Con ello coinciden varios vecinos para los que la estructura representaba una solución concreta tras años de espera. Pero en la actualidad, esa posibilidad se diluye.

Mauro Quingalombo, representante de la parroquia El Condado, comenta que, luego del anuncio, solicitaron una reunión con el alcalde para conocer por qué el proceso se suspendió y qué alternativas de movilidad se plantean.

El representante menciona que la dirigencia tiene alternativas que las han trabajado durante algún tiempo. Entre ellas, un circuito vial que conecte distintas calles hacia la av. Mariscal Sucre, mediante la intervención de vías secundarias y conectoras. Detalla rutas como Catzuqui de Velasco, conexiones hacia Pisulí, Colinas del Norte y vías que enlazan con Nono y la avenida Francisco Silva.

Queremos una alternativa, aunque no perdemos la esperanza. Con el mantenimiento respectivo, las vías quedarían listas para el intercambiadorMauro Quingalombo, representante parroquia El Condado

La propuesta apunta a soluciones más inmediatas, que podrían ejecutarse con recursos municipales, a través de la Epmmop y las administraciones zonales.

“Tienen que intervenir en vías conectoras. Solo en Catzuqui de Velasco, 5.000 habitantes necesitan trabajos urgentes. En la entrada, la mitad está pavimentada y el resto no”, indica el dirigente.

Un proyecto que inició con cuestionamientos

Desde el Concejo también hay preocupación y cuestionamientos por la suspensión de la obra. El edil Andrés Campaña recordó que en noviembre de 2024, la Epmmop firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y transfirió $33 millones para varios proyectos integrales de movilidad, incluido el intercambiador de la Rumihurco.

Sin embargo, el convenio fue suspendido por Epmmop en abril de 2025. Posteriormente, Unops devolvió $ 30,3 millones, pero quedó pendiente un monto de $ 2,7 millones que, según Campaña, aún no ha sido reembolsado. En enero de 2026, el edil solicitó tratar el tema en el Concejo sin éxito y ahora se esperan los resultados de un examen especial anunciado por la Contraloría General del Estado.

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En su momento, el concejal oficialista Adrián Ibarra defendió el proceso y aseguró que se mantiene el seguimiento institucional para esclarecer la diferencia económica pendiente.

EXPRESO solicitó a la Epmmop una entrevista para conocer más detalles sobre el proceso suspendido en el Sercop y qué alternativas viales se trabajan para el sector, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Lo que debes saber

• Vías estratégicas que conectan Quito con los valles y el aeropuerto presentan grietas, baches y hundimientos
• Los suarios señalan que los bacheos y las reparaciones puntuales no resuelven el problema de fondo
• La Epmmop asegura que mantiene trabajos de mantenimiento, pero reconoce limitaciones por falta de asfalto y proyectos paralizados

El deterioro de varias vías estratégicas que conectan Quito con los valles y el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, vuelve a encender las alertas entre conductores y moradores.

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La avenida De Los Conquistadores, los tramos parchados de la Ruta Viva, el riesgo de deslizamientos en la vía antigua de Nayón y las grietas en el conector de Alpachaca reflejan un problema que no solo afecta la movilidad, sino también la seguridad. 

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Huecos, desprendimientos y soluciones temporales evidencian un desgaste progresivo que, según usuarios, no ha sido atendido de forma integral por varios años. 

Daños en vehículos y riesgo en viviendas

Uno de los puntos más críticos es la avenida De Los Conquistadores, donde el deterioro es visible a lo largo de su trazado. Huecos, adoquines levantados y tramos irregulares marcan el estado actual de esta vía que conecta Guápulo con Quito y los valles. 

Los conductores aseguran que los daños no solo dificultan la circulación, sino que ya han provocado afectaciones en sus vehículos, desde problemas en la suspensión hasta llantas averiadas.

El impacto también se siente en las viviendas cercanas. Moradores denuncian que el paso constante de transporte pesado agrava el problema. “En un lado de mi casa hay una parte que está hundida. Cuando pasan los vehículos pesados, es como si hubiese un temblor. La carretera es nueva, aparentemente, pero mejor estábamos con la anterior”, asegura Patricia Cruz, habitante del sector.

Desde la dirigencia barrial, las críticas apuntan a fallas de origen. Jaime Prado, presidente del Cabildo de Guápulo, sostiene que los problemas se evidenciaron desde la inauguración de la obra en marzo de 2022. 

Según explica, el sistema constructivo no habría sido el adecuado para soportar el flujo vehicular, que bordea los 20.000 autos diarios. Además, cuestiona que la vía, que costó cerca de $ 1,4 millones, tenga una vida útil estimada de apenas cinco años. 

“Hay una falla estructural que no se va a corregir con bacheos. Se requiere una intervención técnica diferente”, señala. Mientras tanto, los trabajos de mantenimiento resultan insuficientes. Prado indica que, aunque se realizan intervenciones puntuales, los adoquines vuelven a desprenderse en pocos días, lo que aumenta el riesgo de accidentes por las maniobras evasivas de los conductores.

Fisuras, grietas y baches en la Ruta Viva

La problemática se extiende hacia la Ruta Viva, principal acceso al aeropuerto. A lo largo de sus carriles se observan fisuras, grietas y baches que han motivado constantes reportes ciudadanos. Byron Mosquera, conductor frecuente de esta vía, asegura que el deterioro lleva al menos tres años sin una solución definitiva. “Hacen bacheos, pero son temporales. La vía sigue inestable”, manifiesta.

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El panorama se agrava en el conector de Alpachaca. EXPRESO realizó un recorrido y observó varios huecos en el tramo hacia el aeropuerto. Los conductores deben esquivar los orificios, lo que incrementa el riesgo de choques. A esto se suma la vía antigua de Nayón, donde los deslizamientos de tierra generan preocupación constante, especialmente en temporada invernal.

¿Qué dice la Epmmop?

Frente a estos señalamientos, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informa que mantiene trabajos permanentes de mantenimiento. En la avenida De Los Conquistadores se ejecutan labores diurnas y nocturnas en varios tramos, mientras que en la Ruta Viva se han realizado más de 30 jornadas de bacheo en lo que va del año.

Sin embargo, la entidad reconoce limitaciones, principalmente por la falta de asfalto, lo que paralizó 71 proyectos viales. Tras más de un mes de suspensión debido a la escasez de material provisto por Petroecuador, las cuadrillas retomaron las labores desde el 11 de abril.

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En cuanto a Nayón, la Epmmop detalló que el deslizamiento registrado en febrero fue atendido en tres fases: la remoción del material inestable, la protección temporal del talud y la ejecución de estudios técnicos para una solución definitiva, como la construcción de un muro estructural.

Pese a los trabajos en marcha, la percepción ciudadana es que las intervenciones “parche” no logran frenar el deterioro de las vías. Mientras avanzan proyectos más amplios, como la rehabilitación integral de la avenida Oswaldo Guayasamín, los usuarios y moradores insisten en la necesidad de soluciones estructurales que garanticen seguridad y durabilidad en corredores clave para la ciudad.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot reapareció en Guayaquil tras meses de silencio para disertar sobre el futuro de Ecuador.
• Expertos analizan por qué figuras como Lasso y Moreno evitan el debate público para reducir su desgaste.
• La falta de carisma y conexión ciudadana impide que exlíderes mantengan impacto en la opinión nacional.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reapareció en la escena pública con su ponencia “Un Ecuador para todos”, rompiendo meses de silencio mediático. Mientras figuras como Guillermo Lasso y Lenín Moreno mantienen un bajo perfil tras sus mandatos, el retorno de Nebot plantea dudas sobre la falta de nuevos liderazgos y las estrategias de repliegue que utilizan los políticos para evitar el desgaste de su imagen ante la opinión pública.

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Nebot y la duda sobre los liderazgos políticos

Tras permanecer varios meses fuera del radar de la opinión pública, el exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot, reapareció el 11 de abril de 2026 para retomar los micrófonos y disertar sobre “un Ecuador para todos”.

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Aunque su ponencia generó opiniones divididas -pues parte de la audiencia esperaba que se refiriera al presidente Daniel Noboa y a temas de coyuntura-, su retorno planteó una interrogante tan relevante como sus motivaciones: ¿dónde están los demás líderes políticos y por qué callan?

Ecuador ha sido testigo de diversas figuras que emergen en momentos determinados, pero que, al dejar el poder o el foco de atención, se apagan. Sus intervenciones se reducen a apariciones contadas y comentarios puntuales sobre la realidad nacional, o simplemente desaparecen del mapa público.

El repliegue de las figuras políticas

A pesar de que exmandatarios o exlegisladores son vistos como referentes de quienes se esperan análisis y respuestas, Caroline Ávila, académica y experta en comunicación estratégica, señala que existen varias razones por las cuales un líder decide mantenerse al margen.

Una de ellas es la intención de evitar el desgaste, especialmente tras una salida reciente del poder. El expresidente Guillermo Lasso, quien lideró la oposición al correísmo por una década y tuvo una gestión interrumpida, es un ejemplo de ello, comenta Ávila.

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“Él necesita desinfectar, en términos metafóricos y entre comillas, la imagen con la que salió que fue bastante baja. Y lo hace a partir de una narrativa técnica y con el tema de las becas, que es otro tipo de participaciones de tipo social-educativo”, comenta.

Lo mismo aplica para casos como el del expresidente Lenín Moreno o la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quienes coincidieron en la misma administración. Los cuestionamientos y el estigma de la traición (como el correísmo califica a Moreno) dificultan una presencia constante en el debate.

¿Existe una falta de nuevos liderazgos en Ecuador?

Si bien Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), reconoce que muchos prefieren el repliegue por cuestionamientos de diversa índole, enfatiza que no es una regla general. De hecho, señala que figuras como los expresidentes Osvaldo Hurtado y Lucio Gutiérrez, o exautoridades como Henry Cucalón, se mantienen vigentes en distintos espacios de opinión.

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Sin embargo, Moscoso admite que el problema no radica en la falta de referentes, sino en el menor impacto de sus acciones y discursos. “Lamentablemente no hay líderes que perduren en el tiempo con demasiada facilidad”, explica, añadiendo que el carisma juega un rol determinante.

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Las claves para ser escuchados

“Hay otros líderes que no son tan carismáticos. Lucio Gutiérrez no es carismático, por ejemplo. Pero ahí tenemos el ejemplo de Rafael Correa que no está aquí, pero que sus declaraciones siempre son tomadas en cuenta también, aunque no sea candidato a nada”, acota Moscoso.

En ese sentido, Ávila precisa que la trascendencia de un líder depende de su conexión y simpatía con la ciudadanía. “Se necesita un relato clarísimo de lo que la gente requiere para poder hablar desde el sentido común, hablar desde esa conciencia local, desde esa fuerza de lo que la ciudadanía necesita y creo que hasta ahora ningún político ha sido capaz de hacerlo”, concluye.

Lo que debes saber 

• Ecuador sigue atrapado entre el correísmo y el anticorreísmo, pese a promesas de superar la polarización política.
• Lasso, Moreno y Noboa intentaron fórmulas de reconciliación, pero todas chocaron con los límites del poder.
  
• El debate sobre una “tercera vía” revela una crisis más profunda: la dificultad de sostener la gobernabilidad democrática.

El en Ecuador hay espacio para algo más que el correísmo y el anticorreísmo. El mismo presidente Noboa, que hoy representa la lógica de los antis llevada a su conclusión inevitable –tolerarlo todo con tal de prevenir el supuesto retorno inminente de Correa al poder– llegó al poder a finales de 2023 prometiendo trascender la polarización que había dominado la política ecuatoriana por casi una década y media.

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Dos años antes, Guillermo Lasso había logrado remontar los resultados de una primera vuelta en la que casi se queda afuera, peleando acta por acta con un Yaku Pérez que había acusado a Correa, Moreno y Lasso de ser lo mismo y quedando no muy lejos de Xavier Hervas, cuyo mensaje de una alternativa moderna y moderada iba por líneas parecidas.

En segunda vuelta, Lasso tuvo que cambiar más que su forma de vestirse o de usar las redes sociales: se reunió con ambientalistas y con colectivos LGBTI y reforzó un llamado a unir a todos los sectores liberales del país. Siguiendo esa misma línea, ya como presidente electo prometió acatar los dictámenes de la Corte Constitucional sobre el aborto y trabajó en la construcción de un pacto legislativo con correístas y socialcristianos. Esos acuerdos nunca llegaron a ningún lado y el fracaso de Lasso llevó a Daniel Noboa por un camino anticipado a Carondelet.

Del correísmo al morenismo: rupturas y alianzas fallidas

Podemos ir todavía más atrás. Lenín Moreno, la carta del correísmo para vencer al desgaste en el 2017, ya se preguntaba en 2016 “¿qué nos ha alejado de algunas organizaciones de mujeres? ¿qué nos ha alejado de sectores del movimiento indígena? ¿qué nos ha alejado de algunos sectores de organizaciones ecologistas?”. Una vez en el poder, Moreno traicionó al correísmo y se fue peleando con ecologistas e indígenas y ahora está en el exilio al igual que Correa.

La fórmula de la reconciliación nacional parece ser un vehículo viable para llegar a la presidencia, pero evidentemente no resiste por mucho tiempo al ejercicio del poder. Gobernar requiere de un mensaje claro, de agendas que impactan la economía de millones de familias y que pueden llegar a extender o acortar sus vidas. Incluso para gobernar mal, pero permanecer gobernando, se necesita de una historia fácil de contar, con conflictos y antagonistas, enemigos a quienes culpar por la falta de avances. Cucos fáciles de representar en la teatralidad de la política, para así poner a empresarios, dirigentes y votantes ante una sencilla disyuntiva: ellos o yo.

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Reconciliación nacional y límites de la gobernabilidad

La tercera vía, o quienes pretenden convertirse en ella, se olvidan de eso y pagan el precio. Por eso la suerte no los ha acompañado ni siquiera en el proceso electoral del 2025. Pueden escudarse con mucha razón, en que el ejercicio del poder crudo les ha hecho la vida imposible a todos los rivales de este Gobierno, de que nadie, sino los que han apostado el todo por el todo en esta lucha están dispuestos a exponerse a la mirada del presidente, y que de tal forma nadie les quiere donar un real para sus campañas. Pero si aceptan esa situación con resignación, solo puede haber dos conclusiones: quedarán indefinidamente sometidos al autoritarismo o totalmente al margen del juego cuando se acabe el tiempo de este caudillo.

La tercera vía, que debe entenderse a sí misma como la vía democrática, debería renunciar a esa numeración. Hay una vía que históricamente han preferido los líderes del Ecuador: la del mandamás, del dueño de las cortes, del señor de los tribunales electorales, del maestro de circo en el Legislativo. Y hay otra, la del demócrata que sabe que sin competencia justa no puede haber progreso alguno en este país. Ni vendrá la plata ni se quedará. El que tenga aptitudes se irá cansado del abuso de los poderosos y la vida seguirá igual como siempre.

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Pero una fuerza verdaderamente democrática tiene que ser plural. Debe haber espacio para las agendas contrapuestas de la izquierda y la derecha. No debe haber entonces ni la segunda ni la tercera vía, sino muchas. Y no deberían querer esconder sus diferencias. Ese es el falso centro miedoso, bien exhibido en el discurso de Nebot del sábado 11.

Que los ambientalistas peleen por el agua en Cuenca, que los autonomistas defiendan a Guayaquil, que la derecha luche contra los aranceles y la izquierda contra la destrucción de la salud pública y el reemplazo de la educación por becas para cursillos. Pero que identifiquen bien al enemigo común. No necesitan coincidir en las causas, peor camino a las seccionales, pero sí en los códigos.

Lo que debes saber

• Contraloría señala responsabilidad penal de excoordinador Jurídico en contratos con Progen.
• Ministerio de Energía ordenó control legal en contrataciones durante crisis eléctrica de abril 2024.
• Fiscalía investiga posible peculado por fallas y perjuicio millonario en contratos energéticos en Ecuador.
  

Los fallidos contratos con Progen suman un nuevo actor: el excoordinador Jurídico del Ministerio de Energía y Minas, José Manuel de Oliveira Allu, quien, según la Contraloría General, tiene indicios de responsabilidad penal por este caso.  

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El nombre de este abogado guayaquileño, con experiencia en Derecho Corporativo y Financiero, aparece en el entramado que permitió la estructuración, aprobación y avance de los contratos que hoy generan un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.

¿Quién es José Manuel de Oliveira Allu?

De Oliveira llegó al Ministerio de Energía en abril de 2024 junto a Roberto Luque, en pleno estallido de la crisis eléctrica. Permaneció en funciones con Antonio Gonçalves y, por algunos meses, con Inés Manzano, hasta diciembre de 2025.

Ese periodo coincide con la fase más crítica de toma de decisiones para enfrentar la crisis energética, cuando el Gobierno optó por acelerar procesos de contratación por régimen de emergencia para incorporar generación térmica.

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El rol De Oliveira como coordinador Jurídico resultó clave. Desde ese cargo se convirtió el filtro encargado de analizar la legalidad y riesgos de la acuerdos con Progen.

EXPRESO buscó a De Oliveira para conocer cuál fue su rol en la emergencia energética de 2024, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

Roberto Luque dispuso reglas para contrataciones

Sin embargo, su actuación se limitó a cumplir una disposición directa emitida por el ministro Luque. A través de la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, el ministro estableció reglas obligatorias para todas las contrataciones del sector eléctrico durante la emergencia.

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El documento se dirigió a las dos grandes corporaciones estatales: la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y CELEC. Además, a 12 empresas eléctricas del país, como las compañías regionales de Ambato, Centro Sur, Cotopaxi, Galápagos, Quito y otras generadoras, lo que evidencia el alcance nacional de la disposición.

La circular fijó una línea clara: ninguna contratación podía avanzar sin control del Ministerio de Electricidad. En términos expresos, Luque ordenó que “todos los procesos de contratación pública” ejecutados en el marco de la crisis debían ser “previamente comunicados y coordinados” con la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía, “para su análisis y aprobación”. Esto convirtió al área jurídica, que encabezaba De Oliveira, en un actor indispensable para firmar los contratos.

El tono de la circular es, además, una advertencia. Señala que el incumplimiento de estas disposiciones generará “responsabilidades administrativas, civiles y penales”, conforme a la Constitución.

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Pese a este marco de control reforzado, los resultados de los contratos con Progen evidencian lo contrario. Los hallazgos de la Contraloría muestran una cadena de fallas que cuestiona la eficacia de ese control jurídico previo.

El organismo determinó que los equipos entregados no cumplían con las especificaciones contractuales, ya que no eran nuevos ni adquiridos directamente al fabricante. También identificó irregularidades en las adendas que modificaron condiciones clave, especialmente en materia de pagos.

A esto se suma la entrega de anticipos millonarios sin garantías suficientes para proteger al Estado, así como la falta de verificación técnica integral de los equipos, en algunos casos bajo el argumento de no afectar supuestas garantías. Finalmente, el incumplimiento del objeto contractual es total: las plantas no entraron en operación, pese a los pagos realizados, lo que consolidó un perjuicio millonario para el Estado.

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Para la Fiscalía, esta serie de acciones configuran un posible peculado. Desde octubre de 2025 está abierta una investigación para establecer si hubo mal uso de fondos públicos, sin que se conozca mayor avance porque está bajo reservada.

Demanda en Estados Unidos

Para el 8 de junio de 2026 está prevista la fase de presentación de pruebas en la demanda iniciada por la Corporación Eléctrica del Ecuador EP en contra de Progen, en Estados Unidos. 

Por ahora Astrobryxa, subcontratista de Progen, ha presentado una moción para que el caso sea manejado de forma confidencial y no se publique en la prensa.

Lo que debes saber

• Ecuador redefine su política penitenciaria: La Roca pasa a albergar a mujeres de alta peligrosidad tras la apertura de la Cárcel del Encuentro.
• traslado de 62 internas marca un cambio en la estrategia, en medio de dudas sobre si se trata de una reforma estructural.
• Expertos advierten que la sola redistribución de presos no resuelve el problema de fondo.

En abril de 2026, el Estado ecuatoriano dio un giro significativo en su política penitenciaria. La Roca, una prisión concebida originalmente como recinto de máxima seguridad para hombres, pasó a albergar a mujeres consideradas de alta peligrosidad.

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El traslado de 62 internas provenientes de nueve cárceles del país no solo implicó un cambio en el uso de la infraestructura, sino que envió una señal clara de reorganización forzada en un sistema penitenciario que arrastra una crisis estructural desde, al menos, 2021.

La decisión se ejecutó semanas después de que entrara en operación plena la Cárcel del Encuentro, el nuevo centro de máxima seguridad ubicado en Santa Elena, diseñado para concentrar a los internos (principalmente hombres) considerados de mayor riesgo y liderazgo criminal. 

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El contexto abre una pregunta de fondo: ¿se trata de una estrategia sostenida de reforma o de una respuesta reactiva frente a la violencia, las fugas y el debilitamiento institucional?

El origen de La Roca

Construida en 2008, La Roca fue concebida como el símbolo del control absoluto del Estado sobre el sistema penitenciario. Sin embargo, su historial está marcado por episodios que erosionaron esa narrativa, entre ellos la fuga de 18 reclusos en 2013, varios de los cuales posteriormente se consolidaron como líderes del crimen organizado.

Ese antecedente convirtió a La Roca en un emblema ambivalente: oficialmente, una cárcel de élite; socialmente, un recordatorio del fracaso del control penitenciario. 

Entre 2021 y 2024, Ecuador registró cerca de 500 fugas de personas privadas de libertad, incluso bajo estados de excepción y procesos de militarización, según cifras del entonces SNAI. 

Para Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College y exdirector de inteligencia, los cambios no son estructurales. “El tema carcelario, a mi criterio, no presenta mayores variaciones. Me refiero específicamente a las soluciones estructurales y a la infraestructura en los centros de privación de libertad, y en ese ámbito no hay avances sustanciales. Lo único que se ha evidenciado es la puesta en funcionamiento de un nuevo centro carcelario, denominado El Encuentro, que -según se afirma- estaría operando al 100 % y de manera eficiente. Sin embargo, tengo serias dudas respecto a esta situación, porque es el mismo personal del SNAI el que administra este centro y los guías penitenciarios fueron trasladados desde otros centros del país. Esto no me garantiza, de ninguna manera, que estemos frente a un éxito total”. 

Sobre las cárceles para mujeres

Hasta 2026, Ecuador no contaba con una cárcel de máxima seguridad diseñada específicamente para mujeres. Las internas vinculadas a organizaciones criminales, lavado de activos, extorsión o delitos de alto impacto convivían en centros que no diferenciaban perfiles de riesgo, una omisión que -según especialistas- permitió la reproducción de estructuras delictivas desde cárceles femeninas. 

La criminóloga Ivanna Ramírez, investigadora en derecho penal, explica que la ausencia de segmentación por niveles de peligrosidad “replicó errores históricos del sistema penitenciario masculino y dejó intactas redes de mando indirecto”. 

Entre las 61 mujeres trasladadas a La Roca figuran perfiles diversos: condenadas por asesinatos de alto impacto, procesadas por lavado de activos, personas vinculadas directamente con líderes del crimen organizado, e incluso exfuncionarias judiciales sentenciadas por delincuencia organizada. 

Este abanico refleja un cambio conceptual en la política penitenciaria, donde la peligrosidad ya no se define únicamente por la violencia directa, sino también por la capacidad de influencia, articulación y control criminal. 

Pazmiño insiste en que las medidas actuales no atacan el núcleo del conflicto: “El verdadero problema del sistema penitenciario solo se soluciona mediante una reingeniería integral de todo el sistema carcelario, no con acciones aisladas o la creación de pequeños centros de alta seguridad. El problema persiste en los demás centros de privación de libertad, que siguen siendo los principales centros de gravedad del crimen organizado”. 

Reorganización en los centros penitenciarios

La apertura de la Cárcel del Encuentro permitió liberar La Roca y redefinir su función. El nuevo esquema apuesta a una separación funcional clara: El Encuentro con hombres considerados líderes de organizaciones criminales. La Roca con mujeres de alto valor estratégico. La politóloga Katherine Herrera Aguilar, especialista en seguridad y defensa, advierte que “redistribuir internos sin reformar el gobierno carcelario solo cambia el lugar del problema”.

Mujeres de alta peligrosidad: un vacío histórico

Entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, el Ministerio del Interior de Ecuador ejecutó el traslado de 62 personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad al Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.º 3, conocido como La Roca. 

Las mujeres trasladadas enfrentan procesos o condenas por delitos como: delincuencia organizada, asesinato, tráfico de drogas, lavado de activos, asociación ilícita y peculado. 

Entre las internas trasladadas se encuentran mujeres vinculadas a casos mediáticos y organizaciones criminales del país. Simuy Lozano Salabarria, conocida como “La Barbie del Sur”, fue condenada por el intento de asesinato de la modelo Angie Silva. El ataque ocurrió el 28 de junio de 2015, en los exteriores de una discoteca de Guayaquil. 

Andreína Lamota Solís fue sentenciada a 40 años de prisión por el asesinato de su madre, Martha Solís. Diana Carolina González Arreaga, modelo e influencer de 27 años, fue detenida el 10 de marzo por su presunta vinculación con una banda dedicada a extorsiones en Machala. Entre las trasladadas también figura Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’. Además, Carmen Yolanda Usca Paguay, Blanca Yesenia Gómez Bajaña y Karla Fernanda Mera Méndez.

Para el sociólogo Diego Puente autor de estudios sobre violencia penitenciaria, el desafío es simbólico y práctico: “Mientras La Roca siga asociada a fugas históricas, el mensaje estatal es frágil. El reto no es el edificio, sino la gobernanza”.

Las claves del caso

• El CNE adelanta elecciones seccionales a noviembre de 2026 por el Fenómeno de El Niño.
• El cambio de fecha de las seccionales tiene al menos seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte.
• Analistas alertan de un posible nuevo cambio en el calendario electoral, pese a precisiones legales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sacudió el tablero político al anunciar que las elecciones seccionales de Ecuador se adelantarán para noviembre de 2026. Aunque originalmente estaban previstas para febrero de 2027, la mayoría del Pleno justificó el cambio por el posible impacto del Fenómeno de El Niño. Esta decisión ha generado una ola de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional que podrían volver a cambiar el panorama de las elecciones, mientras partidos como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano denuncian una falta de seguridad jurídica en el proceso.

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El complejo escenario de las seccionales

El 27 de marzo de 2026, la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) sorprendió con la inesperada decisión de adelantar la fecha de votación de las elecciones seccionales que originalmente estaban previstas para febrero de 2027, trasladándolas ahora a noviembre de 2026, debido a un potencial impacto del Fenómeno de El Niño, advertido por la Secretaría de Riesgos.

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La reducción de los tiempos, sumada a los cuestionamientos por la suspensión de la Revolución Ciudadana y el proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye, cambió los planes de las organizaciones políticas, que tuvieron que acelerar el paso para cumplir con los nuevos plazos exigidos por el CNE para participar en las próximas seccionales.

Sin embargo, analistas consultados por Diario EXPRESO sostienen que la certidumbre sobre las elecciones está en juego, en especial porque algunos partidos han recurrido a la justicia electoral y constitucional para intentar revertir la decisión del CNE. Recursos que, de ser aceptados, podrían volver a trastocar un proceso electoral que ya empezó con cuestionamientos a su legitimidad.

Las demandas ante la Corte Constitucional

“No hay certeza de que (las seccionales) en efecto se vayan a realizar en noviembre porque están presentadas estas acciones de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional es la que puede tener la última palabra sobre esto”, comenta Héctor Muñoz, jurista y exasambleísta, en referencia a las hasta el momento seis demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.

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Entre los demandantes de la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones están la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el Movimiento Líder. Sin embargo, también hay personas naturales como Jorge Silva, César Guevara y Andrés Albuja, quienes cuestionan la constitucionalidad de la decisión del CNE de adelantar las seccionales.

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El debate sobre nuevo cambio electoral

Por su parte, el constitucionalista y analista electoral Esteban Ron sostiene que las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la resolución del CNE no necesariamente implicarían una modificación del calendario electoral ni el retorno de las votaciones a febrero de 2027, fecha para la que originalmente estaban programadas las seccionales.

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“Lo que queda son las demandas de inconstitucionalidad, pero el objetivo no es un tema de revisión de vulneración de derechos, sino de congruencia constitucional con esta resolución (del CNE) y, principalmente, de garantía de la motivación”, comenta Ron. Además, acota que muy probablemente las demandas sean unificadas por la Corte Constitucional bajo el principio de eficiencia procesal.

Muñoz, por su lado, considera que sí pueden producirse cambios, incluso contradiciendo la postura de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien ha dicho que eso no sería posible en medio de un proceso electoral. “Independientemente del criterio de algunos consejeros del CNE, sobre que ninguna resolución de la Corte les puede cambiar o modificar lo que ya se decidió, están equivocados porque solo son la máxima autoridad electoral, no del Estado”, comentó.

La huella negativa del CNE en las elecciones

Con la incertidumbre originada por la decisión del CNE, el exvocal electoral Fausto Camacho señala que lo único que se ha conseguido es desprestigiar a la función electoral y generar mayor recelo en las votaciones. “Sea el calendario que se mantenga, el CNE ha hecho un daño muy grave y es la pérdida de confianza sobre el administrador de las elecciones”, dijo Camacho.

No obstante, el exvocal sostiene que el mejor escenario posible para la ciudadanía y las organizaciones políticas es que todo regrese a como estaba originalmente planificado, en especial si no existen certezas sobre la magnitud del posible Fenómeno de El Niño. “Es una posibilidad (que se regrese al calendario original). Sería el mejor escenario en función de la democracia porque la resolución es írrita, carente de apego a la ley y a la Constitución, y regresar al escenario anterior es lo que corresponde”.

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Seccionales: prepararse para cualquier escenario

Al igual que Camacho, el exlegislador Muñoz comenta que “el CNE es responsable de muchos de los temas que están pasando y no han tenido sustento suficiente ni desde lo jurídico ni desde lo político, tomando en cuenta que debería ser un órgano apolítico”. Sin embargo, Muñoz considera que, más allá de lo que suceda en la Corte Constitucional, las organizaciones políticas ya deben trabajar en sus procesos internos y en la elección de candidaturas.

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“Los partidos deberían estar pensando en este momento que (las elecciones) se van a realizar porque no les puede tomar tan de sorpresa más cambios. Deben tener todo listo, buscar candidatos y empezar”, comentó Muñoz, quien también sostiene que este episodio en torno a las elecciones seccionales le resta credibilidad y confianza al proceso electoral.

Los datos del Banco Central de Ecuador confirman la paradoja: en 2025 se exportaron 13.078 toneladas métricas, la mitad de las 24.097 despachadas en 2015, pero el valor FOB superó levemente al de ese año, de 146,5 a 150,4 millones de dólares. Es decir se generaron más ingresos con menos producción.

Y esa producción ha venido en picada. En 1983 el Primer Censo Cafetero registró 346.971 hectáreas productivas. Para el año 2002 el II Censo Agropecuario determinó que habían 260.528 ha. de café. Según estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP), en 2023 había unas 70.000 hectáreas de café a nivel nacional; hoy se calculan entre 27.000 y 30.000, de las cuales el 63% tiene menos de 10 años y en ese porcentaje recae la producción actual. 

El 45% de lo que se perdió fue reconvertido: pastizales, maíz, arroz o cacao, cuando esos cultivos ofrecían precios más atractivos, explica Fabián Fernández, técnico del INIAP del Núcleo de Transferencia de Tecnología Estación Experimental Central de la Amazonía.

Para Víctor Yanangomez, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del Ecuador (FAPECAFES), federación que agrupa a 1.050 productores en el sur del país, la recuperación del sector ha sido "por sacrificio propio del productor, porque no hay un incentivo específico para el café". Observa que en los últimos tres años los agricultores vuelven a renovar cultivos, motivados por los nuevos precios.

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Además, el líder gremial explica que para mantener ese impulso se requiere un marco legal que elimine obstáculos y genere incentivos tributarios reales. "Hay que buscar el mecanismo jurídico donde se incentive a quienes quieran trabajar en esta área. Un productor con 5 hectáreas de café está generando decenas de fuentes de trabajo", afirma.

En esa misma línea, propone instalar en Ecuador un laboratorio de análisis de residuos acreditado. Actualmente, el gremio envía muestras a Francia —proceso que demora un mes— o a Lima, opción más próxima pero más costosa. "Por cada contenedor hay un análisis; si exportamos 30, son 30 análisis. Ese dinero que sale del país podría quedarse aquí", sostiene. La propuesta fue presentada en la mesa técnica del café y generó respaldo, pues beneficiaría a todos los agroexportadores con certificación orgánica, no solo al sector cafetero.

Actualmente, los asociados de FAPECAFES se reúnen para evaluar el precio de comercialización de la próxima cosecha del café arábica prevista para agosto, que estará condicionado en gran parte por el volumen que marquen los grandes exportadores mundiales: Brasil y Vietnam, explicó Yanangomez.

El calor que encarece el café

El tiempo extremo en el "cinturón del café" (las regiones productoras globales) es al menos en parte responsable del reciente encarecimiento del grano, según Climate Central. Adicionalmente la organización explica que los precios alcanzaron máximos históricos en diciembre de 2024 y febrero de 2025, agravados por factores adicionales como los aranceles estadounidenses al café brasileño. 

La presión de fondo, sin embargo, es estructural: las tierras aptas para el cultivo podrían reducirse un 50% para 2050 sin adaptación adecuada. Frente a eso, Climate Central identifica que los sistemas agroforestales (árboles de sombra que regulan temperatura y humedad) se perfilan como la alternativa más viable para proteger los cafetales sin sacrificar rendimiento.

Sin embargo, Climate Central documentó la realidad actual de la presión climática: Brasil acumula 70 días adicionales de calor dañino para el café por año atribuibles al cambio climático; Colombia, 48; Perú, 20. Ecuador no tiene aún una medición equivalente. Pero en las zonas productoras de la costa ya se registran temperaturas por encima del rango óptimo. "Los meses secos son más largos. Si el café necesita de dos a tres meses secos y le estamos dando siete u ocho, el comportamiento no va a ser el adecuado", advierte Fernández.

Así se experimenta en la comuna Sitio Nuevo, en Santa Elena, un programa estatal de renovación impulsado en 2014 contempló 200 hectáreas de café; sin embargo, hoy apenas entre el 2% y 3% siguen en producción, según el técnico del INIAP, Víctor Reymundo. Entre ellas está la hectárea del productor Agustín Pincay, quien enfrenta un déficit hídrico sostenido que obliga al bombeo constante de agua —con costos crecientes por el combustible— y a inversiones adicionales: “para riego por aspersión se necesitan al menos $500”, explica.

El café Conilon (Coffea canephora) es una variedad de robusta, introducida en Santa Elena desde Brasil por su tolerancia a la sequía y enfermedades, ha demostrado resistencia, pero la producción cae con fuerza: de 120 quintales en 2016 a una proyección de apenas 10 en la cosecha actual. “Sí aguanta la sequía, pero no produce bien; cuando le falta agua, el grano se queda pequeño”, añade Pincay. A esto se suma el impacto en los costos: “como la planta no madura uniforme, se necesita más tiempo para cosechar”, lo que encarece la mano de obra.

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El clima también traba la ruta al comercio

En 2025 el exceso de lluvia estresó a las plantas e impidió que los granos maduraran. En Chahuarpamba —cantón lojano— la productora Bionay Bravo calcula pérdidas de unas 10.000 hectáreas. "Teníamos poca producción, pero no podíamos sacarla por los daños del aluvión", coincide el dirigente del comité cantonal Fabián Nivicela, quien señala el estado crítico de la vía E-50: cuatro tramos sin intervención estatal: el Tintanil, las Juntas, el Jardín y el Huato.

Por la calzada reducida a un carril transitan cientos de camiones con carga agrícola y minera. "La solución que queremos es que la E-50 vuelva a ser la articulación entre costa y sierra y dinamice la economía", exige Bravo. Los productores describen sus plantas como sumamente cargadas tras el año de pérdidas y requieren la rehabilitación vial antes de agosto, mes en que prevén el inicio de la cosecha de café arábica de especialidades como geisha y borbón. También de variedades comerciales: castilla, F1, típica mejorada, colombiacés y óbata.

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Iniciativas: avances técnicos y límites de escala

Para cumplir con la meta estatal pendiente de incorporar 20.000 nuevas hectáreas de café (5.000 de arábigo y 15.000 de robusta), el INIAP planea la liberación de semillas tras la evaluación de 38 materiales de robusta, seleccionó cuatro clones que en condiciones experimentales alcanzan hasta 40 quintales de café oro por año y calidades de taza de 83 a 84 puntos. La parcela de reproducción se sembrará en los próximos dos meses y, en alrededor de año y medio, habría semilla disponible para programas de renovación.

El límite está en llevar ese avance al agro sin que el instituto cuente con un fondo de autogestión. Fernández, detalla que ante ello la estrategia es multiplicar materiales ya adaptados por los agricultores. Sin embargo, “el problema es el escalamiento; identificamos variedades, pero no tenemos cómo masificarlas”.

En paralelo, los nuevos ecotipos buscan corregir fallas de semillas anteriores (como las observadas en Santa Elena). “El proceso es más homogéneo; cerca del 70% del grano madura al mismo tiempo”, señala Reymundo, una mejora que reduce costos de cosecha y pérdidas de calidad. No obstante, advierte que “la burocracia en el sector público es bastante grande”, lo que ralentiza su liberación y adopción.

En campo, esa transición requiere condiciones habilitantes. Los productores insisten en créditos con 3 o 4 años de gracia, acordes al ciclo productivo del café, y en asistencia técnica continua. "Nuestro mayor apoyo serían técnicos expertos, no insumos", sostiene Bravo.

Frente a esos cuellos de botella, Diario Expreso solicitó una vocería al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para conocer sobre los presupuestos destinados a escalar la producción de los materiales ya seleccionados, el estado de las conversaciones para la instalación del laboratorio de análisis residual y el avance de la reactivación de la producción de café. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Lo que debes saber

• Psicólogos en Ecuador alertan en 2026: redes sociales afectan atención y rendimiento escolar por uso excesivo en estudiantes.
• El juicio del 25 de marzo del 2026 en Los Ángeles impulsa debate en Ecuador sobre adicción a redes y aprendizaje juvenil.
• En el país ya se diagnostica adicción a pantallas, en adolescentes y también en universitarios.

A las aulas va una generación que se distrae con facilidad, pide explicaciones resumidas porque las clases le aburren y depende del celular y de búsquedas en Google o ChatGPT para tareas y casi todo. Detrás de eso, en Ecuador, los psicólogos educativos ya identifican una exposición sin control a redes sociales.

Ciencia y Tecnología

Gigantes tecnológicos a juicio: California marca un hito por la salud mental juvenil

Valeria Alvear

Esa adicción a las redes no solo incide en el rendimiento académico, sino que altera rutinas básicas como el horario de sueño y el deseo de comer.

El 25 de marzo del 2026, un jurado determinó que Meta y YouTube perjudicaron a una joven, en un juicio en el que se debatió cuán adictivas son las redes sociales. Si bien esta decisión se tomó en Los Ángeles, EE. UU., en el país educadores ven necesario empezar a dialogar sobre los efectos de las plataformas en el modo en el que aprenden niños y adolescentes.

Jenny Vinueza, rectora del Colegio ISM, de Quito, recuerda que su madre marcaba hasta 32 números telefónicos en el aparato de disco de su casa, sin tener una agenda a mano. Hoy, comenta, los niños y adolescentes sufren el “efecto Google”.  

Se refiere al fenómeno por el que se ha perdido la capacidad de retener información al depender de la tecnología. Lo describió hace más de 10 años la investigadora Betsy Sparrow, quien trató de recordar el nombre de una actriz mientras veía una película. Entonces lo googleó. Por eso quiso estudiar cómo respondíamos a esas preguntas antes de acceder a Internet.

Internacional

EE.UU.: Juicio histórico contra redes sociales acusadas de generar adicción infantil

Agencia AFP

¿Su hijo pasa horas en el celular y no mantiene la atención sostenida?

La neuropsicóloga María Gabriela Ávila cuenta que frecuentemente recibe a estudiantes con afecciones en procesos que son “clave para aprender”: atención sostenida por un cierto período de tiempo y concentración, que permite terminar actividades y ser efectivos en ellas; otros no saben cómo organizarse, dejan todo para el último y no toleran el esfuerzo, quieren las cosas fáciles y rápidas.

Largas horas en el celular -detalla- afectan a la memoria de trabajo de los chicos para seguir instrucciones, incluso de la vida cotidiana. Por ejemplo, si le dice a un adolescente: “ve a la calle Azuay, bajas dos cuadras y giras a la izquierda; ingresas a un edificio verde, llegas a la oficina 202 y traes una carpeta verde”, la experta anota que los alumnos se quedan en “voy a la calle Azuay y qué más”.

Un caso de adicción

Uno de sus pacientes, Tomás, de 12 años, llevaba el iPad en la mochila, tenía celular y videojuegos. Pasaba conectado al menos siete horas diarias.

La neuropsicóloga le aplicó el test Aditec y confirmó la adicción a la tecnología. Programó cinco sesiones de trabajo con él y sus padres, pues ya tenía un diagnóstico de déficit de atención que se agravó. Eso se evidenció en malas calificaciones.

¿Su hijo era buen estudiante? ¿Controla su tiempo en el celular?

Rosa le compró un celular a su hija Anahí cuando tenía 12 años, en 2024. Hace un año se abrió una cuenta de TikTok y empezó a sufrir mucho si, por estar fuera de casa, no podía “activar la racha” con sus amigas. La racha se activa al intercambiar mensajes por más de tres días seguidos con otros; así aparece un emoticón de un fuego en llamas.

Al ver que durante dos de los tres primeros trimestres del año lectivo obtuvo notas bajas en matemáticas, restringió el tiempo en el celular. La adolescente está más centrada, por fin toma apuntes y dice entender mejor a la profesora.

Esa lógica de presión, de premio por la continuidad en la plataforma y de recompensa inmediata, influye a nivel cerebral y provoca miedo a desconectarse.María Gabriela Ávila/ neuropsicóloga

Se les olvida comer, duermen menos...

La psicóloga Marcela Villamar dirige la Escuela Franklin Roosevelt y es profesora universitaria. Apunta que la sobreexposición a pantallas está afectando la interocepción. 

Los chicos dejan de sentir hambre, sueño o cansancio porque su cerebro está saturado de estímulos y dopamina, y deja de registrar esas señales básicas.

Los referentes de estudiantes están en TikTok

Luis pide guardar su apellido en reserva, pues trabaja en un plantel público de Quito con más de 2.000 alumnos. Es parte del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).

“Los profesores nos dicen que algunos estudiantes no se esfuerzan por investigar. Están contagiados por el contenido básico de influencers; en los trabajos hacen referencia a videos de TikTok”, relata el psicólogo.

Cuando se produce el cambio de hora entre una asignatura y otra -afirma- los estudiantes sacan el celular pese a las prohibiciones. “Graban videos para TikTok y a veces hasta se ‘funan’ entre ellos. Nuestros compañeros temen que los padres, que hasta les pagan plan de datos, aleguen vulneración a los derechos de los jóvenes y no los reportan”.

Internacional

Grecia prohibirá redes sociales a menores de 15 años: medidas y alcances para 2027

Valeria Alvear

Problemas de aprendizaje lo sienten hasta universitarios

Cristina Tapia, del Centro Crecemos, en Quito, dice que el sistema atencional está afectado. “Niños, adolescentes y jóvenes se acostumbran a los colores y música de los videos; así que pierden el interés rápidamente por la clase o no logran hacer tareas”.  

Tiene un paciente de 20 años en terapia cognitivo-conductual, tras identificar que pasaba de 10 a 12 horas en redes, así como pérdida de sueño y problemas para organizarse en la universidad.

Internet es una herramienta, el problema es que sin control, los estudiantes abren sitios como YouTube, se exacerban TDAH...Cristina Tapia/ psicopedagoga

Iniciativas frente a la adicción

La rectora del ISM, Jenny Vinueza, comenta que saben que es una generación con acceso a Internet, pero también con padres que trabajan mucho.  

Por eso implementaron el Programa Bienestar 360, para cuidar “la salud mental y el corazón”. Tienen talleres y el Heart Diary, para registrar emociones y experiencias; están pendientes de conflictos escolares, con 12 psicólogos por campus. Implementarán la asignatura de educación emocional hasta 2029.

Guayaquil

Ecuador debate prohibir redes sociales a menores: qué dicen los expertos

Diana Sotomayor

Ni los padres pueden desconectarse: Gissela Echeverría

En noviembre del 2014, Gissela Echeverría Castro, terapeuta familiar sistémica y educomunicadora, publicó el libro 'Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red'. 

Entonces ya identificaba el peligro de la adicción, ya veía en consulta esos problemas. Ahora asegura que los niños y adolescentes han crecido con dispositivos, desarrollaron dependencia y sus padres no saben cómo ponerse límites de uso de celular ni ellos mismos. 

“La adicción digital en niños y adolescentes es síntoma de padres periféricos, no comprenden que influencers y streamers, que tienen poder sobre sus hijos, modelan comportamiento y aprendizaje”. Está por presentar una nueva edición; considera que hay un sobrediagnóstico de déficit de atención y que la adicción se agudizó, durante la pandemia.

Esto identifican desde los DECE en Ecuador

Jacqueline Cadena, de la Asociación Adece que agrupa a 103 profesionales de departamentos de consejería estudiantil, dice que es evidente una disminución en la capacidad de concentración, carencia de comprensión lectora y dificultades para la resolución de problemas. 

“La memoria está afectada, por eso hay dificultades de aprendizaje y de retención de información, así como cuadros de ansiedad y dependencia, necesidad de aprobación, uso excesivo de filtros en TikTok, Instagram, etc.”. 

Ecuador

¿Se deben prohibir las redes sociales para menores en Ecuador? Opiniones divididas

Carlos Isaac Pino

Además han detectado que los estudiantes descuidan sus responsabilidades, por pasar horas en el celular. Los más pequeños tienen mala caligrafía y se vuelven irritables con las restricciones. “Necesitamos trabajar con más apoyo de la familia”.

Datos de demandas en EE.UU.

Lo que debes saber

• Entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2025 se reportaron 387 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 se contabilizan 329 casos.
• La vida nocturna en la ciudad se vio suspendida por el reciente toque de queda, del 15 al 30 de marzo de 2026.
• Los propietarios de locales en centro de Guayaquil han demandado en varias ocasiones más presencia de uniformados, sobre todo en zonas turísticas. 

En Guayaquil, la noche aún no despega. Los bares del centro, el corazón del Puerto Principal, lucen vacíos, con apenas una o dos personas en algunas mesas. En otros espacios, las sillas permanecen desocupadas y evidencian la baja afluencia de clientes.

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Noches vacías en el corazón de Guayaquil

Los dueños de estos locales aseguran que, si antes cualquier motivo bastaba para que los guayaquileños salieran a brindar, ahora esa dinámica cambió. Sostienen que la inseguridad ha transformado la vida nocturna y ha sembrado temor entre los clientes al momento de salir a divertirse.

Propietarios y administradores de siete bares del centro de Guayaquil, consultados por EXPRESO, coinciden en que la afluencia de clientes ha disminuido de forma considerable en los últimos meses. En comparación con años anteriores, el flujo de visitantes se ha reducido incluso en horarios que antes concentraban mayor movimiento.

Antes nosotros teníamos el miércoles de jazz, el jueves de blues; pero ya eso se ha ido porque no hay gente.Norman Recalde, gestor cultural del bar Diva Nicotina

La afluencia cae y golpea los ingresos

Además, advierten que esta caída sostenida ha alterado la dinámica habitual del sector. Noches que antes garantizaban ingresos hoy transcurren con baja concurrencia y mayor incertidumbre.

Mayte Ricardi, administradora de la picantería La Culata, ubicada en las calles General José Córdova y Juan de Mendiburu, sostiene que el negocio ha logrado mantenerse como un espacio de encuentro para amigos, familias y artistas, pese al contexto adverso. Sin embargo, reconoce que el movimiento ha variado y que muchos clientes ahora prefieren ambientes más reservados o evitan salir con la misma frecuencia.

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Resistir en medio de la incertidumbre

Por su parte, André Sangster, dueño del bar Hill House, ubicado en el barrio Las Peñas, en la avenida Morán de Buitrón, diagonal a la Plaza Colón, explica que la frecuencia de visitantes se concentra principalmente hacia el final de la semana. Señala que, aunque el local abre de miércoles a sábado, el mayor flujo se registra los viernes y sábados, mientras que entre semana la asistencia resulta más limitada y variable.

En ocasiones, estos locales se llenan luego de las 22:00, pero no siempre, asegura Freddy Girón, gerente del bar El Girón Grill, ubicado en las calles Juan de Mendiburu y General José Córdova.

Él comenta que hay noches en las que apenas reciben grupos pequeños o clientes ocasionales. Explica que esta baja concurrencia impacta directamente en los ingresos y dificulta cubrir costos operativos básicos.

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Menos días, menos clientes, más pérdidas

No obstante, Norman Recalde, gestor cultural del bar Diva Nicotina, ubicado en el primer escalón del barrio Las Peñas, sostiene que la asistencia ha caído de forma sostenida. Señala que esta situación los obligó a reducir sus días de atención y concentrar su actividad en jornadas específicas.

Actualmente, atiende únicamente los viernes y sábados, en un intento por concentrar la poca demanda existente. Añade que, ante la falta de condiciones para sostener el negocio en Guayaquil, evalúa trasladarse a Cuenca en busca de un entorno más favorable para la actividad cultural y nocturna.

Los entrevistados atribuyen la caída de clientes principalmente a la inseguridad que atraviesa la ciudad y que se ha incrementado desde mediados del último año. Recalde sostiene que el temor ha frenado la decisión de salir en las noches, mientras que Girón coincide en que la falta de seguridad y de presencia policial reduce la asistencia y obliga a los locales a operar en un entorno de incertidumbre.

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El miedo apaga la vida nocturna

A Karina Santiestevan, residente de Urdesa, por ejemplo, le atemoriza ir al centro, pese a reconocer su importancia, por lo oscuro que permanece en la noche. “Me siento vulnerable. No veo una zona viva, donde la gente va y viene. Ni siquiera la calle Panamá, ni siquiera Las Peñas. Hubo un toque de queda hace poco, pero eso no cambió la percepción de nada. Todo sigue igual, y es el turismo el que la está pagando”, señaló.

De forma similar opinó Roger Alarcón, residente del barrio Centenario, quien, por cercanía, hasta hace poco más de un año optaba por ir al centro. “Hace seis meses me robaron la moto. ¿Cómo volver? ¿Para qué? Estas últimas semanas he pasado por ahí para ver si hay más vida, y nada. Es triste. Esta zona que debería vibrar hasta la madrugada está muerta. Y los negocios, los turistas, la gente joven, las familias, todos lo estamos pagando”, sentenció.

A la percepción de Recalde se suma Sangster, quien considera que, sin una mayor difusión y activación del centro -un pedido que por años han hecho ciudadanos y sugerido especialistas en planificación urbana-, resulta difícil atraer nuevos visitantes o recuperar a los habituales. En la misma línea, Ricardi señala que muchos ciudadanos han optado por retraerse, lo que también incide en la disminución del flujo de visitantes en zonas tradicionales como el centro de Guayaquil.

Estamos desgastados mentalmente, viendo de qué forma inventamos algo para atraer a la clientela.Freddy Girón, gerente del bar El Girón Grill

Sin seguridad ni promoción, no hay reactivación

Marco Zavala, propietario del bar Eccentric Gallery, considera que la reactivación del sector depende de una mayor promoción y respaldo institucional. Sostiene que la Alcaldía debe impulsar campañas de difusión, similares a las aplicadas en otros puntos de la ciudad, para atraer visitantes y reposicionar a Las Peñas y al centro de Guayaquil dentro de la agenda turística.

Además, enfatiza la necesidad de reforzar la presencia policial, como ocurre en sectores como la calle Panamá. “La gente se siente más segura cuando hay policías, iluminación y gente”, afirma, al insistir en que la seguridad resulta clave para recuperar la confianza del público.

Además del Municipio, Cecilia Vélez, propietaria del bar Casa Grande, ubicado en el barrio Las Peñas, sostiene que el sector también requiere el respaldo del Gobierno nacional. Señala que el fortalecimiento de la seguridad no puede depender de una sola instancia y que se necesita una intervención articulada para garantizar condiciones adecuadas en las zonas de entretenimiento.

A su criterio, la presencia de miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas resulta clave para devolver la confianza a los ciudadanos. Advierte que, sin ese apoyo conjunto, los esfuerzos de reactivación desde los locales y el ámbito municipal resultan insuficientes.

A pesar del escenario adverso, varios negocios insisten en sostener su propuesta y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Girón, por ejemplo, señala que ha diversificado su oferta con nuevas opciones gastronómicas, como cangrejadas, y evalúa incorporar almuerzos, además de actividades como teatro, para atraer clientes en distintos horarios y mantener operativo el local.

Ruta de bares busca reactivar el sector

Los propietarios de bares han creado la ruta de los siete bares, como una estrategia para dinamizar la actividad en el centro de Guayaquil. Manuel Vélez Linares, propietario del bar La Taberna, explica que la propuesta nació de la necesidad de unirse frente a la baja afluencia de clientes y crear un circuito que invite a recorrer distintos espacios en una misma zona.

Según Recalde, la ruta busca fortalecer la identidad bohemia, artística y cultural del sector, con una oferta que priorice la música en vivo y el talento local. En cuanto a las expectativas, los dueños de los bares esperan que esta iniciativa incremente la visibilidad del sector y atraiga a nuevos visitantes locales como extranjeros.

Lo que debes saber

• Corte Nacional de Justicia aprobó el 13 de abril norma sobre firmas de sentencias tras ausencia definitiva de jueces.
• La resolución permite a jueces sucesores firmar o revocar fallos si no comparten criterio anunciado en audiencia.
• Abogados alertan riesgos para seguridad jurídica y cosa juzgada por posibles manipulaciones judiciales.

En un país donde la justicia está entregada al gobierno y/o a las mafias, cualquier modificación en su administración huele a podrido. Hasta los cambios que pueden ser buenos huelen a podrido y, cuando las cosas son así, sospechar se convierte en la única actitud cívica posible. 

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Ese es el precio que debe pagar un país donde el poder, ya sea el político o el de las mafias, se ha apoderado casi totalmente de cortes, tribunales, jueces, fiscales y fiscalías, y ciertamente, del Consejo de la Judicatura que desde hace ya algunos años responde a intereses oscuros: unas veces políticos y otras mafiosos.

Es lo que pasa con la resolución de la Corte Nacional de Justicia adoptada por el pleno de ese organismo el 13 de abril. La resolución establece que, si un juez, luego de dictar su sentencia oral, se ausenta definitivamente, el juez que lo suceda deberá firmar la sentencia escrita “siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por quienes intervinieron en la audiencia y anunciaron dicha decisión”. 

¿La razón para tanta sospecha y tanta condena, de abogados honestos y de trayectoria límpida? Básicamente, porque aparece como una ventana -o ventanota- para las más horrendas manipulaciones legales.

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Esta es la resolución de la Corte

En su parte medular, lo resuelto por los jueces dice: “Cuando se designe un juez o jueza unipersonal, o uno o más juzgadores para integrar o completar un tribunal que ya hubiere pronunciado decisión oral, el nuevo juez o jueza unipersonal, o el tribunal con la nueva conformación, reducirá a escrito la sentencia, siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por aquel que intervino en audiencia y anunció la decisión oral”. 

En principio, el texto suena a una medida sensata para agilitar los trámites legales en caso de que un juez se ausente luego de dictar la sentencia.

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El problema aparece en varios puntos, y uno de ellos es que se abre la posibilidad de que ese juez no comparta el criterio de su antecesor y no firme la sentencia. ¿Y entonces qué pasa? 

“El nuevo juez puede decidir si firma o no, y, si no quiere hacerlo, podría revocarla y abrir otro caso”, sostiene el abogado Gonzalo Muñoz. Es decir, estaría destruyendo el principio de la cosa juzgada y los derechos que una sentencia genera.

El peligro de la resolución

Por ejemplo, si el juez, que luego se ausenta definitivamente, haya declarado inocente a una persona en su sentencia oral. Como dijo en redes sociales el abogado Joffre Campaña, se ha inaugurado con esta resolución la “tercera instancia”. 

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Para el penalista Pablo Encalada, la decisión de la Corte es, por lo bajo, peligrosa. Según él, en este país es perfectamente posible que el Consejo de la Judicatura, si no le ha gustado un fallo, destituya al juez que dio la sentencia oral o que algún mafioso lo asesine. 

Encalada cree que es demasiado sospechoso que todos los jueces de la Corte Nacional no se hayan percatado de este vacío que se genera con su resolución.

Así podría darse el cambio de sentencias

De acuerdo con la decisión de la Corte, los pasos para que se cumpla la resolución son los siguientes:

Corte tomó un fallo de la Constitucional

Para tomar la decisión, en todo caso, la Corte se sustentó en principios que están en la Constitución: el artículo 75, que habla de tutela judicial efectiva, inmediatez y celeridad; y el 169, que establece que la justicia no se sacrifica por meras formalidades. 

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La Corte Nacional no está inventando, en todo caso, la rueda. Se apoya en un precedente de la mismísima Corte Constitucional, la sentencia 344-16-EP-21, según la cual un rígido acatamiento del principio de inmediatez podría comprometer otros principios procesales como el de celeridad. 

El mensaje central de la resolución es que la Corte está poniendo los principios de celeridad y de inmediación en una balanza y prefiere el primero.

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¿Qué es el principio de inmediación, entonces? Que quien juzga es alguien que ha seguido todo el caso, que ha visto las pruebas y escuchado a las partes. 

Y que eso no haya ocurrido produce algunas dudas: ¿puede el nuevo juez, que no estuvo ahí, que no vio las caras, que no escuchó el tono de los testigos, realmente captar al 100 % el criterio decisional original? Es una solución pragmática, sí, pero plantea la posibilidad de que se cometan los más horrendos actos.

Los riesgos con funcionarios cuestionados

De acuerdo con Pablo Encalada, en la práctica podrían ocurrir cosas como esta: qué tal que, dictada la sentencia que no le gusta al gobierno, un ministro -por ejemplo, el de Trabajo, Harold Burbano- le inventa a los jueces un impedimento para ejercer el cargo, como hizo con Alexandra Villacís para que no presida la Judicatura. Por eso, dice, la seguridad jurídica se reduce a cero absoluto.

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Anteriormente, es decir hasta antes del 13 de abril, si un juez luego de dictar su sentencia oral desaparecía del mapa, su sucesor tenía que firmarla tal y como había quedado. Es decir, el reemplazo hacía simplemente el papel de notario. 

¿Había otra solución? Claro que sí: de acuerdo a penalistas consultados, el problema se generó cuando los jueces empezaron a redactar larguísimas sentencia con citas académicas, entre otras. Por eso, se podría obligar a los jueces a dictar sentencias orales mucho más cortas y firmarlas al mismo tiempo en que dictan la decisión oral.

Los puntos claves

• En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas cuestiona a la ATM y plantea que todos quienes la integran deben renunciar, en medio de críticas a la gestión del transporte en Guayaquil.
• El especialista también asegura que en Monte Sinaí,  el Municipio no está presente y, por ello, servicios básicos como el agua son controlados por bandas criminales.
• Advierte que el sistema de transporte en Guayaquil está colapsado, califica a la Metrovía como “terrible” y señala que la Aerovía es un mal negocio que, sin cambios urgentes, se volverá insostenible.

En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas describe un escenario crítico en Guayaquil y apunta a problemas en la administración municipal, la gestión de la ATM y el rol de la alcaldesa subrogante, además de fallas en el sistema de transporte público.

La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada. La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite “ajustar” el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa, una justificación tonta que responde a la intención de perjudicar al pueblo. Incluso la ATM no ha tomado buenas decisiones, y en el Concejo se ha planteado implementar un sistema de taxis desde Durán hasta El Recreo, lo que encarece aún más el servicio. ¿Qué hacer? Analizar la medida, echarse para atrás y ampliar la ruta para captar usuarios: llevarla al sur hasta la Playita y al norte hasta la terminal terrestre. Solo así podría ganar miles de usuarios. Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible.

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“Nefasta decisión”: Observatorio Ciudadano rechaza posible alza del pasaje de la Aerovía

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En todo. Es un bonito servicio. Claro, con plata ajena se pueden hacer muy bien las cosas. Es cómodo y agradable a la vista, pero no va a resistir. Yo espero que las autoridades cambien de parecer, planifiquen como debe ser. La Aerovía es un mal negocio y el error viene de todos lados: de las autoridades que la propusieron y de las actuales que no han decidido generar un cambio. Los ciudadanos hemos venido advirtiendo las fallas, pero no escuchan. No tienen la capacidad de escuchar. Y no quiero decirles ‘sordas’ porque insulto a los sordos. Lo único que les interesa es quedar bien con quienes tienen plata, con quienes tienen negocio. No les importa quedar mal con la ciudad y su gente.

La Metrovía es terrible (...). La solución es que el Municipio compre buses para el sistema y compita de igual a igual con los operadores privados, que también presentan fallas. He conversado con transportistas y hoy es imposible, por ejemplo, poner aire acondicionado. Tienen deudas y la tarifa no se ha revisado en años, por eso piden un ajuste justo. Yo estaría de acuerdo con los 40 centavos que solicitan. Incluso como Observatorio sabemos que apoyar una subida genera rechazo, pero es lo responsable porque los problemas del transporte se sienten todos los días. Y repito: nadie hace nada. La ATM no escucha a nadie. Y si una autoridad no sabe servir al público, debería renunciar.

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¿Quiénes son los dos funcionarios del Municipio de Guayaquil detenidos este miércoles?

Diana Sotomayor

Creemos que toda la ATM debería irse a su casa. Toda. Y elegir, mediante concursos, a profesionales de los colegios y gremios para administrar el transporte público en Guayaquil. El problema no es solo ahí. El tránsito es caótico, no hay agentes suficientes, la señalética no es efectiva, la semaforización es bastante irreal… y todos esos problemas los sentimos en la cotidianidad. Por eso insisto: la ATM tiene que irse.

No creo que se haya desencadenado una crisis. Lo que tenemos hoy es una alcaldesa que no está preparada para ser alcaldesa. Ese es el problema. Ella debe ser reemplazada de inmediato. O sea, tanto Aquiles como la alcaldesa (s) deben ser reemplazadas de inmediato conforme lo estipula la ley del Cootad.

En el caso de Aquiles Álvarez, cualquier ciudadano, alcalde, presidente o quien sea, debe ser sometido a la justicia; si es inocente, que lo declaren inocente, pero si es culpable, debe pagar conforme a la ley. Pero, en cualquiera de los casos —y esto es importante—, no deben jamás usarse recursos municipales para defender al individuo.”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Guayaquil

En Guayaquil los agentes están, pero no actúan

Juan Pablo Pérez Tomalá

En que ella nunca ha administrado nada. Si no has administrado ni una tienda, ¿cómo va a administrar una ciudad? Y si alguien no tiene capacidad para administrar, no debería aceptar un cargo. Guayaquil tiene inundaciones, calles dañadas y problemas de alcantarillado que no se resuelven. Hay recursos de demandas ganadas que deberían usarse en obras, pero no se hace. Y lo que se ejecuta hoy es lo visible, no lo urgente. Lo que se necesita es que los concejales definan quién tiene capacidad para administrar la ciudad.

(Le puede interesa leer: Descargas industriales al río Daule siguen sin responsables públicos) 

Nadie. Pero ya falta poco para elegir otro alcalde o alcaldesa. Mientras tanto, tocará aguantar a una autoridad que no sabe administrar y a concejales que no permiten ni impulsan la participación ciudadana. Las sesiones del Concejo se han convertido en un cónclave. Por ejemplo, solo entra quien está en lista. Siendo públicas, eso no debería ocurrir. Toda la administración municipal está mal y hay deudas históricas con la ciudad que deben saldarse.

Más que una crisis coyuntural, lo que evidencia Guayaquil es una falta de capacidad en la administración municipal, que se refleja en la ausencia de respuestas concretas a los problemas estructurales.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

(Le puede interesar leer: El agua detona un nuevo choque entre el Municipio de Guayaquil y la Asamblea) 

Con la privatización del agua y el alcantarillado, que fue un mal negocio. No se debe permitir que Interagua busque extender el contrato por 30 años más sin un nuevo proceso de licitación en igualdad de condiciones.

Ecuador

Durán declara emergencia institucional por crisis en el sistema de agua potable

Juan Ponce Merchán

En que hace lo que le da la gana. Solo le interesa el negocio, no el interés ciudadano. Invierten poco, no escuchan. No entienden que el servicio debe ir de la mano con la ciudadanía.

Corregir la concesión del agua potable y alcantarillado es lo primero: fue un mal negocio desde su origen”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. 

El agua. En invierno el problema del alcantarillado es grave. El norte y el suburbio se inundan. Y cuando hay lluvia y marea alta, la gente camina en el agua. Yo no sé por qué todavía, por ejemplo, los ciudadanos no demandan al Municipio, a Interagua y a Emapag, por la pérdida y los daños que tiene la gente. Nos da miedo litigar con los grandes. Pero creo que ya es hora de que los ciudadanos piensen realmente en activar los mecanismos legales para lograr que haya una compensación por los daños que ocasionan las inundaciones.

Interagua se escuda en un contrato para hacer desastre. Dicen que el corte será de 23 horas, por ejemplo, pero en la práctica pasan más, a veces días  sin agua en varios sectores y nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no reclama sus derechos porque tiene miedo de litigar contra los grandes.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

- ¿Ese problema se limita al agua?

- No. Es general. Pero un caso extremo es Monte Sinaí, donde viven cerca de 50.000 familias y el Estado prácticamente no existe. Ahí grupos de delincuencia organizada manejan el agua: cobran por conexiones y por el servicio diario. Lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Las autoridades no actúan. Las leyes no están hechas para garantizar derechos, sino que terminan perjudicando a la gente.

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Asimismo. Interagua capta agua del río Daule, ya contaminado, la trata y la vuelve potable, pero los químicos y metales pesados del proceso son devueltos al mismo río, lo que vuelve a contaminarlo. Pese a conocerlo, no toman medidas para remediarlo. Por eso impulsamos una acción de protección que busca remediación, no dinero, y que esperamos ganar. Los guayaquileños estamos en indefensión. Es la realidad y la razón de nuestra eterna lucha. 

Es más importante invertir en alcantarillado y agua que en obras estéticas; una jardinera, lo que se ha hecho en Guayarte que, sí, puede estar bonito, no puede estar por encima de un servicio básico. Por citar solo un caso, en Guayaquil a diario se pierden 600 millones de litros de agua al día por tuberías sin reemplazo. No se invierte en lo prioritario. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Lo que debes saber

• Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad
• Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial
• Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

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Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio.Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen.Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.

Esto es lo que debe saber:

• La nueva resolución de la Junta redefine cómo se protege el dinero de los clientes: la Cosede  intervendrá como última opción y se priorizarán soluciones de mercado antes de usar el seguro.
• Cosede asegura que el cambio permitirá que los depositantes puedan acceder a sus recursos de manera más ágil, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos.
• Además, se fija un orden obligatorio de pagos en caso de cierre: primero trabajadores, luego pequeños depositantes y grupos vulnerables, y finalmente el resto.

La cobertura del seguro sobre los depósitos de clientes de bancos y cooperativas tiene nuevas reglas de juego. La Cosede, entidad encargada de proteger estos recursos, actuará como última instancia para su devolución. Y en caso de cierre de instituciones, los fondos deberán entregarse según un orden de prelación.

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La reforma consta en una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), emitida el pasado 3 de abril, que aclara los pasos a seguir en el proceso de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP), el    mecanismo que permite, antes de la liquidación de una entidad financiera, trasladar los depósitos de los clientes (junto con los activos que los respaldan) a una institución sana. Según la norma, la Cosede podrá aportar recursos para facilitar esta transferencia, pero siempre y cuando    dicho aporte no supere el costo que implicaría el pago del seguro individual.

La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) explicó a EXPRESO que la facultad de participar con recursos en el ETAP no es nueva, pues ya está contemplada en el artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero. No obstante, la    novedad ahora es el orden en que debe seguirse este proceso. Antes de aplicar este mecanismo, primero se deberán evaluar las soluciones disponibles en el mercado. Si estas alternativas no son viables o no cubren a todos los depositantes, la Cosede, solo en ese caso, intervendrá garantizando el pago del seguro.

Los procesos de liquidación de cooperativas registrados son casos particulares y específicos.Comunicado de la SEPS

La entidad aclara que este enfoque “responde a una gestión prudente y alineada a buenas prácticas internacionales”, y permite que “los depositantes accedan a sus recursos de manera más ágil y continua, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos”.

Para el experto financiero Carlos Rodríguez, los cambios son significativos, porque antes de esta resolución “las autoridades no analizaban otras opciones; la salida más fácil era que la Cosede liquide y punto”. Ahora, añade, en un contexto en el que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) continúa con un proceso de depuración de cooperativas con problemas, esto también cobra mayor valor, pues la Junta estaría buscando salvaguardar los niveles de liquidez del fondo.

¿Qué cooperativas están en proceso de liquidación?

Hasta febrero de este año, dice, el Seguro de Depósitos Popular y Solidario contaba con 1.243 millones de dólares, recursos que serían insuficientes para cubrir los depósitos de las cooperativas más grandes en caso de una eventual quiebra.

Solo en los dos últimos años, debido a problemas de gestión o solvencia, la Superintendencia ha ordenado la liquidación de al menos cuatro cooperativas: Cámara de Comercio de Ambato, CREA, Incoop y Cariamanga.

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La resolución de la Junta encendió las alarmas en redes sociales sobre posibles nuevos cierres. Sin embargo, el pasado lunes, mediante un comunicado, la SEPS aclaró que las liquidaciones registradas hasta ahora responden a problemas puntuales dentro de un sistema cooperativo que, aseguró, “se mantiene fuerte, sólido y sostenible”.

La entidad de control enfatizó que los cierres recientes se derivan de fallas propias de cada institución, “producto de una corresponsabilidad directa de sus órganos de gobierno” y de la incapacidad para superar los procesos de supervisión.

Los pagos deberán seguir un orden prioritario

Pero este no es el único cambio. La resolución de la Junta también establece que el administrador temporal de una entidad en cierre deberá ahora cumplir un orden de prelación estricto y obligatorio para la transferencia de pasivos, en función de los activos disponibles. Así, antes de cualquier transferencia, deberán reservarse recursos líquidos para cubrir, en primer lugar, los compromisos laborales.

En segundo lugar se priorizará a los depositantes cuyos montos no superen el límite de cobertura vigente, sin incluir intereses. Posteriormente, se atenderán los depósitos que excedan dicha cobertura, pertenecientes a personas de grupos de atención prioritaria. Y finalmente al resto de depositantes.

La norma, dice el experto, establece tiempos, para que los procesos de devolución no puedan tardar más allá de los 20 días que, por norma, la Cosede fijó para devolver estos recursos.

De ahí que es necesario que en el proceso de ETAP no solo se realicen procesos de valoración minuciosos y transparentes, sino ágiles, para no afectar ni a empresas ni a depositantes. Antes de la resolución, la Cosede llegaba a tardar entre 9 y 10 días en hacer las devoluciones, la mitad del tiempo límite permitido.

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Sobre este mercado

Reforma. La Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP) es un mecanismo mediante el cual, antes de la liquidación de una entidad financiera, se busca trasladar los depósitos de los clientes, junto con activos que los respaldan, a una entidad financiera sana. La norma fija cuándo la Cosede debe actuar.

Desembolsos: La Cosede ha cancelado en los últimos cinco años $180 millones, correspondientes a 37 entidades en procesos de liquidación. Según la entidad,    los procesos implementados han permitido fortalecer la capacidad operativa del seguro, incluyendo mecanismos más ágiles de pago, como transferencias a cuentas de los beneficiarios.

Salud del sistema: Según la Superintendencia de Economía Popular, este sector, en su conjunto, suma un total de $32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia del 16,32 % y una liquidez del 38,16 %. Estos indicadores, según el ente, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.

Lo que debes saber

• Metro de Quito se paralizó más de seis horas por falla en comunicaciones del Puesto Central de Control.
• Gerente y alcalde explicaron en el Concejo fallo ocurrido el lunes; se descartó intrusión informática.
• Concejales cuestionan mantenimiento y demora en reportar incidente que prolongó suspensión.

La explicación en el Concejo Metropolitano sobre la paralización por más de seis horas del Metro de Quito, lejos de despejar las dudas, dejó más interrogantes.  

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Tras la suspensión del servicio, varios ediles solicitaron la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que se concretó desde la mañana hasta la tarde del martes 21 de abril de 2026. En su intervención detalló lo ocurrido el lunes 20, cuando todas las estaciones amanecieron cerradas.

El funcionario explicó que la falla se originó en el sistema de comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el ‘cerebro’ de la operación. Según dijo, la imposibilidad de mantener enlace con la estación Quitumbe hizo inviable garantizar la seguridad del sistema.

“La seguridad no es negociable”, sostuvo Parra, al recalcar que sin una visibilidad completa de los sistemas en el PCC, no era posible autorizar la operación del metro.

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El propio alcalde, Pabel Muñoz, intentó complementar la explicación asegurando que se trató de un evento aislado y que no hubo fallas en los trenes, en la vía, en el sistema de señalización, ni en las plataformas principales de comunicación. Señaló que el problema se concentró en un ‘switch’, uno de los más de 200 que existen en el metro, cuya falla provocó la pérdida de comunicación entre estaciones.

Según Muñoz, este tipo de eventos activa protocolos automáticos de seguridad que bloquean la operación cuando las estaciones no están interconectadas. 

Aunque el alcalde también dejó abierta la posibilidad de un acto intencional. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, manifestó el mismo día de la suspensión.

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Esa hipótesis, sin embargo, perdió fuerza tras las declaraciones de Parra, quien señaló que, de manera preliminar, se descartó una intrusión informática o amenaza externa. 

Indicó que el dispositivo afectado no se apagó, pero quedó en estado de ‘stand-by’, sin transmitir datos, lo que generó un efecto en cadena que bloqueó otros puntos de comunicación del sistema.

Para el alcalde, también resulta sospechoso que entre la medianoche y las 02:00 del lunes se ejecutó un procedimiento relacionado con el equipo que falló, pero esa intervención no fue reportada de inmediato. De hecho, se conoció recién cerca de las 18:00 de ese día, varias horas después de que el servicio ya fue suspendido.

“Si se hubiera informado, se habría empezado por ahí”, cuestionó Muñoz, quien advirtió que esta omisión impactó directamente en la capacidad de respuesta y prolongó la paralización del sistema.

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Tanto Muñoz como Parra recalcaron que sí se realizan todos los mantenimientos y que lo ocurrido el lunes se trató de un evento aislado.

Concejales cuestionan la versión de la Alcaldía

En el Concejo Metropolitano, las explicaciones no convencieron. El edil Andrés Campaña cuestionó la falta de claridad y pidió al alcalde sustentar sus afirmaciones sobre un posible sabotaje. 

Además, recordó que desde hace más de dos años se ha advertido la necesidad de contar con contratos efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, mencionó informes recientes de la CAF (constructora de los trenes) que alertan sobre el desgaste “anormal” de las ruedas de los trenes, cuya sustitución tiene que realizarse este año para evitar problemas mayores. 

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“Ojalá no se produzca un daño a futuro. Y si hay alguna novedad, ojalá la respuesta no sea que hubo un sabotaje”, dijo.

Por su parte, el concejal Wilson Merino acusó al alcalde de especular sin pruebas. Señaló que las declaraciones sobre sabotaje contradicen la versión técnica del gerente y advirtió que esta falta de coherencia debilita la confianza en el proyecto de infraestructura más importante y más costoso del Ecuador.

A estas preocupaciones se sumó la concejala Estefanía Grunauer, quien atribuyó lo ocurrido a la ausencia de un mantenimiento integral desde el inicio del proyecto. También cuestionó la falta de un plan de contingencia efectivo.

Durante la suspensión, agregó, la ciudad enfrentó un colapso en el Trolebús y la Ecovía, evidenciando la dependencia del sistema como eje del transporte urbano. “El metro es la columna vertebral, pero no hay rutas ni frecuencias alternativas claras”, advirtió.

Piden separación de funcionarios

El edil Fidel Chamba, en cambio, pidió que la investigación continúe con total transparencia y que, en caso de confirmarse un sabotaje, se identifique a los responsables. 

Incluso planteó que se separe a los funcionarios vinculados con el mantenimiento y la comunicación del sistema. Y advirtió que de no adoptarse estas medidas, el gerente también deberá asumir responsabilidad por lo ocurrido.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) no se descarta ninguna posibilidad. El concejal Adrián Ibarra mencionó que todas las hipótesis siguen abiertas, incluyendo la de un error provocado, y planteó la necesidad de realizar peritajes forenses y pruebas de confianza.

Asimismo, propuso reforzar los sistemas de seguridad mediante un mayor monitoreo y la implementación de mecanismos de redundancia en las telecomunicaciones.