Lo que debe saber

• Yaku Pérez analiza la posibilidad de buscar la Alcaldía de Cuenca en las seccionales 2026. 
• Considera que es necesaria una tercera vía con movimientos y organizaciones sociales del centro a la izquierda.
• Cuestiona el momento político actual respecto a la situación de varios alcaldes del país y los procesos judiciales y electorales. 

Yaku Pérez, excandidato presidencial por Pachakutik reapareció en el escenario político. En diálogo con EXPRESO habla del alcance del acuerdo político con la Izquierda Democrática, la posibilidad de candidatizarse a la Alcaldía de Cuenca y la construcción de una tercera vía.

¿A qué responde su reaparición política?

He estado siempre en la lucha ecológica, en la defensa de los derechos de la naturaleza, del agua y en los tribunales de justicia. Creo que eso vio la Izquierda Democrática: que puede complementarse la justicia social con la justicia ecológica. Hubo la invitación a formar parte de este acuerdo nacional, en el que el objetivo es cimentar la construcción de la tercera vía a fin de dar alternativas reales, concretas y serias frente a un panorama opaco que vive el país.

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¿A dónde apunta este pacto con la ID?

El objetivo es sentar estas bases de la justicia ecológica y la justicia social, en un contexto en el que las desigualdades sociales se han profundizado. Hay cada vez menos ricos, pero más billonarios; además de más sectores que se encuentran en vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad ya no es solamente en temas económicos y sociales, sino sobre todo ecológicos. En función de esto y de la inseguridad, la impunidad y la corrupción que se viven, es emergente la unificación no solamente de Somos Agua e ID, sino de otros sectores sociales y políticos que estén dentro del centro hacia la izquierda, capaces de construir una alternativa.

¿Por qué justamente empezar con la ID? Es un partido que, de alguna forma, no logra resolver sus problemas internos.

La ID ha tenido la generosidad, a través de Analía Ledesma, Marcos Dueñas y su directiva, de confiar en nuestro movimiento. Con todos sus problemas internos, tiene una imagen y una historia. Tuvo a un expresidente que pudo, después de gobernar, caminar por las calles. O sea, no hubo corrupción. Eso dice bastante. Los problemas existen en todos los sectores, pero el desafío es avanzar. Se avanzará en la diversidad.

Habló de ampliarse a organizaciones del centro hacia la izquierda. ¿De quiénes habla? Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano han hecho la misma propuesta.

Nos alegra que UP tuvo justicia y vuelve al escenario político. Es un movimiento que se identifica con los sectores populares. Pachakutik es un movimiento que tiene su trayectoria y, así como estos, hay más. Sobre todo, hay que apuntar a los sectores sociales y no precisamente solo a los trabajadores o solo a los indígenas, sino ampliar a los profesionales, artesanos, emprendedores y empresarios que sean honestos. No hay que ser excluyentes. Lo que sí vamos a ser es completamente excluyentes con aquellos que estén dentro de las economías criminales, y eso sí, para nada.

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¿Se incluye al correísmo?

El correísmo no está dentro de esta cosmovisión. El correísmo y el noboísmo han tenido la oportunidad de demostrar que son ecologistas y han sido extractivistas; (han tenido la oportunidad) de demostrar que son demócratas y han sido totalitarios.

Pero habló de UP y Pachakutik. ¿Hay acercamientos?

Se ha conversado en algunas provincias con ellos. Pero este acuerdo no necesariamente es para las elecciones de noviembre. Hay que construir un frente amplio para las elecciones venideras y las siguientes. Creo que es urgente la construcción de la tercera vía, donde se aglutine a todos los sectores desencantados con los partidos tradicionales que tuvieron la oportunidad y no supieron aprovecharla ni cambiar las estructuras del país.

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¿Piensa participar en las seccionales de 2026?

Es una posibilidad. Nos lo han propuesto. Pero estamos analizando y, sobre todo, la decisión no tiene que ser individual. Tiene que ser colectiva. Yo les he dicho en privado y en público: estaré en el espacio donde sea más útil para la construcción de la tercera vía. Si hay que ir a la cancha electoral para disputar la Alcaldía de Cuenca, ahí estaré. Si no toca ser candidato y más bien apoyar con la banderita, o esperar para 2029 o más adelante, donde yo sea importante y pueda contribuir con mi condición, ahí estaré.

¿Buscaría la Alcaldía de Cuenca y no nuevamente la Prefectura del Azuay?

Creo que una posibilidad es la Alcaldía de Cuenca o, si no, esperar desde cualquier espacio académico, desde las calles. Contribuiremos a la construcción de esa tercera vía.

Hay alcaldes procesados no solo en lo judicial, sino también en la justicia electoral. ¿Cómo ve el escenario político actual?

Eso es muy preocupante. Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera. Y si las hay, perfecto, que se le siga, pero con una justicia completamente independiente.

"Es una tristeza que la justicia sea hoy un instrumento para perseguir a la disidencia. No me parece correcto que puedan deslegitimar con un acto o una sentencia a cualquiera"Yaku Pérez

¿Usted puede disputar la representación de la izquierda?

No se trata de disputar. Se trata de complementar. Ya hicimos un ejercicio interesante en el 2019 cuando ganamos la Prefectura con una agenda ecosocial y también le propusimos al país en el 2021 esa tercera vía. Nos fue bien. Podíamos haber sido el gobierno. El fraude lo impidió.

Lo que debes saber 

• La compra de medicinas a India promete aliviar el desabastecimiento en hospitales, pero expertos advierten que el verdadero reto será garantizar su calidad y bioequivalencia.
• Especialistas alertan sobre las limitaciones de Arcsa para verificar decenas de fármacos en pocas semanas y piden reforzar la farmacovigilancia.
• Conoce cuáles son los riesgos, los controles exigidos y por qué la seguridad de los pacientes está en el centro del debate.

La promesa de abastecer con rapidez los hospitales públicos abre una pregunta que hoy preocupa más que el origen de los medicamentos: ¿cómo garantizar que los fármacos que llegarán al Ecuador cumplan realmente con los estándares de calidad, bioequivalencia y seguridad exigidos para los pacientes?

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La interrogante cobra relevancia porque India, además de ser uno de los mayores productores farmacéuticos del mundo, ha enfrentado en los últimos años cuestionamientos internacionales por fallas de calidad detectadas en algunas de sus plantas de producción.

El debate tomó fuerza luego de que el presidente Daniel Noboa anunció, durante su Informe a la Nación del 24 de mayo, un acuerdo con India para adquirir medicinas destinadas al sistema público de salud. Aunque el mandatario aseguró que los productos deberán contar con certificaciones internacionales y aprobaciones de organismos como la FDA de Estados Unidos, especialistas consultados advierten que la discusión no termina en el papel.

Calidad de medicamentos importados bajo análisis

La verdadera prueba, sostienen, estará en la capacidad del Estado para verificar esas certificaciones, controlar la bioequivalencia de los fármacos y fortalecer la vigilancia sanitaria una vez que los medicamentos ingresen al país.

EXPRESO solicitó una entrevista con el Ministerio de Salud Pública para conocer los mecanismos que se aplicarán para garantizar la calidad de estos medicamentos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al pedido. También se gestionó una entrevista con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), pero la entidad indicó que no tenía autorización para pronunciarse sobre el tema sin la aprobación previa del Ministerio de Salud, por lo que no emitió declaraciones respecto a los controles previstos.

Camilo Salinas, exministro de Salud, aseguró que las medicinas fabricadas en India no son nuevas para el sistema sanitario ecuatoriano y recordó que el país las ha utilizado durante décadas. Como ejemplo mencionó las vacunas contra la covid-19 producidas en ese país, entre ellas las de AstraZeneca.

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Exministro destaca importancia de la farmacovigilancia

“El debate no es si vienen o no con calidad. Ya las hemos consumido y no hemos tenido inconvenientes”, aclaró.

Para el exfuncionario, la discusión debe enfocarse en los controles posteriores a la compra y no en el origen de los fármacos. Consideró necesario fortalecer la farmacovigilancia de Arcsa y del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) para verificar la bioequivalencia y seguridad de los productos.

“Lo importante es que lleguen con validación internacional y exista una fiscalización permanente”, sostuvo.

Distribución nacional será otro desafío sanitario

Salinas también advirtió que el reto no termina con la adquisición de medicamentos, sino con su distribución a escala nacional. Recordó que durante la pandemia la logística contó con apoyo privado para garantizar la llegada de las vacunas.

“La dificultad era la distribución. Hay que asegurar que las medicinas lleguen a tiempo a los pacientes”, manifestó.

Por su parte, Enrique Terán dijo que la calidad de los medicamentos no depende del país de origen, sino de las certificaciones que respalden su fabricación. Explicó que un registro sanitario local no basta para garantizar estándares adecuados y que deben existir avales de agencias de alta vigilancia sanitaria.

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Arcsa enfrenta retos para verificar productos

“Si el producto tiene aprobación de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento, Arcsa puede homologar el registro con tranquilidad”, precisó.

No obstante, el especialista advirtió que Arcsa enfrenta limitaciones técnicas para verificar de forma independiente la calidad de los fármacos y que actualmente su trabajo se basa, en gran medida, en la revisión documental. Además, recordó que el Gobierno ha mencionado la compra de entre 40 y 50 fármacos, que deberían llegar en aproximadamente tres semanas.

“Si son 50 productos en tres semanas, deberían tener a medio personal de Arcsa sentado revisando esas carpetas”, afirmó.

Transparencia y trazabilidad en la compra de medicinas

Terán también alertó sobre los riesgos de incorporar intermediarios en las compras y cuestionó que aún no se conozca qué medicinas serán adquiridas, para qué enfermedades estarán destinadas y de qué laboratorios provendrán.

A su criterio, la solución pasa por fortalecer la trazabilidad y la gestión logística del sistema.

“Hay que informatizar la gestión del medicamento para conocer la necesidad, el aprovisionamiento y el uso real de los fármacos”, concluyó.

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Bioequivalencia será clave para evitar riesgos

Andrés Corral, exsubsecretario de Salud, manifestó que la garantía de calidad de los medicamentos importados dependerá del cumplimiento de exigencias regulatorias internacionales. A su criterio, Arcsa debe verificar certificados de Buenas Prácticas de Manufactura, registros sanitarios vigentes y estudios de bioequivalencia cuando estos sean necesarios.

“Se debe exigir que el medicamento tenga el mismo desempeño clínico que el producto de referencia”, indicó. “Es fundamental fortalecer el muestreo, los laboratorios de control de calidad y los mecanismos de farmacovigilancia”.

El exsubsecretario alertó que una de las principales preocupaciones es que dos medicamentos con el mismo principio activo no necesariamente produzcan los mismos resultados terapéuticos. Según explicó, esta situación podría afectar el tratamiento de enfermedades crónicas o generar otros problemas sanitarios.

“Las fallas terapéuticas, los eventos adversos y la resistencia antimicrobiana son riesgos que deben prevenirse con controles adecuados”, advirtió.

Lo que debes saber:

• Maytté Gavilanes lidera defensa del arbolado urbano en Quito desde 2016 tras intento de tala en San Carlos.
• En 2026 crea colectivo en Quito para frenar tala y sumar ciudadanos ante incumplimiento de Ordenanza 041.
• Denuncia talas en Quito pese a ley vigente y pide veedores ciudadanos para proteger árboles urbanos.

Sin proponérselo, Maytté Gavilanes se ha convertido en la defensora del arbolado de Quito. Es capaz de detenerse, aunque eso implique retrasarse a una cita, cada vez que encuentra troncos recién cortados, huellas de una tala. Hace fotos y videos para presentar una denuncia.

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- ¿Cuándo empezó esta lucha y por qué?

- Hace 10 años, el 16 de abril, cuando fue el terremoto del 2016, los vecinos de mi conjunto en San Carlos se asustaron muchísimo y pensaban que los árboles se podían caer y quisieron talarlos. Una familia junto a la mía buscamos una evaluación técnica.

- ¿Qué hicieron?

- Acudimos a la Secretaría de Ambiente. Jorge Polo era coordinador del arbolado urbano, quien nos ayudó. Es ingeniero arborista. No es lo mismo un biólogo, un botánico o un ingeniero forestal. Las ciudades requieren más arboristas, que entiendan de la vida y arquitectura del árbol y no piensan en la producción maderera, no autorizan talas.

- ¿Cuál fue la respuesta?

- Nos dijeron que los árboles estaban sanos, que todavía eran jóvenes, que no tenían hongos ni bacterias y que necesitamos una evaluación bianual. En 2018 nos indicaron que pinos y cipreses son exóticos; del uno se dice que seca el suelo. Los defendemos. Un vecino que trabajaba en la Prefectura los plantó hace unos 40 años.

- ¿Por qué defenderlos?

- En el 2013, el antiguo aeropuerto salió de esta zona. El sector donde vivo está a una cuadra de la avenida Occidental, arriba tenemos el Pichincha. Cuando se fue la contaminación auditiva, regresaron las aves.

A las 06:00 veo a un gavilán en uno de los árboles de mi casa, quilicos, águilas y búhos, también tangaras, gallaretas, que van a la laguna del Bicentenario y regresan. Para mí, es un regalo de vida para un barrio donde el índice de masa verde es bajo y el de contaminación es alto.

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- ¿Se salvaron los árboles?

- En 2020 no se los evaluó. En 2022, por el aluvión de La Gasca, otra vez se argumentó que había que talarlos. En mi condominio hay 42 familias. Nos quedamos solos. La Secretaría de Ambiente aprobó por un diagnóstico visual mal hecho de una ingeniera forestal. La Defensoría del Pueblo dijo que defendía a ciudadanos.

- Pero la Constitución garantiza los derechos de la naturaleza y existe la Ordenanza 041.

- No se aplican. Regresé a casa y estaban talados varios árboles. Viví un duelo profundo. Me han dicho loca, problemática, indeseable. Esa madrugada con mi familia les dejamos una ofrenda, regamos a los otros árboles que sufrieron una violencia terrible. 

Nombré a los cipreses: Don Quijote porque lo desmocharon, fue como cortarle la yugular, su muerte está declarada, pero sigue haciendo copa; el segundo, Mama Tránsito, pues brinda equilibrio a los otros; (a otro le puse) Salvador Gaviota, inmenso, aves rapaces se posan en su copa; y el Pichincha.

- ¿Por qué poner nombre a unos cipreses?

- Tienen nombre porque son seres sintientes, no objetos inanimados, tienen derechos. Han elegido vivir inmóviles para ayudarnos. Eso decía el profesor Francis Hallé, botánico y biólogo francés que dedicó su vida a entender bosques en el trópico, en la Amazonía. En mayo, por el Día del Árbol, proyectamos ‘Había una vez un bosque’, en la Flacso.

Dejen de usar la motoguadaña y capaciten sobre los manuales de poda. Además, plantar especies nativas.Maytté Gavilanes

- Como usted comenta, esta ‘cruzada’ le ha traído críticas y enemistades. Implica una inversión en tiempo y hasta en recursos. ¿Por qué meterse en problemas?

- La ciudad necesita árboles de altura como esos. Atrapan la contaminación. Nos dan más oxígeno, nos brindan sombra, previenen deslaves, en ellos habitan aves y también microorganismos, o insectos como los abejas. Sin árboles no hay polinizadores y sin eso no hay alimento.

- Con frecuencia, en redes sociales veo que cuando denuncian que hubo una tala de árboles, las autoridades responden con la misma frase: “Estaban secos por dentro o muertos y en malas condiciones sanitarias”.

- Deberíamos preocuparnos si la mayoría de árboles de la ciudad estuvieran en malas condiciones. Quito fue concebida como una ciudad jardín. En los setenta, en los redondeles había más verde, en las casas teníamos jardines.

- ¿Por qué el Municipio de Quito no ‘adopta’ como aliadas a personas como usted?

- Deberían oír y satisfacer las inquietudes cuando hay inconformidad. No pensar que denuncio para molestar. No ven que es más común tener sinusitis o rinitis alérgica por la contaminación de los vehículos. Que nos digan cuántos árboles hay en la ciudad y que incluyan predios privados. Son los pulmones.

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- ¿No es contradictorio tener una Dirección de Calentamiento Global y no ver cuán grave es cortar árboles?

- Nos dicen, por ejemplo, que en la avenida 12 de Octubre talaron tres árboles porque había riesgo de caída. En Bellavista, dos sauces llorones, porque un vecino señaló que había riesgo. 

En la naturaleza, como dijo el profesor Hallé, los animales son dueños del espacio y los árboles del tiempo. Pueden necesitar seis siglos para llegar a su plenitud. Nuestra huella en este mundo no debería ser de devastación.

- ¿Ya no está sola?

- Este año nació el Colectivo Defensa del Arbolado Urbano. Necesitamos veedores de la naturaleza. Cuando era niña, parte del uniforme eran botas de caucho afelpadas y encauchado. “Marzo, aguas sin descanso; abril, lluvias mil; mayo, hasta que se rompa el sayo”. Había más lluvias. Quito se ha vuelto más caliente.

El Municipio debe decir cuántos árboles hay en la ciudad, incluyendo los predios privados. Son pulmones.Maytté Gavilanes

La Ordenanza 041:

La Ordenanza 041, del 2022, dice que nadie puede talar o intervenir en árboles ubicados en espacios públicos o en predios privados sin autorización de la administración zonal o de la Secretaría de Ambiente. Pero eso no se cumple, lamenta Maytté Gavilanes, quien pide que se unan al Colectivo de Defensa del Arbolado.

¿Quién es Maytté Gavilanes?

Quiteña, enamorada de sus verdes paisajes, comunicadora para la salud. Graduada en la Universidad Central. Terapeuta floral, instructora de yoga, activista por los derechos de la naturaleza. 

Es la promotora del Colectivo Defensa del Arbolado Urbano en Quito, que se formó en este 2026 y abre las puertas a más ciudadanos. También integra el Cabildo Cívico. Tiene un hijo de 21 años.

Lo que debes saber

• Los moradores cuestionan las expropiaciones y los montos ofrecidos por sus propiedades.
• Varias demandas del Estado han sido objetadas por el Tribunal por errores en el trámite.
• La construcción del Quinto Puente sigue adelante pese a los conflictos legales y vecinales.

A pesar de que desde el Viceministerio de Servicios y Transporte, adscrito al ahora denominado Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT), se ha sostenido que los inconvenientes con los moradores sujetos a expropiación, de la avenida Cacique Tomalá, en el sur de Guayaquil, han sido atendidos, los afectados rechazan esa versión. Afirman que el trazado del Quinto Puente y sus accesos no debería atravesar el sector donde se encuentran sus viviendas, aunque continúan exigiendo una compensación acorde con el valor de sus propiedades.

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Demandas bajo observación judicial

Hasta la fecha, el Ministerio ha presentado, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, 22 demandas de pago por consignación relacionadas con las expropiaciones requeridas para el proyecto. De acuerdo con declaraciones de David Stay, director distrital del MIT en Guayas, la ejecución del tramo 1A del Quinto Puente contempla la expropiación de 110 lotes.

No obstante, los procesos impulsados por el Ministerio han enfrentado reparos en la justicia. Del total de demandas, dos han sido retiradas por la cartera de Estado, cinco fueron declaradas inadmisibles por el Tribunal y las restantes continúan en trámite judicial o están pendientes de calificación.

En las causas revisadas por EXPRESO, el Tribunal declaró inadmisible la demanda presentada por el Ministerio. Los jueces concluyeron que la entidad utilizó una acción de pago por consignación, cuando lo procedente era tramitar una acción de expropiación conforme a la normativa vigente.

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La obra sigue su curso

Pese a las controversias en torno a las expropiaciones, el proceso de contratación sigue adelante. El 18 de mayo, el MIT adjudicó la obra a la empresa China Civil Engineering Construction Corporation.

Según los documentos de la licitación, el tramo 1A del proyecto partirá desde la intersección de las avenidas Cacique Tomalá y José Sánchez Rubio, frente a los predios de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa Azín, donde también se encuentra la escuela de educación básica fiscal Manuela de Santa Cruz y Espejo. El trazado se extenderá hasta la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil.

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Vecinos denuncian falta de acuerdos

Paola Fuentes, vicepresidenta del grupo de afectados de la avenida Cacique Tomalá, sostiene que las familias aún no han recibido ningún pago por sus predios, pese a que las autoridades han señalado que el proceso de expropiación avanza. Según afirma, tampoco se ha realizado una socialización formal del proyecto ni se han alcanzado acuerdos con ellos sobre las compensaciones que recibirían.

Además, Fuentes dice que a algunos vecinos se les ha mencionado la posibilidad de acceder a créditos del proyecto habitacional estatal Miti Miti, ubicado en Chongón, utilizando como parte de pago el valor reconocido por sus actuales inmuebles. No obstante, considera que las cifras planteadas (que en algunos casos serían de $4.000, $15.000 o $ 22.000) están muy por debajo del valor real de sus propiedades, por lo que consideran que esos montos no les permitirían cubrir el costo de una nueva vivienda, ni compensar la pérdida de sus negocios y fuentes de ingresos.

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Historias detrás de las expropiaciones

Mercedes Mendoza Cueva, de 65 años, es una de las moradoras denunciadas por el MIT. Asegura que no es justo que le ofrezcan $20.000 por la casa en la que ha vivido durante los últimos 40 años y expresa su preocupación por el futuro, pues teme quedarse sin un lugar donde residir debido a que, según dice, ese monto no le alcanzaría para adquirir otra vivienda.

María Zambrano Cruz asegura que la demanda presentada en su contra por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología se debe a que no aceptó la propuesta de compensación por su inmueble. Según relata, las autoridades le ofrecieron $15.000 por una propiedad de tres pisos que incluye locales comerciales y departamentos destinados al alquiler, una cifra que considera insuficiente frente al valor real de su patrimonio.

“Quieren que aceptemos ese precio irrisorio”, denuncia Zambrano. Además, asevera que la oferta no toma en cuenta la inversión realizada durante años ni los ingresos que obtiene de las actividades comerciales y de arrendamiento que funcionan en el predio.

Maritza Salinas, otra de las moradoras de la avenida Cacique Tomalá afectadas por el proyecto, dice que el Estado pretende pagar $45.000 por la vivienda de sus padres. Sin embargo, sostiene que el avalúo actual de la propiedad supera los $80.000, por lo que la compensación propuesta está por debajo de su valor real.

Además, cuestiona la necesidad de construir el Quinto Puente en esa zona y sostiene que el proyecto vulnera los derechos de las familias que habitan el sector. Salinas indica que sus padres, ambos de 76 años, viven con incertidumbre ante la posibilidad de que las autoridades ejecuten las expropiaciones en cualquier momento, sin que exista una solución que garantice su estabilidad y patrimonio.

Lo que debes saber

• Las empresas intervenidas deben pagar los honorarios del interventor.
• Algunas intervenciones pueden extenderse durante años.
• Expertos cuestionan el control de la SuperCías sobre estos procesos.

Las intervenciones societarias en Ecuador no tienen un plazo definido. Aunque, según expertos consultados por EXPRESO, este procedimiento debería ejecutarse de forma puntual y en corto tiempo, en la práctica suele extenderse por meses o años, por lo que en ocasiones genera un impacto económico para las compañías.

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El costo de mantener una intervención

Uno de los casos recientes es el de Dulces, Pasteles y Tortas RADU S. A., conocida comercialmente como Adriana Pastelería y Panadería, intervenida desde julio de 2025. Iván Cruz, abogado de la firma, explica que la normativa obliga a la propia compañía a asumir los honorarios y gastos derivados de estos procesos de intervención, lo que puede profundizar su situación financiera al incorporar egresos no previstos.

En medio de ese escenario, la empresa también ha debido afrontar el pago del interventor, cuyos honorarios rondan los $3.000 mensuales. Sin embargo, parte de esos valores permanece todavía impaga, debido a los problemas de liquidez que atraviesa la compañía, que actualmente se encuentra en liquidación forzosa, con liquidador nombrado por la Superintendencia de Compañías, lo que no justifica mantener además un interventor.

Efraín Chávez, abogado especializado en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial, señala que los honorarios de un interventor en compañías pequeñas suelen fluctuar entre $600 y $1.200, valores que son fijados por la Superintendencia de Compañías. A su criterio, aunque estas cifras pueden parecer bajas, representan una carga significativa para negocios de menor tamaño que ya atraviesan dificultades financieras.

En cambio, en empresas medianas y grandes, el abogado Cruz indica que los montos pueden elevarse desde $1.500 hasta $5.000 mensuales. Además advierte que, en la práctica, no siempre existe una regulación oportuna por parte de la entidad de control, lo que abre paso a acuerdos directos entre el interventor y la compañía. Incluso, el incumplimiento de esos pagos (según la normativa) puede convertirse en una causal para iniciar un proceso de liquidación.

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¿Quién fija los honorarios de los interventores?

No obstante, Marco López, exsuperintendente de Compañías, aclara que un interventor no puede fijar unilateralmente sus honorarios, pues la norma establece que es la SuperCías la encargada de determinar esos valores, tomando en cuenta la capacidad de pago y el tamaño de la empresa intervenida.

Según explica López, si existe un acuerdo directo entre el interventor y la compañía, este debe ser ratificado por la entidad de control. Caso contrario, la firma incluso podría abstenerse de cancelar esos valores, ya que no existiría una resolución oficial que establezca el monto a pagar, lo que a su vez no constaría como causal de liquidación.

Llama la atención que una intervención dure demasiado tiempo. Lo usual es que estos procesos se mantengan el menor tiempo posible para no burocratizar la compañía.Marco López, exsuperintendente de Compañías

Cuestionamientos al control y la duración de los procesos

Por otro lado, Chávez considera que la SuperCías debería reforzar el control sobre la gestión de los interventores, ya que asegura que algunos permanecen durante años. Según afirma, en ciertos casos estos funcionarios se limitan a remitir informes periódicos, pese a que ya no existirían acciones concretas por ejecutar.

Como ejemplo, menciona el caso del interventor Washington Guerra, quien según el abogado permaneció cerca de ocho años al frente de una compañía en Quito, periodo durante el cual continuó percibiendo honorarios. Actualmente, agrega, figura como acreedor de la empresa en liquidación debido a valores pendientes por el pago de su sueldo.

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Más de 200 empresas permanecen intervenidas

De acuerdo con información de la SuperCías, al cierre de 2025 existían 208 empresas bajo intervención. De ese total, 83 correspondían a nuevos procesos iniciados. En ese mismo año, levantaron la medida únicamente a 77 casos.

La cifra prácticamente no ha variado en el primer trimestre de 2026. Hasta el 30 de marzo, la entidad reporta un total de 208 compañías intervenidas. De ellas, 32 ingresaron ese año y 33 han logrado salir del proceso.

Me llama la atención que en 2025 hubo solo 209 empresas intervenidas, cuando cada año más de 30.000 entran en disolución. El control societario no sería completo.Efraín Chávez, abogado, experto en litigio civil, derecho inmobiliario y estructuración patrimonial

Alertas sobre incentivos para prolongar las intervenciones

Para Chávez, estos datos reflejarían que algunas intervenciones se prolongarían más de lo necesario, lo que terminará afectando a las empresas, especialmente cuando no existen resultados concretos por parte de los interventores. El abogado también cuestiona el control y los tiempos de respuesta de la SuperCías y asegura que la entidad puede tardar hasta cuatro meses en atender una petición.

Para el abogado societario Oswaldo Santos, que una intervención se prolongue más allá de lo necesario podría responder a “incentivos perversos”. A su criterio, algunos interventores tendrían interés en mantenerse en funciones para seguir percibiendo honorarios, lo que genera una mayor afectación económica para la empresa.

El jurista Cruz señala que, por costumbre, muchas intervenciones suelen extenderse más allá de seis meses en las empresas. No obstante, considera que la Superintendencia de Compañías debe reforzar el control sobre la gestión de los interventores que designa.

Lo que debes saber

• La presentadora de TC asegura que no volvería a la farándula, considera que actualmente existen excesos.
• Disfruta unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos junto a su pareja. Irán a los partidos del Mundial.

La presentadora y reportera de TC, Cynthia Naveda (38), vive uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras disfruta de unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos, también consolida su relación con Pepe Lucero, con quien ya comparte hogar y proyecta llegar al altar.

Con una trayectoria que incluye pasos por Gamavisión, Canal Uno, Teleamazonas, RTS y Telerama, asegura que TC ocupa un lugar especial en su carrera. No es para menos: ha regresado en tres ocasiones a ese canal, donde actualmente forma parte de los equipos de DespiérTC, Entre Ellas y El Noticiero de las 14:00.

La comunicadora es madre de Maximiliano, de 11 años, fruto de su anterior relación con Juan Sebastián González.

¿Cómo es trabajar con Mauricio Ayora, Caterva?

¡Chévere! Todos mis compañeros tienen diferentes personalidades. Nos vemos en ese momento, nos manejamos con respeto y, además, ya somos adultos. Ninguno es novato.

Existe un denominador común en la mayoría de los informativos matinales: los presentadores bailan. Con noticias poco alentadoras, ¿tiene ganas de bailar a esa hora?

Nosotros fuimos los primeros en bailar (suelta una carcajada). Ponga eso, por favor. A fines de mes llaman las culebras y rapidito dan ganas de bailar. He conversado con productores y con Mauricio, y me han dicho que él impuso ese estilo desde hace mucho tiempo. En otros canales donde estuvo también lo hizo. Yo solo llegué a sumar, me he tenido que acoplar.

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No todos los presentadores tienen la personalidad de Caterva o la suya.

A nadie se obliga, pero si tienen que estar ahí, deben acoplarse. Mi personalidad se presta para eso. Pronto cumpliré dos años en los informativos de TC.

La farándula ya no está en sus planes

Fue parte de dos sonados espacios, Jarabe de Pico y De Boca en Boca. ¿La farándula ya es historia pasada en su vida?

Siempre he estado agradecida por las oportunidades. Fue una linda etapa. Nunca vieron como un obstáculo que yo haya hecho farándula para trabajar en un noticiero. A veces se cree que porque se manejan estos temas no se pueden hacer otros.

¿Es decir que no le costó?

Gracias a Dios, no me costó. Todo tema debe manejarse con las dos versiones, profesionalismo y seriedad. De algo que saco pecho es que durante el tiempo que he estado en televisión he logrado credibilidad. Gozo de la aceptación del público y de la confianza de mis jefes.

En estos momentos, muchos periodistas manejan la farándula de una forma poco profesional y seria y, sin importar las consecuencias, dañan la reputación de las personas. ¿Podría volver a hacerla?

No creo. La miro con gratitud y la disfruté. Tengo muchos buenos amigos. Considero que hay excesos y, además, es necesaria la preparación. Pueden ser carismáticos, divertidos, simpáticos o histriónicos, pero lastimosamente hay muchos que están en farándula sin conocimiento. Merece que la miren con respeto y no como una payasada. 

Se habla sin respeto de las relaciones sentimentales, se ventilan orientaciones sexuales, se difama o se ensañan con alguien solo porque les cae mal. Siempre vi mi profesión como una carrera a largo plazo y manejando límites. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso.

Algunos talentos no se dan cuenta de que sus hijos son los principales afectados por sus acciones.

Ahora que Maximiliano ya es un preadolescente, me da orgullo y saco pecho de que sus compañeros e incluso sus madres me vean con respeto o me consideren una persona creíble. No me conocen por un escándalo. Nunca me negaron la matrícula en un colegio ni nos miraron con desprecio a mi hijo o a mí. Cuando va al catecismo porque hará la Primera Comunión, le preguntan por mí, pero sin mala onda. No es víctima de bullying por culpa de su madre.

En la ruta mundialista...

Está lista para disfrutar el Mundial...

Viajé el miércoles (ya está en Canadá). Luego iré a Estados Unidos. Haré turismo, pero también veré algunos partidos, tanto de Ecuador como de otras selecciones. Disfrutaré de esa fiesta. Volveré el 21 de junio. Me fui con mi hombre, con Pepe. En la maleta llevé un baby doll de la selección ecuatoriana y las pastillas anticonceptivas (suelta una carcajada).

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Aparte de la selección ecuatoriana, ¿a cuál otra apoyará?

Siento que la final será entre España y Francia. Apoyaré a la Tri, pero hay que ser realistas. Sería súper chévere que llegue Portugal porque es el último Mundial de Cristiano Ronaldo y tiene un buen equipo. En el Mundial anterior, Messi ya tuvo la oportunidad de ser campeón con su equipo.  

Planes de boda

Se dio una nueva oportunidad en el amor, pero ha sido una relación de perfil bajo.

Mis familiares y amigos lo sabían, pero era para evitar los chismes y la comidilla. Me da mucho coraje que opinen sin saber y que utilicen mi imagen sin permiso. Lo conocí a finales de 2020. Una amiga en común nos presentó. Se dieron las circunstancias para estar juntos y ahora compartimos el mismo hogar.

¿Qué encontró en su pareja actual que hizo clic en usted?

Por Pepe siento mucha admiración. Es importante aquello, más allá de lo físico. Admiro sus valores. Es buen padre y buen hijo. Se preocupa por su entorno y eso habla mucho de él.

Todo lo que menciona fue lo que hizo que diera el paso de irse a vivir con él.

Eso y mucho más. Es una persona muy trabajadora. Nos parecemos en eso. Tiene dos hijos: una mujer de 19 años y un varón de 12. Gracias a Dios, ellos y toda la familia me han recibido muy bien.

¿Están considerando el matrimonio?

Obvio. Si nos fuimos a vivir juntos es porque consideramos dar ese paso. Me siento en el momento indicado y con la persona correcta. A veces se piensa que es solo un papel, pero nos gustaría darle más formalidad a nuestra relación. 

Además, quiero darle un buen ejemplo a los niños. No todo ha sido perfecto, ambos somos divorciados. Mi hijo fue el más entusiasmado con que me fuera a vivir con Pepe porque comparte mucho con el hijo de mi pareja. Son contemporáneos.

Ambos tienen hijos, ¿quisieran tener uno en común?

No sé. Es volver a empezar. Muchos me presionan con ese tema, pero estamos bien como estamos. No deseamos ni animalitos ni niños. Queremos viajar, enfocarnos en nuestros proyectos y disfrutar esta etapa. Canadá y Estados Unidos es una luna de miel, aunque nosotros vivimos muchas lunas de miel (risas).

Entre risas dijo que llevó al Mundial las pastillas anticonceptivas. ¿Así evita los hijos?

Los evito orando (risas).

Su hijo, lo mejor de su relación anterior

Las experiencias enseñan. ¿Qué aprendió de esa relación anterior?

¿Tengo que decir la verdad? Solo mi hijo fue lo hermoso de esa relación. Fue una etapa difícil por las decisiones que se toman, pero de eso se aprende. 

Lo que siempre aconsejo es que muchas veces nos atraen los polos opuestos, pero en mi experiencia es preferible compartir con una persona parecida a nosotros en valores, estilo de vida, trabajo y forma de criar a los hijos.

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¿Es un padre presente en todos los sentidos?

No mucho. Con el padre del niño no mantenemos ninguna relación, solo tratamos temas relacionados con nuestro hijo. Velo por sus intereses y por las necesidades que tiene. Mientras sea responsable en eso, no me importa dónde esté, en China o en la Luna. 

Cuando Maximiliano me pide verlo, lo llevo. Hace poco estuvimos en Estados Unidos. Lo ideal sería que afectivamente estuviera cerca de su hijo, pero si no está, no puedo hacer nada.

El periodismo no es su única actividad...

Con una hermana de Pepe tenemos un negocio de organización de eventos familiares y empresariales, una especie de productora. Si nos piden organizar una fiesta de divorcio, también la hacemos (risas). Además, tenemos un negocio de parrillas a domicilio. Siempre estamos buscando nuevas maneras de crecer.

Lo que debes saber

• El artículo 122 del Código Tributario establece que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado está obligado a devolver lo cobrado más los intereses.
  
• El reclamo debe presentarse ante la Aduana —no ante el SRI— con la declaración aduanera de importación como único documento requerido.
  
• Ya existe jurisprudencia aplicable: casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales.
  

El 29 de mayo, víspera de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa anunció la derogación de la tasa tras una videollamada con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien acordó cooperar en seguridad fronteriza y energía. La medida entró en vigor el 1 de junio. De la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,74%, irá a balotaje.

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Tras la derogación de la tasa de control aduanero a las importaciones colombianas —que escaló del 30% al 100%—, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, descartó devolver los $121,5 millones recaudados entre febrero y mayo de 2026, argumentando que el dinero ya fue ejecutado en operativos de seguridad fronteriza. 

Para el abogado Roberto Carmigniani, esa posición carece de respaldo jurídico: el ordenamiento ecuatoriano obliga al Estado a restituir lo cobrado, más los intereses, y los importadores afectados cuentan con las herramientas legales para exigirlo ante la Aduana.

La postura del Gobierno y el error jurídico

— El ministro Jaramillo dijo que no se devolverá la tasa porque ese dinero ya fue usado en seguridad. ¿Esa posición tiene sustento legal?

No. Es una posición equivocada. La Secretaría General de la CAN ordenó el retiro de la tasa porque, desde su implementación en febrero, infringió las normas del Acuerdo de Cartagena. 

Al ser un tributo establecido ilegalmente, el artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano activa automáticamente el derecho a reclamar la devolución por pago indebido. 

El destino que el Gobierno le haya dado a esos recursos no modifica esa obligación jurídica: lo que se cobró ilegalmente debe devolverse, sin excepción.

— ¿Por qué la CAN determinó que la tasa era ilegal desde su origen?

Por dos razones fundamentales. Primero, porque esa tasa no representaba la contraprestación de un servicio efectivamente prestado a cada importador por su importación concreta, sino que era un cobro genérico, impuesto por generalidades. 

Segundo, porque la tarifa —que escaló del 30% al 50% y luego al 100%— era desproporcionada y no tenía por objeto cubrir el costo de ningún servicio real. Por esos motivos, la Secretaría de la CAN la calificó como un gravamen al comercio, que está expresamente prohibido por el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

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El derecho a la devolución

— ¿Es necesario que la CAN ordene expresamente la devolución o ya está implícito en el fallo?

Está implícito y no hace falta un pronunciamiento adicional. El artículo 122 del Código Tributario establece que procede el pago indebido cuando el tributo ha sido establecido ilegalmente, y la resolución de la CAN es precisamente la evidencia de esa ilegalidad. 

Con ese pronunciamiento, cada importador que pagó la tasa durante su vigencia tiene derecho a solicitar la restitución de esos valores, más los intereses respectivos que el Estado deberá reconocer.

El proceso ante la Aduana

— ¿Cómo puede un importador recuperar su dinero y ante quién debe acudir?

El reclamo se presenta ante la Aduana, no ante el SRI, porque es ante la Aduana donde se realizó el pago. El procedimiento es un reclamo administrativo de pago indebido, que suele tomar entre 3 y 4 meses y culmina con una resolución administrativa. 

Si el Gobierno lo niega, el importador puede impugnar esa decisión ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el proceso puede tomar en promedio entre 2 y 3 años. 

Cabe aclarar que el Gobierno ya cumplió con la CAN al derogar la tasa, por lo que no hay riesgo de sanciones del bloque: la disputa queda en el ámbito de la justicia ecuatoriana.

Haber gastado esos recursos en seguridad no modifica la obligación jurídica del Estado de devolverlos

— ¿Qué documentos se necesitan y es complicado demostrarlo?

No es complicado. El importador solo necesita presentar la declaración aduanera de importación, que es el documento donde constan todos los rubros pagados al nacionalizar la mercadería, incluyendo el valor de esta tasa. 

Con esa evidencia y la resolución de la Secretaría de la CAN, la ilegalidad del cobro queda demostrada. El trámite en sí no es complicado, aunque toma tiempo si el Gobierno lo niega en sede administrativa.

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— ¿A qué tipo de importador le conviene más reclamar?

Depende de cuánto representa para cada uno lo que pagó por la tasa. Para un importador grande, con volúmenes altos de mercadería nacionalizada durante los meses que rigió el cobro, el monto a recuperar puede justificar perfectamente el proceso, incluso si llega a la vía judicial. 

Para los más pequeños, el cálculo es distinto: el trámite no es costoso económicamente, pero sí demanda tiempo, y eso es lo que deben evaluar antes de decidir si acuden a la Aduana.

Precedentes y perspectiva

— ¿Existen casos ya resueltos que respalden esta vía?

Sí, y son directamente aplicables. Ya existe jurisprudencia de la tasa de control aduanero que rigió entre 2017 y abril de 2018, que fue declarada ilegal por la misma Secretaría General de la CAN. 

En esos procesos he logrado entre 5 y 6 casos en los que se concretó el cobro de la devolución, el último de ellos en febrero de este año, tras sentencia ejecutoriada obtenida en un proceso judicial iniciado en 2023. Es decir, ya existen precedentes concretos que sostienen todo lo contrario a lo que ha afirmado el ministro.

— ¿Puede ocurrir que el Gobierno simplemente no devuelva, aunque haya una resolución favorable?

Puede ocurrir demora, sí. El proceso tiene una fase de cumplimiento de sentencia que, aunque es relativamente corta, depende de la gestión del Estado. En el caso que mencioné, entre el inicio del proceso judicial en 2023 y el cobro efectivo pasaron más de dos años. 

Por eso, más que el costo económico del trámite, lo que los importadores deben considerar es el tiempo que implica recorrer esa vía, especialmente para los más pequeños.

Con la declaración aduanera presentada ante la Aduana el pago indebido de la tasa queda demostrado

Sobre el entrevistado

Roberto Carmigniani es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo(UESS). 

Fue socio de Pérez Bustamante & Ponce y desde 2024 ejerce en Eduardo Carmigniani Estrategias Legales. Cuenta con más de 20 años en litigio civil, comercial y contencioso administrativo, The Legal 500 lo destacó como litigante de referencia del país.

Lo que debes saber

• El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
• Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
• Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.

La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.

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- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?

- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.

- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?

- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?

- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.

No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?

- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.

- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?

- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.

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- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.

- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?

- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.

- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?

- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.

Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?

- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.

- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?

- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.

- ¿Entonces?

- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.

Lo que debes saber de esta historia

• Seis años después de la desaparición de más de $900 millones, empresas clave del caso como Delcorp y Ecuagran continúan en procesos de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
• Documentos muestran que Cabezas-Klaere actuó como procurador judicial de las empresas y como abogado de Gad Goldstein, principal directivo del entramado investigado y actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
• Antes de llegar a la Superintendencia, su nombre ya aparecía ligado a cuestionamientos por la venta del Hotel Continental y por conflictos de intereses durante su paso por la gerencia del BIESS, según políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

(Le puede interesar: La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere)

Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

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Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

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La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.

Los puntos claves

• La solución vial en construcción en la Juan Tanca Marengo ha generado largas demoras y crecientes cuestionamientos sobre la gestión del tránsito.
• En varios tramos, los conductores invaden carriles y bloquean intersecciones en un intento por salir del embotellamiento.
• El Municipio ha dicho que habilitará un primer cuerpo de la obra de forma progresiva, pero no respondió a las consultas de EXPRESO sobre las medidas para mitigar el impacto.

La queja no es aislada: se ha convertido en una constante que crece al mismo ritmo que el tráfico en la avenida Juan Tanca Marengo, uno de los corredores más transitados de Guayaquil, por donde circulan a diario cerca de 90.000 vehículos. La ciudadanía está harta, agotada de convivir con un embotellamiento que, denuncian, es hoy la norma en la vía.

Conductores exigen al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acciones inmediatas ante un escenario que, aseguran, se ha salido de control. La construcción de la solución vial en la intersección con la avenida Rodrigo Chávez ha profundizado el colapso.

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El proyecto, que apunta precisamente a desatascar esta arteria del norte de la ciudad, como ha venido publicando EXPRESO, forma parte de una intervención de mayor escala. La obra está proyectada a estar lista en un plazo total de 20 meses desde el inicio de su construcción, en septiembre pasado. Y es precisamente eso lo que más preocupa.

“Estamos hablando de casi dos años. No vamos ni nueve meses lidiando con esa construcción y todo es un caos que se extiende por kilómetros. Necesitamos que apresuren los trabajos o que haya más agentes. Estamos pagando el costo de una intervención en marcha sin un control efectivo del tránsito. Es inconcebible movilizarse así. Un dolor de cabeza que se agudiza. ¿Así estuvo planificado que fuera desde el inicio? ¿Hubo planificación?”, cuestionó Ronald Cajamarca, conductor que usa esta ruta para llegar a su oficina, ubicada al pie de la arteria.

Nos han pedido paciencia durante meses, pero la paciencia no reduce las horas que perdemos en el tráfico. Aquí parece que la obra avanzó más rápido en los planos que en la calle. Lo que vemos es desorden, bocinas y una movilidad que empeora cada semana.Leticia Barberán, residente de Urbanor 

Desde el Municipio se ha señalado en comunicados previos que se habilitará un primer cuerpo este año, bajo un esquema de apertura progresiva similar al aplicado en el paso elevado de la avenida de las Américas, que fue puesto en funcionamiento por fases. Sin embargo, al pedido formal de este Diario para conocer la hoja de ruta prevista para “oxigenar” la vía durante la obra, el tipo de control, el número de agentes destinados al lugar y la posición del Municipio frente al cuestionamiento de posibles fallas en la planificación e improvisación, no hubo respuesta.

Pero la expectativa de una apertura parcial no ha logrado calmar la molestia de los usuarios. Para ellos, la vía “ha desaparecido” en la práctica diaria: lo que antes tomaba 30 minutos ahora puede duplicarse o extenderse aún más, sin mejoras visibles en el horizonte cercano. La obra es percibida como un factor que ha agravado el problema, especialmente por la falta de gestión del flujo vehicular durante su ejecución.

Atrapados entre filas de vehículos

Un recorrido realizado por este Diario durante varios días constató que el colapso es sostenido: en la mañana el tráfico inicia alrededor de las 07:30 y se extiende hasta las 10:00; en la tarde, el escenario se repite entre las 17:00 y las 20:00.

“Solo se ve una marea de carros con luces rojas detenidas. Es horrible, desesperante. Con suerte uno o dos agentes intentan dar paso, pero no alcanza. ¿Dónde están los agentes? Esto es infernal”, reclama Nora Bourne, quien utiliza la vía a diario para llegar a su trabajo en el centro de la ciudad.

Lo más frustrante es sentir que nadie está gestionando el problema. Si van a hacer una obra de esta magnitud, deberían existir rutas alternas claras, agentes permanentes y una estrategia visible. Hoy lo que existe es improvisación.Ana Lupera, conductora habitual de la Juan Tanca Marengo 

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La escena se vuelve aún más crítica cuando la movilidad se desborda: motocicletas que buscan avanzar terminan subiendo a las veredas ante la imposibilidad de circular, reflejando un sistema colapsado donde cada usuario intenta sobrevivir como puede.

La Juan Tanca Marengo se ha convertido en una prueba de resistencia. Uno sale con tiempo y aun así llega tarde. El tráfico ya no es un problema de ciertas horas; es prácticamente permanente.Sebastián Carrillo, conductor 

Peatones atrapados en medio del desorden

A esto se suma una situación aún más compleja para los peatones, a quienes cruzar la avenida les resulta prácticamente imposible. Cerca del Tecnológico Espíritu Santo se forma además una especie de espiral de vehículos de la que solo se logra salir entre bocinazos, mientras los conductores intentan abrirse paso a la fuerza.

En ese punto, los carros invaden carriles, se cruzan de una vía a otra y los buses bloquean intersecciones, profundizando el desorden.

“Nadie está ahí para sancionar o dar la mano. Los conductores de buses hacen lo que les da la gana, algo ya típico en la ciudad, pero en este escenario te irrita el triple porque ya estamos asqueados de permanecer atorados en un tráfico que nadie logra solucionar. El Municipio se la ha pasado diciendo que está planificando, mentira. Aquí no se planifica nada. Hay tráfico infernal en la Juan Tanca, a tal punto que llega hasta el cruce con la avenida de Las Américas y la Francisco de Orellana, y del otro lado hasta el puente que conecta con la vía a Daule. ¿Es comprensible tener que conducir así? No, nunca. Qué cosa más horrible la movilidad en Guayaquil”, señaló el conductor Diego Endara, residente de Álamos Norte.

“Si no ven a los conductores, peor a los peatones. Nosotros somos irrespetados por todos. A diario debo cruzar la avenida para llegar a mi trabajo y lo hago agarrada de la mano, como los niños, con mis compañeras, con quienes nos topamos en un punto a las 8:00. La gente se ríe, pero no es gracioso”, lamenta Karina Guevera, enfermera de un centro médico ubicado en la ruta.

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La paciencia se agota mientras avanza la construcción

La intervención vial —cuya primera estructura se construye desde septiembre de 2025— registra avances parciales: ya cuenta con 10 pilas levantadas y varios cabezales colocados. Esta fase, destinada al tránsito en sentido este-oeste, está prevista para ser entregada a inicios del segundo semestre de este año.

Sin embargo, en el terreno, la percepción ciudadana es otra: la paciencia se agota mientras la obra avanza a un ritmo que no logra aliviar el “infierno diario”.

Lo preocupante es que seguimos escuchando promesas de mejoras mientras el caos continúa. La gente no está pidiendo milagros, está pidiendo orden, control y una solución temporal mientras termina la obra.Claudia Zarate, conductora

“Siempre he pensado que las soluciones viales no solucionan realmente nada. Ustedes, a través de especialistas urbanos, lo han detallado en repetidas ocasiones. Pero aquí nadie hace caso. Más cemento solo agrava un problema que ya no da abasto. Ojalá me equivoque. Ojalá también se equivoquen en Los Ceibos, donde el tráfico es agobiante. Lo que ahora se necesita son salidas: más agentes, más control. No podemos seguir perdiendo horas en esta vía, menos con la inseguridad que tiene Guayaquil. En medio del tráfico nos pueden robar, incluso matar. ¿Y quién responde?”, sentenció Roger Santander, residente de Urdenor, otro de los vecindarios afectados.

Lo que debes saber

• La Cámara de Minería sostiene que permitir la revisión o renegociación de contratos vigentes representa una amenaza para la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
  
• El gremio asegura que la Ley de Minería ya contempla mecanismos como el ajuste soberano para garantizar que el Estado reciba como mínimo el 50 % de los beneficios totales de los proyectos.
• Aunque mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno, la Cámara no descarta futuras acciones legales.

Los acuerdos 056 y 057 firmados por Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, que dejó el cargo a finales de abril de 2026, causaron un remezón tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de mayo. La posibilidad de revisar contratos de explotación de minerales ya firmados encendió las alertas de la industria, que advierte riesgos para la seguridad jurídica y atracción de inversiones.

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Los cuatro únicos contratos de explotación de minerales, que ha firmado Ecuador en los últimos 14 años (Mirador, Fruta del Norte, Cascabel y Cangrejos), pueden ser sujetos de revisión. Así lo establece la reciente normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, que introduce cambios para el desarrollo de esta actividad, que actualmente representa el tercer rubro de exportación, está después del camarón y del petróleo.

- ¿Cómo toma la Cámara de Minería de Ecuador la publicación de estos acuerdos que permiten al Estado o la Empresa Nacional Minera (Enami) revisar o renegociar contratos cuando ellos lo consideren?

Esa disposición atenta contra la seguridad jurídica porque dice con todas las palabras que los contratos son una simple referencia. Es decir, se pueden abrir y modificar cuando el Estado lo considere conveniente. Los contratos son ley para las partes y esa es la base de cualquier inversión. Si esa base se debilita, se genera incertidumbre para todos los sectores productivos.

El sector minero apunta al diálogo

- ¿Qué implican estas disposiciones para contratos ya vigentes como los de Fruta del Norte y Mirador?

En este momento estamos en una etapa de diálogo. Creemos que el diálogo va a llegar a un buen puerto y que estas tremendas zozobras que nos generan los dos acuerdos, tal vez fueron producto de algún tipo de error. Confiamos en que la autoridad va a tener la suficiente apertura y sentido jurídico para hacer respetar el Estado de derecho.

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- El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, sostuvo que algunos contratos son desfavorables para el Estado y agregó que si no estaban de acuerdo que se podían ir. ¿Consideran qué hay apertura para el diálogo?

Esto ha generado muchísima preocupación en el sector. Estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía desde la semana pasada, vamos a tener un espacio para poder hablarlo en estos días. Esto no es un tema menor. Tengo esperanza en que el diálogo será fructífero porque al final el Estado y la industria queremos lo mismo, no somos antípodas somos aliados.

La seguridad jurídica preocupa

- ¿Qué puntos planteará la Cámara en el diálogo con el Gobierno?

Primero, que los contratos son ley para las partes. Esa es la esencia y la definición básica de un contrato. Entonces, si pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país. No es problema de un concesionario, es un efecto negativo para el país.

El segundo es que ya existen mecanismos en la Ley de Minería para proteger los intereses del Estado en el caso de un incremento de precios de los minerales, como el ajuste soberano. También nos preocupa la disposición relacionada con la propiedad de la información geológica, porque desincentiva la exploración al desconocer el riesgo y la inversión que realizan las empresas para generar ese conocimiento.

Si los contratos pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

- ¿El ajuste soberano aplica al final del proyecto?

No siempre es al final. Además, excluye los costos de exploración a través de un contrato, pese a que un proyecto grande de exploración destina alrededor de $200 millones (...) Los ecuatorianos tienen que estar absolutamente conscientes de que el Estado ecuatoriano nunca, jamás va a ganar menos de la mitad de lo que gana una compañía extranjera, porque hay un mecanismo consagrado en la Constitución y en la Ley de Minería que se llama ajuste soberano y se puede activar cuando terminas de pagar la inversión.

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¿La historia se repite?

- ¿El sector minero está viviendo lo que ocurrió con las renegociaciones petroleras durante el gobierno de Rafael Correa, que luego derivó en la presentación de arbitrajes?

No quiero comparar gobiernos. Lo que sí puedo decir es que estos acuerdos ministeriales representan una amenaza para la seguridad jurídica. En los negocios, la palabra y el cumplimiento de los contratos son fundamentales.

- Si el diálogo no prospera, como ocurrió con la tasa minera, ¿la Cámara contempla acciones legales?

En este momento nuestro mandato es dialogar. Estamos participando en conversaciones con las autoridades y esperamos que ese proceso sea fructífero. No queremos adelantar escenarios futuros.

- Luego de la tasa minera emitida en 2025 hubo mesas técnicas, diálogos y tras ello tienen ocho acciones de inconstitucionalidad en trámite.

(Silencio). Tenemos la esperanza de este canal de diálogo, la industria está actuando de buena fe. La Cámara responde también a sus socios y va a llegar un momento en que los socios posiblemente exijan cierto tipo de acciones. Por el momento es el diálogo. Pero, no descarto que más adelante el mismo socio exija algún tipo ya de una acción un poco más drástica.

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Las acciones legales no están descartadas

- ¿Esa acción drástica es un arbitraje internacional o demandas de inconstitucionalidad?

No me quiero adelantar, pero pueden ser acciones legales, no estoy amenazando por si acaso porque mi mandato ahora es dialogar.

Si es que la inversión que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- El ministro Blum dijo que si no están de acuerdo se pueden ir. ¿Es esa la opción?

No quiero llegar a ese escenario, creemos que todavía podemos hablar con el Estado, pero obviamente esta falta de seguridad jurídica no solo repele la inversión, que no llega, sino que si es que la que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos. Ya ha sucedido en el pasado con el petróleo. No queremos seguir ese camino,

- ¿Considerarían recurrir a un arbitraje internacional?

Esperemos no llegar a eso ni a acciones de inconstitucional.

La minería tiene futuro en Ecuador

-Después de la tasa minera, ajuste de la tarifa eléctrica, obligación para autogenerar su energía y los recientes acuerdos, ¿la minería tiene futuro en Ecuador?

Tenemos recursos geológicos extraordinarios y el mundo necesita minerales. La minería puede ser una herramienta clave para reducir la pobreza y atraer inversión. Pero para lograrlo necesitamos seguridad jurídica, reglas claras y un diálogo permanente entre el Estado y la industria. En Ecuador no hay inversión fresca desde hace ocho años. Sí hay los takeovers, se compran concesiones, pero no hay proyectos de exploración nuevos desde hace ocho años.

- ¿Conocía la Cámara sobre los ajustes que el Gobierno plantea en estos acuerdos?

Hace casi dos años se nos pidió observaciones sobre un borrador muy parecido a estos acuerdos. La Cámara presentó sus comentarios y posteriormente consultamos sobre su evolución, pero nunca recibimos información. Finalmente apareció publicado en el Registro Oficial el 20 de mayo. Reconocemos que es la autoridad la que emite la norma, pero creemos que las decisiones deben tomarse de manera informada y con diálogo con los sectores involucrados.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- Los acuerdos de asociatividad con la Enami no requieren un catastro abierto. ¿Los acuerdos ministeriales permiten que este camino abra las puertas a nuevas inversiones?

Las empresas serias, grandes, estandarizadas van a preferir un camino mucho más establecido que un instructivo mediante el cual a través de Enami se puedan hacer acuerdos de cooperación.

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Para venir a invertir en el país se necesita reglas de juego mucho más establecidas, porque están arriesgando tiempo y millones de dólares

Los acuerdos 056 y 057 tienen sustento legal

- ¿Y estos acuerdos no brindan esa garantía?

- Estos instructivos no te dan la seguridad que te podría dar un marco regulatorio estable y profesional hecho con los mejores estándares del mundo, hecho como tienen los demás países. Eso al final se traduce en el ánimo o no de que lleguen los inversionistas.

- ¿Lo que establecen estos acuerdos tiene un respaldo legal?

Creemos que no. Hemos hecho un análisis legal técnico y creemos que es ilegal e inconstitucional. Están cambiando reglas a través de norma secundaria. Eso, es un error legal.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot sostiene que la ciudad de Guayaquil perdió rumbo tras su salida del municipio, en 2019.
  
• El exalcalde señala que la prisión preventiva de Aquiles Álvarez es un golpe político para el Puerto Principal.
• Nebot cuestiona que la justicia sea utilizada para fines electorales tras detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, analiza con EXPRESO la crisis del municipio que dejó en 2019, la gestión de Aquiles Álvarez y el futuro político de la ciudad ante las próximas seccionales de noviembre de 2026. En una entrevista exclusiva, el exlíder municipal rompe el silencio para evaluar la pérdida de rumbo institucional, el impacto de la judicialización de la política en el Puerto Principal y el estado de los grandes proyectos de movilidad e infraestructura como la Aerovía y el nuevo aeropuerto.

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Jaime Nebot habla de recuperar la autoestima de Guayaquil y revela su futuro político

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Jaime Nebot después de la Alcaldía de Guayaquil

- Desde que salió de la Alcaldía sus apariciones han sido puntuales. ¿Por qué se ha mantenido al margen?

Porque cuando uno es funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas permanentemente. Soy de las personas que creen que uno tiene que hablar cuando tiene algo que decir, y es lo que he hecho.

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- ¿Pero con conferencias y entrevistas basta para incentivar el cambio del que usted habla en sus intervenciones?

No, pero una situación como la actual, donde el cambio es indispensable y no simplemente necesario para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, me obliga a una frecuencia mayor dentro de este plano. Estamos para ayudar a resolver problemas, no para crearlos.

Crisis municipal y la pérdida de la identidad guayaquileña

- En su más reciente aparición pública usted destacó la huella que las administraciones de León Febres-Cordero y la suya dejaron en la ciudad. ¿Por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no lo pudo sostener?

En esa misma conferencia terminé con una frase: lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. No estoy para calificar a las personas que me han sucedido, sino para calificar la realidad. Y la realidad es muy distinta de lo que yo dejé. Esta es una ciudad sin rumbo, sin metas. A eso hay que volver, porque el mayor de los bienes que tiene un ciudadano es su autoestima, y ha desaparecido.

Si ganamos (la Alcaldía de Guayaquil) y quien resulte electo no cumple, nosotros mismos impulsaremos la revocatoria de mandato.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- ¿En qué momento desapareció esa autoestima?

Cuando se van deteriorando las cosas.

- ¿Quién es responsable? En 2023, el proyecto del PSC no fue ratificado por los guayaquileños y eligió a Aquiles Álvarez como alcalde.

El pueblo pensó que algo no estaba bien. El legado no me lo pueden quitar, porque es lo que yo hice. Si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o lo empeoró.

El rol del Partido Social Cristiano y la situación de Aquiles Álvarez

- ¿Cuál es el mea culpa que hace el PSC tras perder su bastión, Guayaquil, en 2023?

Uno hace mea culpas cuando tiene la culpa de lo que pasa. El que tiene la culpa o el mérito es el que administra o quiere administrar. Y el partido no administra.

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- Tal vez otras figuras, como Doménica Tabacchi, habrían podido ser una mejor opción...

Lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no va a pasar. El pasado se acabó y sirve para enmendar errores o rescatar aciertos.

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- ¿Qué opina de la administración de Aquiles Álvarez? Permanece preso sin tener una sentencia condenatoria.

Separemos lo judicial de lo político-representativo. La justicia tendrá que resolver, ojalá dentro de la ley, lo justo. ¿Cómo no va a afectar a una ciudad que el alcalde esté preso? La ciudad está a la deriva y eso afecta y mancha el orgullo de ser guayaquileño.

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- ¿Es un perseguido político?

El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo es que es un escenario terrible. La ciudad de Guayaquil está a la deriva. La ciudad que yo dejé, comparada con esta, es otra ciudad.

- No es el único caso. Este 3 de junio de 2026 fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por un supuesto caso de lavado de activos a pocos meses de las elecciones...

Ahora esa parece ser una patente para tratar de ganar elecciones: descalificar a los que tienen los votos. No conozco el fondo, pero parece, porque es algo que sucede en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo... Y eso está mal. Los votos se ganan cumpliendo, con seriedad.

Perfil del próximo alcalde y desafíos de movilidad para Guayaquil

- Con las seccionales cerca, ¿cuál es el perfil de alcalde que necesita Guayaquil para no estar a la deriva?

Debe tener conocimiento de los problemas y sus soluciones, para quién se solucionan los problemas. Pero, sobre todo, el administrador tiene que saber que un alcalde no es un simple hacedor de obras, sino alguien que representa a una comunidad y defiende lo que la gente quiere.

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- Sin embargo, hay situaciones como la del alcalde Álvarez, que ha denunciado que precisamente por defender los intereses de Guayaquil ha sido víctima de persecución por parte del Gobierno.

Yo me enfrenté a Rafael Correa públicamente, sin insultar, pero con tesis muy claras y contrarias a las que sostenía el presidente, y no me pasó nada. La verdad no ofende. Y si ofende, es problema del ofendido.

El Gobierno de Daniel Noboa y cualquier presidente puede hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- El próximo alcalde deberá asumir viejos retos de la ciudad como la movilidad. ¿Cómo mejorarla, sin caer en situaciones como la Aerovía?

La Aerovía se hizo porque había que hacer una vía paralela aérea al puente de la Unidad Nacional. ¿Por qué se ha quedado solo para el turismo? Porque no hay un sistema de alimentación en Durán, porque no les ha dado la gana de hacerlo, y porque se ha permitido que el exceso de buses y de tráileres continúe.

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- ¿El río puede ser otra opción para la movilidad?

Hay que recuperarlo turísticamente, pero el transporte acuático para personas no es rentable por velocidad, por costo y, sobre todo, porque es una sola vía. Se tendría que dejar a la gente en varias estaciones a lo largo del malecón para que se bajen y luego tomen nuevos transportes. No es una solución integral ni válida, aunque sea bonita.

Crisis de seguridad y el futuro del aeropuerto de Daular

- La seguridad es otro reto. ¿Cómo trabajar con el Gobierno sin llegar a los extremos de la intervención, como sucede con Segura EP, o no contar con apoyo, como ha denunciado el alcalde Aquiles Álvarez?

¿Cuando fui alcalde hubo ese conflicto? No, porque había un alcalde que hacía respetar la autonomía, pero era consciente de que había que aportar para tener una política de seguridad. No desprecio ningún esfuerzo, pero el tema no está acabado. Guayaquil está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Hay esfuerzo, sí; hay una solución, no.

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- La posible construcción de un aeropuerto en Taura por parte del Gobierno es otro de los temas con los que el próximo alcalde deberá convivir. ¿El fideicomiso para el aeropuerto en Daular corre peligro?

El Gobierno de Daniel Noboa y de cualquier presidente tiene facultad para hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil. Pero no puede coger la plata de Guayaquil para hacerlo en Naranjal. Al fideicomiso no le pasará nada porque no lo puede tocar, salvo que viole la ley penal.

Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda contra tasa de basura en Quito por presuntos cobros excesivos desde enero.
• Ciudadanos y concejal denuncian incrementos en planillas de agua en Quito usados para calcular tasa de basura.
• Reclamos superan miles en Quito mientras se cuestiona el método de cobro y la ordenanza municipal vigente.

La controversia por la tasa de recolección de basura en Quito escaló a un nuevo escenario judicial. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos contra el cobro que, desde enero, se aplica a través de la planilla de agua potable.

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La decisión abre un proceso de revisión sobre una ordenanza que ha generado miles de reclamos por presuntos cobros excesivos.

Sin embargo, esta no es la única acción legal impulsada contra la medida. Hace tres meses, el concejal Michael Aulestia también presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura, donde cuestiona el mecanismo utilizado para calcular el valor que pagan los usuarios.

Reclamos se multiplican en distintos sectores de Quito

Mientras esas acciones avanzan, a cuatro meses de la entrada en vigencia del nuevo esquema, las quejas aún se acumulan. Los usuarios no solo denuncian incrementos considerables en la tasa de basura, sino también la aparición de otros rubros en las planillas de agua, cuyos conceptos y valores, aseguran, no han sido explicados con claridad por las autoridades municipales.

Uno de esos casos es el de Roselena Morales, habitante de Alangasí, quien acudió este miércoles a las oficinas municipales para solicitar explicaciones por los montos registrados en su factura.

Según relató, hace dos meses recibió una planilla con una deuda superior a los 160 dólares. Tras presentar un reclamo y llenar un formulario de revisión, obtuvo una rebaja y terminó pagando 61,10 dólares.

Posteriormente, el mes pasado canceló alrededor de nueve dólares, monto que aseguró era el valor habitual de su consumo. No obstante, en la factura más reciente volvió a registrarse un incremento inesperado. “Ahora nuevamente me sale una deuda de 160 dólares. Me acerqué a consultar y me dicen que tengo que pagar 70 dólares, pero no me dan una explicación clara sobre el motivo de estos cobros”, manifestó.

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La usuaria explicó que en su vivienda habitan cuatro personas, pero durante gran parte del día el inmueble permanece vacío debido a las actividades laborales y académicas de la familia. Por ello considera que los valores facturados no corresponden al consumo real de agua.

Las denuncias como esta se han repetido en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El origen de la polémica radica en que la tasa de basura ahora se calcula tomando como referencia el consumo de metros cúbicos de agua, un mecanismo que ha sido cuestionado por concejales, dirigentes barriales y ciudadanos.

Concejal cuestiona metodología de cálculo de la ordenanza

El concejal Wilson Merino señaló que la admisión de la demanda por parte de la Corte representaría un primer paso para revisar una ordenanza que, a su criterio, utiliza un método de cuantificación que no guarda relación entre el consumo de agua y la generación de residuos.

“Los vecinos siguen viendo con desesperación cómo llegan las planillas. Han existido medidas parche, pero no una solución definitiva”, afirmó.

Según el edil, más de 60.000 reclamos han sido registrados en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y en la Empresa Metropolitana de Aseo. Además, sostuvo que más de 420.000 usuarios pagan actualmente valores superiores a los del año pasado.

Merino aseguró que los problemas se presentan tanto en parroquias rurales como Alangasí, La Merced, Píntag, Calderón, Perucho y San José de Minas, donde los ciudadanos cuestionan pagar montos elevados pese a recibir servicios de recolección limitados. También mencionó casos en barrios antiguos de la ciudad donde fugas o daños en tuberías habrían provocado consumos elevados que terminan impactando directamente en el cálculo.

A estas denuncias se suman nuevos reclamos por otros rubros reflejados en las planillas. El concejal indicó que durante los procesos de fiscalización se han detectado presuntas inconsistencias, entre ellas, descuentos que no se aplican a adultos mayores y valores que no tendrían relación con el consumo registrado.

Este Diario buscó la versión de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) respecto a los rubros que aparecen en las planillas y sobre la demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial.

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Mientras tanto, el plazo para que el Municipio presente una reforma a la ordenanza sigue avanzando sin resultados concretos.

Entre marzo y abril, el Concejo Metropolitano mantuvo reuniones con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para analizar la posibilidad de que la tasa vuelva a cobrarse mediante la planilla de luz. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente estableció condiciones técnicas y sociales que hasta ahora no se han materializado, aseguró Merino.

Su llegada al cargo se produjo en medio de cuestionamientos por un conflicto de intereses, señalado por políticos y organizaciones de la sociedad civil, ya que su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales (+), tenía relación con Hispana de Seguros y Reaseguros S. A., empresa que prestaba servicios al Biess.

El abogado de 50 años ha estado vinculado al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere, donde trabajaba su padre y tenía acciones junto con su hermano Felipe. En la actualidad, sus acciones ahora las tiene su hijo Luis Alberto Cabezas-Klaere Ayala.

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EXPRESO intentó sostener una entrevista con Cabezas-Klaere, pero este no aceptó. “Cualquier respuesta a la entrevista sin duda será manipulada o sacada de contexto”, argumentó.

Desde este miércoles 3 de junio de 2026, este Diario publica varios episodios de los pasos del abogado escogido por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar cargos claves en la sociedad ecuatoriana.

A las preocupaciones pasadas de organizaciones de la sociedad civil se suman otras alertas, como lo hizo la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa (editora de EXPRESO).

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Al momento de la posesión de Cabezas-Klaere, el Biess mantenía una póliza de seguro de desgravamen prorrogada con Hispana de Seguros, para los préstamos hipotecarios. Esta situación se originó porque se suspendió el concurso para elegir a las empresas que ofrecerían ese aseguramiento y por acciones legales para culminar ese proceso, en 2022.

Este Diario solicitó una entrevista a dicha compañía, a través de un correo electrónico. Como respuesta, se indicó que sus políticas “no permiten entrevistas presenciales ni en vivo”.

En términos económicos, el Biess pagaba a Hispana de Seguros aproximadamente $60 millones al año por ese servicio.

En la actualidad, tres empresas, entre esas Hispana, ofrecen el seguro de desgravamen. A finales de 2024, la administración de Cabezas-Klaere en el Biess impulsó un concurso para escoger a las aseguradoras. Los afiliados y jubilados que tenían un préstamo tenían que escoger a una de las tres empresas, cuya tarifa es la misma. Quien no hacía la elección, automáticamente mantenía la cobertura con la compañía que venía ofreciendo el producto (Hispana), informó el Biess en ese año.

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, medios periodísticos han señalado que, tras su llegada a la gerencia del Biess, el nombre del padre de Cabezas-Klaere “desapareció” de los registros de la Superintendencia como directivo de la aseguradora.

EXPRESO tuvo acceso a una captura de pantalla del documento digital que data del 6 de febrero de entonces, donde se lee el nombre de esa persona y la leyenda “Miembro del Directorio-Presidente”. En una revisión al portal de la ‘Super’, del 19 de marzo de 2026, un equipo de este Diario no halló información en el apartado de Administradores Anteriores: “No se ha encontrado información para mostrar”. Sin embargo, en los registros de la aseguradora sí consta el nombre de Luis Alberto Cabezas Parrales como miembro del directorio.

En un episodio reciente, se volvió a denunciar cambios en los registros societarios. El 5 de marzo pasado, Raúl Chávez publicó un tuit dedicado a Cabezas-Klaere: “A partir del 15 de mayo del 2025, cuando esté posesionado como nuevo asambleísta de la república del Ecuador, voy a pedirle que sustente por qué han manipulado información del portal del sistema de consultas de la ‘Super’ de Compañías (...). Todo para proteger a los que entregaron el campo Sacha a dedo”.

Yo pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio.

Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

En torno a los vínculos del funcionario, dirigentes de la sociedad civil, como Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, solicitaron a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos un examen especial y un análisis al nombramiento de Cabezas-Klaere como gerente del Biess, en ese mismo orden.

La denuncia argumentaba que su designación contravenía el artículo 10 (numerales 4 y 6) de la Ley del Biess, que prohíbe ser directivo a quienes tengan vinculación con el sistema de seguros privados o representen intereses de terceros en dichas compañías.

“Pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio. El estudio jurídico asesoraba a Hispana y el padre de Cabezas-Klaere era presidente de Hispana de Seguros”, remarcó Llanes, quien dijo no haber recibido respuesta de la Contraloría.

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Este Diario preguntó a esa institución sobre ese pedido. También solicitó el documento del análisis. Ante lo cual, la entidad dijo que realizó una verificación preliminar en 2024, constatando que “la designación del funcionario se realizó conforme a la normativa y a la ley, por lo que no se identificaron irregularidades”. Sigue pendiente la entrega de la documentación.

La gestión de Cabezas-Klaere en el Biess finalizó en octubre de 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Las claves que debes saber

• Audio de Ecuavisa del 25/07/2025 revela a Inés Manzano coordinando con Celec para bloquear fiscalización del caso Progen en Ecuador.
• Conversación implica a Manzano y Diana Jácome en estrategia en Asamblea para evitar control del correísmo sobre Progen.
• Fiscalía habría excluido audio y pruebas clave y mantiene peculado pese a indicios de delincuencia organizada en Progen.

El audio que sacó al aire Ecuavisa, en el que se escucha a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, coordinando con Fabián Calero, de Celec, es la prueba de algo que ya se olía en el caso Progen: ahí hubo mucho más que peculado; huele a delincuencia organizada. Y en un eventual caso de delincuencia organizada, la investigación debería extenderse a muchos más actores que participaron en el robo al erario público de Ecuador y en el intento, evidentemente coordinado entre varios, de encubrirlo.

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Lo que hizo el audio fue poner en evidencia que el Gobierno diseñó y ejecutó un operativo político para bloquear la fiscalización en la Asamblea. 

Y, al menos en ese operativo, estuvieron involucradas dos figuras de alto perfil en la administración de Daniel Noboa: Inés Manzano y Diana Jácome. La primera, como ministra de Energía, y la segunda, que ya salió a negarlo todo, como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Las supuestas instrucciones del audio de Manzano

De acuerdo con el audio, el 25 de julio de 2025 la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, dio instrucciones a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esas instrucciones le decía que se había acordado dentro del Gobierno que el caso Progen iba a ser conocido por la comisión presidida por Jácome, como estrategia para evitar que otras comisiones, donde había mayoría del correísmo, se apoderaran de la fiscalización y evitar así el primer intento de interpelación política por los casos Progen y ATM.

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El contenido de la supuesta conversación es contundente. Manzano no solo le cuenta a Calero que existe un acuerdo con Jácome para impedir que el correísmo se tome el tema, sino que le pide (y esto quizá es lo más grave) que diga únicamente aquello que no complique más a los responsables de la trama.

“Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a las comparecencias porque otra comisión, donde está la mayoría de Revolución Ciudadana, también lo estaba pidiendo, y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’”, le dice Manzano a Calero en la primera parte. 

Manzano habría instruido qué responder en Comisión

Luego le comunica que será él quien acudirá a la audiencia y le sugiere que las preguntas que le harán ya están acordadas. “Entonces, es por eso que tendría que ir y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser”.

Por último, le ordena lo más delicado: que no diga nada que pueda comprometer a los protagonistas de la trama. “Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo y que tiene el tema de la... eh... No sé si hay una... eh... Mejor dígame qué puede decir que no vaya a ahondar más en el problema”, le dice Manzano a Calero.

Según ese medio, el audio estaba en manos de la Fiscalía, pero no había sido incorporado al expediente del caso.

La instrucción de Manzano se cumplió en la Comisión

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia en la comisión de Jácome se realizó sin la presencia de los ministros encargados, es decir, Manzano y Roberto Luque, quienes delegaron las respuestas al entonces viceministro Calero. El proceso derivó en un informe final sin establecimiento de responsabilidades políticas.

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La aparición de este material pone en evidencia que hay muchos actores que han actuado de forma concertada y coordinada para cometer el delito y encubrirlo. No solo están las instrucciones de Manzano a Calero en el audio, sino también la actuación de la Fiscalía. 

Audios y videos fueron entregados a Fiscalía

Tanto ese audio como otros documentos y videos (por ejemplo, el de los técnicos que denunciaban desde un hotel en Estados Unidos que se estaban comprando equipos que no servían), que son fundamentales para identificar a los responsables de la estafa, han sido deliberadamente excluidos del expediente por el fiscal Carlos Alarcón.

Es decir, todo apunta a que incluso Alarcón y otros funcionarios de la Fiscalía podrían ser parte de un plan concertado entre varios actores para encubrir el delito. Eso sin mencionar la no vinculación en el juicio de dos exministros claves en esta historia: la propia Manzano y Roberto Luque, así como de los dos administradores de los contratos.

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Y lo de la Fiscalía no termina ahí. Tampoco ha incluido en el proceso el contrato que Progen firmó para la planta de generación de Catamayo, donde se perfeccionó el modelo del negociado.

¿Y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)? Ese organismo tampoco hizo su trabajo pese a que, se conoce, allí existía información sobre el desfalco.

Hasta ahora, la Fiscalía ha estado presentando el caso como un delito de peculado. Pero, tal como están las cosas, aquí hay una acción concertada, lo que apunta a un posible delito de delincuencia organizada.

Diferencias entre peculado y delincuencia organizada

De acuerdo con el sistema penal ecuatoriano, en el peculado hay una o varias personas que se benefician del robo de recursos públicos. En el delito de delincuencia organizada, en cambio, se requiere la participación coordinada de varias personas y puede involucrar a funcionarios, políticos y empresarios particulares.

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Las penas también son diferentes. El delito de peculado está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En cambio, para la delincuencia organizada, la pena varía según el rol que tenga la persona dentro de la organización: los dirigentes, financistas o quienes ejerzan mando enfrentan penas de 10 a 13 años de prisión, mientras que los integrantes o colaboradores pueden recibir entre 7 y 10 años.

Según penalistas consultados, en este caso podrían coexistir ambos delitos. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido hablar de delincuencia organizada.

Lo que se sabe

• Estudiantes universitarios realizaron propuesta para unificar y hacer más caminables tres parques de La Garzota
• Espacios actualmente necesitan mantenimiento y mejoras
• Involucrar a la comunidad y mantener la esencia barrial son los retos

Caminan rápido, como esperando que alguien no las alcance. Nadie las sigue, pero perciben que en cualquier momento puede sorprenderlas un antisocial que les robe o las ataque.

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Así es la dinámica para las personas que cruzan a diario el parque ubicado en la calle peatonal que une la 5.ª y la 6.ª herradura 2A NE con la calle Luis Mendoza Moreira, en la ciudadela La Garzota.

Este es el parque que se encuentra en mal estado

Es la parte trasera del parque de un reconocido centro comercial de esta zona del norte de Guayaquil. Y es el enlace con el área verde denominada parque de La Garzota, que está junto a la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El parque de La Garzota se encuentra junto a la matriz de CNEL

Presurosa y con temor, Elizabeth Maldonado describe lo que siente al pasar por el parque peatonal, cuyos juegos infantiles están dañados, además de presentar el césped crecido, sobre el cual se ve basura regada: “Me da miedo. Pasadas las 18:00 es peligroso pasar por ahí”.

Las luminarias oxidadas y en mal estado son muestra de que la oscuridad se vuelve aliada de la delincuencia por las tardes y noches. Así lo afirma la residente Yamileidy Contreras. 

“Hay personas que se esconden detrás de los árboles o que usan como baño las paredes. Es bastante peligroso. La iluminación es pésima. Muchas personas se han quejado, pero el mantenimiento no es constante. El Municipio no viene a reparar”, menciona la moradora.

Necesitamos que haya guardias resguardando los parques, más que todo para que se mantenga el parque y también por las personas que van a pasar".
Yamileidy Contreras, residente 

Crear una red de parques en La Garzota se propone

Durante los últimos seis meses, un equipo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil recorrió esta zona para conocer sus necesidades y proponer una red de parques.

“La propuesta lo que busca es ubicar tres hitos iniciales en cada uno de los extremos del proyecto para hacer un solo parque lineal, que trate de preservar la independencia de cada manzana, pero que se entienda como un recorrido conjunto”, explica a EXPRESO el coordinador del área de Diseño de la FAU, José Aguirre-Déleg.

“Cuando se tiene un espacio público dinámico, el uso y ocupación del espacio también garantizan o ayudan a la seguridad, porque hay más ojos observando en la calle. Con esa premisa lo que se busca es que la activación de estos espacios intermedios entre parques pueda justamente activar esa dinámica social, que a su vez también permita ir mejorando la seguridad”, señala Aguirre.

Aprovechando el movimiento del centro comercial, se plantea un parque con esa temática. Mientras que para el espacio que está detrás de CNEL se buscaría algo tipo plaza, para desarrollar actividades culturales, deportivas, ferias, etc.

Finalmente, en el parque que está descuidado y otro que conduce a la cancha de tenis entre la 3.ª y la 4.ª herradura 2 NE, se aprovecharía la vegetación existente para hacer un espacio tipo jardín. 

Este último parque tiene acceso limitado porque cuenta con rejas, lo que se vuelve un desafío al momento de generar un espacio libre que integre a la comunidad y no la fragmente.

El otro parque que forma parte de la propuesta está cerrado con rejas

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Intervención debe incluir a la comunidad

Para la arquitecta María Fernanda Cárdenas, es importante que el proyecto incluya a la comunidad. “La participación real implica que los vecinos se involucren en el proyecto, no que solo lo aprueben. Hacen falta diálogos con el consejo barrial: qué actividades necesitan, en qué horarios usan el espacio, qué problemas concretos tiene el parque hoy. Sin eso, el riesgo es tener un parque bien diseñado que el barrio no siente suyo”.

“Un corredor bien ejecutado mejora la conectividad peatonal y ciclista, reduce la dependencia del automóvil, activa el entorno y da identidad al barrio. Puede fallar si el diseño no considera la escala humana: corredores anchos con poca sombra, con espacios de descanso que nadie usa porque resultan incómodos para el clima de Guayaquil”, dice Cárdenas.

Conectar los parques transformaría completamente la dinámica barrial. No hablamos de espacios aislados, sino de un sistema que activa la movilidad peatonal".
María Fernanda Cárdenas, arquitecta

EXPRESO pidió una entrevista con el Municipio para conocer los detalles y plazos de este proyecto, resultado del concurso ‘Paréntesis urbanos’, y está a la espera de una respuesta. 

En La Garzota también esperan una pronta respuesta a la necesidad comunitaria de mejorar e integrar sus espacios aplicando una visión académica.

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Lo que debes saber

• Analistas explican por qué Colombia ocupa un lugar prioritario en la agenda de Daniel Noboa.
• Expertos debaten si las acciones del mandatario constituyen una forma de incidencia en los comicios colombianos.
• La seguridad, la frontera y la relación con Estados Unidos aparecen como factores clave detrás de esta estrategia.

Dos días antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones provenientes de ese país a partir de febrero de 2026. Aunque sus acciones han sido interpretadas por algunos sectores como una posible injerencia en el proceso electoral colombiano, también abren el debate sobre la importancia estratégica que Colombia tiene en la agenda política y económica del mandatario ecuatoriano.

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De la afinidad política al cálculo geopolítico

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que las acciones del presidente Noboa constituyen una injerencia en un proceso electoral ajeno. A su criterio, la actuación del presidente no ha seguido una línea política consistente.

Recuerda que inicialmente él mostró cercanía con la presidenciable Paloma Valencia y los sectores del uribismo, pero posteriormente trasladó su respaldo hacia Abelardo de la Espriella cuando este comenzó a ganar protagonismo en las encuestas. Para la académica, ese cambio evidencia una estrategia basada más en la conveniencia coyuntural que en convicciones ideológicas definidas. “No vemos ni siquiera una línea coherente dentro de su propia área de afinidad política”.

Según la experta, detrás de estas acciones existe una intención de alinearse con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. En ese escenario, Ecuador buscaría posicionarse como uno de los principales aliados regionales de Washington en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Tomar partido en los comicios presidenciales de Colombia rompe las reglas de la diplomacia internacional y compromete a Ecuador en una disputa que no le corresponde.Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Colombia, un socio estratégico para Ecuador

Arturo Moscoso, abogado, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, manifiesta que el presidente ecuatoriano busca favorecer a un candidato que comparta una visión más cercana a la de Estados Unidos y a la estrategia de seguridad impulsada desde Washington. En contraste, recuerda que la relación entre Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha estado marcada por desacuerdos y tensiones.

El abogado Moscoso añade que Colombia ocupa un lugar prioritario para Ecuador por razones que van más allá de la política. La cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el control de las rutas de salida de cocaína convierten a ambos países en socios estratégicos en materia de seguridad.

Desde esa perspectiva, Moscoso considera que Daniel Noboa intenta contribuir a la llegada al gobierno colombiano de alguien que mantenga una visión similar sobre el combate al crimen organizado. No obstante, aclara que es imposible medir con precisión cuánto han influido las acciones del mandatario ecuatoriano en las preferencias de los votantes del vecino país.

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Una apuesta por ganar influencia regional

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que existe un componente geopolítico detrás de la actuación del presidente ecuatoriano. A su juicio, Noboa busca fortalecer una red regional de gobiernos de derecha alineados con la agenda política impulsada desde Estados Unidos.

Pino sostiene que Colombia tiene un peso estratégico que no poseen otros países con los que Ecuador mantuvo una actitud más distante durante sus recientes procesos electorales, como Perú y Chile.

Según el analista, involucrarse en Perú habría significado “perder el tiempo”, por la inestabilidad de sus gobiernos, y en Chile los beneficios políticos serían limitados, pero la contienda colombiana ofrece mayores réditos para Noboa al tratarse de un país fronterizo, con profundos vínculos económicos y de seguridad, donde además podía impulsar la llegada de un aliado afín a sus intereses.

Daniel Noboa está haciendo una apuesta por posicionar a un futuro aliado dentro de esta nueva derecha regional alineada con Estados Unidos. Le es más rentable.Juan Pino, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador

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Las advertencias sobre los costos diplomáticos

Para César Montúfar, sociólogo, exasambleísta y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es extraño que el jefe de Estado se involucre de manera tan activa en una elección de un país vecino, cuando la tradición diplomática ecuatoriana ha privilegiado la no intervención. Montúfar advierte que la estrategia puede terminar siendo contraproducente para Ecuador, independientemente del resultado electoral.

“Gane quien gane”, el país podría enfrentar costos diplomáticos, sostiene. Para Montúfar, las relaciones entre ambos países deben construirse sobre vínculos de Estado y no sobre preferencias circunstanciales.

Para Téllez, estas acciones reflejan un patrón en la gestión presidencial: “Noboa nos ha acostumbrado a su torpeza en el manejo de la política interna e internacional”.

No le encuentro una lógica. Parece una reacción personal que termina arrastrando a todo el país. Las relaciones deben construirse entre Estados y no entre candidatos.César Montúfar, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Lo que debes saber

• La renovación del CNE lleva estancada seis meses en la reformulación del banco de preguntas.
• Comisión de Selección desobedeció pedido técnico de descalificar a postulantes académicos.
• Andrés Fantoni deslinda culpas al CPCCS y responsabiliza a Comisión Ciudadana del concurso.

El concurso para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió seis meses estancado en este junio de 2026 debido a un nuevo nudo crítico: la reformulación del banco de preguntas para la fase de oposición. Tras alertas de una posible filtración en diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dispuso rehacer los cuestionarios, pero la tarea sigue pendiente por pugnas internas entre el equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección.

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Las razones detrás del nuevo retraso en el concurso

La falta de avance responde a desacuerdos en la revisión de requisitos de los académicos postulantes que elaborarán las preguntas. Entre enero y febrero de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó un nuevo listado a las universidades. No obstante, el equipo técnico recomendó descalificar a todos los nominados por falta de documentación de respaldo.

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A pesar de la advertencia, la Comisión continuó con la fase de admisibilidad. Esto generó alertas que obligaron al Pleno del CPCCS, en abril de 2026, a ordenar una nueva revisión de expedientes por parte del equipo técnico, lo que dilató aún más el proceso.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, deslindó al organismo de los retrasos acumulados en este concurso pendiente desde 2021. El funcionario aclaró que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Comisión de Selección y que el Consejo no intervendrá para evitar afectar la legalidad del proceso.

Las consecuencias institucionales de la prórroga en el CNE

Para Esteban Ron, experto electoral y decano de la Universidad Internacional SEK, este nuevo nudo crítico imposibilitará que la renovación del CNE se concrete en 2026. Las principales implicaciones de esta parálisis estatal incluyen:

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A este escenario se suma el componente político expuesto por el analista Giuseppe Cabrera, quien señala que el adelantamiento de las elecciones seccionales a noviembre de 2026 añade presiones e intereses cruzados, ya que varios consejeros del CPCCS podrían buscar la reelección en dicho proceso.

La declaración se produjo horas después de que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) derogó la medida, encendiendo alertas en el sector jurídico.

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"No habría devolución", afirmó Jaramillo. "Esos recursos fueron utilizados para la seguridad", agregó, dejando claro que el dinero ya fue ejecutado en operativos fronterizos. Con esa respuesta, el Gobierno cerró la puerta a cualquier reembolso para los importadores que pagaron el gravamen entre febrero y abril.

¿Qué dicen los expertos?

Para Daniel Legarda, exministro de Producción, la posición contradice el ordenamiento jurídico andino: la Comunidad Andina (CAN) tiene primacía sobre el derecho nacional y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. "Cuando se declara que una medida es ilegal, los recursos recabados están sujetos a devolución", dijo.

No es la primera vez: en 2024 la Corte Nacional de Justicia ya ordenó la devolución de salvaguardias que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegales, estableciendo que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario son la instancia competente para estos casos.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, fue más directo. A su juicio, la declaración del ministro busca desanimar a las empresas para que no reclamen sus derechos. "La devolución es inevitable por parte del Estado ecuatoriano", afirmó. Ballén advirtió que el camino no será sencillo: la aduana negará los reclamos administrativos en una primera instancia, no por razones jurídicas sino por presión política.

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"La aduana no va a entrar en conflicto con el ministro y peor con el presidente", explicó Ballén. 

Eso significa que los importadores deberán ir necesariamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el caso se resolverá con base en la normativa andina, jerárquicamente superior a cualquier disposición interna.

¿Qué vicio tiene la resolución del Senae?

Ballén identificó un vicio grave en la resolución del Senae que derogó la tasa: el documento no menciona en ninguna parte a la SGCAN ni a sus resoluciones, como si la declaratoria de ilegalidad no existiera. "Pretende dejar todo en el ámbito de la legislación nacional, tratando de ocultar algo que es inocultable", afirmó.

La resolución también incumple el artículo 80 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), que exige que toda tasa corresponda al costo real del servicio prestado, con una autorización formal del ente rector de comercio exterior publicada en el Registro Oficial. Ninguno de esos requisitos fue cumplido.

¿Qué dice la ley?

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) declaró mediante Resolución N° 2582 del 7 de mayo de 2026 que la tasa constituyó un gravamen incompatible con el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena desde su implementación. 

El artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano establece que el pago indebido es aquel realizado sobre la base de un tributo establecido ilegalmente. La ilegalidad opera desde el origen, no desde la resolución que la declara.

Ballén precisó además que la SGCAN rechazó expresamente la solicitud de Ecuador de suspender las resoluciones 2581 y 2582 mientras se tramita la reconsideración. Las resoluciones se mantienen en firme.

¿Hay precedentes de devolución?

En 2017, Ecuador aplicó una tasa de control aduanero que también fue declarada ilegal por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), que ordenó su eliminación.

Una de las empresas afectadas fue Attenza, operadora de tiendas Duty Free en aeropuertos, que inició un prolongado litigio para recuperar los valores pagados.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) rechazó su reclamo en 2018. Sin embargo, en 2020 el Tribunal Contencioso Tributario de Quito falló a favor de la empresa. Pese a ello, la entidad aduanera mantuvo su negativa a devolver los recursos.

Ante esa situación, Attenza presentó una demanda de impugnación en 2021. Un año después, el Tribunal Contencioso Tributario solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), que emitió la Interpretación 466. En ella estableció que las empresas tienen derecho a exigir la devolución de cobros efectuados bajo medidas que posteriormente hayan sido declaradas ilegales.

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Aunque el caso de Attenza es atípico por su magnitud y complejidad, no es el único antecedente. Abogados especializados en comercio exterior consultados por este medio señalaron que varios importadores afectados por la tasa aplicada entre 2017 y 2018 sí lograron recuperar los montos pagados mediante sentencias ejecutoriadas.

No obstante, advierten que el resultado depende de factores como la calidad de la defensa jurídica, los montos en disputa y la disposición de cada empresa para sostener procesos que pueden extenderse durante varios años.

"Tasa es tasa, sin importar el nombre que se le ponga", explicó Esteban Santos, jurista internacionalista y decano de la Universidad Hemisferios. "En 2017 la llamaron tasa de control aduanero; hoy la llaman tasa de seguridad. El tribunal ya dijo que esos cobros deben ser devueltos".

El caso de Attenza sigue abierto, pero la batalla judicial que ha librado durante casi una década dejó un precedente que hoy fortalece las reclamaciones de los importadores afectados por la actual tasa de seguridad.

¿Cómo pueden reclamar los importadores?

El procedimiento inicia con un reclamo de pago indebido ante la aduana, no ante el SRI. La declaración aduanera de importación es la prueba principal. 

Ballén advirtió que la aduana puede exigir una solicitud separada por cada importación realizada, lo que dilata el proceso.

Si la aduana niega el reclamo, el importador puede impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, con un proceso que puede extenderse de dos a tres años. "Si los montos fueron significativos, vale la pena iniciar el proceso. 

Si fueron pequeños, muchas empresas optarán por no litigar", precisó un abogado especializado consultado por este medio.

¿Pueden reclamar también por daños?

Ballén advirtió que el alcance del reclamo puede ir más allá de la devolución de la tasa. Las empresas que sufrieron pérdidas por operaciones no realizadas, contratos incumplidos o cambios forzados de proveedor pueden demandar al Estado por daños y perjuicios, amparadas en la Constitución.

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"El Estado debe responder ante los importadores, distribuidoras, comercializadoras y transportistas que sufrieron esos daños", afirmó. 

La Constitución establece que todo funcionario público responde por los perjuicios causados por sus actos, lo que abre la puerta a que el Estado repita el reclamo contra el funcionario responsable.

¿El conflicto con Colombia quedó resuelto?

La eliminación de la tasa de seguridad no pone fin al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. 

La Resolución 2583 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegal el arancel recíproco impuesto por Colombia mediante los decretos 0170 y 0455 de 2026, que establecieron gravámenes del 30%, 50% y 75% a productos ecuatorianos. 

La decisión otorgó a Bogotá un plazo de 10 días hábiles para retirar la medida, pero hasta ahora no existe una respuesta oficial sobre su cumplimiento.

Edwin Vásquez, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales, explicó que Ecuador mantiene activos dos frentes legales contra las resoluciones andinas: un recurso de reconsideración ante la SGCAN y una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). 

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Aunque el Gobierno ya eliminó la tasa de seguridad, ambos procesos siguen en curso. "Más allá de que la medida ya se retiró, esos procesos deben continuar", señaló.

Sin embargo, el especialista Francisco Ballén considera que Ecuador cometió un error de procedimiento. Según explicó, la Decisión 425 del Acuerdo de Cartagena establece que primero debe agotarse la vía administrativa ante la Secretaría General y solo después puede acudirse al TJCAN. 

Al presentar ambos recursos de manera simultánea, el tribunal probablemente devolverá la demanda de nulidad sin pronunciarse sobre el fondo del caso.

A criterio de Ballén, esto podría prolongar aún más el litigio y debilitar la capacidad negociadora de Ecuador frente a Colombia, justo cuando ambos países intentan normalizar una relación comercial que sigue marcada por temas pendientes más allá de la eliminación de la tasa de seguridad.

Lo que debe saber de esta historia

• El Hotel Continental fue vendido por $4 millones pese a que existían propuestas de hasta $12 millones, según documentos y testimonios de accionistas que se opusieron a la operación.
• Luis Alberto Cabezas-Klaere, actual superintendente de Compañías, era el gerente del Hotel Continental cuando se concretó la venta cuestionada, y tenía un rol clave en la recepción y gestión de ofertas de compra.
• La venta se aprobó tras el reemplazo repentinode un liquidador que debía votar en contra de la operación, según resoluciones y testimonios revisados por EXPRESO.

El Hotel Continental, su restaurante y bares eran puntos de reunión de empresarios, políticos y artistas. En 2022 fueron vendidos por $4 millones, en un polémico proceso de liquidación de deudas.

Sin embargo, documentos y testimonios de accionistas que se negaban a la venta por ese monto indican que hubo otras propuestas que alcanzaban los $12 millones, por lo que, dicen, se los “perjudicó”. Y aseguraron que esas intenciones fueron bloqueadas por la administración de entonces. El gerente de Continental Hotel S. A. era Luis Alberto Cabezas-Klaere, clave en la recepción de ofertas, hoy superintendente de Compañías.

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A partir de hoy EXPRESO publica varios episodios de los pasos del abogado apoyado por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar, en su momento, la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la titularidad de la Superintendencia de Compañías.

Su llegada a esas instituciones se registró en medio de señalamientos de conflictos de intereses, denunciados por políticos y organizaciones que alertaron a instancias de control.

Actualmente otros son los motivos de preocupación, como lo expuso la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa. La Corporación Participación Ciudadana también ha abogado por una prensa libre.

Las voces que relatan la llegada de Cabezas-Klaere al hotel

Para elaborar este reportaje, este Diario recogió testimonios de accionistas. Varios de ellos pidieron el anonimato por temor a una persecución y a un antecedente de amenaza telefónica durante el proceso de venta.

Continental Hotel S. A. era dueña del Hotel Continental, cuya construcción data de 1971. Varios miembros de la familia Bruzzone, a través de la compañía Bruzzicorp Cía. Ltda. (una de las accionistas mayoritarias de Continental Hotel S. A.), habían llevado las riendas de ese ícono del Guayaquil de los años 70, que quebró en pandemia.

Víctor (nombre protegido) y María Beatriz Robles Bruzzone, dos herederos de la familia, relataron a EXPRESO que Juan Francisco Bruzzone, también accionista, convenció a casi todos los socios de Bruzzicorp para cambiar al gerente del hotel, por problemas en la administración a cargo de otro familiar.

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Agregaron que Juan Francisco contactó a Juan Ramón Jiménez Carbo, quien había ocupado cargos en la ‘Super’ de Compañías, para que los ayudara a ordenar la administración de la empresa. Con él llegó Cabezas-Klaere, a quien nombrarían gerente del Continental el 11 de marzo de 2021, según las fuentes y registros. Estas aseguraron que, al contrario, cayó un manto opaco sobre las cuentas del hotel.

“Nunca se supo cuánto ganaba (Cabezas-Klaere) ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja del hotel. Y es ahí cuando algunos accionistas empezamos a sospechar que todo esto estaba armado desde el principio y que el objetivo principal era vender el hotel al primer postor”, dijo Robles Bruzzone.

Así también, otra fuente sostuvo que le pareció sospechoso que el hotel se vendiera en $4 millones cuando las deudas eran de $6 millones. “Cabezas-Klaere me contestaba, pero nunca me respondía lo que yo preguntaba”, agregó Víctor, quien coincide con otras fuentes sobre la afirmación de que Cabezas “daba largas, entregaba información fragmentada” y que “hacía caso omiso a los pedidos”.

El socio que impulsó a Cabezas-Klaere a la gerencia

Para contrastar la versión de los accionistas, este Diario conversó con Juan Francisco Bruzzone, quien aseguró que no llevó a Jiménez (su amigo de la infancia) para resolver los problemas del hotel. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los $10 mil que varios socios aseguraron haberle pagado a esa persona por una suerte de asesoría, recordó: “A ver... Yo, yo no he dado ni un centavo. Escuché del tema. Desconozco lo que me está diciendo”.

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Con el cambio de mando, Cabezas impulsó la venta del edificio y otros activos, entre 2021 y 2023, marcada por varios hechos.

Para marzo de 2021, Bruzzicorp entró en liquidación, por lo que la Superintendencia de Compañías nombró a un liquidador, quien representaría a la empresa en la junta de la compañía del Hotel Continental. Carlos Cadena fue el primero de cuatro liquidadores que ha tenido Bruzzicorp (del 9 de marzo de 2021 al 6 de abril de 2022), según los registros.

Para entonces, Bruzzicorp y otros accionistas del Continental conocían de la oferta de $4 millones. Según los documentos, en la junta de accionistas de Bruzzicorp del 1 de abril de 2022 se aprobó votar en contra de la venta del hotel en la junta de accionistas de Continental Hotel del 5 de abril.

El cambio imprevisto de liquidador que votaría contra la venta

Sin embargo, esa reunión no se dio porque un día antes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lo embargó por una mora patronal. “¿Qué pasó en esos días? Hicieron todo para cambiar al liquidador que iba a votar para que no se venda a 4 millones”, dijo una de las fuentes.

Según una resolución de la ‘Super’ de Compañías, el 6 de abril se ordenó reemplazar a Cadena por incumplimiento de funciones, y el 8 de abril se nombró a Byron Vera como nuevo liquidador, quien el 18 y 25 de abril participó en la instalación y reinstalación de la junta para resolver la venta, convocada por Cabezas-Klaere.

Contrario a la decisión de la mayoría de accionistas, Vera votó a favor de la oferta de $4 millones que hizo Golfi S. A., empresa de Simón Bolívar Rosero, personaje que compra bienes y los vende por millones o los alquila.

La firma de la carta de compra del hotel ocurrió el 26 de mayo, entre Rosero y Cabezas-Klaere.

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En contraparte, una de las fuentes aseguró que dos meses antes, el 9 de marzo, Cabezas-Klaere recibió una carta de un corredor de bienes raíces para informarle de dos interesados, cuya negociación iniciaría en $10 millones. Uno era Daniel Noboa, entonces asambleísta. Se intentó obtener una versión de Noboa, pero no fue posible.

El agente buscaba “coordinar una visita para que los interesados conozcan el interior del hotel” y luego “presentarnos una propuesta de compra”. EXPRESO contactó al agente, quien aseguró que le pusieron trabas.

Este Diario solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere, pero no aceptó. Por otro lado, está pendiente un pedido que se hizo a la institución pública que él dirige.

¿Qué dijo el comprador? Vi un papel pegado de "Se vende"

Por su parte, Simón Bolívar Rosero dijo que se enteró que el hotel estaba a la venta cuando vio un papel pegado en una pared, de esos que tienen la leyenda "Se vende".

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En un correo al que este Diario tuvo acceso, el entonces gerente del Continental dijo “que la única forma de desechar una propuesta por otra es con algo en firme (plata en mano)”.

Tras la firma del documento de compra, los accionistas buscaron más respuestas, ya que necesitaban conocer el destino del pago inicial que hizo el comprador. A esos pedidos de información se sumó el nuevo liquidador de Bruzzicorp. La ‘Super’ de Compañías reemplazó a Vera por Galo Farfán el 3 de junio, por incumplimiento de funciones.

En una petición de Farfán a Cabezas-Klaere le solicitó “conocer información financiera de Continental Hotel de 2020, 2021 y a la fecha 2022”. Sin embargo, en los casi tres meses de labores, el liquidador expuso no haber recibido información financiera, “solo hojitas extracontables”.

“Es sorprendente que alguien que administra una empresa se maneje sin información, y no se cumpla con las Normas Internacionales de Información Financiera”, se lee en su carta de renuncia a Lupe Velasco, intendenta nacional de Compañías, fechada el 24 de agosto de 2022.

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El ocaso del Continental también estuvo marcado por decisiones judiciales. Un grupo de accionistas trató de convocar una junta para el 5 de septiembre y así cambiar al gerente e intentar revertir la venta, pero uno de los socios minoritarios interpuso una acción de protección ante el juez Antonio Velázquez, de Yaguachi, quien la concedió el 31 de agosto.

Rafael Robles (+) de ACHE Cía. Ltda., otra de las accionistas del Continental, dijo entonces que dicho recurso se lo usó “para evitar que la mayoría pueda convocar a una nueva junta y deshacer el entuerto”.

Pese a las divisiones familiares y acreencias, el hotel siguió generando ofertas. El 5 de septiembre de ese año, Marcelino Moreno, de un consorcio, expuso su interés por segunda ocasión a través de una carta cuya propuesta ascendía a $11 millones, sin respuesta. Meses después lo buscaron para revenderle el edificio, afirmó un agente de bienes raíces que lo asesoró en su momento.