Una apuesta por la música tropical

• David Guerrero presenta Donde quiera que vayas, su primera bachata romántica, con la que busca transmitir un mensaje de amor, acompañamiento y esperanza.
• El cantante guayaquileño repasa además el camino que lo llevó de los coros y la docencia a construir una carrera como solista.

En un hospital, una pareja recibe una noticia devastadora. Frente a un diagnóstico que altera sus planes y pone a prueba su relación, ambos deciden afrontar juntos lo inevitable. Mientras la historia avanza, los primeros versos de David Guerrero empiezan a sonar al ritmo de una bachata: “Tú y yo, un amor, y de testigo la luna que nos abrigó…”.

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Así comienza Donde quiera que vayas, el tema más reciente del cantante guayaquileño. Su letra romántica se traslada a un videoclip en el que la enfermedad, el cuidado y el acompañamiento adquieren un rostro concreto a través de la experiencia de una paciente oncológica y de su esposo.

La canción marca un giro dentro de su repertorio. Después de varios sencillos de corte tropical y bailable, Guerrero decidió explorar un registro más íntimo con esta composición escrita por George Polanco y producida por Roberto Guerrero. El tema forma parte de Latino Soy, el álbum que ha ido construyendo durante casi una década y del que ya ha presentado cuatro canciones.

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En apenas unas semanas desde su lanzamiento, asegura, el videoclip se acercó a las 50.000 reproducciones y le abrió nuevas oportunidades fuera del país, entre ellas una nominación en República Dominicana.

“Esta es mi primera canción romántica. Mis tres temas anteriores son bailables, pero este era un tema necesario, uno que venía buscando como artista para mostrar la versatilidad interpretativa que tengo”, explica.

Música con propósito

El videoclip también funciona como una vitrina de distintos paisajes del Ecuador. El equipo grabó varias escenas en el volcán Chimborazo, una experiencia que el músico recuerda con humor debido a las dificultades de filmar a más de 5.000 metros de altura.

“Como nosotros somos costeños, tuvimos que grabar el videoclip, tomar fotografías y cambiarnos de ropa en 50 minutos. Ya no aguantábamos la presión”, cuenta entre risas.

Más allá de la anécdota, Guerrero explica que la decisión de trabajar con una paciente oncológica real respondió a una convicción personal. “Quiero que esta canción sirva de acompañamiento emocional para las personas que puedan estar atravesando procesos duros”, afirma.

Esa intención atraviesa buena parte de su trabajo. “Me gusta crear música con propósito. Creo que los artistas ecuatorianos tenemos la tarea, además de sacar un ritmo contagioso, de dar un mensaje a la sociedad”.

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Una vida marcada por el arte

Su historia con la música comenzó mucho antes de convertirse en solista. Fue su madre quien lo llevó desde niño a participar en los coros de la iglesia y en obras de teatro. En ese entonces, reconoce, el interés era más de ella que suyo.

“Siempre estuvo bastante dispuesta para que yo me inclinara por el arte, a pesar de que a mí no me gustaba mucho”, recuerda. Sin embargo, la situación cambió durante la adolescencia. A los 15 años ingresó al Conservatorio Antonio Neumane, donde estudió canto clásico durante una década, y posteriormente integró el coro de la Casa de la Cultura, experiencia que lo llevó a representar al Ecuador en escenarios de México, Argentina, Panamá y otros países.

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Después de varios años cantando en agrupaciones y orquestas, sintió que era momento de construir un proyecto propio. En 2016 escribió Latino Soy, una canción que define como un “autoconsejo” en una etapa en la que pensaba abandonar la música.

“Tocaba puertas y no se me abrían. Como no era un artista conocido, nadie me decía que sí. Un día, decepcionado, agarré mi guitarra y me puse a escribir”, recuerda.

Desde entonces, mientras desarrollaba su carrera, también concluyó sus estudios como ingeniero audiovisual y más tarde obtuvo una maestría en Educación. Durante varios años combinó la música con la docencia, impartiendo clases de arte y, actualmente, de canto.

El camino también estuvo marcado por la pérdida de su madre, un episodio que transformó la manera en que interpreta sus canciones. Antes de grabar Si yo te amo, tercer sencillo del álbum, atravesó el duelo por su fallecimiento.

“Yo tuve la bendición de verla irse”, relata. Cada vez que interpreta el verso “Yo necesito de ti para vivir”, dice, vuelve a ese instante. “Era lo que mi corazón sentía. Le decía: ‘Mamá, yo necesito de ti para vivir. ¿Por qué te vas?’”. Añade, no obstante, que en la música también halló un espacio para procesar el dolor. “La música ha sido ese aliciente, ese consuelo que he tenido para continuar con la vida”.

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Mirar hacia el futuro

Hoy, con once años de trayectoria como solista, David Guerrero mira hacia el exterior.

En las próximas semanas viajará a República Dominicana para recibir un reconocimiento relacionado con Donde quiera que vayas y cumplir una gira de medios, antes de continuar con actividades en Colombia.

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También prepara el lanzamiento de Fallaste, un nuevo merengue con el que planea regresar al sonido tropical que, asegura, mejor refleja su identidad artística. “Cuando canto mis temas movidos siento que ese soy yo. Me inyectan energía y es lo que puedo transmitir al público”, concluye.

Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Lo que debes saber

• La violencia en Ecuador opera bajo coerción local y abuso del poder público.
• Caída de costos del sicariato y armas facilita el uso delictivo de la fuerza.
• Desconfianza institucional e infiltración policial frenan las denuncias ciudadanas.

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el Ecuador pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado lo convierte en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del país.

Luis Córdova, director del programa de investigaciones Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), hace un análisis sobre si los ecuatorianos han normalizado la violencia, así como del deterioro de las instituciones, la expansión del mercado ilegal de armas y la disponibilidad de mano de obra joven han reducido los costos de usar la fuerza para resolver conflictos.

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¿Los ecuatorianos han normalizado la violencia o están aprendiendo a convivir con ella?

Yo haría una distinción importante. Hablar de que la violencia se ha ‘normalizado’ puede resultar impreciso. Hay sectores del país, especialmente en el Litoral y en algunas zonas de la Amazonía, donde operan economías ilegales como la minería, que llevan años viviendo bajo regímenes locales de violencia organizada. Allí las personas no aceptan voluntariamente esa realidad, sino que están sometidas a dinámicas de coerción que condicionan su vida cotidiana.

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¿Cuándo una sociedad empieza realmente a incorporar la violencia como parte de su comportamiento cotidiano?

El problema se vuelve mucho más profundo cuando la violencia deja de ser exclusiva de las organizaciones criminales y también es ejercida desde el poder público. Cuando quienes deberían garantizar la legalidad actúan al margen de la institucionalidad, utilizan la violencia bajo el argumento de combatir el crimen organizado o instrumentalizan las instituciones para obtener beneficios políticos, el Estado comienza a construir un nuevo patrón moral. El Estado existe porque genera consenso alrededor de reglas compartidas. Si esas reglas pasan a justificar abusos de poder o el uso arbitrario de la fuerza, entonces la violencia organizada y el abuso institucional empiezan a convertirse en referentes aceptables. Ese es un cambio extremadamente peligroso porque modifica la forma en que la sociedad entiende la resolución de los conflictos.

¿Qué consecuencias tiene para la seguridad del país que las extorsiones, los atentados o los sicariatos formen parte de la rutina cotidiana?

El primer impacto es que disminuye el costo de utilizar la violencia para resolver conflictos. Hoy conseguir armas resulta más sencillo y contratar sicarios también es mucho más barato que hace algunos años. Esto ocurre porque el mercado ilegal de armas se ha expandido y porque existe una gran cantidad de jóvenes sin empleo ni oportunidades que terminan convirtiéndose en mano de obra disponible para estas actividades criminales. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como mecanismos eficaces para resolver disputas y la violencia aparece como una alternativa rápida y accesible, aumenta el riesgo de que cada vez más personas recurran a esos mecanismos.

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¿Qué efectos tiene este contexto sobre las nuevas generaciones?

El impacto es enorme porque modifica la manera en que niños y adolescentes se relacionan con su entorno. Cuando predomina una percepción constante de inseguridad, las familias limitan la presencia de los menores en parques, calles o espacios públicos y trasladan su socialización hacia espacios cerrados como las viviendas o centros comerciales. Además, muchos jóvenes comienzan a desarrollar una lógica permanente de autoprotección y defensa personal frente a una realidad que perciben como amenazante. Es decir, la violencia no solo cambia las estadísticas del delito; también cambia la manera en que una generación aprende a convivir con el mundo.

Más allá de la seguridad ciudadana, ¿qué implicaciones políticas tiene vivir bajo un clima permanente de violencia?

La violencia genera dos emociones muy poderosas: incertidumbre y miedo. Cuando una sociedad vive bajo esos estados emocionales, resulta mucho más fácil imponer decisiones públicas sin deliberación, aprobar reformas sin suficiente debate o fortalecer prácticas autoritarias. Por eso el problema no es únicamente la criminalidad. También debemos analizar cómo el miedo puede convertirse en un recurso político para gobernar.

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¿La aparente disminución de la reacción ciudadana frente a hechos violentos puede desalentar las denuncias?

Lo que realmente inhibe la denuncia no es que las personas se acostumbren a la violencia, sino la profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad. En Ecuador, especialmente en zonas de Guayaquil afectadas por la extorsión, muchas víctimas prefieren no denunciar porque consideran que existen policías vinculados con las propias redes criminales.

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¿Qué indicadores deberían preocupar al Estado para evitar que esta violencia se convierta en una conducta socialmente aceptada?

La verdadera pregunta es si existe voluntad política para modificar este escenario o si resulta más rentable gobernar en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre. Si realmente se quisiera revertir esta situación, el primer paso sería recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma profunda de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, depurando a las instituciones infiltradas por el crimen y sancionando los abusos cometidos por sus propios integrantes.

Las claves que debes saber

• Concejo suspendió debate en Quito por falta de cuórum este miércoles.
• Proyecto busca subir pasaje urbano de 35 a 40 centavos desde enero 2027 con modernización.
• Alcalde Muñoz y ediles chocan por reforma; críticas apuntan a impacto en rutas rurales y tarifa preferencial.

La discusión sobre el incremento de la tarifa del transporte público en Quito terminó abruptamente este jueves, luego de que la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano fue suspendida por falta de cuórum.  

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La salida de varios concejales impidió continuar el primer debate del proyecto de ordenanza que propone elevar el pasaje urbano de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027, siempre que se cumplan los procesos de modernización previstos para el sistema de transporte.

La suspensión desató un nuevo enfrentamiento político entre el alcalde Pabel Muñoz y parte del Concejo. Visiblemente molesto, el burgomaestre calificó como una “falta de respeto a la ciudad” el abandono del pleno y cuestionó que algunos ediles critiquen una iniciativa que, según dijo, ni siquiera permitieron debatir.

“Luego los que no son nuestros están criticando lo que ni siquiera debaten”, reclamó tras levantarse la sesión, cuando solo permanecían 10 concejales en la sala. La jornada había iniciado pasadas las 10:30 y contemplaba la participación de 13 representantes ciudadanos mediante la figura de la silla vacía.

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Antes de la suspensión, el Municipio defendió que el incremento tarifario no responde únicamente a una necesidad económica, sino que forma parte de una transformación integral del transporte público. 

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que el proyecto fue analizado durante 53 días en mesas técnicas y que la tarifa de 40 centavos entraría en vigencia recién desde el 1 de enero de 2027. Hasta entonces se mantendría el valor actual de 35 centavos.

Muñoz aseguró que su administración recibió un sistema de movilidad “caótico” y sostuvo que el objetivo es dejar atrás un modelo que lleva tres décadas sin cambios estructurales. 

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Según indicó, este año se espera alcanzar cerca del 70% de modernización del sistema mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el servicio y fortalecer el control sobre las operadoras privadas.

El pago a transportistas estaría condicionado

El nuevo modelo plantea que los transportistas dejen de ser remunerados exclusivamente por el número de pasajeros movilizados y pasen a recibir pagos en función de los kilómetros recorridos y del cumplimiento de indicadores de calidad. 

Para ello se implementarán tres plataformas tecnológicas: el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que permitirá pagar con Cuenta Ciudad y otros medios electrónicos; el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para monitorear en tiempo real rutas, velocidades y paradas; y el Sistema de Información al Usuario (SIU), que ofrecerá datos de recorridos y tiempos estimados de llegada de las unidades.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el SAE y el SIU tienen plazo para estar operativos hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que el Sistema Integrado de Recaudo contará con un plazo adicional de ocho meses tras la aprobación de la ordenanza, debido a la importación de los equipos necesarios. 

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13 operadoras realizan pruebas

Añadió que el Municipio ya realiza pruebas con 13 de las 60 operadoras y que la plataforma tecnológica es de propiedad municipal, lo que permitirá centralizar la información y garantizar el monitoreo permanente del servicio.

Desde el sector transportista también hubo respaldo a la propuesta. Jorge Yánez afirmó que esta es la primera vez que el debate tarifario se sustenta en criterios técnicos y no únicamente políticos. Señaló que el gremio ha participado en las mesas de trabajo y que la reforma constituye un paso para reemplazar un modelo “anacrónico” por otro basado en tecnología, control y calidad del servicio.

El dirigente explicó que todas las unidades de transporte ya cuentan con equipos GPS instalados desde 2021 y que la siguiente etapa será integrar esa información con la plataforma municipal, para transmitir datos en tiempo real. 

Y añadió que aún será necesario instalar validadores para aceptar pagos con la Tarjeta Ciudad, tarjetas bancarias y otros medios electrónicos, una inversión que oscilaría entre 5.000 y 7.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. El edil Andrés Campaña calificó como “vergonzoso” que el Concejo no haya podido debatir un tema de alto impacto para la ciudadanía, aunque insistió en que su mayor preocupación es el contenido de la ordenanza.

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A su juicio, la iniciativa representa “una nueva metida de mano en los bolsillos de las familias” y modifica una normativa aprobada apenas en marzo para ampliar los plazos de implementación de la reestructuración de rutas y de los indicadores de calidad, lo que evidenciaría que las mejoras prometidas aún no están garantizadas.

Preocupación por aumento del pasaje en zona rural

Campaña advirtió además que algunas rutas urbano-rurales registrarían incrementos superiores al 20%. Y expresó su preocupación por la eliminación de la tarifa preferencial de 10 centavos para personas con discapacidad, un beneficio que, recordó, está contemplado en el Código Municipal.

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En la misma línea, Johnny Hernández, representante de la silla vacía por las personas con discapacidad y grupos vulnerables, dijo que la propuesta prioriza criterios financieros sobre un enfoque de derechos. Y advirtió que retirar ese beneficio constituiría un retroceso incompatible con la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades.

En representación de la sociedad civil, Rocío Bastidas lamentó la suspensión del debate y aseguró que la falta de cuórum refleja la ausencia de consensos sobre la reforma tarifaria. Cuestionó que el proceso carezca de transparencia y sostuvo que el Municipio no ha demostrado técnicamente por qué la tarifa debe subir a 40 centavos, ni el impacto que tendrá en las zonas rurales.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

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Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.

Lo que debes saber:

• MuNa: ‘Estratos Vivos’ fue escogida, decanos de Arquitectura y un vicerrector académico opinan al respecto.
• Decanos recuerdan que se trata de un anteproyecto y esperan que el estudio japonés, asociado a los arquitectos ecuatorianos, escuchen críticas.
• Decano señala que este proyecto, pese a cuestionamientos, fue ubicado en el tercer lugar del concurso original, del Colegio de Arquitectos.

En la última fase, incorporada por el Gobierno, del concurso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) se impuso ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, integrado por arquitectos ecuatorianos y también por el estudio japonés Sejima and Nishizawa and Associates, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker.

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Ese resultado, sin embargo, no ha cerrado el debate. En círculos culturales y académicos persisten cuestionamientos sobre el proceso, que en su etapa inicial fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. 

El antecedente ocurrió el 6 de julio, cuando se reconoció como ganador a Campo Baeza más Maoda. En la ceremonia participaron ministras como la de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar; así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

EXPRESO recabó criterios en la academia a partir de lo señalado por el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado original. En el pódcast ‘Politizados’ explicó que el SANAA fue descartado por problemas estructurales que comprometían su viabilidad.

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Según detalló, las columnas propuestas no tenían continuidad con la estructura inferior del edificio. 

Además, el diseño contemplaba fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas de uso público, elementos que, a su juicio, incrementaban el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial.

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Desde la academia, Mauricio González, decano de Arquitectura de la Universidad Central, señala que este proceso obliga a una revisión interna. Considera que ni el Gobierno ni el gremio convocaron a las universidades, cuando -dice- debieron ser un actor clave en la discusión técnica. A su criterio, la academia debe repensar su papel como fuente de análisis y asesoramiento.

Para González, el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos fue bien llevado, pero el siguiente no. “Fue como si en redes sociales se juzgara sobre una operación de corazón abierto. La arquitectura debe ser juzgada por técnicos”.

No obstante, el decano manifestó que al ser la arquitectura un producto cultural, es subjetiva y susceptible a la crítica abierta y generalizada, que puede llegar incluso al escarnio público. 

Más aún en realidades como la actual, debido a la fuerza de las redes sociales, opinó. “Por eso es importante defender y reforzar el papel del concurso y de los jurados expertos que validan a la arquitectura dentro del campo al que se pertenece, y con ello el papel de los edificios para la sociedad”.

En la misma línea, Ricardo Sandoya Lara, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, identifica dos problemas. 

El primero, la escasa vinculación con la sociedad en el diseño del proyecto. Sostiene que los procesos de esta escala deberían incorporar a la comunidad desde las bases del concurso y no limitarse a una relación entre promotor e instituciones.

El segundo problema, la débil valoración del rol profesional del arquitecto, en un contexto donde la normativa vigente resulta desactualizada, dice.

Sandoya plantea la necesidad de tener una legislación para que proyectos emblemáticos se desarrollen mediante concursos públicos regulados, como ocurre en otros países.

El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las observaciones de Zaera-Polo deben ser tomadas en cuenta, dada su trayectoria en la arquitectura contemporánea. 

Le parece que el tema de fondo fue la falta de seriedad, ya que no se respetó lo que determinó el jurado inicial. El jurado de la última fase tuvo 48 horas para evaluar a los finalistas.

Este medio contactó a decanos de la UTE, PUCE y Uisek, pero no estuvieron disponibles.

El papel de Pamela Cortés

Pamela Cortés, viceministra de Cultura, no ha estado activa en el proceso de selección. Ese lugar lo tomó Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

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Lo que debes saber:

• Terremotos en Venezuela colapsan 800 edificios; expertos alertan riesgo similar en Quito por construcciones irregulares.
• Quito sobre falla geológica: ingenieros advierten colapsos por mala calidad estructural y falta de controles en obra.
• Municipio sin datos de riesgo sísmico; expertos piden reforzar viviendas y mejorar normas de construcción en Quito.

Los recientes terremotos en Venezuela dejaron más de 800 edificios colapsados. Según reportes citados por la BBC, una de las causas fueron las construcciones irregulares. El antecedente preocupa a especialistas en Ecuador. Quito está asentado sobre la falla geológica que lleva su nombre, y expertos en ingeniería y vulcanología advierten que lo ocurrido en países vecinos es una alerta.

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“Todo lo que no se invierte al construir edificios y viviendas se convierte en vulnerabilidad, que aflora con un fiscalizador implacable: el terremoto”, alerta el geofísico Hugo Yepes. En su explicación, el sismo “delata” fallas: mezclas deficientes de hormigón, acero o varillas inadecuadas, que pueden derivar en colapsos y tragedias.

Yepes cita al geofísico Roger Bilham, quien ha advertido que los edificios mal construidos en zonas sísmicas son “armas de destrucción masiva”. Pide ver lo ocurrido en La Guaira.

Amenaza, vulnerabilidad y exposición en la capital versus lo que pasó en Venezuela

José Salvador, ingeniero de la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) del Colegio de Arquitectos de Pichincha, recuerda que Quito vive bajo una amenaza permanente. 

La ciudad, dice, comparte características geológicas con zonas afectadas en Venezuela y podría enfrentar un terremoto destructivo, pese a los periodos de aparente silencio sísmico. Subraya que los desastres no dependen solo de la naturaleza, sino también de la calidad de las construcciones. La vulnerabilidad y la exposición son determinantes.

Francisco del Salto, director metropolitano de Gestión Territorial, reconoce que no existe un estudio sobre edificaciones que podrían sufrir daños graves, moderados o leves ante un sismo. Añade que la ciudad ha resistido a eventos importantes en el pasado, pero admite que hay edificaciones levantadas de manera informal, sobre todo de baja altura.

En Ecuador sí existe una norma de construcción

Desde 2015 rige la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). Según Salvador, trae estándares mínimos para evitar el colapso: ante un sismo leve, las edificaciones no deberían presentar daños relevantes, mientras que ante uno severo deberían permitir la evacuación y preservar la vida. 

Pero ese enfoque no incorpora el costo de demoler. En países altamente sísmicos como México, Perú, Chile, Japón y Nueva Zelanda, la ley es más exigente, para evitar la demolición.

Esa es la base de la filosofía sismorresistente: invertir más en la calidad estructural para que, tras un sismo fuerte, los daños sean reparables (como ventanas o elementos no estructurales). 

Un vacío por el que no se inspecciona durante la construcción

El ingeniero Salvador explica que es obligatorio obtener una licencia de construcción para intervenciones superiores a 40 m2. Los promotores deben presentar ante la ECP los planos arquitectónicos y estructurales, cumplir requisitos y pagar la tasa.

Ve un vacío: la verificación en obra. Hoy los controles se realizan de forma aleatoria y, en muchos casos, cuando la construcción ya ha concluido.

Del Salto sabe que lo óptimo sería inspeccionar antes de iniciar la obra, durante su ejecución y al finalizarla. Pero “implicaría costos adicionales que debería asumir el administrado, podría generar resistencia. No es una decisión local. La creación de nuevos trámites depende de Loeta (Ley de Optimización de Trámites Administrativos), Cootad (Código de Ordenamiento Territorial) y Lotus (Ley de Uso y Gestión del Suelo), que obligarían a eliminar otros procesos”.

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La experiencia de reforzar en La Roldós, contada por el ingeniero Placencia

El ingeniero Patricio Placencia apunta que no es posible afirmar que determinados barrios de Quito tengan edificios seguros o inseguros frente a un sismo. 

Depende principalmente de la tipología estructural. Cuenta que él mismo pasó un año buscando un departamento que tuviera suficientes muros de hormigón, característica clave para mejorar el comportamiento estructural.

El ingeniero Placencia explica que en el caso de viviendas informales, se cree que son las más vulnerables, al tener sus columnas y vigas con mal hormigón y estribos con ganchos pequeños y poco hierro longitudinal. 

“Son de llorar”. Pero no serían las primeras en caerse. Existen viviendas más vulnerables: las de paredes sin confinar y sin armar, solo de ladrillos o bloques, cruzadas en las esquinas, pero sin cadenas ni vigas ni columnas de amarre. 

Esas, con un buen sacudón, se desarman completamente. De este tipo peligroso hay en el centro, La Mariscal, San Juan, Las Casas, Manuel Larrea y muchos otros sectores.

Salvador lamenta que constructoras y compradores se preocupen por la estética y los acabados y no pregunten por la seguridad. Dice que en Quito ya se construye con disipadores de energía, por ejemplo.

Urge un plan de rehabilitación y reforzamiento estructural.José Salvador, ingeniero

Hugo Yepes insiste en que hay que trabajar en un programa de reforzamiento, entre Municipio, propietarios e ingenieros, y quizá ir descontando el costo al ciudadano en los impuestos.

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Mientras el pago llega, hay sueldos y material que no esperan. Por eso marca el mismo número: el de un prestamista informal.

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Como ella, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a financiamiento formal, según el Banco Central. El resto se financia fuera del sistema.

Mariana ni tuvo que buscarlo. En calles y mercados, los prestamistas dejan tarjetas en las puertas de los locales: un celular y dinero en el día, sin buró. Después llega la visita, con vendedores que recorren los negocios, explicó Joaquín Dávalos, CEO de PayJoy en Ecuador.

El costo de la rapidez: cuatro veces más caro

Ella pide al menos $100.000, a un interés de entre 2% y 4% mensual. La tasa depende de quién presta, porque familiares y conocidos cobran menos, y del monto: mientras más alta es la cifra, más baja es.

Al 4%, ese piso genera $4.000 al mes. Como cancela al terminar la obra, tres o cuatro meses después, paga entre $12.000 y $16.000 solo de intereses.

En un banco le tocaría crédito productivo para pymes, con un techo de 11,83% anual: esos $100.000 a cuatro meses le costarían unos $3.943. En el chulco paga cuatro veces más.

Lo sabe y aun así llama. "Primero voy al banco, pero como no tengo respuesta, aparte de que se demora", explicó. 

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Su resumen de la banca es más duro: "Cuando usted tiene dinero, usted es importante para ellos; pero cuando no tiene dinero, no le paran bola".

Del microempresario a la tienda de barrio

Un caso así habría sido raro hace unos años. Fidel Durán, presidente del directorio de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), afirmó que el principal cliente del chulco es el microempresario.

El catedrático de la Universidad Andina David Castellanos fue más lejos: el chulco ya no golpea solo a las personas, sino a negocios formalizados que venden menos de $100.000 al año. Tiendas, llanteras, vulcanizadoras.

Y los montos crecieron. Cuando se hizo el estudio el promedio era $500; hoy ronda los $700 o $1.000, y en algunos casos llega a $200.000, precisó.

¿Por qué el banco no les presta?

Durán explicó que fallan tres cosas: 

Esa barrera es el techo a las tasas vigente desde 2007. Al impedir que la tasa refleje el riesgo de cada cliente, sostiene la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), la regulación terminó dejando gente fuera en lugar de abaratar el crédito.

"Sí existen más préstamos, pero menos personas", afirmó Durán. A eso se suma un filtro que expulsa a los pequeños: sin balances al día, el banco evalúa a la empresa como si fuera una persona, explicó Castellanos.

Su conclusión del estudio del chulco fue que la gente busca acceso más que precio: "No hay crédito más caro que el que no existe". 

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La ilusión de la cuenta bancaria

Mariana está convencida de que su préstamo es lícito: "Con las personas que yo me manejo, ellos sí hacen transferencias, porque sí es dinero lícito", explicó.

Los expertos dicen lo contrario. El economista Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad Central, recordó que solo bancos, cooperativas, mutualistas y ONG calificadas pueden prestar. "No existe otra opción".

Castellanos fue tajante: que el dinero pase por el banco no lo vuelve lícito, porque hay que probar el origen de los fondos. 

Sin esa verificación, advirtió, quien recibe puede terminar sin saberlo en el lavado.

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El rostro femenino de la exclusión

Si las empresas pequeñas son el nuevo objetivo del chulco, las mujeres son su víctima histórica: el 52,7% de quienes recurren al préstamo informal son mujeres, según el estudio de Castellanos.

La exclusión que las empuja ahí también tiene rostro femenino. Asobanca calcula que son el 58,2% de la población bancarizable que queda fuera del crédito de consumo: unos 4,2 millones.

Bajo esa cifra caben mundos distintos. En un extremo, empresarias como Mariana, que mueven cifras de seis dígitos y aun así no consiguen que un banco les responda a tiempo.

En el otro está Rosa (nombre protegido), dueña de una verdulería en el sur de Quito, que una vez estuvo a punto de cerrar porque no tenía ni $500 para reponer la mercadería.

A las dos les dijeron que no en el banco, aunque pedían cosas muy distintas. Y encontraron obstáculos que los hombres no tienen: "Los bienes están a nombre del marido, pese a que son de los dos", explicó Durán.

Las entidades exigen además la firma del cónyuge, que muchas no quieren pedir. 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) mide el resultado: el 28% de ellas tiene crédito, frente al 30% de los hombres.

Aun así pagan mejor. En PayJoy, el 56% de las clientas son madres solteras y el 84% trabaja en la economía informal, pero su mora es más baja que la de los hombres, precisó Dávalos.

La emergencia que empuja al poste

En el caso de Rosa fue una emergencia doméstica. Su hija se enfermó, los exámenes médicos consumieron el dinero del negocio y para el martes ya no tenía con qué comprar verduras en el Mercado Mayorista.

"Pedí prestado a amigos, a familiares, pero nadie podía ayudarme", contó. El chulco no fue su primera opción, sino la última. 

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Ese orden se repite: el préstamo informal se destina sobre todo a mercadería, un 41,84%, y a gastos básicos del hogar, un 30,93%.

Rosa tampoco salió a buscarlo. Vio un papel pegado en un poste con un número de teléfono, llamó y esa misma noche tenía el dinero.

Al banco nunca fue. "No entiendo bien cómo se hace. Dicen que piden un montón de papeles y yo ni sé dónde conseguir todo eso", explicó. No comparó tasas, comparó trámites.

$15 diarios: el costo que no se ve

Rosa,por precaución pidió solo $300. El prestamista le puso una condición sencilla: $15 diarios durante 30 días.

Esa cuota suma $450 en el mes. Es decir, devolvió los $300 y pagó $150 de interés: la mitad de lo que pidió. Por ese mismo préstamo, un microcrédito minorista le habría costado unos $7.

El mecanismo es el mismo en todas partes. "Te dicen: págame cinco diarios hasta finales de mes, y terminan pagando 150", describió Dávalos. El cobro diario disuelve el interés hasta volverlo invisible.

Por eso el 64,56% de los usuarios cree pagar 20% mensual, cuando el promedio real es 103%. Rosa sigue llamando al mismo número: "Ya nos conocemos".

Y el riesgo ya no es solo económico. "Los principales usureros son las propias mafias", advirtió Durán, que se estima que la usura dejaría $3.000 millones al año, sin embargo no es una cifra exacta que se pueda calcular.

¿La reforma puede alejarlas del chulco?

La Asamblea debate una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) que encarga a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria crear un régimen especial de tasas para quienes no tienen historial.

Asobanca respalda esa vía: un segmento de inclusión que incorpore temporalmente a quienes no califican, para que construyan historial y accedan después a mejores condiciones.

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El proyecto no fija ese nivel ni elimina los techos: deja la decisión en la Junta y limita esos créditos a 36 meses. 

La RFD cuenta 1,26 millones de personas ya expulsadas del sistema. Durán va más lejos y pide eliminar los techos.

Castellanos advierte el reverso: sin educación financiera, abrir crédito a quien nunca lo tuvo puede terminar en una nueva ola de morosidad.

Nadie sabe aún a qué tasa se prestará ni cuándo. Mientras se decide, Mariana seguirá llamando al mismo número, y Rosa también: el banco tarda tres meses; el chulco, un día

Las claves que debes saber

• Correísmo critica a Ortega en 2026, tras denunciar exclusión electoral contra sus movimientos en Ecuador.
• Comunicado rechaza prohibir opositores en Nicaragua mientras crece disputa electoral con Daniel Noboa.
• Acciones de Ortega en 2021 se comparan con medidas que afectan al correísmo en Ecuador.

Únicamente cuando fueron víctimas del autoritarismo de Daniel Noboa se decidieron a condenar el autoritarismo de sus amigos y aliados ideológicos. Eso es lo que ha ocurrido con el correísmo. 

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El 21 de julio de 2026, la directiva de la Revolución Ciudadana publicó un comunicado en contra del anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país. Pero hay un detalle imposible de ignorar: solo lo hicieron cuando Noboa está a punto de dejarlos fuera de los procesos electorales mediante leguleyadas y el control de los organismos electorales.

Ya sacó del registro electoral a la Revolución Ciudadana por un tema de cuentas supuestamente mal llevadas y al movimiento Amigo en el que iban a correr los correístas para las elecciones venideras, alegando que existe un documento reservado de Fiscalía sobre lavado de activos.

La hipocresía del correísmo

Resulta evidente que el comunicado de los correístas llega únicamente cuando ellos mismos se convirtieron en víctimas, pese a que Ortega gobierna desde hace casi veinte años, junto con su esposa Rosario Murillo, como un dictador cualquiera y de la peor especie.

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“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua, manifestadas por su copresidente Daniel Ortega, de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, dice el comunicado. 

Y añade una frase que expone la hipocresía del correísmo: “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”, dice el comunicado.

Hipocresía, populismo y oportunismo en estado puro. Desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado las estrategias más perversas para sacar del sistema electoral a sus adversarios -como hoy hace Daniel Noboa, según denuncian sus críticos- y el correísmo jamás dijo esta boca es mía.

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Y termina el comunicado con esta oración: “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

Ortega atacó años atrás la democracia y la RC calló

El operativo antidemocrático de Ortega alcanzó su punto más alto en 2021 cuando, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, arrestó a siete aspirantes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. 

Además, como controlaba la justicia, canceló la personería jurídica de varios partidos opositores, entre ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), la principal plataforma electoral de la oposición nicaragüense.

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Es decir, una fórmula parecida a la que hoy aplica Daniel Noboa contra la Revolución Ciudadana: ya suspendió ese partido político y recientemente hizo lo mismo con el movimiento Amigo, donde iban a inscribirse los candidatos del correísmo.

En Nicaragua, la mayoría de los precandidatos fueron acusados con base en la llamada Ley 1055, bajo cargos como “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o delitos relacionados con financiamiento extranjero. Esas acusaciones sirvieron para detenerlos e impedir legalmente la inscripción de sus candidaturas.

Así llegó Ortega a las elecciones de noviembre de 2021: sin rivales competitivos. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea concluyeron que las detenciones, las inhabilitaciones y la cancelación de partidos habían eliminado la competencia electoral y restado legitimidad al proceso.

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Así Correa defendió a Ortega

¿Y qué dijeron los correístas? ¿Qué dijo Rafael Correa? Nada, absolutamente nada. Cuando comenzaron las detenciones de precandidatos, en junio de 2021, Correa cuestionó lo que calificó como una “doble moral” de la comunidad internacional y sostuvo que Nicaragua era víctima de una campaña de desestabilización. 

No condenó los arrestos. Tampoco hizo la menor crítica a Ortega por haber eliminado de la competencia electoral a sus principales rivales mediante detenciones, inhabilitaciones y la cancelación de partidos.

Mientras la OEA, la CIDH, la Unión Europea y la ONU denunciaban que las elecciones de noviembre de 2021 carecían de competencia real, ni Correa ni los dirigentes del correísmo se sumaron a esas críticas. Más aún, en entrevistas posteriores evitó romper políticamente con Ortega.

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Criticó las sanciones internacionales e insistió en que existía una narrativa internacional sesgada contra los gobiernos de izquierda.

Exfuncionarios correístas se codeaban con Ortega

Quizá una de las máximas expresiones de esa hipocresía ocurrió en enero de 2022, cuando la excanciller correísta María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en una celebración del sandinismo, en momentos en que las condenas internacionales al autoritarismo de Ortega ocupaban los titulares del mundo. 

La acompañó el también correísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa. Ambos habían salido del gobierno de Lenín Moreno tras la ruptura entre el presidente y Rafael Correa. Durante esa visita, Espinosa pronunció un discurso que se hizo célebre por las elogiosas palabras dedicadas a Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura clave del sistema autoritario nicaragüense.

El parecido entre el régimen de Ortega y Noboa

Hay muchos parecidos, aunque también diferencias, entre lo que Ortega hizo durante la última década en Nicaragua y lo que hoy ocurre en Ecuador. 

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El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) identifica cuatro rasgos del régimen nicaragüense: exclusión de organizaciones políticas, procesos penales contra figuras opositoras, uso del sistema judicial para apartar a potenciales rivales y eliminación progresiva de la competencia electoral.

¿Coincidencias con el caso ecuatoriano? Quizá el correísmo tenga algo que decir.

Los puntos claves

• Un grupo de 45 estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil convirtió un ejercicio académico en un módulo construido que ya usa la comunidad universitaria.
• La Organización Modular Lineal (OML) fue diseñada para aprovechar una estructura existente sin dañarla y crear nuevos espacios para descansar, estudiar o trabajar.
• La arquitectura parasitaria propone reutilizar edificios, terrazas y espacios desaprovechados para crecer dentro de la ciudad sin ocupar nuevos terrenos.
• Docentes del proyecto consideran que este modelo podría aplicarse en Guayaquil para recuperar espacios urbanos subutilizados y transformar edificaciones existentes.

A simple vista parece una banca de madera más. Sin embargo, basta observar cómo se sostiene para descubrir que no descansa sobre el suelo, sino que se abraza a un edificio sin alterar su estructura. Esa es la esencia de la arquitectura parasitaria o parásita, un concepto poco conocido en Ecuador que un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil decidió sacar del papel para demostrar que también puede convertirse en una herramienta para repensar la ciudad.

Del aula a la ciudad: una estructura que dejó de ser maqueta

Todo comenzó con planos, maquetas y largas jornadas de diseño. Pero en lugar de quedarse como un ejercicio académico, la propuesta terminó convertida en un módulo de madera denominado Organización Modular Lineal (OML), una estructura que hoy ya es utilizada por la comunidad universitaria para descansar, estudiar o elaborar maquetas y que, además, abre el debate sobre una forma distinta de aprovechar los espacios urbanos.

El proyecto forma parte de la materia Proyecto 6, dedicada a la experimentación arquitectónica. Cerca de 45 estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Arquitectura, distribuidos en 13 grupos, trabajaron durante todo el semestre bajo la guía de los arquitectos y catedráticos Sebastián Almeida y Aimee Delgado, quienes decidieron convertir la asignatura en un ejercicio que fuera más allá del diseño y enfrentara a los alumnos a los desafíos de una obra real.

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“No queríamos que el prototipo se quedara en un dibujo o un ‘render’. La idea era construirlo y que los estudiantes vivieran todo el proceso. Y eso ha sido lo más gratificante”, le detalla a EXPRESO Almeida, quien además es parte del Grupo de Arquitectura Parasitaria (GAP) y líder del Laboratorio de Construcción de Materiales (COMA).

Durante varias semanas, cada equipo desarrolló una propuesta bajo un mismo desafío: crear una intervención capaz de aprovechar una estructura existente sin dañarla. Las ideas fueron sometidas a sesiones de crítica con docentes, arquitectos invitados e incluso un ingeniero calculista que evaluó su viabilidad estructural. Finalmente, un jurado eligió el proyecto que sería construido por el equipo ganador, integrado por Valeria Rosado, Juan Alarcón, Adriana Mejía y Alessia Madrid, autores de la propuesta; y Jesús Zúñiga, quien se encargó de guiar el proceso constructivo. Aunque ellos lideraron la ejecución, la etapa de montaje involucró a alumnos de los tres cursos de Proyecto 6.

Cuando una banca se convierte en una idea de ciudad

El resultado fue la Organización Modular Lineal (OML), un módulo pensado para responder a una necesidad cotidiana dentro del campus. “Queríamos tener más espacios dentro de la universidad para realizar actividades, era un ganar-ganar. Este nuevo artefacto beneficiaba mucho a la comunidad universitaria, además de que estéticamente se ve lindo. Es funcional”, explica Madrid, quien anhela ver replicadas estas estructuras en la urbe.

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Qué es la arquitectura parasitaria y cómo funciona

Aunque el nombre pueda sonar extraño, la arquitectura parasitaria no busca invadir ni reemplazar edificios existentes. Su principio, explican los docentes, se centra en aprovechar estructuras ya construidas, para incorporar nuevos espacios funcionales sin alterar la edificación principal y a costos más bajos.

“No se trata de construir de cero, sino de reutilizar el potencial de edificios que ya forman parte de la ciudad. Casas, oficinas o espacios comunitarios pueden levantarse sobre, entre o junto a construcciones existentes, aprovechando infraestructura ya instalada y evitando seguir ocupando nuevos terrenos”, resume Almeida.

Este trabajo nos hace ver que en Guayaquil existen muchos espacios para aprovechar, para hacerlos verdes, habitables y funcionales, con vida.
Adriana Mejía
Autora del proyecto

El docente explica que el término proviene de la biología, aunque en arquitectura la relación se acerca más a la simbiosis que al parasitismo. “El edificio aporta la estructura donde el nuevo elemento puede sujetarse, pero sin dañarlo. Si mañana nos dicen que retiremos el módulo, puede desmontarse y el edificio queda intacto”, aclara.

Para Delgado, el concepto también representa una alternativa para construir de forma más sostenible. “Al apoyarse en una estructura existente, se reducen el consumo de materiales y el impacto ambiental de nuevas construcciones. Es una estrategia que impulsa una ocupación más eficiente y sostenible del entorno urbano”, especifica.

Ambos coinciden en que este modelo cobra relevancia en ciudades donde el suelo disponible es cada vez más escaso y costoso. En lugar de expandir constantemente la mancha urbana, plantea reutilizar azoteas, terrazas, patios o edificaciones parcialmente desocupadas para responder a nuevas necesidades habitacionales o comunitarias.

Más que una corriente arquitectónica, consideran que se trata de una nueva manera de entender el crecimiento de las ciudades: reutilizar antes que demoler y adaptar antes que expandir.

Quito ya puso a prueba una vivienda sobre un edificio existente

Aunque el concepto todavía resulta novedoso en el país, ya existe un antecedente que demuestra su viabilidad.

En 2019, el estudio quiteño El Sindicato Arquitectura construyó la denominada Casa Parásito, una vivienda de apenas 12 metros cuadrados instalada sobre la terraza de un edificio del barrio San Juan, en Quito. El proyecto, publicado entonces por la BBC, incorporó cocina, baño, dormitorio, almacenamiento y un área para trabajar o socializar. La propuesta demostró que las estructuras existentes también pueden convertirse en nuevas oportunidades de ocupación urbana y nació precisamente para evidenciar que muchas ciudades no tienen un problema de falta de espacio, sino de cómo utilizan el que ya poseen.

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¿Puede funcionar en Guayaquil? Para Almeida, la respuesta es sí. Durante el desarrollo del proyecto universitario, el grupo de investigación analizó casos como las Casas Colectivas de la Gómez Rendón y otros conjuntos habitacionales de Guayaquil para estudiar cómo la arquitectura parásita podría convertirse en una alternativa para recuperar espacios hoy desaprovechados.

“Guayaquil podría aprovechar mucho este tipo de arquitectura. Hay espacios pequeños que requieren transformaciones. Si se hace de manera planificada, incluso podrían incorporarse fachadas verdes y recuperar sectores deteriorados”, plantea.

El docente reconoce, sin embargo, que el desafío no depende únicamente del diseño. También requiere estudios estructurales, cambios normativos y un trabajo conjunto con las comunidades que habitan esos espacios.

Delgado coincide y considera que este tipo de propuestas podrían representar una oportunidad para ciudades con edificaciones en desuso. “La propuesta plantea una relación de coexistencia entre lo antiguo y lo nuevo, donde ambas partes se complementan. Hoy la idea es aprender dentro del campus y luego, con apoyo de instituciones públicas y privadas, llevar este tipo de proyectos hacia otros espacios urbanos. Sería lo ideal”.

El desafío detrás del prototipo

Pero el aprendizaje no estuvo únicamente en el diseño. El reto, aseguran los estudiantes, apareció cuando la propuesta dejó la maqueta y pasó a convertirse en una estructura real.

Muchos nunca habían utilizado herramientas de construcción ni participado en una obra. Durante las últimas semanas del semestre (aproximadamente seis, tras la selección del proyecto ganador) aprendieron sobre cimentación, niveles, ensambles, presupuestos y organización del trabajo. Aunque la propuesta fue elegida entre los proyectos desarrollados por la clase, la etapa de construcción involucró a estudiantes de los tres cursos de Proyecto 6, no solo a los integrantes del equipo ganador.

e linda y todo, pero ya cuando la llevas a la obra es diferente. El desafío es muy grande; pero el aprendizaje, aún mayor. Fue increíble.

Alessia Madrid
Autora del prototipo

La estructura, elaborada principalmente con madera de laurel y caracolillo, permitió probar un sistema modular de uniones y conexiones entre piezas, con apoyo de elementos de fijación entregados por una empresa privada.

Quienes ya tenían experiencia en construcción, como el estudiante Jesús Zúñiga, ayudaron a orientar al resto del equipo durante el montaje. En el proceso surgieron desafíos como ajustar medidas, corregir niveles y lograr que la estructura quedara estable.

La diferencia entre dibujar una idea y construirla terminó siendo una de las principales lecciones del semestre, aseguró Juan Alarcón, uno de los autores del prototipo. “Una cosa era lo que decía la maqueta y otra muy distinta fue llevarla a la realidad”, reconoció.

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El simple hecho de manipular herramientas y llevar lo que estoy proponiendo en maqueta a la realidad fue un gran reto. Un gran salto.
Valeria Rosado
Autora del proyecto

La estructura finalmente quedó instalada dentro del campus, en una de las edificaciones que apuntan a ser reconocidas como patrimoniales. Su sistema modular y desmontable permite adaptarla a otros espacios con condiciones similares, sin intervenir de manera permanente en la construcción que la recibe.  

Los puntos claves de este artículo

• En menos de dos años, cinco episodios políticos y judiciales reconfiguraron el tablero electoral de Guayaquil y redujeron el número de actores con opciones de disputar la Alcaldía.
• La salida de potenciales candidatos, las investigaciones contra Aquiles Álvarez, la suspensión de movimientos políticos y la renuncia de Marcela Aguiñaga modificaron el escenario previo a las elecciones seccionales.
• Mientras la ciudad era escenario de esos episodios, ADN ajustó su estrategia y terminó apostando por Cynthia Viteri -exalcaldesa que enfrenta investigaciones por presunta corrupción-, para intentar conquistar uno de los principales bastiones electorales del país.

En los últimos dos años han ocurrido varios hechos que si se los ve de forma dispersa parecerían que han sido casuales, propios de un ecosistema político improvisado o desconectado. Sin embargo, las implicaciones de cada episodio han tenido un efecto directo o indirecto en los intereses del poder de turno si se los mira en conjunto.

De tal forma, varios de los eventos se han convertido en una suerte de maniobra estratégica para allanar el camino de Daniel Noboa, a través de los colores de ADN y de su carta política al gobierno local más importante de la provincia del Guayas.

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Primer episodio: Andrea González, de candidata a embajadora

Tras el fallido gobierno de Guillermo Lasso en 2023, la elección de Daniel Noboa como presidente de la República y poco más de un año de su primer mandato, corría la campaña para las elecciones generales de 2025 y entre los candidatos de ese proceso emerge la figura de Andrea González Nader.

La guayaquileña, activista ambiental y empresaria interesó a una parte del electorado por su imagen fresca y un discurso frontal contra el narcotráfico y la corrupción, bajo los colores del Partido Sociedad Patriótica. Era su segunda experiencia como candidata. En 2023 fue el binomio de Fernando Villavicencio (+).

En dichas elecciones, González quedó en el cuarto puesto de dieciséis postulantes, con 275.376 votos, detrás de Noboa, Luisa González y Leonidas Iza. Las dos campañas electorales, sus declaraciones críticas a obras de la administración de Aquiles Álvarez, como el paso elevado en la avenida del Bombero, hicieron familiar su rostro para los guayaquileños. Tanto fue así que la misma Andrea González consideró abiertamente buscar la Alcaldía de Guayaquil.

"Hemos sido claros desde el inicio. Tenemos el anhelo de transformar Guayaquil en una ciudad sostenible, dinámica, vibrante y para todos (…). Estamos en conversaciones con sectores políticos, sociales y económicos porque creemos que es el momento de un relevo generacional", dijo la ambientalista a Ecuavisa en julio de 2025.

No obstante, seis meses después, González sorprendió al aceptar el encargo de Daniel Noboa como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de Bélgica.

Esa se podría decir fue primera baja de quienes aspiraban llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

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Segundo episodio: el encarcelamiento de Aquiles Álvarez

La versión más caótica de la relación política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene sus inicios en 2023. El 9 de octubre de ese año, Álvarez criticó que Noboa, entonces candidato a la Presidencia, no asistiera a la sesión solemne de la ciudad y que realizara un acto proselitista cerca del evento del cabildo.

Al año siguiente, la Fiscalía inició las investigaciones por un presunto desvío y comercialización ilegal de combustibles subsidiados, por parte de empresas relacionadas con Álvarez, que posteriormente se conocería como caso Triple A, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).

El 9 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos en contra de Álvarez y pidió la vinculación de 10 personas más. La defensa del alcalde había logrado sortear los pedidos de prisión preventiva del Ministerio Público en esa y otras instancias hasta el 10 de febrero de 2026. Ese día, la Policía lo detiene en el allanamiento de su casa. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Álvarez también enfrenta otra investigación, denominada caso Goleada, que se deriva de Triple A.

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Mientras el alcalde ha enfrentado esas investigaciones, el Concejo Cantonal atendió un pedido de remoción del cargo, que no prosperó porque, se argumentó, su ausencia estaba justificada por estar detenido.

En la cancha electoral, Álvarez también ha realizado un movimiento que busca mantener en vigencia su mano sobre la ciudad: ante la evidente imposibilidad de correr por la reelección escogió a uno de sus abogados para que busque la alcaldía: David Norero. Así lo dijo el letrado tras haber conversado con el alcalde encarcelado.

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Tercer episodio: la RC y Amigo, suspendidos por nueve meses

Dos organizaciones políticas también han sido parte de los episodios de esta historia de poder. Los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) fueron suspendidos de la vida política por nueve meses.

Las suspensiones se derivan de los fallos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras recibir la denuncia de la Fiscalía en torno a casos de presunto lavado de activos.

La RC fue sancionada por el denominado caso Caja Chica el 6 de marzo de 2026; y, Amigo, el 17 de julio pasado. La organización correísta había definido la participación de sus cuadros bajo los colores de la lista 16, como el vehículo electoral para sortear la primera sanción.

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Cuarto episodio: la renuncia sorpresiva de Marcela Aguiñaga

La renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas tiene también un peso político importante en el tablero político, ya que la abogada que surgió de las filas correístas se había posicionado como una opción para buscar la reelección, otra dignidad local o nacional.

El 14 de mayo, Aguiñaga presentó su renuncia de forma oficial y presidió un acto de rendición de cuentas de su gestión. Días atrás, ella había indicado que tomaba la decisión de dejar ese cargo público para dedicarse al cuidado de su esposo.

En el acto de rendición de cuentas, ella indicó: “No vengo solo a rendir cuentas (…). Es un acto con sabor a despedida, pero es solo un hasta pronto”.

En la administración de Aguiñaga como prefecta del Guayas se vivieron altas y bajas en su relación con el Ejecutivo. El 22 de julio de 2024, Noboa y Aguiñaga participaron de un acto oficial. El Gobierno central entregó una garantía soberana por 50 millones de dólares, para programas de riego, vías y vivienda en Guayas.

Se fotografiaron. Ambos, sonrientes, sostuvieron una orquídea morada en una tarima.

Sin embargo, la falta de cumplimiento de compromisos generó fricciones. "En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, dijo Aguiñaga a inicios de este año. También ha sido notoria su posición frente a la situación que atraviesa el alcalde Aquiles Álvarez.

Quinto episodio: la curiosa elección de Cynthia Viteri

Se cierra el círculo. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) movió sus fichas en el proceso de perfilar a la mejor carta que convenza al electorado guayaquileño: Niels Olsen, hombre de confianza de Noboa, quien se había desempeñado como presidente de la Asamblea Nacional, renunció a ese cargo para ponerse la camiseta de futuro candidato.

El exministro de Turismo de Guillermo Lasso y Daniel Noboa usó sus redes sociales para promocionar su precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. “Guayaquil es la ciudad donde nací, donde crecí, donde están creciendo mis hijos”, dijo en un video el empresario, que está empadronado en Samborondón.

Sin embargo, el 16 de julio, ADN cambió de opinión: la futura candidata a la Alcaldía de Guayaquil será Cynthia Viteri, política que hizo su carrera en la vida pública de la mano del socialcristianismo. Fue alcaldesa de Guayaquil del 2019 al 2023. Buscó la reelección, pero perdió frente a Aquiles Álvarez.

La elección de Viteri fue sorpresiva y generó suspicacias porque previo al anuncio de ADN ocurrieron dos cosas. 

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La sorpresiva selección de Viteri reconfigura el tablero político local. Se trata de uno de los movimientos más arriesgados del oficialismo para captar el Municipio de Guayaquil, teniendo en cuenta que Viteri, como alcaldesa, hizo de su administración un proyecto personalísimo, distante al de sus antecesores y marcado por denuncias de corrupción.

Las claves que debes saber

• Precandidato de Izquierda Democrática explica por qué busca la Alcaldía de Quito tras su salida del CPCCS.
• Propone priorizar seguridad, movilidad y desarrollo social para Quito y recuperar instituciones municipales.
• Cuestiona gestión de Pabel Muñoz y plantea investigar la AMT sin subir el pasaje en 2027.

El precandidato por Izquierda Democrática (ID), Juan Esteban Guarderas, habla sobre las razones que lo llevaron a aceptar la precandidatura a la Alcaldía de Quito, explica por qué eligió ese movimiento político, plantea sus principales propuestas para la capital y cuestiona la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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¿Por qué decidió postularse a la Alcaldía de Quito y por qué considera que este es el momento adecuado?

Mi candidatura nace de un contexto muy particular. Después de mi destitución del Consejo de Participación Ciudadana se hicieron públicos chats que, a mi criterio, demostraban que yo era un obstáculo para quienes buscaban controlar instituciones del Estado. 

Eso hizo que muchos líderes barriales y ciudadanos me pidieran asumir este reto. Analicé si existían las condiciones para construir un proyecto serio y concluí que había una responsabilidad con quienes confiaban en mí.

Usted anunció su intención de ser candidato antes de tener un movimiento político. ¿Por qué eligió finalmente a la Izquierda Democrática?

Porque soy una persona de izquierda democrática. Creo en un Estado que garantice salud, educación y oportunidades con dignidad, pero rechazo los modelos autoritarios. Además, es el único partido en el que he militado y regresar era una decisión coherente. 

Finalmente, mi principal bandera es la lucha contra la corrupción y considero que la Izquierda Democrática no arrastra grandes casos de corrupción que hayan marcado su historia.

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¿Cuál considera que es el principal problema que enfrenta Quito?

El principal problema es que el crimen organizado ha ganado espacio tanto en territorios como en instituciones públicas. Eso limita la capacidad del Municipio para responder a las necesidades de los ciudadanos. Recuperar esas instituciones será prioridad.

¿Cuál sería su primera decisión si llega a la Alcaldía?

Solicitar la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Considero que es una institución que necesita ser investigada y recuperada para devolverle la confianza a la ciudadanía.

¿Qué evaluación hace de la administración del alcalde Pabel Muñoz?

Creo que el Municipio ha sido utilizado más como una plataforma política que como una institución enfocada en resolver los problemas de la ciudad. 

Quito necesita una administración técnica, con profesionales especializados y decisiones orientadas al bienestar ciudadano.

La propuesta de Juan Esteban Guarderas

¿Cuáles serán sus tres principales ejes de gobierno para Quito?

El primer eje será la seguridad. Mi diagnóstico es que Quito ha perdido control sobre parte de sus instituciones y de su territorio, por lo que el Municipio debe recuperar su capacidad de gestión y coordinación para enfrentar la delincuencia. 

El segundo eje será la movilidad, porque una ciudad donde las personas no pueden desplazarse con facilidad termina fragmentándose. El tercero será el desarrollo social, con especial atención a grupos vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia.

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¿Cómo enfrentará la inseguridad si las competencias municipales en seguridad son limitadas?

La seguridad también depende del ordenamiento territorial, de la planificación urbana y de la recuperación del espacio público. Además, propongo crear una Fiscalía Municipal que complemente el trabajo de la Fiscalía General del Estado. 

No tendría funciones para reemplazarla, sino para investigar, presentar denuncias y apoyar procesos relacionados con delitos que afectan directamente a Quito, como las extorsiones, la delincuencia organizada y las invasiones de tierras.

¿Qué medidas impulsará para reactivar la economía y apoyar a los emprendedores?

Uno de mis proyectos es crear incubadoras municipales para artesanos y pequeños productores. Estos espacios ofrecerían infraestructura, servicios básicos y condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus actividades sin asumir costos que muchas veces hacen inviables sus emprendimientos.

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Gran parte de su trayectoria pública ha estado ligada a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo garantizará que esa bandera se traduzca en una administración transparente?

Creo que varias entidades municipales no han cumplido su función. Por eso planteo una reestructuración institucional que permita reducir burocracia, fortalecer los mecanismos de control y devolver competencias a instancias que puedan ejercer una fiscalización más efectiva.

Considero que Quito Honesto no ha dado los resultados esperados en materia de prevención de la corrupción. Mi propuesta es eliminar esa entidad y redistribuir sus competencias para que existan mecanismos de control más eficientes.

También planteo eliminar la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y devolver las funciones de fiscalización a las administraciones zonales. Ellas conocen de primera mano la planificación de cada sector y pueden ejercer un control más cercano sobre el territorio.

¿Está de acuerdo con un incremento del pasaje del transporte urbano en 2027?

No. Estoy convencido de que es posible mejorar el servicio sin aumentar la tarifa. El problema del transporte público no pasa solo por el valor del pasaje, sino por una mala planificación de las rutas. 

Existen barrios con alta demanda que no cuentan con suficiente cobertura, mientras otros recorridos atraviesan zonas donde su operación resulta poco eficiente. Reorganizando el sistema se puede mejorar el servicio y mantener la tarifa actual.

¿Quién es Juan Esteban Guarderas?

Construyó su carrera pública desde la fiscalización y la defensa de la institucionalidad democrática. Abogado y activista anticorrupción, fue vocal del CPCCS y fundador de la Fundación Lucha Anticorrupción. Ahora aspira a la Alcaldía de Quito por Izquierda Democrática (ID) con propuestas para fortalecer la seguridad, la movilidad y la transparencia municipal.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa ratifica diseño de Sanaa para Museo Nacional tras dos concursos en Quito.
• Exjurado cuestiona el proyecto por riesgos técnicos, costos y conservación del patrimonio cultural.
• Polémica crece por presuntas irregularidades, conflictos de interés y cambio del ganador original.

Pudieron ahorrarse plata, tiempo y bochorno: finalmente, al cabo de un escándalo y dos concursos (uno legítimo, con un jurado internacional de primer nivel que deliberó durante más de un mes; otro de juguete, con una apresurada reunión de amigos que no tuvieron inconveniente en prestarse para la manipulación y sacar un veredicto en poco más de un día), el proyecto arquitectónico elegido para convertirse en la sede del nuevo Museo Nacional del Ecuador fue exactamente el mismo que el gobierno de Daniel Noboa había designado a dedo desde el principio. 

(Te invitamos a leer| Jurado original del nuevo Museo Nacional del Ecuador advierte riesgos del diseño ganador)

¿Alguien podía creer que ocurriría de otra forma? Se trata de “Estratos vivos”, diseño del estudio japonés Sanaa, de la arquitecta Kazuyo Sejima, con sus socios ecuatorianos A0, de Ana María Durán Calisto, entre otros. 

Es el proyecto que, durante el primer concurso, el verdadero, el gobierno quiso imponer como segundo premio con la evidente intención de reemplazar con él al que resultara ganador. El jurado no admitió las presiones y premió al que consideró mejor. Lo demás es historia.

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¿Por qué el jurado inicial no escogió al nuevo ganador?

El español Alejandro Zaera Polo, miembro de ese primer jurado de calificación (arquitecto por la Politécnica de Madrid, postgraduado en Harvard, exdecano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Princeton…), ha explicado con argumentos técnicos que no han sido rebatidos por nadie hasta la fecha las razones por las cuales el proyecto de Sanaa, elegido no por nadie más sino por el gobierno, era uno de los peores del concurso. 

Si le dieron una mención, explicó en el podcast Politizados, de este Diario, fue para manejar las presiones políticas.

Salas poco o nada flexibles, más bien pequeñas y delimitadas por grandes ventanales de vidrio curvo, que prácticamente no ofrecen ninguna posibilidad de juego museográfico; sobre ellas, una secuencia de terrazas que hará de las filtraciones un problema permanente; un acceso constante del público desde el exterior a todos los niveles, incompatible con las exigencias de seguridad de los tesoros que ahí se guardan; archivos y reserva instalados en el subsuelo, en una zona (la de la vieja laguna de Iñaquito) conocida por su altísimo nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra la parte superior del acuífero subterráneo, el punto donde la tierra está completamente saturada de agua. En otras palabras: espacios inundables. 

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Sin contar con el permanente riesgo sísmico de Quito, que se cuenta entre los más altos del mundo. Por eso, una de las consideraciones del primer jurado fue que el subsuelo era el lugar más irresponsable para situar la reserva del museo.

Eso es el proyecto ganador por voluntad del gobierno: un proyecto irresponsable. Peor aún: un anteproyecto. Ahora viene un concurso público para adjudicar la construcción, etapa en la que se descubrirá que los desafíos del diseño de Kazuyo Sejima obligarán a ajustar los presupuestos (los cien millones de dólares ya asignados serán insuficientes, según Zaera Polo) o introducir variaciones para abaratar el diseño y que terminarán convirtiéndolo en un esperpento.

Luque evade plan inmobiliario y el conflicto de interés

Roberto Luque, el ministro a cargo de este nuevo proyecto casi tan caro como Progen, no responde a ninguna de estas críticas. Le basta con el argumento de la supuesta voluntad popular, que no es otra cosa que la razón populista. 

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El museo, dice, debe ser un punto de encuentro en el que los ciudadanos se reconozcan y con el que se identifiquen. Como si el extraordinario patrimonio histórico y cultura que se va a exhibir ahí no tuviera el suficiente poder de convocatoria y la suficiente capacidad de generar identidad y encuentro.

Por lo demás, el ministro no sabe ni contesta. No se ha enterado, así dice, de ningún proyecto inmobiliario en las inmediaciones, aunque hasta la exviceministra de Cultura habló de las cinco torres en el terreno adyacente y el propio Alberto Campo Baeza, arquitecto del proyecto que ganó el primer concurso y fue desconocido por voluntad del gobierno, las incluyó en sus planos tridimensionales. 

Tampoco sabe nada Roberto Luque sobre los conflictos de interés de los miembros del jurado de juguete que nombraron para el simulacro de concurso con el que se completó el proyecto. 

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Que el Grupo Nobis, para quien trabaja uno de ellos, el arquitecto Christian Wiese, a cargo del desarrollo inmobiliario de otro de los lotes circundantes, no es del presidente sino de la tía, explica, y cuesta creer que está hablando en serio. 

El Gobierno olvida el significado del Museo Nacional

¿Y en cuanto a los líos jurídicos que provocará el hecho de haberle quitado el primer premio a su legítimo ganador? “Ese es un problema del Colegio de Arquitectos”, se lava las manos el ministro de Progen. 

Porque proclamaron al ganador sin consultar con la empresa pública a cargo del proyecto. O sea que el jurado internacional que tomó su decisión estaba ahí de adorno: al final era la empresa pública la que tenía la última palabra.

El caso es que no habrá en el Ecuador un auténtico museo nacional digno de ese nombre mientras dure el gobierno de Daniel Noboa. 

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Y no lo habrá porque la burocracia a cargo, esa argolla de especuladores enchufados que tuvieron la audacia de desprenderse de los especialistas (la viceministra de Cultura Romina Muñoz y su equipo técnico, incluido el director del Museo), esos funcionarios como el ministro de Progen, gente sin densidad intelectual ni profundidad espiritual para comprender lo que aquí está en juego, no son ni remotamente capaces de entender la dimensión del patrimonio cultural e histórico de la nación en aquello que tiene de intangible, si es que acaso la palabra “nación” les dice algo.

Para ellos nomás existe el gobierno como oportunidad de hacer negocios. Lo mejor que puede pasar en esas circunstancias es que el Museo Nacional no se construya.

Lo que debes saber

• Las utilidades empresariales crecieron 34 % en 2025 y alcanzaron un récord de $10.017 millones, pero el 87 % se concentró en las grandes empresas.
  
• Las microempresas continuaron registrando pérdidas por cuarto año consecutivo, pese a una leve reducción de los números rojos.
  
• Analistas atribuyen esta brecha a la falta de financiamiento, la inseguridad, la competencia informal y la ausencia de una ley específica para las pymes.

El 2025 dejó una fotografía aparentemente positiva para la economía ecuatoriana. Las utilidades empresariales alcanzaron niveles récord, en medio de un año de crecimiento económico. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad menos alentadora: las empresas más pequeñas, que constituyen la base del tejido productivo nacional, continuaron acumulando pérdidas.

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías), de las 149.495 empresas que presentaron sus estados financieros (el último ejercicio económico del 2025) a junio de este año, solo 68.423 registraron utilidades, lo que equivale al 46% del total de empresas.

Estos valores, según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, pasaron de 7.463 millones de dólares en 2024 a 10.017 millones en 2025, un incremento de 2.554 millones o del 34%.

No obstante, ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme.

Las grandes empresas elevaron sus ganancias

Mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.

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Más ganancias, más desigualdad

De acuerdo con este estudio, al que accedió EXPRESO, las “actividades financieras y de seguros” fueron las que concentraron las mayores utilidades el año pasado. Este sector obtuvo ganancias por 2.406 millones de dólares, equivalentes al 24,02% del total nacional, tras registrar un crecimiento del 41% respecto al año anterior.

Para Luis Bayardo, director de la carrera de Economía de la Salesiana, estos resultados son un reflejo de que el crecimiento económico no está llegando a todos los segmentos empresariales por igual. “Cada vez más gente tiene menos y menos gente tiene más”, sostiene.

El académico respalda su afirmación con datos del Banco Mundial. Según explica, el organismo divide a la población en cinco quintiles de ingreso. En 2024, el quintil más rico concentraba el 50% de todos los ingresos del país. En 2025 esa participación subió al 51%, una señal de que la distribución de la riqueza tiende a concentrarse.

Esa lógica, dice, se refleja en el sector empresarial: mientras los segmentos más grandes acumulan utilidades crecientes, miles de pequeños negocios luchan por sobrevivir.

Negocios de subsistencia

Para Christian Cisneros, representante de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), el problema comienza incluso antes de que las empresas entren al mercado.

Explica que el 95% del tejido empresarial ecuatoriano está compuesto por microempresas, pero gran parte de ellas surgen por necesidad económica o desempleo, y no como respuesta a una demanda específica del mercado.

La consecuencia de esto, señalan los expertos, es que terminan operando en un mercado donde numerosos negocios compiten entre sí por los mismos clientes, muchas veces en condiciones de informalidad y sin planificación suficiente para crecer hacia categorías superiores.

Héctor Delgado, analista económico y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), dice que a ello se suman factores como la inseguridad, la falta de liquidez y las dificultades para acceder al financiamiento formal, que obligan a muchos emprendedores a recurrir al crédito informal o al denominado ‘chulco’, con tasas de interés que, según un reciente estudio de Equifax, alcanzan en promedio el 1.238% anual.

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A ese escenario “se suma la dificultad que tienen los pequeños negocios para incorporar tecnología y con ello mejorar su productividad, además de acceder a procesos de capacitación que les permitan ser más competitivos”, en un mercado donde además compiten cada vez más productos importados y la fuerte oferta de plataformas de comercio electrónico.

Según Cisneros, rubros como el textil y el calzado han registrado caídas de entre el 30% y el 40% en sus volúmenes de ventas formales desde el año 2023, debido a una mayor oferta foránea.

Los analistas coinciden en que existe una deuda histórica en materia de políticas públicas para las pequeñas empresas. “Tenemos una Ley de Economía Popular y Solidaria, pero no hay ninguna ley de pymes”, advierte Cisneros.

A su juicio, la ausencia de un marco legal específico impide desarrollar instrumentos que permitan fortalecer a un sector que representa a la inmensa mayoría del aparato productivo nacional.

El acceso a créditos es diferenciado

Entre sus propuestas figuran la incorporación de sistemas de gestión y calidad como política de Estado, mecanismos que faciliten la asociatividad empresarial para exportar de manera conjunta y, sobre todo, soluciones para el acceso al financiamiento.

Mientras las grandes compañías acceden a créditos productivos con tasas relativamente bajas, las micro y pequeñas empresas suelen enfrentar intereses de entre el 21% y el 27% en el sistema cooperativo, debido a que muchas veces son evaluadas bajo esquemas similares a los del crédito de consumo.

Por ello, Canape plantea que la banca pública implemente sistemas de garantías o fideicomisos que respalden a las pequeñas empresas cuando no cuentan con suficientes activos para cubrir las exigencias de los bancos.

Gremios más debilitados

La situación ya muestra efectos visibles. Según Canape, varias cámaras provinciales de la pequeña industria, como las de Tungurahua e Imbabura, desaparecieron tras ser absorbidas por organizaciones empresariales más grandes.

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Esto debido a un menor número de afiliados. Gremios que antes del período 2019-2021 reunían entre 2.000 y 5.000 socios, hoy apenas mantienen entre 300 y 400 miembros.

La propia Canape funciona como una cámara de gremios que agrupa a 17 organizaciones provinciales y nacionales.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa reemplazó el Plan Fénix en 2026 con un Plan Nacional de Seguridad con metas e indicadores.
• Expertos analizan por qué el Plan Fénix nunca pudo evaluarse durante el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
• El nuevo Plan Nacional de Seguridad busca enfrentar el crimen organizado con una estrategia integral hasta 2029.

Durante casi dos años, el Gobierno de Daniel Noboa defendió el denominado Plan Fénix como el eje de su política de seguridad. Sin embargo, ese plan estuvo rodeado de un permanente cuestionamiento: nunca fue publicado, sus objetivos permanecieron reservados y jamás se conocieron indicadores que permitieran evaluar si estaba cumpliendo o no sus propósitos. Su existencia terminó convirtiéndose en un debate político más que en una política pública verificable.

Con la expedición del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Ejecutivo cambia de rumbo. El nuevo documento, de más de un centenar de páginas, reemplaza oficialmente al Plan Fénix y, por primera vez desde la llegada de Noboa al poder, establece objetivos institucionales, líneas estratégicas y resultados esperados para las entidades encargadas de la seguridad.

El giro también representa un reconocimiento implícito de una de las principales críticas que acompañó al Gobierno: la ausencia de una hoja de ruta pública.

Un vacío que se extendió por varios gobiernos

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el problema no comenzó con el Plan Fénix. Ecuador arrastra varios años sin un instrumento formal de planificación estratégica.

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"El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Integral en 2022, pero nunca llegó a consolidarse ni publicarse. Con el gobierno de Noboa tampoco existió un plan hasta ahora", explica.

A su juicio, la importancia del nuevo documento radica precisamente en que recupera una obligación establecida en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dispone la existencia de un Plan Nacional de Seguridad Integral como instrumento rector de la política pública. En ese sentido, sostiene que es el primer plan oficialmente vigente desde el publicado en 2021 y que se ubica en el nivel político-estratégico del Estado.

El contraste con el Plan Fénix es evidente. Mientras aquel permaneció bajo reserva y sin parámetros públicos de evaluación, el nuevo documento identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y plantea resultados que, al menos en teoría, podrán ser medidos.

Del secreto a la planificación

Entre los principales cambios figura una visión más amplia de la seguridad. La estrategia ya no se limita exclusivamente al accionar militar y policial. El documento incorpora a instituciones como el SNAI, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Centro Nacional de Inteligencia, además de mantener la participación de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios hasta 2027.

También reconoce amenazas que van desde el crimen organizado transnacional y la minería ilegal hasta los delitos ambientales, la corrupción y los riesgos derivados de la ciberseguridad. 

El enfoque busca integrar prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. No obstante, especialistas advierten que el verdadero desafío comienza después de la publicación del documento.

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Un plan que aún debe aterrizar

El exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, considera que el plan llega con retraso y todavía requiere convertirse en acciones concretas.

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"Este plan debió presentarse el año pasado. Está en el nivel político-estratégico; no es todavía un instrumento táctico con indicadores específicos", señala.

Para Bravo, el mayor acierto es que plantea una política pública con una visión integral, dejando atrás una estrategia exclusivamente coercitiva basada en el Bloque de Seguridad. Sin embargo, cree que su principal limitación es el horizonte temporal.

"Me hubiera gustado que fuera una política de Estado y no únicamente de Gobierno. Se fija hasta 2029, cuando debería trascender cualquier administración. La violencia no terminará en seis meses ni en un año; esto requerirá entre diez y quince años fortaleciendo las capacidades del Estado frente a las mafias", sostiene.

Las cifras que marcaron el cambio

El relevo entre el Plan Fénix y el nuevo Plan Nacional ocurre en un contexto complejo. Aunque el Gobierno ha destacado reducciones en determinados indicadores de violencia durante 2026, Ecuador continúa figurando entre los países con mayor incidencia del crimen organizado en la región y mantiene altos niveles de homicidios registrados desde el inicio del conflicto armado interno.

Esa realidad alimentó los cuestionamientos sobre la efectividad del Plan Fénix, precisamente porque nunca existieron metas públicas contra las cuales contrastar los resultados obtenidos.

Las alertas desde los derechos humanos

No todos observan con optimismo el nuevo documento. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, advierte que algunos conceptos incluidos en el plan pueden abrir espacios para interpretaciones amplias que afecten derechos fundamentales.

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"Nos preocupa profundamente la referencia al extremismo violento porque allí podría caber cualquier forma de disidencia u oposición. Eso puede afectar el derecho a la protesta y desconoce principios como la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidos por la Constitución", afirma.

Idrovo también cuestiona que el cambio de documento no implica necesariamente una transformación del modelo de seguridad. "Es una vieja receta que ya fracasó. Con el Plan Fénix Ecuador alcanzó posiciones críticas en los índices internacionales de crimen organizado y registró los mayores niveles de muertes violentas de su historia", sostiene.

Las observaciones coinciden con recientes llamados de organismos internacionales para que la cooperación en seguridad, incluida la que mantiene Ecuador con Estados Unidos, incorpore mecanismos de transparencia y respeto a los derechos humanos.

El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Las soluciones a los varios problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel.Diego Pérez, Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN

Del papel a los resultados

Para Diego Pérez, el nuevo plan constituye apenas el punto de partida. "Las soluciones a los problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel", advierte.

El académico insiste en que la recuperación de la seguridad exigirá políticas sostenidas durante varios años, articulación institucional y capacidad para convertir la planificación en resultados verificables.

En ese sentido, el principal reto del Gobierno ya no será explicar la existencia de un plan, sino demostrar que las metas plasmadas en él pueden traducirse en una reducción sostenida de la violencia. Si el Plan Fénix quedó marcado por la imposibilidad de medirlo, el nuevo Plan Nacional enfrentará una prueba distinta: ser evaluado por objetivos que ahora sí quedaron escritos.

De acuerdo con las cifras oficiales del sistema gubernamental Turismo en Cifras, en 2019, el último año previo a la pandemia de COVID-19, Ecuador recibió 2’043.993 visitantes extranjeros y obtuvo $2.288 millones por turismo receptor. Ese año, la actividad se consolidó como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país, solo por detrás del banano y el camarón.

El desplome llegó en 2020 por las restricciones sanitarias. Sin embargo, mientras países vecinos como Colombia ya superaron ampliamente sus niveles prepandemia, Ecuador todavía no consigue recuperar el terreno perdido.

El mejor desempeño del sector desde la pandemia se registró en 2023, cuando ingresaron un poco más de 1,4 millones de extranjeros y el turismo receptor generó casi $1.500 millones. Desde entonces, las llegadas volvieron a disminuir y el país ha dejado de percibir al menos $5.337 millones en ingresos turísticos acumulados durante los últimos cinco años.

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Los balnearios, entre los más golpeados

La caída se refleja en balnearios como Olón, un rincón costero donde la presencia de turistas extranjeros ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía local.

“En 2024 tuve todos los fines de semana de junio a septiembre llenos, pero en 2025 bajó mucho y, en lo que va de 2026, solo en febrero y marzo he tenido algunos”, cuenta a EXPRESO Narcisa Álvarez, quien arrienda una casa cerca del mar y forma parte de un comité de anfitriones de villas del sector. El grupo asegura que la ausencia de visitantes extranjeros se ha vuelto cada vez más evidente.

“Sabemos que la inseguridad ha influido bastante en la reducción del turismo extranjero en Olón”, puntualiza.

Aunque sí una de las más golpeadas, el problema no se limita a esta playa. La disminución de visitantes se extiende a otros balnearios de Santa Elena y afecta a una provincia donde, según el sector, hasta el 70 % de la población depende del turismo, especialmente durante las épocas de veda, cuando muchos pescadores deben suspender sus faenas.

Así lo sostiene Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, quien atribuye principalmente el descenso del turismo internacional al deterioro de la seguridad en el país durante los últimos años. Aun así, reconoce que el turismo interno ha permitido sostener la economía de las comunidades costeras.

“Nos afecta mucho porque el turismo internacional es el que más dinero deja. Los extranjeros no solo vienen a comer; también pernoctan y alquilan casas y hoteles”, explica.

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El turismo doméstico sostiene al sector

A diferencia del turismo internacional, el turismo interno sí ha superado los niveles prepandemia, al menos durante los feriados nacionales. Según el Viceministerio de Turismo, los viajes internos pasaron de 6,81 millones en 2019, cuando generaron $385 millones en gasto turístico a 8 millones en 2025, con un movimiento económico de $505 millones.

Solo en los tres primeros feriados de 2026, el gasto turístico ya suma $224,43 millones, un 22,9 % más que en el mismo período de 2025, cuando alcanzó $182,63 millones. Este crecimiento ha estado acompañado por la ampliación de los fines de semana largos impulsada por el Gobierno.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), celebra el dinamismo del turismo interno, aunque advierte que este no reemplaza el ingreso de divisas que genera el visitante extranjero.

A su juicio, además de la inseguridad (que se agravó desde 2021) y de la crisis eléctrica de 2024, el principal problema ha sido la escasa promoción internacional del país.

“Nuestros vecinos destinan entre 50 y 60 millones de dólares para promocionarse. A nosotros, en el Ministerio de Turismo nos han llegado a decir que apenas hay 400.000 dólares al año”, sostiene.

Muñetón considera que la inseguridad, por sí sola, no explica el rezago ecuatoriano. Como ejemplo menciona a Colombia, con ciudades como Cartagena y Medellín, o a Brasil con sus favelas y México, países que continúan atrayendo turistas pese a enfrentar problemas de violencia.

Y es que la comparación regional evidencia la diferencia en la recuperación. Colombia pasó de recibir 4,5 millones de turistas extranjeros en 2019 a 6,5 millones en 2025, superando ampliamente su nivel prepandemia. Perú, aunque todavía no alcanza los 4,4 millones de visitantes de 2019, ya se acercó a esa cifra al registrar 4,1 millones en 2025, según datos de los Gobiernos de ambas naciones.

“Y no todo es responsabilidad del Gobierno; las alcaldías también deben promocionar sus ciudades y muchas no lo hacen. Con la belleza que tiene Ecuador, ya deberíamos estar recibiendo unos 2,5 millones de turistas extranjeros a estas alturas”, afirma.

Tenempaguay coincide. “Solo en Santa Elena tenemos avistamiento de ballenas, observación de aves, olas para surf, mar para buceo y mucho más que ofrecer al mundo. El problema es que no lo promocionamos ni siquiera en los aeropuertos”, lamenta.

Mientras tanto, el sector privado busca revertir la tendencia. Según Muñetón, los operadores turísticos impulsan alianzas para fortalecer segmentos como el turismo de convenciones, eventos y salud, con la esperanza de recuperar el mercado internacional en los próximos años, porque, insisten, con los paisajes majestuosos que tiene, el desafío de Ecuador no está en lo que tiene para ofrecer, sino en cómo logra convencer al mundo de volver.

Lo que debes saber:

• Quito: partidos ya trabajan en listas al Concejo antes del 17 de agosto con reelecciones y nuevos candidatos.
• Listas al Concejo de Quito incluyen exfutbolistas, dirigentes y familiares de asambleístas.
• Analistas advierten falta de perfiles técnicos en candidatos al Concejo de Quito y riesgos en fiscalización.

Aunque todavía faltan casi cuatro semanas para el cierre de inscripción de candidaturas (previsto para el lunes 17 de agosto del 2026), en las organizaciones políticas ya circulan listados preliminares con los nombres de quienes aspiran a llegar al Concejo Metropolitano.

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En esas nóminas aparecen concejales que buscarán la reelección, así como exfutbolistas, comunicadores, dirigentes comunitarios, abogados, familiares de asambleístas y quienes ya han competido por otros cargos, incluso en otros partidos.

El presidente Alfredo Serrano reconoce que el corto tiempo de campaña supone una dificultad, lo que explica la apuesta por rostros conocidos, una estrategia habitual en la capital. En 2002, por ejemplo, impulsó la candidatura de la exreina y presentadora Macarena Valarezo, quien los representó hasta 2012.

¿Qué se necesita para ser concejal de la capital?

Más allá de los nombres, los requisitos para aspirar a uno de los 21 escaños del Concejo son tener al menos 18 años, estar en goce de los derechos políticos y haber nacido o residido de forma ininterrumpida durante dos años en la jurisdicción.

El analista político Santiago Cahuasquí sostiene que uno de los principales problemas en la administración de Pabel Muñoz ha sido una fiscalización condicionada por intereses y lealtades de los ediles. En ambos extremos le parece que se desdibuja su rol.

Tan problemático es que los concejales utilicen el cargo para buscar cercanía con el Gobierno, como que otros asuman una defensa incondicional del alcalde.Santiago Cahuasquí/ analista político

Cahuasquí plantea tres atributos para un concejal: solvencia técnica para elaborar ordenanzas y evaluar políticas públicas con base en evidencia; capacidad deliberativa para debatir, argumentar y construir acuerdos democráticos; y compromiso con la representación ciudadana, que permita canalizar las demandas de los barrios y traducirlas en iniciativas.

¿Qué tipo de preparación debe tener un edil?

En ese contexto, Daniela Valarezo, abogada, criminóloga y exsecretaria de Seguridad, se postula como concejala por Imparables, de Wilson Merino, quien se postula a la Alcaldía. 

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Quien aspire a un cargo de elección popular debe prepararse, más si se trata del Concejo, dice. Ve necesario plantear estrategias actualizadas y viables para enfrentar los problemas de la ciudad.

Entre sus principales preocupaciones menciona el incremento de la inseguridad, con delitos como la extorsión, las estafas, los robos y los casos vinculados al uso de escopolamina.

También advierte un deterioro en la convivencia ciudadana, reflejado, según señala, en construcciones sin permisos y en infracciones que antes no eran frecuentes, lo que atribuye a la falta de control. 

“Cada vez vemos más rostros conocidos, pero no necesariamente con la preparación que el cargo exige”, lamenta. “He decidido formar parte de una lista”.

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La visión de una exconcejala

Patricia Ruiz, exconcejala, resalta que ese cargo es un honor y una responsabilidad. Quienes ocupen uno de los escaños deben cumplir tres funciones: 

A ello se suma una dimensión esencial: actuar con ética, participar activamente en el Concejo, apoyarse en criterios técnicos y mantener cercanía con la ciudadanía.

La diversidad de perfiles (deportistas, artistas o jóvenes) no es un problema en sí. Sin embargo, los aspirantes deben estar preparados, comprometidos con la ciudad y comprender el rol del Concejo, señala.

¿Cuántos concejales tiene la capital?

Quito tiene 21 concejales, más el alcalde. La Revolución Ciudadana tiene la mayoría, gracias a aliados. En Guayaquil solamente existen 15 ediles.

Las claves que debes saber

• José De la Gasca fue excluido en 2026 del concurso para fiscal general por un requisito cuestionado.
• Exfuncionarios de Noboa, como Arrobo y Abad, enfrentaron denuncias, sanciones o disputas tras dejar el Gobierno.
• Casos ocurridos en Ecuador reavivan dudas sobre rupturas políticas y pérdida de respaldo dentro del Gobierno.

Haber sido parte del Gobierno de Daniel Noboa no parece ser una garantía para evitar caer en desgracia después de la salida. El caso de José De la Gasca parece emblemático para entender el fenómeno. Después de haber sido ministro de Gobierno y una pieza fundamental por su incondicionalidad con el presidente Noboa, ahora ni siquiera le permitieron seguir en la carrera para ser fiscal general, cargo al que empezó a aspirar, precisamente, con el auspicio del Gobierno. 

Te invitamos a leer| El nudo para elegir otra vez al fiscal sigue sin desatarse en el concurso del CPCCS

El cambió drástico contra De la Gasca

Un auspicio que terminó y que ahora se ha convertido en una evidente persecución, aunque él prefiera no darle ese calificativo. De haber sido el candidato con mayores opciones para convertirse en fiscal, porque en algún momento fue el niño de los ojos de Noboa y de sus operadores, pasó a ser víctima de un operativo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para sacarlo del camino.

La Comisión Ciudadana de Selección lo excluyó al considerar que presentó un formulario incorrecto para la declaración de conflicto de intereses, un requisito que calificó de obligatorio. De La Gasca sostiene que la decisión fue arbitraria y que forma parte de una persecución para sacarlo de la carrera. 

No existen pruebas públicas de que el Gobierno haya operado para provocar su descalificación. Sin embargo, es sabido que mantiene una fuerte influencia sobre el CPCCS y, al menos, pudo haber evitado que se lo sancionara. Si De La Gasca conservara algo de respaldo o simpatía dentro del Gobierno, difícilmente estaría en la situación en la que hoy se encuentra.

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¿Qué pasó con De La Gasca?

¿Qué pasó con De La Gasca? En realidad, no existe una explicación oficial pero circula una versión, confirmada por al menos tres fuentes vinculadas al Gobierno, según la cual su caída en desgracia se originó en la disputa que mantuvo, cuando era ministro de Gobierno, con el actual director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi. 

Según esas fuentes, De La Gasca impulsaba la creación de otro organismo de inteligencia para que el presidente no dependiera exclusivamente del CIES. 

La idea no le gustó en absoluto a Sensi-Contugi y, según se conoce, ambos estuvieron a punto de irse a los golpes durante una sesión de gabinete. 

Las mismas versiones sostienen que el director del CIES influyó para que De La Gasca dejara el Ministerio bajo la promesa de que sería fiscal general, pero que ahora ha movido sus resortes para que el CPCCS lo descalificara.

Exministros que sirvieron y ahora son perseguidos

Pero De La Gasca no es el único exministro en desgracia. También está el caso de Andrea Arrobo, exministra de Energía, quien salió del Gobierno en abril de 2024, en medio de la crisis de los apagones. Desde entonces enfrentó tres frentes distintos: una denuncia penal impulsada por el Gobierno, un juicio político en la Asamblea y varias investigaciones administrativas relacionadas con la crisis eléctrica. 

Al pedirle la renuncia, el presidente Noboa anunció que había dispuesto una investigación por presunto sabotaje en el sector eléctrico. Al día siguiente, la Secretaría General de la Administración presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Arrobo y otros funcionarios.

Paralelamente, el Gobierno anunció auditorías y exámenes sobre la actuación de funcionarios del sector eléctrico para determinar eventuales responsabilidades en la gestión de la crisis. Sin embargo, Arrobo nunca fue condenada ni sancionada, básicamente por falta de evidencias.

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El tercer caso es el de la exvicepresidenta Verónica Abad. Probablemente sea la ruptura más visible con el Gobierno. Ha denunciado reiteradamente persecución política por parte del Ejecutivo a raíz de su envío al exterior, los sumarios administrativos, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo (que luego fue anulada por la justicia constitucional) y otros conflictos institucionales.

Tampoco le fue bien a Arturo Félix Wong, quien fue secretario general de la Administración y ministro de Gobierno. Después de haber sido uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente Daniel Noboa, fue enviado como diplomático a Colombia, en lo que muchos interpretaron como una suerte de exilio político. Antes de su traslado era una de las figuras más influyentes del Gobierno.

Algo parecido ocurrió con Antonio Gonçalves, exministro de Energía, quien fue el único de los exfuncionarios involucrado en la investigación del caso Progen. 

Ni Roberto Luque ni Inés Manzano, que permanecieron más tiempo en el cargo y tuvieron mayor involucramiento en la compra de los equipos para generación eléctrica, están procesados. Tampoco la Asamblea ha permitido que sean declarados responsables políticos por ese caso.

Ahora queda por ver qué ocurrirá con Romina Muñoz, exviceministra de Cultura, a quien se le pidió la renuncia después de que el Gobierno echó abajo el concurso para el proyecto del Museo Nacional. 

Muñoz perdió el respaldo político desde Carondelet tras el resultado del concurso, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar, le solicitó la renuncia mientras ejercía el Ministerio de Cultura por encargo.

Según las versiones conocidas, Muñoz terminó convirtiéndose en una figura incómoda porque defendía la idea de que el nuevo Museo Nacional no fuera concebido como una obra destinada a aumentar el valor de los proyectos inmobiliarios cercanos al lugar donde será construido.

Los habitantes del barrio Eloy Alfaro, donde ocurrió el asalto y el posterior enfrentamiento armado, aseguran que no es la primera vez que son víctimas de episodios violentos. Además, una tienda del sector también habría sido asaltada con armas de fuego. 

Un vecino, que por seguridad prefirió no revelar su identidad, relató que vive en la zona desde hace más de 40 años y que antes era impensable que ocurrieran ataques de este tipo. Sin embargo, sostiene que tras la pandemia el barrio cambió, pues muchos propietarios se mudaron y dejaron arrendatarios de quienes poco se sabe. 

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El día del robo, una vecina observó varios objetos en el patio de la vivienda afectada, listos para ser cargados, por lo que alertó a los moradores. Ellos decidieron salir para intentar retener a los delincuentes; sin embargo, estos, al verse acorralados, dispararon para escapar. “Nuestro objetivo era retenerlos hasta que llegara la Policía y fueran detenidos”, relató la moradora.

El caso no es aislado. En las últimas semanas se han registrado otros ataques cometidos con armas de fuego, como el robo a un domicilio en la zona alta de Challuabamba, el asalto a un comerciante de ganado en los exteriores de su vivienda, en Punta Corral, o el robo a una casa en la parroquia San Joaquín. Todos quedaron registrados en cámaras de seguridad, donde se observa a grupos de delincuentes fuertemente armados actuando de manera coordinada.

Preocupación por falta de recursos 

EXPRESO recorrió distintos sectores de Cuenca y constató la preocupación de los vecinos. En parques, plazas y espacios públicos se exhiben carteles de advertencia contra la delincuencia y, al consultar a los ciudadanos, la respuesta fue casi unánime: existe temor por la creciente violencia con la que actúan los delincuentes.

El clamor ciudadano coincide en exigir mayor presencia policial, más patrullajes, la reactivación de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y una menor rotación del personal, ya que los constantes cambios dificultan la continuidad de los proyectos preventivos. 

En la parroquia Totoracocha, una de las más extensas y pobladas de Cuenca, los vecinos señalaron que existe una sola UPC y que el número de uniformados resulta insuficiente para cubrir todo el territorio. 

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En el sur de la ciudad, en el barrio Simón Bolívar, la realidad es distinta, pero igual de preocupante: hace más de dos años comenzó la construcción de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC Yanuncay), pero desde hace más de un año permanece abandonada. Los moradores exigen que la obra sea concluida para fortalecer la seguridad del sector.

Cifras que no reflejan el sentir ciudadano

Las estadísticas oficiales reflejan una aparente disminución del 35 % en los delitos durante el primer semestre de 2026, pese a la percepción ciudadana y a los recientes hechos violentos. Robos con armas de fuego, asaltos cometidos por grupos numerosos, balaceras y extorsiones han incrementado la percepción de inseguridad en la ciudad.

Para el comandante de la Subzona de Policía Azuay, coronel Ángel Esquivel, ambos escenarios pueden coexistir: una reducción en las cifras oficiales y, al mismo tiempo, delitos cada vez más violentos. Además, reconoció que existe un subregistro debido a que muchas víctimas no presentan denuncias formales.

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La Policía también advirtió que las armas de fuego y las armas blancas continúan siendo los principales instrumentos utilizados por los delincuentes. 

Solo en junio fueron incautadas 12 armas de fuego y 43 armas blancas; mientras que, durante todo el primer semestre, se decomisaron 81 armas de fuego y 313 armas blancas. 

Según la institución, la mayor violencia en la comisión de algunos delitos responde a un fenómeno nacional en el que las organizaciones criminales cambian constantemente de territorio e introducen nuevas modalidades delictivas.

A ello se suman problemas sociales que también demandan atención de las autoridades, como el consumo de alcohol en espacios públicos, la violencia intrafamiliar y el uso de inmuebles para actividades ilícitas. 

El gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, señaló que únicamente en junio la Policía realizó 1.205 intervenciones para retirar a personas que consumían alcohol en la vía pública, atendió 148 alertas por violencia intrafamiliar y, junto con la Intendencia, ejecutó 180 clausuras de establecimientos que operaban de manera irregular.

Para Bermúdez, el fortalecimiento de la seguridad no depende únicamente de la acción policial, sino de una corresponsabilidad ciudadana y del trabajo conjunto entre las distintas autoridades. En ese sentido, planteó impulsar ordenanzas relacionadas con el control de arriendos, el uso y ocupación del suelo y un mayor control del espacio público por parte de la Guardia Ciudadana. 

Sobre los recientes robos a viviendas y unidades económicas, adelantó que las investigaciones apuntan a una misma organización delictiva que estaría operando en el cantón de Cuenca, aunque evitó ofrecer más detalles por tratarse de un proceso investigativo. Asimismo, descartó problemas de financiamiento para el mantenimiento de motocicletas y patrulleros policiales y anunció que, en los próximos días, las Unidades de Policía Comunitaria iniciarán un proceso de recuperación para volver a operar en mejores condiciones.

Lo que debes saber

• El Tribunal Contencioso Electoral suspendió por nueve meses al movimiento Amigo por presunto lavado de activos.
• Dirigentes políticos denuncian abuso de poder, falta de independencia y resoluciones en escritorios.
• Analistas advierten que la legitimidad de las elecciones seccionales está en riesgo por fallos judiciales.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente por nueve meses al movimiento Amigo —organización que auspiciaría al correísmo— tras una alerta de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. La medida, que coincide con cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE) e inhabilitaciones de candidatos para los comicios de noviembre, se ejecutó en Ecuador en julio de 2026. Este escenario ha desatado un debate nacional sobre la crisis de legitimidad, la falta de independencia de la Función Electoral y el supuesto uso del poder político para definir elecciones en escritorios y no en las urnas.

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Suspensión del movimiento Amigo altera el escenario de las elecciones seccionales

La Función Electoral se encuentra en el centro del debate público tras suspender provisionalmente, por un periodo de nueve meses, el registro electoral del movimiento Amigo. La organización política planificaba auspiciar las candidaturas del correísmo para las próximas elecciones seccionales.

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El fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se fundamentó en una alerta emitida por la Fiscalía General del Estado, entidad que mantiene abierta una investigación penal contra la organización por presunto lavado de activos. Este dictamen repite el escenario ocurrido en marzo de 2026, cuando el movimiento Revolución Ciudadana recibió una sanción similar bajo la misma figura legal.

Hechos que generan dudas sobre la legitimidad del proceso

Además de la proscripción de la tienda política, los actores políticos señalan tres acontecimientos recientes que restan transparencia al periodo preelectoral:

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Partidos políticos denuncian abuso de poder y falta de independencia electoral

Las reacciones desde la dirigencia de los partidos políticos y movimientos locales coinciden en que la coyuntura actual debilita las garantías del sistema democrático ecuatoriano. Los portavoces exigen que las autoridades actúen bajo criterios técnicos y no bajo presiones externas.

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Posturas de los dirigentes nacionales

Crisis institucional y desafíos para la Función Electoral según analistas

La falta de credibilidad y la incertidumbre en la víspera de un nuevo proceso electoral representan un riesgo para la estabilidad del país. El exasambleísta y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, analizó el rol que desempeñan las instituciones encargadas de velar por el voto ciudadano.

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“La Función Electoral, que debe ser independiente por naturaleza y por obligación jurídica, se debe legitimar todos los días con sus ejecutorias. Hoy hay serias dudas de esa legitimidad y bastantes probabilidades de dependencia del poder político”, comentó Cucalón.

Para superar la crisis institucional y recuperar la confianza ciudadana, el exministro señaló que el futuro del sistema democrático dependerá de que los procesos de renovación de autoridades —actualmente a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)— funcionen de manera correcta, transparente y oportuna.