Lo que debes saber

• Casos de Alondra Santiago, Jan Topić y Aquiles Álvarez centran el análisis político.
• El texto plantea cuál es el límite del poder y la institucionalidad en Ecuador.
• Columna cuestiona el uso de informes reservados contra opositores en el Gobierno de Daniel Noboa.

Soy un pésimo enemigo para tener”. Así se definió el presidente de la República Daniel Noboa y no le cabe duda a nadie que en eso no ha mentido. 

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Todos quienes han entrado en su definición de enemigo, todos quienes le han sido estorbo, se han enfrentado a medidas durísimas aplicadas a través de todos los medios disponibles para el líder de una republiqueta. 

Se han congelado las cuentas de activistas, se ha judicializado de la forma más grosera primero a su anterior vicepresidenta y luego a su principal rival dentro del país, en ambos casos procesando también a miembros de sus familias, se ha sancionado a los jueces que no se han alineado con el Gobierno en estos casos políticos, se ha acosado de forma mediática a través de organismos de control supuestamente autónomos a la prensa, se ha dejado sin trabajo a periodistas o a sus parientes y –para concluir de alguna manera esta lista para nada exhaustiva– se ha sacado del camino a potenciales contrincantes por medio de informes reservados.

El uso de informes reservados

Eso último, la instrumentalización del secreto para sacramentar la más obvia persecución, es bastante revelador. Lo usaron contra Alondra Santiago para justificar su expulsión del país, contra Jan Topić para sacarlo de las elecciones presidenciales pasadas, contra Aquiles Álvarez para moverlo a la cárcel del Encuentro y ahora también contra el movimiento Amigo, la organización política de la que se quiso valer el correísmo para eludir la suspensión de su propia lista. 

En todos los casos el secreto ha sido la medida de última instancia a la cual recurre el oficialismo no para fingir que no persigue, pues por la intensidad y direccionamiento de sus acciones ya lo deja en evidencia, sino porque se ve forzado a llegar a ese punto cuando se le agotan las ideas. 

Cuando ya no hay otra prueba que inventarse o cuando el apuro hace muy difícil construir un argumento medianamente bien hecho, salta el informe o la sustanciación reservada.

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Las críticas al secretismo

Aunque este secretismo salva al Gobierno de tener que pasar la vergüenza de inventarse cualquier cosa, es difícil no percibir esto como algo todavía más ridículo. 

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Uno puede imaginarse a unos Torquemadas del Dolarazo diciéndonos entre guiños que sí, Santiago era una amenaza para el Estado, pero que justo ahora no nos pueden decir para quién espiaba o con qué grupo andaba; que sí, que no hay duda para las autoridades tributarias de que Topić simuló una venta de acciones, pero no van a explicarnos cómo lo descubrieron; que sí, a Álvarez lo quieren matar, pero no hay sospechoso ni móvil, solo una especulación de que lo propios correístas –que se esfuerzan por sacarlo– lo asesinarían para echarle el muerto al Gobierno.

Ahora el oficioso inquisidor criollo, entre que mira al juez electoral y se voltea a vernos de reojo, alza la voz, diciendo: “Usía, el Santo Oficio le presenta los resultados de nuestra investigación, que ha encontrado evidencias de gravísimos delito cometidos por parte de estos amigos de lo ajeno, estos elementos correizantes, que se insertan entre nosotros y pretenden, qué horror, competir contra los ministros y agentes de Nuestro Señor en las elecciones, pero solo lo puede leer usted, usted y nadie más, ni yo mismo lo he leído”. Listo, el correísmo queda otra vez al borde de la virtual proscripción.

¿Cuál es el límite?

Una vez más, y ya hay que cuestionarnos cuántas veces nos quedan, debemos preguntarnos: ¿Cuál es el límite? La ley no lo es porque no existe. 

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No es una cosa que alguna vez hayamos respetado de forma consistente en el Ecuador. Pero debe haber algún instinto de autopreservación presente en el interior de nuestro ser animal, en la parte del cerebelo que gobierna las mociones elementales del ‘Homo Aequatorialis’, entre la compulsión de negarlo todo y la del alza, alza que te han visto.

Cuando acaben con los correístas –si es que acaban con ellos, porque no hay alguien más interesado en que siempre haya un correísta que el anticorreísta profesional– ¿hay alguna razón para creer que de repente los oficialistas descubrirán los valores de la convivencia democrática y el pluralismo o que permitirán que la justicia alcance a alguno de los integrantes del círculo íntimo del número uno?

Si no lo creemos, si es que pensamos que nos gobierna un grupo dedicado a perseguir a sus enemigos y protegerse a sí mismo, y que este preside sobre los destinos del país sin casi ningún límite a su poder, ¿qué nombre debemos darle? No es una pregunta fácil de responder si creemos que el uso de las palabras tiene consecuencias. Por ahora nos podemos contentar con un apéndice a esa palabra, el adjetivo “ridículo”.

Las claves del caso

• El Festival de la Calle Córdova reunió a cientos de familias con actividades culturales, juegos tradicionales, música en vivo y una amplia oferta gastronómica.
  
• Comerciantes y asistentes coincidieron en que este tipo de eventos ayuda a dinamizar la economía del centro y fortalece la recuperación de los espacios públicos.
  
• Vecinos solicitaron que la iniciativa no se limite a las fiestas julianas y se convierta en una actividad frecuente para impulsar el turismo y la convivencia.

Guayaquil continúa celebrando sus 491 años de fundación y el centro de la ciudad volvió a llenarse de música, sabores, emprendimientos y familias. La décima edición del Festival de la Calle Córdova confirmó que el civismo sigue vivo y que existe un deseo compartido de que estas actividades no se realicen solo una vez al año, sino de manera permanente, incluso cada fin de semana.

El evento, que se ha mantenido durante una década, volvió a tomarse la calle Córdova, entre Mendiburu y Tomás Martínez, desde las 10:00 hasta las 22:00. Artistas, emprendedores, restaurantes y vecinos dieron vida a una jornada que transformó por completo el ambiente de este tradicional sector céntrico.

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Así se vivió el Festival de la Calle Córdova

EXPRESO recorrió el lugar y constató cómo, desde tempranas horas, decenas de familias llegaron para disfrutar de una propuesta que combinó tradición, cultura y gastronomía en un mismo espacio.

Niños corriendo de un lado a otro, adultos recordando juegos de antaño y personas de la tercera edad compartiendo historias del viejo Guayaquil formaron parte de una escena que pocas veces se observa en el centro de la ciudad. El festival logró reunir a varias generaciones alrededor de una misma celebración.

Entre las principales atracciones estuvieron las presentaciones artísticas en vivo y los juegos tradicionales, como el salto de cuerda, el palo encebado, la piñata, el juego del trompo y otras actividades recreativas que despertaron la nostalgia de quienes crecieron practicándolos.

La gastronomía se reactivó en la calle Córdova

Por otra parte, los restaurantes instalados en el sector recibieron a cientos de visitantes que aprovecharon la jornada para degustar platos típicos como arroz con menestra, seco de pollo, encebollado y otras recetas tradicionales de la cocina guayaquileña. Al mismo tiempo, decenas de emprendimientos ofrecieron ropa, carteras, artesanías y bocaditos.

Aunque la satisfacción por el ambiente fue evidente, la idea de que el festival no se limite únicamente a una celebración anual se repitió entre los asistentes.

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Visitantes esperan que iniciativa se mantenga

“Está muy lindo todo lo que hacen. Uno viene con tranquilidad, encuentra actividades para los niños y disfruta de la ciudad. Ojalá esto se hiciera con más frecuencia”, comentó Cristhian Alvarado mientras recorría los diferentes emprendimientos.

Otro ciudadano lamentó que esta imagen del sector solo pueda verse durante estas fechas. “Da gusto caminar por aquí cuando hay vida, música y gente. Lamentablemente, el resto del año la calle luce muy apagada. Sería bonito que esto se mantuviera, aunque sea una vez por semana”, expresó.

La opinión también fue compartida por comerciantes del sector, quienes consideran que este tipo de actividades representa una oportunidad para dinamizar la economía local.

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Varios negocios señalaron que durante el festival aumenta considerablemente la afluencia de clientes y consideran que la calle Córdova tiene el potencial para convertirse en un espacio permanente de encuentro ciudadano, similar a lo que ocurre con la calle Panamá, donde la actividad cultural y gastronómica ha contribuido a revitalizar la zona, pero en el día a día la zona puede ser hasta peligrosa durante las noches.

“Nos gustaría que no solo se acuerden de esta calle en julio. Aquí hay restaurantes, comercios y mucha historia. Si hubiera actividades constantes, ganaríamos los negocios, los vecinos y la ciudad”, expresó uno de los comerciantes.

Coinciden que la calle Córdova tiene un gran potencial 

Más allá del movimiento comercial, quienes asistieron destacaron el ambiente seguro y familiar que predominó durante toda la jornada.

Varios asistentes coincidieron en que Guayaquil necesita más espacios públicos donde las familias puedan reunirse sin temor, especialmente durante los fines de semana.

“Cuando hay seguridad, la gente sale. Guayaquil necesita más eventos como este para recuperar sus espacios públicos y atraer turismo”, comentó Xavier Chila, quien llegó desde La Alborada para disfrutar del festival.

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Miriam Herrera, directora del Festival de la Calle Córdova, destacó que esta iniciativa busca fortalecer el civismo y unir a los guayaquileños. “Somos un barrio unido y disfrutamos estos momentos. Es una planificación que toma varios meses, pero al final todos la pasamos bien”, comentó. Agregó que, con un mayor respaldo del Municipio, este evento podría realizarse con mayor frecuencia.

Los organizadores recordaron que esta iniciativa ya cumple diez ediciones y que ha logrado mantenerse incluso durante momentos complejos, como la pandemia. Su expectativa es continuar impulsándola en los próximos años.

Lo que debes saber

• Wilson Merino critica la gestión de Pabel Muñoz y presenta sus propuestas para la Alcaldía de Quito en las elecciones de 2026
• El precandidato plantea eliminar 7.000 cargos políticos para destinar más recursos a seguridad, movilidad e inversión municipal en Quito.
• Merino propone fortalecer el Metro, reducir la burocracia y recuperar la confianza ciudadana con un nuevo modelo de gestión municipal.

El concejal y precandidato a la Alcaldía de Quito, Wilson Merino, habla sobre sus prioridades para la ciudad, cuestiona la administración actual y explica las propuestas con las que busca convencer a los quiteños en las elecciones de 2026.

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¿Qué le motivó a dejar su rol de fiscalización en el Concejo Metropolitano para buscar la Alcaldía?

Mis hijas, su futuro, el bienestar de las familias quiteñas y un compromiso honesto con el cambio.

Usted representa una propuesta ciudadana. ¿En qué se diferencia de los partidos tradicionales?

Llevo 25 años de activismo social y más de una década impulsando procesos ciudadanos, cabildos cívicos, redes de voluntariado e iniciativas populares. Además, hace cinco años empezamos a construir el movimiento Imparables. Nuestra propuesta nace de esa experiencia y busca ofrecer una transformación para la ciudad desde la ciudadanía.

¿Por qué los quiteños deberían confiar en un movimiento relativamente nuevo?

No se trata de Wilson Merino, sino de una organización que reúne a personas que no se sienten representadas por la política tradicional. Durante cuatro años recorrimos barrios, escuchamos a la gente y construimos un proyecto enfocado en problemas concretos como la inseguridad, la movilidad, la calidad de los servicios públicos.

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¿Cuál considera que ha sido su principal logro como concejal?

Nunca acomodarme al espacio institucional. He sido una voz crítica frente a los privilegios de la clase política. Desde el ámbito legislativo presentamos cerca de 14 ordenanzas, de las cuales cinco fueron aprobadas, relacionadas con reactivación económica, empleo, emprendimiento, innovación, economía popular y solidaria, comercio justo y alimentación saludable.

¿Qué calificación le pone a la administración del alcalde Pabel Muñoz?

Creo que reprobó. Es una administración que perdió la confianza de la gente. Ha sido cuestionada por procesos de contratación pública y por medidas como la tasa de recolección de basura, la tasa de seguridad y el incremento de tributos. Además, ha confrontado a quienes tenemos la obligación de fiscalizar. Es una administración que no resuelve, que busca excusas.

Si llega a la Alcaldía, ¿qué proyectos mantendría de la actual administración y cuales eliminaría?

Hay procesos que deben continuar. Considero importante fortalecer las políticas de salud mental y el trabajo social que realiza el Patronato San José. Sin embargo, también hay aspectos que deben corregirse, como el crecimiento desordenado de la ciudad, la ocupación de zonas protegidas y el modelo de incentivos al transporte sin mejoras visibles en el servicio.

También ha cuestionado la estructura municipal...

Sí. Hay demasiados cargos políticos. Debemos priorizar a los funcionarios de carrera y contratar personal técnico que resuelva los problemas de la ciudad.

Quito perdió la confianza por una administración que no responde a las necesidades ciudadanas ni ofrece soluciones 
Wilson Merino, precandidato a la Alcaldía de Quito

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones. ¿Qué puede hacer un alcalde frente a un problema que también depende del Gobierno Nacional?

La seguridad será nuestra prioridad. Durante un año impulsamos el Acuerdo por la Seguridad junto con víctimas, expertos, dirigentes barriales, autoridades y académicos. Como resultado presentamos una iniciativa popular normativa respaldada por más de 51.000 firmas para que los municipios tengan mayores competencias preventivas.

¿Cuáles serían sus principales acciones durante los primeros 100 días?

Reducir el gasto administrativo eliminando cargos políticos innecesarios para destinar esos recursos a inversión. Fortaleceremos el diálogo con barrios, juntas parroquiales, el Gobierno Nacional y otras autoridades, además de impulsar la expansión del Metro como eje de un sistema integrado de transporte.

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¿Qué propone para mejorar la movilidad?

Queremos un sistema realmente integrado, con el Metro como columna vertebral, articulado con los corredores BRT, buses convencionales y transporte público. También impulsaremos la micromovilidad, el uso de la bicicleta, espacios para peatones y acciones para reducir la siniestralidad vial.

¿Cómo plantea reactivar la economía de Quito?

Es necesario facilitar el acceso al crédito para pequeños comerciantes y emprendedores. También debemos simplificar trámites, impulsar alianzas público-privadas, incorporar herramientas como la inteligencia artificial y fortalecer la capacitación para mejorar la competitividad de la ciudad.

Quito enfrenta limitaciones presupuestarias. ¿Cómo financiaría sus propuestas?

El problema de fondo es que gran parte del presupuesto municipal se destina al pago de nómina. Hoy el Municipio tiene más de 22.000 funcionarios y creemos que, al eliminar alrededor de 7.000 cargos políticos, podremos destinar esos recursos a inversión, mejorar las condiciones del personal de carrera e incorporar tecnología e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública.

Usted habló de eliminar alrededor de 7.000 "pipones". ¿Habrá nuevas contrataciones?

No. Trabajaremos con los funcionarios de carrera. No habrá espacio para militantes políticos. Después de una elección se necesita una burocracia eficiente, no una estructura partidista.

¿Cómo garantizaría la transparencia?

Aplicando normas internacionales de calidad y anticorrupción, impulsando un modelo de gobierno abierto, publicando la agenda de las autoridades y permitiendo que toda la información municipal sea accesible para la ciudadanía.

Vamos a eliminar cargos políticos y priorizar funcionarios técnicos que resuelvan problemas ciudadanos.
Wilson Merino, precandidato a la Alcaldía de Quito

Si no obtiene mayoría en el Concejo Metropolitano, ¿cómo buscará acuerdos?

Creo que incluso debemos discutir una reducción del número de concejales y de sus privilegios. La fiscalización debe verse como una oportunidad para mejorar la gestión pública y trabajaremos con quienes tengan voluntad de construir soluciones para la ciudad.

Lo que debe saber

• Una misma fórmula en cuatro contratos: Progen y ATM recibieron 135,9 millones de dólares sin garantías, gracias a un esquema de pagos que eliminó el anticipo.
• Las coincidencias apuntan más allá de las empresas públicas: La estructura idéntica de los contratos en Termopichincha, EERSSA y Electroguayas pone en duda que las decisiones hayan sido independientes.

La emergencia eléctrica de 2024 no solo dejó millonarias pérdidas económicas por los apagones, sino que activó una serie de contrataciones a la medida.

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Una revisión de los cuatro contratos fallidos de generación eléctrica revela coincidencias que no se justifican con el simple argumento de la autonomía institucional. 

Dos contratos con Progen adjudicados por la Unidad de Negocio Termopichincha (para las centrales de Salitral y Quevedo), uno firmado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) y un cuarto adjudicado por Electroguayas para la central de Esmeraldas a la firma uruguaya Austral Technical Management (ATM) comparten una estructura idéntica en su ADN financiero: la misma fórmula de pago para evadir la entrega de las garantías. 

La tesis de que cada empresa pública y unidad de negocio operaba con autonomía técnica y jurídica se desmorona al analizar la letra chica de los acuerdos. El factor común radica en una cláusula específica: la decisión coordinada de Progen y ATM de “desistir” del anticipo.

El “Modus Operandi” de la Fórmula de Pago

En contratación pública, el anticipo es una herramienta de financiamiento para el proveedor, pero para el Estado representa un riesgo que se mitiga mediante la entrega obligatoria de pólizas de buen uso del anticipo y garantías de fiel cumplimiento. 

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Sin embargo, en las cuatro contrataciones para generación eléctrica, el desistimiento del anticipo se vendió bajo una narrativa de “optimizar el cronograma de entrega” y obviar los trámites de emisión de pólizas para acelerar la entrega de las plantas termoeléctricas para inicios de 2025.

La realidad es que a través de este mecanismo legal ATM recibió 71,9 millones de dólares y Progen 104 millones por Salitral y Quevedo y 14 millones de dólares por Catamayo. Fueron un total de 135,9 millones de dólares sin garantías.

Al estructurar la fórmula de pago con un 0% de anticipo, pero fijando desembolsos de hasta 70% contra la simple inspección en los talleres o bodegas del contratista, el Estado aceptó pagar sumas millonarias por equipos que aún ni siquiera tocaban suelo ecuatoriano, ni contaban con pruebas de instalación. El resto de la historia es ya conocida: Progen entregó equipos viejos e inservibles y ATM entregó 32 generadores (de 48 equipos) configurados a 50 Hz, lo que los hace incompatibles con la red ecuatoriana, que opera a 60 Hz.

¿Una “Mente Superior” fuera de Celec y EERSSA?

¿Quién inventó esta fórmula de pago? La sincronización jurídica tan perfecta entre entidades formalmente independientes (EERSSA, Termopichincha y Electroguayas), evidencia que las decisiones no nacieron en las comisiones técnicas.

El diseño de este modelo contractual apunta de forma directa a una “mente superior” con poder de veto y directriz sobre todo el aparataje estatal: Ministerio de Energía. 

Los correos electrónicos de los directivos de Progen y ATM, ya publicados por EXPRESO, evidencian el primer nivel de injerencia. Presentaron sus “propuestas energéticas” el entonces ministro Roberto Luque y sus asesores Peter Dreher y José Manuel de Oliveira. En el segundo nivel, en la validación de las propuestas, fue De Oliveira quien dio el “visto bueno”, por ejemplo, para la repotenciación de Catamayo, que, de hecho, fue el primero de los cuatro contratos fallidos.

70 % tras una inspección

Los contratos de Progen mencionan el pago del 70% del valor total, el cual se habilita contra la presentación del packing list e informe de inspección y aprobación en fábrica. 

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La fórmula se completa con un 25% tras el montaje de los equipos a entera satisfacción de la entidad y un 5% restante que se retiene hasta que se verifique la transferencia de conocimientos y capacitación del personal. Con Austral Technical Management también se elimina el rubro del anticipo. 

Los desembolsos se estructuraron con un 65% “contra factura” tras un packing list, que incluye un informe de inspección y verificación técnica en las instalaciones del contratista. El 25% tras la puesta en marcha de la central y un 10% tras transferencia de conocimiento.

Lo que debes saber

• La ley permite que una autoridad deje su cargo para postularse a otra dignidad.
• Especialistas advierten que esta práctica afecta la continuidad institucional y la representación.
• Los expertos proponen reformas electorales y un mayor control ciudadano para reducir este fenómeno.

En Ecuador se ha vuelto recurrente que las autoridades elegidas por voto popular no concluyan el periodo para el que fueron designadas. Hasta el 17 de agosto, quienes aspiren a un cargo en los gobiernos autónomos descentralizados deberán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y varios asambleístas que apenas cumplieron un año en funciones dejarán sus curules para buscar nuevamente el respaldo ciudadano en otra dignidad.

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El derecho a postularse frente al compromiso con los electores

Esta práctica no se limita a la Asamblea Nacional. También se ha repetido en los concejos municipales, donde algunos ediles dejan sus funciones apenas se abre el proceso de inscripciones para iniciar una nueva campaña política con el objetivo de obtener un nuevo cargo de elección popular.

Aunque la legislación ecuatoriana no impide que una autoridad de elección popular deje el cargo para postularse a otra dignidad, tres especialistas, consultados por EXPRESO, coinciden en que esta práctica genera efectos negativos sobre la calidad de la democracia. Su principal cuestionamiento no está dirigido al derecho de participar nuevamente en los comicios electorales, sino a las consecuencias institucionales que deja esa decisión.

Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, sostiene que cualquier autoridad conserva el derecho de buscar una nueva candidatura, pero advierte que también existe un compromiso de representación adquirido con los electores. A su criterio, los ciudadanos entregan el voto para que un funcionario ejerza el cargo durante el tiempo para el que fue escogido, por lo que abandonar anticipadamente el puesto debilita la rendición de cuentas.

Esto, debido a que, explica Quinga, ese escenario limita la posibilidad de que la ciudadanía evalúe de manera completa el desempeño de sus autoridades. Además, en un sistema de partidos frágil como el ecuatoriano, dice, esta dinámica debilita la representación política y favorece que los intereses partidistas o personales se impongan sobre el compromiso asumido con los electores.

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Los efectos de dejar un cargo antes de concluir el mandato

Para Eduardo Sánchez, abogado y catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el problema tiene un origen estructural en el sistema electoral y en la ausencia de cuadros políticos consolidados dentro de las organizaciones. Según explica, ellos recurren constantemente a los funcionarios que ya tienen visibilidad para cubrir nuevas candidaturas, lo que mantiene al país en una campaña casi permanente.

El académico considera que esa lógica afecta la continuidad de las políticas públicas y de la gestión estatal. A su juicio, cuando un funcionario deja el cargo antes de concluir el periodo para el que fue elegido, la ciudadanía no solo pierde la posibilidad de evaluar una administración completa, sino que se rompe el compromiso asumido en las urnas.

Desde la comunicación política, María Fernanda Carvajal afirma que quienes abandonan tempranamente sus funciones proyectan una imagen desfavorable ante los ciudadanos. En su opinión, muchos electores terminan percibiendo que el cargo fue utilizado únicamente como una plataforma para alcanzar otra posición de mayor interés político.

Carvajal añade que esa práctica también deja proyectos inconclusos, tanto en la Asamblea Nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. Señala que iniciativas legislativas, procesos de fiscalización y otras propuestas pierden continuidad cuando sus impulsores dejan las funciones antes de terminarlas.

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Cuando los reemplazos también tienen un costo

Otro efecto, según Sánchez, recae sobre los alternos que deben asumir las funciones de quienes renuncian. El docente señala que estos suplentes, en muchos casos, no participan activamente en el trabajo diario de las instituciones y deben comenzar prácticamente desde cero cuando se principalizan.

Carvajal coincide con esa preocupación y afirma que el relevo también representa un costo para el Estado. Explica que los nuevos titulares requieren tiempo para familiarizarse con los procesos internos, aprender la dinámica institucional y retomar las iniciativas que quedaron pendientes, lo que implica un gasto adicional de recursos públicos.

Por otro lado, Quinga diferencia el impacto entre la salida de un legislador y la de un ministro de Estado. Explica que, aunque la labor parlamentaria suele extenderse durante varios años y puede continuar con otros actores, la renuncia de una autoridad del Ejecutivo suele paralizar proyectos, cronogramas y procesos administrativos que dependen directamente de esa cartera.

Por lo que, a criterio de la politóloga, el golpe institucional es mayor cuando un ministro abandona el cargo para iniciar una campaña. Esto ocurre porque los planes de ejecución y las decisiones estratégicas del Ejecutivo tienen plazos inmediatos y requieren continuidad para cumplir sus objetivos.

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Las reformas que plantean los especialistas

Sobre las posibles soluciones, Sánchez plantea revisar el calendario electoral para evitar que el país permanezca en campañas constantes. Su propuesta consiste en concentrar las elecciones en una sola jornada, de modo que las autoridades puedan cumplir íntegramente sus periodos antes de aspirar a otra dignidad.

Carvajal considera que también deberían impulsarse reformas legales que limiten esta práctica o establezcan sanciones para quienes abandonen reiteradamente el cargo antes de concluir el mandato. Sin embargo, reconoce que resulta difícil esperar esos cambios desde la clase política porque serían los propios beneficiarios del sistema quienes tendrían que aprobarlos. Por ello, la consultora sostiene que la iniciativa debería surgir desde la ciudadanía organizada.

El puesto para el que fueron elegidos no debería servir como catapulta política.María Fernanda Carvajal, consultora política

Lo que debes saber

• UNE reporta casi 1.000 extorsiones a docentes en Ecuador durante 2026 y pide una emergencia educativa.
• Balaceras y amenazas en escuelas de Guayaquil y Daule afectan a docentes, estudiantes y familias.
• La UNE alerta que 400.000 estudiantes fuera de las aulas enfrentan mayor riesgo de reclutamiento criminal.

A las ocho de la mañana, en una escuela de Daule, el sonido del timbre quedó opacado por una balacera. Los estudiantes no habían terminado de ingresar cuando los disparos estallaron en los exteriores del plantel. 

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El establecimiento ni siquiera tenía cerramiento. Profesores y niños buscaron refugio, mientras los padres esperaban, impotentes, noticias de sus hijos. La escena quedó registrada en un informe reservado enviado al Ministerio de Educación.

En el sur de Guayaquil, una docente de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera revisó su teléfono y encontró un mensaje que todavía la acompaña: “Señora, queremos hoy el dinero o los matamos a todos”. La amenaza ya no era individual. Alcanzaba a profesores, estudiantes y familias.

“Saben en qué carro andan los padres y en qué escuela estudian sus hijos”, relata la maestra, cuya identidad se reserva por razones de seguridad. La profesora asegura que pidió su traslado hace siete meses, pero continúa esperando una respuesta.

Horas después, en otra institución educativa de la Zona 8, docentes y estudiantes evitaron el presunto secuestro de un alumno de primero de bachillerato cuando salía de clases. No había policías en los exteriores. La reacción de los profesores impidió que el adolescente fuera llevado por desconocidos. Para quienes trabajan en las escuelas, la violencia dejó de ser un hecho aislado. Ahora forma parte de la rutina.

Yo pedí el cambio hace siete meses y sigo esperando. Lo que uno siente es abandono. Los padres de familia reciben mensajes de amenazas y por miedo no envían a sus hijos.Docente de escuela al sur de Guayaquil

La UNE alerta sobre el impacto de la inseguridad en el sistema educativo

Para Jorge Escala, asesor de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lo que ocurre dentro y alrededor de los planteles es el reflejo del deterioro de la seguridad nacional.

“Maestros atemorizados, estudiantes con miedo y padres de familia que deciden retirar a sus hijos. La escuela no está aislada de la comunidad. La violencia que vive el país entra también a las aulas”, sostiene.

El dirigente asegura que las amenazas ya no se limitan a extorsiones económicas. Habla de robos, secuestros, intimidaciones con armas y reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. “Maestros con miedo no pueden enseñar y estudiantes con temor no pueden aprender”, resume.

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Extorsiones, asesinatos y denuncias de docentes

Según la UNE, la violencia ya tiene un impacto directo en el sistema educativo: alrededor de 400.000 niños y adolescentes no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas, una población que, según el gremio, queda expuesta al reclutamiento de grupos criminales.

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El Ministerio de Educación reconoció 350 casos relacionados con violencia y extorsiones, mientras la UNE asevera que existen cerca de 1.000 denuncias de docentes extorsionados. Según el gremio, 10 profesores han sido asesinados durante 2026, convirtiéndolo en el año más violento para el magisterio ecuatoriano.

Escala recalca que las denuncias no son nuevas. Dice que cada incidente queda registrado en reportes confidenciales remitidos a las direcciones distritales y al Ministerio de Educación para activar protocolos de protección.

Los casos que reflejan la violencia en los planteles

Entre los casos que menciona constan un padre armado que ingresó a una escuela y sometió a personal docente; estudiantes amenazados con armas blancas dentro del plantel; docentes amenazados de muerte frente a sus familias; alumnos alcanzados por balas durante enfrentamientos entre bandas cerca de los planteles.

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El dirigente también cuestiona la respuesta institucional ante las denuncias de profesores extorsionados que piden reubicaciones o teletrabajo temporal para proteger sus vidas.

Según la UNE, durante 2026 se han registrado cerca de 1.000 denuncias de extorsión contra docentes y al menos diez maestros han sido asesinados. 

La situación es particularmente compleja para quienes trabajan en sectores donde operan organizaciones criminales. Algunos educadores dicen vivir pendientes del teléfono, evitar rutas habituales o modificar constantemente sus horarios para reducir riesgos.

La deserción escolar y el riesgo de reclutamiento criminal

Detrás de cada denuncia existe un problema que preocupa tanto como la violencia: la deserción escolar. Según cifras citadas por la UNE, alrededor de 400.000 niños y adolescentes estarían fuera del sistema educativo, ya sea porque no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas. Para el gremio, esta realidad genera un escenario de riesgo.

“La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales”, lamenta Escala.

La preocupación no es menor. Organismos internacionales y estudios sobre violencia en América Latina han advertido que los grupos delincuenciales suelen captar menores en territorios donde existe exclusión educativa, pobreza y débil presencia estatal. En varios barrios de la Costa ecuatoriana, directivos y profesores reconocen que el temor de los padres a enviar a sus hijos a clases se ha convertido en un factor adicional para el abandono escolar.

La ausencia del Estado y el pedido de una emergencia educativa

De esa problemática se alimentan las bandas criminales para cooptar a esos jóvenes. Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la ausencia del Estado es un factor fundamental:

La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales.Jorge Escala, asesor de la UNE

“La carencia de políticas sociales fuertes, capaces de actuar de forma sostenida en las condiciones actuales del país, está influyendo para que las bandas continúen fortaleciendo sus procesos de reclutamiento. Hay que entender que no son los chicos quienes promueven ese reclutamiento”.

Frente al aumento de amenazas, la UNE plantea que el Gobierno declare en emergencia al sistema educativo y adopte medidas urgentes.

Lo que debes saber:

• Ingeniero Leonardo Tituaña usa IA en Quito para predecir tráfico en el hipercentro y reducir congestión vehicular.
• EPN impulsa app ciudadana para denunciar infracciones en Quito; Municipio analiza viabilidad legal en 2026.
• Estudios en Quito alertan más muertes viales y exceso de velocidad; proponen controles, datos e intervenciones urbanas.

Leonardo Tituaña, ingeniero mecánico con trayectoria en transporte y logística, entrena redes neuronales de grafos. Busca aliviar la congestión que generan cerca de 600 mil automotores en Quito (públicos, comerciales y particulares, incluyendo motos). 

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Rosero Mariela

Según explica, él utiliza un modelo que analiza cómo interactúan el flujo vehicular, los tiempos de desplazamiento y las decisiones de los conductores. Su laboratorio es el hipercentro, en las avenidas de los Shyris, 6 de Diciembre y Amazonas.

Desde hace un año y medio, alimenta este modelo con datos proporcionados por el Municipio y verificados y recogidos en campo. El sistema —explica— aprende como un niño, de forma progresiva, a partir de la experiencia. Cuando reconoce patrones, puede prever qué es probable que ocurra. La meta es identificarlos para anticipar puntos críticos del tráfico y comportamientos de riesgo, para tomar mejores decisiones.

Tituaña empezó a desarrollar este proyecto en su maestría en Optimización Matemática en la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Para procesar la información usa Python, un lenguaje de programación útil en ciencia de datos.

“La clave es tomar decisiones basadas en datos, actualmente no se están gestionando desde un solo centro. Se podrá observar cómo crece el tráfico vehicular, identificar tendencias históricas y entender cómo influyen factores como siniestros o eventos deportivos, meses con y sin clases, el clima”, explica. La idea es poder predecir cómo se mueve la ciudad.

La app para denunciar infracciones de la EPN

Su investigación avanza, pero no es el único esfuerzo desde la EPN. Esteban Irribarra, jefe Del Departamento de Física, con estudiantes y otros profesores desarrollaron una aplicación móvil para que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registre excesos de velocidad e infracciones con ayuda de la ciudadanía.

Con el dispositivo de posicionamiento (GPS) se detecta exceso de velocidad y con la cámara del teléfono se registran infracciones con fotos o videos. Estuvo disponible en su versión beta para Android, como Ecu Transporte Seguro, desde 2018. Han presentado la iniciativa a los tres últimos alcaldes.

Hace un mes, comentó Irribarra, se reunió con Pabel Muñoz, quien le dijo que analizarían la factibilidad con el área jurídica. El profesor reitera que todo será enviado a los agentes.

César Gárate, abogado especialista, opina que se requerirían reformas a las leyes de Tránsito y Transporte, Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Código Administrativo. Él considera que siempre será necesario que se conozca la identidad del denunciante, para que no se argumente que la acusación es “maliciosa y temeraria”, por ejemplo.

Aunque, señaló que una ordenanza podría contemplar regular el procedimiento sancionador en materia de tránsito para infracciones administrativas.

Sobre ese punto, el legislador de ADN y exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, dice que no hacen falta reformas. “La competencia de control de tránsito la tienen los GAD desde el 2008, requieren iniciativa y normativa local para implementar sistemas de denuncia ciudadana por ese medio y en tiempo real”. 

Y recordó que la alcaldía de Guayaquil lanzó la app VIPA. “La denuncia no genera automáticamente una multa, sería ilegal. Debe pasar por un proceso de revisión de la autoridad de control antes de cualquier actuación administrativa”.

La experiencia de Lima, con apps

El peruano Juan Tapia, de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, indicó que con el uso de tecnología, en herramientas como la fotopapeleta, las personas se acostumbran a respetar las normas. 

“Si eres testigo de una infracción puedes tomar foto, envias a buzón electrónico y se sanciona al infractor”. 

Allá también se usó la app VIPA, como la que propone la EPN, y así se han aplicado miles de multas por estacionar en zonas prohibidas, etc.

En Quito, varios ciudadanos usan las redes sociales para compartir videos o fotos de infracciones, en especial de buses y motos. Claude Roulet lo hace de forma permanente y documentada pues busca registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo hace en X (@NoNegligencia).

Investigaciones de las universidades UTE y UTPL sobre movilidad

En este mismo campo, desde la academia también se generan insumos para la toma de decisiones. Francisco Pérez, de la Universidad UTE, detalló que son parte de la Unidad de Investigación de Lesiones de Johns Hopkins, de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, desde 2021. 

Han determinado que el 75 % de muertes en siniestros son de motociclistas, peatones y ciclistas. Y que el exceso de velocidad pasó del 18 % al 27 % desde el 2023 a 2024. 

Han sugerido pruebas aleatorias de alcoholemia, campañas en medios, por eso y uso de casco y cinturón de seguridad y fiscalizar con cámaras fijas en lugares de alta mortalidad, implementar límite de velocidad de 30 km/ h, en vías en donde hay más peatones y ciclistas.

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Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, Yasmany García detalló que en su grupo de investigación en seguridad vial se analizó el proceso de emisión de licencias; concluyeron que el período de formación es corto para garantizar una conducción segura; plantean modelos con acompañamiento de tutores. 

Además, en su observatorio evidencian patrones de riesgo en el comportamiento de los conductores. Entre el 20 % y el 30 % de los usuarios no utiliza el cinturón de seguridad y es frecuente el irrespeto a los semáforos en rojo, una práctica que se repite entre motociclistas, taxistas y conductores particulares. Recomiendan aplicar controles focalizados en zonas con mayor incidencia de siniestros.

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Lo que debes saber

• ADN reconfiguró sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 y concentró su estrategia en Guayas, la provincia que considera clave.
• Los cambios de figuras como Niels Olsen y Zaida Rovira, junto con la incertidumbre sobre los rivales tras la suspensión de AMIGO, revelan cómo el oficialismo busca consolidar su mapa político.

Los últimos cambios en el tablero electoral de Guayas evidencian algo: para ADN, esa provincia es el epicentro de la disputa. Aunque los precandidatos ya están definidos y a la espera de concretar su inscripción, las apuestas del oficialismo reflejan cuáles son las provincias y los cantones que considera estratégicos para delinear el próximo mapa político del país.

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Hay tres elementos que permiten entender la estrategia de ADN para las elecciones seccionales: su primera participación en este tipo de comicios, el interés por cantones y provincias clave para su proyecto político y la disputa abierta con autoridades de la oposición.

El debut en las elecciones seccionales

La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que, en ese escenario, ADN intentará mostrar que cualquier triunfo representará un avance, ya que en las elecciones anteriores el movimiento no existía.

“En los espacios en los que se puede avanzar un centímetro más, seguro lo van a considerar como parte de la victoria. ADN parte de cero a algo; lo que consiga lo encuadrará como un avance y tratarán de pintar de morado el mapa electoral”, menciona Ávila.

La muestra de su debut en este tipo de elecciones está directamente relacionada con los cuadros escogidos. ADN optó por exintegrantes del Gabinete ministerial y de la Asamblea. 

En provincias como Guayas, Azuay o Pichincha no tiene perfiles propios vinculados a liderazgos locales o con procesos políticos consolidados en todos esos territorios.

Sobre los territorios clave

El segundo elemento, relacionado con los cantones y provincias estratégicos, se explica por la decisión de postular a algunas de las figuras más representativas del oficialismo para cargos seccionales.

Niels Olsen llegó a la Presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Primero fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas y luego para la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, en un giro inesperado, ADN alcanzó un acuerdo con la exalcaldesa Cynthia Viteri. Olsen terminó como candidato del oficialismo para la Alcaldía de Samborondón.

Pero esa no fue la única sorpresa. Otra figura de peso en el Gabinete de Daniel Noboa, Zaida Rovira, aceptó su precandidatura para una concejalía en Guayaquil. Inicialmente, ella figuraba como precandidata para la Prefectura del Guayas.

De esta manera, Guayas se convirtió en la única provincia en la que ADN modificó los perfiles que había anunciado previamente. Para el analista electoral Esteban Ron, la estrategia del movimiento muestra mayor visibilidad en dos provincias: Guayas y Pichincha.

El aparente menor interés por otros territorios, según Ron, responde a que en las últimas elecciones generales, en las que triunfó Daniel Noboa, quedó en evidencia un voto duro de ADN. Como ejemplo menciona las provincias ubicadas en la Sierra centro.

La relación del Ejecutivo con los GAD

Finalmente, respecto a la relación Ejecutivo-GAD, el Gobierno ha optado por dos mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos, tomando en cuenta que no cuenta con cuadros propios en las administraciones locales actuales.

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El primero ha sido el enfrentamiento directo con alcaldes de la oposición. El caso de Aquiles Álvarez refleja la tensión política entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.

El segundo mecanismo ha sido incorporar a autoridades locales a su órbita política. Ávila sostiene que el Ejecutivo ha sido hábil para “capturar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”. Ese gremio está presidido por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien, en debates como el de la ley urgente sobre el gasto de los GAD, fue una de las principales defensoras de la normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La experta concluye que al Gobierno central no le interesa tener alcaldes críticos. A su juicio, esa lógica explica la tensión con Aquiles Álvarez y también con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Este último perdió sus derechos políticos tras una denuncia por violencia política de género en el TCE.

A ese escenario se suma un elemento que podría incidir en la estrategia de ADN. Tras la suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aún está por definirse quiénes serán realmente sus principales adversarios políticos en los territorios donde el oficialismo aspira a imponerse. 

Uno de esos escenarios es Quito en done, según Ávila, ADN apuesta a candidatos cercanos no necesariamente la propia.

La historia porteña en fotografías

Una de las vías por las que circulaban los vagones era la calle Pichincha. Hace un mes, mientras se realizaban trabajos de reasfaltado, tramos de los rieles quedaron al descubierto, evocando una época en la que en las calles aparecían los primeros autos, se secaba el cacao en los portales o se compartía a un ritmo más pacífico.

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El bulevar 9 de Octubre fue, desde sus inicios y hasta la década de 1990, el centro residencial y comercial de la ciudad, pero luego las familias empezaron a mudarse a sectores de Samborondón, según recuerda el historiador Javier González.

“Todo lo encontraba uno, no encerrado en aire acondicionado como es ahora, sino caminando en las calles. Había esa disponibilidad de comercios, que hoy por hoy han migrado a centros comerciales”, señala.

“En su época, el tranvía fue ese medio de transporte que caracterizaba al centro”, destaca González, quien plantea que se recuerde a este hito con la exhibición de la réplica de un vagón en sitios como la Plaza de la Administración, similar al que está en el Parque Histórico, en Samborondón.

Antaño, en las edificaciones que fueron el escenario de hechos históricos o en las que nacieron personajes ilustres, las agrupaciones cívicas colocaban placas conmemorativas, muchas de las cuales aún permanecen en el centro.

Con los avances tecnológicos, Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral, sugiere que se pongan códigos QR que ofrezcan toda la información relacionada a ese lugar o evento de nuestra historia.

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Para González, repotenciar los sitios históricos nos ayudará a “recuperar ese civismo que hemos perdido”. Porque aunque los escenarios de la ciudad cambien, su historia sigue viva.

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Lo que debes saber

• Judicatura inició el concurso para jueces de la Corte Nacional con un reglamento cuestionado por gremios de abogados.
• Abogados piden cambios al reglamento para evitar filtraciones y fortalecer la transparencia del concurso judicial.
• La Corte Nacional opera con 10 de 21 jueces; el concurso busca completar el tribunal hasta 2027.

El concurso de selección para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en marcha. El trámite comenzó en el Consejo de la Judicatura (CJ), una vez que el organismo presidido por Mercedes Caicedo aprobó el reglamento para definir los requisitos y procedimientos de calificación de los postulantes.

Te invitamos a leer | Consejo de la Judicatura declara en emergencia al sistema judicial por déficit de 735 jueces

El proceso enfrenta grandes desafíos. El primero es lograr la confianza en un concurso que se ha truncado en los últimos cinco años, con dos procesos fallidos en 2023 y 2024, una situación que ha dejado al máximo Tribunal incompleto. 

La CNJ cuenta actualmente con solo 10 jueces, de los 21 con los que debería funcionar y en 2027 concluirá el período de otros seis, motivo que ha servido al CJ para justificar el inicio del trámite.

Si bien se reconoce la necesidad de completar el máximo Tribunal, los profesionales de la Función Judicial han realizado distintas observaciones a la normativa. 

Los juristas consideran que el proceso debe garantizar reglas que impidan la metida de la mano en la justicia y que permita seleccionar a los mejores cuadros para recuperar el prestigio de un organismo que ha sufrido el descrédito porque algunos de sus miembros fueron procesados y sentenciados.

La defensa del reglamento por parte de la Judicatura

Caicedo ha defendido el reglamento. Dice que incorporó un pronunciamiento que pidió a la CNJ sobre las pruebas de confianza y las recomendaciones que dio la Contraloría. 

Estima designar a los jueces nacionales hasta el primer trimestre de 2027, aunque reconoce que el concurso se podría alargar por eventuales acciones legales de los postulantes.

Los abogados proponen mayor participación de la academia

Más allá de los plazos, gremios de los abogados mencionan los puntos de la norma que les genera preocupación y hablan sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar.

El presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez Barrera, considera que “lo inteligente sería que la Judicatura busque el acompañamiento de la academia nacional” para desarrollar este concurso, así como el otro proceso de emergencia con el que busca nombrar a los magistrados de la justicia ordinaria.

“Deberían entregarle a la academia la toma de los exámenes, la calificación de los méritos, ella tiene experticia. Luego, en la parte final intervendría el CJ para la decisión final. La academia tiene un prestigio importante y garantiza que vayan los mejores. Podría haber errores, pero serán menos que los que comete la Judicatura y nos garantiza, al menos, un 80% de transparencia. Pueden haber ciertas injusticias, pero no tantas como las actuales, en donde todo el mundo desconfía”, acota.

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Cuestionamientos por la valoración de méritos y las pruebas

Además de la falta de transparencia, a los abogados les preocupan otros temas. Una es la puntuación que se entregará por la experiencia en docencia y la falta de mecanismos para blindar el acceso a las pruebas.

“Miramos que se da una sobrevaloración al tema de los posgrados y en el concurso se trata de elegir magistrados, no catedráticos universitarios. La diferencia podría afectar el ejercicio de la magistratura y generar una deficiencia que afectaría a la calidad de administración de justicia. Se debe valorar la formación, los méritos y la trayectoria. También vemos que no se evita que se filtren las pruebas teóricas y prácticas. Esto ya sucedió antes e impide la participación igualitaria de los postulantes”, señala Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay.

La probidad, uno de los filtros que respaldan el proceso

Aunque existen estos cuestionamientos, en Pichincha consideran que el proceso es necesario y que el reglamento sí reúne las condiciones porque incorpora requisitos para revisar la probidad.

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“Se deben valorar elementos de probidad económica y política. No queremos que se infiltren personas que, aunque tengan capacidad profesional, estén vinculadas al crimen. Se espera que se haga un análisis minucioso, que se abran las cuentas, que se revise la información de UAFE y SRI para verificar que el patrimonio del postulante o su entorno obedezca a una vida limpia. Son filtros fundamentales de este concurso”, sostiene Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que el CJ repita los errores pasados. “En lugar de actuar de manera acelerada y atolondrada, debía convocar a quienes en ocasiones anteriores han presentado observaciones para que el proceso tenga un lado más ciudadano. Eso no ha pasado y con la emergencia en el sector justicia, hay un riesgo grande de que vuelva a pasar lo mismo de otros procesos: que no tengamos interés de los abogados en participar o que por las reglas, este proceso se caiga. Esperemos que se convoque al concurso y que se encamine una salida para la justicia”, indica.

Lo que debes saber:

• Quito: bosquete urbano en Parque Bicentenario crece desde 2020 con 1.500 plantas nativas sembradas por dos primos y sus familia, tienen permiso de municipio.
• Proyecto Sembrando Raíces recupera 7.500 m² en parque Bicentenario; incluye 150 especies y retorno de fauna, como búhos y colibríes.
• Desde 2023, bosquete crea hábitat para rana marsupial con charcas; familias buscan apoyo para señalética y esperan estudio de biodiversidad de la Universidad Central.

El contraste impresiona. Las fotografías del antes y el después ayudan a tener una referencia, pero solo al internarse en el bosquete (de 7.500 metros cuadrados) se dimensiona la transformación. Allí, la vegetación crece, de forma natural, en capas: árboles, arbustos y plantas herbáceas nativas. Entonces se nota la diferencia con el resto del parque Bicentenario, que tiene césped cortado al ras.

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En ese espacio concebido, sembrado y cuidado por los primos Ramiro Morejón Neira y Juan Carlos Robles Neira junto a sus familias, crecen especies nativas como flor de mayo, pumamaqui y el más frondoso, el quishuar. 

En medio de ellas han nacido plantas de forma espontánea también. Y ha vuelto la fauna. Por ejemplo, han avistado búhos. Durante la entrevista, un colibrí colilargo aparece y Morejón bromea: “Le avisamos que vendría EXPRESO”.

La dimensión del proyecto, al que bautizaron Sembrando Raíces, no se valora hasta verlo. Comenzó a inicios de 2020. Robles, jubilado después de trabajar en el área financiera de una empresa de embutidos, pensó en plantar árboles con su familia, en La Carolina, donde caminaba con su esposa. Compartió la idea con su primo. Y juntos idearon un sueño mayor.

Se contactaron con la gerencia de Espacio Público de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que cuenta con el programa Quito Adopta, para empresas que apadrinan parterres. Firmaron un primer convenio para intervenir 2.500 metros cuadrados, con el objetivo de crear un bosque urbano.

El proyecto se amplió, tiene 7.500 metros cuadrados actualmente y se proyecta hasta 2030, cuando esperan renovar el convenio. “Un bosque no se construye en pocos años. Tarda entre 30 y 40 en madurar”, explican. 

Nuestra satisfacción es venir, sembrar, meter la mano en la tierra, regar, ver cómo crecen las plantas.Juan Carlos Robles/ 64 años

La siembra de dos primos y sus familiares

En diciembre de 2020, en plena pandemia, 165 familiares, entre abuelos y tataranietos, participaron. La propuesta inicial fue que los mayores siembren un árbol, mientras que los niños y jóvenes, un arbusto.

Los abuelos de ambos primos están en el bosquete, representados en palmeras. 

En este pedazo del Bicentenario hubo una cancha de golf, con apenas césped y árboles antiguos. Empezaron con 165 plantas. Los árboles costaron $20; los arbustos, $10, recuerdan. 

Entre todos han sembrado unas 1.500 plantas, para julio 2026. Un par de empresas y una fundación se han sumado, pero no se han encargado de nada más.

El crecimiento del bosque les ha traído aprendizajes. “Mire estos arbolitos, cómo reaccionan. Tienen apenas dos años”, dice Morejón. 

Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Central esperan tener un inventario de biodiversidad para comparar este espacio con otras áreas del parque que se mantienen con césped. 

Algunas especies, como la candelilla o ataco, han surgido de forma natural; otras, como el pumamaqui o el lechero, fueron introducidas por los primos.

¿Cuántas especies hay en el bosquete del Parque Bicentenario?

En total han identificado más de 150 especies nativas: unas 120 plantadas y alrededor de 30 que han aparecido por regeneración natural. “Por eso es importante trabajar con la academia, para saber exactamente qué tenemos y qué más puede aparecer”, dice Morejón.

La experiencia también ha desmontado certezas. “Uno, desde lo urbano, cree que si siembra, todo va a crecer. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo”, reflexiona Morejón. Algunas especies no se adaptaron. Requieren más humedad o condiciones propias de otros ecosistemas. 

“Nos hemos dado contra la realidad”, admite. El laurel de seda, por ejemplo, parecía una apuesta segura, pero solo unos pocos ejemplares lograron sobrevivir.

El bosquete, recalcan, es público. No le pertenece a la familia, aunque son ellos quienes lo mantienen. En ocasiones hacen mingas o desayunos.

 “Cada vez más personas pasan y dicen ‘qué bonito’”, cuenta Juan Carlos. Le gustaría tener apoyo para contar con señalética y códigos QR para aprender sobre las plantas.

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Buscan recuperar el hábitat de la rana marsupial

Para Juan Carlos Robles, el bosquete es más que un hobby. Acude al Bicentenario dos o tres veces por semana, en distintos horarios. A menudo coincide con su primo Ramiro Morejón. Riegan durante unas tres horas, limpian el kikuyo, hacen coronas alrededor de las plantas, etc.

El proyecto incluyó la creación de dos charcas naturales estacionales para recuperar el hábitat de la rana marsupial, una especie de Quito. El espacio, que antes era el arenero del campo de golf y estaba desprovisto de vegetación, fue transformado con asesoría del zoológico para reintroducir uilli-uillis.  

Tres años después, el proceso muestra resultados, pues las ranas han completado su ciclo de metamorfosis, alcanzaron la etapa adulta y se reproducen.

Ambos primos invitan a recorrer el lugar. Les piden a los ciudadanos que acuden con sus perros sin correas, que tengan cuidado con las plantas pequeñas.

Ramiro muestra la chilca de chocolate. Dice que desprende su característico aroma tras la lluvia. El sacha capulí destaca por sus flores rosadas; en verano amarillea y pierde sus hojas, pero con las primeras lluvias vuelve a brotar. Los alisos son los más altos, de 10 metros.

Y Juan Carlos comenta que entre sus preferidas, están las flores de guantugsillos. Hay rojas, azules y blancas.

En verano, en el paisaje gana el pajonal, los arbolitos se ponen amarillos. Pero en eso también hay belleza.Ramiro Morejón/ 60 años

Anécdota de los primos

Los primos han tenido que evitar que ingresen a podar el espacio. También han detectado casos de ‘robos’ de arbustos.

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Lo que debes saber

• La fusión de ministerios empieza a pasar factura al sector productivo.
• La reorganización estatal  pone en riesgo trámites clave para exportadores de atún, camarón y otros productos, con costos adicionales y efectos para el comercio exterior.
• Mientras los gremios alertan sobre cuellos de botella y debilitamiento institucional, el agro teme que programas estratégicos y entidades técnicas pierdan prioridad dentro del nuevo esquema gubernamental.

Después de casi un mes  que el Gobierno decretara la fusión de ministerios, los primeros efectos han empezado    a sentirse en el sector productivo.    La integración de entidades, en la práctica, ha implicado el recorte de trabajadores, dando    pie a las demoras y los ‘cuellos de botella’    en la tramitología que debe enfrentar el comercio exterior.

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El pasado 18 de junio de 2026, mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno, alegando la necesidad de optimizar recursos estatales, optó por reducir    el gabinete ministerial de 14 a 10 carteras de Estado. Así, entidades como los Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el de Producción y Comercio Exterior y el de Economía y Finanzas, pasaron a ser parte    de      macroorganismos estatales; en este caso, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La fusión ya genera trabas en las exportaciones

Pero, aunque la propuesta suene bien, en la teoría, su aplicación práctica empieza a generar inconvenientes, así lo señala Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNA), que en las últimas semanas ha venido registrando los primeros problemas para exportar    la oferta pesquera ecuatoriana, que en un 80 % se concentra en el atún.

Esta oferta, recalca, es una especie altamente migratoria que se rige por regulaciones y ordenamientos de nivel mundial. Al asumir estos compromisos internacionales, el país debe cumplir de manera estricta con una serie de normativas para que la pesquería mantenga su orden y los mercados internacionales sigan adquiriendo el producto exportable.

No obstante, tras la fusión, este proceso se ha venido trabando, pues implicó, cuenta Leone, el despido de tres de los seis “agentes firmantes”, quienes son los funcionarios autorizados y capacitados para firmar los documentos y certificados sanitarios y de captura requeridos por mercados como el europeo para el ingreso de los productos.

“Y eso ha generado una demora terrible en los trámites. Tenemos una serie de empresas que piden ayuda porque    tienen cargas que están por llegar a los puertos de destino y los documentos de embarque no están listos”, dijo. Un atraso que obliga a las empresas a pagar costos de demoraje y almacenamiento en los puertos extranjeros, afectando sus costos operativos.

El pedido al Gobierno es revisar ese tema, que temen, podría tardar meses. Registrar    la firma de un nuevo agente entrenado para este fin toma aproximadamente seis meses.

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Xavier Rosero, Presidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), admite que aun cuando las agencias de control productivo siguen en funcionamiento durante la fusión, existen    problemas de debilitamiento institucional que se vienen acumulando, lo que hace más compleja la transición. Ante ello, dijo, se está trabajando en una propuesta para rehabilitar y fortalecer los servicios de entidades públicas al sector exportador, cuyos detalles los dará a conocer en los próximos días.

Desde el campo, también hay preocupación por este tema. José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, explica que casi un mes después de la fusión, aún no se sabe qué pasará con programas de agricultura familiar y con entidades como Agrocalidad y el INIAP, que sostienen los controles, la investigación y el mejoramiento de cultivos.

“El programa de Agricultura Familiar Campesina (AFC) es un programa que ayudaba al 80 % de agricultores del país, pero eso está pendiente porque primero no se ha establecido el nuevo organigrama del nuevo ministerio, asumimos que va a existir un viceministerio de agricultura pero los programas con AFC tendrá que pasar también por una revisión. El deseo del Gobierno, sabemos, es de reducir gastos y este programa de agricultura familiar campesina puede ser uno de los que sean afectados”, dijo.

A su criterio, el riesgo es que las decisiones del nuevo ministerio se concentren en la política económica y dejen atrás las necesidades del agro.

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El camarón teme nuevos cuellos de botella

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) señala que, hasta el momento, en su sector no se ha identificado una paralización generalizada de trámites por la medida. Sin embargo, temen que una optimización de recursos pueda afectarlos. Sobre todo, dijo, “en áreas críticas como la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que ya opera con recursos muy limitados, es importante que la reorganización no termine agravando esa situación”. Justamente es esa Subscretaría la que hoy debe resolver algunos problemas del sector como la suspensión de compra que China aplica a 14 empresas exportadoras.

Esos problemas contrastan también con el rápido crecimiento del sector. El planteamiento, agrega Camposano, es que si el sector camaronero sigue creciendo y aumenta la demanda de certificaciones y análisis, la capacidad institucional debe crecer en la misma proporción. De lo contrario, es inevitable que se generen demoras y cuellos de botella que terminen afectando el comercio exterior”.

Las decisiones sin consulta preocupan al sector

Leone lamenta que, a pesar de que el sector exportador no petrolero (banano, camarón, pesca, cacao, flores) ha sido el motor de la economía y el generador de superávit comercial en los últimos años, las decisiones se sigan tomando de manera unilateral, sin consultar a los actores clave. La llegada de nuevos funcionarios, que no conocen sobre el sector ni los compromisos que el país ha adquirido previamente, y el cambio de estructuras ministeriales, también ralentizan los procesos. Por situaciones como esta, asegura, el país no ha logrado salir de la    “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea.

¿Traba para incentivos fiscales?

La incorporación de los Ministerios de Economía y Producción bajo un mismo ‘ministerio paraguas’ podría significar un riesgo para la oferta de incentivos fiscales que hoy dinamizan la inversión, advierte el experto Marcelo Bodero. Su temor radica en que    Finanzas, enfocado en controlar el gasto, emita dictámenes negativos a proyectos que buscan estos beneficios, volviendo al Ecuador -un país ya dolarizado y costoso para producir- menos competitivo frente a vecinos como Perú o Colombia. 

Bodero advierte que restringir estos incentivos sería un error de corto plazo, pues no son eternos y generan empleos e impuestos indirectos. Como vía de salida, plantea que la nueva entidad mantenga una estructura independiente que garantice la alternancia y aplique la ley con una visión de largo plazo que brinde previsibilidad al inversor.

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Reseña histórica de la poesía

Ángel Emilio Hidalgo, poeta e historiador, detalla a EXPRESO que los escritores locales emergen en ciclos para retratar a la sociedad. Destaca hitos como la generación de Medardo Ángel Silva en 1915, que abrió el campo literario moderno y la crítica, adentrándose a explorar como cronista los espacios marginados de la ciudad, como los fumaderos de opio.

Luego irrumpieron agrupaciones como el Club 7 en 1954, que exploró las problemáticas del sujeto urbano existencialista, o Sicoseo en los setenta, que integró el habla coloquial de la calle. Ese legado, afirma el catedrático de la Universidad de las Artes (UArtes), sobrevive hoy en las aulas universitarias. La academia visibiliza la obra de jóvenes promesas a través de publicaciones y recitales abiertos.

Historia escrita en versos por mujeres 

Esta herencia halla su mayor potencia en las voces femeninas. Siomara España, poeta y docente, enfatiza que la obra actual obedece a un linaje histórico de autoras invisibilizadas, desde Ángela Camaño, Teresa Alavedra y Flor de Té (seudónimo de Alida Hidalgo) en el modernismo, hasta referentes posteriores como Ileana Espinel, Sonia Manzano, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Andrea Crespo. “Hoy por hoy, Guayaquil tiene una fuerza enorme en la poesía, sobre todo escrita por mujeres”, sostiene.

Guayaquil

'Rodas de samba' en Guayaquil: la propuesta cultural que cautiva a músicos y aficionados

Carlos Isaac Pino

España menciona que las autoras contemporáneas abordan temáticas viscerales, donde el cuerpo y la violencia urbana son ejes centrales. Escriben sobre el ruido incesante, el sol que calcina y una urbe que vulnera, a la vez que restituyen con sus versos las voces silenciadas por crímenes como los femicidios. Nombra a Espinel como pionera en retratar el "cuerpo medicamentoso" y sedado, un síntoma que sigue vigente para nombrar la enfermedad y la psiquis. “El cuerpo, el espíritu, el alma está atravesada”, reflexiona.

Iniciativas juveniles en la digitalidad

La efervescencia de los nuevos talentos encontró un ecosistema natural en la digitalidad. El proyecto 'La Chica y la Ciudad', gestionado por Niza Ochoa, Kathya Carvajal y Kiersten Jungbluth, democratiza la creación literaria mediante redes sociales y un blog.

Allí reciben obras de múltiples provincias que retratan desde el bochorno climático hasta la desigualdad y la inseguridad. En sus publicaciones resuenan versos que recuerdan a las víctimas de la violencia urbana, como "Los 4 de Guayaquil".

"El autor guayaquileño necesita entender su contexto y plasmarlo”, argumentan sus creadoras, advirtiendo que si callan serán cómplices del olvido y que el arte urge de espacios seguros en medio de un entorno hostil.

La academia, resistencia literaria

En este engranaje, las aulas operan como trincheras. Santiago Toral, docente en la Universidad Casa Grande, observa a la poesía metamorfoseada. Sus estudiantes entrelazan el lenguaje poético con producciones audiovisuales, cinematográficas y teatrales, priorizando la prosa sobre la rima para reinterpretar la crudeza de la calle y las inquietudes sobre sus propios cuerpos. Esto se ha cristalizado en proyectos como el poemario artesanal 'Oficio de Sombras' y en futuras series web basadas en la obra de César Dávila Andrade.

Aunque la industria editorial prioriza comercialmente la narrativa por sobre los versos, el interés juvenil persiste en nuevos formatos. Los talentos publican en fanzines autogestionados, blogs y se congregan espontáneamente para recitar. “Pareciera que tiene como poco espacio en las editoriales, pero igual está la poesía ahí levantándose, diciendo ‘aquí estamos’”, añade el académico.

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Esa resistencia germina en sectores vulnerables como Socio Vivienda, asegura Toral. Relata el caso de un estudiante graduado que, desde esa zona conflictiva, no evadió su dura realidad cotidiana, sino que la reinterpretó mediante la escritura para salirse de la mirada puramente visceral. “El desafío es mirar esa violencia desde una perspectiva poética”, afirma el docente. Así, este arte guayaquileño sobrevive abrazando e imprimiendo el sentimiento de su propio caos.

Lo que debes saber

• Renán Borbúa explica sus propuestas para llegar a la Prefectura del Guayas.
• El precandidato del PSP aborda obras, dragado e inundaciones en la provincia.
• Borbúa responde sobre sus compromisos de gestión y permanencia en el cargo.

Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), expuso a EXPRESO sus principales propuestas, prioridades y financiamiento para gobernar la provincia.

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- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas en este momento?

- En Pedro Carbo, Salitre, Balzar y en Durán, la gente que siembra arroz y los ganaderos dijeron “Nosotros apoyamos a Renán para prefecto” y (eso lo) escuchó el expresidente Lucio Gutiérrez (fundador de la organización política); (además) recibió unas cartas de apoyo y me dijo “¿Por qué no te animas? Vamos por la Prefectura”. Consulté primero con mi familia, como uno hace normalmente, porque (para) lanzarse a una candidatura hay que pensarlo mucho.

- ¿Por qué?

- Por los riesgos que se viven al momento. Tenemos que ser claros, (ahora) no es lo mismo que en anteriores campañas.

- ¿Qué riesgos?

- Los riesgos que viven todos, principalmente aquí en Guayas. El tema de las bandas, secuestros, extorsiones o ‘vacunas’. Debemos ser claros. Quien no lo mencione u oculte eso, creo que no vive aquí en Ecuador ni en Guayas. También hay mafias políticas.

- El Partido Sociedad Patriótica nunca ha ganado la Prefectura del Guayas. ¿Por qué cree que esta vez podría ser diferente?

- Es verdad que no hemos ganado, porque (antes) no había sido el momento. Hoy estamos mejor preparados, (tenemos) más experiencia. Obviamente que no solo depende de mí, sino de toda la gente que se sigue sumando y (que) siente que yo soy el candidato que puede solucionar los grandes y graves problemas.

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- ¿Cuáles son los graves problemas de Guayas?

- El primer gran problema que tiene Guayas es el de reconocer (que) todo el territorio, no solo Guayaquil, tiene grandes problemas.

- ¿Cómo cuáles?

- Apoyar desinteresada y decididamente al Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia. Yo sí voy a coordinar acciones con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos andamos con miedo, no solo en el tema de la delincuencia. Es miedo a todo: a no poder salir adelante, a no poder poner un negocio, a no traer los alimentos desde los diferentes cantones. Tenemos que asegurar las vías.

- ¿Tienen un proyecto?

- Nosotros tenemos un proyecto viable y lo vamos a presentar. Cada cantón se responsabilizará de (crear) un centro de reacción inmediata de seguridad. Allí estarán los policías municipales. Estamos malgastando el dinero, pagando solo para que vayan a los mercados, tal vez a extorsionar o a meter palo a los pobres que quieren ganarse la vida. También tienen que ayudar en el tema de seguridad, obviamente que capacitándoles.

- ¿Cuánto dinero se destinará para esta capacitación y creación de esos centros?

- El 25% del presupuesto de la Prefectura. De ahí veré si necesito dar más al tema de seguridad. Mi objetivo es reducir al mínimo la inseguridad.

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- ¿Cuál sería el mínimo?

- Reducir entre un 60 y 80%.

- ¿En qué tiempo lo logrará?

- Desde el primer día ejecutaré mi plan. Empezaré por los cantones y parroquias más alejados. También mejoraré las vías, principalmente las rurales, para que (los productores) se sientan seguros de transportar sus productos hacia Guayaquil.

- ¿Cuánto va a destinar del presupuesto para las vías?

- Esta es la segunda prioridad y se destinará el 25% de los recursos.

Si yo doy el ejemplo de que no robo, nadie va a robar. La transparencia empieza por el prefecto.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

- ¿Ya tiene planificado cómo hacer para evitar las grandes inundaciones características de las épocas invernales?

- Estoy incluyendo eso en mi plan de trabajo que estoy elaborando y que debo presentar en agosto, al momento de inscribir la candidatura. Estoy trabajando con expertos en proyectos.

- El dragado del río Guayas ha sido una de las principales promesas de las últimas administraciones. ¿Qué haría diferente para que los resultados sean efectivos?

- Pediremos a las universidades públicas y privadas que revisen los proyectos que ya existen, mejorándolos. Para ello se destinarán 30, 60 días, no más. Al cuarto o quinto mes iniciaría el proceso (en el portal de compras públicas).

- ¿Cómo garantizará que los contratos de obra pública sean transparentes?

- Llamaré a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Producción y también a la clase obrera. Es decir, pueden venir y participar dentro del grupo que vamos a hacer el análisis. Vamos a tener a nuestros propios veedores y el principal veedor seré yo. Voy a estar también en territorio. Si doy el ejemplo de que yo no robo, nadie va a robar. Estoy dispuesto a dar ese ejemplo.

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- En el último período, la provincia tuvo una prefecta que dejó el cargo antes de concluir su mandato. ¿Qué garantías ofrece de que si resulta electo permanecerá los cuatro años?

- Así me ofrezcan y me digan: ‘Dé un pasito para que venga a ser asambleísta’, (diré que) no. Si a mí me eligen para (ser) prefecto de Guayas, yo tengo que terminar ese periodo; pero si quieren, de alguna manera, sabotear mi trabajo, no lo van a poder hacer.

- ¿Por qué?

- Porque voy a hacer bien las cosas. Si usted hace bien las cosas, apegadas a la ley, esa gente no podrá, ni rebuscando, encontrarle algo. Yo no soy corrupto.

- ¿De dónde buscará los recursos?

- Mi equipo de trabajo está analizando, en países principalmente europeos, créditos no reembolsables. También trataremos de que los países árabes puedan invertir en obra social en la provincia o presentarles proyectos viables y transparentes. Y mantendré una buena relación con el Gobierno, con bastante diálogo.

No podemos seguir permitiendo que las mafias les quiten a los productores guayasenses lo poco que ganan.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

Lo que debes saber

• A pesar de estar inhabilitado por el Estado hasta 2028, José Walther Manrique Suárez logró operar como una pieza fundamental en los contratos de Progen.
• El rastreo financierodel bufete Greenberg Traurig reveló pagos a Manrique.

En todos los contratos de Progen aparece un nombre recurrente: José Walther Manrique Suárez. Como pareja y socio de la ya procesada Karla Julieta Saud Calero, lobista de la compañía estadounidense, el empresario logró posicionarse como una pieza clave en el millonario esquema energético que deja un perjuicio superior a los 104 millones de dólares.

Ocurrió a pesar de que el Estado ecuatoriano inhabilitó a Manrique para contratar con el sector público hasta el 2028.

El rol de Manrique Suárez en la trama varió según la central termoeléctrica y la etapa del negocio. En el contrato de la planta Catamayo quedó registrado como “técnico de Progen” durante la reunión del 18 de junio de 2024, cita en la que se negoció el precio del megavatio en 1,3 millones de dólares, un valor 29,1% más caro que el costo fijado para las centrales de Salitral y Quevedo.

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Casi un año después, en mayo de 2025, el contratista mudó de cargo y se presentó ante los medios de comunicación en Guayaquil como “gerente de proyecto” de Salitral y Quevedo. Desde ese espacio, aseguró que los equipos “marca Progen” contaban con una garantía de 40 años.

Otro rol consta en el informe de trazabilidad financiera que elaboró el bufete Greenberg Traurig, equipo legal que contrató Celec para el juicio civil en Estados Unidos. El análisis a las transacciones de Manrique en su cuenta personal de Bank of America expone que, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, registró salidas de capital por un total de $2’460.058.

El destino del dinero evidencia la estrecha relación comercial y personal con los actores centrales del caso, debido a que Progen le pagó la suma más alta con transferencias de $750.000, mientras que la firma Wonderland Escrow Inc. Trust le transfirió $607.500, y Saud le hizo giros por $127.280. Además, en su calidad de accionista de la constructora Astrobryxa S.A., Manrique también recibió parte de los 15,2 millones de dólares que Progen le desembolsó.

Antes de este millonario negocio, el investigado ya acumulaba un historial de contrataciones estatales con tropiezos. Como gerente general de Constructora Manrique Suárez Edwalt S.A., enfrentó la terminación unilateral de contratos con la CNEL por inconsistencias en la ejecución de obras.

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Subastas sin competencia

Asimismo, el rastreo a sus ofertas públicas devela un patrón en las subastas inversas. En 2019 ganó el proceso SIE-CELEGU-227-19 con Celec tras una puja contra Hingelectc Cía., compañía con la que Karla Saud conformó el consorcio Autotrafo EC en 2023. En esa ocasión, Manrique Suárez ofreció en la primera puja un precio apenas cinco centavos de dólar más barato y en la segunda se bajó 100 dólares.

Exactamente el mismo escenario se repitió en 2023 en una subasta para la Empresa Pública de Obras, Bienes y Servicios (UG-EP). En el proceso SIE-UGEP-2023-019, la constructora de Manrique compitió contra la firma de Karla Saud, Marvellous S.A. El ahorro para la entidad fue casi inexistente porque en la primera puja Manrique propuso un costo 60 centavos más barato y en la segunda redujo otra vez 100 dólares.

En su versión ante las autoridades judiciales el 11 de febrero de 2026, Manrique argumentó que Astrobryxa S.A. solamente mantenía un acuerdo técnico y privado con Progen para las obras civiles de generación térmica.

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Un patrón de demandas

José Manrique recurre de forma sistemática a la vía judicial como estrategia para impugnar las sanciones del Estado y frenar la ejecución de las garantías económicas derivadas de sus contratos fallidos.

Su última acción legal es una demanda contencioso-administrativa (proceso 09802-2024-00888) contra la unidad de negocio Celec-Coca Codo Sinclair, tras la rescisión de un contrato de 269 mil dólares para la instalación de un sistema de sincronización GPS.

Ante el rechazo de la entidad estatal a un cambio en la marca de los equipos que él solicitó, la corporación declaró la terminación unilateral por un incumplimiento del 100% del objeto contractual.

También mantiene demandas contra CNEL y la terminal terrestre de Guayaquil.

Lo que debes saber

• La casa Madinyá, una de las edificaciones patrimoniales más representativas del centro de Guayaquil, actualmente es un inmueble cerrado y destinado únicamente al almacenamiento de piezas arqueológicas.
• Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil desarrolla un proyecto para ponerla en valor y revitalizarla, con la intención de devolverle un rol activo dentro del casco urbano.
• La casa Madinyá, ubicada en las calles Tomás Martínez, entre Rocafuerte y Córdova, fue inaugurada en 1927.

La casa Madinyá, una de las edificaciones patrimoniales más representativas del centro de Guayaquil, podría dejar de ser un inmueble cerrado y destinado únicamente al almacenamiento de piezas arqueológicas. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil desarrolla un proyecto para ponerla en valor y revitalizarla, con la intención de devolverle un rol activo dentro del casco urbano.

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La iniciativa, que formó parte de la exposición de trabajos finales de los universitarios, está ligada a un programa académico, en el que los alumnos analizan inmuebles históricos y plantean propuestas de intervención sustentadas en criterios técnicos y de conservación.

“Además de las clases dentro de las aulas, también tenemos un programa que se llama Cátedra Abierta (...), donde hacemos recorridos a las diferentes casas patrimoniales para ver el estado actual, la función, la puesta en valor actual y cómo recuperar todos los sistemas constructivos”, explicó Jorge Vega, docente que dirige el proyecto.

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El arquitecto aclaró que el objetivo es devolverle utilidad a la edificación respetando su valor histórico.

“En lo que es patrimonio se puede hacer una puesta en valor, una revitalización o una restauración. En este caso estamos trabajando en una puesta en valor y revitalización del edificio. Como está en desuso, se lo valoriza en un nuevo uso”, indicó.

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La casa Madinyá guarda piezas arqueológicas pertenecientes al Municipio de Guayaquil

Actualmente, la casa Madinyá, ubicada en las calles Tomás Martínez, entre Rocafuerte y Córdova, permanece cerrada al público y funciona como depósito de muestras arqueológicas del Municipio. Para el equipo de la Universidad, ese uso limita el potencial del inmueble.

“Nosotros como arquitectos restauramos y proponemos el uso y función respetando el edificio arquitectónico y de valor de arquitectura”, señaló Vega.

Casa Madinyá: Diagnóstico y lineamientos para su intervención

Durante cinco meses, los estudiantes han desarrollado un diagnóstico detallado del inmueble. El trabajo consistió en elaborar un fichaje técnico de cada uno de sus elementos estructurales para identificar su estado de conservación y determinar qué tipo de intervención requiere cada pieza.

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“Uno va evaluando, por ejemplo, una viga: ¿en qué situación está?, ¿qué patología presenta?, si tiene hongos, polilla, humedad o agrietamiento por envejecimiento. De acuerdo con esa evaluación proponemos cambiarla, mantenerla o utilizar materiales similares”, detalló el docente.

Ese análisis responde a las normas nacionales e internacionales que regulan la conservación del patrimonio. Vega recordó que Ecuador debe cumplir disposiciones establecidas en documentos como las cartas de Venecia, Washington e Icomos (Consejo Internacional del Monumentos y Sitios), además de los lineamientos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Por ello, explicó que un elemento solo puede ser reemplazado cuando presenta un deterioro considerable.

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“Un elemento que tiene un 30 % tiene que ser restaurado con materiales similares y con técnicas constructivas propias del uso”, enfatizó.

Parte del estudio también ha permitido comprender los sistemas constructivos originales de la vivienda.

El docente explicó que algunas maderas utilizadas hace casi un siglo, como el guachapelí, ya no se consiguen fácilmente, por lo que, cuando es necesario reemplazarlas, se recurre a alternativas compatibles como la madera laminada, sin alterar el comportamiento estructural del edificio.

Arquitectos italianos diseñaron la casa Madinyá, inaugurada en 1927

La estudiante Siu-Ling Chum Alcívar explicó que la casa fue construida en 1927 por encargo del catalán Alejo Madinyá Lascano.

Para ello se contrataron arquitectos italianos que llegaron a Guayaquil en la época previa al centenario de la independencia de la ciudad y que combinaron conocimientos europeos con la experiencia de los carpinteros de ribera locales.

“Podemos apreciar diferentes ensambles, por ejemplo el rayo de Júpiter, la cola de milano, el machihembrado y la caja y espiga”, comentó Chum.

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Añadió que estas técnicas permitían unir vigas, columnas y pisos sin perder estabilidad, aportando resistencia frente a sismos y otros eventos naturales.

La estudiante señaló que la vivienda original era mucho más extensa que la actual. “Hoy solamente se conserva hasta el patio central”, indicó.

Aun así, explicó que todavía permanecen elementos originales como parte de los pisos, la escalera y componentes estructurales que, con el paso de los años, han debido reforzarse con elementos metálicos para evitar su deterioro.

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Casa Madinyá: antecedentes de conservación

Los estudiantes también revisaron los antecedentes de conservación del inmueble.

Cynthia Baque, alumna, explicó que, según registros del INPC, ya existió un proyecto para revitalizar la casa en 1990, aunque nunca llegó a ejecutarse.

Posteriormente, el edificio fue intervenido desde 2013 y en 2018 fue sometido a una auditoría tras detectarse daños estructurales y problemas en la fachada.

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“Se hizo una restauración y se recomendó que la casa no se abriera al público por los sistemas estructurales y los diversos fallos que tenía”, explicó.

Lo que debes saber

• Los Chone Killers se dividieron en cinco facciones que disputan el control de Durán.
• Capturas y muertes de cabecillas aceleraron la fragmentación criminal en Ecuador.
• Expertos alertan que la división fortaleció las disputas por narcotráfico y extorsiones.

La historia de los Chone Killers refleja la evolución del crimen organizado en Ecuador: de una pandilla barrial surgida en Guayaquil pasó a ser una de las estructuras criminales más violentas del país. 

Sin embargo, el mayor desafío para las autoridades ya no es enfrentar a una sola organización, sino a múltiples facciones que hoy se disputan el control de Durán, uno de los cantones más golpeados por la violencia.

Expertos consultados coinciden en que la fragmentación del grupo, acelerada por la muerte de sus principales líderes, las capturas de cabecillas y la presión estatal, ha generado un escenario más complejo que el existente hace apenas unos años. Lejos de desaparecer, la organización se atomizó y multiplicó los focos de violencia.

El origen de los Chone Killers y su vínculo con Los Ñetas

Los orígenes de los Chone Killers se remontan a la década de 1990, cuando ecuatorianos deportados desde Estados Unidos introdujeron en el país la estructura de Los Ñetas, una pandilla nacida en cárceles de Puerto Rico. Muchos de sus integrantes se asentaron en Guayaquil y Durán, donde combinaron disputas territoriales con delitos como el microtráfico, robos y extorsiones.

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Durante el gobierno de Rafael Correa se impulsó un proceso de pacificación entre pandillas para reducir los homicidios. Aunque la violencia disminuyó temporalmente, varios integrantes mantuvieron actividades ilícitas. 

Uno de ellos fue Terry Israel Camacho, alias Trompudo, líder de la facción Los Asesinos en Durán. A inicios de la década de 2010, esta estructura fue absorbida por Los Choneros, organización que buscaba expandir su dominio territorial alrededor de los puertos de Guayaquil.

La alianza con Los Choneros y la expansión criminal

La alianza benefició a ambas partes. Los Choneros obtuvieron acceso a Durán, un punto estratégico para el almacenamiento y movilización de droga hacia las terminales portuarias, mientras que los antiguos Ñetas incrementaron su capacidad operativa y armamentística bajo una nueva identidad: los Chone Killers.

En 2020 comenzó la confrontación abierta entre Chone Killers y Latin Kings por el control de Durán. El asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, ese mismo año, provocó una ruptura dentro de la organización matriz.

Inicialmente, los Chone Killers se aliaron con Los Lobos y Los Tiguerones en la denominada Nueva Generación. Posteriormente retomaron su vínculo con José Adolfo Macías, alias Fito, hasta su captura en 2025 y posterior extradición a Estados Unidos.

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La caída de los cabecillas y la división en cinco facciones

Desde entonces, el grupo ha sufrido sucesivas fracturas. La muerte de Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, en diciembre de 2024; la captura de Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio, en Panamá; y la persecución de otros cabecillas aceleraron el proceso.

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En julio de 2026, Estados Unidos designó a los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada, al considerar que la organización había ejecutado ataques contra civiles, policías y funcionarios públicos.

Para Michelle Maffei, especialista en crimen organizado, hoy ya no puede hablarse de un solo grupo. "Los Chone Killers se rompieron en cinco facciones. Tres responden al Negro Tulio, actualmente preso, y mantienen alianzas con sectores de Los Lobos y algunos Tiguerones. Las otras dos operan de forma independiente, intentando sostener sus economías criminales dentro de Durán”.

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Expertos advierten efectos de la fragmentación criminal

A juicio de la investigadora, la fragmentación también evidencia el fracaso de los procesos de pacificación implementados años atrás.

“No hubo una integración real de los antiguos Ñetas ni de los Latin Kings a la sociedad. La ausencia del Estado permitió que estas organizaciones encontraran nuevas formas de generar ingresos”, sostiene.

Como ejemplo menciona el acceso al agua potable en Durán. Según Maffei, la falta de cobertura estatal ha permitido que grupos criminales controlen el negocio de distribución mediante tanqueros, cobrando pagos mensuales a numerosas familias.

“Cuando estas organizaciones buscan vincularse con la política o con funcionarios públicos es porque necesitan proteger sus operaciones. Eso termina debilitando la justicia y facilita la impunidad”.

La estrategia contra los líderes criminales y sus efectos

Diversos estudios internacionales desarrollados en México y en Colombia concluyen que la llamada estrategia de "decapitación", basada en capturar o eliminar líderes criminales, suele producir efectos contraproducentes en el corto plazo. 

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En lugar de desaparecer, las organizaciones se dividen y los nuevos cabecillas inician disputas por el control de territorios, rutas del narcotráfico, extorsiones y mercados ilegales. Ecuador reproduce ese mismo patrón.

Un oficial con conocimiento directo de la situación en Durán explica que la captura de varios líderes abrió una disputa permanente. “Se abrió prácticamente una plaza muy apetecida por su historia y por ser un importante punto de expendio de microtráfico, además de su cercanía al río Guayas. Después del primer fraccionamiento comenzaron enfrentamientos continuos entre las nuevas subfracciones”, explica.

Cuando estas organizaciones buscan vincularse con la política o con funcionarios públicos es porque necesitan proteger sus operaciones. Eso debilita la justicia.Michelle Maffei, experta en crimen organizado

Para la analista en seguridad pública María José Guerra, el fenómeno era previsible, ya que: “Cuando desaparece un líder, las estructuras criminales no desaparecen. Se dividen, se adaptan y generan más puntos de conflicto, porque cada subgrupo quiere controlar territorio, rutas y economías ilícitas”.

Las claves que debes saber

• Vecinos y estudiantes impulsan proyectos para reducir consumo de alcohol en La Mariscal.
• PUCE presentó juegos urbanos y campañas para mejorar convivencia en calles conflictivas de Quito.
• Buscan reducir basura y excesos con iniciativas comunitarias financiadas junto a moradores.

Desde mediados de semana, o incluso días antes, los chats de vecinos de las calles Veintimilla, José Tamayo y Jerónimo Carrión, en La Mariscal, comienzan a llenarse de mensajes de preocupación. Hay una escena que se repite con frecuencia en ese sector del norte de Quito: grupos de jóvenes ocupan las veredas y espacios públicos para consumir alcohol, ocurren peleas, queda basura dispersa y los moradores llaman a la Policía.

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Sin embargo, la intervención de las autoridades suele convertirse en un “juego del gato y el ratón”. Los jóvenes se retiran cuando llegan los uniformados, pero poco después regresan y la situación vuelve a repetirse.

Ante esa realidad, la Iniciativa Mariscal Sur, la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural y el Buró de La Mariscal, se han unido a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) para abordar el problema desde otra perspectiva. 

A través de un convenio, estudiantes desarrollaron proyectos enfocados en generar cambios de comportamiento y fortalecer la convivencia entre los vecinos y los universitarios.

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Dentro del proyecto, el punto de partida fue un recorrido por las calles Veintimilla, Jerónimo Carrión y José Tamayo, donde se identificó que el principal foco de conflicto es el consumo de alcohol en el espacio público. También concluyeron que existe una escasa oferta de actividades recreativas distintas a asistir a bares y discotecas.

“Nos preguntamos cómo reemplazar un hábito por otro y cómo ofrecer alternativas sin prohibir”, explicaron los estudiantes de Arquitectura de la PUCE en la presentación de los proyectos.

Juegos en pleno espacio público

A partir de ese diagnóstico nació una de las propuestas: recuperar el espacio público mediante juegos urbanos. En una primera etapa se plantea implementar actividades como rayuela, Twister y tres en raya, utilizando cintas de colores y tiza para delimitar temporalmente las áreas de juego.

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La intervención también contempla colocar adhesivos con mensajes como “Recordemos ser niños, no todo es alcohol”, además de códigos QR que expliquen cómo jugar y promuevan mensajes de convivencia.

El objetivo es incentivar la actividad física, generar momentos de encuentro y demostrar que el espacio público puede utilizarse de maneras distintas, respetando al mismo tiempo a quienes viven o trabajan en el barrio.

Una iniciativa contra la basura

Un segundo proyecto apunta a otro de los principales reclamos de los vecinos: la basura que queda sobre las aceras.

La propuesta consiste en pintar de forma simbólica circuitos y tachos sobre el espacio público para evidenciar visualmente la cantidad de residuos que se acumulan. 

La intención es que los propios jóvenes tomen conciencia del impacto que generan sus acciones y comprendan que La Mariscal no es únicamente una zona de entretenimiento, sino un barrio donde existen múltiples dinámicas cotidianas.

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'Huecas saludables' en La Mariscal

La tercera iniciativa se enfoca en la alimentación. Los universitarios detectaron que la oferta gastronómica del sector está dominada por la comida rápida, mientras que existen pocas opciones saludables y, además, son poco visibles.

Por ello plantean desarrollar una aplicación que clasifique los establecimientos según la calidad nutricional de sus productos y permita identificar fácilmente las “huecas saludables”. La premisa es que una mejor alimentación también puede contribuir a disminuir el consumo excesivo de alcohol entre los universitarios.

David Montesinos, de la Iniciativa Mariscal Sur, explica que el trabajo parte del reconocimiento de una problemática real, pero busca enfrentarla desde un enfoque de salud pública y convivencia.

“Somos conscientes de la ocupación del espacio público y del consumo de alcohol, pero queremos caminar hacia espacios de diálogo entre jóvenes y vecinos”, señaló.

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Las propuestas fueron presentadas a los moradores, entre quienes encontraron una recepción positiva. Aunque persiste la preocupación por los problemas de seguridad y convivencia, los vecinos destacaron la disposición de los estudiantes para asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones.

“Las universidades no se van a ir de aquí, forman parte del sector. Lo que corresponde es construir espacios de convivencia, respeto mutuo y ejercer el derecho a la ciudad tanto para quienes viven como para quienes estudian”, añadió Montesinos.

Residentes ofrecen apoyo

Para Andrés Groner, coordinador de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, uno de los aspectos más valiosos fue que los vecinos descubrieran que las propuestas nacen desde los propios estudiantes.

“Muchos moradores no sabían que existía este nivel de responsabilidad entre los jóvenes. Incluso algunos se comprometieron a colaborar económicamente, porque son proyectos de bajo costo”.

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Actualmente se buscan mecanismos de financiamiento junto con los vecinos para implementar las iniciativas cuando los estudiantes regresen a clases. 

La expectativa es que estos tres proyectos converjan en un mismo objetivo: demostrar que es posible construir una Mariscal donde el encuentro entre moradores y universitarios deje de estar marcado por el conflicto y comience a basarse en la convivencia.

Lo que debes saber

• Las elecciones del Guayaquil Tenis Club fueron suspendidas por orden judicial tras una acción de protección presentada por un grupo de socios.
• La decisión, inédita en los 116 años de historia de la institución, reprogramó la jornada electoral para el 16 de agosto.

Inédito. Por disposición judicial, las elecciones para elegir al directorio del periodo 2026-2030 del Guayaquil Tenis Club, previstas inicialmente para el domingo 28 de junio, fueron suspendidas. ¿Pero qué ocurrió?

En exclusiva para EXPRESO, el directorio del club explicó que la suspensión de las elecciones obedeció a una orden judicial emitida por una jueza de Samborondón, quien aceptó la medida cautelar y la acción de protección presentada por un grupo de socios que respalda la candidatura de Leonardo Bohrer, uno de los tres aspirantes a la presidencia.

“El antecedente de la acción de protección fue la decisión del Tribunal Electoral del Guayaquil Tenis Club (GTC), que, por mayoría de votos de sus miembros, no calificó la lista encabezada por Leonardo Bohrer por no cumplir las disposiciones del estatuto del GTC”, señala el directorio.

Según la directiva, este hecho no tiene antecedentes en la historia de la institución. “En 116 años de trayectoria nunca habíamos tenido una situación como la actual”, indica el pronunciamiento.

El directorio también precisó que la resolución judicial será acatada “bajo protesta”. Es decir, el Tribunal Electoral del GTC resolvió cumplir la orden de la jueza mientras continúa el proceso de apelación. “En tal virtud, se continuará con el proceso de apelación de la decisión judicial”, añade el documento.

En un video publicado en TikTok, Leonardo Bohrer explicó que decidió participar en el proceso electoral junto con un grupo de socios, convencido de hacerlo conforme a derecho. Señaló que el anterior Tribunal Electoral había permitido la participación de su lista y que incluso dio un paso al costado para facilitar la inscripción de otros integrantes, pero que esa posibilidad finalmente fue negada.

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Sostuvo, además, que un grupo de socios solicitó al directorio convocar a una asamblea extraordinaria. Citó el artículo 2 del estatuto del club, que establece que la institución se somete a la Constitución de la República y a la Ley del Deporte. En el audiovisual afirmó que dos ministros distintos avalaron su participación, que agotaron todas las instancias administrativas y que finalmente recurrieron a la justicia constitucional. “Hoy ya podemos hacerlo”, manifestó.

¿Qué ha dicho el Guayaquil Tenis Club?

El 27 de junio, la cuenta oficial de Instagram del Guayaquil Tenis Club difundió un video en el que su presidente, Héctor Solórzano, se dirigió a los socios. “Duele ver al Guayaquil Tenis Club atravesando momentos de tanta incertidumbre. Duele escuchar socios preocupados, confundidos o molestos. Duele ver cuestionada una institución que durante años ha sido motivo de orgullo”, expresó.

Acotó que “por ese respeto hoy quiero hablarles con claridad. Como muchos ya conocen, las elecciones han sido suspendidas de manera temporal como consecuencia de una acción de protección presentada por un grupo reducido de socios”.

Posteriormente, el 7 de julio la institución publicó un nuevo video en el que Solórzano insistió en la importancia de preservar la autonomía del club. “Lo que está en juego no es una elección. Está en juego la autonomía que ha sido la base de nuestra institución durante más de un siglo. Hago un llamado a la unidad de todos los socios para defender este principio, porque el futuro de nuestro club debe seguir defendiéndose aquí, en nuestra casa”.

¿Quiénes participan en el proceso del Tenis Club?

Las tres listas que participan en el proceso electoral son la Lista 1, con Fernando Camposano Castro como presidente y María Massuh Coello como vicepresidenta; la Lista 2, con Juan Trujillo como presidente y Lissa Macchiavello como vicepresidenta; y la Lista 3, con Leonardo Bohrer Pons como presidente y Roberto Calderón Macchiavello como vicepresidente.

Este Diario buscó la versión de los candidatos. Hasta el cierre de esta edición, únicamente Juan Trujillo respondió sobre su postura frente al proceso y las propuestas de su lista.

Trujillo calificó como “una tremenda equivocación” que un grupo reducido de socios haya acudido a la Función Judicial para resolver un asunto interno del club.

“Esto abre una peligrosa puerta para que, en el futuro, cualquier socio o incluso un tercero que no esté de acuerdo con una decisión administrativa pretenda hacer lo mismo. Una acción como esta interfiere en la autonomía e independencia del Guayaquil Tenis Club”, argumentó.

Respecto a su propuesta, explicó que contempla un plan de obras orientado a mejorar los servicios para los socios. “Como existen dos sedes, hemos planteado el nombramiento de un administrador exclusivo para la sede centro, la ejecución de varias obras físicas y, en el caso del anexo Samborondón, la construcción de un edificio de parqueaderos. Cuando hay eventos, el espacio colapsa y se vuelve un caos. Nuestra lista combina experiencia y juventud”, señaló.

¿Cuándo serán las elecciones?

A través de Instagram, el Guayaquil Tenis Club informó que las elecciones se realizarán el domingo 16 de agosto. La jornada de votación se desarrollará en el salón principal de la sede centro y en el edificio principal del anexo Samborondón.

Hasta el cierre de esta nota, los representantes de las listas 1 y 3 todavía no respondían a EXPRESO sobre su postura frente al proceso judicial, ni sobre las propuestas que plantean para dirigir esta institución centenaria.

Lo que debe saber

• El reloj corre para Noboa: el Gobierno tiene hasta el 15 de septiembre para convocar el referéndum o la consulta sobre el CPCCS quedará fuera de las elecciones seccionales.
• ¿Cambio de estrategia política? El silencio del Ejecutivo abre interrogantes sobre si aún existe voluntad de quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades de control.
• La demora en convocar el referéndum podría permitir que el actual CPCCS designe al próximo fiscal general antes de que una eventual reforma entre en vigencia.

En menos de dos meses vencerá el plazo que requiere el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar el referéndum sobre la propuesta de retirar facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el marco de las seccionales 2026. 

Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha emitido el decreto de convocatoria, y el silencio rodea el futuro de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

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Noboa propuso retirarle al CPCCS la atribución de designar autoridades de control. Cabe recordar que esa entidad tiene a su cargo los concursos y procesos para definir quiénes ocuparán cargos como el de fiscal general, vocales del CNE y contralor general. La propuesta es que esa facultad regrese a la Asamblea Nacional.

Los tiempos que maneja el CNE

Para que esa pregunta se incluya en las elecciones seccionales de noviembre existe un plazo límite. En entrevista con EXPRESO, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que el decreto debería llegar al organismo hasta el 15 de septiembre. 

Esa fecha resulta de los 15 días que tiene el CNE para realizar la convocatoria, una vez recibido el documento, y de los 60 días establecidos para organizar y ejecutar el proceso.

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Hasta ahora, el Ejecutivo ha mantenido este tema fuera del debate público. No se ha definido una fecha para la emisión del decreto ni se han registrado pronunciamientos sobre el avance de la propuesta.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno, como entidad encargada de la gestión política del Ejecutivo. Hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta a dicho pedido.

En la Asamblea Nacional, donde la mayoría legislativa está controlada por ADN, tampoco existen señales acerca del futuro de la iniciativa. Andrés Castillo, legislador del oficialismo, contestó: “Desconozco. De gana voy a mentir”.

¿Hay cálculos políticos?

Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cabe preguntarse si, en la coyuntura actual, al Gobierno le conviene impulsar la propuesta o si “le sale más barato” mantener la designación de autoridades en el Consejo de Participación. 

“Quizá ahí encontremos la razón por la cual, teniendo el dictamen de la Corte Constitucional desde abril (de 2026), no se ha plasmado en un decreto de convocatoria a referéndum”.

En cambio, para el exasambleísta Héctor Muñoz, existe un hecho que llama la atención en lo referente al futuro del CPCCS. Ese organismo decidió continuar con el proceso para designar al nuevo fiscal, pese a la polémica surgida del enfrentamiento entre el Pleno y la Comisión Ciudadana de Selección.

Cabe recordar que la propuesta de referéndum incluye una disposición para que, en caso de triunfar el Sí, todos los concursos en trámite para la designación de autoridades sean declarados desiertos, una vez que los resultados se publiquen en el Registro Oficial.

Muñoz explicó que el tema debe analizarse considerando todos esos elementos, ya que el concurso podría acelerarse para que el actual CPCCS designe a un nuevo fiscal general.

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Para ambos, los resultados adversos de la última consulta popular de 2025 también podrían influir en la demora. Alarcón recordó que en noviembre ADN también deberá enfrentar por primera vez unas elecciones de autoridades locales.