Lo que debes saber

• Cinco adolescentes de Guayaquil y Daule cuentan cómo perciben la ciudad donde crecen.
• Valoran la solidaridad, pero cuestionan la falta de espacios seguros y recreativos.
• Sueñan con ciudades más seguras, inclusivas y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Cinco adolescentes que viven en Guayaquil y en Daule compartieron con EXPRESO sobre la ciudad en la que crecen, los desafíos que enfrentan a diario y cómo imaginan el lugar donde les gustaría vivir. Hablan de calles donde antes podían jugar sin preocupación, de parques que perciben descuidados y de una convivencia que aún valoran gracias a la solidaridad de algunas personas.

Pero también describen un entorno urbano marcado por la inseguridad. Esta ha transformado su manera de desplazarse, relacionarse e incluso de proyectar sus sueños.

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Una generación que observa y cuestiona

Sus testimonios reflejan las inquietudes de una generación numerosa. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), en Guayas viven 876.776 niños de 0 a 11 años, que representan el 20 % de la población provincial, mientras que 491.033 son adolescentes de entre 12 y 17 años, equivalentes al 11,2 %.

Entre los menores, 449.151 son niños y 427.625 son niñas. Asimismo, se registraron 250.685 adolescentes hombres y 240.348 adolescentes mujeres.

Del total de menores de edad, 732.739 niños y 410.630 adolescentes residen en áreas urbanas de Guayas. En cambio, en las zonas rurales habitan 144.037 niños y 80.403 adolescentes, una población que también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a servicios, espacios recreativos y oportunidades de desarrollo.

Las cifras reflejan, además, otras realidades que atraviesan a la niñez y adolescencia. De acuerdo con el Registro Estadístico Base de Población del Ecuador (Rebpe), elaborado por el INEC, en 2023 se registraron 39.314 menores de edad en situación de orfandad en Guayas; el 51 % corresponde a hombres y el 49 % a mujeres. De ese grupo, el 43,9 % son niños y el 56,1 % adolescentes.

Siento que debemos cuidarla entre todos, porque el futuro de la ciudad no depende solo de las autoridades. Somos nosotros quienes construimos ese futuro y quienes podemos convertirlo en un mejor lugar para las próximas generaciones.Valeria Galárraga, 16 años

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Lo que rescatan: la interrelación ciudadana

Para Valeria Galárraga, de 16 años, quien reside en Daule, todavía existen aspectos valiosos en la convivencia social. Ella destaca que las personas comienzan a interesarse más por temas como la salud, la economía y el cuidado del país, algo que considera importante para construir un mejor futuro.

La adolescente asegura que le gusta la manera en que vecinos y amigos se organizan para cuidar lo que tienen en común. Sin embargo, cree que la ciudad ha descuidado áreas fundamentales, como la seguridad y las zonas verdes, espacios que considera esenciales para las nuevas generaciones.

Asimismo, Domenika Pérez, de 15 años, rescata la solidaridad que aún encuentra en su entorno; ella vive en Urdenor, al norte de Guayaquil. Dice que le alegra ver que todavía existen personas dispuestas a ayudar a otros, lo que le hace sentir que la sociedad aún conserva valores importantes.

Me gustaría un Guayaquil donde todas las personas tengan oportunidades para cumplir sus sueños y sus metas personales como profesionales, y donde podamos disfrutar de los espacios recreativos sin sentir miedo ni preocuparnos por nuestra seguridad.Domenika Pérez, 15 años

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La inseguridad marca su día a día

Aunque describe a Guayaquil como una ciudad tranquila y bonita, reconoce que el temor está presente cuando camina por las calles. Cuenta que muchas veces siente miedo al ver una motocicleta acercarse, por el riesgo de sufrir un robo.

Es por eso por lo que Valeria siente que hoy los niños y adolescentes ya no pueden salir con la tranquilidad con la que crecieron sus abuelos. “Los padres viven con el miedo constante de que sus hijos no regresen a casa”, afirma, al describir cómo la inseguridad ha transformado la vida cotidiana.

Matteo Castillo, de 13 años, encuentra en su barrio, la ciudadela Martha de Roldós, un espacio para hacer lo que más disfruta: jugar fútbol con sus vecinos. Para él, esos tiempos representan una oportunidad para divertirse, compartir con otros niños y despejar la mente.

Me gustaría vivir en una ciudad donde los niños podamos salir a jugar, divertirnos y estar con nuestros amigos sin preocupaciones. Creo que deberíamos sentirnos seguros cuando estamos en la calle, en el parque o en nuestro propio barrio.Matteo Castillo, 13 años

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Una generación que crece con marcas

Sin embargo, reconoce que la inseguridad también condiciona su vida cotidiana. Dice que no siempre puede salir de su hogar sin preocupaciones, por lo que suele sentirse más tranquilo cuando está acompañado por sus padres.

Alessandro Quinto, de 15 años, menciona que antes salir con amigos era algo sencillo y cotidiano. Hoy, en cambio, siente que incluso compartir con otros adolescentes implica pensar en el riesgo de ser víctima de un robo.

El adolescente cuenta que presenció un asalto, en el sur de Guayaquil, cuando iba a entrenar fútbol a las canchas de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador), una experiencia que lo impactó profundamente. “Fue sorprendente ver cómo alguien podía hacer daño con tanta facilidad”, comenta al recordar ese momento que lo marcó.

Aunque asegura que suele sentirse protegido cuando se moviliza acompañado de amigos, reconoce que la inseguridad condiciona la manera en que transita por la urbe porteña. Afirma que si fuese alcalde dispondría que dos policías estén en cada cuadra para que protejan y se hagan compañía.

Me gustaría vivir en una ciudad más segura y más social, donde las personas no tengan adicciones y tampoco tomen malas decisiones. Creo que una mejor educación desde niños ayudaría a que más jóvenes elijan un camino diferente.Alessandro Quinto, 15 años

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Lo que esperan de los adultos y las autoridades

Por otro lado, Daniel Moscoso, de 14 años, cree que el deporte no recibe la atención que merece. Aunque reconoce la popularidad del fútbol, considera que otras disciplinas deportivas necesitan más impulso y espacios públicos que permitan a niños y adolescentes aprovechar su tiempo libre.

Daniel vive en Daule y sueña con una ciudad donde los adolescentes y niños puedan reunirse sin temor con sus amistades. Desde su mirada, las autoridades locales y nacionales deberían priorizar una administración más transparente y coordinada para recuperar la seguridad, así como la confianza de la ciudadanía.

Alessandro considera que las ciudades necesitan más espacios recreativos y oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus talentos. Sueña con una ciudad más segura, más integrada socialmente y con una educación sólida desde la infancia, para evitar que la gente termine atrapada en la violencia o las adicciones.

La ciudad que sueño es una donde las personas puedan caminar tranquilas, reunirse con sus amigos y disfrutar de parques y espacios deportivos. Nos merecemos crecer en un lugar que nos permita desarrollarnos y convivir sin temor.Daniel Moscoso, 14 años

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Lo que debes saber:

• Por el Día del Niño, EXPRESO recoge voces de adolescentes que cuestionan seguridad, ambiente e individualismo.
• Más del 60% vive en ciudades; adolescentes señalan que hacen falta medicinasy también oportunidades laborales.
• En Ecuador, más del 30 % de habitantes tiene menos de 18 años.

La inseguridad, el desempleo, la contaminación, la falta de medicinas y una sociedad cada vez más individualista no son preocupaciones exclusivas de los adultos. También inquietan a quienes aún no cumplen 18 años.  

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En Ecuador, algo más del 30 % de habitantes -entre 5 y 6 millones de personas- son niños y adolescentes, que crecen en medio de esa realidad.

Por el Día del Niño, que se conmemora este 1 de junio del 2026, EXPRESO evitó recurrir a la mirada de los adultos para describir lo que viven. Optó por escuchar directamente a quienes la viven: niñas, niños y adolescentes, y cómo perciben la sociedad en la que están creciendo.

Más del 60 % de esta población vive en áreas urbanas. Por eso, este ejercicio se concentró en Quito, Daule y Guayaquil, con adolescentes de entre 12 y 16 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), seis de cada 10 hogares tienen al menos un niño o adolescente.

Fuimos a buscarlos en sus espacios: en sus casas, también en espacios como la Casa 707 del Municipio de Quito, el proyecto Tejiendo Futuro de Lab-XXI y la Red de Padres de chicos con altas capacidades.

Los testimonios de adolescentes evidencian inquietudes de adultos

Cuatro de los cinco adolescentes entrevistados se refirieron a la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. En el caso de los varones, se trata de chicos que dividen su tiempo entre la escuela y actividades como clases de guitarra, break dance, panadería, pastelería o la posibilidad de ir a buscar qué leer y compartir con otros jóvenes.

Justyn, de 13 años, vive en El Placer, sorprendió con su comentario: “Ver a militares cuidando las calles, un día, me parece una fachada; no me da seguridad”. Otro tema que le hace reflexionar sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA) porque incidiría en la pérdida de posibilidades laborales, en un Ecuador agobiado por la falta de empleo.

Samuel Rivadeneira, el menor de los entrevistados, acude los martes, jueves y viernes a talleres municipales de guitarra y panadería. “Quisiera ponerme mi propio restaurante, donde también pueda enseñar a hacer pizza”, dice. Le iría bien administrándolo, cree, porque es bueno para matemáticas. Pero no le gusta escuchar a los adultos hablar sobre lo que pasa con los delincuentes.

Falta de medicinas la sienten los menores de edad

Otra preocupación, menos esperada para su edad, surgió en la conversación con Sergio, de 16 años. Le colocaron implantes cocleares desde antes de cumplir los 2 años y recientemente fue operado de la arteria aorta. 

Su recuperación ha impedido que acuda a clases regulares, por lo que ha hecho tareas dirigidas para no perder el segundo de bachillerato.

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Pero más allá de su salud, le inquieta que su madre -como tantas otras- tenga que asumir el costo de las medicinas necesarias para su tratamiento.

Por otro lado, Guillermo, quien en julio cumplirá 16 años, fue diagnosticado con altas capacidades a los 8. Aunque por su edad debería cursar décimo de básica, ingresó antes al sistema educativo y por su inteligencia se saltó un grado; actualmente está en segundo de bachillerato.

Él integra un grupo de aprendizaje de matemáticas en la Escuela Politécnica Nacional. También dedica tiempo a la música: toca guitarra; antes aprendió piano y bajo. No está seguro de tener buena voz.

Le preocupa el individualismo. Considera necesario fortalecer la unión y el trabajar juntos por objetivos compartidos.

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Trabajo infantil persiste en las vías de Guayaquil ante la vista de todos y de nadie

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Renata, de 15 años, es parte del Proyecto Tejiendo Futuro de LAB XXI. Juega con su perra Molly, mientras cuenta que todos podrían ayudar para no destruir el ambiente, incluso recogiendo la basura y no lanzándola en las calles. Le gustaría que se trabaje en educar para formar mejores ciudadanos.

Lo que debes saber

• Las muertes de presos en la Cárcel del Encuentro reavivan las alertas por tuberculosis y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios de Ecuador. 
• Expertos advierten que la falta de diagnóstico oportuno y tratamientos continuos puede agravar los contagios. 
• Mientras las autoridades descartan un brote, familiares denuncian una crisis sanitaria dentro de los pabellones.

Las recientes muertes de personas privadas de la libertad en la cárcel del Encuentro bajo la sospecha de tuberculosis y las denuncias de las condiciones precarias en que viven dentro del penal ha levantado la preocupación de sus familiares por desconocer la real situación de salud de sus seres queridos.

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Para el doctor Alberto Piubello, médico italiano con 35 años de experiencia en salud pública, especialista en tuberculosis y tuberculosis multidrogorresistente, asesor médico de la Fundación Damien y experto del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, estas preocupaciones tienen sustento cuando coinciden hacinamiento, ventilación deficiente, diagnóstico tardío y acceso limitado a servicios de salud. Según explica, en muchos sistemas penitenciarios la transmisión de la enfermedad ya suele haberse extendido ampliamente cuando aparecen los primeros casos detectados.

En abril de 2025 ya se registraban falencias. Ese mes, el día 22, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) realizó una visita en la Penitenciaría, gracias a una disposición judicial emitida a partir de una medida cautelar presentada por la institución.

Tuberculosis en prisión: condiciones que favorecen los contagios

En su informe de aquella inspección, el CDH destacó que el pabellón 7 albergaba a 531 presos “con diagnóstico confirmado de tuberculosis”, quienes “no recibieron tratamiento médico adecuado durante los últimos tres meses”. También reportó que en las alas 3 y 4 del pabellón “se evidenció la presencia de heces de roedores o murciélagos”.

En el pabellón 8, en algunas alas, “cada celda está ocupada por un promedio de 9 personas, a pesar de contar solo con 3 camas disponibles”.

El informe también revela que según el personal médico del Ministerio de Salud presente en el policlínico, uniformados de las Fuerzas Armadas que prestaban servicio en la cárcel “no permitían el ingreso de los médicos para suministrar medicamentos” desde hace más de cuatro meses.

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Hacinamiento, falta de medicamentos y obstáculos para la atención médica

Piubello considera que este tipo de escenarios dificulta el control de la enfermedad. Explica que uno de los principales desafíos es el diagnóstico tardío, pues en muchos sistemas penitenciarios no existen tamizajes sistemáticos al ingreso de los internos, además de que suele ser limitado el acceso a radiografías de tórax, pruebas moleculares rápidas y otros exámenes especializados. A ello se suman los constantes traslados de personas privadas de libertad, que pueden dificultar tanto el diagnóstico como la continuidad de los tratamientos.

En febrero de 2026, el CDH realizó una nueva visita a esa cárcel, igualmente permitida a partir de un fallo judicial. Allí se constató el funcionamiento de un nuevo policlínico con cierto abastecimiento de medicamentos, en donde se atendía a 10 reos en camillas.

En el pabellón 7 se evidenció una situación de hacinamiento. Además, conocieron que en el establecimiento había una mala distribución de raciones alimenticias, pues algunos internos no recibían las mismas porciones y a otros no se las daban.

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Nuevo policlínico, pero persisten denuncias sobre la atención sanitaria

Al final de ese recorrido se valoró positivamente que con la habilitación de dicho policlínico, mejoró la atención en salud a los internos. Pero según Navarrete, varios presos señalaron que la dotación de medicinas no era constante.

Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, asegura que en los pabellones aún existen malas condiciones: colchones sucios, tarrinas y fundas con restos de comida, así como una escasa o nula ventilación.

El doctor Piubello advierte que la interrupción de los tratamientos prolonga el periodo de contagio y favorece la aparición de formas resistentes de tuberculosis, consideradas entre los mayores desafíos para los sistemas de salud. Añade que para contener eficazmente un brote son indispensables un diagnóstico temprano, tratamiento continuo, disponibilidad garantizada de medicamentos y seguimiento permanente de los pacientes, especialmente durante los traslados.

Expertos alertan sobre el riesgo de tuberculosis resistente

En la rendición de cuentas del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) concerniente al año 2025, efectuada en abril de 2026, se informó que en cuanto a salud, más de 10.769 presos recibieron atención integral y además se inauguró el policlínico intramuros en Guayas.

Previamente, en febrero de 2026, en una rueda de prensa realizada en Quito, el Ministerio de Salud informó que 2.649 reos padecen tuberculosis y se indicó que permanentemente se aplican tamizajes y tratamientos.

En mayo de este año, los fallecimientos de al menos tres presos en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, quienes tuvieron complicaciones en su estado de salud, generaron nuevamente preocupación por la situación sanitaria en los centros de reclusión por los casos de tuberculosis.

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Casos de tuberculosis en cárceles mantienen la preocupación sanitaria

El SNAI, en un comunicado emitido el jueves 28 de mayo, indicó que en ese establecimiento “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis”. También aseguró que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizan acciones permanentes de vigilancia sanitaria y seguimiento clínico en las cárceles.

Piubello recuerda que las cárceles no son espacios aislados. El flujo constante de internos, funcionarios, personal médico, visitas y personas que recuperan su libertad hace que la tuberculosis no controlada pueda convertirse también en un problema para la comunidad.

Por ello advierte que los brotes en prisión pueden contribuir significativamente a la transmisión de la enfermedad fuera de las cárceles y favorecer la permanencia de cepas resistentes.

Lo que debes saber

• El Niño amenaza simultáneamente los principales cultivos del país: la Phytophthora en cacao, y el Fusarium raza 4, la Sigatoka y el Moko en musáceas podrían desbordarse, pues el fenómeno acelera la reproducción y dispersión de enfermedades y plagas.
• Ecuador aplica el doble de plaguicidas a comparación del promedio latinoamericano. El Niño, al acelerar la proliferación de plagas, incrementará esa cifra.
• El gobierno anticipó un presupuesto de $4 millones para pagar primas de seguros agrícolas a productores que resulten afectados por El Niño, cifra que las posibles pérdidas superarían con creces.

La alerta por el fenómeno de El Niño que el gobierno conocía desde finales de marzo y que apenas en estas últimas dos semanas derivó en la semaforización amarilla y activó sus primeras respuestas formales lleva consigo una carga silenciosa: el riesgo de que enfermedades y plagas se propaguen a una velocidad que el agro ecuatoriano difícilmente pueda contener, sin infraestructura preparada ni un plan de contingencia.

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En el sector cacaotero, Jorge Marún, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), señala que hay una deuda pendiente: “no hay ningún plan de prevención, no hay la suficiente difusión, no hay una transferencia de tecnología”, al referirse a la inacción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales.

Esa omisión tiene consecuencias concretas. El oomiceto Phytophthora, responsable de la mazorca negra, es la enfermedad que preocupa al sector cacaotero.

Marún —productor de Babahoyo, uno de los cantones de Los Ríos con mayor historial de inundaciones y cuyas trabas presupuestarias e interinstitucionales fueron documentadas en la entrega anterior— advierte que durante los últimos dos años la Phytophthora ya predomina incluso en época seca: "con un invierno fuerte va a haber una mayor incidencia, puesto que también ataca los árboles y termina matándolos".

El impacto es acumulativo: un productor puede perder entre 4% y 5% de su población de árboles por año y quedar, en una década, con hasta 400 individuos menos en una hectárea sembrada con 1.200. “Se piensa que la plantación está decreciendo en la productividad y no es un tema de productividad sino de falta de población”, aclara.

“El primer ataque contra esta enfermedad son los drenajes, antes que pensar en invertir más en plaguicidas y en otro tipo de insumos”, enfatiza Marún. Y recomienda a los productores cacaoteros mejorar los canales, monitorear constantemente, retirar los frutos enfermos de los cultivos y resembrar.

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En el sector bananero, el escenario es igual de complejo. Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro (ABO), sostiene que “la economía de la provincia depende básicamente de la producción bananera”.

Lo que más le inquieta es la repercusión de las primeras lluvias fuertes que golpearon la zona cero de Fusarium raza 4 tropical, en Santa Rosa. El hongo no exterioriza sus efectos de inmediato, sino entre seis y siete meses después. Eso significa que el daño que pudo propagarse durante las inundaciones recientes permanece aún invisible, y cuando el daño finalmente sea perceptible o la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario publique los hallazgos , el margen de reacción será estrecho.

De no tomarse medidas, la ABO estima que la productividad podría caer “hasta en un 40, 50% mínimo”, con afectaciones adicionales por Sigatoka negra y moko. 

El agravante: El Quemado, sector donde se detectó la presencia del FOC R4T, está a escasos kilómetros de la cabecera cantonal de Santa Rosa, cantón que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo semaforizó como zona susceptible a inundaciones en la resolución emitida el 19 de mayo. Frente a todo esto, Solano exige lo que aún no existe: “ya se debería haber puesto en marcha un plan nacional de contingencia agropecuaria, con medidas urgentes estructurales”.

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El círculo vicioso que El Niño agudiza

Alex Bustos, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y gerente de GreenControl-LA, explica como el fenómeno impactará directamente en la proliferación de plagas en múltiples cultivos: con el aumento de temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones, “hay un incremento de la fisiología de las plagas (insectos, hongos bacterias y virus): se reproducen más rápido, se alimentan más”.

Además de los cultivos ya mencionados hay otros como el mango y café que pueden verse perjudicados por el aumento del estrés fisiológico y las alteraciones en los procesos de polinización que provocarían abortos florales, deformidades y un menor cuajado de frutos. Esto según Bustos podría traducirse en: “menores rendimientos, cosechas des uniformes, pérdida de calidad de los productos, incremento de costos de producción y menor volumen de exportación”.

Bustos anticipa que ante esa presión climática, los productores intensificarían la aplicación de agroquímicos. Actualmente Ecuador, junto a Costa Rica, encabezan el abuso de estos productos en la región: “cerca de 17 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, el doble del promedio latinoamericano”. Ambos frentes abiertos ocasionarán graves costos económicos, sociales, ambientales y en la salud de los ecuatorianos. También ocasionará restricciones para la exportación de la oferta agrícola.

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No obstante, Ecuador también esta al otro extremo: “es el principal proveedor en Latinoamérica de productos orgánicos de la Unión Europea y de banana orgánica a los Estados Unidos”, señala Bustos. El país abusa de los agroquímicos y al mismo tiempo lidera la oferta orgánica regional. Superar esa dicotomía, reconoce Bustos, exigirá articulación entre gremios y Estado para que la tecnología se transfiera y se expanda.

Mientras que Solano reconoce el uso excesivo de los agroquímicos durante décadas y que esas prácticas provocaron la vulnerabilidad de los suelos ante enfermedades que El Niño amenaza con propagar. 

La alternativa que propone la ABO son los microorganismos benéficos y la materia orgánica: "para recuperar los suelos y mitigar los impactos de hongos y bacterias". Además, explica que su preparación y aplicación abarata hasta un 60% los costos frente a cualquier fungicida convencional.

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Bustos añade que “la afectación también va a ser en temas pecuarios”, debido al impacto que las condiciones climáticas tendrían sobre la producción de alimentos (como los pastos) para los sectores bovino, porcino y avícola, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria.

El Niño plantea entonces la urgencia de repensar cómo se produce: aplicación de agroquímicos con criterio y abrir paso a alternativas que ya existen pero que no llegan a los campos. Para un sector que, como recuerda Solano, "es una fuente inagotable de trabajo, genera divisas y es clave para la sostenibilidad de la soberanía alimentaria". El tiempo de esperar se agotó: el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, los GADs provinciales y cantonales, enfatiza el líder gremial, "debieron haber estado" preparados desde antes, y no solo ahora que la alarma ya suena.

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Presupuesto de $4 millones para seguros agrícolas

Ese fue el monto que Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, anticipó en declaraciones públicas para pagar primas a productores que resulten afectados por El Niño, con posibilidad de ampliarse, sin detallar avances en las conversaciones con organismos internacionales para que eso ocurra (la cartera de Estado no respondió a la solicitud de entrevista de EXPRESO). Para Bustos en Ecuador no existen seguros agrícolas “funcionales” y califica la medida como “insuficiente” ante la magnitud de pérdidas que generaría el fenómeno. “Son proyectos piloto por su cobertura y están bien para aprender” concluye.

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Lo que se sabe

• Obras viales en los alrededores de la Facso comenzaron en febrero
• Moradores y comerciantes reportan descenso en las ventas y problemas de salud por el polvo
• Las clases en la universidad son virtuales, en el horario nocturno, debido a la inseguridad

Las calles cerradas, el ruido constante de maquinaria pesada, el polvo que cubre aceras y locales, y las dificultades para movilizarse han alterado la cotidianidad de estudiantes universitarios, alumnos de colegios, comerciantes y residentes de Mapasingue, en el norte de Guayaquil.

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Desde febrero pasado, la intervención municipal que se ejecuta en la calle Vicente Maldonado Vera ha cambiado por completo la dinámica del sector. 

Aunque los moradores reconocen que la obra era necesaria, muchos aseguran que los trabajos han provocado afectaciones diarias que hoy generan molestias, pérdidas económicas y preocupación por la seguridad, especialmente entre estudiantes que deben movilizarse diariamente por la zona.

Este es el sector donde se realizan los trabajos, en los exteriores de la Facso

Uno de los puntos más afectados es la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil (Facso). Estudiantes denuncian que ya no pueden utilizar con normalidad el ingreso principal debido a los cierres y excavaciones frente al campus. 

Actualmente, muchos deben entrar y salir por accesos laterales utilizados también por vehículos, situación que consideran peligrosa. “Uno sale y al mismo tiempo están entrando carros. A veces toca correr o esperar pegados a una pared porque no hay espacio”, comentó Valeria Mendoza, universitaria que asegura que durante las horas de cambio de jornada la zona colapsa.

La situación, de hecho, es tan crítica que ha obligado a modificar la modalidad de las clases nocturnas. Desde hace varias semanas, los estudiantes ya no asisten presencialmente, sino que reciben materias de manera virtual debido a los riesgos.

“Después de las siete de la noche, esto queda desierto. No pasan carros, las calles están oscuras y caminar da terror. Por eso todo ahora lo hacemos desde casa. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe”, explicó Andrés Cedeño, alumno de Facso.

Los universitarios aseguran, además, que actividades cotidianas como sacar copias, acudir a un cyber o caminar hacia las paradas de buses se han convertido en tareas complicadas debido a la tierra, los escombros y las veredas destruidas.

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EXPRESO conversó con Oswaldo Baque, rector de la Facso, quien explicó que la decisión de mantener la virtualidad nocturna busca evitar asaltos o incidentes, ya que los vehículos ya no circulan al pie de la institución y los estudiantes deben caminar algunos metros para conseguir transporte.

Sin embargo, recordó que desde octubre pasado las clases presenciales ya terminaban a las 20:00 por temas de seguridad. “Luego de que todo se regularice, volveremos a como estábamos. Esperamos que pronto todo pueda estar con normalidad”, manifestó.

Las clases ahora son virtuales por los trabajos. Queremos aprender de forma presencial. Ojalá acabe pronto". 
Erick Gómez, estudiante universitario
=

La problemática también afecta a dos instituciones educativas ubicadas en la zona. Los padres aseguran que varios menores han sufrido caídas debido al polvo, las zanjas y los desniveles temporales registrados.

“A mi hijo se le resbaló el zapato por el polvo y casi cae en una excavación. Uno los manda al colegio preocupado”, comentó Patricia Salazar, madre de familia. 

Otros representantes aseguran que la situación empeora en horas pico, cuando cientos de alumnos deben caminar por la calle principal para retornar a sus destinos.

“La vía es una arteria importantísima de Mapasingue y ahora caminar aquí es un problema. Todo está bloqueado”, expresó Javier Molina, residente del sector.

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Caen las ventas y el polvo enferma a los moradores

Los comerciantes también reportan afectaciones económicas. Restaurantes, cafeterías, bazares y centros de cómputo aseguran que las ventas han disminuido considerablemente debido a la dificultad para acceder en vehículo o caminando. 

Algunos propietarios incluso afirman que han tenido que cerrar temporalmente sus negocios debido al polvo generado por la maquinaria. Más de uno incluso se ha enfermado.

“La gente ya no viene porque no encuentra dónde estacionarse o cree que está cerrado todo. Hemos perdido muchísimo y lo peor es que no sabemos hasta cuándo”, indicó Luis Zambrano, propietario de un bazar.

El comercio ha bajado para todos. La gente no tiene dónde parquear. El centro médico también ha perdido pacientes".
William Cedeño, comerciante

Los residentes también se quejan por el ruido y las dificultades para descansar. “Empiezan temprano y pasan horas con la maquinaria pesada. Hay días en que ni las ventanas se pueden abrir, y con la ola de calor que se ha venido experimentando, ya se imagina cómo estamos. No quiero ni pensar en los adultos mayores que residen por el sector”, señaló la también residente Carmen Rivas.

En el sector también funciona un centro médico que, según trabajadores y moradores, ha registrado menos visitas de pacientes. Muchas personas, especialmente adultos mayores o ciudadanos con problemas de movilidad, prefieren acudir a otros sitios antes que caminar entre excavaciones, trozos de cemento o tablas.

“Hay quienes antes de separar la consulta nos preguntan si pueden ahora sí llegar. Al decirles cómo está el panorama, se retractan. Otros directamente cancelan las citas”, comentó una colaboradora.

Pese a las molestias, parte de la ciudadanía reconoce que la intervención era necesaria debido al deterioro que presentaba la calle Vicente Maldonado. Según datos municipales, el proyecto beneficiará a cerca de 70.000 personas.

La obra, según informa un comunicado municipal que, sin embargo, no precisa hasta cuándo se ejecutarán los trabajos, contempla:

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Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer cuándo estará lista la obra, si hay demoras y qué medidas se tomarán de forma inmediata para aminorar los efectos que genera, pero hasta el cierre de esta edición la entrevista no fue concedida.

“Me parece ilógico que no sepamos nada acerca de cuándo terminará la obra. Nadie dice nada. ¿Y si termina a fines de octubre o diciembre? ¿Toca aceptar y ya? No aguantaremos”, se quejó Tamara Cáceres, residente.

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Lo que debes saber 

• A puerta de las elecciones seccionales, los quiteños se alistan para elegir al alcalde que llevará el rumbo de la ciudad por los próximos cuatro años
• Uno de los desafíos es responder al crecimiento de los valles con más transporte público y nuevas conexiones entre periferias
• La capital también enfrenta el abandono de zonas consolidadas, desafíos ambientales y una crisis de seguridad vial; temas que necesitan una atención prioritaria

A pocos meses de las elecciones seccionales, los quiteños se preparan para elegir a la autoridad que dirigirá la ciudad durante los próximos cuatro años. 

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La contienda ya empieza a tomar forma con nombres conocidos en el escenario político. El actual alcalde, Pabel Muñoz, busca la reelección; el exalcalde Jorge Yunda intenta regresar al cargo del que fue removido en 2021; también está el exconsejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, quien ha manifestado su interés en llegar al Palacio Municipal.

Quito

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SARA OÑATE

Sin embargo, más allá de los nombres, la capital enfrenta una serie de desafíos que demandan respuestas urgentes. Expertos en urbanismo, movilidad y planificación coinciden en que la próxima administración no solo deberá gestionar la ciudad, sino definir una visión de largo plazo que permita sacar a la capital de un estancamiento económico, institucional y territorial.

Conectar los valles con lo urbano

Para el urbanista Jacobo Herdoíza, la movilidad encabeza la lista de prioridades. Quito ya no es una ciudad que gira exclusivamente alrededor de un centro urbano. En las últimas décadas surgieron nuevos polos de desarrollo en los valles nororientales, el valle de Los Chillos y San Antonio de Pichincha, configurando una ciudad policéntrica que exige una planificación territorial actualizada.

Por ello, Herdoíza señala que el reto es fortalecer el transporte público masivo y mejorar la conectividad entre los valles. Actualmente, la movilidad mantiene una lógica centro-periferia, pero carece de conexiones eficientes entre las propias periferias.

Quito

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La necesidad de conectar de manera más efectiva el valle de Los Chillos con Tumbaco, y ambos con sectores como San Antonio, se vuelve cada vez más urgente en una ciudad donde miles de personas realizan desplazamientos diarios fuera de los corredores urbanos.

El Plan Maestro de Movilidad, la clave

El consultor en movilidad, Sebastián Arias, coincide en que Quito cuenta con una hoja de ruta que ha sido poco aprovechada. Se trata del Plan Maestro de Movilidad aprobado en 2024, un instrumento que proyecta soluciones para las próximas dos décadas y que, a su criterio, debe convertirse en la base de cualquier política futura.

Entre las obras prioritarias menciona la implementación total del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), la consolidación de una tarjeta única para todo el sistema de transporte y la construcción del corredor Labrador-Carapungo, una extensión del Trolebús largamente postergada que beneficiaría a la parroquia más poblada del Distrito Metropolitano.

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Arias también plantea iniciar los estudios definitivos para dos corredores estratégicos: Los Chillos-La Marín y El Quinche-Río Coca, proyectos que permitirán responder al acelerado crecimiento poblacional de los valles.

Otras acciones urgentes que menciona está la realización de estudios para mejorar los accesos a Quito, la construcción de la fase III de la Ruta Viva, que incluya un peaje, y la ejecución del intercambiador de la Rumihurco.

Arias destaca que más de 130.000 personas habitan en sectores altos del norte de la ciudad, como La Roldós y la Pisulí, cuya principal vía de conexión es la avenida Rumihurco, por lo que considera prioritario el intercambiador.

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La burocracia como freno al desarrollo

Otro de los desafíos señalados por Herdoíza es la necesidad de una profunda reforma institucional. El Municipio de Quito mantiene una estructura que supera los 24.000 funcionarios y que, según el urbanista, se ha convertido en un obstáculo para la atracción de inversiones y el desarrollo económico.

Los trámites complejos, los procesos lentos y una normativa dispersa han contribuido a deteriorar el clima de negocios. La simplificación administrativa aparece como una condición indispensable para impulsar el emprendimiento y la competitividad.

La apuesta, señala, debe orientarse hacia una mayor digitalización de los servicios municipales, plataformas más amigables para los ciudadanos y una reducción significativa de los tiempos, por ejemplo, para la obtención de permisos y licencias.

El patrimonio entre la protección y la renovación

La situación del Centro Histórico y de varios sectores consolidados también preocupa. Barrios como Chimbacalle, La Mariscal y Santa Prisca enfrentan procesos de deterioro, pérdida de población y escasa inversión privada.

Herdoíza considera que la capital necesita replantear su política patrimonial para diferenciar con mayor claridad los inmuebles que requieren una protección estricta de aquellos que podrían beneficiarse de esquemas más flexibles de renovación y reutilización.

Actualmente, sostiene, los altos costos y la complejidad de los trámites desincentivan la rehabilitación de edificaciones y favorecen la expansión hacia los valles. El resultado es una ciudad que crece en la periferia mientras abandona zonas consolidadas. 

La propuesta apunta a generar incentivos para la renovación urbana, fomentar nuevos usos del suelo y recuperar sectores que hoy presentan signos de vaciamiento y abandono.

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Ambiente: una deuda pendiente

La gestión de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales constituyen otro de los grandes pendientes de la capital.

Herdoíza plantea la necesidad de construir modelos que permitan una mayor participación de la inversión privada para financiar infraestructura ambiental. Entre los objetivos están la recuperación de ríos, la generación de espacios públicos de calidad y el aprovechamiento energético de los residuos.

A su criterio, Quito tiene la oportunidad de transformar problemas históricos en oportunidades de desarrollo sostenible mediante esquemas de colaboración público-privada que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de estos proyectos.

Seguridad vial: una emergencia silenciosa

Uno de los temas que también genera preocupación es el incremento de los siniestros de tránsito.

Sofía Gordón, de la Coalición por la Movilidad Segura, advierte que la capital enfrenta una crisis de seguridad vial que exige acciones inmediatas. Solo en 2025 fallecieron 296 personas en siniestros de tránsito, una cifra que evidencia la falta de políticas sostenidas para reducir la mortalidad en las vías.

Gordón sostiene que la ciudad debe avanzar hacia un modelo que priorice a las personas por encima de los vehículos particulares. Esto implica construir infraestructura segura para peatones, ampliar las redes de ciclovías conectadas, establecer zonas con velocidades reducidas y fortalecer los controles de velocidad en los puntos de mayor riesgo.

Falta una estrategia integral de desarrollo

Más allá de los problemas específicos, también se identifica un desafío de fondo: la ausencia de una estrategia integral de desarrollo.

Herdoíza sostiene que Quito atraviesa una etapa de inercia económica y política. Mientras ciudades como Cuenca, Ambato o Manta muestran avances en generación de empleo, promoción inmobiliaria y atracción de inversiones, la capital parece concentrada en obras de alcance barrial y proyectos de corto plazo.

La ausencia de proyectos, estrategias y negociaciones, incluso con el Gobierno, está relegando a Quito a obras menores que no tienen economía de escala
Jacobo Herdoíza, urbanista 

Desde hace al menos tres alcaldías, la falta de inversiones en infraestructura de gran escala, conectividad metropolitana, renovación urbana e infraestructura verde está limitando la capacidad de Quito para posicionarse como un motor económico nacional, señala el urbanista.

Por ello, para Herdoíza, la próxima administración deberá asumir el reto de construir una visión de ciudad capaz de articular crecimiento económico, movilidad eficiente, sostenibilidad ambiental y competitividad. De lo contrario, dice, la capital corre el riesgo de continuar perdiendo dinamismo frente a otras ciudades del país.

Lo que debes saber

• La creación de AIL EP busca centralizar la compra de medicamentos e insumos médicos en Ecuador. 
  
• Especialistas ven oportunidades para mejorar el abastecimiento, pero alertan sobre riesgos de corrupción, burocracia y falta de controles. 
• El debate también incluye el financiamiento, la transparencia y la reforma de la contratación pública.

El 22 de mayo de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 393, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP), una entidad que concentrará la compra de medicamentos, insumos, equipos médicos, infraestructura hospitalaria y servicios vinculados al sistema sanitario. La medida surge en medio de una persistente crisis marcada por el desabastecimiento, deudas con proveedores y denuncias de fallas en la contratación pública.

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La nueva empresa nace con la promesa de agilizar las adquisiciones y reducir intermediarios. Sin embargo, su creación también reabre el debate sobre si una nueva estructura estatal podrá resolver problemas históricos de gestión o si corre el riesgo de replicar obstáculos como la burocracia, la duplicidad institucional y las irregularidades que han afectado durante años al sistema de salud pública.

Ante las dudas sobre el financiamiento, los mecanismos de control, la relación con otras entidades del sistema de salud y los plazos de implementación de AIL EP, EXPRESO solicitó entrevistas con la Presidencia de la República y con el recién posesionado ministro de Salud, Jaime Bernabé. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que se consultó a especialistas y actores del sector para analizar los alcances y riesgos de la iniciativa.

Producción nacional y contratación pública: las propuestas de Francisco Andino

En ese contexto, Francisco Andino, exministro de Salud, manifestó que la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud puede representar “una oportunidad” para agilizar las compras y el abastecimiento sanitario, aunque advirtió que primero deberá estructurarse su funcionamiento interno. “La Presidencia ha determinado el qué, con un decreto, pero tiene que elaborar el cómo, el cuándo y el con quién hacerlo”, señaló.

Asimismo, defendió la posibilidad de priorizar compras nacionales y alianzas con fabricantes ecuatorianos, en lugar de depender de importaciones. “Yo no me iría muy lejos, a la India. Yo me sentaría con la industria ecuatoriana”, indicó Andino, al considerar que los recursos públicos deberían mantenerse dentro del país para fortalecer el empleo y la producción local. Desde su visión, la empresa pública podría negociar directamente con fabricantes farmacéuticos y reducir hasta en un 50 % los costos frente al precio de venta al público.

No obstante, para Andino la crisis del sistema sanitario no se resolverá únicamente con la creación de una empresa pública, sino con cambios estructurales en la normativa de contratación estatal. “El problema no se trata de la empresa pública, se trata de la norma”, enfatizó. A su criterio, la actual ley de contratación es “perversa y perjudicial”, porque prioriza el precio por encima de la calidad en las compras de salud.

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Federación Médica cuestiona la centralización de compras sanitarias

Por su parte, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), cuestionó que el Gobierno haya optado por crear una empresa pública para gestionar las compras sanitarias en lugar de recurrir a mecanismos internacionales ya existentes. Comentó que la organización había propuesto que Ecuador participe en fondos internacionales de adquisición de medicinas para acceder a mejores precios y garantizar la trazabilidad. “Hay un fondo internacional de compras públicas en el que países emergentes como el nuestro ponían su dinero y podían comprar en cualquier país a precios más bajos”.

“La solución a la crisis sanitaria no pasa únicamente por comprar medicamentos. Se necesita planificación del talento humano, financiamiento sostenible, una historia clínica única con inteligencia artificial, fortalecimiento de la atención primaria y mecanismos reales de transparencia y control. La intención de mejorar el abastecimiento no es mala, pero tenemos dudas sobre si las personas que rodean este proyecto cuentan con la experiencia necesaria para ejecutarlo”.Santiago Carrasco, presidente de la FME

Respecto a la AIL EP, Carrasco mencionó que la concentración de funciones podría generar riesgos si no existen controles independientes. Considera que la entidad centralizará la compra y distribución de medicamentos, equipos, infraestructura y sistemas tecnológicos, por lo que insistió en la necesidad de veedurías ciudadanas y participación de la prensa. “Si no hay mecanismos formales de participación técnica y auditoría externa sanitaria, las compras van a terminar en algún problema de corrupción”.

Además, el dirigente médico cuestionó el papel de organismos y comités que, a su juicio, no han logrado resolver los problemas estructurales del sistema sanitario. Frente a ello, planteó reformas enfocadas en la planificación del talento humano, el financiamiento sostenible, la digitalización y el fortalecimiento de la atención primaria. “La FME reconoce todas las iniciativas orientadas al mejor acceso y abastecimiento, pero consideramos indispensable que se garantice la transparencia, la participación técnica independiente y mecanismos verificables de mejora de la calidad”, manifestó.

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Compras en India, abastecimiento y control de calidad en salud

Leonardo Viteri, exdirector del IESS, coincidió con Andino en que la nueva empresa pública puede representar una oportunidad para mejorar el abastecimiento sanitario y fortalecer el control de las adquisiciones. A su criterio, la centralización facilitaría la fiscalización de los recursos públicos y permitiría corregir problemas históricos en la gestión de compras. “No es lo mismo fiscalizar una empresa pública que fiscalizar 2.080 unidades operativas en todos sus niveles y complejidad de atención”, sostuvo.

“Los grandes productores de principios activos son India y China. Las principales farmacéuticas del mundo compran allí sus insumos. El problema no es comprar en la India, sino saber a quién comprarle y garantizar controles de calidad, bioequivalencia y buenas prácticas de manufactura. Como se trata de una sola empresa, tendrá muchos ojos encima: de la opinión pública, del periodismo, de los médicos, de los hospitales y de los usuarios”. 
Leonardo Viteri, exdirector del IESS

El exfuncionario también defendió la estrategia de buscar acuerdos para la adquisición de medicamentos en India, aunque insistió en la necesidad de controles técnicos rigurosos. “Los dos monstruos de los genéricos y de los principios activos son India y China”, afirmó. Añadió que grandes farmacéuticas adquieren principios activos provenientes de esos mercados, por lo que el desafío radica en garantizar estándares de calidad, bioequivalencia y buenas prácticas de manufactura.

A estas observaciones se sumó Marcos Molina, expresidente de la Comisión de Salud, quien sostuvo que la nueva empresa pública deberá estar sometida a controles y auditorías internacionales para evitar irregularidades en la gestión de medicamentos e insumos. Considera que la transparencia debe apoyarse en entidades certificadoras especializadas y sistemas tecnológicos de seguimiento. “Tiene que haber alguien que realmente nos diga: ‘Sí, entraron tantos, llegaron tantos y se entregó tanto’. Y esa es una calificadora”.

“Coincido con el presidente en que la compra sea de país a país. Los productos de la India abastecen en gran medida a Estados Unidos y pasan controles de la FDA, que es extremadamente rigurosa. Pero habría que organizar una unidad técnica evaluadora sanitaria para calificar los medicamentos que se incorporen al cuadro básico. Actualmente existen 484 principios activos y esa cifra debería incrementarse cada año a entre 500 y 600”.Marcos Molina, expresidente de la Comisión de la Asamblea Nacional

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Auditorías internacionales y presupuesto: desafíos para AIL EP

Molina también consideró necesario reestructurar organismos vinculados al sistema sanitario para evitar duplicidades y optimizar recursos. “No se puede cambiar con lo mismo. Ahí, uno de esos tiene que irse. Definitivamente tiene que reestructurarse todo”. Además, advirtió sobre las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sector. “Los presupuestos son de dos tipos: el presupuesto que te dicen que te dan y el presupuesto que nunca te dan”, aseveró, al señalar que los fondos asignados a salud rara vez llegan en su totalidad.

Lo que se sabe

• El hotel Continental funcionó durante 47 años en el centro de Guayaquil
• Es recordado su restaurante La Canoa, que atendía las 24 horas
• Renovar la edificación costaría unos $10 millones, según dirigente hotelero

Un artista, un grupo de mujeres llegadas desde el barrio Centenario, trabajadores del centro de la ciudad y turistas extranjeros. A esta diversidad de público le atraía un mismo interés: degustar tradicionales platos nacionales como caldo de manguera, ceviche, encebollado y colada morada.

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El escenario de este encuentro ‘pluralista’ fue el restaurante La Canoa. El espacio, que vio pasar a infinidad de personas, hoy está en silencio.

Hace cuatro años, este punto gastronómico tradicional cerró sus puertas, al igual que el hotel que lo albergó durante 47 años: el Continental.

Artistas famosos visitaron el restaurante La Canoa

“Veías una mezcla muy cosmopolita de gente, incluidos los extranjeros, porque de repente estabas sentado al lado de famosos que llegaban. Recuerdo a Alaska, la cantante, hablando maravillas de lo que estaba comiendo ahí”, rememora el gestor cultural Carlos Icaza Paulson, quien también es presidente de la Fundación Albert Paulsen.

La Canoa tenía la particularidad de su atención continua, las 24 horas, y el sabor inigualable de su comida. Uno de los artífices de esa sazón fue el chef José Loor Murillo, quien llegó al restaurante en 1975 y se quedó hasta el cierre del local.

“El Hotel Continental tenía La Canoa y arriba tenía El Fortín, que era el mejor restaurante de Guayaquil”, resalta Icaza.

Sin embargo, esa época en la que estos espacios eran el corazón gastronómico y hotelero de la ciudad hoy se ha ido.

La pandemia golpeó al hotel y sus espacios. EXPRESO recogió en febrero del 2021 que el Continental estuvo un año sin poder alquilar sus salones de eventos, debido a la prohibición de reuniones masivas. 

Tampoco se vendían sus bufés, porque no había reuniones en los domicilios para evitar el contagio del coronavirus, y La Canoa ya no pudo atender en horario extendido.

El edificio del hotel Continental se ubica en la esquina de Chile y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto)

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El éxito del Continental y sus espacios gastronómicos, que incluyó el bar Santa Ana, empezó con José Emilio Bruzzone Leone, quien fue su primer gerente y falleció en enero del 2013. Su hermano Aldo ocupó el cargo desde 1983.

Así lo cree uno de los cerca de 60 accionistas que tuvo el hotel, antes de que fuera embargado en 2022 por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por mora patronal.

Bajo la condición de anonimato, el exaccionista le contó a EXPRESO que el hotel acogió a cantantes como Julio Iglesias y Armando Manzanero. Del español recordó que, en cierta ocasión, cantó un par de canciones a capela en el Santa Ana.

“Lo que deberían hacer es dejar que una compañía grande lo compre y siga con el hotel, porque hace falta aquí en el centro de la ciudad un hotel de ese porte y de esa capacidad”, plantea el exaccionista.

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¿Cuánto costaría reactivar al hotel Continental de Guayaquil?

Conseguir la reapertura del establecimiento es considerado “un desafío muy complejo, por el nivel de inversión al que tendría que ser sometido el producto para que quede nuevamente en un nivel que resulte atractivo”, señala Hugo Rivera, presidente de la Asociación de Hoteleros de Guayas.

Él calcula que serían necesarios al menos 10 millones de dólares para renovar no solo la estética, sino también la infraestructura.

Rivera advierte que otro detalle a tomar en cuenta es la tasa de ocupación hotelera, que en el centro aún no llega ni al 60 %, frente al 80 % que se registra en el norte de la ciudad.

Rivera sugiere la opción de darle un uso mixto al edificio, que tiene 91 habitaciones, para que también acoja oficinas y salones de eventos.

Tiene que reinventarse porque hay mucho producto similar en competencia. Tiene que reinventarse, la respuesta es esa”.
Hugo Rivera, presidente de la Asociación de Hoteleros del Guayas

Icaza considera que se podría abrir espacio a actividades culturales. El hotel acogió al arte en sus paredes, como la obra que el muralista cuencano Eduardo Vega construyó en el pasaje que une las calles Chile y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto), denominada ‘Los Guangalas’, un homenaje a las raíces precolombinas, que todavía permanece.

El asunto primordial no es solamente el hotel, sino urbanísticamente el desarrollo de la ciudad en el área donde había más vida”.
Carlos Icaza, gestor cultural y presidente de la Fundación Albert Paulsen

Declararlo patrimonial, por el estilo arquitectónico MiMo (Miami Modern) que utilizó el estadounidense Morris Lapidus para su diseño, podría ayudar a su recuperación, según el arquitecto Florencio Compte.

Esperando su reactivación, el Continental y sus espacios aguardan en silencio que la vida, la música y el arte vuelvan a latir en el corazón del centro guayaquileño.

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Lo que se sabe

• En 78 % de hogares encuestados se indica que el límite de tiempo frente a las pantallas es su conflicto número uno
• 7 de cada 10 familias declaran que viven con niveles altos de estrés
• Hay más interés en la salud mental que antes porque los hijos reciben tratamiento psicológico

El ritmo laboral y la aceleración tecnológica empujan a las familias guayaquileñas a una encrucijada. Un estudio del Grupo Santillana, realizado a más de 10.000 hogares, revela una realidad innegable: siete de cada diez familias conviven con altos niveles de estrés.

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Las raíces de este agotamiento no nacen exclusivamente en la crianza; se arrastran desde la calle. 

La tensión proviene de:

"Madres suelen llevarse la parte más pesada"

Los padres de familia Elker Mendoza y Carlos Peña conocen este escenario. Ambos trabajan jornadas completas en Guayaquil, pero hacen esfuerzos conscientes para no desplazar el vínculo afectivo. 

Peña optó por recoger a su hijo de clases para aprovechar el trayecto y conversar, estableciendo la regla innegociable de no usar el celular en el auto. 

“En ese camino vamos interactuando. Los fines de semana son completamente para la familia”, relata, priorizando que su niño comparta de forma presencial.

Mendoza restringe el uso de pantallas de su hija y enfatiza la reconexión física. “Llego y me desconecto de todo lo demás. Me dedico a revisar lo que ha hecho y ella me conversa su día”. Sostener este ritmo es un reto inmenso.

La psicóloga clínica Paola Cercado explica que el agotamiento merma la disponibilidad emocional, y las madres suelen llevarse la parte más pesada. 

“Una madre agotada no es que no quiera escuchar a sus hijos porque no los ame, sino que está tan sobreestimulada que le cuesta pensar con calma”, señala. Esta fatiga provoca que se responda con monosílabos y que la sobrecarga estalle en casa ante cualquier excusa.

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Y dentro de hogares cansados, las pantallas encienden la mecha diaria. El tiempo de uso de los dispositivos se ha vuelto el conflicto número uno en el 78 % de las familias. Los datos arrojan una paradoja comunicativa: el 85 % de los padres intentan guiar a sus hijos en internet, pero apenas el 45 % se siente tecnológicamente capacitado.

Las familias batallan por regular un ecosistema que avanza más rápido que ellos. Al sentir que el tiempo no alcanza (el 81 % desearía pasar más tiempo con sus hijos), los adultos buscan apoyo. 

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Rol de las instituciones educativas en el aprendizaje digital

Francisco Ortiz, director de investigación de Santillana, revela que los tutores exigen que el colegio gestione la parte digital y socioemocional ante su propia falta de herramientas. 

Elker Mendoza concuerda: “Espero del colegio de mi hijo que el aprendizaje sea integral, que formen al ser humano, no solo en lo académico”.

Vanessa Morán, psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio IPAC, corrobora la tendencia. Relata que hay ocasiones en que los padres sienten perder el control, cediendo a presiones sociales sobre la tecnología bajo el argumento de que “todos sus compañeros tienen teléfono celular”, por citar un ejemplo.

Esta brecha se profundiza en secundaria: la comunicación decae y el estrés parental por las notas llega al 42 %. Morán advierte que el adolescente prioriza a sus pares, y muchos confiesan sentirse solos en casa, lo que impacta en su conducta. La estadística es clara: el 56,5 % de familias admiten que su hijo recibe o necesita terapia psicológica.

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La solución no es competir con el celular

A la disputa tecnológica se suma la inteligencia artificial (IA). Al 77,7 % de los padres les aterra que esta limite el pensamiento crítico.

Carlos Tutivén, investigador de la Universidad Casa Grande, profundiza en esta mutación. Advierte que desde el siglo pasado se gestaba el ‘Homo Videns’, un sujeto que moldea su subjetividad desde la imagen, imponiendo la emocionalidad por encima de la razón. “¿Es una batalla perdida la desconexión? En gran parte sí, porque la sociedad es digital”, admite.

Para Tutivén, el pensamiento crítico enfrenta una crisis. “Convertirnos en siervos de la IA va en contra de la formación humana y de sus capacidades creativas y cognitivas. Un dato arrojado por una máquina no es un criterio”, argumenta. La solución no es competir con el celular, sino brindar lo que internet jamás proveerá: atención y escucha real.

“El chico debe reconocer que una cosa es la ‘eficiencia’ de internet y otra la experiencia que solo un adulto entrega. Hace décadas los padres perdieron su autoridad simbólica porque la cedieron a las máquinas”, lamenta Tutivén. Y añade que la paternidad exige un “saber hacer” más allá de la provisión.

Para evitar este distanciamiento, Paola Cercado propone el “ocio activo”, un factor protector que reduce en un 28 % la necesidad de terapia.

“No hay excusas. Los chicos solamente necesitan un ratito para que te sientes al lado, los abraces y que observen nuestro lado sensible para volver a conectar”, concluye.

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Lo que debes saber

• La tuberculosis en las cárceles alcanzó niveles epidémicos, con más de 2.500 casos registrados en 2025.
  
• El Gobierno oculta información sanitaria, al suspender la publicación de estadísticas epidemiológicas y rechazar una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario.
• La cárcel del Encuentro se convirtió en el símbolo de la crisis, tras las denuncias de desnutrición, falta de atención médica y fallecimientos de internos bajo custodia estatal.

Lo de la tuberculosis en el sistema carcelario ecuatoriano es, técnicamente, una epidemia. Otra cosa es que el gobierno no quiera declararla, algo que debió hacer en marzo del año pasado (aun antes) para ser consecuente con los propios datos del Ministerio de Salud. En su lugar, ha optado por una solución expeditiva: suprimir los datos (al fin y al cabo, los enfermos se suprimen solos). La Gaceta Epidemiológica de la tuberculosis, que el Ministerio publicaba ininterrumpidamente cada semana desde hace cuarenta años con los datos actualizados de la incidencia de la enfermedad, desapareció en febrero (aunque el resto de gacetas de otras enfermedades continúan apareciendo con regularidad hasta la fecha). El exministro de Salud José Ruales ha sonado las alarmas: la eliminación de registros estadísticos (incluidos algunos desarrollados bajo su gestión, en 2023) es una grave irresponsabilidad en cualquier área de la salud pública pero puede ser mortal (y lo está siendo) en la epidemiológica.

Justicia

Crisis en la Cárcel del Encuentro: tuberculosis sigue expandiéndose

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Una epidemia que se expande tras las rejas

Los números son elocuentes: la población carcelaria víctima de la enfermedad se multiplicó en más de 300 por ciento en el lapso de dos años. Pasó de alrededor de 600 en 2023 a 1.468 en 2024 y 2.576 en 2025. Es un ritmo de crecimiento inusitado que no guarda relación alguna con el que se observa en la población general del país: en ese mismo período (2023-2025) los casos de tuberculosis en el Ecuador pasaron de aproximadamente 7.600 a 8.000, es decir, un incremento del 5,2 por ciento. Son 58 casos por cada 100 mil habitantes, una tasa que Ruales considera “alta en relación con otros países” pero que equivale apenas al 0,058 por ciento de los habitantes del país. En los centros de detención, en cambio, considerando una población carcelaria de 35 mil personas, 2.500 enfermos representan el 7 por ciento.

Simplemente, una locura. Si a eso se añade que 600 de esos enfermos fallecieron (así lo admitieron las autoridades en enero), estamos hablando de una tasa de mortalidad de casi el 25 por ciento. En resumen: no sólo es una epidemia: es una epidemia de proporciones dramáticas.

Ante esta realidad el gobierno ha optado por el disimulo. En lugar de declarar la emergencia sanitaria en las cárceles, esconde las estadísticas (o deja de producirlas, lo que sería mucho peor). Traslada presos en condiciones calamitosas (que trata de mantener igualmente ocultas) desde la cárcel del Encuentro, la única que tienen controlada según admitió el propio Ministerio del Interior, a otras donde la administración del tratamiento médico podría resultar impracticable. Y el Ministerio de Salud guarda ominoso silencio: en este mundo al revés, son los ministros de Gobierno y del Interior los que responden ante la opinión pública sobre la emergencia sanitaria: negándola.

Llevan haciéndolo desde marzo del año pasado, cuando cinco internos de la Penitenciaría del Litoral fueron encontrados muertos en sus celdas. Aunque no constaran en la lista oficial de “pacientes sospechosos”, el parte policial hablaba de tuberculosis. Los familiares no tenían la menor duda. Ellos venían denunciando las condiciones de hacinamiento y subalimentación (dos condiciones asociadas con la enfermedad) desde enero de 2024, cuando los militares intervinieron en las prisiones. “El estado físico de los detenidos es alarmante -denunció en ese entonces el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil a diario El País de España-, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene”.

Ecuador

¿De qué murió el tercer preso fallecido en cárcel del Encuentro? Los detalles del informe médico

Richard Josue Jimenez Mora

El silencio oficial frente a la emergencia

El fin de semana pasado, estas palabras pudieron ser confirmadas al pie de la letra por todo el país. La fotografía de algunos de los más de 30 prisioneros enfermos que fueron trasladados desde la cárcel del Encuentro a otros centros de detención mostraba exactamente eso: gente cadavérica que apenas si podía mantenerse en pie. Parece (o es) la imagen de un campo de concentración. Según la denuncia del Comité de Familiares por una Vida Digna (Cofavid), que proporcionó la foto, todos ellos tienen diagnóstico de tuberculosis. La gravedad de la denuncia no logró conmover al inconmovible Ministerio de Salud pero sí sacó de su marasmo a las autoridades del SNAI, que también venían guardando silencio desde marzo del año pasado. En esta ocasión, por primera vez, emitieron un comunicado público: “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa” en la cárcel del Encuentro. No queda claro si el SNAI está negando que los más de 30 presos trasladados padezcan tuberculosis o si está afirmando que más de 30 casos en el ambiente cerrado de una cárcel no constituye un brote.

Ni una palabra sobre el estado calamitoso de los presos desnutridos. Como si fuera de lo más normal. El SNAI no se siente obligado a explicar la imagen. Seguramente están cuidando la figura, como dijo el ministro del Interior John Reimberg sobre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ha perdido 25 kilos en los dos meses que lleva preso sin sentencia en esa misma cárcel. Ahí, la tuberculosis ha cobrado ya sus primeras víctimas: el 13 abril murió Charles Gonzalo Suárez, de 21 años, uno de los participantes en el ataque armado a TC Televisión; el 15 de mayo, Michael Eduardo Bautista; y esta semana, el miércoles 27 de mayo, Elvis Steven Quevedo. En su comunicado público, el SNAI desmintió que este último tuviera tuberculosis y atribuyó su muerte a una causa aún más terrorífica: pancreatitis. Más terrorífica porque nadie muere de pancreatitis sin atravesar una semana de dolores inenarrables. Si lo que dice el SNAI es cierto, constituye una confesión de abandono criminal que podría calificarse de tortura.

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La cárcel del Encuentro bajo cuestionamiento

Una situación de abandono que explica lo que, de otra forma, sería incomprensible: que alguien muera de tuberculosis en una cárcel supuestamente hipermoderna que el gobierno sí controla. Porque no hay nada más fácil y más barato que curar la tuberculosis en un espacio controlado: basta con administrar una combinación de antibióticos durante tres meses. Lo único que se requiere es supervisión estricta: no se puede abandonar el tratamiento. En cárceles como la Penitenciaría del Litoral o la de Latacunga, que el gobierno admitió que no controla (por eso sacó de ahí a Aquiles Álvarez) esta supervisión estricta se complica porque el dispensario médico (lo cuenta José Ruales) está ubicado en el primer anillo de seguridad, y muchos presos no pueden acceder a él porque los capos de sus pabellones no les dejan. Pero ¿en la cárcel del Encuentro?

En la cárcel del Encuentro, ya no hay razón para dudarlo, el hacinamiento y la desnutrición son parte del castigo, con la consecuente baja de defensas que ofrece el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la tuberculosis. La cárcel del Encuentro es, según todas las evidencias, un campo de concentración en el que los presos no reciben más de 20 minutos de sol al día (en el mejor de los casos). Por el testimonio de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se sabe que ni siquiera se les permite tener libros, cosa que algunas personas (no el presidente y sus ministros) considerarían una tortura. En suma: la cárcel del Encuentro es la realización de un viejo sueño de Daniel Noboa que ya fue declarado inconstitucional por la Corte respectiva: el proyecto de eliminar a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria. Ahí los presos pueden morir de tuberculosis y hasta de pancreatitis por la más simple de las razones: porque las autoridades que las custodian y de las que depende su salud, su alimentación y su seguridad, los dejan morir. Para eso, para dejarlos morir, es que el gobierno controla la cárcel del Encuentro.

Política

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Lo que debes saber

• Han pasado 65 días desde que el Gobierno adelantó las elecciones por la amenaza de El Niño. El agro, uno de los sectores más expuesto, aún espera un plan estructurado.
  
• Datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a un evento de débil a moderado al menos hasta el tercer trimestre, con un 35% de que alcance la categoría de Súper Niño.
• La cuenca del río Guayas acumula más de cuatro décadas sin gestión integral. Con El Niño en puerta, el riesgo de anegamiento en las zonas productivas ubicadas en los niveles medios y bajos se potencia.

El 27 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones seccionales de 2027 al 29 de noviembre de 2026. La decisión se tomó a partir de un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) que advertía sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad al país. Sin embargo, tras ese anuncio, el sector agropecuario que históricamente concentra graves pérdidas ante este tipo de eventos quedó a la espera de una respuesta institucional concreta que, hasta el cierre de esta edición, no ha llegado en forma de plan de emergencia enfocado en el agro.

“La pérdida en el ámbito rural y de producción, es terrible”, advierte el ingeniero Marcos Delgado, del Colegio de Agrónomos del Guayas. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las inundaciones de 1982-1983 provocadas por El Niño dejaron pérdidas por $405,6 millones en sectores productivos (agricultura, ganadería, pesca e industria).

Aunque cada invierno las inundaciones en zonas como Babahoyo y Milagro vuelven a ocupar titulares, para Delgado el problema de fondo sigue sin resolverse: “No se está haciendo una planificación a mediano y largo plazo”. Además, señala que las competencias de riego y drenaje recaen en los consejos provinciales con presupuestos limitados (alrededor de $5 millones anuales) insuficientes para sostener programas de mitigación.

El 19 de mayo, la SNGR declaró la alerta amarilla en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. Y el 27 de mayo se impartieron lineamientos a los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para iniciar acciones de prevención y mitigación.

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En paralelo, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) y la Prefectura del Guayas se ha reforzado la narrativa de la posible llegada de uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de los últimos años. La Prefectura del Guayas anunció la elaboración de un “plan de acción integral” que estaría listo en un mes y es liderado por Carlos Encalada, nuevo titular del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial. Desde la institución alegaron que debido a la reciente transición de autoridades no podían ofrecer una vocería.

Mientras tanto las alertas ya provocan incertidumbre en los campos. Tras recorridos por zonas arroceras como Palestina, Colimes, Yaguachi y Santa Lucía, Delgado afirma que muchos agricultores dudan en sembrar esta temporada por temor a perder sus inversiones. Por ello, insiste en que las acciones coordinadas no pueden seguir postergándose ni limitarse únicamente a este evento, sino mantenerse para reducir los impactos en las zonas productivas.

Sobre la intensidad

Que El Niño ya está en desarrollo es algo que los datos confirman, así lo explica María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ESPOL, explica que por definición se requieren cinco meses consecutivos con trimestres traslapados y anomalías de temperatura superiores a 0,5 grados Celsius en la zona Niño 3.4 para oficializar el fenómeno. "Nadie puede decir que no va a haber un Niño", señala Cornejo, quien añade que las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) apuntan a un evento de débil a moderado al menos hasta el tercer trimestre, con una verificación probable hacia septiembre.

Los datos de la NOAA actualizados en mayo también determinaron que la probabilidad de que se forme un Súper Niño son de un 35%. No obstante, Cornejo no descarta que el riesgo de inundaciones se incrementaría hacia finales de año si el fenómeno se fortalece. “Con las lluvias normales del invierno ya tendríamos problemas inclusive si se tratará de un niño débil o moderado, dada la alta vulnerabilidad del país”, advierte.

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Las posibles afectaciones

Por su parte, el ingeniero César Benavidez, docente de la Universidad Nacional de Loja y experto en cambio climático, traza un mapa detallado de los impactos que podría enfrentar el agro ecuatoriano según la región. En la Costa norte se esperan lluvias extremas con inundaciones y deslizamientos, mientras que en la Costa sur el escenario son inundaciones severas en planicies de cultivos de arroz, banano, caña de azúcar y cacao.

En la Sierra Norte y Centro se prevé sequía, heladas y lluvias irregulares que alterarían el calendario de siembra de papa, maíz y hortalizas. En la Sierra Sur, particularmente en Loja y Azuay, Benavidez advierte la eventual afectación al café de especialidad con efectos económicos considerables: “las temperaturas mínimas van a ser más altas, y el café depende precisamente de esa variación térmica. Eso podría provocar una caída en la calidad de taza y poner en riesgo certificaciones premium y subastas internacionales”.

En la Amazonía, las sequía, descensos del nivel de los ríos y posibles incendios forestales afectarían al cacao amazónico, la yuca, el maíz y la pitahaya, este último cultivo se vería comprometido en su productividad si no cuenta con acceso a riego.

Deuda histórica

Las recurrentes inundaciones en las zonas productivas ubicadas en los niveles bajos de la cuenca del río Guayas responden a la falta de decisión y acuerdos políticos entre prefecturas y municipios involucrados, según Delgado. Recuerda que, hace unos 45 años, la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGÉ) ejecutó importantes proyectos de control de anegamientos. Sin embargo, tras su desaparición, asegura que no ha existido una entidad que retome ese trabajo de forma integral. “Hoy lo que hay son acciones paliativas”, afirma, como limpiezas de cauces y dragados puntuales.

La mancomunidad de la cuenca del río Guayas, que llegó a reunir a los prefectos, tampoco prosperó. El prefecto de Los Ríos Johnny Terán atribuye el estancamiento a razones presupuestarias: una solución de fondo requiere inversiones de miles de millones de dólares, muy por encima de los $60 millones del presupuesto anual de la Prefectura.

Para Delgado es urgente superar la ausencia histórica de mentalidad de planificación a largo plazo y gestionar de manera integral el cultivo de la cuenca del Guayas en todos sus niveles, para reducir tanto la pérdida de nutrientes en las provincias andinas como la sedimentación excesiva en las zonas bajas.

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Coordinación interinstitucional

Según declaraciones del ministro Juan Carlos Vega recogidas de las intervenciones dadas en cumplimiento de su agenda de medios —ante la falta de respuesta de la cartera de Estado al pedido de vocería de Diario Expreso—, la estrategia del Gobierno esta en fase de levantamiento de información de las zonas que potencialmente podrían resultar afectadas y en el fortalecimiento de sistemas de drenaje como principal medida de prevención ante El Niño. Vega también reconoció a Los Ríos como zona prioritaria debido a su alta exposición hídrica.

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Sin embargo, desde la Prefectura de Los Ríos, Terán ofrece un contrapunto que revela las fisuras en esa coordinación entre los principales actores institucionales. El prefecto asegura que no hay relación con el MAGP y afirma tener conocimiento de que “la orden de arriba es que no traten nada con la Prefectura. Eso es clarísimo”.

Terán señala que la única comunicación reciente fue una carta al Ministerio de Finanzas solicitando 14 millones de dólares que el Gobierno adeuda a la Prefectura por dragado hidráulico, una deuda que data de 2014 y que, según el prefecto, nunca ha sido saldada "ni un solo centavo, este y los anteriores gobiernos".

Pese a la falta de articulación internstitucional con el Gobierno central, la Prefectura sostiene que mantiene acciones permanentes de mitigación a inundaciones, asistencia técnica a productores y programas de reactivación de 4.000 hectáreas de cultivos.

Tareas para el Estado

Para el Ing. César Benavidez el Estado ecuatoriano debe empezar por tomar tres acciones mínimas e impostergables: 

“Si hay decisión política para adelantar elecciones por El Niño, debería haber la misma energía, o mayor, para activar planes de emergencia agrícola”, concluye Benavidez.

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Lo que debes saber

• El fenómeno de El Niño podría afectar a 33 centrales hidroeléctricas que dependen de la cuenca oriental y suman 4.308,95 MW de potencia instalada.
  
• La capacidad hidroeléctrica que podría estar expuesta representa el 83 % de la potencia instalada de las centrales hídricas de Ecuador.
  
• Los cortes de luz anunciados por el Gobierno se enfocan en transmisión y distribución eléctrica. Mientras tanto, especialistas advierten que el principal riesgo estaría en la generación hidroeléctrica.

El sector eléctrico de Ecuador enfrenta una nueva amenaza: la posible llegada del fenómeno de El Niño. Este evento, además de provocar inundaciones y un aumento de las temperaturas, podría reducir las lluvias en la cuenca oriental, donde se concentran más de 4.000 megavatios (MW) de potencia instalada en centrales hidroeléctricas, según especialistas consultados por Diario EXPRESO.

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Este aporte, que equivale a casi tres veces la capacidad de Coca Codo Sinclair, podría incluso cubrir la demanda promedio de electricidad que ha tenido Ecuador entre enero y el 28 de mayo de 2026 (4.137 MW), si contasen con la disponibilidad de agua y estuviesen 100 % operativas.

Actualmente, 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, ubicados en las zonas más susceptibles a los efectos asociados a El Niño, se encuentran en alerta amarilla, tras la declaratoria del 18 de mayo pasado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Según la entidad, la alerta aplica para territorios ubicados principalmente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas, que corresponden usualmente a la Costa y Galápagos, se prevé que El Niño cause un alza de la temperatura e inundaciones. 

Mientras tanto, en la Sierra y Amazonía se anticipa -si es que el fenómeno se concreta- una disminución de las lluvias, refiere Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inahmi).

Impacto de El Niño en Ecuador

El especialista explica que este fenómeno, si cumple las condiciones técnicas, se podría presentar alrededor de agosto de 2026. Aunque todo depende de su evolución. “En algunos eventos ha ocurrido reducciones de lluvias, pero no en todos los años hay efectos marcados”.

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En algunos eventos ha ocurrido reducciones de lluvias, pero no en todos los años hay efectos marcados”.Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

Ecuador experimentó efectos muy fuertes de El Niño en 1982-1983 y 1997-1998. En cambio, en 2015-2016 y 2023-2024 no hubo mayores estragos. Por ello, recomienda usar la información para planificar.

Las principales hidroeléctricas están en la cuenca oriental 

En función de este pronóstico, para el sector eléctrico este fenómeno implicaría un adelanto de la época de estiaje de la cuenca oriental, que se caracteriza por una menor disponibilidad de lluvias para generar energía hídrica entre septiembre y marzo, explica Luis Ordóñez, ingeniero eléctrico.

Ordóñez estima que este evento podría limitar la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas, que se alimentan principalmente del agua de la cuenca oriental (ver gráfico).

Dentro de estas instalaciones se encuentran, por ejemplo, Coca Codo Sinclair (1.500 megavatios), el complejo Paute Integral (1.757 MW), que son las que más aportan a la generación de energía hidroeléctrica.

Más de 4.000 MW dependen de la cuenca oriental

Así, considerando la potencia nominal (lo que pueden generar según su diseño), el fenómeno de El Niño podría poner en riesgo alrededor de 4.308,95 MW. Esta cifra corresponde a las 33 centrales hidroeléctricas entre públicas y privadas, que toman el agua que proviene de la cuenca oriental para generar energía, advierte Ordóñez.

La cifra referida (4.308,95 MW) es relevante porque representa el 83 % de la capacidad instalada que tiene Ecuador en centrales hidroeléctricas. 

Además, si es que contasen con la disponibilidad de agua y estuviesen operativas al 100 % podrían incluso cubrir la demanda promedio de electricidad que ha tenido Ecuador, entre enero y el 28 de mayo de 2026.

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En este periodo el requerimiento medio de este suministro se ubicó en 4.137 MW, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Aunque, la demanda ha registrado también picos que han superado la cifra referida. El 27 de mayo pasado se marcó un nuevo máximo histórico con 5.459,47 MW.

Por estas razones, Ordóñez advierte que las autoridades deben tomar acciones para garantizar el suministro eléctrico en el caso de una posible llegada de este fenómeno. "El país debe estar preparado para una contingencia tan grave como la que podría generar El Niño, si este fenómeno natural se concreta".

El país debe estar preparado para una contingencia tan grave como la que podría generar El Niño, si este fenómeno natural se concreta".Luis Ordóñez, ingeniero eléctrico.

Según indicó el Inamhi, este evento climático podría extenderse hasta por 14 meses, si se desarrolla.

Los cortes de luz apuntan a transmisión y distribución

Como parte de las acciones preventivas ante posibles afectaciones derivadas de El Niño, el Gobierno anunció que se realizarán cortes de luz de hasta cuatro horas para ejecutar trabajos programados de mantenimiento y repotenciación en el sistema eléctrico nacional durante este fin de semana y el próximo (6 y 7 de junio).

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que los trabajos programados se ejecutarán en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios, que forman parte de las etapas intermedia y final del sistema eléctrico. No se tratan de acciones para fortalecer la generación, que es donde se produce este recurso.

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Según la entidad, el fin es fortalecer la red y reducir riesgos para el Sistema Nacional Interconectado (SNI) mediante la modernización y reposición de infraestructura considerada obsoleta, con el fin de mejorar la confiabilidad del servicio para los ciudadanos.

Fortalecer la generación térmica es clave

Esta acciones, sin embargo, no son suficientes. Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, menciona que las autoridades deberían tomar acciones para fortalecer el sistema térmico, que por ahora, representa alrededor de 1.300 MW (incluido tres barcazas).

Este aporte, sumado a los 877,28 MW de las plantas hídricas de la cuenca occidental, apenas supera los 2.170 megavatios, poco más de la mitad de la demanda promedio de electricidad de Ecuador.

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Acuña subraya que también es clave superar las diferencias con Colombia para contar, en la medida de lo posible, con los 450 MW de electricidad importada. Caso contrario, el especialista advierte que si llega El Niño, el déficit de energía que enfrenta el país se agudizará y complicará el suministro eléctrico para hogares, comercios, industrias y otros sectores.

Lo que debes saber:

• Experto Alexis Ortiz: medida no mejora servicio ni aplica Ordenanza 17; decisión sería política.
• Sin control ni recaudo electrónico, Quito paga ineficiencia y posterga reforma estructural del transporte.
• Se requieren controles efectivos de forma aleatoria en la vía; volver a lo que se hacía hace más de 20 años en la revisión técnica vehicular en la capital.

El alcalde Pabel Muñoz llegó a un acuerdo con los transportistas urbanos: les dará un subsidio de mil dólares por unidad, hasta fines de diciembre. ¿Qué tanto ganará la ciudad al postergar el aumento del pasaje? Alexis Ortiz habla desde el punto de vista técnico.

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¿Los acuerdos permiten avanzar hacia un cambio estructural en la movilidad o solo se deja el problema para después de las elecciones?

El alcalde solo se dio una prórroga para encarar el problema. Lo que hay que hacer consta en la Ordenanza 17 del 2020, que establece parámetros de calidad. Se la podía mejorar, pero en seis años no la actualizaron.

Entonces, ¿la decisión no fue técnica sino política?

El acuerdo no se basa en mejorar la calidad del servicio. Y no es la primera vez que ocurre. (El 2 de abril) Cuando murieron las dos personas en la moto atropelladas por un bus, lo primero que dispuso el político fue que a todas las unidades de la compañía (Setramas) se les haría la revisión técnica vehicular, para apaciguar. 

Pero no fue una falla mecánica, sino de seguridad vial. El conductor se cruzó el semáforo.

Desde el 2020 no se ha ajustado la tarifa. Sin embargo, el ciudadano no está conforme con el servicio.

Mientras, el transportista dice que el Municipio les ‘regala’ $140 millones a las empresas públicas. Pide: “A nosotros también dennos”, sin tomar en cuenta si son eficientes o no. Se habla de municipalizar el transporte, pero ahora tenemos un sistema híbrido. 

Las autoridades dan los contratos de operación para cubrir unas rutas y frecuencias. Es evidente que hay una mala distribución, pues hay 600 y 800 vehículos irregulares, furgorrutas o taxirrutas, ya que no se cubre a toda la ciudad.

Hasta el 2002, en la revisión se ponían sellos de seguridad en las bombas de diésel, para evitar adulteraciones.Alexis Ortiz/ especialista en transporte

¿Hay que subir la tarifa de bus en la capital?

Lo más grave es que pagamos por la ineficiencia. Hablan de rutas y frecuencias, pero sin escuchar al técnico que establezca itinerarios. En Cuenca, en las paradas de buses hay monitores que indican en cuántos minutos llega un bus y en cuántos sale el siguiente. 

El usuario necesita saber que a las 12:20 u a otra hora exacta pasará una unidad. Acá no solo en horas pico, en horas valle salen todos. Circulan 10 buses por la av. Amazonas y Gaspar de Villarroel, con un total de 120 pasajeros. Se necesitaban dos.

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¿Por qué usted dice que la solución no necesariamente es la electromovilidad?

Es clave desconectar del imaginario la electromovilidad como la solución al problema. Sin cambio en el modelo de gestión, de nada servirá cambiar a motores eléctricos. El éxito del trole no fue que era eléctrico, sino el cambio cultural que trajo. Se aprendió a tener paradas definidas, con letreros pequeños, los conductores impedían el desorden en los alimentadores.

Los transportistas creen que ya no será negocio tener buses a diésel. Quieren contratos a 15 años, para comprar buses eléctricos.

Recordemos lo que pasó con la ecovía. Se constituyó una empresa de operadores privados para que compren esos buses articulados, con el crédito de un multilateral. 

El Municipio dio garantía y privados no lograron constituir una compañía sólida. Tenían $3 mil en la cuenta y una deuda de $30 millones. Ahora quieren contratos bancables, pero no son sujetos de crédito, nadie les quiere prestar con un recaudo manual.

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¿Cuál sería la diferencia con un recaudo integrado?

Con uno electrónico se controlará mejor. Ahora el dueño del bus toma el dinero a diario y debería ahorrar para mantenimiento, reposición de unidad y lo demás. Pero no guarda nada, es dinero de bolsillo.

¿Cómo cambiarían las reglas con la administración de la flota, de la que se habla en el acuerdo?

Ahora tenemos microdespachadores o chismosos en la ruta. Con un sistema de flota se despacha bajo demanda. No podemos seguir con compañías de papel. En la práctica cada conductor se lleva el bus a su casa. 

No tienen un gerente de operaciones, que suelte la flota en función de lo que se requiere. Se requiere dejar atrás el socio-bus, tener empresas con operación unificada y una gestión de mantenimiento.

Pelean por pasajeros.

En este momento, los transportistas exigen pago por kilómetro recorrido, repiten que ahora viven la guerra del centavo, la pelea por el pasajero. La tarifa se estructura con un modelo matemático, que incluye costo operacional, pago de conductores, ayudante, mantenimiento y combustible, matriculación. 

Pero como ciudad, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por el consumo de combustible? Dicen que gastan un galón por cinco kilómetros. Pero un bus nuevo debe recorrer 10 km por galón, por ejemplo.

¿Cómo ve que se hable como novedad del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), del Sistema de Información al Usuario (SIU) y del Sistema Integrado de Recaudo (SIR)?

No se implementó el monitoreo. Los buses ya tienen GPS y el exsecretario de Movilidad (Guillermo Abad) contaba con un demo de un software para eso, que su sucesor debió adquirir. 

En un momento se dijo que con el metro conocerían datos sobre origen y destino, pero hicimos todo al revés: antes de pensar en ese sistema había que saber hacia dónde se mueve la gente.

¿Qué hacer ahora?

Control efectivo. Se puede ver el correteo, cambios de carril, choques en semáforos. Es necesario retomar chequeos aleatorios en la vía, quitar permisos de operación para ir a cero siniestros.

En contexto

Pensando en la ordenanza que planea aprobar el Concejo para dar paso al subsidio a buses, y en la renovación de contratos de operación, Alexis Ortiz pide mirar que Quito retrocedió 24 años. Hasta el 2002 se aplicaban métodos para evitar adulteraciones en la revisión técnica vehicular y había controles aleatorios, recuerda.

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¿Quién es Alexis Ortiz?

Ingeniero mecánico de la ESPE. Docente investigador por más de 10 años de Tecnología Automotriz de la Facultad de Ingeniería Mecánica de esa universidad. Representante de Ingein. Director de Proyectos de la Fundación Corazones al Cielo (Karuna). 

Miembro activo de los comités técnicos del INEN de Revisión Técnica Vehicular, carrocerías de buses. Consultor en temas de movilidad.

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Trabajo infantil, un problema que no acaba

Al preguntarle si está solo, lo niega con soltura. Señala hacia el otro lado de la intersección, en la bajada de la loma, donde su madre también se juega a la suerte del semáforo. “Sí, sí voy a la escuela, pero en las tardes ella me trae”, complementa. El tráfico se detiene de nuevo, y él regresa a laburar. EXPRESO cruza también, a hablar con la adulta.

“Ahorita es malo dejarlos solos en casa, con tanta violencia y peligro que se vive en el barrio. Yo soy una madre que hasta al baño me lo traigo a mijo; no hay con quién dejarlo en casa porque en estos tiempos no se puede confiar ni en la familia de uno. Imagínese: viene un muchacho ‘dañado’, lo primero que hace es venderle H”, explica la señora, quien vive en la Balerio Estacio. Justifica que no lo hace todos los días, pero que al menos ese día lo hace porque tiene que costear la lista de útiles de sus hijos. “Ahorita no hay trabajo”, sentencia.

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La inacción estatal alimenta las cifras de precariedad

Es una de tantas historias que se dibujan en Guayaquil en diferentes tramos, a vista y paciencia de autoridades que hasta circulan en sus patrullas junto a ellos, pero que no escatiman esfuerzo ni tiempo para intervenir, denuncia al unísono la ciudadanía. Probablemente la inseguridad sea prioridad en el recorrido.

Esta inacción estatal tiene un reflejo directo en la estadística oficial. En 2024, el trabajo infantil en el Ecuador trepó al 7,01 % en la población de 5 a 14 años. Un escenario alimentado por la extrema precariedad: según reportes de Unicef, el 33,9 % de los menores de edad vive en pobreza por ingresos, 295.000 están fuera del sistema educativo nacional y uno de cada dos niños es maltratado dentro de su propio hogar. Cifras frías que constituyen el caldo de cultivo perfecto para empujarlos a buscar el sustento en el asfalto guayaquileño, perpetuando un ciclo de exclusión.

Las calles como vitrina para el crimen organizado

Aurelio Díaz, director del programa Guayas de Aldeas Infantiles SOS, identifica una grave “naturalización” de este problema en vías altamente transitadas de la urbe, como la Francisco Orellana o la avenida Isidro Ayora, en el norte. 

“Encontramos a niños y adolescentes bailando y la gente para su vehículo para dar dinero. Creemos erróneamente que es arte, que ya es parte del ornato de la ciudad”, lamenta el vocero. También cuestiona frontalmente la deficiente respuesta del Estado frente a la problemática. “El Ministerio (MIES) tiene identificadas cuáles son las zonas expulsoras, pero lo que hacemos es esperar a diciembre con una gran campaña para decir ‘no den dinero’, mientras tanto no hay un Estado responsable que llegue realmente con servicios permanentes a esas comunidades”.

Advierte además sobre el grave peligro de la caridad ciudadana: “Ese dólar que entregas puede terminar en el consumo de sustancias o en manos de un adulto que lidera una red de explotación. Si tienen la voluntad, donen a través de organizaciones, pero nunca en la calle”.

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El riesgo inminente para estos menores va más allá la mera explotación económica; hoy los semáforos son la vitrina de captación del crimen organizado. Grace Sánchez, promotora de niñez en World Vision, alerta que las diversas mafias aprovechan la ausencia estatal en periferias para sumar filas. “Hay adultos de grupos delictivos que captan a adolescentes. Como no hay espacios recreativos seguros, los esperan a la salida de las escuelas y los invitan a delinquir”, detalla.

Silencio institucional frente a los nudos críticos

“Hay demasiadas instituciones y nula coordinación. Una Junta Cantonal recibe un caso, pero no tiene conexión directa con la Fiscalía. Existe duplicidad de acciones y un seguimiento insuficiente. Las familias desisten de denunciar por falta de recursos económicos o por miedo”, explica. Solo entre 2023 y principios de 2026, las Juntas Cantonales registraron 4.600 denuncias vinculadas al maltrato infantil. Sin embargo, los “nudos críticos” institucionales diluyen las intervenciones.

Para conocer las cifras oficiales y los protocolos de intervención vigentes ante la presencia de menores vulnerados EXPRESO remitió una solicitud de información al MIES. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la entidad no emitió respuesta.

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El impacto de esta negligencia institucional y social resulta irreversible. Maitté Martínez, psicóloga y directora de espacios lúdicos para niños en condiciones vulnerables, explica que un menor que no es acogido por un entorno seguro se transforma inmediatamente en “un objeto de otros, una herramienta más para el consumo”.

"Estas infancias crecen sin jugar, su espacio cognitivo se ve borrado y atado solo a la economía y al disfraz de vender para su propio sustento y el de terceros. Se rompe todo su esquema psíquico, el juego de ser adulto ya no es un juego simbólico sino una dura realidad con graves consecuencias adultas”, detalla la especialista.

La desidia permite que sus etapas primigenias sean amordazadas para sostener financieramente a los adultos o dispuestas para las redes mafiosas. Martínez concluye con una reflexión final que resume el fracaso del sistema ecuatoriano: “Dejo resonando la canción de Mercedes Sosa: ‘A esta hora exactamente hay un niño en la calle’. Léaselo en cualquier hora, día, año; esto no prescribe”.

Lo que debes saber

• Tatiana Coronel cumple casi cuatro meses como alcaldesa subrogante de Guayaquil en medio de una gestión marcada por el silencio público, la escasa exposición mediática y una comunicación limitada. 
  
• Analistas consideran que su bajo perfil responde a una estrategia política para evitar confrontaciones en medio de la crisis que rodea al alcalde Aquiles Álvarez.
• Mientras Aquiles Álvarez mantenía una agenda constante de pronunciamientos y enlaces radiales, Tatiana Coronel ha optado por la cautela y el silencio.

El silencio comunica. Tatiana Coronel lleva casi cuatro meses fungiendo como alcaldesa subrogante, pero su gestión ha estado marcada por escasa exposición pública, limitados pronunciamientos y una relación distante con la prensa. Todo esto ocurre mientras continúa el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez y cuando resta menos de un año para que concluya la actual administración municipal.

La ausencia de Coronel no solo se percibe en el debate público. Más allá de uno que otro recorrido de obras, recientemente también desapareció de redes sociales por varias semanas, tras la desactivación de su cuenta en X. Para obtener un pronunciamiento oficial, prácticamente hay que acudir a las sesiones del Concejo Cantonal, ya que sus declaraciones a la prensa son escasas y suele evitar la polémica.

Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UIDE, este perfil reservado (que también se refleja en su limitada presencia en redes sociales) no puede analizarse de forma aislada, pues ocurre mientras ejerce una subrogación “políticamente sensible”.

“En un contexto de investigaciones judiciales, tensiones políticas y alta exposición mediática, el silencio público de una autoridad encargada también nos dice algo”, sostiene.

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Según Moscoso, Coronel habría optado por una estrategia de contención. “Parece que buscaba no remover más las aguas, no abrir nuevos frentes y no marcar una distancia demasiado visible frente a Aquiles Álvarez y RETO, que también es su organización política”.

No obstante, advierte que esa prudencia también tiene costos políticos. “Una autoridad subrogante no está obligada a pronunciarse sobre todo, pero sí debería transmitir conducción, claridad y rendición de cuentas. Cuando desaparece sin una explicación suficiente, se alimentan percepciones de opacidad, debilidad o cálculo político”.

¿Qué puede generar el silencio de una autoridad?

Moscoso considera que esto puede afectar la gobernabilidad y la legitimidad de la subrogación, ya que deja vacíos comunicacionales que terminan siendo llenados “por rumores o lecturas interesadas”.

Por su parte, el analista político Jorge Chuya considera que Guayaquil atraviesa un momento complejo que demanda un liderazgo visible. “Puede ser entendible el silencio de la alcaldesa Coronel, dadas las circunstancias de la detención del alcalde Álvarez y el poco tiempo que queda antes del inicio de la campaña electoral, en la que aparentemente no será candidata”, señala.

Sin embargo, advierte que la ciudad enfrenta problemas urgentes. “Guayaquil vive un momento complicado por los índices de inseguridad y por conflictos viales y comunales que afectan a las familias. A eso se suman los ataques a competencias municipales, como ocurre con el tema aeroportuario”.

Aunque reconoce que el silencio puede resultar conveniente políticamente, Chuya remarca que “no es momento de callar, si lo que importa es la ciudad y los millones de guayaquileños”.

Una de las diferencias que marcó la gestión de Aquiles Álvarez fue su constante exposición pública. El alcalde realizaba semanalmente, especialmente los miércoles, enlaces radiales que funcionaban como espacios de rendición de cuentas y difusión de su gestión.

En esos espacios también abundaban las controversias y confrontaciones con funcionarios del Gobierno o incluso con el presidente Daniel Noboa, pero existía una narrativa constante desde el Municipio.

Rueda de prensa del COE Cantonal sin la alcaldesa

En contraste, de Tatiana Coronel no se conoce una agenda pública permanente de rendición de cuentas. La única exposición reciente fue la realizada la semana pasada en el Municipio, dividida en dos partes: una como concejal y otra como alcaldesa subrogante. Y recientemente, en una rueda de prensa del COE Cantonal, no estuvo ella, sino el gerente de Segura EP y un edil.

EXPRESO también ha intentado conversar con Coronel. El primer pedido de entrevista ocurrió cuando recién fue electa vicealcaldesa, luego de que el Concejo (de mayoría correísta) decidió reemplazar a Blanca López en la Vicealcaldía, quien ocupó el cargo durante los dos primeros años. Pero ha pasado más de un año desde ese primer acercamiento y no hubo confirmación del Departamento de Comunicación. Ahora, ya como alcaldesa subrogante, tampoco parece existir apertura, pese a los pedidos de esta Redacción.

En tanto, Esteban Ron, experto electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, analiza que normalmente las autoridades subrogantes buscan posicionamiento político, mediático y social.

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Sin embargo, cree que el caso de ella responde a otro contexto. “En medio de esta ‘infoxicación’ política y de una tensión sociopolítica muy fuerte alrededor de Aquiles Álvarez, la autoridad se está cuidando bastante”, puntualiza.

Ron opina que asumir una mayor exposición pública podría convertirla rápidamente en un objetivo político. “Lanzar un posicionamiento en este momento puede ser contraproducente porque se volvería un target político. Creo que ha entendido el tema de la mesura y quiere salir del radar”.

El académico no descarta que detrás de esta estrategia también existan cálculos políticos o incluso razones de cuidado personal. “No sé si tenga ánimo de ser candidata por alguna vía política, pero claramente es un escenario de crisis y convulsión política”, concluye el analista electoral.

Lo que debes saber

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• Ecuador reportó más de 9.000 casos de tuberculosis durante el año epidémico 2025.
• Expertos alertan que cárceles con hacinamiento aceleran contagios de tuberculosis en Ecuador.

El traslado de 31 personas privadas de libertad desde la Cárcel del Encuentro hacia centros penitenciarios de Guayaquil volvió a encender las alarmas sobre una enfermedad que avanza silenciosamente en Ecuador: la tuberculosis.

Lo que inicialmente apareció como un problema aislado dentro del sistema penitenciario hoy es observado por médicos, epidemiólogos y defensores de derechos humanos como una amenaza de salud pública que podría extenderse más allá de las prisiones.

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¿Qué es la tuberculosis y por qué preocupa en Ecuador?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele atacar los pulmones y que se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.

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Aunque es prevenible y curable, continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de una cuarta parte de la población mundial ha estado expuesta al bacilo.

En Ecuador, el problema se agrava dentro de las cárceles, donde el hacinamiento, la escasa ventilación, la mala alimentación y la limitada atención médica crean el escenario perfecto para la propagación de enfermedades respiratorias.

Traslados desde la Cárcel del Encuentro generan alerta

El abogado y defensor de derechos humanos Fernando Bastias Robayo, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, publicó en su cuenta de X que el traslado de internos desde la Cárcel del Encuentro no es un hecho aislado, sino una señal de una crisis sanitaria en desarrollo.

“El traslado de docenas de personas privadas de la libertad de la Cárcel del Encuentro de vuelta hacia Guayaquil por tuberculosis demuestra la inminente crisis sanitaria que surgirá en la cárcel de Santa Elena”, advirtió.

Sus declaraciones surgieron después de que el ministro del Interior, John Reimberg, se refirió en una entrevista televisiva a los casos de Charles Suárez, fallecido en abril, y Michael Bautista, quien murió el 15 de mayo, ambos con cuadros asociados a tuberculosis y otras complicaciones de salud.

Según Reimberg, Bautista recibió controles médicos periódicos y la enfermedad habría sido detectada poco antes de su muerte, momento en el que se inició el tratamiento correspondiente.

Sin embargo, especialistas alertan que en contextos penitenciarios un diagnóstico tardío puede convertirse rápidamente en un foco de contagio masivo.

Separar los casos confirmados, vigilar estrechamente a los contactos cercanos y establecer áreas de aislamiento.Daniel Simancas, médico epidemiólogo

Ecuador registró un “año epidémico” de tuberculosis

Las cifras oficiales muestran un deterioro acelerado de la situación. El Observatorio de Implementación del Sistema de Información de Salud, conformado por investigadores y profesionales de varias universidades, explicó en su boletín número 9 que Ecuador atravesó un “año epidémico” de tuberculosis en 2025.

De acuerdo con registros del Ministerio de Salud Pública recopilados por el Observatorio, en 2025 se reportaron 9.142 casos de tuberculosis en el país, mientras que el promedio de los últimos tres años había sido de 4.422. Esto representa un incremento del 207 % entre 2022 y 2025.

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Casos de tuberculosis aumentan dentro de las cárceles

El crecimiento también se refleja en el sistema penitenciario. En 2023 Ecuador registró 4.692 personas con tuberculosis, de las cuales 695 eran privadas de libertad. Para 2024 la cifra subió a 5.476 afectados, incluidos 1.165 internos.

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En términos prácticos, las cárceles pasaron de ser espacios vulnerables a convertirse en posibles amplificadores epidemiológicos.

Daniel Simancas Racines, médico epidemiólogo, vicerrector de Investigación y decano de Salud de la Universidad Indoamérica, considera que la situación requiere medidas inmediatas y coordinadas.

“La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que requiere monitoreo epidemiológico estricto y medidas preventivas eficaces”, sostuvo.

El especialista considera indispensable separar los casos confirmados, vigilar estrechamente a los contactos cercanos y establecer áreas de aislamiento para personas sospechosas de portar la enfermedad.

También insiste en la necesidad de diagnósticos tempranos mediante pruebas moleculares rápidas y rayos X, además del uso obligatorio de mascarillas para personas con síntomas respiratorios y equipos N95 para el personal médico.

Simancas alertó que sin una intervención integral, el brote podría expandirse rápidamente. “Ya ocurrió en otra cárcel de Guayaquil, donde hubo más de 400 infectados”, recordó.

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Riesgo de expansión fuera de las prisiones

Pero el riesgo no se limita al interior de las cárceles. Los expertos alertan que la tuberculosis puede atravesar los muros penitenciarios a través de familiares, visitantes y personal de salud y seguridad.

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Washington Alemán, médico infectólogo y docente de la Universidad Espíritu Santo (UEES), indicó que las cárceles reúnen prácticamente todas las condiciones de riesgo para la propagación de la enfermedad.

“El hacinamiento en lugares pequeños, la falta de ventilación y la presencia de enfermedades como VIH, diabetes o adicciones aumentan considerablemente la probabilidad de contagio”, explicó.

Aunque aclaró que no existen datos públicos completos sobre la situación específica en la Cárcel del Encuentro, afirmó que la tuberculosis en centros de detención es un fenómeno recurrente en distintos países debido a las condiciones de encierro.

Guayas concentra población vulnerable ante la tuberculosis

La preocupación aumenta particularmente en Guayas, una provincia donde miles de personas conviven con enfermedades que debilitan el sistema inmunológico.

El arquitecto Héctor Hugo, presidente de la Fundación Larkin Ecuador y docente universitario, considera que el problema ha sido reducido erróneamente a un asunto penitenciario, cuando en realidad tiene implicaciones sanitarias mucho más amplias.

“En Guayas no hablamos solo de personas privadas de libertad. Existe una población vulnerable de más de medio millón de personas, como pacientes con VIH, diabetes, cáncer y otras complicaciones. Por eso el tamizaje no es un asunto carcelario, sino una medida de salud pública territorial”, señaló.

También advirtió que el riesgo de expansión aumenta especialmente entre personas inmunosuprimidas, cuya capacidad de defensa frente a la bacteria es menor.

“El riesgo no se genera con población con buenas defensas. El problema es el contacto con personas vulnerables, como pacientes con VIH, que no son pocos”, concluyó.

Lo que debes saber:

• Quito: zonas abandonadas e inseguras persisten en 2026, pese a intervenciones municipales y a lema de que es la ciudad más linda del mundo.
• Arquitectos y vecinos en Quito piden plan integral urbano ante deterioro en sur y norte; edificaciones abandonadas por años.
• Municipio prioriza áreas visibles, mientras sectores están descuidados; se pide motivar a vecindarios para convertir a Quito en la ciudad más linda.

Varias zonas a lo largo del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) registran varios problemas ligados al abandono y descuido. Ante ese escenario, los dirigentes barriales y arquitectos plantean distintas alternativas que podrían ayudar a que la capital alcance totalmente el lema con la que se la promociona: “La ciudad más linda del mundo”.

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Para Sergio Bermeo, director del Observatorio de Arquitectura a en Ciudad, Tecnología y Sustentabilidad de la Universidad Central del Ecuador, la promoción busca posicionar un concepto en el imaginario urbano apelando a la identidad. 

“Se aprovecha la quiteñidad, el amor por la ciudad”, explica. Pero advierte que no se debe olvidar que Quito requiere “un proyecto integral de ciudad, no intervenciones puntuales, una suerte de acupuntura con pequeñas obras dispersas”.

Bermeo sostiene que las intervenciones recientes se han concentrado en zonas visibles y de interés turístico. “El Municipio de Quito apuesta por ‘poner bonita’ la ciudad en áreas transitadas, pero hay barrios deteriorados en lo físico (con grafitis, daños estructurales), además de vacíos, deshabitados o inseguros”, señala. 

Entre los sectores que menciona están Turubamba, La Mena, La Argelia, La Ecuatoriana, en el sur; así como La Roldós, Pisulí y Colinas, en el norte de la urbe.

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“Quito no es solo el Centro Histórico o la avenida Naciones Unidas”.Sergio Bermeo/ arquitecto y catedrático U. Central

¿Qué se debería hacer con algunas zonas deterioradas?

En su opinión, zonas emblemáticas reflejan ese contraste. La Mariscal, que fue un ícono, evidencia deterioro, problemas de inseguridad, trabajo sexual y consumo de drogas. Mientras que en el Centro Histórico hay áreas sin rehabilitación, como las calles Quijano o Loja.

¿Qué se debería hacer con la edificación a medio construir detrás de la matriz del IESS? Desde Hábitat y Vivienda del Municipio se explicó que en el 2011 se aprobó la construcción de planos y que está en manos del Seguro Social.

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Bermeo agrega que existe deterioro en el barrio Larrea, donde abundan edificaciones abandonadas. Eso rompe con el tejido social. Aunque ese proyecto de vivienda no es de propiedad municipal, considera que debería priorizar su recuperación con una alianza. 

“¿Por qué no impulsar lo que se intentó con el estadio Olímpico Atahualpa?”, pregunta, pues la zona requiere una estrategia integral de regeneración urbana, con parques de bolsillo, mejora de aceras y arborización.

La opinión de dirigentes de La Paz y La Ecuatoriana

También dirigentes como Diego Proaño, del barrio La Paz, mencionan que las opciones para mejorar la imagen de la urbe deben ir de la mano con más control. 

“Es difícil hablar de una ciudad ‘linda’ cuando no se aplican ordenanzas”. Habla de problemas en el mantenimiento de aceras, contaminación lumínica y acústica, y la proliferación de locales nocturnos irregulares.

En calles como Whymper, Humboldt, Coruña o Paul Rivet (donde dice que viven unas 2.500 personas), describe un deterioro. Habla de demolición de inmuebles para convertirlos en parqueaderos vinculados a locales de diversión y la tala de palmeras que tienen décadas. 

“A partir de las 21:00 hay personas ebrias que orinan en la vía pública o protagonizan escenas que afectan la convivencia”, denuncia.

Desde el otro extremo de la ciudad, en La Ecuatoriana, en el sur, Edison Quezada, dirigente barrial, recuerda que en un texto sobre la historia de la ciudadela se la describe como “el rincón más lindo”. Cree que “la intención (de la ciudad más linda) es buena, pero los vecinos no colaboramos lo suficiente”.

En su sector, calcula, hay unos 1.500 residentes, de los cuales apenas el 8 % participa activamente en iniciativas comunitarias. Considera que hacen falta estrategias que fomenten la organización y la corresponsabilidad en los barrios.

Pone ejemplos que hacen que la ciudad no luzca bien: la presencia de heces de perro en espacios públicos en toda la ciudad, como la calle J en Solanda, El Batán o la avenida Brasil. Frente a ello destaca que les ha servido pintar las aceras de colores amarillo, rojo y negro, una medida que ha ahuyentado a los canes.

El alcalde Pabel Muñoz, por su parte, ha reiterado que no hay parroquia rural o urbana sin obras. Asegura que completará 3.001 obras.

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Existen zonas con potencial para mejorar: Diego Hurtado

Diego Hurtado, arquitecto y asambleísta ciudadano electo por Belisario Quevedo, apunta: “Para todo padre no hay hijo feo”. Piensa que quienes viven en Quito sienten ese arraigo, aunque eso no impide reconocer que hay barrios y calles más cuidados que otros.

En esa línea, Hurtado destaca el valor paisajístico de la capital, con los Andes y su topografía. “Cuando llevo turistas al Panecillo siempre repiten: ‘Qué bonita vista’”, comenta. Sin embargo, sí cree que también existen zonas “con potencial para mejorar”.

Además Hurtado cuestiona ciertos prejuicios urbanos. “A mucha gente le parece que Quitumbe no es un espacio lindo, pero allí está la quebrada Ortega”, indica. Y menciona contrastes dentro de la propia ciudad: en La Mariscal, por ejemplo, la imagen de la calle Juan Rodríguez, con sus árboles, es afectada por el ruido o la inseguridad. 

Asimismo le gusta caminar por la av. República de El Salvador, con un corredor que llega hasta un centro comercial, pero en donde preocupó la presencia de plagas.

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“El eslogan debería ser ‘Hagamos que Quito sea la ciudad más linda del mundo’”, propone y además que se incentive a los barrios a fijarse metas.

Si en una zona se permite que haya un poco de basura, se volverá basurero. Si hay oscuridad, habrá actividades ilícitas. Hay una relación causa y efecto.Diego Hurtado/ arquitecto y asambleísta urbano

Lo que debes saber

• Ecuador aplicará cortes de luz programados en 55 cantones como medida preventiva ante posibles efectos del fenómeno de El Niño.
  
• Especialistas advierten que los trabajos anunciados por el Gobierno deben complementarse con nueva generación eléctrica, debido al déficit de alrededor de 900 MW que enfrenta el país.
  
• El Ejecutivo asegura que las desconexiones no superarán las cuatro horas y que los días con cortes no serán cobrados en la planilla eléctrica.

Los focos recargables, UPS, generadores eléctricos y otros equipos utilizados durante los apagones volverán a ser empleados por los ciudadanos en Ecuador durante los dos próximos fines de semana. Su uso será necesario tras el anuncio de cortes programados preventivos ante posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño.

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) declaró el 18 de mayo pasado el nivel de alerta amarilla para las zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a El Niño.

Según la entidad, la medida aplica para territorios ubicados predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, abarcando 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias.

Gobierno anuncia cortes preventivos por riesgo de El Niño

Así, ante la previsión de una posible llegada de este fenómeno natural al país, el Gobierno Nacional anunció este 28 de mayo de 2026 que se ejecutarán trabajos programados de mantenimiento y repotenciación en el sistema eléctrico nacional durante los fines de semana del 30 y 31 de mayo, y 6 y 7 de junio de 2026, como parte de las acciones preventivas ante posibles afectaciones derivadas de El Niño.

Según informó este 28 de mayo de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía, las intervenciones se realizarán en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica y reducir riesgos para el Sistema Nacional Interconectado (SNI).

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La cartera de Estado señaló que estos trabajos forman parte de un proceso de modernización y reposición de infraestructura obsoleta, para garantizar un servicio eléctrico “más confiable, seguro y eficiente” para los ciudadanos.

Las labores técnicas, sin embargo, requerirán desconexiones temporales del servicio eléctrico, que no excederán las cuatro horas. Las empresas eléctricas de distribución informarán “oportunamente” los cronogramas, horarios y sectores específicos donde se ejecutarán los trabajos.

Más de 50 cantones tendrán desconexiones programadas

Las intervenciones se desarrollarán en 55 cantones de 15 provincias: Pichincha, Guayas, Los Ríos, Azuay, Morona Santiago, Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Loja.

Los cantones afectados serán Quito, Guayaquil, Durán, Daule, Salitre, Palestina, Balzar, Colimes, Santa Lucía, Samborondón, Balao, Milagro, Naranjal, Pedro Carbo, Yaguachi, Baba, Babahoyo, Jujan, Montalvo, Vinces, Buena Fe, Cuenca, Girón, Nabón, Santa Isabel, Macas, Echeandía, Las Naves, San Miguel, Chillanes, Arenillas, Atahualpa, El Guabo, Machala, Zaruma, Atacames, Quinindé, Manta, Portoviejo.

Constan también Francisco de Orellana, Joya de los Sachas, Pujilí, Salcedo, Ibarra, Otavalo, Alausí, Chunchi, Guamote, Pallatanga, Penipe, Riobamba, Loja, Puyango, Zapotillo y Lago Agrio.

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El Ministerio indicó además que la información detallada de cronogramas y sectores afectados estará disponible para la ciudadanía en el portal oficial habilitado para estos mantenimientos: https:// www.ambienteyenergia.gob. ec/mantenimientoseedprogramados/

La entidad agregó que por disposición del presidente Daniel Noboa, los días en los que se registren desconexiones programadas no serán cobrados en la planilla eléctrica de los usuarios afectados por racionamientos.

Expertos advierten fragilidad del sistema eléctrico

Para Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, las intervenciones anunciadas por el Gobierno son de carácter rutinario. Pero enfatizó que estas se deben complementar con un sistema de generación reforzado para garantizar el servicio ante posibles amenazas naturales.

Ecuador tiene un déficit de 900 megavatios (MW) en el sistema de generación y, pese a esta necesidad, al menos 10 procesos de contratación se han caído entre 2024 y mayo de 2026.

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Ante este panorama, Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, advierte que los cortes de los próximos fines de semana son “un simulacro” sobre como aplicar esta medida ante la falta de nueva generación, la suspensión de la venta de energía de Colombia (450 MW) y la presencia de sedimentos en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, por la crecida del río Coca (CCS).

CCS aportó este 28 de mayo hasta las 20:30 con el 37 % de la energía hidroeléctrica, mientras que el embalse de Mazar estaba a 1,35 metros de llegar a su punto máximo, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y de la Celec Sur.

Lo que debes saber:

• Abogado Xavier Flores habla de uso político de la justicia e instrumentalización de la Fiscalía en caso Aquiles Álvarez.
• Se identifican violaciones a la integridad física, al debido proceso y a la libertad, detalla.
• El uso de la prisión preventiva no es técnico, es político; Aquiles Álvarez no tiene sentencia.

Desde el 10 de febrero del 2026, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece apresado. Lleva más de 80 días en la Cárcel del Encuentro. Hace algo casi dos semanas circuló una imagen en la que se le observa visiblemente más delgado. Xavier Flores, abogado especialista en derechos humanos, explica las implicaciones.

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- ¿Por qué el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está en prisión? ¿Se trata de un tema judicial o qué observa en este proceso?

- Lo primero que hay que entender es que se trata de una situación de persecución política. No se puede analizar este caso sin considerar el componente político que lo atraviesa, así como el uso instrumental de la Fiscalía General del Estado, para satisfacer la apetencia o venganza de la autoridad al mando del Gobierno Central. 

Si uno empieza a pensar que es un proceso normal se pierde de vista su naturaleza arbitraria.

- ¿Cuál es la situación del alcalde?

- La situación que se vive en la Cárcel del Encuentro es básicamente un trato cruel, inhumano y degradante, tal vez tortura. En todo caso es una vulneración al artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Ya se han presentado reclamos internacionales ante la Comisión Interamericana para buscar medidas cautelares y el proceso está en curso. El caso de Aquiles es de manual de uso político de la justicia.

- ¿Qué tipo de violaciones identifica?

- Numerosas violaciones en dos órdenes: en lo procedimental, la debido proceso, artículo 8 de la Convención Americana; y en cuanto a vulneraciones a su integridad física, artículo 5. Y todas derivadas de una vulneración a la libertad personal, el origen de todo el caso, con la detención del 10 de febrero.

Ecuador cae en la animalidad: una sociedad que persigue por razones políticas y una cárcel en la que se violan derechos.Xavier Flores Aguirre/ abogado especialista en derechos humanos

- ¿Por qué en este caso se usa prisión preventiva, pese a que no tiene sentencia?

- Hay elementos que respaldan una idea clara: el uso de prisión preventiva no es técnico sino político, orientado a castigar a ciertas personas o simplemente a abusar de una institución y ha sido analizado desde mucho tiempo antes del gobierno de Daniel Noboa. 

Ha sido materia de análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el primer informe que hizo sobre el estado del Ecuador en 1997, hace casi 30 años.

- ¿Cuál es la diferencia con lo que pasa ahora?

- No es novedad, pero en los últimos tiempos se ha exacerbado su uso político. La Fiscalía se ha deteriorado a ese nivel, según reportes internacionales sobre estado de derechos del mundo. Analizan el sistema de investigación criminal. En un ranking de 143 países, Ecuador está en el 141.

- Muy grave.

- Es escandaloso, en el puesto 143 está Venezuela. Llegamos a ser Venezuela de la mano de un gobierno de derecha; lo peor que tenía ese régimen era el manejo del tema electoral y la persecución a opositores. 

Tengamos conciencia de que vivimos un descenso sostenido en ese ranking. Empieza con su uso corrupto, desde el Consejo Transitorio del doctor Trujillo; con la presencia de Diana Salazar, la Fiscalía se instrumentaliza para perseguir al correísmo y luego a cualquier consigna política.

Opinión

Daniel, el travieso

Xavier Flores Aguirre

- ¿Qué decir de lo que pasa en cárceles como El Encuentro? ¿Privados de la libertad con tuberculosis, abogado y allegados de Omar Campoverde hablan de violación de parte de la fuerza pública?

- Felipe Rodríguez, en su columna, dijo que siente vergüenza de enviar a alguien a la cárcel porque el sistema penitenciario no cumple ningún propósito de rehabilitación. Envió a un tipo a prisión y luego lo vio como un despojo humano, al que habían violado, contagiado y afectado en su dignidad. Ese castigo no busca rehabilitación, lo reduce a la condición de guiñapo.

- Ramiro García, abogado del alcalde, denuncia que no puede reunirse en privado con su defendido. ¿Es normal eso?

- No, no es normal. Se lo quiere tratar como un régimen excepcional y merecido por la situación de inseguridad del país. Pero no tiene presentación. 

Lo normal en cualquier parte del mundo es que la máxima autoridad de una ciudad que debe resolver un proceso de remoción en curso, pueda tener comunicación con su abogado defensor en términos de confidencialidad, designar apoderado para que se presente en el proceso. El TCE ha desarrollado amplia jurisprudencia.

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Se alegraron por las masacres carcelarias, sin darse cuenta de que eso se desparramaría a las callesXavier Flores Aguirre/ abogado especialista en derechos humanos

¿Quién es Xavier Flores?

Abogado, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, con una maestría en políticas públicas con especialización en desarrollo por The Australian National Univeristy. 

Apasionado por la historia, autor de un blog (xaflag.blogspot.com) que recopila más de 2.000 publicaciones desde el 2005, preparadas para el blog y difundidas en distintos medios de comunicación; fundador de Gkillcity.com, autor de la columna de opinión 'La otra historia del Ecuador' que se publica todos los viernes en diario Expreso.

Lo que debes saber

• En las últimas cinco elecciones seccionales, la mayoría de ciudadanos no votó por los prefectos que terminaron gobernando, debido a un sistema que permite ganar con apoyos minoritarios.
• El problema se explica por tres factores: la exclusión de abstencionistas y votos nulos o blancos del cálculo final, además de la alta fragmentación de candidaturas.
• Esto genera un “déficit de representación”, donde las autoridades son legalmente legítimas, pero carecen de un respaldo social amplio

Siete de cada diez ciudadanos habilitados para votar no han elegido al prefecto ganador en las últimas cinco elecciones seccionales, según información revisada del Consejo Nacional Electoral (CNE). En promedio, entre el 65 % y el 78 % del padrón electoral no votó por quien terminó administrando sus recursos, definiendo sus vías y ejecutando su presupuesto provincial. Prefectos con mandato legal, pero sin mayoría social. Este es un patrón que se repite desde 2004 y que el sistema electoral ha normalizado desde hace décadas.

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Para entender por qué ocurre esto hay que ver cómo procesa la información el sistema. Cuando el CNE calcula sus resultados, parte de una pregunta deliberadamente acotada: ¿quién obtuvo más votos válidos? Esa pregunta descarta a los abstencionistas (en promedio, el 16 % del padrón desde hace tres elecciones) y a quienes anularon su voto y votaron en blanco (en suma, entre el 13 % y el 18 %, en el mismo lapso).

Es sobre ese universo reducido que se calcula la victoria. Y además, cuando ese universo está dividido entre numerosos candidatos, basta una minoría para ganar.

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¿Por qué se produce este fenómeno electoral?

El problema de representación opera en tres capas simultáneas:

Los tres juntos producen autoridades legalmente electas, pero elegidas por una minoría.

Para dimensionar el efecto, basta un ejemplo. Paola Pabón ganó la Prefectura de Pichincha en 2019 con el 22 % de los votos válidos, según el CNE. Pero si se recalculan los votos que obtuvo sobre el universo completo de ciudadanos habilitados para votar, su respaldo real cae al 13 %. Apenas uno de cada ocho ciudadanos eligió activamente a quien administraría la provincia en ese año.

A esa distancia entre la legitimidad formal y el respaldo ciudadano real la podemos llamar déficit de representación. No implica fraude ni ilegalidad. Un prefecto en esa situación puede haber ganado respetando cada procedimiento del Código de la Democracia. Su mandato es válido. Lo que no tiene es respaldo amplio. Y esa distinción, entre ganar y representar, es el corazón del problema: legitimidad formal vs. legitimidad social.

Este análisis de cinco ciclos electorales consecutivos revela que este déficit no es una anomalía, sino la norma. Esto ha tenido algunas variaciones: en 2004 el porcentaje del padrón que no votó por el prefecto ganador promediaba el 77 %; en 2009 bajó al 72 %; en 2014 llegó a su punto más bajo con 64 %, pero no se sostuvo, pues en 2019 volvió al 76 % y en 2023 cerró en el 73 %. Durante los últimos 20 años, en promedio, siete de cada diez ciudadanos no votaron por el prefecto que terminó gobernándolos. Este dato es una realidad estructural consolidada que solo cambiará si el sistema electoral cambia.

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El impacto de la fragmentación electoral

Parte de este déficit de representación viene de la fragmentación electoral. En sistemas de mayoría relativa, donde gana quien obtiene más votos, sin un mínimo obligatorio, el aumento del número de candidatos reduce el porcentaje de votos requerido para ganar, permitiendo que una autoridad sea electa con un respaldo minoritario. Entre 2004 y 2014 el promedio se mantuvo entre cinco y seis candidatos por prefectura; en 2019 saltó a nueve, con casos extremos como Santa Elena, donde compitieron veinte y el ganador representó apenas al 20 % del padrón.

El sistema también invisibiliza una señal que merece atención al momento de proclamar oficialmente al ganador: los votos nulos y blancos. Aunque forman parte del comportamiento electoral, quedan fuera del cálculo que define la victoria, pese a que pueden expresar rechazo, descontento o desconexión frente a todas las opciones disponibles. El artículo 147 del Código de la Democracia reconoce ese comportamiento solo parcialmente: anula la elección si los nulos superan a todos los votos válidos, pero los blancos quedan fuera de esa salvaguarda.

En las cinco elecciones analizadas, los votos no válidos (nulos y blancos) suman en promedio cerca del 18 % de los votos emitidos. Lourdes Tibán ganó la Prefectura de Cotopaxi en 2019 con el 19,05 % de los votos válidos, mientras que el 20,08 % votó nulo y blanco en esa papeleta. Ganó legalmente, pero los nulos y blancos la superaron en las urnas.

El diagnóstico que emerge de este análisis de dos décadas de mandatos es que el sistema electoral ecuatoriano produce ganadores legítimos en origen, pero estructuralmente subrepresentativos. No por mala fe institucional, sino por diseño.

Gobernar con legitimidad formal no es lo mismo que gobernar con respaldo social amplio. Sostener esa confusión durante cinco ciclos electorales consecutivos no puede seguirse viendo solamente como un detalle técnico; es una deuda con la calidad de nuestra democracia que las instituciones competentes deben saldar.

Lo que debes saber

• Cientos de personas fueron estafados por Urnosa S.A. e Inmobiliaria Terrabienes S.A. hace años.
• Las empresas no concluyeron la construcción de tres urbanizaciones: Olivos del Río, Ceibos del Río y Veranda del Río.
• Los afectados se han organizado en tres agrupaciones: Asociación Arcos del Río, Asociación de Perjudicados de Terrabienes Urnosa y Grupo Ab. Zaruma.

Cientos de afectados por la estafa del proyecto Arcos del Río, impulsado por Urnosa S. A. e Inmobiliaria Terrabienes S. A., en Guayaquil, mantienen la esperanza de ser resarcidos. Desde 2021, varios de ellos optaron por posesionarse en los terrenos como medida de presión.

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Condiciones precarias mientras esperan solución

Entre los acreedores figuran personas naturales y jurídicas. Las primeras se han organizado en tres agrupaciones. Según un acuerdo transaccional especial suscrito el 23 de febrero de 2026, quienes proyectaban residir en las urbanizaciones Olivos del Río, Ceibos del Río y Veranda del Río lo harán ahora en una sola urbanización.

Aunque esperan que el acuerdo transaccional especial permita el resarcimiento, los afectados habitan en un área que carece de servicios básicos. Algunos han recibido casas en obra gris, mientras otros habitan en viviendas de caña.

¿Puede el Estado intervenir ante esta situación, por ejemplo, facilitando créditos? Para dos constructores consultados por EXPRESO, la respuesta es afirmativa, aunque condicionada a la legalización de los lotes.

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Intervención estatal, limitada por el proceso legal

Mientras el proceso legal no concluya, la intervención estatal resulta inviable, advierte el constructor José Luis Valero. “Es un litigio entre privados y el Estado podría generar un problema político si interviene antes de tiempo”, explica.

En esa misma línea, el desarrollador inmobiliario Darío Herrera, también exministro de Transporte y Obras Públicas, sostiene que el Estado no tiene la obligación legal directa de compensar a los afectados. “Se trata de un problema privado, por lo que cualquier acción debe analizarse desde un enfoque social y político, no solo jurídico”.

Valero añade que una intervención prematura podría ser malinterpretada por la opinión pública. “Podría verse como que el Estado está usando recursos para resolver un conflicto que no le corresponde, lo que abriría cuestionamientos”.

Herrera concuerda en que cualquier apoyo estatal debe darse dentro de un marco institucional sólido. “Primero debe garantizarse la legalidad del proceso y que las entidades de control cumplan su rol, antes de pensar en subsidios o ayudas directas”, afirma.

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La legalización, clave para acceder a financiamiento

No obstante, ambos expertos coinciden en que el Estado sí puede cumplir un rol indirecto en esta etapa. Valero considera que una de las acciones más viables es presionar para que los trámites avancen. “El Estado podría pedir a la Superintendencia de Compañías que agilice el proceso de liquidación”.

Una vez que los terrenos estén legalizados, el escenario cambia de forma sustancial, según el constructor. “Ahí sí el Estado puede intervenir con líneas de crédito o facilidades financieras para terminar los proyectos habitacionales”.

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Organización y asesoría, pasos necesarios para avanzar

El exministro Herrera manifiesta que los afectados de las empresas Terrabienes y Urnosa podrían acogerse a programas de vivienda de interés social. “Podrían acceder a esquemas como el plan Miti Miti o créditos con tasas subsidiadas, siempre que los proyectos cumplan con los requisitos”.

Si el monto del financiamiento requerido supera los $85.796 y llega hasta los $110.378, los afectados podrían acceder a créditos para viviendas VIS y VIP, explica Herrera.

En cualquier escenario, los expertos recomiendan que los perjudicados se organicen y contraten a un desarrollador inmobiliario, lo que facilitaría el acceso a líneas de crédito en entidades como el Biess o el Banco del Pacífico. Pero una vez que los terrenos hayan sido legalizados, subraya Valero.

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Denuncian hostigamiento

“Siempre hemos estado desamparados por las autoridades de turno”, afirma Elva Quinde, una de las perjudicadas. Aunque el liquidador de Urnosa y Terrabienes, Carlos Cadena Asencio, la denunció como invasora, dice que seguirá en posesión de su lote.

Relata que la notificación judicial la tomó por sorpresa y considera que se trató de un intento de intimidación. “Estábamos reclamando nuestros derechos”.

Olga Haro también enfrenta una denuncia similar. “A mí debían entregarme la casa en junio de 2012 y no lo hicieron. Soy perjudicada, no he invadido ningún terreno”, enfatiza.

Sandra Farfán también fue denunciada por el liquidador, en su caso por presunto tráfico de tierras. Para ella, estas acusaciones son calumnias y forman parte de un hostigamiento.

Lo que se sabe

• Un asesinato golpeó a la comunidad de la etapa 6 de la ciudadela la Alborada, el 27 de abril de 2026
• Los habitantes de esta zona del norte afirman que no quieren que la violencia se normalice en su sector
• Especialista sugiere crear un plan piloto de seguridad, que fortalezca la vida barrial

Cercanía. Fue lo que más llamó la atención de María Touzard cuando llegó a vivir a la ciudadela Alborada, hace más de 50 años. Ella recuerda cómo poco a poco empezaron a instalarse bancos, supermercados y otro tipo de negocios.

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Considerada como el corazón del norte y rodeada de ciudadelas como La Garzota, Sauces, Samanes, Urdenor, entre otras, la Alborada comparte con ellas el golpe que la inseguridad ha dejado en todo el país.

El hecho más reciente ocurrió el lunes 27 de abril de 2026, cuando tres sujetos llegaron en moto hasta el local de una cadena de supermercados, en la sexta etapa, a cinco cuadras del monumento al papagayo, en la avenida Benjamín Carrión.

Eran las 20:20. Obligaron al guardia de seguridad a acostarse en el suelo. Iban en búsqueda de Pedro Wilson Hidalgo Briones. El joven, de 23 años, quien era el administrador del negocio, según la Policía Nacional, intentó huir, pero fue alcanzado por los sicarios en un parque, ubicado a 40 metros.

La víctima no tenía antecedentes penales y hace dos meses habían intentado robarle su moto, según contó uno de sus familiares. Dejó huérfana a una niña de un año.

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"No queremos acostumbrarnos a la inseguridad"

El crimen acrecentó el temor en el sector. Los moradores vieron cómo su barrio, el espacio al que consideraban seguro, se convirtió en una escena del crimen, con policías investigando en el parque de la Y, aquel lugar donde solo se esperaría que jueguen los niños, descansen los adultos mayores y compartan los vecinos.

“Nosotros también nos hemos encerrado, como en todas las etapas de la Alborada, que tienen sus puertas automatizadas, las cámaras también; pero creo que el tema de inseguridad pasa los límites. Ahora, en ocasiones, hay gente que tiene su puerta y (los ladrones) la esperan ahí afuera de la puerta o simplemente ingresan”, menciona un líder barrial de la etapa 11, quien pidió reservar su identidad.

“Así como nosotros tenemos un plan de seguridad, ellos (los delincuentes) también tienen plan de cómo atacar de diferentes formas. Entonces, siempre tenemos que estar dos pasos (adelante) de la inseguridad para no caer en su trampa”, añade el dirigente, quien lamenta que “la gente esté con miedo”.

“Esto al final es a lo que vamos a llegar: a acostumbrarnos a ver esas cosas que ya pierden todo el sentido de la vida. No queremos que suceda”, expresa el ciudadano, quien reside desde hace 25 años en la Alborada.

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Rejas han fragmentado a la comunidad en la Alborada

Esa resistencia a dejar que su barrio se pierda fue recogida por EXPRESO en noviembre pasado, cuando varios comités contaron cómo han reforzado su organización comunitaria, a la espera también de la colaboración institucional.

Richard Burnham, de la etapa 13, considera que aún se debe trabajar en la unión de los vecinos para “tener un poco de confianza”.

Él lamenta que el fraccionamiento de sectores, debido a la instalación de rejas en calles peatonales y vehiculares, impida acceder fácilmente a espacios como los parques.

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La Alborada puede acoger un plan piloto de seguridad barrial

Esa división física, que arquitectos y urbanistas consultados por EXPRESO han advertido que ofrece solo una sensación de seguridad temporal, no se percibe en espacios públicos que aún son de libre acceso, como el parque ubicado junto a la unidad educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño, en la etapa 3.

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Las canchas del sitio son el escenario donde los vecinos se encuentran para jugar voleibol, conversar y compartir. Es la vida de barrio que aún se mantiene y que se niega a morir.

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Boris Forero, docente de Arquitectura, recuerda que “el espacio público es donde se construye ciudadanía”. Los dueños del barrio necesitan volver sus ojos al parque, a la calle, al espacio común, para no dejar que la delincuencia se lo tome, enfatiza.

Por eso, Forero considera que al ser el corazón del norte, la Alborada puede ser el espacio para convertirse en un plan piloto de seguridad, que se extienda a los demás barrios.

Esto requiere de varios puntos:

No vamos a desaparecer tampoco. De esos escombros algo brota, algo vuelve a nacer como vida. Y hay que intentarlo”.Boris Forero, docente de Arquitectura

Esa persistencia aún se vive en las calles de la Alborada, cuyos habitantes viven con la esperanza de que la unión de esfuerzos impida que este corazón urbano deje de latir.

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Lo que debes saber 

• Las experiencias gastronómicas en Negroni hacen que el comensal explore nuevos sabores.
• El disfrute no empieza solo en el plato: sino en la vista y el ambiente ‘instagrameable’.
• La cocina Nikkei se adapta al paladar local sin perder carácter.

En el piso 35 de The Point, la ciudad se mira distinta. La vista de Guayaquil parece una postal donde el río Guayas marca el ritmo. Subir hasta este punto no es casualidad; es una decisión. Y quien llega, espera algo más que una comida: busca una experiencia en el restaurante Negroni.

La decoración acompaña ese momento. Alfombras elegantes, lámparas de texturas artesanales que filtran la luz con calidez y una pared con mural dirige la mirada, y casi el instinto, hacia la cocina, donde el movimiento es constante.

Allí, entre fuego y precisión, los cocineros trabajan con otra vista privilegiada: el río, la ciudad, la altura. Todo influye. Todo suma. Porque como dice el chef peruano Rudy Cuba, “la vista, el sabor y la experiencia van de la mano”.

La propuesta en Negroni no se queda en el plato: se construye desde el detalle. La cocina Nikkei (esa fusión entre Japón y Perú) se despliega con soltura, pero también con intención. “Queremos que el cliente llegue y diga: wow, ¿qué es esto?”, explica el chef. Y lo logra. Desde la barra de sushi, donde los cortes milimétricos hablan de precisión, hasta la cocina caliente, donde las cocciones controladas elevan cada ingrediente, todo está pensado para seducir primero la vista… y luego el paladar.

Pero más allá de la técnica, hay una estrategia clara: conectar. Con la ciudad, con el cliente, con sus hábitos. Por eso el menú también conversa con Guayaquil: mariscos, arroces, sabores intensos que dialogan con la identidad local. “Buscamos que el cliente siempre encuentre algo nuevo, sin perder la esencia”, dice Rudy. Y en esa constante evolución, el restaurante se mueve con experiencias gastronómicas como ‘El ronqueo de atún de aleta amarilla’ y colaboraciones con chef de otros restaurantes. Porque en este piso 35, la experiencia no termina cuando llega el plato: apenas empieza.

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Nikkei, la fusión que marca el sabor

En la propuesta de Negroni, la cocina Nikkei no es solo una tendencia: es el hilo conductor de la experiencia. “Es una fusión entre cocina japonesa y peruana que hoy tiene muchísimo atractivo a nivel global”, explica el chef Rudy, quien ha hecho de este mestizaje gastronómico el corazón de su carta.

Esa mezcla se traduce en platos que reinterpretan lo tradicional. “El lomo saltado, por ejemplo, lo trabajamos con hongos japoneses y lo llevamos a un formato tipo risotto”, cuenta. Ingredientes como la salsa de soya o de ostra, ajenos a la raíz peruana, se integran con naturalidad para construir sabores nuevos, sin perder identidad.

La técnica también juega un papel clave. “En la barra de sushi todo es preciso, estético, milimétrico”, dice el chef. No es solo una cuestión visual: esa exactitud define la textura, el corte y, finalmente, la experiencia en boca.

Detrás de cada plato hay una logística que sostiene el concepto. “Usamos producto local, pero hay insumos clave que deben ser importados, como algas, hongos o salsa de soya”, explica. El resultado es una cocina que equilibra territorio y técnica, tradición y tendencia, en un diálogo constante que redefine el paladar.

El poder de las colaboraciones

Este año, una de las apuestas más interesantes llegó con la colaboración del chef de cocina francesa, Giovanni Cambizaca del restaurante Le Petit Jardin, de Cuenca: una experiencia pensada para salir del molde y medir hasta dónde está dispuesto a llegar el paladar local. “Queremos empezar con propuestas distintas y ver cómo responde el cliente”, dijo el chef Rudy.

La fusión parte de un punto técnico. “Usamos, por ejemplo, una salsa clásica francesa, la beurre blanc, en un plato de mariscos, pero la transformamos con ingredientes asiáticos”. Así, lo que nace en Francia se reinterpretó bajo la lógica Nikkei.

El menú de cuatro tiempos incluyó  productos más tradicionales de la cocina francesa, como ancas de rana. El resultado: contraste con coherencia, riesgo con equilibrio.

¿Es una apuesta arriesgada? Quizás. Pero ahí está precisamente la apuesta. “No sabemos si en Guayaquil existe un consumo fuerte de cocina francesa tradicional, pero queremos despertar esa curiosidad”, dice el chef. Más que una tendencia, es un experimento medido: “buscamos salir del concepto habitual y ver si el cliente está dispuesto a explorar nuevas propuestas”. Aquí, la cocina no solo se sirve: se pone a prueba.

Lo que debes saber

• El FMI advierte que la tensión con Colombia puede tener un impacto económico adverso y generar riesgos para el suministro eléctrico en Ecuador.
  
• La tasa de seguridad elevó aranceles hasta el 50 % y subirá al 100 %, afectando el comercio bilateral.
  
• La suspensión de energía desde Colombia expone la dependencia eléctrica y el déficit de generación en Ecuador.

La tensión entre Ecuador y Colombia, que se originó el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, genera alertas para la economía ecuatoriana y su sector energético. 

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Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de abril de 2026, correspondiente a la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, el FMI sostiene que las “tensiones comerciales persistentes” con el país vecino podrían tener un impacto económico “adverso” y representar incluso “riesgos para el suministro eléctrico de Ecuador”.

Impactos económicos

En el tema económico, el Fondo recuerda que los desacuerdos en seguridad generaron, a inicios de 2026, tensiones comerciales con Colombia, luego de que Noboa aplicó barreras a las importaciones del país vecino. 

A esta acción, Colombia respondió con medidas de represalia. Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasó del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirá al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

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Las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025. En cambio, las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones, según el FMI.

En los dos primeros meses de 2026 estos intercambios se alteraron: las importaciones cayeron y las exportaciones subieron comparadas con 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (ver gráfico).

Efectos de la tasa de seguridad

El gobierno de Ecuador, sin embargo, destacó que la medida generó un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera en 25 años. Sin embargo, las cifras de marzo aún no se encuentran disponibles.

Además, el régimen resaltó la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta marzo asciende a $46 millones, según el Servicio de Rentas Internas.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la aplicación de la tasa de seguridad afecta al sector productivo de Ecuador y a los consumidores, más con la nueva medida. “La tasa al 100 % vuelve inviables las importaciones”.

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Ante ello, Acosta Burneo advierte que se deberán restituir las importaciones por otras, de destinos distintos, aunque este proceso no es sencillo, toma tiempo, demanda de recursos económicos y, en ciertos casos, implica un encarecimiento de precios para los consumidores. “Estamos viendo una destrucción de la competitividad del sector productivo ecuatoriano”.

Impactos en el sector eléctrico

Aparte del comercio, el Fondo detalla también que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

En respuesta al anuncio de la tasa de seguridad, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador. Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante las restricciones en las ventas de electricidad, el FMI advierte posibles riesgos en el suministro de energía en Ecuador debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia durante los periodos de estiaje. 

No obstante, dice que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

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Para inicios de marzo de 2026 (cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del acuerdo), el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica, estaba en su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Pero ha ido disminuyendo y este 27 de abril de 2026 hasta las 16:00 estaba en 2.132 msnm.

Por esta razón, Luis Ordóñez, consultor eléctrico, explica que si se mantienen las restricciones en la venta de electricidad desde Colombia, habrá limitaciones para cubrir la demanda nacional, que se "complicarán aún más en el siguiente estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027" porque en Ecuador existe un “déficit” en el sistema de generación.

Antes de la tensión bilateral, Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema nacional, que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

"Con este aporte (450 MW) se podía cubrir la demanda. Sin embargo, ahora cuando baja el embalse de Mazar y se reduce el caudal de Coca Codo Sinclair hay complicaciones para cubrir la demanda y vamos a tener apagones", apunta Ordóñez.

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Pero al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio; aunque el gobierno atribuyó los últimos cortes de energía en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena a mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.

Además, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció el 20 de marzo pasado que inicio un proceso de contratación para incorporar en este 2026 -o en los ocho meses quedan de este año- 920 megavatios (MW) de generación térmica para garantizar el suministro.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Lo que se sabe

• El hotel Continental funcionó durante 47 años en el centro de Guayaquil
• Es recordado su restaurante La Canoa, que atendía las 24 horas
• Renovar la edificación costaría unos $10 millones, según dirigente hotelero

Un artista, un grupo de mujeres llegadas desde el barrio Centenario, trabajadores del centro de la ciudad y turistas extranjeros. A esta diversidad de público le atraía un mismo interés: degustar tradicionales platos nacionales como caldo de manguera, ceviche, encebollado y colada morada.

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El escenario de este encuentro ‘pluralista’ fue el restaurante La Canoa. El espacio, que vio pasar a infinidad de personas, hoy está en silencio.

Hace cuatro años, este punto gastronómico tradicional cerró sus puertas, al igual que el hotel que lo albergó durante 47 años: el Continental.

Artistas famosos visitaron el restaurante La Canoa

“Veías una mezcla muy cosmopolita de gente, incluidos los extranjeros, porque de repente estabas sentado al lado de famosos que llegaban. Recuerdo a Alaska, la cantante, hablando maravillas de lo que estaba comiendo ahí”, rememora el gestor cultural Carlos Icaza Paulson, quien también es presidente de la Fundación Albert Paulsen.

La Canoa tenía la particularidad de su atención continua, las 24 horas, y el sabor inigualable de su comida. Uno de los artífices de esa sazón fue el chef José Loor Murillo, quien llegó al restaurante en 1975 y se quedó hasta el cierre del local.

“El Hotel Continental tenía La Canoa y arriba tenía El Fortín, que era el mejor restaurante de Guayaquil”, resalta Icaza.

Sin embargo, esa época en la que estos espacios eran el corazón gastronómico y hotelero de la ciudad hoy se ha ido.

La pandemia golpeó al hotel y sus espacios. EXPRESO recogió en febrero del 2021 que el Continental estuvo un año sin poder alquilar sus salones de eventos, debido a la prohibición de reuniones masivas. 

Tampoco se vendían sus bufés, porque no había reuniones en los domicilios para evitar el contagio del coronavirus, y La Canoa ya no pudo atender en horario extendido.

El edificio del hotel Continental se ubica en la esquina de Chile y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto)

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El éxito del Continental y sus espacios gastronómicos, que incluyó el bar Santa Ana, empezó con José Emilio Bruzzone Leone, quien fue su primer gerente y falleció en enero del 2013. Su hermano Aldo ocupó el cargo desde 1983.

Así lo cree uno de los cerca de 60 accionistas que tuvo el hotel, antes de que fuera embargado en 2022 por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por mora patronal.

Bajo la condición de anonimato, el exaccionista le contó a EXPRESO que el hotel acogió a cantantes como Julio Iglesias y Armando Manzanero. Del español recordó que, en cierta ocasión, cantó un par de canciones a capela en el Santa Ana.

“Lo que deberían hacer es dejar que una compañía grande lo compre y siga con el hotel, porque hace falta aquí en el centro de la ciudad un hotel de ese porte y de esa capacidad”, plantea el exaccionista.

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¿Cuánto costaría reactivar al hotel Continental de Guayaquil?

Conseguir la reapertura del establecimiento es considerado “un desafío muy complejo, por el nivel de inversión al que tendría que ser sometido el producto para que quede nuevamente en un nivel que resulte atractivo”, señala Hugo Rivera, presidente de la Asociación de Hoteleros de Guayas.

Él calcula que serían necesarios al menos 10 millones de dólares para renovar no solo la estética, sino también la infraestructura.

Rivera advierte que otro detalle a tomar en cuenta es la tasa de ocupación hotelera, que en el centro aún no llega ni al 60 %, frente al 80 % que se registra en el norte de la ciudad.

Rivera sugiere la opción de darle un uso mixto al edificio, que tiene 91 habitaciones, para que también acoja oficinas y salones de eventos.

Tiene que reinventarse porque hay mucho producto similar en competencia. Tiene que reinventarse, la respuesta es esa”.
Hugo Rivera, presidente de la Asociación de Hoteleros del Guayas

Icaza considera que se podría abrir espacio a actividades culturales. El hotel acogió al arte en sus paredes, como la obra que el muralista cuencano Eduardo Vega construyó en el pasaje que une las calles Chile y República de Guayaquil (antes 10 de Agosto), denominada ‘Los Guangalas’, un homenaje a las raíces precolombinas, que todavía permanece.

El asunto primordial no es solamente el hotel, sino urbanísticamente el desarrollo de la ciudad en el área donde había más vida”.
Carlos Icaza, gestor cultural y presidente de la Fundación Albert Paulsen

Declararlo patrimonial, por el estilo arquitectónico MiMo (Miami Modern) que utilizó el estadounidense Morris Lapidus para su diseño, podría ayudar a su recuperación, según el arquitecto Florencio Compte.

Esperando su reactivación, el Continental y sus espacios aguardan en silencio que la vida, la música y el arte vuelvan a latir en el corazón del centro guayaquileño.

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Lo que debes saber

• El fenómeno de El Niño podría afectar a 33 centrales hidroeléctricas que dependen de la cuenca oriental y suman 4.308,95 MW de potencia instalada.
  
• La capacidad hidroeléctrica que podría estar expuesta representa el 83 % de la potencia instalada de las centrales hídricas de Ecuador.
  
• Los cortes de luz anunciados por el Gobierno se enfocan en transmisión y distribución eléctrica. Mientras tanto, especialistas advierten que el principal riesgo estaría en la generación hidroeléctrica.

El sector eléctrico de Ecuador enfrenta una nueva amenaza: la posible llegada del fenómeno de El Niño. Este evento, además de provocar inundaciones y un aumento de las temperaturas, podría reducir las lluvias en la cuenca oriental, donde se concentran más de 4.000 megavatios (MW) de potencia instalada en centrales hidroeléctricas, según especialistas consultados por Diario EXPRESO.

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Este aporte, que equivale a casi tres veces la capacidad de Coca Codo Sinclair, podría incluso cubrir la demanda promedio de electricidad que ha tenido Ecuador entre enero y el 28 de mayo de 2026 (4.137 MW), si contasen con la disponibilidad de agua y estuviesen 100 % operativas.

Actualmente, 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, ubicados en las zonas más susceptibles a los efectos asociados a El Niño, se encuentran en alerta amarilla, tras la declaratoria del 18 de mayo pasado de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Según la entidad, la alerta aplica para territorios ubicados principalmente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar. En estas zonas, que corresponden usualmente a la Costa y Galápagos, se prevé que El Niño cause un alza de la temperatura e inundaciones. 

Mientras tanto, en la Sierra y Amazonía se anticipa -si es que el fenómeno se concreta- una disminución de las lluvias, refiere Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inahmi).

Impacto de El Niño en Ecuador

El especialista explica que este fenómeno, si cumple las condiciones técnicas, se podría presentar alrededor de agosto de 2026. Aunque todo depende de su evolución. “En algunos eventos ha ocurrido reducciones de lluvias, pero no en todos los años hay efectos marcados”.

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En algunos eventos ha ocurrido reducciones de lluvias, pero no en todos los años hay efectos marcados”.Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

Ecuador experimentó efectos muy fuertes de El Niño en 1982-1983 y 1997-1998. En cambio, en 2015-2016 y 2023-2024 no hubo mayores estragos. Por ello, recomienda usar la información para planificar.

Las principales hidroeléctricas están en la cuenca oriental 

En función de este pronóstico, para el sector eléctrico este fenómeno implicaría un adelanto de la época de estiaje de la cuenca oriental, que se caracteriza por una menor disponibilidad de lluvias para generar energía hídrica entre septiembre y marzo, explica Luis Ordóñez, ingeniero eléctrico.

Ordóñez estima que este evento podría limitar la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas, que se alimentan principalmente del agua de la cuenca oriental (ver gráfico).

Dentro de estas instalaciones se encuentran, por ejemplo, Coca Codo Sinclair (1.500 megavatios), el complejo Paute Integral (1.757 MW), que son las que más aportan a la generación de energía hidroeléctrica.

Más de 4.000 MW dependen de la cuenca oriental

Así, considerando la potencia nominal (lo que pueden generar según su diseño), el fenómeno de El Niño podría poner en riesgo alrededor de 4.308,95 MW. Esta cifra corresponde a las 33 centrales hidroeléctricas entre públicas y privadas, que toman el agua que proviene de la cuenca oriental para generar energía, advierte Ordóñez.

La cifra referida (4.308,95 MW) es relevante porque representa el 83 % de la capacidad instalada que tiene Ecuador en centrales hidroeléctricas. 

Además, si es que contasen con la disponibilidad de agua y estuviesen operativas al 100 % podrían incluso cubrir la demanda promedio de electricidad que ha tenido Ecuador, entre enero y el 28 de mayo de 2026.

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En este periodo el requerimiento medio de este suministro se ubicó en 4.137 MW, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Aunque, la demanda ha registrado también picos que han superado la cifra referida. El 27 de mayo pasado se marcó un nuevo máximo histórico con 5.459,47 MW.

Por estas razones, Ordóñez advierte que las autoridades deben tomar acciones para garantizar el suministro eléctrico en el caso de una posible llegada de este fenómeno. "El país debe estar preparado para una contingencia tan grave como la que podría generar El Niño, si este fenómeno natural se concreta".

El país debe estar preparado para una contingencia tan grave como la que podría generar El Niño, si este fenómeno natural se concreta".Luis Ordóñez, ingeniero eléctrico.

Según indicó el Inamhi, este evento climático podría extenderse hasta por 14 meses, si se desarrolla.

Los cortes de luz apuntan a transmisión y distribución

Como parte de las acciones preventivas ante posibles afectaciones derivadas de El Niño, el Gobierno anunció que se realizarán cortes de luz de hasta cuatro horas para ejecutar trabajos programados de mantenimiento y repotenciación en el sistema eléctrico nacional durante este fin de semana y el próximo (6 y 7 de junio).

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que los trabajos programados se ejecutarán en líneas de transmisión, subtransmisión y alimentadores primarios, que forman parte de las etapas intermedia y final del sistema eléctrico. No se tratan de acciones para fortalecer la generación, que es donde se produce este recurso.

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Según la entidad, el fin es fortalecer la red y reducir riesgos para el Sistema Nacional Interconectado (SNI) mediante la modernización y reposición de infraestructura considerada obsoleta, con el fin de mejorar la confiabilidad del servicio para los ciudadanos.

Fortalecer la generación térmica es clave

Esta acciones, sin embargo, no son suficientes. Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, menciona que las autoridades deberían tomar acciones para fortalecer el sistema térmico, que por ahora, representa alrededor de 1.300 MW (incluido tres barcazas).

Este aporte, sumado a los 877,28 MW de las plantas hídricas de la cuenca occidental, apenas supera los 2.170 megavatios, poco más de la mitad de la demanda promedio de electricidad de Ecuador.

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Acuña subraya que también es clave superar las diferencias con Colombia para contar, en la medida de lo posible, con los 450 MW de electricidad importada. Caso contrario, el especialista advierte que si llega El Niño, el déficit de energía que enfrenta el país se agudizará y complicará el suministro eléctrico para hogares, comercios, industrias y otros sectores.

Lo que debes saber

• El Niño amenaza simultáneamente los principales cultivos del país: la Phytophthora en cacao, y el Fusarium raza 4, la Sigatoka y el Moko en musáceas podrían desbordarse, pues el fenómeno acelera la reproducción y dispersión de enfermedades y plagas.
• Ecuador aplica el doble de plaguicidas a comparación del promedio latinoamericano. El Niño, al acelerar la proliferación de plagas, incrementará esa cifra.
• El gobierno anticipó un presupuesto de $4 millones para pagar primas de seguros agrícolas a productores que resulten afectados por El Niño, cifra que las posibles pérdidas superarían con creces.

La alerta por el fenómeno de El Niño que el gobierno conocía desde finales de marzo y que apenas en estas últimas dos semanas derivó en la semaforización amarilla y activó sus primeras respuestas formales lleva consigo una carga silenciosa: el riesgo de que enfermedades y plagas se propaguen a una velocidad que el agro ecuatoriano difícilmente pueda contener, sin infraestructura preparada ni un plan de contingencia.

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En el sector cacaotero, Jorge Marún, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), señala que hay una deuda pendiente: “no hay ningún plan de prevención, no hay la suficiente difusión, no hay una transferencia de tecnología”, al referirse a la inacción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales.

Esa omisión tiene consecuencias concretas. El oomiceto Phytophthora, responsable de la mazorca negra, es la enfermedad que preocupa al sector cacaotero.

Marún —productor de Babahoyo, uno de los cantones de Los Ríos con mayor historial de inundaciones y cuyas trabas presupuestarias e interinstitucionales fueron documentadas en la entrega anterior— advierte que durante los últimos dos años la Phytophthora ya predomina incluso en época seca: "con un invierno fuerte va a haber una mayor incidencia, puesto que también ataca los árboles y termina matándolos".

El impacto es acumulativo: un productor puede perder entre 4% y 5% de su población de árboles por año y quedar, en una década, con hasta 400 individuos menos en una hectárea sembrada con 1.200. “Se piensa que la plantación está decreciendo en la productividad y no es un tema de productividad sino de falta de población”, aclara.

“El primer ataque contra esta enfermedad son los drenajes, antes que pensar en invertir más en plaguicidas y en otro tipo de insumos”, enfatiza Marún. Y recomienda a los productores cacaoteros mejorar los canales, monitorear constantemente, retirar los frutos enfermos de los cultivos y resembrar.

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En el sector bananero, el escenario es igual de complejo. Segundo Solano, presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro (ABO), sostiene que “la economía de la provincia depende básicamente de la producción bananera”.

Lo que más le inquieta es la repercusión de las primeras lluvias fuertes que golpearon la zona cero de Fusarium raza 4 tropical, en Santa Rosa. El hongo no exterioriza sus efectos de inmediato, sino entre seis y siete meses después. Eso significa que el daño que pudo propagarse durante las inundaciones recientes permanece aún invisible, y cuando el daño finalmente sea perceptible o la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario publique los hallazgos , el margen de reacción será estrecho.

De no tomarse medidas, la ABO estima que la productividad podría caer “hasta en un 40, 50% mínimo”, con afectaciones adicionales por Sigatoka negra y moko. 

El agravante: El Quemado, sector donde se detectó la presencia del FOC R4T, está a escasos kilómetros de la cabecera cantonal de Santa Rosa, cantón que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo semaforizó como zona susceptible a inundaciones en la resolución emitida el 19 de mayo. Frente a todo esto, Solano exige lo que aún no existe: “ya se debería haber puesto en marcha un plan nacional de contingencia agropecuaria, con medidas urgentes estructurales”.

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El círculo vicioso que El Niño agudiza

Alex Bustos, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y gerente de GreenControl-LA, explica como el fenómeno impactará directamente en la proliferación de plagas en múltiples cultivos: con el aumento de temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones, “hay un incremento de la fisiología de las plagas (insectos, hongos bacterias y virus): se reproducen más rápido, se alimentan más”.

Además de los cultivos ya mencionados hay otros como el mango y café que pueden verse perjudicados por el aumento del estrés fisiológico y las alteraciones en los procesos de polinización que provocarían abortos florales, deformidades y un menor cuajado de frutos. Esto según Bustos podría traducirse en: “menores rendimientos, cosechas des uniformes, pérdida de calidad de los productos, incremento de costos de producción y menor volumen de exportación”.

Bustos anticipa que ante esa presión climática, los productores intensificarían la aplicación de agroquímicos. Actualmente Ecuador, junto a Costa Rica, encabezan el abuso de estos productos en la región: “cerca de 17 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año, el doble del promedio latinoamericano”. Ambos frentes abiertos ocasionarán graves costos económicos, sociales, ambientales y en la salud de los ecuatorianos. También ocasionará restricciones para la exportación de la oferta agrícola.

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No obstante, Ecuador también esta al otro extremo: “es el principal proveedor en Latinoamérica de productos orgánicos de la Unión Europea y de banana orgánica a los Estados Unidos”, señala Bustos. El país abusa de los agroquímicos y al mismo tiempo lidera la oferta orgánica regional. Superar esa dicotomía, reconoce Bustos, exigirá articulación entre gremios y Estado para que la tecnología se transfiera y se expanda.

Mientras que Solano reconoce el uso excesivo de los agroquímicos durante décadas y que esas prácticas provocaron la vulnerabilidad de los suelos ante enfermedades que El Niño amenaza con propagar. 

La alternativa que propone la ABO son los microorganismos benéficos y la materia orgánica: "para recuperar los suelos y mitigar los impactos de hongos y bacterias". Además, explica que su preparación y aplicación abarata hasta un 60% los costos frente a cualquier fungicida convencional.

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Bustos añade que “la afectación también va a ser en temas pecuarios”, debido al impacto que las condiciones climáticas tendrían sobre la producción de alimentos (como los pastos) para los sectores bovino, porcino y avícola, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria.

El Niño plantea entonces la urgencia de repensar cómo se produce: aplicación de agroquímicos con criterio y abrir paso a alternativas que ya existen pero que no llegan a los campos. Para un sector que, como recuerda Solano, "es una fuente inagotable de trabajo, genera divisas y es clave para la sostenibilidad de la soberanía alimentaria". El tiempo de esperar se agotó: el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, los GADs provinciales y cantonales, enfatiza el líder gremial, "debieron haber estado" preparados desde antes, y no solo ahora que la alarma ya suena.

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Presupuesto de $4 millones para seguros agrícolas

Ese fue el monto que Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, anticipó en declaraciones públicas para pagar primas a productores que resulten afectados por El Niño, con posibilidad de ampliarse, sin detallar avances en las conversaciones con organismos internacionales para que eso ocurra (la cartera de Estado no respondió a la solicitud de entrevista de EXPRESO). Para Bustos en Ecuador no existen seguros agrícolas “funcionales” y califica la medida como “insuficiente” ante la magnitud de pérdidas que generaría el fenómeno. “Son proyectos piloto por su cobertura y están bien para aprender” concluye.

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Lo que debes saber

• La tuberculosis en las cárceles alcanzó niveles epidémicos, con más de 2.500 casos registrados en 2025.
  
• El Gobierno oculta información sanitaria, al suspender la publicación de estadísticas epidemiológicas y rechazar una declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario.
• La cárcel del Encuentro se convirtió en el símbolo de la crisis, tras las denuncias de desnutrición, falta de atención médica y fallecimientos de internos bajo custodia estatal.

Lo de la tuberculosis en el sistema carcelario ecuatoriano es, técnicamente, una epidemia. Otra cosa es que el gobierno no quiera declararla, algo que debió hacer en marzo del año pasado (aun antes) para ser consecuente con los propios datos del Ministerio de Salud. En su lugar, ha optado por una solución expeditiva: suprimir los datos (al fin y al cabo, los enfermos se suprimen solos). La Gaceta Epidemiológica de la tuberculosis, que el Ministerio publicaba ininterrumpidamente cada semana desde hace cuarenta años con los datos actualizados de la incidencia de la enfermedad, desapareció en febrero (aunque el resto de gacetas de otras enfermedades continúan apareciendo con regularidad hasta la fecha). El exministro de Salud José Ruales ha sonado las alarmas: la eliminación de registros estadísticos (incluidos algunos desarrollados bajo su gestión, en 2023) es una grave irresponsabilidad en cualquier área de la salud pública pero puede ser mortal (y lo está siendo) en la epidemiológica.

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Una epidemia que se expande tras las rejas

Los números son elocuentes: la población carcelaria víctima de la enfermedad se multiplicó en más de 300 por ciento en el lapso de dos años. Pasó de alrededor de 600 en 2023 a 1.468 en 2024 y 2.576 en 2025. Es un ritmo de crecimiento inusitado que no guarda relación alguna con el que se observa en la población general del país: en ese mismo período (2023-2025) los casos de tuberculosis en el Ecuador pasaron de aproximadamente 7.600 a 8.000, es decir, un incremento del 5,2 por ciento. Son 58 casos por cada 100 mil habitantes, una tasa que Ruales considera “alta en relación con otros países” pero que equivale apenas al 0,058 por ciento de los habitantes del país. En los centros de detención, en cambio, considerando una población carcelaria de 35 mil personas, 2.500 enfermos representan el 7 por ciento.

Simplemente, una locura. Si a eso se añade que 600 de esos enfermos fallecieron (así lo admitieron las autoridades en enero), estamos hablando de una tasa de mortalidad de casi el 25 por ciento. En resumen: no sólo es una epidemia: es una epidemia de proporciones dramáticas.

Ante esta realidad el gobierno ha optado por el disimulo. En lugar de declarar la emergencia sanitaria en las cárceles, esconde las estadísticas (o deja de producirlas, lo que sería mucho peor). Traslada presos en condiciones calamitosas (que trata de mantener igualmente ocultas) desde la cárcel del Encuentro, la única que tienen controlada según admitió el propio Ministerio del Interior, a otras donde la administración del tratamiento médico podría resultar impracticable. Y el Ministerio de Salud guarda ominoso silencio: en este mundo al revés, son los ministros de Gobierno y del Interior los que responden ante la opinión pública sobre la emergencia sanitaria: negándola.

Llevan haciéndolo desde marzo del año pasado, cuando cinco internos de la Penitenciaría del Litoral fueron encontrados muertos en sus celdas. Aunque no constaran en la lista oficial de “pacientes sospechosos”, el parte policial hablaba de tuberculosis. Los familiares no tenían la menor duda. Ellos venían denunciando las condiciones de hacinamiento y subalimentación (dos condiciones asociadas con la enfermedad) desde enero de 2024, cuando los militares intervinieron en las prisiones. “El estado físico de los detenidos es alarmante -denunció en ese entonces el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil a diario El País de España-, muchos lucen cadavéricos, con la piel pálida y signos evidentes de desnutrición, además de vivir en condiciones extremas de falta de higiene”.

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El silencio oficial frente a la emergencia

El fin de semana pasado, estas palabras pudieron ser confirmadas al pie de la letra por todo el país. La fotografía de algunos de los más de 30 prisioneros enfermos que fueron trasladados desde la cárcel del Encuentro a otros centros de detención mostraba exactamente eso: gente cadavérica que apenas si podía mantenerse en pie. Parece (o es) la imagen de un campo de concentración. Según la denuncia del Comité de Familiares por una Vida Digna (Cofavid), que proporcionó la foto, todos ellos tienen diagnóstico de tuberculosis. La gravedad de la denuncia no logró conmover al inconmovible Ministerio de Salud pero sí sacó de su marasmo a las autoridades del SNAI, que también venían guardando silencio desde marzo del año pasado. En esta ocasión, por primera vez, emitieron un comunicado público: “no se ha registrado ningún brote epidemiológico de tuberculosis ni de ninguna otra enfermedad infectocontagiosa” en la cárcel del Encuentro. No queda claro si el SNAI está negando que los más de 30 presos trasladados padezcan tuberculosis o si está afirmando que más de 30 casos en el ambiente cerrado de una cárcel no constituye un brote.

Ni una palabra sobre el estado calamitoso de los presos desnutridos. Como si fuera de lo más normal. El SNAI no se siente obligado a explicar la imagen. Seguramente están cuidando la figura, como dijo el ministro del Interior John Reimberg sobre el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, quien ha perdido 25 kilos en los dos meses que lleva preso sin sentencia en esa misma cárcel. Ahí, la tuberculosis ha cobrado ya sus primeras víctimas: el 13 abril murió Charles Gonzalo Suárez, de 21 años, uno de los participantes en el ataque armado a TC Televisión; el 15 de mayo, Michael Eduardo Bautista; y esta semana, el miércoles 27 de mayo, Elvis Steven Quevedo. En su comunicado público, el SNAI desmintió que este último tuviera tuberculosis y atribuyó su muerte a una causa aún más terrorífica: pancreatitis. Más terrorífica porque nadie muere de pancreatitis sin atravesar una semana de dolores inenarrables. Si lo que dice el SNAI es cierto, constituye una confesión de abandono criminal que podría calificarse de tortura.

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La cárcel del Encuentro bajo cuestionamiento

Una situación de abandono que explica lo que, de otra forma, sería incomprensible: que alguien muera de tuberculosis en una cárcel supuestamente hipermoderna que el gobierno sí controla. Porque no hay nada más fácil y más barato que curar la tuberculosis en un espacio controlado: basta con administrar una combinación de antibióticos durante tres meses. Lo único que se requiere es supervisión estricta: no se puede abandonar el tratamiento. En cárceles como la Penitenciaría del Litoral o la de Latacunga, que el gobierno admitió que no controla (por eso sacó de ahí a Aquiles Álvarez) esta supervisión estricta se complica porque el dispensario médico (lo cuenta José Ruales) está ubicado en el primer anillo de seguridad, y muchos presos no pueden acceder a él porque los capos de sus pabellones no les dejan. Pero ¿en la cárcel del Encuentro?

En la cárcel del Encuentro, ya no hay razón para dudarlo, el hacinamiento y la desnutrición son parte del castigo, con la consecuente baja de defensas que ofrece el caldo de cultivo ideal para el desarrollo de la tuberculosis. La cárcel del Encuentro es, según todas las evidencias, un campo de concentración en el que los presos no reciben más de 20 minutos de sol al día (en el mejor de los casos). Por el testimonio de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, se sabe que ni siquiera se les permite tener libros, cosa que algunas personas (no el presidente y sus ministros) considerarían una tortura. En suma: la cárcel del Encuentro es la realización de un viejo sueño de Daniel Noboa que ya fue declarado inconstitucional por la Corte respectiva: el proyecto de eliminar a los privados de libertad de la lista de personas de atención prioritaria. Ahí los presos pueden morir de tuberculosis y hasta de pancreatitis por la más simple de las razones: porque las autoridades que las custodian y de las que depende su salud, su alimentación y su seguridad, los dejan morir. Para eso, para dejarlos morir, es que el gobierno controla la cárcel del Encuentro.

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Lo que debes saber

• Cinco adolescentes de Guayaquil y Daule cuentan cómo perciben la ciudad donde crecen.
• Valoran la solidaridad, pero cuestionan la falta de espacios seguros y recreativos.
• Sueñan con ciudades más seguras, inclusivas y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Cinco adolescentes que viven en Guayaquil y en Daule compartieron con EXPRESO sobre la ciudad en la que crecen, los desafíos que enfrentan a diario y cómo imaginan el lugar donde les gustaría vivir. Hablan de calles donde antes podían jugar sin preocupación, de parques que perciben descuidados y de una convivencia que aún valoran gracias a la solidaridad de algunas personas.

Pero también describen un entorno urbano marcado por la inseguridad. Esta ha transformado su manera de desplazarse, relacionarse e incluso de proyectar sus sueños.

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Una generación que observa y cuestiona

Sus testimonios reflejan las inquietudes de una generación numerosa. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), en Guayas viven 876.776 niños de 0 a 11 años, que representan el 20 % de la población provincial, mientras que 491.033 son adolescentes de entre 12 y 17 años, equivalentes al 11,2 %.

Entre los menores, 449.151 son niños y 427.625 son niñas. Asimismo, se registraron 250.685 adolescentes hombres y 240.348 adolescentes mujeres.

Del total de menores de edad, 732.739 niños y 410.630 adolescentes residen en áreas urbanas de Guayas. En cambio, en las zonas rurales habitan 144.037 niños y 80.403 adolescentes, una población que también enfrenta desafíos relacionados con el acceso a servicios, espacios recreativos y oportunidades de desarrollo.

Las cifras reflejan, además, otras realidades que atraviesan a la niñez y adolescencia. De acuerdo con el Registro Estadístico Base de Población del Ecuador (Rebpe), elaborado por el INEC, en 2023 se registraron 39.314 menores de edad en situación de orfandad en Guayas; el 51 % corresponde a hombres y el 49 % a mujeres. De ese grupo, el 43,9 % son niños y el 56,1 % adolescentes.

Siento que debemos cuidarla entre todos, porque el futuro de la ciudad no depende solo de las autoridades. Somos nosotros quienes construimos ese futuro y quienes podemos convertirlo en un mejor lugar para las próximas generaciones.Valeria Galárraga, 16 años

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Lo que rescatan: la interrelación ciudadana

Para Valeria Galárraga, de 16 años, quien reside en Daule, todavía existen aspectos valiosos en la convivencia social. Ella destaca que las personas comienzan a interesarse más por temas como la salud, la economía y el cuidado del país, algo que considera importante para construir un mejor futuro.

La adolescente asegura que le gusta la manera en que vecinos y amigos se organizan para cuidar lo que tienen en común. Sin embargo, cree que la ciudad ha descuidado áreas fundamentales, como la seguridad y las zonas verdes, espacios que considera esenciales para las nuevas generaciones.

Asimismo, Domenika Pérez, de 15 años, rescata la solidaridad que aún encuentra en su entorno; ella vive en Urdenor, al norte de Guayaquil. Dice que le alegra ver que todavía existen personas dispuestas a ayudar a otros, lo que le hace sentir que la sociedad aún conserva valores importantes.

Me gustaría un Guayaquil donde todas las personas tengan oportunidades para cumplir sus sueños y sus metas personales como profesionales, y donde podamos disfrutar de los espacios recreativos sin sentir miedo ni preocuparnos por nuestra seguridad.Domenika Pérez, 15 años

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La inseguridad marca su día a día

Aunque describe a Guayaquil como una ciudad tranquila y bonita, reconoce que el temor está presente cuando camina por las calles. Cuenta que muchas veces siente miedo al ver una motocicleta acercarse, por el riesgo de sufrir un robo.

Es por eso por lo que Valeria siente que hoy los niños y adolescentes ya no pueden salir con la tranquilidad con la que crecieron sus abuelos. “Los padres viven con el miedo constante de que sus hijos no regresen a casa”, afirma, al describir cómo la inseguridad ha transformado la vida cotidiana.

Matteo Castillo, de 13 años, encuentra en su barrio, la ciudadela Martha de Roldós, un espacio para hacer lo que más disfruta: jugar fútbol con sus vecinos. Para él, esos tiempos representan una oportunidad para divertirse, compartir con otros niños y despejar la mente.

Me gustaría vivir en una ciudad donde los niños podamos salir a jugar, divertirnos y estar con nuestros amigos sin preocupaciones. Creo que deberíamos sentirnos seguros cuando estamos en la calle, en el parque o en nuestro propio barrio.Matteo Castillo, 13 años

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Una generación que crece con marcas

Sin embargo, reconoce que la inseguridad también condiciona su vida cotidiana. Dice que no siempre puede salir de su hogar sin preocupaciones, por lo que suele sentirse más tranquilo cuando está acompañado por sus padres.

Alessandro Quinto, de 15 años, menciona que antes salir con amigos era algo sencillo y cotidiano. Hoy, en cambio, siente que incluso compartir con otros adolescentes implica pensar en el riesgo de ser víctima de un robo.

El adolescente cuenta que presenció un asalto, en el sur de Guayaquil, cuando iba a entrenar fútbol a las canchas de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador), una experiencia que lo impactó profundamente. “Fue sorprendente ver cómo alguien podía hacer daño con tanta facilidad”, comenta al recordar ese momento que lo marcó.

Aunque asegura que suele sentirse protegido cuando se moviliza acompañado de amigos, reconoce que la inseguridad condiciona la manera en que transita por la urbe porteña. Afirma que si fuese alcalde dispondría que dos policías estén en cada cuadra para que protejan y se hagan compañía.

Me gustaría vivir en una ciudad más segura y más social, donde las personas no tengan adicciones y tampoco tomen malas decisiones. Creo que una mejor educación desde niños ayudaría a que más jóvenes elijan un camino diferente.Alessandro Quinto, 15 años

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Lo que esperan de los adultos y las autoridades

Por otro lado, Daniel Moscoso, de 14 años, cree que el deporte no recibe la atención que merece. Aunque reconoce la popularidad del fútbol, considera que otras disciplinas deportivas necesitan más impulso y espacios públicos que permitan a niños y adolescentes aprovechar su tiempo libre.

Daniel vive en Daule y sueña con una ciudad donde los adolescentes y niños puedan reunirse sin temor con sus amistades. Desde su mirada, las autoridades locales y nacionales deberían priorizar una administración más transparente y coordinada para recuperar la seguridad, así como la confianza de la ciudadanía.

Alessandro considera que las ciudades necesitan más espacios recreativos y oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus talentos. Sueña con una ciudad más segura, más integrada socialmente y con una educación sólida desde la infancia, para evitar que la gente termine atrapada en la violencia o las adicciones.

La ciudad que sueño es una donde las personas puedan caminar tranquilas, reunirse con sus amigos y disfrutar de parques y espacios deportivos. Nos merecemos crecer en un lugar que nos permita desarrollarnos y convivir sin temor.Daniel Moscoso, 14 años

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