Lo que debes saber

• El Gobierno dispuso incorporar 1.650 MW de generación eléctrica firme, pero hasta el 16 de septiembre de 2026 solo 126,5 MW habían entrado en operación comercial, equivalentes al 7,7 % de la meta.
• El Cenace advirtió que Ecuador necesitaba 1.391 MW adicionales para enfrentar el estiaje 2026-2027. 
  
• La falta de nueva generación coincide con el endurecimiento de las restricciones eléctricas al sector industrial.

La meta del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de incorporar 1.650 megavatios (MW) de generación eléctrica firme para fortalecer el sistema eléctrico de Ecuador quedó debajo de lo previsto. Hasta el 16 de septiembre de 2026 apenas 126,5 MW habían entrado en operación comercial. Es decir, el 92,3 % de la capacidad requerida seguía pendiente, a puertas de que Ecuador comenzara la época estiaje.

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Las cifras constan en el oficio MAE-VEER-2026-0505-OF, firmado el 16 de septiembre por el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Heriberto Javier Medina Abarca, y dirigido a los gerentes generales de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro. El documento revela que 1.523,5 MW de la generación dispuesta todavía no se habían incorporado, pese a las advertencias técnicas sobre la necesidad de contar con más capacidad firme.

Solo el 7,7 % de la generación dispuesta estaba operativo

En este documento, al que accedió Diario EXPRESO, se precisa que, de los 1.650 MW que se debían incorporar -por disposición del Ministerio de Ambiente y Energía-, 1.280 MW correspondían a la Celec y 370 MW a Elecaustro.

Sin embargo, hasta el 16 de septiembre:

El 18 de septiembre de 2026, Celec anunció la incorporación de 10 MW de generación térmica alquilada al complejo Guangopolo, en Quito, con lo que su capacidad aumentó de 34,3 a 44,3 MW.

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El Ministerio reconoce, en este documento, que ambas empresas habían desarrollado procesos de contratación para incorporar generación térmica firme, pero varios fueron declarados desiertos y otros habían concluido sus contratos.

Las disposiciones para adquirir o alquilar generación se emitieron desde septiembre de 2025. El requerimiento inicial fue de 990 MW y posteriormente aumentó hasta 1.650 MW, según el oficio.

Cenace había advertido sobre el déficit de generación

La necesidad de incorporar nueva capacidad no era reciente. El documento recoge informes del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) que alertaban sobre los riesgos para el abastecimiento.

Además, el operador advirtió que la finalización de contratos de generación térmica flotante (barcazas) había reducido la disponibilidad de capacidad firme. Según el informe citado por el Ministerio, la brecha de generación al cierre del estiaje anterior alcanzó los 1.001 MW.

Por ello, al considerar el crecimiento anual de la demanda, estimado en aproximadamente 390 MW adicionales de capacidad firme, el Cenace calculó un requerimiento cercano a 1.391 MW para el estiaje 2026-2027.

El Ministerio reconoció dificultades para abastecer la demanda

Este aporte era clave para cubrir la demanda durante la época de estiaje, que va de octubre a marzo de 2026, porque durante la época de sequía de la Cuenca Oriental se preveía ya la reducción de la oferta hidroeléctrica del país.

En ese contexto, el Ministerio señaló que, al no haberse incorporado la generación firme requerida, el Sistema Nacional Interconectado enfrentaba condiciones complicadas para atender la demanda.

Este escenario se evidencia desde 22 de septiembre de 2026, que el MAE dispuso cortes de energía para parte del sector industria de alto y mediano voltaje.

Estas medidas comenzaron con desconexiones de hasta 24 horas y posteriormente se ampliaron a 48 y 72 horas. El 14 de octubre, la Empresa Eléctrica Quito notificó a consumidores de medio voltaje una restricción de siete días consecutivos, hasta el 20 de octubre.

La reducción de la demanda busca preservar las reservas del embalse Mazar, que ha perdido ya más de 27 metros desde finales de julio, que superó su punto máximo (2.153 msnm)

Nuevas órdenes para incorporar generación

Ante la situación, el viceministro dispuso a Elecaustro ejecutar las acciones necesarias para recuperar la operación de 200 MW de potencia efectiva (dos barcazas) en los puntos de conexión Esclusas-Caraguay y Esclusas.

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A la Celec, en cambio, le ordenó ejecutar acciones administrativas y técnicas para incorporar al menos 200 MW de generación firme.

Lo que debes saber

• Robos a personas crecen en Quito, Guayaquil y Cuenca: familias reportan más asaltos en 2026.
• Expertos explican por qué los asaltos persisten en Ecuador pese a los operativos policiales.
• Celulares, mochilas y tarjetas: el robo callejero sigue afectando a miles de ecuatorianos.

Salir antes del amanecer, guardar el teléfono mientras se espera un bus o caminar mirando constantemente hacia atrás se han convertido en hábitos cotidianos para miles de ecuatorianos. La posibilidad de perder una mochila, el celular o el salario del mes durante un asalto condiciona horarios, recorridos y actividades.

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El miedo ya no está relacionado únicamente con los homicidios y la disputa entre organizaciones criminales. También se instala en los trayectos diarios, las paradas de transporte, los sectores comerciales y los barrios residenciales.

El robo a personas tiene un impacto directo porque puede afectar a cualquier ciudadano. A diferencia de las confrontaciones vinculadas con territorios, rutas del narcotráfico o economías ilegales, los asaltos callejeros no requieren que la víctima tenga relación alguna con el mundo criminal.

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Las estadísticas, sin embargo, muestran una aparente contradicción. En el primer semestre de 2026, la Fiscalía registró 35.783 denuncias por diferentes modalidades de robo. En 2024 fueron 87.457 y en 2025 llegaron a 85.601. Especialistas consultados por EXPRESO atribuyeron la reducción, entre otros factores, a la desconfianza en la justicia, la falta de resultados y el temor a represalias. Por ello, una disminución de denuncias no representa necesariamente una caída equivalente de los delitos.

El Ministerio del Interior presentó otro balance. Según esa cartera de Estado, el robo a personas pasó de 2.449 casos en mayo de 2025 a 1.399 en mayo de 2026, una reducción del 43 %. Hasta el 30 de mayo, la Policía había ejecutado 264.882 intervenciones en el país.

Pero el promedio nacional no siempre refleja lo que ocurre en cada ciudad. En septiembre de 2026, con base en registros de la Fiscalía, reveló un incremento de los asaltos a personas en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Un delito cercano a cualquier familia

Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército ecuatoriano y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, distingue tres niveles de amenaza: delincuencia común, delincuencia organizada y crimen transnacional.

Mientras este último explica una parte de las muertes violentas relacionadas con disputas por rutas del narcotráfico, centros de acopio o minería ilegal, la delincuencia común mantiene una presencia constante en calles, buses y zonas comerciales.

“Lo que le preocupa a la familia es que sale en la mañana mi hijo, mi esposa o cualquier otra persona y no sabemos si va a regresar o si le van a asaltar”, señala Bravo.

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Esa incertidumbre convierte al robo en un amplificador de la percepción de inseguridad. Una persona puede considerar que está fuera de una disputa entre bandas, pero no tiene la misma certeza cuando un familiar sale de madrugada, espera transporte público o regresa a casa durante la noche.

En Quito, el distrito Eugenio Espejo concentró 2.004 robos a personas entre enero y noviembre de 2025, equivalentes al 7,94 % de los casos nacionales. Eloy Alfaro y Manuela Sáenz también aparecieron entre los diez distritos con mayor incidencia. Se trata de sectores con alta circulación peatonal, actividad comercial y conexiones de transporte.

Además, el 78 % de los robos a personas ocurre en espacios públicos, según información del Plan Operativo Anual Integral 2026 de la Policía. El dato explica por qué el impacto social supera el valor económico de lo sustraído: cada ataque comunica a quienes transitan por el lugar que una calle, un parque o una parada pueden convertirse en escenarios de violencia.

Tres relatos recreados desde Guayaquil

El impacto del robo se comprende mejor cuando se traslada a la rutina de quienes deben movilizarse por Guayaquil. En la ciudad, el temor a los asaltos modifica la relación de los habitantes con el transporte, los espacios públicos y sus propios barrios.

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María Fernanda (nombre protegido), empleada administrativa de 34 años, cuenta que fue asaltada mientras esperaba un bus en el sur de Guayaquil, cerca de las 05:45.

“Estaba con otras personas en la parada cuando llegaron dos hombres en una motocicleta. Uno se bajó, sacó un arma y nos pidió los celulares. Todo pasó en menos de 30 segundos. Lo que más me afectó no fue perder el teléfono, sino el miedo. Durante semanas sentí ansiedad cada vez que tenía que salir temprano”.

Después del ataque, cambió sus hábitos: evita sacar el teléfono, comparte su ubicación con familiares y trata de no esperar sola el transporte.

Carlos Mendoza, comerciante de 42 años, relata que fue interceptado después de salir de una entidad bancaria en el norte de la ciudad. “Dos hombres me siguieron varias cuadras. Uno me sujetó por detrás y el otro se llevó una mochila donde tenía dinero para comprar mercadería. Cuando intenté reaccionar ya habían escapado. En segundos perdí el esfuerzo de varias semanas”.

Desde entonces, asegura que permanece pendiente de las motocicletas y de las personas que caminan detrás de él. El perjuicio no fue solamente económico: el asalto alteró su percepción de los espacios que frecuentaba todos los días.

El tercer caso recreado corresponde a Andrea Sánchez, estudiante universitaria de 21 años, quien habría sido víctima de un robo dentro de un bus urbano durante un recorrido nocturno.

“Dos hombres subieron como pasajeros. Cuando el bus avanzó unas cuadras, comenzaron a quitar celulares, mochilas y dinero. Nadie se resistió porque tenían cuchillos. Éramos más de veinte personas y todos terminamos siendo víctimas”.

Andrea sostiene que varios pasajeros decidieron no denunciar porque consideraban imposible recuperar sus pertenencias. Esa decisión ilustra uno de los problemas que enfrentan las instituciones: las estadísticas se construyen a partir de hechos reportados y no necesariamente representan la totalidad de los robos.

Ataques rápidos y mercados para lo robado

Los asaltantes no siempre actúan solos ni de manera improvisada. Algunas agrupaciones distribuyen tareas: una persona identifica a la víctima, otra ejecuta el robo, un conductor facilita la huida y un intermediario recibe celulares, tarjetas bancarias o documentos.

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Bravo señala que bandas dedicadas al robo abordan buses urbanos e interprovinciales para sustraer mochilas, teléfonos, dinero y tarjetas. En este último caso, advierte sobre redes que reciben los plásticos y buscan vulnerar sus seguridades. El asalto deja así de ser un hecho aislado y pasa a formar parte de una cadena económica.

Esa cadena se mantiene porque existe demanda. Un teléfono ofrecido a una fracción de su precio, una autoparte sin documentos o una tarjeta obtenida ilegalmente proporciona liquidez a las estructuras delictivas. Para Bravo, reducir la compra de objetos robados resulta tan necesario como perseguir a quienes ejecutan los ataques.

Las modalidades también evolucionan. En septiembre de 2026, seis personas fueron detenidas en Quito dentro de una investigación por el presunto uso de sustancias para aturdir a víctimas, apropiarse de sus medios electrónicos y realizar retiros o compras fraudulentas. Una víctima localizada en Ambato permanecía en coma, según el reporte policial citado por Ecuavisa.

Operativos que no cubren toda la ciudad

La presencia policial puede disuadir temporalmente el delito, pero resulta difícil mantener vigilancia permanente en todos los puntos críticos. Los delincuentes estudian horarios, rutinas y operativos, y después se trasladan hacia calles menos controladas.

En Quito, entre enero y el 4 de julio de 2026, los robos de mayor connotación bajaron de 7.938 a 6.233 frente al mismo periodo de 2025. El robo a personas se redujo un 15,17 %. Sin embargo, las armas de fuego pasaron de representar el 59 % al 66 % de los instrumentos utilizados en los casos registrados. Esto no implica un aumento general de robos, pero sí una mayor participación proporcional de ataques armados.

Las cámaras ayudan a reconstruir lo ocurrido, pero no siempre evitan el ataque. Bravo cuestiona que muchas grabaciones únicamente muestren cómo una víctima fue golpeada o arrastrada, sin que exista capacidad de respuesta inmediata. La extensión de las ciudades, la multiplicidad de puntos críticos y el número limitado de agentes dificultan la vigilancia continua.

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El experto también relaciona parte de la delincuencia común con la falta de empleo, educación, salud e ingresos suficientes. Esto no significa que la pobreza conduzca automáticamente al delito, sino que la exclusión social, combinada con mercados ilícitos y una baja expectativa de sanción, puede ser aprovechada por redes criminales.

Lo que se sabe

• María del Carmen Aquino busca la reelección tras convertirse en la primera alcaldesa de Santa Elena
• Dirigentes destacan la obra pública aunque advierten sobre retrasos en época de lluvias
• Próxima administración debe trabajar en atraer el turismo, piden desde las comunas

María del Carmen Aquino Merchán, de 38 años, se convirtió en la primera alcaldesa de Santa Elena, capital de la provincia del mismo nombre. En las elecciones del próximo 29 de noviembre de 2026 busca la reelección.

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Aplicar un plan de regeneración urbana, mejorar el sistema de alcantarillado y los espacios en los balnearios estuvieron entre sus principales proyectos.

Sin embargo, su gestión también ha estado marcada por denuncias de autorización de proyectos inmobiliarios que no cumplirían las ordenanzas municipales. Incluso, fue mencionada por la activista Monika Silva, asesinada el pasado 8 de junio.

El empresario y promotor turístico, Douglas Dillon, destaca que se haya trabajado en mejorar los parques, el asfaltado y el mantenimiento del malecón en sectores como la parroquia Ballenita.

Él asegura que una obra importante ha sido el sistema de drenaje pluvial en la zona centro este de la parroquia, aunque expresa preocupación porque los trabajos continúan pese a que ya empezó la época de lluvias.

EXPRESO también ha recogido las necesidades de barrios como Costa Sur, donde sus habitantes deben reparar los daños viales con sus propios recursos ante la falta de obra pública.

Williams Gonzabay, presidente de la Federación de Comunas de la Provincia de Santa Elena, también resalta la implementación del alcantarillado pluvial en zonas rurales, aunque menciona que falta avanzar en el drenaje sanitario.

Él considera que la próxima administración debe trabajar en atraer la inversión para fomentar el turismo. Además, cree que es clave que se trabaje entre los distintos niveles de gobierno para que las obras se realicen de manera coordinada en todos los sectores.

¿Quién es María del Carmen Aquino?

Aquino se inició como docente de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, en 2013. Un año después se convirtió en concejala, según la información registrada en la Contraloría General del Estado.

En 2021 representó a su provincia en la Asamblea Nacional, por el Partido Social Cristiano (PSC), pero se declaró independiente y se unió a la alianza de los movimientos Revolución Ciudadana, Reto y Peninsular, para convertirse en la primera alcaldesa de Santa Elena, en 2023.

En los registros del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Aquino mantiene los siguientes títulos:

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¿Cuáles son los activos y pasivos de la alcaldesa de Santa Elena?

En su última declaración ante la Contraloría, correspondiente al 2026, Aquino declaró activos por $72.285,06, que incluyen bienes muebles por $55.990 e inmuebles por 3.155 dólares.

Además, declaró pasivos por $13.143,26, correspondientes a deudas contraídas. Esto deja un patrimonio de 59.141,80 dólares.

En los años que ha sido alcaldesa, su patrimonio aumentó de 12.880 dólares, en 2023; a $41.061,72, en 2024; y $50.700,26, en 2025, según los datos de Contraloría.

Aquino declaró $4.930,93 por Impuesto a la Renta (IR) y $284,15 por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en 2023; $6.795,66 (IR) y $119,29 (ISD), en 2024; y $6.698,16 (IR) y $820,68 (ISD), en 2025, según información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Administración bajo denuncias ambientales

La administración de Aquino ha sido señalada por colectivos y activistas ambientales por supuestas irregularidades en la construcción de proyectos privados en las zonas de las playas, entre otros temas.

Ante la justicia se llevó el caso de la construcción del proyecto REVA San José S.A.S., en la playa de San José. Se cuestionaba si la Alcaldía había incumplido la ordenanza que limita la altura de las edificaciones en la Costa Norte y busca preservar la biodiversidad, el ordenamiento territorial y el desarrollo turístico sustentable, según recogió Bitácora Ambiental.

En Punta Blanca se cuestionaba también la autorización para construir el edificio Mar Blanco, de seis pisos, en una zona donde las normativas permitirían levantar solamente edificaciones de hasta un piso alto.

Mientras, la activista Monika Silva denunciaba en su cuenta de la red social X que había retrasos en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Montañita, y señalaba a Aquino y administraciones pasadas.

Silva también alertó sobre la presencia de personas armadas en el Municipio de Santa Elena y de un presunto tráfico de influencias, aunque estas denuncias se quedaron sin seguimiento tras el crimen de la activista, registrado en junio anterior.

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Los puntos claves

• Ecuador acumula 38.607 casos de dengue en 2026, una cifra que ya supera los 37.840 contagios registrados durante todo 2025.
• La enfermedad ha provocado 42 fallecimientos a escala nacional, según las cifras oficiales con corte al 3 de octubre.
• Manabí, Guayas y Los Ríos concentran el 63,76 % de los contagios registrados en el país.
  
• Guayas ocupa el segundo lugar nacional con 9.134 casos, por detrás de Manabí, que registra 11.137.

El dengue sigue ganando terreno en Ecuador. Cuando todavía faltan más de dos meses para que termine 2026, el país ya superó la cantidad de contagios registrados durante todo el año anterior. La enfermedad acumula 38.607 casos y 42 fallecidos, según las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP), con corte al 3 de octubre.

La situación preocupa especialmente en la Costa, donde se concentra la mayor cantidad de personas afectadas. Manabí, Guayas y Los Ríos reúnen casi el 64 % de los contagios registrados a escala nacional, lo que evidencia el impacto de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

La comparación con 2025 permite dimensionar el incremento. Durante todo el año pasado se contabilizaron 37.840 casos, una cifra que ya fue superada en 767 contagios durante los primeros nueve meses y días de octubre de 2026.

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La Costa, la más afectada

Manabí encabeza las estadísticas nacionales con 11.137 casos de dengue. Le sigue Guayas, con 9.134 contagios, mientras que Los Ríos ocupa el tercer lugar, con 4.347.

Entre las tres provincias acumulan 24.618 casos, equivalentes al 63,76 % del total nacional.

La situación también afecta a otras provincias de la Costa. Santo Domingo de los Tsáchilas registra 2.856 casos; Esmeraldas, 1.772; El Oro, 1.236; y Santa Elena, 1.194.

Estas cifras reflejan una importante concentración de contagios en las provincias del litoral y zonas cercanas, donde las condiciones climáticas favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

En el caso de Guayas, la provincia representa aproximadamente una cuarta parte de los contagios del país. Es importante precisar que las cifras corresponden a todo el territorio provincial y no únicamente a Guayaquil.

En Guayaquil, los canales también preocupan

El incremento de los contagios también encuentra a Guayaquil frente a un problema que sus habitantes llevan meses denunciando: la acumulación de basura y agua estancada en canales y zanjas, especialmente en sectores del norte de la ciudad.

En un recorrido realizado el 24 de septiembre, EXPRESO constató la presencia de residuos sólidos acumulados en los canales de Las Orquídeas, donde las lluvias habían provocado desbordamientos y dejado basura atrapada en los pasos peatonales. Situaciones similares preocupan a los habitantes de Mucho Lote y Urdenor 1, que reclaman mayor mantenimiento de la infraestructura de drenaje.

El problema va más allá de las inundaciones. Los especialistas advierten que la acumulación de agua en recipientes, zanjas y otros espacios puede favorecer la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades, entre ellas el dengue.

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Mario Paredes Cruz, epidemiólogo y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, explicó a este Diario que los canales obstruidos con desechos pueden generar condiciones favorables para la proliferación de vectores cerca de las viviendas.

A esta preocupación se suma la circulación de distintas variantes del virus. Según los datos del Ministerio de Salud Pública recogidos por EXPRESO en septiembre, los cuadros de dengue grave habían aumentado un 18 % respecto al mismo periodo de 2025, en medio de la circulación predominante del serotipo DENV-3.

El epidemiólogo Daniel Simancas advirtió que la prevención no puede limitarse a las fumigaciones. También es necesario mantener despejados los sistemas de drenaje, eliminar los criaderos y reforzar el control de larvas antes de que las lluvias agraven las condiciones sanitarias.

En Guayaquil, donde las precipitaciones ya han provocado acumulaciones de agua en distintos sectores, el mantenimiento de canales y sumideros vuelve a cobrar importancia como parte de las medidas para reducir los riesgos sanitarios.

Los riesgos del dengue

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza, las molestias musculares y articulares, el dolor detrás de los ojos, las náuseas y las erupciones en la piel.

Aunque muchas personas se recuperan sin complicaciones, algunos pacientes pueden desarrollar dengue grave, una condición que requiere atención médica inmediata.

¿Cómo prevenir los contagios?

La eliminación de criaderos de mosquitos continúa siendo una de las principales medidas para reducir la transmisión del dengue.

El mosquito Aedes aegypti puede reproducirse en recipientes que acumulan agua, como tanques destapados, baldes, llantas, floreros y otros objetos ubicados dentro o alrededor de las viviendas.

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Por ello, se recomienda mantener tapados los depósitos de agua, limpiar periódicamente los recipientes, eliminar objetos que puedan acumular líquido y utilizar repelentes.

También se aconseja colocar mallas en puertas y ventanas, especialmente en sectores donde existe una mayor presencia de mosquitos.

En septiembre de 2026, el Ministerio de Salud Pública anunció una inversión de 1,3 millones de dólares para fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores.

Lo que debes saber

• La Asamblea censuró a David Rosero, abriendo paso a Andrés Mendoza Paladines en el CPCCS.
• El recambio ocurre en pleno desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.
• Analistas y exconsejeros debaten si la nueva incorporación alterará la mayoría oficialista.

La censura y destitución de David Rosero por parte de la Asamblea Nacional forzó una nueva reconfiguración en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La salida del funcionario acelera la llegada de Andrés Mendoza Paladines por orden de prelación, en un momento clave marcado por la sustanciación de concursos determinantes como la designación del fiscal general del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La inestabilidad interna y las bajas del CPCCS desde 2023

Desde su posesión en 2023, la actual administración del organismo ha experimentado sucesivas bajas y reestructuraciones por vías parlamentarias, judiciales y electorales:

El impacto de la llegada de Andrés Mendoza Paladines al Pleno

La salida de Rosero abrió el debate sobre los posibles efectos que tendrá el ingreso de Andrés Mendoza Paladines, siguiente en la lista de hombres según el orden de prelación, en el manejo institucional del organismo.

La destitución de Rosero es irrelevante

Para Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el relevo de Rosero resulta irrelevante. Alarcón señala que el exconsejero fue servil al poder antes de ser apartado de su despacho y tras dejar la Fiscalía General del Estado en manos del Gobierno. Asimismo, recalca que la dinámica interna no variará porque el Ejecutivo mantiene el control de la mayoría, cuyos integrantes buscan la reelección, y concluye que las resoluciones de fondo sobre la elección del fiscal ya están adoptadas.

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Transparencia frente al diseño institucional

Por su parte, el exconsejero destituido Gonzalo Albán dio un voto de confianza a Mendoza Paladines, a quien califica como un perfil valioso que aportará criterios de transparencia y servirá de puente de retroalimentación con el gremio periodístico, sin alterar la correlación de votos. Albán argumenta que el inconveniente de fondo responde al diseño institucional: sostiene que el principio de participación ciudadana para designar autoridades ha resultado un completo fracaso en la práctica, a pesar de su atractivo teórico.

La recomposición de las mayorías y el concurso para fiscal general

La activista social y excandidata al CPCCS, Pamela Troya, coincide en que el arribo de Mendoza no cambiará la correlación general de fuerzas dentro de la entidad.

De acuerdo con Troya, la dinámica de votos atravesó distintas etapas:

Para Troya, la conclusión radica en que dicha mayoría opera articulada con la agenda del Gobierno (pasando de la denominada Liga Azul a una Liga Morada) con el propósito de retener el control sobre la designación de autoridades prioritarias, en particular la del nuevo fiscal general.

Los puntos claves

• El Inamhi prevé posibles lluvias durante la noche del miércoles 14 de octubre en Guayaquil.
• La temperatura máxima prevista es de 32,5 grados centígrados y la mínima de 25,5 grados.
• Durante la madrugada, mañana y tarde predominarán los cielos parcialmente nublados.

¿Volverá a llover en Guayaquil? Después de un fin de semana marcado por las precipitaciones y las calles anegadas en distintos sectores de la ciudad, el pronóstico para este miércoles 14 de octubre anticipa una jornada de calor, nubosidad y posibles lluvias hacia el final del día.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió su pronóstico oficial por localidades, en el que señala que Guayaquil tendrá una temperatura máxima de 32,5 grados centígrados y una mínima de 25,5 grados.

Aunque durante buena parte del miércoles no se prevén precipitaciones, el panorama podría cambiar durante la noche.

¿A qué hora lloverá?

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, durante la madrugada se esperan cielos parcialmente nublados, una condición que se mantendría durante la mañana y la tarde, con intervalos de sol.

Sin embargo, para la noche el organismo contempla la posibilidad de lluvias en Guayaquil. El gráfico oficial no establece una hora específica para las precipitaciones ni anticipa su intensidad.

Por ello, aunque las condiciones previstas permitirían desarrollar las actividades habituales durante buena parte del día, no se descarta que las lluvias regresen antes de que termine la jornada.

Una alerta todavía vigente

El pronóstico se conoce mientras continúa vigente la advertencia meteorológica N.º 79 del Inamhi, emitida ante el incremento de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

La advertencia se extiende hasta las 10:00 de este miércoles 14 de octubre y contempla posibles afectaciones en sectores de la región Litoral, entre ellos zonas de Guayas.

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Entre los riesgos asociados a estas condiciones se encuentran las acumulaciones de agua en calles, dificultades para la circulación vehicular y posibles crecidas de cuerpos de agua.

No obstante, esta advertencia regional no significa que se registrarán lluvias intensas en todos los sectores de Guayaquil.

 ¿Qué pasará en el resto de la Costa?

El pronóstico del Inamhi también anticipa condiciones variables en otras localidades de la región Litoral.

En Santo Domingo y Quevedo se prevén lluvias durante la tarde y la noche, con temperaturas máximas de 32,5 grados centígrados.

En Manta, en cambio, predominarán los cielos parcialmente nublados durante toda la jornada, con una temperatura máxima de 31,5 grados. Una situación similar se espera en Salinas, en Santa Elena, donde el termómetro podría alcanzar los 31,5 grados.

Para Santa Rosa, en la provincia de El Oro, el Inamhi contempla posibles precipitaciones nocturnas y una temperatura máxima de 35 grados centígrados.

Guayaquil viene de días lluviosos

Las nuevas previsiones llegan después de las lluvias e inundaciones registradas durante el feriado por la Independencia de Guayaquil.

El domingo 11 de octubre, las lluvias provocaron acumulaciones de agua en distintos sectores de la ciudad. Una de las principales complicaciones se presentó en la avenida Juan Tanca Marengo, a la altura del Colegio Americano, donde los conductores reportaron dificultades para circular.

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También se registraron novedades en Samanes, Kennedy, Urdesa y la avenida Narcisa de Jesús, entre otros puntos.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones del Inamhi y tomar precauciones al circular por sectores propensos a inundaciones.

Lo que debe de saber 

• Candidatura: José Villao busca llegar a la Alcaldía de Santa Elena en las próximas elecciones seccionales.
• Desafíos: Su candidatura se enfrenta a demandas ciudadanas relacionadas con los servicios básicos, la producción y las soluciones para el cantón.
• José Daniel Villao estuvo al frente de la Prefectura de Santa Elena desde mayo de 2019 hasta el 7 de agosto de 2026, es decir, más de siete años. Fue reelegido para el periodo 2023-2027, pero renunció antes de concluirlo.

En Santa Elena, el camino hacia la Alcaldía de José Daniel Villao Villao comienza con una pregunta que va más allá de su candidatura: ¿cómo trasladar la experiencia acumulada en la Prefectura a una administración municipal que responda a las necesidades de sus habitantes? Tras ejercer como prefecto desde mayo de 2019 hasta el 7 de agosto de 2026, Villao busca ahora dirigir el Municipio con el respaldo de Acción Democrática Nacional (ADN).

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Nacido el 14 de septiembre de 1982 en Santa Elena, Villao construyó su trayectoria pública entre los medios de comunicación y la política local. Antes de llegar a la Prefectura, fue director de Comunicación de esa institución provincial y concejal del cantón La Libertad. Su paso por estos espacios constituye parte de la experiencia con la que pretende disputar la Alcaldía.

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Pero la trayectoria política también se mira desde los documentos. En su declaración patrimonial de fin de gestión, correspondiente al período comprendido entre el 15 de mayo de 2023 y el 7 de agosto de 2026, Villao reportó activos por $ 453.088,88 y pasivos por $ 214.871,89. Entre los bienes constan terrenos, casas y departamentos en Santa Elena y Guayas, además de vehículos, mobiliario y ganado. 

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En el apartado de obligaciones figuran un crédito hipotecario, un préstamo personal y deudas por tarjetas de crédito. La diferencia entre ambos rubros deja un patrimonio neto declarado de $238.216,99.

Las demandas del sector productivo

Fuera de los registros patrimoniales, las necesidades del sector productivo aparecen entre los asuntos que marcarán el debate electoral. Fernando Vargas, coordinador principal del Comité de Usuarios de Aguapen, cuestiona la atención que recibió este sector durante la administración provincial de Villao. A su juicio, persisten necesidades en agricultura, pesca, riego y drenaje, áreas en las que los pequeños productores requieren proyectos que les permitan aprovechar el potencial de la provincia.

Los desafíos de Santa Elena

El agua potable  y la gestión de los desechos también forma parte de las preocupaciones planteadas por Vargas en Santa Elena. Señaló problemas relacionados con la calidad y continuidad del suministro y vinculó el consumo de agua con casos de diabetes y otras enfermedades crónicas, afirmaciones que requieren verificación médica y epidemiológica para establecer una posible relación causal. “La próxima administración debe responder a las necesidades de los ciudadanos y del sector productivo, con soluciones concretas para el agua potable, la agricultura, la pesca y el riego”, afirmó.

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Una gestión bajo cuestionamiento

El paso de Villao por la Prefectura también estuvo acompañado sobre asuntos que generaron debate público. Entre ellos figuran las menciones de su nombre en chats relacionados con el caso Metástasis, la evolución de su patrimonio declarado, la suspensión judicial del proyecto del malecón de Manglaralto por posibles afectaciones ambientales y los reclamos por obras pendientes y gastos institucionales. Estos antecedentes forman parte del escrutinio público de su gestión.

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A esa discusión se suma una preocupación que trasciende a Villao y a cualquier otra candidatura: la distancia entre las promesas electorales y su cumplimiento. El urbanista Felipe Huerta Llona advierte sobre la apatía política y la desconfianza ciudadana, factores que pueden debilitar el seguimiento de las propuestas una vez que las autoridades asumen sus cargos. “La participación ciudadana y el seguimiento de los compromisos son fundamentales para que las necesidades del territorio no queden relegadas”, señaló Huerta.

Lo que debes saber

• El embalse Mazar necesita al menos un mes de lluvias fuertes y constantes para recuperar sus reservas, según el Foro Energético Ecuador.
• La cota de Mazar llegó a 2.125,48 msnm el 13 de octubre, a solo 10,48 metros del mínimo de operación segura.
  
• El caudal de la cuenca del Paute se ubicó un 69,2 % por debajo del promedio histórico de octubre, según los datos de Celec Sur y Cenace.
  

Que el nivel del embalse Mazar, clave para el sistema eléctrico ecuatoriano, suba unos centímetros, o incluso uno o dos metros, no significa que sus reservas de agua estén a salvo. Para que el embalse se recupere de manera sostenida se necesita al menos un mes de lluvias fuertes y constantes en la cuenca del Paute, advierte Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador.

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El especialista explica que las precipitaciones aisladas pueden aliviar temporalmente la situación, pero no compensan el agua que utiliza el sistema eléctrico para atender la demanda nacional.

Esta advertencia llega cuando Mazar permanece cerca de su mínimo de operación segura. Entre las 14:00 del 12 de octubre y las 19:00 del 13 de octubre de 2026, el embalse recuperó apenas 59 centímetros, pese a que sus dos unidades de generación permanecieron apagadas, según los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

La cota de Mazar perdió ya 27,52 metros

Su cota llegó hasta las 19:00 de este 13 de octubre a 2.125,48 metros sobre el nivel del mar (msnm), a solo 10,48 metros del mínimo de operación segura, establecido en 2.115 msnm.

Además, el nivel actual significa que ha caído ya 27,52 metros desde finales de julio de 2026, que alcanzó su punto máximo (2.153 msnm).

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Estos resultados, responden, en parte a los bajos aportes de agua. El caudal de la cuenca del Paute -que alimenta el complejo Paute Integral, del que es parte Mazar- se ubicó en 28,78 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 19:00 del 13 de octubre de 2026, según la Celec Sur.

Este valor es un 69,2 % inferior al promedio histórico de octubre para Mazar-Paute, de 93,5 m³/s, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Es decir, representa menos de la tercera parte de lo habitual para este mes.

Para Salinas estos datos evidencian que estamos ya en una época seca, Sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por lluvias y tormentas, vigente desde el 11 hasta el 14 de octubre de 2026. Las precipitaciones de mayor intensidad se prevén en las provincias de la Costa.

En la Sierra, en cambio, se esperan lluvias más intensas en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi. El organismo advierte sobre posibles inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

¿Cuánto tiempo necesita Mazar para recuperarse?

"Lo que se requiere para recuperar esos embalses son lluvias constantes, fuertes y sostenidas durante al menos un mes", enfatiza Salinas.

Este embalse, cuando está lleno, acumula 300 millones de metros cúbicos de agua, que equivale a aproximadamente 120.000 piscinas olímpicas.

Por ello, su recuperación podría demandar entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la intensidad de las precipitaciones y de la cantidad de agua que necesite el sistema eléctrico.

Mazar normalmente acumula agua durante aproximadamente seis meses para disponer de reservas durante el siguiente semestre, en la época de estiaje, que usualmente va de septiembre u octubre hasta marzo.

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Sin embargo, cuando bajan los caudales, hay limitaciones para importar energía de Colombia, la capacidad de generación térmica es reducida, y no se han incorporado nuevos proyectos de generación, es necesario usar las reservas de este embalse para generar energía hidroeléctrica y así atender la demanda nacional de electricidad (4.500 megavatios).

En estas condiciones, el nivel del embalse puede descender más de un metro diario. Por ello, las lluvias de uno o dos días o la salida de operación temporal de Mazar pueden producir una recuperación temporal, que será consumida para atender los requerimiento de este suministro durante los siguientes días.

Coca Codo Sinclair aumenta la presión sobre Paute

La situación de Mazar también está relacionada con la generación de Coca Codo Sinclair, que enfrenta también menores aportes de agua por el estiaje en la cuenca del río Coca. Está por debajo del promedio histórico de octubre (233,2 m³/s), según datos del Cenace.

Salinas señala que, en determinados momentos, los caudales de esa central han descendido a entre 130 y 150 m³/s, con una generación aproximada de 600 a 800 megavatios (MW), frente a sus 1.500 MW de potencia instalada.

"Si Coca Codo Sinclair reduce su producción, ¿quién tiene que sostener la demanda? Es Mazar y todo el complejo Paute", advierte.

Paute Integral está conformado por Mazar, Molino y Sopladora, con una potencia instalada conjunta de 1.757 MW, que puede cubrir hasta el 40 % de la demanda nacional.

¿Son suficientes las restricciones industriales?

Para reducir la demanda eléctrica y preservar las reservas de Mazar, el Ministerio de Ambiente y Energía aplica cortes de electricidad a grandes consumidores industriales desde el 22 de septiembre de 2026.

En menos de tres semanas, las restricciones para usuarios de Alto Voltaje 1 (AV1), Alto Voltaje 2 (AV2) y mediano voltaje se ampliaron progresivamente. Pasaron de 24 horas una vez por semana a 48 horas continuas y, posteriormente, a tres días semanales (72 horas), a partir del 12 de octubre.

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Sin embargo, antes de que entrara en vigor esta última disposición, el Ministerio anunció el 9 de octubre nuevos cortes “temporales” para industrias de AV1 y determinados usuarios de media tensión, debido al incremento de su demanda eléctrica durante el feriado, según explicó la cartera de Estado.

Salinas reconoce que estas restricciones ayudan a disminuir los picos de demanda de potencia, pero advierte que su efecto sobre el ahorro de energía es menor.

Estima que la reducción efectiva del consumo oscila entre 3 y 7 gigavatios hora (GWh) diarios, frente a una demanda nacional de alrededor de 100 GWh al día.

Además, menciona que algunas industrias trasladan su producción a otras jornadas, por lo que parte de la electricidad que dejan de consumir durante las restricciones se utiliza posteriormente.

¿Qué propone ante el riesgo de apagones?

Ante este escenario, el Foro Energético Ecuador considera necesario preparar medidas adicionales, incluida la planificación de racionamientos eléctricos ordenados para todos los segmentos, antes de que el descenso de las reservas limite la capacidad de respuesta del sistema.

También propone evaluar una reducción parcial del alumbrado público, siempre que no se comprometa la seguridad ciudadana.

Estas estrategias permitirían reducir en parte la presión sobre el complejo Mazar hasta que lleguen las primeras lluvias hacia finales de diciembre. Sin embargo, subraya que este escenario no necesariamente pondrá fin a las dificultades, pues el estiaje podría prolongarse hasta marzo de 2027.

Aparte, no se conoce qué efectos causará el fenómeno de El Niño. “Este año creo que no nos salvamos de los cortes de energía. A menos que ocurra un milagro y cambien las condiciones climáticas de manera repentina o que las autoridades traigan unas cuantas barcazas y empiecen a operar de forma inmediata. Y no habló de 100 MW, sino de 400, 500 o 600 MW”.

Este año creo que no nos salvamos de los cortes de energía. A menos que ocurra un milagro y cambien las condiciones climáticas o que las autoridades traigan unas cuantas barcazas y empiecen a operar de forma inmediata. Y no habló de 100 MW, sino de 400, 500 o 600 MW”.Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador

Lo que debes saber

• En 2026, 16.155 presos sin sentencia ocupan cárceles de Ecuador y agravan el hacinamiento.
• Cuatro de cada diez reclusos esperan un fallo judicial en cárceles ecuatorianas este año.
• Expertos alertan que la prisión preventiva impulsa la sobrepoblación en las cárceles de Ecuador.

La puerta de una cárcel puede cerrarse antes de que un tribunal determine la culpabilidad de una persona. En Ecuador, esa situación alcanza a 16.155 internos que permanecen encarcelados sin sentencia, bajo una medida que debería utilizarse únicamente cuando ninguna alternativa permita garantizar su comparecencia al proceso.

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Hasta agosto de 2026, las 33 cárceles del país albergaban a 39.300 personas. De ese total: 

Las cifras revelan que el crecimiento del sistema penitenciario no responde únicamente al ingreso de personas condenadas. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la población carcelaria aumentó de 36.908 a 39.300 internos, es decir, se incorporaron 2.392 personas. Durante ese mismo periodo, el número de procesados creció en 3.066, al pasar de 13.089 a 16.155, mientras la cantidad de sentenciados disminuyó en 741.

El dato muestra una paradoja: aunque se redujo la población que cumple una condena, las cárceles continuaron llenándose. La diferencia está en las personas detenidas preventivamente, cuyo número aumentó un 23,42% en apenas ocho meses.

Una medida excepcional convertida en práctica frecuente

La prisión preventiva no constituye una pena anticipada. Su propósito es asegurar que la persona procesada comparezca al juicio y que, en caso de sentencia condenatoria, se cumpla la pena. El artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal la define como una medida excepcional y de última instancia. Para imponerla, la Fiscalía debe justificar por qué otras alternativas, como la prohibición de salida del país, la presentación periódica o el uso de dispositivos electrónicos, resultarían insuficientes.

Sin embargo, la evolución de las estadísticas sugiere que la excepcionalidad se ha debilitado. En 2017 había 12.245 procesados entre 36.661 presos, equivalentes al 33,4% de la población penitenciaria. Para agosto de 2026, la cifra llegó a 16.155, el registro absoluto más alto del periodo 2017-2026. Solo desde 2023, el número de personas sin condena aumentó en 5.003, un crecimiento del 44,86%.

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, sostiene que el problema nace de la forma en que fiscales y jueces aplican la medida. “Ciertamente, la prisión preventiva se ha usado en el país como una regla y no como última ratio, que es como debe usarse”, afirma. Para la experta, las decisiones judiciales no siempre guardan proporcionalidad con la gravedad de los delitos investigados.

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Zumárraga recuerda el caso de un joven a quien se le ordenó prisión preventiva por portar 18 gramos de marihuana. Posteriormente fue sentenciado y murió durante un motín en una cárcel de Guayaquil. También menciona procesos por robo de teléfonos celulares en los que se dispuso el encarcelamiento, frente a investigaciones por asesinatos en las que los sospechosos recuperaron la libertad.

“He visto casos en los que dictan prisión preventiva por el robo de un celular y otros en los que dejan en libertad a personas investigadas por asesinatos. Es decir, también se ve corrupción al momento de tomar esta decisión”, señala.

Su cuestionamiento no apunta a eliminar la prisión preventiva, sino a evitar que sea aplicada de manera automática. La decisión exige una evaluación individual del riesgo de fuga, la posibilidad de que el procesado interfiera en la investigación y la eficacia de otras medidas cautelares. La gravedad del delito, por sí sola, no debería reemplazar esa valoración.

Más detenidos que espacios disponibles

El aumento de personas sin sentencia tiene un impacto directo sobre la capacidad penitenciaria. En agosto de 2026, el sistema disponía de 27.631 plazas para 39.300 internos. El déficit era de 11.669 espacios y el hacinamiento nacional alcanzaba el 42,23%, su nivel más alto de los últimos nueve años.

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La presión no está distribuida de manera uniforme. El Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) Guayas, diseñado para 545 personas, albergaba a 1.745 internos en agosto. Su sobrepoblación llegaba al 220,18%, con un déficit de 1.200 plazas. La cárcel de Riobamba, con capacidad para 250 personas, mantenía a 593 internos y registraba un hacinamiento del 137,2%.

En espacios saturados, separar a procesados de sentenciados se vuelve más difícil. También disminuyen las posibilidades de acceso a atención médica, alimentación adecuada, defensa técnica, educación y actividades de rehabilitación. 

La espera de una sentencia ocurre entonces dentro de un sistema marcado por la violencia: entre enero y agosto de 2026, el Ministerio del Interior registró 73 muertes violentas en centros penitenciarios, después de que 2025 cerrara con 206 fallecidos. “El exceso del uso de la prisión preventiva es el que hace que las prisiones agoten su capacidad”, advierte Zumárraga.

Construir cárceles no resuelve el cuello de botella judicial

La ampliación de infraestructura puede reducir temporalmente el déficit de plazas, pero no corrige las causas del crecimiento. Si el ingreso de procesados mantiene el ritmo actual, cualquier nueva capacidad corre el riesgo de ser ocupada antes de que mejoren los tiempos de investigación y juzgamiento.

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El problema también involucra a la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Función Judicial. Audiencias diferidas, investigaciones prolongadas, falta de defensores, dificultades para trasladar a los detenidos y demoras en la revisión de medidas cautelares pueden extender la permanencia de una persona en prisión sin que exista una condena.

La discusión tampoco admite una salida automática. Reemplazar indiscriminadamente la prisión preventiva podría elevar el riesgo de fuga, entorpecer investigaciones o exponer a víctimas y testigos. Por eso, la respuesta requiere decisiones fundamentadas caso por caso, controles periódicos y medidas alternativas que puedan ser supervisadas eficazmente.

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El hacinamiento penitenciario no comienza únicamente detrás de los muros. También se construye en cada audiencia donde la prisión preventiva se impone sin justificar por qué las demás medidas no funcionan.

Lo que debes saber

• Ecuador registró seis incendios forestales activos y ocho desbordamientos de ríos y otros cuerpos de agua la noche de este martes 13 de octubre.
• Tungurahua concentró la mayoría de los focos de fuego, mientras que Los Ríos reportó las mayores afectaciones por las crecidas, que también impactaron sectores de Esmeraldas y Guayas.
• Las autoridades mantienen el monitoreo de las emergencias, que afectan a comunidades de la Sierra y la Costa.

Ecuador enfrenta dos emergencias al mismo tiempo: incendios forestales que siguen activos en la Sierra y ríos desbordados que afectan a varias localidades de la Costa, la noche de este martes 13 de octubre.

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Los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos muestran que estas situaciones continúan causando problemas en distintas provincias.

Hasta las 20:00 de este martes 13, seis incendios forestales permanecían activos en el país. Tungurahua concentraba la mayor cantidad de focos, en los cantones Patate, Santiago de Píllaro y Ambato.

Entre las zonas afectadas están San Jorge, la cascada Manteles, Presidente Urbina, Pasa y Pilahuín.

Ecuador

Inundaciones en Babahoyo afectaron a unas 300 familias y complicaron el tránsito

Valeria Alvear

En Chimborazo también se mantenía activo un incendio en el sector La Providencia, en el cantón Guano. En cambio, el fuego registrado en la parroquia Quingeo, en Cuenca, provincia de Azuay, fue controlado, según el reporte oficial.

Ríos desbordados en la Costa ecuatoriana este martes 13 de octubre

La situación también preocupa en la Costa. Hasta las 19:00 de este martes 13, las autoridades reportaron el desbordamiento de ocho ríos y otros cuerpos de agua.

Los Ríos era la provincia con más afectaciones, con crecidas en los ríos San Pablo, Chilintomo, Caracol y Babahoyo, además del Estero Hondo. Los desbordamientos afectaron sectores de los cantones Babahoyo y Puebloviejo.

Ecuador

Incendios forestales activos en Tungurahua y Chimborazo consumen decenas de hectáreas

Juan Pablo Pérez Tomalá

En Esmeraldas, el río del mismo nombre se desbordó cerca de la isla Luis Vargas Torres. En Guayas, las inundaciones alcanzaron varios sectores del cantón Salitre por la crecida del río Vinces.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los incendios y de los ríos desbordados.

Lo que debes saber

• Andrés Drouet busca la Prefectura de Santa Elena con una propuesta enfocada en agro, agua y producción.
• El exdirector del MAG apuesta por alianzas con comunas para ganar respaldo en Santa Elena.
• ADN impulsa a Andrés Drouet, que enfrenta el reto de pasar de técnico a líder político.

La campaña para la Prefectura de Santa Elena suma un perfil distinto al de los tradicionales cuadros políticos. Andrés Enrique Drouet Candell, ingeniero agrónomo, docente universitario e investigador, se presenta como la carta de Acción Democrática Nacional (ADN) para disputar la provincia.

Su candidatura se apoya en una imagen de carácter técnico. Antes de lanzarse a la contienda electoral, Drouet ocupó la Dirección Distrital de Santa Elena del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), una posición desde la cual trabajó directamente con productores agrícolas y ganaderos de la provincia. Paralelamente, desarrolló una carrera académica en la Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), donde ejerció la docencia y participó en investigaciones sobre sostenibilidad agrícola.

Su formación incluye un doctorado (Ph.D.) en Ciencias Agrícolas por la Universidad Agraria de La Habana. Parte de su producción científica se ha enfocado en sistemas de producción de cultivos estratégicos para la Costa ecuatoriana, como el cacao y el arroz.

Un candidato centrado en la producción

La propuesta de Drouet gira alrededor de la consigna "Juntos sembraremos el progreso de Santa Elena", una frase que busca conectar con la identidad agrícola y pesquera de una provincia históricamente dependiente de sus actividades productivas.

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Entre sus principales ofertas de campaña figuran el fortalecimiento de los sectores agrícola, ganadero y pesquero artesanal. Durante sus recorridos ha planteado apoyo para asociaciones productivas y cooperativas pesqueras de localidades como Chanduy y Santa Rosa.

Otro de sus ejes es la coordinación entre la Prefectura y los municipios para acelerar la ejecución de obras públicas. La propuesta apunta a reducir conflictos políticos entre niveles de gobierno y facilitar proyectos de infraestructura.

Radiografía económica

La información pública disponible muestra que Drouet registra pagos del Impuesto a la Renta en los últimos años. Según registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), reportó valores de $1.434,62 en 2022; $1.263,58 en 2023; $2.226,91 en 2024; y $145,84 en 2025. En 2021 figura sin pago registrado.

Por otra parte, en la declaración patrimonial presentada ante la Contraloría General del Estado consta un patrimonio de $29.710, resultado de activos por $65.210 y pasivos por $35.500.

No aparecen registros de compañías vinculadas a su nombre en la Superintendencia de Compañías, de acuerdo con la información consultada para este perfil.

Un antecedente judicial

En los registros judiciales consta una acción de protección presentada contra Andrés Drouet cuando ejercía funciones dentro del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La demanda se relacionaba con un presunto daño a la propiedad y vulneración de derechos de una ciudadana. Sin embargo, la acción fue negada por la autoridad judicial, por lo que no derivó en una sentencia favorable para la accionante.

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La fortaleza del experto

Para la politóloga Andrea Endara, la principal carta de presentación del candidato es precisamente su experiencia técnica. El analista sostiene que Drouet posee un conocimiento profundo de los problemas estructurales de Santa Elena debido a su formación académica y a su paso por el Ministerio de Agricultura.

"Es un perfil sumamente técnico, ingeniero agrónomo, Ph.D. y exdirector del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Elena. Entiende los dolores estructurales de la provincia, especialmente en materia productiva e hídrica", explica Endara.

La gestión del agua es precisamente uno de los temas más sensibles para Santa Elena, una provincia que enfrenta recurrentes desafíos relacionados con abastecimiento, riego y productividad agrícola.

El reto de pasar de técnico a político

Pero las fortalezas también pueden transformarse en limitaciones. Según Endara, el principal desafío para Drouet será demostrar que posee la capacidad política necesaria para convertir el conocimiento técnico en gestión territorial efectiva.

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"Va a tener que demostrar que, además de conocer los problemas, tiene el talante político para sacar adelante los proyectos y las necesidades de la provincia", señala.

La observación cobra relevancia en un territorio donde las dinámicas electorales son más complejas que en otras provincias. Santa Elena combina voto urbano, comunidades rurales y más de 60 comunas ancestrales que conservan esquemas de autogobierno y liderazgos propios.

Para Alfredo Espinosa, experto electoral, uno de los mayores desafíos del candidato será abandonar un discurso limitado a su preparación profesional y conectar con los problemas cotidianos de los habitantes de Santa Elena.

“El desafío es ser político. Es salir un poco del encuadre exclusivamente técnico para ponerse la camiseta de ciudadano y de político también. Eso implica tener una mirada holística de los problemas de la provincia”, señala.

El experto advierte que la formación académica puede ofrecer herramientas para evaluar los problemas agrícolas o productivos, pero no reemplaza el conocimiento obtenido mediante la presencia territorial.

“No basta con conocer en los textos lo que puede suceder en un cantón, en una provincia o en una zona rural. Hay que ir un poco más allá, y eso lo da el trabajo, conocer el territorio y adentrarse en las dinámicas locales”, afirma.

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Según Espinosa, Drouet tendrá que demostrar que comprende las prioridades de cada cantón, parroquia y comuna, más allá de los diagnósticos elaborados desde el ámbito académico o administrativo.

“Puede ser que en su formación profesional exista un conocimiento importante, pero eso no necesariamente implica que un posible ejercicio de la gestión pública sea eficiente”, puntualiza.

¿Qué ocurre con la formación política?

El experto electoral también identifica una distancia entre la preparación técnica de Drouet y la experiencia necesaria para desenvolverse en una contienda electoral.

Espinosa sostiene que ADN no cuenta, en términos prácticos, con una estructura consolidada para formar nuevos dirigentes y que varios de sus cuadros políticos han surgido desde el Gobierno central.

“Primero, ADN no cuenta con una escuela de formación política de cuadros. Al menos no en términos prácticos. Me parece que el semillero, la principal fuente o el nicho donde empiezan a cultivarse estas figuras políticas es el Estado, no el partido”, afirma.

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Al analizar el perfil de Drouet, Espinosa considera que su experiencia combina conocimientos especializados y trabajo como funcionario, pero no evidencia todavía una trayectoria política consolidada. “En una ausencia de experticia política, él se ha venido formando no solo en la parte técnica, sino también como funcionario público en este Gobierno. Eso tiene pros y contras. El aspecto positivo es que esta formación técnica puede aportarle al Estado”, explica.

El especialista cuestiona, sin embargo, que las instituciones públicas puedan convertirse en espacios utilizados por una organización política para preparar candidatos. “El Gobierno central no tiene que ser la sucursal del partido político para crear cuadros”, sostiene Espinosa.

Las comunas, un actor clave

Para el experto, uno de los factores determinantes de la campaña será la relación que el candidato logre construir con las comunas. Las organizaciones comunales tienen una influencia significativa en el mapa político provincial y manejan agendas vinculadas a conectividad, servicios básicos, riego y acceso a recursos productivos.

En ese contexto, Drouet enfrenta el desafío de evitar ser percibido únicamente como un funcionario técnico proveniente de la estructura estatal.

La construcción de alianzas con presidentes comunales y liderazgos territoriales podría convertirse en un elemento decisivo para ampliar su respaldo más allá de los centros urbanos.

El peso de la marca ADN

La candidatura también llega respaldada por ADN, el movimiento político del presidente Daniel Noboa. Para Endara, la vinculación con el oficialismo representa una ventaja importante porque aporta visibilidad, estructura organizativa y capacidad de difusión para un candidato cuya notoriedad pública era limitada fuera de los círculos técnicos y académicos.

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Sin embargo, el respaldo del movimiento gobernante también implica riesgos. La evaluación ciudadana sobre temas como empleo, seguridad o problemas coyunturales podría influir en la percepción de los candidatos identificados con el Gobierno nacional.

En ese escenario, Andrés Drouet encara una elección en la que deberá equilibrar dos dimensiones: la del especialista que conoce los problemas productivos de Santa Elena y la del político capaz de construir consensos en una provincia marcada por intereses territoriales diversos. 

Galápagos en alerta por El Niño: la preocupante advertencia de expertos sobre la fauna y el turismo

• El Niño podría reducir el alimento marino disponible para iguanas, pingüinos y otras especies de Galápagos.
• El fenómeno también amenaza con afectar senderos, infraestructura e itinerarios turísticos por lluvias y condiciones marítimas.
• NOAA confirmó en septiembre de 2026 el desarrollo de El Niño y prevé una posible intensidad muy fuerte.

Galápagos vuelve a mirar con atención un fenómeno natural que ya conoce, pero que en cada ocasión genera efectos diferentes. Un nuevo episodio de El Niño mantiene en alerta a investigadores, autoridades ambientales y operadores turísticos, especialmente por las variaciones en la temperatura del mar y sus consecuencias sobre los ecosistemas y las actividades humanas.

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Este fenómeno se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a las habituales. En Galápagos, este calentamiento puede reducir el afloramiento de aguas frías y cargadas de nutrientes, lo que disminuye el alimento disponible para especies como las iguanas marinas y los pingüinos.

Jimmy Navas, consultor de Iniciativas Estratégicas y Políticas de Galápagos Conservation Trust, organización británica sin fines de lucro dedicada a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, explica a EXPRESO que existe preocupación por la intensidad que podría alcanzar este episodio, aunque todavía será necesario seguir su comportamiento.

“Actualmente estamos a la expectativa de los efectos del Niño. Realmente no estamos tranquilos, porque se espera que sea un Niño fuerte”, señala.

Una de las principales preocupaciones se encuentra en el ecosistema marino. La reducción de alimento puede afectar la supervivencia y reproducción de diferentes especies, aunque la respuesta no es igual para todos los animales y dependerá de las condiciones que se presenten.

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Navas recuerda lo ocurrido durante el episodio de 1982-1983, cuando poblaciones animales registraron fuertes disminuciones. El fenómeno de 1997-1998 también produjo impactos en los ecosistemas marinos y volvió a evidenciar la vulnerabilidad de Galápagos ante estos eventos climáticos.

La historia del archipiélago también refleja la magnitud que pueden alcanzar sus efectos. De acuerdo con la Fundación Charles Darwin, El Niño de 1982-1983 ocasionó una mortalidad estimada del 97 % de los corales de Galápagos. Sin embargo, el impacto no es igual en todo el ecosistema: mientras algunas especies marinas resultan afectadas, el incremento de las lluvias puede beneficiar temporalmente a la vegetación terrestre.

El turismo también mira con atención al clima

El alcance de los efectos de El Niño no se limita a la fauna y flora. Enrique Castillo, jefe de Expediciones de Metropolitan Touring, empresa ecuatoriana especializada en turismo en Galápagos, advierte que las lluvias intensas, eventuales inundaciones y daños en infraestructura podrían terminar influyendo en las decisiones de los viajeros.

Las precipitaciones también pueden complicar el acceso a determinados senderos y sitios de visita. A esto se suman las condiciones meteorológicas y marítimas, que eventualmente podrían obligar a cambiar excursiones o modificar itinerarios de navegación.

El impacto potencial sobre el turismo es relevante si se considera el flujo de visitantes que recibe el archipiélago. Según el Parque Nacional Galápagos, las islas registraron más de 290.000 arribos de turistas durante 2025, un 4 % más que en 2024. De ese total, tres de cada cuatro visitantes realizan turismo terrestre y el resto opta por recorridos navegables.

Otro factor que genera preocupación es la posible proliferación de mosquitos capaces de transmitir enfermedades como el dengue y el chikungunya.

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“Por todos estos cambios, muchos podrían pensárselo dos veces antes de decidir viajar”, sostiene Castillo en conversación con EXPRESO.

Esto no implica que Galápagos vaya a dejar de recibir turistas. El alcance de las afectaciones dependerá de la intensidad que finalmente tenga El Niño, de las condiciones específicas de cada isla y de la capacidad de reacción de las autoridades y operadores turísticos.

Las primeras señales ya están presentes. En septiembre de 2026, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño estaba en desarrollo y fortaleciéndose, con más del 90 % de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante los meses posteriores.

Ante este escenario, el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de Galápagos revisó en junio de 2026 los planes de contingencia y los mecanismos de coordinación entre instituciones. Para Navas, mantener el monitoreo científico será clave para identificar cambios en las poblaciones animales y definir medidas de conservación.

Ni las majestuosas Galápagos pueden impedir la llegada de un fenómeno natural como El Niño, pero el archipiélago sí puede anticiparse a posibles efectos. El ineludible desafío: determinar cómo evolucionará el calentamiento del océano y, sobre todo, cómo responderán los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.

Lo que debes hacer

• José Julio Neira anunció el ingreso de 30 MW de Esmeraldas III, la misma capacidad que Inés Manzano había ofrecido incorporar en marzo de 2026.
• Solo 16 de los 48 generadores contratados a Austral son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Una fuente del sector señaló que tres de esos equipos están aún en reparación.
• El exministro Fernando Santos cuestionó el anuncio y advirtió que declarar operativos los generadores podría debilitar los reclamos del Estado para recuperar los recursos pagados a Austral.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa volvió a anunciar este 12 de octubre de 2026 la incorporación de 30 megavatios (MW) del fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas III, contratado en 2024 con Austral Technical Management (ATM). Sin embargo, esa misma capacidad ya había sido anunciada siete meses atrás, el 25 de marzo, por la entonces ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

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En aquella ocasión, en medio de la caída de las reservas del embalse Mazar -al igual que ahora- la exministra Manzano informó que los generadores de ATM comenzaban a aportar electricidad al Sistema Nacional Interconectado (SNI), bajo la coordinación del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

La meta era incorporar 30 MW hasta el 31 de marzo de 2026. Incluso con un proceso de arbitraje en marcha, que impedía dar por terminado el contrato de manera unilateral con la firma uruguaya.

“Aunque aún estamos en litio (sic), los generadores de ATM inician su entrada al SNI con 30MW, de la mano de Cenace para las pruebas técnicas y Celec que ha puesto todo su esfuerzo y equipo”, dijo la exfuncionaria el 25 de marzo de 2026 en su cuenta de X.

Ahora, una vez que se declaró la terminación unilateral del contrato de para la puesta en marcha de este proyecto termoeléctrico con Austral Technical Management S.A., y que se cobraron alrededor de $4,4 millones en garantías -de $71,4 millones cancelados-, José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, anunció en sus redes sociales que se habilitaron 16 de 48 generadores del proyecto Esmeraldas III.

Esmeraldas aportará 30 MW de 91 contratados

Esta iniciativa permite aportar al Sistema Nacional Interconectado (SNI) 30 MW, de 91 MW contratados.

“Hoy esos 16 generadores ya se encuentran produciendo 30 megavatios y próximamente se incrementarán a 60 megavatios. Sí, pronto tendremos 60 megavatios más para continuar garantizando que los hogares, las escuelas, los hospitales, las fabricas y los comercios operen con normalidad y continúen produciendo y generando riqueza y bienestar para todos”, aseguró Neira. Pero no detalló cómo ni en qué plazo estarán operativos.

Diario EXPRESO consultó también este 12 de octubre de 2026 al Ministerio de Ambiente y Energía sobre si los 30 MW que se anuncian actualmente son los mismos, que se ofreció en marzo pasado y está a la espera de su respuesta.

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Solo 16 de los 48 generadores son compatibles con el sistema eléctrico

Según informó Ministerio de Ambiente y Energía en un boletín, la infraestructura de ATM, que está ya operativa, se encuentra integrada por 16 motores con sus respectivos generadores. La operación técnica se encuentra a cargo de la Unidad de Negocio Termoesmeraldas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Para poner en marcha estos equipos, los técnicos de esta unidad recibieron capacitación para trabajar en turnos rotativos de ocho horas, con el objetivo de garantizar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico, precisa el Ministerio de Ambiente y Energía.

Además, la entidad sostuvo que la incorporación de los 30 MW es resultado del trabajo técnico, operativo y financiero desarrollado por la Celec para recuperar el proyecto.

Aparte, los 16 equipos referidos funcionan con una frecuencia de 60 hercios, que es la que utiliza el sistema eléctrico ecuatoriano. Mientras tanto, los otros 32 operan a 50 hercios y, por tanto, son incompatibles con las condiciones actuales de la red nacional, según alertó meses atrás la Contraloría General del Estado y la propia Celec.

Exministro cuestiona el anuncio y advierte sobre los reclamos a Austral

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, el anuncio del Gobierno sobre la incorporación de 30 MW es “engañoso” y busca levantar el ánimo de los ciudadanos ante la preocupación por la crisis eléctrica, además de transmitir la imagen de que las autoridades trabajan para resolverla.

Santos sostiene que los generadores de ATM son “chatarra”, que algunos tenían piezas faltantes y otros problemas identificados en informes de Celec. A su criterio, estos equipos “no tienen ninguna posibilidad de funcionar” de manera garantizada.

El exministro advierte, además, sobre las consecuencias que podría tener el anuncio para los reclamos económicos contra Austral. “El ponerlos a operar debilita la posición del país de reclamar a la empresa la devolución de los valores ya cancelados”, sostiene, porque el Gobierno está afirmando que los generadores ya funcionan.

Esmeraldas III debía entrar en operación a inicios de 2025

Una fuente del sector eléctrico informó también este 12 de octubre a EXPRESO que de los 16 motores, 13 estaban operativos y tres están aún en proceso de reparación. Además, precisó que el manejo de estos equipos se realiza con extremo cuidado por la inestabilidad que han presentado.

El 10 de diciembre de 2025, por ejemplo, Jorge Jácome, gerente general de la Celec, en una entrevista en radio Centro, alertó que Austral no había cumplido hasta la fecha con las exigencias del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para que se conecte al sistema con seguridad.

Entonces, se señaló que los equipos no podían permanecer conectados de forma segura al sistema, sino solo horas lo que no ofrecía garantías para la entrega del suministro. "Ha habido mucha inestabilidad en estos equipos (...) no han podido conectarse porque el Cenace necesita ciertas protecciones para no dañar la red", indicó Jácome.

Sin embargo, el Gobierno señala que actualmente que ya se cuenta con 30 MW de Esmeraldas III. Este anuncio se realiza en medio de los cortes de energía de 72 horas continuas que se aplican al sector industrial desde este 12 de octubre con el propósito de preservar las reservas del embalse Mazar.

Gobierno anuncia acciones para recuperar la inversión

En su video, Neira se refirió también a los incumplimientos contractuales. “No permitiremos que las irregularidades en el contrato de ATM detengan la generación de energía para los ecuatorianos”, manifestó.

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El funcionario señaló también que el dolo ha ocasionado perjuicios al Estado que van más allá de las pérdidas económicas, debido a la menor disponibilidad de generación eléctrica y sus efectos sobre la calidad de vida de la población.

Finalmente, destacó que el Gobierno del presidente Noboa impulsa acciones para recuperar la inversión pública comprometida en el proyecto y evitar que las irregularidades queden impunes.

El Gobierno actual contrató en agosto de 2024 con ATM la construcción y puesta en marcha de una central térmica de emergencia en Esmeraldas III. La idea era contar con esta infraestructura entre finales de 2024 e inicios de 2025 para sumar 91 MW al sistema nacional. Sin embargo, pese al pago de $71,4 millones de un total de $89 millones, la obra no se concretó en su totalidad.

Lo que debes saber

• El Municipio de Guayaquil recaudó 254,3 millones de dólares por impuestos, tasas y contribuciones entre enero y septiembre de 2026, un 16,34 % más que en el mismo período de 2025.
• Entre los principales rubros están el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales, la tasa de recolección de basura, los predios urbanos y la contribución especial por mejoras (CEM), que sumó 17,1 millones de dólares.
• Mientras los ingresos municipales aumentan, persisten cuestionamientos de ciudadanos que aseguran pagar la CEM junto con los prediales sin observar obras en sus sectores.

El Municipio de Guayaquil recaudó 254,3 millones de dólares por impuestos, tasas y contribuciones entre enero y septiembre de 2026, un 16,34 % más que en el mismo período de 2025.

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Sin embargo, el incremento de los ingresos municipales contrasta con los reclamos de ciudadanos que cuestionan el pago de ciertos rubros, como la contribución especial por mejoras (CEM), que se cobra junto a los impuestos prediales, mientras aseguran que no ven obras en sus sectores.

Según las cifras difundidas por el Cabildo este lunes 12 de octubre, la recaudación acumulada en los primeros nueve meses del año también supera en un 22,75 % a la registrada en el mismo período de 2024, cuando alcanzó 207,2 millones de dólares.

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Rubros percibidos por el Municipio de Guayaquil entre enero y septiembre del 2026

Entre los principales conceptos figura el impuesto del 1,5 por mil sobre los activos totales, con 48,1 millones de dólares, seguido de la tasa de recolección de basura y desechos sólidos, con 45 millones de dólares, y el impuesto a los predios urbanos, con 32,7 millones de dólares.

La contribución especial de mejoras, uno de los rubros que genera cuestionamientos entre propietarios de inmuebles, sumó 17,1 millones de dólares durante el período analizado.

Este cobro busca recuperar parte del costo de obras públicas que generan beneficios para los inmuebles, pero ciudadanos han manifestado su inconformidad porque, según señalan, deben pagarlo sin percibir mejoras visibles en sus barrios.

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La discusión gira en torno a la correspondencia entre los valores cobrados y las obras que los contribuyentes esperan ver en sus zonas.

¿Cuánto recaudó el Municipio de Guayaquil en septiembre del 2026?

Solo en septiembre, el Municipio recaudó 16,6 millones de dólares, un 10,74 % más que en el mismo mes de 2025 y un 28,76 % por encima de septiembre de 2024.

La tasa de recolección de basura lideró los ingresos mensuales, con 4,7 millones de dólares, equivalente al 28 % del total. Le siguieron el impuesto a la alcabala, con USD 1,6 millones; los predios urbanos, con USD 1,2 millones; y la tasa de habilitación de locales, con USD 1,1 millones.

Lo que debes saber

• Petroecuador controló una fuga de crudo en el SOTE, en Quinindé, este 12 de octubre de 2026.
• Más de 50 técnicos trabajan en la contención del derrame y la reparación de la tubería.
• La emergencia ocurre 11 días después del incendio en Baeza, que obligó a suspender temporalmente el transporte de petróleo.

Una nueva emergencia afecta a la infraestructura petrolera de Ecuador. Petroecuador informó este 12 de octubre de 2026 que logró controlar una fuga de crudo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), a la altura del recinto Cupa, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

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El incidente se registró en el kilómetro 420+840 del oleoducto. Según un comunicado de la empresa estatal, la fuga está controlada, aunque continúan las acciones de contingencia para atender sus efectos y reparar la infraestructura afectada.

La causa de la fisura en la tubería todavía se encuentra bajo investigación técnica. Petroecuador no precisó el volumen de petróleo derramado ni informó si el incidente provocó una suspensión del transporte de crudo por el SOTE.

Desde las 08:30 de este lunes, más de 50 técnicos trabajan en el lugar con excavadoras, camiones grúa, camiones de vacío y torres de iluminación.

Las labores incluyen la construcción de piscinas de retención para contener el petróleo, la instalación de cuellos de ganso y la succión del hidrocarburo mediante camiones de vacío.

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Trabajos para evitar la contaminación del río Cupa

Una de las prioridades de la intervención es proteger las fuentes hídricas cercanas al lugar del incidente.

Petroecuador informó que instaló barreras de contingencia y materiales absorbentes en el río Cupa para recolectar el hidrocarburo y limitar su dispersión.

Los equipos técnicos también trabajan en la colocación de una camisa de refuerzo sobre la tubería, con el propósito de sellar la fisura y recuperar la integridad de la infraestructura.

La empresa mantiene el monitoreo de la zona. Sin embargo, el comunicado no detalla la superficie afectada, el alcance de una posible contaminación ambiental ni el plazo previsto para concluir las reparaciones.

¿Qué es el SOTE y por qué es importante para Ecuador?

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) es una de las principales infraestructuras para el transporte de petróleo en Ecuador. Su función es movilizar el crudo extraído de los campos petroleros de la Amazonía hacia Esmeraldas, donde se destina a la refinación o al embarque para exportación.

Por tanto, las interrupciones en este sistema pueden afectar tanto el transporte de petróleo hacia la Costa como las operaciones de producción y comercialización de hidrocarburos.

El SOTE tiene una capacidad de transporte de alrededor de 360.000 barriles diarios. Sin embargo, entre enero y agosto esta infraestructura transportó en promedio 303.265 barriles por día, según datos del Informe Estadístico Petroecuador.

Un nuevo incidente después del incendio en Baeza

La fuga de petróleo en Quinindé ocurre apenas 11 días después del incendio registrado el 1 de octubre de 2026 en la Estación de Bombeo número 4 del SOTE, ubicada en Baeza, provincia de Napo.

Ese siniestro afectó a la unidad Alco 4 y obligó a suspender temporalmente las operaciones del oleoducto. Petroecuador declaró el evento como fuerza mayor y dispuso la ejecución de un plan de contingencia para recuperar el transporte de crudo.

La suspensión tuvo consecuencias en el movimiento de petróleo. Según cifras de Petroecuador difundidas el 5 de octubre, el volumen transportado por el SOTE cayó un 37 %, de 303.265 a 190.812 barriles, como consecuencia de la emergencia.

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La recuperación de las operaciones fue progresiva. El 8 de octubre se reincorporó la sexta unidad de bombeo de la estación de Baeza y, un día después, Petroecuador levantó la declaratoria de fuerza mayor.

Con ello, el sistema recuperó un flujo de 312.000 barriles diarios, según informó la petrolera estatal el 9 de octubre.

Sin embargo, tres días después de esa normalización, el SOTE enfrenta una nueva emergencia, esta vez por la fuga de petróleo en Quinindé. Aunque Petroecuador asegura que el incidente está controlado, todavía está pendiente determinar sus causas, cuantificar el crudo derramado y establecer sus efectos sobre el transporte de petróleo y el ambiente.

Lo que debes saber

• Más de la mitad de los electores aún no tendría definida su opción.
• Las candidaturas deberán ganar visibilidad en un periodo de campaña muy corto.
• El voto útil y los factores externos también pueden modificar el escenario electoral.

¿Serán los indecisos quienes terminen inclinando la balanza en las próximas elecciones seccionales? Con más de la mitad de los electores todavía sin una decisión, según la constante que observa el estratega de comunicación política Andrés Jaramillo, ese voto puede convertirse en el principal territorio de disputa entre los candidatos.

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Andrés Jaramillo sostiene que el porcentaje de indecisos supera el 50 %, una cifra que vuelve determinante a un electorado que todavía no encuentra una razón suficiente para escoger una opción. Añade que la importancia de este grupo radicaría en que no todos están desconectados de la política: algunos esperan conocer a los candidatos, comparar propuestas o simplemente encontrar una alternativa que les resulte convincente.

A esto se suma una particularidad de estos comicios: buena parte de los candidatos de oposición todavía no tiene certeza sobre su presencia definitiva en la papeleta. Jaramillo advierte que, mientras las candidaturas no estén ratificadas, existe una dificultad para hacer precampaña y darse a conocer frente a un electorado que todavía no identifica con claridad sus opciones.

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El reloj corre y las candidaturas aún no están listas

La definición de las listas prevista para el 9 de noviembre deja un margen especialmente estrecho hasta la votación del 29 de noviembre. En ese escenario, las organizaciones políticas tendrán apenas del 12 al 26 de noviembre para desplegar formalmente sus campañas y tratar de transformar desconocimiento en intención de voto.

Es por eso por lo que el tiempo será uno de los mayores obstáculos para quienes pretendan conquistar a los indecisos. Fernando Muñoz-Miño, historiador, sociólogo político y fundador de Cuadrante Sur, considera que las organizaciones tendrán que desplegar una estrategia simultánea y mucho más intensa, porque dos semanas no permitiría ejecutar una campaña tradicional dividida por etapas.

Pero la disputa tampoco se limitaría a convencer al elector de que un candidato es la mejor opción. Muñoz-Miño explica que en Ecuador también opera el llamado voto útil, mediante el cual una persona puede escoger a quien considera con mayores posibilidades de ganar, aunque no exista una identificación plena con su propuesta.

Ese comportamiento puede adquirir mayor fuerza en unas elecciones marcadas por la polarización entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, la Revolución Ciudadana. Según el historiador, un elector puede terminar votando no tanto por adhesión a un candidato, sino para impedir que otro llegue al poder, en una lógica de “voto en contra de alguien”.

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El voto útil también entra en juego

Para María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, el indeciso tampoco debe ser entendido como un elector desinformado. Es alguien que puede estar observando las alternativas y esperando identificar cuál se ajusta mejor a sus preferencias, su mentalidad o su tendencia política.

Por eso, la credibilidad y la cercanía serán dos atributos decisivos en la última etapa. Carvajal señala que el candidato que logre mostrar capacidad, cercanía e inclusión tendrá mayores posibilidades de conectar con quienes todavía no han tomado una decisión.

Los debates, entrevistas y apariciones públicas también pueden convertirse en momentos decisivos. Carvajal advierte que estos espacios pueden favorecer o perjudicar a un aspirante, porque el elector indeciso puede evaluar allí su capacidad de respuesta frente a temas concretos y observar cómo reacciona ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, Jaramillo identifica al ministro del Interior, John Reimberg, como el principal activo electoral del oficialismo, en este momento, por el relato construido alrededor de la seguridad. Sin embargo, advierte que ese activo tendrá un verdadero peso solamente si las acciones comunicadas consiguen generar en el ciudadano una sensación concreta de seguridad al salir, regresar a casa o desarrollar sus actividades cotidianas.

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Una crisis externa puede mover el tablero

El escenario también podría cambiar por factores externos, como El Niño o una crisis energética. Lluvias, deslaves, derrumbes y apagones podrían evidenciar problemas de gestión y afectar la percepción ciudadana y la reputación del régimen.

Sin embargo, la pregunta final es cuándo decidirán los indecisos y cuánto tiempo tendrán los candidatos para convencerlos. Jaramillo sostiene que la tendencia regional muestra que la decisión se posterga cada vez más y que “mayormente deciden en la última semana”, mientras Carvajal advierte que algunos incluso podrían escoger su opción directamente en las urnas.

En unas elecciones sin segunda vuelta para alcaldes, ese comportamiento puede tener consecuencias decisivas. Muñoz-Miño considera que conquistar a este electorado exige una estrategia múltiple: propuestas concretas, microsegmentación del discurso y una apelación emocional que logre movilizar incluso a quienes han perdido confianza en la política.

Lo que debes saber

• Ecuador aplica nueva clasificación de presos en 2026 para separar a 40.000 PPL según riesgo.
• Tras 63 denuncias por fugas en 2026, el SNAI enfrenta retos de control en cárceles y hospitales.
• Expertos alertan que la reclasificación de reos requiere personal, vigilancia e infraestructura penitenciaria.

La fuga de dos presos de la cárcel de Turi, en Cuenca, expuso nuevamente las fallas de vigilancia del sistema penitenciario ecuatoriano. Los internos rompieron los barrotes de una ventana, utilizaron sábanas para descender y maniataron a un compañero que decidió no escapar. Luego atravesaron patios, subieron a una terraza y escalaron un muro próximo a una garita sin que se activara una alerta inmediata.

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El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2026, el mismo día en que entró en vigencia el Reglamento para la Clasificación de Personas Privadas de Libertad. La coincidencia resume dos realidades paralelas: el Estado intenta reorganizar la población penitenciaria mediante criterios de riesgo, mientras continúan registrándose evasiones que revelan deficiencias en cámaras, garitas, custodias y protocolos de reacción.

Entre enero y septiembre de 2026, la Fiscalía registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga. En todo 2025 hubo 90. Guayas concentra 20 de los casos reportados este año, seguido por Pichincha, con ocho; Esmeraldas, con cinco; Manabí, con cuatro; y Cotopaxi, con tres.

Cuatro categorías para separar a los presos

La evaluación deberá considerar la gravedad del delito, la situación procesal, los antecedentes, la conducta dentro de prisión, el riesgo de fuga y la capacidad de ejercer violencia o influencia sobre otros reclusos. También se analizarán la pertenencia, jerarquía o vinculación con organizaciones criminales, redes transnacionales o estructuras terroristas.

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Los presos identificados como una amenaza grave, por su liderazgo criminal, peligrosidad o capacidad de reorganizar actividades delictivas, podrán ser enviados al régimen especial. A los nuevos internos se los deberá diagnosticar desde su ingreso, en una zona transitoria, mediante un procedimiento que no podrá superar ocho días. La valoración incluirá condiciones jurídicas, físicas, mentales y de vulnerabilidad.

El reglamento no parte de cero. Ecuador ya contaba con disposiciones para separar a los detenidos, pero estas no llegaron a consolidarse como un sistema técnico y permanente. La distribución de los internos terminó condicionada por la infraestructura disponible, el hacinamiento, la información incompleta y el control que las bandas ejercieron sobre pabellones enteros.

Para Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, el país sí tenía un sistema de clasificación, pero este no se aplicaba. A su criterio, el nuevo modelo mantiene un punto problemático: no establece una separación suficientemente clara entre personas sentenciadas y procesadas.

Aunque la normativa incorpora la situación jurídica dentro de la evaluación y señala que la clasificación de quienes no tienen sentencia será preventiva, Zumárraga considera que procesados y condenados deben recibir un tratamiento diferenciado. La presunción de inocencia impide que una valoración de seguridad se convierta, en la práctica, en una sanción anticipada.

¿Qué necesita el SNAI para aplicar el modelo?

Clasificar a cerca de 40.000 personas exige más que formularios. Zumárraga sostiene que el SNAI necesita un equipo sólido de diagnóstico, integrado por juristas y psicólogos capaces de revisar expedientes, sentencias, tiempo de reclusión, peligrosidad, conducta, sanciones disciplinarias y evolución individual.

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También se requieren criminólogos, trabajadores sociales, médicos, analistas de inteligencia y especialistas en bases de datos. Sin equipos permanentes en cada cárcel, la clasificación podría limitarse al delito registrado o a información policial no contrastada, en lugar de convertirse en una evaluación individual actualizable.

A ello se suma la necesidad de expedientes digitales interconectados con la Función Judicial, la Fiscalía, la Policía y el sistema de salud. La información deberá verificarse, protegerse y actualizarse, pues un error puede ubicar a un detenido de bajo riesgo junto a integrantes de organizaciones criminales o enviar a una persona a máxima seguridad sin suficiente sustento.

La clasificación tampoco funcionará si las cárceles no cuentan con espacios físicamente diferenciados. Separar cuatro categorías requiere pabellones seguros, zonas de evaluación, cámaras operativas, escáneres, cerraduras, centros de monitoreo, suficientes agentes penitenciarios y protocolos especiales para traslados y atenciones médicas.

Las fugas revelan fallas fuera de los pabellones

El caso de Turi mostró que una clasificación correcta no sustituye la custodia. Los dos fugados cumplían sentencias por robo y narcotráfico. Cuatro policías fueron inicialmente procesados por evasión, pero la causa quedó en investigación previa y recuperaron la libertad. Según la investigación, la salida quedó registrada en video, aunque no se habría emitido una alerta oportuna.

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A este episodio se agregó la fuga de un recluso presuntamente relacionado con la mafia albanesa, quien habría abandonado por la puerta principal una casa de salud del noroeste de Guayaquil mientras estaba bajo custodia del SNAI. Reportes ubican este caso en un hospital de Monte Sinaí, no en el Hospital General Guasmo Sur, como se señaló inicialmente.

Zumárraga identifica dos problemas persistentes: la falta de monitoreo y de medidas de control, y la corrupción de los agentes responsables de custodiar a los presos. Plantea controles preventivos como pruebas de confianza, polígrafos y revisión de variaciones patrimoniales o movimientos financieros, respetando las garantías legales.

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El experto en seguridad Wagner Bravo sostiene que el SNAI necesita una transformación profunda y una evaluación integral de sus aproximadamente 4.000 funcionarios. A su juicio, la presencia militar contiene temporalmente la crisis, pero no reemplaza la constitución de un cuerpo penitenciario profesional. Si los militares se retiran sin una transición planificada, advierte, las cárceles podrían volver a quedar expuestas.

El especialista colombiano Hugo Acero coincide en que la seguridad requiere infraestructura, aunque rechaza copiar el modelo de la megacárcel de El Salvador por los cuestionamientos sobre derechos humanos. Propone construir un sistema que combine vigilancia, profesionalización y reinserción social.

Acero considera indispensable impedir fugas e intromisiones externas mediante medidas técnicas y humanas. También plantea formar nuevos equipos paralelamente a la construcción de cárceles, pues mantener funcionarios captados por redes de corrupción prolongaría las mismas vulnerabilidades.

Lo que se sabe

• Los adultos mayores añoran la tranquilidad con la que se vivía, sin tanta contaminación ni espacios públicos cerrados
• La tecnología fue uno de los factores que transformó la vida en las ciudades, incidiendo en los hábitos de sus habitantes
• Consultados por EXPRESO destacan que cada época es única y que hay que disfrutar el presente

En el Guayaquil de finales de la década de 1960, un plan para realizar en familia los domingos era ir al cine. La rutina comenzaba en los periódicos, en los que se consultaba la cartelera, los horarios y los precios de los boletos.

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"Como nosotros vivíamos al sur de la ciudad, por el parque Forestal, teníamos que caminar largo por la calle Quito. Íbamos al Cine Fénix, que quedaba en todo Gómez Rendón y avenida Quito, que hoy lo ocupa un local de supermercado", recuerda Gabriel Paredes, que hoy tiene 65 años.

"No había aire acondicionado. El único cine que tenía aire acondicionado era el Presidente (ubicado en Luque entre 6 de Marzo y Pedro Moncayo) y los otros se ventilaban con grandes ventiladores que hacían bulla estruendosa, que poco dejaban escuchar la película, pero así la gente con calor y todo disfrutaba de ese domingo", asegura Paredes, quien es investigador de la historia social de la ciudad.

Los cines del centro eran más lujosos, más cómodos, tenían otro precio, y los cines de barrio, del sur de la ciudad o del suburbio de Guayaquil tenían un costo más económico para las familias".Gabriel Paredes, investigador de la historia social de Guayaquil

En este lugar funcionó el cine Fénix

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Disfrutar de un concierto de Julio Jaramillo

En la década de 1970, cuando Sara Figueroa fue adolescente, era un privilegio ir al auditorio de Radio Cristal, en Luque entre José de Antepara y García Moreno, para las presentaciones de Julio Jaramillo.

"Lo vi cantar. Cuando en la actualidad pasan las canciones de él, yo me pongo a cantar en la casa. Me gustan las canciones de Julio Jaramillo porque son ecuatorianísimas, del Guayaquil de mis amores", destaca.

Divertirse en el Guayaquil de antaño significaba ir a los juegos mecánicos que se instalaban en el parque Forestal. "Inclusive llegaban los artistas a dar conciertos gratuitos porque era una forma de contribuir con la ciudad", resalta Elena Estrada, quien trabajó en la docencia.

En este parque, según rememora Estrada, era común que las familias lleven a los niños a patinar, en una época en la que el espacio público no estaba enrejado. 

"Hay que hablar del Guayaquil de los 80, donde las ciudadelas eran pocas y se escuchaba, por ejemplo, a Urdesa, La Atarazana, La Alborada y también las del sur. Era común llevar a los niños al parque, por ejemplo al España (Chile entre General Gómez y Portete) y al Malecón (Simón Bolívar), que no era como ahora. Se conocía al famoso Muelle 5, que era un restaurante que estaba hacia la ría. En los 80 nos cruzábamos a Durán a comer la famosa fritada en el Malecón", narra Estrada como si fuera ayer.

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Cuando el río conectaba a Guayaquil y Durán

Francisco Bravo, lojano de nacimiento y guayaquileño de corazón, cuenta emocionado esa experiencia que se hacía en lanchas y que incluso se convertía en una cita romántica para las parejas, que podía hasta terminar en matrimonio, asegura.

La movilidad, en el último tramo del siglo XX, era diferente en Guayaquil. Había escasas líneas de buses de transportación pública que iban sobre todo al centro, mientras los parques como el Chile (Cacique Álvarez y León de Febres Cordero) y Medardo Ángel Silva (Pedro Moncayo y Junín) se convertían en estaciones para los buses que llevaban a Nobol y Daule, respectivamente. 

"En ese tiempo recién estaban invadiendo el Guasmo. La gente se iba para allá a coger terreno", cuenta Bravo sobre el proceso social que se vivió en lo que hoy es uno de los sectores más grandes del sur de la urbe.

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Los Lagarteros eran el alma de la fiesta en Guayaquil

Antes de la época de los parlantes con todos los avances tecnológicos y los DJ que animan las fiestas, en Guayaquil era común buscar a los músicos que con sus guitarras llevaban el alma urbano a las reuniones.

"Tu papá llegaba y decía '¿Qué le hacemos al cumpleañero? No hay plata. Vamos a ver unos lagarteros para tomarnos unas bielas con los manes'. Iban, contrataban y te llevaban la serenata ahí", explica Bravo sobre este ritual guayaquileño que concentraba a los músicos en puntos del centro, cercanos al Mercado Central (10 de Agosto y Lorenzo de Garaycoa). 

Esta zona comercial dejó de reunir a los lagarteros, a partir de la pandemia, según asegura María Guacho, quien mantiene -desde hace 47 años- otra de las costumbres de antaño: ofrecer comida preparada para quienes salían de las fiestas o querían comer de noche o madrugada.

Ahora, que los tiempos han cambiado hasta la dinámica del centro, ella y su personal solo se quedan hasta la medianoche en el sector de Lorenzo de Garaycoa y Colón, donde ofrecen platos como papipollo, yapingacho y arroz con menestra, desde 1,50 dólares.

El riesgo de la desinformación al contar la historia

Una forma de volver a ese pasado, aunque sea por unos minutos, son las fotografías y videos de la época, que se difunden por Internet y que despiertan la nostalgia de quienes comentan sus anécdotas.

Juan Ullauri empezó esa tarea hace 13 años en la red social Facebook, donde mantiene la página La Memoria de Guayaquil, que cuenta con cerca de 400.000 seguidores.

"Cuando yo empecé, muy pocas páginas hacían esto. Actualmente, para mi beneplácito, he visto que mucha gente no solo de aquí de Ecuador, hay cualquier cantidad de páginas en otros países que hacen exactamente lo mismo. Es decir, traer fotos antiguas o hacer algún tipo de dinámica con la gente. Por ejemplo, les piden que identifiquen un lugar o recuerden qué negocio no existe. Hasta yo aprendo de los comentarios de la gente", confiesa este diseñador gráfico, de 51 años.

Otra forma de reavivar la historia es encontrándose. Por eso, él organiza visitas a lugares y edificaciones históricas, pero también realiza encuentros donde se proyectan videos del Guayaquil antiguo.

Ullauri destaca que antes de compartir la información se debe revisar con rigurosidad y precisión los datos, para evitar que se tergiverse la historia. Por eso, se cita incluso la bigliografía, para darle veracidad al tema.

Él advierte que, con el auge de la Inteligencia Artificial, han proliferado cuentas en redes sociales en las que también se desinforma sobre temas y personajes como Medardo Ángel Silva. "Dicen que él y (su novia) Rosa Amada Villegas pertenecían a clases sociales diferentes. Nos han creado una novela, nos han creado como un cuentito de hadas y eso no es cierto porque ellos vivían en el mismo barrio", insiste Ullauri.

Pero destaca que también se informe sobre otros aspectos de la historia como el deporte y el comercio. "Si a mí me gusta el fútbol, conocer un poco sobre la historia de Barcelona o Emelec; si me gusta el comercio, conocer cómo eran los negocios en determinada época. Es una forma también de conocer la historia".

Como una forma de fomentar estos eventos, su iniciativa se ha aliado a entidades como el Centro Cultural Guayaquil, pero Ullauri considera que aún falta más apoyo y alianzas para que se masifique la difusión histórica.

Mientras tanto, los amantes de la historia y los guayaquileños que vivieron esas épocas de antaño, recuerdan cómo era la rutina familiar y comercial en otras décadas, no como una forma de intentar volver al pasado sino para entender mejor los desafíos del presente.

"Cada época tiene su su forma de presentarse, de disfrutarse y de verse. No podemos decir que nuestra época fue mejor y la de ahora no, porque cada generación tiene la tecnología, los pasatiempos y todo lo que disfruten en esa época. Vandalismo, robo y todas esas cosas ha habido durante toda la vida", menciona Paredes.

Por eso, el investigador menciona: "Cada día que pasa, cada año que pasa, cada década que pasa, van dejando los testimonios para la gente que viene a futuro. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es estudiar el pasado, conocer el presente y dejar un legado para el futuro".

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• Fajardo busca la Prefectura de Santa Elena respaldada por el correísmo tras 12 años fuera de comicios.
• Registra un patrimonio de $545.138,28 y declaró $0 de impuesto a la renta entre 2023 y 2025.
• Sectores productivos y turísticos señalan retos urgentes en agua potable, nutrición y vialidad.

Doce años después de su primera victoria electoral, la exlegisladora Vanessa Fajardo Mosquera vuelve a postularse en la provincia de Santa Elena, esta vez como candidata a la Prefectura por la Alianza Contigo, auspiciada por el correísmo. Su retorno al escenario de votación local se produce tras más de una década ocupando diversos puestos en el servicio público, un periodo en el que acumuló un patrimonio superior al medio millón de dólares y en medio de demandas urgentes del sector productivo y turístico peninsular.

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Trayectoria pública y formación de Vanessa Fajardo

Fajardo cuenta con un perfil multidisciplinario en gestión y administración pública. Es ingeniera en Gestión Empresarial Internacional, magíster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, cuenta con una titulación en Formación de Formadores y ostenta un diploma superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales.

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En 2014, fue electa asambleísta de Santa Elena por la extinta Alianza PAIS junto a Noralma Zambrano y Daniel Cisneros. Aunque desde entonces no había vuelto a medirse en las urnas, su permanencia en el aparato estatal ha sido continua a través de diferentes dependencias:

Cifras de patrimonio y pagos tributarios en el SRI

El paso de la aspirante por diversas instituciones estatales representó ingresos económicos considerables reflejados en sus declaraciones oficiales.

Balance de bienes declarados ante Contraloría

En su última declaración patrimonial juramentada correspondiente a 2025, Vanessa Fajardo reportó las siguientes cifras:

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Historial de impuestos ante el SRI

Pese al crecimiento de su patrimonio, los registros públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan particularidades en su comportamiento fiscal:

Resistencias políticas y demandas de los sectores turísticos y productivos

La postulación de la candidata despierta cuestionamientos en la península. Según Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, el vínculo directo de Fajardo con el correísmo genera resistencia ciudadana, aunque puntualiza que cualquier aspirante deberá asumir problemas estructurales no resueltos.

"Creemos que el reto es crear productos y proyectos turísticos para que la provincia sea más turísticas y que se arregle de un vez por todas el problema del agua que en feriados siempre se va el agua", comenta Tenempaguay.

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Por su parte, el promotor turístico Douglas Dillon recuerda que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) faculta a la Prefectura como la entidad encargada de coordinar los ejes productivos de la península. No obstante, advierte que la provincia se sitúa entre las últimas de Ecuador en efectividad y eficiencia general, así como en indicadores de nutrición infantil.

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Dillon resalta que quien asuma la Prefectura deberá atender prioridades inaplazables:

"Nuestras vías de la costanera están en mal estado. Por ejemplo, el tramo de la cordillera Chongón-Colonche, aunque parte de esa jurisdicción corresponda al Ministerio de Obras Públicas", concluye Dillon.

Lo que debes saber

• Zona 8 decomisó 228 kg de droga en septiembre; bandas ocultan cargamentos para evadir controles.
• Freddy González alerta que Nueva Prosperina y Durán concentran casos de microtráfico en 2026.
• Antidrogas ejecutó 56 operativos en septiembre para desarticular redes y frenar el consumo interno.

El microtráfico continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Guayaquil y Durán, territorios donde las disputas entre grupos criminales, la fragmentación de las estructuras del narcotráfico y la constante adaptación de las organizaciones delictivas obligan a las autoridades a modificar sus estrategias operativas. 

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Mientras los grandes cargamentos de droga suelen captar la atención en puertos y fronteras, existe una batalla silenciosa que se libra diariamente en los barrios, calles y sectores populares donde se comercializan sustancias para el consumo interno.

En entrevista con EXPRESO, el coronel de Estado Mayor Freddy González Medrano, jefe de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, detalla los resultados obtenidos durante septiembre, explica por qué hoy es más difícil encontrar grandes cantidades de alcaloides en los allanamientos y analiza la evolución del fenómeno criminal en una de las jurisdicciones más complejas del país.

- ¿Qué resultados ha obtenido la Jefatura durante septiembre?

Durante septiembre realizamos 56 operativos en distritos como Pascuales, Nueva Prosperina, Florida, Modelo, Portete, Ceibos y Esteros. Como resultado fueron aprehendidos 62 ciudadanos. Además, se incautaron cinco vehículos, seis teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En cuanto a sustancias sujetas a fiscalización, decomisamos 221.531,60 gramos de marihuana, 2.390 gramos de cocaína, 4.464,60 gramos de base de cocaína y 190,20 gramos de heroína, lo que representa un total de 228.576,40 gramos de droga retirados del mercado ilegal.

- ¿Estos resultados reflejan un incremento o una reducción del microtráfico?

Son varios factores. Las organizaciones criminales también evolucionan y modifican constantemente su forma de operar para evitar los controles policiales. Nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Ya no manejan la droga como antes.

- ¿Qué ha cambiado específicamente?

Antes encontrábamos personas con cantidades considerables de droga en los puntos de expendio. Ahora las organizaciones la ocultan en lugares alejados, incluso enterrada o en sitios de difícil acceso. 

Los vendedores mantienen únicamente pequeñas cantidades para abastecer uno o dos días de venta. Ellos conocen que las sanciones dependen de las cantidades encontradas, por lo que también buscan reducir los riesgos judiciales.

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Nueva Prosperina sigue siendo una zona crítica

- ¿Cuáles son los sectores con mayor incidencia de microtráfico?

Nueva Prosperina sigue siendo uno de los distritos con mayor problemática. También tenemos casos importantes en Durán, Pascuales, Esteros y sectores del sur de Guayaquil.

Nosotros los denominamos distritos priorizados y es allí donde concentramos nuestros esfuerzos investigativos para afectar a las estructuras criminales.

- ¿Cómo trabajan esas investigaciones?

Tenemos dos modalidades. La primera son los casos en flagrancia, que generalmente están relacionados con el expendio al menudeo. La segunda corresponde a investigaciones previas que pueden tomar entre tres y cinco meses.

En estas últimas buscamos identificar toda la estructura: vendedores, proveedores, distribuidores y responsables de niveles superiores. La meta no es detener únicamente al expendedor, sino desarticular toda la organización.

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"Nuestro objetivo es sacar del mercado a las estructuras criminales"

- ¿Qué ocurre cuando durante una operación no encuentran toda la droga que esperaban localizar?

En ocasiones una investigación deja líneas abiertas y eso puede convertirse en el inicio de una nueva operación. Lo que realmente nos interesa es afectar la estructura criminal completa.

Muchas veces debemos esperar para obtener evidencia suficiente contra todos los integrantes. Si actuamos demasiado pronto, algunas personas podrían quedar fuera del proceso investigativo y sin responsabilidad penal.

Por eso el éxito de una investigación no se mide únicamente por la cantidad de droga decomisada, sino porque toda la estructura termine judicializada y, finalmente, sentenciada.

El vínculo entre el microtráfico y el narcotráfico internacional

- ¿De qué manera el trabajo contra el microtráfico aporta al combate del narcotráfico a gran escala?

La Dirección Nacional de Investigación Antidrogas cuenta con unidades especializadas para distintos escenarios. Existen equipos que trabajan en puertos, aeropuertos y fronteras, donde se producen las grandes incautaciones.

Nosotros nos enfocamos en el consumo interno y en el microtráfico. Sin embargo, hay conexiones permanentes entre estas actividades. Cuando detectamos vínculos con otras provincias o jurisdicciones, coordinamos con las respectivas jefaturas para continuar las investigaciones.

Cadena de custodia y destrucción de droga

- ¿Cómo se maneja la droga decomisada una vez que entra en cadena de custodia?

Luego de las pruebas preliminares, las evidencias permanecen bajo custodia de la Jefatura de Antidrogas. Posteriormente son trasladadas a las bodegas del Ministerio del Interior, institución encargada legalmente de gestionar su destrucción.

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El proceso se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y con la participación de varias instituciones.

- ¿Han detectado irregularidades o infiltraciones en la cadena de custodia?

Durante el tiempo que llevo al frente de esta jefatura no hemos tenido casos de esa naturaleza. Existe una cadena de custodia formal, personal responsable y procedimientos documentados que deben cumplirse en cada traslado.

La Policía mantiene además una política permanente de depuración y cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción.

La falta de personal y logística sigue siendo un reto

- ¿Qué necesita actualmente la Jefatura de Investigación Antidrogas?

Siempre hace falta talento humano y logística. Necesitamos más personal, vehículos, equipos tecnológicos y recursos que permitan fortalecer las investigaciones y operaciones.

No es una queja. Es una realidad de cualquier unidad operativa. Sin embargo, con los recursos disponibles hemos logrado cumplir nuestras metas y mantener resultados positivos.

"La Zona 8 es una de las jurisdicciones más complejas del país"

- ¿Cómo observa la evolución del fenómeno criminal en Guayaquil y Durán?

Las organizaciones criminales se han ido fragmentando debido a disputas internas y pugnas de poder. Eso genera nuevas rutas, nuevas alianzas y nuevas formas de operar.

La dinámica es cada vez más rápida y compleja. Por eso la Policía Nacional, a través de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, trabaja de manera coordinada para adaptarse permanentemente a estos cambios.

- ¿La Zona 8 sigue siendo una de las áreas más difíciles para combatir el narcotráfico?

Sin duda. Es una de las jurisdicciones más complejas del país por el volumen de casos y por la presencia de estructuras criminales. Pero es la realidad que nos corresponde enfrentar y nuestra obligación es responder con trabajo investigativo, profesionalismo y resultados.