Lo que debes saber

• UNE reporta casi 1.000 extorsiones a docentes en Ecuador durante 2026 y pide una emergencia educativa.
• Balaceras y amenazas en escuelas de Guayaquil y Daule afectan a docentes, estudiantes y familias.
• La UNE alerta que 400.000 estudiantes fuera de las aulas enfrentan mayor riesgo de reclutamiento criminal.

A las ocho de la mañana, en una escuela de Daule, el sonido del timbre quedó opacado por una balacera. Los estudiantes no habían terminado de ingresar cuando los disparos estallaron en los exteriores del plantel. 

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El establecimiento ni siquiera tenía cerramiento. Profesores y niños buscaron refugio, mientras los padres esperaban, impotentes, noticias de sus hijos. La escena quedó registrada en un informe reservado enviado al Ministerio de Educación.

En el sur de Guayaquil, una docente de la Unidad Educativa Jaime Roldós Aguilera revisó su teléfono y encontró un mensaje que todavía la acompaña: “Señora, queremos hoy el dinero o los matamos a todos”. La amenaza ya no era individual. Alcanzaba a profesores, estudiantes y familias.

“Saben en qué carro andan los padres y en qué escuela estudian sus hijos”, relata la maestra, cuya identidad se reserva por razones de seguridad. La profesora asegura que pidió su traslado hace siete meses, pero continúa esperando una respuesta.

Horas después, en otra institución educativa de la Zona 8, docentes y estudiantes evitaron el presunto secuestro de un alumno de primero de bachillerato cuando salía de clases. No había policías en los exteriores. La reacción de los profesores impidió que el adolescente fuera llevado por desconocidos. Para quienes trabajan en las escuelas, la violencia dejó de ser un hecho aislado. Ahora forma parte de la rutina.

Yo pedí el cambio hace siete meses y sigo esperando. Lo que uno siente es abandono. Los padres de familia reciben mensajes de amenazas y por miedo no envían a sus hijos.Docente de escuela al sur de Guayaquil

La UNE alerta sobre el impacto de la inseguridad en el sistema educativo

Para Jorge Escala, asesor de la Unión Nacional de Educadores (UNE), lo que ocurre dentro y alrededor de los planteles es el reflejo del deterioro de la seguridad nacional.

“Maestros atemorizados, estudiantes con miedo y padres de familia que deciden retirar a sus hijos. La escuela no está aislada de la comunidad. La violencia que vive el país entra también a las aulas”, sostiene.

El dirigente asegura que las amenazas ya no se limitan a extorsiones económicas. Habla de robos, secuestros, intimidaciones con armas y reclutamiento de menores por parte de grupos criminales. “Maestros con miedo no pueden enseñar y estudiantes con temor no pueden aprender”, resume.

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Extorsiones, asesinatos y denuncias de docentes

Según la UNE, la violencia ya tiene un impacto directo en el sistema educativo: alrededor de 400.000 niños y adolescentes no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas, una población que, según el gremio, queda expuesta al reclutamiento de grupos criminales.

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El Ministerio de Educación reconoció 350 casos relacionados con violencia y extorsiones, mientras la UNE asevera que existen cerca de 1.000 denuncias de docentes extorsionados. Según el gremio, 10 profesores han sido asesinados durante 2026, convirtiéndolo en el año más violento para el magisterio ecuatoriano.

Escala recalca que las denuncias no son nuevas. Dice que cada incidente queda registrado en reportes confidenciales remitidos a las direcciones distritales y al Ministerio de Educación para activar protocolos de protección.

Los casos que reflejan la violencia en los planteles

Entre los casos que menciona constan un padre armado que ingresó a una escuela y sometió a personal docente; estudiantes amenazados con armas blancas dentro del plantel; docentes amenazados de muerte frente a sus familias; alumnos alcanzados por balas durante enfrentamientos entre bandas cerca de los planteles.

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El dirigente también cuestiona la respuesta institucional ante las denuncias de profesores extorsionados que piden reubicaciones o teletrabajo temporal para proteger sus vidas.

Según la UNE, durante 2026 se han registrado cerca de 1.000 denuncias de extorsión contra docentes y al menos diez maestros han sido asesinados. 

La situación es particularmente compleja para quienes trabajan en sectores donde operan organizaciones criminales. Algunos educadores dicen vivir pendientes del teléfono, evitar rutas habituales o modificar constantemente sus horarios para reducir riesgos.

La deserción escolar y el riesgo de reclutamiento criminal

Detrás de cada denuncia existe un problema que preocupa tanto como la violencia: la deserción escolar. Según cifras citadas por la UNE, alrededor de 400.000 niños y adolescentes estarían fuera del sistema educativo, ya sea porque no regresaron a matricularse o abandonaron las aulas. Para el gremio, esta realidad genera un escenario de riesgo.

“La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales”, lamenta Escala.

La preocupación no es menor. Organismos internacionales y estudios sobre violencia en América Latina han advertido que los grupos delincuenciales suelen captar menores en territorios donde existe exclusión educativa, pobreza y débil presencia estatal. En varios barrios de la Costa ecuatoriana, directivos y profesores reconocen que el temor de los padres a enviar a sus hijos a clases se ha convertido en un factor adicional para el abandono escolar.

La ausencia del Estado y el pedido de una emergencia educativa

De esa problemática se alimentan las bandas criminales para cooptar a esos jóvenes. Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la ausencia del Estado es un factor fundamental:

La ausencia de niños y jóvenes en las escuelas termina convirtiéndose en terreno fértil para el reclutamiento por parte de estructuras criminales.Jorge Escala, asesor de la UNE

“La carencia de políticas sociales fuertes, capaces de actuar de forma sostenida en las condiciones actuales del país, está influyendo para que las bandas continúen fortaleciendo sus procesos de reclutamiento. Hay que entender que no son los chicos quienes promueven ese reclutamiento”.

Frente al aumento de amenazas, la UNE plantea que el Gobierno declare en emergencia al sistema educativo y adopte medidas urgentes.

Lo que debes saber:

• Ingeniero Leonardo Tituaña usa IA en Quito para predecir tráfico en el hipercentro y reducir congestión vehicular.
• EPN impulsa app ciudadana para denunciar infracciones en Quito; Municipio analiza viabilidad legal en 2026.
• Estudios en Quito alertan más muertes viales y exceso de velocidad; proponen controles, datos e intervenciones urbanas.

Leonardo Tituaña, ingeniero mecánico con trayectoria en transporte y logística, entrena redes neuronales de grafos. Busca aliviar la congestión que generan cerca de 600 mil automotores en Quito (públicos, comerciales y particulares, incluyendo motos). 

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Según explica, él utiliza un modelo que analiza cómo interactúan el flujo vehicular, los tiempos de desplazamiento y las decisiones de los conductores. Su laboratorio es el hipercentro, en las avenidas de los Shyris, 6 de Diciembre y Amazonas.

Desde hace un año y medio, alimenta este modelo con datos proporcionados por el Municipio y verificados y recogidos en campo. El sistema —explica— aprende como un niño, de forma progresiva, a partir de la experiencia. Cuando reconoce patrones, puede prever qué es probable que ocurra. La meta es identificarlos para anticipar puntos críticos del tráfico y comportamientos de riesgo, para tomar mejores decisiones.

Tituaña empezó a desarrollar este proyecto en su maestría en Optimización Matemática en la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Para procesar la información usa Python, un lenguaje de programación útil en ciencia de datos.

“La clave es tomar decisiones basadas en datos, actualmente no se están gestionando desde un solo centro. Se podrá observar cómo crece el tráfico vehicular, identificar tendencias históricas y entender cómo influyen factores como siniestros o eventos deportivos, meses con y sin clases, el clima”, explica. La idea es poder predecir cómo se mueve la ciudad.

La app para denunciar infracciones de la EPN

Su investigación avanza, pero no es el único esfuerzo desde la EPN. Esteban Irribarra, jefe Del Departamento de Física, con estudiantes y otros profesores desarrollaron una aplicación móvil para que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registre excesos de velocidad e infracciones con ayuda de la ciudadanía.

Con el dispositivo de posicionamiento (GPS) se detecta exceso de velocidad y con la cámara del teléfono se registran infracciones con fotos o videos. Estuvo disponible en su versión beta para Android, como Ecu Transporte Seguro, desde 2018. Han presentado la iniciativa a los tres últimos alcaldes.

Hace un mes, comentó Irribarra, se reunió con Pabel Muñoz, quien le dijo que analizarían la factibilidad con el área jurídica. El profesor reitera que todo será enviado a los agentes.

César Gárate, abogado especialista, opina que se requerirían reformas a las leyes de Tránsito y Transporte, Código Orgánico Integral Penal (COIP) y Código Administrativo. Él considera que siempre será necesario que se conozca la identidad del denunciante, para que no se argumente que la acusación es “maliciosa y temeraria”, por ejemplo.

Aunque, señaló que una ordenanza podría contemplar regular el procedimiento sancionador en materia de tránsito para infracciones administrativas.

Sobre ese punto, el legislador de ADN y exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, dice que no hacen falta reformas. “La competencia de control de tránsito la tienen los GAD desde el 2008, requieren iniciativa y normativa local para implementar sistemas de denuncia ciudadana por ese medio y en tiempo real”. 

Y recordó que la alcaldía de Guayaquil lanzó la app VIPA. “La denuncia no genera automáticamente una multa, sería ilegal. Debe pasar por un proceso de revisión de la autoridad de control antes de cualquier actuación administrativa”.

La experiencia de Lima, con apps

El peruano Juan Tapia, de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, indicó que con el uso de tecnología, en herramientas como la fotopapeleta, las personas se acostumbran a respetar las normas. 

“Si eres testigo de una infracción puedes tomar foto, envias a buzón electrónico y se sanciona al infractor”. 

Allá también se usó la app VIPA, como la que propone la EPN, y así se han aplicado miles de multas por estacionar en zonas prohibidas, etc.

En Quito, varios ciudadanos usan las redes sociales para compartir videos o fotos de infracciones, en especial de buses y motos. Claude Roulet lo hace de forma permanente y documentada pues busca registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo hace en X (@NoNegligencia).

Investigaciones de las universidades UTE y UTPL sobre movilidad

En este mismo campo, desde la academia también se generan insumos para la toma de decisiones. Francisco Pérez, de la Universidad UTE, detalló que son parte de la Unidad de Investigación de Lesiones de Johns Hopkins, de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, desde 2021. 

Han determinado que el 75 % de muertes en siniestros son de motociclistas, peatones y ciclistas. Y que el exceso de velocidad pasó del 18 % al 27 % desde el 2023 a 2024. 

Han sugerido pruebas aleatorias de alcoholemia, campañas en medios, por eso y uso de casco y cinturón de seguridad y fiscalizar con cámaras fijas en lugares de alta mortalidad, implementar límite de velocidad de 30 km/ h, en vías en donde hay más peatones y ciclistas.

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Desde la Universidad Técnica Particular de Loja, Yasmany García detalló que en su grupo de investigación en seguridad vial se analizó el proceso de emisión de licencias; concluyeron que el período de formación es corto para garantizar una conducción segura; plantean modelos con acompañamiento de tutores. 

Además, en su observatorio evidencian patrones de riesgo en el comportamiento de los conductores. Entre el 20 % y el 30 % de los usuarios no utiliza el cinturón de seguridad y es frecuente el irrespeto a los semáforos en rojo, una práctica que se repite entre motociclistas, taxistas y conductores particulares. Recomiendan aplicar controles focalizados en zonas con mayor incidencia de siniestros.

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Lo que debes saber

• ADN reconfiguró sus candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 y concentró su estrategia en Guayas, la provincia que considera clave.
• Los cambios de figuras como Niels Olsen y Zaida Rovira, junto con la incertidumbre sobre los rivales tras la suspensión de AMIGO, revelan cómo el oficialismo busca consolidar su mapa político.

Los últimos cambios en el tablero electoral de Guayas evidencian algo: para ADN, esa provincia es el epicentro de la disputa. Aunque los precandidatos ya están definidos y a la espera de concretar su inscripción, las apuestas del oficialismo reflejan cuáles son las provincias y los cantones que considera estratégicos para delinear el próximo mapa político del país.

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Hay tres elementos que permiten entender la estrategia de ADN para las elecciones seccionales: su primera participación en este tipo de comicios, el interés por cantones y provincias clave para su proyecto político y la disputa abierta con autoridades de la oposición.

El debut en las elecciones seccionales

La experta en comunicación política Caroline Ávila explica que, en ese escenario, ADN intentará mostrar que cualquier triunfo representará un avance, ya que en las elecciones anteriores el movimiento no existía.

“En los espacios en los que se puede avanzar un centímetro más, seguro lo van a considerar como parte de la victoria. ADN parte de cero a algo; lo que consiga lo encuadrará como un avance y tratarán de pintar de morado el mapa electoral”, menciona Ávila.

La muestra de su debut en este tipo de elecciones está directamente relacionada con los cuadros escogidos. ADN optó por exintegrantes del Gabinete ministerial y de la Asamblea. 

En provincias como Guayas, Azuay o Pichincha no tiene perfiles propios vinculados a liderazgos locales o con procesos políticos consolidados en todos esos territorios.

Sobre los territorios clave

El segundo elemento, relacionado con los cantones y provincias estratégicos, se explica por la decisión de postular a algunas de las figuras más representativas del oficialismo para cargos seccionales.

Niels Olsen llegó a la Presidencia de la Asamblea y todavía tenía un año más en el cargo. Primero fue anunciado como precandidato a la Prefectura del Guayas y luego para la Alcaldía de Guayaquil. 

Sin embargo, en un giro inesperado, ADN alcanzó un acuerdo con la exalcaldesa Cynthia Viteri. Olsen terminó como candidato del oficialismo para la Alcaldía de Samborondón.

Pero esa no fue la única sorpresa. Otra figura de peso en el Gabinete de Daniel Noboa, Zaida Rovira, aceptó su precandidatura para una concejalía en Guayaquil. Inicialmente, ella figuraba como precandidata para la Prefectura del Guayas.

De esta manera, Guayas se convirtió en la única provincia en la que ADN modificó los perfiles que había anunciado previamente. Para el analista electoral Esteban Ron, la estrategia del movimiento muestra mayor visibilidad en dos provincias: Guayas y Pichincha.

El aparente menor interés por otros territorios, según Ron, responde a que en las últimas elecciones generales, en las que triunfó Daniel Noboa, quedó en evidencia un voto duro de ADN. Como ejemplo menciona las provincias ubicadas en la Sierra centro.

La relación del Ejecutivo con los GAD

Finalmente, respecto a la relación Ejecutivo-GAD, el Gobierno ha optado por dos mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos, tomando en cuenta que no cuenta con cuadros propios en las administraciones locales actuales.

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El primero ha sido el enfrentamiento directo con alcaldes de la oposición. El caso de Aquiles Álvarez refleja la tensión política entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno.

El segundo mecanismo ha sido incorporar a autoridades locales a su órbita política. Ávila sostiene que el Ejecutivo ha sido hábil para “capturar la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)”. Ese gremio está presidido por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, quien, en debates como el de la ley urgente sobre el gasto de los GAD, fue una de las principales defensoras de la normativa enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

La experta concluye que al Gobierno central no le interesa tener alcaldes críticos. A su juicio, esa lógica explica la tensión con Aquiles Álvarez y también con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Este último perdió sus derechos políticos tras una denuncia por violencia política de género en el TCE.

A ese escenario se suma un elemento que podría incidir en la estrategia de ADN. Tras la suspensión del movimiento AMIGO por parte del Tribunal Contencioso Electoral, aún está por definirse quiénes serán realmente sus principales adversarios políticos en los territorios donde el oficialismo aspira a imponerse. 

Uno de esos escenarios es Quito en done, según Ávila, ADN apuesta a candidatos cercanos no necesariamente la propia.

La historia porteña en fotografías

Una de las vías por las que circulaban los vagones era la calle Pichincha. Hace un mes, mientras se realizaban trabajos de reasfaltado, tramos de los rieles quedaron al descubierto, evocando una época en la que en las calles aparecían los primeros autos, se secaba el cacao en los portales o se compartía a un ritmo más pacífico.

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El bulevar 9 de Octubre fue, desde sus inicios y hasta la década de 1990, el centro residencial y comercial de la ciudad, pero luego las familias empezaron a mudarse a sectores de Samborondón, según recuerda el historiador Javier González.

“Todo lo encontraba uno, no encerrado en aire acondicionado como es ahora, sino caminando en las calles. Había esa disponibilidad de comercios, que hoy por hoy han migrado a centros comerciales”, señala.

“En su época, el tranvía fue ese medio de transporte que caracterizaba al centro”, destaca González, quien plantea que se recuerde a este hito con la exhibición de la réplica de un vagón en sitios como la Plaza de la Administración, similar al que está en el Parque Histórico, en Samborondón.

Antaño, en las edificaciones que fueron el escenario de hechos históricos o en las que nacieron personajes ilustres, las agrupaciones cívicas colocaban placas conmemorativas, muchas de las cuales aún permanecen en el centro.

Con los avances tecnológicos, Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral, sugiere que se pongan códigos QR que ofrezcan toda la información relacionada a ese lugar o evento de nuestra historia.

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Para González, repotenciar los sitios históricos nos ayudará a “recuperar ese civismo que hemos perdido”. Porque aunque los escenarios de la ciudad cambien, su historia sigue viva.

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Lo que debes saber

• Judicatura inició el concurso para jueces de la Corte Nacional con un reglamento cuestionado por gremios de abogados.
• Abogados piden cambios al reglamento para evitar filtraciones y fortalecer la transparencia del concurso judicial.
• La Corte Nacional opera con 10 de 21 jueces; el concurso busca completar el tribunal hasta 2027.

El concurso de selección para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está en marcha. El trámite comenzó en el Consejo de la Judicatura (CJ), una vez que el organismo presidido por Mercedes Caicedo aprobó el reglamento para definir los requisitos y procedimientos de calificación de los postulantes.

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El proceso enfrenta grandes desafíos. El primero es lograr la confianza en un concurso que se ha truncado en los últimos cinco años, con dos procesos fallidos en 2023 y 2024, una situación que ha dejado al máximo Tribunal incompleto. 

La CNJ cuenta actualmente con solo 10 jueces, de los 21 con los que debería funcionar y en 2027 concluirá el período de otros seis, motivo que ha servido al CJ para justificar el inicio del trámite.

Si bien se reconoce la necesidad de completar el máximo Tribunal, los profesionales de la Función Judicial han realizado distintas observaciones a la normativa. 

Los juristas consideran que el proceso debe garantizar reglas que impidan la metida de la mano en la justicia y que permita seleccionar a los mejores cuadros para recuperar el prestigio de un organismo que ha sufrido el descrédito porque algunos de sus miembros fueron procesados y sentenciados.

La defensa del reglamento por parte de la Judicatura

Caicedo ha defendido el reglamento. Dice que incorporó un pronunciamiento que pidió a la CNJ sobre las pruebas de confianza y las recomendaciones que dio la Contraloría. 

Estima designar a los jueces nacionales hasta el primer trimestre de 2027, aunque reconoce que el concurso se podría alargar por eventuales acciones legales de los postulantes.

Los abogados proponen mayor participación de la academia

Más allá de los plazos, gremios de los abogados mencionan los puntos de la norma que les genera preocupación y hablan sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar.

El presidente del Colegio de Abogados de Guayas, Jorge Yánez Barrera, considera que “lo inteligente sería que la Judicatura busque el acompañamiento de la academia nacional” para desarrollar este concurso, así como el otro proceso de emergencia con el que busca nombrar a los magistrados de la justicia ordinaria.

“Deberían entregarle a la academia la toma de los exámenes, la calificación de los méritos, ella tiene experticia. Luego, en la parte final intervendría el CJ para la decisión final. La academia tiene un prestigio importante y garantiza que vayan los mejores. Podría haber errores, pero serán menos que los que comete la Judicatura y nos garantiza, al menos, un 80% de transparencia. Pueden haber ciertas injusticias, pero no tantas como las actuales, en donde todo el mundo desconfía”, acota.

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Cuestionamientos por la valoración de méritos y las pruebas

Además de la falta de transparencia, a los abogados les preocupan otros temas. Una es la puntuación que se entregará por la experiencia en docencia y la falta de mecanismos para blindar el acceso a las pruebas.

“Miramos que se da una sobrevaloración al tema de los posgrados y en el concurso se trata de elegir magistrados, no catedráticos universitarios. La diferencia podría afectar el ejercicio de la magistratura y generar una deficiencia que afectaría a la calidad de administración de justicia. Se debe valorar la formación, los méritos y la trayectoria. También vemos que no se evita que se filtren las pruebas teóricas y prácticas. Esto ya sucedió antes e impide la participación igualitaria de los postulantes”, señala Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados de Azuay.

La probidad, uno de los filtros que respaldan el proceso

Aunque existen estos cuestionamientos, en Pichincha consideran que el proceso es necesario y que el reglamento sí reúne las condiciones porque incorpora requisitos para revisar la probidad.

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“Se deben valorar elementos de probidad económica y política. No queremos que se infiltren personas que, aunque tengan capacidad profesional, estén vinculadas al crimen. Se espera que se haga un análisis minucioso, que se abran las cuentas, que se revise la información de UAFE y SRI para verificar que el patrimonio del postulante o su entorno obedezca a una vida limpia. Son filtros fundamentales de este concurso”, sostiene Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lamenta que el CJ repita los errores pasados. “En lugar de actuar de manera acelerada y atolondrada, debía convocar a quienes en ocasiones anteriores han presentado observaciones para que el proceso tenga un lado más ciudadano. Eso no ha pasado y con la emergencia en el sector justicia, hay un riesgo grande de que vuelva a pasar lo mismo de otros procesos: que no tengamos interés de los abogados en participar o que por las reglas, este proceso se caiga. Esperemos que se convoque al concurso y que se encamine una salida para la justicia”, indica.

Lo que debes saber:

• Quito: bosquete urbano en Parque Bicentenario crece desde 2020 con 1.500 plantas nativas sembradas por dos primos y sus familia, tienen permiso de municipio.
• Proyecto Sembrando Raíces recupera 7.500 m² en parque Bicentenario; incluye 150 especies y retorno de fauna, como búhos y colibríes.
• Desde 2023, bosquete crea hábitat para rana marsupial con charcas; familias buscan apoyo para señalética y esperan estudio de biodiversidad de la Universidad Central.

El contraste impresiona. Las fotografías del antes y el después ayudan a tener una referencia, pero solo al internarse en el bosquete (de 7.500 metros cuadrados) se dimensiona la transformación. Allí, la vegetación crece, de forma natural, en capas: árboles, arbustos y plantas herbáceas nativas. Entonces se nota la diferencia con el resto del parque Bicentenario, que tiene césped cortado al ras.

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En ese espacio concebido, sembrado y cuidado por los primos Ramiro Morejón Neira y Juan Carlos Robles Neira junto a sus familias, crecen especies nativas como flor de mayo, pumamaqui y el más frondoso, el quishuar. 

En medio de ellas han nacido plantas de forma espontánea también. Y ha vuelto la fauna. Por ejemplo, han avistado búhos. Durante la entrevista, un colibrí colilargo aparece y Morejón bromea: “Le avisamos que vendría EXPRESO”.

La dimensión del proyecto, al que bautizaron Sembrando Raíces, no se valora hasta verlo. Comenzó a inicios de 2020. Robles, jubilado después de trabajar en el área financiera de una empresa de embutidos, pensó en plantar árboles con su familia, en La Carolina, donde caminaba con su esposa. Compartió la idea con su primo. Y juntos idearon un sueño mayor.

Se contactaron con la gerencia de Espacio Público de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), que cuenta con el programa Quito Adopta, para empresas que apadrinan parterres. Firmaron un primer convenio para intervenir 2.500 metros cuadrados, con el objetivo de crear un bosque urbano.

El proyecto se amplió, tiene 7.500 metros cuadrados actualmente y se proyecta hasta 2030, cuando esperan renovar el convenio. “Un bosque no se construye en pocos años. Tarda entre 30 y 40 en madurar”, explican. 

Nuestra satisfacción es venir, sembrar, meter la mano en la tierra, regar, ver cómo crecen las plantas.Juan Carlos Robles/ 64 años

La siembra de dos primos y sus familiares

En diciembre de 2020, en plena pandemia, 165 familiares, entre abuelos y tataranietos, participaron. La propuesta inicial fue que los mayores siembren un árbol, mientras que los niños y jóvenes, un arbusto.

Los abuelos de ambos primos están en el bosquete, representados en palmeras. 

En este pedazo del Bicentenario hubo una cancha de golf, con apenas césped y árboles antiguos. Empezaron con 165 plantas. Los árboles costaron $20; los arbustos, $10, recuerdan. 

Entre todos han sembrado unas 1.500 plantas, para julio 2026. Un par de empresas y una fundación se han sumado, pero no se han encargado de nada más.

El crecimiento del bosque les ha traído aprendizajes. “Mire estos arbolitos, cómo reaccionan. Tienen apenas dos años”, dice Morejón. 

Con el apoyo de estudiantes de la Universidad Central esperan tener un inventario de biodiversidad para comparar este espacio con otras áreas del parque que se mantienen con césped. 

Algunas especies, como la candelilla o ataco, han surgido de forma natural; otras, como el pumamaqui o el lechero, fueron introducidas por los primos.

¿Cuántas especies hay en el bosquete del Parque Bicentenario?

En total han identificado más de 150 especies nativas: unas 120 plantadas y alrededor de 30 que han aparecido por regeneración natural. “Por eso es importante trabajar con la academia, para saber exactamente qué tenemos y qué más puede aparecer”, dice Morejón.

La experiencia también ha desmontado certezas. “Uno, desde lo urbano, cree que si siembra, todo va a crecer. Pero la naturaleza tiene su propio ritmo”, reflexiona Morejón. Algunas especies no se adaptaron. Requieren más humedad o condiciones propias de otros ecosistemas. 

“Nos hemos dado contra la realidad”, admite. El laurel de seda, por ejemplo, parecía una apuesta segura, pero solo unos pocos ejemplares lograron sobrevivir.

El bosquete, recalcan, es público. No le pertenece a la familia, aunque son ellos quienes lo mantienen. En ocasiones hacen mingas o desayunos.

 “Cada vez más personas pasan y dicen ‘qué bonito’”, cuenta Juan Carlos. Le gustaría tener apoyo para contar con señalética y códigos QR para aprender sobre las plantas.

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Buscan recuperar el hábitat de la rana marsupial

Para Juan Carlos Robles, el bosquete es más que un hobby. Acude al Bicentenario dos o tres veces por semana, en distintos horarios. A menudo coincide con su primo Ramiro Morejón. Riegan durante unas tres horas, limpian el kikuyo, hacen coronas alrededor de las plantas, etc.

El proyecto incluyó la creación de dos charcas naturales estacionales para recuperar el hábitat de la rana marsupial, una especie de Quito. El espacio, que antes era el arenero del campo de golf y estaba desprovisto de vegetación, fue transformado con asesoría del zoológico para reintroducir uilli-uillis.  

Tres años después, el proceso muestra resultados, pues las ranas han completado su ciclo de metamorfosis, alcanzaron la etapa adulta y se reproducen.

Ambos primos invitan a recorrer el lugar. Les piden a los ciudadanos que acuden con sus perros sin correas, que tengan cuidado con las plantas pequeñas.

Ramiro muestra la chilca de chocolate. Dice que desprende su característico aroma tras la lluvia. El sacha capulí destaca por sus flores rosadas; en verano amarillea y pierde sus hojas, pero con las primeras lluvias vuelve a brotar. Los alisos son los más altos, de 10 metros.

Y Juan Carlos comenta que entre sus preferidas, están las flores de guantugsillos. Hay rojas, azules y blancas.

En verano, en el paisaje gana el pajonal, los arbolitos se ponen amarillos. Pero en eso también hay belleza.Ramiro Morejón/ 60 años

Anécdota de los primos

Los primos han tenido que evitar que ingresen a podar el espacio. También han detectado casos de ‘robos’ de arbustos.

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Lo que debes saber

• La fusión de ministerios empieza a pasar factura al sector productivo.
• La reorganización estatal  pone en riesgo trámites clave para exportadores de atún, camarón y otros productos, con costos adicionales y efectos para el comercio exterior.
• Mientras los gremios alertan sobre cuellos de botella y debilitamiento institucional, el agro teme que programas estratégicos y entidades técnicas pierdan prioridad dentro del nuevo esquema gubernamental.

Después de casi un mes  que el Gobierno decretara la fusión de ministerios, los primeros efectos han empezado    a sentirse en el sector productivo.    La integración de entidades, en la práctica, ha implicado el recorte de trabajadores, dando    pie a las demoras y los ‘cuellos de botella’    en la tramitología que debe enfrentar el comercio exterior.

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El pasado 18 de junio de 2026, mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno, alegando la necesidad de optimizar recursos estatales, optó por reducir    el gabinete ministerial de 14 a 10 carteras de Estado. Así, entidades como los Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; el de Producción y Comercio Exterior y el de Economía y Finanzas, pasaron a ser parte    de      macroorganismos estatales; en este caso, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

La fusión ya genera trabas en las exportaciones

Pero, aunque la propuesta suene bien, en la teoría, su aplicación práctica empieza a generar inconvenientes, así lo señala Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNA), que en las últimas semanas ha venido registrando los primeros problemas para exportar    la oferta pesquera ecuatoriana, que en un 80 % se concentra en el atún.

Esta oferta, recalca, es una especie altamente migratoria que se rige por regulaciones y ordenamientos de nivel mundial. Al asumir estos compromisos internacionales, el país debe cumplir de manera estricta con una serie de normativas para que la pesquería mantenga su orden y los mercados internacionales sigan adquiriendo el producto exportable.

No obstante, tras la fusión, este proceso se ha venido trabando, pues implicó, cuenta Leone, el despido de tres de los seis “agentes firmantes”, quienes son los funcionarios autorizados y capacitados para firmar los documentos y certificados sanitarios y de captura requeridos por mercados como el europeo para el ingreso de los productos.

“Y eso ha generado una demora terrible en los trámites. Tenemos una serie de empresas que piden ayuda porque    tienen cargas que están por llegar a los puertos de destino y los documentos de embarque no están listos”, dijo. Un atraso que obliga a las empresas a pagar costos de demoraje y almacenamiento en los puertos extranjeros, afectando sus costos operativos.

El pedido al Gobierno es revisar ese tema, que temen, podría tardar meses. Registrar    la firma de un nuevo agente entrenado para este fin toma aproximadamente seis meses.

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Exportadores alertan un debilitamiento institucional

Xavier Rosero, Presidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), admite que aun cuando las agencias de control productivo siguen en funcionamiento durante la fusión, existen    problemas de debilitamiento institucional que se vienen acumulando, lo que hace más compleja la transición. Ante ello, dijo, se está trabajando en una propuesta para rehabilitar y fortalecer los servicios de entidades públicas al sector exportador, cuyos detalles los dará a conocer en los próximos días.

Desde el campo, también hay preocupación por este tema. José Luis García, del Comité de Defensa del Agricultor, explica que casi un mes después de la fusión, aún no se sabe qué pasará con programas de agricultura familiar y con entidades como Agrocalidad y el INIAP, que sostienen los controles, la investigación y el mejoramiento de cultivos.

“El programa de Agricultura Familiar Campesina (AFC) es un programa que ayudaba al 80 % de agricultores del país, pero eso está pendiente porque primero no se ha establecido el nuevo organigrama del nuevo ministerio, asumimos que va a existir un viceministerio de agricultura pero los programas con AFC tendrá que pasar también por una revisión. El deseo del Gobierno, sabemos, es de reducir gastos y este programa de agricultura familiar campesina puede ser uno de los que sean afectados”, dijo.

A su criterio, el riesgo es que las decisiones del nuevo ministerio se concentren en la política económica y dejen atrás las necesidades del agro.

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El camarón teme nuevos cuellos de botella

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) señala que, hasta el momento, en su sector no se ha identificado una paralización generalizada de trámites por la medida. Sin embargo, temen que una optimización de recursos pueda afectarlos. Sobre todo, dijo, “en áreas críticas como la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que ya opera con recursos muy limitados, es importante que la reorganización no termine agravando esa situación”. Justamente es esa Subscretaría la que hoy debe resolver algunos problemas del sector como la suspensión de compra que China aplica a 14 empresas exportadoras.

Esos problemas contrastan también con el rápido crecimiento del sector. El planteamiento, agrega Camposano, es que si el sector camaronero sigue creciendo y aumenta la demanda de certificaciones y análisis, la capacidad institucional debe crecer en la misma proporción. De lo contrario, es inevitable que se generen demoras y cuellos de botella que terminen afectando el comercio exterior”.

Las decisiones sin consulta preocupan al sector

Leone lamenta que, a pesar de que el sector exportador no petrolero (banano, camarón, pesca, cacao, flores) ha sido el motor de la economía y el generador de superávit comercial en los últimos años, las decisiones se sigan tomando de manera unilateral, sin consultar a los actores clave. La llegada de nuevos funcionarios, que no conocen sobre el sector ni los compromisos que el país ha adquirido previamente, y el cambio de estructuras ministeriales, también ralentizan los procesos. Por situaciones como esta, asegura, el país no ha logrado salir de la    “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea.

¿Traba para incentivos fiscales?

La incorporación de los Ministerios de Economía y Producción bajo un mismo ‘ministerio paraguas’ podría significar un riesgo para la oferta de incentivos fiscales que hoy dinamizan la inversión, advierte el experto Marcelo Bodero. Su temor radica en que    Finanzas, enfocado en controlar el gasto, emita dictámenes negativos a proyectos que buscan estos beneficios, volviendo al Ecuador -un país ya dolarizado y costoso para producir- menos competitivo frente a vecinos como Perú o Colombia. 

Bodero advierte que restringir estos incentivos sería un error de corto plazo, pues no son eternos y generan empleos e impuestos indirectos. Como vía de salida, plantea que la nueva entidad mantenga una estructura independiente que garantice la alternancia y aplique la ley con una visión de largo plazo que brinde previsibilidad al inversor.

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Reseña histórica de la poesía

Ángel Emilio Hidalgo, poeta e historiador, detalla a EXPRESO que los escritores locales emergen en ciclos para retratar a la sociedad. Destaca hitos como la generación de Medardo Ángel Silva en 1915, que abrió el campo literario moderno y la crítica, adentrándose a explorar como cronista los espacios marginados de la ciudad, como los fumaderos de opio.

Luego irrumpieron agrupaciones como el Club 7 en 1954, que exploró las problemáticas del sujeto urbano existencialista, o Sicoseo en los setenta, que integró el habla coloquial de la calle. Ese legado, afirma el catedrático de la Universidad de las Artes (UArtes), sobrevive hoy en las aulas universitarias. La academia visibiliza la obra de jóvenes promesas a través de publicaciones y recitales abiertos.

Historia escrita en versos por mujeres 

Esta herencia halla su mayor potencia en las voces femeninas. Siomara España, poeta y docente, enfatiza que la obra actual obedece a un linaje histórico de autoras invisibilizadas, desde Ángela Camaño, Teresa Alavedra y Flor de Té (seudónimo de Alida Hidalgo) en el modernismo, hasta referentes posteriores como Ileana Espinel, Sonia Manzano, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Andrea Crespo. “Hoy por hoy, Guayaquil tiene una fuerza enorme en la poesía, sobre todo escrita por mujeres”, sostiene.

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España menciona que las autoras contemporáneas abordan temáticas viscerales, donde el cuerpo y la violencia urbana son ejes centrales. Escriben sobre el ruido incesante, el sol que calcina y una urbe que vulnera, a la vez que restituyen con sus versos las voces silenciadas por crímenes como los femicidios. Nombra a Espinel como pionera en retratar el "cuerpo medicamentoso" y sedado, un síntoma que sigue vigente para nombrar la enfermedad y la psiquis. “El cuerpo, el espíritu, el alma está atravesada”, reflexiona.

Iniciativas juveniles en la digitalidad

La efervescencia de los nuevos talentos encontró un ecosistema natural en la digitalidad. El proyecto 'La Chica y la Ciudad', gestionado por Niza Ochoa, Kathya Carvajal y Kiersten Jungbluth, democratiza la creación literaria mediante redes sociales y un blog.

Allí reciben obras de múltiples provincias que retratan desde el bochorno climático hasta la desigualdad y la inseguridad. En sus publicaciones resuenan versos que recuerdan a las víctimas de la violencia urbana, como "Los 4 de Guayaquil".

"El autor guayaquileño necesita entender su contexto y plasmarlo”, argumentan sus creadoras, advirtiendo que si callan serán cómplices del olvido y que el arte urge de espacios seguros en medio de un entorno hostil.

La academia, resistencia literaria

En este engranaje, las aulas operan como trincheras. Santiago Toral, docente en la Universidad Casa Grande, observa a la poesía metamorfoseada. Sus estudiantes entrelazan el lenguaje poético con producciones audiovisuales, cinematográficas y teatrales, priorizando la prosa sobre la rima para reinterpretar la crudeza de la calle y las inquietudes sobre sus propios cuerpos. Esto se ha cristalizado en proyectos como el poemario artesanal 'Oficio de Sombras' y en futuras series web basadas en la obra de César Dávila Andrade.

Aunque la industria editorial prioriza comercialmente la narrativa por sobre los versos, el interés juvenil persiste en nuevos formatos. Los talentos publican en fanzines autogestionados, blogs y se congregan espontáneamente para recitar. “Pareciera que tiene como poco espacio en las editoriales, pero igual está la poesía ahí levantándose, diciendo ‘aquí estamos’”, añade el académico.

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Esa resistencia germina en sectores vulnerables como Socio Vivienda, asegura Toral. Relata el caso de un estudiante graduado que, desde esa zona conflictiva, no evadió su dura realidad cotidiana, sino que la reinterpretó mediante la escritura para salirse de la mirada puramente visceral. “El desafío es mirar esa violencia desde una perspectiva poética”, afirma el docente. Así, este arte guayaquileño sobrevive abrazando e imprimiendo el sentimiento de su propio caos.

Lo que debes saber

• Renán Borbúa explica sus propuestas para llegar a la Prefectura del Guayas.
• El precandidato del PSP aborda obras, dragado e inundaciones en la provincia.
• Borbúa responde sobre sus compromisos de gestión y permanencia en el cargo.

Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), expuso a EXPRESO sus principales propuestas, prioridades y financiamiento para gobernar la provincia.

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- ¿Por qué decidió postularse a la Prefectura del Guayas en este momento?

- En Pedro Carbo, Salitre, Balzar y en Durán, la gente que siembra arroz y los ganaderos dijeron “Nosotros apoyamos a Renán para prefecto” y (eso lo) escuchó el expresidente Lucio Gutiérrez (fundador de la organización política); (además) recibió unas cartas de apoyo y me dijo “¿Por qué no te animas? Vamos por la Prefectura”. Consulté primero con mi familia, como uno hace normalmente, porque (para) lanzarse a una candidatura hay que pensarlo mucho.

- ¿Por qué?

- Por los riesgos que se viven al momento. Tenemos que ser claros, (ahora) no es lo mismo que en anteriores campañas.

- ¿Qué riesgos?

- Los riesgos que viven todos, principalmente aquí en Guayas. El tema de las bandas, secuestros, extorsiones o ‘vacunas’. Debemos ser claros. Quien no lo mencione u oculte eso, creo que no vive aquí en Ecuador ni en Guayas. También hay mafias políticas.

- El Partido Sociedad Patriótica nunca ha ganado la Prefectura del Guayas. ¿Por qué cree que esta vez podría ser diferente?

- Es verdad que no hemos ganado, porque (antes) no había sido el momento. Hoy estamos mejor preparados, (tenemos) más experiencia. Obviamente que no solo depende de mí, sino de toda la gente que se sigue sumando y (que) siente que yo soy el candidato que puede solucionar los grandes y graves problemas.

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- ¿Cuáles son los graves problemas de Guayas?

- El primer gran problema que tiene Guayas es el de reconocer (que) todo el territorio, no solo Guayaquil, tiene grandes problemas.

- ¿Cómo cuáles?

- Apoyar desinteresada y decididamente al Gobierno Nacional en la lucha contra la delincuencia. Yo sí voy a coordinar acciones con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos andamos con miedo, no solo en el tema de la delincuencia. Es miedo a todo: a no poder salir adelante, a no poder poner un negocio, a no traer los alimentos desde los diferentes cantones. Tenemos que asegurar las vías.

- ¿Tienen un proyecto?

- Nosotros tenemos un proyecto viable y lo vamos a presentar. Cada cantón se responsabilizará de (crear) un centro de reacción inmediata de seguridad. Allí estarán los policías municipales. Estamos malgastando el dinero, pagando solo para que vayan a los mercados, tal vez a extorsionar o a meter palo a los pobres que quieren ganarse la vida. También tienen que ayudar en el tema de seguridad, obviamente que capacitándoles.

- ¿Cuánto dinero se destinará para esta capacitación y creación de esos centros?

- El 25% del presupuesto de la Prefectura. De ahí veré si necesito dar más al tema de seguridad. Mi objetivo es reducir al mínimo la inseguridad.

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- ¿Cuál sería el mínimo?

- Reducir entre un 60 y 80%.

- ¿En qué tiempo lo logrará?

- Desde el primer día ejecutaré mi plan. Empezaré por los cantones y parroquias más alejados. También mejoraré las vías, principalmente las rurales, para que (los productores) se sientan seguros de transportar sus productos hacia Guayaquil.

- ¿Cuánto va a destinar del presupuesto para las vías?

- Esta es la segunda prioridad y se destinará el 25% de los recursos.

Si yo doy el ejemplo de que no robo, nadie va a robar. La transparencia empieza por el prefecto.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

- ¿Ya tiene planificado cómo hacer para evitar las grandes inundaciones características de las épocas invernales?

- Estoy incluyendo eso en mi plan de trabajo que estoy elaborando y que debo presentar en agosto, al momento de inscribir la candidatura. Estoy trabajando con expertos en proyectos.

- El dragado del río Guayas ha sido una de las principales promesas de las últimas administraciones. ¿Qué haría diferente para que los resultados sean efectivos?

- Pediremos a las universidades públicas y privadas que revisen los proyectos que ya existen, mejorándolos. Para ello se destinarán 30, 60 días, no más. Al cuarto o quinto mes iniciaría el proceso (en el portal de compras públicas).

- ¿Cómo garantizará que los contratos de obra pública sean transparentes?

- Llamaré a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Producción y también a la clase obrera. Es decir, pueden venir y participar dentro del grupo que vamos a hacer el análisis. Vamos a tener a nuestros propios veedores y el principal veedor seré yo. Voy a estar también en territorio. Si doy el ejemplo de que yo no robo, nadie va a robar. Estoy dispuesto a dar ese ejemplo.

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- En el último período, la provincia tuvo una prefecta que dejó el cargo antes de concluir su mandato. ¿Qué garantías ofrece de que si resulta electo permanecerá los cuatro años?

- Así me ofrezcan y me digan: ‘Dé un pasito para que venga a ser asambleísta’, (diré que) no. Si a mí me eligen para (ser) prefecto de Guayas, yo tengo que terminar ese periodo; pero si quieren, de alguna manera, sabotear mi trabajo, no lo van a poder hacer.

- ¿Por qué?

- Porque voy a hacer bien las cosas. Si usted hace bien las cosas, apegadas a la ley, esa gente no podrá, ni rebuscando, encontrarle algo. Yo no soy corrupto.

- ¿De dónde buscará los recursos?

- Mi equipo de trabajo está analizando, en países principalmente europeos, créditos no reembolsables. También trataremos de que los países árabes puedan invertir en obra social en la provincia o presentarles proyectos viables y transparentes. Y mantendré una buena relación con el Gobierno, con bastante diálogo.

No podemos seguir permitiendo que las mafias les quiten a los productores guayasenses lo poco que ganan.Renán Borbúa, precandidato a la Prefectura del Guayas

Lo que debes saber

• A pesar de estar inhabilitado por el Estado hasta 2028, José Walther Manrique Suárez logró operar como una pieza fundamental en los contratos de Progen.
• El rastreo financierodel bufete Greenberg Traurig reveló pagos a Manrique.

En todos los contratos de Progen aparece un nombre recurrente: José Walther Manrique Suárez. Como pareja y socio de la ya procesada Karla Julieta Saud Calero, lobista de la compañía estadounidense, el empresario logró posicionarse como una pieza clave en el millonario esquema energético que deja un perjuicio superior a los 104 millones de dólares.

Ocurrió a pesar de que el Estado ecuatoriano inhabilitó a Manrique para contratar con el sector público hasta el 2028.

El rol de Manrique Suárez en la trama varió según la central termoeléctrica y la etapa del negocio. En el contrato de la planta Catamayo quedó registrado como “técnico de Progen” durante la reunión del 18 de junio de 2024, cita en la que se negoció el precio del megavatio en 1,3 millones de dólares, un valor 29,1% más caro que el costo fijado para las centrales de Salitral y Quevedo.

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Casi un año después, en mayo de 2025, el contratista mudó de cargo y se presentó ante los medios de comunicación en Guayaquil como “gerente de proyecto” de Salitral y Quevedo. Desde ese espacio, aseguró que los equipos “marca Progen” contaban con una garantía de 40 años.

Otro rol consta en el informe de trazabilidad financiera que elaboró el bufete Greenberg Traurig, equipo legal que contrató Celec para el juicio civil en Estados Unidos. El análisis a las transacciones de Manrique en su cuenta personal de Bank of America expone que, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, registró salidas de capital por un total de $2’460.058.

El destino del dinero evidencia la estrecha relación comercial y personal con los actores centrales del caso, debido a que Progen le pagó la suma más alta con transferencias de $750.000, mientras que la firma Wonderland Escrow Inc. Trust le transfirió $607.500, y Saud le hizo giros por $127.280. Además, en su calidad de accionista de la constructora Astrobryxa S.A., Manrique también recibió parte de los 15,2 millones de dólares que Progen le desembolsó.

Antes de este millonario negocio, el investigado ya acumulaba un historial de contrataciones estatales con tropiezos. Como gerente general de Constructora Manrique Suárez Edwalt S.A., enfrentó la terminación unilateral de contratos con la CNEL por inconsistencias en la ejecución de obras.

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Subastas sin competencia

Asimismo, el rastreo a sus ofertas públicas devela un patrón en las subastas inversas. En 2019 ganó el proceso SIE-CELEGU-227-19 con Celec tras una puja contra Hingelectc Cía., compañía con la que Karla Saud conformó el consorcio Autotrafo EC en 2023. En esa ocasión, Manrique Suárez ofreció en la primera puja un precio apenas cinco centavos de dólar más barato y en la segunda se bajó 100 dólares.

Exactamente el mismo escenario se repitió en 2023 en una subasta para la Empresa Pública de Obras, Bienes y Servicios (UG-EP). En el proceso SIE-UGEP-2023-019, la constructora de Manrique compitió contra la firma de Karla Saud, Marvellous S.A. El ahorro para la entidad fue casi inexistente porque en la primera puja Manrique propuso un costo 60 centavos más barato y en la segunda redujo otra vez 100 dólares.

En su versión ante las autoridades judiciales el 11 de febrero de 2026, Manrique argumentó que Astrobryxa S.A. solamente mantenía un acuerdo técnico y privado con Progen para las obras civiles de generación térmica.

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Un patrón de demandas

José Manrique recurre de forma sistemática a la vía judicial como estrategia para impugnar las sanciones del Estado y frenar la ejecución de las garantías económicas derivadas de sus contratos fallidos.

Su última acción legal es una demanda contencioso-administrativa (proceso 09802-2024-00888) contra la unidad de negocio Celec-Coca Codo Sinclair, tras la rescisión de un contrato de 269 mil dólares para la instalación de un sistema de sincronización GPS.

Ante el rechazo de la entidad estatal a un cambio en la marca de los equipos que él solicitó, la corporación declaró la terminación unilateral por un incumplimiento del 100% del objeto contractual.

También mantiene demandas contra CNEL y la terminal terrestre de Guayaquil.

Lo que debes saber

• La casa Madinyá, una de las edificaciones patrimoniales más representativas del centro de Guayaquil, actualmente es un inmueble cerrado y destinado únicamente al almacenamiento de piezas arqueológicas.
• Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil desarrolla un proyecto para ponerla en valor y revitalizarla, con la intención de devolverle un rol activo dentro del casco urbano.
• La casa Madinyá, ubicada en las calles Tomás Martínez, entre Rocafuerte y Córdova, fue inaugurada en 1927.

La casa Madinyá, una de las edificaciones patrimoniales más representativas del centro de Guayaquil, podría dejar de ser un inmueble cerrado y destinado únicamente al almacenamiento de piezas arqueológicas. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil desarrolla un proyecto para ponerla en valor y revitalizarla, con la intención de devolverle un rol activo dentro del casco urbano.

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La iniciativa, que formó parte de la exposición de trabajos finales de los universitarios, está ligada a un programa académico, en el que los alumnos analizan inmuebles históricos y plantean propuestas de intervención sustentadas en criterios técnicos y de conservación.

“Además de las clases dentro de las aulas, también tenemos un programa que se llama Cátedra Abierta (...), donde hacemos recorridos a las diferentes casas patrimoniales para ver el estado actual, la función, la puesta en valor actual y cómo recuperar todos los sistemas constructivos”, explicó Jorge Vega, docente que dirige el proyecto.

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El arquitecto aclaró que el objetivo es devolverle utilidad a la edificación respetando su valor histórico.

“En lo que es patrimonio se puede hacer una puesta en valor, una revitalización o una restauración. En este caso estamos trabajando en una puesta en valor y revitalización del edificio. Como está en desuso, se lo valoriza en un nuevo uso”, indicó.

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La casa Madinyá guarda piezas arqueológicas pertenecientes al Municipio de Guayaquil

Actualmente, la casa Madinyá, ubicada en las calles Tomás Martínez, entre Rocafuerte y Córdova, permanece cerrada al público y funciona como depósito de muestras arqueológicas del Municipio. Para el equipo de la Universidad, ese uso limita el potencial del inmueble.

“Nosotros como arquitectos restauramos y proponemos el uso y función respetando el edificio arquitectónico y de valor de arquitectura”, señaló Vega.

Casa Madinyá: Diagnóstico y lineamientos para su intervención

Durante cinco meses, los estudiantes han desarrollado un diagnóstico detallado del inmueble. El trabajo consistió en elaborar un fichaje técnico de cada uno de sus elementos estructurales para identificar su estado de conservación y determinar qué tipo de intervención requiere cada pieza.

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“Uno va evaluando, por ejemplo, una viga: ¿en qué situación está?, ¿qué patología presenta?, si tiene hongos, polilla, humedad o agrietamiento por envejecimiento. De acuerdo con esa evaluación proponemos cambiarla, mantenerla o utilizar materiales similares”, detalló el docente.

Ese análisis responde a las normas nacionales e internacionales que regulan la conservación del patrimonio. Vega recordó que Ecuador debe cumplir disposiciones establecidas en documentos como las cartas de Venecia, Washington e Icomos (Consejo Internacional del Monumentos y Sitios), además de los lineamientos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Por ello, explicó que un elemento solo puede ser reemplazado cuando presenta un deterioro considerable.

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“Un elemento que tiene un 30 % tiene que ser restaurado con materiales similares y con técnicas constructivas propias del uso”, enfatizó.

Parte del estudio también ha permitido comprender los sistemas constructivos originales de la vivienda.

El docente explicó que algunas maderas utilizadas hace casi un siglo, como el guachapelí, ya no se consiguen fácilmente, por lo que, cuando es necesario reemplazarlas, se recurre a alternativas compatibles como la madera laminada, sin alterar el comportamiento estructural del edificio.

Arquitectos italianos diseñaron la casa Madinyá, inaugurada en 1927

La estudiante Siu-Ling Chum Alcívar explicó que la casa fue construida en 1927 por encargo del catalán Alejo Madinyá Lascano.

Para ello se contrataron arquitectos italianos que llegaron a Guayaquil en la época previa al centenario de la independencia de la ciudad y que combinaron conocimientos europeos con la experiencia de los carpinteros de ribera locales.

“Podemos apreciar diferentes ensambles, por ejemplo el rayo de Júpiter, la cola de milano, el machihembrado y la caja y espiga”, comentó Chum.

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Añadió que estas técnicas permitían unir vigas, columnas y pisos sin perder estabilidad, aportando resistencia frente a sismos y otros eventos naturales.

La estudiante señaló que la vivienda original era mucho más extensa que la actual. “Hoy solamente se conserva hasta el patio central”, indicó.

Aun así, explicó que todavía permanecen elementos originales como parte de los pisos, la escalera y componentes estructurales que, con el paso de los años, han debido reforzarse con elementos metálicos para evitar su deterioro.

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Casa Madinyá: antecedentes de conservación

Los estudiantes también revisaron los antecedentes de conservación del inmueble.

Cynthia Baque, alumna, explicó que, según registros del INPC, ya existió un proyecto para revitalizar la casa en 1990, aunque nunca llegó a ejecutarse.

Posteriormente, el edificio fue intervenido desde 2013 y en 2018 fue sometido a una auditoría tras detectarse daños estructurales y problemas en la fachada.

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“Se hizo una restauración y se recomendó que la casa no se abriera al público por los sistemas estructurales y los diversos fallos que tenía”, explicó.

Lo que debes saber

• Los Chone Killers se dividieron en cinco facciones que disputan el control de Durán.
• Capturas y muertes de cabecillas aceleraron la fragmentación criminal en Ecuador.
• Expertos alertan que la división fortaleció las disputas por narcotráfico y extorsiones.

La historia de los Chone Killers refleja la evolución del crimen organizado en Ecuador: de una pandilla barrial surgida en Guayaquil pasó a ser una de las estructuras criminales más violentas del país. 

Sin embargo, el mayor desafío para las autoridades ya no es enfrentar a una sola organización, sino a múltiples facciones que hoy se disputan el control de Durán, uno de los cantones más golpeados por la violencia.

Expertos consultados coinciden en que la fragmentación del grupo, acelerada por la muerte de sus principales líderes, las capturas de cabecillas y la presión estatal, ha generado un escenario más complejo que el existente hace apenas unos años. Lejos de desaparecer, la organización se atomizó y multiplicó los focos de violencia.

El origen de los Chone Killers y su vínculo con Los Ñetas

Los orígenes de los Chone Killers se remontan a la década de 1990, cuando ecuatorianos deportados desde Estados Unidos introdujeron en el país la estructura de Los Ñetas, una pandilla nacida en cárceles de Puerto Rico. Muchos de sus integrantes se asentaron en Guayaquil y Durán, donde combinaron disputas territoriales con delitos como el microtráfico, robos y extorsiones.

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Durante el gobierno de Rafael Correa se impulsó un proceso de pacificación entre pandillas para reducir los homicidios. Aunque la violencia disminuyó temporalmente, varios integrantes mantuvieron actividades ilícitas. 

Uno de ellos fue Terry Israel Camacho, alias Trompudo, líder de la facción Los Asesinos en Durán. A inicios de la década de 2010, esta estructura fue absorbida por Los Choneros, organización que buscaba expandir su dominio territorial alrededor de los puertos de Guayaquil.

La alianza con Los Choneros y la expansión criminal

La alianza benefició a ambas partes. Los Choneros obtuvieron acceso a Durán, un punto estratégico para el almacenamiento y movilización de droga hacia las terminales portuarias, mientras que los antiguos Ñetas incrementaron su capacidad operativa y armamentística bajo una nueva identidad: los Chone Killers.

En 2020 comenzó la confrontación abierta entre Chone Killers y Latin Kings por el control de Durán. El asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros, ese mismo año, provocó una ruptura dentro de la organización matriz.

Inicialmente, los Chone Killers se aliaron con Los Lobos y Los Tiguerones en la denominada Nueva Generación. Posteriormente retomaron su vínculo con José Adolfo Macías, alias Fito, hasta su captura en 2025 y posterior extradición a Estados Unidos.

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La caída de los cabecillas y la división en cinco facciones

Desde entonces, el grupo ha sufrido sucesivas fracturas. La muerte de Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, en diciembre de 2024; la captura de Julio Alberto Martínez, alias Negro Tulio, en Panamá; y la persecución de otros cabecillas aceleraron el proceso.

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En julio de 2026, Estados Unidos designó a los Chone Killers como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada, al considerar que la organización había ejecutado ataques contra civiles, policías y funcionarios públicos.

Para Michelle Maffei, especialista en crimen organizado, hoy ya no puede hablarse de un solo grupo. "Los Chone Killers se rompieron en cinco facciones. Tres responden al Negro Tulio, actualmente preso, y mantienen alianzas con sectores de Los Lobos y algunos Tiguerones. Las otras dos operan de forma independiente, intentando sostener sus economías criminales dentro de Durán”.

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Expertos advierten efectos de la fragmentación criminal

A juicio de la investigadora, la fragmentación también evidencia el fracaso de los procesos de pacificación implementados años atrás.

“No hubo una integración real de los antiguos Ñetas ni de los Latin Kings a la sociedad. La ausencia del Estado permitió que estas organizaciones encontraran nuevas formas de generar ingresos”, sostiene.

Como ejemplo menciona el acceso al agua potable en Durán. Según Maffei, la falta de cobertura estatal ha permitido que grupos criminales controlen el negocio de distribución mediante tanqueros, cobrando pagos mensuales a numerosas familias.

“Cuando estas organizaciones buscan vincularse con la política o con funcionarios públicos es porque necesitan proteger sus operaciones. Eso termina debilitando la justicia y facilita la impunidad”.

La estrategia contra los líderes criminales y sus efectos

Diversos estudios internacionales desarrollados en México y en Colombia concluyen que la llamada estrategia de "decapitación", basada en capturar o eliminar líderes criminales, suele producir efectos contraproducentes en el corto plazo. 

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En lugar de desaparecer, las organizaciones se dividen y los nuevos cabecillas inician disputas por el control de territorios, rutas del narcotráfico, extorsiones y mercados ilegales. Ecuador reproduce ese mismo patrón.

Un oficial con conocimiento directo de la situación en Durán explica que la captura de varios líderes abrió una disputa permanente. “Se abrió prácticamente una plaza muy apetecida por su historia y por ser un importante punto de expendio de microtráfico, además de su cercanía al río Guayas. Después del primer fraccionamiento comenzaron enfrentamientos continuos entre las nuevas subfracciones”, explica.

Cuando estas organizaciones buscan vincularse con la política o con funcionarios públicos es porque necesitan proteger sus operaciones. Eso debilita la justicia.Michelle Maffei, experta en crimen organizado

Para la analista en seguridad pública María José Guerra, el fenómeno era previsible, ya que: “Cuando desaparece un líder, las estructuras criminales no desaparecen. Se dividen, se adaptan y generan más puntos de conflicto, porque cada subgrupo quiere controlar territorio, rutas y economías ilícitas”.

Las claves que debes saber

• Vecinos y estudiantes impulsan proyectos para reducir consumo de alcohol en La Mariscal.
• PUCE presentó juegos urbanos y campañas para mejorar convivencia en calles conflictivas de Quito.
• Buscan reducir basura y excesos con iniciativas comunitarias financiadas junto a moradores.

Desde mediados de semana, o incluso días antes, los chats de vecinos de las calles Veintimilla, José Tamayo y Jerónimo Carrión, en La Mariscal, comienzan a llenarse de mensajes de preocupación. Hay una escena que se repite con frecuencia en ese sector del norte de Quito: grupos de jóvenes ocupan las veredas y espacios públicos para consumir alcohol, ocurren peleas, queda basura dispersa y los moradores llaman a la Policía.

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Sin embargo, la intervención de las autoridades suele convertirse en un “juego del gato y el ratón”. Los jóvenes se retiran cuando llegan los uniformados, pero poco después regresan y la situación vuelve a repetirse.

Ante esa realidad, la Iniciativa Mariscal Sur, la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural y el Buró de La Mariscal, se han unido a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) para abordar el problema desde otra perspectiva. 

A través de un convenio, estudiantes desarrollaron proyectos enfocados en generar cambios de comportamiento y fortalecer la convivencia entre los vecinos y los universitarios.

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Dentro del proyecto, el punto de partida fue un recorrido por las calles Veintimilla, Jerónimo Carrión y José Tamayo, donde se identificó que el principal foco de conflicto es el consumo de alcohol en el espacio público. También concluyeron que existe una escasa oferta de actividades recreativas distintas a asistir a bares y discotecas.

“Nos preguntamos cómo reemplazar un hábito por otro y cómo ofrecer alternativas sin prohibir”, explicaron los estudiantes de Arquitectura de la PUCE en la presentación de los proyectos.

Juegos en pleno espacio público

A partir de ese diagnóstico nació una de las propuestas: recuperar el espacio público mediante juegos urbanos. En una primera etapa se plantea implementar actividades como rayuela, Twister y tres en raya, utilizando cintas de colores y tiza para delimitar temporalmente las áreas de juego.

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La intervención también contempla colocar adhesivos con mensajes como “Recordemos ser niños, no todo es alcohol”, además de códigos QR que expliquen cómo jugar y promuevan mensajes de convivencia.

El objetivo es incentivar la actividad física, generar momentos de encuentro y demostrar que el espacio público puede utilizarse de maneras distintas, respetando al mismo tiempo a quienes viven o trabajan en el barrio.

Una iniciativa contra la basura

Un segundo proyecto apunta a otro de los principales reclamos de los vecinos: la basura que queda sobre las aceras.

La propuesta consiste en pintar de forma simbólica circuitos y tachos sobre el espacio público para evidenciar visualmente la cantidad de residuos que se acumulan. 

La intención es que los propios jóvenes tomen conciencia del impacto que generan sus acciones y comprendan que La Mariscal no es únicamente una zona de entretenimiento, sino un barrio donde existen múltiples dinámicas cotidianas.

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'Huecas saludables' en La Mariscal

La tercera iniciativa se enfoca en la alimentación. Los universitarios detectaron que la oferta gastronómica del sector está dominada por la comida rápida, mientras que existen pocas opciones saludables y, además, son poco visibles.

Por ello plantean desarrollar una aplicación que clasifique los establecimientos según la calidad nutricional de sus productos y permita identificar fácilmente las “huecas saludables”. La premisa es que una mejor alimentación también puede contribuir a disminuir el consumo excesivo de alcohol entre los universitarios.

David Montesinos, de la Iniciativa Mariscal Sur, explica que el trabajo parte del reconocimiento de una problemática real, pero busca enfrentarla desde un enfoque de salud pública y convivencia.

“Somos conscientes de la ocupación del espacio público y del consumo de alcohol, pero queremos caminar hacia espacios de diálogo entre jóvenes y vecinos”, señaló.

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Las propuestas fueron presentadas a los moradores, entre quienes encontraron una recepción positiva. Aunque persiste la preocupación por los problemas de seguridad y convivencia, los vecinos destacaron la disposición de los estudiantes para asumir un rol más activo en la búsqueda de soluciones.

“Las universidades no se van a ir de aquí, forman parte del sector. Lo que corresponde es construir espacios de convivencia, respeto mutuo y ejercer el derecho a la ciudad tanto para quienes viven como para quienes estudian”, añadió Montesinos.

Residentes ofrecen apoyo

Para Andrés Groner, coordinador de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, uno de los aspectos más valiosos fue que los vecinos descubrieran que las propuestas nacen desde los propios estudiantes.

“Muchos moradores no sabían que existía este nivel de responsabilidad entre los jóvenes. Incluso algunos se comprometieron a colaborar económicamente, porque son proyectos de bajo costo”.

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Actualmente se buscan mecanismos de financiamiento junto con los vecinos para implementar las iniciativas cuando los estudiantes regresen a clases. 

La expectativa es que estos tres proyectos converjan en un mismo objetivo: demostrar que es posible construir una Mariscal donde el encuentro entre moradores y universitarios deje de estar marcado por el conflicto y comience a basarse en la convivencia.

Lo que debes saber

• Las elecciones del Guayaquil Tenis Club fueron suspendidas por orden judicial tras una acción de protección presentada por un grupo de socios.
• La decisión, inédita en los 116 años de historia de la institución, reprogramó la jornada electoral para el 16 de agosto.

Inédito. Por disposición judicial, las elecciones para elegir al directorio del periodo 2026-2030 del Guayaquil Tenis Club, previstas inicialmente para el domingo 28 de junio, fueron suspendidas. ¿Pero qué ocurrió?

En exclusiva para EXPRESO, el directorio del club explicó que la suspensión de las elecciones obedeció a una orden judicial emitida por una jueza de Samborondón, quien aceptó la medida cautelar y la acción de protección presentada por un grupo de socios que respalda la candidatura de Leonardo Bohrer, uno de los tres aspirantes a la presidencia.

“El antecedente de la acción de protección fue la decisión del Tribunal Electoral del Guayaquil Tenis Club (GTC), que, por mayoría de votos de sus miembros, no calificó la lista encabezada por Leonardo Bohrer por no cumplir las disposiciones del estatuto del GTC”, señala el directorio.

Según la directiva, este hecho no tiene antecedentes en la historia de la institución. “En 116 años de trayectoria nunca habíamos tenido una situación como la actual”, indica el pronunciamiento.

El directorio también precisó que la resolución judicial será acatada “bajo protesta”. Es decir, el Tribunal Electoral del GTC resolvió cumplir la orden de la jueza mientras continúa el proceso de apelación. “En tal virtud, se continuará con el proceso de apelación de la decisión judicial”, añade el documento.

En un video publicado en TikTok, Leonardo Bohrer explicó que decidió participar en el proceso electoral junto con un grupo de socios, convencido de hacerlo conforme a derecho. Señaló que el anterior Tribunal Electoral había permitido la participación de su lista y que incluso dio un paso al costado para facilitar la inscripción de otros integrantes, pero que esa posibilidad finalmente fue negada.

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Sostuvo, además, que un grupo de socios solicitó al directorio convocar a una asamblea extraordinaria. Citó el artículo 2 del estatuto del club, que establece que la institución se somete a la Constitución de la República y a la Ley del Deporte. En el audiovisual afirmó que dos ministros distintos avalaron su participación, que agotaron todas las instancias administrativas y que finalmente recurrieron a la justicia constitucional. “Hoy ya podemos hacerlo”, manifestó.

¿Qué ha dicho el Guayaquil Tenis Club?

El 27 de junio, la cuenta oficial de Instagram del Guayaquil Tenis Club difundió un video en el que su presidente, Héctor Solórzano, se dirigió a los socios. “Duele ver al Guayaquil Tenis Club atravesando momentos de tanta incertidumbre. Duele escuchar socios preocupados, confundidos o molestos. Duele ver cuestionada una institución que durante años ha sido motivo de orgullo”, expresó.

Acotó que “por ese respeto hoy quiero hablarles con claridad. Como muchos ya conocen, las elecciones han sido suspendidas de manera temporal como consecuencia de una acción de protección presentada por un grupo reducido de socios”.

Posteriormente, el 7 de julio la institución publicó un nuevo video en el que Solórzano insistió en la importancia de preservar la autonomía del club. “Lo que está en juego no es una elección. Está en juego la autonomía que ha sido la base de nuestra institución durante más de un siglo. Hago un llamado a la unidad de todos los socios para defender este principio, porque el futuro de nuestro club debe seguir defendiéndose aquí, en nuestra casa”.

¿Quiénes participan en el proceso del Tenis Club?

Las tres listas que participan en el proceso electoral son la Lista 1, con Fernando Camposano Castro como presidente y María Massuh Coello como vicepresidenta; la Lista 2, con Juan Trujillo como presidente y Lissa Macchiavello como vicepresidenta; y la Lista 3, con Leonardo Bohrer Pons como presidente y Roberto Calderón Macchiavello como vicepresidente.

Este Diario buscó la versión de los candidatos. Hasta el cierre de esta edición, únicamente Juan Trujillo respondió sobre su postura frente al proceso y las propuestas de su lista.

Trujillo calificó como “una tremenda equivocación” que un grupo reducido de socios haya acudido a la Función Judicial para resolver un asunto interno del club.

“Esto abre una peligrosa puerta para que, en el futuro, cualquier socio o incluso un tercero que no esté de acuerdo con una decisión administrativa pretenda hacer lo mismo. Una acción como esta interfiere en la autonomía e independencia del Guayaquil Tenis Club”, argumentó.

Respecto a su propuesta, explicó que contempla un plan de obras orientado a mejorar los servicios para los socios. “Como existen dos sedes, hemos planteado el nombramiento de un administrador exclusivo para la sede centro, la ejecución de varias obras físicas y, en el caso del anexo Samborondón, la construcción de un edificio de parqueaderos. Cuando hay eventos, el espacio colapsa y se vuelve un caos. Nuestra lista combina experiencia y juventud”, señaló.

¿Cuándo serán las elecciones?

A través de Instagram, el Guayaquil Tenis Club informó que las elecciones se realizarán el domingo 16 de agosto. La jornada de votación se desarrollará en el salón principal de la sede centro y en el edificio principal del anexo Samborondón.

Hasta el cierre de esta nota, los representantes de las listas 1 y 3 todavía no respondían a EXPRESO sobre su postura frente al proceso judicial, ni sobre las propuestas que plantean para dirigir esta institución centenaria.

Lo que debe saber

• El reloj corre para Noboa: el Gobierno tiene hasta el 15 de septiembre para convocar el referéndum o la consulta sobre el CPCCS quedará fuera de las elecciones seccionales.
• ¿Cambio de estrategia política? El silencio del Ejecutivo abre interrogantes sobre si aún existe voluntad de quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades de control.
• La demora en convocar el referéndum podría permitir que el actual CPCCS designe al próximo fiscal general antes de que una eventual reforma entre en vigencia.

En menos de dos meses vencerá el plazo que requiere el Consejo Nacional Electoral (CNE) para organizar el referéndum sobre la propuesta de retirar facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en el marco de las seccionales 2026. 

Hasta el momento, el presidente Daniel Noboa no ha emitido el decreto de convocatoria, y el silencio rodea el futuro de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

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Noboa propuso retirarle al CPCCS la atribución de designar autoridades de control. Cabe recordar que esa entidad tiene a su cargo los concursos y procesos para definir quiénes ocuparán cargos como el de fiscal general, vocales del CNE y contralor general. La propuesta es que esa facultad regrese a la Asamblea Nacional.

Los tiempos que maneja el CNE

Para que esa pregunta se incluya en las elecciones seccionales de noviembre existe un plazo límite. En entrevista con EXPRESO, el presidente del CNE, José Cabrera, dijo que el decreto debería llegar al organismo hasta el 15 de septiembre. 

Esa fecha resulta de los 15 días que tiene el CNE para realizar la convocatoria, una vez recibido el documento, y de los 60 días establecidos para organizar y ejecutar el proceso.

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Hasta ahora, el Ejecutivo ha mantenido este tema fuera del debate público. No se ha definido una fecha para la emisión del decreto ni se han registrado pronunciamientos sobre el avance de la propuesta.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento al Ministerio de Gobierno, como entidad encargada de la gestión política del Ejecutivo. Hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta a dicho pedido.

En la Asamblea Nacional, donde la mayoría legislativa está controlada por ADN, tampoco existen señales acerca del futuro de la iniciativa. Andrés Castillo, legislador del oficialismo, contestó: “Desconozco. De gana voy a mentir”.

¿Hay cálculos políticos?

Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cabe preguntarse si, en la coyuntura actual, al Gobierno le conviene impulsar la propuesta o si “le sale más barato” mantener la designación de autoridades en el Consejo de Participación. 

“Quizá ahí encontremos la razón por la cual, teniendo el dictamen de la Corte Constitucional desde abril (de 2026), no se ha plasmado en un decreto de convocatoria a referéndum”.

En cambio, para el exasambleísta Héctor Muñoz, existe un hecho que llama la atención en lo referente al futuro del CPCCS. Ese organismo decidió continuar con el proceso para designar al nuevo fiscal, pese a la polémica surgida del enfrentamiento entre el Pleno y la Comisión Ciudadana de Selección.

Cabe recordar que la propuesta de referéndum incluye una disposición para que, en caso de triunfar el Sí, todos los concursos en trámite para la designación de autoridades sean declarados desiertos, una vez que los resultados se publiquen en el Registro Oficial.

Muñoz explicó que el tema debe analizarse considerando todos esos elementos, ya que el concurso podría acelerarse para que el actual CPCCS designe a un nuevo fiscal general.

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Para ambos, los resultados adversos de la última consulta popular de 2025 también podrían influir en la demora. Alarcón recordó que en noviembre ADN también deberá enfrentar por primera vez unas elecciones de autoridades locales. 

Las claves que debes saber

• Museo Nacional: jurado con vínculos a grupo ligado a familia Noboa; fallo se conocerá el 18 de julio.
• Asamblea aprobó el 7 de julio ley que amplía facultades del Ejecutivo sobre proyectos de vivienda.
• Reforma genera debate por posibles conflictos de interés en desarrollos urbanísticos vinculados al entorno presidencial.

Pocas cosas deslegitiman tanto un acto de gobierno como la existencia de un conflicto de interés. Sobre todo cuando existe la posibilidad de que quien toma una decisión pueda beneficiarse, directa o indirectamente, de sus efectos.

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Es lo que ocurre con el proceso del concurso que el gobierno de Daniel Noboa organizó luego de echar abajo el que había impulsado el Viceministerio de Cultura, alegando que no representaba los gustos de la mayoría y justificándose en la agresiva ola de protestas que se produjo en las redes sociales. 

Y también con la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, aprobada casi en silencio por la Asamblea el pasado 7 de julio, que permite a la Presidencia de la República declarar Proyectos Estratégicos Nacionales de Construcción de Vivienda con efectos directos sobre la planificación territorial de los municipios.

Pero vayamos primero al concurso para el Museo Nacional, cuyo veredicto se hará público el sábado 18 de julio de 2026. Ahí existe un evidente conflicto de interés: la integración del nuevo jurado. 

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Este es el profesional que participará en el concurso

Los proyectos presentados luego del colapso del primer concurso serán juzgados, en un plazo insólitamente corto, por un tribunal de apenas tres personas, una de las cuales mantiene vínculos profesionales con empresas relacionadas con la familia presidencial: Christian Wiese.

Se trata de un arquitecto ecuatoriano de enorme prestigio que ha diseñado, al menos, tres edificaciones para un grupo vinculado históricamente a la familia del presidente Noboa: Massimus Guayaquil City Center, The Point y las torres del Swissôtel, también en Guayaquil.

Independientemente de sus capacidades profesionales, la trayectoria de Wiese está estrechamente ligada a ese grupo empresarial. Este hecho adquiere especial relevancia si se toma en cuenta que ni el Gobierno ni el grupo relacionado han desmentido hasta ahora las versiones según las cuales los terrenos ubicados detrás del futuro Museo Nacional formarían parte de un gran desarrollo inmobiliario en el que participaría ese grupo empresarial.

Los terrenos en donde se construirá el nuevo Museo Nacional de Ecuador están ubicados entre la av. Eloy Alfaro y República, en el sector La Carolina, norte de Quito.

Reforma se aprobó y aprovechó la polémica

Está el caso de la silenciosa aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, mientras toda la atención mediática estaba concentrada en la polémica por el proyecto ganador del Museo Nacional.

La reforma crea una figura inédita en la legislación ecuatoriana. Establece que el presidente de la República podrá declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. 

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Esa declaratoria produce efectos jurídicos concretos: obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a reconocerla dentro de su planificación territorial, fija plazos para la emisión de permisos, limita la posibilidad de imponer requisitos adicionales y concede beneficios tributarios a los proyectos que se desarrollen bajo esa modalidad. El Ejecutivo, en otras palabras, adquiere facultades que históricamente correspondían a los municipios.

¿Ley a la carta del presidente de turno?

El problema radica en que esas nuevas competencias coinciden con una circunstancia imposible de ignorar: la familia del presidente Daniel Noboa mantiene importantes intereses en el sector inmobiliario y en el desarrollo de proyectos urbanísticos.

La ley aprobada no establece ninguna obligación de inhibición, recusación o control independiente para el presidente de la República cuando deba declarar un Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Tampoco prevé mecanismos especiales de transparencia ni procedimientos que garanticen que esas decisiones se adopten completamente al margen de cualquier interés económico relacionado con el sector inmobiliario.

Ese vacío institucional debió haber preocupado incluso a quienes apoyaban la reforma, pero parece que nadie reparó en sus implicaciones. Incluso el correísmo cuestionó la pérdida de competencias de los municipios, pero no advirtió el problema de fondo. 

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No señaló, por ejemplo, que las leyes no deben redactarse pensando en el gobernante de turno, sino en cualquier futuro presidente. Si mañana quien ocupe Carondelet posee intereses directos o familiares en proyectos urbanísticos, la ley le entregará una herramienta extraordinariamente poderosa.

Esta reforma guarda relación con un hecho que, en apariencia, nada tiene que ver con el terreno donde se construirá el Museo Nacional, pero que eventualmente podría conectarse con él. 

El predio donde se levantará el museo y los terrenos ubicados en su parte posterior -donde, según versiones que no han sido desmentidas, se desarrollaría un proyecto inmobiliario en el que participaría el grupo relacionado a la familia presidencial- ya fueron declarados por el Municipio de Quito como una de las quince Unidades de Actuación Urbanística de la ciudad.

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En ese contexto, cabría la posibilidad de que el Gobierno, haciendo uso de las nuevas facultades que le concede la ley, declare esa zona como Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda. Si eso llegara a ocurrir, el desarrollo urbanístico adquiriría un régimen jurídico distinto, con una intervención mucho más limitada del Municipio de Quito y un papel mucho más decisivo del Ejecutivo. 

Esa posibilidad no demuestra que vaya a suceder, pero sí pone en evidencia por qué una ley de esta naturaleza debió incorporar salvaguardas mucho más estrictas frente a los conflictos de interés. Ese es, precisamente, el vacío institucional que la Asamblea dejó pasar.

Las claves que debes saber

• Carla Larrea busca la Alcaldía de Quito y propone recuperar movilidad, seguridad y gestión municipal.
• La candidata de CREO plantea integrar Metro y transporte antes de debatir un alza de pasajes.
• Larrea promete coordinar con el Gobierno para enfrentar inseguridad y atender zonas como Calderón.

Las organizaciones políticas perfilan una contienda con 13 precandidatos para la Alcaldía de Quito. En la lista figuran ocho hombres y cuatro mujeres, entre ellas Carla Larrea. Entre los aspirantes están el actual alcalde, Pabel Muñoz, que buscará la reelección; el exalcalde, Jorge Yunda, que intentará volver al Municipio. 

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Larrea sostiene que su propuesta se centra, más allá de ofrecimientos populistas, en recuperar el funcionamiento de la ciudad, fortalecer la movilidad, mejorar la seguridad y articular el trabajo entre el Municipio y el Gobierno Central.

-Usted fue candidata a la Vicepresidencia de la República y ahora busca la Alcaldía. ¿Qué la llevó a participar en estas elecciones?

A lo largo de mi vida he trabajado en el ámbito social, siempre muy vinculada al territorio. Eso me permitió comprender el impacto real de las políticas públicas. Después de conocer la realidad nacional decidí seguir preparándome para trabajar por mi hogar, que es el Distrito Metropolitano de Quito. Creo que los cambios deben comenzar desde la casa de uno y esta es mi casa.

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-Antes de aceptar la precandidatura, ¿realizó mediciones o encuestas para conocer sus posibilidades de alcanzar la Alcaldía?

Siempre trabajamos con mediciones porque, como se dice, “el dato mata al relato”. Existe una gran posibilidad de llegar a la Alcaldía. 

Hay un importante segmento de ciudadanos que todavía no decide por quién votar. No vengo a ofrecer obras imposibles de cumplir. Mi prioridad es que Quito vuelva a funcionar, que vuelva a brillar como la capital que es.

-¿Qué significaría convertirse en la primera alcaldesa de Quito?

Más allá del cargo, espero que mi camino sirva para que otras mujeres sepan que es posible llegar a espacios de toma de decisiones. Ha sido un proceso de mucha preparación técnica y personal, enfrentando violencia digital, territorial e incluso mediática.

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De Construye a CREO

-En las elecciones nacionales fue candidata por Construye y ahora representa a CREO. ¿Cómo se dio ese cambio?

Desde Construye ya existían conversaciones con CREO para conformar una alianza porque considero que la dispersión del voto afecta a la democracia. 

Cuando Construye fue eliminado del registro electoral, CREO me abrió las puertas para asumir esta candidatura. Encontré coincidencias en principios y valores, y desde el primer momento existió apertura para trabajar conjuntamente.

-Sobre su equipo de trabajo, ¿cómo está conformado?

Tengo un equipo de trabajo que se encarga de la parte técnica. Conformamos mesas técnicas en áreas como movilidad, desarrollo económico, seguridad y otros ejes que forman parte del plan de gobierno. 

Todo el trabajo está acompañado de presupuestos, cronogramas y planificación. En las listas de concejales y juntas parroquiales hemos priorizado dirigentes barriales, representantes de mercados y mujeres que ejercen liderazgo, no por cumplir cuotas, sino por sus capacidades.

Esta es la propuesta de Carla Larrea

-¿Cuáles serán los principales ejes de su campaña?

El primero es que Quito vuelva a funcionar. No vengo a ofrecer grandes obras, que no se van a poder cumplir. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y mejorar el sistema de movilidad, integrar el Metro con rutas alimentadoras y atender sectores históricamente desatendidos como Calderón. 

Hoy existe un municipio desarticulado. Es indispensable coordinar el trabajo entre el sector público, el privado, la ciudadanía y el Gobierno para enfrentar problemas como la inseguridad y la falta de empleo.

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-En medio del debate por el alza del pasaje, ¿qué acciones concretas plantea para mejorar la movilidad?

La ordenanza vigente permite establecer una autoridad única de transporte que integre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Pasajeros y el Metro. Esa será una prioridad para coordinar decisiones que hoy funcionan de manera aislada. 

Además, fortaleceremos el Sistema Integrado de Recaudo y el sistema de georreferenciación para supervisar el cumplimiento de rutas y frecuencias. Antes de hablar sobre un incremento o no de tarifas debemos corregir las distorsiones existentes y garantizar un servicio eficiente.

-¿Considera viable una municipalización del transporte?

Estamos analizando el modelo más adecuado. Lo importante es eliminar barreras de entrada para que existan más operadores capaces de ofrecer un buen servicio y responder a las necesidades de los ciudadanos.

-¿Cómo ve la relación actual entre el Municipio y el Gobierno Nacional?

Es evidente que se ha priorizado lo político sobre lo humano. Cuando una autoridad asume un cargo debe trabajar para toda la ciudadanía. 

Mi propuesta es tender puentes y fortalecer la articulación institucional con ministerios, Policía, Fuerzas Armadas y demás entidades. Si no existe apertura en un espacio, buscaré otros mecanismos de diálogo. Lo importante es gestionar.

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-La capital atraviesa una crisis de inseguridad, ¿qué más se puede hacer desde Municipio?

Un alcalde no puede justificar la falta de acciones diciendo que no tiene competencia. La seguridad también es responsabilidad de la autoridad local. Planteamos un decálogo de acciones, entre ellas fortalecer la seguridad situacional. 

También fortaleceremos la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Agentes, impulsaremos operativos conjuntos con Policía y Fuerzas Armadas y solicitaremos reformas legales para ampliar determinadas competencias municipales.

-¿Qué tipo de competencias considera necesarias?

Por ejemplo, en temas migratorios el Municipio no puede siquiera solicitar documentos de identificación. Creemos que deben revisarse ciertas atribuciones para fortalecer el control territorial. 

Además, impulsaremos el programa Educación Segura, que contempla controles para evitar el ingreso de armas y drogas a las instituciones educativas municipales, así como perímetros seguros alrededor de escuelas y universidades.

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-¿Cuál es su posición frente a las propuestas de cantonización de Tumbaco, Calderón y Los Chillos?

Comprendo el malestar de esos sectores porque existe una falta de atención evidente. Sin embargo, la cantonización no depende del Municipio sino del Gobierno Central. 

Mi responsabilidad será garantizar que todo el Distrito Metropolitano reciba atención por igual, desde Calderón hasta Tumbaco, Conocoto, Pifo y el resto de parroquias de Quito.

¿Quién es Carla Larrea?

En las elecciones presidenciales de 2025, la aspirante participó como binomio de Henry Cucalón por el movimiento Construye. El partido fue eliminado del padrón electoral del CNE. 

En las seccionales actuales es la precandidata de CREO. Es ingeniera comercial, comunicadora y relacionista pública. Ha trabajado en el sector público y privado en distintos ámbitos. También colabora en fundaciones.

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Lo que debes saber

• El exlegislador quiere devolverle al Partido Social Cristiano su bastión en Guayaquil. ¿Cómo lo hará? ¿Qué ofrece? 
• Conversó con EXPRESO sobre su plan que, en líneas gruesas, apela al orgullo y gestiones pasadas. 

El candidato del Partido Social Cristiano (PSC) a la Alcaldía de Guayaquil, Andrés Roche, aseguró que la ciudad atraviesa un deterioro en materia de obras, limpieza y seguridad, por lo que planteó retomar el modelo de gestión que, dijo, impulsaron las administraciones de Febres-Cordero y Nebot. En diálogo con EXPRESO, también cuestionó el manejo financiero del Municipio, defendió su gestión al frente de la ATM y criticó la politiquería.

¿Qué ofrece Andrés Roche que no hayan ofrecido las administraciones socialcristianas anteriores? ¿Qué propone de diferente?

Lo primero es preguntarnos cómo está hoy la ciudad. ¿Es la misma ciudad que hace ocho años entregó Jaime Nebot? Definitivamente no. Usted ve calles con huecos, una ciudad sucia, obra pública escasa, inexistente. Los proyectos que hoy se ejecutan son, en su mayoría, proyectos que dejamos nosotros. La regeneración urbana ya no existe y la que quedó no recibe mantenimiento. Esa es la ciudad que tenemos hoy. La pregunta es: ¿el guayaquileño tiene que resignarse a vivir con miedo? ¿Merece estos modelos fracasados de quienes no han hecho nada o de quienes, pudiendo hacerlo, lo hicieron mal? El guayaquileño quiere regresar a lo que le funcionaba. Luego de recuperar eso, entrar nuevamente en una dinámica de crecimiento sostenido, bienestar y progreso. Eso requiere una persona con firmeza y experiencia. En este momento, esas credenciales las tiene Andrés Roche.

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¿Pero cómo? En 2023 Guayaquil dijo que no quería más al PSC. ¿Cómo recuperar esa confianza?

Ese mensaje de la elección fallida de Cynthia Viteri es justamente lo que le estoy diciendo. Hubo un cambio de rumbo respecto al modelo de Jaime Nebot y también al de León Febres-Cordero. Por ejemplo, se dejó atrás el principio de destinar el 85% del presupuesto a obras y servicios y el 15% al gasto corriente. Cuando se produjo ese cambio, al ciudadano no le gustó. Entonces dijo: “Esto no me gusta y voy a probar con otro modelo de administración”. Llegó la administración correísta e hizo lo mismo: un modelo equivocado, que no apunta al ciudadano, sino a intereses políticos y a un manejo poco prudente de la priorización del gasto público. Ahí está el quiebre. Hoy el ciudadano quiere una propuesta segura para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil.

Muchos lo recuerdan por la ATM. Hoy la institución está envuelta en escándalos y cerca de 200 de sus 600 agentes han sido señalados por diferentes faltas. ¿Qué falló, Andrés?

La ATM la creé desde cero y, con todo respeto, ninguno de quienes me sucedieron ha hecho ni el 1% de lo que dejé.

En esta administración ya han pasado cuatro gerentes.

Es la misma tónica del Municipio de Guayaquil. Entregamos un sistema que comenzó a cambiar la transportación pública, cambiar buses destartalados o sobrepasados en su vida útil; sacamos esos buses y pasamos a nuevos; (pero) volvieron a reciclar chatarras... Me voy a quedar corto. Esto es como cuando en julio y octubre Nebot sacaba 300 y pico de obras que se iban a inaugurar en el año. ¿Dónde está eso ahora? Vaya vea la agenda municipal de julio, vea cómo se pegan como rémoras de actividades de otras entidades.

Hablando de la administración actual, usted ha cuestionado el gasto. ¿Cómo debería priorizarse?

Hay una gran mentira que se ha mantenido durante estos ocho años. Jaime Nebot tenía un presupuesto real de alrededor de 800 millones de dólares. Con esos recursos, mantenía la relación de 85% para obras y servicios y 15% para gasto corriente. En 2024 se habló de un presupuesto de 800 millones, pero el presupuesto ejecutado fue de aproximadamente 620 millones. En 2025 ocurre algo similar: el ejecutado ronda los 627 millones. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el resto? La influencia o la buena carta de crédito del Municipio de Guayaquil se ha perdido.

¿Cómo recuperarla?

Quien venga a ofrecer una larga lista de proyectos desde el primer día le estará vendiendo humo. Lo primero que hay que hacer es lo mismo que hizo León Febres-Cordero después del ‘bucaramato’: ordenar la casa. Sacar una serie de pipones, incluso algunos escondidos atrás en facturación, altos salarios que restan a lo esencial de servicios.

¿Eso existe actualmente en el Municipio?

Sí. Lo dijo el propio Jaime Nebot. Incluso en Segura EP hay alrededor de 2.000 policías metropolitanos. ¿Dónde están? ¿Los ve usted en las calles? ¿Se ha traducido eso en mayor seguridad para los barrios o para que el dueño de una tienda deje de ser víctima de extorsiones? ¿Dónde está el patrullaje? Además, el Municipio tiene alrededor de 500 camionetas. Parece un Municipio rodante.

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Si llega a la Alcaldía, ¿cómo sería la relación con el Gobierno? Hoy, por ejemplo, el Municipio mantiene conflictos con el Sercop.

La ciudadanía quiere que se deje de lado esta politiquería mezquina. Cuando el Sercop suspende todos los procesos de contratación de un Municipio, ¿a quién perjudica? Al guayaquileño. Voy más allá. Invito a juristas y constitucionalistas a debatir este tema. Si la Constitución establece que los organismos de control son independientes, ¿cómo es posible que el Gobierno Central controle la contratación pública de municipios y prefecturas? Eso no tiene lógica. Esa competencia debería estar en manos de organismos de control como la Contraloría o la Procuraduría. Guayaquil está gravemente enferma. Hoy hay tres escenarios: un médico con experiencia; alguien sin experiencia que nunca ha enfrentado una situación así; y quien ya tuvo la oportunidad y lo hizo mal. Ese es el escenario de Guayaquil. Cuando se habla de déficit fiscal, lo primero que hacen es frenar la obra pública. Por eso, cuando escucho al candidato de gobierno decir “vamos a aplicar el proyecto político del presidente en Guayaquil”, a mí me aterra. La ciudadanía tiene claro el tema y me resisto a creer que vayan a experimentar nuevamente. Se acabó el recreo de la inoperancia, recreo de la incompetencia. Tenemos que volver a un lugar seguro. 

Las claves que debes saber

• Las Cuevas del Huiracchuro abrió en Tumbaco con un restaurante subterráneo excavado por una familia.
• La familia Quinchimbla tardó 38 años en construir el espacio con técnicas artesanales del Ilaló.
• El proyecto impulsa turismo comunitario y gastronomía ancestral; recibió el Ilaló de Oro en 2025.

Durante 38 años, la familia Quinchimbla excavó a mano unas cuevas en las faldas del volcán Ilaló, en Tumbaco, hasta convertirlas en Las Cuevas del Huiracchuro, un restaurante subterráneo y proyecto de turismo comunitario. El espacio combina gastronomía ancestral, recorridos por senderos y leyendas del sector, y en 2025 recibió el reconocimiento Ilaló de Oro por su aporte a la conservación del patrimonio cultural, gastronómico y ambiental.

A simple vista parece una pequeña construcción de adobe en las faldas del volcán Ilaló, en Tumbaco. Pero al cruzar la puerta, el paisaje cambia por completo. Un pasillo excavado en la cangahua conduce a un restaurante subterráneo iluminado por claraboyas naturales, donde las paredes conservan el color de la tierra, y el aroma de la leña acompaña la preparación de los alimentos.

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En Las Cuevas del Huiracchuro no solo se sirve fritada, mote o dulce de sambo. La experiencia invita a recorrer un espacio construido completamente a mano, conocer plantas nativas del Ilaló, escuchar antiguas leyendas y degustar platos elaborados con productos cultivados por la propia familia Quinchimbla.

Aunque el restaurante abrió sus puertas hace pocos meses como un proyecto de turismo comunitario en el barrio Olalla, en Tumbaco, su historia comenzó hace 38 años. En 1988, María Mercedes Males y su esposo, Julio Quinchimbla, compraron un terreno “completamente vacío”, recuerda ella. 

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SARA OÑATE

Así comenzó el proyecto

Sin dinero para construir una bodega, decidieron abrir una pequeña cueva con pico y pala para guardar animales y herramientas. “Nunca pensamos que iba a terminar así. Mi esposo me decía: ‘Sigamos excavando porque está bonito’. Y poco a poco fuimos haciendo más espacios”, recuerda María Mercedes.

Lo que comenzó como una necesidad terminó convirtiéndose en un proyecto familiar. Durante casi dos décadas, la pareja y sus seis hijos aprovecharon los fines de semana para ampliar la cueva. Mientras Julio excavaba, el resto retiraba la tierra en baldes. Ese material se convirtió en jardines y terrazas donde hoy cultivan maíz, habas, acelga, cebolla, perejil y otras hortalizas que abastecen la cocina.

“Somos una familia de bajos recursos y nunca tuvimos dinero para hacer una gran inversión. Todo lo hicimos con nuestras manos”, resume la mujer.

Sin planos ni maquinaria pesada, levantaron una cocina, una despensa y un comedor subterráneo reforzado con pilares de cangahua y claraboyas que permiten el ingreso de luz natural. Con el tiempo, el lugar dejó de ser una simple excavación para convertirse en un espacio que conserva la vida campesina del Ilaló, con vasijas de barro, fondos de cobre y un horno de leña que aún siguen en uso.

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El sitio impresionó a los turistas

El salto al turismo llegó por casualidad. Julio Quinchimbla, constructor de viviendas ecológicas de adobe, bahareque y tapial, acostumbraba mostrar las cuevas a clientes extranjeros. 

Uno de ellos, un ciudadano español, quedó tan impresionado que decidió celebrar allí su matrimonio. La boda despertó el interés de los invitados y comenzaron a llegar nuevas reservas para almuerzos y reuniones.

¿Qué significa huiracchuro?

El nombre del emprendimiento también guarda una historia. Teresa Quinchimbla explica que el huiracchuro es un ave propia del Ilaló vinculada a una antigua leyenda que cuenta que robó un pedazo del día y de la noche. “Cuando uno entra a las cuevas, está en la oscuridad mientras afuera sigue siendo de día. Esa dualidad nos recordó al huiracchuro”.

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Otra tradición relata que durante la colonia, los españoles intentaron domesticar esta ave, pero el huiracchuro nunca perdió su espíritu libre. “Esa perseverancia también representa a nuestra familia y el esfuerzo por sacar adelante este proyecto”.

Teresa señala que el objetivo va más allá de ofrecer un restaurante. Todo el recorrido está pensado para promover el turismo ecológico y rescatar el patrimonio natural del Ilaló.

La tierra extraída durante la excavación dio origen a terrazas agrícolas y jardines donde crecen plantas medicinales como tilo, llantén y lengua de vaca. Además, los visitantes recorren senderos, conocen utensilios antiguos y escuchan las leyendas que su abuela transmitió de generación en generación.

Y si las cuevas cuentan la historia de la familia, la cocina termina de darle sentido al recorrido. Desde temprano, el fuego de la leña permanece encendido durante horas. Allí no existen procesos acelerados. Los granos se cocinan lentamente y las carnes reposan en adobos preparados con hierbas cultivadas a pocos metros del restaurante.

Al frente de la cocina está Carmen Quinchimbla, hija del matrimonio y chef del proyecto. Aunque estudió gastronomía, asegura que sus principales enseñanzas las recibió de su abuela Esther. “Mi objetivo fue rescatar esa gastronomía ancestral que poco a poco se ha ido perdiendo. Quería que la gente pruebe cómo se cocinaba antes”, menciona.

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SARA OÑATE

Menú con productos naturales

El menú cambia con cada temporada de cosecha, pero mantiene intacta la esencia de la cocina serrana y de los sabores que durante generaciones han acompañado a las familias del Ilaló. 

Mote elaborado con maíz cultivado por los Quinchimbla, habas, verduras de la huerta, fritada cocinada lentamente, caucara y dulces tradicionales integran una propuesta que privilegia los productos de la zona y fortalece a los agricultores locales.

“Queremos que todo tenga identidad. No tendría sentido hablar del Ilaló si cocináramos con productos traídos de otro lugar”, argumenta Carmen.

La experiencia gastronómica tiene un costo de 10 dólares por persona e incluye un menú de tres tiempos: entrada, plato fuerte, postre y una tradicional chicha de avena, preparada como acompañamiento de las recetas ancestrales que distinguen al restaurante.

Antes de sentarse a la mesa, los visitantes conocen la cocina, observan utensilios utilizados por generaciones pasadas y descubren cómo las plantas medicinales del sector eran parte de la vida cotidiana de la comunidad, cuando todavía no existían centros de salud cercanos.

La propuesta ha comenzado a atraer a viajeros que buscan experiencias alejadas del turismo convencional. En 2025 recibió el reconocimiento Ilaló de Oro, otorgado por la Dirección de Turismo de la Prefectura de Pichincha por su aporte a la conservación del patrimonio gastronómico y ambiental.

CPCCS intentará destrabar el concurso para fiscal general entre tensiones internas

• El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, busca reactivar un proceso paralizado hace más de un mes.
• Tensiones y cruces de palabras entre consejeros evidencian la crisis interna en la institución.
• Expertos debaten si la solución idónea es rehacer el concurso o priorizar el debido proceso.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, convocó al Pleno a una sesión extraordinaria de carácter urgente para este 16 de julio de 2026 a las 11:00 en Quito, con el objetivo de destrabar el concurso para fiscal general del Estado, el cual se encuentra paralizado desde hace más de un mes. La convocatoria se oficializó tras el fracaso de una reciente sesión ordinaria, donde los consejeros no lograron tratar la reanudación del proceso ni conocer el informe final de calificación de méritos, que no obtuvo aprobación en su primera discusión.

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Tensiones internas en el CPCCS por la parálisis del concurso

Horas antes de la convocatoria, el titular del CPCCS, Andrés Fantoni, expresó a este Diario su profunda inconformidad con el resto de los consejeros debido a la falta de tratamiento de este nudo crítico durante el tiempo en que se ausentó de sus funciones. El funcionario cuestionó con dureza la inacción del cuerpo colegiado: “¿O sea que si yo me muero, se muere el concurso de fiscal general?”.

Esta molestia se transformó en un tenso cruce de declaraciones en la sesión ordinaria previa a la reunión clave de este 16 de julio.

El fuerte cruce entre Andrés Fantoni y Piedad Cuarán

Durante el debate, la consejera Piedad Cuarán y el presidente Andrés Fantoni protagonizaron una discusión motivada por la pasividad del Pleno en las últimas semanas. El conflicto se estructuró bajo los siguientes puntos de confrontación:

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Los riesgos políticos de reiniciar el proceso de selección

Para Esteban Ron, constitucionalista y miembro de la Comisión Cívica de Seguimiento del Concurso, las pugnas internas del CPCCS deterioran la confianza y el prestigio del proceso de selección. Aunque la Misión de Observación Internacional (MOI) recomendó rehacer por completo el concurso, Ron considera que esta medida traería repercusiones políticas negativas:

“Rehacer el concurso en este momento y desde una perspectiva histórica vendría a ser catastrófico, porque se vería que hay una intención de que el fiscal Carlos Alarcón continúe”, señaló.

Adicionalmente, el experto recordó que existe la posibilidad latente de un referéndum orientado a retirar la atribución de designar autoridades al CPCCS. A criterio de Ron, esta consulta popular actúa como un "comodín" de los sectores políticos en caso de que los resultados de la designación del fiscal general del Estado no se alineen con los intereses de las fuerzas que influyen detrás de la institución.

El debido proceso como garantía de legitimidad

Por otro lado, Solimar Herrera, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), sostiene que la viabilidad del concurso debe resolverse bajo un análisis estrictamente técnico, sin descartar por completo la posibilidad de volver a foja cero si la situación lo amerita.

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Herrera enfatiza que para retomar la selección se deben blindar las garantías constitucionales: