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La asambleísta oficialista Inés Alarcón marcó la pauta. En sus redes sociales publicó un video en el que responde a la iniciativa de al menos ocho asambleístas de la Revolución Ciudadana que, durante las dos últimas semanas, acudieron a centros de salud y hospitales públicos en un operativo al que denominaron “fiscalizador”. 

Una estrategia clara desde el correísmo

Básicamente, la estrategia de los legisladores correístas consiste en llegar a hospitales y centros de salud, convenientemente acompañados por un equipo de comunicación que graba las visitas, recoge sus declaraciones y toma imágenes sobre la falta de medicamentos y las deficiencias del sistema. Los videos son subidos a las redes sociales, casi siempre acompañados de la etiqueta #SOSSalud, y todos tienen un elemento en común: sus protagonistas se quejan de que no se les permitió ingresar a los establecimientos de salud, lo que consideran un impedimento para ejercer labores de fiscalización.

Ricardo Patiño, por ejemplo, denunció la presencia de perros vagabundos en la entrada del Hospital Monte Sinaí y una supuesta falta absoluta de medicamentos. Incluso entrevistó a un paciente que aseguró que debe llevar hasta sus propias sábanas. 

Por su parte, el asambleísta del Azuay, Roque Ordóñez, afirmó que había realizado “una nueva fiscalización” y que había constatado que la situación de la salud se ha agravado. “En las últimas horas, dos pacientes fallecieron por la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos, como el tomógrafo, que permanece fuera de servicio”, dijo. Agregó, además, que el abastecimiento de medicinas cayó del 48 % al 40 %.

La reacción desde el oficialismo

Pero la respuesta de Alarcón no puede ser, en efecto, más torpe. Se trata de un video que, a todas luces, es propagandístico y está completamente alejado de la realidad. Alarcón comienza afirmando que la fiscalización no puede convertirse en un show político. 

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Y, en su afán por demostrar que a los correístas no se les permitió el ingreso porque no habían presentado la solicitud que ella considera necesaria para visitar los hospitales, aparece entregando un pedido formal para ingresar al hospital de Yaruquí, en el nororiente de Quito. “Tenemos que ser respetuosos, hay familias que sufren”, dice, como para marcar distancia con la conducta de sus colegas del correísmo, quienes intentan ingresar sin autorización.

En efecto, en todos los videos de los asambleístas correístas se los observa siendo impedidos de ingresar por la administración de los hospitales e, incluso, por la Policía. Pero lo más torpe del mensaje de Alarcón es su contenido, porque nadie podría creer las maravillas que ella pinta en su video. 

Se la ve solicitando información mediante formularios y permisos para luego afirmar que todo marcha de maravilla: las tareas de limpieza se cumplen perfectamente, las bodegas están repletas de medicamentos, nadie se queja de su escasez y los familiares de los pacientes hablan del excelente servicio médico que estos han recibido. Al final aparece diciendo que ha concluido el recorrido por el hospital de Yaruquí. “Por supuesto hay aspectos que hay que mejorar. Por eso he presentado un requerimiento de información, pero no para montar un show político sino para mejorar el servicio para ustedes”, afirma al cierre.

Lo que convierte la reacción de Alarcón en un recurso particularmente equivocado no es únicamente que el contenido del video no tenga conexión con la realidad, sino que parece estar concebido únicamente para deslegitimar el trabajo de sus colegas del correísmo. 

Es verdad que el correísmo lanzó esta campaña pensando en las próximas elecciones; también que se acuerda del drama de la salud únicamente cuando le resulta electoralmente conveniente y porque su intención es hacer oposición. Pero también es cierto que los legisladores tienen la obligación y la responsabilidad de fiscalizar la gestión del Ejecutivo.

Los asambleístas están en todo su derecho y, más aún, tienen la obligación de verificar que el Ejecutivo esté cumpliendo con sus responsabilidades. Y, como resulta evidente, en el sector de la salud no se han cumplido los ofrecimientos. Nadie puede negar que el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos y en el IESS es severo y persistente.

Existen cifras que reportan niveles de disponibilidad general de entre el 30 % y el 54 % en distintos momentos de 2025 y 2026. También se han registrado retrasos en compras anunciadas -incluidas las provenientes de la India-, deudas con personal externalizado, problemas de infraestructura y una limitada ejecución presupuestaria. Pacientes renales, oncológicos y trasplantados han protestado públicamente y denuncian consecuencias graves, entre ellas la interrupción de tratamientos. 

Esta situación no es un invento del correísmo, como parecería insinuar Alarcón. No hay duda de que el correísmo está recurriendo al tema de la salud para posicionarse de cara a las elecciones de noviembre y que la campaña iniciada por sus asambleístas no responde a un interés que haya demostrado durante el trabajo legislativo que despliegan en la Asamblea, donde este tema ha sido casi ignorado. Pero tampoco se puede negar, como lo ha hecho la asambleísta oficialista Inés Alarcón, que sus colegas del correísmo tienen el derecho y la responsabilidad de pedir cuentas al Ejecutivo.

Lo que debes saber

• Juan Trujillo, candidato de la Lista 2 a la presidencia del Guayaquil Tenis Club, cuestiona la judicialización del proceso electoral y plantea como principales propuestas la construcción de un edificio de parqueos, mejoras en el mantenimiento y servicios, y mayor seguridad para los socios.
• Las elecciones se realizarán el 16 de agosto. 

Juan Trujillo, candidato por la Lista 2 a la presidencia del Guayaquil Tenis Club, da su punto de vista en torno a la judicialización de las elecciones y sus propuestas. El aspirante cuestionó la intervención de la justicia en el proceso, defendió que la institución es una entidad recreativa privada y planteó un plan enfocado en mejorar la infraestructura, ampliar los espacios de parqueo y fortalecer los servicios para los socios.

¿Por qué toma la decisión de ser candidato para el Guayaquil Tenis Club?

Fue una invitación que me hizo un equipo de socios que estaba ya constituido y que pidieron, ante el retiro de la lista del abogado Héctor Solórzano, que sea yo quien forme esta nueva lista.

Héctor Solórzano, ¿el actual director?

El actual presidente.

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Con respecto al tema de la judicialización de las elecciones, ¿cuál es su postura?

Realmente es una barbaridad desde todo punto de vista, inclusive jurídico. Lo que ha dictado la jueza es una monstruosidad desde el punto de vista jurídico porque el Tenis Club es una institución recreativa privada constituida al amparo de la antigua Ley del Deporte. El club, mediante votación mayoritaria de 800 a 900 votos contra 20, resolvió acogerse a esta clasificación, que es (de) una institución (que se encuentra) fuera del sistema deportivo nacional. No es considerada una organización deportiva ni sus dirigentes forman parte del sistema.

¿Pese a que está inscrita?

A ver... La nueva Ley del Deporte ya no incluyó en la categoría a estas, pero no las eliminó. Hay un oficio del Ministerio del Deporte de abril de 2026 que se refiere al Tenis Club como una institución recreativa privada. Lo único que nos obliga en este momento la Ley del Deporte es comunicar los nombramientos de los nuevos directorios para que se registren en un libro especial de instituciones recreativas privadas fuera del sistema deportivo nacional.

¿No tiene injerencia?

Absolutamente.

Al inicio de la entrevista dijo que su candidatura la impulsó un grupo. Pero, por su parte, ¿qué misión tiene para los próximos cuatro años en caso de ser presidente?

Mire, soy socio por más de 50 años y para mí es una segunda casa. Es mi obligación y deseo poder devolverle al club con mi trabajo en mejorarlo y hacer obras que los socios necesitan.

¿Cuáles obras?

Mejorar el mantenimiento de algunos sectores, pero también una necesidad con el problema de parqueo en Samborondón.

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¿Cuál es su plan para ello?

La construcción de un edificio de parqueo, se estima en alrededor de 200 a 250 espacios.

¿Qué otros servicios de mantenimiento y obras también impulsa?

Otra actividad que ha crecido es la asistencia a los gimnasios. Tenemos un equipo integrado por personas con experiencia. El socio quiere atención y no solamente se refiere a bien servido un ceviche o un seco de gallina, sino que el gimnasio esté con los equipos e implementos necesarios, que tengan el parqueo, amabilidad de trabajadores, techadas las canchas, y un club con seguridad.

Un candidato (existen tres listas) hablaba de abandono en la sede centro. ¿Qué pasa en esa sede?

No. En el centro se hizo una renovación de los equipos de gimnasio hace muy poco.

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Que era bodega la sala de eventos, dijeron.

(Con) La vida y el tiempo ocurren ciertos efectos. Para eso ya hemos resuelto nombrar una especie de empleado colaborador que sea dedicado exclusivamente a ver estas cosas pequeñas que son del día a día. Entonces vamos a nombrar un colaborador.

¿Le preocupa que por esta situación se hayan suspendido, además, las olimpiadas?

Esa es otra de las cosas que producen una lástima y pena por los chicos, producida por esta acción bien irreflexiva, por llamarla elegantemente, hecha por 13 socios del club. Es que esto es como si su hija de 12 años le pide permiso para irse a una fiesta de unos amigos de 40, y le dice no; va donde la mamá, le dice no; entonces ella recurre al policía de la esquina a que le obligue a usted a darle permiso. ¿Qué tiene que ver la justicia en nuestra casa si tenemos una Constitución que es el estatuto del club?

¿Ha dividido a los socios?

El club es un club de amigos. Esto ha creado un malestar porque este minúsculo grupo ha puesto al club en esta situación. Nosotros somos un equipo, entonces hemos manejado nuestra línea de conducta de esa manera, pero lo que ha pasado se escapó de las manos de todos.

¿Qué les diría a los socios, que han tenido este tiempo para reflexionar?

Tienen la oportunidad. Conocen quién es Juan Trujillo, Lissa Macchiavello, quienes forman nuestra lista y les ofrecemos servicio, tranquilidad, un club de paz, reunirnos con los amigos, en familia y disfrutar de la paz y seguridad que nos brinda el club. 

Lo que debes saber

• La demanda de programas de ejercicio para adultos mayores ha crecido entre 30 % y 40 %, según estimaciones de uno de los centros especializados consultados en Guayaquil.
  
• El ejercicio para adultos mayores ya no está enfocado únicamente en rehabilitación: cada vez más personas buscan prevenir enfermedades, conservar masa muscular, equilibrio y autonomía.
  
• Los centros especializados combinan ejercicios físicos con evaluaciones clínicas y cognitivas, además de actividades de socialización que contribuyen al bienestar durante el envejecimiento.

A sus 82 años, los pasos de Magdalena Montigue ya no cuentan los años, sino las ganas de seguir avanzando. Cada movimiento que realiza en el gimnasio es parte de una rutina que le permite conservar la agilidad, fortalecer sus músculos y mantener activa la mente.

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Llegó a este espacio después de enfrentar una complicación relacionada con la diabetes. Pero allí encontró algo que iba mucho más allá del ejercicio: compañeros con quienes conversar, momentos para reír y un lugar donde sentirse acompañada.

Su historia recuerda que envejecer no necesariamente significa detenerse. También puede ser una etapa para descubrir nuevos retos, hacer amistades y cuidar el cuerpo y la mente.

En los gimnasios especializados para adultos mayores de Guayaquil se encuentran historias que tienen un denominador común: personas que decidieron que la edad no sería una excusa para abandonar el movimiento. Una de ellas es la de César Portés, cuya principal motivación tiene nombre propio: su familia. “Mis hijos y nietos son mi motivación”, cuenta a Diario EXPRESO.

Después de jubilarse, su hija Nary, campeona nacional de natación, lo animó a comenzar a ejercitarse. Incluso sus nietos son su inspiración, ellos desde temprana edad, también se han dedicado a la natación.

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La decisión de asistir a Taurus, en los grupos desde 65 años de edad, produjo cambios físicos importantes. César recuerda que antes pesaba 83 kilos y ahora pesa 70. Asegura que no tiene ninguna patología y que mantenerse activo también es una forma de prevención, especialmente porque tiene antecedentes familiares de diabetes.

El ejercicio gana espacio entre los adultos mayores

En Ecuador, la oferta de espacios especializados en actividad física para adultos mayores tomó mayor fuerza después de la pandemia de COVID-19 y, en los últimos años, esta tendencia se ha consolidado.

Diana Ramírez, fisioterapeuta y directora de Geronto, explica que durante los primeros años de este tipo de servicios, el ejercicio para adultos mayores estaba más relacionado con la rehabilitación.

Pero esa mirada ha cambiado. Ahora muchos adultos mayores llegan porque quieren prevenir enfermedades, mejorar su condición física, aumentar su masa muscular, caminar mejor o conservar el equilibrio.

Ramírez refiere que la demanda de estos programas ha aumentado entre un 30 % y 40 %, según estimaciones de este establecimiento. La especialista considera que esta práctica dejó de ser una moda para convertirse en un estilo de vida.

No es solo levantar pesas

En Geronto, por ejemplo, antes de iniciar un programa se realiza una valoración que incluye una historia clínica, un test físico y una evaluación cognitiva. Con esos resultados se determina qué tipo de ejercicio y qué carga son adecuados para cada persona.

Y es que la edad ya no es sinónimo de quedarse en casa.

Nathaly Baldeón, especialista de Fisioage, considera que durante mucho tiempo existió la idea de que, después de los 50 años y especialmente tras la jubilación, había que disminuir los esfuerzos y descansar. Pero la evidencia y la experiencia cotidiana muestran otra realidad.

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Envejecer con mayor autonomía

Hoy hay personas de 80 y hasta más de 90 años que continúan haciendo ejercicios de fuerza, manejando sus vehículos, disfrutando a sus nietos, emprendiendo negocios, tomando un café con amigos o realizando actividades que les producen satisfacción.

El adulto mayor de hoy no necesariamente es el mismo de hace 10 o 15 años. La mayor esperanza de vida, los avances de la medicina y una mayor cultura de prevención han contribuido a ese cambio. Pero también existe una transformación en la manera de entender el envejecimiento.

FisioAge trabaja con programas dirigidos a personas desde los 50 años. Su propuesta incluye actividades preventivas para quienes buscan mantenerse activos y programas de vitalidad para personas de 75 años en adelante, en los que se combinan ejercicios físicos, actividades cognitivas, bailoterapia y socialización.

Baldeón resume el propósito de este tipo de espacios en una idea: combatir el reposo con movimiento.

El ejercicio, dice, no solo fortalece el cuerpo. También puede fortalecer la autoestima, generar confianza y devolverle a una persona la sensación de que todavía tiene metas por alcanzar.

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Quizás por eso la historia de Magdalena resulta tan poderosa. A los 82 años, no parece estar contando cuánto tiempo ha vivido.

Está ocupándose de cómo quiere vivir el tiempo que tiene por delante. Y cada paso que da en el gimnasio es una pequeña declaración de independencia: todavía hay vida, todavía hay fuerza y todavía hay motivos para levantarse.

Esto significa que alrededor de $6,5 millones dejarían de circular durante este asueto. La proyección parte de los $65 millones que el sector turístico esperaba movilizar a lo largo de este puente vacacional.

“El impacto no será tan fuerte, porque los feriados representan una válvula de escape de la rutina para las familias”, señala a EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de Fenacaptur.

El dirigente gremial sostiene que el incremento de las tarifas difícilmente alterará los planes de viaje de este fin de semana, ya que entró en vigor cuando muchas familias ya habían organizado sus desplazamientos. “En ciudades como Cuenca y Baños, las reservas ya están a tope. Si vamos a ver un impacto significativo será en el próximo feriado”, afirma.

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Un alza de 25 %

El incremento del 25 % en las tarifas fue autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) como una medida técnica, tras los pedidos de los transportistas, que argumentaron un aumento de sus costos operativos, especialmente por el encarecimiento del diésel, luego del fin de las compensaciones estatales.

Pese a ello, el economista y presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda, considera que el efecto sobre este feriado será limitado. “La gente no dejará de aprovechar el asueto. Si hay incrementos adicionales, las personas se van a ajustar”, coincide.

Como en cada feriado, el Gobierno de Daniel Noboa impulsa la reducción del IVA del 15 al 8 % para los servicios turísticos y la extensión del descanso a un puente de tres días como sus principales herramientas para dinamizar el turismo interno.

Esta estrategia, explica Muñetón, ha coincidido con un crecimiento del turismo interno, que en algunos feriados ha movilizado hasta 1,2 millones de personas. “Antes el movimiento normal era de 500.000 personas, pero cada vez los feriados están tomando más auge”, señala.

Yumibanda, en cambio, no cree que ese dinamismo responda a un plan articulado desde el Estado, sino más bien al interés de las familias por aprovechar los días de descanso. A su juicio, el beneficio tributario no suele traducirse en precios más bajos para el consumidor, sino en un mayor margen para algunos operadores turísticos. “Esto no genera demanda en el turismo, porque en realidad no hay variación; es más, en las aerolíneas, por ejemplo, durante los feriados se disparan los precios”, sostiene.

Las reservas se atrasan en Santa Elena

Pero el alza del pasaje ha reducido el margen de gasto de miles de familias, que ahora destinarán más dinero al transporte diario y menos al ocio. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo Provincial de Santa Elena, señala que hasta el miércoles las reservas hoteleras en las playas apenas alcanzaban el 30 %, cuando para esta fecha suelen superar el 60 %. “Mucha gente preferirá visitar destinos cercanos antes que viajar hasta la playa”, advierte.

Tras la eliminación del subsidio en septiembre de 2025 y el fin de las compensaciones a los transportistas en junio de este 2026, el precio del combustible pasó de $1,80 a $3,20 por galón en menos de un año.

“Eso lo termina pagando el usuario, pero el Estado debe priorizar el uso de sus recursos. Es preferible destinarlos a salud y educación antes que mantener subsidios al transporte”, señala el economista Alberto Acosta, editor de la revista Análisis Semanal.

Para él, más allá de incentivos como la reducción del IVA o los puentes vacacionales, el impulso del turismo depende de que las familias tengan mayores ingresos, “lo que requiere más empleo, inversión productiva y seguridad jurídica para atraer capitales”.

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Falta más oferta hotelera y de actividades 

Muñetón añade que ciudades como Guayaquil y Quito deben ampliar su oferta turística en feriados con actividades culturales, deportivas y gastronómicas, como ya ocurre en Cuenca. “Eso debe empezar desde los municipios”, sostiene.

Yumibanda considera que, para impulsar el turismo local e incluso atraer visitantes extranjeros, el Gobierno debe enfocarse más en seguridad, infraestructura y una mejor oferta hotelera. Sin esos cambios, advierte, el sector seguirá sin superar el 2 % del PIB, pese a su potencial para alcanzar el 5 %.

El feriado del año pasado dejó un gasto turístico de $56 millones durante sus tres días. Para este 10 de agosto, el sector espera alcanzar los $65 millones, aunque esta vez la meta llega con una presión adicional directa: el encarecimiento de los viajes.

Lo que debes saber

• Juan Carlos Aveiga asumió como ministro de Salud Pública con el reto de resolver el desabastecimiento y luchar contra las mafias.
• El Ministerio del Interior mantendrá un trabajo coordinado para "hacer limpieza" de bandas en hospitales.
• Expertos señalan que evaluar el personal y estabilizar gerencias son claves para frenar irregularidades.

El octavo ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Aveiga, asumió el cargo en Quito con la promesa de resolver el desabastecimiento de medicamentos y erradicar las mafias del sistema sanitario estatal. La gestión del nuevo titular del Ministerio de Salud Pública se da en coordinación con el Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, para ejecutar intervenciones en las casas de salud. Sin embargo, analistas y gremios advierten que la remoción apresurada de funcionarios sin un modelo de gestión integral resulta insuficiente para erradicar la corrupción.

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Retos del Ministerio de Salud Pública y el abastecimiento de medicinas

El titular de la cartera de Estado, Juan Carlos Aveiga, llegó a la institución con las mismas propuestas de sus siete antecesores en la administración del presidente Daniel Noboa: combatir a las estructuras criminales e incrementar el estipendio de fármacos en los establecimientos de red pública.

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Respecto al abastecimiento, la adquisición de medicinas aguarda los resultados de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EO) y la rapidez con la que se gestione la compra de fármacos a la India, cuyo primer lote se prevé que llegue este año.

Intervención contra las mafias en hospitales públicos de Ecuador

La lucha contra la corrupción y los grupos delictivos en el sistema sanitario cuenta con la participación del ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario declaró públicamente que mantendrá un trabajo articulado con Juan Carlos Aveiga para "hacer limpieza" de las bandas criminales asentadas en los centros hospitalarios del país.

No obstante, especialistas consultados por este medio sostienen que la remoción de personal es solo una parte del trabajo integral que debe ejecutar el Gobierno Nacional para erradicar las mafias en la red hospitalaria.

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Propuestas de expertos para reestructurar el sistema sanitario

Especialistas en el área sanitaria coinciden en que se deben aplicar reformas profundas para evitar retrasos administrativos e irregularidades:

Hacia un modelo de salud preventivo y control en la contratación pública

Para el exministro Francisco Andino, la intervención debe ir acompañada de un modelo de salud eficiente. El especialista destacó que el debate no solo debe centrarse en la compra de medicinas, sino en la vigilancia epidemiológica y en cambiar la lógica asistencial hacia una visión preventiva.

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Asimismo, remarcó la necesidad de dar estabilidad a las gerencias de salud para que los cambios políticos en el Ministerio de Salud Pública no paralicen el funcionamiento del sistema.

Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana expuso que la contratación pública requiere acciones inmediatas para frenar la corrupción:

Lo que debes saber

• Ecuador retomó la compra de electricidad a Colombia después de más de seis meses para preservar el embalse de Mazar, clave para la generación hidroeléctrica del país.
  
• Las importaciones representaron un costo estimado de $2,2 millones en el primer día y cubrieron entre el 6,04 % y el 8,35 % de la demanda nacional de electricidad.
  
• Especialistas advierten que, aunque la energía importada ayuda a conservar las reservas de Mazar, no resuelve el déficit de generación de alrededor de 1.300 MW que enfrenta Ecuador.

Tras más de seis meses sin importar electricidad desde Colombia, Ecuador volvió a recurrir a estas compras desde el 5 de agosto de 2026 para preservar el nivel del embalse Mazar, que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute-Integral, que -si cuenta con reservas de agua- puede generar hasta el 40 % de la electricidad que demanda el país.

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Durante el primer día en que se reanudaron estas importaciones, a dos días del cambio de mando en Colombia, Ecuador compró 6.538 megavatios hora (MWh) de electricidad al país vecino, que equivale a una potencia promedio de 272,4 megavatios (MW). Aunque la infraestructura permite intercambios de hasta 450 megavatios (MW).

Mientras tanto, ayer, hasta las 14:00, la potencia media importada aumentó a 385,2 MW con una energía acumulada de 5.393 MWh, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Pero, ¿qué costo tienen estas compras para Ecuador?

¿Cuánto cuesta importar electricidad desde Colombia?

Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador, estima que las compras realizadas durante el primer día de importación representaron para el país un costo cercano a $2,2 millones, con base en la tarifa promedio de 33 centavos por kilovatio hora (kWh) informada por el Ministerio de Ambiente y Energía. 

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Esa cartera de Estado señaló inicialmente que ese precio era 67 % inferior a una tarifa de hasta 99 centavos por kWh -de la que no existe registro en informes del Cenace-. Sin embargo, luego eliminó el comunicado.

El Cenace reporta en sus informes de 2024 y 2025, que la tarifa promedio más alta que ha cancelado Ecuador por kWh fue 39,10 centavos en octubre de 2024, cuando hubo apagones de hasta 14 horas al día. Luego este monto fue en descenso.

Por ello, Salinas subraya que la tarifa de 33 centavos referida por el Gobierno fue más bien relativamente “cara”, porque es generada en plantas térmicas (usando combustibles).

Mazar gana tiempo con las importaciones

A pesar del costo, el aporte de la energía colombiana importada permitió cubrir entre el 6,04 % y 8,35 % de la demanda nacional de electricidad de Ecuador de los dos últimos días (miércoles y jueves).

A su vez, este suministro importado permitió reducir, en parte la generación hidroeléctrica al 68 % o 70 %, cuando en días anteriores superaba el 75 %, según reportes del Cenace.

Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, detalla que esta práctica (importación de energía de Colombia) permitirá preservar el embalse de Mazar hasta que llegue el estiaje, que va de septiembre a marzo de cada año.

Hasta las 16:00 de ayer, por ejemplo, la cota de Mazar estaba a 2.152,3 metros sobre el nivel del mar (msnm). Es decir, a menos de un metro de su punto máximo (2.153 msnm), detallaba la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

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El déficit eléctrico sigue pendiente

Acuña, sin embargo, precisa que la compra de energía de Colombia no representa la solución para garantizar el suministro de energía en Ecuador, en el caso de un estiaje severo o ante la posible llegada de El Niño. Esto ocurre porque Ecuador cuenta con déficit de alrededor de 1.300 MW, que no ha sido cubierto hasta ahora con soluciones nuevas.

Para cerrar esta brecha, la Celec anunció en abril de 2026 la incorporación de 920 MW en este año de nueva generación termoeléctrica, mediante el arrendamiento de unidades de rápida instalación (525 MW) y la compra de nueva infraestructura (395 MW).

Sin embargo, este 6 de agosto de 2026 Javier Medina, viceministro de Electricidad, señaló en la plataforma Altavoz que “solo 50 MW se incorporarían en este año”. El resto ingresaría a inicios de 2027.

Lo que debes saber

• El experto señala que la democracia requiere controles y límites para evitar abusos de poder.
• Además, de que la academia y las organizaciones sociales tienen un rol clave en el debate público.
• El voto informado sería una herramienta para definir el rumbo del país.

Fernando Muñoz-Miño advierte que el deterioro democrático no responde únicamente a las decisiones de los gobiernos, sino también a una ciudadanía que ha cedido espacios de participación en medio del miedo y la inseguridad. En esta entrevista analiza los riesgos de la concentración del poder, el papel de la sociedad y las acciones que considera necesarias para preservar la democracia en Ecuador.

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- ¿Qué factores explican que, décadas después del retorno a la democracia, hoy Ecuador atraviese un proceso de deterioro democrático o de concentración del poder?

- Hay que considerar que la democracia no es un proceso al que se llega y se mantiene inalterado. La salud de la democracia depende de los gobiernos que la administran, pero principalmente de la sociedad. Entonces, tener por sentada la democracia implica, muchas veces, descuidar el hecho de que es algo que se tiene que alimentar y fortalecer. No solo es la pérdida del Estado de Derecho, del respeto a la Constitución, al debido proceso, los partidos, los movimientos sociales, la academia; también es que los ciudadanos de a pie hemos perdido ese lugar que nos corresponde y la responsabilidad de cuidar la democracia a pesar de la crisis económica, del contexto actual y de la acentuación, principalmente, del escenario de crimen organizado, lo que ha conducido a ceder los derechos fundamentales.

- ¿Por la inseguridad?

- Sí. Por lo menos en los últimos cuatro años se ha creado un escenario en el que el miedo condiciona a ceder ciertas cosas, por ejemplo aceptar los excesos de la fuerza pública y que caigan justos por pecadores, con tal de que se pueda frenar esto. Eso empieza a construir un nuevo sentido común, muy peligroso, porque los derechos humanos dejan de tener un lugar prioritario. El miedo mueve a los grupos humanos a adoptar posiciones más individualistas.

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- En muchos casos, los líderes con tendencias autoritarias llegan al poder mediante elecciones. ¿Hasta qué punto el voto representa un aval para la posterior concentración de poder?

- Muchas veces se justifica la acción de cualquier gobierno bajo el criterio de que fue elegido en urnas. Pero no es una carta blanca para que pueda actuar indiscriminadamente y sin ningún tipo de límites. La autoridad presidencial no es la autoridad máxima, es solo el representante de uno de los cinco poderes del Estado.

- ¿Cree que la sociedad ecuatoriana debería hacer una autocrítica sobre el tipo de liderazgo que ha respaldado en las urnas durante los últimos años?

- El mandante tiene que ser responsable con respecto a sus votaciones, al voto informado y saber que tiene una responsabilidad al decidir sobre el presente y el futuro del país. Siempre es necesaria una autocrítica, pero es difícil hacerla en el contexto en el que las organizaciones y las personas están en ‘modo sobrevivir’, como primera prioridad.

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- Frente a ello, ¿qué factores son claves para que la ciudadanía mantenga una actitud crítica y no normalice la concentración de poder, ni la pérdida de sus derechos y libertades?

- No basta, por ejemplo, con que sean contadas voces las que denuncien esto, sino que sean amplios conjuntos de personas con credibilidad; que las organizaciones civiles pongan esto por delante de la agenda pública. Hay que hacer diagnósticos claros, porque no basta con decir que el Gobierno es una dictadura. Necesitamos tener datos fuertes para que nuestras posiciones sean respaldadas y que ganen la credibilidad en el espacio de la opinión pública.

- ¿Qué papel debería asumir la academia?

- La academia tiene una responsabilidad sensible porque en lugar de trabajar únicamente hacia adentro, produciendo investigación y formando estudiantes, también tiene una función social hacia afuera. La universidad no puede entenderse de espaldas a la sociedad. Tiene una responsabilidad de responder a esto abriendo espacios de debate, poniendo a discutir a los diferentes actores, a diagnosticar lo que está pasando y determinar qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para conservar la democracia.

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- ¿Qué le diría hoy a un ciudadano que siente que ya no tiene capacidad de incidir en el rumbo del país?

- El ciudadano tiene la capacidad de incidir. La más inmediata es con el voto. Que el voto no sea por el menos malo, sino que sea un voto que entienda el contexto en el que se está viviendo. También de la participación activa, que no es simplemente ir a la urna y votar, sino involucrarse en la discusión pública, ver los medios de comunicación, discutir con la familia y, sobre todo, organizarse entendiendo que la organización es el mejor escudo y la mejor herramienta que se tiene para poder incidir e influir en el presente y el futuro del país.

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¿Por qué quiere ser alcaldesa de Guayaquil?

Porque creo que conozco precisamente cómo reactivarla económicamente. A eso me dedico: reactivación económica en las personas de escasos recursos. Porque creo que puedo gobernar con todos, porque a mí no me gusta dividir, porque a mí me gusta unir para hacer un gran trabajo entre todos.

¿Qué logros ha obtenido para poder ser considerada alcaldesa por el votante?

Yo tengo 30 años en territorio y, desde ahí, cuando he hecho trabajo público, sé lo que hay que hacer. A través de los años no me he quedado sentada solamente haciendo una cosa, sino que siempre he estado en capacitación constante para poder servir mejor, aunque sea desde la ciudadanía.

¿Qué dicen sus encuestas?

Empiezo como una ‘outsider’, para decirlo correctamente. Yo creo que voy a ser la persona que va a crear la diferencia. Definitivamente soy la ‘outsider’. Creo que la gente está cansada de la política y de confiar en los mismos rostros que ven día a día.

Los problemas actuales podemos analizarlos, pero yo tengo las soluciones. Creo que la gente está cansada de la política y de confiar en los mismos rostros que ven día a día.

¿Cómo ve a Guayaquil? ¿Cuál es su criterio actualmente de la ciudad?

Desahuciada. Guayaquil está en emergencia. Guayaquil necesita ser levantada urgentemente y volver a ser la Perla que siempre fue. Creo que, más allá de los modelos que todo el mundo sabe que en algún momento sirvieron, (porque) yo no voy a criticar la gestión de nadie, creo que en algún momento sirvieron para esa época, pero estamos en otra época.

Guayaquil ya tiene que ser una ciudad a la que venga nuevamente el turismo, que tenga un transporte espectacular para que precisamente el transporte también sea parte del atractivo turístico.

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¿Cuáles son las tres cosas que más le preocupan de Guayaquil?

Yo creo que los tres ejes principales son precisamente la seguridad, el tránsito y la legalización. Tenemos un plan también con cámaras inteligentes en los semáforos de Guayaquil, que nos van a ayudar muchas veces también para controlar el tráfico y poder hacer primero una educación vial.

La basura va a ser electricidad y esa electricidad va a dar precisamente la energía para el nuevo transporte público que va a tener Guayaquil.

Tenemos que legalizar. Y con la palabra legalizar no solamente estamos hablando de los barrios, sino desde afuera de Guayaquil hacia adentro. Tú te vas a barrios más céntricos y todavía encontramos casas sin legalizar. Entonces tenemos que ordenar, legalizar y dar dignidad a las personas.

¿Qué piensa de Aquiles Álvarez, su gestión y lo que le pasa ahora?

Mira, yo creo que los dos primeros años él no sabía mucho qué hacer. Cuando empezó a hacerlo, ya tuvo sus problemas con la justicia. Si sus problemas con la justicia son porque hizo algo indebido, pues la justicia tiene que encargarse.

Lo que sí yo, que soy constitucionalista por derechos humanos, creo que cualquier preso merece una Biblia, cualquier preso necesita las visitas de sus familiares.

¿Qué tal Tatiana Coronel en el cargo?

No, eso es una desgracia. Mi palabra es que la Alcaldía de Guayaquil está hecha una desgracia. He visto algunas jardineras que las han arreglado, pero eso no es Guayaquil. Eso no es porque ya todo el mundo empezó a decir que la 9 de Octubre olía a orine, que los habitantes de calle están abandonados y están ahí durmiendo.

Con todo lo que le ha pasado a Aquiles Álvarez, ¿no le da miedo ser alcaldesa de Guayaquil?

Susana Santistevan no tiene rabo de paja. Mis hijos me dicen: “Mamá, no te pelees con Daniel”. Y yo les digo: “¿Por qué me voy a pelear con él, si lo que yo quiero es proponer un cambio por la ciudad?”. ¿Acaso el presidente no dijo que quiere lo mejor y que todos los alcaldes sean los más honestos? Pues aquí tiene una persona lo más honesta posible. ¿Qué más quiere?

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¿Y qué piensa de todo lo que está pasando con algunos partidos que no podrán participar?

Cuando tú tienes una problemática, tienes que revisar todos los puntos uno por uno y repasarlos una y otra vez, porque si te quieren poner alguna trampa para que no participes, tienes que estar atento a eso. Mucha gente me dice: “Tú no reclamas en redes sociales”. Si tú caes en el juego, no subsistes. Y es lo que se está tratando de hacer. Yo no soy de las que pelean por pelear. Yo peleo para poder llegar, porque quiero hacer cosas por la gente. Y si no lo están haciendo ni el Gobierno seccional ni el Gobierno central, quiero hacerlo yo. Quiero demostrar a todos realmente que sí se puede gobernar.

Lo que debes saber

• Los fiscales Carlos Alarcón y Ruth Amoroso emprendieron una gira mediática para defender la teoría de la Fiscalía sobre el caso Triple A.
  
  
• Los fiscales expusieran su versión del caso en medios afines al gobierno sin enfrentar ni una pregunta sobre los puntos débiles de la acusación

“Se quiere mediatizar”, protestó el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, a propósito de las intenciones que él atribuye a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De Ecuador TV (canal del gobierno) a Teleamazonas (canal bajo amenaza directa del presidente de la República), pasando por el portal La Posta (medio de Alvarado Campi manejado por gente del Grupo Noboa), una gira mediática en toda regla se mandó el fiscal esta semana con el fin de denunciar los intentos de mediatización del caso Triple A. Contradictorio pero cierto. Mientras tanto, Ruth Amoroso, la fiscal del caso, emprendía su propio y simultáneo recorrido por los medios oficiosos del noboísmo, de los cheerleaders de Radio Centro a los cheerleaders de diario El Universo (medios literalmente vendidos), con el objeto de dejar sentadas sus teorías judiciales ahí donde nadie las pusiera en cuestión con preguntas incómodas. Y remataba: “Los casos se ganan en la audiencia”.

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No parecen muy consecuentes con sus propias palabras los fiscales. Al contrario: su agenda de medios de la semana que termina tuvo el evidente objetivo de ganar ante la opinión pública (a través de los medios) el caso que pareció derrumbárseles ante los jueces el domingo pasado, día de alegatos de clausura de las partes en la audiencia de juicio del caso Triple A. Las giras mediáticas de Ruth Amoroso y Carlos Alarcón parecieron arregladas para que ambos fiscales pudieran exponer sus teorías del caso como si se tratara de hechos incontrovertibles sin que nadie les cuestionara nada. Es decir: como si los argumentos de la defensa no existieran. Por ejemplo:

La denunciante que nunca apareció

1. Todos los entrevistadores les preguntaron sobre la ausencia en el juicio de Nicole Bermúdez, la exfuncionaria de la Agencia de Control Hidrocarburífero que presentó la denuncia inicial contra Aquiles Álvarez (la denuncia sobre la que se construyó todo el caso) pero desapareció del mapa y no compareció a declarar en el juicio. La respuesta de los fiscales fue idéntica: el testimonio de Bermúdez era irrelevante. Ni los periodistas de Ecuador TV o El Universo, ni los cheerleaders de La Posta o Radio Centro les recordaron que Bermúdez declaró, en la ampliación de su testimonio ante la propia Fiscalía, haber sido presionada por el coordinador jurídico del Ministerio de Energía, José Manuel de Oliveira; y que éste, a su vez, le dijo que actuaba por orden del entonces secretario de Integridad José Julio Neira, brazo derecho del presidente de la República. Más aún: Bermúdez había declarado que no sabía de dónde Neira y Oliveira sacaban las cifras de comercialización de combustibles que endilgaban a Aquiles Álvarez en la denuncia. Facilísimo para Carlos Alarcón y Ruth Amoroso posicionar su teoría del caso en la opinión pública si nadie les pregunta sobre este espinoso asunto, que podría convertir Triple A en un caso de conspiración política contra Aquiles Álvarez.

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Los peritajes que la Fiscalía omitió

2. Ambos fiscales se explayaron sobre el aporte de los peritos, cuyo criterio técnico, dijo Carlos Alarcón, es una demostración de que aquí no hay persecución política alguna. Nadie les preguntó sobre aquellos peritajes ordenados por la propia Fiscalía que contradicen su teoría del caso y que Ruth Amoroso prefirió ignorar, como si no existieran, en una demostración vergonzosa de deslealtad procesal.

El caso del Aveo y la resolución del SRI

3. Contaron por enésima vez la historia del Aveo que cargó una cantidad gasolina muy superior a sus capacidades, a sabiendas de que sus entrevistadores no estaban al tanto (porque no habían seguido ni remotamente el desarrollo de la audiencia de juicio) de la resolución del SRI que permitía a las estaciones de servicio proveer de gasolina a una empresa a través de una sola placa de uno de sus vehículos.

El interrogatorio que del que huyó la Fiscalía

4. Tampoco se molestó nadie en preguntar a los fiscales, especialmente a Ruth Amoroso, que es quien llevó el caso en tribunales, por qué eligió no interrogar al acusado, Aquiles Álvarez, luego de que él hiciera un alegato de más de dos horas durante las cuales explicó todos los aspectos técnicos del negocio. ¿No era la oportunidad de la Fiscalía de ponerlo contra las cuerdas y hacerlo caer en las contradicciones típicas de los culpables? A cinco medios de comunicación les pareció poco interesante.

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Estos son sólo algunos ejemplos de lo que dejaron escapar los entrevistadores que participaron en la gira de medios de los fiscales. Cinco medios visitaron Carlos Alarcón y Ruth Amoroso y ninguno de ellos encontró relevantes estos temas. ¿Coincidencia? ¿Acuerdo previo? Algunas de las declaraciones que dejaron pasar estos periodistas eran de las que exigen repregunta a gritos. Por ejemplo, cuando Carlos Alarcón aseguró en La Posta: “Aquí no hay ninguna persecución porque ningún fiscal se va a prestar a formularle cargos sin tener los suficientes elementos para a usted meterle preso”.

Esto de ver a los fiscales recorriendo los medios para promocionar sus casos y tratar de ganar en la opinión pública lo que han sido incapaces de demostrar en los tribunales es una distorsión de ciertas prácticas patentadas por Diana Salazar, inventora también de los nombres comerciales para los casos judiciales y, costumbre aún peor, de los logotipos: aberraciones aún más notorias cuando el fiscal a cargo actúa como un operador de las estrategias del poder político.

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Lo que debes saber

• Cientos de ciudadanos pasan la noche en agencias de la ANT de Quito para conseguir un turno tras el nuevo sistema.
• Usuarios denuncian venta de puestos, largas filas y falta de información durante la entrega de turnos en la ANT.
• La ANT mantiene la atención habitual y recuerda que documentos vencidos siguen vigentes hasta diciembre de 2026.

Carpas, cobijas y cartones reemplazaron las salas de espera. En Quito, cientos de ciudadanos pasan la noche afuera de las agencias de la ANT para obtener un turno para la licencia de conducir, mientras persisten las largas filas y las denuncias por presunta venta de puestos.

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“Yo salgo de una velada en el hospital y vengo directo a hacer fila. Ya es la segunda semana que intento sacar un turno y no lo consigo. Cambiamos turnos, pedimos permisos y aun así seguimos sin respuesta”, cuenta la enfermera Alexandra Orellana mientras intenta protegerse del frío con una cobija.

Lo que antes era un trámite habitual para renovar la licencia de conducir se ha convertido en una prueba de resistencia. Desde el 20 de julio, cuando la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementó un nuevo esquema de atención, cientos de ciudadanos pasan la noche en los exteriores de las agencias con la esperanza de obtener uno de los limitados turnos disponibles.

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Frío, filas y noches enteras por un turno

A las 05:00 de ayer, durante un recorrido de EXPRESO por la Plataforma Gubernamental Sur, la escena reflejaba el creciente malestar ciudadano. La acera estaba ocupada por decenas de personas que improvisaron campamentos con carpas, cartones y cobijas. 

Algunos llegaron desde la tarde anterior; otros permanecían junto a sus familiares compartiendo café y alimentos mientras esperaban el inicio de la atención.

Con el paso de las horas también aumentó la tensión. Varios usuarios alertaron a la Policía sobre personas que intentaban colarse en la fila y sobre supuestos intermediarios que ofrecían vender puestos o turnos a cambio de dinero. Las denuncias provocaron discusiones entre quienes llevaban toda la noche esperando.

Alexandra conoce esa frustración. La semana pasada tampoco consiguió un turno y esta vez volvió a intentarlo tras concluir una guardia nocturna.

“Uno llega y enseguida aparecen personas diciendo que ya hay decenas adelante. Se suponía que el nuevo sistema iba a agilizar el proceso, pero está peor. Lo de atender por el último dígito de la cédula no ha servido para nada”, lamenta.

Para acudir a la agencia ha debido intercambiar guardias con sus compañeros, solicitar permisos y recuperar esas horas durante los fines de semana.

La ANT pide no madrugar, pero las filas continúan

Frente a la alta demanda, la ANT recordó que las licencias caducadas y los certificados psicosensométricos mantienen su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, para evitar que los ciudadanos acudan de manera anticipada a las agencias. Además, reiteró que los turnos son completamente gratuitos, que nadie está autorizado a vender puestos y exhortó a la ciudadanía a no recurrir a intermediarios.

Sin embargo, pese a esa extensión y al llamado de la entidad, la realidad en las agencias es distinta. Las filas continúan formándose desde la noche anterior y cientos de personas siguen madrugando por temor a quedarse sin un turno.

Trabajo y estudios afectados por la espera

La experiencia de Steven Suing tampoco ha sido diferente. El estudiante de Derecho de la Universidad Central llegó por tercera ocasión. Cada intento le ha significado perder clases y afectar su rendimiento académico. Recuerda que en una visita anterior permaneció varias horas en la fila sin que nadie informara que los cupos ya se habían agotado.

“Seguíamos esperando porque pensábamos que todavía había posibilidad. Recién cerca del mediodía dijeron que ya no atenderían a más personas. Perdí toda la mañana y también una actividad en la universidad”, relata.

Desde Cutuglahua llegó el vendedor Byron Arias, quien salió de su casa la tarde anterior y permaneció más de doce horas en la fila.

“Vine desde las cuatro de la tarde. Al principio solo traje cobijas, pero el viento era tan fuerte que tuve que regresar por una carpa. Lo peor es que hay personas que venden los puestos en 30, 40 y hasta 60 dólares”, denuncia. Cada jornada perdida también representa un descuento en su salario.

Denuncias por venta de puestos y problemas de seguridad

Ante la falta de organización, fueron los propios ciudadanos quienes intentaron mantener el orden. Margoth Pilco, junto con otros usuarios, repartió papeles numerados durante la noche para evitar que nuevas personas se adelantaran mientras esperaban que la ANT entregara los turnos oficiales.

“Estamos aquí desde las ocho de la noche. No es justo que alguien llegue al amanecer y se meta adelante. Si hubiera más organización no habría peleas”, comenta mientras acompaña a su hijo.

Durante la madrugada también solicitaron la presencia policial tras alertar sobre personas que, según los usuarios, portaban cuchillos cerca de la fila. Los uniformados acudieron al sitio y la tensión disminuyó, aunque el temor permaneció entre quienes continuaban esperando.

El panorama también se repite en el norte de Quito

La misma situación se repite en la Plataforma Gubernamental Norte. Aunque la cantidad de usuarios es menor que en el sur, decenas de personas llegan durante la noche y duermen en los exteriores para renovar u obtener por primera vez una licencia. Muchos, pese a permanecer durante horas en la fila, no logran completar el trámite debido a la alta demanda.

Desde el Departamento de Comunicación de la ANT confirmaron a EXPRESO que las agencias mantienen su atención habitual. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que no madrugue y distribuya su visita a lo largo del día, especialmente en la agencia de San Carlos, que cuenta con mayor capacidad para recibir usuarios.

Lo que debes saber:

• Pacientes trasplantados y con cáncer protestan en Plaza Grande por desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Director de Caja Fiscal les pide hasta el número de RUC de los proveedores, para ayudarlos.
• Victoria y otros pacientes denunciaron falta de inmunosupresores desde mayo 2026, lo que pone en riesgo su órgano trasplantado.
• Familias de pacientes crónicos viajan desde Orellana y sufren por falta de medicinas; comparten pastillas por escasez; advierten riesgo de rechazo y muertes recientes.

A Victoria Barbosa le diagnosticaron insuficiencia renal en 2011. Tenía algo más de 20 años y aprendió a sobrellevar la rutina como paciente crónica. Dos años después, en 2013, recibió un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lo recuerda como un renacimiento, una segunda oportunidad de vivir.

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Hoy, se siente frágil. Desde mayo de 2026 teme que la falta de medicamentos ponga en riesgo el órgano que sostiene su cuerpo. “Un día sin las pastillas es un día menos de vida”, repite. 

Cada 12 horas debe tomar el tratamiento inmunosupresor. Sin eso, el rechazo es inminente. Necesita Everolimus, de 0,75 mg; Tacrolimus, de 1 gramo; Micofenolato, de 180 mg. Las cajas cuestan 285, 100 y 225 dólares, respectivamente, dice.

Victoria tiene 38 años. Está casada desde hace 18 con Kléber Moreno y trabaja como comerciante. Sus ingresos no alcanzan para costear los fármacos que necesita. Ante la escasez, ha optado por compartir dosis con otros pacientes trasplantados. Se prestan pastillas para cubrir, al menos, un par de días y evitar la interrupción total del tratamiento.

 “Algunos compañeros ya presentan síntomas de rechazo”, reitera. “Si queremos estar saludables, debemos tomar los medicamentos. Un solo día sin ellos es un día menos de vida”.

Los plantones, una medida en busca de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa

Por eso ha empezado a acudir a plantones. El martes 4 de agosto del 2026, su voz se sumó a la de otros pacientes en su misma situación, a la de padres de niños trasplantados que se atienden en el Hospital Baca Ortiz y a la de personas con cáncer.

El reclamo resonó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en la capital. Ni los transeúntes ni los turistas pudieron ignorarlo. “Queremos vivir. Queremos vivir”, coreaban. A pocos metros, en el interior del palacio, el presidente Daniel Noboa participaba en la entrega del Premio Eugenio Espejo.

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Aunque las proclamas no llegaron a copar la Plaza Grande, sí lograron detener a quienes pasaban. Muchos escuchaban en silencio. Entre ellos María Elena Correa, que paseaba con su esposo y sus dos hijos. 

Al intentar explicar lo que sentía, se quebró.“Nos duele muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Tenemos posibilidades económicas. Mi hijo acaba de superar un cáncer. Pero me duele ver a madres que pasan por lo mismo y no tienen acceso”.

Una integrante de Fundación de Jóvenes contra el cáncer cuenta que dos compañeras fallecieron

A Margarita Gualichico, de 53 años, le diagnosticaron cáncer de mama en el 2016 y en el 2021, metástasis pulmonar, por lo que en el Hospital Carlos Andrade Marín la enviaron a cuidados paliativos. 

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“Llevo ocho meses esperando por la mamografía, para ver el avance de la enfermedad. Y por un electrocardiograma porque desarrollé taquicardia. Tampoco hay medicinas. No es algo del IESS, hay desabastecimiento en todos los hospitales. Dos compañeras de la Fundación Jóvenes contra el cáncer que se atendían en el Espejo y en el Militar fallecieron”.

Liss Ontaneda, madre de Isaac, de 10 años, cuenta que en el 2024 recibió el trasplante, en el Hospital Baca Ortiz. Viven en Orellana, pero deben trasladarse a la capital. Sufre no solo por el desabastecimiento sino porque acaban de reemplazar una medicina por otra, por la que adultos han presentado reacción, rechazo de órganos. Tampoco le entregan medicina para otro cuadro neurológico que tiene.

El Director de la Caja Fiscal pide a los pacientes datos que debería entregarle el Ministerio de Salud

Valdez mostró la respuesta de Emiio Montúfar, director Nacional de la Caja Fiscal, al oficio enviado el 24 de mayo. Le pide: 

“La información es indispensable para realizar una revisión adecuada”, señala Montúfar, en su respuesta al Frente de Pacientes. ¿Esos datos no los deberían pedir al Ministerio de Salud?, se pregunta.

Abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa ha dicho que medicinas de la India están en proceso de homologación, a través del Arcsa. Y mencionó a otros países.

Lo que debes saber

• Inmobiliar posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA.
• Expertos analizan los límites que la Ley de Compañías fija a los accionistas minoritarios.
• El caso podría marcar un precedente sobre el acceso a información societaria.

Con apenas el 2,56 % de las acciones de Gráficos Nacional S.A. (GRANASA), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha presentado una serie de pedidos de información y ha conseguido que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) acogiera varias de sus actuaciones. Sin embargo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un accionista minoritario y qué límites establece la Ley de Compañías?

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Los pedidos de información de Inmobiliar

Los requerimientos de Inmobiliar iniciaron antes de que la entidad fuera inscrita oficialmente como accionista de GRANASA y continuaron después de adquirir el 2,56 % del capital social. Luego, sus observaciones motivaron actuaciones de la SuperCías, que dispuso la intervención de la empresa y la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro elaborado por EXPRESO evidencia que los pedidos abarcan información financiera, contable, contractual y societaria, incluida documentación correspondiente a períodos anteriores a que la entidad pública se convirtiera en accionista de GRANASA.

Varias de las solicitudes que luego fueron replicadas por la SuperCías corresponden a información que la empresa sostiene que está protegida como secreto empresarial, entre ella la lista de clientes, anunciantes, proveedores y datos vinculados a su defensa jurídica.

El abogado societario Oswaldo Santos explica que el derecho de información de un accionista minoritario busca garantizar el adecuado manejo de la compañía. Sin embargo, también considera que los pedidos sobre períodos anteriores a su ingreso deben analizarse caso por caso, para determinar si tienen incidencia en sus derechos patrimoniales o si persiguen una finalidad distinta.

Para el especialista, el elemento determinante es el propósito de la petición. Afirma que una solicitud puede considerarse abusiva si busca obstaculizar el funcionamiento normal de la firma.

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Los límites que fija la Ley de Compañías

El jurista César Drouet explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías garantiza a los accionistas el acceso a documentos específicos, como estados financieros, informes de administradores, actas de juntas, listas de socios y accionistas, y otros documentos expresamente previstos por la normativa. En cambio, para examinar información adicional contenida en libros o documentos de la empresa se requiere el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % del capital social.

Si ese respaldo no existe, añade el jurista, le atañe al administrador decidir si entrega o no la información cuando considere que su divulgación puede utilizarse con fines extrasociales o afectar los intereses de la firma. A su juicio, esa facultad forma parte de las atribuciones que la ley reconoce a la administración societaria.

El abogado Franklin Lituma expone que la Ley de Compañías faculta a los administradores a restringir el acceso a información estratégica cuando existan razones objetivas para considerar que su divulgación puede afectar los intereses comerciales de la empresa. Entre esos casos menciona proyecciones financieras, mayores contables integrales u otros documentos cuya publicidad pueda afectar la competitividad.

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La controversia en la Junta de Accionistas

La controversia también se traslada a la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio de 2026. Las 239.158 acciones, equivalentes al 95,66 % del capital social, ratificaron el contrato de asesoría editorial que GML EURL Servicios Editoriales presta a GRANASA desde hace años, mientras que Inmobiliar (con 6.400 acciones, equivalentes al 2,56 %) fue el único accionista que votó en contra.

“Si la mayoría de los accionistas no interesados estuvo a favor del contrato, no hay motivo para anularlo”, aclara Santos. A su criterio, la SuperCías debe explicar qué derecho del accionista minoritario considera vulnerado para justificar una suspensión de los efectos de esa resolución.

Santos recalca que el análisis debe centrarse en el propósito de los requerimientos. A su juicio, una solicitud es abusiva cuando busca obstaculizar la gestión de la empresa, y no proteger los derechos societarios.

El abogado Lituma coincide en que el uso de los mecanismos de control no debe responder a fines extrasociales. Advierte que si en sede judicial se determina que un accionista actuó de manera abusiva o con el propósito de afectar la reputación o la operación de la empresa, la ley contempla consecuencias económicas para quien promovió esas actuaciones sin justificación.

El abuso de los mecanismos de control puede derivar en multas y responsabilidad económica.Franklin Lituma, abogado societario

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Un precedente para el ámbito societario

Los abogados concuerdan en que la Ley de Compañías reconoce el derecho de información de los accionistas, pero también fija límites para evitar abusos. Drouet especifica que esas reglas permiten determinar cuándo un pedido procede y cuándo la administración puede restringir el acceso.

Drouet considera que este caso podría sentar un precedente para el ámbito societario. Si un accionista adquiere apenas el 1 % de una cadena de supermercados o de una concesionaria de vehículos, ¿puede exigir información estratégica? ¿Quién garantiza que esos datos no serán utilizados para beneficiar a un competidor o con fines distintos a la protección de sus derechos societarios?

Desde la perspectiva del jurista, esas interrogantes explican la preocupación que este caso ha generado en el ámbito societario, pues existe el temor de que hechos similares se repitan cuando uno de los involucrados tenga la influencia suficiente para “torcer la ley”.

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Patrimonio, impuestos y cargos: el perfil de Andrea De La Torre

Su ingreso al servicio público se produjo hace un año

La funcionaria que ha suscrito los reiterados pedidos de información dirigidos a GRANASA es Andrea Carolina De La Torre Torres. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título en 2015.

De acuerdo con información del portal de la Contraloría General del Estado (CGE), Andrea Carolina De la Torre trabaja en el sector público desde 2025. Inició su trayectoria como directora zonal 8 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un cargo de nivel jerárquico superior.

Al ingresar al sector público, De la Torre registró un patrimonio de $ 33.040,10, según su declaración patrimonial. Reportó pasivos por $ 6.980, correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito, y activos por $ 40.020,10, integrados por $ 14.020,10 en una cuenta bancaria, un automóvil adquirido en 2005 valorado en $ 6.000 y menaje de casa tasado en $ 20.000.

Al año siguiente, al ser designada directora zonal 5 y 8 de la Presidencia de la República, De La Torre no registró, en el portal de la CGE, la declaración juramentada de fin de gestión correspondiente a su cargo anterior. Sin embargo, su patrimonio reflejó una reducción de su patrimonio a $ 21.150 y, al concluir ese mismo cargo, este aumentó ligeramente hasta $ 21.660.

Actualmente, Andrea De La Torre se desempeña como directora zonal 2 de la Presidencia de la República. De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, percibe una remuneración mensual de $ 2.363.

Según la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI), la funcionaria aún no registra la presentación de su declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2019. En los años posteriores reportó pagos por este tributo de $ 2,01, en 2021; $ 1.325,26, en 2022; $ 299,41, en 2023, y $ 139,72, en 2024.

En cuanto al impuesto a la salida de divisas (ISD), en 2024 declaró un pago de $ 7,70. Para 2025, registró pagos por $ 616,04 de impuesto a la renta y $ 99,61 por concepto de ISD.

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Patrimonio de Marissa Pendola creció 70 veces en ocho años

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La funcionaria que cuestionó los informes presentados durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA fue Marissa Elena Pendola Solórzano; mientras que el resto de los accionistas aprobó los puntos sometidos a votación. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado (CGE), trabaja en el sector público desde 2014.

Inició su carrera en lo público como abogada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones( ProEcuador). Luego fue directora jurídica y gerente general subrogante de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular y, en 2018, al término de su gestión como asesora del Registrador Mercantil de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 1.823,67.

Sus activos se limitaban a un auto valorado en $ 18.000, además de $ 10,70 en depósitos bancarios. También reportó pasivos por $ 16.187,03.

En otra declaración presentada ese mismo año, al iniciar su gestión como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, registró un patrimonio de $ 20.645,48. Esto significó que su patrimonio se multiplicara por 11,3 veces.

Tras ocho años de trayectoria en distintas entidades, en su última declaración de fin de gestión, como secretaria técnica encargada de Inmobiliar, reportó otro incremento en su patrimonio por $ 128.592,82. Sus activos, valorados en $ 131.503,84, incluyen $ 63.101,94 en cuentas bancarias, un menaje de casa por $ 25.100 y obras de arte, joyas y colecciones por $ 18.000. En el portal de la CGE no consta su reporte de inicio de gestión de su actual cargo.

Aunque desde 2023, se ha desempeñado en Inmobiliar, donde ha percibido un salario de $ 4.463, según el Portal Nacional de Transparencia. Antes, ocupó el cargo de coordinadora general de despacho en la Presidencia de la República, con una remuneración de $ 3.247.

En cuanto a su situación tributaria, en 2020 y 2021 no registró pagos por impuesto a la renta (IR). En 2022, $ 2.678,92; en 2023 canceló $ 5.121,95 por ese tributo y $ 173,35 por impuesto a la salida de divisas; mientras que en 2024 y 2025 declaró pagos por $ 5.484,72 y $ 5.247,72 por IR, respectivamente.

Declaraciones patrimoniales

Lo que debes saber

• La ANT autorizó un ajuste del 25% para el transporte interprovincial e intraprovincial. La medida considera mayores costos en combustible, mantenimiento y repuestos
• Los usuarios aseguran que el incremento afecta su bolsillo y reclaman mejoras en seguridad y calidad del servicio 
• Los conductores aseguran que el ajuste era necesario. Una unidad puede gastar hasta $110 diarios en diésel, además de cubrir mantenimiento, llantas y otros gastos

Antes de llegar a su trabajo, en La Armenia, Silvia Panchi debe abordar seis buses cada día. Su rutina comienza temprano, cuando sale de su casa, en La Cima de La Libertad, en el centro de Quito. El primer bus la lleva hasta San Roque; desde allí toma otra unidad hacia el Playón de La Marín. Solo ese primer tramo ya representa un gasto de 0,70 centavos.

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En esa estación aborda un tercer bus con destino a La Armenia. Hasta julio pagaba 0,35 centavos por ese recorrido, pero desde el 1 de agosto la tarifa subió a 0,44. Al final, Silvia destina $ 1,14 únicamente para llegar a su trabajo y la misma cantidad para regresar a casa, lo que suma $ 2,28 diarios en transporte.

Quito

El Ilaló incorpora un nuevo petroglifo al patrimonio arqueológico de Quito

SARA OÑATE

“Así sean 10 centavos me afecta porque a la final son seis buses”, afirma. Además del incremento en ciertas rutas hacia el valle de Los Chillos, le preocupa la posibilidad de que en Quito también suba la tarifa urbana de 0,35 a 0,40, propuesta que actualmente se debate en el Concejo Metropolitano.

Alza del 25% en la tarifa

El aumento fue autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, que establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) único del 25% sobre la estructura de costos operativos del transporte interprovincial e intraprovincial. La medida reemplaza los valores regulados en años anteriores y aplica únicamente para las cooperativas reguladas por la entidad.

Cuando se anunció el alza, la ANT justificó la decisión señalando que la actualización responde a un análisis técnico que tomó en cuenta el incremento de los costos de operación, entre ellos combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos indispensables para la prestación del servicio. Además, precisó que el ajuste estará vigente hasta que se implemente una metodología definitiva para la fijación tarifaria.

Malestar en los usuarios

En las terminales y paradas, el malestar de los pasajeros es evidente. Marcelo Carrillo viaja diariamente desde Cayambe hasta Quito. Señala que el incremento afecta su presupuesto, aunque asegura que no tiene otra alternativa. “Sí afecta, pero toca pagar”, dice.

En la ruta entre Cayambe y Quito, el pasaje pasó de $ 2,25 a $ 2,80. Edwin Ramírez, conductor de la cooperativa Flor del Valle, sostiene que el ajuste era necesario porque los ingresos ya no alcanzaban para cubrir los costos.

Explica que antes del aumento del precio del diésel gastaban entre $ 20 y $ 25 por recorrido, mientras que ahora desembolsan un promedio de $ 45 solo en combustible. “Estábamos sacando solo para el diésel. Se nos iba más en gastos que en ingresos”, comenta. Aunque menciona que varios pasajeros reclamaron porque el aumento los tomó por sorpresa, considera que sin la actualización sería difícil mantener la operación.

Jenny Tapia también siente el impacto. Viaja desde la parroquia Atahualpa (noroccidente) hasta el norte de Quito y ahora paga $ 3,35, cuando cancelaba $ 2,60. Más allá del incremento, cuestiona que el servicio no mejore.

Recuerda que hace dos meses delincuentes abordaron la unidad en Carapungo y asaltaron a los pasajeros con armas blancas. “Me parece injusto porque el servicio no es bueno. No deberían dejar subir a personas que ponen en riesgo a los usuarios”, reclama.

Para Sofía Dávalos, quien viaja con regularidad a Mindo, el incremento es aún más significativo. El pasaje pasó de $ 3,60 a $ 4,50. “Esos 0,90 tranquilamente alcanzan para otros dos pasajes. Es un impacto al bolsillo”, señala.

Un aumento que los asume el usuario

En las rutas hacia el valle de Los Chillos regidas por la ANT también se registran nuevos valores. Edwin Quelal vive en Selva Alegre y viaja hasta La Marín. Antes pagaba 0,75 y ahora 0,88. Aunque menciona que el incremento responde al aumento del diésel, admite que el gasto mensual será mayor.

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Del lado de los transportistas, Salambay Yabel, conductor de la cooperativa Amaguaña, sostiene que el ajuste era inevitable. Explica que una unidad consume entre 35 y 36 galones de diésel a diario y que solo en combustible destina alrededor de $ 110 por cuatro recorridos, sin contar llantas, aceite, mantenimiento y otros gastos operativos.

Preocupación por la tarifa rural

Uno de los principales reclamos de los usuarios proviene de los habitantes de Conocoto, Píntag, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo y La Merced. Aunque estas parroquias pertenecen al cantón Quito, las rutas que las conectan con la ciudad son reguladas por la ANT al ser consideradas intraprovinciales, por lo que sus pasajeros deben asumir el incremento.

Justamente una de las preocupaciones sobre la tarifa en la zona rural la expuso la concejal Cristina López. La edil considera que la metodología para definir la tarifa técnica por parte del Municipio debe incorporar límites claros. 

Explica que actualmente existe una fórmula basada en los kilómetros recorridos que contempla un tope, pero considera necesario establecer un techo que proteja a los usuarios. “No puede quedar a discrecionalidad. La fórmula debe ser clara”, recalcó.

Mientras, en Quito continúa el debate sobre una eventual alza de la tarifa del transporte urbano. La propuesta ya superó el primer debate en el Concejo y espera una segunda discusión. De ser aprobada, el pasaje subiría de 0,35 a 0,40 a partir de enero de 2027. El proyecto también contempla una compensación de $ 23 millones de dólares para los transportistas.

Lo que debes saber

• La Fiscalía aplica criterios distintos en el caso Progen. 
• Mientras varios procesados con órdenes de prisión ampliaron sus versiones por videoconferencia, a Fabián Calero le exige comparecer de forma presencial.
• Esto implica su captura inmediata y le impide, en la práctica, presentar sus argumentos y ejercer su defensa.

La Fiscalía General del Estado aplica dos criterios para recabar versiones en el caso Progen. Mientras los procesados con órdenes de prisión preventiva vigentes han comparecido por vía telemática desde lugares desconocidos, al exgerente de Celec, Fabián Calero, le exige presentarse físicamente, una condición que supone su captura inmediata y que, en la práctica, bloquea la diligencia que él mismo solicitó.

¿Por qué unos declaran por videoconferencia y Calero solo puede hacerlo si es detenido? “Nos causa extrañeza que la Fiscalía exija la comparecencia presencial del doctor Calero. A otros, en iguales condiciones, les han enviado directamente los enlaces para la comparecencia telemática. Eso ha ocurrido incluso con funcionarios de Progen”, dijo Gonzalo Matovelle, abogado del exfuncionario.

Calero está citado para el próximo 11 de agosto a las 09:00, en el despacho de la Fiscalía N.º 4, en Quito. Su abogado adelantó que solicitará que se le otorgue el mismo trato que al resto de procesados y se le permita ejercer su derecho a la defensa por Zoom.

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Con otros procesados, como el técnico Celso Sánchez, quien permanece prófugo, la Fiscalía ha actuado de forma generosa. Sánchez amplió su versión por videoconferencia desde un lugar no revelado. Se usó esa declaración para que el abogado del ministro Roberto Luque, quien no está procesado, le formulara preguntas hasta que dijera: “querían la cabeza del ministro Roberto Luque”.

La frase fue usada posteriormente por la defensa del ministro para sostener la tesis de que existía un intento de involucrarlo en el caso. Luego, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el fiscal Carlos Alarcón no se opuso a que se le levante la medida cautelar.

Una versión con hechos nuevos

Esta diferencia de trato adquiere relevancia por lo que Calero ya había anticipado. En un comunicado difundido en mayo, el exgerente aseguró que durante meses colaboró con la Fiscalía y entregó documentos, registros digitales (incluidos audios) y otros elementos que consideró relevantes para esclarecer los hechos. Según dijo, esa información nunca fue incorporada al expediente.

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Además, dijo que inicialmente compareció como colaborador e incluso permaneció dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, pero que posteriormente terminó incorporado a la lista de procesados.

En ese mismo comunicado anunció que expondría información sobre el caso para “esclarecer los hechos”. Con esa declaración anticipaba que su versión abordaría aspectos que, hasta ahora, no constan públicamente en la investigación.

Un chat del CEO que Fiscalía no investiga

Mientras tanto, la Fiscalía sí ha recibido versiones telemáticas de otros técnicos que también tienen órdenes de prisión, como Daniel Suárez, Luis Flores, Romel Llumiquinga, Marcos Poma, Marco Chicaiza y Javier Lasluiza.

Varios de ellos han denunciado presuntas presiones durante las inspecciones a los equipos vendidos por Progen, en septiembre de 2024, y han señalado directamente a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Sin embargo, consta por escrito que Orozco solicitó protección para los técnicos y denunció las intimidaciones. En ese entonces, los técnicos no atribuyeron esas presiones a Progen. Por el contrario, informaron que habían sido amenazados por desconocidos. Pero hoy cuentan otra historia.

Byron Orozco, además, fue el funcionario que se negó a suscribir una adenda que eliminaba millonarias multas a favor de Progen. Y su nombre aparece en un chat, que Fiscalía no investiga, en donde el CEO de la empresa, John Manning, le decía a Luque que Orozco y otros funcionarios de Celec le solicitaban documentos técnicos antes de autorizar un desembolso de $ 69,5 millones.

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El próximo 20 de agosto termina la instrucción fiscal, si es que no se vincula a alguna otra persona. En esta etapa, la Fiscalía investiga y recaba elementos de convicción para demostrar la existencia de un peculado y la responsabilidad directa de los 21 involucrados, entre estos el exministro Antonio Gonçalves, quien también tiene orden de prisión preventiva. Por ahora, el Ministerio Público centra sus diligencias en la explotación de equipos como teléfonos y computadoras.

Lo que debes saber

• Hasta el próximo 15 de agosto, El Nacional debe pagar $140.000 para no ser sancionado.
• El club adeuda entre cuatro y cinco meses a los jugadores, mientras que al personal administrativo la deuda llega a ocho meses.
• En la tabla de posiciones de la Serie B, los criollos son últimos con cinco puntos y son serios candidatos a descender a la Segunda Categoría.

Un mes después de haber asumido como representante legal e interventor de El Nacional, Juan Manuel Aguirre dice haber encontrado un club inmerso en una crisis financiera e institucional sin precedentes.

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En entrevista con EXPRESO detalla un panorama marcado por un déficit cercano a los 12 millones de dólares, deudas con jugadores y trabajadores, juicios y la falta de recursos para sostener la operación diaria.

¿Cómo encontró la situación de El Nacional?

La situación financiera e institucional es caótica, complicada y compleja. Hay una crisis económica que difícilmente se puede resolver a corto plazo. Creo que El Nacional es un equipo grande que podría hacerlo bien, pero con dirigencias honestas, transparentes y, sobre todo, que no vean al club como un negocio familiar o personal.

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¿Cuál es el déficit del club?

Me informaron, aunque eso lo tiene que determinar una auditoría forense para saber realmente cómo se endeudó, que son $12 millones aproximadamente.

¿Por qué cree que se llegó a esta situación?

Por malos manejos administrativos. Creo que las dirigencias anteriores han cometido varios errores de buena fe, no soy ni juez ni fiscal para determinar si es que hubo mala fe, pero esas malas administraciones han llevado al club a este punto.

¿Cuáles fueron estos errores?

Firmar contratos irreales, actas de finiquito y de compromiso de pago imposibles de subsanar, dejar de cancelar obligaciones a entes gubernamentales como el IESS, o dejar que el club esté demandado por 92 juicios, el no pagar a los jugadores a tiempo, no cumplir con los contratos, entre otras cosas.

En El Nacional existen contratos de jugadores con sueldos de $15.000, con reajustes para el siguiente año de $18.000 y posteriormente a $22.000, estando en la situación en la que está el club y en la Serie B.

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¿A cuántos meses asciende la deuda a jugadores y personal administrativo?

A los administrativos se les debe casi ocho meses y a los jugadores seguramente entre cuatro y cinco meses.

¿Cuánto necesitan pagar cada viernes para poder jugar?

No hay una cifra exacta, pero el mes anterior necesitamos casi $45.000, que se pudo pagar con lo de los derechos de formación del jugador David Saya (traspasado a Emelec). Ahora necesitamos casi $140.000 hasta el 15 de agosto, pero no hay plata en las cuentas de El Nacional, que además están retenidas por varios juicios.

Es una bola de nieve porque no es que nosotros pagamos, solamente abonamos partes de la deuda, realizamos pagos parciales, pero la deuda se va acrecentando. Por lo pronto, este jueves 6 de agosto (contra 9 de Octubre) estamos habilitados para jugar.

¿Existe voluntad de los jugadores y de los acreedores?

Me di cuenta de que sí, por la respuesta de Pedro Quiñones, José Francisco Cevallos, Charles Vélez, Bryan Hernández, el profesor Juan Grabowski, al darnos más plazos. Esperemos que la voluntad siga.

El club iba a perder seis puntos. ¿Qué sucedió para que esto no se concrete?

El jueves anterior nosotros mandamos las cartas para que nos den esta amnistía financiera y les dijimos a los acreedores (Hernández, Vélez y Grabowski) que nos contesten al correo institucional para verificar y nosotros poder enviar las cartas a la Federación. Sin embargo, habían enviado directamente a la FEF, lo cual generó una desinformación dentro del club, pero no se sancionó al club con la reducción de seis puntos, así que seguimos con los cinco ganados en cancha.

¿Cómo hacen para financiar el club bajo estas circunstancias?

Nos ayudó en el pago (el dinero recibido) por los derechos de formación del jugador Saya ($30.000). Existe el aporte de los casi 8.000 socios que tiene el equipo, las taquillas y esta iniciativa que llevan adelante exjugadores, que ayudan a calmar un poco los gastos administrativos.

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Una de las formas también era con los auspiciantes, pero la camiseta está en cero. Es muy difícil. Los patrocinadores no quieren estar en una camiseta que esté con una crisis institucional, económica y deportiva.

¿Cómo está la situación del complejo, que tenía una orden de embargo?

Hemos conversado con la gente del IESS y siguen los procesos coactivos en El Nacional. También había una orden de embargo por parte de una demanda que había puesto un exdirectivo, pero ambas situaciones las tenemos controladas.

El complejo no se lo puede vender y se lo tiene que activar de alguna manera. He leído y revisado que es posible construir ciertas cosas. Son ideas que seguramente la nueva directiva tendrá que venir a gestionar.

¿Qué tan real es la propuesta del expresidente Yunda de construir un estadio en el complejo?

Fue una idea de un expresidente. Yo quisiera que los otros expresidentes den igualmente ideas y que se vea el interés al club. El doctor Jorge Yunda ha puesto en consideración y en debate público este tema de la Arena Roja o Arena de El Nacional.

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Pero nadie habla de quiebra para arrebatarle el complejo al club porque eso no se puede, primero porque es absurdo y hablan desde el punto de vista de la ignorancia. De lo que se trata es de generar un concurso de acreedores y a partir de ahí usted puede decir “a este sí le debo y a este no”.

¿Las escuelas generan dinero para El Nacional?

Curiosamente, en El Nacional no se generaba el dinero cuando hubo este revuelo mediático de que el interventor solicitó el pago de $30 por los ‘paz y salvo’ de los jóvenes. Me enteraba de que, por ejemplo, en el Espoli cuestan $45 mensuales las escuelas y que hay otros equipos en los que se les cobra la mitad del uniforme. Es decir, (las escuelas) tienen que ser autosustentables en el club, porque han sido una carga más.

¿La situación que vive El Nacional es parecida a lo que tuvo en Deportivo Quito cuando fue su presidente?

Siempre me hacen esa pregunta y la verdad es que encuentro muchas semejanzas y también diferencias. La semejanza más clara es la irresponsabilidad y los malos manejos administrativos. Y la diferencia más clara está en el número de socios. Por ejemplo, en El Nacional hay más de 8.000 y en el Quito ene el último periodo eleccionario hubo creo apenas 100 habilitados. Además, el respaldo que tiene por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es un espaldarazo.

Lo que debes saber

• La Ley de Compañías no establece un listado de actos que requieren la firma del interventor.
• Especialistas sostienen que el control debe enfocarse en proteger el patrimonio de la empresa.
• La normativa prevé responsabilidades si la actuación del interventor causa perjuicios a la compañía.

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

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Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

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Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

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Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

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Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.

Lo que debes saber

• El experto atribuye el segundo brote de Fusarium R4T a fallas en las medidas de contención y advierten que las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño podrían acelerar la propagación del hongo.
• El CIBE-Espol cuestiona que la academia haya quedado fuera de las mesas técnicas tras los cambios de autoridades en Agrocalidad, lo que, a su juicio, debilitó la coordinación para enfrentar la enfermedad.
  
• Si el Fusarium logra establecerse en Ecuador, el país podría perder entre $5.700 millones y $8.300 millones en los próximos 30 años, además de poner en riesgo unas 200.000 hectáreas de banano.

La presencia del destructivo hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) en Ecuador fue detectada en El Oro, inicialmente en septiembre de 2025 y confirmada oficialmente el 18 de diciembre de 2025. Posteriormente, el segundo brote o caso positivo se confirmó el 14 de julio de 2026 en un predio vecino del sector El Quemado.

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Casi un año después de confirmarse la presencia de Fusarium en Ecuador -el hongo más devastador del banano y que hasta la fecha ya reporta un segundo brote de contaminación- el Gobierno sigue ‘cojeando’ en los mecanismos de contención, con fallas de comunicación y desvinculado de una academia, que podría ser un aliado para enfrentarlo.

El segundo brote evidencia fallas en la contención

¿Cómo se puede evaluar la evolución del Fusarium en el país? El segundo caso ya fue reportado el 14 de julio, ¿era lo que se esperaba?

La epidemiología de la enfermedad, también reportada en otros países, nos indica que con lluvia es muy probable que las esporas que están en una zona delimitada se dispersen. Aunque se trató de contener la enfermedad, lastimosamente las lluvias de octubre-noviembre del año pasado condicionaron esa contención.

Pero hubo descuido, se pudo haber evitado.

Hubo acciones que se tomaron, pero se pudo haber hecho un mejor trabajo, con muros mucho más altos de contención sabiendo que esa zona era y es inundable. Eso no se dio, por eso tenemos un segundo brote, al que se requiere hacer análisis para ver si este brote nace del primero, y con ello conocer el nivel de carga del patógeno, si estuvo cerca de un canal de riego para entender cómo sucedió esa infección, conocer el flujo de paso de productores.

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La academia quedó fuera de la toma de decisiones

El CIBE, como líder de una red de actores que trabajan en el diagnóstico de este tema, ¿qué detalles tiene?

Como CIBE Espol llevamos años trabajando con Agrocalidad, no solo en diagnóstico sino en el desarrollo de protocolos de contención y, en ese sentido, llegamos a ser parte de la mesa de técnica donde se tomaban decisiones al respecto, pero hoy eso no existe. Desde el primer brote, en que hubo cambios de autoridades de Agrocalidad, eso no se da. Desde ese brote ya van cuatro directores, cuyos cambios ciertamente han perjudicado y trastocado esas relaciones ya formadas porque, hasta la fecha se abolieron esas mesas, no nos convocaron nunca más. Antes, semana a semana, conocíamos de los avances con el fin de asesorar a las autoridades, ahora nada. Y eso es preocupante porque estamos ante un patógeno muy agresivo, que amerita un trabajo coordinado.

Antes, semana a semana, conocíamos de los avances con el fin de asesorar a las autoridades, ahora nada. Y eso es preocupante porque estamos ante un patógeno muy agresivo, que amerita un trabajo coordinado".Freddy Magdama, coordinador de investigación y jefe del departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE)

¿Qué probabilidad de nuevas dispersiones hay cuando el país está a puertas de un fenómeno de El Niño, que promete ser fuerte?

En ese escenario es alta, el agua es uno de los vectores más grandes de dispersión. Podríamos vivir lo que vive Perú, que ya ha reportado casi 1.000 hectáreas afectadas y eso es lo que tenemos que evitar. Yo que estoy relacionado al mundo del banano y al Fusarium, no tengo conocimiento exacto de dónde está ese segundo brote, peor un pequeño productor que necesita involucrarse en el tema. Necesitamos estar correcta y oportunamente informados. Tratar de minimizar el impacto de lo que se viene no es responsablemente correcto. Tenemos que decir que nos enfrentamos a una amenaza mayor.

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¿Cómo evitar que Ecuador vuelva a vivir lo de los años 90 cuando el Fusarium raza 1 arrasó prácticamente con casi el 80% del Gros Michel, la variedad de banano que teníamos en ese momento?

Las probabilidades están, pero el diferenciador es cómo la población, los tomadores de decisiones, actúen. Hoy, el 98% o 99% de las variedades sembradas en el país son Cavendish, todas susceptibles a raza 4. Ante eso, las nuevas autoridades deberían retomar estas mesas técnicas, donde están diferentes actores, no solo la academia, sino los gremios y los municipios, para democratizar la información y ayudar a tomar mejores decisiones. Pero debe haber un grado de autoridad e independencia, para avanzar independientemente de lo que suceda con nuestras autoridades. Porque la contención de esto debe ser algo técnico, no político.

La información y la prevención siguen siendo los mayores desafíos

¿Cómo destrabar el primer eslabón de esta crisis?

Tiene que haber un vuelco en la estrategia de comunicación, para llegar a los productores. Yo creo que en eso se está fallando. No basta con comunicados de prevención en redes. Creo que se tiene que articular una delimitación por riesgo y por localidad, porque no sabemos qué zona es más propensa a inundarse, qué zona tiene mayor interconectividad con los canales de riego y cuántos productos están dentro de esa zona. Hay que fortalecer las medidas de bioseguridad, ir previendo algún crédito o comprando algún seguro para la finca, en caso de contaminación. Tener sus canales limpios; incrementar en la medida de lo posible esos cercos o esos muros de contención; tener equipos de bombas, con los mantenimientos adecuados para sacar el agua en lo posible, en caso de inundación; identificar esos canales que se van a utilizar, por dónde va a pasar esas rutas de agua de salida para que en futuras semanas, cuando ya las aguas bajen, los productores que toman agua de esos canales tengan previsión de que muy probablemente hay algo de contaminación allí.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Hay países que nos muestran que si no hay una estrategia robusta, la situación puede ser bastante caótica. Perú es una de ellas, Filipinas, China, a pesar de que tiene tecnología, el patógeno se dispersó en todo su territorio. Nuestro país tiene aproximadamente 200.000 hectáreas de banana, no podemos permitir que eso se afecte y con ello el sustento de miles de productores. Según un estudio económico del impacto de raza 4 en el Ecuador, si la enfermedad logra establecerse, el país podría perder entre 5,7 y 8,3 mil millones de dólares durante los próximos 30 años.

Perfil

Freddy Magdama es coordinador de investigación y jefe del departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE). Es Ingeniero Agrícola y Biológico. Tiene un PHD en Fitopatología y Agricultura Internacional y Desarrollo de la Universidad Estatal de Pensilvania. Estudia enfermedades emergentes de tipo vascular, como el Fusarium y Moko en banano.

Los puntos claves

• La nueva ordenanza permitiría instalar parquímetros en cualquier sector de Guayaquil, siempre que exista una justificación técnica.
• La tarifa propuesta se mantiene en $ 1 por hora, con la opción de pagar $ 0,25 por cada 15 minutos.
• El tiempo máximo de permanencia sería de cuatro horas para fomentar la rotación de vehículos.
• La propuesta aún debe superar dos debates y ser aprobada por el Concejo Cantonal antes de entrar en vigencia.

Los parquímetros podrían dejar de ser exclusivos de un puñado de avenidas y extenderse a cualquier sector de Guayaquil. Un proyecto de ordenanza impulsado por el Municipio plantea reemplazar la normativa vigente para permitir la creación de nuevas zonas de estacionamiento tarifado en cualquier punto de la ciudad, siempre que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) presente un informe técnico que justifique su implementación.

La propuesta busca generar una mayor rotación de vehículos en la vía pública y evitar que un mismo automotor ocupe durante toda la jornada un espacio destinado al estacionamiento temporal. Para ello, la ATM podrá solicitar la creación de nuevas zonas de parquímetros, pero antes la Dirección de Urbanismo, Catastro, Movilidad y Edificaciones deberá determinar si la medida es compatible con la planificación urbana, el uso de suelo, la accesibilidad y la movilidad del sector.

Además, antes de que el sistema entre en funcionamiento en una nueva zona, el Municipio deberá realizar un proceso de socialización con los moradores durante al menos 20 días.

Guayaquil

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Carlos Isaac Pino

Actualmente, los parquímetros solo funcionan en las avenidas Víctor Emilio Estrada, Rodolfo Baquerizo Nazur, Luis Orrantia, Justino Cornejo, Nahím Isaías y Miraflores, además de sus zonas de influencia y Puerto Santa Ana. Con la nueva ordenanza, ese límite desaparecería y el sistema podría llegar a cualquier barrio o avenida de Guayaquil. En los alrededores del OmniHospital, en el norte de Guayaquil, y a lo largo de la calle Costanera, en Urdesa, la solicitud de instalar parquímetros ha sido recurrente, como ha venido publicando EXPRESO en repetidas ocasiones. 

"En estos puntos urge los dispositivos porque nunca hay forma de estacionar. Hay gente sabida que estaciona y deja el carro todo el día, cinco, seis, ocho horas...., y se va. Nos dejan sin espacio para dejar a un paciente en el hospital. Estoy de acuerdo con la instalación, que se apruebe la ordenanza, pero que se lo haga a consciencia", señaló Lorenzo Pérez, habitante de la Alborada. 

Yo estoy totalmente de acuerdo con los parquímetros. Hay demasiados abusivos en la calle, gente que estaciona un día entero y no permite que quien de verdad requiere de un espacio lo encuentre. Ojalá y se apruebe pronto esta ordenanza. Y ojalá también la ATM asigne colocar los dispositivos donde se lo necesite. Christian Pino, residente de la ciudadela Vernaza Norte

Sin embargo, el proyecto no define cuáles serían los primeros sectores donde se instalarían nuevos parquímetros. Tampoco precisa cuántos espacios se habilitarían, cuándo comenzaría la expansión, ni cuánto costaría implementar el sistema.

Estos vacíos dejan abiertas varias preguntas sobre la aplicación de la medida. EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), para conocer si ya existen sectores identificados para una primera fase de expansión, los criterios que se aplicarían para seleccionar nuevas zonas y los beneficios que espera obtener la administración con la ampliación.

También se consultó qué medidas se tomarían ante los cuestionamientos ciudadanos relacionados con la inseguridad en las zonas donde ya funcionan los parquímetros y la presencia de cuidadores informales que cobran por vigilar vehículos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Una propuesta que divide opiniones

La posibilidad de ampliar los parquímetros convence a algunos ciudadanos, que consideran que el sistema puede ordenar el uso de los espacios de estacionamiento y facilitar la rotación de vehículos en zonas de alta demanda. Sin embargo, otros reciben la propuesta con escepticismo.

Para Nelly Sabando, habitante del centro de Guayaquil, la instalación de estos dispositivos debería priorizarse en sectores donde el estacionamiento se ha convertido en un problema diario.

“Creo que incluso en el centro deberían instalarse los dispositivos. El centro sigue siendo un completo caos. No bastan los garajes y no hay intención, por lo visto, de levantar edificios de parqueos. Esta es una buena medida. Pero ojo con algo: siempre han quedado dudas de hacia dónde va el dinero de la recaudación. Entiendo que la empresa privada debe llevarse una parte y está bien, ¿pero y el resto? Cuentas claras. Eso es lo que urge. Cuentas claras y obras. Si vamos a llenarnos de parquímetros, que existan a la par obras para mejorar también la movilidad”, dijo.

Para otros conductores, en cambio, el debate no está solo en dónde se instalarán más dispositivos, sino en qué pasará con los problemas que acompañan el sistema desde su llegada: la inseguridad y los cuidadores informales que siguen cobrando por un espacio que ya tiene una tarifa oficial.

"Uno termina pagando al parquímetro y también al cuidador", es una queja recurrente entre usuarios que estacionan en zonas donde opera el sistema.

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El proyecto, de hecho, reconoce esa realidad. La ordenanza dispone que, antes de implementar una nueva zona tarifada, se identifique si en el sector trabajan cuidadores informales y si constan en el censo municipal de comerciantes autónomos no regularizados. No obstante, el documento no establece qué ocurrirá con ellos cuando entren en funcionamiento los nuevos parquímetros.

¿Cómo funcionaría?

La propuesta mantiene una tarifa de $ 1 por hora, aunque también permitirá pagar fracciones de $ 0,25 por cada 15 minutos de uso.

El horario general de funcionamiento será de 08:00 a 20:00, de lunes a sábado. Los domingos, feriados y días declarados no laborables mediante decreto ejecutivo, el estacionamiento será gratuito. Sin embargo, la ATM podrá establecer horarios distintos para determinadas zonas si existe una justificación técnica.

Los pagos podrán realizarse mediante aplicaciones móviles, medios electrónicos o dinero en efectivo, aunque la propuesta no especifica qué mecanismo se utilizará en las nuevas zonas.

Además, la ATM podrá delegar a un operador privado la administración, operación, mantenimiento y recaudación del sistema. Los parquímetros que actualmente funcionan en la ciudad continuarán operando bajo las condiciones del contrato vigente.

La idea de los parqueos es necesaria, pero debe hacerse algo y ya con los cuidadores informales. Resulta que uno termina pagando un peaje obligado a todos, y aún así no es seguro de que tu carro esté bien cuidado. Muchos se creen dueños de la calle y esto es agobiante. Injusto.Rómulo Roldós, habitante de Urdesa. 

Multas de hasta $ 72,30

La nueva ordenanza también establece sanciones para quienes incumplan las normas del sistema. La multa será equivalente al 15 % del salario básico unificado, que con el valor vigente de 2026 representa 

$ 72,30.

La sanción, como está fijado actualemente, se aplicará a quienes ocupen un espacio sin pagar, excedan el tiempo autorizado, invadan el espacio asignado a otro vehículo, coloquen obstáculos para reservar un lugar, bloqueen el acceso a los estacionamientos o utilicen estos espacios con vehículos no permitidos, como motocicletas o automotores pesados.

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Aún debe pasar por el Concejo

La propuesta fue publicada por el Municipio para el proceso de socialización ciudadana y todavía no entra en vigencia.

Antes de que los parquímetros puedan expandirse a nuevos sectores de Guayaquil, la ordenanza deberá superar dos debates en el Concejo Cantonal y obtener la aprobación de la mayoría de los ediles.

El debate por la recaudación

La posible expansión del sistema también revive un viejo debate ciudadano: qué ocurre con el dinero que generan los parquímetros.

En una entrevista concedida a EXPRESO en febrero pasado, la ATM explicó que cerca del 80 % de la recaudación corresponde al operador privado, que asumió la inversión, instalación, operación y mantenimiento del sistema.

El 20 % restante lo recibe el Municipio y, según dijo entonces el director de Planificación de la ATM, Freddy Granda, se destina a señalización vial y al mantenimiento de semáforos.

Hay sitios donde el parqueo debe regularse, pero el problema persiste: informales cobran un peaje y la inseguridad continúa.
Jénnifer Soro
Residente de Urdesa

Para una parte de la ciudadanía, esa explicación no basta. Conductores sostienen que los recursos también deberían reflejarse en mejoras visibles para la movilidad, en una ciudad donde persisten problemas de vías, estacionamiento y transporte público.

No me niego a los parquímetros, pero sí a no saber qué pasa con lo recaudado. Obras no vemos y el caos vial sigue.
Daniel Hermenegildo
Conductor

Quito se blinda ante la delincuencia

• Quito despliega 2.000 policías, drones y patrullajes en los nueve distritos para reforzar la seguridad.
• Entre enero y julio de 2026, Quito registró 186 muertes violentas y 2.564 denuncias por robos.
• Expertos advierten que el refuerzo policial será insuficiente sin inteligencia, prevención y coordinación entre instituciones.

El despliegue de drones, patrulleros y cientos de uniformados marcó ayer el inicio del Plan de Protección para Quito, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar la seguridad en una capital donde los robos, las extorsiones, las desapariciones y las muertes violentas han incrementado la sensación de inseguridad entre la ciudadanía.

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El operativo arrancó en el mercado Las Cuadras, en Chillogallo, al sur de la ciudad. Desde ese punto fueron distribuidos 2.000 policías adicionales hacia los nueve distritos del Distrito Metropolitano, con la misión de fortalecer la vigilancia en los sectores que la Policía Nacional ha identificado como los principales focos de actividad delictiva.

Drones y patrullajes reforzarán la vigilancia

El plan contempla patrullajes permanentes, controles preventivos, operaciones de inteligencia y la aplicación de tecnología, como el uso de drones y un helicóptero, para ampliar la capacidad de respuesta en mercados, estaciones del Metro de Quito, universidades, centros comerciales y otros espacios de alta concurrencia.

La intervención ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Aunque Quito mantiene índices de violencia inferiores a los de otras ciudades, la criminalidad ha mostrado una tendencia ascendente durante los últimos meses. 

Entre enero y julio de 2026 se registraron 186 muertes violentas en el Distrito Metropolitano y, según datos oficiales, cerca del 80 % de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, un indicador que evidencia la mayor presencia de organizaciones criminales.

Durante el lanzamiento del operativo, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, aseguró que el refuerzo no responde a una intervención temporal, sino al fortalecimiento de las acciones que la institución desarrolla diariamente. 

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Explicó que la distribución de los uniformados responde a análisis de inteligencia, estadísticas delictivas y denuncias ciudadanas, que permitieron identificar los sectores con mayor incidencia criminal.

Gobierno promete operativos las 24 horas

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el objetivo es impedir que grupos delictivos alteren la tranquilidad de la capital. "No vamos a permitir que alteren la paz. Hemos entregado todos los medios logísticos para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo. Estas operaciones cubrirán los nueve distritos de Quito durante las 24 horas", declaró.

El funcionario confirmó que los 2.000 policías fueron trasladados desde otras ciudades del país, aunque aseguró que esa redistribución no disminuirá la capacidad operativa de las provincias de origen.

Además, adelantó que continuarán las investigaciones para desarticular las estructuras vinculadas a los préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota', una modalidad asociada con extorsiones, amenazas y homicidios.

Robos siguen siendo el principal delito

Las estadísticas muestran que el robo continúa siendo el delito de mayor impacto para los habitantes de la capital. Entre enero y mayo de este año, la Fiscalía recibió 2.564 denuncias por robos en Quito. De ellas, 2.158 correspondieron a robos contra personas y 407 afectaron a locales comerciales.

Los registros también revelan patrones de comportamiento delictivo. Los jueves durante la tarde y los viernes por la noche concentran la mayor cantidad de denuncias por robo de celulares, joyas y otras pertenencias. Solo en esas dos franjas horarias se reportaron 281 casos.

A nivel territorial, los distritos Eugenio Espejo y Eloy Alfaro encabezan la lista de sectores con mayor incidencia. La Policía atribuye esta situación a la concentración de personas en mercados, estaciones de transporte, parques y zonas comerciales, donde predominan los llamados delitos de oportunidad.

Desapariciones agravan la crisis de seguridad

A esta realidad se suma otro fenómeno que preocupa cada vez más: las desapariciones involuntarias. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se denunciaron 79 desapariciones en Quito. Del total, 66 correspondieron a hombres y 13 a mujeres.

El dato más preocupante es el desenlace de estos casos. El 54 % de las personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida, mientras que el 46 % restante fue localizado con vida, una estadística que evidencia la gravedad del fenómeno y sus nexos con otras expresiones de violencia criminal.

Para el Gobierno, precisamente ese escenario justifica el incremento de la presencia policial y el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia en la capital. Sin embargo, especialistas coinciden en que reforzar la presencia policial puede generar un efecto inmediato, pero difícilmente resolverá el problema si no forma parte de una política integral y sostenida.

Expertos piden una estrategia integral

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, considera que la decisión llega tarde frente al crecimiento de la delincuencia en Quito. A su criterio, los sectores que hoy son priorizados por el Gobierno —como estaciones del Metro, universidades, centros comerciales y corredores de alta concurrencia— ya presentaban un deterioro evidente desde hace varios meses.

"Si esos puntos ya estaban identificados, ¿por qué no se intervino antes? La ciudad viene registrando un incremento de robos, extorsiones, desapariciones y hechos violentos desde hace tiempo", cuestionó.

Pinto sostiene que un verdadero plan de seguridad debe ir más allá del despliegue de uniformados. "Un plan debe tener objetivos claros, estrategias, indicadores y una coordinación permanente entre todas las instituciones. No basta con poner más policías en las calles", analizó.

El especialista considera además que la presión ejercida por el Estado sobre las organizaciones criminales asentadas en la Costa provocó el desplazamiento de estas estructuras hacia ciudades como Quito, donde buscan expandir sus actividades ilícitas y lavar activos.

También advirtió que trasladar policías desde otras provincias puede generar riesgos adicionales. "Se puede aliviar un problema en Quito, pero abrir otros en ciudades que perderán capacidad operativa. Si las organizaciones criminales detectan una menor presencia policial, podrían aprovechar esa vulnerabilidad", manifestó.

Para Pinto, recuperar la seguridad exige una estrategia que involucre al Municipio, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sector privado, las universidades y la ciudadanía, con acciones permanentes de prevención y recuperación del espacio público.

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Refuerzo policial requiere acciones sostenidas

Una visión similar comparte Max Campos, coordinador nacional del Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana. Explica que el incremento de efectivos responde al desplazamiento territorial del crimen, un fenómeno frecuente cuando la presión policial aumenta en determinadas provincias.

Para Campos, el refuerzo puede generar resultados inmediatos, pero advierte que el efecto será temporal si no se acompaña de inteligencia criminal, investigación especializada, fortalecimiento del sistema judicial y una mayor coordinación con el Municipio. 

Recordó que buena parte de los delitos ocurre en espacios públicos cuya gestión corresponde a los gobiernos locales, por lo que la prevención debe ser una responsabilidad compartida.

Lo que debes saber

• Según el abogado Ramiro García, la Fiscalía construyó un caso sobre un texto normativo que estuvo viegnte pocos meses.
• Su argumento es que Fiscalía sustentó su acusación para demostrar comercialización ilegal entre segmentos, industrial y automotriz.
• La Fiscalía y la ARCH no ejercieron el derecho a réplica en la audiencia judicial para refutar el argumento de la defensa. 
• Aunque posteriormente acudieron a los medios de comunicación a calificar la tesis como una "confusión" y defender la solidez del caso.

Un último argumento de peso quedó sobre la mesa. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la base legal de la acusación por el caso Triple A y ni la Fiscalía ni la ARCH lo rebatieron en la audiencia de juzgamiento.

Ahora, el Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada delibera sobre el veredicto, mientras ambas instituciones han respondido a la tesis de Ramiro García únicamente ante los medios de comunicación.

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El argumento de la defensa de Aquiles Álvarez

Durante su intervención final, el abogado de Álvarez, Ramiro García, sostuvo que la acusación fiscal se construyó sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en junio de 2025. Es decir, que el caso de la Fiscalía se construyó para demostrar que las empresas vinculadas a Álvarez desviaban el combustible (adquirido legalmente) hacia otros segmentos: automotriz (con subsidio) al industrial (sin subsidio).

En junio de 2025, la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional. Esta ley cambió la redacción del artículo 265 e incluyó formalmente el “desvío de combustible” dentro de la conducta sancionada, independientemente de si los procesados tenían o no autorizaciones para comercializarlo.

En cambio, el artículo vigente en el período 2020-2024 es el artículo 265 que sancionaba una conducta específica: vender, almacenar o transportar combustible sin tener autorización (sin permisos estatales).

Finalmente este último es el artículo que usarán los jueces para verificar la conducta y si los hechos expuestos en la audiencia corresponden a un delito y si es que ese delito fue cometido por Álvarez y los demás procesados.

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Caso Triple A: las claves del argumento con el que la defensa de Álvarez sorprendió a la Fiscalía

Martin Pallares

Se demostró que la acusación de la Fiscalía se sustenta en un texto normativo inexistente (...) ha tratado de probar que hubo comercialización entre segmentos.​Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez

Fiscalía rebate el argumento en medios

La falta de una réplica en el Tribunal no significa que la Fiscalía y la ARCH no hayan respondido al argumento. Ellos se pronunciaron posteriormente en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación y defendieron la “solidez del caso”.

La fiscal de Triple A, Ruth Amoroso, manifestó que la defensa incurre en una confusión sobre la norma aplicable. En entrevista con Radio Centro, explicó que la instrucción fiscal comenzó en diciembre de 2024, cuando estaba vigente el tipo penal utilizado para formular la acusación, y que el proceso superó el control judicial de la etapa preparatoria de juicio.

Amoroso argumentó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no afecta la acusación relacionada con la presunta comercialización ilegal de más de 22 millones de galones de combustible. Y agregó que los juicios se ganan en audiencia, no en los medios, aunque ella no respondió en la audiencia.

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Aquiles Álvarez es condenado a tres años de cárcel por el caso Grillete

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Debemos recordar que esta instrucción fiscal comenzó en diciembre de 2024. La imputación que realizó la Fiscalía General es la correcta y superó la fase intermedia.Ruth Amoroso, fiscal del caso Triple A

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), por su parte, también rechazó la interpretación de la defensa. Su director ejecutivo, Christian Puente dijo en declaraciones a medios que la tesis planteada por García no tendría sustento jurídico y la calificó como un argumento presentado en la etapa final del proceso para intentar alterar el escenario del juicio.

Puente aseguró que los hechos investigados se ajustan al artículo vigente del COIP. “Se han comercializado sin la debida autorización. No estamos hablando de un desvío, sino de una comercialización”.