Operan al margen de la ley

Son las 15:00 de un miércoles en el centro de Guayaquil. El sol obliga a buscar sombra, pero el semáforo detiene la marcha. Una camioneta de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respeta la luz roja. No así un scooter eléctrico con dos ocupantes sin casco. Ignorando la señal, toma una curva cerrada hacia la calle Olmedo. No hay prudencia y, en las narices de la autoridad, tampoco sanción.

En otro punto, entre Pedro Carbo y 10 de Agosto, un ciudadano asiático recarga su tricimoto eléctrica con un largo cable extendido en la acera. “Me ayuda a vender más rápido y no gasta mucho”, justifica a este Diario. Cuenta que la compró en la Bahía en un remate navideño. Un colaborador añade: “Esto es el futuro, todos vamos a usar estos”. Sin embargo, ese “futuro” rueda hoy sobre un vacío legal.

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Durante un recorrido por el casco comercial, EXPRESO evidenció la proliferación de estos vehículos cometiendo múltiples infracciones: circulan en contravía, invaden aceras y burlan semáforos. Se solicitó a la ATM información sobre operativos o normativa local, ya que en redes sociales han señalado que su circulación está prohibida. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta: un silencio institucional que se replica en las calles, donde los agentes ven pasar estos vehículos sin inmutarse.

Riesgo de siniestros y falta de ordenanza

Javier Rojas, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, advierte que el riesgo es el aumento de siniestros y la dificultad para establecer responsabilidades. “Si un conductor de estos atropella a alguien, ¿cómo se procesa penalmente? Hay una inacción total de las autoridades locales (ANT y ATM) para normarlos, pese a que ya han causado muertes en Guayaquil”, cuestiona.

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Rojas precisa que aunque la ley de tránsito nacional no contemple matrículas formales para estos modelos, el Municipio tiene la competencia para expedir ordenanzas que regulen su circulación y prohíban su uso en vías rápidas o pasos a desnivel.

Paola Carvajal, directora de la fundación Movidana y experta en seguridad vial, recalca que la competencia recae en el Cabildo. “Existe una obligación municipal de regular, pero no hay legislación clara, sumada a la falta de control de los agentes”. Carvajal añade un agravante: el ingreso de estos aparatos al país suele darse bajo subpartidas arancelarias de juguetes. “Eso limita el control inicial, pero abre una oportunidad para que los municipios intervengan”

Ingresan como juguetes a Ecuador

Para Álvaro Miranda, director de la carrera de Tránsito de la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), la movilidad eléctrica es un aporte, pero sin reglas se convierte en un “peligro silencioso”. Señala que la ciudad requiere con urgencia una ordenanza de micromovilidad. “Al ingresar como juguetes, son operados por menores o personas sin formación en tránsito. En el centro mueven carga sin ninguna seguridad”.

Miranda sugiere categorizarlos por peso y velocidad de fábrica. “No digo que deban tener placas, pero sí exigir parqueo, cursos de educación vial y respeto a las señales. Hoy son invisibles para la ley”.

Esta anarquía es, irónicamente, el principal atractivo para el comprador. Erick Vargas, usuario de una moto eléctrica desde hace años y que usa casco por decisión propia, admite la ventaja de la inacción estatal. “Una vez un policía me paró y me pidió papeles. Le dije: ‘¿Qué le enseño, la factura?’. No debo tener ningún documento. La compré porque es más cómoda, no gastas gasolina y no hay que matricularla”, relata.

Y sobre una eventual normativa de la ATM, Vargas es pragmático: “Sería bueno que haya educación vial. Si meten controles, no me queda de otra (que acatarlos)”.

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Saratoga, surgida en Madrid en 1992, forma parte de esta tradición, lo que no significa que su música se haya quedado estancada en la nostalgia.

La agrupación está viviendo un momento especialmente dulce, pues este mes verá la luz su nuevo disco, En estado puro, ocho años después de Aeternus (2018), su último trabajo en estudio. Aunque durante este tiempo se han mantenido en constante actividad, pues lanzaron dos álbumes en vivo, además de XXX (2021), con regrabaciones de sus temas más conocidos.

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Este 24 de abril sale a la calle el disco y al día siguiente Saratoga inicia la gira de promoción en Murcia, en su natal España, que incluye fechas en América Latina, específicamente en Colombia, Ecuador (ver nota adjunta), Argentina, Chile y Perú.

En estado puro, que tendrá diez canciones, fue grabado en Madrid en los estudios New Life, bajo la batuta de José Garrido y Daniel Sabugal. Saldrá en formato vinilo y disco compacto (CD), por el sello español Maldito Records.

“En un CD entra muchísima música, pero un vinilo tiene un minutaje determinado. Ya nos había pasado en otros discos que en la versión de vinilo teníamos que quitar dos temas, lo cual es una pena. Entonces hicimos un disco redondo con diez canciones para que encaje perfecto en el vinilo”, le explicó el vocalista Tete Novoa al medio ecuatoriano Headbangers acerca de la elección del número de tracks.

Ya han publicado dos adelantos: los singles Inteligencia artificial y A toda velocidad.

En cuanto al primero, Tete comentó: “Es una canción con una temática muy actual. En la industria musical está cambiando a pasos agigantados la forma de composición y producción. A veces parece que el ser humano evoluciona, pero muchas veces parece que ese avance significa cinco pasos atrás, porque cada vez nos hacemos más perezosos. Cada vez más hacemos a un lado la creatividad humana, el arte, y dejamos que las máquinas nos faciliten la vida, pero creo que eso es una involución”.

Acerca del segundo sencillo, A toda velocidad, es un tema compuesto por su nuevo integrante, el peruano Charlie Parra del Riego, quien ya había tocado con Saratoga en sus conciertos en tierras americanas, pero ahora se mudó a España para unirse a la agrupación.

Este segundo sencillo “es un hostiazo en la cara, súper heavy, muy cañero, con unas guitarras muy potentes. Este es el primer disco que Charlie Parra del Riego graba con Saratoga como compositor y se ha adaptado perfectamente. Él es camaleónico y ha compuesto temas que suenan a Saratoga de toda la vida”.

A toda velocidad tiene su respectivo videoclip, rodado íntegramente en Ciudad de México, donde estuvieron tocando con Ángeles del Infierno. El audiovisual incluye imágenes de ese show en vivo, backstage y la efervescencia del público.

Para los conciertos de la gira de promoción de En estado puro, la banda ha previsto dividir el show en tres bloques. “Vamos a rescatar grandes joyas olvidadas, porque hay un montón de canciones de la discografía de Saratoga que no se han tocado casi nunca o nunca en directo. Luego, los temas que más estén funcionando del disco. Y tendremos una última parte de grandes éxitos”, detalló Tete.

En Saratoga destaca su visión empresarial, lo que incluye una detallada planificación de las giras y el tipo de promoción por ejecutar. “Tuvimos varias reuniones para elegir estratégicamente los singles. El sello trabaja con empresas digitales, porque ahora tienes que atacar sobre todo ese mercado y tienen unas acciones muy potentes. Haremos la presentación para medios y una preescucha para fans”, concluyó el vocalista.

Tete también forma parte de 'WAH Show'

Tete lleva cuatro años trabajando en el WAH Show, en Madrid, una experiencia multisensorial con la participación de más de 40 artistas, que va por su quinta temporada. El espectáculo cuenta con tecnología de punta, sonido envolvente 360º y pantalla led de 240 m².

“Es un show difícil de explicar. Siempre digo lo mismo: WAH hay que vivirlo porque es una experiencia que fusiona gastronomía, artes escénicas, ocio nocturno”, comenta Tete.

WAH comprende tres actos. En el primero el protagonista es la gastronomía e incluye magos, acróbatas y demás artes escénicas. El segundo acto es musical, con fusión de estilos como flamenco, rock ópera o música clásica. Y cierra en plan discoteca, con DJ, sets en vivo y cocteles.

Conciertos de Saratoga en Ecuador 

Saratoga se presentará en Quito el sábado 30 de mayo, en la Plaza de Toros, junto a Obús (foto) y Kabrones (ambas de España), y las cuencanas Basca y Bajo Sueños, en el concierto llamado La Noche del Rock 2.

Boletos: $30 en general, $40 en preferencia, $50 en contra barrera, $75 en arena vip y $85 sillas rock box (precios no incluye en valor del servicio).

Y el domingo 31, Saratoga tocará en la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, con Obús, Basca y otros nombres por confirmar. 

Kabrones (o cómo hacer enojar a tu exbanda)

En el concierto La Noche del Rock 2 genera expectativa la presentación del grupo español Kabrones, formado por exintegrantes de Mago de Oz: el cantante José Andrea (nacido en La Paz, Bolivia); los guitarristas Frank Gómez y Carlitos Marín; además del bajista Salva Rogelio García.

Ellos grabaron los discos más conocidos de Mago de Oz, al punto de que muchos siguen asociando a la banda con la voz de José Andrea, lo que demuestra que los fans suelen aferrarse a determinados momentos y canciones de sus grupos favoritos.

El repertorio de Kabrones está formado, precisamente, por los grandes hits de su exbanda.

Inicialmente decidieron llamarse Los Mago, pero por líos legales con el baterista Txus di Fellatio, fundador de Mago de Oz, tuvieron que cambiarlo.

Los problemas con Txus datan desde 2018, cuando este decidió registrar la marca Mago de Oz a su nombre, sin consultar con el resto de integrantes, lo cual fue considerado una puñalada por la espalda por sus compañeros, quienes argumentaron que Txus se adueñó de un proyecto que nació de forma colectiva.

José Andrea estuvo en Mago de Oz hasta 2011 y a pesar de que en su momento salió en buenos términos, la relación con Txus se ha deteriorado con los años.

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¿Andrés Páez será candidato a la Alcaldía de Quito?

El escenario político de la capital empieza a agitarse con miras al 29 de noviembre de 2026. Andrés Páez, quien ya compitió por la alcaldía en 2023, confirmó a Diario EXPRESO que las propuestas para una nueva candidatura son "innumerables".

A pesar de figurar con un 4% de preferencia en la reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Páez se mantiene por debajo de figuras como el actual alcalde Pabel Muñoz y el exalcalde destituido Jorge Yunda. Sin embargo, el político asegura sentirse satisfecho por ser considerado un "sobreviviente al correísmo".

La estrategia para derrotar al correísmo en las elecciones

Para Páez, la prioridad no es el nombre en la papeleta, sino evitar la dispersión del voto. Su enfoque principal es construir una plataforma de unidad que impida que el movimiento correísta retenga el control de municipios y prefecturas.

"No me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: eliminar la presencia de autoridades correístas", señaló enfáticamente el exlegislador.

Unificación de tendencias y encuestas reales

El político propone un método claro para definir al contendiente que enfrentará a la administración actual en las elecciones seccionales:

• Crear una gran plataforma donde coincidan diversos sectores políticos.
• Realizar mediciones técnicas para identificar quién tiene los mejores números.
• Apoyo total al candidato mejor posicionado para erradicar la influencia correísta en Quito.

Páez se define como un "político profesional" y afirma que no tiene problemas en dar un paso al costado si no es el favorecido por las cifras. "Ganar o perder una elección no es precisamente la tarea del político, la tarea es estar donde se cocinan las decisiones", acotó.

Finalmente, dejó su futuro en manos de la fe, asegurando que en las próximas semanas se definirá su rol, siempre bajo "el plan de Dios".

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Cerca de 60 productos que se comercializaban sin ese impuesto ahora deberán aplicarlo. La medida llega cuando la canasta básica familiar cerró enero de 2026 en $821,80, frente a un salario básico de $482.

El presidente Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio, defendió la solidez del consumo interno. Afrimó que el primer trimestre de 2026 registra las ventas locales más altas de la historia del Ecuador. 

Definió los productos sin IVA como alimentos, medicinas y transporte, y sostuvo que el país consume a doble dígito más que antes. "Hemos hecho ajustes sin afectar el consumo", dijo.  

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Los gremios piden derogar la circular

Los gremios productivos cuestionan esa interpretación. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) fue la más directa y solicitó que se derogue la circular, al considerar que introduce elementos de interpretación que no están previstos en la ley y que debilitan la seguridad jurídica. 

En una entrevista con Expreso la Cámara explicó que si los contribuyentes comercializaron productos con tarifa 0% es porque la ley los ampara, y que esa decisión responde a análisis técnicos serios. Advirtió además que cualquier intento de interpretación que exceda el marco legal del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) desnaturaliza el principio de legalidad tributaria.

Por su parte la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) también advirtieron en un oficio al SRI que la circular genera inseguridad jurídica al introducir diferenciaciones sobre lácteos y pan que no constan en el artículo 55 de la LORTI, y que el alza de costos terminará en el bolsillo del consumidor final. 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) reconoció que no se trata de una nueva carga tributaria, pero advirtió al Gobierno de Daniel Noboa sobre impactos operativos inmediatos en la cadena de suministro y planteó la conformación de una mesa técnica para analizar la medida.

Aunque los gremios difieren en el tono, coinciden en que la medida genera incertidumbre en el mercado. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) proyecta un alza del 2% en la canasta básica y advierte efectos indirectos en toda la cadena productiva, por el encarecimiento de insumos y ajustes operativos que terminan trasladándose a precios.

¿Puede una circular cambiar la ley?

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advirtió que la circular abre la puerta a cobros retroactivos de hasta cuatro años y que el golpe recorre toda la cadena: consumidor, comercio, industria y productor primario. 

Víctor Serrano, experto tributario, respaldó ese argumento en el plano legal: el Código Tributario establece en sus artículos 7 y 11.1 que las circulares del SRI no pueden cambiar el sentido de la ley ni ampliar su alcance, criterio ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia 2-21-IN/24 del 28 de febrero de 2024. 

Gómez de la Torre fue más gráfico: permitir que el SRI modifique la ley por circular es como si la Agencia Nacional de Tránsito emitiera un oficio autorizando pasarse un semáforo en rojo. "Pueden escribir lo que quieran, no tiene valor jurídico", dijo. "Si quieren cambiar la ley, que lo hagan en la Asamblea", afirmó. La CCG, en la misma línea, señaló que analiza el alcance de la disposición para definir las acciones legales a seguir en defensa de sus afiliados.

Un golpe a la producción nacional

Christian Walli, de la Cámara de Alimentos y Bebidas, coincidió con Gómez de la Torre en el impacto sobre la producción y fue más enfático en sus críticas. Señaló que resulta contradictorio que Ecuador exporte más de $20.000 millones en productos agrícolas, con una balanza comercial positiva, mientras se afecta a productos procesados como yogures, pulpas y jugos, considerados parte de una oferta saludable y de un sector declarado prioritario para el país.

También advirtió una posible asimetría frente a los tratados internacionales. En categorías como el atún, explicó, el 15% recae únicamente sobre el producto importado y no sobre el nacional. “El productor no puede absorber ese aumento. Lo pagará el consumidor”, afirmó.

Gómez de la Torre detalló el efecto encadenado en la cadena láctea: entre el 25% y el 30% del procesamiento industrial corresponde a las variedades deslactosada, descremada y semidescremada, exactamente las que ya debían gravarse según el SRI. 

Si el consumo cae, la industria reduce la compra al productor primario y este pierde mercado. El economista Jonathan Baez reforzó ese diagnóstico con datos que contradicen la postura gubernamental: el atún y los fideos forman parte de los 15 principales gastos del decil más pobre de la población, por lo que la aplicación de la tarifa golpeará directamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

¿Qué pasa con la  lonchera escolar?

La circular también impacta la lonchera escolar, en un país que bordea el 20% de desnutrición infantil. Productos de consumo cotidiano como el pan, el jamón, los yogures saborizados y las leches endulzadas —que los niños llevan a clases— pasarían a pagar el 15% de IVA, según la interpretación del SRI. En la práctica, esto encarece uno de los gastos más recurrentes de los hogares ecuatorianos.

“¿Cómo voy a hacer la lonchera? ¿Voy a poner yogures sin sabor, sin endulzante?”, cuestionó Walli.

¿Qué pasa con los productos para pacientes con diabetes y enfermedades crónicas?

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El impacto es más agudo en poblaciones con enfermedades crónicas. Lucía Mantilla, directora ejecutiva de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador, planteó una paradoja que el Gobierno no ha respondido: el azúcar tributa 0% de IVA por ser producto de primera necesidad, pero es el elemento más dañino para los diabéticos, mientras que los edulcorantes saludables ya debían pagar el 15% según la circular.

Walli ve más a futuro y advirtió que con esta medida toda una gama de productos sin azúcar simplemente saldrá del mercado, golpeando directamente a quienes los necesitan por prescripción médica.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en Ecuador hay cerca de 17.000 pacientes con diabetes tipo 1 y más de medio millón con diabetes tipo 2. 

La enfermedad está entre las primeras causas de muerte en el país, atribuible al 12,4% de los fallecimientos. El tratamiento puede costar entre $500 y $600 mensuales en diabetes tipo 1, y más de $2.300 anuales en diabetes tipo 2, sin contar complicaciones.

"No son solo 70 u 90 centavos más. Sumados al día, al mes y de por vida, ya es un impuesto terrible", afirmó Mantilla. La CCG reconoció esta dimensión y manifestó disposición a trabajar con fundaciones de pacientes para construir soluciones con tratamiento diferenciado.

¿Derogación o reforma legal?

Los gremios exigen que el SRI derogue la circular y, de necesitar mayor recaudación, el Gobierno lo haga mediante reforma legal en la Asamblea Nacional. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también rechazó la medida: "Comer en Ecuador ahora será más caro. Un regalo de Semana Santa por parte del Gobierno", señaló. La pregunta que queda abierta, y que el Gobierno no ha respondido, es si quienes facturaron con tarifa 0% durante años deberán presentar declaraciones sustitutivas y pagar el impuesto con intereses y multas retroactivos, un escenario que los gremios califican como devastador para la economía del país.

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Jóvenes y adultos se mezclan en un mismo espacio, combinando tareas y evidenciando un trabajo en equipo que sostiene cada detalle de la celebración.

Galu InLago es una de las voluntarias recientes. “No llevo mucho tiempo, soy nueva en todo esto”, confiesa mientras organiza tareas dentro de la Comisión de Alimentos, de la que también es secretaria. Su motivación surgió de la curiosidad y la fe: asistir a misa le permitió descubrir un espacio donde los jóvenes tenían cabida. 

“Es una experiencia gratificante. Es un trabajo pesado, pero al final todo sale bien”, asegura. Su comisión cumple una labor silenciosa pero esencial: alimentar a quienes garantizan el orden durante la procesión, entre ellos policías, bomberos y personal municipal. Son alrededor de mil raciones que requieren organización y dedicación.

La motivación de los jóvenes

En otra esquina del convento, Ángel Cáceres pule con esmero una de las andas. Forma parte de la Comisión de Andas, y sigue la tradición familiar. Su trabajo incluye revisar cada detalle técnico: limpieza, mantenimiento de estructuras y parlantes. 

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“Todo debe estar perfecto”, afirma. En el convento se observa cómo jóvenes y adultos se combinan en tareas, comparten experiencias, colaboran y aprenden unos de otros. “Aquí todos colaboramos, es una hermandad”, comenta Cáceres mientras revisa los últimos detalles.

Desde la guía espiritual, fray Edgar Abad, guardián del convento San Francisco, recuerda que este esfuerzo no es improvisado. “Nos preparamos durante todo el año”, señala. Aunque existen numerosos voluntarios registrados, el núcleo activo está compuesto por un grupo más reducido que asume responsabilidades constantes.

Así se distribuyen las tareas antes de la procesión

Las tareas se distribuyen en comisiones: andas, vestimenta, liturgia, acogida, comunicación y más. Comenta que en los últimos años, se ha observado un aumento significativo de jóvenes que participan en los preparativos, lo que refleja una renovación generacional sin que se pierda la esencia de la tradición.

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Diego Albán, parte de la Comisión de Cucuruchos, cuida cientos de trajes que se utilizarán durante la procesión. Su motivación es profunda, basada en la herencia familiar y gratitud por poder formar parte de esta celebración.

Diana Simbaña y su esposo, quienes se sumaron tras asistir a una misa, integran el equipo de comunicación, encargados de transmitir en vivo cada momento. “No es solo rezar, es hacer algo por los demás”, enfatiza la mujer.

Entre estas historias resalta Vicente QuinaLuisa, con más de 30 años en la cofradía. Detalla la organización de la procesión con grupos de andas, flores, protocolo y alimentos, con preparación constante que incluye limpieza, mantenimiento y coordinación de ceremonias. 

Su religiosidad nació en la infancia, influenciado por su padre, quien lo llevaba a rezar las estaciones todos los viernes de Cuaresma en la igleasia de Santo Domingo, centro de Quito. 

Para Quinaluisa, la fe y la confianza en Dios guían cada paso. Sobre el relevo generacional, celebra que adolescentes y jóvenes se involucren gracias a la guía y ejemplo de sus padres.

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El reloj marcaba las 17:13 del viernes y sobre la calle René Idrovo, en la segunda etapa de la ciudadela La Garzota, el tráfico avanzaba con lentitud. Los vehículos apenas se desplazaban unos metros antes de volver a detenerse.

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Había rostros tensos. Era la impaciencia de una hora pico que se volvió más pesada de lo habitual. La meta era alcanzar la avenida Isidro Ayora, pero el trayecto desesperaba. Las bocinas se superponían unas a otras en un sonido constante, irritante. Iván Lozada, taxista, miraba el reloj del tablero con resignación: en siete minutos apenas avanzó 500 metros.

A su alrededor, algunos conductores comenzaban a perder la calma. Dos vehículos se lanzaron en contravía, intentando abrirse paso por un carril que no les correspondía, lo que obligó a otros a frenar en seco.

“El cierre de las calles en la Alborada complicó todo”, dijo Lozada, soltando un suspiro cargado de enojo, mientras golpeaba suavemente el volante con los dedos.

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Cierre en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur: zonas aledañas, con incremento de flujo vehicular

Desde el viernes 20 de marzo, un tramo de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur permanece cerrado por trabajos municipales. La restricción, en sentido sur-norte, entre Agustín Freire y José María Egas, ha desviado el flujo vehicular hacia calles internas de ciudadelas cercanas, alterando la dinámica del sector.

El impacto se siente más allá de esa arteria. En zonas como La Garzota, Sauces y la propia Alborada, calles que antes tenían un tráfico moderado, ahora absorben una carga constante de vehículos.

En la calle Miguel Ángel Jijón, también en la segunda etapa de La Garzota, las filas pueden extenderse por más de cuatro cuadras, especialmente al caer la tarde.

Camila Paguay, que a diario regresa desde Urdesa hasta Acuarela del Río, explicó que su trayecto en hora pico puede tomarle hasta 35 minutos. El jueves pasado, sin embargo, el recorrido le tomó 58 minutos.

“Casi una hora atrapada en el tráfico. Eso es desgastante. Desde la semana pasada es imposible circular por La Garzota: si no está colapsada una calle, está colapsada otra”, lamentó.

Y eso que tan solo ha transcurrido una semana de los seis meses que durará el cierre del tramo sur-norte de la avenida Baquerizo Nazur.

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Otro tramo que está generando problemas es la intersección de las avenidas Guillermo Pareja Rolando y Agustín Freire, donde el paso es parcial. El viaducto en ese punto está cerrado, por lo que los conductores deben desviarse hacia la avenida Isidro Ayora y luego retomar su ruta.

Por ello, en la calle Eloy Velásquez, paralela a la Guillermo Pareja, entre las 17:00 y las 19:30, la congestión vehicular se ha intensificado, al ser utilizada como vía alterna.

“Se ha vuelto insoportable pasar por ahí. Si esto va a durar seis meses, deben enviar agentes de tránsito, porque no se ve ni uno. Solo en la principal hay cuatro, haciendo la labor que pueden hacer dos”, comentó Byron Morán, conductor de un expreso escolar.

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Fallas en la planificación del cierre en la avenida Rodolfo Baquerizo, señala experto

Alejandro Chanabá Ruiz, docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), explicó que el cierre del tramo sur-norte de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur ha puesto en evidencia una falla estructural: la alta dependencia de una sola arteria principal.

Las calles secundarias de ciudadelas como la Alborada, La Garzota y Sauces, concebidas para tránsito local, han tenido que absorber un volumen para el cual no fueron diseñadas, lo que explica la congestión que se intensifica durante las horas pico.

Agregó que el problema se agrava si se considera que la avenida Baquerizo Nazur soporta entre 50.000 y 60.000 vehículos diarios. Al cerrarse, ese flujo se redistribuye de forma desordenada hacia calles internas, generando cuellos de botella.

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Chanabá advirtió que también se evidencian fallas en la operación planificada en territorio. “Si desvío todo el flujo, ¿qué alternativa le ofrezco a la ciudadanía?”, analizó. Esto implica evaluar qué vías pueden soportar mayor carga, ajustar sentidos de circulación y habilitar rutas paralelas.

Ante este escenario, el experto mencionó el modelo de “espina de pescado”, donde una vía principal se complementa con múltiples accesos laterales que distribuyen el tránsito de manera más eficiente.

A esto se suma un déficit en la comunicación y planificación, de acuerdo con el analista. “Jamás he visto un letrero que me diga, con meses de anticipación, que una vía se va a cerrar”, cuestionó.

Para Chanabá, anticipar cierres, informar sobre rutas alternas y establecer cronogramas claros de intervención reduce el impacto en la movilidad y permite que la ciudadanía se adapte. “Eso se hace únicamente en el trabajo de campo. Es decir, saliendo, midiendo los tiempos, viendo cuánto me demoraría si giro solo a la derecha o solo a la izquierda, planificando el cambio del sentido de las calles”.

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Este valor es el más alto desde junio de 2022 ($104,40 el barril), de acuerdo con datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE). Además, este monto está por encima del precio referencial del crudo ecuatoriano ($53,50) fijado en el Presupuesto General del Estado 2026. Pero, ¿por qué sube el precio de esta materia prima?

El aumento en el precio del petróleo ecuatoriano ocurre debido al alza del West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el hidrocarburo de Ecuador. El WTI cerró este 1 de abril de 2026 en $100,12 el barril, según la Agencia EFE.

¿Por qué sube el precio del crudo ecuatoriano?

Oswaldo Erazo, analista petrolero, explica que solo entre febrero y marzo de 2026, el precio promedio del barril de WTI aumentó un 41,6 %. Pasó de $64,51 a $91,38.

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Este incremento responde al conflicto en Irán, activo desde el 28 de febrero, que ha afectado infraestructura energética en Medio Oriente. También influye el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

En Ecuador, el alza del WTI genera actualmente una diferencia de $36,71 entre cada barril exportado frente a lo previsto en el Presupuesto. Esto significa, que el Fisco recibirá mayores ingresos.

En promedio, cada dólar adicional sobre el precio presupuestado representa entre $105 millones y $110 millones extra, según el volumen de exportación previsto para 2026. Aunque la producción de crudo en Ecuador se encuentra contraída. El país, actualmente, produce 458.621,83 barriles por día, según el reporte del 31 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El gobierno de Ecuador apunta a depender menos del petróleo

En medio del alza de precio del crudo ecuatoriano, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, informó el 24 de marzo de 2026 en radio Centro, que en marzo habrá un beneficio. “En promedio, se estima unos $50 millones en ingresos petroleros”, indicó.

La ministra Moya, sin embargo, señaló que en los últimos dos años el gobierno busca reducir la dependencia petrolera. Para ello, destacó el crecimiento de cerca del 20 % en las exportaciones no petroleras en 2025 y el plan de contratar un seguro para proteger los ingresos ante caídas del precio. “No podemos seguir siendo un país dependiente del petróleo, tenemos que ser más resilientes”.

Además, la funcionaria añadió que se fijó en el Presupuesto un precio de “$52 por barril” y una producción conservadora de 460.000 barriles diarios para evitar “huecos” fiscales.

Los efectos del alza del crudo ecuatoriano 

Fernando Reyes, consultor petrolero, menciona que para establecer con detalle los ingresos que tendrá el país por la mejora en el precio del hidrocarburo se debe conocer el volumen exportado, Aunque precisa que debido a que la Refinería Esmeraldas no opera al 100 %, estima que hay un aumento de la oferta.

En este sentido, el especialista menciona que ante la bonanza actual, el gobierno debería destinar parte de los recursos de la exportación petrolera para mejorar la infraestructura de los complejos refinadores, porque al no poder producir “nuestros propios derivados” el país “pierde dinero. Es más barato producir, que refinar”.

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Por ejemplo, un barril de diésel importado puede llegar a costar hasta $150. Esto implica que Ecuador no solo recibe mayores ingresos, sino que también enfrenta mayores costos por la importación de derivados, lo que impacta directamente en los precios de los combustibles

El precio de gasolinas y diésel subiría otra vez hasta un 5 %

Además de una mejora en los ingresos, los efectos del conflicto en Irán se sentirán también en el bolsillo de los ecuatorianos. El 12 de abril de 2026, Ecuador enfrentaría un nuevo ajuste al alza en los precios de gasolinas y diésel. El aumento podría llegar nuevamente al 5 %, que es el tope que establece el sistema de bandas.

La previsión de este aumento responde a que el costo internacional del WTI supera ya los $100 por barril. Solo entre febrero y marzo de 2026, subió en un 41,6 %, advierte Erazo.

Ante este escenario, si se consideran parámetros técnicos y se busca mantener una reducción en la asignación de subsidios, Erazo estima que el 11 de abril en el ajuste de precios se aplique el monto máximo del sistema de bandas, 5 %.

Aunque, si se modifica el reglamento de fijación de precios de combustibles -como ocurrió en diciembre de 2025- puede haber ajustes en los porcentajes referidos.

El sistema de bandas establece que el precio de la extra, ecopaís y diésel prémium pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 %, si los costos internacionales del crudo y derivados cambian.

De esta manera, las variaciones del mercado no se trasladan en su totalidad al consumidor. Pero, si los precios externos son altos, el Estado podría asumir parte del costo mediante subsidios.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,89. El diésel prémium está en $2,82 y tiene un subsidio del Estado de 3,7 centavos por galón. Mientras tanto, la gasolina súper (que  no se sujeta al sistema de bandas) tiene un precio refencial de $3,41 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de abril de de 2026.

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Según el documento oficial, la entidad recuerda que únicamente los productos contemplados en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno pueden mantener tarifa 0 %. Todo lo que no esté explícitamente incluido debe pagar IVA, actualmente del 15 %. Sin embargo, el alcance de esta interpretación ha generado preocupación entre expertos y sectores productivos.

A criterio del tributarista Carlos Coronel, la circular del SRI son instrumentos aclaratorios y no pueden modificar la ley ni ampliar su alcance. Por ello, advierte que cualquier cambio en tarifas, como pasar de 0 % a 15 %, debería realizarse mediante una reforma legal aprobada por la Asamblea, y no a través de este tipo de documentos administrativos.

¿Habrá controles del SRI?

En la práctica, el documento tendría dos efectos claros. El primero, inmediato: un incremento en la recaudación, ya que varios productos que históricamente se vendían con tarifa 0 % empezarían a pagar 15 %, reflejándose en las perchas en cuestión de días. El segundo, a mediano plazo: la activación de controles tributarios por parte del SRI, que podría cuestionar a empresas por no haber aplicado este criterio en el pasado, abriendo la puerta a sanciones, multas e incluso cobros retroactivos.

El documento también deja entrever una interpretación polémica: sugiere que algunos productos “siempre debieron” pagar IVA, lo que genera incertidumbre jurídica. Esto preocupa porque podría derivar en procesos de determinación tributaria hacia atrás, algo que, según especialistas, debe manejarse con cautela por el principio de irretroactividad.

Otro punto sensible es el tratamiento de productos agrupados. La circular señala que si un bien con tarifa 15 % se vende junto a otros, aunque estos sean de tarifa 0%, todo el conjunto podría gravarse con IVA. Para Coronel, esto no está previsto en la ley y representaría una ampliación del alcance tributario.

Algunas leches más caras

Desde el sector productivo, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advierte a Diario EXPRESO que esta interpretación genera incertidumbre, especialmente en productos como la leche. Aunque la ley distingue la leche en estado natural (tarifa 0 %), la circular incluye categorías como deslactosada, descremada o fortificada dentro de los bienes gravados.

El impacto no sería menor: un aumento de precios podría reducir el consumo, afectar a la industria, al comercio y finalmente al productor. Es decir, el efecto se trasladaría a toda la cadena productiva.

“Este escenario genera preocupación en toda la cadena productiva. La categoría de leches deslactosadas, descremadas, saborizadas o fortificadas representan entre el 25% y el 30% del consumo a nivel nacional”, resalta Gómez. Agrega que un incremento en su precio podría reducir la demanda, afectar la comercialización, disminuir la producción industrial y golpear directamente a los productores.

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En la lista también se incluyen los panes que no cumplen con la definición establecida en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2945, numeral 3.1. Esta norma señala que el pan es el producto obtenido de la cocción de una masa, fermentada o no, elaborada con harina y agua potable, con o sin la adición de levadura, sal u otras sustancias permitidas para este tipo de alimentos. Aquellos productos que no se ajusten a estos parámetros técnicos podrían quedar fuera de esta categoría y, por tanto, ser gravados con IVA.

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En el fondo, el debate gira en torno a los límites legales del SRI. Si bien la entidad tiene la facultad de emitir circulares para aclarar la aplicación de la norma, expertos coinciden en que no puede reinterpretarla de forma extensiva ni modificar su alcance sin una reforma legal.

Así, más allá de la intención de ordenar el sistema tributario, la medida plantea un desafío mayor: evitar afectar a productos de la canasta básica y garantizar seguridad jurídica, señala José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor . Destaca que en un contexto económico sensible, cualquier cambio en el IVA de alimentos no solo impacta a las empresas, sino directamente al bolsillo de los ecuatorianos.

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El pasado 19 de marzo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, abrió una investigación previa contra Lozada. El monto observado por la Contraloría asciende a $25.732. La entidad sostiene que los documentos de descargo presentados no explican con suficiencia el origen de estos recursos.

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Lozada entregó facturas para justificar. Por ejemplo, del monto total, $18.805,05 provienen de sus actividades académicas en la Universidad de O’Higgins de Chile. Otros $1.382,90 corresponden a pagos de un plan de seguridad social privado, que es obligatorio tenerlo en ese país debido a las retenciones para fondos de pensiones.

El informe también señala como inconsistencia una cuenta no declarada en el Banco Internacional; sin embargo, un certificado bancario aclara que dicha cuenta se abrió en 2001, tiene saldo cero y no registra movimientos en los últimos cinco años.

Juez Terán y las observaciones de la Contraloría

En cuanto al juez Terán, el monto que la Contraloría considera no justificado es de $ 70.794. Según el informe filtrado al diario El Universo, las principales observaciones se centran en la recepción de $ 54.304 en cuatro cuentas bancarias locales sin el respaldo documental necesario, además de pagos a tarjetas de crédito por $13.576. Terán también remitió documentos de descargo alegando que los fondos provienen de su ejercicio profesional libre, pero la auditoría mantiene sus conclusiones.

Ninguno de los dos jueces ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de la investigación penal. El proceso se adelanta en el despacho de Alarcón, quien actualmente concursa para la titularidad de la Fiscalía y delegó las diligencias investigativas a la agente Judith Bonilla Estrada.

Nadie se hace responsable por la filtración

A través de la red social X, Alí Lozada cuestionó la filtración de un informe que goza de reserva legal y que aún no recibe formalmente. “Exijan al señor Contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto, en cualquier país decente, es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución”, fustigó el magistrado.

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Sobre el fondo del examen, Lozada calificó los montos y argumentos de la CGE como “ridículos”. Aseguró que la nota de prensa evidencia que justificó todo documentalmente, pero que a la Contraloría “le faltan papeles o sellos”.

Terán, en cambio, ha optado por el silencio. Sin embargo, este Diario conoció que recién la tarde de este 1 de abril de 2026, la Fiscalía le notificó con el inicio de la investigación, mientras que la Contraloría aún no le notifica con el resultado del examen a sus declaraciones patrimoniales.

Contraloría dice que no filtró información reservada

La Contraloría emitió un comunicado en el cual asegura que no entregó información a la prensa y que desconoce el origen de la filtración. “La labor de la entidad no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, reza el documento. No obstante, el organismo no desmintió la existencia de las investigaciones ni las determinaciones contra los jueces.

EXPRESO solicitó a la Fiscalía información sobre si investigará la difusión de información de circulación restringida incluso desde sus propias oficinas, pero la institución no respondió. Este delito está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), penas de uno a tres años de cárcel.

Otros jueces en la mira

El cerco a la Corte Constitucional no se detiene aquí. La Contraloría avanza con la aprobación de informes patrimoniales de otros magistrados: Claudia Salgado, Karla Andrade y el actual presidente de la CC, Jhoel Escudero Soliz.

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Tras hacerse público estos hechos, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial.

El organismo enfatiza que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la independencia de funciones. Subraya que los jueces han atendido todos los requerimientos institucionales, pero exige que estas acciones de control se conduzcan con “el más alto rigor técnico” y respeto a las competencias constitucionales.

• Preocupación. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, ha advertido sobre hostigamientos a la CC.

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Cómo funciona el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en Quito

Con corte hasta el martes 31 de marzo, se han entregado 52.839 tarjetas nuevas. Quienes ya contaban con ellas destacaron la rapidez y comodidad del sistema.

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Andrea Arcos, usuaria de la ecovía, comentó: “La atención fue rápida y me sentí más segura. Aunque por ser el primer día había bastante gente, creo que será un sistema muy útil para la ciudadanía, sobre todo para reducir los tiempos. Es mucho más fácil pasar, ya no hay que estar contando sueltos”. El personal municipal estuvo presente en los accesos para orientar a los usuarios.

Xavier Vázquez, gerente general de la Empresa de Pasajeros, explicó que el sistema centraliza el cobro y permite una administración más eficiente de los recursos recaudados. “Es un proceso planificado y técnico, que apunta a mejorar la experiencia del ciudadano”, afirmó.

No obstante, algunos usuarios hablaron de dificultades. Dennise Maya, del valle de los Chillos, destacó la seguridad al obtener la tarjeta; mientras que Patricio Mata, universitario, criticó las filas y la falta de implementación en todas las estaciones. “Es entendible que haya desconocimiento por ser el primer día, pero hubiera sido ideal iniciar en todas las paradas de trolebús y ecovía”, expresó.

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Vázquez aclaró que la implementación será gradual: inicialmente en seis estaciones (Carcelén, Río Coca, Marín Central, El Recreo, Guamaní y Morán Valverde) y posteriormente se ampliará a todas las estaciones de trolebús y ecovía, con entrega completa prevista para finales de abril. El metro ya cuenta con integración total en sus 15 estaciones.

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Durante la jornada, algunos inconvenientes surgieron con los validadores de tarjetas. Usuarios que intentaron pagar con la tarjeta del metro en estaciones del trolebús debieron hacerlo en efectivo. Paúl Aguilar señaló: “Es un gran cambio y habrá fallas hasta que se normalice”. El secretario de Movilidad, Álex Pérez, aseguró que se realiza un monitoreo permanente y se resolverá en el transcurso del día.

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El nuevo sistema permite pagar mediante la Tarjeta Ciudad, la tarjeta universal, la cédula vinculada o la aplicación Quito Nos Mueve para generar códigos QR. Es necesario crear una Cuenta Ciudad, que luego se vincula a la tarjeta correspondiente según la edad o condición del usuario.

El gerente explicó que, en fases posteriores, los buses convencionales de 12 metros contarán con validadores internos, eliminando la necesidad de controladores, en un proceso que podría extenderse entre seis meses y un año, debido a la coordinación con operadores privados.

El presupuesto referencial del proyecto alcanza los 15,5 millones de dólares y su implementación completa permitirá un transporte municipal más ágil.

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En esa línea, la temporada llegó también con una Liga Colegial de Ecuavóley (LCE) más grande, torneo incluso más antiguo que la propia LNE, pues se lleva a cabo hace más de dos años.

Según sus organizadores, la LCE es parte de una estructura mayor que pretende masificar al ecuavóley con competencias en centros de estudios, acompañados de procesos de formación con LNE Academy, todo con el objetivo de alimentar de más jugadores profesionales y nuevas figuras año a año.

Masificación en los colegios

Actualmente el torneo LCE se juega en Quito, Riobamba, Loja, Ambato, Ibarra, Latacunga y Cuenca, con un total de 102 colegios participando. En cada ciudad compiten desde fase de grupos y habrá un campeón. De momento, no está prevista una fase entre ciudades, debido a las implicaciones logísticas de movilizar menores de edad. Pero esto no se descarta a futuro.

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En la capital, la tradición de intercolegiales es muy fuerte y se siente, sobre todo, en los torneos de fútbol. Pero ese mismo ambiente se ha trasladado a los coliseos o patios de los distintos colegios con la liga colegial, pues en la primera fase ya hubo cruces, por ejemplo, entre Central Técnico y Mejía o Simón Bolívar y Montúfar.

Durante la cuarta semana de competencias, EXPRESO asistió al duelo entre Mejía y Central Técnico, con el ingrediente adicional de la presencia de jugadores profesionales, quienes se han convertido en la motivación de varios chicos que empiezan a ver en el ecuavóley una oportunidad laboral.

“Me han invitado a varios colegios y siempre les cuento mi experiencia, cómo empecé hoy. Esto les ayuda bastante a los chicos, saben que se viene el intercolegial y es un impulso a entrenarse más”, analiza Roosvelt Sánchez, más conocido como ´Morita´, quien forma parte de Quito Granaderos, uno de los equipos más fuertes de la temporada en la LNE.

Figuras de la LNE inspiran a los más jóvenes

Morita, al igual que otros jugadores profesionales, lideran escuelas formativas en los barrios. La suya, en Carcelén, al norte de Quito, cuenta con unos treinta alumnos y varios de ellos son parte del torneo colegial. “Aquí tengo tres estudiantes míos”, presume, mientras observa orgulloso el desempeño de los ´pelados´ del Central Técnico.

Marlon Gaona o ´Maliche´, quien también juega en Granaderos, valora la posibilidad para muchos jóvenes de contar con más espacios como la LCE para no dejar de competir y mejorar su nivel. En su caso, el ecuavóley solo lo tenía en el barrio y pasó varios años sin jugar cuando su padre falleció, pues él era quien le llevaba a jugar en una cancha de la Ferroviaria, al sur de Quito.

El colocador piensa en su historia y resalta la posibilidad de profesionalización que él tiene y de la que pueden ser parte los colegiales: “Esta es una idea muy buena, que desde el colegio ya empiecen a desarrollarse en el deporte y que de aquí puedan salir las nuevas estrellas, con más nivel”.

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El balance de los primeros meses de la restricción muestra resultados positivos, según las autoridades. Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explicó que antes de la medida se registraba un promedio de un siniestro semanal con participación de vehículos pesados. 

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Durante enero y febrero de este año, se contabilizaron cuatro incidentes: dos por cansancio del conductor, un camión volcado y otro que provocó la muerte de un motociclista.

En el mismo periodo, se entregaron 6.294 salvoconductos, mientras que más de 8.000 solicitudes fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos. Martínez también alertó sobre la detección de documentos falsificados, hechos que ya han sido denunciados ante la Fiscalía.

Opiniones del gremio del transporte pesado

Un sector del transporte pesado reconoce mejoras, pero manifiesta inquietudes frente a la ampliación de la restricción. Pablo Carlosama, de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), destacó que la medida ha obligado a los vehículos a contar con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vigente, rastreo satelital y conductores capacitados, requisitos indispensables para obtener los salvoconductos.

No obstante, Carlosama advirtió sobre problemas administrativos que podrían complicar la circulación vespertina. Algunos trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) siguen suspendidos o no operan al 100%, lo que podría retrasar la entrega de nuevos salvoconductos. Además, varios documentos están próximos a caducar según el dígito de matriculación, generando incertidumbre en la circulación.

El dirigente indicó que primero se debe evaluar la situación, por lo que mantendrán una reunión con la Secretaría de Movilidad, la AMT y los gremios de transporte para abordar estas inquietudes. Entre las medidas previstas, se implementará un sistema de salvoconductos con código QR para contrarrestar la falsificación.

Impacto económico y operativo en transportistas

Javier Muñoz, de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, calificó la ampliación como “una afectación fuerte” para el sector, tanto económica como de tiempo. “Laboramos con base en un tiempo y si hay restricciones, tenemos pérdidas”, señaló. También rechazó que se los quiera hacer ver “como culpables de los siniestros de tránsito”.

Además, criticó muchos salvoconductos han sido alterados o incluso comercializados en redes sociales, lo que, según Muñoz, ha derivado en un “negociado”. Frente a la extensión de la restricción vespertina, los gremios de Quito y otras provincias evalúan organizar un plantón pacífico la próxima semana para expresar su descontento.

Eficacia de la restricción y cifras de siniestralidad

El debate sobre la efectividad de la restricción continúa. La experta en seguridad vial, Marcela Riera, señala que los resultados globales no muestran cambios significativos:

• Enero 2025: 20 fallecidos en 18 siniestros

• Enero 2026: 21 fallecidos en 21 siniestros

• Febrero 2025: 23 muertes

• Febrero 2026: 14 muertes

En las vías específicas:

• Simón Bolívar: 32 fallecidos en 2025; 6 en lo que va de 2026

• Ruta Viva: 18 fallecidos en 2025; 2 en lo que va de 2026

Riera aclara que los vehículos pesados, si bien generan emergencias de alto impacto, no son los principales causantes de muertes en Quito. La mayoría de víctimas y siniestros se concentra en motocicletas y vehículos livianos.

La especialista advierte que estas medidas suelen responder a temas mediáticos: generan visibilidad y percepción pública inmediata, pero no son suficientes para controlar la siniestralidad. 

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En 2025, la capital registró cerca de 300 fallecidos en siniestros de tránsito, lo que evidencia la necesidad de un enfoque integral en seguridad vial.

Asimismo, enfatiza la importancia de reforzar el monitoreo del transporte liviano y motocicletas, así como retomar el control de velocidad mediante radares, que, aunque polémicos, han demostrado eficacia en prevenir accidentes.

Posición de autoridades y próximos pasos

Las autoridades aseguran que la ampliación de la restricción busca reducir emergencias que involucren transporte pesado, mientras el gremio insiste en la necesidad de diálogo y ajustes administrativos para minimizar pérdidas económicas y logísticas.

De su parte, el alcalde Pabel Muñoz señaló que la medida, aunque impopular políticamente, “es necesaria para salvar vidas”. Además, anunció que se realizará una evaluación al cierre del primer semestre de 2026 para determinar si la restricción continúa, se ajusta o se levanta: “Necesitamos aplicarla también en la tarde para saber si funciona. Si no es eficiente, se puede retirar; pero si da resultados, se mantendrá”.

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Andrés Albuja Batallas presentó la tarde del lunes 31 de marzo de 2026 la acción ante la Corte Constitucional (CC.

El demandante considera que la modificación de la fecha, con la cual se estableció que las votaciones se realizarán el 29 de noviembre de este año y no el 14 de febrero de 2027, como estaba previsto, “impide que los sujetos políticos y la ciudadanía adecúen su conducta a reglas claras y preestablecidas, (...) el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva”.

Por ese motivo, Albuja solicitó que la CC suspenda temporalmente la resolución del CNE “para evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado”, señala la demanda.

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Una acción de este tipo ya se preveía desde que el CNE cambió la fecha en la polémica sesión del viernes. Desde entonces se ha cuestionado que la ni presidenta del Consejo, Diana Atamaint, ni el vicepresidente, Enrique Pita, han podido explicar el sustento legal para modificar la fecha de las elecciones, en varias entrevistas.

El debate gira en torno al posible control constitucional y el alcance de las sentencias que ya ha emitido la CC en años anteriores en época electoral. Atamaint está consciente de ello. El lunes reconoció ese escenario y dijo que “en período electoral, la máxima autoridad es la Función Electoral”.

¿Las decisiones anteriores marcan precedente?

Pero más allá de las fechas, la constitucionalista Verónica Hernández recuerda que la CC sí se ha pronunciado durante procesos electorales, aunque en otros temas, que no han marcado un antecedente sobre la decisión del cambio del día del sufragio. 

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“No se puede decir que en este caso pasaría ‘x’ cuestión porque no ha llegado a su conocimiento un caso igual, o un precedente en sentido estricto. Ha brindado criterios sobre artículos, sin embargo, en esta demanda se debe mirar si la decisión administrativa del CNE es susceptible de ser impugnada vía acción de inconstitucionalidad, porque las que se pueden objetar son las leyes aprobadas por la Asamblea”, indica.

El constitucionalista André Santos discrepa. Antes, la CC “ya ha establecido que, de ninguna manera, podría interrumpir la continuidad y desarrollo de los actos del proceso electoral, peor aún las decisiones relativas a la organización del proceso eleccionario, como en este caso". 

Lo que sí puede hacer es revisar una multa contra un político o un acto sancionatorio por vulneración del debido proceso porque no alteran el proceso organizativo. La Ley sanciona con destitución a quien quiera intervenir porque, de lo contrario puede dar paso a una pugna infinita”, observa.

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Si bien existen límites, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK, explica su alcance. “La Corte tiene plenas atribuciones para pronunciarse sobre esto. De hecho, las pocas restricciones que existen en período electoral no tienen que ver con funciones de otras entidades porque no están interrumpiendo el normal curso del proceso electoral. Ya ha resuelto demandas de inconstitucionalidad, como en el tema de los celulares y será facultativo de la CC resolver”. 

En ese sentido, el catedrático recuerda que una eventual resolución tiene dos momentos: “Debe pasar el requisito de admisibilidad y después debe pronunciarse sobre las medidas cautelares antes de pronunciarse sobre el fondo”.

En ese punto coincide Hernández. “Es un tema complejo, pero la CC solo podría conocer sobre el adelanto de las elecciones si llega a aceptar esa demanda y no siempre hay celeridad”, observa la experta.

Aunque el tiempo es determinante en este tipo de recursos, Ron recuerda que en la Corte “no hay presiones políticas, es argumentación pura y dura. Se debe mirar si el argumento de la demanda es suficientemente fuerte para sostener” la acción, concluye. 

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En ciudades como Guayaquil, la noche se había vuelto más corta. Bares y discotecas tuvieron que bajar sus persianas antes de las 22:00 y, con ello, sus ingresos se desplomaron entre un 70 % y un 100 %, ya que son negocios que se activan después de esa hora. Para muchos, ese golpe no tiene vuelta atrás. Los gastos de arriendo, servicios y sueldos siguieron corriendo incluso cuando las luces estaban apagadas en las cuatro provincias donde hubo toque de queda: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo.

“Lo perdido no se recupera”, repiten desde el sector nocturno los líderes de los gremios de bares y discotecas. La idea de compensar en un feriado lo que no se vendió durante días enteros se siente más como un deseo que como una posibilidad real.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. Desde el turismo, el tono cambia. Hay expectativa, incluso optimismo. En 2025, el feriado de Semana Santa dejó ingresos por 60 millones de dólares, superando los 39 millones de 2024, según datos del Ministerio de Producción. “Este año, la apuesta es mayor: se proyecta alcanzar entre 70 y 80 millones, impulsados por una posible mayor movilidad”, indicó a Diario EXPRESO Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo.

El sector hotelero se prepara con promociones, paquetes y descuentos, como la reducción del IVA al 8 % que hace el Gobierno que ayuda a incentivar el consumo. La lógica es clara: si hay más dinero circulando y más libertad para movilizarse, la gente saldrá.

“Las expectativas son grandes”, resumió Mauricio Letort, de la Federación Hotelera del Ecuador, desde un sector que ha aprendido a medir cada feriado como una posibilidad de recuperación. La fecha no llega sola: coincide con el levantamiento de las restricciones a finales de mes, un factor que, según el sector hotelero, podría empujar a los ecuatorianos a salir, viajar y volver a consumir.

La clave, sin embargo, no está solo en el deseo de movilizarse. También pasa por la confianza. Por eso, desde el sector se han mantenido conversaciones con el Gobierno para reforzar la seguridad, tanto en carreteras como en los principales destinos turísticos. La apuesta es clara: sin garantías, no hay viaje.

Pero no todos están convencidos. Hay quienes recuerdan que este feriado no se comporta como otros. A diferencia del carnaval, marcado por viajes masivos, la Semana Santa tiene un carácter más introspectivo. Procesiones, actividades religiosas y momentos de recogimiento marcan la agenda, especialmente en ciudades como Quito, donde la tradición pesa más que el turismo.

Esa diferencia cambia las reglas del juego. Mientras en destinos de playa o en la Sierra se espera movimiento, en grandes urbes muchos negocios anticipan jornadas más lentas. El Viernes Santo, por ejemplo, suele ser un día de baja actividad comercial.

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Aun así, hay matices. Algunos sectores reportan caídas moderadas, de hasta un 10 %, durante el toque de queda, e incluso hay quienes hablan de estabilidad o ligeros repuntes en ciertas actividades como la comida rápida. Otros, como bares y discotecas, enfrentaron pérdidas casi totales.

“Hubo negocios que optaron por lo más drástico: no abrir. La lógica era simple y dolorosa a la vez. Con menos horas de operación y los mismos costos fijos como arriendo, servicios, personal, trabajar significaba perder”, señaló Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Propietarios de Establecimientos Nocturnos.

Ahora, con el levantamiento de las restricciones, el escenario cambia, pero no del todo. El feriado ofrece una oportunidad, aunque limitada. No todos los días pesan igual. El Viernes Santo, por ejemplo, suele ser una jornada de bajo movimiento, marcada por el carácter religioso de la fecha.

Por eso, la apuesta se concentra en otros momentos: jueves, sábado y domingo. Son esos días los que podrían sostener una leve reactivación, especialmente en sectores donde el consumo se mueve más allá de lo espiritual.

Playas y zonas de Sierra captan más ventas

Sin embargo, la dinámica también depende del lugar. En grandes ciudades como Guayaquil, muchos negocios anticipan una baja en la actividad, no por falta de interés, sino porque la gente suele salir hacia otros destinos. Playas y zonas de la Sierra captan ese flujo, redistribuyendo el consumo más que incrementándolo.

En medio de estas visiones cruzadas, hay un punto en común: la recuperación no será inmediata. Ni este feriado, por sí solo, podrá compensar las semanas de restricciones.

Lo que sí podría marcar la diferencia es el contexto. Más seguridad en carreteras, promociones activas y una ciudadanía con algo más de liquidez tras los gastos de fin de año podrían inclinar la balanza hacia un mejor desempeño que en feriados anteriores.

Pero la sensación que queda es más compleja que una cifra. Ecuador no solo sale de un toque de queda; sale también con una economía fragmentada, donde algunos sectores logran adaptarse y otros apenas resisten. No obstante, el sector de restaurantes espera tener buenas ventas, ya que muchos fieles suelen salir en familia a misa y luego optan por comer fuera.

En ese escenario, la Semana Santa aparece como una pausa necesaria, pero no como una solución definitiva. Un respiro, sí. Una recuperación total, todavía no. 

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La medida forma parte de la “Estrategia de Seguridad Capital 2026”, con la que se busca fortalecer el control territorial y mejorar la convivencia ciudadana.

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La iniciativa, presentada como una respuesta técnica y planificada, surge en un contexto complejo. Aunque la ciudad no fue incluida en el reciente toque de queda aplicado en otras zonas del país, la sensación de inseguridad ha ido en aumento. No se trata únicamente de cifras delictivas, sino de una percepción alimentada por hechos violentos, robos recurrentes y el desorden en el espacio público.

En este escenario, los PMO aparecen como una herramienta para intervenir de forma directa en zonas conflictivas. Según Paola Ortiz, analista de control de operativos de la Secretaría de Seguridad, estos espacios buscan “fortalecer el orden y el control territorial en apoyo a la seguridad ciudadana”, mediante un despliegue interinstitucional que permita actuar con rapidez frente a incidentes.

La estrategia, explica, se sustenta en información del Observatorio Metropolitano de Seguridad, que recopila denuncias, reportes y datos levantados en territorio. Este análisis permitió identificar patrones y priorizar sectores específicos. “No son decisiones improvisadas, responden a mesas de trabajo y a información sistematizada”, señaló.

Enfoques dependiendo del sector

Entre los puntos intervenidos están la Plaza Argentina y el sector de Naciones Unidas, donde confluyen alto tráfico vehicular, comercio informal no regularizado y actividades en semáforos. Para las autoridades, estos elementos configuran focos de inseguridad. En el Centro Histórico, en cambio, la intervención responde a la alta afluencia turística en sectores como la Basílica y El Panecillo, especialmente durante fines de semana.

Uno de los ejes de la estrategia es la flexibilidad operativa. Los PMO funcionan en horarios variables, definidos según los picos de incidencia delictiva. Mientras en zonas como las Naciones Unidas operan entre las 10:00 y las 19:00, en áreas turísticas el control se intensifica en la noche. En el Centro Histórico, además, se combina patrullaje matutino, operación diurna y recorridos nocturnos.

Cada puesto articula la participación de entidades municipales como la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y agentes de control. En caso de emergencias, la coordinación se activa mediante el COE Metropolitano. Según Ortiz, esta estructura permite una respuesta inmediata en territorio. El financiamiento, en tanto, proviene del gasto corriente de las instituciones involucradas.

Desde la Secretaría de Seguridad se asegura que ya existen resultados preliminares positivos, especialmente en el Centro Histórico, donde habría disminuido la percepción de inseguridad. “La presencia institucional disuade la delincuencia, que tiende a desplazarse”, afirmó Ortiz.

¿Falta articulación con la Policía?

Sin embargo, esta afirmación abre un debate clave: si la estrategia reduce el delito o simplemente lo traslada. Para varios expertos, la lógica de intervención puntual puede generar efectos temporales, pero no resuelve las causas estructurales.

César Díaz, exsecretario general de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano, es uno de los principales críticos. A su criterio, los PMO responden más a un enfoque de contingencia que a una política integral. “Para mejorar la percepción de inseguridad se necesita una estrategia sustentable. Estos puestos no tendrán los resultados esperados”, afirmó.

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Díaz advierte que la seguridad moderna debe basarse en modelos predictivos sustentados en información. “La clave es pasar de lo preventivo a lo predictivo, como ya ocurre en ciudades internacionales”, explicó. Además, cuestiona la falta de articulación entre el Municipio y las entidades del Estado. “La dispersión institucional genera ineficiencia y da la impresión de que faltan recursos”, añadió.

Esta falta de coordinación también es señalada desde los barrios. Paola Burbano, dirigente del Comité de la República del Salvador, considera que la iniciativa es positiva, pero incompleta. “Solo están instituciones municipales. ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están los militares?”, cuestionó.

Para la dirigente, la seguridad requiere una presencia integral, especialmente en días críticos como jueves, viernes y sábado. También advierte que los horarios de los operativos no siempre coinciden con los momentos de mayor actividad delictiva. “Mientras los controles están en la tarde, los robos ocurren en la mañana”, señaló.

Burbano también alertó sobre nuevas dinámicas delictivas, como bandas en motocicletas que recorren rutas específicas en la ciudad. “Se puede identificar su recorrido, pero eso requiere coordinación entre todas las instituciones”, explicó. En su criterio, sin esa articulación, los PMO tendrán un alcance limitado.

El control del comercio informal es otro de los objetivos de la estrategia. No obstante, los vecinos consideran que las acciones actuales son insuficientes. “Es el juego del gato y el ratón. Los operativos duran minutos y luego todo vuelve a la normalidad”, criticó.

A esto se suman preocupaciones sobre la sostenibilidad de la medida. Rocío Bastidas, miembro del Cabildo Cívico, advierte que la burocracia interna podría frenar cambios reales. “Si no hay articulación previa, no tiene sentido. Esperamos resultados, pero hay dudas”, señaló.

Pese a las críticas, los PMO incluyen herramientas adicionales, como unidades de guías caninos para la detección de narcóticos. Estos equipos permiten identificar posibles casos de microtráfico y actuar en coordinación con la Policía.

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Cómo el diseño gráfico enseña sobre la flora de Guayaquil

La iniciativa, desarrollada por los egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSG, Francisco Aldair Franco Saldaña y Génesis Landázuri Morejón, se centra en la creación de infografías y cartillas educativas sobre la flora nativa de la ciudad, en articulación con la Fundación La Iguana. Más que un ejercicio académico, el proyecto se posiciona como una apuesta por la educación ambiental desde el diseño, con impacto potencial en la conciencia ciudadana.

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“El objetivo principal es acercar el conocimiento sobre la flora nativa de Guayaquil a los jóvenes de una manera clara y accesible”, explica Franco. Su propuesta parte de una realidad evidente: existe abundante información científica sobre los ecosistemas urbanos, pero no siempre está presentada en formatos comprensibles para el público general. En ese sentido, el diseño actúa como puente entre el conocimiento técnico y la vida cotidiana.

Infografías educativas promueven el cuidado ambiental en Guayaquil

El proceso de construcción del contenido no fue improvisado. Se sustentó en investigación y en un diálogo constante con la Fundación La Iguana, lo que permitió identificar los datos más relevantes sobre los árboles nativos. “La prioridad fue escoger información clara, útil y fácil de comprender, evitando saturar de tecnicismos”, detalla el estudiante, quien destaca que el objetivo no era solo informar, sino también generar reconocimiento y apropiación del entorno natural.

Uno de los pilares del proyecto es la aplicación estratégica del diseño visual. A través de ilustraciones inspiradas en la apariencia real de las especies, una paleta cromática basada en colores naturales y una diagramación dinámica, las piezas buscan facilitar la lectura y la comprensión. “La idea fue transformar información técnica en mensajes visuales atractivos y fáciles de explorar”, señala Franco, evidenciando el rol del diseño como herramienta pedagógica.

A esta visión se suma el enfoque de su compañera de tesis. “Nuestra idea fue aportar, desde el diseño gráfico, a la sociedad materiales educativos para que aprendan a valorar y conocer nuestra flora nativa y por ende a su conservación porque se cuida lo que se conoce. La idea es seguir aportando desde la carrera de Diseño gráfico, para que más estudiantes se interesen por proyectos en pro del medio ambiente y la divulgación científica”, expresa Landázuri, reforzando el componente social y formativo de la propuesta.

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Más allá de lo estético, el proyecto plantea una reflexión de fondo: la conservación ambiental comienza por el conocimiento. “Muchas veces las personas pasan junto a un árbol sin saber qué especie es ni cuál es su importancia dentro del ecosistema”, comenta Franco. Desde esa perspectiva, las infografías y cartillas no solo informan, sino que invitan a observar, reconocer y valorar la biodiversidad urbana.

El desarrollo del proyecto también implicó desafíos importantes, especialmente en la traducción del lenguaje científico a formatos accesibles sin perder rigurosidad. Este equilibrio se logró gracias al trabajo colaborativo con la fundación, que brindó acompañamiento y validación constante. La experiencia evidencia cómo la articulación entre academia y organizaciones sociales puede generar propuestas con impacto real.

De cara al futuro, Franco proyecta seguir explorando el potencial del diseño gráfico en la educación ambiental. Su interés se amplía hacia proyectos editoriales y propuestas que integren cultura, naturaleza y tipografía. En un contexto donde la información abunda pero no siempre conecta, iniciativas como esta demuestran que el diseño no solo comunica: también educa, sensibiliza y transforma la relación de las personas con su entorno.

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Durante la entrevista en radio Centro del 20 de marzo pasado, el presidente Noboa informó que antes de que entrara en vigor la tasa del 30 % para las importaciones colombianas -en respuesta a la falta de control en la frontera- el Ejecutivo hizo tres solicitudes, que se habían “acordado antes”.

Dentro de estas propuestas, el primer punto tiene relación con la venta de electricidad desde Colombia, reconoció el mandatario ecuatoriano. Luego están el refuerzo del control en la frontera y la recepción de personas privadas de libertad de Colombia y Venezuela, en ese orden.

El país vecino suspendió la venta de electricidad el 22 de enero de 2026, un día después del anuncio del jefe de Estado ecuatoriano sobre la imposición de la tasa de seguridad.

Esta medida se tomó pese a que Ecuador recurrió de forma permanente en 2025 a la compra de este suministro desde Colombia, detalla el Boletín y Estadística Mensual de las Transacciones Comercial de de diciembre de 2025, elaborado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Estas importaciones son claves porque ayudan a mantener la reserva de energía en Mazar, el principal embalse de Ecuador, que cubre hasta el 38 % de la demanda nacional.

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Ante este escenario y pese a que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó en enero de 2026 que el sistema eléctrico ecuatoriano podía operar sin energía importada desde Colombia, Ecuador busca mejores condiciones para la compra de este suministro.

Tarifa de energía eléctrica: La propuesta del presidente Daniel Noboa

Noboa expuso que se ha planteado al gobierno del país vecino “congelar” la tarifa de energía en 1,6 centavos el kilovatios hora (kWh) durante un año. “En el caso que a ellos les falte o a nosotros, porque los ciclos son opuestos. Cuando llueve allá no llueve acá, cuando llueve acá no llueve allá. Entonces se puede cooperar”, argumentó el mandatario. 

Pero la aplicación de esta iniciativa no es sencilla. Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, explica que el mercado eléctrico de Colombia es diferente al de Ecuador. Entre otros factores, precisa que el sistema de generación colombiano está conformado por el sector privado y público.

Además, las ventas de este suministro se realiza en función de precios ‘spot’, que se establecen de acuerdo a la oferta y demanda, indica Acuña.

En la tarifa de electricidad influye también la fuente que se emplea para su generación. Si es térmica tiene un costo mayor que la hidroeléctrica, porque los combustibles tienen un precio más alto.

Aparte, el mercado eléctrico de Colombia -a diferencia de Ecuador- no otorga subvenciones para la tarifa de energía, agrega Gabriel Secaira, consultor energético. “Es un mercado libre (...) en Ecuador todo está centralizado. El Estado provee energía con precios subsidiados en térmicas e hidroeléctricas”.

En este sentido, Acuña subraya que “no es fácil” llegar a un acuerdo, para congelar la tarifa de electricidad.

Secaira coincide y añade que ningún país se puede comprometer a entregar energía a largo plazo, ya que primero debe asegurar la cobertura de su demanda interna. “Hay reciprocidad cuando se cumple lo que establece la Comunidad Andina (CAN), que los excedentes de cada país, cuando están interconectados, se pueden comercializar en el corto plazo”.

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Colombia confirma esta realidad. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, sostiene que la propuesta de congelar la tarifa de exportación de energía hacia Ecuador en 1,6 centavos por kWh "no es viable" bajo la norma actual colombiana. Detalla que hoy el intercambio entre ambos países se basa en transacciones diarias y no en contratos de largo plazo, lo que impide fijar precios estables.

Además, el dirigente reitera que el sistema colombiano opera bajo un esquema de oferta y demanda. Colombia primero atiende su consumo interno y luego vende los excedentes.

Tarifa de energía eléctrica: El presidente Daniel Noboa justifica su iniciativa

Para justificar su iniciativa, el presidente Noboa recordó que en 2017, Ecuador “salvó” a Colombia de apagones. Entonces se cobró 1,6 centavos el kWh. Mientras tanto, en 2024 el país vecino “nos cobró en promedio 28 centavos” el kWh.

Los periodos referidos por el jefe de Estado ecuatoriano son opuestos. En 2017, la generación hidroeléctrica en Ecuador alcanzó el 95 %, impulsada por la entrada en operación de Coca Codo Sinclair a finales de 2016. En cambio, 2024 estuvo marcado por un estiaje severo que afectó incluso a Colombia, que limitó sus ventas de energía y luego las reanudó con generación térmica. En Ecuador hubo apagones de hasta 14 horas.

Mientras tanto, en 2025 Ecuador pagó en promedio en 11,68 centavos por kWh a Colombia. En cambio, el país vecino canceló a Ecuador 7,48 centavos el kWh, según datos del Cenace.

Tarifa de energía eléctrica: ¿Cómo se fijan los precios en Colombia?

Castañeda precisa que los precios responden a la disponibilidad de energía hídrica. Sin embargo, en épocas de estiaje, cuando disminuyen los niveles de los embalses y se recurre más a generación térmica, los costos aumentan. Por ello, asevera que “no es posible sostener una tarifa fija en el tiempo”, ya que las condiciones climáticas pueden variar y afectar la generación hidroeléctrica.

Colombia, sin embargo, evaluaba una iniciativa regulatoria para permitir que el sector privado firme contratos de venta de energía a largo plazo con Ecuador, pero ese proceso se frenó tras la iniciativa del presidente Noboa de aplicar la tasa de seguridad, que actualmente asciende al 50 %. 

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En las condiciones actuales, Castañeda considera poco probable que se avance en este esquema. Además, sostiene que la reactivación del comercio energético depende más de decisiones políticas que técnicas, que mientras no sean revisadas será difícil retomar las exportaciones de energía, pese a que Colombia tiene actualmente disponibilidad para vender. "Si no hay acercamiento es muy difícil destrabar la situación".

Mientras tanto, Ecuador ha recurrido al sector privado para reducir la presión sobre el sistema nacional de generación de energía hasta que finalice el estiaje y regresen las lluvias. 

Las propuestas de Ecuador

• Energía

Ecuador busca que Colombia congele en 1,6 centavos el kWh de energía eléctrica durante un año. Este monto permitiría que el país asigne menos recursos para estas compras. En 2025, se destinaron $83,31 millones. Mientras tanto, en 2024, en plena crisis eléctrica se canceló más de $300 millones.

• Frontera

El gobierno ecuatoriano plantea al país vecino volver a contar con presencia militar en la frontera norte. El Ejecutivo de Ecuador sostiene que ante la falta de cooperación en esta materia de su par en Colombia destina alrededor de $400 millones para duplicar la presencia de militares en la zona.

• Sistema carcelario

El presidente Daniel Noboa plantea que Colombia reciba a las personas privadas de libertad de Colombia y Venezuela que están en el sistema carcelario ecuatoriano. Con los venezolanos se busca hacer un corredor humanitario para que lleguen a su destino. En total, son alrededor de 3.000 reos.

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Antes de encontrar su propio camino, su historia ya venía amasándose desde generaciones atrás. Creció en una familia dedicada a la industria del pan, un legado fundado por su bisabuela, a quien sí llegó a conocer y de quien guarda recuerdos entrañables en la cocina. “Me hacía escribir recetas a mano”, recuerda. Hoy, ese vínculo se transforma en homenaje: el nombre de su marca, Masats, lleva el segundo apellido de la señora, como una forma de mantener viva esa herencia que, sin saberlo, terminaría guiando su destino.

Su emprendimiento, sin embargo, no fue inmediato. Aunque “desde chiquita crecí entre olores, masas…”, le tomó tiempo reconocer que su lugar estaba en la pastelería. Se formó en 2017 en Barcelona, en la reconocida Escuela Hofmann, y un año después hizo un Posgrado en Comunicación Gastronómica, una experiencia que la acercó a nuevas tendencias. Pero por miedo, admite sobre ese momento en el que postergó su vocación. Hasta que un viaje a España encendió todo: “probé una tarta vasca y fue como… esto es demasiado rico”. Ese instante, casi casual, marcó el inicio de una obsesión que terminaría tomando forma en su cocina.

Lo que distingue a sus tartas no es solo la técnica, sino la intención. “Me propuse hacer una tarta clásica perfecta”, cuenta, aunque en el camino decidió apropiarse de la receta. Su versión, más cremosa, con base de galleta dialoga entre lo tradicional y lo personal. Una reinterpretación que en Guayaquil se siente casi como un descubrimiento: “es otro tipo de conexión, más emocional”, explica, al hablar de quienes encuentran en su sabor un recuerdo inesperado.

En medio del boom de este postre a nivel mundial, María Laura ha construido algo más que un emprendimiento: una identidad. “No quiero sacrificar la cremosidad, es lo más importante”, afirma, dejando claro que su norte no es la producción en masa, sino la experiencia. Y se nota porque es, literalmente, el sabor de alguien que decidió insistir hasta que todo encajara.

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El sabor de la tarta

Viene de una familia panadera. ¿Qué tanto inspira esa historia en su forma de emprender?

Muchísimo. Mi bisabuela migró desde España y abrió su panadería aquí. Las historias que tengo de ella son de mucho sacrificio: trabajaba de madrugada, se levantaba cada dos horas porque no existían las herramientas que hay hoy.

¿En qué momento decide apostar por la pastelería y dejar otros caminos?

Por miedo lo postergué bastante tiempo. Ya estaba casada, tenía hijos… pero en el fondo sabía que era lo que realmente me apasionaba. Hasta que dije: ya, me voy a lanzar.

En cuanto a ingredientes, ¿cómo fue encontrar en Guayaquil lo necesario para lograr esa tarta que tenía en mente, tan inspirada en Europa?

Encontré muy buenos ingredientes, la verdad. Para mí, uno de los más importantes fue el queso mascarpone, porque hace que la tarta no se sienta tan pesada. Aquí ya hay varias marcas y son las que me han permitido trabajar muy bien.

¿Qué es lo más importante en la base de una buena tarta vasca?

La grasa: las cremas de leche, los quesos. Eso lo es todo. Al inicio usaba combinaciones más suaves, pero luego fui experimentando. Por ejemplo, en sabores del mes he probado con quesos más intensos, como el manchego.

Hoy el público ecuatoriano está más “foodie”. ¿Eso ha jugado a su favor?

Totalmente. Hay mucha curiosidad por probar cosas nuevas. Pero el reto no es solo atraer, sino fidelizar, convertir a esos clientes en fans.

¿Qué ha sido lo más bonito de este proceso de emprender?

Ver la reacción de la gente. Los comentarios que me dicen que mi tarta les recuerda a las de España, o incluso que las comparan con referentes como las de Madrid. Eso ha sido mi motor para seguir y, sobre todo, para no bajar la calidad.

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Educar al cliente: clave del negocio

Para Maria Laura, la comunicación no es un complemento, es parte del corazón del negocio. “Para mí fue clave. Es lo que me permitió no quedarme como un emprendimiento casero más”, explica. En un universo donde lo visual abre el apetito antes del primer bocado, cada imagen está pensada para transmitir una promesa. “Que se vea la cremosidad, el detalle… todo eso es comunicación gastronómica”, resume.

Pero comunicar también implica enseñar. Parte del éxito de sus tartas está en entender cómo deben disfrutarse, y ahí entra su rol como guía. “He tenido que educar mucho al cliente”, cuenta. “Cuando reciben la tarta, deben refrigerarla unos quince minutos para que esté cremosa. Ese es el truco”. Lo que al inicio requería explicación constante, hoy se ha convertido en un código compartido con su comunidad. Porque al final, más que un postre, la experiencia se acerca a una pequeña escapada sensorial: “es como viajar a través del paladar, sin salir de aquí”.

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Pero la cifra es engañosa. El país sigue viviendo el segundo inicio de año más violento de su historia, solo por detrás de 2025, el año récord. En las calles, la percepción no ha cambiado: en promedio, 24 personas son asesinadas cada día. La violencia no desaparece, se transforma.

La reducción nacional responde, en parte, a operativos militares y a la presión estatal en territorios históricamente violentos. Guayaquil, por ejemplo, registra una caída del 17,6 % en homicidios. Sin embargo, este descenso no implica una recuperación estructural de la seguridad.

El analista en seguridad y crimen organizado Fernando Camacho ha advertido en distintos estudios que las cifras agregadas pueden ocultar dinámicas territoriales más complejas. “La violencia no desaparece, se redistribuye”, alerta. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

¿Qué ocurre con la violencia en Quito?

Mientras la Costa muestra descensos relativos, la violencia comienza a escalar en zonas que históricamente se consideraban más seguras. Por ejemplo, Quito registra un incremento del 33,3 % en homicidios en el primer bimestre de 2026. El dato, más que estadístico, es simbólico porque marca la expansión de las economías criminales hacia nuevos territorios urbanos.

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Expertos en seguridad consultados coinciden en tres factores: desplazamiento de bandas tras presión militar en la Costa; expansión de economías ilegales (microtráfico, extorsión); y fragmentación de estructuras criminales, lo que genera violencia más dispersa.

Para el criminólogo ecuatoriano Manuel Durango, esto responde a un fenómeno regional: “Cuando se presiona un territorio, el crimen no se elimina, se adapta y se mueve”. El dato más revelador está en el detalle territorial. Aunque el promedio nacional baja, 61 cantones registran más homicidios que en 2025. 

Hay casos extremos: Montalvo (Los Ríos), más del 800 %; San Vicente (Manabí), más del 600 %; El Triunfo (Guayas), más del 500 %. Otros cantones, como Jaramijó, Ventanas o San Lorenzo, también presentan aumentos de entre el 300 % y 400 %. Esto evidencia un fenómeno clave: la violencia ya no está concentrada, sino atomizada.

Los territorios intervenidos no siempre coincide con los más violentos

Frente a esta crisis, el Gobierno ha sostenido una política de estado de excepción y toques de queda en cuatro provincias, que culminó ayer, 30 de marzo de 2026. Sin embargo, los propios datos cuestionan su efectividad: los territorios intervenidos no siempre coinciden con los más violentos ni con aquellos donde más crecen los homicidios. Para Durango, el problema es estructural: “El estado de excepción es una medida de contención, no una política de seguridad. Sirve para bajar picos, pero no transforma las causas”. Eso se evidencia en varios niveles.

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El primero es la fragmentación de las estructuras criminales. Las grandes organizaciones que antes concentraban poder y control han comenzado a dividirse en células más pequeñas, con menor jerarquía y mayor autonomía. Lejos de reducir la violencia, esta atomización ha provocado enfrentamientos constantes, disputas internas y conflictos localizados que elevan el riesgo para la población.

El segundo cambio es la diversificación del delito. El narcotráfico dejó de ser el único eje financiero. Hoy las bandas amplían su portafolio criminal: extorsiones a comercios y transporte, secuestros exprés y selectivos, explotación de minería ilegal y control territorial en barrios urbanos.

Estas actividades no solo generan ingresos paralelos, sino que permiten a las organizaciones mantener presencia permanente y someter a comunidades enteras mediante el miedo. El tercer desplazamiento es geográfico

La violencia ya no se concentra exclusivamente en los grandes puertos o ciudades más pobladas. El crimen se mueve hacia cantones intermedios y localidades que antes figuraban fuera del mapa del conflicto, donde la presencia estatal es más débil y la capacidad de reacción, limitada.

Finalmente está la profesionalización armada. Más del 90 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, muchas de ellas de alto calibre. Ese dato refleja no solo mayor acceso a armamento, sino una escalada en la letalidad y en la disposición de las bandas para imponer control.

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Uno de los casos es el de DASE EP, donde Virgilio Pesantes dejó la gerencia y fue reemplazado por Cynthia Andrea Cruz Madero, quien previamente se desempeñó como directora de Enlace Territorial y luego como asesora 1 en la misma entidad.

Otro ejemplo es el de Luis Alfonso Saltos, quien ingresó como especialista en Planificación Urbanística y ha ocupado varias direcciones, entre ellas Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones. Actualmente es asesor de la Alcaldía y fue designado recientemente como miembro principal del directorio de Segura EP. En esa empresa pública también hubo cambios en su directorio. Fernando Cornejo dejó la presidencia y fue reemplazado por Evelyn Cárdenas, quien ocupa el cargo de coordinadora general 2 en la entidad.

A esto se suma el caso de Pablo Ramírez, quien pasó de dirigir la comunicación de la ATM a asumir esa misma función en el Municipio. Sin embargo, según registros de la Contraloría, permaneció en el cargo solo del 5 al 11 de marzo. Posteriormente, el 17 de marzo ya consta como director de dicha dependencia Xavier Morán Quinde, quien previamente, a inicios de año, figuraba como especialista 5 en el Municipio.

"Hay una distribución del poder que se mantiene"

Para el analista político Esteban Ron, este tipo de movimientos responde a dos posibles escenarios. El primero es un “reciclaje” no accidental, de carácter político y estratégico, vinculado a la permanencia de círculos de confianza dentro de la administración. “Hay una distribución del poder que se mantiene, incluso en ausencia de la autoridad principal”, explica.

El segundo escenario, añade, responde a una reconfiguración forzada producto de una crisis no planificada, lo que podría derivar en decisiones institucionales más débiles. “No es algo ajeno a lo que ocurre en otros cantones o incluso a nivel del Gobierno central”, señala.

Sobre el rol de la alcaldesa subrogante, el también experto en Derecho considera que enfrenta el reto de consolidar su equipo en un contexto complejo. “Armar un equipo en una institución en crisis no es sencillo. Si ratifica o cambia a funcionarios cercanos a Aquiles Álvarez, genera nuevos niveles de confianza y fidelización”, sostiene.

Por su parte, la concejala Cinthya García, del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que la designación de funcionarios de confianza es potestad de la alcaldesa subrogante. A su criterio, Coronel estaría consolidando su propio equipo. “Mi lectura es que sabe que Aquiles no regresará pronto y ya está marcando distancia con su entorno cercano. No sería sorprendente que existan más cambios”, indicó.

En cuanto a la fiscalización, García señaló que el Concejo puede vigilar los perfiles contratados y su desempeño. Sin embargo, reconoció desconocer la trayectoria de la mayoría de los nuevos funcionarios. “Quiero pensar que son profesionales altamente calificados para asumir la administración de la ciudad más grande del Ecuador. Estas designaciones son de exclusiva responsabilidad de la alcaldesa subrogante”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de un reparto interno de cargos, la edil afirmó no tener información, aunque advirtió que este tipo de situaciones suelen hacerse visibles con el tiempo. “No fui ni quise ser parte del equipo cercano de Aquiles Álvarez, ni mantengo cercanía con Tatiana Coronel”, puntualizó.

En paralelo, EXPRESO solicitó una entrevista con la Dirección de Recursos Humanos del Municipio para conocer los criterios y procedimientos de contratación, así como los mecanismos de control frente a posibles relaciones de parentesco entre funcionarios. El fin es conocer la gestión del talento humano en medio de esta reconfiguración administrativa. No obstante, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta por parte del equipo de comunicación del Municipio.

Concejala exige detalle de cargos en el Municipio

La concejala Ana Chóez solicitó formalmente a la alcaldesa subrogante información detallada sobre los perfiles técnicos y las designaciones de directores y gerentes municipales realizadas en las últimas semanas. En el oficio, enviado el pasado martes, la edil del Partido Social Cristiano (PSC) argumenta que su pedido se ampara en las atribuciones de legislación y fiscalización establecidas en el Cootad. El objetivo es verificar el cumplimiento de principios como legalidad, mérito e idoneidad técnica en los cargos públicos. Chóez subrayó que estos requerimientos buscan garantizar la transparencia en la gestión y la estabilidad institucional dentro del Municipio.

Entre los principales requerimientos planteados por la concejala figura el listado actualizado de directores y gerentes municipales, el perfil del puesto correspondiente a cada cargo directivo, el informe técnico y/o jurídico que sustente las designaciones realizadas, de existir. “La información permitirá verificar la adecuada gestión administrativa y la correcta prestación de servicios municipales”, señala el documento.

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