Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos sobre Irán el 28 de febrero, el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, con excepción de una apertura esporádica entre el 17 y el 18 de abril. El cierre de esta arteria del comercio marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico ha tenido efectos en la operatividad de las exportaciones bananeras del Ecuador y en el futuro del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos.

Entre enero y marzo de 2026, Ecuador exportó más de 108 millones de cajas de banano, de las cuales 13 millones se dirigieron a Medio Oriente, explicó el presidente de Acorbanec, Richard Salazar. Sin embargo, ante la dificultad de acceder a los mercados del golfo Pérsico (Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Kuwait, Omán y Catar) se han presentado caídas frente a lo exportado en 2025 que oscilan entre el 24% y el 100%, producto del impacto del conflicto en la región. Mientras que el incremento en las exportaciones hacia Arabia Saudita, Turquía y Siria amortiguó el impacto, limitando la caída del bloque regional a 2,16% frente a 2025.

El caso más extremo es Iraq, que dejó de recibir exportaciones de banano ecuatoriano por completo, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait registraron retrocesos superiores al 40%. En conjunto, el volumen enviado a estos seis países se redujo casi 1,96 millones de cajas frente al mismo período de 2025.

Marianella Uvilla, vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), recuerda que el quiebre se produjo en la semana 10. “La logística se redujo a tres días de la semana, hasta que las navieras mandaron comunicados de que no se podía ir por mucho riesgo”, señaló. Las líneas suspendieron la ruta directa hacia Ormuz, aplicaron un recargo por riesgo de entre $3.000 y $4.000 y obligaron a rediseñar rutas.

Las cargas se desviaron hacia puertos en Omán y Arabia Saudita. En paralelo, surgieron rutas indirectas como Mersin, en Turquía, desde donde la fruta se moviliza por vía terrestre hacia los mercados del Golfo Pérsico en un plazo adicional de 48 a 72 horas.

En total, los tiempos logísticos se han extendido entre dos y cuatro días frente a la ruta habitual. Uvilla describe que las terminales portuarias “no estaban en capacidad para recibir tanta carga y no estaban automatizados”, generando congestión.

Con una participación cercana al 15% del banano ecuatoriano en los mercados de Medio Oriente, el conflicto bélico podría contraer entre dos y tres puntos porcentuales ese posicionamiento el próximo año, llevándolo a niveles cercanos al 11%. “A largo plazo va a reducirse la participación del mercado establecido”, advierte Uvilla.

En el mercado, los precios spot han mostrado variaciones en línea con el comportamiento de la demanda. La menor movilidad de personas, la salida de población en algunos países y la caída del turismo han ralentizado el consumo.

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La coyuntura se traslada a los precios

Datos proporcionados por Acorbanec muestran que el precio spot del banano ecuatoriano arrancó el año en $8,05 por caja y escaló de forma sostenida hasta tocar su pico de $11,95 en la semana 6 (primera quincena de febrero). A partir de ahí, el precio registró una caída y se mantuvo volátil en las semanas siguientes. Hacia la semana 16 (13 al 19 de abril) el precio cerró en $4,75, menos de la mitad del máximo registrado diez semanas antes. El promedio del período se ubica en $8,24, por encima del precio mínimo de sustentación (PMS) de $7,50.

Sin embargo, desde el campo los productores advierten otras distorsiones. Franklin Torres, presidente de la Federación de Productores Bananeros del Ecuador (FENABE), señala que el precio en finca llegó a caer hasta $3 por caja y aunque se ha recuperado lentamente, en las últimas semanas se ha comercializado en promedio a $5.

El gremio estima que para un productor pequeño de 500 cajas semanales comercializar a esos precios significa una pérdida de $2.500 por semana; multiplicado por ocho semanas el daño asciende a $20.000 por finca. “Como en 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, el sector exportador busca un pretexto para pagar precios bajos”, afirmó Torres. 

La consecuencia más grave, señala el líder gremial, no es solo económica: las fincas presentan una fragilidad creciente frente a enfermedades, pues sin liquidez los productores no pueden cubrir el gasto semanal de control fitosanitario. "Las consecuencias se sentirán en las próximas semanas y meses, cuando muchas fincas tengan que salir del mercado", alertó.

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Acciones pendientes

Frente a los desafíos logísticos, Uvilla recuerda que en el primer toque de queda y en medio de la escasez de contenedores, “la fruta se quedó 96 horas sin conexión, hasta cuatro días botada en las empacadoras”, lo que frenó el crecimiento sectorial de 8% a 5,5% hasta la semana 15. 

Por ello, la vicepresidenta de AEBE califica de “insensato” no contar con salvoconductos y rutas permitidas para exportaciones y enfatiza en la necesaria coordinación con la Subsecretaría de Puertos y los ministerios de Interior y Transporte. 

Por su parte, Acorbanec señaló que, hasta el cierre de esta edición, no han recibido respuesta de las instituciones del Estado sobre el pedido de trabajo conjunto para el diseño de medidas que permitan la eficiencia y continuidad en las operaciones exportadoras.

Alistar motores, mientras el conflicto acaba

El conflicto irrumpe en un momento clave para la relación comercial con la región. El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos contempla preferencias arancelarias para el 90% de la oferta agrícola ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Exportadores proyectó que el acuerdo impulsaría un crecimiento del 30% anual en el intercambio que ya fue ratificado por la Corte y está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.

Xavier Rosero, presidente de Fedexport señala que el contexto actual refuerza la necesidad de avanzar en la ratificación interna mientras se estabiliza el escenario logístico internacional. 

La expectativa del sector es que el acuerdo se ponga en marcha en el segundo semestre del año o a más tardar en el tercer semestre. Puesto que desde la lectura de la federación en un mercado global con costos elevados, el acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva: “los compradores en Oriente Medio van a buscar proveedores que tengan precios mucho más flexibles”, por lo que su entrada en vigencia podría facilitar el posicionamiento del producto ecuatoriano.

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Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

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La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Lo que debes saber

• En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.
• Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.
• Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas.Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años.Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.

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Además, ellos destacan que les permite planificar sus desplazamientos gracias a la regularidad del servicio, cuya frecuencia -puntual y sin alteraciones- hace que calculen con precisión la duración de cada trayecto.

Esa rutina se quebró el lunes 20 de abril del 2026, cuando una falla -que, según la gerencia del metro, habría sido provocada- alteró el sistema y descolocó a miles de usuarios. 

Usuarios del metro

Testimonios de metrodependientes

Sara Endara, de 18 años, vive en Guamaní, en el extremo sur de Quito. Cada mañana toma el metro en Quitumbe, la estación de mayor afluencia. Suele llegar alrededor de las 06:30 y, en apenas 23 minutos, arriba a la Universidad Central, ya que estudia en la Facultad de Comunicación. Cuando sus clases empiezan más tarde, sale de casa a las 08:20.

"El metro me ahorra muchísimo tiempo: en bus tardaría entre una hora y media y dos horas. Antes de llegar, hace unos 20 minutos en alimentador", cuenta. A su juicio, se trata de “un transporte muy necesario para quienes vivimos lejos” y destaca los controles de acceso, que impiden el ingreso de personas en estado etílico.

En la estación de El Ejido, Víctor Del Pozo cuenta que utiliza el metro los miércoles porque tiene pico y placa; y sábados, desde Quitumbe. Antes usaba los buses del corredor central norte. La carga vehicular era súper grande, le tomaba -recuerda- una hora y media en ese transporte y también manejando; hoy hace 45 minutos en auto.

El metro le parece la mejor opción. “El sistema es moderno y limpio. Pero hay momentos en que colapsa, se satura y es incómodo, falta el aire, hace mucho calor en el vagón. Sé que es un transporte masivo, pero se vuelve insoportable”.

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Le parece más seguro ir en metro

Para mujeres como María Elizabeth Cevallos, de 55 años, no hay mejor alternativa. Por ello, su día se complica si el servicio se suspende, aunque sea por unas horas. Ella y su hija, estudiante de la Universidad Central, se embarcan a diario, en Quitumbe.

“La dejo y avanzo a mi trabajo en el Centro Histórico. Antes era casi una hora de viaje, ahora unos 20 minutos”, comenta. ¿Lo cambiaría por buses, si mejoraran el servicio? “No, así las unidades vengan a full, el metro nos conviene más. Gracias a Dios es más seguro. He visto mucha vigilancia y control en las estaciones, no nos ha pasado nada. Eso no ocurre afuera”.

La falla en la operación del transporte subterráneo de la capital

El martes 21 de abril, el Concejo Metropolitano abordó la suspensión de unas siete horas del servicio del día anterior, en medio de críticas a la operación y a la demora para contratar el mantenimiento integral. 

El alcalde Muñoz sostuvo la tesis de que un técnico manipuló un switch, lo que habría afectado el sistema y defendió su gestión. Incluso cerró la sesión diciendo que le responde a la gente y a los demás (concejales) les dijo “sigan ladrando”.

Asimismo, Muñoz recordó que, desde su inauguración en diciembre de 2023, el metro ha registrado 138 millones de viajes. Según sus encuestas, nueve de cada diez mujeres se sienten seguras en los trenes, un aspecto que -reprochó- la oposición no toma en cuenta.

Enemigos o defensores del metro

Nadie está en contra del metro, han sostenido Andrés Campaña y Wilson Merino, también Michael Aulestia. Pero, su deber es fiscalizar una inversión millonaria.

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“Defendemos la mayor inversión de la ciudad y del país. Una de las más grandes obras de infraestructura y de modernización de la ciudad. No somos enemigos”, comentó Campaña. Para el edil, el metro es un componente de la nueva movilidad en la ciudad, pero no es suficiente.

Hay una promesa incumplida del alcalde, de modernizar el transporte público de superficie, que es una bomba de tiempo sin control.Andrés Campaña/concejal de Quito

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Ante eventos extraordinarios como el del lunes, Campaña considera que deberían funcionar planes de contingencia, para que se active el subsistema metropolitano, que integra al trole y a la ecovía. Inclusive deberían integrarse las operadoras privadas.

No hay un sistema de transporte integrado: Mauricio Anderson

Mauricio Anderson, quien fue gerente del metro en la alcaldía de Mauricio Rodas, apunta que si un sistema de transporte tan potente se interrumpe afecta la calidad de vida y la productividad. La ciudad debería tener un sistema integrado, en el que el metro sea un subsistema.

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Sobre la falla en la operación, señala, que hay que ver las causas y no los efectos. Dice que hubo malas decisiones, al separar operación y mantenimiento, que dieron lugar a sobrecostos y duplicidad en contratos. Además cree que hay aspectos no solo técnicos sino incluso financieros, sobre los que se debe discutir, como la tarifa de los buses urbanos.

Otro usuario, Daniel Castillo, opina que las autoridades deberían saber que cuando no opera el metro, los usuarios no tienen un plan B. “Si eres anciana o trabajador ambulante que lleva mercadería, que carga material de construcción, que hace manicure tomas bus o incluso taxi y te quedas atrapado en el tráfico de sur a norte”.

Lo que debes saber

• Cuando el centro se apaga, varios barrios de Guayaquil se encienden. Comercio y gastronomía sostienen una vida nocturna que resiste a la inseguridad y a la falta de apoyo.
• Lejos del centro, negocios, comida y vecinos transforman calles oscuras en espacios activos.
• Los barrios también se enfrentan al desafío de resistir al toque de queda.

Melanny Benites llegó a las 20:01 del miércoles a un local de venta de ropa femenina ubicado en la avenida Eduardo Solá Franco, en Florida Norte. Revisó tres pantalones y dos blusas que le llamaron la atención. Mientras tocaba la tela, comentaba que esta zona queda cerca de su lugar de trabajo, por lo que decidió adquirir una prenda para usar en un compromiso familiar al día siguiente.

María José Villarroel, administradora del local, la atendía. Finalmente, Benites decidió comprar una blusa y un pantalón. “Aquí encuentro de todo: ropa, zapatos, comida. Salí de mi trabajo y, como el bus pasa por aquí, decidí bajarme y comprar”, dijo la ciudadana, luego de pagar las prendas.

Guayaquil

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Cuando anochece en Guayaquil, son pocos los espacios comerciales y gastronómicos alejados del centro que se mantienen abiertos. Es el caso de la avenida Eduardo Solá Franco, donde hay al menos 60 locales que ofertan diversos productos y servicios.

Peluquerías, tiendas de ropa, supermercados, farmacias, ferreterías, locales de venta de comidas preparadas, entre otros. Es un corredor comercial que se mantiene vivo cuando otras zonas se apagan.

El norte tiene una Bahía

“Es prácticamente una Bahía. Es la Bahía del norte. La mayoría de locales abrimos a las diez de la mañana y nos quedamos hasta las ocho y media o nueve de la noche. Viene mucha gente de Florida Norte, de Colinas de la Alborada, de barrios cercanos. Y vienen no solo por el precio, sino por la calidad del producto”, explicó la comerciante Vanessa Asadobay, quien vende ropa para niños.

En los últimos años, nuevos corredores gastronómicos han ido brotando en distintos rincones de Guayaquil. Uno de ellos se esconde en el suroeste, entre las calles 20 y Argentina.

Basta acercarse para notar el contraste: de pronto, la penumbra de las vías aledañas se rompe y da paso a un tramo iluminado, vivo, donde el resplandor de los locales y el ir y venir de comensales transforman por completo el ambiente.

El aroma de las carnes al carbón se esparce por la cuadra y se mezcla con el bullicio del lugar, marcando el ritmo de la noche. En medio de ese movimiento, desde uno de los locales, La Chozita, su propietario, Diego Murillo, sale a dar indicaciones, atento al trajín constante de clientes y pedidos.

“Esta era una calle muerta, oscura, vacía. Con un pequeño negocio, con el que empecé, comenzamos a darle vida a esta zona. Luego de la pandemia la situación se volvió muy difícil. Pensé en cerrar, pero luego el apoyo de los vecinos me hizo seguir”, comentó Murillo.

Al establecerse en ese punto, otros comerciantes observaron que comenzaba a nacer un nicho gastronómico, que hoy acoge al menos ocho locales y al que acuden decenas de personas desde distintos sectores.

“Vivimos cerca, acá en la 25, venimos con frecuencia. Es un lugar seguro, nos queda cerca y siempre está activo. Aquí atienden hasta la madrugada”, manifestó David Huayamave, quien degustaba moros con costilla en una de las mesas colocadas junto a la acera.

El contraste con el centro de Guayaquil

Ya envidiaría el centro que sus calles se mantengan así de encendidas por la noche, pero la realidad es otra. EXPRESO ha recogido, desde hace varios años, cómo el núcleo de la ciudad se apaga al caer la tarde. Las puertas de los locales se cierran, el bullicio cesa y también el movimiento de peatones, lo que provoca que la vida comunitaria sea nula.

Por eso, este renacer de ciertas zonas, a través de negocios, muestra que es posible generar espacios activos en barrios donde la inseguridad se ha abierto paso, pero no ha mermado la capacidad ciudadana para resistir.

“Se puede generar, más allá de los espacios gastronómicos, eventos deportivos, actividades para descubrir nuevos talentos y, con eso, tratar de unificar a los barrios y fortalecer mucho más la participación ciudadana”, planteó el líder comunitario Fernando Alburquerque.

Para el también integrante de la Asamblea Local Ciudadana, es importante que el Municipio apoye estas iniciativas con la promoción de una ruta gastronómica en los barrios, que incluya un mapa digital para recorrerlas y conocer su potencial.

Se requiere una ciudadanía potente y vibrante. La principal defensora de su espacio es la misma comunidad.Daniel Pontón, docente de Seguridad

Esto daría fuerza a movimientos barriales como el que hay frente al parque Triángulo, en la ciudadela Martha de Roldós. Decenas de personas degustan todas las noches diversos platos, pero faltan actividades culturales que inviten a quedarse, sugiere el residente Rafael Boada, quien pide que se mejore la iluminación en este sector del norte de la ciudad.

“Más allá de la promoción que solamente se quiere hacer del centro, para la foto y subirla a sus redes sociales para mostrar gestión, considero que aquí también los que nos están debiendo son los concejales”, reclamó Alburquerque, quien cree que los ediles deben involucrarse más en los procesos de activación barrial.

Reemplazar la inseguridad por la vida comunitaria

“Una buena sinergia entre el Gobierno central y el Municipio -que en este caso no la hay-, la empresa privada y también los habitantes podría dar algunas alternativas de conservación para que el barrio se mantenga como un espacio de diversión, vitalidad, impulso de la actividad turística, comercio, comida y entretenimiento”, resumió Daniel Pontón, docente de Seguridad.

Reemplazar la inseguridad por vida comunitaria es algo que también ocurre en la ciudadela Panorama, en Durán, considerado uno de los cantones más peligrosos del país. Sin embargo, esto pareciera desvanecerse en la zona de parqueos, rodeada de restaurantes, cerca de la iglesia católica Santa María Reina de las Familias.

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En una esquina se preparan hamburguesas; en otro local se ofrece arroz con menestra y pollo, carne o chuleta; también hay mariscos, shawarmas y otros tipos de alimentos.

Los precios son módicos, lo que atrae a los comensales. Platos desde dos dólares, algunos en combo y con porciones que alcanzan para más de una persona: esa es la tónica.

Sin embargo, los comerciantes son conscientes de la inseguridad que vive el cantón. Eso se refleja cuando prefieren no dar sus nombres. Aun así, cuentan a EXPRESO que el movimiento se da sobre todo los fines de semana.

Esta era una calle muerta, oscura, vacía (20 y Argentina). Con un pequeño negocio, con el que empecé, comenzamos a darle vida a esta zona.Diego Murillo, propietario de La Chozita

Los barrios también se enfrentan al desafío de resistir al toque de queda que, entre el 3 y el 18 de mayo, regirá desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente, una medida que ya ha generado rechazo en sectores productivos, turísticos y de entretenimiento.

Entre las restricciones y la falta de apoyo público, los barrios activan la noche urbana.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador avanza con ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de un plan más amplio para aumentar la recaudación, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• La meta es ambiciosa: sumar ingresos por el 1,2 % del PIB, mientras el país enfrenta incumplimientos fiscales recientes, déficit elevado y presiones externas.
• Expertos anticipan más medidas vía decretos -no una reforma integral- que podrían incluir eliminación de exenciones, mayor control tributario y ajustes al gasto público.

El ajuste de cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno anunció a inicios de este mes para alimentos procesados bien podría ser parte de un gran paquete de reformas tributarias que alista con fines recaudatorios y que apenas comienza. El FMI, en la revisión de su quinto informe, en el marco del programa de financiamiento que tiene con Ecuador, ha sugerido continuar con la racionalización de los gastos tributarios. ¿La meta? Alcanzar ingresos del 1,2 % del PIB, es decir, cerca de $ 1.658 millones.

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El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

Lisbeth Zumba

En los resultados de la quinta revisión, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 22 de abril, se señala que el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, “debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y el costo de las medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel”. No obstante, pese al incumplimiento, reconoce que el Gobierno ha tomado acciones correctivas inmediatas, como la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Si bien esto ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes para alcanzar la meta de ingresos se seguirían dando vía la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito (a partir de mayo) para cumplir con las obligaciones tributarias.

No me sorprendería que tengamos nuevos anuncios de otros productos que graven IVASantiago Mosquera
Analista económico

“Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios”, dijo Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, quien considera que esta política no pasará por una reforma tributaria, sino a través de decretos ejecutivos o de regulaciones, como se ha venido haciendo.

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Mayra Pacheco Pazmiño

Hay que repartir la carga fiscal 

Mosquera señaló que todas estas medidas ayudarán a cerrar la brecha y corregir el déficit fiscal, que el año pasado terminó en $ 5.584 millones. No obstante, sugiere al Gobierno medir los impactos colaterales de estas medidas y encontrar mecanismos para repartir esta carga. “Lo que debería preocuparnos como país es la generación de empleo, la creación de empresas para que haya más empleados formales, que se siga reduciendo la informalidad y que la carga fiscal recaiga sobre un espectro más amplio de personas”, dijo.

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de $ 5.000 millones a cuatro años. Para medir su continuidad, el organismo debe realizar revisiones constantes; esta quinta revisión permitió que el pasado 23 de abril se aprobara un nuevo desembolso de $ 394 millones para el país.

Guerra de Irán y tensiones con Colombia

No obstante, en este documento el organismo advierte sobre factores externos que podrían minar la ruta de crecimiento económico, que junto al Banco Mundial ha proyectado en un 2,5 % para este año. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, lo que, si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), también podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador. Por otro lado, cita la pugna arancelaria que el país tiene con Colombia, que podría seguir impactando el comercio bilateral y afectar el suministro energético.

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Menos gastos y más financiamiento 

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), sostiene que en escenarios como estos será difícil alcanzar la meta de déficit de $ 3.090 millones, establecida en el acuerdo para finales de este año. “Dentro de los ingresos que se prevén este año, los impuestos tendrían el 0,8 % del PIB, es decir, $ 1.106 millones que vendrían de las reformas tributarias que el Gobierno ya está implementando y de lo que podría venir. Además, se habla de lograr menores gastos fiscales por $ 829 millones. Pero habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios, con casi $ 600 millones”.

En el acuerdo, lo que se recomienda -cita Carrera- “es tratar de suprimir algunos contratos, no celebrar malos contratos, tal vez optar por nombramientos provisionales; es decir, ver acciones que reduzcan la masa salarial pública del pago de sueldos, lo que sugiere nuevos despidos en el sector público”.

A estas dificultades, menciona el experto, hay que sumar los retos financieros. Aun si se redujese el déficit a $ 3.090 millones este año, el país tiene $ 14.000 millones de necesidad de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, recursos que aún no se sabe cómo se conseguirán.

Sobre este acuerdo de financiamiento

Lo que debe saber

• Diversificación como escudo: Ante tensiones comerciales, la empresa Aglomerados Cotopaxi reduce su dependencia de un solo mercado y fortalece destinos como Canadá y Centroamérica.
• Más valor, menos precio: La estrategia se enfoca en productos con mayor valor agregado para competir por diferenciación y no por costos.
• Crecimiento con adaptación: Pese al contexto global complejo, se proyecta un crecimiento del 8 % en 2026, apoyado en inversión, innovación y expansión comercial.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y cambios arancelarios, el sector exportador ajusta sus estrategias para sostener el crecimiento en 2026. Francisco Ordóñez, gerente de exportaciones de Aglomerados Cotopaxi, aborda el tema con Diario EXPRESO.

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- ¿Cómo están las ventas y qué expectativas tienen para 2026 dentro de una coyuntura de sobretasas y conflictos?

- El 2025 fue un buen año para la empresa y mantenemos expectativas positivas para 2026. Sin embargo, el contexto internacional es retador por las guerras arancelarias y tensiones comerciales. Frente a eso, la estrategia es clara: diversificar mercados y apostar por productos con mayor valor agregado, para sostener el crecimiento.

- ¿Cuál es su principal mercado y cómo les han afectado los conflictos comerciales?

- Históricamente, nuestro principal mercado ha sido Estados Unidos. Pero con los cambios en aranceles y tensiones comerciales, parte de esas exportaciones se redirigieron hacia Canadá y también se ha fortalecido la presencia en Centroamérica. La diversificación ha sido clave para no depender de un solo destino.

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La importancia de diversificar

- ¿Desde cuándo trabajan en esa diversificación?

- Desde los inicios la empresa tuvo una visión exportadora, pero en los últimos cinco o seis años se ha intensificado la exploración de nuevos mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado, lo que ahora permite tener mayor alcance.

- ¿Qué motivó ese cambio estratégico?

- Ecuador no es necesariamente competitivo en costos. Por eso, la decisión fue dejar de competir por precio y enfocarse en la diferenciación, desarrollando productos más elaborados que permitan competir en otros segmentos.

- ¿Cómo han evolucionado sus productos?

- La empresa comenzó exportando tableros de madera. Con el tiempo se incorporaron procesos adicionales como recubrimientos, diseños y nuevos productos: molduras, paneles decorativos, marcos y puertas. Esto ha incrementado el valor agregado.

- ¿Qué tipo de inversiones han realizado?

- Principalmente en maquinaria, contratación de personal, capacitación, materias primas y proyectos en el área forestal y social. Anualmente, la inversión representa alrededor de un 6 % de las ventas.

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Más empleo y crecimiento

- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en la empresa?

- En los últimos cinco años se ha pasado de menos de 500 empleados a cerca de 600, reflejando el crecimiento de la operación.

- ¿Cuánto esperan crecer en el 2026?

- Se proyecta un crecimiento del 8 %, superior al 5 % alcanzado en 2025.

- ¿Cómo lograr ese crecimiento en un contexto global complejo?

- La clave es redireccionar esfuerzos hacia otros mercados. Ante dificultades en países como Colombia o Estados Unidos por sobretasas, se fortalecen estrategias comerciales en regiones como Centroamérica y Canadá, con mayor presencia en ferias, visitas y marketing.

- ¿Estas estrategias ya están en marcha?

- Sí, están avanzadas. Sin las restricciones actuales, el crecimiento podría ser mayor, pero la empresa se adapta para mantener una tendencia positiva.

- ¿Cuál es la clave del éxito de la empresa?

- La calidad y la diferenciación. Se prioriza entender las necesidades del cliente y ofrecer un servicio superior, apoyado en inversión y mejora continua.

- ¿Qué proyección tienen a largo plazo?

- Seguir creciendo en exportaciones, aprovechando que hay espacio en el mercado regional. La apuesta es continuar innovando y adaptándose.

- Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta este cargo?

- Inicié como desarrollador de negocios en otra empresa, luego fui jefe de ventas internacionales y ahora lidero la gerencia de exportaciones. El equipo también ha crecido, pasando de dos personas a cinco, en línea con la expansión de mercados.

Lo que debes saber

• En la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, se evidencian decenas de adoquines dañados y cerámicas fragmentadas.
• La movilidad se complica en diversos tramos por los huecos y desniveles, según ciudadanos.
• En la avenida 9 de Octubre también hay problemas como el ruido excesivo y la suciedad.

A lo largo de la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, se evidencian decenas de adoquines dañados, así como cerámicas fragmentadas, desde hace varios meses, sin que el Municipio de Guayaquil atienda este problema.

Gabriel Fernández es un guayaquileño que reside en Vigo, España, y el mes pasado regresó al Puerto Principal después de 20 años para vacacionar y visitar a sus familiares.

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El lunes 20 de abril recorrió varios puntos del centro, como el Mercado Artesanal, la calle Panamá, el Malecón 2000 y la avenida 9 de Octubre.

Sofocado por el calor, hizo una pausa en uno de los restaurantes de la calle Panamá. Mientras revisaba las fotos que tomó durante su recorrido, le llamó la atención el estado de la avenida 9 de Octubre: con adoquines fragmentados y desechos a lo largo de la vía, tal como lo reportó EXPRESO en septiembre pasado.

Siete meses después, nada ha cambiado: el deterioro persiste en esta icónica vía. “Está muy sucia toda la calle, hay huecos, el adoquín roto, se ve muy descuidada”, manifestó Fernández.

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Avenida 9 de Octubre: Adoquines destruidos y malos olores

También cuestionó los malos olores que salían de las alcantarillas en varios tramos, especialmente en zonas cercanas a restaurantes.

“Quería sentarme a probar unos sánduches, pero no soporté el olor y me vine a comer a la calle Panamá”, contó.

Y es que, desde hace varios meses, caminar por la avenida 9 de Octubre no resulta una experiencia tan agradable para los peatones.

Además de los adoquines rotos y el daño en el porcelanato, en varios puntos se acumulan desechos, hay cables caídos e incluso existen tramos en los que no se puede cruzar.

Avenida 9 de Octubre: Trabas en la movilidad y quejas por el ruido

Es el caso de la intersección con Escobedo, cuya esquina está cercada con vallas desde hace años para evitar accidentes ante el desplome de una parte de la patrimonial Casa Tola.

El pasado jueves, al cruzar en sentido de la calle Chimborazo, la ciudadana Blanca Guerrero observó una extensión con cables sueltos en la acera.

A pocos metros, el bullicio de un parlante que sonaba desde el interior de un local no le permitió realizar una llamada.

"La 9 de Octubre se está convirtiendo en una Bahía más. Mucha bulla en algunos negocios de electrodomésticos, no hay control de los metropolitanos. Y ahora las veredas están destrozadas. Es un descuido total", expresó Guerrero, quien vive en un edificio ubicado en la avenida Malecón.

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En un recorrido realizado por un equipo de este Diario esta semana, el deterioro del adoquinado quedó en evidencia a lo largo de varios tramos de las calles Chimborazo, Escobedo y Chile, donde las piezas rotas y desniveladas marcan el paso de los peatones.

A pocos metros de la calle Boyacá, la escena se repite: un tacho de basura fuera de su lugar y, a corta distancia, el agua estancada en un hueco que interrumpe el paso.

En la intersección con la calle Rumichaca, los adoquines de la vía ya muestran signos de desgaste. Los desniveles y el polvo que comienza a aparecer obligan a los conductores a reducir la velocidad de sus vehículos.

"La avenida más importante de Guayaquil hoy se ve muy desmejorada"

“Estamos hablando de la cara de Guayaquil, la avenida más importante de la ciudad, que hoy se ve muy desmejorada. Tienen que intervenirla de forma urgente, porque con el paso de los meses, sin atención, va a quedar peor. El Municipio debe actuar pronto”, comentó Mario Jaramillo, comerciante.

En reiterados reportajes, expertos han señalado a EXPRESO la importancia de revitalizar la avenida 9 de Octubre, con planes de peatonalización, activación de inmuebles con usos de suelo mixtos, eliminación de parqueaderos y mejoras en iluminación y seguridad.

No obstante, la prioridad para quienes transitan a diario por la 9 de Octubre es la reparación de los tramos dañados.

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.

Lo que debes saber

• Dermatólogos de la Universidad Central examinaron la piel e hicieron biopsias de 150 agentes civiles de tránsito de la capital.
• Detectaron lesiones benignas, como melasma (conocido como paño), lunares, pero también carcinomas profundos.
• Desde Solca Quito se indicó que hay unos 30 pacientes semanales, algunos con lesiones identificadas antes de la pandemia del 2020; algunas sangran.

Enrojecimiento del rostro, aparición de manchas y de nuevos lunares son efectos que Martha (nombre protegido), agente civil de tránsito desde hace 15 de sus 40 años, ha observado en sus compañeros de trabajo expuestos al sol en Quito. 

Trámites y servicios

Radiación extrema en Ecuador: ciudades con mayor riesgo este 20 de enero

Nadia Larco Bravo

La agente reconoce las dificultades para protegerse de forma adecuada. “Tengo la piel morena y trato de aplicarme bloqueador al menos una vez al día, pero no siempre lo logro. Cuando ocurre un siniestro, debemos movilizarnos de inmediato y no hay tiempo”, dice.

El testimonio de esta madre, que pidió no revelar su identidad, pone de relieve los riesgos de una exposición prolongada al sol, en una ciudad donde la radiación ultravioleta se mantiene alta durante todo el año por razones geográficas.

Las características de Quito y la radiación solar

A 2.850 metros de altitud, Quito cuenta con una menor capa atmosférica que filtre la radiación. Además, su ubicación ecuatorial hace que los rayos solares incidan casi de forma perpendicular durante todo el año. Los niveles, sin embargo, se intensifican en la temporada seca y en días despejados o con baja humedad.

Por ejemplo, durante esta semana que termina, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha emitido alertas de niveles de radiación ultravioleta altos, muy altos y extremadamente altos, pese a que en la tarde se presentan lluvias.

Esto detectó la Universidad Central en la piel de agentes

Tamara León, dermatóloga y subdecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, lideró una investigación sobre lesiones cutáneas asociadas a la exposición solar en Quito. 

Por esto se producen los problemas en la piel:

Los hallazgos evidenciaron el impacto de la radiación solar acumulada en quienes trabajan durante largas jornadas al aire libre en la urbe.

La dermatóloga León anota que les interesaba estudiar cómo afecta el sol a grupos más expuestos, como vendedores ambulantes o agentes. 

Las lesiones se producen por la acumulación de radiación ultravioleta, que cada día una persona suma. Por ejemplo, quien no trabaja en la calle podría sumar 30 julios de radiación (medida de energía solar), pero si se expone todo el día unos 500 julios.

Así reaccionó la AMT

La AMT dijo a EXPRESO que desde septiembre de 2025, tras recibir recomendaciones de la Universidad Central ante ese riesgo, se tomó una medida: además de los uniformes y calzado se les entregó protector solar a los agentes.

“Nuestro director dice que los agentes enfrentan el humo de los vehículos, los escapes de motos que hacen ruido como si se fuera a acabar el mundo; además de problemas respiratorios y de piel”, indicaron desde el área de talento humano.

En una entrevista, Washington Martínez, director de la AMT, comentó que en ocasiones hay personas que se quejan porque los agentes se cubren el rostro con ‘buffs’. Al menos 17 registran más vulnerabilidad al cáncer de piel, según precisó.

Martha, la agente civil de tránsito, comenta que no se maquilla ni usa base, pues prefiere aplicarse bloqueador solar. “Soy morenita, pero cuando hace mucho sol, mi piel se oscurece más. Trato de cuidarme, pues en un mismo día llueve y sale el sol. Pero sé que algunos de mis compañeros no tienen dinero para comprar bloqueador”.

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Lesiones que no paran de sangrar

Karen Mora, dermatóloga de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), apunta que las personas priorizan sin conocer la importancia del cuidado de la piel: se atienden primero problemas de corazón, pulmones o estómago. 

Por eso, dejan en segundo plano lo que “consideran es algo solamente cosmético; los seguros no cubren medicina dermatológica ni protectores solares; tampoco en los hospitales públicos se les entrega un protector”, lamenta.

Eso le parece riesgoso porque “recibo unos 30 pacientes semanales que han identificado una lesión antes de la pandemia (2020) y lo han dejado pasar hasta que no para de sangrar”.

Se trata, dice, de falta de hábito de cuidado de la piel. “Ecuador es un país pequeño, de gran altura, la capa de ozono no es la misma. A las personas se les olvida ponerse el protector y hay de todo tipo: en barra, para pieles sensibles o grasas, en bruma seca, spray”.

El problema, coincide León, es que se cree que el cuidado de la piel es solo estético. Pero insiste en que el sol provoca manchas, arrugas y cáncer. Pide diferenciar el “sol bueno del malo, lo mejor sería evitar exponerse entre las 11:00 y 15:00”.

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Indica que Quito, al ubicarse en la mitad del mundo, recibe los rayos solares de forma perpendicular. Y la zona montañosa está más cerca aún.

Es causante de los cánceres de piel, cataratas en ojos, peor en una persona en el sol de seis a ocho horas, por cinco años y más.Tamara León/ dermatóloga

La situación de vendedores informales y su exposición al sol

Carlos Castellanos, dirigente de los comerciantes minoristas, habla de su realidad: 

"Si ganamos $3 o $4 diarios, no alcanza para una crema ni para un parasol", dice. Además que aguantan agua y soles. 

"Nadie se ha interesado por hablarnos del cáncer a la piel, ni siquiera los políticos meteorólogos (ironiza por el cambio de fecha de las elecciones). Tenemos compañeros blanquitos que se ponen rojísimos o morados, vemos que les salen unas escamas. Usan remedios caseros, como sábila”.

Hay un daño acumulativo de la piel, que impacta de forma paulatina en el ADN. Deja como un autógrafo y con los años aparecen tumores.Karen Mora/ dermatóloga

Lo que debes saber

• Metro de Quito se suspendió 7 horas el lunes en Quito; Bernardo Abad habló con gerente y señala manipulación en Quitumbe.
• Abad habla de intereses políticos, económicos y electorales. Señala a Jorge Yunda y a transportistas.
• Desmiente al alcalde, quien ha dicho que contrataron a cien técnicos de Acciona para el mantenimiento; el exgerente le confirmó que los especialistas están trabajando con él en Brasil.

El concejal Bernardo Abad es usuario frecuente del metro de Quito. Fue parte del Directorio de la empresa a cargo, por lo que en la entrevista describe detalles de la operación. El lunes 20 de abril del 2026, cuando por unas siete horas el sistema se suspendió, estuvo en contacto con el gerente, dice. Sostiene que hay “intereses” detrás de la falla, por lo que se abrió el debate en el Concejo.

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Muñoz minimiza suspensión del Metro de Quito, mientras crecen las dudas

SARA OÑATE

¿Quién es el responsable político del metro?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, porque todas las empresas metropolitanas lo tienen como presidente de sus directorios. Además los secretarios de Planificación del área; en el caso del metro, el secretario de Movilidad. 

Antes de esta administración, los concejales integrábamos los directorios. Pero el alcalde con su mayoría de correístas y afines decidió que no estemos. Antes podíamos saber lo que ocurría y fiscalizar.

El alcalde pidió no politizar y ser técnicos. Pero al final de la sesión dijo: “Sigan ladrando”.

Es una expresión vulgar, chabacana. Ahí un concejal afín (Gabriel Noroña, ganó con el apoyo de Jorge Yunda) dijo que quienes estuvimos en el directorio nos repartimos contratos. Estoy orgulloso de haber estado. 

El señor Yunda no logró contratar al operador. Muéstreme algo raro que diga Contraloría, algo chueco, (no hay) nada. Reclama porque se llegó a un acuerdo con un banco. El costo es cero en transacciones.

En la sesión, usted afirmó que hay intereses para que el metro no funcione. ¿A quiénes se refiere?

El metro ha tenido detractores desde el inicio porque afecta a alguien. ¿A quiénes afecta directamente la operación?

¿Al transporte urbano?

Usted lo ha dicho. Cuando hay 200 mil viajes diarios y no hay más quiteños, se dejó de usar un sistema para usar otro. También está el tema político y electoral. Siempre hay personas que han querido que fracase, para decir que no se debía construir, pero que llegarán y lo mejorarán. 

No soy afín al alcalde, pero nos une el bienestar de Quito. No puedo, por diferencias políticas e ideológicas, ir en contra de la obra más grande de movilidad.

Quito

Paralización del Metro de Quito aviva críticas sobre el mantenimiento

SARA OÑATE

Veo a concejales como Andrés Campaña, más que nada, Wilson Merino y Michael Aulestia pedir cambios del orden del día para cuestionar el manejo del metro y contratos, desde hace más de un año.

Claro, es nuestra labor fiscalizar (hace un recuento de los contratos de mantenimiento; corrige al alcalde, que ha dicho que son llantas y el metro tiene ruedas; recuerda que hay desgaste natural y por eso se hace reperfilado de rieles).

La cuarta fue la vencida para contratar en este mes el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones. ¿Pudo haber causado el problema?

El gerente y el alcalde dijeron que han estado haciendo el mantenimiento con 100 técnicos que trabajaron en Acciona. Ayer (miércoles 22 de abril) me encontré con Manuel Méndez, exgerente de Acciona. Le pregunté si eran buenos sus técnicos. 

Y me contestó: “Mis técnicos, mis especialistas, están trabajando conmigo en Sao Paulo, Brasil”. Le repregunté: ¿No son los tuyos? Me contestó lo mismo. ¿A quiénes contrataron? A obreros, sin menospreciar.

¿No pudo fallar eso?

Me parece que estuvieron haciendo un mantenimiento ‘ligth’. Pero lo que falló el lunes fueron las telecomunicaciones, un switch, en la estación uno, en Quitumbe (sur). Una persona manipuló, según dijeron. Si lo hizo, fue con algún interés.

Dicen que me volví Pabelista. Nada que ver, no lo he dicho por Pabel. No nos pusimos de acuerdo. Nada que ver.Bernardo Abad/ concejal de Quito

 ¿Había cámaras?

No. Lo vio una señora. Esa persona que entró sabía en dónde está la vulnerabilidad, aplastó la tecla. Desaparece la telecomunicación que lleva todos los datos hasta el PCC (Puesto de Control Central), el cerebro del sistema, y desconecta las pantallas, que quedan en negro. Me mandaron foto. ¿Cómo operas? Podrían haber aplastado y operar en automático, pero era riesgoso.

Quito

Con el Metro fuera de operación, el tráfico de Quito colapsa todavía más

SARA OÑATE

¿Y la alerta de Motorola?

No tiene nada qué ver. (Andrés) Campaña tergiversa o no sabe muy bien; no fue falla en la radiocomunicación. Se contrató a una empresa rival a Motorola. El sistema está controlado, está hecho para que no puedan chocar los trenes.

¿No se solucionarían a tiempo todas las inquietudes de los concejales de oposición, como Campaña o Merino, si el alcalde y su mayoría permitieran la fiscalización en el Concejo?

Lo que pasa es que también hay que ver que el concejal Merino está en una onda de joder y joder.

Quito

Falta de mantenimiento en sistema clave le pasa factura al Metro de Quito, alertan concejales

SARA OÑATE

Pero los concejales del correísmo compararon al metro de Quito con los de Madrid o Nueva York, que tienen cien años de operación.

No hay cómo comparar. Pero el metro de Quito es más bonito, más nuevo también, con altos estándares. A la parada de San Francisco podemos compararla con una de Madrid.

A ver, volvamos a su tesis de que hay “intereses” detrás de esa falla de operación. A Merino le acusan de estar con ADN, pero él ha dicho que es de Imparables. ¿Duda del Gobierno?

No.

Campaña incluso está lejos de su partido, el Socialista, que dijo ser el plan B de Pabel Muñoz. ¿Interés de quién? ¿Yunda?

Alguien que todavía mantenga adentro gente para que haga eso. Es hilar fino pero, según dijeron, hubo una manipulación de un aparato chiquito, esa persona habría sabido cómo dejar el metro en caos. Lo dije: qué intereses políticos, económicos, electorales están en juego.

¿Se metería en un problemón? ¿Debería ir preso?

Debería.

¿Error humano?

Curiosamente el error humano en ese preciso momento, solo el experto sabe. Está puesto en Fiscalía el caso. 

El metro es la forma más segura de movilizarse en esta ciudad, todos los días hay siniestros en los buses; el trole es ‘chamán’.Bernardo Abad/ concejal de Quito

Sobre su defensa al metro 

Abad dice que defiende al metro porque cree que no debe haber sombras sobre él. Reitera que con Mauricio Rodas se avanzó hasta el 97 % para ponerlo en marcha y que el contrato de operación estableció que el 1 de diciembre del 2023 funcionaría. Dice que Pabel Muñoz sacó el tema de los medios para que se crea que con él arrancó.

¿Quién es Bernardo Abad?

Es cuencano y no ha perdido el acento, pero dice amar a la capital. Va por su segundo período como concejal del Distrito Metropolitano de Quito, lleva siete años en el cargo. Hizo carrera en el periodismo, fue reportero y presentador de televisión. Ejerció la profesión desde los 19 y tiene 61 años. En la entrevista aclaró que no tiene interés en un nuevo cargo de elección popular.

Lo que debe saber

• Reprogramaciones complejas: Bodas, quinceañeras y eventos corporativos deben cambiar de fecha u horario, pero hacerlo no es sencillo por la disponibilidad limitada de locales, proveedores y agendas ya coordinadas con meses de anticipación.
• Pérdidas económicas significativas: Unos 35 negocios del sector de eventos dejan de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares semanales en Guayas, con caídas de hasta el 70 % en sus ingresos habituales durante el periodo del toque de queda.
• Afectación en toda la cadena: No solo pierden los organizadores, sino también fotógrafos, músicos, floristas, transporte y otros servicios vinculados, en una industria donde cada evento activa a múltiples proveedores.

El nuevo toque de queda vuelve a alterar la agenda de celebraciones en Ecuador. Matrimonios, quinceañeras y otros eventos previstos entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, deberán cambiar de fecha o adelantarse a la tarde, una decisión que no siempre es viable por la disponibilidad de locales y proveedores.

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“Ahora, al organizar eventos, hay que considerar que en cualquier momento se pueden establecer restricciones de movilidad”, explicó a Diario EXPRESO Margarita Rugel, organizadora de la feria ExpoBoda. Como ejemplo, señaló que su evento, previsto para el 26 de abril de 2026 en el Mall del Sol, fue planificado desde el inicio en horario de 10:00 a 20:00, anticipando posibles medidas.

Rugel reconoce la necesidad de reforzar la seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, pero advierte que el impacto económico es inevitable si no se construyen acuerdos con el sector productivo. “Lo ideal sería evitar perjuicios económicos, pero para eso debe haber diálogo”, señaló.

Uno de los grupos más afectados será el de los mariachis y músicos, especialmente en fechas clave como el Día de la Madre, cuando suelen trabajar sin descanso. Este año, la restricción limitará significativamente sus ingresos en una de las jornadas más importantes, destacó Rugel.

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Las pérdidas económicas en cifras

El golpe no es menor. El sector de eventos, que depende en gran medida de la noche, ya reporta pérdidas importantes. En Guayas, 35 empresas del rubro estiman que dejarán de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares por semana. Cada negocio calcula pérdidas de alrededor de 2.500 dólares semanales, lo que representa cerca del 70 % de sus ingresos habituales, según indicó Milton Casanova, vicepresidente de la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg).

Además, el impacto se extiende a toda la cadena: por cada evento cancelado o reprogramado, al menos diez proveedores dejan de trabajar, entre ellos fotógrafos, floristas, transporte, seguridad, disc jockey e iluminación. Solo dentro de este grupo, se estima que unos 70 eventos semanales se ven afectados, según Casanova.

La situación se agrava por la dificultad de reprogramar. Muchos eventos se organizan con meses de anticipación y dependen de la coordinación de múltiples actores. Cambiar fechas no solo implica complicaciones logísticas, sino también pérdidas económicas definitivas.

Pese a ello, el sector intenta adaptarse. Algunos eventos han sido trasladados a horarios vespertinos, aunque con menor asistencia y rentabilidad. En muchos casos, el objetivo ya no es generar ganancias, sino recuperar parte de la inversión.

Hay locales que tienen ganancia

Para toda situación de la vida hay que aprender a adaptarse y con esa visión hay negocios que estiman que en tiempo de toque de queda hasta ganancias pueden tener. Juana Chiquito, administradora de Estilo y Puntada, dijo a EXPRESO que la ropa para una boda o una quinceañera se hace con tiempo, entonces ella ofrece la opción de poder ajustar la ropa al nuevo horario en que será la fiesta.

"No es lo mismo la ropa para una fiesta en la noche que en el día, y no todos tienen para comprar otra traje a última hora; entonces lo mejor es adaptarlo", señaló Chiquito.

Reveló que tiene ya varios pedidos para adaptar la ropa de la fiesta al nuevo horario y se ha preparado para que su taller de costura pueda atender a todos los clientes que lleguen, mencionó. 

Piden horarios flexibles

En medio de este escenario, los gremios insisten en la necesidad de ser escuchados. Plantean alternativas como flexibilizar horarios en ciertos días o aplicar medidas diferenciadas, buscando un equilibrio entre seguridad y actividad económica. Casanova dijo que se puede ser flexible los fines de semana, que es cuando se dan más fiestas. Un matrimonio es organizado mínimo con seis meses de anticipación.

El sector productivo plantea ajustes urgentes al toque de queda en Ecuador. Aunque respalda las medidas de seguridad, advierte que, sin criterios técnicos, el impacto económico seguirá profundizándose.

La Cámara de Comercio de Quito propone una optimización basada en dos ejes. El primero es la semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, que permitiría aplicar restricciones diferenciadas según indicadores objetivos de seguridad, evitando así medidas uniformes en territorios con realidades distintas. El segundo plantea extender los horarios durante fines de semana, al menos una hora adicional los viernes y sábados, para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, que concentran su mayor actividad en esas franjas.

Mientras tanto, la incertidumbre marca el ritmo de un sector que, una vez más, enfrenta semanas sin poder operar en su horario clave.

Lo que debes saber

• El 22 de noviembre de 2023, Guillermo Lasso le entrega la competencia del proyecto al Municipio de Guayaquil.
• Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial No. 29, deroga el traspaso de la competencia; un día después de asumir el cargo.
• Entre los terrenos que deben expropiar están los que pertenecen a la familia del presidente Noboa; el Gobierno no revela la cifra a pagar.

Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), dialogó con EXPRESO sobre los avances del Quinto Puente.

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- ¿Ahora que en mayo habrá nuevas autoridades en la Prefectura del Guayas, la asignación de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso al Quinto Puente volverá a esa entidad?

- La respuesta es bastante rotunda dentro de la administración del ministro (Roberto) Luque: no. O sea, ya tuvieron la oportunidad de trabajar con nosotros dentro del convenio. Actualmente se está liquidando el proyecto. Dentro de esa liquidación vemos que el avance, de hecho, es mucho menor al que la prefecta (del Guayas, Marcela Aguiñaga) en su momento reportaba.

- ¿De cuánto?

- Un avance del 30 % básicamente. El Ministerio tiene capacidad de hacerlo y lo va a hacer. Todo lo que engloba el Quinto Puente no puede esperar a que una autoridad quiera hacerlo, se tiene que hacer.

- ¿Qué porcentaje debió haber estado ejecutado para la fecha?

- Para la fecha, 60 o 70 %. Ahorita deberíamos estar viendo puentes, deberíamos tener la vía avanzada en temas de poder declarar (de) utilidad pública ciertos predios; (en) las expropiaciones estamos bastante atrasados.

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- ¿Por qué expropiaron cuando estaban construyendo y no antes?

- Dentro del convenio, los tres primeros meses eran para expropiar.

- El ministro Luque dijo que en el primer semestre de 2026 iban a expropiar fuera de Guayaquil. ¿Se mantiene el cronograma?

- Estamos trabajando en dos tramos ahorita, como para acelerar el paso.

- ¿En qué tramos?

- El primero, el tramo 1A, corresponde a la (avenida) Cacique Tomalá. Y el segundo, el tramo 4 y el 5, (pero) una vez (que) se liquide con la Prefectura, (que) se llegue al acuerdo económico de los valores que ellos van a tener que devolver, porque ejecutaron mucho menos de lo que nosotros hemos devengado como Ministerio.

Cuando se les notificó el inicio de la terminación unilateral, y como tenían 15 días, avanzaron, en teoría, bastante.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto tendrá que devolver la Prefectura?

- No podríamos dar un valor exacto hasta que no se firme el acta de liquidación.

- En el tramo 1A, las declaraciones de utilidad pública se hicieron a finales en diciembre de 2025, ¿por qué recién en 2025 y no en 2024?

El anuncio del proyecto se generó en el 2025, junto con ello viene la declaratoria de utilidad pública y comienzan las negociaciones. Todavía no podemos entrar a expropiar todos. Ya hemos tenido negociaciones con algunos y algunos han aceptado.

- ¿Cuántos?

- Unas cuatro carpetas de las muchas que hay.

- ¿Cuántas casas serían expropiadas?

- Hay un tema que sí quisiera señalar, que es una responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Ellos deberían tener actualizados una serie de datos. Hay predios o solares que tienen una vivienda o una más chiquita al lado, entonces eso complica este tipo de procesos expropiatorios.

- ¿Y cuántos lotes serán expropiados?

- Entre lotes de vivienda y los que tienen actividad económica, aproximadamente 110.

- ¿A estas personas tienen planificado reubicarlas?

- Sí, se les está buscando una solución de vivienda, planteada por el viceministro de Vivienda, Daniel Elmir. Pretendemos darles un catálogo de opciones para financiar algún tipo de vivienda, con un descuento bastante especial.

Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos ‘volando’. Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos antes.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto el Estado va a pagar por las expropiaciones de los terrenos de la familia del presidente Daniel Noboa, la Cartonera y Blasti?

- Hasta el momento no tengo la cifra exacta de cuál será el valor que se va a pagar.

- ¿Y por las camaroneras del Holding Sola & Sola?

- Son predios que tienen actividad económica. Estamos en la fase de negociación.

- ¿Qué tiempo tomará?

- Alrededor de 15 días aproximadamente o un poco más.

Las claves del caso

• La Silla Vacía, creada para fomentar la participación ciudadana en Guayaquil, enfrenta trabas administrativas que limitan su uso y generan críticas por falta de transparencia
• Trámites, filtros y demoras marcan el acceso a la Silla Vacía en el Concejo Cantonal, un mecanismo que ciudadanos y activistas consideran restringido en la práctica
• ¿Pero qué es la Silla Vacía? Es una herramienta constitucional que permite a los ciudadanos intervenir directamente en el debate de los gobiernos locales.

La Silla Vacía en el Municipio de Guayaquil, pensada para la participación ciudadana, presenta barreras como trámites y filtros que han impedido su uso efectivo desde su reactivación en 2025.

Aunque fue concebida como un mecanismo para que los ciudadanos participen en las sesiones del Concejo Cantonal, en la práctica sentarse en ella resulta complejo y desgastante.

No se trata de dinero, sino de trámites, autorizaciones y filtros impuestos por el propio Municipio. Para intervenir, los ciudadanos deben presentar oficios, justificar su pedido y esperar una aprobación que muchas veces llega tarde.

Aunque el Municipio asegura que reactivó este recurso a finales de 2025, desde entonces muy pocas personas han logrado ocuparla. Para activistas y representantes ciudadanos, la Silla Vacía sigue siendo solo un símbolo o un adorno, más que un mecanismo real de participación.

Caso de activista que no entró al Concejo

Un caso reciente ocurrió durante la sesión del 16 de abril, cuando César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, quiso expresar su postura frente al aumento de la tarifa de la Aerovía. Sin embargo, cuando intentó ingresar a la sesión, un guardia se lo impidió. “Yo cumplo órdenes”, le dijo el agente, mientras le explicaba que “solo los que están en la lista entran”.

El episodio dejó contrariado a Cárdenas. Asegura que presentó el oficio dos días antes, pero al no recibir confirmación decidió esperar fuera del Municipio, pero finalmente no ingresó.

“Las sesiones son públicas. Llegué a mi casa a las 17:00 y recibí el oficio con la aprobación cuando la tarifa ya había sido aprobada, ya era un hecho consumado. Violan su mismo reglamento”, sostiene Cárdenas, quien cuestionó, en un artículo reciente de este Diario, la gestión que hoy lidera Tatiana Coronel.

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Para él, esta situación refleja una de las principales deudas del Municipio en las últimas administraciones: la participación ciudadana.

En la respuesta municipal, suscrita por Jaime Tejada, secretario del Concejo, se señala que “se verifica que no se ha cumplido con los requisitos de rigor (...) entre estos, la exposición de motivos suficientes y acreditar la existencia de representatividad de alguna organización”.

Cárdenas lamenta que esta fue la segunda vez que no logra ingresar al Concejo para usar la Silla Vacía. Aun así, insiste en que este mecanismo debería ser ocupado y aprovechado por más ciudadanos.

La respuesta del Municipio a EXPRESO

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer, entre otros puntos, cuántas personas han ocupado la Silla Vacía y cuántos oficios se han presentado. Desde el área de Comunicación se indicó que la solicitud fue recibida y que “cuando tengamos la información se la remitiremos”.

Esta falta de información, sumada a lo ocurrido con César Cárdenas, no solo evidencia una deficiente transparencia en el Municipio, sino también las dificultades que enfrentan quienes buscan tomar la palabra y expresar su postura frente a las decisiones que se toman en la ciudad.

Esto ocurre, además, en sesiones donde sí se ha visto la presencia de ciudadanos con mensajes de respaldo al alcalde.

En la urbe, gremios, activistas y ciudadanos coinciden en que muchas personas desconocen este recurso. Pero quienes conocen casos como el de Cárdenas terminan resignándose a esperar cambios o, al menos, a que la administración de Aquiles Álvarez mejore la participación ciudadana, tanto dentro del Municipio como en las sesiones y asambleas.

Ciudadanos se expresan ante la Silla Vacía

Fernando Alburquerque, activista ciudadano, tiene una postura clara sobre lo que ha implicado este recurso. “Unos compañeros la han solicitado, pero es más fácil conversar afuera con los concejales que hacer uso de ella”, asevera.

Además, cuestiona la forma en que se presenta este mecanismo. “En la publicación de la concejal Shirley Aldás sobre la Silla Vacía hay un mensaje más profundo de lo que parece: una silla vacía alejada de la mesa no representa inclusión, sino distancia entre la ciudadanía y el poder. Es una metáfora clara de cómo, en la práctica, este mecanismo ha sido relegado a un rol periférico”, argumenta.

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Para Alburquerque, si la silla está lejos de la mesa, el mensaje es preocupante. “La ciudadanía sigue siendo espectadora, no protagonista. Y ese no fue el espíritu con el que se creó este mecanismo”, analiza.

Por su parte, Gelacio Mora, representante de la organización Tejido Social de Guayaquil, subraya la importancia de este mecanismo de participación ciudadana, pero lamenta que la Municipalidad no lo respete.

Mora recuerda el caso de Billy Navarrete, quien ocupó la Silla Vacía a finales de 2025. En aquella ocasión, el Cabildo sí acogió su intervención.

“Existe selectividad por parte de la autoridad municipal. Se nota en las sesiones la participación de adeptos al movimiento que administra la ciudad. Las propuestas de líderes barriales o representantes de organizaciones sociales no pueden ni deben estar condicionadas por creencias religiosas, mucho menos por ideologías políticas”, manifiesta.

La Silla Vacía no es un simple espacio simbólico dentro del Concejo. Más allá de si se la ha solicitado o no, lo fundamental es entender que su valor radica en la capacidad de las autoridades de saber escuchar.
Carolina Pincay, tecnóloga, lideresa y activista de la Martha de Roldós

De hecho, la última vez que se conoció públicamente el uso de la Silla Vacía fue a fines de 2025, cuando justamente la ocupó Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

En esa sesión, Navarrete intervino sobre la denominación de ‘Los Cuatro Niños de Las Malvinas’ para el espacio público del parque de la Coviem.

• El SRI registró $46 millones recaudados por la tasa de control aduanero cobrada a Colombia en febrero y marzo, el doble de lo que anunció el presidente Noboa en marzo, cuando ese mes aún no cerraba.
• Si la Secretaría General de la CAN declara la tasa contraria al derecho andino, Ecuador deberá dejarla de cobrar de inmediato y los importadores podrán reclamar la devolución ante el SRI.
• Históricamente, el Estado paga en notas de crédito, no en efectivo.

Cuarenta y seis millones de dólares recaudó Ecuador en apenas dos meses con la tasa de control aduanero cobrada a Colombia, según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI): 

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La cifra duplica los $20 millones que el presidente Daniel Noboa había anunciado el 9 de marzo en Radio Sucre, cuando ese mes aún no cerraba.

Ese dinero ingresó a la cuenta única del Tesoro Nacional y su destino es una incógnita jurídica: si la Comunidad Andina de Naciones (CAN) determina que la medida viola el Acuerdo de Cartagena, los importadores podrían reclamar lo pagado. 

El proceso no sería ni automático, ni sencillo, ni necesariamente en efectivo.

El impacto de la tasa

La tasa entró en vigor el 1 de febrero al 30% sobre el valor en aduana, subió al 50% el 1 de marzo y el 1 de mayo llega al 100%, cifra que los expertos califican como prohibitiva. 

El argumento oficial fue que Colombia incurre en una omisión sistemática en sus controles de salida, lo que traslada costos operativos al Estado ecuatoriano.

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran el impacto con precisión. 

Pese a eso, marzo casi duplicó la recaudación de febrero porque el 50% encareció cada importación que sí se realizó: menos volumen, pero más caro por unidad. 

Andrés Albuja, economista que impulsó una solicitud ante la CAN para dejar sin efecto la tasa, lo resume con dureza: mientras el gobierno celebra los $46 millones recaudados, las pérdidas diarias estimadas bordean los $5,5 millones".

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Las pérdidas registradas

Frente a los $46 millones recaudados por el SRI, la afectación al comercio es cuantiosa:

En tres meses de disputa, el perjuicio bordea los $800 millones.

Daniel Legarda, exministro y experto en comercio exterior, considera alta la probabilidad de un fallo adverso para Ecuador: una tasa debe estar vinculada a un servicio directo al operador, y el control aduanero es una función del Estado financiada con su propio presupuesto, no un beneficio adicional al importador.

Francisco Ballén, exviceministro de Comercio Exterior, coincide: la medida es violatoria de los compromisos andinos y espera un dictamen de incumplimiento en los próximos días, lo que obligaría a Ecuador a retirar la tasa en un mes. 

Si no lo hace, Colombia o cualquier importador afectado puede iniciar una acción de incumplimiento, aunque antes debe agotar una fase prejudicial ante la propia Secretaría General.

Ecuador también puede recurrir al Tribunal Andino para pedir la nulidad de la resolución. 

Ballén advierte que esa vía extendería el conflicto por años y abre la posibilidad de que Colombia solicite suspender beneficios comerciales a exportaciones ecuatorianas. 

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Terminarían afectándose sectores como la línea blanca, los jugos o las conservas por defender una tasa que, en el marco andino, es muy difícil de sostener jurídicamente.

El escenario jurídico

Marcelo Bodero, abogado experto en derecho comunitario y socio de Bodero y Asociados, explica por qué el escenario jurídico es más complejo de lo que parece. 

El derecho andino es supranacional: está jerárquicamente por encima de cualquier ley o decisión ecuatoriana. 

Tiene dos efectos clave. 

No hace falta que el Comex diga "acepto la decisión". Decide la Secretaría y se deja de cobrar, así de simple, explica Bodero.

En materia de libre circulación de bienes, precisa Bodero, Ecuador cedió soberanía a la CAN. 

Eso significa que no puede imponer aranceles ni medidas de efecto equivalente, que son aquellas que, sin llamarse arancel, tienen el mismo efecto económico. 

Si la Secretaría General determina que la tasa tiene ese carácter, Ecuador deberá dejar de cobrarla de inmediato y devolver todo lo recaudado desde el primer día.

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Lo que dicen los precedentes

El precedente más cercano data de 2018. Ecuador aplicó una Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA) a todas las importaciones, recaudó $28,1 millones en siete meses y la eliminó en menos de 15 días tras el fallo de la CAN, que la calificó como un gravamen incompatible con el programa de liberación comercial andino.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, agrega el antecedente de 2015: una salvaguardia cambiaria aplicada por el gobierno de Rafael Correa contra Colombia y Perú el 31 de diciembre de 2014 llegó al Tribunal de Justicia de la CAN y tardó varios años en resolverse. 

Bodero recuerda ese mismo caso: Ecuador no pidió autorización previa a la Secretaría General, el estudio económico no logró demostrar lo que el país afirmaba, y la resolución final ordenó devolver lo indebidamente cobrado. 

Ese episodio le costó al país entre $50 y $60 millones.

¿Qué pasaría con las devoluciones?

Ballén precisa que la devolución no sería automática: los importadores tendrían que presentar solicitudes individuales por pago indebido ante el Senae o el SRI y, si el reclamo les es negado, acudir al Tribunal Contencioso Fiscal. El Estado históricamente entrega notas de crédito tributario en lugar de efectivo. 

Bodero, sin embargo, tiene una lectura distinta sobre los tiempos: si la Secretaría General declara la tasa contraria al derecho andino, las empresas podrían ir al SRI a pedir la devolución de forma inmediata. 

El trámite, dice, no debería demorar más de 15 a 30 días.

Legarda añade una complicación nueva que no estuvo presente en 2018: entonces el cobro lo gestionaba la Aduana directamente vía Ecuapass; ahora el pago se canaliza por el SRI, lo que introduce un paso burocrático adicional cuyo procedimiento de devolución aún no está definido en la normativa.

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Sobre la posibilidad de que Ecuador opte por salirse de la CAN para eludir sus obligaciones, Bodero es categórico: no es tan simple. 

Según el propio Acuerdo Andino, las obligaciones permanecen vigentes por dos años tras la salida, y tanto países como empresas y personas pueden seguir exigiendo cuentas durante ese período.

Además, si Ecuador no devuelve lo recaudado, podría enfrentar repercusiones económicas serias, aunque Bodero aclara que nunca ha llegado a ese extremo en la historia de la CAN. 

Albuja añade otra dimensión: además de devolver lo recaudado, Ecuador enfrentaría multas por violar convenios internacionales y sanciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dado que una sobretasa del 100% excede lo permitido a nivel internacional.

Con el 100% en puerta, la recaudación tiene los días contados. Rivadeneira es directo: con esa tarifa, las importaciones desde Colombia dejan de ser viables. 

En los días previos al cambio, fuentes del sector ya reportan un flujo intenso en la frontera para adelantar importaciones, aunque sin alcanzar niveles previos al conflicto.  

Ante el encarecimiento, los importadores han buscado distintas salidas:

Ninguna será sostenible con el 100%. Legarda lo resume: el 100% hace todo inviable.

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La época lluviosa lleva a más ‘huéspedes’ a los albergues de Quito

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A las 09:45 del lunes 20 de abril del 2026, en el parque La Alameda, a unos pasos de El Churo y frente a la iglesia de El Belén, tres hombres comparten una botella y una manta. Uno sostiene una tijera; otro, la empuñadura de lo que parece un arma.

Algunas mujeres jóvenes que pasan junto a ellos los observan. El resto también los evita, se cambia de acera, aunque en general los residentes dicen que ya no les resultan extraños.

Los dormitorios sin techo

Cerca, frente a la entrada principal de la Asamblea Nacional, comerciantes aseguran que unas 16 personas (todos hombres y una mujer) duermen en la calle. A veces se desplazan unos metros, hasta los alrededores del Hospital Eugenio Espejo, y al día siguiente se dispersan.

Al mediodía, un hombre con el cabello, el rostro, las manos y la ropa visiblemente sucios se acerca a un local donde una mujer fríe empanadas y pide que le regalen una. La dependiente a veces accede, pero “no cuando vienen alterados o con perros”.

Lo que opinan los ciudadanos sobre personas sin hogar

El abogado Manuel Valarezo relata que todos los días, antes de las 08:00, se puede observar a personas que han dormido en la parte baja del edificio Parlamento y otros de los alrededores de la avenida 6 de Diciembre y Hermanos Pazmiño. Otros grupos se ‘alojan’ en Santa Prisca.

“No pido que se los desaloje. No tienen donde dormir. Ojalá el Municipio o el Ministerio de Desarrollo Humano pudieran hacer algo”, comenta.

El Patronato los ha identificado

Carlos Villavicencio, jefe de la Unidad de Servicios de Protección Social del Patronato Municipal, dice que ellos han definido tres tipos de habitantes de calle, como se define a las personas sin techo: 

¿Cómo saber si tienen problemas de salud mental?

A quienes tienen esos perfiles los identifican porque no saben cómo se llaman, en qué día o año están, se lanzan a los vehículos en movimiento, exhiben sus partes íntimas, gritan...

Algunos de estos últimos casos han sido referidos a los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano desde enero. Se trata de dos mujeres: una de unos 40 años que pasa en la Plaza del Teatro y otra de alrededor de 65 años en Puembo. No les han respondido.

EXPRESO solicitó información a los dos ministerios sobre acciones para esta población. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En la av. 10 de Agosto, cerca de la matriz del IESS, un joven arrastra un costal y se sienta apoyándose en la pared de un local. Estudiantes del colegio Mejía y jubilados que caminan por la zona lo miran. 

Vecinos aseguran conocerlo desde niño y recuerdan que agentes de la Dinapen se lo llevaban junto a otros chicos, años atrás. Dicen haberlo visto consumir una sustancia. Permanece en silencio, ajeno a su alrededor; viste una chaqueta y zapatos de suela. Tiene los pantalones abajo de las rodillas. A unos les causa temor; a otros, pena.

Datos sobre habitantes de calle en la capital

Jacques Ramírez, secretario de Inclusión del Cabildo, brinda detalles del diagnóstico: 

¿Son peligrosos?

¿Es un peligro para las personas? Villavicencio responde que representa un riesgo para sus propias vidas. “Hay un riesgo social por la falta de políticas de protección especial en temas de salud mental. Ellos son la punta del iceberg. Debajo hay consumo problemático de sustancias, casos de depresión, aislamiento, ansiedad, etc.”.

De 05:30 a 23:00, equipos del Patronato, con apoyo de los agentes de control, recorren la ciudad. Al ubicar a personas sin techo, les ofrecen llevarlas a los albergues. Si no acceden, no los obligan, ya que podrían acusarlos de rapto, explica el Patronato. 

No se acercan si hay armas o casos de microtráfico. “Son delitos y eso le corresponde a la Policía Nacional”, aclara. Asimismo hacen que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se encargue de quienes liban en el espacio público, incluyendo a indigentes.

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Entre mendicidad y comercio callejero: así se refleja la crisis en Quito

Rosero Mariela

Un vecino dice:

“No me han hecho daño. En la mañana se les ve cargando bultos de ropa, cartones y botellas. Son unos 12 y una mujer. Tienen perros y huelen mal, se nota que beben mucho”, dice un comerciante que se ubica cerca de la Escuela Fiscal Espejo y prefiere no identificarse.

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Ecuador frente al dilema: eliminar subsidios o fortalecer bonos sociales

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La opinión de dos especialistas

Berenice Cordero, exministra de Inclusión, ve “un vacío enorme” frente a casos de adicciones, alcoholismo y salud mental, lo que ha causado que muchos sean expulsados de sus núcleos familiares y estén en las calles. 

Le parece que estos temas los maneja la Vicepresidencia, además del Ministerio de Salud. En su período se coordinó con el Municipio.

Cree que hay que “protegerles en las épocas frías, llevarlos a albergues, que tengan lugares para asearse, comer y dormir”.

El psiquiatra Fernando Cornejo recuerda que hace más de una década se cerró el Hospital Psiquiátrico San Lázaro de la capital. Aunque sostiene que lugares tipo manicomio ya no deben existir, cree que hacen falta opciones para estabilizar a quienes no tienen hogar y necesitan protección social.

Por eso lamenta que la eliminación del centro haya sido radical y abrupta. “Hay personas sin comida, sin techo, que deben soportar el frío y que requieren atención en salud”.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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Richard Josue Jimenez Mora

ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que se sabe

• Antecedente. El pasado 16 de abril, Alias Frenillo murió al caer del noveno piso de uno de los edificios ubicados en Puerto Santa Ana.
• Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma.
• Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. Sino se ha convertido en no saber quién habita el mismo edificio

Puerto Santa Ana, un sector que durante los últimos años ha sido símbolo de modernidad, desarrollo urbano y plusvalía en Guayaquil, hoy enfrenta una problemática que se reaviva por la inseguridad entre sus residentes y visitantes, tras la muerte de alias Frenillo, cabecilla de una organización criminal.

Tal como lo ha contado EXPRESO en reportajes anteriores, las constantes denuncias de irregularidades en esta zona han trastocado silenciosamente la convivencia en el sector. La alta rotación de inquilinos y el aumento de los alquileres temporales por medio de la plataforma digital Airbnb provocan incertidumbre.

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El miedo se incrementa en Puerto Santa Ana

"Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Antes uno conoció a sus vecinos; ahora cada semana hay gente distinta por la aplicación Airbnb", comenta Verónica Pedreros, residente de uno de los edificios del sector. Su preocupación no se centra únicamente en las molestias cotidianas, sino en la falta de control sobre quién ingresa y permanece en los departamentos. “No es solo el ruido o las fiestas, es no saber con quién estás compartiendo espacio”, explica.

Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma. "Sigo viviendo aquí porque me gusta el lugar, pero ya no me siento tan seguro como antes . Es una sensación constante de alerta", señala otro residente que prefirió no identificarse.

Expertos en seguridad se refieren al tema

Expertos en seguridad y urbanismo advierten que lo que ocurre en Puerto Santa Ana no es un caso aislado, sino el resultado de cambios en la dinámica de ocupación de los espacios urbanos.

El criminólogo John Garaycoa comentó al respecto: “La seguridad nunca es absoluta… nada es 100 % seguro”. Y va más allá: “Si alguien se propone vulnerar un sistema, es cuestión de tiempo y estrategia”.

Garaycoa insiste en que muchas de las medidas que hoy generan sensación de seguridad (cámaras, accesorios electrónicos, guardias) funcionan tanto para quienes buscan protegerse como para quienes buscan ocultarse. “Los elementos de seguridad benefician al bueno y al malo… no hay que sorprenderse por eso”.

En la práctica, esto significa que incluso con videovigilancia, accesos electrónicos y personal de seguridad , resulta complejo verificar la identidad y antecedentes de quienes ingresan. "Los controles existen, pero tienen vacíos. Si alguien tiene acceso autorizado, puede (hacer) ingresar a terceros sin mayor verificación", sostiene.

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Propietarios que alquilan dan su postura

A esta dinámica se suma otro actor clave: los propietarios que han invertido en el sector como parte de su patrimonio , pero que no residen en el país. Muchos de ellos ponen en alquiler sus departamentos como una fuente de ingresos, delegando la administración a familiares o terceros.

"Yo compré un departamento como inversión familiar , pero vivo fuera del país. Mi hermano es quien se encarga de administrarlo y alquilarlo con Airbnb", señala Andrés Mite. “Nosotros no tenemos ninguna relación con actividades ilícitas, simplemente es un negocio como cualquier otro”.

Otros propietarios coinciden en esta postura. "Es injusto que se generalice. Nosotros alquilamos de manera legal y transparente. No tenemos control total sobre lo que haga cada inquilino, pero tampoco somos responsables de los problemas de seguridad del sector", argumenta María Fernanda Roca, quien reside en Estados Unidos.

Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Cada semana hay gente nueva y eso da miedo.
Verónica pedreros
Moradora

Por su parte, administradores de edificios en Puerto Santa Ana reconocen que, aunque existen protocolos de registro, estos no siempre son suficientes. “Pedimos datos, cédulas, información básica, pero si alguien compra o arrienda a nombre de otra persona por la aplicación, es difícil verificar quién vive realmente”, explica uno de ellos.

Además, hay un factor que condiciona la gestión: el miedo. "Muchas veces se detectan situaciones sospechosas, pero no todos quieren denunciar. No se sabe con quién se está tratando", admite.

Casos recientes han reforzado esta preocupación. Operativos policiales en zonas residenciales han evidenciado la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas dentro de departamentos, lo que ha incrementado la percepción de vulnerabilidad. “Se han visto todos los allamientos, situaciones que antes parecían impensables en este sector”, agrega el administrador.

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Residentes y especialistas sugieren soluciones

Los especialistas concuerdan en que la solución no depende únicamente de los residentes o administradores. La regulación del alquiler temporal, la verificación de la identidad de los ocupantes y el control sobre el uso de las propiedades requieren un marco legal más sólido.

“Se necesita una intervención coordinada entre el Estado, los municipios y el sector privado”, plantea un experto en seguridad. Sin este respaldo, los esfuerzos internos de los edificios resultan limitados.

Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. La inquietud es más profunda y cotidiana: no saber quién habita el mismo edificio, quién entra, quién sale ni con qué propósito. " Se deben realizar operativos y más controles. Hay pisos enteros dedicados a alquileres momentáneos . Eso debe investigarlo y ver qué ocurre adentro", pidió un residente de este sector, resumiendo la incomodidad ciudadana.

Lo que debe saber

• Golpe a la economía nocturna: El toque de queda afectará hasta un 40 % de los ingresos en negocios que dependen de la noche, como bares, cangrejales, mariachis y eventos.
• Temporada alta en riesgo: Mayo, clave por el Día de la Madre, concentra hasta el 70 % u 80 % de ingresos para sectores como mariachis y catering, ahora seriamente comprometidos.
• Seguridad vs. sostenibilidad: Gremios respaldan la medida, pero piden equilibrio y alivios económicos ante pérdidas que podrían ser irreversibles.

Volver a tener seguridad no será gratis para nadie en Ecuador: ese parece ser el mensaje del nuevo toque de queda, debido a la afectación en los ingresos de los negocios que dependen económicamente de la noche. Mariachis, cangrejales, bares y discotecas forman parte del 35 % de las empresas en Guayaquil que operan en turnos nocturnos y concentran la mayor parte de sus ventas en ese horario.

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El nuevo toque de queda regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo, de 23:00 a 05:00, en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Hay restaurantes, como los cangrejales, que registran sus mayores ventas a partir de las 22:00. “En el último toque de queda mis ingresos bajaron un 40 %, porque trabajo de 14:00 a 01:00, pero la mayor venta es a partir de las 22:00”, le dijo a Diario EXPRESO Xavier Cuesta, dueño de El Cangrejón D’Xavier. Agregó que estima una pérdida económica similar con esta nueva medida tomada por el Gobierno en la lucha contra la inseguridad.

Los mariachis entre los más afectados

Otro sector que indicó que tendrá una alta pérdida económica es el de los mariachis, debido a que mayo es el mes en el que tienen más serenatas. “Cantar en mayo para nosotros representa el 80 % de todos los ingresos que tenemos en el año. En el Día de la Madre tengo que trabajar con tres o cuatro grupos para cubrir la demanda”, señaló Fabián Mendoza, director del mariachi Caballo Blanco.

La situación preocupa también a Gema Delgado, cantante que migró de Manabí a Guayas en busca de trabajo en mariachis. “No hay trabajo en Manabí y migré con la intención de aprovechar la temporada alta de presentaciones, que es en mayo por la celebración del Día de la Madre. Para mí, esta fecha representaba el 70 % de todos los ingresos del año y era cuando aprovechaba para pagar deudas. Ahora no sé qué hacer”, contó.

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Piden excepción para fines de semana

Para la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg), sus mayores ingresos se concentran en los fines de semana y representan el 70 %. Su vicepresidente, Milton Casanova, planteó al Gobierno que existan excepciones de jueves a viernes. Agregó que los miembros de este gremio necesitan tener ingresos mínimos de 10.000 dólares al mes solo para no quebrar y poder pagar sueldos, alquiler del local y servicios básicos.

Casanova también mencionó que hay presentaciones de artistas internacionales que deberán realizarse más temprano y no en la noche. “Esto quizá no deje ganancias; pero se espera que por lo menos se recupere lo invertido”, comentó.

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El comercio internacional también afectado

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el golpe económico promedio será de entre el 30 % y el 40 % en las ventas durante el periodo de toque de queda. En esta cifra hay que tomar en cuenta la logística de exportación e importación, que moviliza contenedores y mercadería en horarios nocturnos. “Y obviamente, el no poder circular es un golpe fuerte también para ellos”, reconoció Miguel González, presidente de la CCG.

González enfatizó en que es importante garantizar la seguridad, pero que también es fundamental encontrar un equilibrio para que las medidas no impliquen pérdidas económicas para los negocios.

En Quito hacen una propuesta al Gobierno

Asimismo, en Quito se estima que la implementación del toque de queda causará una reducción de alrededor del 40 % en las ventas, comentó María Cristina Mora, presidenta de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi).

Pichincha cuenta con al menos 20.000 restaurantes registrados formalmente y 120 gastropubs solo en la capital, y todos están preocupados por las pérdidas económicas durante la celebración del Día de la Madre.

Nelson Calle, director de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, agregó que las pérdidas serán irrecuperables. “Lamentablemente, el toque de queda no viene acompañado de medidas de alivio económico”, expresó.

Desde la Cámara de Comercio de Quito se propone una semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, así como la extensión de los horarios de trabajo durante los fines de semana para los sectores de comercio, gastronomía y entretenimiento.

Lo que debes saber

• En Guayaquil, ciudadanos dicen que toque de queda no reduce inseguridad y delito se mantiene.
• Jóvenes en Ecuador cuestionan la medida: piden más operativos en zonas conflictivas y control real.
• Adultos mayores en Guayaquil afirman que toque de queda mejora seguridad en sus barrios.

El toque de queda en Ecuador no convence a gran parte de la ciudadanía porque, según testimonios recogidos en Guayaquil, no ha reducido de forma perceptible la inseguridad. Mientras jóvenes y trabajadores señalan falta de control efectivo y desplazamiento del delito, algunos adultos mayores perciben una leve mejora en la seguridad en sus barrios.

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El sol cae sin tregua sobre el centro de Guayaquil. Es un calor espeso, que se pega a la piel y obliga a caminar más lento, como si la ciudad misma pesara.

En la avenida 9 de Octubre, el ruido no descansa: bocinas que suenan una tras otra, vendedores que alzan la voz para hacerse oír y pasos apurados que se entrecruzan sin detenerse. La escena es caótica, viva, intensa.

Aquí, en medio de ese pulso cotidiano, el debate sobre el toque de queda no se siente en discursos oficiales, sino en la voz directa de quienes caminan la ciudad.    

Trámites y servicios

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¿Qué opina el ciudadano de a pie?

En un recorrido por el centro, este Diario conversó con diez ciudadanos de distintas edades. La mayoría coincide en algo: no perciben cambios tras el primer toque de queda y no esperan resultados distintos con el nuevo anuncio. Sin embargo, entre los adultos mayores surge una lectura diferente, más optimista, que habla de una leve mejora en la seguridad.

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Jazmín Avilés camina por la 9 de Octubre como quien espera a alguien, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando se le pregunta si la medida ha tenido algún efecto, responde sin titubeos: “El país sigue igual. Las ciudades con el toque de queda siguen igual. La inseguridad está horrible. Salimos con miedo y agradecemos a Dios cuando regresamos sanos y salvos”.

No cree que el nuevo periodo de restricción cambie el panorama. “En los toques de queda anteriores no ha pasado nada. Entonces no pasará nada ahora. No entiendo por qué la medida si seguimos en lo mismo”, añade.

Adultos mayores apuestan por el toque de queda

A pocas cuadras, en la Plaza San Francisco, el ritmo es otro. Entre quienes descansan en las bancas y quienes cruzan está Francisco Pilay, de 80 años. Camina por salud, dice, y se toma su tiempo para responder. 

Para él, el escenario sí ha mejorado: “Ha servido la medida. Ha bajado la inseguridad. Estábamos mal y ahora ha cambiado bastante el asunto”. La percepción de Pilay se repite en otros adultos mayores. Fátima, ama de casa, sale de la iglesia con paso pausado y una funda pequeña en la mano.

Vivo en uno de los sectores más peligrosos del país y, aunque en ocasiones hay intervenciones policiales y militares, la situación no mejora. El Gobierno debería definir estrategias más efectivas.Steven Borrero

Dice que en su barrio la situación es distinta a la que se escucha en las noticias. “Para mi sector sí ha servido. Tenemos bastante vigilancia porque es una zona comercial. Aunque pasan cosas, la reacción de la Policía es buena”, asevera.

Acerca del nuevo toque de queda, su expectativa no está en cifras ni operativos, sino en algo más simple: “Que haya mejores resultados y se acabe la maldad. Yo le pido a Dios que ayude al presidente para que termine la violencia”.

Los jóvenes esperan más acciones

Pero esa visión no es la dominante. Erik, un joven que avanza rápido con varias fundas de compras, se detiene apenas unos segundos. Su respuesta es directa: “No sirve de mucho porque hay personas que no respetan la ley. Y las autoridades no hacen nada”. 

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Cree que el problema no está en restringir horarios, sino en dónde y cómo se actúa. “Las operaciones deberían hacerse en zonas conflictivas que ya se conocen. Que lleven a las Fuerzas Armadas y hagan intervenciones que realmente bajen la delincuencia”, sostiene antes de seguir su camino.

El contraste se vuelve más marcado con la opinión de Esteban Narváez, comunicador que por trabajo se mueve constantemente. Para él, la situación tiene dos caras. “No siento que sirva, la verdad. Las mafias siguen, el peligro en la calle sigue. A veces detienen a personas que no son los verdaderos responsables, mientras los que cometen delitos siguen afuera”, afirma.

Narváez también apunta a los efectos colaterales de la medida. Habla de retrasos en operaciones laborales, de sanciones económicas y de limitaciones para movilizarse. “Esto afecta a empresas, a trabajadores. Hay gente que ha sido multada porque no llega a tiempo. Y quienes viajan también se ven perjudicados. Si uno llega tarde, puede tener problemas. Es complicado”, explica. Su conclusión es tajante: “Se siente más como una medida de apariencia que una solución real”.

A esta apreciación se suma Carlos Cordovez, gestor cultural, quien mantiene un vínculo activo con el arte y la cultura de la ciudad y considera necesario evaluar el impacto del toque de queda. “En lo personal no me afecta porque no salgo mucho, pero la vida nocturna sí se ve golpeada por la medida. La inseguridad aún se percibe en las calles y las autoridades deben seguir trabajando en ello”, señaló.

Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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Sara Ortiz

En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador avanza con ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de un plan más amplio para aumentar la recaudación, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• La meta es ambiciosa: sumar ingresos por el 1,2 % del PIB, mientras el país enfrenta incumplimientos fiscales recientes, déficit elevado y presiones externas.
• Expertos anticipan más medidas vía decretos -no una reforma integral- que podrían incluir eliminación de exenciones, mayor control tributario y ajustes al gasto público.

El ajuste de cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno anunció a inicios de este mes para alimentos procesados bien podría ser parte de un gran paquete de reformas tributarias que alista con fines recaudatorios y que apenas comienza. El FMI, en la revisión de su quinto informe, en el marco del programa de financiamiento que tiene con Ecuador, ha sugerido continuar con la racionalización de los gastos tributarios. ¿La meta? Alcanzar ingresos del 1,2 % del PIB, es decir, cerca de $ 1.658 millones.

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El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

Lisbeth Zumba

En los resultados de la quinta revisión, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 22 de abril, se señala que el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, “debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y el costo de las medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel”. No obstante, pese al incumplimiento, reconoce que el Gobierno ha tomado acciones correctivas inmediatas, como la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Si bien esto ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes para alcanzar la meta de ingresos se seguirían dando vía la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito (a partir de mayo) para cumplir con las obligaciones tributarias.

No me sorprendería que tengamos nuevos anuncios de otros productos que graven IVASantiago Mosquera
Analista económico

“Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios”, dijo Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, quien considera que esta política no pasará por una reforma tributaria, sino a través de decretos ejecutivos o de regulaciones, como se ha venido haciendo.

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Hay que repartir la carga fiscal 

Mosquera señaló que todas estas medidas ayudarán a cerrar la brecha y corregir el déficit fiscal, que el año pasado terminó en $ 5.584 millones. No obstante, sugiere al Gobierno medir los impactos colaterales de estas medidas y encontrar mecanismos para repartir esta carga. “Lo que debería preocuparnos como país es la generación de empleo, la creación de empresas para que haya más empleados formales, que se siga reduciendo la informalidad y que la carga fiscal recaiga sobre un espectro más amplio de personas”, dijo.

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de $ 5.000 millones a cuatro años. Para medir su continuidad, el organismo debe realizar revisiones constantes; esta quinta revisión permitió que el pasado 23 de abril se aprobara un nuevo desembolso de $ 394 millones para el país.

Guerra de Irán y tensiones con Colombia

No obstante, en este documento el organismo advierte sobre factores externos que podrían minar la ruta de crecimiento económico, que junto al Banco Mundial ha proyectado en un 2,5 % para este año. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, lo que, si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), también podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador. Por otro lado, cita la pugna arancelaria que el país tiene con Colombia, que podría seguir impactando el comercio bilateral y afectar el suministro energético.

Economía y negocios

FMI alerta a Ecuador: tensiones con Colombia afectan el comercio y ponen en riesgo la energía

Mayra Pacheco Pazmiño

Menos gastos y más financiamiento 

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), sostiene que en escenarios como estos será difícil alcanzar la meta de déficit de $ 3.090 millones, establecida en el acuerdo para finales de este año. “Dentro de los ingresos que se prevén este año, los impuestos tendrían el 0,8 % del PIB, es decir, $ 1.106 millones que vendrían de las reformas tributarias que el Gobierno ya está implementando y de lo que podría venir. Además, se habla de lograr menores gastos fiscales por $ 829 millones. Pero habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios, con casi $ 600 millones”.

En el acuerdo, lo que se recomienda -cita Carrera- “es tratar de suprimir algunos contratos, no celebrar malos contratos, tal vez optar por nombramientos provisionales; es decir, ver acciones que reduzcan la masa salarial pública del pago de sueldos, lo que sugiere nuevos despidos en el sector público”.

A estas dificultades, menciona el experto, hay que sumar los retos financieros. Aun si se redujese el déficit a $ 3.090 millones este año, el país tiene $ 14.000 millones de necesidad de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, recursos que aún no se sabe cómo se conseguirán.

Sobre este acuerdo de financiamiento

Lo que debes saber

• En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.
• Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.
• Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas.Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años.Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.

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Además, ellos destacan que les permite planificar sus desplazamientos gracias a la regularidad del servicio, cuya frecuencia -puntual y sin alteraciones- hace que calculen con precisión la duración de cada trayecto.

Esa rutina se quebró el lunes 20 de abril del 2026, cuando una falla -que, según la gerencia del metro, habría sido provocada- alteró el sistema y descolocó a miles de usuarios. 

Usuarios del metro

Testimonios de metrodependientes

Sara Endara, de 18 años, vive en Guamaní, en el extremo sur de Quito. Cada mañana toma el metro en Quitumbe, la estación de mayor afluencia. Suele llegar alrededor de las 06:30 y, en apenas 23 minutos, arriba a la Universidad Central, ya que estudia en la Facultad de Comunicación. Cuando sus clases empiezan más tarde, sale de casa a las 08:20.

"El metro me ahorra muchísimo tiempo: en bus tardaría entre una hora y media y dos horas. Antes de llegar, hace unos 20 minutos en alimentador", cuenta. A su juicio, se trata de “un transporte muy necesario para quienes vivimos lejos” y destaca los controles de acceso, que impiden el ingreso de personas en estado etílico.

En la estación de El Ejido, Víctor Del Pozo cuenta que utiliza el metro los miércoles porque tiene pico y placa; y sábados, desde Quitumbe. Antes usaba los buses del corredor central norte. La carga vehicular era súper grande, le tomaba -recuerda- una hora y media en ese transporte y también manejando; hoy hace 45 minutos en auto.

El metro le parece la mejor opción. “El sistema es moderno y limpio. Pero hay momentos en que colapsa, se satura y es incómodo, falta el aire, hace mucho calor en el vagón. Sé que es un transporte masivo, pero se vuelve insoportable”.

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Le parece más seguro ir en metro

Para mujeres como María Elizabeth Cevallos, de 55 años, no hay mejor alternativa. Por ello, su día se complica si el servicio se suspende, aunque sea por unas horas. Ella y su hija, estudiante de la Universidad Central, se embarcan a diario, en Quitumbe.

“La dejo y avanzo a mi trabajo en el Centro Histórico. Antes era casi una hora de viaje, ahora unos 20 minutos”, comenta. ¿Lo cambiaría por buses, si mejoraran el servicio? “No, así las unidades vengan a full, el metro nos conviene más. Gracias a Dios es más seguro. He visto mucha vigilancia y control en las estaciones, no nos ha pasado nada. Eso no ocurre afuera”.

La falla en la operación del transporte subterráneo de la capital

El martes 21 de abril, el Concejo Metropolitano abordó la suspensión de unas siete horas del servicio del día anterior, en medio de críticas a la operación y a la demora para contratar el mantenimiento integral. 

El alcalde Muñoz sostuvo la tesis de que un técnico manipuló un switch, lo que habría afectado el sistema y defendió su gestión. Incluso cerró la sesión diciendo que le responde a la gente y a los demás (concejales) les dijo “sigan ladrando”.

Asimismo, Muñoz recordó que, desde su inauguración en diciembre de 2023, el metro ha registrado 138 millones de viajes. Según sus encuestas, nueve de cada diez mujeres se sienten seguras en los trenes, un aspecto que -reprochó- la oposición no toma en cuenta.

Enemigos o defensores del metro

Nadie está en contra del metro, han sostenido Andrés Campaña y Wilson Merino, también Michael Aulestia. Pero, su deber es fiscalizar una inversión millonaria.

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“Defendemos la mayor inversión de la ciudad y del país. Una de las más grandes obras de infraestructura y de modernización de la ciudad. No somos enemigos”, comentó Campaña. Para el edil, el metro es un componente de la nueva movilidad en la ciudad, pero no es suficiente.

Hay una promesa incumplida del alcalde, de modernizar el transporte público de superficie, que es una bomba de tiempo sin control.Andrés Campaña/concejal de Quito

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Ante eventos extraordinarios como el del lunes, Campaña considera que deberían funcionar planes de contingencia, para que se active el subsistema metropolitano, que integra al trole y a la ecovía. Inclusive deberían integrarse las operadoras privadas.

No hay un sistema de transporte integrado: Mauricio Anderson

Mauricio Anderson, quien fue gerente del metro en la alcaldía de Mauricio Rodas, apunta que si un sistema de transporte tan potente se interrumpe afecta la calidad de vida y la productividad. La ciudad debería tener un sistema integrado, en el que el metro sea un subsistema.

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Sobre la falla en la operación, señala, que hay que ver las causas y no los efectos. Dice que hubo malas decisiones, al separar operación y mantenimiento, que dieron lugar a sobrecostos y duplicidad en contratos. Además cree que hay aspectos no solo técnicos sino incluso financieros, sobre los que se debe discutir, como la tarifa de los buses urbanos.

Otro usuario, Daniel Castillo, opina que las autoridades deberían saber que cuando no opera el metro, los usuarios no tienen un plan B. “Si eres anciana o trabajador ambulante que lleva mercadería, que carga material de construcción, que hace manicure tomas bus o incluso taxi y te quedas atrapado en el tráfico de sur a norte”.

Lo que debes saber

• La intervención de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías queda bajo cuestionamiento tras declaraciones de su titular, Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Aunque la Superintendencia argumenta un pedido de un accionista minoritario, sus propias declaraciones evidencian inconsistencias.
• La afirmaciones ponen en duda la justificación legal del proceso

Más claro no pudo cantar un gallo: la Superintendencia de Compañías está interviniendo GRANASA, la empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por un motivo que no es, ni de lejos, necesario para ese organismo según la normativa y el sentido común. Es decir, la está interviniendo por motivos ajenos a los que ese organismo de control dice tener.

El gallo que hizo la confesión (quién lo hubiera dicho) fue Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías. Lo hizo a inicios de semana durante una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa. Ahí se contradijo de forma tan grosera que quedó al desnudo que la Superintendencia podría conseguir la información que dijo estar buscando, por pedido de un socio minoritario, con tan solo consultar las páginas webs de algunos organismos del Estado, como el SRI y la propia Superintendencia. Es decir, que es información de libre acceso y, por tanto, pública.

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La contradicción del superintendente de Compañias

Artieda le había preguntado si un accionista minoritario, como es el caso de Inmobiliar (léase el Gobierno), que tiene un 2,56 % de las acciones, puede pedir información que la empresa puede considerar clave para el negocio. “¿Es decir que toda la información solicitada no va a implicar ningún riesgo para la operación de la empresa?”, le preguntó Artieda. Tratando de deslegitimar el argumento por el cual GRANASA se ha negado a entregar cierta información, Cabezas-Klaere dijo esto: “De lo que hemos podido revisar, casi toda la información es información que está inclusive en instituciones públicas. Está en el SRI, está en el IESS; son documentos a los que se podría acceder inclusive a través de medios virtuales”.

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Inmediatamente, el periodista le insistió en el tema y le preguntó si no se estaba excediendo la Superintendencia al exigir información sobre la lista de proveedores de la empresa, los procesos judiciales, las estrategias legales que lleva adelante y quiénes son los suscriptores de los diarios. “A ver”, respondió Cabezas, bastante nervioso, “los proveedores se los podría sacar a través del SRI. Los procesos se los puede sacar a través de la página de la Función Judicial, del Satje. Este tema que usted menciona de estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé por qué se lo menciona por parte de los representantes de la empresa”.

Entonces, ¿para qué demonios se interviene GRANASA si esa información la podría conseguir cualquier empleado o analista del organismo que tiene a su cargo? La única explicación a tan gruesa contradicción (aunque Cabezas no lo haya dicho) es que responde, en realidad, a las órdenes que él está recibiendo directamente desde el Poder Ejecutivo, interesado desde hace meses en torcer la política editorial de los dos medios. Un interés que no es ni nuevo ni secreto: en varias ocasiones, el gobierno acusó a GRANASA de estar supuestamente involucrada en temas de evasión tributaria y lavado de activos; temas que, posteriormente, el propio gobierno tuvo que abandonar por falta de evidencias, dejando al desnudo sus intereses.

¿Un intencionalidad política?

La confesión de Cabezas-Klaere echa por los suelos la versión que él mismo y otros funcionarios han sostenido: que no hay intencionalidad política en la intervención y que esta responde únicamente al pedido de Inmobiliar. 

Cabezas-Klaere tampoco supo responder la pregunta de Artieda sobre desde cuándo están investigando la “trazabilidad” de la empresa Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez, exaccionista del 40 % de GRANASA, y dijo que se la hizo al igual que a muchas otras empresas, omitiendo la pregunta y sin decir a cuáles.

El superintendente también hizo en esa entrevista afirmaciones reñidas con la realidad. “Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo con ellos, como no tiene facultades, les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón”. ¿De qué acción de protección habla Cabezas-Klaere, cuando la empresa no ha presentado ninguna?

Una maniobra para manejar la línea editorial

A pesar del evidente intento del gobierno por hacerse ilegalmente de unas acciones de GRANASA para poder manejar la línea editorial de los medios, muy pocas han sido las expresiones de los gremios empresariales en defensa de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad. 

Si no fuera por la Cámara de Industrias y Producción, presidida por María Paz Jervis, parecería que al sector empresarial ecuatoriano le tiene sin cuidado la clara intención del gobierno de intervenir en el paquete accionario de GRANASA. 

Una intención que, evidentemente, y a pesar de lo que digan las autoridades, como el superintendente de Compañías, tiene como único fin destruir un medio de comunicación crítico con el gobierno. Algo muy parecido a lo que el correísmo quiso hacer con el diario El Universo en 2011.La CIP señaló que “Ecuador no puede ni debe normalizar interpretaciones que excedan la ley, amplíen discrecionalmente las facultades de los órganos de control o interfieran en decisiones societarias propias del ámbito privado”. Asimismo, recalcó que “la ley es clara y su aplicación no admite distorsiones”.