Lo que debes saber

• La Ley Antimafias no elimina la cooperación eficaz, pero el debate para reformarla ya comenzó.
• Penalistas discrepan sobre las rebajas de pena: unos las defienden y otros piden endurecer sus reglas.
• Los expertos coinciden en que la figura requiere mayores controles para evitar abusos e impunidad.

La reducción de penas por cooperación eficaz volvió al centro del debate político, aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias no plantea modificar ese beneficio previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La discusión resurgió tras los cuestionamientos a los efectos que ha tenido esa figura en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado.

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Un debate que no está en la ley

Uno de quienes impulsa el debate es el asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN), quien sostiene que personas condenadas por un mismo delito no deberían recibir sanciones distintas por colaborar con la justicia. A su criterio, el principio debe ser “a igual delito, igual sanción”, por lo que anticipó que buscará promover cambios para eliminar las reducciones de pena derivadas de la cooperación eficaz.

Las declaraciones reavivaron una discusión que divide a especialistas del sistema penal. Mientras unos consideran que el beneficio es una herramienta indispensable para desarticular organizaciones criminales, otros sostienen que ha terminado generando rebajas desproporcionadas para responsables de delitos graves.

¿Debe mantenerse la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave o es momento de revisar el alcance de las reducciones de pena? EXPRESO consultó a expertos en derecho penal para analizar los argumentos a favor y en contra de una figura que vuelve a estar bajo la lupa.

Si eliminan el incentivo de la reducción de pena, ¿qué motivación tendrá un integrante de un grupo criminal para colaborar con la justicia?Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha

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¿Eliminar o mantener el beneficio?

Para el penalista y exfiscal de Pichincha, Pablo Encalada, eliminar o restringir de forma drástica la reducción de penas sería un error porque la cooperación eficaz es una de las pocas herramientas que permite a la Fiscalía avanzar con rapidez en investigaciones complejas. A su juicio, sin un incentivo real, quienes integran organizaciones criminales difícilmente entregarían información que permita identificar a los líderes.

En esa misma línea, sostiene que la develación de los casos de corrupción y delincuencia organizada más relevantes del país han contado con cooperadores eficaces. Por ello, considera que sacrificar ese mecanismo en busca de sanciones idénticas para todos, implicaría renunciar, en muchos casos, a conocer la verdad de los hechos.

Sin embargo, Encalada reconoce que la aplicación de esta figura ha generado cuestionamientos. En su criterio, el problema no radica en la ley, sino en la forma en que la Fiscalía ha negociado los beneficios y en la obligación de los jueces de verificar que la información entregada haya sido realmente corroborada antes de conceder una reducción de pena.

Por su parte, Daniel Kuri, abogado penalista y docente de la Universidad del Río, reconoce que la cooperación eficaz cumple una función importante dentro del proceso penal, pero advierte que la legislación actual permite reducciones de pena que pueden resultar desproporcionadas. En su criterio, la acumulación de beneficios con otras figuras procesales ha contribuido a generar esa percepción de impunidad.

La reducción de pena debe ejecutarse solo cuando la colaboración permita condenar a los cabecillas y recuperar bienes ilícitos; su aplicación no debe ser laxa ni complaciente.Andrés Cevallos, abogado penalista

Como ejemplo menciona los casos en los que un procesado accede simultáneamente a la cooperación eficaz y al procedimiento abreviado, lo que reduce significativamente la condena prevista para delitos graves. Esa situación, sostiene, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre las consecuencias de cometer un delito.

Una visión similar tiene el abogado penalista Andrés Cevallos, quien sostiene que la cooperación eficaz se ha desnaturalizado y ha pasado de ser una herramienta excepcional a un mecanismo que compensa las deficiencias investigativas de la Fiscalía. Desde su perspectiva, las reducciones excesivas terminan afectando la proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta.

Además, advierte que beneficios demasiado amplios pueden incentivar declaraciones interesadas o incluso falsas para obtener una rebaja de pena. Aun así, considera que eliminar la cooperación eficaz tampoco sería conveniente, porque dificultaría romper el hermetismo de las organizaciones criminales y rastrear el origen de los bienes obtenidos ilícitamente.

En contraste, el abogado y director de Plataforma de DDHH, Javier Rojas, considera que la cooperación eficaz no ha cumplido el objetivo para el que fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según manifiesta, la figura legal no ha servido para desarticular organizaciones criminales, sino que ha sido utilizada principalmente en procesos con connotación política.

Desde esa óptica, sostiene también que la Fiscalía dispone de suficientes herramientas legales para investigar sin depender exclusivamente de las declaraciones de un procesado. Por ello, cree que la prioridad debería ser fortalecer la capacidad investigativa del Estado antes que mantener incentivos que, a su juicio, no han demostrado resultados efectivos.

La cooperación eficaz, hasta ahora, no ha servido para desarticular a las mafias, no se la utiliza para ese fin; el país necesita una política criminal con rumbo.Javier Rojas, abogado

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Más controles, no más beneficios

Frente a estos escenarios, el jurista Kuri propone conservar la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave en investigaciones de delincuencia organizada. No obstante, plantea impedir que sus beneficios puedan acumularse con otros mecanismos de reducción de penas, con el fin de preservar la proporcionalidad de las sanciones.

Por otra parte, Rojas sostiene que el debate no debería centrarse en eliminar la reducción de penas por cooperación eficaz durante el tratamiento de la Ley Antimafias en la comisión legislativa, sino en construir una política criminal integral que fortalezca la capacidad investigativa de la Fiscalía y evite que sea utilizada con fines de persecución política.

La figura de la cooperación eficaz debe conservarse y ser un incentivo para colaborar con la justicia, no un premio para quien también cometió un delito.
Daniel Kuri, abogado penalista

Encalada afirma que el problema no está en la norma, sino en su aplicación. Por ello, considera que la Fiscalía debe negociar con mayor prudencia los beneficios y que los jueces solo los concedan cuando la información del colaborador haya sido plenamente corroborada.

Asimismo, Cevallos plantea mantener la figura, pero con controles más estrictos. Entre sus propuestas consta que la reducción de pena solo se haga efectiva cuando la información proporcionada por el procesado conduzca a sentencias firmes contra los cabecillas y permita afectar el patrimonio de las estructuras criminales.

Lo que debes saber

• José Cabrera asegura que el CNE cumple el calendario para las elecciones seccionales de 2026 y garantiza un proceso imparcial.
• También explica el cambio de autoridades en el organismo y el pedido de una auditoría a la gestión de Diana Atamaint. 
• Además, advierte cómo el CNE se prepara para enfrentar posibles riesgos durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral atravesó un cambio de autoridades en pleno desarrollo del proceso para los comicios seccionales 2026. La salida de Diana Atamaint se produjo luego de casi ocho años al frente del organismo. Ahora José Cabrera anuncia un cambio en la gestión.

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El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, finalmente se pronuncia sobre el cambio de autoridades en ese organismo. Recibió a EXPRESO en su nueva oficina, donde no ahondó en el trasfondo de la salida de Diana Atamaint, pero dejó entrever que había malestar al interior del Pleno. En medio de este cambio, la autoridad habla del cumplimiento de los hitos del calendario para las seccionales 2026 y de cómo garantizará que el CNE sea un árbitro imparcial, pese a los cuestionamientos de las mismas organizaciones políticas. También habló del pedido de una auditoría a la anterior administración. 

¿Cuál es hoy el mayor riesgo para las elecciones del 29 de noviembre? Se habla de posibles impactos climáticos desde finales de este año.

Estamos monitoreando las delegaciones provinciales conjuntamente con los organismos pertinentes para ver qué riesgos tenemos. Se ha dado la disposición de que cada mes se presente un informe. Hasta el momento no se encuentran mayores novedades. Vamos avanzando en el proceso electoral y ese riesgo tenemos que mitigarlo y ver opciones.

Ha dicho que el adelanto de las votaciones crea un colchón para repetir elecciones ante eventualidades. ¿En qué consiste ese plan B?

En mi caso particular, la decisión de pasar las elecciones al 29 de noviembre fue con referencia a lo que hemos pasado en otros procesos, en los que, por los diferentes reclamos a los que tienen derecho los candidatos y las organizaciones políticas, hemos estado al límite de no poder posesionar a los electos en la fecha que dice la Constitución. Acepté que sea en noviembre, de tal manera que, si se diera esta situación, nosotros podemos postergar la fecha en las provincias y cantones en los que haya problemas. Podemos postergar y pasar para diciembre, enero o febrero.

Organizaciones políticas han cuestionado las últimas reformas de la Asamblea para las alianzas. Dicen que las desincentivan. ¿Cuántas alianzas se han inscrito?

Las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea, en el 2025, son hechas por los asambleístas. Ellos vienen precisamente de organizaciones políticas. Nosotros tenemos que acatar las reformas. No tengo el dato final. Recordemos que hasta el sábado 18 de julio se pueden realizar las alianzas.

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¿Hay alguna actividad en la situación actual sobre la que temen o prevén que pueda haber algún tipo de retraso?

No. Al momento estamos trabajando de acuerdo con el calendario establecido. Cada uno de los hitos ha seguido completándose, a pesar de que hubo un cambio en la cabeza del CNE y se han tenido que realizar algunos cambios en el área administrativa.

Resta menos de un mes para la inscripción de candidaturas. ¿Qué garantías ofrece el CNE para que el proceso se desarrolle sin decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias?

Tenemos que aplicar la ley, nada más. El rato que vengan los candidatos, cumplan los requisitos y no se encuentren en inhabilidades al momento de la inscripción, tienen derecho a inscribirse. Nosotros no podemos irnos más allá. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que tienen que venir de las elecciones internas. Son requisitos y también tenemos que revisar que no se encuentren en inhabilidades para la inscripción.

Hubo cuestionamientos sobre una supuesta cercanía entre el CNE y el Gobierno. Que la ‘cancha está inclinada’, dicen algunos movimientos. ¿Cómo evitar que el organismo sea visto como un árbitro con sesgo?

Nosotros hemos llevado varios procesos electorales y, al día siguiente, la satisfacción es que el pueblo está trabajando, produciendo y no en las calles reclamando. El pueblo debe estar tranquilo; la ciudadanía, tranquila de que cada voto será respetado.

Usted asume el cargo después de casi ocho años en los que Diana Atamaint estuvo como presidenta. ¿Cómo encontró al CNE?

En cuanto a la administración de la señora Diana Atamaint, se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado.

¿Ese pedido nace de un trámite común de inicio de ciclo o encontró algo que cree que debe investigarse?

No. Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría.

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¿Qué dio paso a la conformación de esta nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral para que se pudiera cambiar de autoridades?

Había tenido anteriormente un pedido de las compañeras de que asumiera este reto duro, difícil y complicado en medio de un proceso electoral. Pero tenía que asumirlo con responsabilidad.

¿Por qué se sacó a Diana Atamaint de la Presidencia?

Eso ya no puedo responder. Incluso, en la votación, los tres consejeros restantes (sin Enrique Pita, que no estuvo) estuvieron de acuerdo con que yo asumiera la Presidencia.

¿No hay ningún trasfondo? ¿Un día simplemente se decidió que había que cambiar de autoridades?

Había ya algún malestar. Recordemos que hubo un problema con las organizaciones políticas. Se eliminaba algo de Unidad Popular y todas esas circunstancias. Además de que ya habían pasado casi ocho años y era necesario refrescar a las autoridades.

¿Puede garantizar que ningún actor político tendrá influencia durante el actual proceso electoral?

Más que solo hablar, se verá con los hechos; con los hechos de que mi posición es la de respetar la decisión de los ecuatorianos. Yo le puedo decir ‘no tengo ninguna cercanía’. Pero la ciudadanía verá, por los hechos, cómo se lleva esta administración.

¿Habrá cambios o se mantendrá el sistema informático que se ha venido utilizando en los últimos procesos electorales?

En los equipos informáticos se ha mejorado. Se han hecho adquisiciones: nuevas computadoras, licencias del software y, por el resto, revisar que el sistema no tenga ningún problema en cuanto a la parte de escrutinios y posterior también en la transmisión de resultados.

Lo que debes saber

• En La Mariscal, entre árboles centenarios y calles tradicionales sobreviven castillos, palacetes y mansiones levantados hace un siglo
• El arquitecto italiano Rubén Vinci marcó la identidad del barrio con obras de estilo ecléctico que mezclan influencias neogóticas, neorrenacentistas y mudéjares
• Entre sus creaciones destacan el castillo Larrea, el Palacio Chiriboga y la Villa Vinci. En uno hoy funciona un centro cultural

Hay quienes recorren La Mariscal, en el norte, pensando en sus cafeterías, galerías o vida nocturna. Sin embargo, basta levantar la mirada para descubrir otro Quito. 

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Detrás de árboles centenarios, portones de hierro y fachadas cubiertas por enredaderas sobreviven castillos, palacetes y mansiones que parecen detenidos en el tiempo. 

Ya no albergan a las familias aristocráticas que los levantaron hace casi un siglo. Hoy funcionan como museos, centros culturales, instituciones públicas, oficinas e incluso espacios educativos. Cambiaron de uso, pero no de esencia.

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En apenas dos kilómetros, entre las calles 9 de Octubre, Ulpiano Páez, Vicente Ramón Roca, Reina Victoria y la avenida 6 de Diciembre, es posible encontrar al menos una decena de estas edificaciones. 

Otras permanecen ocultas en la av. 12 de Octubre, detrás de altos muros, aún como propiedades privadas. Son construcciones que convierten a Quito en una ciudad singular, donde el patrimonio todavía forma parte de la vida cotidiana.

La Mariscal, un símbolo de modernidad

La historia comenzó cuando la ciudad empezó a expandirse hacia el norte. Desde la década de 1920, las familias de mayor poder económico abandonaron el Centro Histórico y encontraron en La Mariscal el lugar ideal para construir residencias inspiradas en palacios europeos, castillos medievales y villas italianas.

El cronista de Quito, Alejandro López, dice que este barrio nació como un símbolo de modernidad durante las celebraciones del centenario de la Batalla de Pichincha. “No solamente existen castillos de apariencia europea; también hay palacetes y mansiones con influencias árabes y eclécticas que enriquecen el paisaje urbano”, señala.

Uno de los nombres inseparables de esa transformación fue el arquitecto italiano Rubén Vinci, pionero de la arquitectura ecléctica en Ecuador. Su propuesta combinó estilos historicistas, neogóticos, neorrenacentistas y mudéjares, un legado que todavía distingue a La Mariscal. Entre sus obras más reconocidas figuran el Castillo Larrea, el Palacio Chiriboga y la Villa Vinci, conocida popularmente como la ‘Casa del Patio Parado’.

Construida en 1937 sobre la calle Vicente Ramón Roca, entre Juan León Mera y Reina Victoria, la vivienda recibió ese peculiar nombre porque su fachada fue revestida con piedra de río, un material que tradicionalmente se utilizaba únicamente para los pisos. Los quiteños comenzaron a llamarla “el patio parado”, una denominación que terminó convirtiéndose en parte de su identidad.

La casa fue la residencia del propio Vinci, quien había diseñado otras villas similares en la misma cuadra. Con los años pasó por distintos propietarios e incluso llegó a funcionar como restaurante. La falta de mantenimiento deterioró parte de su estructura hasta que fue donada a la Fundación Crisfe con un objetivo específico: convertirse en un espacio educativo.

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Marcela Alvear, coordinadora de Fomento Cultural de la Fundación Crisfe, explica que la restauración tomó entre cuatro y seis meses de intenso trabajo. Cada intervención respetó la arquitectura original. Los techos con influencia mudéjar, las cúpulas, la madera y los detalles ornamentales permanecieron intactos, mientras las antiguas habitaciones fueron adaptadas como aulas.

Hoy, donde antes vivía una familia aristocrática, funcionan talleres de música, teatro, literatura y artes plásticas para niños y adolescentes dentro del programa Artisteca. “La casa volvió a tener vida, pero sin perder su identidad”, resume Alvear.

El palacio La Circasiana mantiene su esencia

Otro ejemplo es el Palacio La Circasiana, construido a finales del siglo XIX como una quinta de descanso de la familia Jijón y Caamaño. Con el crecimiento de Quito dejó de ser una residencia privada y, desde 1992, pertenece al Municipio. Actualmente alberga al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde sus salones, murales y jardines reciben visitantes mediante recorridos museográficos.

Para Karen Proaño, directora de Inventario Patrimonial del Instituto Metropolitano de Patrimonio, La Mariscal concentra alrededor de 200 inmuebles patrimoniales, entre castillos, chalets, palacios y mansiones, que convierten al barrio en uno de los conjuntos arquitectónicos más valiosos del país.

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El planificador urbano Jacobo Herdoiza sostiene que estas edificaciones representan mucho más que un atractivo turístico. Son el reflejo del nacimiento de una capital moderna y del desplazamiento de las élites hacia nuevos barrios. 

Aunque algunos inmuebles permanecen abandonados, otros encuentran una nueva oportunidad con los procesos de restauración impulsados por instituciones públicas y privadas.

Lo que se sabe

• Una de las escalinatas más conocidas y visitadas es la del cerro Santa Ana, pero hay otras en sectores como Urdesa y Mapasingue
• Atletas creen que estos espacios podrían servir para nuevos circuitos deportivos
• Especialista propone que se promuevan programas de arte urbano

Quien piensa en escalinatas en Guayaquil, casi siempre evoca Las Peñas. Pero la ciudad guarda muchas más. Desde el cerro del Carmen hasta Mapasingue Este, pasando por ciudadelas como Lomas de Urdesa, decenas de escaleras atraviesan barrios, conectan cerros y ofrecen vistas privilegiadas que hoy pasan inadvertidas para la mayoría, pese a que cientos de personas las recorren cada día.

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Mientras ciudades como Medellín (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil) transformaron estos espacios en atractivos turísticos y comunitarios, en la ciudad las escalinatas son vistas como lugares de paso. 

Hoy, expertos sostienen que en ellas existe una oportunidad para fortalecer la caminabilidad, la seguridad y, lo que tanto se habla y se busca, el tejido social.

Transformación de Medellín es ejemplo para Guayaquil

Las Peñas ya demuestran que una escalinata puede convertirse en un atractivo urbano y estar entre los puntos imperdibles por conocer. A lo largo de sus más de 400 escalones funcionan cafeterías, galerías, bares y pequeños comercios que acompañan el recorrido hasta el faro Santa Ana. Pero el potencial de este tipo de infraestructura va mucho más allá.

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Por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín pasó de ser uno de los sectores más conflictivos a convertirse en uno de sus principales destinos turísticos. 

Sus escaleras eléctricas y tradicionales están rodeadas de murales, arte urbano, música y emprendimientos locales que atraen diariamente a miles de visitantes. Son galerías abiertas.

Algo similar ocurre en Río de Janeiro con la Escalera de Selarón. Sus más de 200 escalones, revestidos con coloridos mosaicos de azulejos, conectan los barrios de Lapa y Santa Teresa y se han convertido en una de las postales más reconocidas de Brasil. 

Incluso se las incorporó en los tours turísticos de la ciudad. El recorrido está acompañado de músicos, artesanos y vendedores que dinamizan la economía del sector, donde la caipiriña es la protagonista.

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¿Cuáles son las escalinatas con potencial en Guayaquil?

En Guayaquil existen espacios con características similares, aunque todavía poco aprovechados. En el caso de la escalinata del cerro del Carmen, esta tiene 166 escalones que conducen hasta el monumento del Sagrado Corazón de Jesús y ofrecen vistas únicas. 

En la cumbre del cerro del Carmen está el monumento al Corazón de Jesús

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Durante el recorrido se observa mantenimiento en las áreas verdes y presencia de personal de seguridad, pero la actividad comercial es prácticamente inexistente, pues apenas hay un puesto de desayunos que funciona al pie del cerro.

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Otra realidad se vive en Mapasingue Este. Allí abundan las escalinatas que conectan las calles del sector, y una de las que más destacan es la denominada ‘Himno a los Ídolos’, un mural inaugurado en 2018 (cuando Jaime Nebot administraba la ciudad), que fue elaborado por el artista Christian Moreano.

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Los escalones exhiben imágenes de Julio Jaramillo y el escudo de Barcelona, dos símbolos de Guayaquil. No obstante, durante un recorrido realizado por EXPRESO se constató la presencia de basura, latas de cerveza y estructuras metálicas deterioradas, que evidencian la necesidad de mantenimiento.

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Deporte, arte y actividades comunitarias en los cerros

Para Fabiola Peña, aficionada al atletismo, estos espacios podrían convertirse en nuevos circuitos deportivos. “Cuando salimos a correr en grupo, muchas veces estamos expuestos al tráfico vehicular y otros riesgos. Las escalinatas podrían formar parte de rutas para entrenar, ganar resistencia y, al mismo tiempo, conocer sectores de la ciudad que tienen paisajes muy bonitos”, plantea.

El arquitecto urbanista Félix Chunga, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las escalinatas deben dejar de entenderse únicamente como elementos de circulación.

“Las escalinatas, al igual que las veredas, caminerías y parterres, forman parte de la infraestructura del espacio público. Si solo las vemos como lugares de paso, estamos desperdiciando una enorme oportunidad para fortalecer la caminabilidad, la accesibilidad y la convivencia ciudadana”, argumenta.

Añade que estos espacios deberían integrarse a una red urbana que permita recorrer la ciudad de manera cómoda, segura y accesible, además de contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático mediante infraestructura verde. “Podemos sacarles provecho, no solamente en los cerros. Hay muchas escalinatas en Guayaquil que deberían formar parte del inventario de espacios públicos y convertirse en corredores urbanos”.

Lina Enderica, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol, coincide en que Las Peñas es el referente más conocido de la urbe, pero recuerda experiencias exitosas como las de Valparaíso, en Chile, donde las escalinatas forman parte de la identidad urbana y cultural. Considera que estos espacios podrían albergar emprendimientos regulados, ferias temporales, áreas de descanso, miradores y actividades comunitarias.

Asimismo, propone impulsar programas de arte urbano similares a los desarrollados en la Comuna 13 de Medellín, acompañados de iluminación, señalización, vigilancia y mantenimiento. 

“Muchas escalinatas pueden transformarse en corredores seguros que conecten distintos barrios. Algunas pueden convertirse en miradores; otras, en espacios con sombra, mobiliario urbano, puntos de información, arte comunitario y ferias para los propios vecinos. Siempre bajo una planificación adecuada”, subraya.

No obstante, Enderica enfatiza que el objetivo principal no debe centrarse exclusivamente en atraer turistas. “Primero debemos mejorar estos espacios para quienes viven en la ciudad. Luego, naturalmente, serán atractivos para los visitantes. La participación de la comunidad es clave para que estos lugares sean sostenibles y realmente aprovechados”.

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En Lomas de Urdesa esperan que se mejoren peldaños

Una de las escalinatas cuya intervención esperan los ciudadanos es la que conecta la calle Sexta con la avenida Enrique Ortega Moreira, en Lomas de Urdesa. 

Durante un recorrido se constató que en su entorno se acumula maleza. Además, es utilizada como baño público y presenta acumulación de desperdicios e incluso prendas de vestir abandonadas. 

En la zona también proliferan los grafitis, una situación que preocupa a vecinos como Luis Farfán, quien espera que, al menos, estos sean reemplazados por obras de arte urbano. “Que tenga iluminación y que la adecenten para que la zona se vea mejor”, opina.

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Lo que debes saber:

• CNE verifica requisitos formales; denuncia por $6 millones reabre debate sobre candidaturas frente a seccionales en Ecuador.
• Expertos y dirigentes políticos: partidos deben filtrar a candidatos; sistema débil permite aspirantes sin controles en primarias.
• Sin sentencia ejecutoriada, CNE debe calificar; dirigentes admiten que no filtran, solo buscan sobrevivir.

La denuncia de un supuesto enriquecimiento ilícito en contra de una autoridad local —que no podría justificar unos $ 6 millones en su patrimonio—, en medio de las primarias con miras a las elecciones seccionales, reabrió un debate: ¿es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de filtrar a los candidatos? ¿Cuál es su rol y cuál el de las organizaciones políticas?

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Para Fausto Camacho, experto electoral, el problema no es del CNE ni del Código de la Democracia, sino de la debilidad del sistema de partidos.

“Si hablamos del sistema de representación y del sistema judicial, ambos hacen agua”, sostiene. En su opinión casi no existen partidos con funcionamiento permanente. 

“Son dos o tres. ¿Cuántos tienen sede, página web, centros de formación o una vida orgánica activa? Son la excepción”, anota.

Camacho subraya que la falta de democracia interna es evidente: “No hay reuniones periódicas de organismos de base ni directivas provinciales activas o pronunciamientos políticos cuando no hay elecciones”. En ese contexto, las candidaturas no pasan por controles.

Nicanor Moscoso, exintegrante de la Función Electoral, señala que ninguna institución puede anticipar la conducta de una autoridad. “Las denuncias sin sentencia ejecutoriada no son suficientes. Pueden responder a disputas políticas, a campañas en redes sociales o incluso a ataques personales”.

"No tenemos capacidad de investigar patrimonios": Javier Orti

Javier Orti, presidente de Avanza —una de las organizaciones que en 2019 candidatizó al alcalde involucrado en el escándalo, junto a UP—, no recuerda cómo lo eligieron. 

“Era taxista, dirigente popular, se alejó del partido”. Admite que la selección de aspirantes responde más a la supervivencia que a filtros. “No tenemos la capacidad de investigar patrimonios ni acceso a datos de la UAFE; vemos que no tengan problemas legales”.

También critica la falta de incentivos para formar cuadros. “Se nos exige capacitación, pero nos deben el fondo partidario. Sabe que el transfuguismo agrava todo. “Cualquiera puede ser invitado”.

Si todos fuéramos como El Nacional, y solo participáramos con candidatos propios, nos vamos a la B; hay que traer refuerzos, para no desaparecer.Javier Orti/ presidente Avanza

El primer filtro es el partido: Pablo Játiva

Pablo Játiva, abogado y profesor de teoría política, resalta que, si se revisa el funcionamiento político en otros países, el primer filtro natural para garantizar la calidad de los candidatos es el partido.

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“En otros países los evalúan para ver si están preparados y si son honestos”, explica. En Ecuador, en cambio, ese filtro “está completamente destruido”. 

En los partidos no se analiza quién es un candidato valioso, por lo que —desde el punto de vista jurídico— la responsabilidad del CNE se limita a lo procesal: verificar requisitos formales y la ausencia de sentencias ejecutoriadas.

“Tenemos políticos sin preparación, personajes que surgen de TikTok, sin que se verifique si están capacitados o si buscan el cargo como un espacio para hacer negocios. Se financian campañas con la expectativa de obtener contratos después, y los partidos terminan siendo solo vehículos electorales”, comenta.

Játiva advierte, además, fallas en el control de las primarias. “Ni el Código de la Democracia ni el propio CNE ejercen un control real. Acá, las primarias son casi simbólicas; se levantan manos para candidaturas ya decididas”. 

Contrasta con lo que hacen en Uruguay, Chile o Estados Unidos, donde las primarias son competitivas y permiten evaluar trayectorias, intereses y capacidades.

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En Ecuador, en cambio, dice: “las primarias se reducen a constatar quórum, bajo la lógica del dueño del partido”. Para Pablo Játiva, esta práctica refleja una visión caudillista de la política, entendida como un espacio de poder o enriquecimiento, más que como un ámbito de servicio público.

Esto dice la Revolución Ciudadana sobre responsabilidad de partidos 

Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, sostiene que, tras episodios de “traiciones” y la aparición de candidatos con procesos judiciales —como el caso de Sergio Peña—, han adoptado correctivos. 

“Fortalecimos la comisión de ética. Nuestros propios militantes nos alertan a través de redes sociales”. Además, los directivos provinciales deben tener cuatro años de militancia y ellos asumen la enorme responsabilidad de depurar inicialmente listas de candidatos, explica.

¿Qué debe incorporar la selección que hacen los partidos?, según Carlos Rabascall

Carlos Rabascall, excandidato presidencial que se afilió a la Izquierda Democrática y hace poco dejó el partido, reflexiona: 

“La calidad de una democracia comienza mucho antes de la votación, cuando los partidos deciden quién merece representar a los ciudadanos. Esa selección debe incorporar debida diligencia, evaluación patrimonial, revisión tributaria y judicial, declaración de intereses y estándares éticos verificables", detalla. 

Además, Rabascall comenta que el CNE tiene una misión distinta: proteger la legalidad del proceso y la transparencia del financiamiento. "Tenemos un modelo anticorrupción del siglo XX para enfrentar redes criminales del siglo XXI”. 

Para él, Ecuador necesita abandonar la lógica reactiva y avanzar hacia una “república preventiva”. Implica construir una Arquitectura Nacional de Integridad basada en Inteligencia Pública: instituciones conectadas entre sí, auditorías preventivas, analítica de datos e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de que la corrupción se materialice.

"Corresponsabilidad entre partidos y CNE": Gabriela Guerrero

Gabriela Guerrero, coordinadora provincial de la ID en Guayas, que también se desafilió hace poco, anota que la responsabilidad de la selección es compartida entre CNE y partidos. 

“Este órgano cumple un rol formal: si un candidato no tiene una sentencia ejecutoriada, está obligado a calificarlo. Su falla está en la fiscalización del gasto electoral. El control es débil. Aunque existen techos de campaña, en los informes todo cuadra, mientras en territorio se observan campañas millonarias. El CNE audita papeles, no hay un cruce profundo de información con entidades como la UAFE o el SRI”.

Los partidos fallan en su rol ético: muchos operan como vehículos electorales para sobrevivir, tienen miedo de desaparecer, prefieren billeteras o perfiles populares.Gabriela Guerrero/ exmilitante de la ID

El CNE no contestó

El martes 7 de julio del 2026, EXPRESO envió un pedido de información al Consejo Nacional Electoral, al respecto. No hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.

Lo que debes saber:

• Quito registra más de 30 especies de abejas nativas; colectivo investiga su biodiversidad urbana desde 2023.
• Campaña “Quito, hogar de abejas”, de En Defensa de los Polinizadores, impulsa bioblitz desde diciembre para mapear especies con ciencia ciudadana.
• Investigadores de PUCE e Inabio analizan hábitat y distribución para conservar abejas en parques y quebradas.

A las 10:00, el sol intenso obliga a Emilia Moreno a cubrirse con gorra y gafas. La bióloga recuerda que, cuando se habla de abejas, la imagen más común es la de Maya, la de los dibujos animados o la de los frascos de miel. Pero en el sendero de Asilvestrar, en Bellavista, como en otras zonas de la capital, la diversidad es mayor.

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“La defensa del arbolado urbano en Quito se volvió mi cruzada”: la historia de Maytté Gavilanes

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Algunas Apis mellifera, la conocida abeja de la miel, revolotean entre las plantas. Mientras las bungas (una especie nativa, no tan famosa) buscan alimento en las flores de la salvia mexicana, un arbusto de largas espigas moradas que parecen de terciopelo, y en la salvia quitense, de flores rojas.

Moreno observa con atención cada movimiento. Es integrante del colectivo en Defensa de los Polinizadores, que impulsa la campaña ‘Quito, hogar de abejas’, dedicada al estudio y conservación de estos insectos en la ciudad.

A su alrededor, vecinos pasean y al menos tres grupos de cuidadores recorren el lugar con perros grandes. El tránsito cotidiano apenas interrumpe la entrevista: las abejas se hacen notar con su zumbido constante, producido por el rápido movimiento de sus alas. 

Los abejorros, más grandes, emiten un sonido más grave, parecido al de un pequeño motor.

Desde 2023, el colectivo impulsa la campaña Quito, hogar de abejas, con el objetivo de mostrar que la capital ecuatoriana es una ciudad con una alta biodiversidad: alberga más de 30 especies de abejas, la mayoría nativas. 

Sus integrantes, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), estudian qué especies habitan en la urbe, dónde viven y qué condiciones necesitan para conservarse.

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Bioblitz, en Quito

Con el respaldo del fondo Eva Crane Trust preparan eventos tipo bioblitz, vinculados a la plataforma iNaturalist, una aplicación de ciencia ciudadana que permite conectar a las personas con la naturaleza y generar información útil para la investigación.

A través de esta iniciativa convocarán a la ciudadanía a participar en jornadas de ciencia colaborativa. El equipo ha coordinado con el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), que gestiona la plataforma iNaturalist, y con el Museo de Invertebrados de la PUCE, donde trabajan los taxónomos que se encargarán de la identificación de especies. 

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La variedad de abejas en la capital

Emilia Moreno señala que la diversidad de abejas de Quito va mucho más allá de la conocida Apis mellifera, la abeja de la miel. Existen especies nativas pequeñas, de colores verdes, negros o con patrones rayados, y también están las bungas, grandes abejorros propios de los Andes y del trópico. 

En Quito suelen ser llamadas abejas carpinteras o abejorros. A diferencia de la abeja Maya, que vive en colmenas, manejadas por apicultores para la producción de miel, muchas especies nativas son solitarias o forman pequeños grupos. Construyen sus nidos en el suelo, en paredes o incluso en materiales como el adobe y el ladrillo.

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En el Museo de Invertebrados de la PUCE, cuenta Moreno, han podido conocer de ejemplares que aprovechan distintos puntos de Quito para anidar. 

Esto demuestra que las ciudades también pueden funcionar como reservorios de biodiversidad si conservan los ambientes adecuados: quebradas sin cubrir con cemento, zonas con suelo expuesto y espacios donde estos insectos puedan reproducirse. “Eso es esperanzador”, sostiene.

Por su extensión, Ecuador alberga gran diversidad de abejas; y Quito destaca entre las ciudades latinoamericanas por la cantidad de especies registradas en un territorio relativamente pequeño, concluyeron. Sin embargo, conocerlas requiere ir más allá de identificarlas por su apariencia. 

Los científicos llegan solo a reconocer morfoespecies, organismos que se parecen entre sí, pero cuya identidad requiere estudios taxonómicos o análisis moleculares.

Detrás de cada especie hay una historia ecológica: qué flores visita, de qué se alimenta y qué condiciones necesita para sobrevivir. Aunque algunas abejas parezcan iguales, sus comportamientos y necesidades son diferentes, detalla Emilia Moreno. 

La bióloga ha estudiado moscas y ranas, pero se interesó en las abejas al verlas y conocer que algunas mueren, luego de picar. Después le maravilló conocer que trabajan en colmena, en colectivo.

¿Cómo ayudar a los científicos que investigan a las abejas?

Lo que debes de saber

• Varios partidos postularon como precandidatos a figuras que nunca militaron en sus filas.
• Expertos advierten que esta práctica refleja la falta de formación de nuevos liderazgos políticos.
• El Código de la Democracia obliga a las organizaciones a invertir recursos en capacitación interna.

Las organizaciones políticas ya definieron a sus precandidatos para los comicios seccionales. No obstante, varias de sus principales apuestas electorales provienen de otras agrupaciones, o nunca han formado parte de sus filas políticas que hoy respaldan sus candidaturas.

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Las apuestas fuera de casa

Uno de esos casos es el del comediante Fernando Villarroel, invitado por el movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), para convertirse en su precandidato a concejal de Guayaquil. También está Jorge Yunda, quien pese a no haber militado en Avanza, volverá a competir por la Alcaldía de Quito bajo el auspicio de ese partido político.

La misma situación se observa con Cynthia Viteri, quien aceptó la precandidatura a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático (CD), una organización distinta a aquella con la que desarrolló su trayectoria política. La exalcaldesa militó en el Partido Social Cristiano (PSC), colectividad con la que llegó a dirigir el Municipio porteño.

Otro caso es el de Carla Larrea. Tras la eliminación de Construye, en mayo de 2026, del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, donde se desempeñó como vicepresidenta nacional, ahora fue escogida por el movimiento Creando Oportunidades (CREO) como su precandidata para la Alcaldía de Quito.

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La falta de cuadros propios

Los especialistas consultados por EXPRESO coinciden en que la postulación de figuras ajenas a las organizaciones políticas evidencia una debilidad estructural del sistema de partidos. A su criterio, la práctica refleja el fracaso en la formación de cuadros propios, pese a que el Código de la Democracia establece obligaciones de capacitación interna y destina recursos públicos para ese fin.

Para el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, la incorporación de candidatos externos demuestra que los partidos y movimientos han dejado de cumplir su función de formar liderazgos. Sostiene que las organizaciones terminan convirtiéndose en vehículos electorales que priorizan la supervivencia política antes que la construcción de una militancia con identidad e ideología.

En esa línea, el analista político Andrés Obando señala que los partidos salen a buscar candidatos con reconocimiento público en lugar de promover a quienes han formado en sus propias filas. Para él, esa práctica contradice el propósito de las escuelas de formación política y plantea dudas sobre el uso efectivo de los recursos públicos destinados a fortalecer la democracia interna.

A eso, el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, Manuel Macías, agrega que esta dinámica responde a una crisis crónica y sostenida del sistema de partidos. A su juicio, las organizaciones funcionan como espacios que alquilan candidaturas, lo que impide profesionalizar la política y consolidar estructuras capaces de generar sus propios liderazgos.

Los partidos políticos salen a buscar candidatos en lugar de formar sus propios cuadros.Andrés Obando, analista político

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Los riesgos para la democracia interna

Los tres expertos también coinciden en que esta dinámica contradice el espíritu de los numerales 12 y 13 del artículo 331 del Código de la Democracia. Esa normativa obliga a las organizaciones políticas a desarrollar programas permanentes de formación y a destinar la mayor parte del Fondo Partidario Permanente a capacitación, investigación y fortalecimiento del liderazgo de sus afiliados, especialmente de mujeres y jóvenes.

A criterio de los especialistas, la principal función de un partido o movimiento político es formar liderazgos propios capaces de representar su ideología y asumir responsabilidades de gobierno. Cuando las candidaturas provienen de figuras externas, esa tarea queda relegada y las organizaciones pierden su razón de ser como escuelas de formación política.

Para Obando, contar con cuadros formados permite que las organizaciones mantengan una línea ideológica y presenten propuestas coherentes a la ciudadanía. Además, facilita que los futuros candidatos conozcan el funcionamiento de las instituciones públicas antes de asumir cargos de elección popular.

Para Alarcón, los cuadros propios no solo deben encabezar las candidaturas, sino también integrar los equipos de gobierno de las autoridades electas. De lo contrario, advierte, se incrementa el riesgo de conformar administraciones sin una estructura política sólida, con espacio para el pago de favores y eventuales actos de corrupción, una posibilidad que ve en varias de las candidaturas divulgadas.

Lo que debes saber

• Xavier Zavala Egas es crítico con el rol de la academia en Ecuador, pero reconoce hostilidad por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
• El académico sostiene que las reformas penales tienen un tinte populista y tienden a irrespetar la profesión de abogado.
• Zavala Egas no recomienda rehacer el concurso para fiscal general mientras siga politizado el Consejo de Participación (CPCCS).

La academia de Ecuador afronta un severo cuestionamiento por su limitado rol frente a los grandes problemas del país y los casos de corrupción judicial de los últimos años. En entrevista con EXPRESO, el docente de Derecho Penal y expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas, Xavier Zavala Egas, reconoce las falencias de las universidades, pero aclara que estas también se enfrentan a un Gobierno con "cero tolerancia" a las posturas críticas. Zavala Egas también opina sobre las reformas judiciales impulsadas en la Asamblea Nacional y los retrasos en el concurso para fiscal general del Estado.

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El silencio de la academia en Ecuador: ¿Desinterés o miedo?

- La academia se ha mantenido al margen de los grandes problemas del país. ¿A qué responde esa actitud?

El mundo académico está en deuda. Debe tener mayor presencia provocando el necesario debate sobre las posibles soluciones. Sin embargo, no es menos cierto que opinar objetivamente sobre los graves problemas que afrontamos se torna difícil ante un gobierno con cero tolerancia a criterios incómodos o contrarios a las tesis oficiales. En el mundo universitario es más grave aún, por ser estas (las universidades) frágiles a la presión presupuestaria.

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- ¿El freno es por miedo? ¿Cómo salir de ese temor?

Si estamos frente a una democracia dura o con visos de autocracia, toda posición neutral y objetiva, como debe ser la opinión académica, tiende a provocar rechazo e incomodidad en el gobierno. Por no salir de la zona de confort, muchos en la academia prefieren no meterse en problemas y, por ende, prefieren no opinar.

- ¿Eso no es ser parte del problema, dar vía libre a estas actitudes de autocracia?

Termina siendo así. Hay una frase que no es mía, pero me parece magnífica para retratar el tema: “permitir un abuso da pie al segundo abuso”. Cuando miramos hacia otro lado, cuando decimos “no es conmigo”, estamos dando paso, efectivamente, a que esta serie de atropellos se normalice.

La corrupción judicial y la posible criminalización de los abogados

- La academia, en especial las escuelas de Derecho, tampoco ha tenido autocrítica con el procesamiento de servidores judiciales en casos como Metástasis, Purga o Plaga. ¿Cuál debe ser el mea culpa?

Los jueces y fiscales involucrados salieron de nuestras aulas, obtuvieron sus títulos y la academia fue parte de la secuencia que los legitimó. Sin embargo, más allá de intentar formarlos éticamente, muy poco se puede lograr frente a la distorsión de valores que la sociedad en general sufre. Debemos exigir más para graduar, formar en ética con casos reales, pero también asumir que a las universidades algo les llega cuando sus graduados delinquen. Es inevitable y no solo sucede en el caso de los abogados.

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- En la Asamblea Nacional se plantea una reforma para tener sanciones más severas contra los servidores judiciales involucrados en crímenes. ¿Es una solución o se trata de una criminalización de la profesión?

No tengo conocimiento de la reforma, pero uno de los cuerpos legales más reformados en los últimos años es el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Normalmente de lo que se trata es de lo que se conoce en doctrina como un derecho penal simbólico, es decir, un derecho penal populista. El ciudadano común no conoce las profundidades del sistema penal y solamente se satisface con el castigo o con la sanción. Para el político populista, lo más fácil es aumentar las penas y vender la idea de que con eso se soluciona el problema, cuando realmente hay un sector que no compartimos esto. Se está irrespetando la profesión de abogado.

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- ¿Cómo liberar a fiscales y jueces de estas presiones?

No hay una fórmula para ello. No hay sistemas o procesos inmunes a la corrupción, cooptación o a la captura política. Muchos concursos para designación empiezan con la corrupción en el diseño del proceso. Se debe garantizar estabilidad en el cargo, porque figuras como el error inexcusable se usan para disciplinar a jueces incómodos. En teoría y en la práctica, se deben mantener órganos independientes del poder y, obviamente, una clara protección de fiscales amenazados por el crimen.

Repetir el concurso para fiscal no servirá con un CPCCS politizado

- En ese contexto, Ecuador está en proceso de elegir un nuevo fiscal general del Estado en medio de sospechas de favoritos. ¿Gozará de legitimidad quien resulte designado?

De legalidad sí, pero llegará débil en lo que más importa: la confianza. Y la falta de credibilidad lo hace ilegítimo. Cada decisión que tome provocará sospecha, será leída como acomodo político o pago de favores. El concurso para fiscal general, por ejemplo, suma demasiadas inconsistencias, retrasos, renuncias en cadena y una misión internacional que ya manifestó reparos.

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- La Misión Internacional de Observación ha recomendado prácticamente rehacer el concurso. ¿Ecuador puede darse ese lujo, cuando existen retrasos y el fiscal encargado tiene la sombra del oficialismo?

Mientras el país cuente con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como este, politizado como todos, repetir un concurso no sirve de nada. Los que van a designar, los árbitros, están comprometidos con sectores políticos.

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- Está pendiente un referéndum para quitarle al CPCCS la designación de autoridades y trasladársela a la Asamblea Nacional. ¿Es una solución o solo transparenta el problema?

Soy partidario de que las designaciones y los concursos pasen a la Asamblea, no porque sea la panacea de la legitimidad o de la transparencia, sino porque se van a ver las cartas que se están jugando, quién va por qué lado y quién va por el otro. Ahora, esto no implica que sea solamente levantar la mano y votar, sino que deberá entrar en unos procesos en donde ojalá se transparente todo. Al contrario de lo que está sucediendo ahora.

Guayaquil

Prefectura del Guayas descarta plan internacional para el dragado del islote El Palmar

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Cronología de un islote que sigue creciendo

El contratista responsable de la obra asumió multas por 1,6 millones de dólares debido a los continuos incumplimientos en el cronograma establecido. Para destrabar la obra, a mediados de 2025, la entonces prefecta Marcela Aguiñaga canceló el contrato suscrito por su antecesora y replanteó su modelo de gestión: anunció un nuevo proceso, detalló las diferencias técnicas respecto a la obra fallida y el lanzamiento de una licitación internacional.

Pero la política tuvo otros planes para el dragado del río Guayas, tras la repentina salida de Aguiñaga y la llegada de Carlos Encalada como su reemplazo.

La visión de Encalada

Según explicó el nuevo prefecto a EXPRESO en una entrevista, el traslado logístico de una draga extranjera representa un egreso de 4 millones de dólares, cifra que equivale a la totalidad del presupuesto disponible asignado a esta competencia. 

En lugar de concentrar la operatividad únicamente en el islote El Palmar, la nueva hoja de ruta prioriza el desazolve en afluentes críticos. El objetivo es disminuir la carga directa de material que baja hacia el río Guayas desde cantones históricamente vulnerables a las inundaciones agrícolas y urbanas.

“¿Qué es lo que queremos? Alquilar dragas pequeñas que ya están en el país, justamente para ponerlas en lugares específicos, llámense ríos, para poder ir bajando la carga”, detalló Encalada. Los frentes ya contemplados para la instalación de estos equipos incluyen los caudales de Jujan, Balao y Milagro. También se analiza la adquisición de dos máquinas pequeñas para integrarlas a los activos fijos de la entidad.

Guayaquil

Prefecto Carlos Encalada: "Contemplamos hacer la draga para este año, pero no grande"

Carlos Isaac Pino

Visiones técnicas frente al cambio de estrategia

Ante esta eventual postergación, expertos opinan. Alejandro Chanabá, docente investigador de la Espol, advierte que el dragado debe ser una labor perenne y no una medida paliativa de alquiler temporal. “Estamos 50 años atrasados. El dragado es para siempre. Hay capacidad para construir dragas localmente, pero primero se necesita un estudio técnico bien hecho de toda la cuenca, que determine la tasa de sedimentación y los puntos críticos”, precisa. Añade que dicho análisis revelará qué tipo de equipo usar.

Chanabá desmitifica que dragar El Palmar evitará de tajo las inundaciones en Guayaquil, pues la urbe posee zonas por debajo del nivel del mar. El verdadero riesgo, sostiene, es la pérdida de navegabilidad. “El río ya no podrá ser navegable más allá de pequeños tramos. El islote está bastante consolidado. En marea baja se puede cruzar caminando a la otra orilla. Aparecerán más islotes y se cubrirá la ribera”, explica, enfatizando que el mantenimiento de la ría debe fijarse como una agenda inamovible de la provincia, ajena a las banderas políticas de turno.

Por su parte, la ingeniera Malena Marín concuerda en que dragar la cuenca baja sin detener el azolvamiento de los ríos aguas arriba resulta un desperdicio financiero. “Haces una inversión súper elevada y el efecto dura un par de años. No es simplemente coger, aspirar y listo. Hay islotes ya consolidados, lo que vuelve compleja y peligrosa su remoción para la vida marina, además de elevar los costos”.

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Prefecto del Guayas defiende su equipo ligado al Gobierno y a Jairala: "Son amigos de la infancia"

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Marín proyecta la solución integral hacia una reactivación de la movilidad fluvial, un recurso histórico de la urbe. No debe limitarse al ámbito turístico, sino constituir una necesidad logística para descongestionar el tráfico terrestre pesado. “Se deben generar líneas de circulación para movilizar personas y mercancías. Tenemos un potencial que no estamos utilizando, y eso conlleva planificar buenos puertos, infraestructura adecuada y un canal sin obstáculos”.

El impacto ambiental 

Mientras se debate la operatividad de los equipos, el islote El Palmar sigue su consolidación natural, añadiendo una nueva variable al conflicto. Jaime Salas, docente investigador de la Universidad de Guayaquil, puntualiza que esta masiva formación de sedimentos funciona hoy como un refugio de biodiversidad para cientos de aves playeras, acuáticas y migratorias. La nueva masa de tierra y su ecosistema interfieren de manera directa con la ruta de descenso de las aeronaves hacia el aeropuerto.

Pese a este obstáculo, Salas insiste en que el problema es integral y las causas estructurales están en el manejo de la cuenca alta. Frente al desarrollo natural del área, su postura técnica abre otro flanco de debate: “Si yo tuviera el poder, lo declararía área protegida o lo anexaría a la ya existente isla Santay”.

Lo único certero, confirmado por la Prefectura actual, que solo estará en funciones hasta mayo de 2027, es que, en paralelo a la extracción mecánica, se ejecutará el levantamiento de información de la cuenca gracias a un crédito de la CAF. La evaluación determinará las verdaderas necesidades de reforestación estructural que deberá asumir la Mancomunidad para la conservación de la cuenca del Guayas en los próximos años.

Lo que debes saber

• Jaime Bernabé deja el Ministerio de Salud tras más de dos meses de gestión sin resolver la escasez de medicinas. 
• Exministros y expertos sostienen que el principal problema sigue siendo la gestión del abastecimiento. 
• Además, plantean fortalecer la industria farmacéutica nacional para enfrentar la crisis en los hospitales públicos.

Con casi dos meses de gestión, Jaime Bernabé deja el Ministerio de Salud Pública (MSP) con un problema profundo sin una solución clara a la vista: el desabastecimiento de medicinas. El 27 de abril de 2026, Bernabé fue posesionado como ministro de Salud Pública con el reto de enfrentar la crisis del sistema sanitario. Ahora es reemplazado por Juan Carlos Aveiga Parra, quien asume una de las carteras más complejas y críticas del gabinete con el mismo desafío.

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Para conocer el balance de estas primeras semanas de gestión de Bernabé, EXPRESO solicitó una entrevista al entonces ministro. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Ante ello, este Diario consultó a exministros y especialistas en salud pública, quienes analizaron los avances, las falencias y los desafíos que enfrenta la actual administración para garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red pública.

Al ser consultado sobre la gestión del ministro Jaime Bernabé, el exsubsecretario de Salud Andrés Corral sostuvo que el desabastecimiento de fármacos e insumos responde a varios factores, aunque consideró que el principal problema es la gestión. “Es un problema multifactorial, pero hoy el principal cuello de botella es la gestión”, afirmó, al señalar que una adecuada planificación, contratación y seguimiento son claves para garantizar el abastecimiento.

Desabastecimiento de medicinas: la gestión sigue siendo el principal desafío

En cuanto a las compras internacionales de medicinas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la escasez, Corral explicó que estos procesos requieren tiempo antes de reflejarse en los hospitales. Indicó que las etapas de contratación, producción, transporte, controles sanitarios y distribución pueden extenderse entre tres y seis meses. “Si además se está implementando un nuevo modelo a través de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL EP), es esperable una curva de aprendizaje institucional que puede retrasar la ejecución si no existe una adecuada coordinación entre todos los actores”, indicó.

Asimismo, el exsubsecretario advirtió que la falta de medicamentos continúa afectando la atención de los pacientes y que cualquier cambio en el modelo de abastecimiento debe estar respaldado por una gestión técnica y transparente. “Cualquier transformación institucional debe ir acompañada de capacidades técnicas, reglas claras, sistemas de información robustos y mecanismos de rendición de cuentas. De lo contrario, existe el riesgo de que el cambio de modelo no se traduzca en una mejora perceptible para los pacientes”, concluyó.

Por su parte, Francisco Andino, exministro de Salud, sostuvo que el desabastecimiento de medicamentos no se resolverá con un relevo de autoridades, sino con decisiones que fortalezcan el sistema de salud. A su criterio, el problema va más allá de quién ocupe el Ministerio y requiere medidas de fondo. “No se trata de cambio de funcionario, como yo lo vengo diciendo”.

Exministros cuestionan compras en el exterior y piden fortalecer la industria nacional

Además, el exfuncionario explicó que recientemente participó en una visita a una planta de la industria farmacéutica ecuatoriana, ubicada en Durán, junto con otros exministros y expertos en fármacos. Tras ese recorrido, verificó que el país cuenta con capacidad para producir medicinas, por lo que cuestiona que se continúe buscando proveedores en el exterior. “Yo no sé por qué tenemos que ir a buscar medicamentos hacia fuera cuando nuestra industria los tiene”.

Andino agregó que varias empresas farmacéuticas ecuatorianas cumplen estándares internacionales de calidad y cuentan con certificaciones que respaldan su producción. En ese contexto, considera que la capacidad instalada del sector debería aprovecharse para abastecer al sistema público de salud. “Definitivamente, (existen farmacéuticas ecuatorianas) inclusive con muy buenas prácticas, calificaciones hasta FDA muchas de ellas”.

A su vez, Ximena Garzón, exministra de Salud, dijo que dos meses después de la llegada del nuevo ministro, aún no observa resultados frente a los problemas de abastecimiento en la red pública. Opinó que la gestión de cualquier autoridad debe medirse por sus resultados y expresó su preocupación por las denuncias sobre la falta de fármacos para pacientes con VIH. “La verdad es que no se han visto resultados. Yo pienso que la gestión que tenga cualquier funcionario implica resultados y no vemos resultados”, recalcó.

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La exfuncionaria también se refirió a la creación de la empresa pública para centralizar la compra de medicamentos y consideró que el cambio no estuvo acompañado de la reglamentación necesaria para su funcionamiento. “No se sabe cuál es el reglamento que va a gobernar esta empresa pública. Existen todavía estas zonas grises que aparentemente no se las tomó en cuenta”.

Finalmente, Garzón añadió que la falta de información oficial dificulta evaluar los avances de la actual administración. “No tenemos información oficial. Es importante que haya transparencia, que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo y cómo se está adelantando, pero nosotros en la academia no tenemos acceso a información actualizada”, lamentó.

Lo que se sabe

• La ciclovía fue implementada en la pandemia de coronavirus
• Por obras de reasfaltado se retiró un tramo, mientras el resto del carril exclusivo sigue descuidado
• Un activista y una experta en seguridad vial cuestionan que se retire la infraestructura en lugar de ampliarla

Los tramos de ciclovía siguen desapareciendo en Guayaquil. La cicloinfraestructura que se implementó en época de la pandemia no recibió mantenimiento desde entonces y ahora incluso se va eliminando.

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Pacificar vías está pendiente para reducir los siniestros en Guayaquil

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El caso más reciente ocurrió en la intersección de las avenidas Barcelona y José María Velasco Ibarra, entre el puente que conduce a la calle 17 y la ciudadela Bellavista.

Aquí empezaba la ciclovía que conectaba ambas arterias, cuyos tramos fueron eliminados sobre el lado de la avenida Velasco Ibarra

Una capa de asfalto borró tramos de la ciclovía que, pese a carecer de segregación adecuada para evitar su invasión y proteger a los biciusuarios, era utilizada por quienes circulan en bicicleta y vehículos de micromovilidad en esta zona del noroeste de Guayaquil.

De la cicloinfraestructura solo permanece la señalética vertical y los semáforos para peatones y ciclistas, que aún funcionan. Tienen un sistema que detecta cuando alguien en bicicleta pasa cerca, así como un botón para los transeúntes, opciones que provocan el cambio de luz del semáforo y dan aproximadamente 20 segundos para cruzar la calle.

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Cicloparqueos en Guayaquil siguen en una senda de robos e irrespeto

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Ciclovía de una cuadra quedó en ciudadela Bellavista

Sobre la avenida Velasco Ibarra, que conduce a la ciudadela Bellavista, solamente quedó un tramo de ciclovía que se extiende por apenas una cuadra, junto al parque ubicado diagonal al monumento al expresidente de la República que da nombre a esta vía.

Esta ciclovía de una cuadra es la muestra de que la falta de segregación adecuada y el irrespeto de ciertos conductores no impiden que los biciusuarios se movilicen con riesgo, pese a que están en su carril exclusivo.

EXPRESO constató cómo los conductores de motos y autos invaden el espacio (incluso a pesar de que hay ciclistas circulando) y utilizan la ciclovía como atajo para evitar la columna de vehículos que esperan el cambio de luz del semáforo.

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Nueva ciclovía se planifica en Guayaquil, mientras la existente sigue abandonada

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En otros tramos de la ciclovía, de lo que aún queda, por el lado de la avenida Barcelona hay vegetación que ha crecido sobre uno de los dos carriles de este tramo exclusivo, lo que reduce el espacio para la circulación de bicicletas.

A esto se suma que la ciclovía es utilizada por los conductores como parqueo, pese a la señalética que lo prohíbe. En esta vía de movilidad activa incluso estacionan motos, al pie de un taller mecánico, para repararlas.

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Mesa de Movilidad sigue suspendida en Guayaquil

Ese constante irrespeto y la falta de mantenimiento han sido registrados por EXPRESO, durante los últimos años, en varios puntos de los 21 kilómetros de ciclovía que construyó la administración de Cynthia Viteri, en el centro, norte y sur de la ciudad, de un total de 100 kilómetros ofrecidos.

“Con el pretexto de que se va a arreglar la calle, la destruyen y ya no la vuelven a construir”, cuestiona el activista Álex Moreno, miembro del colectivo Masa Crítica Guayaquil.

Como representante de esta agrupación, él participó en la construcción de esta ciclovía, durante la pandemia, desde la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS), órgano que está suspendido.

La MMUS es un “ente de coordinación y un espacio de concertación que busca promover e impulsar el uso de transporte de bicicletas y vehículos de micromovilidad”.

Así lo establece el artículo 14 de la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad, que recientemente cumplió seis años.

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“No dicen nada, es eso. Es mantener lo que ellos creen con base en su planificación, sin consultarle a la ciudadanía”, dice Moreno en relación a la falta de funcionamiento de la MMUS para comunicar los cambios que se harán a la ciclovía o incluso la construcción de tramos nuevos, como el que generó polémica en la avenida Narcisa de Jesús.

EXPRESO pidió una entrevista al Municipio para conocer los criterios que se utilizaron en el reasfaltado de la avenida Velasco Ibarra, con cuyos trabajos se borró dicho tramo de ciclovía, así como las acciones que se ejecutan para darle mantenimiento al carril exclusivo de la avenida Barcelona. Pero no hubo respuesta de la entidad.

Personas con discapacidad también usan la ciclovía

“Así como las veredas iluminadas y de calidad motivan la caminata, las ciclovías también son espacios que pacifican, es decir, que bajan la velocidad de la vía, que cuidan de los ciclistas y que incluso se han convertido, en las ciudades donde sí están conectadas, en refugios peatonales y refugios para personas con discapacidad. Son muy utilizadas por personas en sillas de ruedas”, señala Sofía Gordón, integrante de la Coalición por la Movilidad Segura.

“La Municipalidad tiene el deber de democratizar la ciudad y de equilibrar la ciudad para estos otros actores, que son actores vulnerables que no tienen un chasís que les proteja. La ciclovía es como su única protección”, advierte.

Incluso, Gordón menciona que las víctimas de siniestros viales, que son evitables, son parte de la saturación del sistema de salud pública.

Por eso, Gordón advierte que ante el retiro de la ciclovía, “la Municipalidad debe hacerse responsable también de esos atropellamientos si se niegan a dar esta infraestructura segura y de protección”.

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Ciclovía de vía a la costa se utiliza como basurero, alertan ciclistas y residentes

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• La Bolsa de Valores de Guayaquil sostiene que ampliar el mercado extrabursátil reduciría la transparencia en la negociación de títulos valores y abriría espacio para operaciones con menor supervisión.
  
• Según Fausto Ortiz, la reforma podría trasladar hasta $16.385 millones de transacciones fuera de las bolsas, lo que reduciría el mercado bursátil de un equivalente al 14 % del PIB a apenas el 1,26 %..
• El sector bursátil propone fortalecer el mercado secundario con mayor integración regional y reformas que amplíen la participación de inversionistas, en lugar de restar operaciones al mercado regulado

La propuesta de ley que busca ampliar el mercado extrabursátil de Ecuador, al permitir que más títulos valores se transen sin la intervención de las casas de valores y bolsas, genera descontento entre actores del mercado bursátil debido a la escasa transparencia que, según advierten, se fomentaría en el sistema financiero nacional. Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), detalla los riesgos.

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Mayra Pacheco Pazmiño

- Actualmente, ¿qué tipo de títulos valores del sector público ya se negocian directamente, entre un emisor y un comprador, sin pasar por bolsas?

Esa transacción directa se da entre dependencias públicas. Hasta el mes de junio de este año el Gobierno ha colocado $ 4.000 millones en bonos de deuda interna, pero una parte de esos bonos no pasan por bolsa, porque es una negociación directa que se hace entre el Ministerio de Finanzas y la Seguridad Social. Lo que hoy día están buscando es que más transacciones, y no solo estas, se hagan por fuera de bolsas. Que todo sea extrabursátil. Pero el gran riesgo es que mañana los inversionistas (los que compran los papeles) puedan no estar jugando con las mejores condiciones del mercado.

- ¿De qué forma afectaría?

Tomando el mismo ejemplo del bono de deuda interna. Hoy en día un papel de esos que en el mercado podría llegar a negociarse con el 10% de rendimiento, Finanzas lo vende directamente al Seguro Social al 5%. Como por ley lo hacen directo, no hay cómo decirle al Seguro, oiga, acá (en bolsas) se puede negociar mejor. Lo pueden hacer directamente, pero el que lo compra no tiene la información.

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La reforma al mercado de valores genera división en la Asamblea

Liz Briceño

- Desde la Asamblea se alega que bajo este nuevo modelo, el Estado se ahorraría los costos que hoy se pagan a las casas de valores, como intermediaras de estas transacciones. ¿Eso no lo hace válido?

El Gobierno quiere emitir bonos a inversionistas internacionales sin pasar por bolsa para evitarle fricciones a esos inversionistas internacionales...no creo que sea tanto de ahorro de costos. Pero si fuera así, la transparencia paga más, debería pesar más que el ahorro. La propuesta de ampliar el mercado extrabursátil puede parecer buena pero es crear un mercado paralelo, y mañana puede ser mucho más grave la discrecionalidad o la opacidad. Que esto no sea una vía para que, mañana, se hagan cosas que no van a quedar registradas. Algo que sí pasa en el mercado bursátil.

Al mercado secundario no se lo corrige restringiendo o matando al mercado primario ni minimizando la transparencia".

- Entre los cambios también se busca que las instituciones financieras, en especial bancos, puedan intermediar valores; es decir, participar también de esta dinámica de vender y comprar títulos para portafolio propio y para terceros. ¿Cómo ven esta propuesta?

Según las autoridades los bancos ayudarían a profundizar el mercado de valores, sobre todo el mercado secundario (aumentando liquidez para que los inversionistas puedan comprar y vender títulos que ya fueron emitidos previamente), pero en realidad, se estaría desnaturalizando conceptos técnicos dispuestos en el Código Monetario y Financiero, al conceder funciones adicionales a entidades cuyo giro central de negocio es diferente. En esta línea la acumulación de funciones en un mismo tipo de entidad potencialmente puede aumentar el riesgo de ventas cruzadas, colocaciones dirigidas, priorización de intereses propios, utilización de información privilegiada y presión comercial, lo que ha ocurrido en otros países.

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Mayra Pacheco Pazmiño

- ¿Han estimado cómo esta posible migración de transacciones, hacia al mercado extrabursátil, impactaría a las bolsas?

Si tomamos en cuenta lo que mueve el sector público y financiero, la potencial reducción de volúmenes negociados podría ser cercana a los $ 16.385 millones; estamos hablando del 89.91% del mercado de valores. De aplicarse esta reforma el mercado de valores pasaría a representar de un 14% a apenas un 1.26% del PIB, constituyéndose en el grupo más bajo en Latinoamérica.

- Estos cambios podrían también ser vistos como una consecuencia de tener un mercado bursátil pequeño y débil, con poca evolución y transformación en las últimas décadas.

Pero hay que entender que no se mejora el mercado secundario (donde se revenden activos financieros existentes) restringiendo al primario (donde se emiten nuevos activos financieros). El mercado secundario se puede seguir reforzando con algunas reformas que hemos venido solicitando para ampliar el mercado, algo que no hemos logrado.

- Cite una o dos estrategias.

La posibilidad de que nuestros papeles puedan ser negociados en otros mercados. Estando dolarizados, nuestros papeles pueden ser apetecidos por los mercados de valores panameños, centroamericanos o incluso el regional, con mayores actores que puedan comprar o vender papeles.

- ¿Y el hecho de que dos bolsas, la de Quito y Guayaquil, las únicas que tiene el país, sigan operando de manera separadas, no ha debilitado a este mercado? Un mercado que claramente, año a año, sigue dependiendo de lo que mueva el sector público.

Sí, el sector público es volumen. El 60% de lo que se mueve es del sector público, 30% del sector financiero, 10% del sector real (empresarial), pero no necesariamente en esas proporciones vienen las comisiones que recibimos. El hecho de tener dos bolsas y no una, tampoco creo que sea el motivo de que el mercado secundario no se dinamice. Los mercados secundarios tienen mucho más que ver con el inversionista que es con la plataforma. Sí, por supuesto, podría haber algún tipo de eficiencia, en vez de tener dos abogados, tener uno, en vez de tener dos presidentes de bolsa, tener uno...

La propuesta de ampliar el mercado extrabursátil puede dar pie a la discrecionalidad o la opacidad".

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A un día del debate, la BVG alerta riesgos en la reforma al mercado de valores

Liz Briceño

- O juntas hallar una mejor articulación de estrategias para hacer que el mercado crezca. Quienes quieren entrar y negociar sus papeles al ver que es un mercado pequeño, terminan yendo a lo extrabursátil. ¿No hay que hacer un mea culpa? ¿Han hecho lo suficiente como para decir ‘cómo nos sentamos juntas y fortalecemos esto?

Nos hemos sentado juntas, hemos revisado juntos lo que se trabaja en Quito y Guayaquil. En el 2020, la bolsa de Guayaquil tuvo fallas de operaciones, pero las hemos venido corrigiendo y los resultados hoy en día se ven con crecimiento del sector real, de hasta el 40%, que es mucho más fuerte de lo que crecen las empresas y lo que crece la economía. Lo que quizás nos ha faltado es llegar hacia la autoridad, hacia la Asamblea para poder tener más fuerza, más impacto en las reformas que necesitamos. Este viernes (hoy) tenemos previsto comparecer ante la Asamblea. Lo que queremos es que se entienda que al mercado secundario no se lo corrige matando al mercado primario ni minimizando la transparencia.   

Perfil 

Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Es economista de la Universidad Católica de Guayaquil (1989), con Maestría en Economía Empresarial de INCAE (1992). Fue ministro de Economía y Finanzas. Es conferencista y asesor empresarial en temas de valoración de empresas y estructura financiera. 

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Liz Briceño

Lo que debes saber

• El Partido Social Cristiano perdió el papel de principal referente de la derecha ecuatoriana tras el desplome de su representación electoral y la pérdida de sus históricos bastiones políticos, como Guayaquil y Guayas.
  
• La crisis del PSC forma parte de un fenómeno regional en el que los partidos tradicionales ceden espacio a liderazgos más personalistas y menos dependientes de estructuras partidarias consolidadas.
  
• La principal incógnita es si la derecha ecuatoriana logrará reconstruir un liderazgo político estable o seguirá ocupando ese espacio mediante figuras coyunturales sin una hegemonía ideológica consolidada.

Durante más de tres décadas, en Ecuador la derecha tuvo una dirección postal. Se llamaba Partido Social Cristiano. Bastaba con seguir el rastro de Guayaquil para saber dónde vivía el poder. Esa certeza dejó de existir. El PSC perdió, además de votos, el monopolio simbólico de la derecha ecuatoriana.

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La derecha ecuatoriana tuvo expresiones empresariales, conservadoras, liberales, tecnocráticas y regionales. Gobernó con Sixto Durán-Ballén desde una idea modernizadora del Estado, con Jamil Mahuad desde una promesa institucional que terminó devorada por la crisis bancaria, con Guillermo Lasso desde una derecha empresarial que llegó tarde al poder y se desgastó demasiado rápido en él. La derecha ganó elecciones, ocupó Carondelet y administró el Estado, pero durante décadas su referencia más reconocible siguió estando en Guayaquil, el PSC y su capacidad de convertir territorio en identidad.

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Dentro del paisaje frágil de la política ecuatoriana, el PSC fue una excepción que debería inquietar más que tranquilizar. Tenía historia institucional real, cuadros propios, territorio, disciplina y un liderazgo que marcó época con León Febres-Cordero entre los ochenta y noventa, cuando llegó a controlar un tercio o más de la Asamblea. Hoy el PSC, en la Asamblea 2025-2029, ha quedado reducido a cinco curules dentro de un Legislativo de 151 miembros, después de haber tenido 18 legisladores con sus aliados en el periodo anterior y de sufrir deserciones que terminaron engrosando el espacio oficialista.

En la presidencial de 2025, su candidato, Henry Kronfle, quedó quinto con un humillante 0,71%, el peor resultado de toda su historia, la de un partido que solo llegó a Carondelet una vez, en 1984. Que se desplome un cascarón sin estructura no sorprende a nadie. Que se desplome el que sí tenía con qué resistir, sí debería.

El territorio lo confirmó sin ambigüedad. Guayaquil fue, desde 1992, el bastión que ningún rival logró tocar durante 31 años. La ciudad del sillón de Febres-Cordero, pero también administrada durante casi dos décadas por Jaime Nebot, el rostro más visible del socialcristianismo municipal y el dirigente que convirtió esa hegemonía en sentido común urbano. Durante años, el PSC gobernó Guayaquil, la narró, la ordenó y la presentó como prueba de su eficacia política.

En febrero de 2023, eso terminó en una sola jornada. Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, le arrebató la Alcaldía a Cynthia Viteri: 39,84% contra 30,33%. El mismo domingo, Marcela Aguiñaga le quitó al PSC la Prefectura del Guayas, con un 34,4% contra el 25,56% de Susana González. Guayaquil y Guayas, lo que en su momento se llamó sin exageración la joya de la corona del socialcristianismo, cayeron juntas, el mismo día, ante el movimiento que durante años había sido su némesis ideológica.

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La lectura más exigente mira un dato menos evidente. Álvarez ganó como la figura menos doctrinaria del correísmo. El territorio cambió de disponibilidad antes que de convicción. El PSC dejó de tener con qué retenerlo y la fuerza que ocupó el vacío llegó más por encaje coyuntural que por hegemonía asentada. Por eso, más que una conquista ideológica, lo de 2023 parece una ocupación momentánea del espacio vacante. Guayaquil, hoy, carece de dueño ideológico. Tiene un inquilino de paso.

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Ese patrón aparece también fuera de Ecuador. En América Latina, el debilitamiento de los partidos abre espacio a vínculos personalistas que requieren menos historia, menos estructura y menos militancia orgánica. Allí se inscriben fenómenos tan distintos como Milei, Bukele, Kast o De la Espriella. Las nuevas derechas regionales aprendieron a competir sin cargar con el peso de los viejos partidos.

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Ecuador vive una versión local de ese fenómeno regional. Guayaquil cambió de manos sin convertirse automáticamente en otro territorio ideológico. Lo que parece estar ocurriendo es una mutación de la derecha; menos socialcristiana en su forma y menos partidaria en su vehículo. Esa derecha ya no necesita necesariamente al PSC para expresarse. Puede hacerlo a través de candidaturas gerenciales o partidos capaces de ofrecer control sin exigir demasiada memoria doctrinaria.

El dilema desborda al PSC y a su posible retorno. Lo que está en juego es si la derecha ecuatoriana logra reconstruir una dirección política reconocible o si el territorio seguirá disponible para el primer liderazgo que consiga entrar, quedarse un rato y hacer pasar la ocupación del vacío por hegemonía.

Capital Semilla Quito

• Runawana, Vecroux y La Gran Fructa crecieron con Capital Semilla en Quito y generaron empleo.
• El programa municipal apoyó emprendimientos con financiamiento y asesoría para fortalecer negocios locales.
• Desde 2023, Capital Semilla Quito impulsó más de 260 proyectos con inversión y acompañamiento técnico.

En Quito, pequeños emprendimientos están convirtiendo historias familiares, conocimientos artesanales y nuevas tecnologías en negocios con mayor proyección. A través del programa Capital Semilla, marcas como Runawana, Vecroux y La Gran Fructa encontraron una oportunidad para crecer, ampliar su producción y generar empleo.

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Desde un taller de confección en el tradicional barrio San Juan hasta una clínica odontológica que apuesta por la transformación digital y una empresa de alimentos que nació durante la pandemia, estos emprendimientos muestran cómo el apoyo económico y técnico puede cambiar el rumbo de un negocio.

Detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, innovación y búsqueda de identidad. Son iniciativas que no solo venden productos o servicios, sino que buscan crear impacto económico y social en Quito.

Runawana: los suéteres que cuentan historias de Quito

En un taller del tradicional barrio San Juan, en el centro de Quito, las máquinas de coser trabajan al ritmo de una historia que comenzó hace más de tres décadas. Allí, entre ovillos de lana y agujas de tejer, Natalie y Dennis Díaz decidieron transformar el oficio heredado de sus padres en una propuesta con identidad propia.

Así nació Runawana, una marca que no solo confecciona suéteres, sino que busca contar historias sobre la ciudad, rescatar el trabajo artesanal y demostrar que la moda también puede convertirse en una herramienta para fortalecer la identidad local.

Sus padres llevan más de 30 años dedicados a la confección de prendas tejidas. Él es artesano calificado; ella ha compartido durante décadas el trabajo en el taller familiar. Sobre esa experiencia, los hermanos construyeron un proyecto que vio la luz en diciembre de 2019 con un objetivo: darle un nuevo valor al conocimiento que durante años permaneció entre las paredes del hogar.

“Queríamos revalorizar el trabajo de nuestros padres. Ellos han hecho suéteres toda la vida, pero sentíamos que era momento de contar esa historia desde otra perspectiva”, dice Natalie.

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Una colección inspirada en los barrios tradicionales de Quito

Ese enfoque permitió que Runawana accediera, en 2024, al programa Capital Semilla del Municipio de Quito. Con esos recursos desarrollaron en 2025 ‘El barrio teje’, una colección inspirada en distintos rincones tradicionales de la capital.

Cada prenda cuenta una historia: Rombo Ronda recrea los adoquines de las calles quiteñas; Orgullo Toleño evoca las noches del barrio La Tola; mientras Bruma Guapuleña rinde homenaje a la neblina característica de Guápulo.

“No hacemos únicamente un diseño. Cada colección nace de un lugar, de una memoria y de una experiencia que queremos compartir”, cuenta Natalie.

Actualmente, seis personas trabajan de manera permanente en Runawana entre costureras, tejedor, la madre de los fundadores y los dos hermanos, quienes dirigen la marca.

Para Dennis, el financiamiento fue determinante para ampliar la producción y consolidar nuevas plazas de trabajo. “Cuando un emprendimiento recibe apoyo, puede producir más, vender más y, en consecuencia, contratar más personas”, afirma.

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IVONNE MANTILLA

Vecroux apuesta por la odontología digital en Quito

Una historia distinta, pero con un punto de partida similar, se vive en la clínica odontológica Vecroux. Lo que comenzó hace 13 años como un sueño familiar hoy avanza hacia la odontología digital gracias al respaldo obtenido mediante Capital Semilla.

Su gerente general, Diana Vega, manifiesta que conoció la convocatoria a través de una red de mujeres emprendedoras. Diseñaron un proyecto para incorporar un escáner oral, impresoras 3D y tecnología digital que permite ofrecer tratamientos más precisos y reducir tiempos de atención.

Sin embargo, asegura que el mayor aporte no fue únicamente económico.

“Uno piensa que financiarse significa endeudarse. Aquí descubrimos que también existen oportunidades para crecer sin cargar con un crédito bancario. Además del dinero, recibimos asesoría permanente para fortalecer el negocio”, explica.

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El acompañamiento técnico se extendió durante todo el proceso, desde la validación del proyecto hasta el seguimiento posterior a la entrega de los recursos.

Esa asesoría permitió consolidar la inversión y ampliar el equipo de trabajo. Antes del proyecto, la clínica empleaba directamente a una persona; hoy son cuatro trabajadores bajo relación de dependencia y mantienen una red de alrededor de 17 proveedores.

Para Vega, ese efecto multiplicador beneficia no solo al emprendimiento sino también a toda la cadena económica que lo rodea.

La Gran Fructa: una empresa que nació en pandemia y llegó a nuevos mercados

La misma dinámica experimentó Edison Toaza, fundador de la marca La Gran Fructa. Durante la pandemia pasó de vender comida rápida a elaborar granola artesanal con frutas deshidratadas para consumo familiar.

La aceptación del producto lo motivó a convertir aquella idea en una empresa.

El respaldo de Capital Semilla permitió certificar su planta con buenas prácticas de manufactura, adquirir materia prima, fortalecer la producción y contratar personal.

Lo que comenzó con Toaza y su esposa hoy genera siete empleos directos y movimiento económico para unas 25 personas entre proveedores y distribuidores.

Actualmente producen entre 8.000 y 10.000 empaques mensuales que llegan a mercados de Quito, Ibarra y Lago Agrio.

Capital Semilla impulsa empleo y crecimiento empresarial en Quito

Historias como estas son las que, según Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, evidencian el impacto que busca generar el programa Capital Semilla.

Explica que se trata de fondos parcialmente reembolsables destinados a impulsar emprendimientos mediante convocatorias anuales.

Desde su creación se han financiado más de 260 proyectos y se han colocado cerca de 3,8 millones de dólares, de los cuales $2,8 millones corresponden al período comprendido desde 2023, cuando el programa quedó incorporado como política pública mediante la Ordenanza de Fomento al Emprendimiento.

Pero el respaldo no termina con la entrega del dinero. Criollo sostiene que el acompañamiento durante tres años es clave para superar el denominado “valle de la muerte”, la etapa en la que la mayoría de negocios desaparece.

Mientras en Ecuador ocho de cada diez emprendimientos fracasan antes de cumplir tres años, el 90 % de quienes recibieron Capital Semilla continúa operando.

Los resultados también se reflejan en otros indicadores. Los emprendimientos beneficiarios incrementaron su facturación en un 120 %, pagan hasta un 300 % más de impuestos y contratan un 55 % más de personal que aquellos que no accedieron al programa.

En una ciudad donde el desempleo bordea el 9 %, esas cifras muestran que detrás de cada emprendimiento fortalecido existe también una oportunidad de generar empleo y dinamizar la economía local.

Lo que debe saber

• La MIO revela que el CPCCS y la Comisión Ciudadana de Selección nunca respondieron a su pedido de reunirse para evaluar el concurso del fiscal general.
• Jaime Arellano sostiene que el proceso arrastra fallas desde el reglamento y advierte que mantener un fiscal encargado debilita la legitimidad de la institución.
• El observador internacional plantea dos salidas para el concurso: retrotraer el proceso hasta la emisión del reglamento o sanear las irregularidades.

La Misión Internacional de Observación Sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador expone su reparos al concurso que lleva adelante el CPCCS. No habla de los intereses detrás del retraso pero sí invita a preguntarse quiénes son los más beneficiados de la actual situación del concurso.

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Buscaron reunirse con los vocales del CPCCS e integrantes de la Comisión Ciudadana. ¿Qué les dijeron?

No tuvimos respuesta, lamentablemente, en las dos visitas que hemos tenido; aunque en agosto aún no estaba conformada la Comisión Ciudadana. Nos hemos reunido con organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema y también con el mundo académico y otras fuentes de información válidas, incluso embajadas.

¿Qué sensación les deja no haber tenido respuesta de estas dos instancias clave?

Es una pena. En otros países tenemos reuniones. Aquí mismo, en Ecuador, cuando fue el proceso de elección de magistrados de la Corte Nacional, en su momento tuvimos reuniones con el Consejo de la Judicatura. Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades.

¿Cuáles considera que son esos principales hallazgos con los que se generan dudas respecto al concurso?

Primero, que la reglamentación del proceso se dicta justo antes de la convocatoria. Lo que los estándares internacionales recomiendan es que haya una reglamentación permanente. Segundo. 

La selección o la búsqueda de la Comisión Ciudadana no tuvo el diseño de un perfil adecuado. La persona o el grupo que va a encabezar la búsqueda del fiscal general tiene que saber acerca del sistema de justicia penal. Lamentablemente eso no ocurrió. Tercero. Ha habido un incumplimiento de plazos. 

Este proceso debió haberse anticipado a la salida de la antigua titular. Ella se va y queda el suplente. Se va el suplente y queda otro suplente. Se supo la información. La (ex) fiscal estaba ofrecida para ser embajadora en Argentina con mucha anticipación, lo que generaba un conflicto de intereses bastante complicado también. 

La MIO también ha advertido sobre falta de transparencia.

El Consejo no quería poner en acceso público los expedientes de todas las personas que participan. ¿Cómo los medios de comunicación y la ciudadanía podían hacer un control? Tuvo que venir un tribunal, ante un requerimiento de transparencia, a ordenar la colocación en la página web del CPCCS. Todas esas razones llevarían, en principio, a decir: hay un problema que daña la credibilidad del proceso y va a dañar la credibilidad de quien sea electo eventualmente. Lo lógico en ese caso es retrotraer todo al momento en que se dicte nuevamente un reglamento, ojalá con mejores estándares. La otra opción es un saneamiento del proceso. Significa revisar lo que está mal y corregirlo.

¿En qué podría cambiar la situación si el mismo CPCCS estaría a cargo?

El Consejo, desde luego, podría tratar de enmendar el rumbo. Dictar un reglamento que se ajuste a los estándares y supervigilando activamente. En noviembre hay elecciones. La ciudadanía, con razón, podría decir: no vamos a reelegir a ninguno de los actuales miembros. En un sistema democrático lo lógico es que la ciudadanía, si considera que han hecho mal su trabajo, no los reelija y busque y elija a otras personas que se comprometan a actuar.

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Otra vez el proceso está parado. ¿Ven intereses políticos en esto?

Nosotros no podemos suponer intereses. Más bien la pregunta que debería hacerse la ciudadanía es: ¿a quién beneficia esto? El fiscal encargado permanece indefinidamente porque no hay un plazo. Sobre esto: ¿le beneficia a él? En alguna medida puede ser que sí, si es que quiere quedarse. ¿A quién beneficia que el fiscal general encargado se quede? 

Hágase esa pregunta y eso eventualmente puede darle la respuesta. Lo que sí sabemos es que todo esto es negativo para la ciudadanía porque tienen una Fiscalía bajo un liderazgo encargado que le quita legitimidad y, por lo tanto, le quita fuerza para luchar en contra de la corrupción. En cambio aparece iniciando investigaciones aparentemente en contra de miembros de la Corte Constitucional, en contra de personas que eventualmente son opositores políticos del Gobierno y se dice que incluso estaría eventualmente iniciando investigaciones respecto de algunos medios de comunicación o periodistas.

La Asamblea Nacional tiene la potestad de ejercer la fiscalización, incluso un proceso de juicio político. No lo ha hecho. ¿Qué piensa sobre aquello?

No, sensación no. No sabría responderte el tema. Me parece que, si hay un mecanismo de control político, será de acuerdo con las reglas. Lo que sí parece evidente es que, cuando un órgano encargado de elegir altas autoridades tiene 60 nombramientos pendientes, algunos de sus integrantes salen de vacaciones y, en ocasiones, no se desarrollan las sesiones o se realizan de manera remota y no presencial, hay por lo menos un indicio de un cierto abandono de deberes.

"No tuvimos respuesta (del CPCCS). Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con la de las autoridades"Jaime Arellano, MIO

Este ha sido un largo proceso con muchas polémicas. ¿Por qué llegan a este punto?

Fundamentalmente porque hemos visto una demora permanente. A esta altura uno empieza a preguntarse: ¿a quién le conviene y por qué se demora? Llega un momento en que la ciudadanía está siendo perjudicada porque hay una Fiscalía que está debilitada al tener a un encargado y no a un titular durante tanto tiempo. Por otro lado, la persecución penal del crimen se debilita también. Esto porque la persona que está encargada hoy en día ha llegado por casualidad pero no necesariamente por un concurso con criterio técnico.

Lo que se sabe

• El correísmo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de ADN buscan el control del Concejo en las elecciones de noviembre
• La oposición llega fragmentada a este periodo preelectoral
• Proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría dividir el voto, según especialista

El tablero político del Concejo de Guayaquil vive uno de sus momentos más agitados. La salida de Ana Chóez volvió a desnudar el debilitamiento del Partido Social Cristiano (PSC), organización que durante décadas dominó la política local y que ahora enfrenta el reto de reconstruirse de cara a las seccionales. 

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Pero mientras el socialcristianismo pierde cohesión, el correísmo intenta mantener el control en un Municipio fragmentado, y ADN busca conquistar una ciudad donde la disputa por el poder ya inició.

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"PSC está perdiendo cohesión interna"

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, la renuncia de Chóez revela un problema más profundo que una simple salida. “Lo que muestra es que el PSC no solo perdió el Municipio, sino que también está perdiendo cohesión interna, capacidad de ordenar a sus propios cuadros y centralidad como eje de la oposición local en lo que durante años fue su principal bastión electoral”, explica.

A su criterio, el partido enfrenta ahora el desafío de reconstruir una identidad política en el Puerto Principal, incluso después de presentar recientemente a Andrés Roche, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como precandidato a la Alcaldía.

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El desafío de preservar la gobernabilidad

Moscoso subraya que el correísmo ha optado por una estrategia de continuidad institucional. “Ha buscado defender la permanencia de Aquiles Álvarez desde el terreno político y jurídico, evitar que la crisis judicial derive en una pérdida inmediata del Municipio y mantener articulada una mayoría que hoy ya no es exclusivamente correísta, sino una mezcla de correísmo, RETO, oficialismo municipal e independientes cercanos a la administración”, evalúa.

Según Moscoso, el objetivo ya no pasa únicamente por mantener los votos dentro del Concejo, sino por preservar la gobernabilidad.

"ADN puede volverse decisivo"

Con respecto al movimiento oficialista, considera que tiene posibilidades de crecer, aunque todavía enfrenta desafíos.

“ADN puede volverse decisivo si logra presentarse como una alternativa distinta al correísmo y al PSC, sobre todo si el voto opositor se divide. Sin embargo, aún debe demostrar estructura territorial, cuadros políticos y capacidad para competir en una ciudad donde el PSC tuvo maquinaria durante décadas y el correísmo conserva una base importante”, afirma.

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La analista política Andrea Endara puntualiza que todavía no está claro cuál será la estrategia del PSC para las seccionales. Cuestiona no solo la salida de Chóez, sino la del exasambleísta Jorge Acaiturri, y las decisiones adoptadas en torno a sus posibles candidaturas.

“Si ponemos sobre la mesa a Acaiturri y a Roche, no sé qué tan acertada fue esa decisión. Al PSC le costará muchísimo recuperarse, porque sigue aplicando las mismas fórmulas que lo llevaron a esta situación: todo se decide en una mesa chica, no existen verdaderas primarias ni un trabajo sostenido de formación política en territorio. Una cosa es recorrer los barrios y escuchar a la gente, y otra muy distinta es construir bases. Y eso les falta”, sostiene.

Sobre el correísmo, Endara observa tensiones con RETO y considera que el eventual candidato impulsado a través del movimiento Amigo todavía carece de suficiente reconocimiento ciudadano. “No sé qué tan bien le iría bajo este nuevo tablero político”, comenta.

Respecto a ADN, cree que puede convertirse en un actor determinante debido al contexto de polarización nacional. Sin embargo, advierte que la proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría fragmentar el voto, un escenario que terminaría favoreciendo al oficialismo en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil.

En tanto, el politólogo Jorge Chuya observa que tanto el Concejo como la administración municipal, hoy liderada por Tatiana Coronel, atraviesan un periodo de transición.

“Hoy la ciudad, el Concejo y el sillón de Olmedo están a la deriva. La Revolución Ciudadana y sus aliados todavía mantienen cierto control, pero su margen de acción es mínimo. Las decisiones importantes en lo que reste del periodo probablemente se aprobarán con mayorías similares a las que vimos en votaciones como la del incremento del pasaje”, señala.

A su juicio, la atención de los actores políticos ya no está concentrada en la gestión municipal, sino en la próxima contienda electoral. “Todos están pensando de lo que viene después en las siguientes elecciones. Por eso vemos una ciudad que no atraviesa su mejor momento y que deberá esperar el desenlace de estos meses preelectorales”.

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Aunque la mayoría de los concejales afines a Aquiles Álvarez llegaron a sus curules auspiciados por la Revolución Ciudadana y sus aliados, en la página web oficial del Municipio aún existen inconsistencias sobre su filiación política. 

El portal, por ejemplo, mantiene a Ana Fuentes y Soledad Diab como integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), pese a que ambas ya no forman parte de esa organización.

En junio del 2024, el entonces presidente del PSC en Guayas, Alfredo Serrano, afirmó que “desde hace mucho tiempo atrás (las ediles) se separaron de la línea partidista y actúan en función de sus intereses personales”. 

Él también se refirió a Mayra Montaño, quien llegó al Concejo con el PSC, pero posteriormente dejó el cuerpo edilicio y actualmente forma parte de la DASE EP. Está a cargo de la dirección de Enlace Territorial.

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Lo que debes saber

• Unos 400 danzantes recorrerán Tumbaco el 25 de julio en la Quinta Gran Toma Cultural para mantener vivas las tradiciones del valle
• Familias enteras participan en comparsas y bandas para transmitir a niños y jóvenes la identidad, la memoria y el sentido de comunidad
• Las comparsas partirán desde distintos sectores, como San Blas, La Tola Grande, La Tola Chica y Collaquí 

Las calles de Tumbaco ya no son las mismas de hace tres décadas. Donde antes había chacras y caminos de tierra, hoy se levantan urbanizaciones, conjuntos residenciales y avenidas que reflejan el acelerado crecimiento de uno de los valles con mayor expansión de Quito.

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Sin embargo, detrás de esa transformación urbana persiste un patrimonio que se niega a desaparecer. Las bandas de pueblo siguen marcando el ritmo, las máscaras vuelven a salir de los talleres y cientos de danzantes, muchos de ellos niños y jóvenes, se preparan para demostrar que la identidad del valle continúa latiendo con fuerza.

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El próximo 25 de julio, desde las 13:00, alrededor de 400 danzantes y decenas de comparsas recorrerán distintos barrios hasta confluir en el parque central durante la Quinta Gran Toma Cultural Tumbaco, una celebración que busca recuperar el espacio público y recordar que la historia del valle también se escribe a través de la música, la danza y la memoria colectiva.

Tradición que se resiste a desaparecer

Para Miriam Soria, tercera generación de una familia de danzantes tradicionales, mantener vivas estas expresiones culturales es una responsabilidad heredada. Cuenta que sus abuelos transmitieron la tradición a su padre, y él a sus hijos. Hoy toda la familia participa. Ella, su esposo, sus hijos e incluso sus nietos forman parte de diferentes comparsas.

Pero el objetivo va más allá del baile. Explica que estas actividades buscan fortalecer los lazos familiares y ofrecer a niños y adolescentes espacios donde encuentren comunidad y sentido de pertenencia. “Queremos que los chicos se unan a estas tradiciones y no a otros caminos”.

Convivencia de varias generaciones

La organización también es una muestra del trabajo comunitario que aún caracteriza a Tumbaco. Mientras los grupos ensayan durante semanas, otras familias preparan la logística. Las esposas y madres de los bailarines cocinarán para cerca de 800 participantes. Este año servirán mote con maní, papas y pollo, en una comida comunitaria que se ha convertido en otro símbolo de la fiesta.

En los ensayos conviven diferentes generaciones y culturas. En una misma comparsa participan niños nacidos en Tumbaco junto a familias provenientes de otros puntos del país. Es el caso de Consuelo Rocha, oriunda de Cotopaxi, quien encontró en los bailes tradicionales un espacio para que sus hijas mantengan viva la representación de la Mama Negra.

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Cristel, de diez años, y Lía, de seis, lucen con orgullo la vestimenta típica mientras aprenden que las tradiciones no pertenecen únicamente al lugar de origen, sino también al sitio donde se construye comunidad. Para su madre, preservar esas expresiones culturales permite que las nuevas generaciones conozcan la diversidad que caracteriza al Ecuador y también vivir las de Tumbaco.

Otro de los protagonistas será Fernando Cumbal, miembro del grupo de los Payasitos Aniñados. Además de bailar, fabrica artesanalmente las máscaras de fibra de vidrio que usan personajes como payasos, caprichos y negros. Cada pieza le toma aproximadamente medio día de trabajo.

Su personaje tiene una misión particular dentro de la comparsa: bromear con el público, sacar a bailar a los asistentes y convertir el desfile en una celebración en la que todos participan. Para él, el verdadero sentido de la fiesta está en ver sonreír a quienes observan el recorrido, aunque eso implique soportar varias horas bajo el peso del traje y las altas temperaturas del valle.

Las comparsas partirán desde distintos sectores, como San Blas, La Tola Grande, La Tola Chica, Coyaquí y los alrededores del cementerio, hasta encontrarse en el parque central, donde las bandas se unirán para comenzar el gran desfile.

Una respuesta al acelerado proceso de urbanización

La gestora cultural Carlina Bustamante, integrante del Frente Cultural Tumbaco, considera que esta iniciativa nació como una respuesta al acelerado proceso de urbanización que vive el valle. Explica que mientras aumenta el número de construcciones y nuevas urbanizaciones, muchas veces queda invisibilizada la riqueza cultural tradicional, la cual continúa presente en las comunas, barrios y colectivos artísticos.

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La Gran Toma Cultural reúne a danzantes tradicionales, agrupaciones migrantes, colectivos ambientales y artistas escénicos. Entre ellos está la comparsa Soy Quebrada, que utiliza la danza y las máscaras para llamar la atención sobre la protección de las quebradas y del volcán Ilaló, recordando que el patrimonio cultural y el natural forman parte de una misma identidad.

Bustamante destaca que uno de los cambios más importantes es la creciente participación juvenil. En lugar de alejarse de las costumbres ancestrales, muchos adolescentes y niños se unen a las comparsas, aportando nuevas miradas sin perder la esencia de las celebraciones. 

De manera que la fiesta se ha convertido en un espacio intergeneracional en el que conviven comuneros, familias recién llegadas al valle y habitantes de urbanizaciones.

Las claves que debes saber

• Casos contra alcaldes y autoridades se activan antes de elecciones 2026; surgen cuestionamientos políticos.
• Procesos judiciales alcanzan a alcaldes de Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Jipijapa por presuntos delitos.
• Debate en Ecuador apunta a uso de justicia, suspensiones electorales y debilidad de la oposición política.

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

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En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

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Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

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En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

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Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

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Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

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Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.

Lo que debes saber

• El alegato de clausura en el caso Sinohydro inició de forma contradictoria con premisas obvias.
• Surgen inconsistencias de la Fiscalía sobre el cohecho al no probarse nexos públicos.
• Hay un retiro de acusaciones ante la evidente falta de pruebas individuales en el juicio.

Contradictorio y confuso: llegado el momento decisivo del alegato de clausura del caso Sinohydro, al fiscal general del Estado, se le cayeron las pruebas del delito que debía demostrar: cohecho. En términos generales, se podría decir que Carlos Alarcón se mantuvo a la altura de sus antecedentes: bajo rasante. Durante más de tres horas (se tomó para esto toda la mañana del miércoles 8 de julio) expuso las 21 premisas que dice haber demostrado a lo largo de la audiencia de juicio. De ellas, la mitad o más son del dominio público, razón por la cual no necesitaban ser demostradas; y algunas otras no lo fueron en absoluto.

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Baste con decir que Alarcón dedicó más de un cuarto de hora para probar su premisa número uno, a saber: que Lenín Moreno fue vicepresidente de la República entre el 15 de enero de 2007 y el 15 de enero de 2011. Se sirvió, para ello, del oficio que acredita su triunfo en las elecciones, la credencial que le extendieron las autoridades competentes y otros documentos públicos que puso uno encima del otro como si alguien pusiera en duda su hallazgo. El hecho, además, dijo en el colmo del delirio, “fue corroborado por Italo Centanaro (el gerente de la empresa pública Coca Codo Sinclair durante el período decisivo de la adjudicación del contrato a Sinohydro) y por Jorge Glas”. Menos mal, porque si ellos no lo confirmaban no habría quién se lo creyera.

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Otras premisas eran, sin llegar al mismo extremo del absurdo, igual de obvias: que el proyecto Coca Codo Sinclair fue declarado de “alta prioridad nacional”; que en febrero de 2008 la empresa de derecho privado Coca Codo Sinclair se convirtió en empresa pública; que se convocó un concurso; que Sinohydro lo ganó; que se firmó el contrato… En resumen: la mitad de las premisas de la Fiscalía son pura paja. En cuanto a las demás, se basan en una hipótesis nunca demostrada (y descabellada en su propio planteamiento) sobre la cual descansa el gran equívoco del caso: el hecho de que los 75 millones de dólares que Sinohydro pagó a la empresa Recorsa, propiedad de Conto Patiño, por concepto de representación, constituyen en sí, según la Fiscalía, el soborno materia de este juicio.

Las inconsistencias de la Fiscalía sobre el delito de cohecho

Aquí es donde la teoría del caso empieza a desmoronarse. Porque el delito que se imputa a todos los procesados es el cohecho. Y el cohecho es un tipo penal que exige la participación de un funcionario público: consiste en la entrega u beneficios económicos a un funcionario a cambio de que éste haga o deje de hacer, agilite o retarde “cuestiones relativas a sus funciones”. No hay cohecho entre privados. Sin embargo, ahora viene Carlos Alarcón a vender la idea de que el cohechador del caso es la compañía china Sinohydro y el cohechado es Recorsa, lo cual no tiene el menor sentido. Y aunque el mismo fiscal repite varias veces que entre Sinohydro y Recorsa existía un acuerdo según el cual la empresa estatal china entregaría a la firma de Conto Patiño el 4 por ciento del valor total del contrato por sus servicios de representación (acuerdo que no ha sido cuestionado en ningún momento por la parte acusadora), él insiste en que esos 75 millones (el 4 por ciento de 1.900 millones, valor total del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair), son “dineros ilícitos”.

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Si esos 75 millones son ilícitos, todo lo que viene aguas abajo (es decir, la manera como Recorsa los gastó) es igualmente ilícito, vienen a decirnos las premisas del fiscal. ¿Todo? No. Una parte de ese dinero fue donada (a distintas instituciones y representantes de la Iglesia, por ejemplo) y esa no ha sido considerada para este juicio, como si la naturaleza del beneficiario lavara con agua bendita el origen de los fondos. Pero si con esa plata se paga a un abogado, es cohecho; si se compra una vajilla, cohecho; si se manda a pintar unos cuadros, igualmente. Ocupado en el origen del dinero y su recorrido a través de transferencias, cheques y cuentas bancarias, Carlos Alarcón descuida lo principal: demostrar que algún funcionario público lo recibió para “hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. Así, pierde de vista algunas pistas clave que podrían llevarlo por el camino correcto a cambio de simplificar el caso y quedarse con la quinta parte de los procesados. En su lugar, él prefiere tejer una aberrante acusación colectiva en la que no importa el comportamiento individual de los procesados, es decir, no importa si se ha demostrado o no que pagaron algo a algún funcionario para configurar el delito de cohecho. En lo que lleva de su alegato de clausura hasta el cierre de esta edición, no ha avanzado mayor cosa.

Retiro de acusaciones y falta de pruebas individuales

Una novedad es que la Fiscalía retiró su acusación contra una de las procesadas. Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, demostró que el dinero que recibió de la empresa de su abuelo (de la que es accionista por herencia) corresponde a un reembolso de gastos hechos con su tarjeta de crédito. También quedó claro que ella no firmó el acta en la que los accionistas de Recorsa (todos ellos pertenecientes a la familia Patiño) cambiaron el objeto social de la empresa para incluir entre sus actividades la de consultoría, asesoría y representación de empresas dedicadas a la construcción de infraestructura. El fiscal cree que ese cambio de objeto social es una prueba del cohecho, aunque puede significar simplemente que adecuaron la empresa para cumplir con los requerimientos del acuerdo con Sinohydro.

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En cuanto a Eduardo Carmigniani, que brindó servicios profesionales como abogado a Recorsa, Carlos Alarcón prefiere no darse por enterado de que sus propias peritos establecieron que de sus cuentas no salió un centavo para beneficio de funcionario público alguno. A pesar de esta evidencia, continúa acusándolo de distribuir sobornos. ¿A quién? ¿Por cuánto? ¿A cambio de qué? La teoría del caso de la Fiscalía no se detiene en nimiedades.

Lo que usted debe saber

• ADN impulsa investigaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Quito y Guayaquil.
• En la Comisión de Gobiernos Autónomos también inició una fiscalización al aumento patrimonial de alcaldes y prefectos. 
• El correísmo cuestiona las iniciativas y ve un trasfondo electoral en las acciones emprendidas por el oficialismo.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

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Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

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Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.