Los puntos claves de esta historia

• Un grupo exclusivo de 21 personas -entre abogados, economistas y administradores- concentra cerca de 500 delegaciones de liquidación (300 entregadas en los últimos dos años) bajo la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere.
• Exempleados y exdirectivos de las firmas intervenidas han alertado la dilatación de los expedientes y el manejo opaco de los activos liquidados. La Superintendencia de Compañías ha guardado silencio.
• Cientos de familias permanecen atrapadas en procesos tortuosos de quiebra sin fecha real de cobro, mientras la red de delegados sigue acumulando encargos oficiales y activos por rematar.

A medida que transcurría la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere como superintendente de Compañías, un grupo de abogados, ingenieros comerciales, economistas y administradores acumulaban centenas de liquidaciones, de las más de 1.500 que registra la entidad, según una revisión de Diario EXPRESO a los registros oficiales y disponibles, con corte al 9 de junio pasado.

Son 21 personas beneficiadas que suman medio millar de delegaciones (unos 300 encargos se entregaron en los últimos dos años), cuyo objetivo, en teoría, es liquidar las deudas de ese número de empresas a través de la venta de activos y el cobro de valores, en el menor tiempo posible.

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Entre esos encargos constan procesos de liquidaciones que han sido cuestionados por exempleados y exdirectivos de empresas, debido a que se han extendido en el tiempo y no se han pagado sus haberes, a diferencia de otro tipo de acreedores de los negocios, lo que supondría una falta a lo establecido en la norma.

Según el Código Civil, con el flujo que ingrese a las empresas liquidadas se debe pagar primero los costos de la liquidación (pago al liquidador y su equipo), los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. En la lista también constan los acreedores que posean bienes retenidos, instituciones públicas por concepto de impuestos y seguridad social, y luego la banca.

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También hay señalamientos de interventores y liquidadores que no son parte del grupo beneficiado, al haber sido reemplazados por la Superintendencia de Compañías pese a que, en ciertos casos, su trabajo marchaba sin anomalías o estaba casi por finalizar. Es decir que esos procesos de intervención o liquidación volvieron a cero, de acuerdo con los documentos que compartieron sobre sus remociones.

Entre los 21 liquidadores analizados, Elizabeth Jiménez es la más cercana a Cabezas-Klaere. Sobre ella pesan varias quejas de personas ligadas a la operación de empresas donde ha cumplido funciones como interventora o liquidadora.

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Elizabeth Jiménez, la liquidadora cercana al poder

Tejidos Pintex, firma relacionada con la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, es una de las empresas donde Jiménez es liquidadora.

Desde el 28 de enero de 2025 las riendas de la compañía pasaron a manos de la abogada, quien tiene entre sus tareas pendientes vender tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman unos $15 millones, según los documentos.

La venta de esos bienes se ha convertido en la principal preocupación de los extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información sobre las acciones de la liquidadora, según Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)"Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

“El temor es que se venda a espaldas de nosotros. La última reunión con la liquidadora la hemos tenido el 6 de julio de 2025. De ahí le he estado enviando mensajes, haciéndole llamadas, pero nunca contesta. La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)”, señala Guevara, quien representa a 90 jubilados aproximadamente, que esperan el pago de su jubilación patronal.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista a Jiménez, a través de varios correos electrónicos que constan en los registros de las empresas donde es liquidadora y del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en la que registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta.

Carol Ochoa también trabajó en Tejidos Pintex, como secretaria de gerencia. Ella ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de la compañía. En su cuenta de X se ha preguntado sobre el destino de los valores que Pintex recibe de los alquileres de los terrenos y ha pedido a Cabezas-Klaere que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Sus reclamos tienen origen desde hace cinco años. Ella relata que durante la difícil situación económica que atravesaba la compañía, varios trabajadores y familiares, incluido su esposo, prestaron dinero a la empresa, ante un pedido del gerente de turno. Afirma que esa persona le ofreció la devolución de los valores con la venta de los terrenos.

“Apenas entró a liquidación, a esta señora le envié una carta para pedir una cita para hablar de mi acreencia. La tipa no puso ni ‘buenas tardes’ en la contestación. Nunca me ha dado una audiencia. He escrito decenas de correos electrónicos. Hemos puesto varios pedidos de remoción de la liquidadora”, comenta Ochoa, quien asegura que la liquidadora ha vetado su ingreso a reuniones de acreedores.

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Además de la liquidación de Pintex, Jiménez tiene otras catorce delegaciones (con corte al 14 de agosto), tres más de las que registraba hasta el 9 de junio pasado. Todos los nombramientos han sido entregados en la administración de Cabezas-Klaere, quien no ha atendido un pedido de entrevista de EXPRESO desde inicios de este mes.

Tampoco hay una respuesta concreta del pedido de información a la ‘Super’ que este Diario gestionó a través del Portal Nacional de Transparencia, para conocer la nómina o plantilla del banco de profesionales disponibles para esas funciones, por ejemplo.

Las denuncias en contra de Jiménez, Pinto y su esposo

Este Diario conoció que el 5 de agosto pasado extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Elizabeth Jiménez y otras veintitrés personas naturales y jurídicas, que incluyen a directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta Pinto González-Artigas, quien fue presidente de la firma en 2019, por dos años.

De acuerdo con los datos conocidos, en la denuncia también se menciona a la compañía Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex. En esta empresa, cuya actividad económica es la recopilación de datos, consta Mera Saa como gerente y Pinto González-Artigas como accionista.

Según la información referida, los extrabajadores piden a la Fiscalía que investigue a las personas citadas. También enlistan elementos e indicios, y relatan hechos que sustentan la denuncia, como la constitución de un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, la presunta insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios o el presunto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.

Esta es la denuncia más reciente que pesa sobre la liquidadora de confianza de Cabezas-Klaere. El 23 de julio anterior, en cambio, Richard Aldaz Jácome, accionista de la empresa Servicios Drilling Technologies Cía. Ltda. (SDT), que se dedica a la actividad petrolera y cuya sede está en Quito, denunció a la abogada guayaquileña por “perjurio”.

Aldaz explica, con documentos en mano, que desde hace tres años se realizaba sin problemas la liquidación de SDT, pero que, de forma imprevista, el 27 de octubre de 2025 la ‘Super’ de Compañías reemplazó al liquidador. A su criterio, el cambio no tenía justificación, ya que el administrador había conseguido convenios de pago con la mayoría de acreedores, tras ejecutar acciones para cobrar de a poco los $20 millones de deudas. Eso, afirma Aldaz, se trastocó con Elizabeth Jiménez.

“No ha habido un avance, no sabemos lo que esta haciendo. Tampoco ha presentado algún informe a los socios. No ha convocado a una junta como se lo hemos pedido. Hace caso omiso”, sostiene Aldaz.

A esa situación se sumó una disputa legal entre SDT y una de sus acreedoras, Diteecs S. A., por la diferencia en un valor que esta última buscaba cobrar a la empresa de Aldaz, que también terminó siendo administrada por Jiménez (2026).

“Sin embargo, vemos que le nombraron liquidadora a esta señora de la compañía Diteecs S. A. Cuando un liquidador acepta el cargo, firma bajo juramento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para aceptar ese cargo de liquidación. Ella sabía que Diteecs S. A. es parte de los acreedores de SDT y la ley es clara”.

Aldaz menciona el Reglamento sobre Disolución, Liquidación, Cancelación y Reactivación de Compañías Nacionales: “No podrán ser liquidadores quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de estos (...)”. Añade que “lo que va a pasar ahí es que si la señora es liquidadora de Diteecs S. A. y liquidadora de SDT, van a decir: ‘Le debemos a Diteecs S. A. $2 millones, $3 millones’, lo que ellos quieran van a poner”.

El empresario recuerda que presentó varios escritos a la ‘Super’ y que se reunió con Cabezas-Klaere en Guayaquil, pero las cosas no cambiaron. “El superintendente Cabezas nos dijo de frente que ella es de su confianza y que él la va a mantener ahí”, asevera Aldaz, quien lamenta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía haya iniciado un proceso de coactiva contra SDT ante la interrupción de los pagos.

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El esquema que se repite entre decenas de liquidaciones

Roberth Torres es otro liquidador que ha concentrado encargos en la administración de Cabezas-Klaere. Desde el 19 de diciembre de 2024 al 9 de junio pasado, su nombre registraba 34 liquidaciones. Al 14 de agosto se cuantificaban 41, según los registros de una base de datos a la que este Diario tuvo acceso.

Liquidadores que han cuestionado la suerte de favoritismo para ciertos colegas (y que han pedido el anonimato para evitar represalias de la ‘Super’) aseguran que administrar ese número de empresas es humanamente imposible, por la complejidad de las tareas y seguimientos que se deben realizar para cobrar deudas, pagar a los acreedores, atender juicios, entre otras situaciones que se viven dentro de las compañías que experimentan problemas.

En el análisis a los registros de la ‘Super’ de Compañías y en la consulta de fuentes humanas y documentales, este Diario también evidenció en el caso de Torres un esquema similar al de Jiménez.

Entre las empresas que ha administrado el contador público y auditor constan Molsando Molinos Santo Domingo S. A. y Extractora San Daniel Cía. Ltda. (hace varias semanas pasaron a manos de otros liquidadores), que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Una fuente que conoció directamente la operación de esta primera empresa le cuenta a EXPRESO los riesgos presentes por un “conflicto de intereses”.

Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo"Fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. 

“Le asignaron las dos empresas. Entonces, él era juez y parte en esas compañías. Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo”, expone la fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. Esta persona pidió la reserva de su identidad.

EXPRESO le solicitó una entrevista a Torres, a través de los correos electrónicos que registran las decenas de empresas que administra.

“Agradezco la consideración al respecto, pero debo comentarle que me encuentro de viaje. Una vez que regrese socializaré este particular con el ente de control y les haré conocer la respuesta”, contestó Torres.

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La fuente también cita otro patrón que conoció al revisar los estados financieros. “Ahí viene la contabilidad creativa: sacan dinero de Molsando como inversión a largo plazo, entregan a San Daniel, o a su vez Molsando pagaba deudas de San Daniel”.

Héctor, interventor y liquidador con más de diez años de experiencia, también confirma las anomalías que registran los movimientos de esas empresas (una de ellas es investigada por presuntos delitos de estafa y defraudación bursátil). Y coincide con las voces de sus colegas sobre el supuesto favoritismo en las asignaciones y cálculo de honorarios, como le ocurrió en la intervención de una empresa de la Sierra que ya había tenido dos interventoras.

“Una interventora ganaba $1.500 más IVA. La otra interventora ganaba en total $1,700 incluido el IVA. Oh sorpresa, llego yo, que me ponen en la intervención, con las mismas horas, el mismo gerente, todo igualito, porque es la misma empresa, todo igual. Fui en lugar de la otra interventora, ¿y sabe cuánto me pusieron por mis honorarios? $1.000. Sí, $1.000 más IVA. Ellas vivían en esa provincia. Y a mí me toca viajar, porque no soy de esa provincia”, señala Héctor.

Lo que debes saber

• ODJ alertó en 2026 sobre hostigamiento a jueces en Ecuador por fallos en casos políticos.
• Jueces y abogados enfrentaron sanciones e investigaciones tras decisiones de alto impacto político.
• El informe vincula estas acciones con riesgos para la independencia judicial en Ecuador.

Si se cree que la peor pesadilla es tener un sistema de justicia donde jueces y abogados obedecen órdenes de los políticos en el poder es porque se desconoce un sistema aún peor: el de los jueces y tribunales que actúan por miedo. Es decir, fallan dándole razón al poder no porque hayan recibido órdenes expresas, sino por miedo a contradecir la voluntad del gobierno en los casos políticamente sensibles. ¿Y miedo a qué? A ser castigados, despedidos o desprestigiados. Pues bien, esa pesadilla es la que está viviendo el Ecuador.

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Lo dice el informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) sobre el hostigamiento a jueces y abogados, que habla de un “patrón sistemático” de hostigamiento y persecución que se desencadena cuando jueces y abogados intervienen en procesos de alto impacto político.

Porque cuando un juez ve que sus colegas son denunciados penalmente, investigados, suspendidos o amenazados con la destitución después de dictar una resolución contraria a los intereses del poder político, aprende una lección. No necesita recibir una llamada. No necesita que alguien le diga qué sentencia debe firmar. El mensaje ya está allí.

El caso Goleada y las sanciones contra jueces

El caso Goleada es un ejemplo brutal. Los jueces Byron Uzcátegui, Wiler Chóez y Silvana Velasco revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros procesados, porque consideraron que no existían elementos de convicción suficientes. Después llegaron las denuncias por prevaricato, las recusaciones promovidas por el fiscal general y el proceso administrativo por supuesto “error inexcusable”. En julio fueron suspendidos 90 días sin sueldo y en septiembre la Dirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomendó su destitución.

Pero el caso tiene un episodio todavía más perturbador. El conjuez nacional Javier de la Cadena emitió un voto salvado en el que sostuvo que los jueces no habían cometido infracción alguna al revisar y levantar la prisión preventiva. Trece días después, el Consejo de la Judicatura terminó su designación temporal en la Corte Nacional y ordenó su regreso a la Corte Provincial de Imbabura.

¿Hace falta decirles algo a los demás jueces después de eso? No, porque aquí hay un mensaje clarísimo: fallas en contra de mis intereses y estás tostado.

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Un mensaje explícito desde el Ejecutivo

Pero hay un caso que el informe encuentra aún más explícito, porque el mensaje dejó de ser implícito y fue pronunciado por un ministro del Gobierno. En julio, la Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de tres jueces nacionales, investigados por presunto cohecho. La investigación se originó, según el informe, en el testimonio de un exfuncionario judicial condenado por corrupción que dijo haber conocido de un supuesto pago a cambio de una sentencia.

Horas después, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo algo que debería provocar escalofríos en cualquier democracia: “No son intocables. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”.

El problema no es solamente la investigación contra esos tres jueces. Una investigación por corrupción puede ser perfectamente legítima y necesaria. Lo verdaderamente grave es que un alto funcionario del Ejecutivo haya explicado los allanamientos en términos de un mensaje dirigido al resto de jueces: hay que “enderezarse” y “corregirse” o terminarán presos.

El propio ODJ considera que esa declaración tiene un inequívoco objetivo intimidatorio y disciplinador sobre los operadores de justicia que conocen casos de interés político.

El caso de la jueza Daniela Ayala

Y el patrón no termina allí. Está el caso de la jueza Daniela Ayala, quien en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio dictó prisión preventiva contra Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, pero no contra José Serrano y Xavier Jordán, porque consideró que la Fiscalía no había demostrado de manera suficiente la necesidad de esa medida.

La jueza incluso cuestionó durante la audiencia deficiencias técnicas de la Fiscalía. ¿Qué pasó luego? El 21 de mayo de 2026 se destituyó a la jueza Ayala.

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Exjuez Ángel Tapia es condenado a tres años de prisión por tráfico de influencias

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La presión también alcanza a los abogados

El régimen de terror no es únicamente con jueces, sino también con los abogados. Existe una tendencia de hostigamiento contra abogados que patrocinan casos de alto perfil político o que hacen críticas públicas sobre el sistema de justicia. Las formas de presión van, según ODJ, desde amenazas de investigaciones por lavado de activos hasta acoso tributario.

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El abogado Eduardo Carmigniani es uno de los casos más llamativos. ODJ sostiene que desde 2025 Gráficos Nacionales (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA, ha enfrentado acciones coordinadas de distintas instituciones estatales, entre ellas Fiscalía y Superintendencia de Compañías, que habrían buscado obtener una participación accionaria de la empresa y alterar la línea editorial de sus publicaciones.

Carmigniani, además, fue condenado en agosto a seis meses de prisión por calumnia y posteriormente sentenciado por complicidad en un caso de cohecho relacionado con Sinohydro.

El otro caso es el de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en los procesos Triple A, Goleada y Grillete. En julio fue notificado del inicio de una investigación fiscal por presunta obstrucción a la justicia, a raíz de publicaciones que había hecho en X sobre el avance de los procesos contra su cliente.

Un mensaje que, según el informe, trasciende los casos individuales

El mensaje es contundente: juez que falla contra el poder, juez investigado; juez que defiende al colega sancionado, juez apartado; abogado que defiende al adversario político, abogado investigado; abogado que critica al sistema, abogado perseguido.

¿Hace falta una orden presidencial para controlar una Función Judicial en esas condiciones? Probablemente no.

Lo que debes saber

• ALFE agrupa a 16 empresas farmacéuticas ecuatorianas.
• El gremio cuenta con 13 plantas para la producción de medicamentos.
• La industria nacional busca ampliar su participación en el abastecimiento público.

La industria farmacéutica ecuatoriana busca tener un mayor espacio en la innovación y en el abastecimiento de medicamentos para el sector público. María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE, analiza con EXPRESO las oportunidades del sector y las condiciones necesarias para fortalecer la participación de los laboratorios nacionales.

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- ¿Cuál es hoy el principal reto que tiene Ecuador para avanzar en innovación farmacéutica y tecnológica?

- Desde ALFE pensamos que el principal reto es la conversación. Es justamente lo que desde el gremio estamos provocando: sentarnos, escuchar nuevas ideas, conversar sobre ellas y, una vez que planifiquemos, llevarlas a la acción. Creo que tenemos la intención, pero no la concretamos en acciones, y ese es el trabajo que debemos hacer. Hoy estamos hablando de que todas las tecnologías convivan de la mano en Ecuador y en todos los países.

- ¿Cómo cuáles?

- Innovadores, genéricos, biosimilares u otras tecnologías deben complementarse para que el paciente reciba un tratamiento adecuado y cubra todas sus necesidades. Entonces, creo que esta conversación entre la misma industria y todos los actores de la salud es muy importante.

- ¿Qué tan rezagado está Ecuador frente a otros países de la región en materia de investigación, desarrollo e innovación farmacéutica?

Tenemos oportunidades en temas regulatorios. Un registro sale mucho más rápido aquí que en otros países. Tenemos algunas cosas en las que vamos adelante, que están adelantadas. Hay otras en las que hay que trabajar.

- ¿Cuál es la diferencia de tiempo?

- La diferencia es de años. Aquí puede tomarte seis meses. En Brasil, por ejemplo, toma entre cuatro y cinco años.

Necesitamos tener una industria fuerte para que, cuando haya una pandemia, tengamos todo lo necesario.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Y en qué tiene que trabajar Ecuador?

- Vemos que el Gobierno está trabajando en esta nueva empresa, AIL EP (Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud). Creo que le va a deslindar de muchas responsabilidades más administrativas al Ministerio (de Salud). Desde la industria tenemos que trabajar también en estos espacios para que se pueda traer innovación, pero la innovación no solo son medicamentos, sino también trabajar en los procesos. Ahí entra la autoridad y ahora, como nunca, vemos que está muy abierta, está trabajando de la mano. Antes se tenía mucho miedo de acercarnos a la autoridad.

- ¿Qué procesos hay que trabajar?

- Hay muchísimos. Cuando está entrando la innovación, tal vez el acceso es un poco más complicado.

- ¿Cómo?

- Por ejemplo, cuando no hay un medicamento, se requiere tiempo para analizarlo. En eso tenemos que avanzar, sin descuidar la calidad y la rigurosidad. Como industria, también debemos empaparnos de la innovación que hay afuera. La academia tiene que hacer más estudios clínicos, porque hay pocos. Todos tenemos que trabajar y adoptar las buenas prácticas de otros países.

- ¿Qué buenas prácticas hay que traer de otros países a Ecuador?

- Hay agencias de regulación de otros países de las que debemos aprender. La autoridad de salud nos comentaba que va a firmar acuerdos con otras agencias para conocer y adoptar esas experiencias. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Pero hay que tomar las buenas prácticas de cada país y tratar de adaptarlas al nuestro. Como usted sabe, uno de los principales problemas del sistema público es la falta de medicamentos.

Tenemos muchas regulaciones. Creo que, más que seguir generando normas, tenemos que cumplirlas.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Qué está fallando en la cadena de abastecimiento de medicinas en el sector público?

- Todos sabemos que hay ciertos procesos que no funcionan desde hace mucho tiempo. No vienen desde este Gobierno. Con buena cara veo esta iniciativa de crear AIL EP. Démosle tiempo.

- ¿Qué tiempo?

- Tal vez unos seis meses. Veamos cómo se realizan las compras.

- ¿Los laboratorios ecuatorianos pueden proveer los medicamentos?

- Nosotros podemos proveer aproximadamente entre el 20 % y el 30 % de muchos medicamentos. Por supuesto, queremos trabajar con el Gobierno. Si hay la necesidad de crear aquí otros productos y elaborarlos, podemos hacerlo. Tenemos 13 plantas dentro de las 16 empresas (que conforman ALFE). Somos bastantes y contamos con esas capacidades.

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- ¿Ha sido fácil para las empresas ecuatorianas competir en el mercado de compras públicas? ¿O qué necesita cambiar para que haya una mejor experiencia?

- Algunas de nuestras empresas participan y otras no. Es un porcentaje bajo, aproximadamente el 5 %.

- ¿Y eso por qué?

- Por decisiones de negocio, nada más.

- ¿No es conveniente?

- Justamente queremos conversar para que sea conveniente y para que nosotros podamos aportar a todas las necesidades del Estado.

- ¿Qué necesitan para trabajar con el Estado?

- Que se cumplan los pagos. Si nos compran medicamentos, que en efecto se pague y que haya transparencia.

EXPRESO visitó los parques infantiles de Los Eucaliptos, Riveras del Tomebamba, Las Retamas Altas, Ciudadela Pamplona y el parque El Recreo y pudo constatar el mal estado en el que se encuentra principalmente su infraestructura, como juegos infantiles, bebederos de agua, piletas, canchas y las jardineras.

En estos espacios, los niños se han acostumbrado a jugar entre cuerdas arrancadas, juegos oxidados y rotos, columpios sostenidos por cables añadidos y canchas deterioradas con arcos y aros destruidos.

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Preocupación ciudadana

Los vecinos del parque de Los Eucaliptos, en el norte de la ciudad, expresaron su malestar ante la falta de mantenimiento de los juegos. Aseguran que esto ha provocado que el deterioro se acelere y que algunos espacios queden reducidos a latas oxidadas y rotas.

Juan Carlos Pazmiño cuenta que trae seguido a sus hijos a que disfruten del espacio verde que existe en este lugar, con las camineras y rutas que ofrece a orillas del río Tomebamba; sin embargo, le apena el deterioro de los juegos infantiles y asegura que muchos representan un riesgo para los pequeños. “Las cuerdas de este juego están podridas, algunas están sujetadas con nudos improvisados. Ya se han registrado caídas”, comentó.

En la parroquia Totoracocha, en la ciudadela Las Retamas Altas, también el abandono se ha hecho presente. La infraestructura del aro de básquet lleva meses a un costado del parque, rodeada de una cinta amarilla que alerta peligro. Vecinos del sector señalaron que los fines de semana los niños juegan incluso sobre la estructura metálica.

Y la realidad de los espacios infantiles ubicados en el sur de la ciudad es similar. El parque Pamplona y el parque El Recreo llevan varios meses a la espera de ser atendidos para que los juegos sean repuestos.

El espacio que peor se encuentra es el Pamplona. El juego de madera está sin piso y los menores que desean utilizar el tobogán deben hacer malabares, un ejercicio de equilibrio para llegar al mismo. En la cancha de uso múltiple, los cerramientos están rotos y no evitan que los balones de los menores vayan hacia la calle.

En este lugar, la basura también es un problema. Vecinos del sector se quejan de la falta de educación de los propietarios de las mascotas que los sacan y no recogen sus desechos.

En el parque El Recreo, la infraestructura de la tarabita está inservible, mientras que el carrusel no cuenta con uno de los tubos de seguridad. De igual forma, las cuerdas de escalada están rotas y otras remendadas de forma improvisada para permitir que los pequeños puedan hacer uso del juego de una forma medianamente segura.

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Recaudación poco efectiva 

Ante la problemática generalizada, desde la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC EP) se tiene lista una consultoría para solventar el problema de la recaudación de tasas municipales para incrementar el ingreso.

Nelson Díaz, jefe del departamento de Áreas Verdes de la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC EP), reconoció que en el último año al menos el 60% de los parques no han recibido el adecuado mantenimiento y apuntó que el problema radica en la pérdida gradual de la capacidad de recaudación que tiene la empresa en la actualidad.

“La principal dificultad es presupuestaria: la reducción de los ingresos de la tasa de recolección de basura, que se dejó de cobrar en la planilla de energía eléctrica, y la caída de la tasa de áreas verdes han afectado la capacidad de la empresa para atender todos sus servicios”, dijo.

Explicó, por ejemplo, que la tasa de mantenimiento de áreas verdes se continúa cobrando a través de la planilla del servicio de telefonía fija, “este es un mecanismo cuya recaudación ha disminuido considerablemente debido al mínimo uso de este servicio”.

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Actualmente, la EMAC EP maneja un presupuesto de 2 millones de dólares que deben ser invertidos en 480 hectáreas de áreas verdes públicas; dentro de estas se contabilizan 280 parques.

Consultoría y nuevo ordenanza 

El funcionario aseguró que este presupuesto resulta insuficiente, dado que el mantenimiento no se limita a cortar el césped: incluye jardinería, control fitosanitario, poda y retiro de árboles en riesgo, mantenimiento de juegos y mobiliario, piletas, sistemas de riego, administración de infraestructura y otros servicios. “Solo en mantenimiento preventivo del mobiliario se puede llegar a invertir unos 200.000 dólares”, subrayó Díaz.

Ante la problemática que se agudiza cada vez más, el funcionario de la EMAC EP dio a conocer que está lista una consultoría con la que entrará en marcha la socialización de una propuesta de ordenanza para actualizar las formas de recaudación de las tasas municipales.

Adelantó que el estudio ha establecido que la empresa requiere un presupuesto de 7 millones de dólares para garantizar la intervención de las áreas verdes públicas de la ciudad, entre ellas los parques. “Está lista la consultoría, la presentaremos en los próximos días ante el directorio y luego la ingresaremos al Concejo Cantonal para su respectivo debate y aprobación”, puntualizó, sin detallar fechas exactas para que estos cambios pretendidos entren en vigencia.

Las claves de los casos

• La Corte Nacional de Justicia tramita unos 50 procesos de extradición de ecuatorianos.
• Entre los casos están Daniel Salcedo, requerido por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
• El caso de Nain Massuh evidencia, además, los tropiezos que enfrenta Ecuador en estos procesos.

La extradición de ecuatorianos al extranjero se ha convertido en una herramienta central de la política del gobierno contra la impunidad y para desarticular las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Hoy, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia tramita alrededor de 50 procesos de extradición. Uno de los últimos corresponde a Daniel Salcedo Bonilla, procesado por su participación en el crimen del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio.

Política

Daniel Salcedo acepta ser extraditado a Estados Unidos tras cambiar de postura

Flor Layedra Torres

En el momento que Salcedo salga del país, el juicio en su contra por asesinato quedará suspendido hasta que sea retornado y comparezca ante los tribunales ecuatorianos.

Daniel Salcedo es requerido por la justicia de Estados Unidos por cinco cargos criminales sustentados en envíos de cocaína, acopio de armamento pesado y esquemas avanzados de lavado de activos mediante criptomonedas. Las autoridades norteamericanas ubican a Salcedo como una pieza clave dentro del entramado operativo y financiero de organizaciones transnacionales.

La acusación en EE.UU. contra Salcedo

Según la acusación estadounidense, Salcedo coordinó en febrero de 2026 el traslado de un cargamento de 15 kilogramos de cocaína con destino a Miami, mientras permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito. La investigación señala que la estructura delictiva utilizó ametralladoras y armas automáticas para resguardar el almacenamiento, la logística y el transporte de las drogas hacia Norteamérica.

En el plano financiero, los fiscales norteamericanos identificaron el uso de bitcoins y otras criptomonedas para blanquear millones de dólares provenientes de la venta de drogas.

Para dar soporte y apariencia legal a este flujo de capitales, Salcedo constituyó al menos tres empresas en Estados Unidos, entre ellas Kasaone Holding Inc. y Paramount 2706 LLC, y adquirió bienes inmuebles de lujo en Miami por un valor de $ 1,5 millones.

Si bien el caso de Salcedo es solo uno de los siete procesos de extradición que ha solicitado Estados Unidos, en el plano político esta nación es una de los principales aliados estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional.

Chile, otro aliado

Además de esa nación, Chile se posesiona como otro de los aliados regionales clave en el mapa de la extradición. Actualmente la Corte Nacional tramita el proceso contra Arnol Johao Cantillo Vargas, ecuatoriano requerido por las autoridades chilenas por delitos cometidos en ese país.

Justicia

Caso Villavicencio: testigo que señaló a José Serrano acepta extradición a EE. UU.

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Los hechos que motivan la solicitud ocurrieron el 22 de febrero de 2026. Según la investigación chilena, Cantillo atacó con un arma blanca a su conviviente y, cuando el hijo de la mujer intervino para defenderla, le propinó una puñalada por la espalda que le ocasionó la muerte. 

La mujer sobrevivió, por lo que la Fiscalía de Chile imputa a Cantillo los delitos de femicidio frustrado y homicidio calificado consumado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó de Chile, lo que activó una notificación roja de interpol para su localización internacional. Cuatro meses después, el 24 de junio de 2026, la Policía Nacional de lo capturó en Yaguachi, en Guayas.

“Cada vez que solicitan a un criminal, Ecuador hace la gestión para entregar lo más pronto posible y esperamos lo mismo de otros países”, dijo el ministro del Interior John Reimberg, lo que da muestra de la política sobre la cooperación internacional.

El caso de Massuh

Sin embargo, el uso de la extradición como pilar de la política contra la impunidad también registra episodios de controversia e reveses judiciales.

La Corte Nacional de Justicia resolvió archivar el trámite de extradición activa en contra de Nain Massuh, uno de los procesados clave en el denominado caso Encuentro, trama que investiga presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada en las empresas públicas del sector eléctrico.

Massuh, quien permanecía en Colombia mientras la justicia ecuatoriana requería su comparecencia, quedó eximido del proceso de repatriación forzosa por fallas en el trámite de notificación roja de Interpol.

Un juez de la extinta Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Vinculados con Corrupción y Delincuencia Organizada ordenó que se abra una investigación para determinar las actuaciones, presuntas irregularidades o responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la Policía o de la Fiscalía que intervinieron en el trámite, pero que durante la presentación de la documentación se estancó desde 2024. Como resultado, el juicio para Massuh está suspendido hasta que regrese al país. 

Lo que debes saber

• Pasaje del transporte público de Quito subirá a 40 centavos desde enero de 2027.
• 63 operadoras deberán integrar sus sistemas de monitoreo a la Secretaría de Movilidad hasta diciembre.
• El recaudo electrónico deberá implementarse en los buses de Quito hasta mayo de 2027.

El incremento del pasaje del transporte público en Quito a 40 centavos desde enero de 2027 estará acompañado de nuevas obligaciones para las operadoras. La ordenanza que establece la nueva tarifa también contempla cerca de $23 millones en recursos para los transportistas y fija hitos para mejorar el control de la operación y la información que reciben los usuarios.

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El SAE será obligatorio hasta diciembre

Uno de los primeros compromisos deberá cumplirse hasta el 31 de diciembre de 2026: las operadoras deberán instalar y tener interconectado con la Secretaría de Movilidad el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permite rastrear los buses en tiempo real.

En Quito existen 63 operadoras con cerca de 3.000 buses. Según Jorge Yánez, dirigente transportista, todas ya cuentan con el SAE. El reto, explica, es integrar los sistemas existentes a la plataforma de la Secretaría de Movilidad.

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GPS y cámaras permiten vigilar los buses

El caso de Translatinos, que opera en el sur de Quito con 115 buses, evidencia cómo funcionan estas herramientas. Desde 2021 utiliza sistemas de monitoreo implementados a partir de la ordenanza 17-2020, que exigió estas tecnologías como condición para el anterior incremento de tarifa, de 25 a 35 centavos.

Cada bus cuenta con GPS, cámaras y un contador de pasajeros que diferencia entre quienes suben y bajan. Las cámaras permiten observar tanto el exterior como el interior de la unidad y verificar, entre otros aspectos, la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el respeto a las paradas. Un sistema de sensores registra incluso el lugar donde se abre una puerta.

La tecnología también permite controlar la operación en tiempo real. En el centro de monitoreo de Translatinos se programa diariamente la cantidad de buses que debe circular en cada ruta y se compara esa planificación con lo efectivamente ejecutado.

En un mapa se puede identificar si una unidad está a tiempo, adelantada o retrasada, por ejemplo.

Las 63 operadoras deberán integrar sus sistemas

La información generada por las operadoras es enviada a través de una plataforma que permite centralizar y gestionar los datos. El objetivo es que, hasta diciembre, los sistemas de las 63 operadoras estén completamente integrados al Centro de Gestión y Monitoreo de la Secretaría de Movilidad.

Para alcanzar esta meta, se trabaja en la actualización de los equipos y de la infraestructura tecnológica, incluidos aspectos como las direcciones IP, el hardware y el software.

La tecnología permitirá un doble control

El cambio también implicará un doble control. Las operadoras mantendrán personal encargado del monitoreo, mientras que la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) podrán utilizar la información para verificar el cumplimiento de las condiciones de operación y aplicar sanciones.

Si un conductor se pasa un semáforo, incumple una disposición o presenta otra infracción, el registro tecnológico permitirá identificarlo.

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El recaudo electrónico tiene plazo hasta mayo

El siguiente desafío será el Sistema Integrado de Recaudo (SIR). La ordenanza establece como plazo mayo de 2027 para que todas las operadoras cuenten con esta tecnología.

Translatinos ya dispone de 110 validadores para sus 115 buses, adquiridos en 2021, pero sus equipos deberán conectarse a la plataforma que defina el Municipio. La inversión estimada para un nuevo sistema de recaudo puede llegar a entre $5.000 y $7.000 por bus.

El funcionamiento del SIR requerirá además definir mecanismos financieros, entre ellos un fideicomiso, para que los pagos realizados por los usuarios con tarjetas como la Ciudad puedan llegar a las cuentas de las operadoras.

En el caso de Unitrans, que agrupa buses de la zona suroriental, se estima que serían necesarios alrededor de 700 validadores.

Transportistas plantean cambiar el modelo de gestión

Yánez considera que la tecnología por sí sola no resolverá los problemas del transporte. Por ello, considera fundamental el cambio del modelo de gestión para avanzar hacia un esquema de pago por disponibilidad, en lugar de uno en el que los ingresos del conductor dependan directamente de la cantidad de pasajeros que recoge.

El dirigente también reconoce las falencias en la capacitación y trato de algunos conductores. En ese sentido, las operadoras analizan convenios con instituciones de educación superior para profesionalizar a los trabajadores, con propuestas de mallas curriculares ya presentadas.

El Municipio tendrá más información para fiscalizar

Para Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad, la integración de los sistemas permitirá que el Municipio tenga información objetiva para medir indicadores como cobertura, velocidad de operación, recorridos y cumplimiento de frecuencias.

La tecnología, sostiene, puede convertirse en una herramienta permanente de fiscalización.

El financiamiento será otro desafío

La discusión de fondo será, sin embargo, económica. Buendía recuerda que el transporte es un servicio público concesionado a operadores privados y que el Municipio debe garantizar el equilibrio financiero que permita mantenerlo.

La ordenanza 17-2020 ya planteaba un Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, alimentado por recursos no operacionales como multas, matriculación, publicidad y otros ingresos.

Pese a todos los cuestionamientos que surgieron tras la aprobación del alza de la tarifa y la entrega de la compensación, Yánez es optimista sobre una mejora en el servicio.

El dirigente agrega que lo que Quito necesita es que, independientemente de quién llegue a la Alcaldía, se dé continuidad al proceso que comenzó en 2020.

Economía y negocios

El kéfir gana espacio en las perchas de Ecuador: ¿qué impulsa su consumo?

Lisbeth Zumba

EXPRESO recorrió cuatro de ellas en Quito —B-Sí, TuTi, Mini y un local exprés de Tía— y cotizó en cada una la misma lista de 29 productos, que abarca desde arroz y huevos hasta papel higiénico y pollo, en la presentación más cercana a la cantidad de referencia. 

Así, la lista costó: 

¿Por qué compiten B-Sí, TuTi, Mini y Tía por el mismo cliente?

Las cuatro compiten por el mismo cliente: están diseñadas para quitarle tráfico a la tienda de barrio, explicó Miguel de la Torre, experto en shopper.

Ahí se concentra el 42,9 % de las adquisiciones de alimentos y bebidas no alcohólicas, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (Enighur) 2024-2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que excluye de esa categoría a las cadenas.

¿Por qué la misma lista cambia de precio entre una tienda y otra?

Tras el recorrido, este Diario pudo observar que una lista llega a ser hasta un 26 % más cara, según el lugar, porque cada establecimiento tiene envases distintos o tiene presentaciones propias. 

Al igualar la cantidad —midiendo el mismo kilo, el mismo litro, los mismos 100 gramos— puede subir a 31 % y cambia el orden.

En Mini el total sube al igualar, y la razón es el envase: varias presentaciones son más pequeñas, con huevos de 15 unidades en vez de 30 y queso de 400 gramos en vez de 450.

Si el consumo se mantiene, una presentación más pequeña obliga a comprar más paquetes o a volver antes a la tienda. Al comparar las mismas cantidades, Mini llega a $44,01, el valor más alto de los cuatro, pese a quedar tercera en caja.

¿Cuánto cuestan el café, el papel higiénico y el pollo en cada tienda?

El café es el caso más claro: el sobre de Mini cuesta $0,98, el más bajo, pero trae 20 gramos. A 100 gramos sale en $4,90, más del triple que los $1,39 de TuTi y Tía.

El papel higiénico se compara por metros, no por paquetes: 

el de cuatro rollos— triple hoja— de Tía cuesta $1,95 y el de B-Sí, $1,99, pero los de Tía traen 36 metros y los otros, 40.

Con la misma cantidad de papel el orden se invierte: 

Con el pollo la diferencia está en el peso: el paquete más barato fue el de TuTi, a $4,99, pero su etiqueta declara $2,60 el kilo, sobre $2,48 de B-Sí. 

Tía cobró $3,28 y Mini, $3,42. Cada formato arma su precio distinto.

Economía y negocios

Detergentes en Ecuador compiten por precio, rendimiento y atributos: estas son las marcas

Mayra Pacheco Pazmiño

¿Cuál de estas tiendas es realmente un hard discount?

TuTi es un hard discount, con 600 a 800 referencias y sin promociones; B-Sí, un soft discount, con 1.100 a 1.200, tarjeta y funda.

Mini, el formato exprés de Mi Comisariato; y Tía, aunque esté en los barrios, no es una tienda de descuento, precisó De la Torre.

Desde la vereda, sin embargo, se parecen: locales chicos, surtido corto y marca propia en casi toda la percha. El comprador no distingue esos formatos, agregó.

¿Cómo cambió la forma de comprar en el Ecuador?

El comprador no dejó de consumir, explicó Fernando Hallo, director de Posgrados de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sino que se volvió estratégico: decide dónde paga por la marca y dónde no. 

Los baby boomers y la generación X siguen fieles a las marcas de siempre, coincidió De la Torre; millennials y generación Z alternan más y ya no asocian la marca propia con menor calidad.

El consumo inteligente no es fiel ni al descuento ni a la marca, es fiel a su ecuación de valor
Fernando Hallo

El papel higiénico es una de esas categorías donde cambiar cuesta poco: sin percibir riesgo para su salud, el comprador prueba más fácil una marca barata, explicó Hallo. 

El precio bajo también cuesta variedad: en TuTi hay menos opciones y buena parte de lo que vende es marca propia.

En las otras tres la marca propia convive con marcas conocidas. En Mini están Mr. Pollo, Plumrose, Ladysoft y Alesol, casi siempre en presentación más pequeña: las mismas marcas, pero en sus líneas más baratas, explican los expertos.

Tía fue la única con etiquetas amarillas por vencimiento próximo en marcas reconocidad: un queso de 450 gramos bajó de $3,99 a $2,39 y el pollo, a $2,77 el kilo.

Mini es la única con dos precios según la afiliación: con la tarjeta su compra baja 6,5 %. 

TuTi cobra solo en efectivo, que De la Torre atribuye a una necesidad de liquidez. 

El comprador tampoco concentra todo en un lugar: visita en promedio nueve puntos de venta al año y siete al mes, precisó De la Torre.

¿Conviene recorrer las cuatro tiendas para ahorrar?

Corporación El Rosado tiene en ocasiones juntos a TuTi y Mini, y Corporación Favorita, dueña de B-Sí, abrió uno junto a un Dollar Store en el norte de Quito. Hallo lee esa cercanía como una forma de repartirse la canasta.

El comprador puede entrar a uno por ciertas categorías y completar en el otro lo que falte. "No me entra el dinero en el bolsillo derecho, pero también me está entrando el dinero en el bolsillo izquierdo", explicó.

Recorrer las cuatro rinde poco: tomando cada producto donde resultó más barato, la canasta equivalente baja a $31,23, apenas $2,31 menos que los $33,54 que cuesta en B-Sí. 

Entonces, ¿cómo comprar mejor? Hallo lo resume en tres decisiones: comparar por kilo, litro o unidad y no por paquete, probar la marca propia donde el riesgo percibido es bajo y no dejar que el precio bajo lleve a comprar de más. 

"El consumo inteligente no es fiel ni al hard discount ni a la marca tradicional, es fiel a su ecuación de valor", afirmó Hallo.

El descuento le enseñó al ecuatoriano a comprar queso maduro

El descuento no solo compite por precio. También está cambiando qué productos entran en el carrito del ecuatoriano. 

Miguel de la Torre, experto en shopper marketing, explica que estos formatos pueden funcionar como una puerta de entrada a categorías que antes tenían poca presencia en la compra cotidiana.

Un ejemplo es el agua micelar. Según De la Torre, TuTi llegó a liderar esa categoría no porque desplazara a quienes ya compraban otras marcas, sino porque atrajo a consumidoras que nunca habían utilizado el producto y que se animaron a probarlo por primera vez a un precio más bajo.

Economía y negocios

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El mismo fenómeno se ha dado con los alimentos. De la Torre sostiene que el descuento “educó” al ecuatoriano a comprar queso maduro, una categoría que actualmente crece a doble dígito, pero también vino, tocino, jamón serrano y aceitunas, productos que antes eran menos habituales en la mesa.

Pero el precio bajo no tiene el mismo poder en todas las categorías. La facilidad con la que una marca propia entra al carrito depende de cuánto riesgo perciba el comprador al cambiar de producto.

En artículos como el cloro o el limpiapisos, donde la marca pesa menos en la decisión, probar una opción más barata resulta más sencillo. De la Torre estima, por ejemplo, que cerca de la mitad del cloro que se vende en Ecuador correspondería ya a la marca propia de TuTi.

La barrera aumenta cuando el comprador siente que está poniendo en juego algo que cuida especialmente. En productos para el rostro o la higiene bucal, la confianza en la marca tiene mucho más peso y un precio bajo no necesariamente basta para provocar el cambio.

El caso del agua micelar funciona de otra manera: allí el descuento no tuvo que arrebatarle consumidoras a una marca en la que ya confiaban, sino convencer a nuevas usuarias de entrar a una categoría que todavía no consumían.

La marca propia, por tanto, tiene más espacio para crecer allí donde el comprador busca principalmente que el producto cumpla una función básica. Cuanto mayor es la confianza, especialización o desempeño que exige, más difícil resulta sustituir una marca conocida solo por precio.

Para las marcas comerciales, De la Torre señala que la principal defensa está en la innovación y la tecnología. 

Guayaquil

La Puntilla le pasa la factura de su crecimiento al próximo alcalde de Samborondón

Diana Sotomayor

Mocolí, un paraíso con deficiente servicio de agua

Ocurre en Mocolí. La entrada y salida de tanqueros por las garitas es diaria; las familias se ven obligadas a llenar sus cisternas privadas ante la deficiente presión de la red pública. David Abramowicz, residente de la ciudadela Isla del Río, advierte el deterioro progresivo del servicio. Aunque su vivienda sufre menor afectación por ser de las primeras construidas, la escasez ya golpea a sus vecinos. “El problema sigue y se agudizará a medida que lleguen más familias a la isla”, advierte.

Diario EXPRESO expuso este inconveniente a finales de 2025. En esa fecha, la concesionaria Amagua atribuyó los cortes a un “problema aislado” provocado por “días de calor” y el aumento de demanda. También justificó fallas en la tubería matriz. Nueve meses después, el escenario no ha mejorado. Ante la falta del líquido, los afectados recurren a la vía privada. Según las denuncias recibidas, abastecerse cuesta entre 50 y 60 dólares por cada tanquero.

Las quejas presionaron al Municipio de Samborondón a reaccionar. La institución inició medidas administrativas contra Amagua debido a estas constantes falencias en el servicio, solicitando también un plan de contingencia inmediato para la ciudadanía afectada.

Guayaquil

Municipio de Samborondón abre expediente contra Amagua tras recurrentes cortes del servicio potable

Carlos Isaac Pino

Ciudad Celeste, otro problema

Para otros abonados, la escasez es algo de años. En la vivienda de Guillermo Carrillo, en la etapa La Brisa de Ciudad Celeste, lo excepcional es tener servicio. “Me levanto a las 05:00 y la presión es bajísima. Regreso al mediodía y no sale nada. No tenemos bomba para la cisterna, pero es injusto que pagando 40 dólares al mes, siendo tres personas, el servicio sea tan malo”, cuestiona.

Guayaquil

La Aurora y La Puntilla ejercen presión a Amagua por mejoras

Paul Sebastian Arias Castillo

Carrillo, estudiante universitario, asume el traslado manual de baldes, pero rechaza que sus padres enfrenten estas condiciones. Asegura que tras reiterar quejas formales por los cortes, la concesionaria optó por bloquear sus perfiles en redes sociales.

Un reportaje previo de EXPRESO documentó la situación de esta etapa a finales de 2024. Carrillo afirma que el suministro mejoró levemente tras la publicación, pero el alivio duró dos semanas y los cortes volvieron a la rutina diaria.

Ante la inacción, su familia documenta el déficit en una matriz de Excel. Los datos evidencian que la etapa recibe entre cuatro y seis horas de servicio al día, restringido a la madrugada (de 03:00 a 06:00). Quienes no poseen reservorios compran agua a precios inflados en el mercado informal. A este impacto económico se suman los gastos por limpiezas de cisternas y recargos facturados por “inspecciones técnicas” que no resuelven el problema.

Catalina S., moradora de Ciudad Celeste desde 2022, confirma el declive de la red. En 2024, la presión comenzó a caer durante el día y se normalizaba en la noche. Para 2025, el flujo diurno desapareció totalmente. “Llegaba a las 10:00 y no tenía una gota en la llave; tocaba prender la bomba. Ahora los fines de semana la presión también es baja o cortan de tajo. Amagua justifica que hay daños en Daule o La Aurora, pero ya son recurrentes. Prolongan los cortes a diario”, detalla.

Al contactar a la operadora, la empresa envía cuadrillas domiciliarias argumentando fallas internas que los propietarios descartan. “No hay problemas en las casas. El problema es que ya no dan un buen servicio. Las planillas son altísimas porque te cobran por todo”, reclama Catalina.

Un asunto de urbanismo y planificación

La crisis del servicio expone una carencia estructural. El urbanista y académico Brick Reyes argumenta que el desabastecimiento crónico en sectores densamente poblados responde a una nula planificación urbana, responsabilidad directa de las autoridades municipales.

“No se debió permitir la construcción de ningún programa de vivienda si no tenía solucionada la dotación de infraestructura: agua, electricidad, alcantarillado y desalojo de aguas lluvias”, advierte Reyes, quien señala que la proliferación inmobiliaria en La Puntilla colapsó la capacidad técnica del sistema matriz.

Para el experto, la única salida técnica exige rediseñar el suministro mediante un plan maestro proyectado a 50 años. Además, precisa que la falta de agua es solo un eslabón del desorden territorial: “El problema grave también es la movilidad, la falta de transporte y de espacios públicos. La solución no debe verse como un problema aislado de Samborondón, Daule o Durán, sino bajo el concepto del Gran Guayaquil”.

Los puntos claves de esta historia

• El rastro de las liquidaciones conduce a un grupo reducido de nombres que se repiten en decenas de registros societarios.
• Más de 300 liquidaciones han sido entregadas durante la gestión de Luis Cabezas-Klaere, quien entró a la 'Super' de Compañías en 2024.
• Varios entrevistados mencionan presuntos cobros de "diezmos" para acceder a encargos que generan honorarios.

"Hay una nómina de liquidadores e interventores, de la que yo alguna vez fui parte tras un proceso de selección. Ahora a esa nómina de profesionales no le dan ninguna importancia. Únicamente interesa la nómina de las personas que están cerca de Cabezas-Klaere", dice un exliquidador experto en asuntos societarios, que prefiere mantener su nombre bajo reserva porque en la actualidad es funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Este es un extracto de uno de los testimonios que Diario EXPRESO documentó en una investigación de más de dos meses sobre la administración de intervenciones y liquidaciones de empresas en la gestión de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías, Valores y Seguros, quien fue posesionado el 15 de octubre de 2024. Esta fecha es importante para poder entender los acontecimientos que se mencionarán en este artículo.

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La Superintendencia de Compañías es la entidad que vela por la salud financiera, administrativa y operacional de las empresas registradas en el Ecuador.

Si estas entran en complicaciones o infracciones, la entidad, dependiendo del caso, ya sea por pedido de accionistas o de oficio, interviene los negocios para intentar rescatarlos, o abre procesos de liquidación para sanear la mayor cantidad de deudas con la venta de activos o cobro de valores. Con lo recaudado se paga a exempleados, jubilados, entidades estatales y bancos privados, en ese orden.

La búsqueda de información tras alertas de anomalías

En la búsqueda de información, este Diario entrevistó a más de una decena de personas, incluidos interventores y liquidadores que actualmente están activos, funcionarios y exfuncionarios de la ‘Super’, abogados que han buscado explicaciones en esa entidad ante procesos presuntamente irregulares, exempleados de compañías que llevan una larga espera por sus haberes y viudas de quienes buscaban el cobro de sus liquidaciones.

Varios de ellos hablaron y compartieron documentación de sustento bajo el compromiso de mantener su identidad en reserva, ante las potenciales represalias. Por ejemplo, liquidadores que no son parte del grupo beneficiado con decenas de liquidaciones, temen ser removidos de los pocos encargos que aún tienen y de los que, en varios casos, todavía no han cobrado sus honorarios.

Las fuentes consultadas, muchas de ellas sin conocerse entre sí, coinciden en que desde finales de 2024 e inicios de 2025 existe una suerte de favoritismo en la asignación de intervenciones y liquidaciones de empresas, sobre todo de compañías que tienen activos o millonarias cuentas por cobrar. Con esas pistas, EXPRESO buscó información que confirmara algún patrón o tendencia.

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A partir de hoy, este Diario publica una serie de reportajes que revela la concentración de liquidaciones en un grupo de abogados, ingenieros, economistas y administradores, entre los que figura una amiga del superintendente.

Los entrevistados también mencionan la existencia de un supuesto sistema de cobro de diezmos para acceder a lucrativas intervenciones o liquidaciones (un encargo regular puede representar honorarios de hasta $3.000 al mes o por fase, por cada empresa que se administre); la emisión de resoluciones ‘exprés’ para quitar y entregar ese tipo de encargos; una supuesta falta de control de la ‘Super’ a empresas involucradas en operaciones bursátiles opacas, entre otras anomalías.

Este Diario tuvo acceso a una base de datos de la Superintendencia de Compañías, cuyos registros tienen fecha de corte del 9 de junio pasado. En el archivo constan 501 empresas bajo la administración de 21 liquidadores, es decir, hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo, de acuerdo con el documento.

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Para citar unos cuantos ejemplos, la abogada Elizabeth Jiménez, persona cercana a Cabezas-Klaere, registraba 12 liquidaciones; Roberth Torres, 34; Carlos Cadena, 40; Patricio Salazar, 72 (ver el gráfico).

En el caso de Jiménez, todas las liquidaciones se las encargaron en la administración de Cabezas-Klaere. Para el cierre de esta investigación, ya no eran 12, sino 15, desde el 24 de octubre de 2024 hasta el 14 de agosto pasado.

Todas las liquidaciones entregadas a Torres, que subieron a 41, también han sido asignadas en la administración actual, desde el 19 de diciembre de 2024 hasta el 14 de agosto.

En el caso de Cadena, 14 de las 41 (a mediados de agosto) también se otorgaron en los dos últimos años. Al 14 de agosto, 309 liquidaciones se habían entregado desde que Cabezas-Klaere está en el cargo, según la información disponible.

De acuerdo con el análisis, el medio millar de liquidaciones en manos de la veintena de personas representan aproximadamente el 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

Los problemas percibidos desde finales de 2024 en la 'Super'

“Años atrás, nosotros fuimos calificados por parte de la Superintendencia para ser interventores y liquidadores. Y en el mejor momento tuve cuatro liquidaciones y tres intervenciones. Pero que una persona tenga treinta... ¡treinta! Entonces, uno dice: ‘De gratis no ha de ser’”, menciona Milton, un interventor entrevistado, cuya identidad está bajo reserva. Él le relata a EXPRESO las anomalías percibidas desde finales de 2024 e inicios de 2025, con soportes documentales.

En ese entonces le retiraron el encargo de tres intervenciones, de empresas relacionadas con cultivos agrícolas y comercialización de productos de primera necesidad, según los registros.

“Con el cambio (llegada) de superintendente (el 15 de octubre de 2024) y de la intendenta regional de Compañías de Quito, a cinco interventores nos quitaron los casos de intervención. (Nos enteramos de los casos del resto) en una conversación que tuvimos en un chat: ‘Oigan, chicos, me quitaron a tal empresa’, decía uno. ‘¿Y por qué?’, preguntó otro. ‘No sé, solo me notificaron’. De repente, otro: ‘A mí también me quitaron’. A mí me quitaron todo”.

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El profesional, de unos cincuenta años de edad, dice que ese fue un golpe duro porque cuando se realizan intervenciones hay más posibilidades de cobrar los honorarios debido a que la compañía sigue operando, es decir, hay mayor flujo de dinero, a diferencia de una compañía en liquidación.

Esteban, otro liquidador con diez años de experiencia y quien también teme que lo veten de esos encargos, recuerda que desde diciembre de 2024 hasta la fecha no le han asignado ningún caso de intervención.

“En ese mes sale (de la institución) el intendente regional de Compañías de Quito y tres días después le ponen a otro liquidador (su reemplazo en una empresa de procesamiento de productos del agro, según los documentos). Los liquidadores somos de libre remoción, pero lo que me llama la atención es que cuando nombran a un liquidador o a un reemplazo, usualmente se demoran de dos a tres meses en posesionarse”, comenta aún sorprendido.

Esteban se refiere a Pablo Garcés, intendente regional de Compañías de Quito desde el 11 de mayo de 2022 hasta el 5 de diciembre de 2024, a quien recuerda por haber implementado un sistema de asignación aleatoria de interventores y liquidadores.

“Antes, cuando asignaban empresas, lo hacían a través de ternas, compuesta por tres o cuatro interventores o liquidadores. Simplemente salía sorteado”.

El otrora sistema de ternas y sorteos para entregar encargos

Pablo Garcés le explica a EXPRESO que en su gestión escogían a los interventores de una terna que era sometida a un proceso de selección creado en un programa computacional. Algo similar sucedía con la designación de liquidadores.

“¿Qué me llevó a eso? Simplemente haber sido usuario de la ‘Super’ por más de 30 años y a efectos de dar mayor claridad y transparencia en cuanto a la selección, para que no se entienda que existe algún tipo de favoritismo hacia nadie, ni hacia las compañías ni a los interventores o liquidadores”, detalla Garcés, quien desconoce los criterios actuales para escoger los perfiles.

El exfuncionario recuerda que estableció varios requisitos que debían cumplir los postulantes a interventores y liquidadores, con el fin de mejorar la calidad de los procesos. Y agrega que durante su paso por la entidad detectó ciertos casos de concentración de encargos, por lo que, señala, se redistribuyeron las tareas.

“No era dable que tengan tantas compañías. Entre tres y cinco es más que suficiente, más aún habiendo tantas personas calificadas. La desventaja más grande (de tener múltiples intervenciones y liquidaciones) es el tiempo que le va a tomar al profesional atender más de tres o cinco compañías, porque va a ocupar demasiado tiempo en cada una de ellas. Eso hará que la intervención o liquidación dure más tiempo”, explica.

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Doña Susana, viuda de Pedro Morales, un trabajador de la empresa quiteña Tejidos Pintex que está en proceso de liquidación desde enero de 2025, tras un proceso de intervención que data de 2024, conoce muy bien esa espera. Su esposo, quien tenía 20 años de labores en esa compañía relacionada con la familia de la vicepresidenta María José Pinto, falleció en el 2023 por complicaciones en sus pulmones.

“La liquidadora (Elizabeth Jiménez) no nos atiende, no nos paga. La Superintendencia debe revisar ese proceso. Los compañeros de mi esposo me han dicho que la liquidadora está pagando a otros lados. En vez de pagarnos a nosotros está pagando a otros, vendiendo las cosas de la fábrica”, denuncia Susana.

La complejidad de tener múltiples delegaciones de la 'Super'

Elba, otra liquidadora con más de diez años de experiencia que pidió que se omita su identidad, coincide con Pablo Garcés sobre la complejidad de las liquidaciones simultáneas, más aún cuando el proceso de liquidación es más voluminoso que una intervención.

“En un tiempo, cuando recién empecé con el tema de las liquidaciones, llegué a tener diez. Me enfermé. Recién estoy saliendo de lo que estaba enferma. Es un estrés terrible, dormir solamente tres, cuatro horas. Y cuando nos asignaban intervenciones nos decían que unas eran pagadas y otras las teníamos que hacer gratis”.

La incertidumbre que han vivido los interventores y liquidadores, o extrabajadores de empresas en procesos largos y sus familias, también la han sentido accionistas de las firmas, como lo comenta Milton, el interventor que recuerda uno de los casos en que lo reemplazaron de forma imprevista. Él enlista las situaciones que implican los cambios de administradores.

“Ya habíamos concluido el trabajo. Solo se esperaba que yo presente el informe y que el departamento de la ‘Super’ analice y se expida la resolución del levantamiento de la intervención. Ocho meses duró ese trabajo. Asignaron a otro interventor y lo que hicieron es echar abajo los informes y comenzar desde cero. Fíjese el problema para una empresa que tiene que incluir en su rol de pagos a una persona adicional (interventor). ¿Sabe cuánto tiempo se quedó? Un año más”, revela el interventor.

El tema del que "todo el mundo sabe" y que genera recelo

Entre los integrantes del gremio de interventores, liquidadores, exfuncionarios y servidores aún en funciones hay temas opacos que suelen discutirse con cierto recelo. Como las voces que comentan que para recibir una delegación no basta con la trayectoria o capacidad profesional.

Varios testimonios coinciden en la existencia de presuntos cobros de “diezmos”: de unos $1.000 por cada empresa asignada o un porcentaje de los honorarios mensuales que fija la propia institución.

“A mí me llegaron personas a decirme: ‘Mira, yo soy muy allegado a esta persona (alto funcionario). Yo te puedo recomendar para que te asignen, pero te cuesta tanto’. Entonces dije: ‘No, te agradezco mucho’. Es vox populi. Evidencias no van a existir, pero todo el mundo sabe que tienes que pagar para que te asignen un caso”, sostiene el interventor.

La reportería de esta investigación ha sorteado el silencio de las autoridades, que no han contestado los pedidos de entrevista y de información realizados a través de correos institucionales y del Portal Nacional de Transparencia (la ‘Super’ no entregó el listado liquidadores y remitió un reglamento). Los liquidadores mencionados en el gráfico tampoco atendieron una solicitud.

En la superintendencia también hay hermetismo por un acuerdo de confidencialidad que firmaron los servidores entre finales del 2025 e inicios del presente año, según las fuentes (un funcionario compartió el documento).

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• En 2026, operaciones antidrogas pusieron bajo vigilancia a embarcaciones pesqueras de Ecuador.
• Familias pesqueras cuestionan si los operativos golpean al narco o afectan a inocentes.

La madrugada parecía una más en altamar hasta que las luces aparecieron en el horizonte. Luis Franco, pescador manabita de la embarcación María Candelaria, recuerda que todo ocurrió con rapidez. Hombres armados abordaron el barco, los tripulantes fueron trasladados a una nave guardacostas y luego quedaron incomunicados.

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“No podíamos ver ni escuchar nada. Todo eso nos preocupaba. Pensamos en algún momento que no volveríamos a ver a nuestros familiares. Pensamos lo peor”, relata. Días después, el María Candelaria ya no existía.

La embarcación fue hundida por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, tras ser señalada como una presunta plataforma logística vinculada a Los Choneros. Sus tripulantes regresaron a Ecuador, pero la incertidumbre no terminó. 

Ahora enfrentan un proceso judicial, medidas cautelares y una pregunta que divide a expertos, autoridades y comunidades pesqueras: ¿se está golpeando al narcotráfico o a pescadores atrapados en una guerra que no les pertenece?

Seis embarcaciones destruidas en pocas semanas

El hundimiento de embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico ha dejado de ser un hecho aislado. En pocas semanas, al menos seis barcos fueron intervenidos y destruidos por fuerzas estadounidenses durante operaciones antidrogas coordinadas en aguas internacionales.

Las acciones ocurren en medio del fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico marítimo, una de las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para enviar cargamentos de droga hacia Centroamérica y Norteamérica.

La presión internacional aumentó después de que informes de inteligencia identificaran el Pacífico oriental como una de las principales ‘autopistas’ del narcotráfico mundial. En ese escenario, embarcaciones pesqueras ecuatorianas pasaron a estar bajo especial vigilancia.

Sin embargo, el debate no gira únicamente alrededor de la droga. También involucra derechos humanos, jurisdicción internacional, soberanía y la situación de cientos de familias que dependen de la pesca artesanal e industrial.

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La visión de quienes defienden los operativos

Byron Sanmiguel, excomandante de la Marina y especialista en seguridad marítima, sostiene que las intervenciones responden a un trabajo de inteligencia previo y no a operaciones indiscriminadas.

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Según explica, en el Pacífico opera actualmente una estrategia regional integrada por varios países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Como parte de ese esquema se creó recientemente una fuerza de tarea del hemisferio occidental impulsada por Estados Unidos.

Para el oficial en servicio pasivo, la clave está en el papel que cumplen ciertas embarcaciones pesqueras. “La inteligencia identifica barcos que no están realizando actividades normales de pesca. Son plataformas logísticas que suministran combustible a las lanchas rápidas del narcotráfico”, señala.

Los indicios que observan las autoridades

El experto menciona varios elementos que suelen ser considerados indicios por las autoridades: 

Desde su perspectiva, las embarcaciones intervenidas forman parte de una cadena que permite a organizaciones criminales extender el alcance de las llamadas ‘go fast’, las lanchas de alta velocidad utilizadas para transportar cocaína.

“Los marinos sabemos distinguir cuándo una embarcación está pescando y cuándo está dedicada a otra actividad. Hay variables técnicas que permiten identificar comportamientos sospechosos”, argumenta.

Las críticas a la estrategia de Washington

No todos comparten esa visión. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, cuestiona duramente la estrategia impulsada por Washington. Considera que las acciones responden más a una narrativa política que a resultados concretos contra el narcotráfico.

A su juicio, la destrucción de embarcaciones representa una escalada preocupante porque, según afirma, en varios casos no se ha mostrado públicamente evidencia sobre cargamentos de droga encontrados durante las operaciones.

Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático.Mike Vigil, exdirector del DEA

“Mientras exista demanda de drogas, el problema continuará. Estas acciones pueden generar impacto mediático, pero no necesariamente reducen el tráfico internacional”.

Vigil añade que millones de pescadores desarrollan actividades legítimas en la región y advierte sobre el riesgo de que personas ajenas al narcotráfico resulten afectadas por operativos agresivos.

Sus declaraciones reflejan una discusión que también aparece en comunidades pesqueras de Manabí, donde familiares de tripulantes aseguran que los procedimientos realizados en altamar han generado miedo e incertidumbre.

“Somos pescadores, no delincuentes”

José Mero todavía recuerda el momento en que volvió a abrazar a su familia. “Somos pescadores, no delincuentes”, afirma. La frase resume el sentimiento de varios tripulantes que recuperaron la libertad tras permanecer retenidos y comparecer ante la justicia ecuatoriana.

Aunque fueron liberados, deben cumplir medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades. Su situación jurídica se resolverá en una nueva audiencia prevista para finales de septiembre.

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El impacto económico en las comunidades pesqueras

Mientras tanto, las secuelas económicas son evidentes. Cada embarcación hundida representa una inversión de cientos de miles de dólares.

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Detrás de cada nave existen armadores, pescadores, mecánicos, comerciantes de hielo, proveedores de combustible y decenas de familias que dependen de la actividad pesquera.

La preocupación en los puertos ecuatorianos se agravó con la desaparición de los ocho tripulantes del Fiorella, cuyo paradero sigue sin conocerse.

César Pico, dueño de una embarcación pesquera, asegura que existen videos que muestran procedimientos realizados por personal extranjero armado.

Para él, la incertidumbre crece porque muchas familias desconocen qué ocurre exactamente cuando una nave es interceptada lejos del territorio continental.

La delgada línea entre pesca y narcotráfico

Un oficial de la Armada ecuatoriana que participa en tareas de vigilancia marítima y pidió mantener su identidad en reserva sostiene que el problema es más complejo de lo que parece.

Según explica, el narcotráfico ha encontrado en algunas embarcaciones pesqueras una infraestructura ideal para a ampliar sus operaciones en el Pacífico. “Existen barcos que salen a pescar y existen barcos que utilizan la actividad pesquera como fachada. Esa es la dificultad operativa”, admite.

El marino añade que las organizaciones criminales han perfeccionado durante años sus métodos para mezclar actividades legales con operaciones ilícitas.

“Las rutas marítimas son esenciales para el narcotráfico. Muchas veces las embarcaciones no transportan droga. Transportan combustible, víveres o apoyo logístico para otras naves de la red”, explica.

Lo que debes saber:

• La deuda del MSP y el IESS con dializadoras llega hasta 26 meses en varias provincias.
• Pacientes de Pichincha y Los Ríos denuncian menos horas o sesiones de diálisis.
• Las clínicas advierten que la falta de pagos amenaza su operación y la atención renal.

Se podría decir que están en los dos extremos de una misma cuerda: lo que ocurre con los dueños de las clínicas de diálisis afecta a los pacientes renales. Ahora, más que nunca, la situación de unos y otros los acerca.

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Para el turno de diálisis que comienza a las 10:00, en la sala de espera de un centro del norte de Quito, hombres y mujeres de poco más de 30 años y mayores de 60 hablan sobre un temor, que les inquieta tanto como la enfermedad: perder las diálisis que necesitan para seguir vivos.

Dentro de la clínica, una enfermera cuenta que se siente devastada. Lleva ocho años trabajando allí y asegura que acumulan un año sin recibir pagos. 

“Es insostenible. Los dueños de casa no nos creen”, relata. Su jornada comienza a las 05:40, aunque llega antes para preparar la sala, y se prolonga hasta las 16:00.

“Esta crisis nos afecta a los pacientes y a nosotros”. La mujer llegó de Cuba para trabajar y ayudar a su familia. “Vivo con mi esposo; de otro modo, imagínese. No trabajo por hobby, sino por necesidad”. 

También habla de los pacientes. Lloran, acuden a manifestaciones para reclamar por la falta de pagos a los centros. “Esto es vida o muerte. Son tres veces a la semana. Da terror cuando se enteran que han cerrado centros”.

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Las experiencias de los dueños de dializadoras

El director, que pide mantener en reserva tanto el nombre de la clínica como el suyo, sostiene que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les adeuda 26 meses de pagos, por unos 2 millones de dólares. 

La clínica lleva décadas prestando este servicio al Estado. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la deuda corresponde a un año.

La situación, explica, ha llegado al límite. Ya no tienen capacidad para seguir endeudándose y los proveedores han dejado de prestarles. A eso se suman procesos judiciales iniciados por algunos exempleados. 

“Si quebramos, quedaremos con deudas. No sé cuándo nos cancelarán. Tampoco podemos dejar a los pacientes sin sus tratamientos. En 15 días morirían”, dice, angustiado.

El nefrólogo Luis Serrano, director del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín, en Guayaquil, sostiene que la crisis del sector puede medirse así: tenían 120 colaboradores y atendían a 350 pacientes derivados por el MSP y el IESS. “En los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa se han acumulado facturas”.

Por eso ha tenido que devolver pacientes y el IESS no le renovó el convenio. La reducción ha sido drástica: atiende a 37 personas con un equipo de 22 trabajadores. Solo espera a junio del 2027, para terminar el contrato y pagar las deudas.

Yoseline Mantilla, administradora de la Unidad de Hemodiálisis Los Ríos, anota que sirven a la población desde hace 23 años. Subraya que “han perdido credibilidad con los proveedores y ahora solo aceptan compras al contado” debido a los atrasos en los pagos del MSP e IESS. “Si seguimos así habrá una quiebra de las dializadoras”.

Semanas atrás estuvieron involucrados en una polémica con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo directivo del Seguro Social, quien sostuvo que su reclamo era netamente político, ya que les han pagado 2.6 millones de dólares para garantizar las atenciones y ha reconocido que la deuda alcanza los cerca de 6 millones.

Sobre eso, Mantilla niega que el tema sea político. Dice que “presentan una realidad descontextualizada, no hablamos contra un Gobierno. Pero esos $ 2.5 millones no fueron de facturas del 2026, sino de diciembre 2025 y del 2024. Mientras la deuda sigue creciendo. No alcanzan para seguir funcionando. Si sumamos la deuda del IESS y el MSP son $ 10.7 millones”.

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Pamela Luna señala que Dial Ríos, Dialife y Contigo, de Los Ríos, que existen desde el 2010, tienen 1.200 pacientes. El Ministerio les debe pagos desde hace 26 meses; el Seguro Social Campesino, 17 meses; y el IESS, 12 meses. Afirma que han pasado por auditorías. 

Como los demás centros deberían recibir $ 1.456 por 12 sesiones de diálisis, lo que incluye insumos. Es complejo seguir así, dice. Además hay 280 personas esperando que se abran cupos para dializarse, en la provincia. 

Otros representantes de dializadoras, incluyendo transnacionales, corroboran en off: el MSP les debe 26 meses de pagos. Incluso los internacionales dicen no contar con músculo financiero para mantener el servicio.

La Corte Constitucional ordenó al MSP organizar un plan de pagos a dializadoras

EXPRESO envió un pedido de información al respecto al Ministerio de Salud y al IESS y no ha tenido respuesta. 

A través de un comunicado, el Seguro Social indicó que sus principales autoridades recorrieron unidades médicas y visitaron dializadoras externas en Pichincha, Los Ríos y Guayas, en la primera semana de septiembre. 

“Se comprometieron a continuar con el pago mensual de los servicios de diálisis en favor de los pacientes renales derivados de la Seguridad Social”. 

Pero, pacientes de Los Ríos y Pichincha dicen que las diálisis diarias ya no duran cuatro sino tres horas e incluso dos sesiones a la semana y no tres, lo recomendado.

La Corte Constitucional ha ordenado que el Ministerio de Salud elabore una política pública para la prevención de enfermedades renales y parámetros para garantizar el derecho a la vida. Ordenó que las carteras de Finanzas y Salud elaboren un plan para cumplir con los pagos, pero no existe un pronunciamiento oficial al respecto.

Lo que debes saber

• Lo que comenzó como una coincidencia en los sepelios de antiguos compañeros terminó convirtiéndose en una celebración de la amistad. 
• Cerca de 50 años después de ingresar a la Espol, exalumnos y exprofesores volvieron a encontrarse para recordar su época universitaria.

Cincuenta años han pasado desde que compartieron por primera vez un aula, pero al reencontrarse este sábado 12 de septiembre parecía que el tiempo no había pasado. Las risas, las bromas y hasta las historias de sus años como estudiantes aparecieron en el campus Prosperina de la Espol. Son cinco décadas de tantas anécdotas que decidieron que era momento de celebrar.

En un área social la cumbia y el clásico I Will Survive, de Gloria Gaynor, fueron la atmósfera perfecta para este reencuentro. Y qué mejor que hacerlo saboreando un suculento encebollado.

Con el amable sol, propicio para una cerveza, llegaron los compañeros ingenieros para celebrar. Hubo de todo, pues la fiesta la pusieron ellos, con su gallardía y selfies para recordar este momento que los volvió a unir en su institución tan recordada. Ellos, algunos acompañados de sus esposas, estaban orgullosos de volver.

Pasado el mediodía, hicieron alarde de aquellas actividades que aún resuenan en su memoria: ‘Canta si Puedes’, que se trataba de un campeonato estudiantil que marcó a una generación de politécnicos. Uno de los más aplaudidos fue un exalumno que sacó lo mejor de sí para interpretar al recordado Leo Dan.

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Pero no fue lo único. La gran foto grupal arrancó a más de uno una broma de aquella época y todos posaron en las gradas, como aquellos días en los que los estudiantes iban tras el sueño de alcanzar una ingeniería. En el momento del canto, hubo quienes evocaron que, si cantabas mal, te echaban papel periódico.

En aquella época, quienes querían ser ingenieros debían compartir dos años todas las clases. Así lo recuerda Olmedo Castro, ingeniero eléctrico y uno de los que llevó al frente esta iniciativa, que contó con la aprobación de la actual rectora.

“Todas las ingenierías tenían un denominador común, que era el primer y segundo año, y luego ya en el tercero escogías la carrera. Los que empezamos en 1976 nos veíamos todos los días, pero la amistad quedó grabada”, contó el también máster en Administración de Empresas.

Sin embargo, la cita no solo era de los exalumnos. También estuvieron quienes forjaron ese largo camino académico, como los exprofesores. Hubo un momento para recordar, además, a quienes ya se fueron físicamente. Ellos, así como los docentes, también fueron mencionados y se les rindió un homenaje previo al evento. Uno a uno fueron nombrados en estos 50 años.

¿Cuándo surgió la idea de reunir a todos los politécnicos?

Castro resalta que ocurrió cuando comenzaron a verse compañeros en los sepelios de otros. Fue ahí cuando se cuestionaron por qué tener encuentros para lamentar la pérdida de un amigo y por qué no hacer un encuentro de amigos.

El mensaje estaba claro y fue entonces cuando se formó un grupo que lideró la actividad y ayer vio el fruto. Los aplausos, recuerdos de las aulas y las madrugadas sin dormir para aprobar los exámenes se conjugaron mientras un DJ ponía canciones que invitaban a más de uno a mover las caderas, mientras en una pantalla se transmitían imágenes de todos. 

Otros compañeros recordaron la época en la que se formó un grupo estudiantil que marcó a la generación de politécnicos: el campeonato de fútbol entre mujeres. Y resulta que, concordaron, había compañeras que “jugaban mejor que un hombre”. Incluso recordaron a una excompañera a la que le decían “La Maradona”.

El evento, que se desarrolló en una de las áreas sociales, iba a culminar, pero no sin antes desarrollar más actividades que formaron parte de su paso estudiantil. Aún faltaba la elección de la Reina del Novato y el Rey Feo. Quizá estos eran otros de los eventos que más tenían los celulares listos para grabar o fotografiar. Nadie quería perderse cómo han pasado los años y ver que la autenticidad y el carisma continúan a flote.

Aunque recordaron que esta generación terminó su carrera en el campus Las Peñas, en el centro, entrar al campus Prosperina, ver las canchas y una piscina les trajo gratos recuerdos.

Y esos recuerdos son los que anhelan seguir plasmando, pues muchos siguen activos en sus profesiones y quieren que perduren esos principios y seguir siendo guías para, de alguna manera, contribuir a resolver los problemas que tiene el Ecuador.

Lo que se sabe

• Ecuador exportó 3,6% más volumen de madera, pero el valor FOB cayó 2,4% entre enero y julio de 2026 frente al mismo período de 2025.
• India concentra 98,7% del valor de las exportaciones ecuatorianas de teca, mientras otros mercados todavía representan una participación marginal.
• Los costos de extracción de madera aumentaron 15% a 20% y el flete marítimo hacia India pasó de unos $500 a alrededor de $900 por contenedor.

En el Rancho Alemán ubicado en Bucay, el productor Alexander Matecki observa uno de los troncos de teca. No necesita cinta métrica, puesto que su experiencia le permite estimar, con solo mirarlo, que el árbol ya alcanzó entre 80 y 90 centímetros de circunferencia. “Ese árbol ya se puede cosechar”, dice. La plantación de 10 hectáreas tiene 24 años y ya fue raleada -cortaron ciertos árboles de la plantación para reducir su densidad- dos veces, porque la madera, a diferencia de otros cultivos se cosecha tras varios años de trabajo. “Lo mínimo que hay que esperar son 15 años para que tenga un grosor aceptable”, explica el productor. Esa espera, y lo que ocurre mientras tanto en el mercado internacional, es la historia detrás de las cifras de las exportaciones madereras del país en 2026.

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La teca, explica Matecki, llegó a Sudamérica a través de Trinidad y Tobago, donde comenzó a sembrarse en 1913. Desde esa isla del Caribe provino la primera semilla utilizada para establecer las plantaciones de teca en Ecuador. No obstante, su despegue comercial ocurrió recién en 1996, cuando India prohibió la tala de sus bosques nativos y salió a comprar en América del Sur.

Desde entonces, India se convirtió en el mercado natural de la teca ecuatoriana. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), se han exportado 146.715 toneladas de teca entre enero y julio de 2026, un 19,7% más que en el mismo periodo de 2025, con un valor FOB de $25,69 millones (+30,8%).

Sin embargo, ese crecimiento convive en medio de problemas logísticos que se dispararon este 2026. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre el 75% y el 80% de los contenedores que salen de Ecuador llevan carga refrigerada -banano, camarón, brócoli- que no puede esperar en puerto. La madera, en cambio, es carga seca que no goza de la misma prioridad. “El reducido número de contenedores hay que dividirlo entre varios productos, no solamente para madera”, señala Grace Mogrovejo, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Teca y Maderas Tropicales (Asoteca). Además, la disponibilidad de contenedores de 20 pies, añade, es especialmente limitada, mientras que por las importaciones ingresan principalmente equipos de 40 pies, lo que dificulta la reposición.

La ruta hacia Asia también se ha vuelto más compleja. Mogrovejo explica que la salida hacia China se ha reducido y que la madera destinada a Asia debe afrontar transbordos. Para otros destinos, como India, los tiempos de tránsito pueden alcanzar entre 60 y 70 días y el flete marítimo hacia India, que costaba $500, ahora bordea los $900. Tania Wazhima, vicepresidenta de Asoteca, calcula el encarecimiento total de la cadena logística en alrededor del 50% en el último año.

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Para los productores de madera, al encarecimiento logístico se suma a otros costos internos. Matecki calcula que los gastos de extracción en el campo han aumentado entre 15% y 20%, mientras que el transporte interno también presenta alza. A eso se agregan los costos de seguridad y los gastos asociados a la operación portuaria.

Pese a las presiones, julio fue, según Mogrovejo, el mejor mes de exportaciones de los últimos tres o cuatro años. India ha incrementado los pedidos para abastecerse ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño complique el acceso a las plantaciones por las lluvias. Esa premura ha permitido colocar más volumen y, en parte, compensar el encarecimiento logístico, pues los compradores han aceptado pagar algo más.

“Los costos de extracción han subido de un 15% a un 20%. El flete interno desde el bosque se triplicó y también ha subido la naviera. Por los tres lados hemos tenido un aumento conjunto del 50%”.Alexander Matecki, productor maderero

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El comportamiento de la teca ocurre dentro de un sector maderero que, en conjunto, muestra una señal distinta: entre enero y julio de 2026 Ecuador exportó más volumen, pero con menor ingreso.

Las exportaciones de la partida 44 del Banco Central del Ecuador (BCE), que agrupa distintos tipos de madera —la balsa, la teca o el pino—, además de carbón vegetal y productos transformados como tableros, chapas, contrachapados y otras manufacturas, sumaron $359,32 millones entre enero y julio de 2026. En el mismo período de 2025 alcanzaron $368,16 millones. Esto representa una caída de 2,4% en valor FOB, pese a que el volumen exportado aumentó 3,6%.

En los mercados de destino también hay movimientos. China continúa como el principal comprador de la partida 44, aunque su participación en el valor FOB de las compras bajó de 36% a 32,7%. Estados Unidos redujo la suya, mientras Perú se acerca, con 15% cada uno. Les siguen Colombia, con 13,2%, e India, con 9,7%.

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Según Matecki, el precio de venta de la teca por metro cúbico se ha mantenido relativamente estático durante los últimos cinco o seis años, mientras los costos de producción, extracción y envío han aumentado. El efecto de esa combinación comienza a reflejarse en una contracción de las utilidades frente a las proyecciones que tenían hace 15 años, cuando iniciaron las plantaciones.

Además, la demanda de India está cambiando y genera preocupación. “A los hindúes les fascinaba comprar madera vieja, gruesa, sólida, bonita. Pero desde hace un año más o menos llegamos al punto en que ya no la quieren”. El cambio preferencial se da pese a las mejores propiedades físico-mecánicas de la teca de 25 o 30 años.

Ante ese escenario, Asoteca busca mejorar las condiciones de acceso a la India. Desde 2017 el gremio pide un acuerdo de alcance parcial que permita incluir a la madera y reducir a cero el arancel que actualmente pagan las exportaciones, que va de 5% a 10%, dependiendo del tipo de madera.

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Los nuevos acuerdos comerciales también abren posibilidades en otros destinos, aunque todavía son mercados pequeños. El de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, resulta atractivo para madera con mayor valor agregado, pero Mogrovejo explica que está todavía en una fase de exploración. Europa también es una alternativa, aunque la demanda es reducida: Matecki cuenta que el año pasado exportó unos 200 contenedores y, tras seleccionar su mejor madera, logró colocar apenas seis en Alemania. 

“Si logramos bajar del 98% (el volumen destinado a India) al 88% y vender un 10% afuera, ya estaríamos felices”, resume Wazhima.

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Lo que debes saber

• Experto advierte que vender activos del IESS solo cubriría el déficit de 2026.
• IESS enfrenta un déficit creciente porque jubilaciones superan aportes desde 2015.
• Sin reforma al sistema de pensiones, el IESS tendría margen para pocos años más.

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la venta de activos ociosos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para inyectar liquidez y, de alguna manera, enfrentar el hueco financiero que el Seguro Social arrastra desde hace muchos años. 

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Sin embargo, afiliados, jubilados y expertos en seguridad social han alertado no solamente sobre la posible inconstitucionalidad de este proceso, sino también sobre lo inconveniente que sería ejecutarlo sin una reforma integral. 

El economista Augusto de la Torre, coordinador de la comisión que planteó reformas para el sistema de pensiones ecuatoriano, analiza con EXPRESO las implicaciones de no ejecutar una reforma integral a la seguridad social.

- Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, usted señaló que vender los bienes del IESS sin una reforma integral sería “quemar activos”. ¿Por qué su apreciación es tan fatídica?

Porque la venta de los activos, por definición, es un reconocimiento de que hay un hueco en el sistema de salud y de pensiones. La venta de activos te ayuda a solucionar temporalmente el problema de caja para cubrir gastos de jubilaciones o gastos de salud, pero el problema es que esa necesidad se va a volver a manifestar el próximo año. Es un reservorio que se está quedando sin agua por una grieta. Y esa grieta está creciendo y en vez de repararla, lo que estamos haciendo es trayendo más agua para tratar de llenar esa cisterna.

- Según manifestó el presidente Noboa, habría 2.000 millones de dólares en estos “activos ociosos”. ¿Por qué, incluso si se reúne todo ese dinero, no es suficiente para las finanzas del Seguro Social?

El IESS administra varios seguros. Todos tienen un fondo, como el reservorio de agua. Esos reservorios están compuestos de activos financieros, pero el fondo de pensiones y el fondo de la salud también tienen algunos activos en forma de bienes raíces. El rubro más grande son los edificios, pero me imagino que muchos de ellos son los de los hospitales y me imagino que ellos no se van a vender. 

Mientras se hace el avalúo y se decide qué terrenos se pueden vender, y si hay demanda en el mercado y se los pueda vender bien, yo me imagino que de esos 1.800 o 2.000 millones identificados, se podrán vender quizás 500 millones. Esa plata ayudará a cubrir el hueco en los sistemas de salud y de pensiones de este año, pero el próximo año el hueco seguirá creciendo.

- ¿En qué momento hubo el punto de inflexión, con un déficit que crece de forma exponencial?

Dos años fueron claves: 2014 y 2020. Hasta el 2014 el fondo de pensiones era superavitario, es decir, los aportes de los empleadores y empleados eran más que suficientes para cubrir el pago de jubilaciones. Por eso es que en el tiempo del presidente Rafael Correa se dijo que el fondo de pensiones no necesita dinero del Estado y suspendió la transferencia del 40 % (que por ley le corresponde al Estado)por tres años, aunque luego las cortes lo restablecieron. 

En 2015 se acaba esa historia y empiezan a aparecer déficits operacionales donde el gasto de jubilaciones empieza a exceder al ingreso por aportes. El 2020 es el  segundo punto de inflexión porque en ese punto la diferencia entre aportes y pago de jubilaciones ya empezó a exceder el subsidio del 40 % que la ley le pide al Estado. 

Entonces, hay que vender activos de algún lado o hay que endeudarse o hay que hacer algo para cubrir el resto del hueco. Por eso, vender activos no es un problema. Eso es parte de la gestión. Pero es un problema si lo único que haces es vender activos y no reparas la grieta.

- Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS, ha dicho que parte de su plan es aumentar las afiliaciones. ¿Es una medida que ayuda a llenar ese hueco?

Aumentar el número de empleados formales, es decir, afiliados, es un complemento necesario. La comisión, en su reporte final, dice que cualquier reforma de pensiones tiene que estar complementada por reformas en el mercado laboral que aumenten la formalización del empleo. Pero no se puede pensar que estos esfuerzos de aumentar el número de afiliados solucionan el problema de fondo, porque parte del problema de fondo es que el sistema está diseñado de tal forma que te ofrece unos beneficios que exceden con mucho a los aportes. 

En promedio, según los cálculos que hicimos en la comisión, un ecuatoriano que se afilia a lo largo de su vida laboral y se jubila con la expectativa de vida actual, digamos a los 65 años de edad y vive hasta los 85, lo que va a recibir cuando esté jubilado va a ser cinco, seis, siete u ocho veces lo que puso. Entonces, el sistema, por definición, genera esta dinámica hacia la grieta. La única manera de evitar eso sería tener ocho o nueve aportantes por cada jubilado. 

Pero la capacidad de tener 8 o 9 es imposible, incluso si aumentamos el número de afiliados, porque la razón por la cual el número de aportantes crece más lentamente que el número de jubilados es el cambio demográfico, que tiene dos componentes: el envejecimiento promedio de la población y la extensión de la esperanza de vida.

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- La comisión, en 2023, planteó cambios a siete de nueve parámetros: número de aportes por año, base de cálculo, requisitos para ser elegible a la jubilación, tasa de reemplazo, distribución del subsidio fiscal, tasa de reemplazo máxima, pensión máxima y pensión mínima. ¿Cuál es más urgente de modificar?

El objetivo de una reforma a los parámetros del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es restablecer una mejor proporcionalidad entre lo que entra y lo que sale, entre aportes y beneficios. Y para hacer eso necesitas siempre hacerlo con ayuda de un modelo actuarial. La comisión, por ejemplo, decidió que era mejor no proponer un aumento de la edad mínima de jubilación, porque por alguna razón psicológica a los ecuatorianos no les gusta eso. 

Entonces dijimos que era mejor dejar la edad mínima de jubilación en 60 años, pero si alguien decide jubilarse a los 60, el resto de parámetros va a ser tal que te va a mostrar que si te jubilas a los 60 puedes hacerlo, pero tu pensión va a ser más baja y que a lo mejor te conviene esperar 5 años más hasta jubilarte a los 70. 

Entonces, de los nueve parámetros que tú mencionaste, nosotros jugamos con siete y los calibramos y los recalibramos. Eso es lo que hay que hacer. Por eso es que no hay una receta mágica.

- ¿Hay forma progresiva de hacerlo? El costo político es lo que ha frenado hacer un cambio profundo.

Sin duda. Todas las reformas pensionales, si se hacen a tiempo, pueden irse instrumentando de manera muy gradual. Pero si esperamos hasta estar sin plata, vamos a tener que hacer cambios drásticos que van a ser más una terapia de choque. Ojalá podamos evitar eso. 

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Todo gobierno de turno le deja la reforma al próximo gobierno para estar más tranquilo. Pero yo argumento que una reforma no le afecta al jubilado; los que están cerca de jubilarse no van a sentir ningún efecto; y para los jóvenes que están entrando al nuevo sistema, ese ingreso va a ser de manera muy gradual. 

Un buen político que entienda el problema y lo explique bien podría conseguir una buena reforma al sistema de pensiones sin un alto costo político.

- La otra opción, que es lo que ha venido sucediendo, es que no se haga nada. ¿Cuánto más puede aguantar el sistema sin una reforma?

Nos queda tanto tiempo cuanto el fisco pueda socorrerle al sistema. Ahora hay un hueco de 4.000 millones de dólares y el fisco le da 2.800. Se venden activos y salimos de este hueco en el 2026. Pero en el 2027, el hueco va a ser de 4.300 millones de dólares. 

¿Cuánto le va a poder dar el fisco? ¿Cuántos activos se van a poder vender? No te puedo decir con claridad porque no sé cuánto vamos a poder raspar la olla, pero a lo mejor son uno, dos o tres años más.

Lo que debes saber

• Las elecciones seccionales de 2027 ya están en el horizonte político.
• Las redes sociales se han convertido en un escenario clave para los enfrentamientos.
• El rol de las instituciones también genera preocupación entre los analistas.

La política ecuatoriana vuelve a mostrar los dientes. Lo que antes parecía concentrarse en las grandes disputas presidenciales ahora también se hace visible en los territorios, donde candidatos y organizaciones se enfrentan por el control electoral y la supervivencia política.

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Una disputa que viene de lejos

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo. Simón Pachano, politólogo y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, explica que la confrontación política “viene desde hace un buen tiempo” y que alcanzó especial intensidad durante la época del correísmo, cuando la disputa se planteaba en términos de blanco o negro.

Alberto Feijóo, sociólogo y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, coincide en que existe una continuidad, aunque advierte un cambio en el escenario. A su juicio, “corresponde un poco al ciclo político”, porque la disputa que antes se enfocaba en las fuerzas que buscaban desplazar al correísmo, ahora gira alrededor de la hegemonía del oficialismo.

En esa transformación, el canibalismo político ya no puede entenderse únicamente como una pelea dentro de una organización. Alfredo Espinosa, analista político y electoral, precisa que reducirlo a grupos que se enfrentan al interior de un partido sería una interpretación limitada, porque también se expresa mediante la polarización y la construcción de identidades políticas negativas.

De hecho, Espinosa explica que esta dinámica puede presentarse entre grupos que, aunque tienen posiciones contrarias, terminan enfrentándose entre sí en lugar de concentrar sus esfuerzos en el adversario común. Así, el antinoboísmo y el anticorreísmo se convierten también en expresiones de una lógica que busca debilitar al otro antes que fortalecer una propuesta propia.

Por otro lado, Manuel Macías, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, evita definir la confrontación como canibalismo. Para él, el conflicto forma parte de la política, pero el problema aparece cuando los adversarios dejan de verse como competidores y son tratados como “enemigos políticos”.

Para Macías, el escenario se ha sofisticado. El experto considera que durante los últimos 10 o 15 años se mantiene la disputa entre correísmo y anticorreísmo, a la que ahora se añade el antinoboísmo, pero con nuevas herramientas como las redes sociales.

Ya no se trata de comerse entre ellos, sino de devorar al otro para quedarse con todo el espacio político.Alberto Feijóo, sociólogo y docente de la UIDE

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Las instituciones entran en juego

En cambio, Espinosa observa una evolución más profunda vinculada con el poder y las instituciones. Desde su lectura, las disputas ya no se limitan a que las fuerzas políticas “se coman entre ellas”, sino que aparecen mecanismos en los que intervienen instituciones estatales y que pueden restringir la competencia.

Ese desplazamiento tiene consecuencias sobre el juego electoral. Espinosa advierte que la judicialización, la justicia penal y electoral, así como las actuaciones de organismos de control, pueden convertirse en herramientas no solo para eliminar competidores, sino para “deglutir a la oposición”, algo que considera preocupante para un régimen que se presenta como democrático.

Para Pachano, no obstante, conviene separar esa utilización de instituciones del concepto de canibalismo político. El politólogo considera que acciones como controles de cuentas, actuaciones del Servicio de Rentas Internas o investigaciones de Fiscalía para inhabilitar competidores corresponden a “otra cosa”: el uso de herramientas desde el Gobierno.

Además, Pachano encuentra una explicación política de mayor alcance. A su juicio, las seccionales funcionan como un trampolín hacia 2029, y el Gobierno busca obtener un buen resultado no solo para controlar territorios, sino para preparar una eventual reelección.

En esa estrategia aparece también la construcción de una estructura partidista que el oficialismo no tenía cuando llegó al poder. Pachano recuerda que Daniel Noboa llegó al Gobierno con un membrete, pero sin un partido consolidado, y que ahora “muchas de estas cosas (decisiones) se explican” por el deseo de forjar una tienda política desde el poder.

La dinámica, además, funciona como un juego en el que cada actor calcula cuánto puede atacar y cuánto puede exponerse, explica Feijóo. Para él, aunque ningún ciudadano declara formalmente que participa en ese juego, “todos sabemos que lo jugamos”, y en el terreno político esa lógica condiciona las decisiones de los actores.

Ya no estamos ante una disputa convencional por el poder, sino ante el exterminio político del otro.Alfredo Espinosa, analista político y electoral

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Cuando competir se vuelve más difícil

Pero el juego tiene reglas que pueden dejar de ser democráticas cuando se restringe la participación. Feijóo advierte que las trabas para competir “coartan un derecho fundamental” porque limitan la posibilidad de participar en los comicios y, con ello, reducen las capacidades de la oposición.

Mientras tanto, el elector también forma parte de este ciclo. Feijóo sostiene que actualmente la ciudadanía responde a una “lógica emergente” en la que la seguridad ocupa el lugar central, por lo que tolera el debilitamiento del sistema de partidos, ya que percibe que existe una promesa de orden.

Esa tolerancia sería como hacerse de la vista gorda. El sociólogo señala que aunque la democracia condena estas prácticas, existe una aceptación porque son justificadas en nombre del orden y la seguridad.

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La ciudadanía también juega

Macías observa el mismo problema desde otra perspectiva: la confrontación agresiva se ha vuelto parte habitual de la política. A su juicio, existe una “normalización” de discursos agresivos, groseros o vulgares porque estrategas y especialistas en marketing consideran que las emociones negativas ayudan a generar viralidad, reconocimiento y adhesiones.

Para Alfredo Espinosa, el desenlace puede ser aun más grave. Él habla de una “necropolítica” y de la normalización de patrones de persecución y violencia desde el poder. Desde su interpretación, el problema ha dejado de ser una disputa convencional por votos, pues ahora se busca el “exterminio” político del otro y se ha aceptado que determinados actores desaparezcan de la competencia.

Lo que debe saber

• Un sueño nacido en la infancia: Sofía Torres comenzó a elaborar chocolate a los 8 años, inspirada por su abuela y la finca familiar de cacao en Buena Fe.
• Del cacao a una marca: Tras años de preparación y aprendizaje, creó productos como el chocolate Enova y el licor Fuego, elaborado con mucílago de cacao.
• El próximo paso, exportar: La empresa busca llegar a Estados Unidos y Europa, con España entre sus mercados de interés.

Tenía apenas 8 años cuando Sofía Torres comenzó a hacer pequeñas bolitas con pasta de cacao. Lo que entonces parecía un juego de niña se convertiría, años después, en una empresa que hoy se abre espacio en cadenas de supermercados, participa en ferias y mira hacia mercados internacionales con el sueño de exportar el chocolate Enova y el licor Fuego elaborado con mucílago de cacao.

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Pero esta historia no comenzó con una empresa, una marca o una máquina para procesar cacao. Comenzó con una niña, una finca y el amor de una abuela.

Creció rodeada de cacao

Su historia empezó mucho antes, en el campo, en la finca familiar de Buena Fe, donde creció rodeada de cacao y de una tradición que viene desde sus bisabuelos. Allí también nació uno de sus recuerdos más entrañables: el chocolate artesanal que preparaba su abuela Rosita.

“Siempre aspiré a poder compartir la experiencia de sentir el mismo amor que yo sentía al momento que probaba su chocolate”, recuerda.

La familia fue un pilar fundamental para que aquel sueño no se quedara en la infancia.

Con el tiempo, decidió prepararse. Estudió Economía, Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y realizó cursos con chocolateros nacionales e internacionales.

Su objetivo era claro: no quería limitarse a producir cacao. Quería que el mundo conociera el sabor y el aroma de una de las mejores materias primas ecuatorianas y, al mismo tiempo, contar una historia que nace en la tierra.

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Emprender es aprender a levantarse

Sofía relató a Diario EXPRESO que fue adquiriendo, poco a poco, la maquinaria necesaria para procesar el cacao que producen en las 40 hectáreas de la finca familiar.

El negocio lleva alrededor de ocho años elaborando chocolate a través de la empresa NutriCacao. En ese recorrido aprendió una de las lecciones más importantes del emprendimiento: avanzar no significa que el camino siempre será fácil. También significa caerse, aprender, corregir y volver a intentarlo.

El primer gran desafío llegó con la pandemia de COVID-19, que obligó a cambiar los planes y a buscar nuevas alternativas. El comercio se detuvo y muchos negocios quedaron paralizados. La agricultura, en cambio, continuó, porque el campo no podía detenerse y los alimentos seguían siendo necesarios.

En medio de la incertidumbre surgieron nuevas ideas y productos. Hoy, el proyecto familiar también incluye una destilería y productos elaborados a partir del mucílago del cacao.

El camino tampoco estuvo libre de tropiezos. Sofía entendió que construir una marca no ocurre de un día para otro.

Se necesitan años de esfuerzo, paciencia, aprendizaje y perseverancia.

“Los tropiezos no son el final, es para mejorar”, sostiene.

El miedo también puede convertirse en fuerza

Sofía considera que el miedo también puede convertirse en una fuerza. Quiere que su historia sirva para inspirar a otras mujeres a atreverse a emprender.

Sabe que el miedo existe. Asumir responsabilidades, invertir, comenzar desde cero y apostar por un sueño genera dudas. Pero también aprendió que el miedo no tiene por qué convertirse en una barrera.

“Simplemente no hay que dejar de intentarlo”, es parte de su mensaje.

Para ella, cada reto es una oportunidad para demostrar de qué se es capaz. No se trata de tener todas las respuestas desde el comienzo, sino de estar dispuesta a aprender en el camino.

Su consejo es sencillo, pero poderoso: no hay que esperar a tenerlo todo para empezar.

Las metas, dice, son alcanzables cuando existe determinación, preparación y voluntad para intentarlo una y otra vez.

Porque muchas veces el primer paso no requiere grandes inversiones. Requiere creer en una idea y tener el valor de comenzar.

Para Sofía, emprender también significa mirar alrededor y entender que el crecimiento propio puede abrir puertas para otros.

Ahora, el objetivo es seguir creciendo. Ya existen conversaciones para exportar a Estados Unidos y a varios países de Europa, con España como uno de los mercados de interés.

Son nuevos retos, pero Sofía los mira con la misma determinación con la que comenzó.

Porque detrás de las reuniones, las ferias, las inversiones y los planes de exportación sigue estando aquella niña que creció entre cacao y campo.

La misma que miraba a su abuela Rosita preparar chocolate artesanal con sus propias manos y descubrió, sin saberlo, que un sabor también puede guardar recuerdos.

Hoy, ese sueño tiene nombre, tiene una marca y tiene un futuro por construir.

En medio del éxito, hay algo que Sofía no quiere perder en el camino: la esencia de aquello que la hizo soñar.

El amor de una abuela.

El aroma del cacao.

La memoria de la tierra.

Y la certeza de que los grandes sueños muchas veces comienzan con algo tan sencillo como las manos de una niña tratando de hacer chocolate.

Porque cuando un sueño nace del amor, puede crecer hasta convertirse en un legado.

Lo que debes saber:

• PISA 2025 alerta sobre el bajo aprendizaje de los estudiantes ecuatorianos y sus causas. En el BGU, en Ecuador estudian 18 materias, en China, cinco.
• El 53,6% de estudiantes de Ecuador se ubicó en los niveles más bajos de rendimiento. 
• La falta de apoyo familiar, materiales y preparación docente aparecen entre los factores asociados.

Entre mayo y julio del 2025, 9.128 ecuatorianos, en representación de 267.900 alumnos de 15 años rindieron el examen del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA). Una vez más, los resultados no son alentadores, según se ha evidenciado en el informe difundido en septiembre 2026.

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Ecuador no ha logrado mejoras significativas en matemática y lenguaje, como se ha evidenciado desde los noventa con las calificaciones de las pruebas Aprendo y luego con las del Laboratorio de la Unesco.

- ¿PISA 2025 confirma una crisis que conocemos desde hace 20 años?

- En las pruebas internacionales en las que Ecuador ha participado y también en las nacionales, no se ha identificado un gran avance, sino retrocesos. 

Como consecuencia, por ejemplo, en las universidades, la queja general es que los bachilleres llegan sin haber aprendido temas que debían haber estudiado en el colegio. Tanto cualitativa como cuantitativamente, la educación no ha mejorado.

- Acá, para pasar el año lectivo se debe alcanzar la nota mínima de 7 sobre 10 puntos. Con ese contexto, ¿qué notas sacó Ecuador en PISA?

- China obtuvo 527, 597 y 612 puntos en lectura, ciencias y matemáticas. Sacó calificaciones perfectas. Ese país así como Singapur están en un nivel superior de rendimiento, en las escalas cinco y seis. El 53,6 % de estudiantes ecuatorianos está en niveles inferiores de rendimiento, uno y dos. 

Únicamente el 0.2 %, es decir 18 adolescentes, alcanzaron los niveles cinco o seis. Tendrían 10 sobre 10 y el 53.6 % sacó cinco puntos sobre 10, un ‘bombero’ en las pruebas.

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- Muchos se sorprenden por estos resultados. Pero, en los colegios a los chicos, en los últimos años, se les dice “una nota no te define” o les insisten en que el examen solo representa un pequeño porcentaje del promedio.

- Se piensa que la evaluación es formativa y no evaluativa. Desde hace algunos años, los profesores se quejan porque nadie pierde el año, deben ofrecer exámenes de recuperación. Así que para evitar problemas, muchos dejan que pasen. En los colegios, según me han contado, hay estudiantes involucrados con droga o que llegan armados, por lo que evitan complicaciones.

- Otros países, a los que les va mejor en PISA, ¿qué tan en serio se toman las evaluaciones?

- Antes, los estudiantes tenían terror de llegar con un “bombero” a casa. Ahora, las evaluaciones se han vuelto laxas, tampoco hay mucho esfuerzo por estudiar; se instauró la política de tener una mejor producción de estudiantes que pasan el año. 

En Singapur o en China, por ejemplo, el día en que los estudiantes rinden la prueba de acceso a la universidad Gankao se paralizan las construcciones, no debe haber ruido. Se toman en serio la preparación también.

- ¿Qué diferencias usted encuentra entre el sistema educativo de los países que sacaron mejores calificaciones en la prueba PISA y el ecuatoriano?

- Creo que inciden varios factores, la política educativa es el problema en Ecuador. En China, el sistema es muy estructurado; su modelo curricular es de alta exigencia, por eso lograron esos niveles, obtuvieron 300 puntos de diferencia en relación con los estudiantes ecuatorianos. Miremos la cuestión curricular, ellos solo tienen cinco materias.

- ¿Y en el caso del estudiante ecuatoriano?

- En el bachillerato general unificado nosotros tenemos 18 materias, incluidas las inserciones curriculares: matemática, física, química biología, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, lengua y literatura, inglés, educación física, educación cultural y artística, emprendimiento y gestión. 

Además educación cívica, ética e integridad, educación socioemocional, seguridad vial y movilidad sostenible, educación financiera y desde este año seguridad digital y protección de datos. Reciben máximo dos horas a la semana de cada una. En ese tiempo no es posible cumplir con un programa.

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En unos años, Ecuador estára en manos de chicos que rindieron ese examen y que hoy tienen 16 años. Serán la PEA.Eduardo Salgado/ especialista en evaluación

- ¿Qué es lo que estudian los estudiantes asiáticos?

- Quienes lideran las pruebas, en segundo y tercero de bachillerato tienen tres materias obligatorias y especialidades: en ciencias, en gestión y en humanidades. Por ejemplo, en ciencias tienen tres materias obligatorias, física, química e inglés. Reciben seis horas a la semana de cada una. 

Además pueden escoger materias optativas como computación o biología. Suman cinco materias, seis horas de cada una a la semana. No es todo, los asiáticos son muy competitivos; en la tarde van tarde a cursos para ingresar a la universidad, por lo que estudian más horas de física y tienen clases los sábados. Todos los días, al inicio y al final de las actividades, cantan el himno nacional.

- Con esa experiencia, ¿qué se debería cambiar?

- Considero, por cómo le ha ido a Latinoamérica, que el currículo por competencias debe cambiar. No hablo de parches ni de volver a especialidades como físico-químico y químico-biológico y sociales.

- ¿Entonces?

- Hace falta una cirugía general, es el llamado de PISA. Los chicos deben poder desarrollar habilidades necesarias, con nuevas especialidades para el siglo XXI. En las de ciencias, los chicos que van a físico, químico, biología o geología y ciencias de la salud. 

Los de ciencias económicas, contabilidad, administración, marketing, y otros, humanidades, ciencias jurídicas, sociales, derecho, carrera política, literatura, filosofía. Así los profesores alcanzan a revisar la materia que les corresponde.

- ¿La calidad docente influyó en las PISA?

- En el SER Maestro hay profesores que sacan menos de 700 puntos. Son analfabetos funcionales, que no entienden una noticia simple, peor ser capaces de hacer operaciones matemáticas profundas. Los docentes tienen mala formación pedagógica. 

Mientras, los chicos con mejor puntaje en PISA saben cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, así que los profesores deben tener un nivel alto. En Japón, la formación es lo primero, los maestros de matemática acceden a mejor educación que los ingenieros, por ejemplo.

- ¿Cómo influyen los factores asociados al aprendizaje, según los resultados?

- En la prueba se detectó menos apoyo familiar, escasez de materiales, falta de preparación docente y una alta segregación escolar por nivel socioeconómico. También se ve que quienes más usan IA sin control, tienen como un año menos de estudios.

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Al exdirector del Ineval le preocupa que se apliquen “paños de agua fría” y no haya un verdadero cambio en el sistema educativo. Sin un trabajo de remediación en esta generación, que dio el examen, en unos años, no habrá jóvenes que resuelvan los problemas que enfrentará el país. Serán la población económicamente activa.

¿Quién es Eduardo Salgado?

Eduardo Salgado es latacungueño, experto en evaluaciones educativas a gran escala. Dice estar orgulloso de haber colaborado para que salgan de la pobreza 60 familias de Cobshe Alto. Dirigió el Ineval. Es Director Ejecutivo de la firma consultora Evalúa SAS y de la Fundación Innovaciencia. Master en Economía del Desarrollo y otro en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, es Ph.D. en Estadística y Psicometría. Astrofísico.

La educación va de la mano con el desarrollo económico. PISA está alertando lo que pasará con la economía.Eduardo Salgado/ experto en evaluación

Lo que debe saber

• Albacora al alza: la libra de lomo pasó de $2,70 a $3,50 en los mercados de Guayaquil.
• Restaurantes absorben el costo: varios locales mantienen el precio del encebollado y otros platos para evitar perder clientes.
• El mar marca el escenario: el calentamiento podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027 y favorecer a especies como el camarón y el dorado.

La cazuela, el encebollado, los corviches y los bollos enfrentan un nuevo reto: el encarecimiento de su ingrediente estrella. En los mercados de Guayaquil, la libra de lomo de albacora pasó de 2,70 a 3,50 dólares, un incremento del 29,6 % que amenaza con presionar el precio de estos tradicionales platos ecuatorianos.

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Sin embargo, algunos restaurantes han decidido no encarecer sus preparaciones. “Si encarecemos el menú podemos perder clientes; preferimos asumir el gasto extra”, indicó a Diario EXPRESO Verónica Valverde, administradora de La Cazuela del Chino.

Esta misma decisión fue tomada por Japi Fish. En este establecimiento se indicó que el encarecimiento de la albacora es temporal y que prefieren no caer en una especulación de precios. Por ello, mantendrán el mismo costo del encebollado y de todos los platillos que llevan este tipo de atún.

Otro de los locales que tampoco incrementará sus precios es El Manaba del Portete.

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Incluso, pese a que la libra de corvina pasó de 1,90 a 2,50 dólares, los locales especializados en la venta de este pescado también han optado por mantener sus precios. Un ejemplo es El Pescado Frito, que, dependiendo del tamaño de la proteína, ofrece el pescado acompañado de patacones, ensalada y aguacate entre 6 y 8 dólares.

Otros peces también se han encarecido. Es el caso del picudo, que suele utilizarse para preparar ceviches. La libra pasó de 3,50 a 4,90 dólares.

Estos son precios que pagan los restaurantes al comprar al por mayor. Para el consumidor final, que adquiere el producto en menores cantidades, el precio puede ubicarse entre 6 y 7 dólares la libra.

No todos pueden absorber el aumento

Pero no todos los negocios pueden asumir el mayor costo de los ingredientes del encebollado. Hay locales, como Ángel y Anahí, que incrementaron el precio del plato sencillo de 2 a 2,25 dólares.

Otros establecimientos venden actualmente un plato de esta sopa típica entre 4 y 5 dólares, cuando antes se podía encontrar desde 3,50 dólares.

Durante el recorrido realizado por Diario EXPRESO se pudo constatar que algunos de los locales que han incrementado sus precios tienen ahora menos clientes.

“Buscamos en las redes sociales la publicidad de los que mantienen los precios, porque actualmente es muy caro salir a comer en familia. Entre el encebollado, chifle y jugo se llega a gastar entre 4 y 5 dólares por persona”, comentó Gabriel Castro, cliente.

Resistir hasta 2027

Los restaurantes que han optado por no subir sus precios tendrán que enfrentar el incremento de sus costos, al menos, durante los próximos meses.

Según Telmo de la Cuadra, oceanógrafo e investigador del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), la superficie del mar frente a las costas de Ecuador, en la región comprendida entre 80-90° W y 0-10° S, se encuentra 3,9 grados Celsius por encima de su valor normal.

“Actualmente, los modelos prevén que por lo menos alcance el primer trimestre de 2027. Pero ello pudiera cambiar a medida que avanzamos hacia fines de 2026”, precisó a EXPRESO.

Otros oceanógrafos prefieren esperar cómo evoluciona el clima antes de establecer un periodo más preciso. Franklin Ormaza señaló que, por ahora, lo que se conoce es que el mar está más caliente de lo normal y que el efecto se mantendrá durante varios meses. Sin embargo, considera necesario esperar el desarrollo de la situación.

No todas las especies se perjudican

De la Cuadra explicó que las especies que generalmente se ven afectadas por el calentamiento del mar son los peces pelágicos pequeños y los atunes.

En cambio, hay especies que pueden verse beneficiadas, como el camarón y el dorado.

“Sin embargo, el nivel de afectación, positiva o negativa, también depende del estado de salud de las poblaciones ictiológicas”, remarcó De la Cuadra.

Una estrategia para contener los precios

Parte de la estrategia de los restaurantes que decidieron no incrementar el precio del encebollado, la cazuela, los bollos y los corviches está precisamente en la posibilidad de compensar el encarecimiento de unas especies con la disponibilidad de otras.

Algunos administradores de restaurantes señalaron que, en la medida en que exista una mayor oferta de camarón en el mercado, su precio podría disminuir. De esta manera, mantener los precios de los platos permitiría equilibrar el aumento registrado en otros ingredientes.

La misma estrategia podría aplicarse a los platos que incluyen pescado. En lugar de determinadas especies cuyo precio ha aumentado, los establecimientos podrían ofrecer dorado, cuya disponibilidad podría incrementarse si las condiciones del mar favorecen su presencia en las costas ecuatorianas.

La presión llega al plato

El comportamiento del mercado pesquero comienza así a trasladarse a los restaurantes y, finalmente, al bolsillo de los consumidores. Para algunos negocios, mantener los precios es una forma de proteger la demanda y evitar perder clientes; para otros, trasladar una parte del aumento al consumidor se vuelve inevitable para sostener sus operaciones.

Por ahora, la apuesta de varios restaurantes es resistir y esperar que cambien las condiciones del mar y del mercado. Mientras tanto, el precio de la albacora, la corvina y el picudo pone a prueba la capacidad de estos negocios para mantener al alcance del consumidor platos que forman parte de la identidad gastronómica del Ecuador.

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Todos aprueban el plan y respiran aliviados, pero nadie le dice a don Perico de los Palotes que eso está bien para los primeros seis meses, pero que lo importante es solucionar el verdadero problema: suplir los 600 dólares que cada mes hacen falta con un flujo constante y sostenible, porque ya no solo serán los ahorros los que se acaben, sino los activos de la familia. Pero todos se sienten aliviados y prefieren irse a dormir tranquilos.

La venta de activos del IESS

Eso es, más o menos, lo que está ocurriendo con el plan del presidente Daniel Noboa de vender los activos del IESS para capitalizar la seguridad social con lo que se calcula, a ojo de buen cubero, serán 2.000 millones de dólares. 

En efecto, si se venden esos activos, que básicamente son terrenos y edificaciones, muchos de los cuales no sirven para nada, entrará a las arcas del IESS una importante suma de dinero que buena falta le hace a las alicaídas finanzas del Instituto. ¿Pero eso va a solucionar el problema crítico que tiene el IESS, que gasta mucho más de lo que recibe? La respuesta es sencilla: no. ¿Y por qué no lo soluciona? Porque ese ingreso funcionará, con suerte, para una parte de un año, y enseguida seguirá el desangre porque la medida no es sostenible. 

Y es que resulta que la brecha del sistema de pensiones entre lo que recibe por aportes y lo que necesita para pagar las pensiones ronda los 4.000 millones de dólares en 2026, sin incluir salud. 

Las cifras de ingresos y gasto del fondo de pensiones (unos 3.400 millones de dólares frente a unos 7.400 millones) muestran de dónde sale esa brecha. Pues bien, si se cumple lo que dijo Noboa, se recaudarán 2.000 millones, lo que cubriría aproximadamente la mitad de esa brecha anual. ¿Y el próximo año y los que vienen luego? Al IESS le puede pasar lo mismo que a Perico de los Palotes: alguna ayuda conseguirá vendiendo sus activos, pero eso no servirá de nada si no se toman los correctivos de fondo para que cada año no vuelva a aparecer el mismo agujero.

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Ese es el dato que debería estar en el centro del debate sobre la propuesta de vender propiedades del IESS. Porque convertir terrenos y edificios en efectivo puede aliviar la emergencia, pero no elimina el problema que la produce.

El fondo de pensiones ya necesita desinvertir alrededor de 1.200 millones de dólares este año para cubrir sus obligaciones. Y las proyecciones indican que tendrá que volver a hacerlo en 2027.

Una trampa en la actual situación 

Aquí está la trampa: los activos pueden venderse una vez, pero las pensiones deben pagarse todos los meses. Si el dinero obtenido por las ventas se utiliza para cubrir el déficit corriente, el IESS estará consumiendo patrimonio para financiar un desequilibrio que volverá a aparecer.

La venta puede tener sentido si se trata de cambiar activos improductivos por inversiones más líquidas y rentables. Pero si sirve simplemente para tapar el hueco, no es capitalización. Es descapitalización.

El problema, además, no es coyuntural. El sistema fue diseñado con beneficios que ya no guardan relación con los recursos disponibles. Hay demasiados jubilados en relación con los aportantes, y las obligaciones crecen más rápido que los ingresos. Por eso se necesita una reforma que modifique las reglas del sistema y no solamente una operación de caja.

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La pregunta, entonces, no es cuánto puede obtener el IESS vendiendo sus propiedades. Es cuánto tiempo podrá comprar con ese dinero.

Porque si el Estado vende 2.000 millones de dólares en activos para enfrentar una brecha anual de unos 4.000 millones entre aportes y gasto en pensiones, habrá conseguido cubrir apenas una parte del problema de un año. Y al siguiente, los jubilados seguirán esperando su pensión y el agujero volverá a estar allí. El IESS no necesita simplemente liquidez. Necesita que sus cuentas vuelvan a ser sostenibles.

Solo se compra tiempo

La lección para Perico de los Palotes reza así: vender patrimonio puede comprar tiempo. Pero solo una reforma puede comprar futuro.

Pero la metáfora de Perico de los Palotes no solo sirve para graficar el problema del futuro financiero del IESS, que, tal y como están las cosas, es dramático, sino también para mostrar cómo las instituciones que son parte del IESS, los partidos políticos y la sociedad están reaccionando. En efecto, Daniel Noboa hace el anuncio y, si no es por unas pocas voces críticas, como las del experto Augusto de la Torre y los representantes de los jubilados, nadie ha hecho reparos a la frágil e insuficiente iniciativa para evitar que colapse el sistema de seguridad social y el fondo de pensiones.

¿Ha dicho algo la representante de los empleadores en el directorio del IESS? No. ¿Ha dicho algo el representante de los asegurados? Tampoco. Esto resulta alarmante porque la venta del patrimonio del IESS no es una decisión que corresponda simplemente al Ejecutivo. 

El silencio de los dos vocales que representan a afiliados y empleadores frente a una decisión que puede modificar sustancialmente el patrimonio de los asegurados es, sencillamente, impresentable, porque alrededor del anuncio hay una discusión no solo financiera sino también jurídica sobre si la orden de Noboa puede ejecutarse sin una decisión colegiada del Consejo Directivo.

Lo que se sabe 

• La UCSG desarrolla herramientas de tiflotecnología para facilitar el estudio y la autonomía de estudiantes con discapacidad visual.
• El TifloTeclado ya obtuvo una patente y se prevé que su precio no supere los 10 dólares.
• El proyecto también incluye el TifloCubículo y TifloPaper, dos soluciones que buscan mejorar el acceso a computadoras y documentos impresos.

Para Josué Illescas, estudiar una carrera universitaria significaba esperar a que su mamá o su hermana regresaran del trabajo para que pudieran leerle durante horas los textos que necesitaba. Mientras sus compañeros rendían exámenes por escrito, él debía responder de forma oral frente a un tribunal.

Hoy, a sus 28 años y recién graduado de Psicología Organizacional de la UCSG, esa realidad empieza a cambiar gracias a herramientas que buscan que los estudiantes con discapacidad visual puedan estudiar con mayor autonomía.

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Luis Bonilla, docente e investigador de la UCSG, explica que el cambio comenzó con más de una década de trabajo para encontrar soluciones que permitieran a los estudiantes con discapacidad visual estudiar con mayor autonomía. 

A través de lectores de pantalla y evaluaciones digitales, estas herramientas permitieron que Illescas rindiera los mismos exámenes que sus compañeros, el mismo día y en el mismo espacio, sin depender de un tribunal que leyera o registrara sus respuestas.

Cuando la necesidad se volvió un invento

Una de las principales innovaciones fue el TifloTeclado, un protector de silicona que se coloca sobre un teclado convencional e incorpora referencias en braille para facilitar su uso a personas con discapacidad visual. 

La herramienta obtuvo a finales de agosto su patente oficial por parte de la UCSG y se prevé que su precio no supere los 10 dólares.

Soluciones que siguen

El proyecto también contempla el TifloCubículo, un espacio de trabajo adaptado a las necesidades de estudiantes no videntes, y el TifloPaper, un prototipo que busca facilitar la digitalización y lectura de documentos impresos mediante tecnología de reconocimiento de texto. 

El equipo pretende que estas soluciones lleguen al mercado a precios asequibles una vez concluya el proceso de patentamiento.

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Durante los últimos ciclos, ocho estudiantes no videntes de distintas facultades de la UCSG compartieron sus experiencias y permitieron al equipo identificar las principales dificultades que enfrentaban para acceder a textos, utilizar computadoras y rendir evaluaciones. 

Estos casos impulsaron la búsqueda de nuevas soluciones y el desarrollo de herramientas que facilitaran su aprendizaje y autonomía. El desafío no es menor: en Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registra 53.777 personas con discapacidad visual.

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Más historias que marcan

El caso de Paul Llontop Limaylla fue otro de los que impulsó la investigación. 

Cuando era estudiante de la UCSG, debía esperar hasta altas horas de la noche a que su padre, quien trabajaba como mariachi, regresara a casa para que le leyera sus materiales de estudio.

 “Sus ganas de estudiar eran más fuertes”, contó Luis Bonilla, quien realizó trabajo de campo y pudo conocer de cerca cómo era el día a día de sus estudiantes no videntes y las dificultades que enfrentaban fuera de las aulas. 

Hoy, esa experiencia también forma parte de la solución: Paul colabora en las pruebas y el desarrollo de herramientas para que otros estudiantes no videntes puedan estudiar con mayor autonomía.

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La ayuda continúa 

La investigación de la UCSG no termina con el TifloTeclado. Luis Bonilla contó a EXPRESO que el equipo, junto con Karen Freire, integrante del grupo de investigación, también trabaja en TifloPaper, un prototipo que busca convertir documentos impresos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual mediante tecnología de reconocimiento de texto.

La herramienta todavía está en desarrollo y abre una nueva línea de trabajo para resolver las dificultades que los estudiantes enfrentan fuera de las aulas.

Illescas también participa como usuario en las pruebas de estas soluciones y aporta su experiencia para mejorar su funcionamiento. 

Para Freire, la empatía ha sido uno de los motores de este proceso, pues conocer de cerca las dificultades de los estudiantes los llevó a buscar alternativas que les permitan desenvolverse con mayor independencia.

El equipo también destacó el apoyo de la UCSG para impulsar estos proyectos y fomentar una educación más inclusiva dentro de la institución.