LO QUE DEBES SABER

• Sandoz nombró a Diego Albuixech gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC), un bloque de más de quince países que incluye a Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina.
• En 2026 la farmacéutica suiza celebra tres aniversarios: 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando el desarrollo de biosimilares, campo en el que fue pionera a nivel mundial.
  
• En Ecuador, sus medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas; la compañía tiene más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.
  

Sandoz acaba de ampliar su liderazgo en la región. La farmacéutica suiza, líder global en medicamentos genéricos y biosimilares, designó a Diego Albuixech al frente de un bloque que ahora suma, a la región andina, los mercados de Centroamérica y el Caribe.

El nombramiento llega en un año de aniversarios para la compañía, que en 2026 celebra 140 años de trayectoria. En esta entrevista, Albuixech habla de la expansión, del peso de los biosimilares y del reto de ampliar el acceso a medicamentos en el país.

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Una expansión que duplica el territorio

— ¿Qué países pasa a dirigir con este nuevo cargo?

Asumo la responsabilidad de Ecuador, Chile, Colombia, Perú y Argentina, y ahora también de Centroamérica y el Caribe, con mercados como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Antes lideraba solo la región andina.

— ¿Cómo se integra una región tan diversa?

Cada país opera de forma independiente. Mi tarea es identificar las buenas prácticas de unos mercados y trasladarlas a otros.

Tres décadas de hitos y crecimiento global

— La empresa cumple varias décadas de trayectoria este año. ¿Qué hitos destacan?

Así es. En 2026 celebramos 140 años de trayectoria, 80 produciendo antibióticos y 20 liderando los biosimilares. Fuimos pioneros: obtuvimos la aprobación del primer biosimilar de la historia por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

— ¿Qué tamaño tiene Sandoz?

En 2025 registramos ventas netas por $11.100 millones a nivel global, con un portafolio de más de 1.300 genéricos y 13 biosimilares que llegan a más de mil millones de pacientes en el mundo.

— ¿Cómo sostienen ese crecimiento del portafolio?

A medida que las moléculas pierden exclusividad a nivel global, incorporamos esos portafolios. Así fuimos creciendo: primero con antibióticos, luego con cardiometabolismo y ahora con productos de especialidad en oncología y urología.

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Sandoz en Ecuador

— ¿Cómo está posicionada Sandoz en Ecuador?

Somos líderes en antibióticos, con más de 20 años de presencia. Recientemente sumamos la línea de cardiometabolismo y avanzamos hacia productos de especialidad en oncología y urología.

— ¿Cómo percibe el paciente ecuatoriano a la marca?

Tenemos un reconocimiento muy grande en el país. Hay marcas nuestras que los pacientes creen que son la innovadora, y eso refleja un buen trabajo de posicionamiento y el haber apoyado siempre al sistema de salud ecuatoriano.

— ¿A cuántas personas llegan y cómo operan en el país?

Nuestros medicamentos llegan a cerca de 2,6 millones de personas. Tenemos más de 60 colaboradores y sedes en Quito y Guayaquil.

— ¿Y cómo abastecen al sistema sanitario?

Participamos tanto en compras públicas como privadas, y también a través de farmacias. El acercamiento con el Estado se da por la vía de las licitaciones: a medida que salen, vamos con nuestro portafolio de medicamentos.

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Los retos de fondo

— ¿Cuál es el mayor desafío de Sandoz en el mercado ecuatoriano?

Que el acceso sea sustentable, tanto para el sistema de salud como para el bolsillo de los pacientes. El reto está en seguir educando a médicos y pacientes, y en lograr que nuestros medicamentos lleguen desde cada punta del país hasta el último paciente.

— Frente a los genéricos de otros países, ¿cómo compiten?

Por calidad. La prioridad de Sandoz es la calidad y la eficacia de los medicamentos. Habrá mercados en los que no podamos competir por precio, pero la calidad nunca se pone en discusión.

— ¿Por qué son tan importantes los biosimilares en su estrategia?

Permiten democratizar el tratamiento de patologías que antes eran terminales y hoy son crónicas, como las oncológicas. Al ser más accesibles que los medicamentos de referencia, hacen el sistema de salud más sustentable y abren la puerta a tratamientos que suelen ser de alto costo. Su adopción avanza a distinta velocidad según la madurez de cada sistema de salud, pero la tendencia es clara: cada vez más pacientes pueden acceder a ellos.

— ¿Qué enfermedades concentrarán los esfuerzos de Sandoz a futuro?

Sobre todo la oncología, pero también la inmunología, la diabetes y la obesidad. Son patologías ligadas al envejecimiento de la población y al estilo de vida. Muchas antes eran terminales y hoy se han vuelto crónicas, lo que abre la puerta a nuevos tratamientos. En obesidad vemos potencial de desarrollo, aunque por ahora nuestro portafolio se concentra en diabetes.

— ¿Qué lo motiva en este rubro?

El propósito de la industria farmacéutica es generar acceso y cuidar a la gente. Traer medicamentos de calidad es lo que me apasiona y lo que me hace levantarme cada día.

El entrevistado

Gerente general del Clúster Andino, Centroamérica y el Caribe (ACC) de la farmacéutica Sandoz. Lleva 14 años en este rubro. Empezó como director financiero en Argentina y luego pasó al área comercial. Antes trabajó en consumo masivo, en Danone.

Lo que debes saber

• Los combustibles acumulan alzas de entre 19,9 % y 69,9 % frente a enero de 2026, lo que incrementa el costo de llenar el tanque.
  
• Conductores cambian de gasolina, ajustan sus gastos y buscan alternativas de movilidad para reducir el impacto en su presupuesto.
  
• Especialistas advierten que el encarecimiento de los derivados puede elevar la inflación, afectar el consumo y reducir el crecimiento económico.

Llenar el tanque con combustible cuesta cada vez más en Ecuador. Los altos precios de los derivados, que mantienen una tendencia al alza tras el conflicto en Irán, ejercen mayor presión sobre el presupuesto de los hogares, que deben ajustar sus gastos para destinar más recursos para comprar estos productos o buscar sustitutos, más económicos como la extra o ecopaís.

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Desde este 12 de junio hasta el 11 de julio, la extra y ecopaís se comercializan en $3,31 el galón, el diésel prémium en $3,25. Mientras tanto, la súper tiene un precio referencial de $5,7. Este decir, esta última puede variar según la estación de servicio porque tiene un margen de utilidad liberado.

El costo de estos productos mantiene una tendencia al alza -casi al tope del sistema de bandas que fija un máximo del 5 % para la extra, ecopaís y diésel- desde marzo de 2026.

Así, considerando los montos actuales frente a los de enero 2026 (antes del conflicto), las gasolinas y diésel registran un incremento acumulado de entre 19,9 % y 69,9 %. Este porcentaje, en dólares, significa un aumento de entre $6,40 y $22,10 para llenar, por ejemplo, un tanque con capacidad para 10 galones (ver gráfico).

Llenar el tanque cuesta cada vez más en Ecuador

Al sentir esta variación “brusca” de precios, Sol Torres, propietaria de un crossover, decidió desde mayo usar gasolina extra, pese a que cuando compró su vehículo híbrido en 2025 le indicaron que de preferencia utilice súper.

En su caso, el costo para abastecer de súper a su auto (10 galones) representaba alrededor de $25 a la semana. Sin embargo, en mayo empezó cancelar cerca de $32, pese a que las reservas del tanque no estaban al mínimo.

“Este gasto se me estaba saliendo de control y afectando el presupuesto de mis otras obligaciones”, comenta Torres.

Por esta razón, tras asesorarse en el concesionario empezó a utilizar extra, que frente a la súper, cuesta $2,39 menos. “Ahora tanqueo con $20”, dice.

Conductores cambian hábitos para reducir el gasto en combustible

Jefferson Lastra, propietario de un SUV, comenta también que hasta las primeras semanas de junio abastecía su vehículo exclusivamente con súper.

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Sin embargo, tras el último incremento de precios, llenará el tanque con una mezcla de mitad súper y mitad extra para reducir el gasto en combustible.

Con esta estrategia espera bajar los gastos "inesperados", que representa ahora el alto costo de los combustibles.

Lastra destinaba alrededor de $20 al mes para completar el tanque, que no permitía que baje de la mitad. Pero la última vez gastó $43. “Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.

Estos gastos inesperados causaron que descuente dinero de mi comida y de la de mis perros para poder comprar gasolina”.Jefferson Lastra, propietario de un SUV.

El transporte absorbe una parte importante del presupuesto familiar

El impacto de las alzas de los combustibles no se limita a los conductores. Según la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2024-2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el transporte absorbe el 12,9 % del gasto mensual de los hogares ecuatorianos. 

Además, representa el segundo rubro de mayor peso dentro del presupuesto familiar, después de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Dentro de esta categoría se incluyen gastos relacionados con combustibles, transporte público, mantenimiento de vehículos, repuestos y otros servicios de movilidad.

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El uso de transporte público o vehículos eléctricos es otra opción

Para intentar reducir estos gastos, Javier Vivanco, propietario de un SUV híbrido, considera usar el Metro para movilizarse o cambiarse a un vehículo eléctrico, aunque le preocupa que esta última opción se convierta en un “riesgo”, por la situación eléctrica del país.

Vivanco piensa en estas opciones debido al impacto que tiene en el presupuesto familiar la compra de gasolina.

Para su vehículo -que es más eficiente en el uso de combustible- destinó antes del cambio de precios $44, cuando antes cancelaba alrededor de $32, que le permiten recorrer entre 12 y 15 días dentro de la zona urbana de Quito.

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Un problema global

El alza de los combustibles que se registra en Ecuador en los últimos meses responde al encarecimiento del petróleo, de los derivados en el mercado internacional y la mayor asignación de subsidios para la extra, ecopaís y diésel, enfatiza Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

Además, refiere que si bien en la extra, ecopaís y diésel se advierten alzas, el precio actual de estos productos no refleja su valor real porque el Estado asigna actualmente entre $1,02 y $1,60, según el esquema de subsidios proyectados para el periodo 12 de junio-11 de julio, elaborado por la empresa pública Petroecuador.

La asignación de estas subvenciones responde a que el sistema de bandas solo permite alzas máximas de hasta el 5 %.

Ante este escenario, Acosta Burneo prevé que este mayor costo de derivados aumente la inflación, se reduzca el consumo ante una menor capacidad de compra porque cada vez se debe asignar más para combustibles. Además, puede impactar en el crecimiento económico del país. “El alza de los combustibles tiene un impacto global importante en las familias y en la economía”.

Para variar, la duración de esta crisis es incierta porque mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantenga, los precios del crudo y los derivados seguirán elevados, refiere Nelson Baldeón, consultor energético y geopolítico.

Baldeón también advierte que aunque el conflicto llegue a su fin en las próximas semanas, la reducción de precios de combustibles en Ecuador no será inmediata. 

La razón es que el sistema de bandas permite una reducción máxima del 10 % y a la vez la asignación de subsidios creció. Por ello, mientras el Estado cubra parte de estos valores, los consumidores deberán asumir mayores costos hasta que se vuelvan a equiparar los precios de los combustibles de Ecuador con los del mercado internacional.

Reestructuración en la nómina de Prefectura

• Carlos Encalada delegó áreas estratégicas a extrabajadores del Estado y municipios.
• Analistas coinciden en que la nómina responde a un pacto para evadir bloqueos estatales.
• El prefecto no ha dado su versión a EXPRESO. 

Carlos Encalada Villacís asumió la Prefectura del Guayas el 15 de mayo de 2026. Tras la salida de Marcela Aguiñaga, logró la unanimidad del Consejo Provincial presentándose como un perfil “apolítico” y sin historial en la función pública. Sin embargo, su cúpula administrativa dista de esa etiqueta.

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Nuevos rostros en la Prefectura, no tan nuevos en el sector público

Una revisión de EXPRESO a la nómina de directores y coordinadores del nuevo gobierno provincial revela que los cargos claves y el manejo de los recursos han sido entregados a una mezcla de cuadros provenientes del Ejecutivo central (del mandato de Daniel Noboa), del Municipio de Guayaquil y de antiguos funcionarios de la era de Jimmy Jairala.

La viceprefecta, Ana María Gallardo Cornejo, también tiene experiencia en el sector público: fue viceministra y coordinadora en el Ministerio de Producción (Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, 2018-2023).

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Los 'reciclados' de la administración de Jimmy Jairala (2009-2018)

Las áreas administrativas y legales marcan el regreso de figuras de pasadas administraciones provinciales. Víctor Zeballos Zevallos, actual director administrativo, manejó esta misma área (como encargado) en 2018, durante el mandato de Jairala.

Su contratación llama la atención por una omisión legal: no existen rastros de sus declaraciones juramentadas en el sistema de la Contraloría General del Estado, pese a que en octubre de 2024 asumió como coordinador financiero en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), según documentos oficiales.

A él se suma Alfredo Escobar Avilés, actual procurador síndico de la Prefectura. Escobar controló las compras públicas de la institución durante diez años (2009-2019), también bajo la administración de Jairala. Tras su salida, ocupó las gerencias de CNEL y CNT en el mandato de Guillermo Lasso.

Este Diario le consultó al exprefecto Jairala si tuvo algún tipo de contacto o influencia en el regreso de estos cuadros, a lo que respondió: “De la incorporación del abogado Escobar y el ingeniero Zevallos me enteré por los medios de comunicación. Puedo asegurarle que no tengo absolutamente ninguna relación con esa administración”.

El peso del oficialismo en el organigrama

El mayor peso del organigrama recae sobre exfuncionarios del actual Gobierno. La Coordinación General Administrativo-Financiera está en manos de Alejandro Peña Jácome, quien hasta este 2026 fue gerente comercial y de desarrollo en CNEL EP, además de tener pasado municipal en la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad (Épico) y la Empresa de Vivienda (2019-2024).

Pero el perfil más llamativo en el manejo de recursos es el de Oscar Saab Adum, flamante director de Compras Públicas. Su hoja de vida refleja una vertiginosa rotación estatal: saltó por al menos siete cargos en tres años. Llega desde la subdirección del Hospital Los Ceibos. Solo en 2025 pasó por las direcciones administrativas de los hospitales Efrén Jurado y Francisco de Icaza, además del CNE Guayas. En 2024 fue director del Sercop (Zonal 8) y antes laboró en la Asamblea Nacional.

En áreas operativas, la Dirección de Gestión Ambiental recayó en Roberto Marcos Miranda, exdirector de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía; mientras que la Dirección de Talento Humano fue asumida por Yuliana Zambrano Macay, funcionaria del Ministerio del Trabajo durante cinco años (2019-2024).

La obra física y los proyectos provinciales quedaron encargados a perfiles ligados al Cabildo porteño. Pedro Varas Valdez es el nuevo coordinador general de Infraestructura, cargo al que llega tras operar hasta este 2026 como especialista y coordinador general en el Municipio de Guayaquil. De igual forma, María Piedad Palacios, directora de Proyectos y Cooperación Internacional, ocupó altos cargos en la Fundación Terminal Terrestre hasta este año.

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¿Pacto político o reclutamiento oportuno? 

Renovar un equipo de trabajo para un periodo tan corto de transición frente a la amenaza del fenómeno de El Niño evidencia, para los especialistas, una hoja de ruta que trasciende lo técnico y cuestiona las intenciones más allá de las declaraciones ‘apolíticas’.

Para la politóloga Andrea Endara, el “borrón y cuenta nueva” responde a la necesidad de Encalada de construir su propia imagen y distanciarse de la bandera política de la administración saliente.

Sobre la importación de cuadros del oficialismo, Endara lo interpreta como una maniobra táctica: “Puede generar ruido, pero es una estrategia para evitar ese choque que hemos visto que tiene el Gobierno Central con los seccionales que no le son afines. Al poner gente cercana, evitas fricciones que podrían dilatar los proyectos y obras del prefecto”.

Endara recalca que detrás del perfil apolítico hay intenciones claras. “Si no sabes algo, buscas a quien lo sepa. En ese sentido, se reciclan personajes. Lo importante, en un ambiente tan polarizado, es auditar si el performance de esos perfiles beneficia realmente a la provincia”.

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El politólogo Manuel Balda es más tajante y califica este nuevo organigrama como el reflejo directo de un pacto político. Considera que la repentina salida de Aguiñaga dejó un vacío de poder que obligatoriamente iba a ser capitalizado por el oficialismo (ADN) y sus aliados. “No me sorprende que haya gente del Gobierno. Una de las grandes carencias de ADN es que no tiene cuadros políticos por ningún lado, por lo que generalmente tiene que reciclar”, dice Balda.

Sobre la presencia de exfuncionarios de la era Jairala, el analista sostiene que responde a la necesidad de incorporar gente que ya conoce el engranaje de la Prefectura, sumado a la actual afinidad política que mantiene el exprefecto con el Ejecutivo.

Sigue pendiente la entrevista de Encalada con EXPRESO 

Para contrastar esta información y conocer el plan de trabajo de este año de gestión, EXPRESO ha solicitado una entrevista formal con Carlos Encalada desde que asumió como viceprefecto en abril. La petición no ha sido agendada. Para este artículo se volvió a insistir con el requerimiento, pero hasta el cierre de esta edición se sigue esperando una respuesta oficial.

Lo que debes saber

• La SuperCías removió al liquidador de Zofragua tras detectar múltiples observaciones en su gestión.
• La solicitud para cancelar la compañía fue presentada sin cumplir etapas clave de la liquidación.
• La resolución cuestiona la falta de respaldo documental sobre la situación patrimonial de la empresa.

Por más de cinco años, Carlos Xavier Cadena Asencio estuvo al frente de la liquidación de Zofragua S. A. El 3 de octubre de 2024, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) concluyó que su gestión registró múltiples incumplimientos, por lo que fue removido del cargo mediante la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649.

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Una gestión bajo cuestionamientos

Como EXPRESO ha revelado en reportajes anteriores, la administración de Zofragua S. A. en liquidación estuvo rodeada de cuestionamientos. Entre ellos figura el manejo de una indemnización millonaria obtenida tras una demanda contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, un caso que fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por el abogado Gastón Alarcón Obando.

Además, el organismo de control determinó que no se justificó documentalmente la situación patrimonial de la empresa ni varias operaciones reportadas durante la liquidación. La resolución también señala que la falta de sustento contable y de avances concretos en el proceso impedía verificar la razonabilidad de los estados financieros presentados por la compañía.

Pero no solo eso. Durante su gestión, la Superintendencia de Compañías identificó múltiples omisiones y deficiencias en el ejercicio de las funciones que la normativa asignada a un liquidador, observaciones que llevaron a César Alfredo Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, a disponer su remplazo. ¿Cuáles fueron los hallazgos que motivaron esa decisión?

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Los motivos de la remoción

Según la resolución, el también contador público autorizado, que además posee un diploma superior en Gestión de Finanzas, incumplió el artículo 18 del Reglamento sobre Inactividad, Disolución, Liquidación, Reactivación y Cancelación de Compañías Nacionales y Cancelación del Permiso de Operación de Sucursales de Compañías Extranjeras. Esa disposición establece tres etapas, cada una con un plazo de 60 días, y define las acciones que debe ejecutar el liquidador para avanzar en el proceso de liquidación de una empresa.

El cumplimiento de cada una de ellas no solo marca el avance del proceso de liquidación, sino que también condiciona el cobro de los honorarios del liquidador, que deben ser autorizados conforme se acrediten sus gestiones. En la primera etapa, Cadena Asencio tuvo que presentar el acta de entrega y recepción de libros sociales, el balance inicial y el informe y plan de trabajo del liquidador especificando cómo llevará la liquidación.

En la segunda, el parámetro a evaluar es el aviso a acreedores, gestiones para la realización de los activos y extinción del pasivo, de ser el caso. ´

Y para la última fase, el liquidador debió entregar su informe de gestión a la Junta General, el balance final, la distribución del haber social, de ser el caso, y solo allí vendría la cancelación.

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La solicitud de cancelación

Pero en 2021 Cadena Asencio pidió la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil alegando carencia de patrimonio. Sin embargo, según la Superintendencia de Compañías, esa petición fue presentada sin que previamente se hubieran cumplido las actividades previstas en las distintas etapas del proceso de liquidación.

Según la resolución, Poveda observó que Cadena omitió obligaciones esenciales de su cargo, entre ellas suscribir el acta de entrega-recepción de bienes, libros y documentos de la compañía, presentar un plan de trabajo para la liquidación y remitir informes trimestrales sobre el avance del proceso.

Estas responsabilidades también están contempladas en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 387 de la Ley de Compañías y forman parte de los requisitos que debe cumplir todo liquidador antes de concluir el proceso liquidatorio.

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Patrimonio sin sustento y acreedores pendientes

Además, el organismo de control concluyó que la situación patrimonial de la empresa y varias operaciones efectuadas durante la liquidación carecían de respaldo documental suficiente. En ese sentido, la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 advirtió que Cadena “pretende acogerse a una presunta carencia de patrimonio sin poder justificar documentalmente la misma ante esta Dirección Nacional de Actos Societarios y Disolución”.

A ello se suma que, pese a reconocer la existencia de acreedores, el liquidador nunca informó a la Superintendencia de Compañías qué acciones adoptaría para gestionar los activos y pasivos de Zofragua S. A. Para la Intendencia Nacional de Compañías, esta omisión evidenciaba que no se estaban cumpliendo etapas esenciales del proceso liquidatorio.

Lo que debes saber 

• El branding consiste en construir y gestionar la identidad, reputación y percepción de una marca en la mente de las personas.
  
• Branding, diseño, publicidad y posicionamiento cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de una organización.
  
• Los Best Branding Awards Ecuador reconocen casos que demuestran impacto real en la construcción y gestión de marcas.

La evolución de las comunicaciones de marketing ha estado marcada por conceptos que surgieron para responder a las necesidades de cada época. Las marcas nacieron en el siglo XIX como una forma de diferenciar productos. En los años treinta y cuarenta apareció la publicidad moderna de la mano de figuras como David Ogilvy, Bill Bernbach y Leo Burnett, cuyos principios siguen vigentes. En los años setenta, Al Ries y Jack Trout introdujeron la teoría del posicionamiento. Desde los noventa, en cambio, comenzó a consolidarse otro concepto que todavía suele confundirse: el branding.

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Muchos lo reducen al diseño, al logotipo o a la identidad visual. Sin embargo, el branding es algo mucho más amplio. Se trata del proceso de construir y gestionar la identidad, la reputación y la percepción de una marca en la mente de las personas. Responde a una pregunta esencial: ¿qué significa esta marca para quienes la conocen, la compran o interactúan con ella?

Branding: mucho más que identidad visual

El branding engloba propósito, valores, personalidad, tono de comunicación, experiencia, reputación y las asociaciones emocionales y racionales que una marca es capaz de generar a lo largo del tiempo. Es lo que da coherencia a todas sus expresiones.

Uno de los principales referentes de esta disciplina, Andy Stalman, insiste en que branding, publicidad, diseño y posicionamiento no son sinónimos ni ocupan el mismo nivel estratégico. Su conocida frase, “el branding es el alma y el marketing es la voz”, resume bien esa diferencia. Si imaginamos una marca como una persona, el branding sería su personalidad, sus valores y su reputación; el diseño, su apariencia; la publicidad, aquello que dice para captar atención; y el posicionamiento, el lugar que aspira a ocupar en la mente de los demás.

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Qué premian los Best Branding Awards Ecuador

Por eso resultan tan relevantes iniciativas como los Best Branding Awards Ecuador, cuya más reciente edición reconoció a las organizaciones que durante el último año demostraron excelencia en la construcción y gestión de marcas. El certamen premió 21 categorías que abarcan desde creación de marca, naming y rebranding visual hasta arquitectura de marca, experiencias digitales y activaciones.

Su gran diferencia frente a otros festivales radica en los criterios de evaluación. Aquí no basta con una pieza creativa brillante o con buenos resultados comerciales. Los casos son analizados a partir del desafío planteado, la calidad de la solución desarrollada y el impacto conseguido. Se evalúa la capacidad de identificar un problema relevante, construir una respuesta coherente y demostrar que esta produjo cambios medibles y significativos.

Formé parte del Gran Jurado encargado de seleccionar el máximo reconocimiento del certamen. La tarea no fue sencilla. Varios trabajos exhibieron un nivel notable de profundidad estratégica y ejecución. Finalmente, Floralp obtuvo el premio Best of the Year gracias a un sólido proceso de rebranding visual que recuperó atributos históricos de la marca, unificó criterios de diseño, actualizó su identidad gráfica y fortaleció la arquitectura de productos de la línea Quesos del Mundo. Un caso que demostró que evolucionar no siempre implica romper con el pasado.

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Análisis Estratégico: ¿Genialidad o suicidio de marca?

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Más allá de los ganadores, el mayor valor de estos premios fue confirmar la madurez del marketing y las comunicaciones en Ecuador. Cuando una industria empieza a valorar la construcción de marca con el mismo rigor con que mide ventas o participación de mercado, deja de pensar en campañas aisladas y comienza a construir activos de largo plazo. Y, en un entorno donde los productos se copian, los precios cambian y la tecnología se democratiza cada vez más rápido, la marca sigue siendo la ventaja competitiva más difícil de imitar.

Lo que debes saber 

• Organizaciones de derechos humanos y la Corte Nacional cuestionaron vacíos en la reforma sobre desaparición forzada.
• Asfadec propuso crear una dirección especializada dentro de la Fiscalía para investigar estos casos.
• Inred pidió eliminar tiempos de espera para denuncias y reconocer el derecho a la verdad de las familias.

La reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas recibió nuevas observaciones durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y delegados de la Corte Nacional de Justicia coincidieron en que el proyecto debe ampliarse para evitar vacíos legales y garantizar una respuesta más efectiva ante posibles casos de desaparición forzada.

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La discusión se produce tras la sentencia de la Corte Constitucional relacionada con el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, que ordenó incorporar mecanismos especiales para la búsqueda e investigación cuando existan indicios de participación estatal en una desaparición.

Durante la jornada, los comparecientes insistieron en que la incorporación de la figura de “presunta desaparición forzada” no puede limitarse a un cambio terminológico y debe ir acompañada de reformas estructurales que fortalezcan la búsqueda, la investigación y el acceso a la información.

Reforma a ley de desapariciones enfrenta observaciones jurídicas

Sofía Cando, asesora jurídica de Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), respaldó el espíritu de la reforma, pero advirtió que la propuesta debe armonizarse con el resto de la normativa vigente para evitar problemas en su aplicación.

“La categoría de presunta desaparición forzada debe armonizarse con todo el contenido de la ley a fin de evitar contradicciones, vacíos normativos o dificultades en su aplicación práctica”, afirmó durante su intervención.

La representante de Asfadec sostuvo que la desaparición forzada no debe entenderse únicamente cuando intervienen directamente agentes estatales. Explicó que la legislación también debe contemplar situaciones en las que existan autorizaciones, apoyo, tolerancia u omisiones de autoridades públicas, tal como ocurre en el Código Orgánico Integral Penal y en los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, planteó que la reforma establezca qué autoridad tendrá la facultad de determinar inicialmente una presunta desaparición forzada, bajo qué criterios se activarán las rutas especializadas y cuáles serán las obligaciones concretas de las instituciones desde el primer momento de la denuncia.

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Asfadec propone crear dirección especializada en Fiscalía

Entre los planteamientos presentados por Asfadec consta la creación de una Dirección Nacional de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y Extraviadas dentro de la Fiscalía General del Estado.

“Esta dirección debe contar con autonomía técnica, presupuesto propio, personal especializado, equipos interdisciplinarios y capacidad de coordinación nacional e internacional”, señaló Cando.

Según la organización, esta estructura permitiría enfrentar problemas recurrentes como la rotación de fiscales, la pérdida de continuidad en los casos, la dispersión institucional y las demoras en diligencias consideradas urgentes para localizar a las víctimas.

También pidieron fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como evitar prejuicios o presunciones de desaparición voluntaria que retrasen la activación de alertas y protocolos de búsqueda.

"Uno no puede ser juez y parte", advierte abogado de Asfadec

David Aróbere, coordinador de la Red de Abogados Voluntarios de Asfadec, expuso varios problemas que, a su criterio, persisten desde la aprobación de la ley vigente.

Uno de ellos es la falta de un registro único y confiable de personas desaparecidas en Ecuador. Según explicó, actualmente existen bases de datos dispersas entre distintas instituciones públicas que no coinciden entre sí.

“No podemos tener un solo registro oficial, lo cual evidentemente nos complica muchísimo tener conciencia de un registro verídico”, manifestó.

Aróbere también cuestionó la falta de especialización de fiscales y policías encargados de investigar desapariciones y señaló que muchas diligencias urgentes no se ejecutan oportunamente, lo que termina afectando la obtención de pruebas.

El abogado fue más allá al referirse a los casos de desaparición forzada y advirtió posibles conflictos en las investigaciones cuando los presuntos responsables pertenecen al propio Estado.

“Uno no puede ser juez y parte”, sostuvo, al proponer que organizaciones sociales participen en mecanismos de vigilancia y control de los procesos para garantizar transparencia cuando existan sospechas sobre la actuación de instituciones públicas.

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Corte Nacional alerta sobre problemas en definición de desaparición forzada

La Corte Nacional de Justicia también presentó observaciones técnicas al proyecto de reforma. El juez nacional Lauro Javier de la Cadena destacó la importancia del activismo de las organizaciones de familiares de desaparecidos y consideró que sus aportes deben ser incorporados en el debate legislativo.

“El Estado como tal es responsable de brindar una respuesta inmediata, una respuesta oficiosa y una respuesta exhaustiva ante la desaparición de una persona”, afirmó.

Por su parte, Diego Sebastián Campoverde, subcoordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional, recordó que la sentencia constitucional derivada del caso de los niños de Las Malvinas ordenó tres medidas específicas: presumir la desaparición forzada cuando existan indicios de participación estatal, impedir que las instituciones aleguen reserva para ocultar información y crear mecanismos de coordinación para la búsqueda.

Sin embargo, señaló que la propuesta aún presenta problemas conceptuales.

“La desaparición forzada no solamente es la causa de acciones de agentes del Estado, sino también de quienes participan con su aquiescencia o con su consentimiento”, explicó.

Asimismo, recomendó que la futura ley incorpore protocolos específicos para coordinar las actuaciones de todas las instituciones involucradas y que se incluya a organizaciones de la sociedad civil dentro de los mecanismos de seguimiento y veeduría.

Inred cuestiona figura de “presunta desaparición forzada”

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inred) también expuso una serie de observaciones durante la sesión. Andrea Toapanta, integrante del área jurídica de la organización, señaló que la denominación “presunta desaparición forzada” genera preocupaciones desde el enfoque internacional de derechos humanos.

“La normativa e instrumentos internacionales de derechos humanos no contempla esta denominación”, afirmó. La jurista explicó que la legislación internacional exige la activación inmediata de mecanismos de búsqueda cuando existan indicios de participación estatal, sin necesidad de crear categorías intermedias que puedan generar incertidumbre o retrasos.

Toapanta también insistió en la necesidad de fortalecer los registros estadísticos sobre desapariciones, incorporando variables relacionadas con edad, sexo, identidad de género, nacionalidad, origen étnico y circunstancias del hecho para identificar patrones de riesgo y mejorar las políticas públicas.

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Organizaciones exigen derecho a la verdad y búsqueda sin demoras

Diana Salomé León, coordinadora legal de Inred, presentó seis propuestas adicionales basadas en estándares internacionales de derechos humanos. La primera fue eliminar cualquier interpretación que permita exigir tiempos de espera antes de denunciar una desaparición.

“Las primeras horas son las más críticas para localizar a una persona con vida y cada hora perdida reduce exponencialmente esa posibilidad”, sostuvo. Además, pidió que la búsqueda de personas desaparecidas funcione de manera independiente de las investigaciones penales, para evitar que la paralización de un proceso judicial frene los esfuerzos para encontrar a la víctima.

La organización también propuso reconocer expresamente el derecho a la verdad como un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, garantizar la participación activa de los familiares en la construcción de hipótesis de búsqueda y establecer mecanismos públicos para medir la efectividad de la ley.

“Las familias no son destinatarias pasivas de información, son actores fundamentales en la búsqueda”, enfatizó León.

Al cierre de la sesión, la Comisión de Seguridad solicitó que todas las observaciones presentadas sean remitidas formalmente para ser analizadas en la elaboración del informe para primer debate del proyecto de reforma.

Lo que debes saber

• Una denuncia pide investigar el destino de recursos entregados a Zofragua S.A.
• Cuatro personas son señaladas por presuntas irregularidades en el caso.
• La empresa fue cancelada pese a haber recibido millonarios desembolsos del Estado.

Formalizado. Ante la Fiscalía General del Estado fue presentada una ‘notitia criminis’ contra cuatro personas sospechosas de la presunta desaparición de recursos públicos que la empresa Zofragua S. A. recibió tras ganar un juicio contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil, cuando la compañía se encontraba en proceso de liquidación.

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Una denuncia

Según la denuncia, en esta presunta irregularidad habrían participado Carlos Cadena Asencio, liquidador de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías); Leónidas Plaza Verduga, ex procurador judicial de Zofragua; Daniel Falconí Heredia, exviceministro de Finanzas; y Luis Idrovo Murillo, intendente nacional de Compañías de la SuperCías. El abogado Gastón Alarcón Obando los señala por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado.

En total, el Estado habría desembolsado $16’857.433,51 a favor de Zofragua S. A., mediante dos pagos relacionados con el litigio mantenido con la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Sin embargo, según la denuncia, no existiría un registro claro sobre su destino final.

El primer desembolso ascendió a $4’793.769,42 y se realizó en 2019. El segundo, por $12’063.664,09, se concretó el 22 de diciembre de 2023, luego de que el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, suscribió un convenio de pago con Carlos Cadena Asencio para cancelar la obligación mediante un bono del Estado con plazo de seis años.

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¿Qué pasó con los recursos entregados a Zofragua?

El pago realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil se originó tras el fallo emitido por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con la ‘notitia criminis’, Zofragua operaba la zona franca del puerto de Guayaquil bajo un contrato de comodato desde 2001, pero en 2012 la entidad pública rescindió unilateralmente el acuerdo, lo que motivó a la empresa a presentar una demanda por daños y perjuicios. No obstante, pese a que la empresa en liquidación habría recibido estos recursos, Zofragua S. A. fue posteriormente cancelada por disposición del entonces intendente nacional de Compañías. La principal interrogante que plantea la denuncia es qué ocurrió con el dinero transferido a la compañía y quiénes habrían administrado esos fondos.

Una de las pistas sobre el destino del primer desembolso realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil consta en la Resolución No. SCVS-INC-DNASD-2024-00014649 de la Superintendencia de Compañías. En ese documento, César Poveda Valdivieso, entonces intendente nacional de Compañías encargado, menciona “la suma de $ 4’793.769,42 (por concepto de indemnización a Zofragua S. A.), que según menciona el liquidador, fue cobrada por el procurador judicial Dr. Leónidas Plaza Verduga el 20 de junio de 2019”, por la defensa que ejerció su estudio jurídico.

Según la resolución, esta información fue proporcionada por el liquidador durante el proceso de revisión de la compañía. El documento no detalla el destino de los recursos ni registra su ingreso a las cuentas de Zofragua S. A.

De acuerdo con la resolución, el liquidador había indicado que la firma supuestamente mantenía una deuda con Leónidas Plaza Verduga por concepto de honorarios profesionales derivados de gastos judiciales acumulados durante más de seis años. El monto ascendía a $2’396.884,71 y, según lo expuesto por Cadena Asencio, los intereses por mora habrían elevado esa obligación a una cifra que “superaba con creces” el valor que la compañía tenía pendiente de cobrar.

Cadena Asencio habría reconocido esa obligación mediante la suscripción del Acta de Mediación No. 090102-2020-00099, dentro del juicio No. 09332-2019-08056, tramitado en la Unidad Judicial Civil Norte con sede en Guayaquil. Sin embargo, el denunciante sostiene que no existen facturas ni un contrato de honorarios que respalden esos valores y asegura que dicho pasivo tampoco constaba registrado en los estados financieros de la firma.

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Segundo desembolso

Respecto al segundo desembolso realizado por el Estado, Alarcón solicita que la Fiscalía determine cuál fue el destino de esos recursos. Su pedido se sustenta en que 13 meses después de la suscripción del acuerdo de pago, la SuperCías dispuso la cancelación definitiva de Zofragua S. A.

Mediante la resolución No. SCVS-INC-DNASD-2025-00000984, el intendente nacional de Compañías, Luis Idrovo Murillo, ordenó la cancelación de la inscripción de Zofragua S. A. en el Registro Mercantil, junto con otras 15 compañías. La decisión se fundamentó en que la declaratoria de disolución de esas empresas había sido emitida al menos siete años antes, conforme a lo establecido en la Disposición General Segunda de la Ley de Modernización a la Ley de Compañías.

Zofragua S. A. fue inscrita el 11 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil de Guayaquil. Según la resolución de la SuperCías, la firma ocupaba el séptimo lugar en el listado de 15 empresas cuya cancelación fue ordenada.

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Los activos que desaparecieron de los balances

A las interrogantes sobre el destino de los recursos transferidos por el Estado se suma otra inconsistencia detectada en la documentación de Zofragua S. A.: la aparente desaparición de sus activos, pasivos y patrimonio. Según la resolución suscrita por César Poveda Valdivieso, el liquidador Carlos Cadena Asencio presentó en julio de 2023 un balance inicial, con corte al 28 de febrero de 2019, en el que todos esos rubros constaban en cero.

Sin embargo, los estados financieros correspondientes a 2010 reflejaban una realidad distinta. Para entonces, la compañía registraba activos por $3’563.152,46, pasivos por el mismo monto y un patrimonio de $42.125,90, una diferencia que el denunciante considera clave para determinar qué ocurrió con los bienes y obligaciones de la empresa antes de su cancelación

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Los involucrados no respondieron

EXPRESO solicitó una entrevista a Cadena Asencio, Plaza Verduga e Idrovo Murillo mediante correos electrónicos enviados a sus direcciones registradas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta. Falconí indicó que su abogado, Andrés Salazar, atendería las consultas que no fueron resueltas hasta el cierre de la publicación.

Lo que debes saber

• Agrocalidad tenía evidencia científica del arribo de la bacteria desde septiembre de 2025 y firmó una resolución de emergencia el 10 de noviembre de ese año. Sin embargo, confirmó públicamente el 10 de junio de 2026.
• Agrocalidad dice haber capacitado a 268 agricultores en 15 eventos. Pero se estima que solo en zonas productivas de café hay alrededor de 100.000 familias repartidas en 23 provincias.
• Los arándanos —cultivo susceptible ante la Xylella— generaron exportaciones por alrededor $3,94 millones en 2025, con Estados Unidos como destino del 85% del volumen.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) confirmó la noche del 10 de junio la presencia de Xylella fastidiosa en las provincias de Zamora Chinchipe, El Oro y Loja. Esta bacteria es considerada una de las más peligrosas del mundo para la producción agrícola, ya que es capaz de afectar a cultivos como café, arándano, cítricos y otros.

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El anuncio se produjo tres días después de que Diario EXPRESO publicara una serie de noticias sobre la bacteria, que generó reacciones en el sector productivo que pide socialización y presencia real del Estado en el campo.

Desde el cantón Puyango, en Loja, el ingeniero agrónomo Vicente Cárdenas fue uno de los primeros productores en compartir su preocupación. Indicó que se enteró de la Xylella a través de comentarios y la difusión de la noticia en su comunidad.

De manera general, señaló que los productores de la zona desconocen del tema: “Aquí en Puyango, yo no conozco si ha habido alguna capacitación”, afirmó. Asimismo, adelantó que él mismo se encargaría de difundir la información en los medios locales, ya que todavía existen muchas interrogantes y es necesario que los productores conozcan del tema.

La situación del sector cafetero

Para Cárdenas, la llegada de la Xylella no puede entenderse fuera del contexto de abandono sistemático que ha sufrido este sector durante décadas. El retroceso ha sido significativo: Ecuador pasó de tener 550.000 hectáreas cultivadas de café a apenas 25.000, y de producir tres millones de sacos anuales a poco más de 100.000 en 2025.

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En su criterio, entes como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) actualmente tiene limitada su capacidad investigativa y de acompañamiento en territorio. A ello se suma la desaparición de organismos y mecanismos que sostenían al sector. “No tenemos el Consejo Cafetero, que brindaba capacitación, tampoco existen créditos enfocados para este tipo de cultivo. Con la derogación de la ley del sector cafetero en 2013, desaparecieron también los créditos blandos. ¿Qué puede hacer el agricultor cafetero?”, cuestionó. 

Considerando aquello Cárdenas explica la acción inicial y sostenida para afrontar a la bacteria debe basarse en: brigadas de capacitación técnica lideradas por la agencia. “Agrocalidad primero debe capacitar a todos los técnicos. Y si no tiene personal, tiene que contratar personal, porque el café es un cultivo que actualmente está en apogeo. En el mundo se está consumiendo dos mil millones de tazas diarias de café —cifra de la Asociación Británica del Café—”, señaló. 

Refuerza su argumento señalando que la Xylella tendrá un impacto más severo en los cultivos que presentan deficiencias de manejo agronómico y en la capacidad de respuesta ante plagas. En ese contexto, estima que “entre el 90 y el 95 % de los productores no maneja técnicamente sus cafetales”.

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¿Qué dice Agrocalidad?

Mientras los productores hablan de ausencia, Agrocalidad presenta cifras del seguimiento a la bacteria. La agencia señala que entre enero y mayo de 2026 realizó más de 1.200 monitoreos y tomas de muestras para diagnóstico de laboratorio, con ocho resultados positivos para la plaga. Esta labor “permitió la erradicación de 219 plantas afectadas, así como el control de vectores y el manejo de malezas en las zonas intervenidas”.

Como parte de la estrategia preventiva, la entidad indica que “ha fortalecido la supervisión de centros de propagación vegetal, emitiendo 181 certificados para viveros”, buscando garantizar que el material vegetal circule bajo condiciones fitosanitarias adecuadas y se reduzca el riesgo de propagación.

Agrocalidad también señala en su comunicado que ha venido impulsando actividades dirigidas a productores y actores de la cadena agrícola, enfocadas en la capacitación y sensibilización. Entre enero y abril, dijo, se desarrollaron 15 eventos técnicos, en los que participaron 268 agricultores, quienes se instruyeron sobre la identificación de síntomas, medidas de manejo, control y notificación oportuna de casos sospechosos. "Gracias a estas intervenciones preventivas y de contención, hasta la fecha no se registran pérdidas económicas significativas ni variaciones relevantes en los niveles de producción agrícola asociadas a la presencia de la plaga", concluye.

No obstante, Cárdenas señala que existen aproximadamente 100.000 familias cafeteras distribuidas en 23 provincias del Ecuador, de manera que esa cifra resulta limitada. Además, sostiene que la respuesta frente a Xylella no puede recaer solo en Agrocalidad, sino que requiere una acción encabezada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para respaldar la prevención y mitigación en el agro.

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Sector agroexportador

La preocupación no es exclusiva del sector cafetero. El arándano es otro de los cultivos identificados por Agrocalidad como hospedero de Xylella, lo que no implica la existencia de casos reportados, sino su susceptibilidad a la plaga. Las exportaciones de esta fruta no tradicional han presentado un importante crecimiento. Pese a una caída en el volumen exportado de los arándanos mantuvieron su dinamismo comercial. Según cifras del Banco Central del Ecuador en 2025, el país exportó 648 toneladas métricas por un valor FOB de $3,94 millones, frente a las 758 toneladas y $3,92 millones registradas en 2024. El incremento en los precios permitió compensar la reducción de los envíos.

Alvaro Cobo, gerente general de Nobis Fruit Company —empresa exportadora de frutas en la que el arándano destaca—, afirma que no han recibido información oficial por parte de la agencia y considera que más allá de generar preocupación es esencial que las autoridad fitosanitaria difunda los hallazgos que obtuvo. “Para quienes estamos vinculados a la producción agrícola, siempre es importante recibir información clara y oportuna sobre cualquier situación fitosanitaria que pueda representar un riesgo para los cultivos”, señaló.

En este contexto, el pedido de datos oficiales, orientación técnica y equipos en campo emerge como un punto de coincidencia entre distintos actores del sector agrícola. Para Cobo, la respuesta frente a la Xylella fastidiosa requerirá comunicación efectiva por parte de las autoridades que permita anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta en el campo. “Desde el sector productivo estaremos abiertos a recibir información que contribuya a proteger la sanidad agrícola y la sostenibilidad de nuestras operaciones”, concluyó.

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Nancy Valles y Jonathan Yanchaguano viven en el sector de La Mena del Hierro. El martes 9 de junio visitaron la sede de Cotocollao del Colegio Innova Schools, una red educativa de origen peruano que llegó a Ecuador hace dos años y medio y que hoy cuenta con seis sedes en la capital y una en Guayaquil, además de tener presencia en México y Colombia.

“Estamos indecisos”, admite la pareja. Han visitado ya tres o cuatro planteles. “Es la primera vez. Buscamos un lugar donde cuiden y enseñen bien a nuestra hija Mía, de tres años y seis meses”, explica el padre.

En una ciudad con más de 800 instituciones particulares, la oferta es amplía. Las pensiones mensuales van de menos de $100 hasta más de $2.000. Pero eso vuelve más complejo el proceso de elección. 

Se trata de una decisión vital, que implica sopesar expectativas académicas, de cuidado y seguridad; la ubicación y las necesidades específicas de inclusión.

Lo que dice una psicóloga sobre la elección de colegio

La psicóloga y directora de la escuela Franklin Roosevelt, Marcela Vilamar, señala que al elegir un plantel, los padres deberían priorizar un entorno que favorezca el bienestar integral de sus hijos. “Debe ser un espacio en donde puedan ser felices, desarrollarse y proyectarse”.

El plantel, sugiere, no solo debe garantizar seguridad, sino también promover el desarrollo de competencias y habilidades más allá del conocimiento académico. 

Esto incluye fortalecer destrezas blandas, la capacidad de resolver problemas cotidianos, la gestión emocional y la empatía. 

Villamar subraya que una educación de calidad debe ser inclusiva y formar personas íntegras, capaces de adaptarse a distintos escenarios, tomar decisiones y avanzar con alternativas (con un plan A, B o C) frente a los desafíos de la vida.

Marco y su esposa dieron con el Seneca al buscar un colegio para su hijo Gabriel (nombres protegidos, a pedido de la familia), quien empezará el primero de bachillerato. Tiene un porcentaje de discapacidad auditiva y les recomendaron el plantel porque es inclusivo y en cada aula hay pocos estudiantes (unos 15). 

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El reto serán las adaptaciones curriculares en inglés y francés, pero les pareció que será un buen lugar

Los espacios verdes, así como la posibilidad de que su hijo pase un día con quienes serán sus compañeros en septiembre, hizo que se decidieran. “Mi hijo está feliz”.

El interés por la enseñanza de idiomas

A ese conjunto de criterios se suma otro interés de algunas familias: que sus hijos aprendan más de un idioma, no solo inglés. En esa línea, Tanya Fuchs, directora del Naledsyel Schule, explica que su proyecto está pensado para quienes buscan “más puertas y oportunidades” para sus hijos.

“El alemán representa una gran ventaja académica, profesional y cultural”, anota. Explica que aprender un tercer idioma estimula los hemisferios cerebrales y las sinapsis, y que muchos padres valoran la posibilidad de acceder a certificados oficiales y a intercambios culturales. 

“Piensan seguir sus estudios en Alemania, dada la apertura del Gobierno. El primer paso es tener el idioma”.Tanya Fuchs/ directora del Naledsyel Schule

Las aulas son de 12 estudiantes, un paralelo por grado. “Las familias valoran un ambiente amigable, sano, pequeño y seguro”, sostiene.

Entre otros temas, los padres preguntan sobre el acompañamiento emocional, manejo del bullying, dinámica dentro del aula, tamaño de los grupos y enseñanza de idiomas.

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A los padres también les preocupa la seguridad. El centro, como otros, cuenta con circuito cerrado de cámaras. Y piden especificar cómo se apoya a estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. 

Otra duda frecuente es si los hijos podrán adaptarse al alemán o si la exigencia académica será demasiado alta. “Pero lo que más inquieta es saber si su hijo va a ser feliz”.

Lo que dicen los padres de familia

Malu Camacho, madre de familia de ese plantel, coincide en que se trata de una elección compleja porque incide en el desarrollo de los hijos. 

Ella se decidió por ese plantel por la ubicación (para ahorrarse 40 minutos en traslados), la metodología, la posibilidad de que sean trilingües, que se use el ajedrez para que aprendan a ser pacientes, estrategas y a ver más allá, así como el número de alumnos por aula y el manejo de las emociones con apoyo de psicólogos a nivel familiar.

Viviana Bonilla buscó un nuevo espacio para Evan Amores, de 9 años, quien pasará a sexto de básica. “Me agrada la metodología (de Innova Schools): es dinámica, respetan el ritmo de cada niño y dicen que los forman para ser críticos y seguros. A mi hijo le gustó”. 

El plantel le queda a ocho minutos en bus o a 20 caminando. Anota que buscaban un cambio desde las vacaciones del año lectivo anterior.

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La búsqueda de planteles se mantiene hasta septiembre del 2026

Marcelo Suárez, gerente comercial de Innova Schools, explica que en Quito el proceso de admisiones se extiende hasta septiembre, cuando inicia el siguiente año escolar. 

Entre junio y agosto se inscriben entre el 20 % y el 25 % de los alumnos y que en este periodo varios colegios intensifican su pauta digital, comenta. “Muchos padres toman la decisión en los últimos meses de clases. Buscan contrastar lo que ven en la publicidad con visitas y varias preguntas”.

Cifras sobre planteles en la capital

En la urbe hay 572.472 estudiantes en escuelas y colegios y 1.447 planteles. De ellos, 875 son particulares, 52 fiscomisionales, 35 municipales y 485 fiscales.

Lo que debes saber

• La medida de restricción se implementó en la mañana y tarde. Se busca reducir la siniestralidad vial en ambas vías
• Los gremios de transporte pesado reportan un impacto económico, retrasos logísticos y problemas para obtener salvoconductos
• La construcción de playas de estacionamiento o islas de descanso para transportistas no forma parte de la planificación inmediata del Municipio

A siete meses de la entrada en vigencia de la restricción horaria para vehículos de carga pesada en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar, el debate sigue abierto. 

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Mientras el Municipio de Quito sostiene que la medida ha permitido reducir la siniestralidad y salvar vidas, los transportistas aseguran que las limitaciones han generado pérdidas económicas millonarias, retrasos logísticos y afectaciones a la productividad nacional.

La restricción comenzó el 1 de enero de 2026 en horario matutino, entre las 06:00 y las 10:00, y desde el 1 de abril se amplió a la franja vespertina, de 16:00 a 20:00. Desde entonces, gremios del transporte pesado han cuestionado la decisión y mantienen acciones legales para intentar su derogatoria.

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Impacto en la operación logística

Luis Felipe Vizcaíno, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, reconoce que la medida ha contribuido a disminuir sinioestros de tránsito, pero sostiene que el impacto sobre la operación logística es significativo. 

“La logística trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana. Con esta restricción se limita aproximadamente ocho horas de operación, lo que representa una afectación cercana al 30% de la actividad logística”, explicó.

Según el dirigente, la situación golpea especialmente a los transportistas que aún no han logrado obtener salvoconductos para circular durante los horarios restringidos. Detalló que un tráiler que factura alrededor de 7.500 dólares mensuales podría registrar pérdidas cercanas a los 2.000 dólares al mes debido a las limitaciones operativas.

Aunque destacó la coordinación existente con las autoridades para agilizar la entrega de permisos, insistió en que aún existen miles de transportistas de otras provincias que enfrentan dificultades para acceder a los salvoconductos.

Vizcaíno también considera que la seguridad vial debe abordarse de manera integral. Entre las medidas pendientes mencionó la implementación de más señalización, iluminación en sectores críticos, pasos peatonales elevados, reductores de velocidad técnicamente diseñados y espacios seguros para el transporte público y de carga

Faltan zonas adecuadas para estacionar

Una postura más crítica mantiene Jorge Pérez, presidente de la Unidad de Transporte Pesado, quien asegura que la afectación económica es incluso mayor a la reportada por otros representantes del sector.

De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 1.700 unidades vinculadas a operaciones logísticas que ingresan al Distrito Metropolitano enfrentan restricciones que generan pérdidas por tiempos de espera y retrasos en las entregas.

Pérez señaló que un vehículo que transporta contenedores desde Guayaquil puede registrar pérdidas de entre 500 y 600 dólares diarios debido a las horas en las que permanece detenido sin poder ingresar o salir de la ciudad.

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“El problema no es solamente la restricción. Es que no existen zonas adecuadas para estacionar, áreas logísticas ni infraestructura que permita desarrollar las operaciones mientras se espera la apertura de los horarios”, afirmó.

El dirigente cuestionó además la falta de estudios técnicos que, a su criterio, justifiquen plenamente la medida. Recordó que el sector presentó una acción de protección y se encuentra a la espera de un pronunciamiento judicial que podría definir el futuro de la restricción.

¿Cuáles son los resultados de la restricción?

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez, defendió la medida al asegurar que los resultados muestran una reducción de siniestros en los corredores donde se aplican los controles.

Según datos de la entidad, en la avenida Simón Bolívar se registraron:

En la Ruta Viva la reducción fue más evidente: mientras en 2025 se reportaron tres siniestros con ocho heridos y dos fallecidos, durante el mismo periodo de este año no se registraron accidentes ni víctimas vinculadas a transporte pesado.

“Para nosotros la prioridad es salvar vidas”, sostuvo Martínez, quien añadió que la medida no busca restringir el trabajo del sector sino reducir los riesgos en vías consideradas de alta complejidad.

El funcionario informó además que durante el primer semestre de 2026 se emitieron 7.176 salvoconductos para vehículos que cumplen los requisitos establecidos y que más de 2.300 conductores fueron sancionados por incumplir las restricciones.

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El secretario de Movilidad, Alex Pérez, respaldó la continuidad de la medida y aseguró que ya se ejecutan acciones complementarias. Entre ellas mencionó el reforzamiento de la señalización y la próxima intervención de cinco puntos críticos de la Ruta Viva, cuyos estudios concluirán en julio para iniciar obras de rehabilitación en agosto.

No obstante, reconoció que la construcción de playas de estacionamiento o islas de descanso para transportistas no forma parte de la planificación inmediata del Municipio debido a los altos costos que representan.

Lo que debes saber

• El uso de scooters y VEL ha crecido en Quito. Pero, al no requerir registro ni matrícula, no existen cifras oficiales ni control claro sobre su circulación
• Entre 2024 y 2026 los siniestros con scooters y motos eléctricas han crecido de 22 a 34 y luego 19 casos en medio año, con fallecidos y heridos
• La propuesta ya pasó primer debate y regula circulación, casco obligatorio, luces y prohibición de audífonos

Los scooters y otros vehículos eléctricos ligeros (VEL) se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada por los quiteños para desplazarse en una ciudad cada vez más congestionada.

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Su facilidad de uso, bajo costo operativo y capacidad para sortear el tráfico los han convertido en una opción atractiva de movilidad. Sin embargo, el aumento de la cantidad de estos medios de transporte también ha generado riesgos para la seguridad vial, por lo que se busca regular su circulación.

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Actualmente no existen cifras oficiales sobre cuántos vehículos eléctricos livianos circulan en Quito. A diferencia de automóviles y motocicletas, estos equipos no requieren matriculación ni registro previo para su uso. Las personas simplemente los adquieren y los utilizan en las calles.

Según la concejala Estefanía Grunauer, entre 4.000 y 5.000 VEL circulan en el Distrito Metropolitano. Considera que la ausencia de una normativa específica es cada vez más preocupante frente al incremento de los incidentes registrados.

Siniestros que involucran estos vehículos

Las cifras reflejan una tendencia al alza. 

¿Qué propone la normativa?

Ante este escenario, se analiza una nueva propuesta normativa que busca ordenar la circulación de los VEL. La iniciativa surge luego de que un proyecto impulsado en 2024 por el concejal Wilson Merino fue archivado. 

Ahora, la nueva iniciativa ya pasó el primer debate y se encuentra en proceso de recopilación de observaciones para la elaboración del informe final, que será discutido en segundo debate en el Concejo.

La edil Cristina López, una de las impulsoras de la ordenanza y quien forma parte de la Comisión de Movilidad, explica que el principal objetivo es llenar un vacío legal en la ciudad. “Vemos que el uso de estos vehículos se ha incrementado considerablemente, pero Quito no cuenta con reglas claras sobre dónde pueden circular ni cuáles son las obligaciones de sus usuarios”, alerta.

El proyecto fue desarrollado junto con la Secretaría de Movilidad y contó con mesas técnicas en las que participaron autoridades, colectivos ciudadanos, activistas y distintos actores vinculados a la movilidad urbana sostenible.

La propuesta regula la circulación de scooters eléctricos, motocicletas eléctricas ligeras, segways, hoverboards, vehículos unipersonales destinados a personas con discapacidad o adultos mayores y otros medios similares. El objetivo central es proteger tanto a los peatones como a los propios usuarios de estos vehículos y contribuir a una mayor seguridad vial.

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Entre los aspectos más relevantes se establecen espacios definidos para su circulación. Los vehículos eléctricos livianos podrán utilizar la infraestructura ciclista (ciclovía), pero tendrán prohibido circular por los carriles exclusivos del trolebús o ecovía, debido al riesgo que esto representa. Tampoco podrán transitar por aceras, plazas, ni espacios peatonales, donde podrían poner en peligro a quienes caminan.

La normativa también contempla la creación de un registro administrado por la AMT. Una vez aprobada la ordenanza, la entidad habilitará un sistema de inscripción mediante el cual se levantará un catastro de estos vehículos. Tras completar el proceso, cada usuario recibirá un código QR y un adhesivo de identificación.

Obligaciones y sanciones

Además, se establecen requisitos técnicos y de seguridad para los conductores, entre ellos:

Asimismo, se establecen sanciones, que van desde leves, con una multa del 25 % de un salario básico, hasta graves, que asciende al 50 %. López recalca que la intención no es prohibir estos medios de transporte, sino fomentar una convivencia segura entre peatones, usuarios y conductores.

Una regulación urgente y necesaria

Desde la sociedad civil también existe consenso sobre la necesidad de regular este fenómeno. Juan Pablo Rosales, presidente de la Asociación de Peatones de Quito, considera que la micromovilidad representa un desafío urgente no solo para la capital, sino para todo el país.

Advierte que actualmente muchos de estos vehículos ingresan al mercado sin controles específicos e incluso algunos son importados bajo categorías que no corresponden a su verdadero uso. Agrega que  los scooters de mayor potencia, además de las motos eléctricas, capaces de alcanzar velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora, deberían recibir un tratamiento similar al de las motocicletas.

“Es necesario diferenciar entre los vehículos que circulan a velocidades reducidas y aquellos que tienen prestaciones similares a una motocicleta. Un impacto a mayor velocidad genera consecuencias mucho más graves”, señala.

Rcalca que los scooters que no superan los 25 kilómetros por hora podrían compartir las ciclovías, debido a que mantienen velocidades semejantes a las de una bicicleta. Sin embargo, aquellos más potentes deberían circular por la calzada junto al resto de vehículos motorizados y estar sujetos a procesos de matriculación, licencias y requisitos de seguridad más estrictos.

Se prevé que el informe final de la Comisión de Movilidad esté listo en las próximas semanas, para su tratamiento en segundo debate y posterior votación en el Concejo.

Lo que debes saber

• Errores de la Fiscalía ponen en riesgo de nulidad el caso Triple A contra Aquiles Álvarez.
• La Fiscalía procesó a la empresa equivocada y usó pruebas de fechas inconsistentes.
• Los propios peritos y testigos debilitan la acusación penal en el caso Triple A.

Según testigos que asisten a las audiencias del caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la fiscal Ruth Amoroso se ha quebrado emocionalmente en al menos dos ocasiones. Es decir, dos veces la fiscal no ha podido ocultar su frustración y decepción al comprobar, durante el proceso, que en la investigación y el armado del caso que hizo el fiscal general, Carlos Alarcón, se cometieron errores que podrían terminar en la nulidad del proceso. Su impotencia y frustración durante las audiencias han hecho que, en varias ocasiones, según cuentan los testigos, Amoroso haya dicho: “Yo no hice esto, sino el fiscal Alarcón”. Evidentemente, Amoroso no quiere cargar con los errores de Alarcón que, para muchos analistas, pueden ocasionar el fracaso del caso.

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La atribulación de Amoroso es perfectamente entendible: si el caso es declarado nulo o simplemente se desmorona ante los jueces, que son quienes tendrán que decidir, estaría derrumbándose uno de los procesos más fuertemente auspiciados y respaldados por el gobierno de Daniel Noboa, cuyos operadores han hecho sus mayores esfuerzos para controlar, a su favor, al Poder Judicial. Se trata de un caso que tiene un peso político específico: terminar con la carrera política de quien lucía como la principal amenaza a la supremacía electoral, a nivel nacional, del gobiernismo.

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Si bien el caso Triple A tiene que ver con la comercialización ilegal de combustibles, en realidad su verdadera relevancia para el Gobierno es política. Aquiles Álvarez, sin haber sido hallado culpable porque aún no existe siquiera una sentencia, ha sido sometido a las más brutales condiciones que un preso de alta peligrosidad puede soportar. Mientras se procesa con una rigurosidad jamás vista a Álvarez por su supuesta participación en la comercialización ilegal de combustibles, cientos de miles de dólares al día se pierden por robos al poliducto entre Esmeraldas y Quito, con conocimiento de las autoridades y complicidad de muchas de ellas, porque no se hace absolutamente nada.

Los cuatro errores de la Fiscalía en la investigación contra Aquiles Álvarez

Los quiebres de Amoroso se deben, por lo menos, a cuatro errores garrafales en este proceso, que ella heredó del fiscal Carlos Alarcón. El principal error que ha cometido la Fiscalía consiste en la confusión, durante el proceso, entre dos empresas distintas, una de las cuales no tiene nada que ver con el caso. La situación es la siguiente: la Fiscalía procesó a la empresa Copedesa S. A. utilizando como sustento facturas que corresponden a otra empresa: Gasgroup Copedesa S. A., que es una compañía distinta y no forma parte del proceso penal. Para uno de los abogados de Álvarez, César Poveda, es como si estuvieran procesando a Pepe cuando quien cometió el delito fue Jorge. Y como en derecho penal la responsabilidad es personal, ya sea de una persona natural o jurídica, como ocurre en este caso, si no es la misma empresa procesada, aunque tengan nombres parecidos, el proceso se cae. Aquiles Álvarez debería salir mañana mismo de la cárcel, sostiene el abogado.

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¿Qué significa que se haya cometido ese error? ¿Por qué se hizo algo tan garrafalmente equivocado? Según Ramiro García, también abogado de Álvarez, esto significa “que nunca entendieron el caso, que no sabían ni a quién procesaban, que actuaron con odio y negligencia al armar la acusación y que, en síntesis, no tienen nada. Por el apuro de perseguir, hicieron todo mal”. Según García, el caso Triple A “ha sido tan mal armado, que hoy se acaba de dar cuenta la Fiscalía de que procesó a la persona jurídica equivocada. Imputó a Copedesa S. A. por facturas de Gasgroup Copedesa S. A., la cual ni siquiera se encuentra vinculada a este proceso”.

Testigos y peritos debilitan la acusación del caso Triple A

A estas equivocaciones se suman otras dos que son igualmente errores de bulto. Uno de ellos está relacionado con la empresa Indudiesel. Durante todo un día, la audiencia se centró en uno de los testigos de la Fiscalía. Se trataba de un funcionario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Este funcionario analizó supuestos registros de clientes realizados en 2020 y 2021. ¿Cuál era el problema? Que Indudiesel recién empezó a funcionar en 2022, cuando recibió los permisos de operación. Es decir, la Fiscalía hizo un papelón monumental.

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Otro tropiezo de la Fiscalía durante este proceso ocurrió cuando presentó a su primer perito de cargo (así se denomina, en términos judiciales, al profesional experto designado por la parte acusadora). Para sorpresa de la Fiscalía, que evidentemente no estaba bien enterada del tema, el perito dijo que las conductas de las empresas de Álvarez analizadas durante el proceso son básicamente administrativas y que es ante un tribunal administrativo, y no penal, donde debe debatirse y sancionarse el caso. La Fiscalía y los acusadores trataron entonces de contradecir a su propio perito, haciendo nuevamente un papelón.

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En otra ocasión se presentó el testimonio de una funcionaria de la Contraloría que elaboró un informe técnico en el que establece supuestas irregularidades. Reconoció que hizo el informe en la Fiscalía, que nunca contrastó la información ni requirió documentación a los investigados. La funcionaria de la Contraloría, entonces, dejó muy mal parada a la parte acusadora, es decir, a la fiscal Ruth Amoroso, quien recibió toda la información y la argumentación de Alarcón.

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¿Cómo es posible que un fiscal general haya cometido errores tan burdos y que se los haya heredado a la fiscal Ruth Amoroso? La explicación parece ser sencilla: Alarcón es tan servil con el Gobierno que acepta todo lo que le dicen, sin contrastar ni estudiar. Por todo eso, tanto papelón.

Esto debes saber 

• Armadores sostienen que la dirección del viento alejó las embarcaciones incendiadas de los muelles con mayor concentración de barcos.
• El sector pesquero asegura que Manta no cuenta con herramientas ni protocolos adecuados para enfrentar incendios marítimos de gran magnitud.
• Los afectados piden esclarecer las causas del siniestro, apoyo económico para recuperar las embarcaciones y medidas para prevenir nuevos incidentes.

La tragedia que el pasado 6 de junio dejó alrededor de 35 embarcaciones afectadas en la rada de Manta pudo haber tenido consecuencias menores si el puerto hubiese contado con equipos adecuados para combatir incendios marítimos y un plan de contingencia efectivo. Así lo sostuvieron representantes del sector pesquero, quienes además destacaron que la dirección del viento fue un factor determinante para evitar una catástrofe aún mayor.

George Abraham Pinto López, presidente de la Asociación de Producción Pesquera de Armadores del Puerto de Manta de los barcos palangreros, aseguró que las condiciones climáticas jugaron un papel fundamental durante la emergencia. Explicó que el viento empujó las embarcaciones incendiadas hacia la zona de Tarqui y los esteros, alejándolas de los muelles donde se concentra la mayor cantidad de barcos pesqueros.

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“Si el viento hubiese soplado desde la zona de Montecristi, los barcos incendiados habrían sido arrastrados hacia los muelles y el incendio habría alcanzado a muchas más embarcaciones. Habría sido prácticamente imposible controlar ese flagelo dentro de la bahía”, manifestó.

El dirigente también señaló que las maniobras observadas durante la emergencia, en las que varias embarcaciones fueron separadas unas de otras, respondieron a la necesidad de abrir rutas de evacuación y evitar que las llamas se propagaran. Según indicó, algunos guardianes cortaron amarras mientras otros esperaron que estas cedieran por efecto del fuego, lo que permitió que los barcos siguieran la dirección del viento y se alejaran de las zonas más congestionadas.

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Pinto expresó su solidaridad con los armadores afectados y pidió prudencia frente a las versiones que circularon en los primeros días de la emergencia. Afirmó que las investigaciones realizadas por el propio sector, sumadas a la información pública difundida por las autoridades marítimas, apuntan a que el siniestro se originó por un accidente durante trabajos de mantenimiento eléctrico en una embarcación.

“Todo lo que se publicó de manera apresurada causó un enorme daño a la imagen de la ciudad, al sector pesquero y al país. Lo que nosotros hemos podido conocer es que se trató de un accidente relacionado con trabajos eléctricos y acumulación de gases. En 35 años como armador nunca había visto un hecho de estas características”, señaló.

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Uno de los puntos más críticos expuestos por los armadores fue la falta de herramientas de respuesta inmediata ante emergencias marítimas. Pinto recordó que en antes de la pandemia fueron donadas dos lanchas contra incendios para operar en la rada de Manta, pero denunció que ambas terminaron fuera de servicio por falta de combustible, mantenimiento y personal para operarlas.

Incluso, aseguró que los propios armadores colaboraron durante un tiempo con combustible para mantener operativa una de las embarcaciones. Sin embargo, posteriormente las lanchas desaparecieron de la rada y fueron encontradas tiempo después en estado de abandono y deterioro. Según Pinto, la presencia de estas unidades habría permitido atacar rápidamente el foco inicial del incendio y posiblemente evitar que las llamas se propagaran hacia otras embarcaciones.

Los dirigentes también cuestionaron la falta de avances en proyectos de infraestructura portuaria que contemplaban sistemas de prevención, hidrantes y embarcaciones especializadas para atender emergencias. Recordaron que en 2019 se planteó una ampliación del puerto pesquero con una inversión superior a los 24 millones de dólares, iniciativa que finalmente no se concretó tras cambios administrativos y la llegada de la pandemia.

Cuestionan ayuda y seguros

Además, cuestionó las dificultades para acceder a seguros. Explicó que las aseguradoras exigen primas que alcanzan entre el 8 % y el 10 % del valor de embarcaciones de madera y fibra de vidrio, condiciones que calificó como inaccesibles para gran parte del sector.

Respecto a la recuperación de la actividad pesquera, el dirigente señaló que aún no existe claridad sobre el tipo de ayuda que ofrecerá el Gobierno Nacional a los afectados. Por ello, propuso la creación de líneas de financiamiento especiales con tasas de interés reducidas para facilitar la reconstrucción de embarcaciones y la recuperación de cientos de plazas de trabajo.

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Por su parte, César Delgado, asesor de la Asociación de Capitanes de Pesca de Manta, afirmó que el desastre evidenció una debilidad estructural que persiste en el principal puerto pesquero del país.

“Manta no tiene un plan de contingencia para este tipo de situaciones. Vimos a varias instituciones actuar durante la emergencia, pero sin las herramientas ni la articulación necesaria para enfrentar un incendio de esta magnitud”, expresó.

Delgado señaló que el sector impulsa la conformación de una mesa técnica permanente que reúna a la Autoridad Portuaria, Capitanía del Puerto, Cuerpo de Bomberos, Municipio de Manta, concesionaria portuaria y representantes de los armadores afectados, con el objetivo de diseñar protocolos de prevención y respuesta que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse.

“Lo ocurrido no puede quedar en el olvido. Esta emergencia demostró que seguimos expuestos a que un hecho de estas características vuelva a suceder”, concluyó.

Bomberos sostiene que embarcación contra incendios llegó inoperativa y hoy está chatarrizada

Frente a los cuestionamientos planteados por armadores y dirigentes pesqueros sobre la ausencia de una lancha contra incendios durante la emergencia, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, Julio Roca, explicó que la embarcación señalada por el sector pesquero se encuentra actualmente en estado de chatarrización y que su recuperación demandaba una inversión considerable.

Según Roca, la lancha fue entregada mediante un convenio de donación suscrito con la Autoridad Portuaria de Guayaquil en 2016. Sin embargo, aseguró que la unidad ya presentaba serias limitaciones operativas.

“Esta acta de donación revela que la embarcación era del año 1973. A la presente fecha tiene más de cinco décadas de antigüedad y llegó en estado inoperativo”, afirmó.

El jefe bomberil indicó que la embarcación permaneció durante varios años sin una intervención técnica integral. Explicó que en 2021 salió del mar y fue trasladada a las instalaciones de Puerto Atún, mientras que en 2023, tras asumir funciones, dispuso su traslado a la estación Eloy Alfaro.

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“Se retiró porque no existía una gestión de reparación y los informes técnicos revelaban graves daños en el casco y en el sistema de succión de la bomba contra incendios”, señaló.

Roca manifestó que los costos de rehabilitación eran elevados y que cualquier decisión sobre su eventual operación debía garantizar condiciones de seguridad para el personal bomberil.

“Operativamente, para un bombero no es una cuestión de improvisar. Debemos contar con equipos técnicamente seguros y confiables para responder a una emergencia”, sostuvo.

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En ese contexto, afirmó que la embarcación actualmente se encuentra fuera de servicio y en condición de chatarrización, por lo que no estaba en capacidad de intervenir durante el incendio que afectó a decenas de embarcaciones en la rada de Manta.

Lo que debes saber

• Los vecinos apoyan la obra, pero piden conocer sus impactos antes de que empiece.
• La cercanía entre el futuro viaducto y las viviendas genera preocupación por la seguridad.
• Expertos plantean barreras, guardavías y pantallas acústicas para reducir riesgos.

Antes, la vegetación invadía los terrenos baldíos de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., ubicados en el sur de Guayaquil, donde se construirá el Viaducto Sur o también denominado Quinto Puente. Hoy ese panorama ha cambiado. En gran parte de estos espacios predomina una superficie despejada y sin cobertura vegetal.

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El entorno donde crecerá el Quinto Puente

Mientras los moradores de la avenida Cacique Tomalá, donde se construirá la vía de acceso a la megainfraestructura vial, buscan evitar la expropiación de sus predios, quienes residirán junto al futuro viaducto expresan otra preocupación. Señalan que el Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) aún no les ha informado sobre los efectos que la obra podría generar en su entorno, ni qué mecanismos se implementarán para atender esos efectos.

A un lado del futuro corredor vial se ubican los terrenos de la terminal logística de contenedores Blasti S. A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S. A., empresas relacionadas con la familia del presidente Daniel Noboa Azín. En el costado opuesto se extienden cientos de viviendas de entre uno y tres pisos, habitadas por núcleos familiares que, en muchos casos, incluyen niños, adolescentes y ancianos.

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La incertidumbre de los futuros vecinos del viaducto

Los moradores que viven junto al trazado previsto para el acceso al Quinto Puente coinciden en que la principal preocupación no es la construcción de la obra en sí, sino los efectos que podría generar sobre la seguridad y la tranquilidad de la zona. Aseguran que hasta ahora no han recibido información detallada sobre cómo se desarrollará el proyecto.

Tampoco saben qué medidas se aplicarán para proteger a quienes residen en el sector ante posibles accidentes viales, como volcamientos de vehículos extrapesados.

Pablo Vergara, quien reside en la zona desde hace más de 40 años, manifestó que el mayor temor es que la cercanía del viaducto incremente el riesgo de accidentes. Por ello, considera indispensable que se instalen estructuras de protección entre la vía y las viviendas.

Vergara señala que aunque todavía desconoce la distancia exacta que existirá entre el puente y las casas, espera que el diseño contemple un margen suficiente para reducir riesgos. Insiste en que los residentes necesitan algún tipo de respaldo que les permita convivir con la infraestructura sin temor permanente.

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Distancia, ruido y tránsito pesado: las principales inquietudes

Mónica Márquez vive justo junto a la pared que los separa de los predios baldíos. Ella dice que la comunidad siempre supo que el proyecto del Quinto Puente se ejecutaría en algún momento. Sin embargo, sostiene que la incertidumbre surge por la falta de información sobre las afectaciones que podría ocasionar en el barrio.

Márquez señala que una de sus principales inquietudes es conocer a qué distancia quedará el viaducto de las casas y dónde estarán ubicados los accesos o descensos de la estructura. Considera que esos detalles son fundamentales para que las familias puedan estar tranquilas.

También expresó preocupación por el incremento del tránsito pesado en una zona que hasta ahora ha mantenido un ambiente relativamente tranquilo. Según explicó, el ruido constante y la circulación de tráileres podrían alterar significativamente la cotidianidad de quienes habitan cerca del futuro corredor vial.

La residente advirtió que durante las noches o en épocas de lluvia, el paso de vehículos de gran tonelaje podría generar una sensación de vulnerabilidad entre los residentes. Por ello cree que el diseño debe contemplar medidas que minimicen esos riesgos.

Entre las acciones que propone para evitar accidentes, Márquez mencionó la necesidad de respetar distancias adecuadas entre la vía y las viviendas, así como ejecutar estudios técnicos rigurosos antes de definir el trazado definitivo. A su juicio, las soluciones de ingeniería deben beneficiar tanto la actividad logística como a las comunidades aledañas.

Voy a estar durmiendo con mis niños y no voy a saber si se me viene un tráiler encima.Claudia Nieto, moradora

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Las medidas que plantean vecinos y expertos 

Por su parte, Claudia Nieto teme que una mayor circulación de personas y vehículos en la zona genere nuevos problemas de seguridad. Para prevenir accidentes, plantea que el trazado se mantenga lo más alejado posible de las casas y que se refuerce la presencia de agentes policiales o de tránsito en los alrededores, con el fin de brindar vigilancia permanente y respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

A criterio de Federico von Buchwald, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los posibles impactos de la futura vía pueden mitigarse mediante soluciones de ingeniería que ya se aplican en carreteras y autopistas de otros países. Entre ellas mencionó la instalación de pantallas acústicas en los tramos cercanos a zonas residenciales y hospitales, con el objetivo de reducir los niveles del ruido que genera el tránsito vehicular.

El experto también expone que el diseño de obra debe contemplar elementos de contención como guardavías o barreras de seguridad, para evitar que eventuales siniestros afecten a terceros. Dice estas medidas forman parte de los estándares habituales en proyectos de esta naturaleza y deben incorporarse desde la etapa de planificación.

Von Buchwald añadió que la prevención de accidentes no depende únicamente de la infraestructura, sino también de un control riguroso por parte de las autoridades. En ese sentido, recomendó fortalecer la fiscalización del tránsito, verificar las condiciones mecánicas de los vehículos y sancionar a los conductores que incumplan las normas de seguridad vial.

Lo que debes saber

• El gasto en salarios del Gobierno Central aumentó 1,8 % en 2025, pese a la reducción de ministerios impulsada en julio de 2025 por el Ejecutivo.
  
• La nómina de servidores públicos también creció 0,5 % en 2025, aunque el Gobierno anunció la salida de 5.000 funcionarios.
  
• El FMI plantea que Ecuador reduzca el gasto salarial en alrededor de $552 millones durante 2026 como parte de los compromisos del acuerdo vigente.

Las acciones adoptadas por el Gobierno para disminuir el tamaño del Estado aún no muestran resultados concretos. Aunque el Ejecutivo redujo ya el número de ministerios y anunció la salida de 5.000 funcionarios en julio de 2025, el gasto en salarios y la cantidad de servidores públicos del Gobierno Central crecieron en 1,8 % y 0,5 %, respectivamente, durante 2025 frente al año anterior.

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Entonces, el Ejecutivo dispuso pasar de 20 carteras de Estado a 14. Este cambio, sin embargo, no implicó un “ahorro” porque entre 2024 y 2025 los recursos destinados para el pago de sueldos aumentaron. Se pasó de $9.862 millones a $10.047 millones, según información del Observatorio de la Política Fiscal (OPF).

La misma tendencia se advierte en la nómina de trabajadores, que desde 2022 únicamente descendió en 2024, cuando se desvinculó a 30 servidores públicos (ver gráfico).

Gasto y nómina no disminuyen

“Desde la unificación anterior de ministerios no se ve por ningún lado la eficiencia en la reducción de gastos en salarios ni en bienes y servicios”, subraya Jaime Carrera, director del OPF.

Desde la unificación anterior de ministerios no se ve por ningún lado la eficiencia en la reducción de gastos en salarios ni en bienes y servicios”.Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

Independientemente de estos resultados, el presidente Daniel Noboa dispuso el 4 de junio de 2026 nuevas modificaciones en la estructura ministerial del Ejecutivo.

Nuevo ajuste estatal

Ahora el cambio plantea la fusión de siete ministerios y una secretaría para mantener tres:

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Estas entidades se suman a las de Salud, Educación, Interior, Ambiente y Energía, y otras que suman en total 10.

Carrera advierte que poner a cargo de tres ministerios a una sola persona más bien obstaculizará los procesos. “No creo que tenga efectos positivos”.

El Gobierno, en cambio, tiene otra lectura. Según el comunicado remitido por la Presidencia de la República, esta medida apunta a garantizar una “mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos”. 

Además, se busca mejores servicios para los ciudadanos, “eliminando las barreras y trabas burocráticas”, refirió la entidad sin precisar cuántas personas serán desvinculadas producto de este ajuste.

Aunque no existe una cifra oficial sobre los servidores que podrían ser removidos, Remigio Hurtado, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador, estima que este nuevo ajuste implicará la salida de alrededor de 2.500 funcionarios.

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Sin embargo, Hurtado advierte que esta salida no representará una reducción de la nómina porque el año anterior hubo “5.000 despedidos y 8.000 nuevos ingresos”.

La meta acordada con el FMI

Tras este ajuste de 2025, el representante de los servidores públicos pone en duda los beneficios de la medida. “¿Hay un mejor servicio de salud, educación, más seguridad o más obras? No, es lo mismo”, afirma y refiere que la medida actual responde más a un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el informe de la quinta revisión del acuerdo que mantiene con Ecuador con este organismo se plantea que en 2026 se busca reducir el gasto en salarios en un 0,4 % del Producto Interno Bruto (PBI). En dólares esto representa alrededor de $552 millones, precisa el director del OPF.

Mientras tanto, en bienes y servicios (que está atada al gasto en salarios) se prevé una disminución de $138 millones, que equivale al 0,1 % del PIB.

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Estas metas se mantendrán también en 2027. Aunque allí el propósito es reducir aún más el gasto en bienes y servicios. Se prevé llegar al 0,4 % del PIB, detalla el informe del FMI.

Para que estas metas se concreten es clave que el Ejecutivo contrate una consultora internacional para que realice una auditoría de procesos del sector público y así determinar qué no agrega valor, qué se debe fortalecer, la digitalización de los trámites y otros. Y sobre todo analizar qué tipo de entidades se deben mantener o eliminar, apunta Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

Entre estas últimas cita la Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo, el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación y más “instituciones burocráticas que no agregan valor” refiere.

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La calidad del gasto es lo más importante

Acosta Burneo agrega también que para optimizar los gastos se deben evitar asignaciones para transferencias no previstas como los bonos o ayudas que se entregaron en 2025, en medio del proceso electoral, a jóvenes, agricultores, emprendedores y otros. Entonces, estas transferencias sumaron $560 millones, elevando el gasto público y presionando las finanzas fiscales.

“El tener más o menos ministerios no nos dice mucho, lo importante no es el número sino la calidad del gasto”, señala el editor de Análisis Semanal.

"El tener más o menos ministerios no nos dice mucho, lo importante no es el número sino la calidad del gasto"Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.

El ajuste no significa necesariamente “depuración pura y despidos”

Por su parte, el presidente Noboa aseveró el 3 de junio en una entrevista en radio Marejada que con la nueva reducción de ministerios de 14 a 10 se mejorará la calidad del gasto público para que el ciudadano lo sienta y tenga mayores beneficios.

Además, el primer mandatario señaló que esta medida implicará un “recambio”, aunque enfatizó que este ajuste no significa necesariamente “depuración pura y despidos” sino la salida de funcionarios que están “haciendo las cosas mal” para contratar a un joven que necesita un empleo, “que tenga las ganas de trabajar y no las ganas de molestar”.

Más de 7.000 funcionarios salieron en enero de 2026

La masa salarial del Gobierno Central se redujo en enero de 2026 frente a diciembre de 2025. Alrededor de 7.689 servidores fueron removidos tras la terminación de contratos ocasionales o de servicios puntuales que no fueron renovados, precisa el Observatorio de la Política Fiscal (OPF).

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 la nómina pasó de 494.886 personas a 487.197, detalla el OPF.

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Ante esta disminución en la nómina, la clave con la nueva reducción de ministerios es mantener la eficiencia del Estado con las funciones necesarias para sostener la operación de las entidades y garantizar los servicios públicos a los ciudadanos.

En sí, el Observatorio de la Política Fiscal, refiere que se debe apuntar a cómo se va aliviar la vida de los ciudadanos y cómo mejorar la productividad del país.

Lo que debes saber

• El Concejo de Ambato suspendió el tratamiento del alivio económico para los transportistas hasta contar con un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.
• La propuesta municipal contemplaba entregar 700 dólares mensuales durante seis meses a 471 unidades de transporte urbano y rural.
• Mientras continúa el debate legal sobre la compensación, tampoco existe una fecha definida para tratar el posible incremento del pasaje, que permanece en 30 centavos

La posibilidad de otorgar un alivio económico temporal a los transportistas de Ambato quedó estancada tras la sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada la tarde y noche del lunes 8 de junio.

Después de más de dos horas de debate, la propuesta impulsada por la alcaldesa Diana Caiza no alcanzó una resolución y fue suspendida hasta contar con un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre su viabilidad legal.

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La iniciativa nació como parte del acuerdo alcanzado entre el Municipio y los gremios del transporte para poner fin al racionamiento parcial del servicio que se aplicó entre el 1 y el 4 de junio.

Durante esos días, cientos de usuarios debieron reorganizar sus horarios debido a la reducción de frecuencias de los buses urbanos, una medida de presión para exigir la revisión de la tarifa del pasaje, que actualmente se mantiene en 30 centavos.

El proyecto planteaba entregar una compensación mensual de 700 dólares durante seis meses a cada unidad de transporte público. 

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Alrededor de dos millones de dólares

Según la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad, el beneficio alcanzaría a 471 unidades: 397 buses urbanos y 74 rurales. La medida representaba una inversión municipal cercana a los 329.700 dólares mensuales y un desembolso total de 1,97 millones de dólares al concluir el periodo.

Durante el debate, la mayoría de los concejales coincidió en que la principal preocupación era la legalidad del mecanismo propuesto. Diego Proaño explicó que sin un criterio vinculante de la Procuraduría General del Estado existía el riesgo de futuras observaciones por parte de los organismos de control.

El edil señaló que los recursos sí existen dentro del presupuesto municipal, pero advirtió que fueron asignados para otro fin. Según explicó, aprobar una transferencia sin suficiente respaldo jurídico podría generar responsabilidades administrativas e incluso legales para quienes intervengan en la decisión.

A las dudas se sumaron las observaciones de la concejal María José López, quien recordó que el transporte público es un servicio prestado por operadores privados y que la normativa vigente establece limitaciones para la entrega de ayudas económicas directas.

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Además, 11 de los 13 concejales solicitaron que se priorice la socialización ciudadana de la ordenanza que analiza la revisión tarifaria del transporte público.

Mientras tanto, Manuel Zamora, gerente de los transportistas urbanos, cuestionó la falta de avances en el proceso y recordó que una convocatoria para socializar la ordenanza fue anunciada el 14 de mayo, pero no se concretó.

En la sesión también intervino Manuel Escobar, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Ambato, quien aseguró que muchas operadoras enfrentan dificultades para sostener sus actividades debido al incremento de costos operativos y a que la tarifa no ha sido revisada desde hace más de una década. “Estamos trabajando a pérdida”, manifestó durante su exposición ante el Concejo.

Hasta el cierre de esta edición, los transportistas no habían emitido una resolución oficial sobre las acciones que adoptarán tras la suspensión de la sesión. Tampoco existe una fecha definida para retomar el tratamiento del alivio económico ni para resolver el debate sobre un eventual incremento de la tarifa del pasaje.

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Lo que debes saber 

• La acumulación de cables en Bellavista ya no solo genera contaminación visual. Los moradores denuncian que varios postes presentan inclinaciones por el peso del tendido.
• La ciudadela reclama obras de regeneración y una solución definitiva al exceso de cableado.

La acumulación de cables en Bellavista se ha convertido en una de las principales quejas de los moradores de esta ciudadela del centro-norte de Guayaquil. Los residentes denuncian contaminación visual, postes inclinados por el exceso de tendido y cables abandonados en calles y aceras.

Hace pocos días, Diario EXPRESO recorrió la ciudadela Kennedy, donde los vecinos denunciaron estar hartos de convivir con la saturación de cables en postes y calles. Tras la publicación de ese artículo, habitantes de otros sectores de la ciudad aseguraron que la problemática se repite en distintas zonas, incluso en áreas que han sido intervenidas con procesos de regeneración.

Una de ellas es Bellavista. Esta ciudadela, ubicada en el centro-norte, enfrenta un notorio problema de contaminación visual provocado por la acumulación descontrolada de cables en postes de energía y de telecomunicaciones. Sí, los ‘tallarines’.

Más allá del impacto estético, el enredo de cables agrava el desorden urbano que persiste desde hace años y para el cual la ciudadanía exige una solución o regeneración total. Los residentes advierten de los riesgos asociados a la sobrecarga de los postes que los sostienen, algunos de los cuales ya lucen inclinados, o por la falta de espacio.

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Miguel Cañizares, quien vive en la ciudadela desde hace 12 años, afirma estar cansado de convivir con lo que describe como “una imagen de los 90”.

“Hay tantos cables que no entiendo por qué las autoridades y las empresas no se ponen de acuerdo. O que las autoridades las obliguen a dejar atrás esta mala costumbre”, reclama antes de dirigirse a su trabajo en Lomas de la Florida.

Cables en Bellavista: moradores exigen soterramiento y regeneración

Para él, ha llegado el momento de poner sobre la mesa la opción del soterramiento de cables. Considera que esta opción es la más viable frente a los impuestos que pagan los ciudadanos. “¿A dónde va ese CEM (se refiere a la Contribución Especial de Mejoras)? Ni lo sé”, cuestiona.

Los enredos de cables son visibles especialmente en las vías principales de la ciudadela. En varios postes, el peso y la tensión del tendido han provocado inclinaciones que preocupan a los moradores.

En el trayecto hacia la avenida Carlos Julio Arosemena, a pocos metros de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, incluso es posible encontrar cables tendidos sobre el suelo, una situación que representa un riesgo tanto para peatones como para conductores.

Durante un reciente recorrido realizado por este Diario se constató la presencia de cables cortados y abandonados en distintos puntos del sector. Los vecinos también denuncian que continúan registrándose robos de cableado, afectando los servicios de telefonía e internet de decenas de familias.

Uno de los puntos más críticos se encuentra a lo largo de la avenida Juan León Mera. Allí, en prácticamente cada esquina, los postes muestran algún grado de inclinación debido al peso y la tensión de los cables acumulados. Las estructuras están rodeadas de auténticas marañas de conexiones, muchas de ellas difíciles de identificar.

Con esta percepción coincide Susana Ruiz, residente de Bellavista, quien asegura que la situación ya ha generado inconvenientes con vehículos pesados. “Siempre pasa lo mismo. Los camiones se llevan los cables cuando ingresan a dejar mercadería en algunos negocios. Después quedan colgando y nos toca pedir ayuda. Mire ese poste, está ‘doblado’ por el peso. Las autoridades esperan que se caiga para recién actuar”, lamenta mientras señala una estructura ubicada junto a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

En esta intersección, situada frente al parque principal de la ciudadela, varios cables se encuentran a escasa altura del suelo, obligando a peatones y conductores a transitar con precaución. En los alrededores del área verde la escena se multiplica.

En el primer callejón, por ejemplo, existen cables atados a una señal de tránsito luego de desprenderse del tendido original. A lo largo de la calle Agustín Querol también se observan postes saturados por el exceso de cableado.

José Gómez, propietario de un negocio de la zona, asegura que en los callejones el problema es aún más evidente y que las marañas de cables forman parte del paisaje cotidiano de Bellavista. “Uno ya se acostumbró a verlos, pero eso no significa que sea normal. Hace falta una solución definitiva”.

Al igual que otros vecinos y conductores que circulan por el sector, Gómez cree que el soterramiento de cables debería formar parte de los proyectos de mejora urbana para la ciudadela.

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer cuáles son los planes de regeneración previstos para Bellavista y si existe la posibilidad de impulsar proyectos de soterramiento de cables, como los anunciados para Urdesa central. Hasta el cierre de este artículo, la respuesta seguía pendiente.

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Lo que debes saber

• La Comunidad Andina (CAN) cumplió 57 años como el bloque de integración más antiguo de la región, con un comercio intrandino que creció de cientos de millones de dólares a más de $ 9.000 millones anuales entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
  
• El conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia, que inició el 1 de febrero de 2026 con una tasa del 30% y escaló hasta el 100%, fue declarado ilegal por la Can en mayo y cerrado formalmente con el Decreto 0583 colombiano, conocido este 9 de junio.
  
• Los dos foros celebrados en Quito buscan consolidar a la región andina como un multidestino turístico internacional y reducir los costos del transporte aéreo mediante rutas directas entre ciudades intermedias de los cuatro países.

El I Foro Andino de Turismo, el 9 de junio, y el IV Foro Andino de Transporte Aéreo, el 10 de junio, reunieron en Quito a ministros, empresarios y expertos de los cuatro países de la Comunidad Andina para debatir el futuro del turismo y la conectividad aérea en la región.

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El encuentro arrancó con una noticia que superó cualquier agenda: Gonzalo Gutiérrez Reinel, secretario general de la Comunidad Andina (Can), anunció en el foro que Colombia había derogado los aranceles que impuso a Ecuador, cerrando 129 días de guerra comercial que paralizó la frontera norte y golpeó a empresas y trabajadores de ambos países.

El Decreto 0583, conocido públicamente este 9 de junio, cierra el conflicto bilateral, aunque el arroz ecuatoriano queda con restricciones 45 días más.

La noticia fue recibida como una señal de que la integración andina no es solo un ideal, sino un mecanismo que funciona. 

En esta entrevista con Expreso, Gutiérrez analiza lo que dejó el conflicto, los retos pendientes en seguridad y lo que la Can construye desde el turismo y el transporte aéreo.

La guerra comercial y sus lecciones

- Colombia derogó los aranceles a Ecuador. ¿Cómo recibe esta noticia?

Con mucha satisfacción. Hace unos minutos vi la norma colombiana que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos. Lo que me conforta es que ambos países han recurrido a la normativa andina, al mecanismo de solución de controversias. 

Eso significa que Ecuador y Colombia escuchan la institucionalidad andina y atienden su obligación como miembros de aplicar el programa de liberación comercial, que es una de las columnas vertebrales de nuestra integración.

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-No es la primera vez que Ecuador y Colombia entran en este tipo de conflicto. ¿Qué lección deja?

 Ciertamente, cuando existen diferencias de percepción entre países, estas tienen que resolverse en su ámbito. Las diferencias en materia de seguridad, que son las que motivaron este conflicto, son problemas muy graves y muy atendibles. 

Afectan a la democracia y a la convivencia. Pero hay que resolverlos en el ámbito de la seguridad, no restringiendo el comercio entre países hermanos. Esa mezcla no beneficia a nadie y termina golpeando a los más vulnerables: los comerciantes fronterizos, los transportistas, las pequeñas empresas.

-¿Qué pérdidas concretas dejó este conflicto?

Cuando se restringe el comercio hay pérdidas económicas y sociales profundas, especialmente en las poblaciones fronterizas. El comercio intrandino ha crecido de algunos cientos de millones de dólares a más de 9.000 millones de dólares actualmente. 

Eso es el resultado de 57 años de integración. No podemos darnos el lujo de frenar ese crecimiento por diferencias que tienen otros canales para resolverse.

Los problemas de seguridad hay que resolverlos en ese ámbito, no restringiendo el comercio entre países hermanos.

Seguridad regional

- ¿Cómo trabaja la CAN el tema de seguridad para que esto no se repita?

– Ecuador tiene toda la legitimidad de pedir que mejoremos la coordinación. Desde hace más de dos años tenemos la decisión 922, con la que avanzamos en intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y temas penitenciarios. 

Todo eso abona a mejorar la seguridad. Ciertamente nos falta muchísimo, pero hay que actuar en el ámbito correcto: los problemas de seguridad hay que resolverlos en ese ámbito, no restringiendo el comercio entre países hermanos. La lucha conjunta contra la criminalidad, coordinada entre los cuatro países, es el camino y la CAN tiene las herramientas para liderarlo.

El 90 % del turismo andino son pequeñas empresas. La tecnología 4.0 puede transformar ese sector.

- ¿Cuál es la apuesta concreta?

- Contamos con una plataforma llamada Caminos Andinos, que ya está en funcionamiento y reúne 16 rutas distribuidas en los cuatro países de la región. Estas experiencias integran cultura, arqueología, gastronomía, artesanía y naturaleza. 

El objetivo es que cada viajero encuentre un recorrido acorde con sus intereses: quienes buscan artesanía pueden ubicar los lugares donde se elaboran los sombreros de paja toquilla más emblemáticos; los amantes de la gastronomía pueden descubrir las especialidades de cada zona; y quienes prefieren el turismo de naturaleza encuentran información sobre volcanes y otros atractivos para visitar.

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Además, las agencias de viaje, operadores turísticos y autoridades regionales pueden incorporar sus propias atracciones a la plataforma. El sector turismo ocupa en casi el 90 % a pequeñas y medianas empresas, y queremos potenciarlo con tecnología 4.0: manejo de reservas, control ambiental y nuevas categorías de atractivos.

Turismo y conectividad, la otra agenda

- ¿Y qué busca el Foro de Transporte Aéreo?

- La clave es abaratar costos para promover más turismo. El precio del combustible internacional es un obstáculo importante, pero vamos a explorar vuelos regionales de menor costo usando aeropuertos más pequeños, con menor consumo de combustible. Imagine un vuelo directo de Piura a Cuenca, sin pasar por los grandes hubs. 

O el que ya opera entre Cusco y el Salar de Uyuni en Bolivia, que conecta dos maravillas sin obligar al turista a regresar a Lima y viajar hasta La Paz. Eso abarata costos, facilita el trayecto y beneficia a operadores y atracciones turísticas de ambos países. Eso es lo que queremos replicar en toda la región.

La CAN también trabaja en facilitar el comercio entre los cuatro países.

¿Qué herramientas tiene?

- Tenemos Intercom, una plataforma digital que permite a los países intercambiar documentos de comercio en tiempo real: conocimiento de embarque, documentos fitosanitarios y declaraciones de aduana, todo digitalizado desde Lima. Eliminamos el papel, agilizamos los trámites y facilitamos el transporte de carga entre los cuatro países.

El entrevistado

Secretario general de la Comunidad Andina (CAN) desde 2023. Es un diplomático peruano con 45 años de carrera en cuatro continentes. Excanciller y exviceministro de Relaciones Exteriores del Perú. Embajador ante la ONU, China y la Unión Europea. Máster en Política Internacional por la Universidad Johns Hopkins.

El conflicto bélico en medio oriente que inició el 28 de febrero lleva más de tres meses, y ha resultado en una disminución casi total del flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción mundial. Si bien el precio del crudo ha subido significativamente, no ha llegado a niveles peligrosamente elevados como el registrado durante la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 (precio WTI de $130 por barril). Esto gracias a que algunos países han aumentado parcialmente su producción (por ejemplo, Estados Unidos, Venezuela y Rusia) mientras otros países han importado menos y han consumido parcialmente sus reservas estratégicas de crudo (el mejor ejemplo, China).

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Viendo la situación en casa, existe una errada percepción de que elevados precios de petróleo benefician enormemente al Ecuador por su condición de ser un país exportador neto de crudo, es decir, que exporta más crudo que lo que importa en derivados de petróleo. Esta percepción se da precisamente porque si bien mantiene esa condición de exportador neto de crudo, el margen es tan pequeño que los mejores precios del petróleo si ayudan las cuentas fiscales, pero no mucho a las cuentas externas.

Para poner las cifras en perspectiva, consideremos que en el año 2006 el Ecuador exportó aproximadamente 136,6 millones de barriles de crudo e importó 25,9 millones de barriles de derivados, para un ratio de crudo exportado/derivados importado equivalente a 5,3. Veinte años más tarde, durante el primer trimestre del 2026, ese ratio es de apenas 1,7. El deterioro se explica por la moderada caída en la producción de crudo (536.032 barriles por día en promedio en el 2006 a 461.756 en el primer trimestre del 2026), y especialmente por el crecimiento sostenido en la demanda de derivados causado por la limitada capacidad de refinación del país, y el crecimiento explosivo del parque automotor.

Las exportaciones petroleras crecieron

Si vemos el vaso medio vacío, la comparación realizada se vuelve más dramática si evitamos pensar en barriles de crudo y derivados, y nos enfocamos únicamente en dólares. Durante el primer trimestre de este año el país recibió $2.087 millones por sus exportaciones petroleras y pagó $1.717 millones por combustibles importados, para un ratio de apenas 1,2. Esto se explica porque el país exporta crudo a un precio por debajo del marcador de referencia (WTI), es decir con un descuento, mientras que debe pagar el costo de la refinación (un valor por encima del WTI). En el primer trimestre del año, esos precios promediaron $64,6 vs. $75,2 por barril. Todavía no tenemos cifras oficiales para los meses de abril y mayo, pero es importante mencionar que el precio del barril WTI de crudo promedió $98.8 en estos dos meses y seguramente los precios de los derivados superaron de manera importante dichos niveles.

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Si vemos ahora el vaso medio lleno para el gobierno y medio vacío para los hogares ecuatorianos, el gobierno nacional desmontó parcialmente el esquema de subsidios a la venta interna de derivados de petróleo, lo que implica que los mayores precios internacionales ya no afectan la posición fiscal sino el bolsillo de las familias. Desde luego que esto duele a las familias, y mucho, pero el dolor sería aún mayor si una crisis internacional que afecta los precios del crudo termina por crear una crisis fiscal de importantes proporciones en el Ecuador. Recordemos que, en el 2013, cuando el precio del crudo promedió $95,6 por barril, el gobierno de turno pagó en subsidios a la venta de combustibles la enorme suma de $7,229 millones, aproximadamente el 7,5% del Producto Interno Bruto. En este año el impacto fiscal será sustancialmente menor.

Las claves que debes saber

• Presos en Ecuador mueren sin atención médica en cárceles, denuncian familiares y ONG.
• Guayas: traslados médicos se retrasan por logística, SNAI y control militar, según informe MSP 2025.
• Ecuador: 395 reclusos murieron en 2025; atención tardía y falta de coordinación agravan crisis sanitaria.

Algunos internos de las cárceles ecuatorianas son trasladados a centros de salud cuando ya se encuentran en fase agonizante. Otros, según denuncias de familiares, mueren dentro de sus celdas sin recibir atención médica oportuna. 

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Detrás de estos casos existe una cadena de obstáculos logísticos e institucionales que, de acuerdo con el informe N.º 19-GDIERAS-GIDAPM-2025 del Ministerio de Salud Pública (MSP), al que EXPRESO tuvo acceso, retrasa la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.

El documento, elaborado el 18 de noviembre de 2025, señala que las necesidades médicas suelen quedar relegadas frente a otros requerimientos del sistema penitenciario. 

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¿Por qué demora la atención médica a los presos?

Por cada traslado solicitado para que un profesional atienda a una persona privada de libertad, se ejecutan aproximadamente cinco movilizaciones destinadas a audiencias o diligencias judiciales y administrativas requeridas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Como consecuencia, consultas, exámenes especializados y valoraciones médicas se postergan o, en algunos casos, no llegan a concretarse. 

Los equipos sanitarios reportan que los traslados hacia el Centro de Salud Guayas 1 (en la Penitenciaría) suelen retrasarse o suspenderse. Cuando los internos llegan después de las 15:00 o 16:00, resulta imposible atender a todos los pacientes programados para la jornada.

Aunque un acuerdo interministerial firmado en 2014 entregó al MSP la responsabilidad de los servicios de salud dentro de las cárceles, la institución no tiene facultades legales ni capacidad operativa para trasladar directamente a los internos. La seguridad, custodia y movilización continúan bajo responsabilidad del sistema penitenciario.

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Trabas en la atención

Según el informe, el problema se agravó tras la intervención militar de las cárceles. Desde enero de 2024, la Penitenciaría del Litoral permanece bajo control de las Fuerzas Armadas, en el contexto del conflicto armado interno. 

Las operaciones militares provocan cierres temporales de pabellones, suspensión de movimientos internos y restricciones de acceso a las áreas médicas, lo que altera la planificación diaria de consultas y tratamientos.

Las emergencias tampoco escapan a estas limitaciones. El MSP debe activar protocolos a través del ECU-911 y esperar que el SNAI y las Fuerzas Armadas autoricen y ejecuten la movilización. Incluso cuando el personal médico emite alertas urgentes, la decisión final de trasladar a una persona privada de libertad no depende de la autoridad sanitaria.

A ello se suman problemas de coordinación, como la falta de información actualizada sobre la ubicación de los internos dentro de los pabellones. Para el personal médico, el principal obstáculo no es clínico, sino logístico.

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Esa demora también fue advertida durante la audiencia de la acción de protección 09209-2025-06533. Uno de los accionantes sostuvo que algunos internos eran llevados al policlínico cuando ya se encontraban en estado caquéxico (deterioro físico extremo) y convaleciente. Desde allí eran derivados a hospitales donde, según su intervención, recibían atención paliativa y posteriormente morían.

Muertes en las celdas

Las consecuencias son visibles dentro de los centros penitenciarios. Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, aseveró que la organización constantemente recibe denuncias sobre fallecimientos ocurridos en las celdas.

La más reciente se registró la noche del sábado 6 de junio. En un video al que tuvo acceso el Comité, se observa a tres reclusos arrastrando fuera de una celda el cuerpo de un compañero. 

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“Es muy preocupante todo lo que pasa en la Penitenciaría. No tenemos respuestas por parte del Estado, ni la Fiscalía coge las denuncias. Los PPL ya están cansados de enterrar a sus compañeros”, afirmó Morales.

Según los testimonios recibidos por la organización, la persona que aparece en la grabación habría fallecido por falta de atención médica. No obstante, EXPRESO no ha podido confirmar de manera independiente su identidad, la fecha exacta del video ni la causa del supuesto deceso.

Un caso similar fue el de Erwin, cuñado de María Rodríguez, una guayaquileña que dialogó con EXPRESO en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí. 

La mujer relató que a su allegado “lo dejaron morir en el piso”. El interno padecía tuberculosis y, en los últimos videos enviados a su madre, presentaba signos visibles de desnutrición y deterioro físico.

De acuerdo con cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 395 reclusos murieron en la Penitenciaría del Litoral por causas relacionadas con la salud entre enero y noviembre de 2025. La organización señaló que muchas de esas muertes pudieron prevenirse con atención médica, higiene y alimentación adecuadas. Del total, el 73,9 % ocurrió dentro de los pabellones.

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Por su parte, el MSP reportó 676 muertes por tuberculosis a escala nacional durante 2025. De ese total, 61 correspondieron a personas privadas de libertad.

El informe del MSP también alerta que los cadáveres han permanecido hasta cinco días en el área de salud de la cárcel, debido a retrasos atribuidos al SNAI, la Policía, Criminalística y la Fiscalía.

Esta situación provoca contaminación por fluidos, malos olores y riesgos sanitarios para los pacientes y el personal médico que labora en el lugar.

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