Ciclovías Quito enfrentan nuevos riesgos

• Quito analiza nuevas reglas para tricimotos destinadas al traslado de bienes.
• Scooters y motos eléctricas suman 19 siniestros y 26 lesionados hasta junio de 2026.
• Ciclistas piden regulación para vehículos eléctricos que circulan por ciclovías de Quito.

Quito enfrenta un problema de movilidad que crece al mismo ritmo que el uso de nuevas formas de transporte.

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Scooters, motos eléctricas, tricimotos y otros vehículos eléctricos ligeros circulan por calles, aceras y ciclovías, mientras la ciudad todavía no cuenta con reglas claras que permitan ordenar su uso y establecer responsabilidades.

Las tricimotos entran en la mira del Concejo

El tema volvió a tomar fuerza en el Concejo Metropolitano, que conoció en primer debate un proyecto de ordenanza para regular las tricimotos destinadas exclusivamente al traslado de bienes. 

La propuesta establece límites para sus ocupantes y prohíbe que estos vehículos sean utilizados para transporte público de pasajeros o que circulen por vías de alta velocidad consideradas peligrosas.

La vicealcaldesa Fernanda Racines explicó que la iniciativa responde a una facultad otorgada por la normativa nacional y a la necesidad de quienes utilizan estos vehículos para trasladar productos o materiales. Puso como ejemplo a emprendedores que movilizan sus propios insumos y a recicladores que transportan materiales.

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El riesgo de convertir motos en tricimotos

Sin embargo, advirtió sobre una práctica que preocupa a las autoridades: la modificación de motocicletas para convertirlas en tricimotos. Según Racines, estas adaptaciones son inadecuadas y representan un riesgo para la ciudadanía. Por ello, la propuesta plantea que las tricimotos sean fabricadas por empresas, en lugar de ser vehículos modificados artesanalmente.

El concejal Diego Garrido también defendió la necesidad de establecer reglas. Dijo que la falta de normativa dificulta el control y las sanciones, mientras algunos vehículos ligeros y eléctricos circulan incluso por espacios destinados a peatones. La propuesta busca, además, restringir la circulación de tricimotos en vías como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Scooters: el otro vacío que preocupa

Pero mientras el Concejo avanza con la regulación de las tricimotos, ciudadanos y organizaciones vinculadas con la movilidad cuestionan qué ocurre con los scooters y otros vehículos eléctricos ligeros. Su uso se ha incrementado en Quito y, al no existir un registro o matrícula para estos medios, tampoco hay cifras oficiales que permitan conocer con precisión cuántos circulan.

La regulación de los scooters eléctricos es uno de los temas importantes que están rezagados.
Andrés Campaña, concejal

Los siniestros también van en aumento

El crecimiento también se refleja en los siniestros. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT):

Una regulación que sigue en espera

La concejala Cristina López sostiene que Quito tiene un vacío legal frente a esta realidad. El proyecto para regular los vehículos eléctricos ligeros, impulsado inicialmente en 2024 y posteriormente retomado, busca establecer reglas sobre su circulación y las obligaciones de sus usuarios. La propuesta está en proceso de recopilación de observaciones, para preparar el informe que será llevado a segundo debate.

Para los ciclistas, el problema es cotidiano. Esteban Ocampo, director ejecutivo de Fundación Cicleada por la Vida, considera que la ciudad necesita normas claras que protejan a los actores viales más vulnerables. Señala que la falta de regulación y de educación vial ha generado situaciones de riesgo, especialmente cuando vehículos eléctricos ingresan a ciclovías o circulan sin respetar señales, luces o medidas de seguridad.

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Daniel Loaiza, de Kinti Club Deportivo, coincide en que el problema se ha agravado con la evolución de estos vehículos. Explica que algunos modelos actuales tienen mayores dimensiones y velocidades en comparación con los scooters utilizados inicialmente.

En las ciclovías, dice, pueden adelantar a ciclistas a corta distancia, cambiar constantemente entre la vía principal y el carril exclusivo para bicicletas y circular sin elementos de identificación o normas claras de protección.

Dos regulaciones avanzan a distinto ritmo

El concejal Andrés Campaña también cuestiona la demora en el tratamiento de estas regulaciones. Considera que el proyecto de tricimotos debe avanzar al segundo debate después de incorporar las observaciones y destaca su importancia para las parroquias rurales.

Al mismo tiempo, reclama que la regulación de los scooters eléctricos permanece rezagada en la Comisión de Movilidad, pese a los accidentes y al malestar generado entre ciclistas por su presencia en las ciclovías.

Lo que debes saber

• Pabel Muñoz se inscribió con el Partido Socialista y Unidad Popular; mientras Pachakutik se acerca al correísmo en Manabí y lo enfrenta en Guayas.
• La actuales reglas electorales empujan a organizaciones a pactar incluso con antiguos adversarios para preservar espacios y continuar existiendo.
• La alianzas responden más a cálculos de supervivencia que a coincidencias programáticas o a un proyecto político compartido.

La izquierda a la que Correa persiguió hoy le presta el casillero, mientras Pachakutik puede acercarse al correísmo en una provincia y enfrentarlo en otra. No las une una idea, sino la necesidad de existir.

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En 2002, el movimiento indígena llevó a la Presidencia a un coronel retirado y Ecuador tuvo su primera canciller indígena, Nina Pacari. La alianza duró seis meses. Pachakutik acusó a Lucio Gutiérrez de traicionar a la izquierda apenas firmó con el Fondo Monetario Internacional.

Gobernó entonces con un acuerdo bajo la mesa con el Partido Social Cristiano, la derecha que combatió en campaña. Ese pacto también se rompió.

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En diciembre de 2004 armó una tercera coalición (el partido de Abdalá Bucaram, el de Álvaro Noboa y el Movimiento Popular Democrático) para destituir a 31 magistrados de la Corte Suprema. La Pichi Corte anuló los juicios contra Bucaram y le abrió la puerta de regreso. Cuatro meses después, los forajidos lo sacaron del poder.

Veintiún años más tarde, el país no corrigió esa costumbre, sino que la industrializó. El Consejo Nacional Electoral validó 396 alianzas para el 29 de noviembre, casi las mismas que en 2023, cuando calificó 390.

La más comentada se da en Quito. Pabel Muñoz, alcalde y hombre del gabinete de Rafael Correa, se inscribió con el Partido Socialista y Unidad Popular. Unidad Popular hereda al Movimiento Popular Democrático (MPD), a cuyos militantes Correa llamaba tirapiedras y cuyo gremio magisterial, la UNE, terminó disuelto y con la sede allanada.

Todavía en junio su director nacional decía que la Revolución Ciudadana no formaba parte de su proyecto electoral. Y en agosto la describió como una alternativa que pone por delante los intereses del pueblo.

Pachakutik y la alianza con la RC en Manabí

Pachakutik hizo algo más difícil de explicar. En Manabí retiró a dos precandidatos propios para darle la fórmula provincial a Luisa González, la figura más identificada con el correísmo después de Correa. En Guayas sostiene a Mónica Luzárraga, que rompió con ese bloque y hoy lo enfrenta. La misma lista, en la misma elección, es refugio y adversario según la provincia. Absurdos en la teoría, pero perfectamente lógicos en las urnas.

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La explicación cómoda es la polarización. El anticorreísmo ordenó quince años de política y hoy el antinoboísmo intentaría hacer lo mismo. Algo de eso hay, y sería ingenuo negarlo en un país que vota por rechazo. Pero no alcanza.

En junio de 2025 el oficialismo y la Revolución Ciudadana votaron juntos la reforma que devolvió el método D’Hondt y castiga a las minorías. El interés coincide, el ‘anti’ se suspende.

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Lo que queda cuando se retira la ideología está en la ley. El artículo 327 del Código de la Democracia dispone que un partido pierde su inscripción si no obtiene el 4 % de los votos válidos, tres asambleístas o alcaldías en 18 cantones. Los movimientos locales que no lleguen a ese piso se extinguen. A eso se suma encabezar la mitad de las listas con mujeres y una cuarta parte con jóvenes. Sin eso, el CNE puede rechazar la lista entera.

Ante ello, el absurdo ecuatoriano ha generado 396 alianzas que, en muchas ocasiones, carecen de lógica. Cada partido sabe con quién pactar, qué espacio preservar, qué candidatura sacrificar y qué enemistad archivar. El sistema ha convertido la supervivencia de sus actores en su mayor éxito colectivo.

Ni siquiera se trata de votos. La reforma de 2025 quitó un incentivo clave, porque antes el porcentaje obtenido en coalición se asignaba completo a cada organización y ahora se reparte en partes iguales. Aliarse rinde menos, y se firmaron 396 acuerdos. Es un trámite para existir.

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Y el modelo tampoco sirve a quienes lo usan. En 2025, Pachakutik y el correísmo firmaron un acuerdo para la segunda vuelta que no se tradujo en votos. La filial amazónica de la Conaie se inclinó por Noboa y voces históricas del movimiento indígena hablaron de traición.

El 29 de noviembre, el elector recibirá una papeleta con logos que no coinciden con los nombres y coaliciones que nadie defenderá en campaña. Si todo se mantiene, habrá 396 alianzas y ni un solo proyecto de país.

• Crédito nunca tan barato: La tasa promedio de la banca privada para vivienda bajó a 7,35%, el Miti Miti se mantiene en 4,99% y el Biess presta desde 2,99% a 30 años en su plan Credicasa.
• El programa define cuánto le prestan: Con un sueldo de $1.000, un crédito hipotecario común presta unos $35.000; el Miti Miti, cerca de $50.000; y el Credicasa, hasta $80.000.
• La rentabilidad está en disputa: Comprar en planos puede sumar entre 15% y 20% de valor durante la obra, pero el arriendo rara vez supera el 4% anual, frente al 5,19% de una póliza y el 6% o 7% de un fondo.

Endeudarse para comprar una vivienda nunca había sido tan barato en Ecuador. El crédito más accesible reanimó el mercado inmobiliario y renovó el atractivo del ladrillo, aunque no todos los expertos creen que hoy sea una buena inversión.

Los números confirman el auge. La construcción creció 38,1% interanual hasta julio de 2026, según cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las reservas netas de viviendas subieron 28% en el primer cuatrimestre frente a 2025, según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive).

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Su directora, Paulina Viteri, describe este momento como "un ciclo de expansión" y explica que las reservas muestran "personas que están decidiendo empezar a invertir en un bien inmueble", unidades que se entregarán en 18 o 24 meses según la magnitud del proyecto.

En Guayaquil, esas reservas aumentaron 44%, mientras los constructores prevén superar las 40.000 unidades vendidas este año.

¿Qué está moviendo al mercado?

El motor es el financiamiento. En junio de 2026 la tasa promedio de la banca privada para vivienda bajó a 7,35%, frente a un techo legal de 10,19%.

El Miti Miti mantiene una tasa fija de 4,99% y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) presta desde 2,99% a 30 años en su plan Credicasa.

"Es un muy buen momento como para invertir", dice Joan Proaño, CEO de la constructora Proaño y Proaño. Viteri lo explica en cadena: mientras más baja es la tasa, menor es la cuota y más personas califican. La colocación de la banca privada creció 25% en el primer cuatrimestre.

¿Qué rinde más, el ladrillo o una póliza?

Para Proaño, la rentabilidad depende de comprar en preconstrucción y de acertar en la ubicación: un proyecto bien ubicado puede ganar entre 15% y 20% de valor y, si la entrada representa apenas 20% o 30%, el rendimiento sobre el capital aportado puede ser mayor.

Rafael Sandoval, gerente general de ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos, matiza: "no es una ciencia cierta, no es una regla fija", afirma, porque todo "va a depender del cliente" y de la finalidad.

Sin embargo, destaca la ventaja del ladrillo: "en la inversión inmobiliaria tú vas a tener un activo fijo", que sirve para apalancar nuevas compras, algo que una póliza no ofrece, y pone como ejemplo a quienes adquirieron terrenos baratos cerca de Tababela: "esos terrenos valen oro".

Bernardo Orellana —analista económico y experto en fondos de inversión— lo ve distinto: "aquel que quiera meter plata a bienes y raíces me parece una mala inversión".

En dolarización, "desde el año 2014 básicamente el costo por metro cuadrado no ha subido", afirma. "Siempre subía cuando había sucres", por la devaluación.

El arriendo rara vez supera el 4% anual bruto —sin descontar reparaciones, meses vacíos entre inquilinos y morosos que toman años en desalojar—, mientras una póliza a plazo fijo paga hoy en promedio 5,19%, según el Banco Central (BCE), y un fondo, más líquido, rinde entre 6% y 7%.

Suma una alerta: hay edificios de $2.500 a $3.000 el metro cuadrado y, a pocas cuadras, otros de $1.000 a $1.500.

Ambos lados coinciden en algo: no es lo mismo adquirir la primera vivienda, un compromiso de largo plazo, que especular con la plusvalía. La renta temporal puede rendir más que la tradicional, pero exige gestión y ubicación.

¿Cuándo conviene comprar y cuándo no?

Antes de invertir conviene analizar. Es buena idea si el crédito es subsidiado y de tasa baja, si se compra en planos a una constructora con trayectoria y en una zona en expansión, y si el horizonte es de largo plazo; conviene, en todo caso, revisar la promesa de compraventa con un abogado antes de firmar.

Es mala idea si se busca renta pasiva a corto plazo, si la cuota compromete el pago futuro o si se paga un sobreprecio que el barrio no respalda. El auge es real. La rentabilidad, condicional.

La voz de los expertos

Las claves del caso

• Ecuador amplió operaciones con EE. UU. en 2026; dos casos cuestionan la validación de objetivos.
• La CIA aparece en denuncias sobre ataques a pescadores ecuatorianos en altamar durante 2026.
• Expertos analizan la cooperación de inteligencia entre Ecuador y EE. UU. en medio de la crisis de seguridad.

“No podemos ni confirmar ni desmentir que esos archivos existen”. Durante décadas, esa fue la respuesta estándar de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) cuando se le preguntaba sobre una de sus operaciones encubiertas más emblemáticas en América Latina: la participación en la caída del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz en 1954.

La frase vuelve a adquirir relevancia en Ecuador por dos hechos recientes que han abierto interrogantes sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos, la validación de objetivos y el papel que juega la inteligencia extranjera en operaciones que terminan con civiles muertos, desaparecidos o detenidos.

Operativo en Sucumbíos y dudas sobre el objetivo

Por un lado, está el operativo ejecutado en marzo de 2026 en San Martín, Sucumbíos, contra un supuesto complejo ligado a grupos armados, que terminó siendo cuestionado por investigaciones periodísticas que apuntaron a que el blanco era, en realidad, una finca ganadera.

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Por otro, están las denuncias de pescadores ecuatorianos atacados en altamar y la posterior revelación de The Washington Post, que vinculó los incidentes de las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca con un presunto programa encubierto de la CIA.

Ecuador y Estados Unidos amplían sus operaciones conjuntas

El 4 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos. “Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”, escribió en la red social X, al informar que Ecuador ejecutaría acciones coordinadas con aliados regionales, incluido EE. UU. Un día antes, según informó públicamente el Comando Sur, fuerzas ecuatorianas y estadounidenses habían empezado operaciones contra organizaciones consideradas terroristas dentro del territorio ecuatoriano.

Aquellos anuncios representaron un cambio significativo en la relación bilateral en materia de seguridad. Si históricamente Washington había colaborado con entrenamiento, equipamiento e intercambio de inteligencia, ahora el discurso oficial hablaba abiertamente de operaciones conjuntas.

Meses después, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró que Colombia, Honduras y Guatemala seguirían el modelo ecuatoriano, al permitir acciones conjuntas contra estructuras criminales. Sin embargo, Guatemala negó públicamente haber alcanzado ese tipo de acuerdo.

La estrategia antidrogas de Estados Unidos

La expansión forma parte de la estrategia impulsada por la administración Trump, que ha catalogado a 20 organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras y ha ampliado el uso de recursos militares en operaciones antidrogas en la región.

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Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, se refirió a los reportes sobre un supuesto involucramiento de la CIA en operaciones contra el narcotráfico. “¿Por qué quieren mandar a la CIA? Ellos no son operadores, son analistas de inteligencia. No tiene sentido”, señaló.

Para Vigil, la estrategia antinarcóticos debería concentrarse más en reducir la demanda de drogas que en ampliar el uso de herramientas militares.

Expertos defienden la cooperación de inteligencia

No todos los especialistas observan el escenario desde la misma perspectiva. César Paz, experto en seguridad y exagente del FBI, cree que el fortalecimiento de la cooperación entre Ecuador y EE. UU. responde a una convergencia de intereses estratégicos y a la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país.

“Coincide con varias cosas. Número uno, el acercamiento que ha tenido el Gobierno de Ecuador con EE. UU. y específicamente con el Comando Sur en Miami. Han pedido apoyo y es ahora el mejor momento para que exista ese apoyo, no solamente en cuanto a logística, sino también en cuanto a inteligencia”, analizó.

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Según Paz, agencias estadounidenses como el FBI cuentan con capacidades avanzadas en investigación criminal, análisis de inteligencia y ciencias forenses, que podrían resultar valiosas para enfrentarse a estructuras criminales cada vez más sofisticadas.

“El FBI tiene recursos muy avanzados en cuanto a investigaciones, inteligencia y materia forense. Tiene un laboratorio fantástico, reconocido a nivel mundial. Ecuador ha llegado a tiempos muy difíciles, por el nivel de criminalidad”.

Jean Paul, experto en seguridad y prospectiva, considera preocupante la ausencia de una reacción pública del Estado ecuatoriano.

Para el analista, el principal problema radica en la falta de información disponible. “Por el momento hay un silencio del Estado. Los temas de seguridad siempre presentan dificultades para comunicar, pero eso no elimina la necesidad de transparencia”.

Lo que debes saber

• La inhabilitación de rivales clave otorga ventajas iniciales a ADN para las seccionales 2026.
• Analistas advierten que la cantidad de cargos no suplirá la necesidad de victorias simbólicas.
• Las candidaturas en Quito y Guayaquil pondrán a prueba la estructura partidista del oficialismo.

La suspensión de organizaciones políticas y la inhabilitación de figuras clave perfilan un escenario favorable para el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en las elecciones seccionales de Ecuador de noviembre de 2026. Analistas y expertos advierten que, más allá de la ventaja numérica por la ausencia de competidores tradicionales, el partido de Gobierno enfrentará el reto de validar su estructura territorial propia frente al desgaste del poder y medirse en plazas electorales estratégicas como Quito y Guayaquil.

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Escenario electoral y la ventaja del oficialismo

La configuración del tablero electoral para los comicios locales ha cambiado tras la salida de fuerzas y perfiles tradicionales.

Esta coyuntura consolida condiciones favorables para el oficialismo en sus primeras elecciones seccionales; sin embargo, el analista político Giuseppe Cabrera precisa que esto no necesariamente se traducirá en los resultados más representativos.

Cabrera señala que las ausencias en la papeleta permitirán al partido de Gobierno captar cargos en juntas parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, aunque aclara que la cantidad no equivaldrá a la calidad de la victoria:

“Si es que no ganan la Alcaldía de Quito, la Alcaldía de Guayaquil, la Alcaldía de Cuenca y las prefecturas de Azuay, Manabí, Guayas y Pichincha, igual será una derrota para ellos”.Giuseppe Cabrera, analista político

Las seccionales como termómetro de la gestión pública

El exdiputado y exasambleísta Andrés Páez coincide con la lectura y subraya que los comicios locales funcionan como un examen directo a la administración nacional:

“Siempre hay que considerar que las elecciones seccionales son un referéndum respecto del desempeño del Gobierno, y mucha gente puede votar por simpatía o por antipatía al Gobierno”.Andrés Páez, exdiputado y exasambleísta

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Páez puntualiza que no se deben realizar generalizaciones, pues cada cantón y prefectura cuenta con dinámicas y particularidades propias.

Por su parte, el experto electoral Alfredo Espinosa sostiene que el éxito de ADN dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo, destacando los siguientes factores clave:

Estrategias diferenciadas: los casos de Guayaquil y Quito

De acuerdo con Cabrera, la autonomía de los postulantes, los liderazgos locales y los planes técnicos pesarán más que el respaldo directo del Ejecutivo. Este enfoque se refleja en las decisiones tomadas para las dos principales ciudades del país:

La apuesta territorial en Guayaquil

Pese a que Niels Olsen se perfilaba inicialmente como la carta del oficialismo, la organización optó por incorporar a la exalcaldesa Cynthia Viteri (quien preveía postular por Centro Democrático) para disputar el Municipio porteño con una figura de capital político propio.

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La postulación ministerial en Quito

En la capital, la designación de Harold Burbano representa una estrategia de mayor riesgo, dado que su visibilidad pública proviene principalmente de su gestión en distintos ministerios durante el mandato del presidente Daniel Noboa.

Estructura partidista frente a la infraestructura estatal

El principal desafío para el oficialismo radicará en demostrar que posee una base partidaria sólida e independiente del aparato estatal. Según reflexiona Andrés Páez:

“Esos resultados que se produzcan el 29 de noviembre le permitirán a ADN evaluar cuál es la consistencia de su estructura política, porque la base política del partido de Gobierno es distinta de la infraestructura estatal. Y esta base política termina siendo crucial y fundamental en un proceso electoral”.Andrés Páez, exdiputado y exasambleísta

Lo que debes saber

• Las empresas tienen hasta diciembre para autogenerar el 100 % de su energía, pero falta de infraestructura, capacidad de las redes y trámites de hasta 18 meses ponen en riesgo la meta.
• El sector pide flexibilidad y reglas más claras para cumplir la disposición.
• La urgencia aumenta ante el riesgo de un nuevo déficit eléctrico durante el próximo estiaje.

La aspiración del Gobierno de que las grandes empresas generen su propia energía hasta el próximo 15 de diciembre aún están lejos de cumplirse. No porque el plazo vaya a modificarse -la autoridad, dicen los propios empresarios, ya ha aclarado que será inamovible-, sino por las limitaciones técnicas, de infraestructura y de trámites que dificultan alcanzar la meta propuesta para aliviar el déficit energético del país.

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El Decreto Ejecutivo 32 obliga a las empresas e industrias consideradas clientes regulados de alto voltaje (AV1 y AV2) a implementar hasta fines de año sus propias fuentes energéticas para reemplazar el 100 % de la energía que demandan del sistema nacional. No obstante, para el sector empresarial, este objetivo en el corto plazo es un espejismo, pues transformar la provisión del sistema es un “camino empedrado” que requiere no solo grandes sumas de dinero, sino también tiempo para readecuar espacios, encaminar trámites e implementar equipos, un proceso que podría tomar años.

La traba empieza con la infraestructura eléctrica

Daniel Rosero, gerente técnico de SolarTeam, una empresa quiteña que opera desde 2020 en el mercado y que hoy asesora a algunas compañías en el proceso de cambio, explica primero el problema de infraestructura que enfrentan ciertas firmas, con techos que en su momento no fueron diseñados para instalar fuentes como paneles solares, o por la falta de espacio para implementar una planta solar.

Para las empresas que no cuentan con terreno suficiente para reemplazar el 100 % de la energía convencional, la norma da cierta flexibilidad para generar energía remota; es decir, instalar generación eléctrica a distancia (incluso en otra provincia) donde CNEL ejerza control. No obstante, explica el experto, en este proceso surge un primer problema: “muchas de las redes no cuentan con los parámetros o capacidades técnicas para soportar la generación que pueda producir un privado”.

170 empresasSe estima es el número de industrias que deben cumplir la normativa; representa 250 MW, el 6% del consumo a nivel nacional.

Cita las limitaciones que hoy tienen empresas como Santa Priscila, la mayor exportadora de camarón, con la cual ya han instalado dos plantas fotovoltaicas que han permitido alcanzar una cobertura del 30 %. Para elevar ese porcentaje, dice, ellos están obligados a instalar una subestación propia con líneas de transmisión a otro nivel de voltaje, pero, aunque existan los recursos, los tiempos de los trámites no siempre acompañan la urgencia. “Nosotros lo hemos vivido. Muchas veces depende de la distribuidora, pero usualmente una aprobación para la construcción de una línea de transmisión y de una subestación puede tomar entre seis y 18 meses”, advirtió el experto, quien por ello se atreve a decir que “llegar a la meta para diciembre va a ser una tarea complicada”.

Empresarios piden reunión al Gobierno

Esa preocupación, dice Juan Carlos Navarro, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, ya ha sido trasladada al Gobierno y esperan reunirse con las autoridades para plantear esta y otras inquietudes que traban la adopción de nuevas fuentes energéticas que, según un sondeo preliminar en el sector, tendrían una cobertura de solo el 60 %, bajo ciertos matices. Esto incluye, dice, el uso de generadores a diésel (con uso limitado de ocho a 12 horas diarias), paneles solares (sin provisión continua 24/7) y consumidores no regulados con contrato de provisión con generador privado, que sí cubren el 100 % de su demanda.

“Lo que se ha solicitado es mayor claridad en los parámetros de cumplimiento y una revisión caso por caso, donde la implementación no sea física o técnicamente viable dentro del plazo establecido. Consideramos necesaria una regulación secundaria o una reforma al texto vigente”.

En eso está de acuerdo María Paz Jervis, directora de la Cámara de Industrias y Producción, quien señala que entre los pendientes está el lograr la interconexión entre las mismas empresas de distribución energética para facilitar este proceso. “Si tú tienes una planta industrial en Tabacundo, pero resulta que, porque tienes el terreno o por la calidad climática que favorece a la generación, instalas una planta solar en Imbabura, esta instalación, que es distinta, entra a la red, pero no te permite el neteo económico; es decir, como son dos empresas de distribución distintas, tienes un problema administrativo que no se ha solventado”, dice.

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Otros temas que se deben tomar en cuenta, agrega Navarro, es “el costo elevado del abastecimiento de diésel para generadores de alta demanda, la ambigüedad en el reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía sobre si un consumidor no regulado con contrato privado ya cumple la disposición y las reales restricciones de mercado, como la falta de disponibilidad de generadores a gas natural”. Aún, dice, siguen esperando una respuesta oficial.

El mayor temor del sector empresarial es que un inminente estiaje ocasionado por el fenómeno de El Niño agrave el déficit energético del país que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) ha estimado para este escenario en 1.300 megavatios (MW). Independientemente de si se cumplió o no con la autogeneración, eso obligaría a la desconexión eléctrica del sector empresarial.

Para Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, este déficit no se puede resolver de la noche a la mañana porque existe un problema energético estructural. “En la crisis de apagones de 2024, ya teníamos 10 años sin cumplir con el plan maestro de generación”. Esta transformación, sostiene, no se puede hacer de un momento a otro, “porque no solo es un problema de generación, sino también de distribución y comercialización”. En 2025, agrega, existió un 20 % de pérdidas técnicas en procesos de transmisión y robo de energía, cuando ese porcentaje debería estar en el orden del 8 %.

Aspiazu, si bien apoya la transición, cree que se deberían dar las condiciones para lograrlo, ampliando las alternativas de adopción. “Hasta ahora la venta de energía de Colombia a Ecuador se ha dado de Estado a Estado, pero también la empresa privada de allá tiene ofertas que deberían explorarse”.

Sobre esta  disposición

Obligación. El grupo AV1 está conformado por las empresas que reciben energía eléctrica en niveles de voltaje de hasta 138 kV. En este segmento están cementeras y diversas industrias, ubicadas en el sector industrial de Durán. El grupo AV2  operan con voltajes superiores a 138 kV. Aquí están mineras y acereras.

Objetivo. El sistemas de autogeneración por parte de los grandes consumidores forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado, que mantiene un déficit de generación eléctrica desde 2023. Actualmente, esa brecha bordea los 1.300 megavatios (MW).

Lo que debe saber

• El caso surge de una sentencia por presunta calumnia contra Eduardo Carmigniani.
• La controversia gira en torno a un criterio fijado por la Corte en diciembre de 2025.
• Los expertos plantean qué recursos y sanciones podrían aplicarse ante un eventual incumplimiento.

Que un juez se aparte de una regla fijada por la Corte Constitucional no es un detalle menor: para los juristas consultados por EXPRESO, eso compromete la seguridad jurídica. Un reciente caso pone el foco en los límites que tienen los jueces frente a los precedentes constitucionales.

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El caso que reabre el debate

El debate surge a partir de una sentencia por un presunto delito de calumnia contra el abogado Eduardo Carmigniani, en la que no se habría considerado una jurisprudencia constitucional. Se trata del párrafo 271 de la sentencia unánime 105-23-IN/25, dictada el 17 de diciembre de 2025, que establece parámetros para determinar cuándo una expresión puede configurar ese delito.

Para Antonio Gagliardo, exjuez de la Corte Constitucional, las sentencias del organismo son de obligatorio cumplimiento para todo el sistema jurídico. Por ello, sostiene que cuando existe una jurisprudencia que establece cómo interpretar una situación, el juez no puede decidir discrecionalmente si la aplica o no.

Gagliardo explica que los jueces tienen la obligación de conocer y seguir esos precedentes, especialmente cuando la Corte fija reglas sobre la interpretación de una situación jurídica. A su criterio, apartarse de esas decisiones puede dar lugar a recursos y a cuestionamientos por error inexcusable o manifiesta negligencia.

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Incumplir fallos puede traer sanciones

Sin embargo, el jurista Rafael Oyarte advierte que el incumplimiento de fallos de la Corte Constitucional es uno de los asuntos “más sensibles” y recurrentes del sistema judicial. Señala que la acción de incumplimiento figura entre las acciones constitucionales más utilizadas, lo que evidencia que lo que debería ser excepcional se ha vuelto frecuente.

Henry Cucalón, exministro de Gobierno, considera especialmente delicado que un juez se aparte de una sentencia constitucional cuando conoce su existencia. A su juicio, no se puede asumir que una eventual apelación subsanará el problema, porque el incumplimiento de una norma o precedente también puede generar responsabilidades administrativas e incluso, si existen indicios de dolo, derivaciones a la Fiscalía.

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Temor y política en las decisiones judiciales

Para Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, el problema no se limita a una equivocación jurídica, pues observa “tintes políticos” en la actuación judicial. A su criterio, se ha instalado un estado de miedo entre los jueces, que en determinados casos terminan haciendo una lectura política de los procesos, en lugar de resolver con base en los hechos, las pruebas y el Derecho.

Goyes identifica una intención concreta: acallar las voces críticas mediante acciones judiciales. La exvocal sostiene que los jueces, por temor, terminan dando gusto al poder de turno, mientras la Corte Constitucional aparece como la instancia llamada a poner un límite a esas actuaciones.

Esta situación, además, tiene un efecto directo sobre la seguridad jurídica, advierte el abogado André Benavides. El académico explica que cuando existen decisiones contradictorias frente a hechos similares, incluso dentro de la propia Judicatura, se afecta la certeza de que la ley será aplicada de manera uniforme para todos.

A ello se suma otro problema: la desactualización de los jueces, según Benavides; pero considera que la ignorancia y la vagancia no justifican sus fallos. A juicio de Cucalón, existen jueces “kamikazes”, que “toman esas decisiones porque confían en que un tribunal superior las dejará sin efecto”.

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La respuesta que se espera de la Corte

Por eso, Oyarte también pone el foco en la respuesta que debería dar la propia Corte Constitucional frente a estos casos. Según explica, si detecta que una decisión judicial incumple un precedente constitucional, el organismo debería destituir al juez, ya que una sanción firme evitaría que otros se sientan habilitados a incumplir la normativa.

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Tumbaco transforma su identidad en arte

• Tumbaco crea cuatro esculturas de tamaño real para rescatar su identidad cultural y natural.
• Cerca de 30 vecinos trabajan desde hace cinco meses en las obras inspiradas en el Ilaló.
• Las esculturas serán instaladas en diciembre y buscan convertirse en nuevos atractivos turísticos de Tumbaco.

En Tumbaco, la memoria toma forma. Entre cartón, papel, espuma flex, porcelana fría y fibra, cerca de 30 vecinos trabajan en la construcción de esculturas de tamaño real que buscan contar, desde el arte, la historia y la identidad de esta parroquia de Quito.

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El proyecto se denomina ‘Tumbaco: Construyendo Cultura y Escultura’ y reúne a niños desde los 12 años hasta adultos de más de 60. Durante cinco meses, los participantes han aprendido técnicas de pintura y escultura, pero también han realizado un ejercicio de observación: mirar aquello que los rodea y reconocer qué elementos hacen de Tumbaco un lugar único.

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El Ilaló se convierte en símbolo de Tumbaco

El resultado empieza a verse en las figuras que toman forma en el taller. Una de las principales referencias es el Ilaló, el volcán inactivo que domina el paisaje del valle.

Su presencia aparece representada de distintas maneras. Algunos participantes lo imaginan como un hombre imponente y protector; otros, como una figura femenina relacionada con la vida y la fertilidad del territorio.

La elección del Ilaló tiene un significado especial. En sus faldas existe una importante riqueza natural, con plantas nativas y medicinales y especies como zorros, lobos de páramo, conejos, comadrejas y más de 70 especies de aves.

Así, el volcán deja de ser únicamente una referencia geográfica y se convierte en un símbolo de la relación entre la comunidad y su territorio.

Fauna, flora y tradiciones también llegan a las esculturas

La identidad de Tumbaco no termina en el Ilaló. Francisco Bastidas, participante del proyecto, cuenta que el grupo comenzó investigando los referentes más conocidos de la parroquia, como el arriero y el tren.

Después decidieron mirar más allá y encontraron otros personajes, productos, plantas y animales que también forman parte de la memoria local.

Por eso, en las esculturas aparecen referencias al aguacate, la chirimoya, el limón, las flores y el penco, utilizado para obtener el chawarmiski.

También están representados la raposa, el conejo, el lobo y distintos insectos. A ellos se suman personajes cotidianos, como las mujeres que venden sus productos en las calles y figuras reconocidas por generaciones de habitantes.

Una familia recrea el Ilaló mágico

Una de las piezas tiene además un componente familiar. Talía Chuquimarca trabajó junto con su esposo, Cristian, y su hija, Isabela, para recrear el Ilaló mágico.

La escultura reúne varios símbolos del valle: el tren, colibríes, elementos vinculados con el Ilaló y una rueda que adquiere un significado especial.

Para la familia, esa rueda representa el progreso, el movimiento y el carácter cíclico de la vida. También evoca el ciclismo, una actividad que practican.

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La pieza fue elaborada durante semanas, incluso en jornadas nocturnas, con materiales reciclados. Cartón, papel y espuma flex fueron transformados en diferentes partes de la obra.

Ese uso de materiales también forma parte del mensaje. Objetos que podrían terminar como desechos adquieren una segunda vida y se convierten en figuras que buscan permanecer en el espacio público.

El proyecto busca rescatar la identidad de Tumbaco

William López, profesor de escultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco y director del proyecto, explica que el objetivo va más allá de enseñar una técnica artística.

La intención es que los participantes conozcan las artes plásticas, exploren sus propias capacidades y encuentren en ellas incluso una forma de expresión personal.

El proyecto comenzó hace aproximadamente cinco meses y continuará hasta noviembre. En diciembre está prevista la instalación de las obras en un espacio público.

Aunque todavía no se define si estarán en el parque de Tumbaco o en la comuna Leopoldo Chávez, la intención es que las cuatro esculturas permanezcan como nuevos referentes para la parroquia.

Cuatro esculturas llegarán al espacio público

Serán cuatro piezas que recogerán diferentes dimensiones de la identidad local: lo femenino, lo masculino, la fauna y la flora.

Las obras no estarán destinadas únicamente a ser contempladas. La idea es que también despierten curiosidad, atraigan visitantes y ayuden a convertir estos espacios en nuevos puntos de interés turístico en Tumbaco.

Para María Fernanda Marín, tallerista del proyecto, esa posibilidad es especialmente importante.

Rescatar la identidad de Tumbaco significa reconocer el territorio y aprender a cuidarlo. Por eso, cada escultura funciona como una especie de relato tridimensional: una historia que puede observarse desde distintos ángulos.

Los talleres gratuitos todavía tienen cupos

Mientras tanto, en el taller todavía quedan pinceles, herramientas y materiales por transformar. El proyecto mantiene algunos cupos disponibles y los talleres son gratuitos.

La propuesta busca que el arte sea también una herramienta para recuperar la memoria de Tumbaco y convertirla en parte visible del paisaje de la parroquia.

Lo que debes saber

• Vecinos de La Mariscal apuestan por organizarse y buscan que la zona recupere su brillo con cultura, arte, música y gastronomía
• Cerca de 40 espacios participan los jueves de agosto, de 17:00 a 21:00, con restaurantes, museos, galerías, rutas teatralizadas, conciertos
• La iniciativa busca mostrar una La Mariscal más allá de la vida nocturna. La buena acogida abre la posibilidad de mantener rutas gastronómicas y culturales después de agosto

Quienes residen en La Mariscal se niegan a vivir entre el miedo y la violencia. A pesar del reciente ataque armado en los exteriores de una discoteca de la Plaza Foch, que dejó dos personas heridas, los vecinos del tradicional barrio insisten en una respuesta distinta: organizarse, recuperar el espacio público y volver a llenarlo de cultura, arte y gastronomía.

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La apuesta parte de la premisa de que una zona habitada y activa es también más segura. Por eso, durante los jueves de agosto de 2026, decenas de establecimientos, colectivos culturales y vecinos participan en una agenda que busca mostrar una cara diferente de La Mariscal, más allá de las discotecas y de la vida nocturna que durante años identificó al sector.

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La iniciativa reúne a 40 espacios entre restaurantes, cafeterías, museos, galerías, centros culturales y propuestas artísticas. Las actividades se desarrollan entre las 17:00 y las 21:00 y están distribuidas en cuatro circuitos, que permiten recorrer el barrio a través de conciertos, exposiciones, catas de café, rutas teatralizadas y comida a precios asequibles.

La propuesta gastronómica

Andrés Groner, de la Asamblea Mariscal Legado Cultural, explica que el objetivo es rescatar la residencialidad y el carácter cultural del barrio, además de generar una economía circular en la que restaurantes, artistas y otros negocios se beneficien de la llegada de visitantes.

Cada establecimiento prepara una oferta especial para los jueves. Entre ellas está ‘la tapa Mariscal’, un aperitivo pensado para que los visitantes puedan conocer distintos locales sin necesidad de realizar un gasto elevado.

Groner, quien es chef y propietario de Achiote Restaurante, dedica su propuesta a la quinua, un producto andino considerado parte del patrimonio alimentario del país. Su menú incluye una degustación de pasteles de quinua con seco de chivo, pristiños con miel de higo y una limonada andina.

Nuevas rutas tras la respuesta positiva del público

David Montesinos, representante de La Mariscal Sur, cuenta que la respuesta del jueves 13 de agosto fue positiva. La mayoría de los establecimientos registraron una importante afluencia de público, tanto de moradores como de personas que llegaron desde otros sectores para conocer las propuestas.

Una de las actividades con mayor acogida fue la ruta teatralizada por la calle Juan Rodríguez. Para este jueves 20 de agosto, el recorrido se trasladará hacia las calles Tamayo y 6 de Diciembre. Además, se incorporará un circuito de arte con ocho espacios que mantienen exposiciones y propuestas de pintores como Eduardo Kingman. La programación también contempla un encuentro de innovación dirigido a jóvenes, enfocado en creatividad.

El circuito gastronómico ha despertado interés. La propuesta de ‘la tapa Mariscal’, señala Montesinos, ha tenido una demanda que podría justificar su continuidad después de agosto. Lo mismo ocurre con las rutas teatralizadas, cuyos cupos se llenan rápidamente.

Para Groner, la iniciativa permite recordar que La Mariscal tiene una oferta mucho más amplia que la de los centros de diversión nocturna. El desafío, dice, es trabajar de manera conjunta para recuperar el valor cultural, artístico y gastronómico de un barrio que tiene un importante potencial turístico.

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La oferta también llega a espacios menos conocidos. Como parte del recorrido está el Museo Naif Latinoamericano, que reúne obras de artistas de 18 países. Allí se encuentran trabajos de artistas como Gonzalo Endara Crow, además de piezas de Centroamérica, Cuba, Haití y Colombia.

Durante el primer jueves, alrededor de 30 personas participaron en las visitas guiadas.

Salsa en el parque Gabriela Mistral

Asimismo, la ocupación del espacio público tiene un componente musical. En el parque Gabriela Mistral, el proyecto Salsa en el Solar lleva seis años organizando encuentros de baile los domingos. Pero por la iniciativa, los jueves se sumaron a la agenda.

Lucky Lenin, fundador del proyecto, resume el sentido de la iniciativa con una idea: si una ciudad no es habitada, se convierte en una ciudad en riesgo. Para él, que los ciudadanos vuelvan a las plazas y calles fortalece el tejido social y contribuye a la seguridad.

La salsa, agrega, cumple una función social. Es una actividad que genera alegría, reúne a personas del barrio y atrae visitantes de otros sectores.

Para quienes viven, trabajan o frecuentan La Mariscal, la recuperación del sector es un desafío que no se resolverá de un día para otro. Esteban Moya, quien trabaja cerca del parque Gabriela Mistral, recuerda que durante años visitó la zona principalmente para salir de fiesta, pero reconoce que en los últimos tiempos la percepción de inseguridad ha crecido.

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Moya considera positivo que se impulsen actividades dirigidas a familias y visitantes de distintas edades. “El cambio no será de la noche a la mañana”, acepta, pero menciona que recuperar el barrio desde otras miradas es un paso necesario.

Samuel Campaña, que vive y trabaja en la zona, comparte esa percepción. Aunque también conoce La Mariscal por su vida nocturna, señala que la agenda de agosto permite descubrir una faceta que muchas veces queda oculta detrás de las discotecas. Museos, espacios de lectura, restaurantes, galerías y actividades artísticas pueden convertirse, dice, en una oportunidad para reactivar el barrio.

La agenda para este 20 de agosto de 2026 incluye una exposición pictórica de Olag Racso, en Casa Silberstein, en la Wilson y Juan León Mera; clases para principiantes de catalán en el Casal Catalá; y una feria de vinilo ecuatoriano en Hulla Launge, en la 12 de Octubre y Carrión. 

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Las plazas de empleo formal crecieron 2,23% en mayo, casi ocho puntos menos: llegaron a 3.475.082, unas 75.765 más que un año antes, según el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese mes las ventas sumaron $24.278,6 millones, y la brecha continuó: en julio crecieron 16,7%, hasta $25.600 millones. El empleo registrado equivale al 38,1% de la población económicamente activa: menos de cuatro de cada diez trabajadores.

Lo que dicen los sectores

Los sectores reflejan una dinámica similar, aunque el INEC desagrega por rama el empleo registrado y no la variación de las plazas.

La construcción fue la actividad con mayor crecimiento de facturación en mayo, 24,5%, y su empleo registrado subió 5,1%. En comercio las ventas aumentaron 14,7% y el empleo, 4,1%. Transporte facturó 17,5% más.

Minas y canteras, que el SRI no destaca entre los de mayor crecimiento en ventas, registró la mayor alza de empleo: 15,7%. En construcción, por cada punto de crecimiento del empleo hubo casi cinco de facturación.

Lo que el dato no mide

Hay que precisar qué mide el dato del SRI. No se trata de las ventas totales del país ni de comercio electrónico, sino de operaciones respaldadas con comprobantes electrónicos. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, advierte que el indicador recoge también otro proceso.

"Con la gestión que está realizando el SRI, la formalización sigue aumentando y cada vez las ventas electrónicas crecen muy rápido", explica.

Parte del incremento no sería actividad nueva, sino operaciones que antes no se facturaban así. "Cuando ya sale la información de ventas totales, ese indicador no coincide con el de ventas electrónicas", agrega.

El SRI no publica un desglose que permita saber cuánto de ese crecimiento responde a mayor formalización y cuánto a ventas nuevas. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué hacen las empresas cuando reciben más demanda?

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Horas extras antes que contratos

Andrés Madero, exministro de Trabajo, sostiene que una respuesta habitual es no abrir nuevas plazas, sino ampliar las horas del personal actual.

"El que ya tiene un negocio y está vendiendo más o requiere mayor mano de obra, prefiere invertir en horas extraordinarias, suplementarias, en algún tipo de valor adicional dentro del propio personal contratado", dice.

La segunda alternativa que describe es tecnológica: "En lugar de tener dos o tres personas contratadas para que respondan mensajes de servicio al cliente, se podría contratar un chatbot".

Para Madero, detrás de ambas está el mismo cálculo: el costo de una futura desvinculación, que el empleador considera desde el momento de contratar.

Raúl Ledesma, abogado y exministro de Trabajo, cuestiona que ambas variables estén ligadas. "Las ventas no son una variable que responda directamente a la creación de plazas de trabajo", sostiene.

Un mayor pedido de atún, ejemplifica, puede resolverse con más pesca y tonelaje, no con más trabajadores. Para él, la generación de empleo depende sobre todo de nuevas inversiones o ampliaciones, no de que una empresa existente facture más.

Más dinero, los mismos préstamos

Si el empleo depende de esas inversiones, el crédito es clave: invertir requiere financiamiento.

El crédito crece, pero el monto avanza mucho más que el número de operaciones. El Sistema Financiero Nacional otorgó $4.786 millones en créditos nuevos y renovados en julio, 11% más que un año atrás, según el Banco Central del Ecuador (BCE), mientras las operaciones apenas aumentaron 0,6%, hasta 944.758.

Eso apunta a un incremento del valor promedio financiado: el sistema prestó bastante más dinero a un número de operaciones casi idéntico al del año pasado. Las captaciones a plazo cayeron 3,2%, con 7,5% menos operaciones. Son cifras del mes, no saldos.

El dinero, además, ya no se abarata al mismo ritmo. La tasa referencial del crédito productivo corporativo había descendido a 6,85% en junio, pero en julio subió a 6,91%, según el BCE. Acosta advierte que el crédito crece más rápido que los depósitos y que "eso no puede suceder de manera indefinida".

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Las cinco correcciones

De este diagnóstico surgen cinco correcciones posibles, y no todas apuntan en la misma dirección.

La más ambiciosa es la de Ledesma: una ley especial —no una reforma al Código del Trabajo— que someta las contrataciones de nuevos emprendimientos o ampliaciones a un régimen temporal hasta que la empresa alcance su punto de equilibrio, respaldado por un plan de negocios validado ante el Ministerio del Trabajo o el de Producción.

Busca reducir el temor a asumir costos de liquidación si el negocio fracasa, aunque abre la posibilidad de rotar personal en condiciones menos favorables.

Andrés Isch, exministro de Trabajo y director ejecutivo de LAB 593, plantea una vía más cauta: elevar el contrato productivo a rango de ley e incorporar contratos estacionales para cultivos de ciclos distintos. Atiende la estacionalidad agrícola, aunque por sí sola no crea demanda de trabajo.

Otras dos medidas apuntan al costo de la desvinculación. La jubilación patronal, que Madero y Ledesma identifican como una causa de despidos antes de los 20 años de servicio, debería transformarse en un aporte mensual acumulado en un fondo que se extinga con la relación laboral, como se acordó en 2019 en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Madero propone además sustituir el visto bueno por una notificación del incumplimiento y la terminación inmediata del contrato, con impugnación judicial posterior: descongestionaría al Ministerio del Trabajo, pero reduciría el filtro previo que protege al trabajador.

El principal desacuerdo está en el financiamiento. Ledesma plantea que la banca pública otorgue créditos con tasas y garantías más blandas, como ocurre en vivienda.

Acosta propone lo contrario: que el Estado deje de fijar tasas y permita a la banca captar ahorro del exterior.

Los caminos difieren, pero coinciden en un punto: sin mejores condiciones para financiar nuevas inversiones, una reforma únicamente laboral tendrá un alcance limitado.

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Contingencia y contratos para el agro

El agro sostiene uno de los empleos formales que más crecen en el país: el registrado en agricultura aumentó 4,5% en el último año, según el INEC. Es también uno de los sectores más expuestos a un fenómeno de El Niño fuerte.

Andrés Madero sostiene que hoy existen información y tecnología suficientes para anticipar sus efectos, lo que obliga a preparar planes de contingencia antes de la emergencia. 

Plantea incentivos y, para los sectores más golpeados, moratorias temporales en ciertas obligaciones. No se trata de condonar, aclara, sino de "generar un espacio de desahogo económico" que permita a una empresa afectada sostener su nómina.

Andrés Isch pone el foco en otro problema: los cultivos tienen ciclos y no demandan mano de obra todo el año. Propone contratos estacionales que permitan contratar y volver a contratar sin penalización.

Lo que debes saber

• Propietarios remodelan casas y departamentos para alquilar habitaciones o suites y obtener mayores ingresos mensuales.
• La modalidad gana espacio en sectores como Urdesa y cerca de universidades, aunque requiere inversión y puede necesitar permisos.

Una vivienda antigua y de grandes dimensiones ya no necesariamente se alquila como una sola unidad. En Guayaquil gana espacio una modalidad en la que las casas son aprovechadas internamente para generar ingresos ya sea mediante habitaciones, suites o incluso espacios como bodegas o cuartos de servicio. Estos son remodelados y puestos en alquiler.

Es decir, una propiedad que podría generar entre $500 y $600 mensuales al ser arrendada completa, puede alcanzar una rentabilidad mayor si se divide internamente y sus espacios se alquilan por separado. No se trata necesariamente de una subdivisión formal del inmueble, sino de aprovechar su distribución para crear unidades de alojamiento dentro de una misma propiedad.

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Sue Murillo, asesora inmobiliaria y presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces Guayas (Acbir), reconoce que esta alternativa ya es considerada por personas que adquieren propiedades con el objetivo de destinarlas al alquiler.

Sin embargo, señala que no se trata de un modelo aplicable a cualquier inmueble, pues responde a un mercado específico y depende, principalmente, de la ubicación.

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Las zonas cercanas a universidades son algunas de las que concentran mayor demanda. La llegada de estudiantes de otras provincias impulsa la búsqueda de habitaciones, suites y departamentos pequeños, en lugar de viviendas grandes compartidas.

Para Murillo, el mercado inmobiliario también está cambiando en función de las nuevas formas de vida. Ya no predomina únicamente la búsqueda de casas amplias para familias numerosas, pues estudiantes, jóvenes profesionales y parejas buscan espacios más pequeños.

“Yo vendí un departamento grande en el centro, a dos cuadras de la Universidad de Guayaquil. Tenía tres habitaciones. La persona que lo compró lo dividió en tres dormitorios. Ella jamás habría recibido por el departamento lo que recibe por los tres dormitorios: casi $700. Le alcanza para cubrir su préstamo hipotecario y le queda”, cuenta Murillo sobre un caso.

Dice que aquella propietaria invirtió lo que se necesitaba para una subdivisión. Esto se da, sobre todo, en propiedades antiguas porque, por lo general, las remodelaciones son necesarias, como el cambio de tuberías, baños, puertas o pisos.

“Tienen que coincidir varios factores para que yo pueda dedicarme a este negocio. Tengo que estar cerca de zonas de alta demanda. Si no, ¿después quién va a alquilar? Sí, es rentable”, analiza.

¿Y la parte legal?

En cuanto a la parte legal, Murillo señala que la subdivisión es interna, debido a que se divide la casa y se rentan habitaciones. En el caso de una suite, explica que se asigna un cuarto, baño y cocina-comedor, además de destinar un área comunal, como una lavandería. “Podría tener problemas en el área de parqueadero, en temas de que si no tienen una buena comunicación”, agrega.

En Urdesa también hay casos de esta modalidad. Denisse Grunauer, CEO principal de Grunauer Bienes Raíces, cuenta que ha aplicado esta estrategia. También señala que “todo es a la interna”, y que el problema puede aparecer cuando se busca dividir el inmueble con servicios independientes.

EXPRESO la acompañó en un recorrido por una vivienda en Urdesa. Junto a esta había un condominio cuyo propietario unió ambas propiedades, pues tenía un departamento justo al lado. La intervención comenzó hace seis años. El propietario, quien vive en Samborondón, es titular de ambos inmuebles y los unió. En toda esta edificación se encuentran algunas habitaciones y suites.

“Si alquilara la casa, no le sacaría más de 600 o 700 dólares, más el departamento $600. Hoy (con la subdivisión) saca $3.000 en renta. Es rentable”.

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Grunauer también expone su caso. Adquirió en $36.000 un departamento que tenía dos dormitorios, ubicado igualmente en Urdesa. Lo remodeló y convirtió una de las habitaciones en suite. Los acabados le permitieron obtener un buen precio, mientras ella vivía en el departamento, y posteriormente decidió alquilarlo porque el espacio le quedó pequeño.

“No logras cobrar $500 por el departamento, que tiene parqueo abierto. Pero al haberlo dividido, saco $450 con parqueo abierto en la parte grande y $350 en la otra. Es rentable”.

¿Y la seguridad?

Sin embargo, la seguridad también juega un papel al momento de alquilar. Grunauer menciona que hay intervenciones municipales que se realizan en barrios o ciudadelas y que dan una “apariencia de seguridad aunque no haya”.

Admite que, hoy en día, todos quieren estar encerrados y que obtener una mayor plusvalía a una propiedad que no está ubicada en el mejor sector se logra con los acabados.

“Lo que están haciendo los propietarios es sacar rentabilidad de una sola propiedad dividiéndola internamente”, resume. Y agrega que no cree que esto sea nuevo, sino que llama la atención porque más personas lo están aplicando.

Municipio de Guayaquil responde

¿Qué dice el Municipio? De acuerdo con la Línea 181 del Cabildo, ante la consulta de EXPRESO sobre si existe algún tipo de permiso o requisito municipal que debe cumplir un propietario que divide internamente una vivienda para tener espacios independientes de alquiler, se indicó que se debe requerir la obtención de un registro de construcción municipal, especialmente cuando la intervención implique remodelaciones, cambios de distribución o cambio de uso de la edificación.

Asimismo, la propiedad debe cumplir con las normas municipales de uso de suelo, habitabilidad y demás requisitos técnicos aplicables.

Lo que debes saber

• Las inscripciones para los comicios seccionales de 2026 cayeron de 63.500 a cerca de 53.500 aspirantes.
• Las postulaciones a prefecturas bajaron a 152 fórmulas provinciales frente a las 187 de 2023.
• Analistas atribuyen la reducción a suspensiones políticas, alianzas y apatía ciudadana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una drástica reducción en la participación política para las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador, al cerrar el periodo de registro con cerca de 53.500 aspirantes inscritos. La cifra representa una caída de más de 9.000 postulaciones frente a los comicios de 2023, cuando se alcanzaron más de 63.500 registros. Este descenso en el tablero electoral responde a factores como la proscripción e inhabilitación de organizaciones, la proliferación de alianzas y el desinterés ciudadano en varias localidades del país.

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Especialistas y analistas consultados coinciden en que la reducción de más de 9.000 aspirantes en el tablero electoral se debe a una combinación de presiones judiciales, estrategias de supervivencia partidaria y modificaciones estructurales en el mapa político.

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La necesidad de alianzas frente a sanciones y riesgos electorales

Para el estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo, el escenario actual responde en parte a un entorno judicial complejo y a decisiones pragmáticas de los movimientos: 

“Frente a las amenazas de sacar de la carrera electoral a todos los que no coincidan con el oficialismo, resultaba necesario políticamente ir con un abanico de fuerzas políticas”.Andrés Jaramillo, estratega y docente de Comunicación

Jaramillo señala que unirse en bloques permite reducir la exposición ante eventuales persecuciones durante la campaña. Además, explica que la medida busca evitar la extinción legal de los partidos:

“Hay movimientos que están con tarjeta amarilla y/o no acceden a los fondos partidarios porque no logran la votación mínima requerida. Al ir en alianzas se facilita el camino para lograr el acceso a fondos y sobrevivir”Andrés Jaramillo, estratega y docente de Comunicación

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Suspensión de organizaciones políticas y falta de cuadros

Por su parte, Esteban Ron, jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, descarta que las alianzas sean el motivo central y apunta a la salida forzada de actores clave:

“No es imputable a que las alianzas hayan proliferado. Es un tema de la suspensión de dos organizaciones políticas, la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo. Hace que dos partidos salgan del mapa con candidatos propios y que eso se reproduzca a escala nacional”Esteban Ron, jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK

Ron subraya además que existen organizaciones políticas “proscritas de facto” por deficiencias internas en la formación de cuadros y por la falta de figuras dispuestas a participar.

Desinterés y trabas logísticas en el proceso

El desapego ciudadano y las complicaciones operativas también incidieron en el número final de registros para las seccionales de 2026.

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Lo que debes saber

• Por ahora, la Alcaldía de Quito tiene diez postulantes, entre ellos Pabel Muñoz, Jorge Yunda, Wilson Merino y Harold Burbano
• Diez de los 21 concejales buscan la reelección. Cinco de seis ediles de RC van por otro periodo, mientras otros cambiaron de organización
• Todas las candidaturas no están en firme. El CNE revisará la documentación y hay una fase de impugnaciones

El escenario electoral de Quito está definido. La carrera por la Alcaldía contará con diez postulantes, tres menos que las 13 precandidaturas que se anunciaron inicialmente y que no llegaron a completar el proceso.

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Entre los nombres que constan en el registro electoral están el actual alcalde, Pabel Muñoz, quien buscará la reelección, el exalcalde Jorge Yunda y el ahora exconcejal Wilson Merino, quien renunció a su cargo para disputar la Alcaldía.

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Los precandidatos que buscan la Alcaldía

La nómina también incluye a Harold Burbano, exministro del Trabajo y carta de última hora de Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7). La organización realizó un cambio de candidaturas y trasladó a Burbano de la Prefectura de Pichincha a la Alcaldía.

Paúl Desamblac Cañadas, exmilitante de la Izquierda Democrática, competirá por el Movimiento Futuro (lista 20). Galo Almeida Garzón será el aspirante de Centro Democrático (lista 1), y Bernardo Jijón representará al Partido Sociedad Patriótica (lista 3), organización vinculada al expresidente Lucio Gutiérrez.

Otro de los postulantes es César Díaz, del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). Díaz fue secretario de Seguridad del Municipio durante la administración de Jorge Yunda.

La papeleta para la Alcaldía tendrá también presencia femenina. Carla Larrea, excandidata a la vicepresidencia como compañera de fórmula de Henry Cucalón por Construye en 2024, competirá esta vez por el movimiento CREO (lista 21). Mientras que Linda Romero será la carta del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6).

Los aspirantes a la Prefectura de Pichincha

La disputa por la Prefectura de Pichincha también quedó configurada con 10 precandidatos. Entre ellos está Alexandro Tonello, quien fue viceprefecto junto con Paola Pabón y ahora buscará el cargo por la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Todos, con el respaldo de militantes de la suspendida Revolución Ciudadana.

Por ADN competirá Giovanna Ubidia, exdirectora del Seguro Social Campesino. Su candidatura se concretó después de la modificación interna que hizo el movimiento oficialista para intercambiar las postulaciones con Harold Burbano.

Mishelle Calvache, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será la candidata del movimiento CREO. También está Juan Zapata, exministro del Interior y exdirector del ECU-911, quien formalizó su candidatura por el movimiento Imparables.

El Concejo también cambia de configuración

En el Concejo Metropolitano, integrado por 21 ediles, 10 buscarán la reelección. Cinco de los seis integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana aspiran a mantenerse en sus cargos, aunque esta vez lo hacen dentro de la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos.

Wilson Merino es la principal excepción entre los concejales que dejan el Legislativo municipal para disputar otra dignidad: renunció a su curul para competir por la Alcaldía.

También se registran cambios de organización política. Michael Aulestia, quien llegó al Concejo de la mano de una alianza de cuatro organizaciones, entre ellas Ahora (movimiento del que fue presidente), buscará la reelección por ADN.

Aulestia menciona que uno de los principales desafíos es garantizar el funcionamiento del Concejo durante el periodo electoral, debido a que el alcalde, la vicealcaldesa y el primer vicepresidente deberán solicitar licencia.

La normativa permite que el alcalde encargue a un edil la dirección del Concejo, pero no establece la posibilidad de convocar a las sesiones. Por ello, Aulestia señala que dentro del bloque de la RC se podría evaluar la renuncia de la vicealcaldesa, para que una de las concejalas que no busquen la reelección pueda asumir esa función durante los 15 días de licencia y garantizar el funcionamiento institucional.

Política

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El concejal sostiene, además, que el correísmo ha mantenido una mayoría amplia desde el inicio del actual periodo y cuestiona que las propuestas de la oposición no hayan tenido espacio suficiente. Señala que algunas ordenanzas impulsadas desde su despacho ni siquiera llegaron a las comisiones. Su expectativa es que el próximo Concejo eleve el nivel del debate y mejore la representación de las demandas ciudadanas.

Desde la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra también busca la reelección. El concejal asegura que su organización está pendiente de que tanto las inscripciones como la aceptación de las candidaturas se desarrollen conforme a los parámetros establecidos en el Código de la Democracia. Defiende la alianza como una alternativa para Quito y reclama que el proceso electoral se desarrolle con la “cancha inclinada”.

Andrés Campaña, en cambio, buscará mantenerse en el Concejo por el movimiento Imparables. Llegó al Legislativo con una alianza con el Partido Socialista (PSE), pero ahora decidió competir por otra organización debido a sus diferencias con la administración de Pabel Muñoz.

Asegura que siempre ha sido crítico con el actual alcalde y que no sería coherente integrarse a una coalición que lo respalda. Su objetivo, afirma, es continuar como una voz crítica dentro del Concejo.

En las listas también aparecen nuevos nombres. Entre ellos está Cristina Cachaguay, como parte de la renovación que impulsa la alianza de las listas 2-17-70 que reúne a varias organizaciones de izquierda.

El mapa electoral todavía puede cambiar

Gustavo Isch, analista político, recuerda que el mapa electoral todavía no está completamente cerrado, pues las candidaturas aún están sujetas a posibles impugnaciones. Más allá de los nombres que queden en la papeleta, señala que existe preocupación por la incertidumbre que ha rodeado el proceso electoral, especialmente después de la decisión de adelantar los comicios.

A su juicio, esta situación también deja en evidencia las debilidades de las organizaciones políticas, que no han logrado fortalecer sus estructuras internas ni consolidar nuevos cuadros con capacidad para disputar espacios de poder.

Correísmo y ADN concentran la disputa por Quito

El estratega político Víctor Melo coincide en que, más allá de la diversidad de candidaturas, la disputa por Quito puede entenderse a partir de dos grandes polos políticos: Revolución Ciudadana y ADN.

En uno de los extremos está Pabel Muñoz que, agrega Melo, representa políticamente la continuidad del correísmo en la capital. En el otro extremo está ADN. El oficialismo decidió competir sin una gran alianza y apostar por Burbano.

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Para Melo, la decisión resulta coherente desde el punto de vista partidario, pero implica un riesgo electoral, ya que ADN tendrá que demostrar que la fuerza de su marca nacional puede traducirse en una candidatura competitiva.

El desafío será, además, que Burbano logre construir una identidad política propia en Quito y que no dependa exclusivamente del respaldo del Gobierno.

Lo que debes saber

• En lo que va del año, las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca estuvieron involucradas en ataques en altamar.
• Los incidentes ocurren mientras Estados Unidos desarrolla las operaciones Southern Spear y Pacific Viper en el Caribe y el Pacífico oriental.
• Ni Ecuador ni Estados Unidos se han atribuido las operaciones contra las embarcaciones ecuatorianas.

El 13 de enero de este año, la embarcación pesquera Fiorella zarpó del pequeño puerto de Jaramijó, en Manabí, un cantón asolado por el crimen, la pobreza y la ineficacia en la provisión de servicios tan elementales como el agua potable. Una semana después, ocho de sus diez tripulantes desaparecieron en altamar, víctimas del primero de tres ataques clandestinos contra pescadores ecuatorianos reportados por la prensa nacional e internacional en lo que va del año.

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Un par de meses después, en marzo, dos barcos de pesca artesanal de origen manteño (Negra Francisca Duarte II y Don Maca) fueron atacados cerca de las Galápagos. Sus tripulaciones, según denuncian, fueron secuestradas por uniformados angloparlantes y luego internadas en El Salvador (como el Ecuador, otro aliado cercano de los Estados Unidos en esta nueva fase de la guerra contra las drogas), antes de ser regresadas de vuelta al Ecuador.

Estos incidentes se dan en el contexto de las operaciones que el gobierno estadounidense de Donald Trump viene llevando a cabo desde el año pasado en el Caribe y el Pacífico oriental, de nombre Southern Spear y Pacific Viper. La primera, centrada en el uso de bombardeos cinéticos para neutralizar embarcaciones, reporta casi 70 ataques y al menos 220 muertes; mientras que la segunda, dedicada a intercepciones en altamar, presenta cerca de 102 toneladas de droga capturadas como su principal resultado hasta mediados de este año.

Justicia

La revelación de The Washington Post abre un frente incómodo: el silencio del Gobierno

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El contraste entre el costo humano y el impacto real de estas acciones sobre la economía criminal en la región es llamativo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que para el 2024 la producción anual de cocaína en Sudamérica llegó a cerca de 4.000 toneladas. 

La información que sale de los Estados Unidos ilustra la situación aún más claramente: el Washington Post reportó el mes pasado que según la DEA, los efectos de la reciente política antidroga de Trump se han revertido rápidamente, con los precios de la cocaína volviendo a su normalidad después de una breve distorsión y con la pureza de la sustancia manteniéndose en niveles normales.

Lo más preocupante, sin embargo, no son estos datos, que no distan del largo historial de resultados decepcionantes en el marco de las operaciones antidroga en la región, sino la falta de transparencia que rodea los ataques contra las tres embarcaciones ecuatorianas. Ni los Estados Unidos ni el Ecuador se han adjudicado la autoría de estas operaciones. De hecho, las reacciones por parte de las autoridades ecuatorianas, o la falta de ellas, han generado fuertes cuestionamientos.

De acuerdo con las denuncias de los tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte II recogidas en la prensa, ellos fueron abordados por una nave guardacostas del Ecuador antes de ser atacados, sin que se haya encontrado algún indicio de actividades delictivas.

Ecuador

¿Qué ha dicho el Gobierno de Ecuador sobre la supuesta participación de la CIA en ataques pesqueros?

Freddy Josue Andrade Andrade

En el caso de la nave Fiorella, la investigación de Will Freeman, quien publicó las principales revelaciones iniciales sobre este caso para el New Yorker, habla de una demora de varios días antes de que la Armada siquiera haya enviado un barco a buscar a los pescadores desaparecidos.

Esta actitud por parte de las autoridades ecuatorianas apunta hacia dos posibilidades preocupantes: una desconexión entre los mandos estadounidenses y los nuestros o una relación de complicidad entre ellos bajo el secretismo. En cualquiera de los dos casos, esto se acoplaría con lo que una reciente publicación del Washington Post indica: que este tipo de operaciones clandestinas responden a actuaciones de la CIA, posiblemente a través de operadores militares privados.

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El Post se basa en la información de vuelo de una aeronave privada cuya base de operaciones sería El Salvador, en un aeropuerto previamente utilizado por la inteligencia de los Estados Unidos. Los movimientos de ese avión revelan que voló en dirección a las áreas donde se dieron los ataques y en las mismas fechas.

En tierra firme, el panorama es todavía más oscuro. En junio, Alexandra Bravo, la fiscal que inicialmente investigaba estos ataques, fue asesinada en Manta. Y hasta hoy, gran parte de los pueblos pesqueros del país continúan bajo el virtual control de los grupos delictivos, quienes extorsionan, secuestran y asesinan a los pescadores artesanales, exprimiendo los pocos recursos que se encuentran en esos lugares.

Mientras tanto, la droga sigue saliendo de las terminales portuarias del país con sus mismos destinos.

Lo que debe saber

• Las elecciones seccionales 2026 también definirán la disputa por los concejos cantonales, claves para la gobernabilidad de alcaldes.
• ADN ya mueve fichas en Guayaquil con figuras de alto perfil, mientras el correísmo y otras fuerzas buscan controlar mayorías.
• Los vicealcaldes designados por ese cuerpo colegiado cobran importancia en la coyuntura actual. 

Mientras todos los focos están en las candidaturas para las alcaldías y prefecturas, otra pugna se teje en el marco de las seccionales 2026: la conformación de los concejos municipales. 

El mismo movimiento oficialista ADN da muestras de la importancia de las concejalías, al menos en Guayaquil, uno de los centros de la disputa política.

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En los próximos comicios se elegirán 909 concejales urbanos y 457 rurales. Ellos serán los integrantes de los distintos concejos cantonales que, entre otras facultades, tienen la fiscalización de los alcaldes.

¿Por qué es importante un Concejo Provincial?

Diego Cevallos, integrante del colectivo GobernanzaEc, explica que los concejos cantonales y, en el caso de Quito, el Concejo Metropolitano, son espacios determinantes para la gobernabilidad de un alcalde.

“Si bien no tiene un rol ejecutivo, sí es importante porque allí se define la asignación presupuestaria para la ejecución del Ejecutivo, los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo”, indica.

En este escenario, sin la conformación de una mayoría que respalde al alcalde, según Cevallos, se complicaría la posibilidad de, entre otras cosas, plasmar los proyectos que se planteen como parte de su gestión.

Lo que pasa en Quito y Guayaquil

En el actual periodo, el Concejo Metropolitano de Quito ha sido escenario de cruces entre la mayoría correísta y la oposición. 

El pasado 27 de julio, el primer debate de la ordenanza sobre el aumento en los pasajes no prosperó. Entre oposición y correístas dejaron sin quórum al alcalde Pabel Muñoz, quien no pudo instalar la sesión.

Otra pista que da cuenta del poder que tiene una mayoría en el concejo cantonal está en Guayaquil. Actualmente, el alcalde Aquiles Álvarez guarda prisión preventiva, pero también fue sentenciado en primera instancia a tres años de prisión por el caso Grillete.

Desde que fue detenido, el Concejo Cantonal ha sido clave para que el burgomaestre no pierda el cargo. Incluso se inició un proceso de remoción del cargo, pero este no prosperó en esa instancia del Municipio.

Este antecedente respecto al alcalde de Guayaquil marca un precedente importante si se toma en cuenta la apuesta de ADN para las seccionales. Zaida Rovira, exministra e integrante del Gabinete de Daniel Noboa desde el inicio de su periodo, ahora es candidata a una concejalía después de haber sido anunciada como precandidata a la Prefectura del Guayas.

Pero no es el único caso de un perfil relevante. Juan Reyes, quien presidía la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, también dejó su curul para intentar ser concejal.

Política

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El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, dice que la elección de figuras de alto perfil como candidatos a una concejalía tiene que ver con la necesidad de alcanzar un buen resultado. Esto, teniendo en cuenta que para ADN será su primera participación en elecciones locales.

“El tener a una exministra o un presidente de comisión de la Asamblea le resulta relevante al Gobierno”, agrega. Aunque también recuerda que, en el caso de exministros, los mismos podrían incluso regresar al Ejecutivo ante un mal resultado.

Pero hay un detalle importante: el concejo cantonal es el encargado de designar al vicealcalde. De acuerdo con el COOTAD, el vicealcalde es la segunda autoridad del gobierno municipal y, entre sus principales atribuciones, está subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva.

Ayer venció el plazo para la inscripción de candidaturas. El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, prevé tener la lista definitiva de postulantes hasta el 9 de noviembre. Para entonces se podrá dibujar con mayor claridad las apuestas de los partidos para medir fuerzas en los concejos. 

Lo que debes saber

• Vecinos de la ciudadela Los Almendros denuncia que el paso de tanqueros de combustible por sus estrechas calles ha generado varios problemas.
• Señalan que, además de circular en zona prohibida, los conductores de tanqueros irrespetan las señales de tránsito.
• Moradores de Los Almendros exigen que las autoridades refuercen los controles a los conductores de estos vehículos, y que se construyan muros entre las gasolineras y la ciudadela.

El paso de tanqueros de combustible por las estrechas calles de Los Almendros, en el sur de Guayaquil, sigue generando malestar entre sus residentes, quienes exigen mayores controles a las autoridades.

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“Ya no es más la isla de paz del sur de Guayaquil”, reflexionó Óscar Roldán sobre la ciudadela Los Almendros, sector guayaquileño en el que vive desde hace cuatro décadas. La zona convive a diario con problemas de inseguridad y movilidad que, según sus moradores, se han incrementado con el paso del tiempo.

Hace varios meses, los vecinos decidieron colocar rejas en sus cuadras para controlar quién entra y quién sale, ante el aumento de los robos a personas. La medida, sin embargo, también ha limitado el paso de vehículos por ciertos tramos.

Los delincuentes se movilizaban en motocicletas para asaltar a vecinos cuando llegaban a sus viviendas. Estos hechos se fueron repitiendo y obligaron incluso a algunas familias a abandonar el sector.

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se evidenció que en más de 10 inmuebles hay carteles con las leyendas “Se vende” o “Se alquila”.

El paso de tanqueros de combustible inquieta a vecinos en Los Almendros

Pero hay otro tema que inquieta a los habitantes del sector: el paso de tanqueros por las estrechas calles de la ciudadela a toda hora.

Luego de abastecerse de combustible en dos gasolineras ubicadas dentro de la ciudadela, estos vehículos pesados circulan por las pequeñas vías del sector y generan incomodidad entre los conductores.

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“Los tráileres pasan por estas dos avenidas (Ernesto Albán y 25 de Julio), tanquean y hacen su salida por el interior de la ciudadela, cuyas calles tienen entre 7 y 8 metros de ancho. Son angostas”, se quejó Roldán, presidente del comité barrial Los Almendros.

Tanqueros de combustible hacen maniobras complicadas en vía angostas de Los Almendros

En videos compartidos por los vecinos se observa el paso de los vehículos pesados, que deben realizar maniobras complicadas para girar, debido a la estrechez de las vías.

“Este es un problema que lleva años y siempre nos ha afectado. Esta vía no es apta para que entren los tanqueros, pero aquí tampoco hay controles”, expresó el ciudadano Fernando Tomalá en referencia a la calle Las Gaviotas.

El morador aclaró que no está en desacuerdo con el funcionamiento de las gasolineras, sino con el ingreso de los tanqueros a la zona residencial.

Ciudadela Los Almendros: cables dañados y sanción a conductor de tanquero

La ciudadela ya ha registrado afectaciones relacionadas con el paso de estos vehículos pesados. A finales de julio, por ejemplo, varios cables se desprendieron luego de que fueron alcanzados por el tubo de escape de uno de los tanqueros.

Sobre este hecho, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió en Instagram a la cuenta del comité barrial de Los Almendros, cuyos integrantes habían denunciado el caso.

“Nuestros agentes lograron identificar la unidad y procedieron a aplicar la sanción correspondiente por circular por lugares no autorizados, conforme a la normativa vigente”, explicó la entidad municipal.

Ciudadela Los Almendros: tanqueros irrespetan señales de tránsito

Sin embargo, esta respuesta no convence a los vecinos de este sector del sur porteño.

“Dicen (las autoridades de la ATM) que emiten las sanciones, pero lo que queremos es un control constante, que los vigilantes estén pendientes de que estos vehículos no circulen por donde no deben”, reclamó María Garzón, otra vecina del sector.

La ciudadana agregó que a diario se observa a los conductores de estos tanqueros irrespetar la luz roja del semáforo en la avenida Ernesto Albán.

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Asimismo, señaló que en ocasiones los tanqueros circulan a alta velocidad, lo que provoca que las viviendas vibren.

En algunos tramos de las calles Las Gaviotas y Los Pinzones, el asfalto presenta señales de deterioro, que los moradores atribuyen al peso de estos vehículos.

Roldán insistió en que el objetivo del reclamo no es pedir la salida de las gasolineras de la ciudadela. En su lugar, planteó la construcción de muros de tres metros entre estas estaciones y la zona residencial, para evitar el ingreso de los tanqueros.

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Problemas en Los Almendros: aceras destruidas y acumulación de basura

Pero los problemas de Los Almendros no terminan allí. Varias aceras se encuentran destruidas y la basura se acumula en diversos puntos debido al irrespeto a los horarios de recolección.

El viernes pasado, una recolectora rompía cajas de electrodomésticos que habían sido desechadas por un establecimiento comercial. Los objetos obstaculizaban el paso de los peatones e invadían parte del carril derecho de la calle Las Gaviotas.

A pocos metros, un montículo de basura también impedía el paso junto a una estación de servicio. Cerca de allí, varios cables yacían sobre el suelo.

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En cuanto a la inseguridad, los vecinos esperan que la policía redoble las rondas. “Aún siguen los delincuentes en moto dando vueltas, cazando a alguien que va caminando desprevenido”, señaló Tomalá.

Agregó que si bien los cerramientos han contribuido a generar una mayor percepción de seguridad, la medida no resuelve por completo el problema de la delincuencia que afecta al sector y las ciudadelas cercanas.

En Los Almendros, los vecinos aseveran que seguirán trabajando para recuperar la tranquilidad y volver a convertir al sector en una “isla de paz” del sur.

Lo que debe saber

• Huevos: La cubeta pasó de unos 3,50 dólares en julio a 4,10 dólares en mercados de Guayaquil.
• Pan: Si el precio del huevo continúa al alza, los panes especiales podrían subir entre 2 y 3 centavos.
• Pollo: La libra pasó de 1,15 a 1,40 dólares, mientras un pollo mediano ahora cuesta entre 8 y 9 dólares.

El encarecimiento de los huevos comienza a sentirse en otros productos de consumo diario. Uno de ellos es el pan, especialmente las variedades que utilizan este alimento como parte de su elaboración.

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Víctor Tamayo, administrador de Panadería Nacional, explicó a EXPRESO que la empresa compra huevos directamente a productores y al por mayor. Hace poco pagaba alrededor de 3 dólares por una cubeta, pero ahora el precio llegó a 3,50 dólares.

La preocupación aumenta porque los proveedores no anticipan una reducción del precio en los próximos días. Si el valor continúa al alza, los panes especiales también tendrían que incrementar su precio.

Tamayo puso como ejemplo el pan de dulce, que actualmente cuesta 0,25 dólares. De mantenerse el encarecimiento de los huevos, este producto podría subir entre 2 y 3 centavos.

Sin embargo, no todos los panes se verían afectados. Los productos económicos, que cuestan alrededor de 0,15 dólares, no utilizan huevo y emplean otro tipo de proteína, por lo que mantendrían su precio.

Wilson Flores, administrador de la panadería Erick, señaló que el precio del huevo aumenta desde mayo de 2026. "En julio pagamos la cubeta de 30 huevos a 3,50 de dólares y ahora, en la segunda quincena de agosto, cuesta 3,80 de dólares. Compramos al por mayor para hacer pasteles y panes. Por ahora vamos a asumir este incremento; esperamos que baje el precio, aunque el incremento del precio de la cubeta del huevo es de 8,5 % hasta la fecha", dijo a EXPRESO. 

Flores también se refirió a que el encarecimiento sería por enfermedades de las aves y el mayor costo del maíz, según le contó su proveedor.

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Huevos y pollo suben en los mercados

El incremento también se refleja directamente en los hogares. En los mercados de Guayaquil, una cubeta de huevos que en julio costaba alrededor de 3,50 dólares en agosto se comercializa en unos 4,10 dólares.

El pollo también registra un aumento. La libra pasó de 1,15 a 1,40 dólares, mientras que un pollo mediano que antes costaba entre 6 y 7 dólares ahora se vende entre 8 y 9 dólares en mercados y supermercados.

Una alternativa para los consumidores son los negocios mayoristas, donde la libra de pollo puede encontrarse en alrededor de 1,08 dólares.

Clima y demanda presionan los precios

Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Productores Avícolas del Ecuador (Asofabat), explicó a EXPRESO que uno de los factores que está detrás del incremento es el clima.

Las condiciones climáticas han favorecido la aparición de enfermedades en algunas aves, reduciendo la producción de huevos y carne de pollo. Con una menor oferta, los precios han comenzado a subir.

Pérez detalló que el precio de la cubeta de huevos en la granja pasó de entre 3,15 y 3,20 dólares a unos 3,40 dólares. A este valor se suman los costos y márgenes de los intermediarios.

Otro factor que, según el productor, está reduciendo la disponibilidad de huevos en Ecuador es la demanda desde Perú. En ese mercado, una cubeta puede llegar a pagarse hasta 4,50 dólares, lo que vuelve más atractivo para algunos productores vender al vecino país.

Marisol Molina, directora de la Unión de Productores de Huevos, también reconoció el incremento y señaló que responde a una mayor demanda. “Hay más demanda porque ahora se reconoce más el valor proteico del huevo”, indicó.

EXPRESO consultó a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) sobre el comportamiento de los precios, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una proteína clave para los hogares

El encarecimiento ocurre en una actividad de gran importancia para la economía nacional. Diana Espín, directora ejecutiva de Conave, señaló en julio de 2026 que el sector avícola aporta el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y representa el 25 % del PIB agropecuario.

La industria genera más de 300.000 empleos directos y aporta alrededor de 4.500 millones de dólares anuales a la economía, según cifras difundidas por el sector.

Además, cada ecuatoriano consume alrededor de 30 kilogramos de carne de pollo al año, lo que convierte a esta proteína en la más consumida del país.

Maíz, soya y clima suman presión

Los productores también enfrentan costos más elevados en las materias primas utilizadas para alimentar a las aves, principalmente maíz y harina de soya.

A esto se suma la incertidumbre por las condiciones climáticas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podrían afectar la producción agrícola y, por esa vía, la disponibilidad de insumos para elaborar balanceados.

Mientras el sector trabaja con las autoridades para garantizar el abastecimiento y mantener su competitividad, los consumidores ya enfrentan un escenario distinto: el pollo y los huevos, tradicionalmente considerados proteínas de menor costo, pesan cada vez más en el presupuesto familiar.

Lo que debes saber:

• Nueva reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal busca frenar deudas por alícuotas en Ecuador, el caso de edificios de Quito.
• Hay copropietarios que deben miles de dólares; en algunos casos urbanizaciones y edificios tienen administradores externos.
• Los administradores y directivos deben notificar del monto de la deuda e ir a juicios. Historias muestran que en edificios las deudas superan los $ 100.000.

Ser copropietario en ciudades como Quito no siempre significa sumar esfuerzos para mejorar la fachada con una capa de pintura o para mantener en buen estado las áreas comunales. Con frecuencia, la convivencia en edificios y conjuntos residenciales está marcada por conflictos derivados de las deudas por expensas o alícuotas.

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Condominios podrán restringir el uso de áreas comunes a morosos, según nuevo decreto de Noboa

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En la avenida 12 de Octubre, en inmuebles como el edificio El Girón, frente a la PUCE, se ha intentado restringir el uso del ascensor a quienes no pagan mediante el bloqueo de los dispositivos de acceso. Sin embargo, la medida no ha resultado efectiva y los administradores han tenido que recurrir a la vía judicial para recuperar los valores adeudados.

Hace 16 días, el pasado 31 de julio del 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 462, el presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General a la Ley de Propiedad Horizontal. La normativa busca fortalecer los mecanismos de recaudación, transparencia, gestión de cartera vencida y cobro de expensas en los inmuebles sometidos a este régimen.

Las historias de copropietarios que no pagan alícuotas

Silvia Vinueza, de 60 años, vive desde hace 18 años en el edificio El Girón, una construcción con cerca de medio siglo de historia donde antes funcionó la discoteca Seseribó. 

Aproximadamente la mitad de sus espacios se destina a vivienda y el resto a oficinas y locales comerciales. Como ocurre en muchos inmuebles, no cuentan con una administración externa y ella asume esa responsabilidad ad honorem.

Cuando se le pregunta cuánto ayudará la reforma, responde con escepticismo. “Es una lucha, créame. Algunos dicen que no quieren pagar porque sus oficinas permanecen cerradas. Es el juego del gato y el ratón. Les explico que incluso una línea telefónica tiene una tarifa mínima”. 

Según Vinueza, existen propietarios que han acumulado deudas de entre 4.000 y 15.000 dólares. Muchos solicitan rebajas cuando ya enfrentan acciones judiciales, mientras quienes cumplen puntualmente e incluso pagan por adelantado tres o seis meses de alícuotas —de unos 60 dólares mensuales, en promedio— no reciben ese tipo de beneficios.

A ello se suma otro problema: el pago de la tasa de recolección de basura. “Es un rubro adicional. Solo por ese concepto pagamos 1.600 dólares al mes”, señala. Y ha causado más problemas a las directivas, dice esta copropietaria.

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Experiencias de administradores externos de edificios, para cobrar expensas

Wladimir Medina, gerente de MFQ Condominios, empresa que administra edificios y urbanizaciones en Quito y Guayaquil desde hace siete años, asegura que la morosidad es una constante. Solo en la capital gestionan más de 3.000 unidades inmobiliarias.

“La mora está presente en el 99 % de los casos. Hay edificios con 300.000 dólares en deudas acumuladas y otros con 5.000 o 20.000 dólares en cuotas impagas”, afirma. En promedio, añade, las alícuotas en conjuntos residenciales oscilan entre 60 y 80 dólares mensuales.

Medina recuerda que el reglamento vigente desde 2014 ya establecía que, una vez cumplidos 60 días de mora, debían iniciarse procesos de cobro. Sin embargo, considera positivo que la reforma refuerce los mecanismos existentes.

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Lo que deben en alícuotas y los procesos judiciales

Entre otros, Medina comenta el caso de un conjunto de casi 200 unidades que acumulaba 22.000 dólares en mora hace tres años. Uno de los deudores, abogado de profesión, debía 5.000 dólares pese a que su alícuota mensual era de 50. Tuvo que pagar, luego del proceso. 

En otro edificio encontraron una cartera vencida de 400.000 dólares; un año y medio después, la deuda se redujo a 290.000. “Ese dinero termina reflejándose en mejoras de infraestructura y mantenimiento”, concluye.

Mauricio Orozco, gerente de Kondominios, una empresa que administra 45 urbanizaciones y edificios en Quito desde 2009, coincide en que la morosidad en el pago de alícuotas es un problema recurrente. Sin embargo, considera que la pandemia agravó la situación.

Según explica Orozco, algunas personas dejaron de pagar por la pérdida de empleo, problemas de salud o solo por falta de hábito de cumplimiento. 

La empresa procura llegar primero a acuerdos de pago, para pasar a la etapa judicial. Destaca la incorporación del cobro de intereses por mora. Insiste en que la mejor alternativa para los conjuntos residenciales es delegar a especialistas.

Como ejemplo menciona un edificio donde un propietario nunca pagó alícuotas durante los 10 años de existencia del conjunto. “Los tesoreros le tenían temor porque, aparentemente, estaba vinculado a actividades irregulares y los amenazaba”, relata. 

También señala que algunos vecinos creen que pueden retrasar sus pagos durante tres o seis meses, cuando la lógica debería ser adelantar cuotas.

Diego Analuisa, abogado de Integrum y especialista en derecho inmobiliario, explica que se dedican al cobro de alícuotas vencidas con juicios monitorios o expeditos.

“Primero se notifica los valores adeudados. Llamamos al propietario, para buscar un plan de pagos”, señala. Como caso de éxito menciona las Torres de Almagro. Hace un año, la cartera vencida era de $ 150.000, se ha reducido a 40.000. 

La mayor parte de los saldos pendientes corresponde a propietarios ausentes, cuya localización resulta difícil, tras consultas en el Registro de la Propiedad.

Lo que debes saber

• 331 menores fueron asesinados en Ecuador en 2026; Manabí concentra parte de la violencia juvenil.
• Jóvenes hacen lives en TikTok vinculándose a bandas; algunos terminan siendo atacados por rivales.
• Expertos alertan que bandas captan adolescentes por falta de pertenencia, apoyo familiar y oportunidades.

La última vez que Carlos Manuel (nombre protegido) salió de su casa le dijo a su madre que regresaría pronto. Tenía 15 años, estudiaba en un colegio de Manta y también trabajaba arreglando electrodomésticos. 

Horas después desapareció. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en un botadero clandestino. La necropsia confirmó una muerte violenta. Para su familia, el dolor no terminó ahí: debieron pedir prestado dinero para pagar el ataúd y conseguir un lugar donde enterrarlo.

Más de 300 menores asesinados en Ecuador

La historia de Carlos Manuel no es un caso aislado. Según datos de la Policía Nacional, 331 menores de edad fueron asesinados en Ecuador entre enero y los primeros días de agosto de 2026. 

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Una parte significativa de esa violencia se concentra en Manabí, una provincia que en los últimos años pasó de ser un corredor estratégico para las economías criminales a convertirse también en uno de los territorios más peligrosos para adolescentes y estudiantes.

Las cifras revelan una transformación profunda del fenómeno criminal. Si durante años las víctimas principales fueron integrantes directos de bandas, hoy los menores aparecen cada vez con más frecuencia en la línea de fuego.

El reclutamiento criminal llega a escuelas y colegios

La Policía ha advertido que los grupos criminales han ampliado su influencia hacia escuelas y colegios. Ya en 2025 las autoridades alertaban acerca del reclutamiento de alumnos y sobre asesinatos cometidos contra jóvenes que se negaban a colaborar, cometían errores dentro de las estructuras criminales o mantenían vínculos familiares con personas involucradas en actividades ilícitas.

El caso de Carlos Manuel refleja precisamente esa dinámica. Sus familiares señalaron que el adolescente recibía amenazas porque otras personas de su entorno familiar eran objetivos de grupos criminales.

Justicia

Desaparecidos en Ecuador: la otra cara de la violencia

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La violencia no se limita a contextos familiares. En ciudades como Manta y Montecristi se han registrado asesinatos de estudiantes a pocos metros de sus instituciones educativas. 

Entre los casos recientes figuran los de Jean Pierre, de 17 años, asesinado al salir de clases, y Carlos Jair, también de 17 años, interceptado por sicarios a escasos 250 metros de su colegio y atacado con múltiples disparos.

TikTok y la exposición de adolescentes a las bandas

El coronel William Calle, jefe policial de la Zona 4, manifestó que varios enfrentamientos entre jóvenes tienen un componente simbólico relacionado con organizaciones delictivas.

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“Hay un enfrentamiento entre los muchachos, hacen los ‘live’ en TikTok indicando que son (de Los) Choneros, (de Los) Lobos, y a esas personas las están asesinando. Los muchachos de 15 y 16 años se están identificando con organizaciones delictivas”.

La declaración revela un fenómeno que va más allá de la delincuencia tradicional. En sectores afectados por la presencia permanente de bandas, algunos adolescentes adoptan símbolos, discursos o afiliaciones que reproducen la lógica de los grupos criminales. 

La exposición pública en plataformas digitales termina convirtiéndose en una forma de marcar territorio, desafiar rivales o proyectar pertenencia. En ciertos casos, esa visibilidad los convierte en objetivos de mafias rivales.

Las redes sociales no explican por sí solas el problema

Sin embargo, especialistas advierten que reducir el problema a las redes sociales sería un error. Detrás de cada adolescente reclutado suele existir una combinación de factores sociales, económicos y emocionales.

Michelle Maffei, experta en crimen organizado, comenta que la estrategia más efectiva es actuar antes de que las estructuras criminales consoliden el reclutamiento.

“Lo que hacemos es evitar el reclutamiento de niños y personas de la comunidad en sectores como Sergio Toral, isla Trinitaria y otros barrios periféricos de Guayaquil. Estamos implementando ese proyecto directamente en las comunidades”, explica.

Según Maffei, la construcción de centros comunitarios y programas de prevención constituye una herramienta fundamental para disputar la influencia territorial de las bandas.

Guayaquil

Niños y adolescentes reclutados para crimen en Guayaquil: Bandas buscan líderes y cantantes

Redacción Expreso

El papel de la familia y el sentido de pertenencia

Esa visión coincide con los planteamientos de la psicóloga clínica Paty Pazmiño, quien considera que la vulnerabilidad infantil no siempre está determinada por los ingresos económicos del hogar.

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“Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar a alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”.

Para la especialista, el crimen organizado aprovecha precisamente esos espacios vacíos. Las bandas ofrecen sentido de pertenencia, protección y reconocimiento a jóvenes que muchas veces no encuentran esos elementos en sus entornos familiares ni comunitarios.

El desafío de rescatar a quienes ya fueron captados

La especialista enfatiza además que ninguna reforma legal será suficiente sin políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”.

El desafío se vuelve aún más complejo cuando los adolescentes ya han sido absorbidos por las estructuras criminales. En esos casos, considera indispensable implementar procesos reales de rehabilitación social, acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”.

Lo que debe saber

• El plazo para inscribir candidaturas termina  las 18:00 de este 17 de agosto de 2026.
• A partir de mañana iniciará la revisión de los requisitos y se abrirá el lapso de las objeciones por parte de los candidatos u organizaciones políticas.
• Los reclamos pueden llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral que es la instancia definitiva en materia electoral. 

A las 18:00 de hoy vencerá el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para las seccionales 2026. Sin embargo, el camino para que dichas postulaciones queden en firme aún es largo y se prevé que la lista definitiva esté definida a pocos días del inicio de la campaña electoral.

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El correísmo concreta la inscripción de sus candidaturas en Guayaquil y Quito

Daniel Alejandro Romero Páez

La semana pasada, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, dijo que aspira a tener la lista el 9 de noviembre de 2026. Para llegar a ese punto es necesario un proceso que puede terminar con recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ayer, el CNE recordó a las organizaciones políticas: “De acuerdo con sus competencias, las 24 Juntas Provinciales Electorales revisarán y verificarán la documentación cargada en el sistema”. Con eso iniciará una nueva etapa de las elecciones.

Según Cabrera, en caso de objeciones, los sujetos políticos podrán acudir, en primera instancia a la Junta Provincial. Si la respuesta no los satisface, el siguiente paso es elevar la misma al CNE. El último recurso se puede presentar ante el TCE, que es la instancia definitiva para un pronunciamiento.

“Las candidaturas se considerarán oficialmente inscritas únicamente cuando la resolución de calificación se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes”, reiteró la entidad electoral.

El arranque de la etapa de objeciones

El experto en temas electorales Esteban Ron explicó que, tras el fin del plazo para las inscripciones, se abre la etapa de objeciones. Recordó, además, que dichas objeciones pueden ser presentadas únicamente por otros candidatos y dirigentes de organizaciones políticas.

Esas quejas podrían estar relacionadas, por ejemplo, con que un postulante incurra en alguna de las inhabilidades para candidatizarse. 

Hay que tomar en cuenta que, para buscar una alcaldía o prefectura, los requisitos son tener 18 años, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Esas inhabilidades tienen que ver, entre otras cosas, con: 

Otros elementos que son parte de los filtros que pone el CNE tienen que ver con el cumplimiento de la paridad de género, por ejemplo, en las listas de concejales, y también con la inclusión de jóvenes.

Pero el reglamento para la inscripción tiene un requisito clave que, en caso de incumplimiento, es insubsanable; es decir, no se puede corregir. Tiene que ver con que las candidaturas deben provenir de los procesos democráticos internos o elecciones primarias.

Los próximos 84 días serán claves. La nueva etapa electoral podría incluir una disputa entre los mismos movimientos para objetar las postulaciones de sus adversarios políticos.

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Organizaciones políticas apresuran inscripciones: CNE definió plazo límite para el trámite

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Todo esto en medio de antecedentes como la suspensión de movimientos, prisión preventiva para alcaldes que aparecían como posibles candidatos a la reelección y alianzas de última hora que implicaron el que muchos de los postulantes no pasen por las elecciones primarias de cada partido.