Lo que debes saber

• Mabel Tapia, una de las mejores evaluadas con 85,6/100, fue desplazada a la Sala Civil.
• La Judicatura da paso a magistrados del banco de elegibles como Paúl Pérez Reina y Leodán Coronel.

Una puntuación de 85,6 sobre 100 colocó a Mabel Tapia Rosero entre los cinco mejores jueces anticorrupción del país. Sin embargo, ese mérito no pesó para la Judicatura.

Tras la supresión de la Unidad Especializada para delitos de corrupción y crimen organizado transnacional, el Consejo de la Judicatura la sacó de su espacio de trabajo y la despojó de su especialidad. El organismo que administra la justicia del país la reasignó como jueza de la Sala Civil.

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Dos jueces del banco de elegibles, a titulares

En este proceso de reestructuración, la Judicatura priorizó a abogados que no alcanzaron el puntaje y quedaron en el banco de elegibles, pero que fueron recientemente titularizados. Entre ellos está Paúl Pérez Reina, a quien la fiscal Ruth Amoroso señaló en 2024 como uno de los 20 juristas favorecidos con puntajes en el concurso para la Corte Nacional que impulsó Wilman Terán.

Aunque esa investigación de la propia Fiscalía no prosperó ni probó irregularidades en su contra, Pérez Reina mantuvo vínculos con ese entorno, pues en el caso Pantalla ejerció la defensa de Santiago Cifuentes, exasesor de Terán.

A la tramitación de causas anticorrupción se suma también Leodán Coronel, quien proviene de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas y ratificó en marzo la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Dispersión de los magistrados

Los ajustes del Consejo de la Judicatura no solo alteraron la conformación de las salas de juzgamiento, sino que impactaron en la infraestructura física y los protocolos de protección.

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Con acciones administrativas ordenaron el abandono de espacios de alta seguridad diseñados para resguardar la integridad de los magistrados al frente de casos de crimen organizado, que incluyen a miembros de mafias del narcotráfico, casos de terrorismo, lavado y delincuencia organizada.

Con la salida de la Unidad Anticorrupción, juezas como Mabel Tapia perdieron el acceso a la planta física adecuada y financiada por la Embajada de Estados Unidos. Esta área contaba con sistemas de blindaje y control de accesos para mitigar los riesgos latentes del juzgamiento de tramas de corrupción pública. Además de puertas de acceso con control de la Policía Nacional.

La seguridad, sin garantías

Al reinstalar a estos magistrados en juzgados comunes y en zonas peligrosas de Quito y con presencia de bandas organizadas, como Quitumbe, en el extremo sur, o Carcelén y Calderón, en el extremo norte, la Judicatura retiró las garantías logísticas indispensables para el ejercicio de su labor. “Antes no hubo interés en darnos seguridad, pero ahora es peor porque nos ponen en riesgo”, explicó uno de los jueces, quien ha preferido el anonimato.

“La especialización de los jueces en esta materia era un pilar fundamental. Aunque entre jueces ordinarios comparten los mismos parámetros normativos, lo que varían son los enfoques, los requisitos para ser juez y las técnicas investigativas de casos complejos”, dijo Marcela Estrella, penalista.

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Subraya la falta de argumentos técnicos para sacar a los jueces de sus oficinas. “Los separas de una unidad y los dispersas. A mí me genera muchas alertas. Ninguna vida humana debe comprometerse de esta manera”, manifestó.

Apoyo. Los jueces especializados de la Unidad Anticorrupción recibieron capacitación y seguridad por parte de la Unión Europea y de la Embajada de EE. UU.

El sustento jurídico es ignorado

La creación de la Unidad Especializada para el juzgamiento de 44 tipos penales vinculados a la corrupción y al crimen organizado transnacional respondió a un marco normativo preciso y a una necesidad de seguridad nacional.

Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, recordó que la Resolución 190-2021 se fundamentó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Ecuador en el año 2000, así como en las competencias del artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial.

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El sustento jurídico consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estas disposiciones legales ordenaron la estructura de la especialidad en tres niveles claros: jueces de instrucción para la fase investigativa, tribunales especializados para el juzgamiento de las causas y una Sala Especializada en la Corte Provincial para resolver los recursos de apelación sobre este catálogo de delitos. La norma buscaba blindar las decisiones judiciales ante la infiltración y las amenazas del crimen organizado en las unidades penales ordinarias.

Sin embargo, Murillo advirtió que la reciente supresión de esta especialidad desmantela el mandato legal y deja desprotegida a la administración de justicia penal. El abandono institucional provocó la pérdida del apoyo en capacitación y seguridad por parte de la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea. Con esta decisión, la Judicatura devuelve el conocimiento de causas complejas a despachos expuestos a la coacción de grupos delictivos locales y transnacionales.

Contexto

• Una transferencia no autorizada de $12,3 millones en bonos estatales de Conorte encendió las alarmas del mercado bursátil. Los títulos fueron movidos entre casas de valores y vendidos con documentos y firmas presuntamente irregulares. La BVQ sancionó a los involucrados y el caso ya es investigado por la Fiscalía.

El caso del desvío de bonos, de Conorte, por más de $12 millones abrió preguntas sobre los controles del mercado bursátil. César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) explica cómo se detectó la operación, defiende la actuación del Comité Disciplinario y plantea reformas futuras.

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- ¿Cómo se conoce este caso. Fue una denuncia de Conorte o los sistemas de supervisión de la bolsa ya habían detectado movimientos inusuales?

- Como Bolsa de Valores de Quito (BVQ) autorregularmos a actores de este mercado, haciendo revisión estadística de las transacciones que se hacen, y en este contexto, un día antes de la denuncia formal de Conorte, llegamos a ver esta transacción de más de $ 12 millones (de los cuáles el 25 % se transó por la BVQ), y dijimos qué raro que está el concepto de la transacción y los precios que se manejan. Al día siguiente de la denuncia formal de Conorte, en la que decían que ellos no habían autorizado    la venta que ya nosotros habíamos identificado, es cuando empezamos el proceso de inspección a las dos casas de valores (Santa Fe y Andes Capital), con pedido de información. Fue entonces que, luego de detectarse violaciones a la normativa vigente, se pasó el caso al Comité Disciplinario de la BVQ y se notificó a la Superintendencia de Compañías sobre el tema. Ellos conocen este tema desde marzo de este año.

- ¿Quién más estaba llamado a controlar esto, porque aunque estos recursos hayan sido devueltos tras el reclamo, finalmente es una transacción que llegó a concretarse?

- Dentro del proceso de una transacción bursátil, cada interviniente, llámese bolsa, casas de valores, operadores, depósitos custodios tienen sus responsabilidades.    Alguien decía en uno de sus artículos: “hay que investigar y castigar a todo el mundo.” Claro que hay que investigar a todo el mundo, pero en el caso de la BVQ no tenemos ninguna responsabilidad en que haya existido un procedimiento incumplido dentro de las normas, para poder hacer el traslado de esa subcuenta y para poder generar un proceso de compra venta de una transacción bursátil.

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- En la resolución de la BVQ no se menciona nada del DCV ¿No se llegó a detectar algún tipo de responsabilidad de este depósito, que actuó como el custodio de estos recursos?

- No, porque solo tenemos facultad legal para identificar incumplimientos y para sancionar a través de un comité disciplinario a las casas de valores. No tenemos capacidad de autorregulación para decir que un depósito tiene incumplimiento.

- Justo hoy el BCE niega responsabilidad, porque dice que su depósito solo ejecuta lo que le piden las casas de valores.

- Creo que ellos tienen claridad de cómo trabajan, pero creo también que esto debería convertirse en una oportunidad de mejorar procedimientos de validación, cuando hay instrucciones emitidas por participantes del mercado, y así mitigar al máximo este tipo de riesgos a futuro. Y yo en ese sentido sí invito al Banco Central a poder sentarnos a conversar para poder mejorar siempre las cosas que son mejorables.

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- Luego hablaremos del cómo. Ahora volvamos al tema de sanciones.    ¿La suspensión de 60 días que el Comité impuso a Andes Capital y las multas son suficientes frente a una operación que involucró más de $12 millones?

- Nosotros como bolsa no conversamos con el Comité Disciplinario para saber cuáles son las razones por las cuales aplicó una sanción diferente para cada uno de los intervinientes. Sin embargo, según mi experiencia y en el conocimiento de mercado, puedo decir que dentro de cada uno de los partícipes    hay niveles de involucramiento y niveles de responsabilidad diferentes. Al darle ese tipo de sanción a la casa de valores, se manda el mensaje de: señores, tienen que corregir, tienen que tener mayor control sobre las actividades y los procedimientos que siguen cada uno de sus operadores que obviamente generan operaciones de compra-venta de títulos valores. Y claro, la sanción mayor es para el operador (Steve Quintana) que es, de acuerdo al dictamen del Comité Disciplinario, el que hizo y ejecutó el proceso de cambio de subcuenta de una casa a otra casa de valores,    a través de documentación que fue identificada, que no tenía los cumplimientos de acuerdo a la normativa y operativa bursátil vigente.

- Este caso sin duda debe marcar un    precedente. Usted decía, hace un momento, que hay procesos que se deberían mejorar. ¿Qué    hacer para que estos cambios no se vuelvan a repetir?

- Ahí te digo que es poder analizar cuáles son los procedimientos que tienen los depósitos para poder aceptar este tipo de instrucciones emitidas por participantes del mercado de valores. Lo importante es hacer  un proceso eficiente, oportuno, que tenga mucha claridad.    Por lo cual te digo y vuelvo a repetir, yo invito a Central a sentarnos y a validar eso de ahí, y si dentro de ese concepto necesitamos hacer cambios normativos,    poder conversar con la Superintendencia para que esté alineada con lo que hay que hacer    y pedir a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria que es el ente regulador,    para hacer esos cambios.

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¿Cómo qué? Un ejemplo

- Las casas tienen que aplicar todos los conceptos de prevención de lavado de activos y quizás podría ser una idea que esa prevención incluya una ratificación, una validación un poco    más certera de la recepción de una orden de negociación; que la recepción de un contrato tenga un proceso de verificación. Quizás que cuando en los depósitos se hagan estos cambios de cuenta también deberíamos tener un proceso de validación que no entorpezca el proceso automatizado que existe.

- ¿Existe tecnología para validar en tiempo real la identidad y voluntad del titular de los valores? O en eso se podría trabajar.

- En eso hay que trabajar. Así pensando rápidamente puede ser ayudándonos de una conexión con el Registro Civil, para validar identidades. Quizás hacer una integración un poquito más dedicada con las empresas que proveen las firmas digitales, para también    identificar la veracidad de estas firmas.

- ¿Y por qué no se lo ha hecho antes?

- Yo creo que este es un tema de poder identificar las oportunidades de mejora. En este caso, afortunadamente    se identificó, se sancionó, Conorte recibió su dinero. Yo creo que en este tema cada partícipe tiene que identificar mejoras en los procesos, como nosotros constantemente lo estamos haciendo....No es un tema que no se esté trabajando. Y hay que recordar que este es un caso puntual, no se trata de un problema general. No es que la generalidad de las transacciones tienen estos casos de incumplimientos. Entonces también hay que tener la tranquilidad de decir, "Oye, es un mercado regulado lado, tiene su normativa". 

El caso de Conorte es un caso que se está investigando, y donde se puede identificar una potencial falsificación de documentos, como ustedes lo han publicado hoy (ayer), y que ya está en el ámbito de Fiscalía.

Lo que debe saber

• Una opción para distintos perfiles: Personas naturales y jurídicas pueden acceder a fondos de inversión, siempre que acrediten el origen lícito de sus recursos y cumplan los procesos de vinculación y prevención de lavado de activos.
• La industria gana terreno: Los recursos administrados pasaron de 1.103 millones de dólares en 2023 a 3.145 millones de dólares en agosto de 2026. Además, el número de fondos aumentó de 34 en 2021 a 66 en 2025.
• Diversificación con gestión profesional: Con montos de apertura que pueden partir de 500 o 1.000 dólares, los participantes acceden a carteras diversificadas administradas por entidades reguladas. A cambio, no deciden directamente sobre cada compra o venta de títulos.

Los fondos de inversión están diseñados para todo tipo de público. Pueden participar tanto personas naturales (desde jóvenes profesionales hasta jubilados) como personas jurídicas (microempresas, corporaciones, fundaciones o instituciones públicas). El único requisito indispensable es contar con un capital de origen lícito y cumplir con los procesos formales de vinculación y prevención de lavado de activos establecidos por la ley ecuatoriana.

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La tendencia está en crecimiento. La industria de fondos o administradoras ha tenido un acelerado crecimiento durante los últimos años, es así que, en el año 2024, esta industria alcanzó los 1.549 millones de dólares, marcando un crecimiento de 40,5 %, dijo a Diario EXPRESO Carlos García, economista.

García agregó que al cierre del 2025, el crecimiento fue de 51,7 %, alcanzando los 2.351 millones de dólares. Es decir, en dos años los recursos administrados por los fondos de inversión, prácticamente, se han duplicado, considerando que en el 2023 los fondos de inversión registraron 1.103 millones de dólares.

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“Para este año, parecería seguir con el mismo ritmo, al mes de agosto de 2026, la industria ascendió a 3.145 millones de dólares, es decir, un 34% de crecimiento en lo que va del año, si comparamos con el cierre de diciembre 2025”, enfatizó García.

De igual manera, al término del 2025, se reportaron que 15 Administradoras que manejan Fondos de Inversión, entrando en operación, al menos, una por año durante los últimos períodos. Estas 15 administradoras, en conjunto administran un total de 66 fondos de inversión, es decir, un promedio de 4 fondos por cada administradora, resaltando así el crecimiento dinámico de la creación de fondos de inversión, pasando de un mercado con 34 fondos de inversión en 2021 a 66 fondos en el 2025, señaló García.

¿Cuánto se puede invertir?

Para fondos estructurados, cerrados o con estrategias de mayor plazo, las administradoras suelen requerir montos de apertura desde 500 ó 1.000 dólares en adelante. Empezar con cantidades simbólicas es ideal para familiarizarse con la herramienta, indicó a José David Rivera, analista económico.

La principal ventaja de este mecanismo es que, al acumular el capital de varios participantes, permite al inversionista acceder a una cartera diversificada que de forma individual sería difícil alcanzar.

Asimismo, brinda tranquilidad y respaldo, ya que los fondos son gestionados por instituciones reguladas que ofrecen la transparencia necesaria para que el partícipe conozca con claridad en qué sectores y empresas se coloca su dinero.

Como principal contraparte o desventaja, el partícipe no tiene un control directo sobre las decisiones puntuales de compra y venta de títulos, debiendo acogerse a una estrategia genérica diseñada para un perfil homogéneo de inversionistas, señaló Rivera.

En cuanto al riesgo, al ser el ecuatoriano un mercado altamente regulado, los niveles de exposición pueden considerarse bajos por la naturaleza de los títulos negociados. En renta variable, las empresas que cotizan son de prestigio y trayectoria. En renta fija, los emisores deben superar rigurosos filtros y auditorías para acceder a financiamiento. Asimismo, las calificadoras de riesgo permiten a las administradoras conocer la solvencia de cada inversión antes de colocar los recursos. 

La inversión en fondos no aumenta por estar de “moda”

La combinación de crecimiento patrimonial, diversificación de productos y mayor regulación patrimonial marca un hito en la evolución del mercado de valores ecuatoriano, dijo Arturo Bejarano, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores.

Es importante destacar que el crecimiento del patrimonio de los fondos de inversión no obedece a una “moda”, sino a que cada vez más personas conocen estos mecanismos.

A la vez, el mercado de valores ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos años, con las empresas y proyectos del sector real que se financian a través de él, así como los instrumentos del sector público. Este desarrollo ha sido apalancado en gran medida por las inversiones canalizadas a través de los fondos de inversión, consolidándolos como protagonistas del crecimiento del mercado de valores en el país.

Hay que asegurarse de que la administradora sea formal

Para escoger una alternativa adecuada de fondos de inversión es necesario, en primer lugar, verificar que la administradora esté registrada en los organismos de control y cuente con toda su documentación al día, indicó José David Rivera, analista económico.

Posteriormente, se debe revisar la trayectoria del fondo y sus históricos de rendimiento para identificar la opción más conveniente. Finalmente, resulta indispensable que el interesado compruebe si el fondo cuenta con una calificación de riesgo. Este elemento que permite evaluar la responsabilidad y el rigor técnico con el que se seleccionan los títulos que respaldan el dinero de los inversionistas.

Estos vehículos de inversión son una alternativa al ahorro tradicional

Los fondos de inversión ganan espacio entre quienes buscan alternativas al ahorro tradicional. Estos vehículos reúnen recursos de varias personas para destinarlos a inversiones, de acuerdo con las características de cada fondo. El monto mínimo, plazo y rendimiento dependen de su estructura y prospecto, indicó Martha González, gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Al tratarse del mercado de valores, existe riesgo, especialmente en fondos de renta variable. Por eso, la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) recomienda informarse y acudir a casas de valores autorizadas antes de invertir.

La clave es conocer el producto, evaluar el riesgo y diversificar. 

Desde el 2019, la provincia parece incapaz de cerrar un mandato con su titular original. Primero fue la inesperada muerte de Carlos Luis Morales a los 13 meses de mandato, que catapultó a Susana González a completar un accidentado periodo de 35 meses. Años después, la renuncia de Marcela Aguiñaga a los 36 meses repitió la historia, cediendo el bastón de mando a Carlos Encalada para clausurar los 12 meses finales.

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Guayas acumula siete años sin que un prefecto electo complete su mandato

Entonces, Guayas lleva siete años sin que un prefecto electo complete su periodo. Con este sombrío historial de interinidad, se reduce la ventaja de la incumbencia, se debilita el voto retrospectivo y vuelve más volátil una competencia en la que ninguno de los principales candidatos llega completo.

Guschmer es el que mejor encarna el voto de maquinaria. Fue concejal por el PSC en 2019, candidato a la Prefectura por Movimiento RETO en 2023 (cuando quedó tercero) y asambleísta por ADN en 2025, curul a la que renunció para volver a intentarlo. Tiene marca nacional y reconocimiento, pero carga con un Gobierno que esta provincia ya castigó en el referendo de noviembre pasado, cuando el No ganó las cuatro preguntas en Guayas y, de los veinticinco cantones, solo Samborondón dio el Sí a todas.

Los demás llegan con déficits distintos. Sofía Espín conserva parte del voto correísta, pero compite sin el casillero con el que ese proyecto ganó la Prefectura en 2023. 

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Juan Carlos González hereda el recuerdo de diecisiete años de hegemonía socialcristiana, pero no una trayectoria propia equivalente. 

César Pérez viene del sector que la Prefectura atiende por mandato al ser el presidente de la Plataforma Agropecuaria de la Corporación de Montuvios del Litoral, aunque representación gremial no significa automáticamente adhesión electoral. 

Es, en distinta proporción, una elección de marca sin territorio, territorio sin marca, herencia sin liderazgo y representación sectorial sin, necesariamente, conversión electoral. Las otras cuatro candidaturas parten desde organizaciones nacionales sin peso provincial demostrado.

Frente a esta dispersión, la disputa por los votos se concentra en dos nichos ideológicos.El primero disputa el voto urbano no correísta y tiene a Guschmer y González como protagonistas: uno ofrece capacidad de ejecución por conexión con el Ejecutivo; el otro, el recuerdo de una estructura provincial que fue hegemonía. Geraldine Weber y Renán Borbúa pueden no competir por ganar, pero sí por restar en un escenario estrecho.

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La disputa por el voto de izquierda abre un segundo frente

El segundo escenario ocurre dentro de la izquierda y es una disputa asimétrica. Espín conserva al elector que vota por instrucción; Pérez busca al que ya no se siente representado por una dirigencia judicializada, pero tampoco quiere abandonar su posición ideológica.

Pero esta elección no se gana solamente sumando votos provinciales; se gana construyendo dos mayorías distintas. Por un lado está Guayaquil, que concentra el 62 % del padrón de toda la provincia pero experimenta poco la Prefectura, porque la gran mayoría de la obra ocurre fuera de la urbe.

Por el otro están los restantes 24 cantones, territorios donde la institución es de uso cotidiano debido a los caminos vecinales, canales de riego y fomento productivo. Es en ese segundo ecosistema donde el peso de los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales y las redes territoriales inclinan la balanza.

Por eso una parte decisiva de la elección se juega indirectamente en las 25 papeletas de alcaldía que se votan el mismo día. Y es precisamente esa red la que más cambió desde 2023. El correísmo ganó todo en Guayas, pero llega a noviembre sin el casillero con el que ganó, con el alcalde de su principal ciudad preso y con la prefecta electa reemplazada por una figura cercana al oficialismo.

Sobre ese tablero caerá además el agua. El calendario se adelantó por El Niño y terminó superponiéndolo con la campaña. Aparece así un electorado que acudirá a las urnas posiblemente inundado. Ese votante no necesariamente distingue competencias; puede sancionar a quien percibe gobernando. El oficialismo queda particularmente expuesto porque en Guayas controla buena parte de lo visible durante una emergencia: presupuesto nacional y Gobernación.

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En 2023 Aguiñaga ganó con más del 34 % frente al 25,56 % de Susana González y otras once candidaturas se repartieron el resto. Después de siete años sin un mandato completo, Guayas puede volver a elegir un prefecto sin un respaldo social mayoritario del padrón electoral. La fragmentación no es una consecuencia de esta elección; es su condición de origen.

Lo que debes saber

• Pasó de mantenerse alejada de la política a convertirse en candidata a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales de 2026.
• Su postulación busca dar continuidad al proyecto político de su esposo, Aquiles Álvarez.

Fiorella Ycaza pasó de una vida alejada de la política a convertirse en una de las figuras del tablero de las elecciones en Guayaquil. Su nombre tomó fuerza después de una serie de precandidaturas y finalmente es la postulante que busca dar continuidad al proyecto político de Aquiles Álvarez, su esposo, hoy detenido.

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Ycaza oficializó su candidatura por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17, en una postulación vinculada a Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó posteriormente su candidatura, por lo que quedó habilitada para participar en los comicios del 29 de noviembre.

Su exposición pública ha aumentado en los últimos meses. Aunque anteriormente no había ocupado un cargo de elección popular, ya había aparecido en algunas actividades oficiales junto a Álvarez y ya se la ha visto en recorridos, ya sea comiendo o recordando la gestión de Álvarez. Son actividades con ciudadanos, concejales y otros dirigentes políticos.

Ella ha construido una presencia propia en redes sociales, pues en sus cuentas utiliza el apellido Ycaza, mientras que en registros oficiales aparece como Fiorella María Icaza Samán. Su trayectoria educativa está vinculada al Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión (ITV), donde cursó estudios entre 2011 y 2014.

También aparece en registros societarios. En Edumarxa S.A.S. figura como gerenta general desde el 23 de abril de 2025 y también como accionista. La compañía tiene su domicilio registrado en la isla Mocolí, en Samborondón.

Los registros tributarios de Fiorella Ycaza

Antes de ello, tuvo participación en Inmobiliaria Fiorema S.A. Allí fue designada gerenta general el 28 de noviembre de 2019, cargo que terminó el 2 de junio de 2023. Ese mismo día fue nombrada presidenta, función que terminó el 19 de julio de 2024.

La actividad principal registrada para Inmobiliaria Fiorema está relacionada con la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados. Fiorema también aparece en la investigación del caso Goleada.

En la consulta de información del Servicio de Rentas Internas (SRI) constan registros de Impuesto a la Renta correspondientes a los últimos ejercicios fiscales.

Según los datos consultados, el valor en 2023 fue de $133.268; en 2024, $183.574; y en 2025, $44.581. Además, no figuran declaraciones patrimoniales juradas en la consulta realizada.

Antes de saltar al escenario electoral, Ycaza ya había tenido exposición pública. En 2009 participó en el concurso Reina de Guayaquil, entre 15 candidatas. En esa edición la corona se la llevó Mariana Calderón, mientras que Ycaza figuró en el cuadro de las finalistas.

¿Pero estas credenciales son idóneas para llegar al Sillón de Olmedo?

Para el politólogo Jorge Chuya, el perfil de Ycaza “no es compatible con las necesidades” que, dice, tiene la ciudad actualmente.

“Guayaquil se encuentra en una deriva desde hace algunos años y una de las cosas más urgentes que necesitamos es un/una líder que esté presente y tenga toda su concentración en hacer de Guayaquil una mejor ciudad. Lastimosamente, la candidata Ycaza enfrenta diversas situaciones personales que harán, quiera o no, que su concentración se encuentre dividida”, analiza.

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Chuya también deja en claro que aunque es válido que cualquier persona quiera postularse a un cargo público, como ciudadanos hay que “entender que ser ‘popular’ no puede ser todo el mérito que tenga alguien para ser alcalde”.

“Seguramente el plan de la candidata sea continuar con el trabajo de su esposo, pero Guayaquil necesita resultados pronto. A su vez, Ycaza se encontrará nuevamente en una posición de discordia con el Gobierno central. Esto no es un problema de ella y, de hecho, el Gobierno no debería actuar así. Sin embargo, es algo que debemos tomar en cuenta tras los obstáculos que le han puesto a la Alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo podrá llegar a consensos cuando el Gobierno no quiere ver ni en pintura nada que se relacione con Aquiles Álvarez?”, comenta.

El también máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Glasgow manifiesta que al guayaquileño debería importarle cómo se resuelven los problemas de la ciudad, no cómo se resuelven las disputas políticas de dos actores, ya que considera que si esto sigue pasando, la ciudad continuará estancada.

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“Guayaquil necesita, primero, un/una líder enfocado en resolver los problemas de la ciudad; segundo, alguien capaz de lograr consensos o resolver como sea ante la ausencia de ellos; y tercero, alguien que le pueda devolver el orgullo a la identidad guayaquileña que hemos olvidado y hacerle frente a los ataques políticos que enfrenta la ciudad desde el Gobierno central”, agregó.

El reto de construir una identidad política propia

Mientras que para el analista político Oswaldo Moreno, la candidatura de Ycaza encabeza dos cosas: al correísmo, que, afirma él, es una fuerza que está “proscrita, vigente y perseguida”; y, segundo, tiene un “relato de martirio, con su esposo y su familia, lo cual hará que haya un sector de la población que esté de acuerdo y otro que no”.

“Su experiencia es todo el aparato político-comunicacional en torno al correísmo y la candidatura de Aquiles. No sé de su experiencia previa, pero me queda claro que tiene un equipo que la está llevando por un camino en el cual es de las favoritas”, señala.

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• El caso por la transferencia irregular de $12,3 millones en bonos estatales pasó a manos de la Fiscalía, que investigará un presunto delito de apropiación fraudulenta de fondos por medios electrónicos.
• Andes Capital sostiene que también fue víctima de un fraude informático y documental ejecutado por terceros.
• La atención también se centra en los controles aplicados por los actores del mercado y el Banco Central.

La irregular transferencia de $ 12,3 millones en bonos estatales reportada en el mercado bursátil en marzo de este año, y que estuvo a punto de perjudicar a la empresa Concesionaria Norte (Conorte S.A.), ha entrado en la cancha de la justicia ordinaria. Es la Fiscalía General del Estado la que deberá investigar la causa e indagar un supuesto delito de apropiación fraudulenta de fondos por medios electrónicos.

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La denuncia penal fue presentada por Conorte S.A. el pasado 23 de abril de este año. La firma es dueña de los fondos que, según denunció, fueron traspasados, sin su autorización ni firma formal, desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores Andes Capital, donde se habría creado una subcuenta, con ayuda de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes, para vender, sin su consentimiento, los bonos en el mercado y luego trasladarlos al fondo de inversión Smart-One.

Tal como contó el pasado miércoles EXPRESO, el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) ya emitió una resolución y sanciones sobre el tema. Entre sus medidas inmediatas estuvo cancelar el permiso de operador que Steve Quintana tenía en su calidad de accionista y presidente de Andes Capital, y penalizarlo con una multa de $ 100.738. Una sanción que también se extendió a la casa de valores y a su gerente, María Luisa Mendoza, por presuntamente no haber aplicado los controles internos adecuados.

Este Diario logró hablar ayer con un funcionario de Andes Capital, que prefirió mantener su nombre en el anonimato. La firma, dijo, no niega estas transferencias irregulares a través de sus cuentas, pero alega que todo esto fue producto de un fraude, del cual también fue víctima.

Si bien aún no han presentado una denuncia ante la Fiscalía, no descartan tomar acciones legales más adelante por daños y perjuicios. “Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar la denuncia que ya presentó Conorte para, dentro de este proceso, colaborar en todo lo que se necesite, pero como víctima y como acusador de un proceso penal que ya está en curso. Nosotros no podemos todavía entrar como acusadores particulares y víctimas porque todavía está en investigación, pero cuando ya se abra la instrucción fiscal podremos hacerlo”.

Las primeras muestras de colaboración de la empresa, sostiene, fueron reconocer el problema y devolver, por cuenta propia, el capital y los intereses que reclamaba Conorte, además de separar de sus funciones a Steve Quintana, hoy señalado por Andes Capital como uno de los principales sospechosos. “Es a él a quien se tendrá que investigar... porque él habría usado la plataforma que es la casa de valores para hacer esto, valiéndose de que no solamente es operador, sino que además era presidente, una persona que pudo eludir los controles internos porque él es un responsable del control interno. Creemos que se pudo haber aprovechado de esto, porque la compañía sí cuenta con manuales de políticas internas de cumplimiento y de prevención de infracciones”.

Exoperador dice ser víctima de un fraude informático

EXPRESO pudo contactar vía telefónica a Steve Quintana    para conocer su versión sobre este caso. El hoy señalado, asegura que la “verdad le asiste. Lo que se dijo fue lo que sucedió y está probado documentalmente. Si yo tuviera algo que ver, no estaría aquí. ¿Qué sentido tiene haber desviado 12 millones de dólares para devolverlos? No hay mejor plata que la que uno se puede gastar. Nunca en la vida hemos quitado un centavo a alguien”.

Quintana se refiere a las versiones y pruebas que ha presentado, en su defensa, dentro de este proceso, en el que asegura que la venta e inversión de bonos    se dio en el marco de un fraude informático.

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Superintendencia archiva expediente

En un oficio con fecha 21 de mayo, dirigido a la Dirección Nacional de Control de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores de la Superintendencia, Quintana, entonces presidente de Andes Capital, negó que la firma haya actuado de forma dolosa o arbitraria y que, por el contrario, fue víctima de un esquema fraudulento ejecutado por terceros.

Su postura fue presentada dentro de un expediente administrativo solicitado por Conorte, que la Superintendencia de Compañías terminó archivando en junio pasado, debido a que la causa ya se estaba tramitando en la justicia ordinaria.

En dicho expediente, la compañía afirma que la denuncia penal presentada por Conorte expone los hechos de manera “parcial e incompleta”, debido a que la operación cuestionada obedeció a “un sofisticado esquema de fraude informático y notarial documental ejecutado por terceros ajenos a la voluntad institucional” de la casa de valores. Allí se añade que la firma fue    inducida a error mediante comunicaciones electrónicas y documentación que aparentaban ser legítimas. Entre los elementos que expone constan correos electrónicos presuntamente fraudulentos, firmas electrónicas falsas y mecanismos de validación que simulaban autenticidad. “Como operador de mercado de valores no soy perito informático para certificar al instante la falsedad de correos o firmas”, alegó Quintana.

Este Diario espera aún un pronunciamiento del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el rol que cumplió su Depósito Centralizado de Valores (DCV), debido a que los bonos permanecían bajo su custodia. Ayer, el Departamento de Comunicación de esta entidad señaló que el pedido de información y entrevista fue remitido a las áreas técnicas correspondientes y que aún se espera una respuesta.

El DCV, llamado a controlar

El Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024,    prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Lo que debes saber

• El cine comunitario toma fuerza en Quito. Las funciones buscan que plazas y parques vuelvan a ser lugares de encuentro
• La estrategia del Municipio contempla 25 proyecciones, además de ferias y actividades comunitarias
• En Solanda, un proyecto impulsado por vecinos combina exhibición y producción audiovisual

Con una funda con canguil en la mano, Alejandro Tipán se acomodó junto a su novia, Jéssica Proaño, en una de las bancas de la plaza Gabriela Mistral, en La Mariscal. La noche empezaba a caer y, frente a ellos, una pantalla esperaba la proyección de La leyenda de los tayos, un documental ecuatoriano de 2021 dirigido por Galo Semblantes.

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No llegaron solos. Cerca de 100 personas, entre adultos, jóvenes y niños, se reunieron en ese espacio para la función gratuita de cine comunitario. Algunos ocuparon las sillas frente a la pantalla; otros prefirieron sentarse en el piso o cerca de los árboles. 

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Había chochos, canguil y bebidas que tomaban los asistentes. Las conversaciones disminuyeron conforme avanzaban las primeras imágenes del documental, hasta convertirse en un silencio colectivo.

Alejandro se enteró del encuentro por redes sociales. Era la primera vez que asistía a una función de este tipo. Gabriela, quien vive en el valle de Los Chillos, también llegó por primera vez. Le llamó la atención que un espacio público se convierta en un lugar de encuentro entre personas que no necesariamente se conocen.

Espacios que se sienten seguros

“Son espacios para compartir con personas que no conoces y también para compartir arte, como el cine”, comenta. La inseguridad, reconoce, limita el uso de los espacios públicos, especialmente durante la noche. Por eso considera que esas iniciativas contribuyen a generar entornos donde las personas vuelvan a relacionarse sin violencia.

Gabriela Ordóñez también asistió a la función acompañada de sus hijos de 10 y 9 años. Vive en Iñaquito desde hace dos años y sigue las actividades de la Administración Zonal La Mariscal en redes. Para ella, estas jornadas tienen un componente cultural y permiten que los niños conozcan el cine que se produce en Ecuador y se acerquen al arte que se hace en el país.

La ubicación del encuentro también influyó en su decisión de asistir. “Tenemos la sensación de seguridad porque cerca hay una UPC”, dice. Pero la experiencia no termina con la película. Estos encuentros, agrega, permiten conversar con otras personas y conocer iniciativas y recorridos que se realizan en el sector.

Estrategia para fortalecer el componente comunitario

María Fernanda Torres, jefa de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Secretaría de Seguridad del Municipio, explica que el cine comunitario es una de las acciones de la estrategia Barrios por la Vida, la Paz y la Seguridad. El propósito, señala, es fortalecer el componente comunitario y promover la participación ciudadana como apoyo a la seguridad.

La estrategia contempla actividades de apropiación del espacio público, capacitaciones en medidas de autoprotección y acciones destinadas a mejorar la convivencia. La premisa es que una comunidad que se conoce, participa y utiliza sus espacios genera factores protectores frente al delito y la violencia.

“Cuando me conozco con mis vecinos, evidentemente le dificulto que el delincuente pueda actuar en nuestro territorio”, menciona Torres.

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Dentro del programa se han planificado distintas actividades, entre ellas ferias comunitarias, teatros pedagógicos, encuentros de mujeres y jóvenes y 25 proyecciones de cine al aire libre. Las películas se seleccionan de acuerdo con el público y pueden ser familiares o comerciales. Alrededor de las funciones también se busca incorporar a emprendedores de cada sector.

La idea es que la comunidad no solamente llegue y mire la película, sino que vuelva a ocupar espacios que, por temor a la inseguridad, han quedado vacíos.

Torres señala que parques y plazas suelen percibirse como lugares más peligrosos durante la tarde y la noche. Esa percepción puede llevar a que los vecinos se encierren y reduzcan el uso de esos espacios. Frente a ello, la estrategia busca generar una presencia conjunta de la institucionalidad y de la comunidad organizada.

Las convocatorias se realizan mediante chats comunitarios y redes sociales. El proyecto comenzó en diciembre del año pasado y, según la planificación, se ejecutará hasta octubre de este año.

Torres indica que el Observatorio Metropolitano de Seguridad aporta con el análisis técnico, mientras que la existencia de una organización barrial permite garantizar que haya vecinos que participen y se involucren en la actividad.

Propuestas que surgen de los vecinos

Pero la apropiación del espacio a través del audiovisual no depende únicamente de iniciativas institucionales. En Solanda, en el sur de Quito, el cine comunitario también ha surgido desde los propios vecinos.

Cristian Benavides lleva siete años impulsando un proyecto que busca no solamente exhibir películas, sino producirlas. En un garaje de 6x10 metros se reúnen principalmente jóvenes interesados en el mundo audiovisual. El proyecto funciona mediante autogestión y no cobra por el uso del espacio.

En 2022 organizaron un taller en el que los participantes recibieron capacitación para generar sus propios contenidos. De ese proceso nació Zoolanda, un documental dirigido por Pamela Ramón, mientras Benavides se encargó de la producción.

Benavides señala que el arte puede convertirse en una forma de intervenir positivamente en barrios donde existen brechas sociales. En Solanda, recuerda, la intención es ofrecer una alternativa de encuentro para los jóvenes, especialmente en momentos en que podían terminar vinculándose con pandillas.

Lo que debes saber

• El correísmo apunta a un proceso de fiscalización pero espera una respuesta de la Supercías sobre las empresas en liquidación.
• ADN lleva adelante el proyecto de Ley para el Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial.
• El Partidos Social Cristiano tiene dudas sobre la fiscalización porque "hablar de la Supercías es hablar del Gobierno".

El control que ejerce la Superintendencia de Compañías (Supercías) está en el ojo de la Asamblea Nacional desde dos frentes. El correísmo solicitó la lista de empresas en liquidación y sus respectivos liquidadores. Y desde el oficialismo se impulsa una ley para la recuperación de las empresas.

Una investigación de EXPRESO evidenció la existencia de un grupo reducido de liquidadores en el que se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos que son derivados desde la Supercías.

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A partir de una base de datos de la misma entidad se evidenció que 501 empresas están bajo la administración de 21 liquidadores. Hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo.

De acuerdo con el análisis, esto representa cerca del 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

¿Qué dice el coreísmo?

Las denuncias sobre posibles direccionamientos de este tipo de procesos llegaron también al Legislativo. Así lo confirmó la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC), quien integra la Comisión de Fiscalización.

“La semana pasada hicimos un pedido de información (a la Supercías) porque nos llegaba información respecto de un posible direccionamiento respecto de las liquidaciones que se hacen con algunas empresas”, dijo.

Aún no se han cumplido los 10 días que establece la normativa para que la entidad de control remita la información. El correísmo está a la espera.

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“Aparte de esto, la Asamblea podría empezar un proceso de fiscalización. Lo que habría que determinar es si esto se hace desde una comisión determinada”, añadió Herrera. También sugirió que de esto podría encargarse la mesa de Desarrollo Económico, aunque dudó que lo haga teniendo en cuenta que está bajo el control de ADN.

¿Qué haría falta para que se inicie un proceso de fiscalización? Herrera dijo que todo depende de la voluntad política. Hay que tomar en cuenta que ADN controla 13 de las 15 comisiones permanentes y también tiene la mayoría que actúa en el Pleno de la Asamblea.

Oficialismo tramita una ley

ADN lleva adelante otro proceso, aunque más enfocado en salvar de la quiebra a las empresas. El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo dijo que en la Comisión de Desarrollo Económico se trabaja en un proyecto para manejar las quiebras y disoluciones.

“Las compañías quiebran o se disuelven por un sinnúmero de temas: problemas jurídicos, económicos o procesamiento de su información. Se trabaja en un proyecto para dar viabilidad a los procesos de quiebra en todos los temas. Se le dará más herramientas para que la Supercías tenga más funcionarios trabajando”, indicó.

El proyecto de ley, por ahora, se llama Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial. Han existido tres sesiones, en las que se ha tratado el tema y se ha escuchado a expertos.

La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, ha dicho que el objetivo de la iniciativa es crear mecanismos para que, por ejemplo, cuando una empresa tenga problemas para pagar sus deudas, pueda entrar en un proceso ordenado de negociación, “en lugar de enfrentar cobros individuales que puedan destruir a la empresa”. Pero el proyecto aún no tiene informe para primer debate.

La posición desde los independientes

Entre los asambleístas independientes también hay voces respecto al control que ejerce la Supercías. Cristian Benavides dijo que el rol de la Asamblea es fiscalizar. “Cuando los medios de comunicación hacen un rol responsable y nos dan las guías para prender las alertas, tenemos la obligación de activarnos”, aseguró.

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El PSC plantea una fiscalización urgente

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) se considera que es urgente el inicio de un proceso de fiscalización. El asambleísta Alfredo Serrano consideró que con lo que ha sido revelado, hay argumentos para ello. Sin embargo, es escéptico frente a aquello.

“¿Qué comisión lo debería hacer? La de Fiscalización, Régimen Económico o Desarrollo Económico, que están en control del Gobierno. Cuando se habla de la Supercías, estás hablando del Gobierno”, manifestó.  

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Guayaquil, el bastión a recuperar 

Ese dominio terminó hace tres años, cuando el Puerto Principal rechazó la reelección de esta última, reduciendo al PSC a una minoría en el actual Concejo Municipal. En busca de recuperar este bastión y admitiendo errores políticos, el candidato para el periodo 2027-2031 es Andrés Roche Pesantes, posicionado en campaña como el hombre de confianza de Nebot.

Roche ingresa a la arena política sostenido por su gestión pública previa. Su cargo más visible fue la gerencia general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) durante las administraciones de Nebot y Viteri. En su momento, defendió férreamente a la institución de críticas internas, como ocurrió en 2018 cuando la entonces vicealcaldesa Doménica Tabacchi planteó revisar el monto de las multas de tránsito.

Además, ejerció como asambleísta alterno entre 2022 y 2023. Su plan de trabajo actual plantea retomar el modelo de inversión del 85 % frente al 15 % de gasto corriente, cuestionando frontalmente la inoperancia en obras y en seguridad de la administración de turno.

No obstante, su figura pública enfrenta el peso de episodios controversiales. En noviembre de 2025 se difundió un video donde insultaba al director de Compras Públicas en el Palacio Municipal, obligándolo a emitir disculpas públicas y a aclarar que el altercado no guardaba relación con el cabildo.

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Se suma su denuncia de este mes sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de sus empresas, argumentando una persecución política del Estado para neutralizar candidaturas, tras varias deserciones en otros perfiles del PSC.

Perfil del candidato

Académicamente, es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los Tribunales, especialista en Legislación Tributaria y magíster en Derecho Administrativo. Su declaración patrimonial de fin de gestión en la Contraloría General del Estado, cerrada en 2023, detalla activos por 769.156 dólares, concentrados en bienes inmuebles en Guayas y Santa Elena, frente a pasivos por 184.478 dólares, dejando un patrimonio neto de 584.677 dólares.

En el ámbito societario, preside las firmas Agro Industrial y Ganadera La Beldaca S.A. y Boatcorpsa S.A., y figura como accionista activo de Sealdova S.A.S. Su historial de Impuesto a la Renta en el Servicio de Rentas Internas exhibe marcadas variaciones: tributó 22.499 dólares en 2023, declaró cero en 2024 y pagó 2.358 dólares en 2025.

En la Función Judicial, mantiene activa una demanda contencioso-administrativa interpuesta en 2026 contra la Contraloría.

También registra una acción de protección en su contra fechada en 2017, impulsada por un exagente civil de tránsito que alegó despido intempestivo mediante memorando tras ganar un concurso de méritos, causa que la justicia inadmitió por no ser la vía adecuada. Asimismo, figuran investigaciones previas de carácter penal en 2012 y 2020, archivadas definitivamente por la Fiscalía por falta de elementos de convicción.

Análisis político del candidato

Para dos especialistas, la viabilidad de su candidatura enfrenta obstáculos tanto de percepción como de estructura. 

Ingrid Ríos Rivera, doctora en Estudios Latinoamericanos, señala que existe un doble desafío. Por un lado, el partido debe superar el desgaste de la administración Viteri. Por otro, está el reto individual.

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“Aunque cuenta con trayectoria y fue una figura clave y constante en las alcaldías de Nebot, tiende a ser percibido como un actor de línea dura o con rasgos inflexibles”, analiza Ríos. “Episodios recientes han reforzado en la retina pública una imagen distante de la postura conciliadora y de consenso que hoy demanda el electorado”. La académica sostiene que su objetivo táctico debe ser el votante anticorreísta que suele alinearse con el oficialismo, pero que desconfía del PSC.

“La gran incógnita para esta elección no es si ese núcleo duro está presente, sino si su volumen actual será suficiente o si se quedará corto para alcanzar la victoria”, concluye la investigadora.

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Daniella Fernández Malnati, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Casa Grande, reconoce que la estrategia de Roche busca captar el voto de la Revolución Ciudadana y, en simultáneo, atacar la gestión del oficialismo. “Yo no diría que no ha sido una campaña confrontativa. Incluso si tú lees su comunicación no verbal, él es muy confrontativo”, asegura Fernández.

Además, la experta señala un error de cálculo en su principal plataforma de difusión, TikTok, al intentar apelar a la nostalgia. “La generación que pone el candidato, que tiene el voto grueso, no vivió (la era) Nebot, no vivió (la era) Febres-Cordero”, explica. “Le sirve para un grupo objetivo de una generación específica, pero no para una generación actual”.

Finalmente, Fernández expone una falencia discursiva clave frente a sus rivales políticos en territorio: “La candidata de ADN se centra mucho, por ejemplo, en centros de rehabilitación de salud mental... A él le falta un poco el tema de causas sociales, no solamente de obras públicas”.

Lo que debes saber

• 8 de septiembre: Salazar pidió reglas para Taura; dos días después dejó la FAE en Ecuador.
• EE.UU. busca operar temporalmente en Taura; la FAE pidió definir quién controla esas actividades.
• En Alto Punino, Orellana, el Osprey apoya operaciones contra Comandos de la Frontera en 2026.

La llegada de una aeronave estadounidense a la Amazonía y la solicitud para utilizar temporalmente la Base Aérea Taura exponen una cooperación militar que avanza más rápido que las explicaciones públicas.

En medio de ese escenario, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca, pidió definir quién autoriza, coordina, supervisa y controla las actividades de Estados Unidos en instalaciones militares nacionales. Dos días después dejó el cargo.

El presidente Daniel Noboa cesó las funciones de Salazar y designó al brigadier general Mauro Bedoya Avilés mediante el Decreto Ejecutivo 496, firmado el 10 de septiembre de 2026. El documento presidencial agradeció los servicios del oficial saliente, pero no explicó los motivos del relevo. Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial que vincule directamente su salida con el oficio enviado al Comando Conjunto, pero la proximidad entre los dos acontecimientos abrió las dudas.

La carta sobre Taura y las preguntas sobre el control de las operaciones

El 8 de septiembre, Salazar había solicitado directrices para ejecutar actividades de cooperación bilateral en Taura. Su carta señalaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos preveía realizar vuelos temporales de apoyo y que su personal necesitaba adecuar y usar parte de la infraestructura de esa base ubicada en Guayas.

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El ahora excomandante no rechazó la cooperación. Su preocupación estaba en las condiciones para autorizarla. En el documento pidió determinar responsabilidades, niveles de decisión y procedimientos de planificación, ejecución, seguridad, supervisión y control. También indicó que la FAE debía conservar el manejo operacional y administrativo de Taura y que cualquier adecuación tenía que ser temporal y contar con autorización previa.

La advertencia remitía al artículo 5 de la Constitución, que prohíbe establecer bases militares extranjeras, instalar infraestructura extranjera con propósitos militares o entregar bases nacionales a fuerzas armadas de otro país. La pregunta planteada por el oficial era práctica: ¿qué mecanismos permiten diferenciar un apoyo temporal del establecimiento de una instalación extranjera?

El acuerdo SOFA y los vacíos operativos señalados por militares

Ecuador y Estados Unidos cuentan con un Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA. En enero de 2024, la Corte Constitucional concluyó que ese instrumento no necesitaba aprobación de la Asamblea Nacional porque no se encontraba entre los supuestos del artículo 419 de la Constitución. El convenio regula, entre otros aspectos, la movilidad de aeronaves, buques y vehículos estadounidenses y el acceso a instalaciones mutuamente acordadas.

Sin embargo, la existencia del acuerdo general no responde por sí sola las dudas operativas: qué autoridad aprueba cada vuelo, cuánto tiempo permanecerá el personal extranjero, qué obras puede ejecutar, quién fiscaliza sus actividades y qué procedimiento debe aplicarse ante un incidente.

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Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, esa aclaración corresponde a los niveles político y diplomático.

“Lo que pedía el excomandante de la Fuerza Aérea es tener claridad de cuáles habían sido las coordinaciones”, explica. Recuerda que el comandante de una fuerza “no tiene el nivel para coordinar directamente con los Estados Unidos” y que esa responsabilidad recae en los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.

Bravo evita atribuir el relevo al oficio mientras no exista una explicación oficial. No obstante, considera legítimo que el jefe de la FAE haya solicitado información para actuar “en derecho y en ley”, impedir una vulneración constitucional y lograr que el apoyo internacional fluya con competencias claramente establecidas.

Alto Punino, el escenario donde ya opera la cooperación militar

Mientras en Taura se discutía el marco habilitante, la cooperación ya tenía una expresión visible en Alto Punino, Orellana. Allí fue desplegado un MV-22B Osprey para transportar personal, equipos y carga y brindar soporte a unidades asentadas en lugares de difícil acceso.

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“La Amazonía se convirtió en el principal escenario por una combinación de geografía y amenaza. La espesura selvática, la limitada infraestructura vial y las grandes distancias dificultan el movimiento terrestre. A eso se suma la presencia de campamentos vinculados con estructuras armadas, minería ilegal y redes transfronterizas”, explica un exbrigadier que prefiere el anonimato.

El 6 de septiembre, durante una operación en Alto Punino, las autoridades detuvieron a nueve presuntos integrantes de Comandos de la Frontera. Los militares reportaron tres campamentos con capacidad para más de 60 personas, más de 1.400 municiones, armas, detonadores, antenas satelitales, radios, un dron y equipos logísticos.

¿Por qué el MV-22B Osprey es clave para las operaciones en la Amazonía?

Las difíciles condiciones geográficas de la Amazonía explican el valor del Osprey. Sus rotores basculantes le permiten despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero y, una vez en el aire, volar como un avión turbohélice.

Esteban Santos, experto internacional y académico, advierte que el análisis no debe limitarse al ingreso de una aeronave. A su criterio, se debe conocer el alcance de las inmunidades concedidas al personal estadounidense y la autoridad competente para investigar eventuales excesos.

“Nos merecemos todos los ecuatorianos absoluta transparencia de qué es lo que se está haciendo, cuál es el alcance, qué temporalidad va a tener y, sobre todo, que el Ecuador no deje nunca de tener la sartén por el mango”, sostiene.

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Santos considera necesario evitar errores observados en otras experiencias regionales y cuestiona la suficiencia de los controles cuando intervienen militares foráneos.

“¿Qué pasaría si se llega a dar el supuesto no consentido de un exceso?”, pregunta. Su preocupación se concentra en la jurisdicción aplicable y en los privilegios reconocidos bajo el SOFA.

Los puntos claves de esta historia

• EXPRESO documentó más de 500 procesos de liquidación en manos de solo 21 profesionales, quienes administran entre 10 y 80 empresas simultáneamente, una carga que otros interventores consideran difícil de gestionar adecuadamente.
• Los testimonios identifican rotación de liquidadores mediante resoluciones 'exprés' y ventas de activos por debajo de valores que las fuentes consideran justos, lo que podría perjudicar a trabajadores, jubilados y al Estado, que tienen prioridad en el cobro.
• Los entrevistados describen prácticas que califican como irregulares, entre ellas la “contabilidad creativa” para trasladar dinero entre empresas relacionadas, así como dudas sobre el destino de devoluciones tributarias y de recursos provenientes del cobro de cuentas, y sospechas en la venta de bienes.

Los procesos de liquidación por los que atraviesan decenas de empresas, considerados como la antesala a la extinción de la parte tangible de los negocios, pueden también convertirse en oportunidades para unos pocos.

En esta tercera entrega de la investigación ‘La argolla del control’, voces de interventores y liquidadores que colaboran con la Superintendencia de Compañías explican el riesgo que representa la prolongación de los procesos de disolución de las empresas, sobre todo de aquellas que tienen activos por vender y cuentas por cobrar.

EXPRESO documentó la concentración de más de 500 liquidaciones en manos de 21 personas. Son ingenieros, abogados, economistas y contadores externos a la ‘Super’ que tienen la función de pagar las deudas de la empresa quebrada con la comercialización de edificios, maquinaria, vehículos y el cobro de valores, a cambio de unos honorarios por cada compañía.

Cada uno de esos profesionales administra entre 10 y 80 liquidaciones de forma simultánea, algo humanamente imposible debido a la complejidad de los problemas que tienen que resolver, según interventores y liquidadores que decidieron hablar con este Diario bajo la condición de anonimato, ante lo que llaman “favoritismo”.

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La asignación a un grupo específico, denuncian profesionales

Ellos aseguran que en la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías desde octubre del 2024, se asignan encargos a un grupo específico (como lo constató EXPRESO al acceder a una base de datos de la entidad, con corte al 9 de junio) y que no se toma en cuenta a personas con años de experiencia en ese oficio.

Entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de agosto de este año, se entregaron más de 300 liquidaciones, según los registros.

Las fuentes, que comparten documentos para respaldar lo que afirman, han detectado ciertas conductas, modos de operar y coincidencias en los procesos de intervención y liquidación que han revisado.

Las anomalías notorias en los registros societarios

Víctor, quien tiene más de diez años de experiencia en ese tipo de procesos, señala ciertas particularidades que levantan las alertas cuando chequea los procedimientos que han ejecutado otras personas o la ‘Super’. Cita la rotación de liquidadores con resoluciones ‘exprés’, en muchos casos sin justificación y en varias administraciones de la institución.

También menciona ventas (de terrenos, vehículos y otros activos) poco beneficiosas para trabajadores, jubilados e incluso el Estado, quienes están en la parte inicial del orden de prelación de pagos. Es decir que esas transacciones no cubren las necesidades para saldar haberes.

“Una empresa de procesamiento de productos agrícolas tenía una finca que valía más de $2 millones, tenía hasta una laguna, y la vendieron en unos $700 mil, en la tercera llamada de remate (Según los documentos revisados por EXPRESO, $700 mil fue el valor del peritaje y la venta rondó los $600 mil). Y ni siquiera alcanzó a pagar (una parte importante). ¿Por qué? Porque la deuda que tiene con la empresa hermana era de casi 10 millones”, recuerda la fuente.

El profesional del Derecho Societario explica que se presentó un documento ante la banca pública para reclamar que el peritaje de la finca estaba mal hecho, argumentando que la propiedad no costaba una cantidad tan baja. Al final, le negaron el trámite.

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He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención"Interventor y liquidador en funciones.

“He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención. Porque se supone que si va a una disolución es porque existen problemas dentro de la compañía. ¿Qué más problema haber desfalcado a un montón de gente dentro del mercado de valores, por ejemplo? Tenía que ser de inmediato, pero no, dan tiempo”.

En esos casos, ese tiempo, señala, podría considerarse clave para que el interventor o el liquidador venda los activos a conveniencia, o diluir el dinero que ingresa por cobros pendientes. Ese dinero, agrega, termina en bolsillos de terceros o ciertos accionistas con los que ya había un ‘acuerdo’. “Ahí está la corrupción. Esa es la manera (en) que (lo) hacen. Cogen algo que cuesta un montón de dinero y lo venden a menos de la mitad”.

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Luis es otro liquidador que acepta el pedido de EXPRESO para explicar el modo de operar de ciertos profesionales que llegan a administrar empresas tras ser nombrados por la ‘Super’. “Usan la denominada ‘contabilidad creativa’. ¿En qué consiste? Aplican la normativa contable en forma ‘creativa’, mas no técnica. Usualmente se usa para sacar dinero de una empresa hacia otra como ‘inversión’”.

El auditor pone de ejemplo lo que pasó en una extractora de aceite que tenía en su estado financiero más de $200 mil como inversiones con empresas relacionadas. “Actualmente estas empresas están en liquidación, es decir, ese dinero ‘se perdió’. Y como lo ‘disfrazan’ de inversión, la cualidad de inversión ‘se gana o se pierde’. En este caso se perdió. La excusa que dan es (que fue) por la crisis, por la plaga, entre otros. Pero como auditor, viendo las irregularidades, soy escéptico”, sostiene.

En una de las explicaciones de las fuentes también se menciona el caso de una empresa que tras solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución del Impuesto a la Renta, cuyos valores anuales ascendieron a unos $400 mil, se desconoce el destino de ese dinero.

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Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene"Interventor y liquidador en funciones.

“Ellos indican que ese dinero es para capital de trabajo. Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene. Me di el gusto de revisar factura por factura, mes a mes, todo el año 2020, 22, 23 y 24. Ni una sola compra de activos. Nada. ¿Qué hicieron con el dinero? Y verá que estaba intervenida. ¿Qué quiere decir intervenida? Que no pueden mover el dinero si no hay la certeza de la compra”.

Los auditores, liquidadores y abogados entrevistados coinciden con una fuente de la Superintendencia de Compañías sobre la falta de capacidad de control de la entidad donde labora, uno de los problemas que tiene la ‘Super’, sin contar otras anomalías.

“La Superintendencia se ha convertido en un botín político. Y es un asunto sumamente delicado, pues ellos deciden a quién disuelven, a quién liquidan, a quién intervienen. Del mismo modo, a quién le levantan la disolución, le levantan la liquidación o le levantan la intervención”, expone el servidor público. Hasta el cierre de esta edición, el superintendente seguía sin atender un pedido de entrevista.

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Lo que debes saber: 

• En Unidad Educativa Eugenio Espejo se invierten $612.816 para reparar su sistema hidrosanitario en este plantel ubicado en Pusuquí.
• Estudiantes tuvieron clases virtuales en 2024, 2025 y 2026 por problemas de agua e infraestructura.
• Municipio de Quito proyecta $12,72 millones en 54 obras para planteles educativos entre 2023 y 2026.

Por años, algo cotidiano como ir al baño en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, en Pusuquí, se volvió un problema. Había días en los que las baterías sanitarias permanecían cerradas porque no había agua; otros en los que los estudiantes se encontraban con filtraciones, lavabos rotos o bombas que dejaban de funcionar. Esto provocó que las clases sean virtuales, algunos días durante 2024 y 2025.

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Este año lectivo 2026-2027 también comenzó de forma telemática para un grupo de alumnos. Esta vez, la razón fue otra: el mantenimiento integral del sistema hidrosanitario del plantel. En la obra, a cargo de Quimo Construcciones, se invierten $ 612.816,60 más IVA.

Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación, Recreación y Deporte del Municipio de Quito, explica que el problema tiene dos dimensiones. Por un lado, el colegio se levanta en una zona con limitaciones para el abastecimiento de agua, que, según dice, podrían mejorar con la planta de procesamiento de agua prevista para Calderón. Por otro, la infraestructura hidrosanitaria estaba deteriorada.

“La infraestructura estaba muy dañada. Las bombas se apagaban y se prendían; había que construir un nuevo cuarto para eso, cambiar todas las baterías sanitarias. No se le había dado mantenimiento desde hace nueve o 10 años”, detalla Cárdenas. En su inspección encontraron lavabos rotos y puertas sin aldabas.

Un estudiante de tercero de bachillerato, que pidió mantener su nombre en reserva, cuenta que desde que cursaba décimo de básica, con frecuencia había cortes de falta de agua y observaron filtraciones provocadas por tuberías dañadas. El año lectivo anterior, recuerda, hubo cerca de dos semanas de clases virtuales.

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También ha visto deteriorarse otros espacios. “A los compañeros que se graduaron de bachilleres les pidieron pintar todo el bloque. Sus padres lo hicieron. También deberían arreglar las canchas y el frente de la escuela”, apunta.

¿Qué problemas había en la escuela?

La edil Analía Ledesma, quien presidió la Comisión de Educación del Concejo Metropolitano, pidió explicaciones por las suspensiones de clases provocadas por los problemas de la institución desde noviembre de 2024. Ahora dice alegrarse por las mejoras.

“Las niñas efectivamente se me quejaban: no había agua, higiene”, recuerda.

Cárdenas admite que algunos padres expresaron su molestia por el inicio del año lectivo sin que la obra estuviera terminada. Explica que nunca estuvo previsto que concluyeran antes de septiembre.

“Salimos el 1 de julio a las vacaciones y la obra arrancó el 3. Tiene un plazo de tres meses. Tratamos de bajar el tiempo duplicando las jornadas”, sostiene. La intervención implicó, entre otras tareas, abrir patios con precaución para no afectar el sistema eléctrico.

Otras obras educativas en las que se ha invertido, en Quito

Los contratistas explicaron que los espejos serán colocados en los próximos días. Mientras tanto, las baterías sanitarias se habilitan poco a poco.

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La unidad educativa, ubicada en el Bicentenario, ¿para cuándo?

Este año, el Municipio prevé empezar a construir un nuevo espacio, en el parque Bicentenario, para acoger a la Unidad Educativa Humberto Mata Martínez, que hoy funciona en dos sedes, en El Inca y Zámbiza. 

El secretario Cárdenas dice que los profesores, en un mismo día, deben moverse entre los dos lugares. El plan es inaugurarla después del primer semestre del próximo año, para el siguiente periodo lectivo 2027-2028. En su primera fase tendrá capacidad para 440 estudiantes.

Otras inversiones se han hecho en la Unidad Municipal Guayllabamba. Se utilizó USD 1 millón en un nuevo bloque de aulas, biblioteca, techado del patio, cancha sintética y pintura, entre otras obras. 

En la escuela de Amaguaña, que tenía 210 estudiantes y un patio pequeño, también hubo intervenciones en infraestructura. En la Sucre, con 2.000 alumnos, la inversión prevista bordea los USD 1,5 millones.

Lo que debe saber

• Una operación irregular con bonos del Estado por más de $12 millones vuelve a encender las alarmas sobre los controles del mercado bursátil ecuatoriano.
• Una resolución de la Bolsa de Valores de Quito detalla transferencias no autorizadas, documentos presuntamente irregulares y sanciones a los involucrados.
• El caso ya es investigado por la Superintendencia de Compañías y la Fiscalía.

Una nueva transferencia irregular vuelve a sacar a flote la debilidad de control en el mercado bursátil ecuatoriano. Esta vez, por transferencias no autorizadas (de una casa de valores a otra) y la venta ilegal de bonos del Estado por un valor de $12’399.448,58, que estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).

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Las operaciones irregulares se ejecutaron el 25 de marzo de este año y el pasado 3 de septiembre de 2026 el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) resolvió el caso, en el marco de un proceso disciplinario que busca no dejar impune este hecho.

En una resolución de 31 páginas, a la que tuvo acceso EXPRESO, el comité disciplinario de la BVQ da pinceladas de esta nueva trama, cuya principal víctima sería la Concesionaria Norte (Conorte S.A.), propietaria de los $12,3 millones en bonos.

Estos, según se indica, habrían sido trasladados sin consentimiento ni firma formal desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores AndesCapital S.A., donde se habría habilitado una subcuenta sin la debida autorización para venderlos en el mercado y luego trasladarlos a un fondo de inversión administrado SMART-ONE, por reinversión en el mercado de valores , mediante el supuesto uso de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes.

Fue un reclamo de Conorte lo que encendió las alertas e impidió que el dinero siga su curso. Y que además, obligó a AndesCapital a devolver el capital sustraído, más los intereses devengados ($12’684.356,43), el pasado 2 de abril de 2026.

La Fiscalía y la Superintendencia investigan el hecho

El hecho, que según conoció este Diario ya se investiga en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y forjamiento de documentos digitales, motivó también que el comité disciplinario de la BVQ determinara una falta grave de diligencia e inobservancia de normas, que derivaron en una serie de medidas sancionatorias.

Entre las primeras decisiones adoptadas estuvo: 

EXPRESO intentó obtener una versión de representantes de AndesCapital, el BCE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pero hasta el cierre de esta edición aún se esperaba respuesta.

Bonos estatales desaparecen y revive la sombra del Isspol

El episodio recuerda el polémico atraco a los fondos de la Seguridad Social de la Policía (Isspol) en 2020, como resultado de omisiones de control de los dos depósitos centralizados de valores que existen en el país (Decevale y DCV), instancias llamadas a salvaguardar los títulos que se transan en el mercado bursátil.

No obstante, el exsuperintendente de Compañías, Marco López, aclara que la comparación debe hacerse con ciertos matices. En el caso del Isspol, explica, ya quedó comprobado que fueron malos funcionarios quienes utilizaron el Decevale (el depósito de valores de las bolsas de Guayaquil y Quito) como plataforma para desaparecer millonarios recursos de la entidad policial.

En este nuevo caso, dice, las investigaciones no solo deberán detallar el nivel de responsabilidad que tuvieron el operador y las casas de valores, sino también determinar si existieron omisiones de control por parte del DCV, un organismo que, según López, debió cerciorarse de alguna manera de que existió una compraventa entre casas de valores, más aún cuando se trata de montos importantes. “No sabemos si no se hizo, pero el DCV debió certificar y revisar que hubo la transacción”, dijo.

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En eso coincide otro experto del mercado, que prefiere mantener su nombre en reserva. Él recuerda que existe un Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024, que prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Por ello, añade, la Superintendencia debería revisar cualquier posible omisión, no solo del Depósito, sino también las eventuales fallas en las que pudo haber incurrido la bolsa en que se transó la operación. Para los expertos, si la transacción llegó a realizarse en bolsa, “se debe saber quién fue el operador, si estaba autorizado, a qué casa de valores pertenece y quién es el representante legal, porque las bolsas de valores son autorreguladoras de las casas de valores. Entonces, la bolsa también debió estar segura de quiénes realizaban la transacción”.

Si realmente se presentó al DCV documentos falsificados y esto nunca pasó por una bolsa de valores, las sanciones impuestas hasta ahora no son suficientes, agrega López.

Este Diario contactó a la bolsa quiteña para pedirle su versión, pero la entidad se excusó, “dado que el Comité de Vigilancia es un órgano en el que no tiene injerencia la administración de la BVQ y que dentro del proceso sancionatorio aún existen algunos puntos que faltan por definir”.

Falla estructural abona al problema

El año pasado, en el mercado bursátil se llegaron a negociar $2.376,7 millones. Eso representó un incremento del 92,5 %.

López recuerda que el Depósito Centralizado de Valores del BCE es quien tiene el monopolio de la custodia y materialización de los bonos, cuyas transacciones se hacen por fuera de las casas de valores, una condición que, dice, agrava la vulnerabilidad del sistema, sobre todo si se tratan de bonos externos. “El Estado nunca ha querido transar bonos en bolsas. No le gusta porque no le conviene la transparencia”.

Para López, el mercado tiene que repensar    el tema de si el Banco Central debe seguir teniendo un depósito centralizado, como    una simple dependencia del Banco Central del Ecuador o buscar la manera de fortalecer los controles.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a través de CNT.
• La firma italiana Dedalus y Google proveerán el software médico, la nube y la ciberseguridad.
• El proyecto durará siete años e interconectará 1.742 centros de salud pública en todo Ecuador.

El Ministerio de Salud de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar una plataforma de transformación digital en salud, bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El proceso, concretado a finales de agosto de 2026 mediante régimen especial en solo nueve días, incorpora la tecnología de la multinacional italiana Dedalus Group y la infraestructura de Google para interconectar 1.742 establecimientos sanitarios a escala nacional.

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Ecuador apuesta por Dedalus Group para modernizar la salud pública: este es el plan

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La alianza entre el Ministerio de Salud, CNT, Dedalus y Google

Tras el fallido y cuestionado intento de contratación de la startup HealthBird (fundada en 2021 y observada por su falta de experiencia), el Gobierno ecuatoriano retomó su plan de modernización hospitalaria. En esta ocasión, la apuesta recae en Dedalus Group, compañía de origen italiano con más de cuatro décadas de trayectoria en software sanitario y presencia internacional.

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El Ministerio de Salud optó por contratar a CNT mediante un régimen especial entre entidades del sector público, siendo la estatal de telecomunicaciones la única invitada. Según Ronald Spina, gerente general de CNT, este mecanismo se aplicó para agilizar los plazos administrativos. El proceso concluyó en nueve días entre su publicación en el Portal de Compras Públicas y su adjudicación definitiva.

La reunión en España y el primer acercamiento oficial

El vínculo entre el Estado ecuatoriano y la tecnológica europea se gestó meses antes de la convocatoria:

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Dedalus y HealthBird: la transparencia que debe acompañar al contrato de $240 millones

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Alcance de la plataforma y el rol de la historia clínica electrónica

El contrato establece el diseño e implementación de un sistema interoperable capaz de articularse con los equipos, aplicaciones y plataformas tecnológicas preexistentes en los centros de salud pública del país.

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El eje principal del proyecto comprende:

Red de establecimientos de salud priorizados

El plan de ejecución contempla un plazo de siete años y cubrirá un total de 1.742 establecimientos de salud pública, de las cuales destacan:

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Sistema Health Enterprise en Ecuador: la inversión de 240 millones para salud⁠

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Esquema financiero y distribución técnica entre Dedalus y Google

La ejecución global se estructura en tres componentes: plataforma integrada de información, infraestructura y conectividad. La primera fase abarca la planificación, diseño y operación transversal del sistema.

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Para la gestión de los recursos públicos, el contrato fija las siguientes condiciones:

Lo que debes saber

• De alcaldesa del PSC a candidata de ADN. Cynthia Viteri vuelve a poner la mira en la Alcaldía de Guayaquil, un cargo que ya ocupó entre 2019 y 2023.
• Su gestión estuvo marcada por la pandemia, aciertos en materia social y de bienestar animal, pero también por cuestionamientos e investigaciones previas.

Cynthia Viteri quiere volver a ocupar el Sillón de Olmedo. Esta vez no es por el movimiento político que la cobijó durante años, el Partido Social Cristiano (PSC), a pesar de que alguna vez dijo que podría “cambiar de marido, pero no de partido”. Finalmente, aquella promesa no se mantuvo y ahora busca regresar a la Alcaldía de Guayaquil bajo la bandera del oficialismo, ADN.

¿Pero cuáles son sus credenciales? Entre sus títulos de tercer nivel registrados en la Senescyt constan los de licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y abogada de los Tribunales y Juzgados, ambos obtenidos en la Universidad de Guayaquil y registrados el 27 de mayo de 2002.

Sus títulos y formación académica

En cuanto a sus estudios de cuarto nivel, consta un diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, registrado el 25 de octubre de 2005, y el título de doctora en Jurisprudencia, registrado el 7 de febrero de 2006.

En la consulta del Impuesto a la Renta disponible en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que Viteri registró un impuesto de $5.547 correspondiente a 2023 y de $7.552 en 2024. Para 2025, el registro muestra $0. El período fiscal 2026 se encuentra en curso.

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En los registros de la Superintendencia de Compañías, Viteri aparece como accionista de Baneden S. A. S., compañía ubicada en Vinces, provincia de Los Ríos. En el portal oficial también figura como administradora anterior de Agencia Latinoamericana de Prensa S. A. (A. L. P.), donde ocupó el cargo de presidenta. El registro señala que su participación en esa función terminó en octubre de 2002.

En cuanto a las declaraciones patrimoniales juradas de la Contraloría General del Estado, Viteri ha ocupado distintos cargos públicos.

Fue asambleísta nacional y, posteriormente, en el Municipio de Guayaquil se desempeñó como asesora de Gestión Comunitaria durante 2017 y 2018, en la administración de Jaime Nebot, quien después le dio la venia para que lidere la ciudad. Y fue así que entre 2019 y 2023 ocupó la Alcaldía de Guayaquil.

Con ella, el PSC cumplió 30 años como principal bastión político en Guayaquil, pero luego llegó Aquiles Álvarez, le ganó en las urnas y rompió esa hegemonía.

Cuatro años al frente de la Alcaldía de Guayaquil

La gestión de Viteri estuvo marcada por la llegada de la pandemia de covid-19, que puso a Guayaquil de rodillas y dejó un olor a muerte en las calles.

Aunque su administración también contó con gestiones valoradas favorablemente por la ciudadanía, como los programas sociales y de bienestar animal, las polémicas también salpicaron su periodo. En octubre de 2022, en los registros de noticias del delito relacionados con la entonces alcaldesa constaban investigaciones previas por presuntos delitos de peculado, delitos contra el agua, tráfico de influencias y obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

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En ese momento, la información disponible señalaba que los casos se encontraban en etapa de investigación previa, por lo que no implicaban una determinación de responsabilidad.

Desde hace poco, el 10 de julio de 2026, Viteri figura como denunciante en un caso relacionado con el presunto delito de difusión de información restringida.

¿Qué representa su regreso para Guayaquil?

La politóloga y analista política Andrea Endara considera que para entender este perfil de cara a las elecciones seccionales hay que separar las credenciales de quien tiene a sus espaldas una amplia trayectoria y, por lo tanto, conoce, dice, el teje y maneje de la política. Sin embargo, el hecho de que sea una exalcaldesa representa tanto pros como contras.

“Si es que ha hecho un buen estudio de cómo está hoy la institución, puede crear propuestas y tener planes listos para mejorar a Guayaquil. En contra está que ya estuvo y, de acuerdo con datos históricos y con cómo lo ve el ciudadano, es a partir de la Alcaldía de Viteri cuando Guayaquil comienza a decaer y a cambiar la imagen de ese modelo exitoso del cual el guayaquileño se sentía orgulloso”, evalúa.

Al hablar de si es o no una candidata idónea, la también académica reconoce que tiene experiencia, pero hasta no conocer su plan concreto y claro para recuperar la ciudad, prefiere no adelantar un análisis sobre si es o no idónea. Lo que sí deja claro es que al ser la candidata del Gobierno de Daniel Noboa, estará supeditada a los intereses de Carondelet.

“Y eso nuevamente tiene un pro y una contra, porque si bien es cierto tiene una llegada más directa, la contra es que está supeditada a esos intereses. Y en el caso de Guayaquil, que siempre ha estado contrapuesto al poder central, podría ser una atadura de manos”, añade.

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La experiencia como fortaleza y también como desafío

Mientras que bajo la lectura de Oswaldo Moreno, analista y consultor político, Cynthia Viteri tiene antecedentes como legisladora, alcaldesa y candidata presidencial, por lo que, para él, es una política profesional.

No obstante, también señala que durante su administración tuvo serios cuestionamientos, aunque también registró grandes aciertos. Uno de ellos, dice, es el Hospital Municipal Bicentenario.

“Ahora habría que ver cuánto le beneficia la candidatura a ella y cuánto le beneficia a ADN. Creo que más beneficio ha tenido ADN”, concluye.

Los puntos claves de esta historia

• Un grupo exclusivo de 21 personas -entre abogados, economistas y administradores- concentra cerca de 500 delegaciones de liquidación (300 entregadas en los últimos dos años bajo la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere).
• Exempleados y exdirectivos de las firmas intervenidas han alertado la dilatación de los expedientes y el manejo opaco de los activos liquidados. La Superintendencia de Compañías ha guardado silencio.
• Cientos de familias permanecen atrapadas en procesos tortuosos de quiebra sin fecha real de cobro, mientras la red de delegados sigue acumulando encargos oficiales y activos por rematar.

A medida que transcurría la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere como superintendente de Compañías, un grupo de abogados, ingenieros comerciales, economistas y administradores acumulaban centenas de liquidaciones, de las más de 1.500 que registra la entidad, según una revisión de Diario EXPRESO a los registros oficiales y disponibles, con corte al 9 de junio pasado.

Son 21 personas beneficiadas que suman medio millar de delegaciones (unos 300 encargos se entregaron en los últimos dos años), cuyo objetivo, en teoría, es liquidar las deudas de ese número de empresas a través de la venta de activos y el cobro de valores, en el menor tiempo posible.

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Entre esos encargos constan procesos de liquidaciones que han sido cuestionados por exempleados y exdirectivos de empresas, debido a que se han extendido en el tiempo y no se han pagado sus haberes, a diferencia de otro tipo de acreedores de los negocios, lo que supondría una falta a lo establecido en la norma.

Según el Código Civil, con el flujo que ingrese a las empresas liquidadas se debe pagar primero los costos de la liquidación (pago al liquidador y su equipo), los sueldos y liquidaciones de trabajadores, extrabajadores y jubilados. En la lista también constan los acreedores que posean bienes retenidos, instituciones públicas por concepto de impuestos y seguridad social, y luego la banca.

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También hay señalamientos de interventores y liquidadores que no son parte del grupo beneficiado, al haber sido reemplazados por la Superintendencia de Compañías pese a que, en ciertos casos, su trabajo marchaba sin anomalías o estaba casi por finalizar. Es decir que esos procesos de intervención o liquidación volvieron a cero, de acuerdo con los documentos que compartieron sobre sus remociones.

Entre los 21 liquidadores analizados, Elizabeth Jiménez es la más cercana a Cabezas-Klaere. Sobre ella pesan varias quejas de personas ligadas a la operación de empresas donde ha cumplido funciones como interventora o liquidadora.

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Elizabeth Jiménez, la liquidadora cercana al poder

Tejidos Pintex, firma relacionada con la vicepresidenta María José Pinto González-Artigas, es una de las empresas donde Jiménez es liquidadora.

Desde el 28 de enero de 2025 las riendas de la compañía pasaron a manos de la abogada, quien tiene entre sus tareas pendientes vender tres terrenos cuyos avalúos catastrales suman unos $15 millones, según los documentos.

La venta de esos bienes se ha convertido en la principal preocupación de los extrabajadores, jubilados y otros acreedores, ante la falta de información sobre las acciones de la liquidadora, según Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)"Carlos Guevara, presidente de la Asociación de Jubilados de la empresa Pintex.

“El temor es que se venda a espaldas de nosotros. La última reunión con la liquidadora la hemos tenido el 6 de julio de 2025. De ahí le he estado enviando mensajes, haciéndole llamadas, pero nunca contesta. La última vez que me contestó me dijo que ya no quería saber nada de mí porque yo estoy con los abogados (asesorándome)”, señala Guevara, quien representa a 90 jubilados aproximadamente, que esperan el pago de su jubilación patronal.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista a Jiménez, a través de varios correos electrónicos que constan en los registros de las empresas donde es liquidadora y del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), en la que registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta.

Carol Ochoa también trabajó en Tejidos Pintex, como secretaria de gerencia. Ella ha cuestionado públicamente la administración pasada y actual de la compañía. En su cuenta de X se ha preguntado sobre el destino de los valores que Pintex recibe de los alquileres de los terrenos y ha pedido a Cabezas-Klaere que fiscalice lo actuado por Jiménez.

Sus reclamos tienen origen desde hace cinco años. Ella relata que durante la difícil situación económica que atravesaba la compañía, varios trabajadores y familiares, incluido su esposo, prestaron dinero a la empresa, ante un pedido del gerente de turno. Afirma que esa persona le ofreció la devolución de los valores con la venta de los terrenos.

“Apenas entró a liquidación, a esta señora le envié una carta para pedir una cita para hablar de mi acreencia. La tipa no puso ni ‘buenas tardes’ en la contestación. Nunca me ha dado una audiencia. He escrito decenas de correos electrónicos. Hemos puesto varios pedidos de remoción de la liquidadora”, comenta Ochoa, quien asegura que la liquidadora ha vetado su ingreso a reuniones de acreedores.

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Además de la liquidación de Pintex, Jiménez tiene otras catorce delegaciones (con corte al 14 de agosto), tres más de las que registraba hasta el 9 de junio pasado. Todos los nombramientos han sido entregados en la administración de Cabezas-Klaere, quien no ha atendido un pedido de entrevista de EXPRESO desde inicios de este mes.

Tampoco hay una respuesta concreta del pedido de información a la ‘Super’ que este Diario gestionó a través del Portal Nacional de Transparencia, para conocer la nómina o plantilla del banco de profesionales disponibles para esas funciones, por ejemplo.

Las denuncias en contra de Jiménez, Pinto y su esposo

Este Diario conoció que el 5 de agosto pasado extrabajadores de Tejidos Pintex presentaron una denuncia ante la Fiscalía, por el presunto delito de asociación ilícita en contra de Elizabeth Jiménez y otras veintitrés personas naturales y jurídicas, que incluyen a directivos, exdirectivos y accionistas de la compañía, como Juan Fernando Mera Saa, esposo de la vicepresidenta Pinto González-Artigas, quien fue presidente de la firma en 2019, por dos años.

De acuerdo con los datos conocidos, en la denuncia también se menciona a la compañía Redruf S. A., accionista de Tejidos Pintex. En esta empresa, cuya actividad económica es la recopilación de datos, consta Mera Saa como gerente y Pinto González-Artigas como accionista.

Según la información referida, los extrabajadores piden a la Fiscalía que investigue a las personas citadas. También enlistan elementos e indicios, y relatan hechos que sustentan la denuncia, como la constitución de un presunto fideicomiso fraudulento, la presunta utilización de testaferros para el cobro de recursos, la presunta insolvencia fraudulenta, la presunta elaboración de actas societarias que no corresponderían a la voluntad real de los socios o el presunto incumplimiento de órdenes de autoridad judicial.

Esta es la denuncia más reciente que pesa sobre la liquidadora de confianza de Cabezas-Klaere. El 23 de julio anterior, en cambio, Richard Aldaz Jácome, accionista de la empresa Servicios Drilling Technologies Cía. Ltda. (SDT), que se dedica a la actividad petrolera y cuya sede está en Quito, denunció a la abogada guayaquileña por “perjurio”.

Aldaz explica, con documentos en mano, que desde hace tres años se realizaba sin problemas la liquidación de SDT, pero que, de forma imprevista, el 27 de octubre de 2025 la ‘Super’ de Compañías reemplazó al liquidador. A su criterio, el cambio no tenía justificación, ya que el administrador había conseguido convenios de pago con la mayoría de acreedores, tras ejecutar acciones para cobrar de a poco los $20 millones de deudas. Eso, afirma Aldaz, se trastocó con Elizabeth Jiménez.

“No ha habido un avance, no sabemos lo que está haciendo. Tampoco ha presentado algún informe a los socios. No ha convocado a una junta como se lo hemos pedido. Hace caso omiso”, sostiene Aldaz.

A esa situación se sumó una disputa legal entre SDT y una de sus acreedoras, Diteecs S. A., por la diferencia en un valor que esta última buscaba cobrar a la empresa de Aldaz, que también terminó siendo administrada por Jiménez (2026).

“Sin embargo, vemos que le nombraron liquidadora a esta señora de la compañía Diteecs S. A. Cuando un liquidador acepta el cargo, firma bajo juramento que no tiene ningún tipo de conflicto de interés para aceptar ese cargo de liquidación. Ella sabía que Diteecs S. A. es parte de los acreedores de SDT y la ley es clara”.

Aldaz menciona el Reglamento sobre Disolución, Liquidación, Cancelación y Reactivación de Compañías Nacionales: “No podrán ser liquidadores quienes no tengan capacidad civil, ni los acreedores o deudores de la compañía, ni los representantes de estos (...)”. Añade que “lo que va a pasar ahí es que si la señora es liquidadora de Diteecs S. A. y liquidadora de SDT, van a decir: ‘Le debemos a Diteecs S. A. $2 millones, $3 millones’, lo que ellos quieran van a poner”.

El empresario recuerda que presentó varios escritos a la ‘Super’ y que se reunió con Cabezas-Klaere en Guayaquil, pero las cosas no cambiaron. “El superintendente Cabezas nos dijo de frente que ella es de su confianza y que él la va a mantener ahí”, asevera Aldaz, quien lamenta que el Instituto de Seguridad Social de la Policía haya iniciado un proceso de coactiva contra SDT ante la interrupción de los pagos.

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El esquema que se repite entre decenas de liquidaciones

Roberth Torres es otro liquidador que ha concentrado encargos en la administración de Cabezas-Klaere. Desde el 19 de diciembre de 2024 al 9 de junio pasado, su nombre registraba 34 liquidaciones. Al 14 de agosto se cuantificaban 41, según los registros de una base de datos a la que este Diario tuvo acceso.

Liquidadores que han cuestionado la suerte de favoritismo para ciertos colegas (y que han pedido el anonimato para evitar represalias de la ‘Super’) aseguran que administrar ese número de empresas es humanamente imposible, por la complejidad de las tareas y seguimientos que se deben realizar para cobrar deudas, pagar a los acreedores, atender juicios, entre otras situaciones que se viven dentro de las compañías que experimentan problemas.

En el análisis a los registros de la ‘Super’ de Compañías y en la consulta de fuentes humanas y documentales, este Diario también evidenció en el caso de Torres un esquema similar al de Jiménez.

Entre las empresas que ha administrado el contador público y auditor constan Molsando Molinos Santo Domingo S. A. y Extractora San Daniel Cía. Ltda. (hace varias semanas pasaron a manos de otros liquidadores), que operan en Santo Domingo de los Tsáchilas. Una fuente que conoció directamente la operación de esta primera empresa le cuenta a EXPRESO los riesgos presentes por un “conflicto de intereses”.

Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo"Fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. 

“Le asignaron las dos empresas. Entonces, él era juez y parte en esas compañías. Por ética, él no debió haber aceptado. Si tiene que cobrar a la una, se tiene que demandar a él mismo”, expone la fuente, que se ha desempeñado como interventor y liquidador. Esta persona pidió la reserva de su identidad.

EXPRESO le solicitó una entrevista a Torres, a través de los correos electrónicos que registran las decenas de empresas que administra.

“Agradezco la consideración al respecto, pero debo comentarle que me encuentro de viaje. Una vez que regrese socializaré este particular con el ente de control y les haré conocer la respuesta”, contestó Torres.

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La fuente también cita otro patrón que conoció al revisar los estados financieros. “Ahí viene la contabilidad creativa: sacan dinero de Molsando como inversión a largo plazo, entregan a San Daniel, o a su vez Molsando pagaba deudas de San Daniel”.

Héctor, interventor y liquidador con más de diez años de experiencia, también confirma las anomalías que registran los movimientos de esas empresas (una de ellas es investigada por presuntos delitos de estafa y defraudación bursátil). Y coincide con las voces de sus colegas sobre el supuesto favoritismo en las asignaciones y cálculo de honorarios, como le ocurrió en la intervención de una empresa de la Sierra que ya había tenido dos interventoras.

“Una interventora ganaba $1.500 más IVA. La otra interventora ganaba en total $1,700 incluido el IVA. Oh sorpresa, llego yo, que me ponen en la intervención, con las mismas horas, el mismo gerente, todo igualito, porque es la misma empresa, todo igual. Fui en lugar de la otra interventora, ¿y sabe cuánto me pusieron por mis honorarios? $1.000. Sí, $1.000 más IVA. Ellas vivían en esa provincia. Y a mí me toca viajar, porque no soy de esa provincia”, señala Héctor.

Aclaración

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su rector ing. Walter Mera, solicitó la siguiente precisión: "Se indica que trataron de contactar a la Ab. Elizabeth Jiménez Franco a través del correo institucional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde registra la función de directora encargada del Sistema de Educación a Distancia. Al respecto debo indicarles que la Ab. Jiménez dejó de ser directora de dicha unidad el 31 de mayo del año 2022 y, que desde el 30 de junio del presente año no mantiene relación laboral con nuestra institución".  

Lo que debes saber

• ODJ alertó en 2026 sobre hostigamiento a jueces en Ecuador por fallos en casos políticos.
• Jueces y abogados enfrentaron sanciones e investigaciones tras decisiones de alto impacto político.
• El informe vincula estas acciones con riesgos para la independencia judicial en Ecuador.

Si se cree que la peor pesadilla es tener un sistema de justicia donde jueces y abogados obedecen órdenes de los políticos en el poder es porque se desconoce un sistema aún peor: el de los jueces y tribunales que actúan por miedo. Es decir, fallan dándole razón al poder no porque hayan recibido órdenes expresas, sino por miedo a contradecir la voluntad del gobierno en los casos políticamente sensibles. ¿Y miedo a qué? A ser castigados, despedidos o desprestigiados. Pues bien, esa pesadilla es la que está viviendo el Ecuador.

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Lo dice el informe del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) sobre el hostigamiento a jueces y abogados, que habla de un “patrón sistemático” de hostigamiento y persecución que se desencadena cuando jueces y abogados intervienen en procesos de alto impacto político.

Porque cuando un juez ve que sus colegas son denunciados penalmente, investigados, suspendidos o amenazados con la destitución después de dictar una resolución contraria a los intereses del poder político, aprende una lección. No necesita recibir una llamada. No necesita que alguien le diga qué sentencia debe firmar. El mensaje ya está allí.

El caso Goleada y las sanciones contra jueces

El caso Goleada es un ejemplo brutal. Los jueces Byron Uzcátegui, Wiler Chóez y Silvana Velasco revocaron la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, sus hermanos y otros procesados, porque consideraron que no existían elementos de convicción suficientes. Después llegaron las denuncias por prevaricato, las recusaciones promovidas por el fiscal general y el proceso administrativo por supuesto “error inexcusable”. En julio fueron suspendidos 90 días sin sueldo y en septiembre la Dirección de Control Disciplinario de la Judicatura recomendó su destitución.

Pero el caso tiene un episodio todavía más perturbador. El conjuez nacional Javier de la Cadena emitió un voto salvado en el que sostuvo que los jueces no habían cometido infracción alguna al revisar y levantar la prisión preventiva. Trece días después, el Consejo de la Judicatura terminó su designación temporal en la Corte Nacional y ordenó su regreso a la Corte Provincial de Imbabura.

¿Hace falta decirles algo a los demás jueces después de eso? No, porque aquí hay un mensaje clarísimo: fallas en contra de mis intereses y estás tostado.

Justicia

Caso Goleada y otros procesos: las alertas sobre la independencia judicial en Ecuador

Rosero Mariela

Un mensaje explícito desde el Ejecutivo

Pero hay un caso que el informe encuentra aún más explícito, porque el mensaje dejó de ser implícito y fue pronunciado por un ministro del Gobierno. En julio, la Fiscalía allanó las oficinas y domicilios de tres jueces nacionales, investigados por presunto cohecho. La investigación se originó, según el informe, en el testimonio de un exfuncionario judicial condenado por corrupción que dijo haber conocido de un supuesto pago a cambio de una sentencia.

Horas después, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo algo que debería provocar escalofríos en cualquier democracia: “No son intocables. O se enderezan y se corrigen o van a terminar presos”.

El problema no es solamente la investigación contra esos tres jueces. Una investigación por corrupción puede ser perfectamente legítima y necesaria. Lo verdaderamente grave es que un alto funcionario del Ejecutivo haya explicado los allanamientos en términos de un mensaje dirigido al resto de jueces: hay que “enderezarse” y “corregirse” o terminarán presos.

El propio ODJ considera que esa declaración tiene un inequívoco objetivo intimidatorio y disciplinador sobre los operadores de justicia que conocen casos de interés político.

El caso de la jueza Daniela Ayala

Y el patrón no termina allí. Está el caso de la jueza Daniela Ayala, quien en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio dictó prisión preventiva contra Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, pero no contra José Serrano y Xavier Jordán, porque consideró que la Fiscalía no había demostrado de manera suficiente la necesidad de esa medida.

La jueza incluso cuestionó durante la audiencia deficiencias técnicas de la Fiscalía. ¿Qué pasó luego? El 21 de mayo de 2026 se destituyó a la jueza Ayala.

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La presión también alcanza a los abogados

El régimen de terror no es únicamente con jueces, sino también con los abogados. Existe una tendencia de hostigamiento contra abogados que patrocinan casos de alto perfil político o que hacen críticas públicas sobre el sistema de justicia. Las formas de presión van, según ODJ, desde amenazas de investigaciones por lavado de activos hasta acoso tributario.

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El abogado Eduardo Carmigniani es uno de los casos más llamativos. ODJ sostiene que desde 2025 Gráficos Nacionales (GRANASA), editora de EXPRESO y EXTRA, ha enfrentado acciones coordinadas de distintas instituciones estatales, entre ellas Fiscalía y Superintendencia de Compañías, que habrían buscado obtener una participación accionaria de la empresa y alterar la línea editorial de sus publicaciones.

Carmigniani, además, fue condenado en agosto a seis meses de prisión por calumnia y posteriormente sentenciado por complicidad en un caso de cohecho relacionado con Sinohydro.

El otro caso es el de Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez en los procesos Triple A, Goleada y Grillete. En julio fue notificado del inicio de una investigación fiscal por presunta obstrucción a la justicia, a raíz de publicaciones que había hecho en X sobre el avance de los procesos contra su cliente.

Un mensaje que, según el informe, trasciende los casos individuales

El mensaje es contundente: juez que falla contra el poder, juez investigado; juez que defiende al colega sancionado, juez apartado; abogado que defiende al adversario político, abogado investigado; abogado que critica al sistema, abogado perseguido.

¿Hace falta una orden presidencial para controlar una Función Judicial en esas condiciones? Probablemente no.

Lo que debes saber

• ALFE agrupa a 16 empresas farmacéuticas ecuatorianas.
• El gremio cuenta con 13 plantas para la producción de medicamentos.
• La industria nacional busca ampliar su participación en el abastecimiento público.

La industria farmacéutica ecuatoriana busca tener un mayor espacio en la innovación y en el abastecimiento de medicamentos para el sector público. María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE, analiza con EXPRESO las oportunidades del sector y las condiciones necesarias para fortalecer la participación de los laboratorios nacionales.

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- ¿Cuál es hoy el principal reto que tiene Ecuador para avanzar en innovación farmacéutica y tecnológica?

- Desde ALFE pensamos que el principal reto es la conversación. Es justamente lo que desde el gremio estamos provocando: sentarnos, escuchar nuevas ideas, conversar sobre ellas y, una vez que planifiquemos, llevarlas a la acción. Creo que tenemos la intención, pero no la concretamos en acciones, y ese es el trabajo que debemos hacer. Hoy estamos hablando de que todas las tecnologías convivan de la mano en Ecuador y en todos los países.

- ¿Cómo cuáles?

- Innovadores, genéricos, biosimilares u otras tecnologías deben complementarse para que el paciente reciba un tratamiento adecuado y cubra todas sus necesidades. Entonces, creo que esta conversación entre la misma industria y todos los actores de la salud es muy importante.

- ¿Qué tan rezagado está Ecuador frente a otros países de la región en materia de investigación, desarrollo e innovación farmacéutica?

Tenemos oportunidades en temas regulatorios. Un registro sale mucho más rápido aquí que en otros países. Tenemos algunas cosas en las que vamos adelante, que están adelantadas. Hay otras en las que hay que trabajar.

- ¿Cuál es la diferencia de tiempo?

- La diferencia es de años. Aquí puede tomarte seis meses. En Brasil, por ejemplo, toma entre cuatro y cinco años.

Necesitamos tener una industria fuerte para que, cuando haya una pandemia, tengamos todo lo necesario.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Y en qué tiene que trabajar Ecuador?

- Vemos que el Gobierno está trabajando en esta nueva empresa, AIL EP (Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud). Creo que le va a deslindar de muchas responsabilidades más administrativas al Ministerio (de Salud). Desde la industria tenemos que trabajar también en estos espacios para que se pueda traer innovación, pero la innovación no solo son medicamentos, sino también trabajar en los procesos. Ahí entra la autoridad y ahora, como nunca, vemos que está muy abierta, está trabajando de la mano. Antes se tenía mucho miedo de acercarnos a la autoridad.

- ¿Qué procesos hay que trabajar?

- Hay muchísimos. Cuando está entrando la innovación, tal vez el acceso es un poco más complicado.

- ¿Cómo?

- Por ejemplo, cuando no hay un medicamento, se requiere tiempo para analizarlo. En eso tenemos que avanzar, sin descuidar la calidad y la rigurosidad. Como industria, también debemos empaparnos de la innovación que hay afuera. La academia tiene que hacer más estudios clínicos, porque hay pocos. Todos tenemos que trabajar y adoptar las buenas prácticas de otros países.

- ¿Qué buenas prácticas hay que traer de otros países a Ecuador?

- Hay agencias de regulación de otros países de las que debemos aprender. La autoridad de salud nos comentaba que va a firmar acuerdos con otras agencias para conocer y adoptar esas experiencias. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad. Pero hay que tomar las buenas prácticas de cada país y tratar de adaptarlas al nuestro. Como usted sabe, uno de los principales problemas del sistema público es la falta de medicamentos.

Tenemos muchas regulaciones. Creo que, más que seguir generando normas, tenemos que cumplirlas.María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de ALFE

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- ¿Qué está fallando en la cadena de abastecimiento de medicinas en el sector público?

- Todos sabemos que hay ciertos procesos que no funcionan desde hace mucho tiempo. No vienen desde este Gobierno. Con buena cara veo esta iniciativa de crear AIL EP. Démosle tiempo.

- ¿Qué tiempo?

- Tal vez unos seis meses. Veamos cómo se realizan las compras.

- ¿Los laboratorios ecuatorianos pueden proveer los medicamentos?

- Nosotros podemos proveer aproximadamente entre el 20 % y el 30 % de muchos medicamentos. Por supuesto, queremos trabajar con el Gobierno. Si hay la necesidad de crear aquí otros productos y elaborarlos, podemos hacerlo. Tenemos 13 plantas dentro de las 16 empresas (que conforman ALFE). Somos bastantes y contamos con esas capacidades.

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- ¿Ha sido fácil para las empresas ecuatorianas competir en el mercado de compras públicas? ¿O qué necesita cambiar para que haya una mejor experiencia?

- Algunas de nuestras empresas participan y otras no. Es un porcentaje bajo, aproximadamente el 5 %.

- ¿Y eso por qué?

- Por decisiones de negocio, nada más.

- ¿No es conveniente?

- Justamente queremos conversar para que sea conveniente y para que nosotros podamos aportar a todas las necesidades del Estado.

- ¿Qué necesitan para trabajar con el Estado?

- Que se cumplan los pagos. Si nos compran medicamentos, que en efecto se pague y que haya transparencia.

EXPRESO visitó los parques infantiles de Los Eucaliptos, Riveras del Tomebamba, Las Retamas Altas, Ciudadela Pamplona y el parque El Recreo y pudo constatar el mal estado en el que se encuentra principalmente su infraestructura, como juegos infantiles, bebederos de agua, piletas, canchas y las jardineras.

En estos espacios, los niños se han acostumbrado a jugar entre cuerdas arrancadas, juegos oxidados y rotos, columpios sostenidos por cables añadidos y canchas deterioradas con arcos y aros destruidos.

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Preocupación ciudadana

Los vecinos del parque de Los Eucaliptos, en el norte de la ciudad, expresaron su malestar ante la falta de mantenimiento de los juegos. Aseguran que esto ha provocado que el deterioro se acelere y que algunos espacios queden reducidos a latas oxidadas y rotas.

Juan Carlos Pazmiño cuenta que trae seguido a sus hijos a que disfruten del espacio verde que existe en este lugar, con las camineras y rutas que ofrece a orillas del río Tomebamba; sin embargo, le apena el deterioro de los juegos infantiles y asegura que muchos representan un riesgo para los pequeños. “Las cuerdas de este juego están podridas, algunas están sujetadas con nudos improvisados. Ya se han registrado caídas”, comentó.

En la parroquia Totoracocha, en la ciudadela Las Retamas Altas, también el abandono se ha hecho presente. La infraestructura del aro de básquet lleva meses a un costado del parque, rodeada de una cinta amarilla que alerta peligro. Vecinos del sector señalaron que los fines de semana los niños juegan incluso sobre la estructura metálica.

Y la realidad de los espacios infantiles ubicados en el sur de la ciudad es similar. El parque Pamplona y el parque El Recreo llevan varios meses a la espera de ser atendidos para que los juegos sean repuestos.

El espacio que peor se encuentra es el Pamplona. El juego de madera está sin piso y los menores que desean utilizar el tobogán deben hacer malabares, un ejercicio de equilibrio para llegar al mismo. En la cancha de uso múltiple, los cerramientos están rotos y no evitan que los balones de los menores vayan hacia la calle.

En este lugar, la basura también es un problema. Vecinos del sector se quejan de la falta de educación de los propietarios de las mascotas que los sacan y no recogen sus desechos.

En el parque El Recreo, la infraestructura de la tarabita está inservible, mientras que el carrusel no cuenta con uno de los tubos de seguridad. De igual forma, las cuerdas de escalada están rotas y otras remendadas de forma improvisada para permitir que los pequeños puedan hacer uso del juego de una forma medianamente segura.

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Recaudación poco efectiva 

Ante la problemática generalizada, desde la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC EP) se tiene lista una consultoría para solventar el problema de la recaudación de tasas municipales para incrementar el ingreso.

Nelson Díaz, jefe del departamento de Áreas Verdes de la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC EP), reconoció que en el último año al menos el 60% de los parques no han recibido el adecuado mantenimiento y apuntó que el problema radica en la pérdida gradual de la capacidad de recaudación que tiene la empresa en la actualidad.

“La principal dificultad es presupuestaria: la reducción de los ingresos de la tasa de recolección de basura, que se dejó de cobrar en la planilla de energía eléctrica, y la caída de la tasa de áreas verdes han afectado la capacidad de la empresa para atender todos sus servicios”, dijo.

Explicó, por ejemplo, que la tasa de mantenimiento de áreas verdes se continúa cobrando a través de la planilla del servicio de telefonía fija, “este es un mecanismo cuya recaudación ha disminuido considerablemente debido al mínimo uso de este servicio”.

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Actualmente, la EMAC EP maneja un presupuesto de 2 millones de dólares que deben ser invertidos en 480 hectáreas de áreas verdes públicas; dentro de estas se contabilizan 280 parques.

Consultoría y nuevo ordenanza 

El funcionario aseguró que este presupuesto resulta insuficiente, dado que el mantenimiento no se limita a cortar el césped: incluye jardinería, control fitosanitario, poda y retiro de árboles en riesgo, mantenimiento de juegos y mobiliario, piletas, sistemas de riego, administración de infraestructura y otros servicios. “Solo en mantenimiento preventivo del mobiliario se puede llegar a invertir unos 200.000 dólares”, subrayó Díaz.

Ante la problemática que se agudiza cada vez más, el funcionario de la EMAC EP dio a conocer que está lista una consultoría con la que entrará en marcha la socialización de una propuesta de ordenanza para actualizar las formas de recaudación de las tasas municipales.

Adelantó que el estudio ha establecido que la empresa requiere un presupuesto de 7 millones de dólares para garantizar la intervención de las áreas verdes públicas de la ciudad, entre ellas los parques. “Está lista la consultoría, la presentaremos en los próximos días ante el directorio y luego la ingresaremos al Concejo Cantonal para su respectivo debate y aprobación”, puntualizó, sin detallar fechas exactas para que estos cambios pretendidos entren en vigencia.

Las claves de los casos

• La Corte Nacional de Justicia tramita unos 50 procesos de extradición de ecuatorianos.
• Entre los casos están Daniel Salcedo, requerido por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.
• El caso de Nain Massuh evidencia, además, los tropiezos que enfrenta Ecuador en estos procesos.

La extradición de ecuatorianos al extranjero se ha convertido en una herramienta central de la política del gobierno contra la impunidad y para desarticular las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Hoy, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia tramita alrededor de 50 procesos de extradición. Uno de los últimos corresponde a Daniel Salcedo Bonilla, procesado por su participación en el crimen del excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio.

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Daniel Salcedo acepta ser extraditado a Estados Unidos tras cambiar de postura

Flor Layedra Torres

En el momento que Salcedo salga del país, el juicio en su contra por asesinato quedará suspendido hasta que sea retornado y comparezca ante los tribunales ecuatorianos.

Daniel Salcedo es requerido por la justicia de Estados Unidos por cinco cargos criminales sustentados en envíos de cocaína, acopio de armamento pesado y esquemas avanzados de lavado de activos mediante criptomonedas. Las autoridades norteamericanas ubican a Salcedo como una pieza clave dentro del entramado operativo y financiero de organizaciones transnacionales.

La acusación en EE.UU. contra Salcedo

Según la acusación estadounidense, Salcedo coordinó en febrero de 2026 el traslado de un cargamento de 15 kilogramos de cocaína con destino a Miami, mientras permanecía recluido en la Cárcel 4 de Quito. La investigación señala que la estructura delictiva utilizó ametralladoras y armas automáticas para resguardar el almacenamiento, la logística y el transporte de las drogas hacia Norteamérica.

En el plano financiero, los fiscales norteamericanos identificaron el uso de bitcoins y otras criptomonedas para blanquear millones de dólares provenientes de la venta de drogas.

Para dar soporte y apariencia legal a este flujo de capitales, Salcedo constituyó al menos tres empresas en Estados Unidos, entre ellas Kasaone Holding Inc. y Paramount 2706 LLC, y adquirió bienes inmuebles de lujo en Miami por un valor de $ 1,5 millones.

Si bien el caso de Salcedo es solo uno de los siete procesos de extradición que ha solicitado Estados Unidos, en el plano político esta nación es una de los principales aliados estratégicos de Ecuador en la lucha contra la delincuencia transnacional.

Chile, otro aliado

Además de esa nación, Chile se posesiona como otro de los aliados regionales clave en el mapa de la extradición. Actualmente la Corte Nacional tramita el proceso contra Arnol Johao Cantillo Vargas, ecuatoriano requerido por las autoridades chilenas por delitos cometidos en ese país.

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Los hechos que motivan la solicitud ocurrieron el 22 de febrero de 2026. Según la investigación chilena, Cantillo atacó con un arma blanca a su conviviente y, cuando el hijo de la mujer intervino para defenderla, le propinó una puñalada por la espalda que le ocasionó la muerte. 

La mujer sobrevivió, por lo que la Fiscalía de Chile imputa a Cantillo los delitos de femicidio frustrado y homicidio calificado consumado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó de Chile, lo que activó una notificación roja de interpol para su localización internacional. Cuatro meses después, el 24 de junio de 2026, la Policía Nacional de lo capturó en Yaguachi, en Guayas.

“Cada vez que solicitan a un criminal, Ecuador hace la gestión para entregar lo más pronto posible y esperamos lo mismo de otros países”, dijo el ministro del Interior John Reimberg, lo que da muestra de la política sobre la cooperación internacional.

El caso de Massuh

Sin embargo, el uso de la extradición como pilar de la política contra la impunidad también registra episodios de controversia e reveses judiciales.

La Corte Nacional de Justicia resolvió archivar el trámite de extradición activa en contra de Nain Massuh, uno de los procesados clave en el denominado caso Encuentro, trama que investiga presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada en las empresas públicas del sector eléctrico.

Massuh, quien permanecía en Colombia mientras la justicia ecuatoriana requería su comparecencia, quedó eximido del proceso de repatriación forzosa por fallas en el trámite de notificación roja de Interpol.

Un juez de la extinta Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Vinculados con Corrupción y Delincuencia Organizada ordenó que se abra una investigación para determinar las actuaciones, presuntas irregularidades o responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la Policía o de la Fiscalía que intervinieron en el trámite, pero que durante la presentación de la documentación se estancó desde 2024. Como resultado, el juicio para Massuh está suspendido hasta que regrese al país.