Lo que se sabe

• La ciclovía fue implementada en la pandemia de coronavirus
• Por obras de reasfaltado se retiró un tramo, mientras el resto del carril exclusivo sigue descuidado
• Un activista y una experta en seguridad vial cuestionan que se retire la infraestructura en lugar de ampliarla

Los tramos de ciclovía siguen desapareciendo en Guayaquil. La cicloinfraestructura que se implementó en época de la pandemia no recibió mantenimiento desde entonces y ahora incluso se va eliminando.

Guayaquil

Pacificar vías está pendiente para reducir los siniestros en Guayaquil

Juan Pablo Pérez Tomalá

El caso más reciente ocurrió en la intersección de las avenidas Barcelona y José María Velasco Ibarra, entre el puente que conduce a la calle 17 y la ciudadela Bellavista.

Aquí empezaba la ciclovía que conectaba ambas arterias, cuyos tramos fueron eliminados sobre el lado de la avenida Velasco Ibarra

Una capa de asfalto borró tramos de la ciclovía que, pese a carecer de segregación adecuada para evitar su invasión y proteger a los biciusuarios, era utilizada por quienes circulan en bicicleta y vehículos de micromovilidad en esta zona del noroeste de Guayaquil.

De la cicloinfraestructura solo permanece la señalética vertical y los semáforos para peatones y ciclistas, que aún funcionan. Tienen un sistema que detecta cuando alguien en bicicleta pasa cerca, así como un botón para los transeúntes, opciones que provocan el cambio de luz del semáforo y dan aproximadamente 20 segundos para cruzar la calle.

Guayaquil

Cicloparqueos en Guayaquil siguen en una senda de robos e irrespeto

Juan Pablo Pérez Tomalá

Ciclovía de una cuadra quedó en ciudadela Bellavista

Sobre la avenida Velasco Ibarra, que conduce a la ciudadela Bellavista, solamente quedó un tramo de ciclovía que se extiende por apenas una cuadra, junto al parque ubicado diagonal al monumento al expresidente de la República que da nombre a esta vía.

Esta ciclovía de una cuadra es la muestra de que la falta de segregación adecuada y el irrespeto de ciertos conductores no impiden que los biciusuarios se movilicen con riesgo, pese a que están en su carril exclusivo.

EXPRESO constató cómo los conductores de motos y autos invaden el espacio (incluso a pesar de que hay ciclistas circulando) y utilizan la ciclovía como atajo para evitar la columna de vehículos que esperan el cambio de luz del semáforo.

Guayaquil

Nueva ciclovía se planifica en Guayaquil, mientras la existente sigue abandonada

Juan Pablo Pérez Tomalá

En otros tramos de la ciclovía, de lo que aún queda, por el lado de la avenida Barcelona hay vegetación que ha crecido sobre uno de los dos carriles de este tramo exclusivo, lo que reduce el espacio para la circulación de bicicletas.

A esto se suma que la ciclovía es utilizada por los conductores como parqueo, pese a la señalética que lo prohíbe. En esta vía de movilidad activa incluso estacionan motos, al pie de un taller mecánico, para repararlas.

Guayaquil

Peatones y vehículos: El debate sobre la movilidad en Guayaquil

Juan Pablo Pérez Tomalá

Mesa de Movilidad sigue suspendida en Guayaquil

Ese constante irrespeto y la falta de mantenimiento han sido registrados por EXPRESO, durante los últimos años, en varios puntos de los 21 kilómetros de ciclovía que construyó la administración de Cynthia Viteri, en el centro, norte y sur de la ciudad, de un total de 100 kilómetros ofrecidos.

“Con el pretexto de que se va a arreglar la calle, la destruyen y ya no la vuelven a construir”, cuestiona el activista Álex Moreno, miembro del colectivo Masa Crítica Guayaquil.

Como representante de esta agrupación, él participó en la construcción de esta ciclovía, durante la pandemia, desde la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS), órgano que está suspendido.

La MMUS es un “ente de coordinación y un espacio de concertación que busca promover e impulsar el uso de transporte de bicicletas y vehículos de micromovilidad”.

Así lo establece el artículo 14 de la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad, que recientemente cumplió seis años.

Guayaquil

Mesa de Movilidad de Guayaquil con nuevo presidente: reto es atender a diversas voces

Juan Pablo Pérez Tomalá

“No dicen nada, es eso. Es mantener lo que ellos creen con base en su planificación, sin consultarle a la ciudadanía”, dice Moreno en relación a la falta de funcionamiento de la MMUS para comunicar los cambios que se harán a la ciclovía o incluso la construcción de tramos nuevos, como el que generó polémica en la avenida Narcisa de Jesús.

EXPRESO pidió una entrevista al Municipio para conocer los criterios que se utilizaron en el reasfaltado de la avenida Velasco Ibarra, con cuyos trabajos se borró dicho tramo de ciclovía, así como las acciones que se ejecutan para darle mantenimiento al carril exclusivo de la avenida Barcelona. Pero no hubo respuesta de la entidad.

Personas con discapacidad también usan la ciclovía

“Así como las veredas iluminadas y de calidad motivan la caminata, las ciclovías también son espacios que pacifican, es decir, que bajan la velocidad de la vía, que cuidan de los ciclistas y que incluso se han convertido, en las ciudades donde sí están conectadas, en refugios peatonales y refugios para personas con discapacidad. Son muy utilizadas por personas en sillas de ruedas”, señala Sofía Gordón, integrante de la Coalición por la Movilidad Segura.

“La Municipalidad tiene el deber de democratizar la ciudad y de equilibrar la ciudad para estos otros actores, que son actores vulnerables que no tienen un chasís que les proteja. La ciclovía es como su única protección”, advierte.

Incluso, Gordón menciona que las víctimas de siniestros viales, que son evitables, son parte de la saturación del sistema de salud pública.

Por eso, Gordón advierte que ante el retiro de la ciclovía, “la Municipalidad debe hacerse responsable también de esos atropellamientos si se niegan a dar esta infraestructura segura y de protección”.

Guayaquil

Ciclovía de vía a la costa se utiliza como basurero, alertan ciclistas y residentes

Juan Pablo Pérez Tomalá

Lo que debes saber

• La Bolsa de Valores de Guayaquil sostiene que ampliar el mercado extrabursátil reduciría la transparencia en la negociación de títulos valores y abriría espacio para operaciones con menor supervisión.
  
• Según Fausto Ortiz, la reforma podría trasladar hasta $16.385 millones de transacciones fuera de las bolsas, lo que reduciría el mercado bursátil de un equivalente al 14 % del PIB a apenas el 1,26 %..
• El sector bursátil propone fortalecer el mercado secundario con mayor integración regional y reformas que amplíen la participación de inversionistas, en lugar de restar operaciones al mercado regulado

La propuesta de ley que busca ampliar el mercado extrabursátil de Ecuador, al permitir que más títulos valores se transen sin la intervención de las casas de valores y bolsas, genera descontento entre actores del mercado bursátil debido a la escasa transparencia que, según advierten, se fomentaría en el sistema financiero nacional. Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), detalla los riesgos.

Economía y negocios

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Mayra Pacheco Pazmiño

- Actualmente, ¿qué tipo de títulos valores del sector público ya se negocian directamente, entre un emisor y un comprador, sin pasar por bolsas?

Esa transacción directa se da entre dependencias públicas. Hasta el mes de junio de este año el Gobierno ha colocado $ 4.000 millones en bonos de deuda interna, pero una parte de esos bonos no pasan por bolsa, porque es una negociación directa que se hace entre el Ministerio de Finanzas y la Seguridad Social. Lo que hoy día están buscando es que más transacciones, y no solo estas, se hagan por fuera de bolsas. Que todo sea extrabursátil. Pero el gran riesgo es que mañana los inversionistas (los que compran los papeles) puedan no estar jugando con las mejores condiciones del mercado.

- ¿De qué forma afectaría?

Tomando el mismo ejemplo del bono de deuda interna. Hoy en día un papel de esos que en el mercado podría llegar a negociarse con el 10% de rendimiento, Finanzas lo vende directamente al Seguro Social al 5%. Como por ley lo hacen directo, no hay cómo decirle al Seguro, oiga, acá (en bolsas) se puede negociar mejor. Lo pueden hacer directamente, pero el que lo compra no tiene la información.

Economía y negocios

La reforma al mercado de valores genera división en la Asamblea

Liz Briceño

- Desde la Asamblea se alega que bajo este nuevo modelo, el Estado se ahorraría los costos que hoy se pagan a las casas de valores, como intermediaras de estas transacciones. ¿Eso no lo hace válido?

El Gobierno quiere emitir bonos a inversionistas internacionales sin pasar por bolsa para evitarle fricciones a esos inversionistas internacionales...no creo que sea tanto de ahorro de costos. Pero si fuera así, la transparencia paga más, debería pesar más que el ahorro. La propuesta de ampliar el mercado extrabursátil puede parecer buena pero es crear un mercado paralelo, y mañana puede ser mucho más grave la discrecionalidad o la opacidad. Que esto no sea una vía para que, mañana, se hagan cosas que no van a quedar registradas. Algo que sí pasa en el mercado bursátil.

Al mercado secundario no se lo corrige restringiendo o matando al mercado primario ni minimizando la transparencia".

- Entre los cambios también se busca que las instituciones financieras, en especial bancos, puedan intermediar valores; es decir, participar también de esta dinámica de vender y comprar títulos para portafolio propio y para terceros. ¿Cómo ven esta propuesta?

Según las autoridades los bancos ayudarían a profundizar el mercado de valores, sobre todo el mercado secundario (aumentando liquidez para que los inversionistas puedan comprar y vender títulos que ya fueron emitidos previamente), pero en realidad, se estaría desnaturalizando conceptos técnicos dispuestos en el Código Monetario y Financiero, al conceder funciones adicionales a entidades cuyo giro central de negocio es diferente. En esta línea la acumulación de funciones en un mismo tipo de entidad potencialmente puede aumentar el riesgo de ventas cruzadas, colocaciones dirigidas, priorización de intereses propios, utilización de información privilegiada y presión comercial, lo que ha ocurrido en otros países.

Economía y negocios

Bolsa de Valores Guayaquil organizará el principal foro bursátil de América en 2027

Mayra Pacheco Pazmiño

- ¿Han estimado cómo esta posible migración de transacciones, hacia al mercado extrabursátil, impactaría a las bolsas?

Si tomamos en cuenta lo que mueve el sector público y financiero, la potencial reducción de volúmenes negociados podría ser cercana a los $ 16.385 millones; estamos hablando del 89.91% del mercado de valores. De aplicarse esta reforma el mercado de valores pasaría a representar de un 14% a apenas un 1.26% del PIB, constituyéndose en el grupo más bajo en Latinoamérica.

- Estos cambios podrían también ser vistos como una consecuencia de tener un mercado bursátil pequeño y débil, con poca evolución y transformación en las últimas décadas.

Pero hay que entender que no se mejora el mercado secundario (donde se revenden activos financieros existentes) restringiendo al primario (donde se emiten nuevos activos financieros). El mercado secundario se puede seguir reforzando con algunas reformas que hemos venido solicitando para ampliar el mercado, algo que no hemos logrado.

- Cite una o dos estrategias.

La posibilidad de que nuestros papeles puedan ser negociados en otros mercados. Estando dolarizados, nuestros papeles pueden ser apetecidos por los mercados de valores panameños, centroamericanos o incluso el regional, con mayores actores que puedan comprar o vender papeles.

- ¿Y el hecho de que dos bolsas, la de Quito y Guayaquil, las únicas que tiene el país, sigan operando de manera separadas, no ha debilitado a este mercado? Un mercado que claramente, año a año, sigue dependiendo de lo que mueva el sector público.

Sí, el sector público es volumen. El 60% de lo que se mueve es del sector público, 30% del sector financiero, 10% del sector real (empresarial), pero no necesariamente en esas proporciones vienen las comisiones que recibimos. El hecho de tener dos bolsas y no una, tampoco creo que sea el motivo de que el mercado secundario no se dinamice. Los mercados secundarios tienen mucho más que ver con el inversionista que es con la plataforma. Sí, por supuesto, podría haber algún tipo de eficiencia, en vez de tener dos abogados, tener uno, en vez de tener dos presidentes de bolsa, tener uno...

La propuesta de ampliar el mercado extrabursátil puede dar pie a la discrecionalidad o la opacidad".

Economía y negocios

A un día del debate, la BVG alerta riesgos en la reforma al mercado de valores

Liz Briceño

- O juntas hallar una mejor articulación de estrategias para hacer que el mercado crezca. Quienes quieren entrar y negociar sus papeles al ver que es un mercado pequeño, terminan yendo a lo extrabursátil. ¿No hay que hacer un mea culpa? ¿Han hecho lo suficiente como para decir ‘cómo nos sentamos juntas y fortalecemos esto?

Nos hemos sentado juntas, hemos revisado juntos lo que se trabaja en Quito y Guayaquil. En el 2020, la bolsa de Guayaquil tuvo fallas de operaciones, pero las hemos venido corrigiendo y los resultados hoy en día se ven con crecimiento del sector real, de hasta el 40%, que es mucho más fuerte de lo que crecen las empresas y lo que crece la economía. Lo que quizás nos ha faltado es llegar hacia la autoridad, hacia la Asamblea para poder tener más fuerza, más impacto en las reformas que necesitamos. Este viernes (hoy) tenemos previsto comparecer ante la Asamblea. Lo que queremos es que se entienda que al mercado secundario no se lo corrige matando al mercado primario ni minimizando la transparencia.   

Perfil 

Fausto Ortiz, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Es economista de la Universidad Católica de Guayaquil (1989), con Maestría en Economía Empresarial de INCAE (1992). Fue ministro de Economía y Finanzas. Es conferencista y asesor empresarial en temas de valoración de empresas y estructura financiera. 

Economía y negocios

Reforma de ley amplía el rol de la banca en sector bursátil

Liz Briceño

Lo que debes saber

• El Partido Social Cristiano perdió el papel de principal referente de la derecha ecuatoriana tras el desplome de su representación electoral y la pérdida de sus históricos bastiones políticos, como Guayaquil y Guayas.
  
• La crisis del PSC forma parte de un fenómeno regional en el que los partidos tradicionales ceden espacio a liderazgos más personalistas y menos dependientes de estructuras partidarias consolidadas.
  
• La principal incógnita es si la derecha ecuatoriana logrará reconstruir un liderazgo político estable o seguirá ocupando ese espacio mediante figuras coyunturales sin una hegemonía ideológica consolidada.

Durante más de tres décadas, en Ecuador la derecha tuvo una dirección postal. Se llamaba Partido Social Cristiano. Bastaba con seguir el rastro de Guayaquil para saber dónde vivía el poder. Esa certeza dejó de existir. El PSC perdió, además de votos, el monopolio simbólico de la derecha ecuatoriana.

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La derecha ecuatoriana tuvo expresiones empresariales, conservadoras, liberales, tecnocráticas y regionales. Gobernó con Sixto Durán-Ballén desde una idea modernizadora del Estado, con Jamil Mahuad desde una promesa institucional que terminó devorada por la crisis bancaria, con Guillermo Lasso desde una derecha empresarial que llegó tarde al poder y se desgastó demasiado rápido en él. La derecha ganó elecciones, ocupó Carondelet y administró el Estado, pero durante décadas su referencia más reconocible siguió estando en Guayaquil, el PSC y su capacidad de convertir territorio en identidad.

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Dentro del paisaje frágil de la política ecuatoriana, el PSC fue una excepción que debería inquietar más que tranquilizar. Tenía historia institucional real, cuadros propios, territorio, disciplina y un liderazgo que marcó época con León Febres-Cordero entre los ochenta y noventa, cuando llegó a controlar un tercio o más de la Asamblea. Hoy el PSC, en la Asamblea 2025-2029, ha quedado reducido a cinco curules dentro de un Legislativo de 151 miembros, después de haber tenido 18 legisladores con sus aliados en el periodo anterior y de sufrir deserciones que terminaron engrosando el espacio oficialista.

En la presidencial de 2025, su candidato, Henry Kronfle, quedó quinto con un humillante 0,71%, el peor resultado de toda su historia, la de un partido que solo llegó a Carondelet una vez, en 1984. Que se desplome un cascarón sin estructura no sorprende a nadie. Que se desplome el que sí tenía con qué resistir, sí debería.

El territorio lo confirmó sin ambigüedad. Guayaquil fue, desde 1992, el bastión que ningún rival logró tocar durante 31 años. La ciudad del sillón de Febres-Cordero, pero también administrada durante casi dos décadas por Jaime Nebot, el rostro más visible del socialcristianismo municipal y el dirigente que convirtió esa hegemonía en sentido común urbano. Durante años, el PSC gobernó Guayaquil, la narró, la ordenó y la presentó como prueba de su eficacia política.

En febrero de 2023, eso terminó en una sola jornada. Aquiles Álvarez, de la Revolución Ciudadana, le arrebató la Alcaldía a Cynthia Viteri: 39,84% contra 30,33%. El mismo domingo, Marcela Aguiñaga le quitó al PSC la Prefectura del Guayas, con un 34,4% contra el 25,56% de Susana González. Guayaquil y Guayas, lo que en su momento se llamó sin exageración la joya de la corona del socialcristianismo, cayeron juntas, el mismo día, ante el movimiento que durante años había sido su némesis ideológica.

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La lectura más exigente mira un dato menos evidente. Álvarez ganó como la figura menos doctrinaria del correísmo. El territorio cambió de disponibilidad antes que de convicción. El PSC dejó de tener con qué retenerlo y la fuerza que ocupó el vacío llegó más por encaje coyuntural que por hegemonía asentada. Por eso, más que una conquista ideológica, lo de 2023 parece una ocupación momentánea del espacio vacante. Guayaquil, hoy, carece de dueño ideológico. Tiene un inquilino de paso.

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Ese patrón aparece también fuera de Ecuador. En América Latina, el debilitamiento de los partidos abre espacio a vínculos personalistas que requieren menos historia, menos estructura y menos militancia orgánica. Allí se inscriben fenómenos tan distintos como Milei, Bukele, Kast o De la Espriella. Las nuevas derechas regionales aprendieron a competir sin cargar con el peso de los viejos partidos.

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Ecuador vive una versión local de ese fenómeno regional. Guayaquil cambió de manos sin convertirse automáticamente en otro territorio ideológico. Lo que parece estar ocurriendo es una mutación de la derecha; menos socialcristiana en su forma y menos partidaria en su vehículo. Esa derecha ya no necesita necesariamente al PSC para expresarse. Puede hacerlo a través de candidaturas gerenciales o partidos capaces de ofrecer control sin exigir demasiada memoria doctrinaria.

El dilema desborda al PSC y a su posible retorno. Lo que está en juego es si la derecha ecuatoriana logra reconstruir una dirección política reconocible o si el territorio seguirá disponible para el primer liderazgo que consiga entrar, quedarse un rato y hacer pasar la ocupación del vacío por hegemonía.

Capital Semilla Quito

• Runawana, Vecroux y La Gran Fructa crecieron con Capital Semilla en Quito y generaron empleo.
• El programa municipal apoyó emprendimientos con financiamiento y asesoría para fortalecer negocios locales.
• Desde 2023, Capital Semilla Quito impulsó más de 260 proyectos con inversión y acompañamiento técnico.

En Quito, pequeños emprendimientos están convirtiendo historias familiares, conocimientos artesanales y nuevas tecnologías en negocios con mayor proyección. A través del programa Capital Semilla, marcas como Runawana, Vecroux y La Gran Fructa encontraron una oportunidad para crecer, ampliar su producción y generar empleo.

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Desde un taller de confección en el tradicional barrio San Juan hasta una clínica odontológica que apuesta por la transformación digital y una empresa de alimentos que nació durante la pandemia, estos emprendimientos muestran cómo el apoyo económico y técnico puede cambiar el rumbo de un negocio.

Detrás de cada proyecto hay una historia de esfuerzo, innovación y búsqueda de identidad. Son iniciativas que no solo venden productos o servicios, sino que buscan crear impacto económico y social en Quito.

Runawana: los suéteres que cuentan historias de Quito

En un taller del tradicional barrio San Juan, en el centro de Quito, las máquinas de coser trabajan al ritmo de una historia que comenzó hace más de tres décadas. Allí, entre ovillos de lana y agujas de tejer, Natalie y Dennis Díaz decidieron transformar el oficio heredado de sus padres en una propuesta con identidad propia.

Así nació Runawana, una marca que no solo confecciona suéteres, sino que busca contar historias sobre la ciudad, rescatar el trabajo artesanal y demostrar que la moda también puede convertirse en una herramienta para fortalecer la identidad local.

Sus padres llevan más de 30 años dedicados a la confección de prendas tejidas. Él es artesano calificado; ella ha compartido durante décadas el trabajo en el taller familiar. Sobre esa experiencia, los hermanos construyeron un proyecto que vio la luz en diciembre de 2019 con un objetivo: darle un nuevo valor al conocimiento que durante años permaneció entre las paredes del hogar.

“Queríamos revalorizar el trabajo de nuestros padres. Ellos han hecho suéteres toda la vida, pero sentíamos que era momento de contar esa historia desde otra perspectiva”, dice Natalie.

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Una colección inspirada en los barrios tradicionales de Quito

Ese enfoque permitió que Runawana accediera, en 2024, al programa Capital Semilla del Municipio de Quito. Con esos recursos desarrollaron en 2025 ‘El barrio teje’, una colección inspirada en distintos rincones tradicionales de la capital.

Cada prenda cuenta una historia: Rombo Ronda recrea los adoquines de las calles quiteñas; Orgullo Toleño evoca las noches del barrio La Tola; mientras Bruma Guapuleña rinde homenaje a la neblina característica de Guápulo.

“No hacemos únicamente un diseño. Cada colección nace de un lugar, de una memoria y de una experiencia que queremos compartir”, cuenta Natalie.

Actualmente, seis personas trabajan de manera permanente en Runawana entre costureras, tejedor, la madre de los fundadores y los dos hermanos, quienes dirigen la marca.

Para Dennis, el financiamiento fue determinante para ampliar la producción y consolidar nuevas plazas de trabajo. “Cuando un emprendimiento recibe apoyo, puede producir más, vender más y, en consecuencia, contratar más personas”, afirma.

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Vecroux apuesta por la odontología digital en Quito

Una historia distinta, pero con un punto de partida similar, se vive en la clínica odontológica Vecroux. Lo que comenzó hace 13 años como un sueño familiar hoy avanza hacia la odontología digital gracias al respaldo obtenido mediante Capital Semilla.

Su gerente general, Diana Vega, manifiesta que conoció la convocatoria a través de una red de mujeres emprendedoras. Diseñaron un proyecto para incorporar un escáner oral, impresoras 3D y tecnología digital que permite ofrecer tratamientos más precisos y reducir tiempos de atención.

Sin embargo, asegura que el mayor aporte no fue únicamente económico.

“Uno piensa que financiarse significa endeudarse. Aquí descubrimos que también existen oportunidades para crecer sin cargar con un crédito bancario. Además del dinero, recibimos asesoría permanente para fortalecer el negocio”, explica.

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El acompañamiento técnico se extendió durante todo el proceso, desde la validación del proyecto hasta el seguimiento posterior a la entrega de los recursos.

Esa asesoría permitió consolidar la inversión y ampliar el equipo de trabajo. Antes del proyecto, la clínica empleaba directamente a una persona; hoy son cuatro trabajadores bajo relación de dependencia y mantienen una red de alrededor de 17 proveedores.

Para Vega, ese efecto multiplicador beneficia no solo al emprendimiento sino también a toda la cadena económica que lo rodea.

La Gran Fructa: una empresa que nació en pandemia y llegó a nuevos mercados

La misma dinámica experimentó Edison Toaza, fundador de la marca La Gran Fructa. Durante la pandemia pasó de vender comida rápida a elaborar granola artesanal con frutas deshidratadas para consumo familiar.

La aceptación del producto lo motivó a convertir aquella idea en una empresa.

El respaldo de Capital Semilla permitió certificar su planta con buenas prácticas de manufactura, adquirir materia prima, fortalecer la producción y contratar personal.

Lo que comenzó con Toaza y su esposa hoy genera siete empleos directos y movimiento económico para unas 25 personas entre proveedores y distribuidores.

Actualmente producen entre 8.000 y 10.000 empaques mensuales que llegan a mercados de Quito, Ibarra y Lago Agrio.

Capital Semilla impulsa empleo y crecimiento empresarial en Quito

Historias como estas son las que, según Gonzalo Criollo, director ejecutivo de ConQuito, evidencian el impacto que busca generar el programa Capital Semilla.

Explica que se trata de fondos parcialmente reembolsables destinados a impulsar emprendimientos mediante convocatorias anuales.

Desde su creación se han financiado más de 260 proyectos y se han colocado cerca de 3,8 millones de dólares, de los cuales $2,8 millones corresponden al período comprendido desde 2023, cuando el programa quedó incorporado como política pública mediante la Ordenanza de Fomento al Emprendimiento.

Pero el respaldo no termina con la entrega del dinero. Criollo sostiene que el acompañamiento durante tres años es clave para superar el denominado “valle de la muerte”, la etapa en la que la mayoría de negocios desaparece.

Mientras en Ecuador ocho de cada diez emprendimientos fracasan antes de cumplir tres años, el 90 % de quienes recibieron Capital Semilla continúa operando.

Los resultados también se reflejan en otros indicadores. Los emprendimientos beneficiarios incrementaron su facturación en un 120 %, pagan hasta un 300 % más de impuestos y contratan un 55 % más de personal que aquellos que no accedieron al programa.

En una ciudad donde el desempleo bordea el 9 %, esas cifras muestran que detrás de cada emprendimiento fortalecido existe también una oportunidad de generar empleo y dinamizar la economía local.

Lo que debe saber

• La MIO revela que el CPCCS y la Comisión Ciudadana de Selección nunca respondieron a su pedido de reunirse para evaluar el concurso del fiscal general.
• Jaime Arellano sostiene que el proceso arrastra fallas desde el reglamento y advierte que mantener un fiscal encargado debilita la legitimidad de la institución.
• El observador internacional plantea dos salidas para el concurso: retrotraer el proceso hasta la emisión del reglamento o sanear las irregularidades.

La Misión Internacional de Observación Sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador expone su reparos al concurso que lleva adelante el CPCCS. No habla de los intereses detrás del retraso pero sí invita a preguntarse quiénes son los más beneficiados de la actual situación del concurso.

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Buscaron reunirse con los vocales del CPCCS e integrantes de la Comisión Ciudadana. ¿Qué les dijeron?

No tuvimos respuesta, lamentablemente, en las dos visitas que hemos tenido; aunque en agosto aún no estaba conformada la Comisión Ciudadana. Nos hemos reunido con organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema y también con el mundo académico y otras fuentes de información válidas, incluso embajadas.

¿Qué sensación les deja no haber tenido respuesta de estas dos instancias clave?

Es una pena. En otros países tenemos reuniones. Aquí mismo, en Ecuador, cuando fue el proceso de elección de magistrados de la Corte Nacional, en su momento tuvimos reuniones con el Consejo de la Judicatura. Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades.

¿Cuáles considera que son esos principales hallazgos con los que se generan dudas respecto al concurso?

Primero, que la reglamentación del proceso se dicta justo antes de la convocatoria. Lo que los estándares internacionales recomiendan es que haya una reglamentación permanente. Segundo. 

La selección o la búsqueda de la Comisión Ciudadana no tuvo el diseño de un perfil adecuado. La persona o el grupo que va a encabezar la búsqueda del fiscal general tiene que saber acerca del sistema de justicia penal. Lamentablemente eso no ocurrió. Tercero. Ha habido un incumplimiento de plazos. 

Este proceso debió haberse anticipado a la salida de la antigua titular. Ella se va y queda el suplente. Se va el suplente y queda otro suplente. Se supo la información. La (ex) fiscal estaba ofrecida para ser embajadora en Argentina con mucha anticipación, lo que generaba un conflicto de intereses bastante complicado también. 

La MIO también ha advertido sobre falta de transparencia.

El Consejo no quería poner en acceso público los expedientes de todas las personas que participan. ¿Cómo los medios de comunicación y la ciudadanía podían hacer un control? Tuvo que venir un tribunal, ante un requerimiento de transparencia, a ordenar la colocación en la página web del CPCCS. Todas esas razones llevarían, en principio, a decir: hay un problema que daña la credibilidad del proceso y va a dañar la credibilidad de quien sea electo eventualmente. Lo lógico en ese caso es retrotraer todo al momento en que se dicte nuevamente un reglamento, ojalá con mejores estándares. La otra opción es un saneamiento del proceso. Significa revisar lo que está mal y corregirlo.

¿En qué podría cambiar la situación si el mismo CPCCS estaría a cargo?

El Consejo, desde luego, podría tratar de enmendar el rumbo. Dictar un reglamento que se ajuste a los estándares y supervigilando activamente. En noviembre hay elecciones. La ciudadanía, con razón, podría decir: no vamos a reelegir a ninguno de los actuales miembros. En un sistema democrático lo lógico es que la ciudadanía, si considera que han hecho mal su trabajo, no los reelija y busque y elija a otras personas que se comprometan a actuar.

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Otra vez el proceso está parado. ¿Ven intereses políticos en esto?

Nosotros no podemos suponer intereses. Más bien la pregunta que debería hacerse la ciudadanía es: ¿a quién beneficia esto? El fiscal encargado permanece indefinidamente porque no hay un plazo. Sobre esto: ¿le beneficia a él? En alguna medida puede ser que sí, si es que quiere quedarse. ¿A quién beneficia que el fiscal general encargado se quede? 

Hágase esa pregunta y eso eventualmente puede darle la respuesta. Lo que sí sabemos es que todo esto es negativo para la ciudadanía porque tienen una Fiscalía bajo un liderazgo encargado que le quita legitimidad y, por lo tanto, le quita fuerza para luchar en contra de la corrupción. En cambio aparece iniciando investigaciones aparentemente en contra de miembros de la Corte Constitucional, en contra de personas que eventualmente son opositores políticos del Gobierno y se dice que incluso estaría eventualmente iniciando investigaciones respecto de algunos medios de comunicación o periodistas.

La Asamblea Nacional tiene la potestad de ejercer la fiscalización, incluso un proceso de juicio político. No lo ha hecho. ¿Qué piensa sobre aquello?

No, sensación no. No sabría responderte el tema. Me parece que, si hay un mecanismo de control político, será de acuerdo con las reglas. Lo que sí parece evidente es que, cuando un órgano encargado de elegir altas autoridades tiene 60 nombramientos pendientes, algunos de sus integrantes salen de vacaciones y, en ocasiones, no se desarrollan las sesiones o se realizan de manera remota y no presencial, hay por lo menos un indicio de un cierto abandono de deberes.

"No tuvimos respuesta (del CPCCS). Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con la de las autoridades"Jaime Arellano, MIO

Este ha sido un largo proceso con muchas polémicas. ¿Por qué llegan a este punto?

Fundamentalmente porque hemos visto una demora permanente. A esta altura uno empieza a preguntarse: ¿a quién le conviene y por qué se demora? Llega un momento en que la ciudadanía está siendo perjudicada porque hay una Fiscalía que está debilitada al tener a un encargado y no a un titular durante tanto tiempo. Por otro lado, la persecución penal del crimen se debilita también. Esto porque la persona que está encargada hoy en día ha llegado por casualidad pero no necesariamente por un concurso con criterio técnico.

Lo que se sabe

• El correísmo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de ADN buscan el control del Concejo en las elecciones de noviembre
• La oposición llega fragmentada a este periodo preelectoral
• Proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría dividir el voto, según especialista

El tablero político del Concejo de Guayaquil vive uno de sus momentos más agitados. La salida de Ana Chóez volvió a desnudar el debilitamiento del Partido Social Cristiano (PSC), organización que durante décadas dominó la política local y que ahora enfrenta el reto de reconstruirse de cara a las seccionales. 

Guayaquil

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Juan Pablo Pérez Tomalá

Pero mientras el socialcristianismo pierde cohesión, el correísmo intenta mantener el control en un Municipio fragmentado, y ADN busca conquistar una ciudad donde la disputa por el poder ya inició.

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Juan Pablo Pérez Tomalá

"PSC está perdiendo cohesión interna"

Para el abogado y politólogo Arturo Moscoso, la renuncia de Chóez revela un problema más profundo que una simple salida. “Lo que muestra es que el PSC no solo perdió el Municipio, sino que también está perdiendo cohesión interna, capacidad de ordenar a sus propios cuadros y centralidad como eje de la oposición local en lo que durante años fue su principal bastión electoral”, explica.

A su criterio, el partido enfrenta ahora el desafío de reconstruir una identidad política en el Puerto Principal, incluso después de presentar recientemente a Andrés Roche, exgerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), como precandidato a la Alcaldía.

Guayaquil

"Aquí no somos burros" dice directora de turismo de Guayaquil tras crimen de quiteño

Juan Pablo Pérez Tomalá

El desafío de preservar la gobernabilidad

Moscoso subraya que el correísmo ha optado por una estrategia de continuidad institucional. “Ha buscado defender la permanencia de Aquiles Álvarez desde el terreno político y jurídico, evitar que la crisis judicial derive en una pérdida inmediata del Municipio y mantener articulada una mayoría que hoy ya no es exclusivamente correísta, sino una mezcla de correísmo, RETO, oficialismo municipal e independientes cercanos a la administración”, evalúa.

Según Moscoso, el objetivo ya no pasa únicamente por mantener los votos dentro del Concejo, sino por preservar la gobernabilidad.

"ADN puede volverse decisivo"

Con respecto al movimiento oficialista, considera que tiene posibilidades de crecer, aunque todavía enfrenta desafíos.

“ADN puede volverse decisivo si logra presentarse como una alternativa distinta al correísmo y al PSC, sobre todo si el voto opositor se divide. Sin embargo, aún debe demostrar estructura territorial, cuadros políticos y capacidad para competir en una ciudad donde el PSC tuvo maquinaria durante décadas y el correísmo conserva una base importante”, afirma.

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La analista política Andrea Endara puntualiza que todavía no está claro cuál será la estrategia del PSC para las seccionales. Cuestiona no solo la salida de Chóez, sino la del exasambleísta Jorge Acaiturri, y las decisiones adoptadas en torno a sus posibles candidaturas.

“Si ponemos sobre la mesa a Acaiturri y a Roche, no sé qué tan acertada fue esa decisión. Al PSC le costará muchísimo recuperarse, porque sigue aplicando las mismas fórmulas que lo llevaron a esta situación: todo se decide en una mesa chica, no existen verdaderas primarias ni un trabajo sostenido de formación política en territorio. Una cosa es recorrer los barrios y escuchar a la gente, y otra muy distinta es construir bases. Y eso les falta”, sostiene.

Sobre el correísmo, Endara observa tensiones con RETO y considera que el eventual candidato impulsado a través del movimiento Amigo todavía carece de suficiente reconocimiento ciudadano. “No sé qué tan bien le iría bajo este nuevo tablero político”, comenta.

Respecto a ADN, cree que puede convertirse en un actor determinante debido al contexto de polarización nacional. Sin embargo, advierte que la proliferación de candidaturas conocidas y otras poco posicionadas podría fragmentar el voto, un escenario que terminaría favoreciendo al oficialismo en la disputa por la Alcaldía de Guayaquil.

En tanto, el politólogo Jorge Chuya observa que tanto el Concejo como la administración municipal, hoy liderada por Tatiana Coronel, atraviesan un periodo de transición.

“Hoy la ciudad, el Concejo y el sillón de Olmedo están a la deriva. La Revolución Ciudadana y sus aliados todavía mantienen cierto control, pero su margen de acción es mínimo. Las decisiones importantes en lo que reste del periodo probablemente se aprobarán con mayorías similares a las que vimos en votaciones como la del incremento del pasaje”, señala.

A su juicio, la atención de los actores políticos ya no está concentrada en la gestión municipal, sino en la próxima contienda electoral. “Todos están pensando de lo que viene después en las siguientes elecciones. Por eso vemos una ciudad que no atraviesa su mejor momento y que deberá esperar el desenlace de estos meses preelectorales”.

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Aunque la mayoría de los concejales afines a Aquiles Álvarez llegaron a sus curules auspiciados por la Revolución Ciudadana y sus aliados, en la página web oficial del Municipio aún existen inconsistencias sobre su filiación política. 

El portal, por ejemplo, mantiene a Ana Fuentes y Soledad Diab como integrantes del Partido Social Cristiano (PSC), pese a que ambas ya no forman parte de esa organización.

En junio del 2024, el entonces presidente del PSC en Guayas, Alfredo Serrano, afirmó que “desde hace mucho tiempo atrás (las ediles) se separaron de la línea partidista y actúan en función de sus intereses personales”. 

Él también se refirió a Mayra Montaño, quien llegó al Concejo con el PSC, pero posteriormente dejó el cuerpo edilicio y actualmente forma parte de la DASE EP. Está a cargo de la dirección de Enlace Territorial.

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Lo que debes saber

• Unos 400 danzantes recorrerán Tumbaco el 25 de julio en la Quinta Gran Toma Cultural para mantener vivas las tradiciones del valle
• Familias enteras participan en comparsas y bandas para transmitir a niños y jóvenes la identidad, la memoria y el sentido de comunidad
• Las comparsas partirán desde distintos sectores, como San Blas, La Tola Grande, La Tola Chica y Collaquí 

Las calles de Tumbaco ya no son las mismas de hace tres décadas. Donde antes había chacras y caminos de tierra, hoy se levantan urbanizaciones, conjuntos residenciales y avenidas que reflejan el acelerado crecimiento de uno de los valles con mayor expansión de Quito.

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Sin embargo, detrás de esa transformación urbana persiste un patrimonio que se niega a desaparecer. Las bandas de pueblo siguen marcando el ritmo, las máscaras vuelven a salir de los talleres y cientos de danzantes, muchos de ellos niños y jóvenes, se preparan para demostrar que la identidad del valle continúa latiendo con fuerza.

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El próximo 25 de julio, desde las 13:00, alrededor de 400 danzantes y decenas de comparsas recorrerán distintos barrios hasta confluir en el parque central durante la Quinta Gran Toma Cultural Tumbaco, una celebración que busca recuperar el espacio público y recordar que la historia del valle también se escribe a través de la música, la danza y la memoria colectiva.

Tradición que se resiste a desaparecer

Para Miriam Soria, tercera generación de una familia de danzantes tradicionales, mantener vivas estas expresiones culturales es una responsabilidad heredada. Cuenta que sus abuelos transmitieron la tradición a su padre, y él a sus hijos. Hoy toda la familia participa. Ella, su esposo, sus hijos e incluso sus nietos forman parte de diferentes comparsas.

Pero el objetivo va más allá del baile. Explica que estas actividades buscan fortalecer los lazos familiares y ofrecer a niños y adolescentes espacios donde encuentren comunidad y sentido de pertenencia. “Queremos que los chicos se unan a estas tradiciones y no a otros caminos”.

Convivencia de varias generaciones

La organización también es una muestra del trabajo comunitario que aún caracteriza a Tumbaco. Mientras los grupos ensayan durante semanas, otras familias preparan la logística. Las esposas y madres de los bailarines cocinarán para cerca de 800 participantes. Este año servirán mote con maní, papas y pollo, en una comida comunitaria que se ha convertido en otro símbolo de la fiesta.

En los ensayos conviven diferentes generaciones y culturas. En una misma comparsa participan niños nacidos en Tumbaco junto a familias provenientes de otros puntos del país. Es el caso de Consuelo Rocha, oriunda de Cotopaxi, quien encontró en los bailes tradicionales un espacio para que sus hijas mantengan viva la representación de la Mama Negra.

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Cristel, de diez años, y Lía, de seis, lucen con orgullo la vestimenta típica mientras aprenden que las tradiciones no pertenecen únicamente al lugar de origen, sino también al sitio donde se construye comunidad. Para su madre, preservar esas expresiones culturales permite que las nuevas generaciones conozcan la diversidad que caracteriza al Ecuador y también vivir las de Tumbaco.

Otro de los protagonistas será Fernando Cumbal, miembro del grupo de los Payasitos Aniñados. Además de bailar, fabrica artesanalmente las máscaras de fibra de vidrio que usan personajes como payasos, caprichos y negros. Cada pieza le toma aproximadamente medio día de trabajo.

Su personaje tiene una misión particular dentro de la comparsa: bromear con el público, sacar a bailar a los asistentes y convertir el desfile en una celebración en la que todos participan. Para él, el verdadero sentido de la fiesta está en ver sonreír a quienes observan el recorrido, aunque eso implique soportar varias horas bajo el peso del traje y las altas temperaturas del valle.

Las comparsas partirán desde distintos sectores, como San Blas, La Tola Grande, La Tola Chica, Coyaquí y los alrededores del cementerio, hasta encontrarse en el parque central, donde las bandas se unirán para comenzar el gran desfile.

Una respuesta al acelerado proceso de urbanización

La gestora cultural Carlina Bustamante, integrante del Frente Cultural Tumbaco, considera que esta iniciativa nació como una respuesta al acelerado proceso de urbanización que vive el valle. Explica que mientras aumenta el número de construcciones y nuevas urbanizaciones, muchas veces queda invisibilizada la riqueza cultural tradicional, la cual continúa presente en las comunas, barrios y colectivos artísticos.

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La Gran Toma Cultural reúne a danzantes tradicionales, agrupaciones migrantes, colectivos ambientales y artistas escénicos. Entre ellos está la comparsa Soy Quebrada, que utiliza la danza y las máscaras para llamar la atención sobre la protección de las quebradas y del volcán Ilaló, recordando que el patrimonio cultural y el natural forman parte de una misma identidad.

Bustamante destaca que uno de los cambios más importantes es la creciente participación juvenil. En lugar de alejarse de las costumbres ancestrales, muchos adolescentes y niños se unen a las comparsas, aportando nuevas miradas sin perder la esencia de las celebraciones. 

De manera que la fiesta se ha convertido en un espacio intergeneracional en el que conviven comuneros, familias recién llegadas al valle y habitantes de urbanizaciones.

Las claves que debes saber

• Casos contra alcaldes y autoridades se activan antes de elecciones 2026; surgen cuestionamientos políticos.
• Procesos judiciales alcanzan a alcaldes de Guayaquil, Machala, Esmeraldas y Jipijapa por presuntos delitos.
• Debate en Ecuador apunta a uso de justicia, suspensiones electorales y debilidad de la oposición política.

Que el alcalde de Machala, Darío Macas, sea corrupto y que haya hecho transacciones por más de seis millones de dólares sin justificación es algo perfectamente posible. Y que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, jamás haya podido explicar el origen de su enorme fortuna también es un hecho cierto. ¿De dónde sacó ocho millones de dólares para prestarle al equipo de sus ojos, Barcelona?

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Lo mismo ocurre con Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, preso por el presunto movimiento ilícito de más de 15 millones de dólares: es perfectamente posible que sea un gánster porque no existe explicación para sus abultadas transacciones financieras. 

Más casos contra alcaldes

¿Y la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, detenida el 25 de junio de 2026 durante la denominada Operación Digitador porque la Fiscalía la procesa por, supuestamente, dedicarse a la emisión irregular de documentos de tránsito? También es posible que sea culpable y merezca una sanción ejemplar.

Y esto sin mencionar al alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo, aprehendido en agosto de 2025 dentro del caso Ornato Municipal, por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública cuyo perjuicio superaría los 300 mil dólares. 

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En esa misma ciudad existe otro caso: el exalcalde José Arroyo Cabrera también fue detenido en agosto de 2025, acusado por la Fiscalía de peculado en contratos de obras de ornato durante su administración, cuando se hablaba de su inmenso patrimonio político y electoral.

¿Qué tienen en común los políticos opositores?

¿Qué tienen en común estos personajes? Que pueden haber sido corruptos, pero que, mientras no se demuestre lo contrario, son inocentes. Algunos, además, acumularon fortunas difíciles de explicar, lo que alimenta las sospechas sobre el origen de ellas.

Pero hay otro elemento que los une: todos tenían aspiraciones de participar en las próximas elecciones seccionales (o, al menos, un enorme capital político, como Arroyo) y ninguno representaba los intereses del Gobierno. 

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Y si, en efecto, hicieron fortunas malhabidas, nadie pareció advertirlo durante años. Aquiles Álvarez, por ejemplo, fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil cuando ya se hablaba de su sorprendente riqueza y nadie mostró el menor interés en investigarlo.

Fiscalía cuestionada por solo actuar en ciertos casos

Además, todos estos procesos se activaron en pleno tiempo de cálculos electorales. Y en casi todos los casos, la actuación de la Fiscalía ha sido especialmente (e incluso sospechosamente) célere. A Darío Macas, por ejemplo, lo arrestaron por un caso impulsado por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y no por la de su propia provincia.

¿Existe, entonces, una instrumentalización política de la justicia para inhabilitar a adversarios electorales de un Gobierno que tiene bajo su control a la Fiscalía? Aunque no pueda afirmarse como un hecho, la hipótesis resulta perfectamente verosímil, sobre todo cuando se observa que existen otros casos en los que la Fiscalía, desvergonzadamente, se hace de la vista gorda.

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En los casos Progen y ATM, por ejemplo, se entregaron más de 100 millones de dólares a oscuras empresas por generadores eléctricos que no servían y, hasta ahora, no hay un solo implicado de alto perfil detenido ni exhibido públicamente, como sí ocurrió con Darío Macas, cuya fotografía apareció en las redes sociales del ministro del Interior, John Reimberg, como si se tratara de un estruchante capturado en una terminal terrestre.

El recurso de la violencia política de género

Las sospechas se hacen más agudas cuando se observa que los organismos electorales también han eliminado de la carrera electoral a figuras con opciones de triunfo para los comicios de noviembre. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue suspendido por seis meses por el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia por violencia política de género presentada por una concejala a la que llamó “fulana”. 

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Y pocas horas antes del cierre de esta edición, el mismo TCE suspendió los derechos políticos del prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, también por una denuncia de violencia política de género, aunque todavía no se conocen los fundamentos de esa decisión. Tayupanda se perfilaba como el candidato más fuerte para llegar a la Prefectura.

Pero si existen razones para sospechar de un uso político de la Fiscalía, en cambio hay algo muy cierto y evidente: frente a este escenario no existe una oposición capaz de levantar la bandera de los derechos democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho.

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Correísmo: opositor cuestionado

El correísmo es la principal fuerza opositora, pero no ha estado a la altura de las circunstancias. Quizá porque carece de autoridad moral para denunciar el autoritarismo de Daniel Noboa o los escándalos del gobierno (Rafael Correa también gobernó de forma autoritaria), o porque su liderazgo atraviesa un evidente colapso. 

Lo cierto es que ni siquiera ha logrado articular una defensa sólida de su alcalde, Aquiles Álvarez, frente a los atropellos de los que ha sido víctima durante el proceso judicial. No hay siquiera otros partidos que hayan salido a defender el Estado democrático y de Derecho. Además, son poquísimos los políticos que lo hacen, con excepciones como la de Henry Cucalón.

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Ayer se cumplió un mes del asesinato de la activista Monika Silva y es como si nada hubiera pasado, al menos por la actitud de los políticos y hasta de la opinión pública. 

A Diario EXPRESO se lo quiere asfixiar financieramente para doblar su línea editorial y son contadísimos los líderes de opinión que han salido para defender la libertad de prensa o la de empresa. La falta de una oposición democrática en el Ecuador es, ciertamente, desalentadora.

Lo que debes saber

• El alegato de clausura en el caso Sinohydro inició de forma contradictoria con premisas obvias.
• Surgen inconsistencias de la Fiscalía sobre el cohecho al no probarse nexos públicos.
• Hay un retiro de acusaciones ante la evidente falta de pruebas individuales en el juicio.

Contradictorio y confuso: llegado el momento decisivo del alegato de clausura del caso Sinohydro, al fiscal general del Estado, se le cayeron las pruebas del delito que debía demostrar: cohecho. En términos generales, se podría decir que Carlos Alarcón se mantuvo a la altura de sus antecedentes: bajo rasante. Durante más de tres horas (se tomó para esto toda la mañana del miércoles 8 de julio) expuso las 21 premisas que dice haber demostrado a lo largo de la audiencia de juicio. De ellas, la mitad o más son del dominio público, razón por la cual no necesitaban ser demostradas; y algunas otras no lo fueron en absoluto.

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Baste con decir que Alarcón dedicó más de un cuarto de hora para probar su premisa número uno, a saber: que Lenín Moreno fue vicepresidente de la República entre el 15 de enero de 2007 y el 15 de enero de 2011. Se sirvió, para ello, del oficio que acredita su triunfo en las elecciones, la credencial que le extendieron las autoridades competentes y otros documentos públicos que puso uno encima del otro como si alguien pusiera en duda su hallazgo. El hecho, además, dijo en el colmo del delirio, “fue corroborado por Italo Centanaro (el gerente de la empresa pública Coca Codo Sinclair durante el período decisivo de la adjudicación del contrato a Sinohydro) y por Jorge Glas”. Menos mal, porque si ellos no lo confirmaban no habría quién se lo creyera.

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Otras premisas eran, sin llegar al mismo extremo del absurdo, igual de obvias: que el proyecto Coca Codo Sinclair fue declarado de “alta prioridad nacional”; que en febrero de 2008 la empresa de derecho privado Coca Codo Sinclair se convirtió en empresa pública; que se convocó un concurso; que Sinohydro lo ganó; que se firmó el contrato… En resumen: la mitad de las premisas de la Fiscalía son pura paja. En cuanto a las demás, se basan en una hipótesis nunca demostrada (y descabellada en su propio planteamiento) sobre la cual descansa el gran equívoco del caso: el hecho de que los 75 millones de dólares que Sinohydro pagó a la empresa Recorsa, propiedad de Conto Patiño, por concepto de representación, constituyen en sí, según la Fiscalía, el soborno materia de este juicio.

Las inconsistencias de la Fiscalía sobre el delito de cohecho

Aquí es donde la teoría del caso empieza a desmoronarse. Porque el delito que se imputa a todos los procesados es el cohecho. Y el cohecho es un tipo penal que exige la participación de un funcionario público: consiste en la entrega u beneficios económicos a un funcionario a cambio de que éste haga o deje de hacer, agilite o retarde “cuestiones relativas a sus funciones”. No hay cohecho entre privados. Sin embargo, ahora viene Carlos Alarcón a vender la idea de que el cohechador del caso es la compañía china Sinohydro y el cohechado es Recorsa, lo cual no tiene el menor sentido. Y aunque el mismo fiscal repite varias veces que entre Sinohydro y Recorsa existía un acuerdo según el cual la empresa estatal china entregaría a la firma de Conto Patiño el 4 por ciento del valor total del contrato por sus servicios de representación (acuerdo que no ha sido cuestionado en ningún momento por la parte acusadora), él insiste en que esos 75 millones (el 4 por ciento de 1.900 millones, valor total del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair), son “dineros ilícitos”.

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Si esos 75 millones son ilícitos, todo lo que viene aguas abajo (es decir, la manera como Recorsa los gastó) es igualmente ilícito, vienen a decirnos las premisas del fiscal. ¿Todo? No. Una parte de ese dinero fue donada (a distintas instituciones y representantes de la Iglesia, por ejemplo) y esa no ha sido considerada para este juicio, como si la naturaleza del beneficiario lavara con agua bendita el origen de los fondos. Pero si con esa plata se paga a un abogado, es cohecho; si se compra una vajilla, cohecho; si se manda a pintar unos cuadros, igualmente. Ocupado en el origen del dinero y su recorrido a través de transferencias, cheques y cuentas bancarias, Carlos Alarcón descuida lo principal: demostrar que algún funcionario público lo recibió para “hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”. Así, pierde de vista algunas pistas clave que podrían llevarlo por el camino correcto a cambio de simplificar el caso y quedarse con la quinta parte de los procesados. En su lugar, él prefiere tejer una aberrante acusación colectiva en la que no importa el comportamiento individual de los procesados, es decir, no importa si se ha demostrado o no que pagaron algo a algún funcionario para configurar el delito de cohecho. En lo que lleva de su alegato de clausura hasta el cierre de esta edición, no ha avanzado mayor cosa.

Retiro de acusaciones y falta de pruebas individuales

Una novedad es que la Fiscalía retiró su acusación contra una de las procesadas. Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, demostró que el dinero que recibió de la empresa de su abuelo (de la que es accionista por herencia) corresponde a un reembolso de gastos hechos con su tarjeta de crédito. También quedó claro que ella no firmó el acta en la que los accionistas de Recorsa (todos ellos pertenecientes a la familia Patiño) cambiaron el objeto social de la empresa para incluir entre sus actividades la de consultoría, asesoría y representación de empresas dedicadas a la construcción de infraestructura. El fiscal cree que ese cambio de objeto social es una prueba del cohecho, aunque puede significar simplemente que adecuaron la empresa para cumplir con los requerimientos del acuerdo con Sinohydro.

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En cuanto a Eduardo Carmigniani, que brindó servicios profesionales como abogado a Recorsa, Carlos Alarcón prefiere no darse por enterado de que sus propias peritos establecieron que de sus cuentas no salió un centavo para beneficio de funcionario público alguno. A pesar de esta evidencia, continúa acusándolo de distribuir sobornos. ¿A quién? ¿Por cuánto? ¿A cambio de qué? La teoría del caso de la Fiscalía no se detiene en nimiedades.

Lo que usted debe saber

• ADN impulsa investigaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en Quito y Guayaquil.
• En la Comisión de Gobiernos Autónomos también inició una fiscalización al aumento patrimonial de alcaldes y prefectos. 
• El correísmo cuestiona las iniciativas y ve un trasfondo electoral en las acciones emprendidas por el oficialismo.

En la Asamblea Nacional, el oficialismo apunta directamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dirigidos por la oposición. Actualmente hay tres procesos de fiscalización que involucran a municipios, prefecturas y sus autoridades, los cuales coinciden con la etapa preelectoral de las seccionales de 2026.

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Los procesos de fiscalización

Los procesos de fiscalización en curso abarcan las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP de Guayaquil; los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos; y el supuesto uso indebido de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio de Quito.

Mientras tanto, el caso de las cámaras en Guayaquil involucra directamente al alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro.

Acerca del incremento patrimonial, el día en que el oficialista Fernando Jaramillo presentó el planteamiento ante el Pleno hizo una referencia específica. 

Pidió incluir en el análisis los casos que investiga la Fiscalía en torno a los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de Guayaquil.

Pero en los procesos de fiscalización no han actuado únicamente los asambleístas del oficialismo. El rol del Ejecutivo también ha sido clave. 

Por ejemplo, en relación con las cámaras de videovigilancia en Quito, fue el ministro del Interior, John Reimberg, quien instaló el tema en la Comisión de Seguridad, presidida por la oficialista Inés Alarcón.

El 23 de junio, durante la fiscalización que esa mesa realizaba sobre las cámaras de Segura EP, Reimberg dijo que en el Municipio de Guayaquil funcionaba una “sala espejo”, pero que no era la única en el país. 

Comparó el tema de la instalación de cámaras con la transferencia de competencias de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).“Cada quien destina sus dolaritos a comprar cámara. Quito tiene sus cámaras y las están poniendo. ¿Quién está atrás de esto? Los ex-Senain. Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y los que están a cargo de esto”, declaró Reimberg.

El correísmo tiene cuestionamientos

Para el correísmo, los procesos de fiscalización responden a una intención electoral. Durante el tratamiento del caso de las cámaras de seguridad en Quito, el asambleísta Franklin Samaniego manifestó: “Estos procesos de fiscalización pretenden atacar a una autoridad. ¿Quieren la Alcaldía de Quito? Gánenla en las urnas”.

Ayer, la propia Alarcón profundizó en ese proceso de fiscalización. “Las cámaras de videovigilancia deben servir para proteger, no para perseguir ni espiar”, dijo a propósito de un nuevo pedido de información dirigido al ECU-911.

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Desde otras fuerzas políticas también han surgido cuestionamientos. El socialcristiano Alfredo Serrano manifestó que el interés es electoral: “(Quieren) Desviar la atención para decir que estamos fiscalizando, ya que no quieren fiscalizar a quien están en la obligación de hacerlo”. Insistió en que la Asamblea no tiene esa facultad y que “están haciendo un show”.

Lo que debes saber

• El Plan Anual de Inversiones (PAI) ejecutó $636 millones hasta junio de 2026, menos de la tercera parte de lo presupuestado.
  
• El PAI equivale apenas al 0,9 % del PIB anualizado, lejos del 6,2 % registrado en 2013.
• La baja ejecución de obra pública y otras medidas ayudan a reducir el déficit fiscal, pero limita el crecimiento económico.
  

El recorte de la inversión pública se ha convertido en una salida para contener el déficit fiscal que arrastra Ecuador. Aunque el Plan Anual de Inversiones (PAI) contemplaba destinar $2.181,47 millones en 2026, hasta junio se habían devengado (ejecutado) apenas $636 millones, menos de la tercera parte del presupuesto previsto.

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El PAI reúne los recursos que el Estado destina a ejecutar obras y proyectos de inversión pública. Incluye la construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, proyectos energéticos, compra de equipos y otras iniciativas orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios públicos.

Sin embargo, el monto ejecutado en el primer semestre de 2026, aunque es superior al registrado en el mismo período de 2025, equivale apenas al 0,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) anualizado.

Ese porcentaje prácticamente no ha variado desde 2022 y se encuentra muy por debajo del máximo de 6,2 % alcanzado en 2013, según datos de la ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) analizados por Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas.

Para Ortiz, la evolución del PAI entre 2022 y 2026 evidencia que el aporte de la inversión pública al crecimiento económico está "muerto", si se compara con los niveles registrados entre 2008 y 2013, cuando representaba alrededor del 6 % del PIB. ¿Pero qué significa reducir el gasto en inversión pública?

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Menos inversión para reducir el déficit

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que ejecutar la totalidad de los proyectos previstos implicaría que el Estado recurra a un mayor endeudamiento, debido a que los ingresos fiscales siguen siendo insuficientes.

Datos del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) muestran que, hasta junio de 2026, los ingresos del Estado no alcanzaron para cubrir el total de los gastos, lo que dejó un déficit global de $31 millones.

Acosta Burneo añade que los proyectos incluidos en el PAI no siempre responden a la capacidad financiera del Estado, sino también a disposiciones constitucionales que obligan a incrementar progresivamente la inversión en sectores como salud y educación. Por ello, financiar la totalidad del plan representa un desafío para las finanzas públicas.

Incrementar la ejecución del PAI requeriría contratar nueva deuda. Sin embargo, esa alternativa iría en sentido contrario al proceso de consolidación fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro del programa que Ecuador mantiene con el organismo desde mayo de 2024.

En la quinta revisión del acuerdo, realizada en abril de 2026, el FMI proyecta que el déficit fiscal de Ecuador cerrará en alrededor de $2.600 millones (2 % del PIB), una cifra inferior a los $5.515 millones previstos inicialmente en el Presupuesto General del Estado.

Además, el informe detalla que se apuntará a ampliar el gasto social e inversiones prioritarias. “Las autoridades mantienen su compromiso de fortalecer la situación fiscal y salvaguardar la sostenibilidad fiscal. Han adoptado medidas políticas firmes para racionalizar el gasto tributario, fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público, al tiempo que amplían el margen para el gasto social y de inversión prioritario”, refiere el organismo.

El costo económico del ajuste

Ante este escenario, Ortiz refiere que una alternativa para reducir el déficit fiscal -aparte de eliminar el subsidio del diésel y gravar alimentos con el impuesto al valor agregado (IVA)- es reducir el gasto público.

En su criterio, si se mantiene el actual ritmo de ejecución del PAI y continúan las demás medidas fiscales, el déficit podría cerrar alrededor de $4.000 millones en 2026, un monto inferior al presupuestado y también menor al registrado el año anterior: $4.592 millones en 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

"El déficit ha caído porque se ha logrado tumbar agresivamente la obra pública. Tener menos obra ayuda a bajar el déficit porque hay menos deuda", afirma el exministro.

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No obstante, Ortiz advierte que esa estrategia tiene un costo para la economía. Una menor inversión pública reduce el dinamismo de la actividad económica y limita el crecimiento.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), durante el primer trimestre de 2026, la economía ecuatoriana registró un incremento interanual de 2,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Mientras tanto, frente al trimestre anterior, se registró una variación positiva del 1 %. "Este indicador muestra una trayectoria positiva explicada por los niveles de inversión y el gasto de consumo privado".

En cambio, en la última década, la economía de Ecuador creció en promedio al 1,5 %, que es el mismo porcentaje al que crece la población. Es decir, sostiene este ritmo porque hay una mayor población que consume.

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Para revertir ese escenario, Acosta Burneo considera que el país debe atraer más inversión privada, especialmente en los sectores petrolero y minero, con el fin de generar mayores ingresos que permitan impulsar nuevamente la inversión pública.

Santiago García, docente de Economía de la Universidad Central del Ecuador, coincide en que, ante las limitaciones fiscales del Estado, es necesario fortalecer mecanismos como las alianzas público-privadas para atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico. "El año anterior se invirtieron solo alrededor de $600 millones en obra pública", recuerda.

Las claves que debes saber

• Monika Silva llegó a Ecuador en 2014 y convirtió a Montañita en el centro de su vida.
• Desde 2020 denunció presunta corrupción en Santa Elena y creó la fundación La Integridad.
• Amigos revelan amenazas y desgaste antes de su muerte ocurrida el 8 de junio de 2026.

“Mi Monika amada... fuiste mucho para un país donde todo se consigue con corrupción”. La frase apareció en Facebook la noche del 8 de junio de 2026, pocos minutos después de que se conoció la muerte de Monika Silva Koniuszek. La escribió Ítalo Pincay, abogado y uno de sus amigos más cercanos en Ecuador. 

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No era un comunicado, tampoco una reflexión elaborada. Era el desahogo ‘en caliente’ de alguien que todavía intentaba entender lo ocurrido.

Casi un mes después, aún no asimila la pérdida. Había acompañado a Monika durante años, no solo en procesos legales, como el divorcio de su expareja, un brasileño del que conservó el apellido Silva, sino también en las causas sociales que marcaron la última etapa de su vida.

Pero antes de convertirse en una de las voces más incómodas para autoridades y políticos de la provincia de Santa Elena, existió otra Monika. Una que llegó a Ecuador y en cuyos planes no estaba quedarse para siempre.

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Una fractura que los unió

Año 2014. Ítalo trabajaba en el área administrativa del Hospital Liborio Panchana, en Santa Elena, cuando llegó una turista polaca con un tobillo fracturado, tras sufrir un accidente mientras recorría el famoso balneario de Montañita.

Intercambiaron algunas palabras, luego sus contactos en redes sociales y cada uno siguió su camino. Durante los años siguientes mantuvieron una amistad distante. Monika continuó viajando por distintos países, más tarde se casó y hacia 2017 decidió establecerse definitivamente en Montañita.

Nunca le explicó con mucho detalle por qué eligió quedarse. Simplemente se había enamorado de Ecuador. “Le encantó Montañita, su gente, la comida ecuatoriana. Le gustaba esa unión entre la playa y la vegetación”, recuerda Ítalo.

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La niña que recogía fresas

Aunque rara vez hablaba de sí misma, en algunas conversaciones le contó fragmentos de una infancia que estuvo lejos de ser sencilla. A su madre, quien era profesora, le tocó criar sola a Monika.

Desde pequeña la ayudaba trabajando en la recolección de fresas para aportar a la economía familiar. Creció sin la figura paterna. A pesar de esas dificultades, consiguió una beca para estudiar en Inglaterra por su rendimiento académico.

Ella amaba este país. Soñaba con un Ecuador donde la gente no se dejara vencer por la corrupción.Ítalo Pincay, amigo de Monika SIlva

Según le contó a Ítalo, cursó la universidad en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, donde se graduó en idiomas. Hablaba cinco lenguas con fluidez, una habilidad que después le permitió viajar y desenvolverse en distintos países antes de llegar a Ecuador.

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Cambio de rumbo

Para Ítalo, la Monika activista ‘nació’ recién en 2020. Durante la pandemia comenzó investigando presuntas irregularidades en contrataciones públicas del Municipio de Santa Elena. Él la orientó sobre cómo acceder a información pública y cuáles eran los límites legales al momento de hacer denuncias.

Pronto dejó de necesitar esa guía. Aprendió a revisar documentos, solicitar información oficial y contrastar datos antes de publicar cualquier acusación.

Las investigaciones sobre el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales de Montañita marcaron el inicio de una actividad que ya no abandonaría. “Era muy investigadora. No se quedaba solo con la denuncia. Buscaba documentos y respuestas”. 

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La integridad

Con recursos propios viajaba constantemente entre Santa Elena, Guayaquil y Quito para asistir a audiencias, presentar documentos o impulsar las causas que defendía. “Nos enseñó a no quedarnos callados frente a las injusticias”, destaca Ítalo. Esa convicción también dio origen a la Fundación La Integridad (laintegridadec.org).

Aunque desde la pandemia ya gestionaba ayuda para familias vulnerables, en 2024 decidió formalizar la organización. Ítalo la acompañó en el proceso legal.

La fundación quedó integrada únicamente por ella. No quiso incorporar ni siquiera a sus amigos. Su explicación fue sencilla: no quería que nadie más terminara siendo perseguido por acompañarla.

La organización mantuvo el trabajo social que Monika realizaba, repartiendo alimentos, medicinas y ayuda humanitaria, pero también nació con otro objetivo que para ella era irrenunciable: combatir la corrupción.

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“Estoy acorralada”

Ítalo admite que en los últimos meses la notó distinta. Conserva todavía un audio que prefiere no volver a escuchar. “Ítalo, estoy acorralada, estoy cansada”, le habría dicho la activista polaca.

Las múltiples demandas judiciales, las sanciones económicas y las amenazas habían comenzado a desgastarla. Años antes incluso tomó la decisión de sacar temporalmente a sus hijas de Ecuador, pues consideró que ya no estaban seguras.

Al principio atribuía esas intimidaciones a organizaciones criminales. Después comenzó a mencionar también a actores políticos.

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Aun así, nunca dejó de insistir en que Ecuador era el país donde quería vivir. “Ella amaba este país. Soñaba con un Ecuador donde la gente no se dejara vencer por la corrupción”, menciona.

Ítalo guarda una mezcla de admiración y culpa. Dice que Monika encontró en Ecuador el lugar donde decidió criar a sus hijas, construir una comunidad y dedicar buena parte de su vida. Por eso lamenta que, pese a las denuncias públicas sobre las amenazas que recibía, nunca haya sentido que el Estado pudo protegerla. “Puedo dar fe de lo brillante, capaz y comprometida que fue Monika”, concluye.

Lo que debes saber:

• En el Concejo de Quito se ponen sobre la mesa alianzas, que rigen desde 2023 pues en la papeleta de la RC- Amigo habrá aliados de ID y PK.
• Wilson Merino, edil, al igual que Pabel Muñoz, correrán por la alcaldía de Quito; mientras las pugnas aumentan en el Concejo.
• Ediles afirman que no actúan con cálculo político, pero de un lado y otro se evidencia deseo de visibilizarse más.

Si se tratara de una partida del tradicional juego de cuarenta, podría decirse que en el Concejo Metropolitano buena parte de las cartas ya están sobre la mesa. Las posiciones comienzan a definirse de cara a las elecciones del 29 de noviembre del 2026.

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El alcalde Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana (RC), busca la reelección. A la par, Wilson Merino, del movimiento Imparables, ha confirmado que también aspira al cargo. En el Concejo, varios ediles se preparan para intentar mantenerse en sus curules.

Los ‘camisetazos’ se han evidenciado desde mayo de 2023, en votaciones y en alineaciones a favor de la mayoría correísta. Pero ahora el mapa político es más claro. 

Adrián Ibarra, concejal y secretario de Pichincha de la RC, confirmó que los cinco ediles de esa organización buscarán la reelección. 

“Se suman los dos aliados que han venido trabajando con la misma visión de la administración”, respondió. Le preocupa que “se intensifiquen los ataques”.

Esperamos que no primen las pretensiones de protagonismo particular, sino el compromiso con la ciudad.Adrián Ibarra/ concejal de la RC, va por la reelección

Otros cambios también se dieron en el Concejo

Los cambios no se limitan a ese bloque. En la oposición también hay reacomodos. Michael Aulestia, electo por Ahora y CREO, se ha alineado con ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa.

Consultado, el exconcejal y dirigente de Ahora, Fabricio Villamar, comentó que “los concejales se han acostumbrado a usurpar espacios del ejecutivo (administraciones, gerencias, empresas, etc.) a cambio del voto”. 

Muñoz, recordó Villamar, solo tenía siete concejales y las minorías el resto (hay 20 curules, además del alcalde), pero “se hipotecaron apenas llegaron”. Remarcó que los concejales deben legislar y fiscalizar.

“Hay quienes van a la reelección después de haber hecho menos de dos ordenanzas en tres años. El alcalde es malo, pero el Concejo no es mejor”.

Villamar habló sobre su movimiento, Ahora. Anticipó que una línea roja es hacer alianzas con el correísmo, con sus actuales o antiguos candidatos o sus satélites. La fragmentación en la izquierda populista, considera, abre una alternativa al centro informado, si esta tendencia entiende la necesidad de juntar y no dividir.

“Hay concejales que apenas llegan se meten bajo la axila del gobernante y después vuelven a tratar de ser independientes. Hay que evitar que vuelvan”.

Socialistas dejaron de respaldar a Andrés Campaña y ahora es Imparable

Por su parte, Andrés Campaña, quien llegó por una alianza entre el Partido Socialista y SUMA, participará con Imparables. ¿Por qué no va por la reelección con la organización centenaria? Recuerda que ha mantenido distancia del correísmo en el Concejo, a partir de su labor de fiscalización.

Afirma que esa gestión derivó en informes remitidos a la Contraloría con indicios de responsabilidades administrativas y penales, en casos como la compra de trolebuses, camiones de basura y el intercambiador de Rumihurco. En ese contexto, considera inviable respaldar la reelección del alcalde, algo que probablemente apoyarán los socialistas.

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Añade que su postura responde a una línea política sostenida y a la lucha contra la corrupción. También cuestiona la falta de democracia interna en el Partido Socialista, que anunció como precandidato a Augusto Barrera y luego designó a Jorge Cueva, “quien no proviene del partido”, según dijo.

Wilson Merino dice por qué se alejó de la RC

Wilson Merino, a quien los correístas le gritan “camisetero y traidor” porque llegó en alianza con ellos pero se separó, dice que la política local debe dejar atrás el estigma y la deslegitimación del adversario, para avanzar hacia una práctica más moderada y profesional.

Indica que Imparables surge del activismo social. Defiende que la fiscalización debe entenderse como una herramienta técnica de alerta temprana frente a posibles irregularidades. Cita casos como la revisión de la compra de trolebuses, los procesos en Emaseo o decisiones municipales que, según dice, pudieron derivar en ilegalidades, pero fueron frenadas.

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Merino reitera que lo más fácil pudo ser acomodarse en la mayoría, pero su trabajo ha sido incomodar, investigar y transparentar información, incluso llevándola a otras instancias, ante la falta de respuestas. 

La mayoría de la RC y aliados ha bloqueado cualquier intento de cambiar el orden del día para tratar la emergencia del transporte, por ejemplo.

Lo más cómodo era quedarme en la mayoría, tener viajes, colegas... hasta novias tienen en el Municipio.Wilson Merino/ concejal y candidato a la alcaldía de Quito

Otros concejales comentan sobre su relación con la RC 

Otros concejales han estado muy cerca de la RC, aunque no quieren ser encasillados como aliados. Se trata de Diego Garrido, de Futuro (de Gustavo Larrea), quien preside la importante comisión de Movilidad.

 “Voto por la ciudad. En el Municipio no cabe la oposición política”, argumenta. Anticipa que en el Concejo se agudizarán las contradicciones porque cree que muchos prefieren el “show”. Eso en línea con lo que ha dicho el alcalde Muñoz, quien ha descalificado la fiscalización de Merino.

Por su parte, Estefanía Grunauer, quien en los últimos meses ha marcado distancia con la RC, menciona que “mi gestión nunca ha estado guiada por cálculos políticos ni por la coyuntura electoral. Respecto a las relaciones con otras bancadas, incluida la RC, nuestra posición seguirá siendo la misma: no actuamos en función de partidos, sino de los temas que benefician a Quito”. Va a la reelección por Pachakutik.

En compás de espera están dos concejales de SUMA, Sandra Hidalgo y Fidel Chamba. Su movimiento tendrá que buscar una alianza para que puedan terciar por la reelección. Él adelantó que seguirá fiscalizando vaya o no por la reelección.

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El contexto en el Concejo de la capital

En Quito hay 21 concejalías, además del alcalde. En 2023, el correísmo solo ganó siete sillas, incluida la de Pabel Muñoz.

Lo que debes saber

• La milonga reúne cada miércoles a vecinos de distintos sectores en la Plazoleta Ceibos.
• El encuentro busca fortalecer la convivencia y recuperar el espacio público a través de la cultura.
• Desde este 8 de julio habrá clases gratuitas para quienes deseen iniciarse en el tango.

La noche se posa sobre Guayaquil y la brisa acaricia las mejillas de quienes dejan atrás la rutina cotidiana y el trabajo. Mientras unos partidos de fútbol concentran la atención del mundo, para decenas de personas la verdadera cita de la noche comienza al ritmo del tango.

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La ciudad al compás del tango

Desde las 20:00, la Plazoleta Ceibos, ubicada en la avenida Primera y calle 14, en el noroeste de la urbe porteña, comienza a adquirir otro aire. Poco a poco llegan los asistentes, que entre sonrisas, abrazos y saludos se apropian del espacio para convertirlo en una pista de baile.

Son cerca de 70 personas. Algunos se sientan y dejan a un lado el calzado cotidiano para ponerse los zapatos de tango y, mientras se preparan al compás de la música, parecen trasladarse, por un instante, a Argentina.

Allí, guayaquileños y extranjeros llegan sin trajes de gala ni atuendos que delaten su destino; basta la música para reconocer que han acudido a la cita con un único propósito: milonguear. En cuestión de minutos, el espacio al final de la plazoleta, junto al restaurante El Rey de Choripán, deja de ser un rincón solitario, de paso y se transforma en una pista de baile que se desborda entre las mesas y sillas del local.

No todos llegan desde el mismo punto de la ciudad. Hay quienes vienen de Miraflores, otros de la ciudadela Ceibos Norte, algunos son de la misma ciudadela y otros cruzan la ciudad solo para regalarse unas horas de tango. Lo hacen porque, dicen, aquí las diferencias de edad, profesión o barrio se desvanecen cuando comienza la música y el único requisito para quedarse es aceptar seguir el compás.

Juliette Kronfle, de 24 años, asegura que la milonga le permitió construir una comunidad entre personas que antes no conocía. “Nos sentamos a conversar y el tango nos une; siempre tenemos de qué hablar”, cuenta, convencida de que estas noches son una oportunidad para desestresarse, conocer gente y fortalecer los lazos entre desconocidos.

El tango nos recuerda que la ciudad también se construye cuando los vecinos salen de sus casas, se encuentran y empiezan a reconocerse como parte de un mismo barrio.María Franco, asistente

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Una plaza que vuelve a encontrarse

Para Luis Enrique Zea, vecino de Miraflores, el cambio también se refleja en el paisaje citadino. Recuerda que, anteriormente, la plazoleta lucía vacía y silenciosa; ahora, en cambio, la encuentra llena de música, conversaciones y parejas que bailan. “La plaza estaba muerta y ahorita la veo viva”, expresa, mientras asegura que a Guayaquil le hacen falta más reuniones de barrio y espacios donde la ciudadanía vuelva a encontrarse.

Su esposa, Marisol de Zea, coincide. Para ella, estas iniciativas ayudan a reconstruir una confianza que, poco a poco, se ha ido perdiendo entre los vecinos. Cree que estas actividades culturales, al aire libre, crean comunidad y acercan a personas que, de otra manera, no habrían dialogado; por eso, manifiesta, la ciudad necesita más escenarios donde la música y el arte devuelvan vida a los espacios públicos.

María Franco, médica y vecina de Ceibos Norte, recorre varios kilómetros para llegar a la milonga. Para ella, el tango es una pausa en medio de la rutina, un lugar donde los problemas personales quedan afuera y la urbe parece reconciliarse consigo misma, al menos durante unas horas, el miedo ya no gobierna, sino la música.

El tango es la excusa; lo que buscamos es que la gente vuelva a encontrarse, porque en una ciudad con más cultura sus habitantes vuelven a ocupar los espacios públicos.Duval Barrezueta, profesor de tango

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Un paso para sumar más bailarines

Desde este miércoles 8 de julio, de 20:00 a 20:40, Duval Barrezueta ofrecerá clases gratuitas de tango antes de cada milonga. La propuesta busca atraer a quienes siempre han querido bailar, pero no se han animado porque creen que no saben hacerlo: “El tango es caminar”, expresa el instructor, convencido de que cualquiera puede aprender y de que estas clases permitirán sumar nuevos integrantes a la comunidad tanguera.

Para Eduardo Blusztein, dueño de El Rey del Choripán y uno de los impulsores de la milonga, el tango no solo ha revitalizado la plazoleta, sino también a los negocios del sector. Asegura que la actividad, nacida para atraer público los miércoles -uno de los días de menor movimiento para los restaurantes-, incrementó la afluencia de clientes y benefició a todos los establecimientos, al demostrar que un espacio público con vida también impulsa el comercio.

Además de dinamizar el sector, este tipo de iniciativas mejora la calidad de vida de quienes habitan en la zona, sostiene Fátima López, residente de la ciudadela Los Ceibos desde hace pocos meses. “Esto les hace falta a otros barrios de Guayaquil; ojalá podamos compartir más actividades culturales para romper las brechas que nos separan”.

El mejor paso que enseña el tango no está en la pista, sino fuera de ella: acercarse a alguien, conversar y descubrir que tenemos más en común de lo que creemos.Juliette Kronfle, bailarina

Lo que debes saber

• Las primarias de las elecciones seccionales de noviembre de 2026 quiebran la unidad de los partidos.
• Las pugnas por precandidaturas benefician directamente al correísmo y al oficialismo de ADN.
• Procesos judiciales y suspensiones externas distraen la democracia interna de los partidos.

El avance del calendario electoral deja secuelas en las organizaciones políticas, apuntalando una posible polarización de la votación en los comicios seccionales de noviembre de 2026.

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Así lo evidenció el más reciente hito del calendario electoral con los procesos de democracia interna (también llamados primarias), que generaron conflictos en más de un partido.

Organizaciones como el correísmo y Avanza tuvieron desencuentros por las precandidaturas; mientras que otras, como el movimiento RETO e Izquierda Democrática, ya venían arrastrando problemas.

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Estas pugnas, comenta la académica y experta en comunicación Caroline Ávila, parten del error de los partidos de reducir las primarias a un mero trámite y no asumirlas como un punto crítico del proceso electoral.

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Las precandidaturas, acota, exigen propuestas políticas, formación de bases, identificación de liderazgos, discusión programática y exposición pública de cuadros, procesos que deben iniciarse mucho antes del periodo formal.

Por ello señala que, aunque los roces y las disputas suelen ser parte de la dinámica partidista, la imposición de nombres puede generar este tipo de fracturas, que empeoran si terminan haciéndose públicas.

La polarización del voto en Ecuador: ADN y correísmo

Sin embargo, el analista político Alfredo Espinosa señala que las consecuencias pueden ser aún mayores y afectar al proceso electoral en general, con una mayor dispersión e incluso una mayor polarización del voto.

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De hecho, sostiene que el correísmo, auspiciado por el movimiento Amigo, y Acción Democrática Nacional (ADN) son las principales tendencias beneficiadas por las pugnas internas del resto de partidos.

Y es que a diferencia del resto de organizaciones políticas, que ponen en juego su estabilidad, el correísmo cuenta con una estructura orgánica vigente, mientras el oficialismo puede apostar por el “mercantilismo electoral”.

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No obstante, Ávila señala que incluso el correísmo y ADN serán puestos a prueba con el siguiente hito del calendario electoral: la definición de alianzas electorales, que podrían fortalecer o mermar su fuerza.

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En el caso del oficialismo, antes de las primarias la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que ADN no apostaría por alianzas en ninguna localidad del país para las próximas elecciones seccionales.

El correísmo, por otro lado, sí apostará por alianzas, impulsado principalmente por la suspensión de su movimiento y el auspicio temporal de Amigo y, en ciertas candidaturas, del Partido Socialista Ecuatoriano.

Crisis de los partidos políticos frente al calendario electoral

Aunque las pugnas internas de ciertos partidos puedan incidir en el panorama general, Ávila señala que esto termina por desnudar una dicotomía en los procesos de democracia interna del país. Mientras se exige que los partidos políticos se tomen en serio las primarias, también existen factores ajenos a lo electoral que no les permiten organizarse de la mejor manera y los mantienen distraídos.

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Ávila sostiene que la amenaza de cancelación a Unidad Popular y Construye (que finalmente fue cancelado), así como la suspensión de la Revolución Ciudadana por una investigación fiscal, son ejemplos de ello.

Las claves del caso

• La oferta de transporte urbano no ha crecido al ritmo de La Aurora, lo que obliga a miles de residentes a depender de vehículos particulares, taxis o autobuses intercantonales.
  
• Los habitantes denuncian la falta de rutas internas que conecten urbanizaciones como La Joya, Villa Club, La Rioja, Compostela, Málaga y Milán, dificultando la movilidad diaria.
  
• Los especialistas advierten que la escasez de transporte público incrementa el tráfico vehicular, ya que muchas familias no tienen otra alternativa que utilizar sus automóviles para desplazarse.

Transportarse de un punto a otro dentro de La Aurora continúa siendo una de las principales dificultades para millas de familias que residen en este sector del cantón Daule. Aunque la parroquia ha experimentado un crecimiento acelerado durante la última década, con decenas de nuevas urbanizaciones, centros comerciales y proyectos inmobiliarios, el sistema de transporte público no ha evolucionado al mismo ritmo, denuncian los residentes.

La falta de rutas urbanas suficientes, la escasa interconexión entre ciudadelas y la dependencia de vehículos particulares o taxis son algunas de las principales quejas de quienes viven en este importante polo residencial del Gran Guayaquil.

Durante varios recorridos realizados por EXPRESO en distintos puntos de La Aurora, se constató que las opciones de transporte público urbano siguen siendo limitadas frente al crecimiento poblacional registrado en la zona. Actualmente, las líneas que operan de manera regular dentro del sector son principalmente Los Lojas Trans y Gonzalito, mientras que otros autobuses que circulan por la avenida León Febres Cordero cumplen recorridos interparroquiales o intercantonales.

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Residentes denuncian falta de rutas para conectar las ciudadelas

Residentes de sectores como Villa Club, La Joya, La Rioja, Casa Laguna y otras ciudades ubicadas a lo largo del Vial 1 aseguran que prácticamente no existen mayores alternativas de transporte público para movilizarse internamente.

"Si quiero ir desde Villa Club hasta La Rioja, prácticamente tengo que pedir un taxi o usar mi carro. No existe una ruta urbana que conecte estos sectores", comenta Carlos Mancheno, residente de Villa Club.

Una opinión similar tiene Andrea Salazar, habitante de La Joya. "Muchas personas creen que porque vivimos cerca todo queda conectado, pero no es así. Hay sectores que están a pocos kilómetros y no existe ninguna línea que permita movilizarse entre ellos . Dependemos totalmente de taxis o aplicaciones".

Vía Salitre, la zona más afectada

Las dificultades de movilidad no solo se presentan en la zona central de La Aurora. Residentes de urbanizaciones ubicadas en la vía a Salitre aseguran que la situación es aún más complicada.

Ciudadelas como Compostela, Málaga 1, Málaga 2, Milán, La Gran Vittoria y otras han registrado un importante crecimiento habitacional en los últimos años. Sin embargo, los residentes insisten en que las alternativas de transporte siguen siendo escasas.

"Vivimos miles de personas aquí, pero prácticamente no tenemos autobuses urbanos. Si uno no tiene carro, la situación se vuelve muy complicada", señala Gabriela Ortega, residente en Compostela.

Mientras tanto, Luis Mendieta, quien vive en Málaga 2, manifiesta que la única opción que tienen es el uso de autobuses intercantonales, pero estos suelen circular completamente llenos.

"Muchas veces pasan llenos y no se detienen. Uno puede esperar bastante tiempo para conseguir espacio. La realidad es que no existe una solución de transporte pensada para quienes vivimos aquí", sostiene.

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Especialistas insisten en necesidad de más rutas

Especialistas en movilidad consultados por este Diario coinciden en que la falta de alternativas de transporte público termina generando como consecuencia directa que haya más vehículos particulares en las calles.

Según el experto en movilidad urbana Ricardo Torres, quien reside en La Aurora, la ausencia de rutas eficientes obliga a los ciudadanos a utilizar el automóvil como única opción viable.

Para el especialista, el crecimiento urbanístico de La Aurora exige una planificación de movilidad mucho más robusta. "El desarrollo inmobiliario ha avanzado más rápido que la oferta de transporte. Eso genera una dependencia excesiva del vehículo privado", añade.

Sin embargo, los usuarios consideran que esta alternativa representa un gasto significativo para sus economías. Por ejemplo, una carrera entre La Joya y una urbanización de la vía a Salitre puede costar entre cinco y siete dólares, pese a tratarse de un recorrido relativamente corto.

Más buses hay, pero en la avenida León Febres Cordero

En la avenida León Febres Cordero circulan algunas rutas como Panorama, provenientes de Samborondón, además de las líneas 63, 64, Salitreña y la línea 17, que conecta La Aurora con La Puntilla. No obstante, los residentes concuerdan en que estas rutas no resuelven la movilidad interna de las urbanizaciones.

“Sí hay autobuses, pero están pensados para salir del sector, no para conectarnos dentro de La Aurora”, explica Jorge Rivadeneira, residente de la ciudadela Santa María Casa Grande.

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"A veces uno espera media hora o más para que pase una unidad. No es un servicio eficiente para una zona que ha crecido tanto", menciona María Zambrano, habitante de Villa del Rey.

Mientras el crecimiento de La Aurora continúa acelerándose, los ciudadanos recalcan que la movilidad sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para una de las zonas residenciales con mayor expansión de la provincia del Guayas.

Lo que debes saber:

• Hasta el 18 de julio, partidos en Ecuador podrán registrar alianzas para alcaldías en Quito y Guayaquil.
• Reforma electoral 2025 desincentiva alianzas y eleva riesgo de desaparición de partidos pequeños, dicen dirigentes.
• Algunos dirigentes señalan que apostarán por alianzas con organizaciones grandes para sobrevivir, aunque saben que hay riesgos, por ejemplo los socialistas y Futuro.

Hasta el sábado 18 de julio del 2026, las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas. En la carrera por la alcaldía, Quito suma una docena de precandidatos, mientras Guayaquil tiene nueve. Eso anticipa una papeleta abultada, pese a que menos de cinco son figuras conocidas o del semillero. Dirigentes coinciden en que la reforma a la Ley Electoral desincentiva procesos de unidad.

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Gustavo Vallejo, del Partido Socialista Ecuatoriano, sostiene que no pondrán en riesgo la existencia de una organización centenaria. “En términos pragmáticos estamos obligados a hacer alianzas. El riesgo de ir solos es mayor bajo las nuevas condiciones”, apunta.

A su juicio, el mapa político lo dominan dos fuerzas hegemónicas: la Revolución Ciudadana (RC) y ADN, y una tercera con base relevante, Pachakutik (PK). 

Para estas tres, explica, la lógica es distinta; pero para el resto, las alianzas son casi obligatorias para sobrevivir con las nuevas reglas tras la reforma al Código de la Democracia, que aprobaron correístas y ADN, el movimiento de Daniel Noboa.

Vallejo detalla que cumplir los requisitos legales (como alcanzar el 5% de la votación nacional, obtener 19 alcaldías o 25 concejales) resulta más riesgoso en solitario. Admite que las alianzas exigen un cálculo muy fino. Ellos no han dejado de hablar con la RC.

Habrá pactos tipo fanesca, dice la ID

Otra es la mirada de la Izquierda Democrática. Su vocero, Elvis Herrera, cree que en la práctica, las alianzas pueden ser poco convenientes para su supervivencia. 

“Los votos y las autoridades se fraccionan entre las organizaciones. Si necesito 18 alcaldías para sostenerme y voy en alianza con dos partidos, en realidad tendría que alcanzar 36, para que cada uno sume 18”, explica. Pese a ello, prevé pactos “tipo fanesca”, más pragmáticos que ideológicos.

Para Eustorgio Tandazo, de Centro Democrático, antes debería hacerse una revisión del sistema de organizaciones políticas. “Hay casos como SUMA o la Izquierda Democrática, que a última hora no pueden participar porque no cumplen la normativa, no están al día o no realizan las tareas que les corresponden”.

Política

Primarias reales exigen reforma estructural del sistema electoral

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Insiste en que el problema no es solo la cantidad de candidaturas, sino la necesidad de impulsar una reforma integral que fortalezca (y no reduzca) el sistema. Cuestiona la obligatoriedad de incluir jóvenes en las listas, lo que, en algunos casos, “termina llevando a candidaturas de (aspirantes de) 26 años sin experiencia para una alcaldía”.

Por su parte, Gustavo Larrea, del movimiento Futuro, prevé que en Quito la papeleta será menos extensa que en procesos anteriores. Dice que la reforma legal limita las alianzas, aunque no las vuelve inviables. “Intentaremos concretar acuerdos en todo Ecuador”.

Más allá de las restricciones normativas, dice, es necesario construir “acuerdos amplios” que eviten la dispersión del voto. “En Los Ríos hemos avanzado en alianzas y dialogamos en Azuay para concretar un acuerdo amplio para alcaldías y prefecturas. También trabajamos en Guayas y Pichincha”.

La opinión del analista Santiago Cahuasquí

Para el analista político Santiago Cahuasquí, la reforma de 2025 al artículo 327 del Código de la Democracia eliminó los incentivos de alianzas. 

Al dividir la representación obtenida entre las organizaciones aliadas, para efectos de cancelación de una organización política, “no solo se desincentivan sino que pueden poner en serio riesgo la supervivencia de partidos”. 

En consecuencia, es más probable que prefieran competir solas, lo que deriva en una fragmentación, ya existente en el nivel subnacional, dice Cahuasquí.

"Mientras a nivel nacional hay polarización estructural de la representación política, a nivel subnacional tenemos una fragmentación de la representación".

El PSC busca alianzas para "proyectos ganadores"

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La disputa por la Prefectura del Guayas: precandidatos y movimientos para 2026

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Alfredo Serrano, líder del Partido Social Cristiano, repite que “la reforma desestimuló las alianzas”. En este contexto, ¿solo funciona aliarse a ‘grandes’? “Estamos buscando alianzas para proyectos ganadores, pero eso de ‘grandes’ es relativo. (El partido de) Noboa es grande, pero no necesariamente tiene buenos candidatos. Y el correísmo también enfrentará dificultades (no tiene casillero propio)”, apunta.

Para Serrano, en lo local el peso recaerá en las candidaturas más que en las estructuras partidarias. En ese contexto, considera que las alianzas pueden ser más viables en candidaturas como alcaldías, mientras que el cálculo electoral (que se mide por la votación de concejalías y no de alcaldías) introduce distorsiones.

ADN no va con alianzas

El presidente Daniel Noboa ha dicho que su movimiento, ADN, correrá solo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026.

El Municipio de Cuenca vive cambios internos: la salida de personal cercano al alcalde suspendido y las reuniones de Marisol Peñaloza con funcionarios del Gobierno de Daniel Noboa abren interrogantes. ¿Cómo queda su relación con Cristian Zamora?

Siempre habrá respeto y cordialidad para el doctor Zamora respecto a la política que él venía ejecutando, pero en este momento mi responsabilidad es asumir esta misión. Mi forma de trabajar siempre ha sido mediante la coordinación y el diálogo con todos los actores. Al doctor Zamora le envío un abrazo y toda mi consideración. Esta es una subrogación temporal y haré todo lo que esté en mis manos de manera adecuada, correcta y coordinada. Sobre la salida de personal de su confianza, las únicas personas que fueron desvinculadas son dos (asesores), que al inicio de mi gestión no estaban presentes. El resto ha presentado su renuncia por cuenta propia y eso se respeta. No tengo una cifra exacta de cuántas personas se han ido.

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Robo a domicilio terminó en balacera en el sur de Cuenca

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La inseguridad es un aspecto que preocupa a la ciudad. En este tema, ¿cuáles serán sus prioridades y cómo se articulará el trabajo?

La seguridad debe ser la bandera de todos los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Me reuní con el gobernador, concejales y asambleístas para buscar soluciones conjuntas. Una de ellas es impulsar la ordenanza de dos personas en moto que no ha podido superar el primer debate desde hace dos años. Para esto, cada martes mantenemos talleres con las entidades competentes y hoy tendremos los informes estadísticos, jurídicos y técnicos para construir una propuesta actualizada de esa ordenanza. El plan de seguridad también lo revisaremos. He solicitado al director del Consejo de Seguridad Ciudadana un informe sobre el plan vigente, que tiene validez hasta el 2030. No significa que no exista un plan, sino que debemos revisarlo porque las realidades han cambiado.

Hay cuestionamientos desde el Gobierno sobre el uso de la Tasa de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasará con este presupuesto que supera los 7 millones de dólares?

Somos respetuosos de la política pública del cantón. La tasa de seguridad ciudadana responde a lo que la ciudadanía prioriza en las asambleas parroquiales. Allí nos solicitan cámaras, alarmas comunitarias, botones de pánico y capacitaciones. Por eso destinamos recursos a esos proyectos. Lo que ha existido es una falta de coordinación que debemos corregir. El Municipio y el Consejo de Seguridad Ciudadana deben coordinar con el ECU 911 para evitar duplicar esfuerzos y ofrecer mejores resultados. Estoy segura de que trabajando en conjunto podremos brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

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Está en marcha el proyecto de la nueva terminal sur, pero la zona está afectada por el colapso vial que representa el ingreso sur de Cuenca. ¿Este tema está dentro de sus prioridades?

Hemos escuchado denuncias y reclamos de la ciudadanía y en esta línea nos hemos reunido con técnicos de la entidad competente y dispuse a todo nuestro equipo del Municipio de Cuenca a ser articulador y ejecutar acciones en conjunto en beneficio de la gente. La siguiente semana tengo una reunión con moradores, quienes solicitaron un espacio porque sienten que les falta información y todavía tienen dudas. Es un legítimo derecho. Me reuniré con ellos. Y también están las puertas abiertas con los ministros encargados y los delegados del Estado para coordinar acciones conjuntas sobre el acceso sur. Tenemos las puertas abiertas para buscar soluciones y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Espero que haya buenos resultados y también que la ciudadanía entienda el proceso.

La semana pasada se anunció un posible acuerdo con el Estado para la operación de los hospitales municipales. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio?

Los hospitales municipales seguirán siendo de la ciudad. Hay que entender que el Hospital Municipal del Niño y la Mujer -el primero que se construyó en administraciones anteriores- funciona con un convenio que nos da la potestad para desarrollar más hospitales. Debemos ser muy respetuosos con el ente competente que debe firmar la autorización correspondiente. Pensar en que ellos (Ministerio de Salud Pública) los administren es imposible. Solo se trata de una autorización que debe otorgar el ministerio y para esto son las gestiones que realizamos. Los hospitales son del cantón Cuenca y cuentan con un modelo de gestión propio y han venido dando la atención necesaria para sus usuarios.

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¿Cómo interpreta el interés actual del Gobierno en los hospitales municipales, cuando antes fueron criticados?

Existieron recomendaciones por parte de las autoridades provinciales, especialmente de los asambleístas, quienes ejercen labores de fiscalización. Ellos señalaron que debía cumplirse con las recomendaciones de Contraloría y que el Ministerio de Salud Pública era quien debía emitir la certificación. Sin embargo, contamos con documentos del propio Ministerio que indican que, con base en el convenio preexistente, también se puede avanzar en la operación de los otros. Seremos respetuosos de las recomendaciones, las revisaremos, analizaremos y, si es necesario, las acogeremos; caso contrario, seguiremos con los procesos respectivos.

¿Cuáles serán las ordenanzas que tendrán prioridad en estos seis meses que durará su gestión?

La agenda legislativa contempla acelerar los procesos pendientes para sacar las ordenanzas de dos personas en moto, inquilinato, biodiversidad, patentes, mercados y otras más. Cada jueves tenemos sesiones del Concejo Cantonal y, si es necesario realizar dos sesiones por semana, lo haremos.

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¿Cómo enfocará el desarrollo turístico mientras usted esté al frente de la ciudad?

Las obras, proyectos y actividades deberán continuar. Cuenca no puede detenerse. La reactivación económica es importante, pero debe hacerse de manera organizada. También nos preocupa la reducción presupuestaria derivada de la reforma al Cootad. Por eso hemos decidido que el Municipio ya no financiará conciertos internacionales. Son eventos importantes, pero esos recursos deben destinarse a obras. Más bien invitamos a la empresa privada a asumir ese tipo de eventos. El Municipio brindará todo el apoyo necesario. No significa que desaparezcan los conciertos internacionales, sino que deberán contar con financiamiento privado. Además, trabajaremos junto a empresarios, medios de comunicación, cámaras de turismo y otros actores para construir una hoja de ruta que fortalezca la reactivación económica y un turismo más organizado.

Lo que debes saber

• El proyecto de ordenanza plantea subir el pasaje a 40 centavos y entregar $20 millones en compensaciones a los transportistas
• La Comisión de Movilidad procesa las observaciones de los concejales y quienes han participado en la silla vacía 
• Transportistas cuestionan la tarifa técnica planteada por el Municipio y piden cambiar el modelo de pago por pasajero hacia uno por servicio

El informe para el primer debate del proyecto de ordenanza que plantea el incremento del pasaje del transporte público en Quito y un esquema de compensaciones económicas para los operadores estará listo en un plazo de ocho días, según el presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo, Diego Garrido. 

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El edil aseguró que por ahora se están recogiendo las observaciones realizadas por concejales y representantes de la ciudadanía que participan mediante la figura de silla vacía.

La propuesta, presentada por el alcalde Pabel Muñoz, contempla elevar la tarifa del transporte urbano de 35 a 40 centavos desde enero de 2027 y establecer un fondo de compensación de más de $20 millones para los transportistas, equivalente a alrededor de $1.000 mensuales por unidad durante ocho meses.

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Garrido explicó que la Comisión ha desarrollado cuatro mesas de trabajo y prevé realizar al menos dos adicionales antes de concluir el informe. “Estamos cerca de tener el informe para primer debate de la ordenanza. En ocho días estará listo”, señaló a EXPRESO.

Cuestionamientos por la tarifa técnica

El proceso de debate ha estado marcado por cuestionamientos sobre la metodología utilizada para establecer la tarifa de 40 centavos y las condiciones bajo las cuales se entregarán los recursos a los operadores.

En la penúltima mesa de trabajo, los concejales Cristina López y Ángel Vega solicitaron a la Secretaría de Movilidad remitir la información técnica que respalda el proyecto.

El secretario de Movilidad, Álex Pérez, defendió el modelo empleado para establecer la tarifa técnica. Explicó que se trata de la metodología aprobada en la Ordenanza 017-2020, la cual incorpora todos los costos de operación del sistema, entre ellos personal, mantenimiento, combustible, salarios, tecnología, recaudo e ingresos, además del promedio diario de pasajeros transportados por cada unidad.

Sin embargo, desde el sector transportista surgieron reparos. Édison Yánez, quien intervino en la silla vacía como suplente de Danilo Sarmiento, sostuvo que varios de los parámetros utilizados no reflejan la realidad operativa del sistema.

Según explicó, el informe técnico de 2026 calcula la tarifa a partir del costo de operación dividido por el número de pasajeros, pero algunos componentes presentan inconsistencias. 

Como ejemplo mencionó que el estudio considera una demanda de 787,43 pasajeros por unidad, mientras que el Plan de Movilidad registra poco más de 600 usuarios. Asimismo, indicó que aunque se estima una operación con 2,3 conductores por unidad, la corrida financiera únicamente reconoce el salario y afiliación de 1,2 conductores, lo que, a su criterio, deriva en precarización laboral.

¿Qué pasa con el modelo de gestión?

Yánez también cuestionó el esquema de subsidios planteado por el Municipio. Dijo que si la tarifa técnica realmente fuera de 40 centavos, no sería necesario destinar cerca de $65 millones anuales para subsidiar a la Empresa de Pasajeros, que opera el Trole y Ecovía, pues ese valor de pasaje cubriría los costos del sistema.

Para Yánez, el proyecto no resuelve el problema estructural del transporte, ya que mantiene el modelo de pago por pasajero en lugar de migrar hacia un sistema de pago por servicio.

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La propuesta de los transportistas

Precisamente, esa es una de las principales propuestas de los operadores privados, quienes plantean replicar en el transporte de superficie el esquema de prestación de servicio utilizado por el metro, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y eliminar la competencia entre unidades por captar pasajeros.

Otro de los cuestionamientos provino de la concejala Joselyn Mayorga, quien señaló que si bien el incremento del precio del diésel ha impactado en los costos de operación, no se justifican las deficiencias del servicio. 

A su criterio, antes de aprobar un aumento del pasaje y entregar compensaciones económicas es indispensable garantizar el cumplimiento de indicadores de calidad que beneficien directamente a los usuarios.

De su parte, Rocío Bastidas, participante de la silla vacía, coincide con Yánez en que el principal problema del sistema radica en el actual modelo de gestión, basado en el pago por pasajero y por ruta, lo que genera competencia desleal entre conductores y una distribución desigual de la demanda. 

Aseguró, por ejemplo, que existen recorridos saturados y otros con escaso número de pasajeros, debido a la falta de planificación técnica en el diseño de rutas.

Pedido de una tarifa universitaria

Durante las mesas de trabajo también participaron estudiantes universitarios, quienes propusieron la creación de un pasaje diferenciado para alumnos matriculados en instituciones de educación superior del Distrito Metropolitano. 

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Melina Zurita argumentó que el sistema actual excluye a un amplio sector de jóvenes que dependen del transporte público para asistir a clases. Según las cifras expuestas, hasta 2024 existían aproximadamente 223.294 alumnos universitarios en Quito, de los cuales el 84,8% utiliza el transporte público como principal medio de movilización.

De cara al primer debate, Garrido aseguró que uno de los consensos alcanzados en las mesas de trabajo apunta a que cualquier incremento tarifario y la entrega de compensaciones estén condicionados al cumplimiento previo de metas verificables en la calidad del servicio. “El sector del transporte tiene una deuda, que es mejorar las condiciones del servicio”, concluyó.

LO QUE SE DEBE SABER

• El BCE reportó $431,5 millones de IED en el primer trimestre de 2026, un récord, pero el 57% corresponde a ganancias reinvertidas por empresas que ya operan en el país, no a capital nuevo llegado del exterior.
  
• Un impuesto de agosto de 2025 gravó las ganancias no repartidas, lo que empujó a las empresas a capitalizar esos recursos. Ese movimiento contable se registró como inversión extranjera aunque no entraron divisas nuevas.
  
• La minería recibió apenas $23,3 millones pese a proyecciones oficiales de $1.500 millones para el año. La tasa minera frenó decisiones de inversión por $7.000 millones, según el exministro Legarda.
  

El Banco Central del Ecuador (BCE) anunció esta semana un récord: $431,5 millones de inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2026, un 85,7% más que en el mismo período de 2025 y el mayor flujo para un arranque de año en más de una década. Triplica al de 2024.

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Pero al abrir la composición, la cifra se desdibuja. No se trata de nuevos capitales que cruzan la frontera, sino en su mayoría de dinero que ya estaba aquí y que, por efecto de una reforma tributaria, cambió de casillero contable.

¿Qué hay detrás de la cifra?

El propio boletín oficial del BCE lo desliza sin darle peso. De los $431,5 millones, la inversión se desglosa así:

• $246,7 millones (57%) en utilidades reinvertidas de empresas ya instaladas.

• $138,8 millones (32%) en acciones y participaciones de capital, con movimientos contables como capitalización de reservas y compensación de créditos.

• $46 millones (11%) en otro capital, por préstamos entre casas matrices y filiales locales.

Capitalizar reservas significa trasladar dinero de una cuenta patrimonial a otra dentro del mismo balance. Compensar créditos implica convertir deuda con la casa matriz en acciones. En ambos casos el patrimonio crece en el registro, pero no entra dinero nuevo al país.

En las notas de su base de datos, el BCE admite que "estas transacciones no implican necesariamente un ingreso de divisas al país".

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¿Por qué creció la inversión?

Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior e Inversiones, explicó que el comportamiento tiene una causa precisa: el impuesto a las utilidades no distribuidas, introducido en agosto de 2025. 

La norma creó un gravamen sobre las ganancias acumuladas que las empresas mantenían en sus balances sin repartir a los accionistas, lo que las empujó a capitalizar esos recursos para evitar el cobro.

"A partir de esa fecha empiezas a ver que los registros de inversión societaria crecen bastante y crecen por reinversión", dijo. Según datos públicos de la Superintendencia de Compañías, precisó, el 96% del incremento se explica por ese rubro.

El analista económico Alberto Acosta coincidió: "Eso se reportó como inversión extranjera, pero no es ingreso de capital nuevo fresco, sino reinversión de capital producido localmente", explicó.

Acosta aclaró que la reinversión no es en sí una mala señal: demuestra que quienes ya operan en el país confían en sus negocios. "Lo que sí necesitamos es eliminar las barreras para que vengan mucho más inversionistas, no contentarnos solo con quienes ya están", agregó.

José Orellana, consultor con experiencia en McKinsey & Company, agregó una lectura desde la banca de inversión. 

Las multinacionales, en un entorno dolarizado con crédito caro por un riesgo país aún elevado, prefieren financiar su inversión con flujo de caja local.

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"Esto demuestra que las operaciones en Ecuador son rentables, pero debe leerse como eficiencia del capital existente, no como una apuesta de un nuevo inversionista que cruza la frontera", advirtió.

Orellana también desmontó el dato geográfico: los $105,1 millones desde Singapur corresponden a la compra de concesiones mineras de la estatal chilena Codelco. "Es optimización de portafolio, no creación de nueva infraestructura", precisó.

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¿Qué dicen los datos trimestrales?

La serie del BCE confirma el punto de quiebre. En el primer y segundo trimestre de 2025, la IED fue de $232 millones y $112 millones. 

En el tercero, tras la reforma, saltó a $566 millones. En el primer trimestre de 2024 apenas fue de $111 millones.

Las utilidades reinvertidas pasaron de $87 millones a $321 millones en ese lapso. El patrón se sostuvo en el cuarto trimestre ($439 millones) y en el primero de 2026.

¿Dónde se concentra el flujo?

Mientras el dato agregado sube, la inversión en sectores transformadores se contrae. 

La minería apenas recibió $23,3 millones en el primer trimestre de 2026. Legarda explicó que la tasa minera, un cobro anticipado del sector, desactivó un portafolio de $7.000 millones.

"Eso se desdibujó y al menos se retrasaron las inversiones", dijo. El flujo se concentró en comercio ($149,4 millones), agricultura ($101,8 millones) y manufactura ($90,7 millones), sectores donde, según Orellana, predomina la "expansión defensiva y tecnificación de incumbentes".

¿Qué frena al capital privado?

Acosta apuntó al problema de fondo: "No es que el inversionista no quiere venir, es que no permitimos que venga", afirmó. La Constitución de 2008 reservó los sectores estratégicos al Estado: solo por excepción se permite inversión mixta, y solo si esta falla, privada.

"No existe un mercado eléctrico mayorista, los precios son políticos", dijo. Eso significa que el precio de la electricidad no responde a la oferta y la demanda, sino a decisiones del Gobierno. 

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Da lo mismo que sobre o falte energía: la tarifa no cambia, y sin esa señal un inversionista no puede calcular rentabilidad.

Acosta comparó con Colombia, donde una empresa italiana anunció $2.000 millones en generación eléctrica. Las dos reformas eléctricas aprobadas desde los apagones de 2024, aseguró, fueron "cosméticas".

Legarda matizó que hay señales macro positivas: el riesgo país ha bajado a mínimos de doce años, la inflación es menor y eso abarata el crédito. También destacó sectores con dinámica propia, como el camaronero, que por su fortaleza exportadora arrastra inversión en balanceados y logística.

Pero advirtió que falta un plan productivo articulado. "Si le preguntas a cualquier empresario cuál es el plan de inversión productiva del Gobierno, pocos van a darte una respuesta. Se conocen los objetivos fiscales, pero no los productivos", afirmó.

El informe anual de la Cepal aporta contexto regional: Ecuador creció 191% en IED durante 2025, pero la reinversión de utilidades aumentó un 230% y el 71% del flujo se dirigió al sector servicios. En Perú, el 94% de la IED de 2025 también fue reinversión, aunque en Ecuador el efecto contable y tributario es aún más pronunciado.

Orellana aclaró que el dato es correcto en términos metodológicos —el BCE aplica los estándares del Manual de Balanza de Pagos—, pero advirtió que celebrar el titular sin auditar la composición es "una oportunidad perdida".

Para Acosta, el fondo del problema sigue intacto: "Hemos creado un modelo pensado para que la inversión no venga, y el modelo ha sido muy eficiente", dijo.