Lo que debes saber:

• Pacientes trasplantados y con cáncer protestan en Plaza Grande por desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos. Director de Caja Fiscal les pide hasta el número de RUC de los proveedores, para ayudarlos.
• Victoria y otros pacientes denunciaron falta de inmunosupresores desde mayo 2026, lo que pone en riesgo su órgano trasplantado.
• Familias de pacientes crónicos viajan desde Orellana y sufren por falta de medicinas; comparten pastillas por escasez; advierten riesgo de rechazo y muertes recientes.

A Victoria Barbosa le diagnosticaron insuficiencia renal en 2011. Tenía algo más de 20 años y aprendió a sobrellevar la rutina como paciente crónica. Dos años después, en 2013, recibió un trasplante de riñón en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Lo recuerda como un renacimiento, una segunda oportunidad de vivir.

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Hoy, se siente frágil. Desde mayo de 2026 teme que la falta de medicamentos ponga en riesgo el órgano que sostiene su cuerpo. “Un día sin las pastillas es un día menos de vida”, repite. 

Cada 12 horas debe tomar el tratamiento inmunosupresor. Sin eso, el rechazo es inminente. Necesita Everolimus, de 0,75 mg; Tacrolimus, de 1 gramo; Micofenolato, de 180 mg. Las cajas cuestan 285, 100 y 225 dólares, respectivamente, dice.

Victoria tiene 38 años. Está casada desde hace 18 con Kléber Moreno y trabaja como comerciante. Sus ingresos no alcanzan para costear los fármacos que necesita. Ante la escasez, ha optado por compartir dosis con otros pacientes trasplantados. Se prestan pastillas para cubrir, al menos, un par de días y evitar la interrupción total del tratamiento.

 “Algunos compañeros ya presentan síntomas de rechazo”, reitera. “Si queremos estar saludables, debemos tomar los medicamentos. Un solo día sin ellos es un día menos de vida”.

Los plantones, una medida en busca de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa

Por eso ha empezado a acudir a plantones. El martes 4 de agosto del 2026, su voz se sumó a la de otros pacientes en su misma situación, a la de padres de niños trasplantados que se atienden en el Hospital Baca Ortiz y a la de personas con cáncer.

El reclamo resonó en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en la capital. Ni los transeúntes ni los turistas pudieron ignorarlo. “Queremos vivir. Queremos vivir”, coreaban. A pocos metros, en el interior del palacio, el presidente Daniel Noboa participaba en la entrega del Premio Eugenio Espejo.

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Aunque las proclamas no llegaron a copar la Plaza Grande, sí lograron detener a quienes pasaban. Muchos escuchaban en silencio. Entre ellos María Elena Correa, que paseaba con su esposo y sus dos hijos. 

Al intentar explicar lo que sentía, se quebró.“Nos duele muchísimo”, dijo entre lágrimas. “Tenemos posibilidades económicas. Mi hijo acaba de superar un cáncer. Pero me duele ver a madres que pasan por lo mismo y no tienen acceso”.

Una integrante de Fundación de Jóvenes contra el cáncer cuenta que dos compañeras fallecieron

A Margarita Gualichico, de 53 años, le diagnosticaron cáncer de mama en el 2016 y en el 2021, metástasis pulmonar, por lo que en el Hospital Carlos Andrade Marín la enviaron a cuidados paliativos. 

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“Llevo ocho meses esperando por la mamografía, para ver el avance de la enfermedad. Y por un electrocardiograma porque desarrollé taquicardia. Tampoco hay medicinas. No es algo del IESS, hay desabastecimiento en todos los hospitales. Dos compañeras de la Fundación Jóvenes contra el cáncer que se atendían en el Espejo y en el Militar fallecieron”.

Liss Ontaneda, madre de Isaac, de 10 años, cuenta que en el 2024 recibió el trasplante, en el Hospital Baca Ortiz. Viven en Orellana, pero deben trasladarse a la capital. Sufre no solo por el desabastecimiento sino porque acaban de reemplazar una medicina por otra, por la que adultos han presentado reacción, rechazo de órganos. Tampoco le entregan medicina para otro cuadro neurológico que tiene.

El Director de la Caja Fiscal pide a los pacientes datos que debería entregarle el Ministerio de Salud

Valdez mostró la respuesta de Emiio Montúfar, director Nacional de la Caja Fiscal, al oficio enviado el 24 de mayo. Le pide: 

“La información es indispensable para realizar una revisión adecuada”, señala Montúfar, en su respuesta al Frente de Pacientes. ¿Esos datos no los deberían pedir al Ministerio de Salud?, se pregunta.

Abastecimiento de medicinas

Daniel Noboa ha dicho que medicinas de la India están en proceso de homologación, a través del Arcsa. Y mencionó a otros países.

Lo que debes saber

• Inmobiliar posee el 2,56 % de las acciones de GRANASA.
• Expertos analizan los límites que la Ley de Compañías fija a los accionistas minoritarios.
• El caso podría marcar un precedente sobre el acceso a información societaria.

Con apenas el 2,56 % de las acciones de Gráficos Nacional S.A. (GRANASA), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) ha presentado una serie de pedidos de información y ha conseguido que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) acogiera varias de sus actuaciones. Sin embargo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un accionista minoritario y qué límites establece la Ley de Compañías?

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Los pedidos de información de Inmobiliar

Los requerimientos de Inmobiliar iniciaron antes de que la entidad fuera inscrita oficialmente como accionista de GRANASA y continuaron después de adquirir el 2,56 % del capital social. Luego, sus observaciones motivaron actuaciones de la SuperCías, que dispuso la intervención de la empresa y la suspensión de los efectos de las resoluciones adoptadas en la última Junta General Ordinaria de Accionistas.

El registro elaborado por EXPRESO evidencia que los pedidos abarcan información financiera, contable, contractual y societaria, incluida documentación correspondiente a períodos anteriores a que la entidad pública se convirtiera en accionista de GRANASA.

Varias de las solicitudes que luego fueron replicadas por la SuperCías corresponden a información que la empresa sostiene que está protegida como secreto empresarial, entre ella la lista de clientes, anunciantes, proveedores y datos vinculados a su defensa jurídica.

El abogado societario Oswaldo Santos explica que el derecho de información de un accionista minoritario busca garantizar el adecuado manejo de la compañía. Sin embargo, también considera que los pedidos sobre períodos anteriores a su ingreso deben analizarse caso por caso, para determinar si tienen incidencia en sus derechos patrimoniales o si persiguen una finalidad distinta.

Para el especialista, el elemento determinante es el propósito de la petición. Afirma que una solicitud puede considerarse abusiva si busca obstaculizar el funcionamiento normal de la firma.

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Los límites que fija la Ley de Compañías

El jurista César Drouet explica que el artículo 15 de la Ley de Compañías garantiza a los accionistas el acceso a documentos específicos, como estados financieros, informes de administradores, actas de juntas, listas de socios y accionistas, y otros documentos expresamente previstos por la normativa. En cambio, para examinar información adicional contenida en libros o documentos de la empresa se requiere el respaldo de accionistas que representen al menos el 50 % del capital social.

Si ese respaldo no existe, añade el jurista, le atañe al administrador decidir si entrega o no la información cuando considere que su divulgación puede utilizarse con fines extrasociales o afectar los intereses de la firma. A su juicio, esa facultad forma parte de las atribuciones que la ley reconoce a la administración societaria.

El abogado Franklin Lituma expone que la Ley de Compañías faculta a los administradores a restringir el acceso a información estratégica cuando existan razones objetivas para considerar que su divulgación puede afectar los intereses comerciales de la empresa. Entre esos casos menciona proyecciones financieras, mayores contables integrales u otros documentos cuya publicidad pueda afectar la competitividad.

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La controversia en la Junta de Accionistas

La controversia también se traslada a la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 12 de junio de 2026. Las 239.158 acciones, equivalentes al 95,66 % del capital social, ratificaron el contrato de asesoría editorial que GML EURL Servicios Editoriales presta a GRANASA desde hace años, mientras que Inmobiliar (con 6.400 acciones, equivalentes al 2,56 %) fue el único accionista que votó en contra.

“Si la mayoría de los accionistas no interesados estuvo a favor del contrato, no hay motivo para anularlo”, aclara Santos. A su criterio, la SuperCías debe explicar qué derecho del accionista minoritario considera vulnerado para justificar una suspensión de los efectos de esa resolución.

Santos recalca que el análisis debe centrarse en el propósito de los requerimientos. A su juicio, una solicitud es abusiva cuando busca obstaculizar la gestión de la empresa, y no proteger los derechos societarios.

El abogado Lituma coincide en que el uso de los mecanismos de control no debe responder a fines extrasociales. Advierte que si en sede judicial se determina que un accionista actuó de manera abusiva o con el propósito de afectar la reputación o la operación de la empresa, la ley contempla consecuencias económicas para quien promovió esas actuaciones sin justificación.

El abuso de los mecanismos de control puede derivar en multas y responsabilidad económica.Franklin Lituma, abogado societario

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Un precedente para el ámbito societario

Los abogados concuerdan en que la Ley de Compañías reconoce el derecho de información de los accionistas, pero también fija límites para evitar abusos. Drouet especifica que esas reglas permiten determinar cuándo un pedido procede y cuándo la administración puede restringir el acceso.

Drouet considera que este caso podría sentar un precedente para el ámbito societario. Si un accionista adquiere apenas el 1 % de una cadena de supermercados o de una concesionaria de vehículos, ¿puede exigir información estratégica? ¿Quién garantiza que esos datos no serán utilizados para beneficiar a un competidor o con fines distintos a la protección de sus derechos societarios?

Desde la perspectiva del jurista, esas interrogantes explican la preocupación que este caso ha generado en el ámbito societario, pues existe el temor de que hechos similares se repitan cuando uno de los involucrados tenga la influencia suficiente para “torcer la ley”.

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Patrimonio, impuestos y cargos: el perfil de Andrea De La Torre

Su ingreso al servicio público se produjo hace un año

La funcionaria que ha suscrito los reiterados pedidos de información dirigidos a GRANASA es Andrea Carolina De La Torre Torres. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Central del Ecuador y obtuvo su título en 2015.

De acuerdo con información del portal de la Contraloría General del Estado (CGE), Andrea Carolina De la Torre trabaja en el sector público desde 2025. Inició su trayectoria como directora zonal 8 de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, un cargo de nivel jerárquico superior.

Al ingresar al sector público, De la Torre registró un patrimonio de $ 33.040,10, según su declaración patrimonial. Reportó pasivos por $ 6.980, correspondientes a una deuda de tarjeta de crédito, y activos por $ 40.020,10, integrados por $ 14.020,10 en una cuenta bancaria, un automóvil adquirido en 2005 valorado en $ 6.000 y menaje de casa tasado en $ 20.000.

Al año siguiente, al ser designada directora zonal 5 y 8 de la Presidencia de la República, De La Torre no registró, en el portal de la CGE, la declaración juramentada de fin de gestión correspondiente a su cargo anterior. Sin embargo, su patrimonio reflejó una reducción de su patrimonio a $ 21.150 y, al concluir ese mismo cargo, este aumentó ligeramente hasta $ 21.660.

Actualmente, Andrea De La Torre se desempeña como directora zonal 2 de la Presidencia de la República. De acuerdo con información del Portal Nacional de Transparencia, percibe una remuneración mensual de $ 2.363.

Según la plataforma del Servicio de Rentas Internas (SRI), la funcionaria aún no registra la presentación de su declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2019. En los años posteriores reportó pagos por este tributo de $ 2,01, en 2021; $ 1.325,26, en 2022; $ 299,41, en 2023, y $ 139,72, en 2024.

En cuanto al impuesto a la salida de divisas (ISD), en 2024 declaró un pago de $ 7,70. Para 2025, registró pagos por $ 616,04 de impuesto a la renta y $ 99,61 por concepto de ISD.

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Patrimonio de Marissa Pendola creció 70 veces en ocho años

Declaraciones exponen cómo ha evolucionado financieramente

La funcionaria que cuestionó los informes presentados durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA fue Marissa Elena Pendola Solórzano; mientras que el resto de los accionistas aprobó los puntos sometidos a votación. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado (CGE), trabaja en el sector público desde 2014.

Inició su carrera en lo público como abogada en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones( ProEcuador). Luego fue directora jurídica y gerente general subrogante de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular y, en 2018, al término de su gestión como asesora del Registrador Mercantil de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 1.823,67.

Sus activos se limitaban a un auto valorado en $ 18.000, además de $ 10,70 en depósitos bancarios. También reportó pasivos por $ 16.187,03.

En otra declaración presentada ese mismo año, al iniciar su gestión como asesora 2 del presidente del Consejo de la Judicatura, registró un patrimonio de $ 20.645,48. Esto significó que su patrimonio se multiplicara por 11,3 veces.

Tras ocho años de trayectoria en distintas entidades, en su última declaración de fin de gestión, como secretaria técnica encargada de Inmobiliar, reportó otro incremento en su patrimonio por $ 128.592,82. Sus activos, valorados en $ 131.503,84, incluyen $ 63.101,94 en cuentas bancarias, un menaje de casa por $ 25.100 y obras de arte, joyas y colecciones por $ 18.000. En el portal de la CGE no consta su reporte de inicio de gestión de su actual cargo.

Aunque desde 2023, se ha desempeñado en Inmobiliar, donde ha percibido un salario de $ 4.463, según el Portal Nacional de Transparencia. Antes, ocupó el cargo de coordinadora general de despacho en la Presidencia de la República, con una remuneración de $ 3.247.

En cuanto a su situación tributaria, en 2020 y 2021 no registró pagos por impuesto a la renta (IR). En 2022, $ 2.678,92; en 2023 canceló $ 5.121,95 por ese tributo y $ 173,35 por impuesto a la salida de divisas; mientras que en 2024 y 2025 declaró pagos por $ 5.484,72 y $ 5.247,72 por IR, respectivamente.

Declaraciones patrimoniales

Lo que debes saber

• La ANT autorizó un ajuste del 25% para el transporte interprovincial e intraprovincial. La medida considera mayores costos en combustible, mantenimiento y repuestos
• Los usuarios aseguran que el incremento afecta su bolsillo y reclaman mejoras en seguridad y calidad del servicio 
• Los conductores aseguran que el ajuste era necesario. Una unidad puede gastar hasta $110 diarios en diésel, además de cubrir mantenimiento, llantas y otros gastos

Antes de llegar a su trabajo, en La Armenia, Silvia Panchi debe abordar seis buses cada día. Su rutina comienza temprano, cuando sale de su casa, en La Cima de La Libertad, en el centro de Quito. El primer bus la lleva hasta San Roque; desde allí toma otra unidad hacia el Playón de La Marín. Solo ese primer tramo ya representa un gasto de 0,70 centavos.

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En esa estación aborda un tercer bus con destino a La Armenia. Hasta julio pagaba 0,35 centavos por ese recorrido, pero desde el 1 de agosto la tarifa subió a 0,44. Al final, Silvia destina $ 1,14 únicamente para llegar a su trabajo y la misma cantidad para regresar a casa, lo que suma $ 2,28 diarios en transporte.

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“Así sean 10 centavos me afecta porque a la final son seis buses”, afirma. Además del incremento en ciertas rutas hacia el valle de Los Chillos, le preocupa la posibilidad de que en Quito también suba la tarifa urbana de 0,35 a 0,40, propuesta que actualmente se debate en el Concejo Metropolitano.

Alza del 25% en la tarifa

El aumento fue autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mediante la Resolución Nro. 020-DIR-2026-ANT, que establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) único del 25% sobre la estructura de costos operativos del transporte interprovincial e intraprovincial. La medida reemplaza los valores regulados en años anteriores y aplica únicamente para las cooperativas reguladas por la entidad.

Cuando se anunció el alza, la ANT justificó la decisión señalando que la actualización responde a un análisis técnico que tomó en cuenta el incremento de los costos de operación, entre ellos combustibles, mantenimiento, repuestos y otros insumos indispensables para la prestación del servicio. Además, precisó que el ajuste estará vigente hasta que se implemente una metodología definitiva para la fijación tarifaria.

Malestar en los usuarios

En las terminales y paradas, el malestar de los pasajeros es evidente. Marcelo Carrillo viaja diariamente desde Cayambe hasta Quito. Señala que el incremento afecta su presupuesto, aunque asegura que no tiene otra alternativa. “Sí afecta, pero toca pagar”, dice.

En la ruta entre Cayambe y Quito, el pasaje pasó de $ 2,25 a $ 2,80. Edwin Ramírez, conductor de la cooperativa Flor del Valle, sostiene que el ajuste era necesario porque los ingresos ya no alcanzaban para cubrir los costos.

Explica que antes del aumento del precio del diésel gastaban entre $ 20 y $ 25 por recorrido, mientras que ahora desembolsan un promedio de $ 45 solo en combustible. “Estábamos sacando solo para el diésel. Se nos iba más en gastos que en ingresos”, comenta. Aunque menciona que varios pasajeros reclamaron porque el aumento los tomó por sorpresa, considera que sin la actualización sería difícil mantener la operación.

Jenny Tapia también siente el impacto. Viaja desde la parroquia Atahualpa (noroccidente) hasta el norte de Quito y ahora paga $ 3,35, cuando cancelaba $ 2,60. Más allá del incremento, cuestiona que el servicio no mejore.

Recuerda que hace dos meses delincuentes abordaron la unidad en Carapungo y asaltaron a los pasajeros con armas blancas. “Me parece injusto porque el servicio no es bueno. No deberían dejar subir a personas que ponen en riesgo a los usuarios”, reclama.

Para Sofía Dávalos, quien viaja con regularidad a Mindo, el incremento es aún más significativo. El pasaje pasó de $ 3,60 a $ 4,50. “Esos 0,90 tranquilamente alcanzan para otros dos pasajes. Es un impacto al bolsillo”, señala.

Un aumento que los asume el usuario

En las rutas hacia el valle de Los Chillos regidas por la ANT también se registran nuevos valores. Edwin Quelal vive en Selva Alegre y viaja hasta La Marín. Antes pagaba 0,75 y ahora 0,88. Aunque menciona que el incremento responde al aumento del diésel, admite que el gasto mensual será mayor.

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Del lado de los transportistas, Salambay Yabel, conductor de la cooperativa Amaguaña, sostiene que el ajuste era inevitable. Explica que una unidad consume entre 35 y 36 galones de diésel a diario y que solo en combustible destina alrededor de $ 110 por cuatro recorridos, sin contar llantas, aceite, mantenimiento y otros gastos operativos.

Preocupación por la tarifa rural

Uno de los principales reclamos de los usuarios proviene de los habitantes de Conocoto, Píntag, Amaguaña, Alangasí, Guangopolo y La Merced. Aunque estas parroquias pertenecen al cantón Quito, las rutas que las conectan con la ciudad son reguladas por la ANT al ser consideradas intraprovinciales, por lo que sus pasajeros deben asumir el incremento.

Justamente una de las preocupaciones sobre la tarifa en la zona rural la expuso la concejal Cristina López. La edil considera que la metodología para definir la tarifa técnica por parte del Municipio debe incorporar límites claros. 

Explica que actualmente existe una fórmula basada en los kilómetros recorridos que contempla un tope, pero considera necesario establecer un techo que proteja a los usuarios. “No puede quedar a discrecionalidad. La fórmula debe ser clara”, recalcó.

Mientras, en Quito continúa el debate sobre una eventual alza de la tarifa del transporte urbano. La propuesta ya superó el primer debate en el Concejo y espera una segunda discusión. De ser aprobada, el pasaje subiría de 0,35 a 0,40 a partir de enero de 2027. El proyecto también contempla una compensación de $ 23 millones de dólares para los transportistas.

Lo que debes saber

• La Fiscalía aplica criterios distintos en el caso Progen. 
• Mientras varios procesados con órdenes de prisión ampliaron sus versiones por videoconferencia, a Fabián Calero le exige comparecer de forma presencial.
• Esto implica su captura inmediata y le impide, en la práctica, presentar sus argumentos y ejercer su defensa.

La Fiscalía General del Estado aplica dos criterios para recabar versiones en el caso Progen. Mientras los procesados con órdenes de prisión preventiva vigentes han comparecido por vía telemática desde lugares desconocidos, al exgerente de Celec, Fabián Calero, le exige presentarse físicamente, una condición que supone su captura inmediata y que, en la práctica, bloquea la diligencia que él mismo solicitó.

¿Por qué unos declaran por videoconferencia y Calero solo puede hacerlo si es detenido? “Nos causa extrañeza que la Fiscalía exija la comparecencia presencial del doctor Calero. A otros, en iguales condiciones, les han enviado directamente los enlaces para la comparecencia telemática. Eso ha ocurrido incluso con funcionarios de Progen”, dijo Gonzalo Matovelle, abogado del exfuncionario.

Calero está citado para el próximo 11 de agosto a las 09:00, en el despacho de la Fiscalía N.º 4, en Quito. Su abogado adelantó que solicitará que se le otorgue el mismo trato que al resto de procesados y se le permita ejercer su derecho a la defensa por Zoom.

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Con otros procesados, como el técnico Celso Sánchez, quien permanece prófugo, la Fiscalía ha actuado de forma generosa. Sánchez amplió su versión por videoconferencia desde un lugar no revelado. Se usó esa declaración para que el abogado del ministro Roberto Luque, quien no está procesado, le formulara preguntas hasta que dijera: “querían la cabeza del ministro Roberto Luque”.

La frase fue usada posteriormente por la defensa del ministro para sostener la tesis de que existía un intento de involucrarlo en el caso. Luego, en la audiencia de apelación a la prisión preventiva, el fiscal Carlos Alarcón no se opuso a que se le levante la medida cautelar.

Una versión con hechos nuevos

Esta diferencia de trato adquiere relevancia por lo que Calero ya había anticipado. En un comunicado difundido en mayo, el exgerente aseguró que durante meses colaboró con la Fiscalía y entregó documentos, registros digitales (incluidos audios) y otros elementos que consideró relevantes para esclarecer los hechos. Según dijo, esa información nunca fue incorporada al expediente.

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Además, dijo que inicialmente compareció como colaborador e incluso permaneció dentro del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, pero que posteriormente terminó incorporado a la lista de procesados.

En ese mismo comunicado anunció que expondría información sobre el caso para “esclarecer los hechos”. Con esa declaración anticipaba que su versión abordaría aspectos que, hasta ahora, no constan públicamente en la investigación.

Un chat del CEO que Fiscalía no investiga

Mientras tanto, la Fiscalía sí ha recibido versiones telemáticas de otros técnicos que también tienen órdenes de prisión, como Daniel Suárez, Luis Flores, Romel Llumiquinga, Marcos Poma, Marco Chicaiza y Javier Lasluiza.

Varios de ellos han denunciado presuntas presiones durante las inspecciones a los equipos vendidos por Progen, en septiembre de 2024, y han señalado directamente a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Sin embargo, consta por escrito que Orozco solicitó protección para los técnicos y denunció las intimidaciones. En ese entonces, los técnicos no atribuyeron esas presiones a Progen. Por el contrario, informaron que habían sido amenazados por desconocidos. Pero hoy cuentan otra historia.

Byron Orozco, además, fue el funcionario que se negó a suscribir una adenda que eliminaba millonarias multas a favor de Progen. Y su nombre aparece en un chat, que Fiscalía no investiga, en donde el CEO de la empresa, John Manning, le decía a Luque que Orozco y otros funcionarios de Celec le solicitaban documentos técnicos antes de autorizar un desembolso de $ 69,5 millones.

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El próximo 20 de agosto termina la instrucción fiscal, si es que no se vincula a alguna otra persona. En esta etapa, la Fiscalía investiga y recaba elementos de convicción para demostrar la existencia de un peculado y la responsabilidad directa de los 21 involucrados, entre estos el exministro Antonio Gonçalves, quien también tiene orden de prisión preventiva. Por ahora, el Ministerio Público centra sus diligencias en la explotación de equipos como teléfonos y computadoras.

Lo que debes saber

• Hasta el próximo 15 de agosto, El Nacional debe pagar $140.000 para no ser sancionado.
• El club adeuda entre cuatro y cinco meses a los jugadores, mientras que al personal administrativo la deuda llega a ocho meses.
• En la tabla de posiciones de la Serie B, los criollos son últimos con cinco puntos y son serios candidatos a descender a la Segunda Categoría.

Un mes después de haber asumido como representante legal e interventor de El Nacional, Juan Manuel Aguirre dice haber encontrado un club inmerso en una crisis financiera e institucional sin precedentes.

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En entrevista con EXPRESO detalla un panorama marcado por un déficit cercano a los 12 millones de dólares, deudas con jugadores y trabajadores, juicios y la falta de recursos para sostener la operación diaria.

¿Cómo encontró la situación de El Nacional?

La situación financiera e institucional es caótica, complicada y compleja. Hay una crisis económica que difícilmente se puede resolver a corto plazo. Creo que El Nacional es un equipo grande que podría hacerlo bien, pero con dirigencias honestas, transparentes y, sobre todo, que no vean al club como un negocio familiar o personal.

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¿Cuál es el déficit del club?

Me informaron, aunque eso lo tiene que determinar una auditoría forense para saber realmente cómo se endeudó, que son $12 millones aproximadamente.

¿Por qué cree que se llegó a esta situación?

Por malos manejos administrativos. Creo que las dirigencias anteriores han cometido varios errores de buena fe, no soy ni juez ni fiscal para determinar si es que hubo mala fe, pero esas malas administraciones han llevado al club a este punto.

¿Cuáles fueron estos errores?

Firmar contratos irreales, actas de finiquito y de compromiso de pago imposibles de subsanar, dejar de cancelar obligaciones a entes gubernamentales como el IESS, o dejar que el club esté demandado por 92 juicios, el no pagar a los jugadores a tiempo, no cumplir con los contratos, entre otras cosas.

En El Nacional existen contratos de jugadores con sueldos de $15.000, con reajustes para el siguiente año de $18.000 y posteriormente a $22.000, estando en la situación en la que está el club y en la Serie B.

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¿A cuántos meses asciende la deuda a jugadores y personal administrativo?

A los administrativos se les debe casi ocho meses y a los jugadores seguramente entre cuatro y cinco meses.

¿Cuánto necesitan pagar cada viernes para poder jugar?

No hay una cifra exacta, pero el mes anterior necesitamos casi $45.000, que se pudo pagar con lo de los derechos de formación del jugador David Saya (traspasado a Emelec). Ahora necesitamos casi $140.000 hasta el 15 de agosto, pero no hay plata en las cuentas de El Nacional, que además están retenidas por varios juicios.

Es una bola de nieve porque no es que nosotros pagamos, solamente abonamos partes de la deuda, realizamos pagos parciales, pero la deuda se va acrecentando. Por lo pronto, este jueves 6 de agosto (contra 9 de Octubre) estamos habilitados para jugar.

¿Existe voluntad de los jugadores y de los acreedores?

Me di cuenta de que sí, por la respuesta de Pedro Quiñones, José Francisco Cevallos, Charles Vélez, Bryan Hernández, el profesor Juan Grabowski, al darnos más plazos. Esperemos que la voluntad siga.

El club iba a perder seis puntos. ¿Qué sucedió para que esto no se concrete?

El jueves anterior nosotros mandamos las cartas para que nos den esta amnistía financiera y les dijimos a los acreedores (Hernández, Vélez y Grabowski) que nos contesten al correo institucional para verificar y nosotros poder enviar las cartas a la Federación. Sin embargo, habían enviado directamente a la FEF, lo cual generó una desinformación dentro del club, pero no se sancionó al club con la reducción de seis puntos, así que seguimos con los cinco ganados en cancha.

¿Cómo hacen para financiar el club bajo estas circunstancias?

Nos ayudó en el pago (el dinero recibido) por los derechos de formación del jugador Saya ($30.000). Existe el aporte de los casi 8.000 socios que tiene el equipo, las taquillas y esta iniciativa que llevan adelante exjugadores, que ayudan a calmar un poco los gastos administrativos.

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Una de las formas también era con los auspiciantes, pero la camiseta está en cero. Es muy difícil. Los patrocinadores no quieren estar en una camiseta que esté con una crisis institucional, económica y deportiva.

¿Cómo está la situación del complejo, que tenía una orden de embargo?

Hemos conversado con la gente del IESS y siguen los procesos coactivos en El Nacional. También había una orden de embargo por parte de una demanda que había puesto un exdirectivo, pero ambas situaciones las tenemos controladas.

El complejo no se lo puede vender y se lo tiene que activar de alguna manera. He leído y revisado que es posible construir ciertas cosas. Son ideas que seguramente la nueva directiva tendrá que venir a gestionar.

¿Qué tan real es la propuesta del expresidente Yunda de construir un estadio en el complejo?

Fue una idea de un expresidente. Yo quisiera que los otros expresidentes den igualmente ideas y que se vea el interés al club. El doctor Jorge Yunda ha puesto en consideración y en debate público este tema de la Arena Roja o Arena de El Nacional.

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Pero nadie habla de quiebra para arrebatarle el complejo al club porque eso no se puede, primero porque es absurdo y hablan desde el punto de vista de la ignorancia. De lo que se trata es de generar un concurso de acreedores y a partir de ahí usted puede decir “a este sí le debo y a este no”.

¿Las escuelas generan dinero para El Nacional?

Curiosamente, en El Nacional no se generaba el dinero cuando hubo este revuelo mediático de que el interventor solicitó el pago de $30 por los ‘paz y salvo’ de los jóvenes. Me enteraba de que, por ejemplo, en el Espoli cuestan $45 mensuales las escuelas y que hay otros equipos en los que se les cobra la mitad del uniforme. Es decir, (las escuelas) tienen que ser autosustentables en el club, porque han sido una carga más.

¿La situación que vive El Nacional es parecida a lo que tuvo en Deportivo Quito cuando fue su presidente?

Siempre me hacen esa pregunta y la verdad es que encuentro muchas semejanzas y también diferencias. La semejanza más clara es la irresponsabilidad y los malos manejos administrativos. Y la diferencia más clara está en el número de socios. Por ejemplo, en El Nacional hay más de 8.000 y en el Quito ene el último periodo eleccionario hubo creo apenas 100 habilitados. Además, el respaldo que tiene por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es un espaldarazo.

Lo que debes saber

• La Ley de Compañías no establece un listado de actos que requieren la firma del interventor.
• Especialistas sostienen que el control debe enfocarse en proteger el patrimonio de la empresa.
• La normativa prevé responsabilidades si la actuación del interventor causa perjuicios a la compañía.

Cinco meses han transcurrido desde que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) resolvió intervenir a Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA). Desde entonces, la dinámica operativa de la empresa ha experimentado cambios que han impactado algunos procesos internos.

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Alcances de la intervención societaria

Si el rol del interventor es el de vigilar y subsanar las supuestas irregularidades que motivan la intervención, ¿cuál es el límite de su trabajo para que este no obstaculice el normal desempeño de la compañía?

Olenka Ramírez, directora del área societaria de FexLaw, e Israel Ruiz, experto en derecho procesal, junto con Marco López, exsuperintendente de Compañías, coinciden en que la intervención de una empresa no debería constituir una sanción ni entorpecer sus operaciones.

Ellos sostienen que la medida debe tener como finalidad corregir las irregularidades que motivaron la intervención y proteger a la compañía, sus accionistas y terceros, aunque determinadas acciones requieran la autorización o la firma del interventor.

Ramírez explica que no existe un listado en la Ley de Compañías sobre los actos que requieren la firma del interventor, pues ello depende de la resolución de la SuperCías. Aun así señala que, en la práctica, esa autorización suele exigirse para movimientos bancarios, pago de acreedores, contratación de nuevas obligaciones, venta o gravamen de bienes y otros actos que comprometan el patrimonio de la empresa.

No obstante, Ruiz expone que es habitual que el interventor suscriba roles de pago, declaraciones tributarias, balances y estados financieros.

López, por su parte, sostiene que el principal control del interventor debe concentrarse en los flujos de efectivo, ya que allí puede verificarse el correcto manejo de los recursos.

La abogada Ramírez aclara que el interventor no remplaza las funciones del gerente o de los administradores.

López coincide en que debe actuar como un colaborador que ayude a solucionar los problemas que originaron la medida y no desempeñarse como un administrador paralelo.

Los interventores son enviados a las firmas como solución, no como problema, por lo que el fin del interventor es que no haya demoras. Si las hay, es un rol mal utilizado.Israel Ruiz, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

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Los efectos en la operación de GRANASA

Sin embargo, en GRANASA esa situación ya tiene efectos concretos. El personal de servicios prestados del Diario asegura que, antes de la intervención, sus honorarios eran cancelados una semana después de emitir las facturas, mientras que ahora los pagos se realizan entre la tercera y cuarta semana del mes, una demora que atribuyen al proceso de aprobación que debe cumplir la interventora societaria.

Gerardo Menoscal trabaja como fotógrafo freelance en EXPRESO desde hace tres años. Este padre de familia asegura que el retraso en el pago de sus honorarios, por la falta de una firma, le preocupa porque depende de esos ingresos para cumplir con sus obligaciones económicas.

Cuenta que desde el cambio de interventora en GRANASA, el pago correspondiente a junio lo recibió más tarde, a la cuarta semana. “Tengo cuentas que pagar. Antes no era así. Antes el pago llegaba puntualmente en la segunda semana de cada mes”, asevera Menoscal.

Desde 2018, Gianella Muñoz trabaja como periodista y productora externa de las revistas de EXPRESO. Relata que antes de la intervención a GRANASA, sus facturas eran pagadas puntualmente tras la quincena y a fin de mes. Ahora no: los desembolsos tardan hasta dos semanas más en el primer caso y alrededor de cuatro semanas en el segundo.

La periodista explica que esos retrasos repercuten directamente en la producción de las revistas. Cada portada implica gastos de movilización para maquilladores, estilistas y modelos, además de la compra de utilería y el pago al talento que participa en las sesiones fotográficas.

Muñoz asegura que para no afectar a las modelos, ni deteriorar relaciones profesionales construidas durante años, en varias ocasiones ha tenido que cubrir esos pagos con recursos propios, mientras espera que la interventora apruebe sus honorarios. Advierte que esta situación irregular podría comprometer la calidad gráfica que ha caracterizado históricamente a EXPRESO y EXTRA.

La intervención es una medida administrativa temporal, no un castigo ni una toma de control de la empresa. La vigilancia no puede entorpecer las actividades empresariales.Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma de abogados FexLaw

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Los límites de la actuación del interventor

Estas situaciones descritas por colaboradores externos reflejan el escenario que los especialistas consideran que debe evitarse durante una intervención. Para la abogada Ramírez, cuando la firma del interventor retrasa el pago a proveedores, colaboradores o acreedores, afecta el normal desenvolvimiento de la empresa.

Ruiz coincide con ese criterio y sostiene que la finalidad del interventor es agilizar los procesos y contribuir a que la compañía supere las causas que motivaron la intervención, no generar demoras o dilaciones injustificadas. A su juicio, cuando esas demoras afectan la operación diaria, la intervención deja de cumplir el objetivo para el que fue concebida.

En la misma línea, el exsuperintendente de Compañías sostiene que un interventor “no puede alterar sustancialmente la dinámica de un negocio” y que debe procurar que los pagos continúen ejecutándose dentro de los plazos habituales.

El objetivo de una intervención es corregir los problemas de la empresa, no llevarla al desastre. El interventor debe ser un colaborador de la administración, no un enemigo.Marco López, exsuperinten-dente de Compañías

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Responsabilidades por una intervención irregular

Añade que la misión de la SuperCías no es castigar ni llevar a las empresas a una liquidación, sino corregir las irregularidades detectadas, procurando afectar lo menos posible la actividad empresarial y preservar las fuentes de empleo.

El abogado Israel Ruiz agrega que si un interventor actúa con dolo o negligencia y causa perjuicios a la compañía, puede enfrentar responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Y que la SuperCías también tiene una cuota de responsabilidad, al ser la entidad que designa al interventor y supervisa su actuación.

Lo que debes saber

• El experto atribuye el segundo brote de Fusarium R4T a fallas en las medidas de contención y advierten que las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño podrían acelerar la propagación del hongo.
• El CIBE-Espol cuestiona que la academia haya quedado fuera de las mesas técnicas tras los cambios de autoridades en Agrocalidad, lo que, a su juicio, debilitó la coordinación para enfrentar la enfermedad.
  
• Si el Fusarium logra establecerse en Ecuador, el país podría perder entre $5.700 millones y $8.300 millones en los próximos 30 años, además de poner en riesgo unas 200.000 hectáreas de banano.

La presencia del destructivo hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) en Ecuador fue detectada en El Oro, inicialmente en septiembre de 2025 y confirmada oficialmente el 18 de diciembre de 2025. Posteriormente, el segundo brote o caso positivo se confirmó el 14 de julio de 2026 en un predio vecino del sector El Quemado.

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Casi un año después de confirmarse la presencia de Fusarium en Ecuador -el hongo más devastador del banano y que hasta la fecha ya reporta un segundo brote de contaminación- el Gobierno sigue ‘cojeando’ en los mecanismos de contención, con fallas de comunicación y desvinculado de una academia, que podría ser un aliado para enfrentarlo.

El segundo brote evidencia fallas en la contención

¿Cómo se puede evaluar la evolución del Fusarium en el país? El segundo caso ya fue reportado el 14 de julio, ¿era lo que se esperaba?

La epidemiología de la enfermedad, también reportada en otros países, nos indica que con lluvia es muy probable que las esporas que están en una zona delimitada se dispersen. Aunque se trató de contener la enfermedad, lastimosamente las lluvias de octubre-noviembre del año pasado condicionaron esa contención.

Pero hubo descuido, se pudo haber evitado.

Hubo acciones que se tomaron, pero se pudo haber hecho un mejor trabajo, con muros mucho más altos de contención sabiendo que esa zona era y es inundable. Eso no se dio, por eso tenemos un segundo brote, al que se requiere hacer análisis para ver si este brote nace del primero, y con ello conocer el nivel de carga del patógeno, si estuvo cerca de un canal de riego para entender cómo sucedió esa infección, conocer el flujo de paso de productores.

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La academia quedó fuera de la toma de decisiones

El CIBE, como líder de una red de actores que trabajan en el diagnóstico de este tema, ¿qué detalles tiene?

Como CIBE Espol llevamos años trabajando con Agrocalidad, no solo en diagnóstico sino en el desarrollo de protocolos de contención y, en ese sentido, llegamos a ser parte de la mesa de técnica donde se tomaban decisiones al respecto, pero hoy eso no existe. Desde el primer brote, en que hubo cambios de autoridades de Agrocalidad, eso no se da. Desde ese brote ya van cuatro directores, cuyos cambios ciertamente han perjudicado y trastocado esas relaciones ya formadas porque, hasta la fecha se abolieron esas mesas, no nos convocaron nunca más. Antes, semana a semana, conocíamos de los avances con el fin de asesorar a las autoridades, ahora nada. Y eso es preocupante porque estamos ante un patógeno muy agresivo, que amerita un trabajo coordinado.

Antes, semana a semana, conocíamos de los avances con el fin de asesorar a las autoridades, ahora nada. Y eso es preocupante porque estamos ante un patógeno muy agresivo, que amerita un trabajo coordinado".Freddy Magdama, coordinador de investigación y jefe del departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE)

¿Qué probabilidad de nuevas dispersiones hay cuando el país está a puertas de un fenómeno de El Niño, que promete ser fuerte?

En ese escenario es alta, el agua es uno de los vectores más grandes de dispersión. Podríamos vivir lo que vive Perú, que ya ha reportado casi 1.000 hectáreas afectadas y eso es lo que tenemos que evitar. Yo que estoy relacionado al mundo del banano y al Fusarium, no tengo conocimiento exacto de dónde está ese segundo brote, peor un pequeño productor que necesita involucrarse en el tema. Necesitamos estar correcta y oportunamente informados. Tratar de minimizar el impacto de lo que se viene no es responsablemente correcto. Tenemos que decir que nos enfrentamos a una amenaza mayor.

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¿Cómo evitar que Ecuador vuelva a vivir lo de los años 90 cuando el Fusarium raza 1 arrasó prácticamente con casi el 80% del Gros Michel, la variedad de banano que teníamos en ese momento?

Las probabilidades están, pero el diferenciador es cómo la población, los tomadores de decisiones, actúen. Hoy, el 98% o 99% de las variedades sembradas en el país son Cavendish, todas susceptibles a raza 4. Ante eso, las nuevas autoridades deberían retomar estas mesas técnicas, donde están diferentes actores, no solo la academia, sino los gremios y los municipios, para democratizar la información y ayudar a tomar mejores decisiones. Pero debe haber un grado de autoridad e independencia, para avanzar independientemente de lo que suceda con nuestras autoridades. Porque la contención de esto debe ser algo técnico, no político.

La información y la prevención siguen siendo los mayores desafíos

¿Cómo destrabar el primer eslabón de esta crisis?

Tiene que haber un vuelco en la estrategia de comunicación, para llegar a los productores. Yo creo que en eso se está fallando. No basta con comunicados de prevención en redes. Creo que se tiene que articular una delimitación por riesgo y por localidad, porque no sabemos qué zona es más propensa a inundarse, qué zona tiene mayor interconectividad con los canales de riego y cuántos productos están dentro de esa zona. Hay que fortalecer las medidas de bioseguridad, ir previendo algún crédito o comprando algún seguro para la finca, en caso de contaminación. Tener sus canales limpios; incrementar en la medida de lo posible esos cercos o esos muros de contención; tener equipos de bombas, con los mantenimientos adecuados para sacar el agua en lo posible, en caso de inundación; identificar esos canales que se van a utilizar, por dónde va a pasar esas rutas de agua de salida para que en futuras semanas, cuando ya las aguas bajen, los productores que toman agua de esos canales tengan previsión de que muy probablemente hay algo de contaminación allí.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Hay países que nos muestran que si no hay una estrategia robusta, la situación puede ser bastante caótica. Perú es una de ellas, Filipinas, China, a pesar de que tiene tecnología, el patógeno se dispersó en todo su territorio. Nuestro país tiene aproximadamente 200.000 hectáreas de banana, no podemos permitir que eso se afecte y con ello el sustento de miles de productores. Según un estudio económico del impacto de raza 4 en el Ecuador, si la enfermedad logra establecerse, el país podría perder entre 5,7 y 8,3 mil millones de dólares durante los próximos 30 años.

Perfil

Freddy Magdama es coordinador de investigación y jefe del departamento de Fitopatología y Microbiología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE). Es Ingeniero Agrícola y Biológico. Tiene un PHD en Fitopatología y Agricultura Internacional y Desarrollo de la Universidad Estatal de Pensilvania. Estudia enfermedades emergentes de tipo vascular, como el Fusarium y Moko en banano.

Los puntos claves

• La nueva ordenanza permitiría instalar parquímetros en cualquier sector de Guayaquil, siempre que exista una justificación técnica.
• La tarifa propuesta se mantiene en $ 1 por hora, con la opción de pagar $ 0,25 por cada 15 minutos.
• El tiempo máximo de permanencia sería de cuatro horas para fomentar la rotación de vehículos.
• La propuesta aún debe superar dos debates y ser aprobada por el Concejo Cantonal antes de entrar en vigencia.

Los parquímetros podrían dejar de ser exclusivos de un puñado de avenidas y extenderse a cualquier sector de Guayaquil. Un proyecto de ordenanza impulsado por el Municipio plantea reemplazar la normativa vigente para permitir la creación de nuevas zonas de estacionamiento tarifado en cualquier punto de la ciudad, siempre que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) presente un informe técnico que justifique su implementación.

La propuesta busca generar una mayor rotación de vehículos en la vía pública y evitar que un mismo automotor ocupe durante toda la jornada un espacio destinado al estacionamiento temporal. Para ello, la ATM podrá solicitar la creación de nuevas zonas de parquímetros, pero antes la Dirección de Urbanismo, Catastro, Movilidad y Edificaciones deberá determinar si la medida es compatible con la planificación urbana, el uso de suelo, la accesibilidad y la movilidad del sector.

Además, antes de que el sistema entre en funcionamiento en una nueva zona, el Municipio deberá realizar un proceso de socialización con los moradores durante al menos 20 días.

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Actualmente, los parquímetros solo funcionan en las avenidas Víctor Emilio Estrada, Rodolfo Baquerizo Nazur, Luis Orrantia, Justino Cornejo, Nahím Isaías y Miraflores, además de sus zonas de influencia y Puerto Santa Ana. Con la nueva ordenanza, ese límite desaparecería y el sistema podría llegar a cualquier barrio o avenida de Guayaquil. En los alrededores del OmniHospital, en el norte de Guayaquil, y a lo largo de la calle Costanera, en Urdesa, la solicitud de instalar parquímetros ha sido recurrente, como ha venido publicando EXPRESO en repetidas ocasiones. 

"En estos puntos urge los dispositivos porque nunca hay forma de estacionar. Hay gente sabida que estaciona y deja el carro todo el día, cinco, seis, ocho horas...., y se va. Nos dejan sin espacio para dejar a un paciente en el hospital. Estoy de acuerdo con la instalación, que se apruebe la ordenanza, pero que se lo haga a consciencia", señaló Lorenzo Pérez, habitante de la Alborada. 

Yo estoy totalmente de acuerdo con los parquímetros. Hay demasiados abusivos en la calle, gente que estaciona un día entero y no permite que quien de verdad requiere de un espacio lo encuentre. Ojalá y se apruebe pronto esta ordenanza. Y ojalá también la ATM asigne colocar los dispositivos donde se lo necesite. Christian Pino, residente de la ciudadela Vernaza Norte

Sin embargo, el proyecto no define cuáles serían los primeros sectores donde se instalarían nuevos parquímetros. Tampoco precisa cuántos espacios se habilitarían, cuándo comenzaría la expansión, ni cuánto costaría implementar el sistema.

Estos vacíos dejan abiertas varias preguntas sobre la aplicación de la medida. EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), para conocer si ya existen sectores identificados para una primera fase de expansión, los criterios que se aplicarían para seleccionar nuevas zonas y los beneficios que espera obtener la administración con la ampliación.

También se consultó qué medidas se tomarían ante los cuestionamientos ciudadanos relacionados con la inseguridad en las zonas donde ya funcionan los parquímetros y la presencia de cuidadores informales que cobran por vigilar vehículos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Una propuesta que divide opiniones

La posibilidad de ampliar los parquímetros convence a algunos ciudadanos, que consideran que el sistema puede ordenar el uso de los espacios de estacionamiento y facilitar la rotación de vehículos en zonas de alta demanda. Sin embargo, otros reciben la propuesta con escepticismo.

Para Nelly Sabando, habitante del centro de Guayaquil, la instalación de estos dispositivos debería priorizarse en sectores donde el estacionamiento se ha convertido en un problema diario.

“Creo que incluso en el centro deberían instalarse los dispositivos. El centro sigue siendo un completo caos. No bastan los garajes y no hay intención, por lo visto, de levantar edificios de parqueos. Esta es una buena medida. Pero ojo con algo: siempre han quedado dudas de hacia dónde va el dinero de la recaudación. Entiendo que la empresa privada debe llevarse una parte y está bien, ¿pero y el resto? Cuentas claras. Eso es lo que urge. Cuentas claras y obras. Si vamos a llenarnos de parquímetros, que existan a la par obras para mejorar también la movilidad”, dijo.

Para otros conductores, en cambio, el debate no está solo en dónde se instalarán más dispositivos, sino en qué pasará con los problemas que acompañan el sistema desde su llegada: la inseguridad y los cuidadores informales que siguen cobrando por un espacio que ya tiene una tarifa oficial.

"Uno termina pagando al parquímetro y también al cuidador", es una queja recurrente entre usuarios que estacionan en zonas donde opera el sistema.

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El proyecto, de hecho, reconoce esa realidad. La ordenanza dispone que, antes de implementar una nueva zona tarifada, se identifique si en el sector trabajan cuidadores informales y si constan en el censo municipal de comerciantes autónomos no regularizados. No obstante, el documento no establece qué ocurrirá con ellos cuando entren en funcionamiento los nuevos parquímetros.

¿Cómo funcionaría?

La propuesta mantiene una tarifa de $ 1 por hora, aunque también permitirá pagar fracciones de $ 0,25 por cada 15 minutos de uso.

El horario general de funcionamiento será de 08:00 a 20:00, de lunes a sábado. Los domingos, feriados y días declarados no laborables mediante decreto ejecutivo, el estacionamiento será gratuito. Sin embargo, la ATM podrá establecer horarios distintos para determinadas zonas si existe una justificación técnica.

Los pagos podrán realizarse mediante aplicaciones móviles, medios electrónicos o dinero en efectivo, aunque la propuesta no especifica qué mecanismo se utilizará en las nuevas zonas.

Además, la ATM podrá delegar a un operador privado la administración, operación, mantenimiento y recaudación del sistema. Los parquímetros que actualmente funcionan en la ciudad continuarán operando bajo las condiciones del contrato vigente.

La idea de los parqueos es necesaria, pero debe hacerse algo y ya con los cuidadores informales. Resulta que uno termina pagando un peaje obligado a todos, y aún así no es seguro de que tu carro esté bien cuidado. Muchos se creen dueños de la calle y esto es agobiante. Injusto.Rómulo Roldós, habitante de Urdesa. 

Multas de hasta $ 72,30

La nueva ordenanza también establece sanciones para quienes incumplan las normas del sistema. La multa será equivalente al 15 % del salario básico unificado, que con el valor vigente de 2026 representa 

$ 72,30.

La sanción, como está fijado actualemente, se aplicará a quienes ocupen un espacio sin pagar, excedan el tiempo autorizado, invadan el espacio asignado a otro vehículo, coloquen obstáculos para reservar un lugar, bloqueen el acceso a los estacionamientos o utilicen estos espacios con vehículos no permitidos, como motocicletas o automotores pesados.

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Aún debe pasar por el Concejo

La propuesta fue publicada por el Municipio para el proceso de socialización ciudadana y todavía no entra en vigencia.

Antes de que los parquímetros puedan expandirse a nuevos sectores de Guayaquil, la ordenanza deberá superar dos debates en el Concejo Cantonal y obtener la aprobación de la mayoría de los ediles.

El debate por la recaudación

La posible expansión del sistema también revive un viejo debate ciudadano: qué ocurre con el dinero que generan los parquímetros.

En una entrevista concedida a EXPRESO en febrero pasado, la ATM explicó que cerca del 80 % de la recaudación corresponde al operador privado, que asumió la inversión, instalación, operación y mantenimiento del sistema.

El 20 % restante lo recibe el Municipio y, según dijo entonces el director de Planificación de la ATM, Freddy Granda, se destina a señalización vial y al mantenimiento de semáforos.

Hay sitios donde el parqueo debe regularse, pero el problema persiste: informales cobran un peaje y la inseguridad continúa.
Jénnifer Soro
Residente de Urdesa

Para una parte de la ciudadanía, esa explicación no basta. Conductores sostienen que los recursos también deberían reflejarse en mejoras visibles para la movilidad, en una ciudad donde persisten problemas de vías, estacionamiento y transporte público.

No me niego a los parquímetros, pero sí a no saber qué pasa con lo recaudado. Obras no vemos y el caos vial sigue.
Daniel Hermenegildo
Conductor

Quito se blinda ante la delincuencia

• Quito despliega 2.000 policías, drones y patrullajes en los nueve distritos para reforzar la seguridad.
• Entre enero y julio de 2026, Quito registró 186 muertes violentas y 2.564 denuncias por robos.
• Expertos advierten que el refuerzo policial será insuficiente sin inteligencia, prevención y coordinación entre instituciones.

El despliegue de drones, patrulleros y cientos de uniformados marcó ayer el inicio del Plan de Protección para Quito, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar la seguridad en una capital donde los robos, las extorsiones, las desapariciones y las muertes violentas han incrementado la sensación de inseguridad entre la ciudadanía.

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El operativo arrancó en el mercado Las Cuadras, en Chillogallo, al sur de la ciudad. Desde ese punto fueron distribuidos 2.000 policías adicionales hacia los nueve distritos del Distrito Metropolitano, con la misión de fortalecer la vigilancia en los sectores que la Policía Nacional ha identificado como los principales focos de actividad delictiva.

Drones y patrullajes reforzarán la vigilancia

El plan contempla patrullajes permanentes, controles preventivos, operaciones de inteligencia y la aplicación de tecnología, como el uso de drones y un helicóptero, para ampliar la capacidad de respuesta en mercados, estaciones del Metro de Quito, universidades, centros comerciales y otros espacios de alta concurrencia.

La intervención ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana. Aunque Quito mantiene índices de violencia inferiores a los de otras ciudades, la criminalidad ha mostrado una tendencia ascendente durante los últimos meses. 

Entre enero y julio de 2026 se registraron 186 muertes violentas en el Distrito Metropolitano y, según datos oficiales, cerca del 80 % de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, un indicador que evidencia la mayor presencia de organizaciones criminales.

Durante el lanzamiento del operativo, el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, aseguró que el refuerzo no responde a una intervención temporal, sino al fortalecimiento de las acciones que la institución desarrolla diariamente. 

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Explicó que la distribución de los uniformados responde a análisis de inteligencia, estadísticas delictivas y denuncias ciudadanas, que permitieron identificar los sectores con mayor incidencia criminal.

Gobierno promete operativos las 24 horas

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el objetivo es impedir que grupos delictivos alteren la tranquilidad de la capital. "No vamos a permitir que alteren la paz. Hemos entregado todos los medios logísticos para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo. Estas operaciones cubrirán los nueve distritos de Quito durante las 24 horas", declaró.

El funcionario confirmó que los 2.000 policías fueron trasladados desde otras ciudades del país, aunque aseguró que esa redistribución no disminuirá la capacidad operativa de las provincias de origen.

Además, adelantó que continuarán las investigaciones para desarticular las estructuras vinculadas a los préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota', una modalidad asociada con extorsiones, amenazas y homicidios.

Robos siguen siendo el principal delito

Las estadísticas muestran que el robo continúa siendo el delito de mayor impacto para los habitantes de la capital. Entre enero y mayo de este año, la Fiscalía recibió 2.564 denuncias por robos en Quito. De ellas, 2.158 correspondieron a robos contra personas y 407 afectaron a locales comerciales.

Los registros también revelan patrones de comportamiento delictivo. Los jueves durante la tarde y los viernes por la noche concentran la mayor cantidad de denuncias por robo de celulares, joyas y otras pertenencias. Solo en esas dos franjas horarias se reportaron 281 casos.

A nivel territorial, los distritos Eugenio Espejo y Eloy Alfaro encabezan la lista de sectores con mayor incidencia. La Policía atribuye esta situación a la concentración de personas en mercados, estaciones de transporte, parques y zonas comerciales, donde predominan los llamados delitos de oportunidad.

Desapariciones agravan la crisis de seguridad

A esta realidad se suma otro fenómeno que preocupa cada vez más: las desapariciones involuntarias. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2026 se denunciaron 79 desapariciones en Quito. Del total, 66 correspondieron a hombres y 13 a mujeres.

El dato más preocupante es el desenlace de estos casos. El 54 % de las personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida, mientras que el 46 % restante fue localizado con vida, una estadística que evidencia la gravedad del fenómeno y sus nexos con otras expresiones de violencia criminal.

Para el Gobierno, precisamente ese escenario justifica el incremento de la presencia policial y el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia en la capital. Sin embargo, especialistas coinciden en que reforzar la presencia policial puede generar un efecto inmediato, pero difícilmente resolverá el problema si no forma parte de una política integral y sostenida.

Expertos piden una estrategia integral

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, considera que la decisión llega tarde frente al crecimiento de la delincuencia en Quito. A su criterio, los sectores que hoy son priorizados por el Gobierno —como estaciones del Metro, universidades, centros comerciales y corredores de alta concurrencia— ya presentaban un deterioro evidente desde hace varios meses.

"Si esos puntos ya estaban identificados, ¿por qué no se intervino antes? La ciudad viene registrando un incremento de robos, extorsiones, desapariciones y hechos violentos desde hace tiempo", cuestionó.

Pinto sostiene que un verdadero plan de seguridad debe ir más allá del despliegue de uniformados. "Un plan debe tener objetivos claros, estrategias, indicadores y una coordinación permanente entre todas las instituciones. No basta con poner más policías en las calles", analizó.

El especialista considera además que la presión ejercida por el Estado sobre las organizaciones criminales asentadas en la Costa provocó el desplazamiento de estas estructuras hacia ciudades como Quito, donde buscan expandir sus actividades ilícitas y lavar activos.

También advirtió que trasladar policías desde otras provincias puede generar riesgos adicionales. "Se puede aliviar un problema en Quito, pero abrir otros en ciudades que perderán capacidad operativa. Si las organizaciones criminales detectan una menor presencia policial, podrían aprovechar esa vulnerabilidad", manifestó.

Para Pinto, recuperar la seguridad exige una estrategia que involucre al Municipio, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sector privado, las universidades y la ciudadanía, con acciones permanentes de prevención y recuperación del espacio público.

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Refuerzo policial requiere acciones sostenidas

Una visión similar comparte Max Campos, coordinador nacional del Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana. Explica que el incremento de efectivos responde al desplazamiento territorial del crimen, un fenómeno frecuente cuando la presión policial aumenta en determinadas provincias.

Para Campos, el refuerzo puede generar resultados inmediatos, pero advierte que el efecto será temporal si no se acompaña de inteligencia criminal, investigación especializada, fortalecimiento del sistema judicial y una mayor coordinación con el Municipio. 

Recordó que buena parte de los delitos ocurre en espacios públicos cuya gestión corresponde a los gobiernos locales, por lo que la prevención debe ser una responsabilidad compartida.

Lo que debes saber

• Según el abogado Ramiro García, la Fiscalía construyó un caso sobre un texto normativo que estuvo viegnte pocos meses.
• Su argumento es que Fiscalía sustentó su acusación para demostrar comercialización ilegal entre segmentos, industrial y automotriz.
• La Fiscalía y la ARCH no ejercieron el derecho a réplica en la audiencia judicial para refutar el argumento de la defensa. 
• Aunque posteriormente acudieron a los medios de comunicación a calificar la tesis como una "confusión" y defender la solidez del caso.

Un último argumento de peso quedó sobre la mesa. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó la base legal de la acusación por el caso Triple A y ni la Fiscalía ni la ARCH lo rebatieron en la audiencia de juzgamiento.

Ahora, el Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada delibera sobre el veredicto, mientras ambas instituciones han respondido a la tesis de Ramiro García únicamente ante los medios de comunicación.

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El argumento de la defensa de Aquiles Álvarez

Durante su intervención final, el abogado de Álvarez, Ramiro García, sostuvo que la acusación fiscal se construyó sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en junio de 2025. Es decir, que el caso de la Fiscalía se construyó para demostrar que las empresas vinculadas a Álvarez desviaban el combustible (adquirido legalmente) hacia otros segmentos: automotriz (con subsidio) al industrial (sin subsidio).

En junio de 2025, la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional. Esta ley cambió la redacción del artículo 265 e incluyó formalmente el “desvío de combustible” dentro de la conducta sancionada, independientemente de si los procesados tenían o no autorizaciones para comercializarlo.

En cambio, el artículo vigente en el período 2020-2024 es el artículo 265 que sancionaba una conducta específica: vender, almacenar o transportar combustible sin tener autorización (sin permisos estatales).

Finalmente este último es el artículo que usarán los jueces para verificar la conducta y si los hechos expuestos en la audiencia corresponden a un delito y si es que ese delito fue cometido por Álvarez y los demás procesados.

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Fiscalía rebate el argumento en medios

La falta de una réplica en el Tribunal no significa que la Fiscalía y la ARCH no hayan respondido al argumento. Ellos se pronunciaron posteriormente en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación y defendieron la “solidez del caso”.

La fiscal de Triple A, Ruth Amoroso, manifestó que la defensa incurre en una confusión sobre la norma aplicable. En entrevista con Radio Centro, explicó que la instrucción fiscal comenzó en diciembre de 2024, cuando estaba vigente el tipo penal utilizado para formular la acusación, y que el proceso superó el control judicial de la etapa preparatoria de juicio.

Amoroso argumentó que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no afecta la acusación relacionada con la presunta comercialización ilegal de más de 22 millones de galones de combustible. Y agregó que los juicios se ganan en audiencia, no en los medios, aunque ella no respondió en la audiencia.

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Debemos recordar que esta instrucción fiscal comenzó en diciembre de 2024. La imputación que realizó la Fiscalía General es la correcta y superó la fase intermedia.Ruth Amoroso, fiscal del caso Triple A

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), por su parte, también rechazó la interpretación de la defensa. Su director ejecutivo, Christian Puente dijo en declaraciones a medios que la tesis planteada por García no tendría sustento jurídico y la calificó como un argumento presentado en la etapa final del proceso para intentar alterar el escenario del juicio.

Puente aseguró que los hechos investigados se ajustan al artículo vigente del COIP. “Se han comercializado sin la debida autorización. No estamos hablando de un desvío, sino de una comercialización”.

Lo que se sabe

• Incendio forestal en El Quinche destruyó cultivos y animales; una presunta quema agrícola sería la causa.
• Bomberos controlan focos tras incendio en El Quinche que afectó 56 hectáreas entre domingo y lunes.
• Quito registra más incendios forestales en 2026; expertos atribuyen el 99 % a causas humanas.

Las llamas avanzaron con rapidez por los cerros de La Victoria, en la parroquia de El Quinche, nororiente de Quito, dejando tras de sí sembríos convertidos en cenizas, corrales destruidos y animales calcinados.

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Aunque el incendio forestal no dejó personas heridas ni viviendas consumidas por el fuego, sí golpeó el sustento de varias familias que viven de la agricultura y la crianza de animales.

Incendio forestal destruyó cultivos y animales

Una de las más afectadas fue la familia Espinosa, que desde hace 16 años trabaja la tierra y cría cuyes, gallinas, patos y cerdos. La emergencia comenzó con una alerta enviada por el chat comunitario, donde vecinos advertían que las llamas descendían por una quebrada impulsadas por los fuertes vientos.

Pese a que algunos moradores decidieron evacuar, la familia permaneció en el lugar para intentar salvar sus animales y evitar que el fuego alcanzara su vivienda. Armados únicamente con mangueras y la ayuda de otros vecinos, combatieron el incendio durante varias horas hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos.

El esfuerzo no evitó las pérdidas. Dos cerdos murieron calcinados, cerca de 20 gallinas quedaron atrapadas entre las llamas y varios corrales donde criaban cuyes y otras aves fueron destruidos. También se quemaron postes, árboles que sostenían las chancheras y parte de los sembríos de maíz y pastizales utilizados para alimentar a los animales.

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Familias campesinas enfrentaron incendio en Quito

Durante un recorrido de este Diario, se constató que hasta el mediodía del lunes los integrantes de la familia retiraban madera carbonizada y limpiaban los corrales destruidos para intentar recuperar el espacio. Expresaban preocupación porque las pérdidas afectan directamente la economía familiar.

A ello se sumaron problemas de salud. Los moradores relataron que pasaron toda la noche respirando humo y polvo mientras intentaban contener las llamas, lo que les provocó irritación en los ojos, molestias respiratorias y agotamiento físico.

Los vecinos sostienen que el incendio se habría originado por una quema agrícola que se salió de control, una práctica prohibida que continúa registrándose durante la temporada seca y que representa una de las principales causas de incendios forestales en el Distrito Metropolitano.

Bomberos controlaron focos del incendio forestal

La emergencia comenzó al mediodía del domingo y se extendió durante toda la noche debido a las fuertes ráfagas de viento y a las condiciones del terreno, marcadas por profundas quebradas que dificultaron el acceso.

Según bomberos, durante las labores en El Quinche se identificaron 17 focos de incendio. Hasta el mediodía del lunes, cuatro habían sido controlados, pero el resto permanecía bajo monitoreo para evitar que el fuego se reactivara.

El subjefe del Cuerpo de Bomberos, Washington Arce, informó que el incendio principal se encontraba confinado y que los equipos trabajaban sobre los puntos calientes que aún permanecían activos. En el sitio se desplegaron 26 uniformados y 12 unidades especializadas, entre vehículos forestales, abastecimiento de agua y unidades de comando.

Aunque no hubo heridos ni viviendas destruidas, el oficial confirmó afectaciones a la flora, la fauna y al ecosistema. De forma preliminar, se estima que el incendio afectó cerca de 56 hectáreas, cifra que será confirmada al concluir las evaluaciones.

Quito registra más emergencias por incendios

La emergencia en El Quinche fue parte de una intensa jornada para los organismos de socorro, que también sofocaron incendios en Itulcachi y la cima de La Libertad. El lunes, en cambio, atendieron las llamas en El Panecillo.

En lo que va de 2026, Quito registra 1.620 emergencias relacionadas con incendios forestales y quemas de desechos, un 9 % más que en el mismo período de 2025.

Los incendios forestales aumentaron de 41 a 54 casos, aunque la superficie afectada disminuyó cerca del 30 %, al pasar de 284,85 a 199,82 hectáreas, resultado que las autoridades atribuyen a una respuesta más oportuna.

Expertos alertan por quemas agrícolas ilegales

Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos, sostiene que, aunque la respuesta institucional pudo haber mejorado, la prevención sigue siendo insuficiente. Explica que las actuales condiciones climáticas, marcadas por alta radiación solar, baja humedad y fuertes vientos, favorecen la rápida propagación del fuego, por lo que las estrategias deben enfocarse en evitar que los incendios se originen y no únicamente en combatirlos cuando ya están activos.

El especialista señala que más del 99 % de los incendios forestales tienen origen humano, principalmente por quemas agrícolas, eliminación de residuos de cosecha y quema de basura a cielo abierto. Por ello recomienda fortalecer las campañas de concienciación en las zonas rurales y mejorar los sistemas de recolección de desechos, ya que en muchas comunidades el acceso al servicio municipal es limitado y la quema continúa siendo una práctica habitual.

Lo que debes saber

• Aspirantes y autoridades, incluido el presidente Daniel Noboa, intensifican actividades de proselitistas.
• Organizaciones políticas y exautoridades electorales reclaman al organismo una actuación más firme.
• Advierten que la falta de fiscalización puede responder a una débil voluntad institucional y a posibles vínculos de interés con los partidos políticos.

Aunque la campaña electoral para las elecciones seccionales está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la disputa por captar el apoyo ciudadano ya comenzó. Los aspirantes a las 222 alcaldías, 23 prefecturas y más de 1.300 concejalías intensifican su presencia en redes sociales, recorridos barriales y actividades públicas para posicionar sus candidaturas.

La actividad proselitista también alcanza al Gobierno. En las últimas semanas, el presidente Daniel Noboa ha promocionado proyectos que podrían ser impulsados por candidatos respaldados por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).

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Los actos de campaña anticipada

Este escenario ha provocado reclamos de organizaciones políticas, que advierten sobre posibles actos de campaña anticipada y el uso de recursos públicos con fines electorales. Durante el primer consejo consultivo convocado por el CNE, el pasado 23 de julio, representantes de los partidos expresaron sus preocupaciones por las actividades de precampaña.

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, solicitó que el organismo vigile tanto estas acciones como la utilización de recursos estatales por parte de autoridades en funciones. Allí sostuvo, “hay asambleístas del partido de Gobierno que hacen promoción electoral mientras mantienen su condición de legisladores”.

Además, los delegados políticos pidieron que el CNE establezca controles más claros y emita directrices para diferenciar las actividades inherentes a un cargo público de aquellas que constituyen promoción electoral anticipada.

El CNE formalizó la convocatoria a elecciones el fin de semana y abrió el proceso de inscripción de candidaturas. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las denuncias de la precampaña.

Luis Verdesoto, exvocal del organismo electoral, cuestiona ese silencio. “Debe intervenir y llamar, desde la fuerza moral y política que le corresponde, para advertir sobre las contravenciones que se cometen. Es la principal autoridad durante el período electoral. Tiene la obligación de hacerlo, al margen de las sanciones que están previstas. Debe hacer cumplir el reglamento”.

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El rol del Tribunal Supremo Electoral

Para el exvocal, ciertas actuaciones ya constituyen una intervención electoral previa al período oficial de campaña. “Si hay un presidente que dice que va a hacer un estadio para favorecer a su candidata a alcaldesa de Quito, es obvio que está interviniendo en las elecciones. Está interviniendo antes, en la precampaña. Y la precampaña tiene que llevar al CNE a sancionar ese ejercicio, que no es solamente económico, sino que también, fundamentalmente, debe implicar una sanción política, una sanción moral; debe ser una voz fuerte que establezca que todo debe funcionar dentro de la regla”, reclama.

Las críticas también provienen de exautoridades electorales. Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), actual CNE, considera que el organismo no ha desarrollado reglas suficientes. El Consejo “no ha regulado adecuadamente, y eso produce una permanente violación de las normas y la falta de un control adecuado. Debieron haber previsto con anticipación dictar reglamentos para la competencia, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero no lo hicieron y por eso existe un desorden total en las actividades”.

La observadora electoral de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Ariel Merino, explica que la falta de acción institucional favorece la repetición de estos conflictos en cada proceso electoral.

“Existió una reforma al Código de la Democracia, pero, por los constantes procesos electorales, esto se ha convertido en una dificultad. El problema no es la falta de normativa; el desafío es que se requiere voluntad política para hacer cumplir las leyes”, afirma.

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Falta de voluntad institucional

Verdesoto sostiene que detrás de la falta de controles existe un problema de voluntad institucional y de relaciones políticas entre los organismos electorales y los partidos. A su juicio, el CNE “es una fuente de muchos favores. Y cuando se dejan pasar temas de los partidos políticos, lo que se logra es que te guarden un favor, acumulando un pro bono, guardando una posibilidad de recibir prebendas subterráneas, como cargos o un control flexible”.

Ese sería el motivo por el que el organismo reduce la intensidad de la fiscalización o, en ciertos casos, evita ejercer controles efectivos sobre las organizaciones políticas, observa. “Allí hay un interés, una mezcla del hambre con la necesidad: el partido incumple las normas y el Consejo las tolera. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Los ciudadanos”, concluye.

Lo que debes saber

• Ramiro García sostuvo que la Fiscalía construyó su teoría del caso sobre una reforma al artículo 265 del COIP aprobada en 2025.
• Pero ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional y no podía aplicarse a hechos ocurridos entre 2020 y 2024.
• La Fiscalía no ejerció su derecho a la réplica durante la audiencia, por lo que el planteamiento quedó sin rebatir.

La Fiscalía sufrió el domingo 2 de agosto, por la noche un terrible sopapo dentro de proceso por el caso Triple A en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Un sopapo, o golpe, del que no pudo recuperarse. La historia es, más o menos, así: después de casi once horas de alegatos el domingo 2 de agosto, cuando la audiencia de presentación de alegatos estaba por terminar y apenas quedaban unos veinte minutos para que concluyera la exposición de las partes, la defensa del alcalde lanzó un argumento que dejó al equipo de la Fiscalía sin capacidad de reacción porque ni siquiera pidieron el derecho a la réplica. En términos boxísticos, quedaron groguis; es decir, como dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al referirse a la palabra grogui, “aturdidos y atontados”.

Quien propinó ese golpe fue Ramiro García: el abogado se había guardado ese alegato durante todo el proceso, no lo había adelantado en ninguna audiencia y, según pudo conocer EXPRESO, ni siquiera los demás equipos que integran la defensa de Álvarez sabían que iba a utilizarlo. Es más, ni siquiera los auxiliares de García. Fue un as bajo la manga reservado para el final del proceso.

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La tesis que expuso fue, al mismo tiempo, sencilla y de enorme alcance. Según García, la Fiscalía terminó construyendo toda su acusación sobre una reforma al artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal que ya no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano porque fue incorporada mediante la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en septiembre de 2025.

Una explicación sencilla

El razonamiento de García merece ser explicado con cuidado. Los hechos investigados en el caso Triple A ocurrieron entre 2020 y 2024. Ese dato es determinante porque durante todo ese período estuvo vigente una determinada versión del artículo 265 del COIP. Además, el tribunal especializado en corrupción, que es el que conoce este proceso, tiene competencia para juzgar únicamente el delito previsto en ese artículo, mas no el contemplado en el artículo 264.

¿Qué decía el artículo 265 vigente durante esos años? Sancionaba a la persona que, en provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o en el mar territorial, almacenara, transportara, envasara, comercializara o distribuyera derivados de hidrocarburos sin la debida autorización.

Esa era la norma que regía cuando, según la acusación, ocurrieron los hechos. Sin embargo, en junio de 2025 la Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, enviada por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. Esa ley modificó la redacción del artículo 265. Y aquí, según García, se produjo el cambio decisivo.

Con la reforma, el artículo dejó de describir un delito centrado en la comercialización o distribución sin autorización y pasó a reproducir las conductas previstas en el artículo 264. Es decir, el núcleo del tipo penal cambió. Desde entonces, el artículo ya no se concentraba únicamente en la comercialización ilegal de combustibles, sino en los casos en que combustibles adquiridos legalmente eran desviados hacia segmentos distintos de aquellos para los cuales estaban autorizados.

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Precisamente ese supuesto -el desvío de combustibles hacia segmentos distintos de los autorizados- es el eje de toda la acusación presentada por la Fiscalía y por la acusación particular durante este proceso.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional 

Pero ahí apareció el golpe de Ramiro García. El abogado recordó que esa reforma nunca sobrevivió al control constitucional. En septiembre de 2025 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y, con ella, todas las reformas al COIP que esa ley contenía, incluida la nueva redacción del artículo 265.

No solo eso. La propia sentencia estableció que esas reformas no podían aplicarse retroactivamente.

Según la defensa, esa decisión tiene una consecuencia jurídica inevitable: la versión reformada del artículo 265 nunca pudo servir para juzgar hechos ocurridos entre 2020 y 2024, tanto porque fue expulsada del ordenamiento jurídico como porque la Corte prohibió expresamente darle efectos retroactivos.

En otras palabras, sostuvo García, la Fiscalía estructuró su acusación utilizando un tipo penal cuya redacción fue incorporada en 2025, posteriormente declarada inconstitucional y que, además, jamás pudo aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia.

La consecuencia, según la defensa, no es que el delito de comercialización ilegal de combustibles haya desaparecido del COIP. Ese delito sigue existiendo. Lo que sostiene García es algo distinto: que la Fiscalía acusó a Aquiles Álvarez utilizando una versión del artículo 265 que nunca fue jurídicamente aplicable al período investigado y que, por tanto, el tipo penal sobre el cual edificó su teoría del caso no podía sustentar la acusación.

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Fiscalía prefirió guardar silencio

Fue ese razonamiento el que quedó flotando en la sala cuando terminó la audiencia. Y fue también el argumento frente al cual la Fiscalía, al menos esa noche, prefirió guardar silencio y renunciar incluso al derecho de responder.

García no descarta, es más está convencido, de que el proyecto de reforma al artículo 265 del COIP incluida en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional había sido concebido pensando en el caso de Aquiles Álvarez que para entonces ya estaba siendo investigado. Es decir que, según él, cuando se redactó la reforma en Carondelet ya se estaba pensando en cómo acorralar a Álvarez.

Todo esto no significa que Alvarez ya salió airoso del caso. Es muy posible que los operadores de Carondelet estén ahora mismo moviendo todos los resortes posibles para asegurarse que los jueces desestimen lo dicho por García.

Lo que debes saber

• La intervención societaria debería buscar corregir irregularidades, no convertirse en una medida permanente.
• Aunque la Ley de Compañías exige que sea temporal, no establece un plazo máximo para su duración.
• Expertos advierten que una intervención prolongada puede afectar la inversión, la confianza y la continuidad de una empresa.

¿Cuándo una intervención deja de ser un mecanismo para salvar una empresa y comienza a poner en riesgo su continuidad? Esa es la pregunta que plantean abogados y exautoridades consultados por EXPRESO, quienes advierten que prolongar la medida sin una justificación técnica clara puede desnaturalizar una herramienta concebida para corregir irregularidades, no para extender indefinidamente el control sobre una compañía.

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Un vacío sobre la duración de las intervenciones

Aunque la Ley de Compañías establece que la intervención societaria debe mantenerse únicamente el tiempo necesario para superar las irregularidades que la originaron, no fija un plazo máximo. Para Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esa ausencia responde a que cada caso tiene una complejidad distinta, pero también deja abierta la discusión sobre cuándo una medida deja de ser temporal.

Ese vacío es uno de los puntos que cuestiona Marco López, exsuperintendente de Compañías. A su criterio, una vez que la empresa subsana las observaciones, la intervención debería levantarse, pues mantenerla sin un horizonte claro desnaturaliza una herramienta creada para corregir problemas y no para prolongar el control sobre una empresa.

La carga laboral de un interventor influye en el tiempo de una intervención. No es lo mismo que una persona se dedique a una sola compañía que tenga asignadas cinco o diez.Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados

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Los efectos de una intervención prolongada

Y es que según los especialistas, la incertidumbre puede afectar el funcionamiento de la compañía, incluso cuando continúa operando. La permanencia de un interventor, explican, influye en la confianza de los inversionistas, proveedores, acreedores, clientes y trabajadores, además de retrasar decisiones estratégicas para el negocio.

Para Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma jurídica Fexlaw, el problema aparece cuando la intervención pierde su carácter excepcional. A su juicio, mantenerla más allá del tiempo necesario puede deteriorar el valor de la empresa, retrasar proyectos de inversión, afectar su reputación frente al mercado y comprometer su capacidad para operar con normalidad.

La intervención societaria debe ser una medida excepcional, correctiva y temporal, no un mecanismo sancionador ni una vía automática hacia la liquidación de una empresa.Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano

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¿Cuándo puede mantenerse la intervención?

No obstante, ¿qué ocurre si la empresa sostiene que ya corrigió las irregularidades, pero la intervención continúa? Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dice que la Superintendencia de Compañías debe contar con una justificación técnica y jurídica para mantener la medida, ya que una liquidación solo puede ser dispuesta mediante una resolución motivada de la autoridad y no por decisión del interventor.

Para Quintero, la motivación de la resolución constituye una garantía para las empresas intervenidas. La autoridad, señala, debe explicar con fundamentos técnicos y jurídicos por qué las observaciones no se consideran subsanadas y por qué la intervención debe seguir, pues de lo contrario la medida podría ser cuestionada por carecer de sustento suficiente.

Por esto López considera que el interventor debe convertirse en un facilitador para que la empresa recupere la normalidad. A su criterio, el funcionario no debería actuar como un actor que conduzca inevitablemente a la liquidación de la compañía.

El fin de la intervención de la SuperCías es vigilar, pero obviamente no significa ser una unidad de castigo o una entidad que entorpezca la economía de la empresa.Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte

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No todas las intervenciones tienen el mismo origen

Por otro lado, las intervenciones pueden tener un origen económico o jurídico. Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados, argumenta que las primeras suelen estar relacionadas con pérdidas, falta de liquidez o dificultades financieras; mientras que las segundas obedecen a incumplimientos societarios, como la vulneración de estatutos, la omisión de información o el incumplimiento de obligaciones legales.

Sin embargo, esa diferencia no implica un tratamiento distinto al momento de determinar que una empresa sea o no liquidada. Es ese escenario el que preocupa a Ramírez.

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La intervención no debe convertirse en una liquidación

A juicio del exsuperintendente de Compañías, esas diferencias no son menores. Sostiene que una empresa que genera empleo y cumple con su actividad no debería terminar encaminada hacia una liquidación por incumplimientos de carácter formal, como la falta de entrega de información a la Superintendencia, sino recibir las facilidades necesarias para corregir esas observaciones.

López explica que el desenlace de una intervención debería depender de la disposición de la empresa para subsanar las irregularidades que dieron origen al proceso. Si el incumplimiento consiste, por ejemplo, en no presentar estados financieros, afirma que el rol del interventor es trabajar junto con la administración para poner la documentación al día y permitir que la compañía siga operando, no conducirla a su desaparición.

Para González, esa diferencia resulta relevante porque las observaciones de carácter jurídico suelen ser subsanables. Para el académico, la intervención debe servir precisamente para corregir esos incumplimientos y permitir que la empresa continúe operando, no para convertir un tecnicismo en una causal que termine derivando en su desaparición.

A pesar de ello, Guillén explica que la normativa no deja a las empresas sin mecanismos de defensa. Según la especialista, las decisiones de la Superintendencia pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Compañías y, de ser necesario, a través de acciones en la justicia ordinaria, donde se revisará si la actuación de la autoridad se ajustó a Derecho.

Su caso no es aislado. El 53% de los consumos con tarjeta en Ecuador se hace de forma rotativa a junio de 2026, siete puntos más que en 2023, según el buró Aval: cada vez más gente arrastra saldo aunque pague puntual y no aparezca en la mora.La deuda rotativa es el saldo que no se paga por completo y pasa al mes siguiente generando intereses.

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Sin embargo, los indicadores oficiales lucen sanos. La morosidad total de la cartera de la banca privada bajó a 3,05% en junio de 2026, informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). 

En las cooperativas grandes del segmento 1 se ubicó en 8,3% ese mes, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Ninguno desagrega la mora de tarjetas de crédito, y esos indicadores no ven a quienes, como Diego, pagan a tiempo mientras su deuda no deja de crecer.

¿Por qué el pago mínimo no baja la deuda?

"Lo peor del mundo que puedes hacer es pagar solo el mínimo", dijo Francisco Borja, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Explicó que ese pago apenas cubre los intereses y casi no toca el capital. "La deuda se hace cada vez más grande y esas son las famosas bolas de nieve que se vuelven impagables", afirmó.

Diego tardó entre seis y ocho meses en entenderlo. Para entonces, la deuda de su primera tarjeta había trepado a unos $10.000. "La deuda de la tarjeta es inmisericorde", afirmó.

El costo tiene número. La tasa activa efectiva máxima del segmento de consumo, donde entran las tarjetas de crédito, fue de 16,77% anual en junio de 2026, según el BCE.

Está prohibido el anatocismo en Ecuador

A esa mecánica se suma una discusión de fondo. Pagar solo el mínimo mantiene al cliente fuera de la mora pero deja crecer la deuda; Asobanca explica que el anatocismo está prohibido y que la mora se cobra solo sobre el capital vencido, mientras la reforma al COMYF busca reforzar esa regla. 

Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, afirmó que el anatocismo —el cobro de interés sobre interés— está prohibido y que la mora se liquida solo sobre el capital vencido. 

"No existe y no puede existir anatocismo en una operación de crédito", dijo. La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que debate la Asamblea Nacional busca reforzar esa prohibición. 

Una deuda también puede crecer sin anatocismo: por intereses ordinarios sobre el capital pendiente, nuevos consumos, avances y otros cargos.

¿Qué señales aparecen antes de la mora?

La deuda promedio salta de $1.440 con una tarjeta a $23.183 con cinco o más, y el puntaje baja de 713 a 685 en el multitarjeta: el riesgo se concentra donde los indicadores oficiales todavía no lo muestran. Las señales del sobreendeudamiento aparecen antes que la mora.

La base también se amplía. Los tarjetahabientes pasaron de 2,5 a 2,7 millones en un año. El saldo promedio per cápita entre 2023 y 2026 se ubicó en $4.370, y entre junio de 2025 y junio de 2026 cayó 2,7%.

Diego encaja en ese perfil. Manejó cinco tarjetas, con saldos de $5.635, $3.637, $3.270, $988 y $6.470, hasta sumar cerca de $20.000. Abría una nueva para pagar cuotas más bajas mientras intentaba reducir la anterior.

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Los casos de endeudamiento alto "eran aislados, pero poco a poco se van haciendo más frecuentes", afirmó Jorge Altamirano, docente de la UIDE Business School. Precisó que suelen darse en personas que perdieron sus ingresos.

Incluso la banca lo reconoce. La morosidad de tarjetas "a nivel nacional es un desafío", explicó Produbanco, y agregó que endeudarse en los consumos con tarjeta es "un comportamiento social".

¿Sirve el buen puntaje como brújula?

Diego lo vivió: su puntaje seguía por encima de los 850 mientras cinco tarjetas se acumulaban.

El puntaje tampoco cuenta toda la historia. Mide el historial de pago, no la capacidad futura, y alguien muy endeudado conserva una buena calificación mientras pague a tiempo. Altamirano advirtió que un incumplimiento puede tardar dos o tres meses en reflejarse.

Diego encontró salida en un préstamo de consolidación de $24.000 con el que canceló las tarjetas. 

Los $4.000 restantes los destinó a otros gastos. Hoy paga $640 al mes por cinco años. "Sé que esa deuda va a terminarse. En cambio, cuando uno paga los mínimos, la deuda nunca se termina. Nunca, nunca, nunca", afirmó.

Altamirano agregó que Diego tuvo suerte, porque accedió al préstamo con el puntaje aún alto. Quien ya dejó de pagar suele tener la calificación deteriorada y no consigue esa opción.

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¿Quiénes pidieron un alivio y dónde viven?

La presión de las cuotas se siente en el sistema. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, 294.000 personas recibieron alivios sobre $4.084 millones en el sistema financiero, según el buró. 

Tenían 42 años en promedio, dos tarjetas vigentes y un cupo mediano de $3.000. Pagaban una cuota mediana mensual de $1.215, 55,6% mayor que los $781 de la cartera comparada, que excluye al BIESS. 

Su puntaje promedio fue 527, muy por debajo del 713 general de tarjetahabientes.

Diego encaja en ese cuadro. Sacó su primera tarjeta en el Banco Pichincha hace más de quince años y el préstamo de consolidación en el Produbanco.

El auxilio se concentró en la Sierra, que absorbió el 57% del saldo aliviado, con Pichincha sola en el 31% del total nacional, según el buró. 

En la Costa se ubicó el 31%, pero con saldos menores y puntajes más altos, un perfil más sano en términos crediticios. 

En la Sierra, en cambio, los saldos aliviados fueron mayores y los puntajes más bajos: mayor riesgo concentrado en menos personas.

El rescate llegó distinto entre entidades. En la banca privada, el saldo promedio aliviado fue de $8.900 por operación; en las cooperativas, de $14.400. Las cooperativas auxiliaron a menos personas pero con saldos más altos y perfiles de mayor riesgo.

¿Cuándo hay que actuar?

Borja recomendó reunir las deudas en una sola y negociar plazo y tasa. Altamirano advirtió que refinanciar a mayor plazo baja la cuota pero encarece el total.

Las señales tienen umbrales. Borja dijo que el sobreendeudamiento empieza cuando los pagos superan el 20% de los ingresos mensuales. Altamirano marcó la bandera roja en el 50%: "No hay que esperar hasta que la casa esté en llamas, sino cuando comenzamos a oler a humo", afirmó.

Diego dejó de usar tarjetas y busca más clientes para pagar más rápido. No hay cifras que midan cuántas personas están sobreendeudadas sin haber caído en mora, pero las señales —saldo rotativo en alza, deuda concentrada en el multitarjeta y buenos puntajes con capacidades golpeadas— aparecen antes de que dejen de pagar.

Las claves del caso

• La Policía identificó a Los Silenciosos, vinculados a Los Choneros, y a Los Playeritos, relacionados con Los Lobos, como las facciones que mantienen una pugna por el control de actividades ilícitas en General Villamil Playas.
  
• Entre enero y julio se registraron 33 denuncias formales por extorsión ante la Fiscalía, además de otros 15 casos atendidos por la Unase que no fueron judicializados debido al temor de las víctimas.
  
• Mientras el Municipio y la Gobernación anuncian operativos para enfrentar la inseguridad, especialistas advierten que el crecimiento del crimen organizado podría afectar al turismo, la actividad comercial y la economía del cantón si no se fortalecen las estrategias de prevención y control.

Facciones vinculadas a Los Choneros y Los Lobos mantienen una disputa por el control de las actividades ilícitas en General Villamil (Playas). Según la Policía, esta pugna territorial estaría detrás del incremento de la violencia y de la expansión de las extorsiones, conocidas como 'vacunas', que actualmente constituyen el delito que más preocupa a comerciantes y habitantes del balneario.

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El jefe policial de Playas, teniente coronel Jorge Analuisa, explicó que en el cantón operan Los Silenciosos, vinculados a Los Choneros; y Los Playeritos, relacionados con Los Lobos. Ambas buscarían estructuras para dominar negocios ilegales y ejercer presión sobre comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.

Entre el 1 de enero y el 29 de julio, la Fiscalía registró 33 denuncias por extorsión. A esa cifra se suman otros 15 casos atendidos por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) que no fueron formalizados debido al temor de las víctimas, según informó Analuisa.

La magnitud de este fenómeno criminal fue revelada por EXPRESO en su edición del lunes 3 de agosto. Para profundizar en las causas de la violencia y conocer las posibles soluciones, este Diario consultó a autoridades locales, representantes del Gobierno y especialistas en seguridad.

Playas, uno de los 25 cantones del Guayas, registra 44 asesinatos entre el 1 de enero y el 26 de julio. De acuerdo con fuentes policiales, varias de las víctimas estarían vinculadas a casos de extorsión, ya sea por negarse a pagar las denominadas 'vacunas' o por disputas relacionadas con estas actividades ilícitas.

El antecedente del terror en Playas

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 12 de julio, cuando el propietario de un local de venta de celulares fue asesinado a tiros en la avenida Paquisha, una de las principales vías del cantón.

"Desde 2023, el delito de mayor recurrencia está relacionado con las extorsiones y amenazas. Las víctimas reciben intimidaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o panfletos. La presión criminal se concentra principalmente en el casco comercial, donde funcionan negocios y laboran taxistas y tricimoteros", indicó Analuisa.

El oficial recordó que hace aproximadamente un mes personas provenientes de Santa Elena habrían intentado extorsionar a comerciantes de Playas. Posteriormente, dos de ellas fueron asesinadas.

También mencionó que tras un atentado con explosivos contra un establecimiento comercial, varios negocios optaron por reducir sus horarios de atención, por temor a nuevos ataques. "El objetivo es sembrar miedo en la población. Algunos negocios cierran antes de las siete de la noche", sostuvo.

Aunque se aseguró que existen patrullajes permanentes y operativos en distintos sectores, se reconoce que las capacidades policiales tienen límites. "No se puede colocar un policía detrás de cada ciudadano. Los delincuentes aprovechan esos espacios para cometer delitos", admitió.

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Alcalde de Playas responde a EXPRESO

Gabriel Balladares, alcalde de General Villamil, considera que la inseguridad que enfrenta el balneario responde a una crisis que afecta a gran parte del país y que se ha profundizado en los últimos años.

Agregado que la ubicación estratégica del cantón, cercana al Puerto de Aguas Profundas de Posorja, lo convierte en una zona de interés para estructuras vinculadas al crimen organizado. “Los últimos acontecimientos forman parte de una problemática que se ha venido extendiendo desde 2021”, comentó.

El burgomaestre aseguró que el Municipio mantiene coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, aunque aclaró que la identificación y desarticulación de las organizaciones criminales corresponde a las entidades de seguridad e investigación.

Balladares también reconoció el temor que existe entre los habitantes. “Como ciudadano, padre de familia y habitante de Playas, uno siente preocupación porque no sabe qué puede ocurrir al día siguiente. Todos somos vulnerables frente a estos hechos”, expresó.

Gobernador del Guayas se pronuncia ante el crimen 

Por su parte, el gobernador del Guayas, José Arévalo, señaló que la presencia de grupos criminales en el cantón es una problemática que se viene observando desde hace varios años. Según indicó, se han ejecutado reuniones de coordinación y operativos para contener la violencia.

"Los delitos comunes son el robo de celulares y los 'sacapintas', pero el que más prolifera en Playas es la extorsión. Hemos visto incluso la colocación de explosivos cuando las personas se niegan a pagar. Vamos a seguir realizando operativos", aseguró.

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Especialista confirma la delicada situación

Para Michelle Maffei, especialista en prevención del crimen organizado, Playas necesita fortalecer las estrategias de prevención y generar información especializada que permita comprender cómo operan las estructuras criminales en el territorio.

Maffei señaló que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento y ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. Actualmente obtienen recursos mediante extorsiones, secuestros, sicariatos y tráfico de drogas.

Además, advirtió que la importancia turística y comercial de Playas lo convierte en un territorio atractivo para estas estructuras.

"El sector turístico y empresarial podría verse gravemente afectado si no se adoptan urgentes. Algunos negocios podrían verse obligados a cerrar y otros, bajo presión criminal, terminar relacionándose con estas estructuras para poder operar, quedando expuestos incluso a delitos como el lavado de activos", analizó.

Lo que debes saber

• Quito inició el monitoreo en tiempo real de 70 buses para controlar rutas y velocidad.
• Cinco operadoras participan desde agosto y otras 13 se incorporarán en las próximas semanas.
• El sistema busca modernizar el transporte con GPS, alertas automáticas y pagos electrónicos.

El proceso de modernización del transporte público de Quito comenzó a dar uno de sus pasos más visibles. 

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El Municipio puso en funcionamiento, en fase piloto, el Centro de Monitoreo de la Movilidad, una plataforma que permitirá seguir en tiempo real el recorrido de las unidades, verificar el cumplimiento de las rutas y generar alertas frente a excesos de velocidad, retrasos o abandono de recorridos.

La herramienta, que por ahora opera con un grupo reducido de buses, forma parte de la transformación tecnológica que exige el proyecto de ordenanza que actualmente se debate en el Concejo Metropolitano.

En esta primera etapa, la plataforma recibe información de cinco operadoras que ya iniciaron las pruebas de conexión. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad prevé incorporar progresivamente a las 64 operadoras urbanas del Distrito Metropolitano de Quito hasta completar la cobertura total del sistema.

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¿Qué controlará la nueva plataforma?

Desde el Centro de Monitoreo, instalado con capacidad para 25 estaciones de trabajo, los técnicos pueden observar el desplazamiento de cada unidad sobre un mapa digital.

La plataforma muestra la ubicación exacta del bus, la velocidad a la que circula, el conductor asignado, la ruta que cumple, la última parada registrada e incluso información relacionada con el historial del operador. El objetivo es que el control deje de depender únicamente de la presencia de fiscalizadores en las calles y pase a realizarse también de forma remota.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que actualmente la plataforma se encuentra en una etapa de calibración con alrededor de 70 buses pertenecientes a cinco operadoras, mientras otras 13 ya firmaron convenios para integrarse al sistema en las próximas semanas. Una vez concluidas las pruebas técnicas, la plataforma entrará en operación y comenzará el proceso de incorporación gradual del resto de empresas de transporte.

¿Qué alertas emitirá el sistema?

Según el funcionario, el Municipio desarrolló la plataforma tecnológica, mientras que las operadoras financian la instalación de los equipos que transmiten la información hacia el sistema municipal.

En ese proceso se aprovechará la infraestructura de GPS que los buses ya poseen desde administraciones anteriores, aunque hasta ahora esa información nunca había sido utilizada para el control operativo.

“La diferencia es que hoy existe una plataforma capaz de recibir esos datos y analizarlos en tiempo real”, sostuvo Pérez, quien recordó que el sistema permitirá generar alertas automáticas cuando una unidad exceda los límites de velocidad, abandone una ruta o incumpla los horarios establecidos. En esos casos, la información será enviada a los agentes metropolitanos o dará paso a procedimientos administrativos, según corresponda.

Antes existían GPS instalados, pero nunca hubo una plataforma para aprovechar toda esa información.
Alex Pérez 
​secretario de Movilidad

¿Qué exige la nueva ordenanza?

La implementación del monitoreo forma parte del proyecto de ordenanza que busca reorganizar el sistema de transporte público y que aún debe superar el segundo debate en el Concejo Metropolitano.

La normativa establece los plazos para que las operadoras incorporen nuevas tecnologías como el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el Sistema de Información al Usuario (SIU) y el Sistema Integrado de Recaudo, que permitirá el pago mediante tarjetas y códigos QR.

Cristian Lara, presidente de la compañía Transportes Vencedores de Pichincha, señaló que la Comisión de Movilidad iniciará nuevas mesas de trabajo para analizar las observaciones planteadas por concejales, representantes ciudadanos y transportistas antes del segundo debate.

Aseguró que la mayor parte de las inquietudes del sector ya fueron incorporadas al proyecto, aunque aún quedan pendientes aspectos relacionados con el cronograma de implementación y la compensación económica ofrecida por el Municipio.

¿Quién pagará la modernización tecnológica?

Uno de los principales desafíos continúa siendo el financiamiento. Lara explicó que el equipamiento tecnológico requerido para cada unidad —que incluye GPS bidireccional, sensores de puertas, contadores de pasajeros, pantallas informativas y validadores electrónicos de pago— tiene un costo estimado de entre 5.000 y 8.000 dólares por bus.

El dirigente reconoció que actualmente los transportistas no son considerados sujetos de crédito por el sistema financiero, por lo que analizan alternativas de financiamiento con proveedores o mecanismos de garantía que, sin embargo, incrementan los costos mediante intereses y riesgos adicionales. “La inversión saldrá del bolsillo del transportista”, afirmó.

Nos estamos adaptando al monitoreo y los correteos entre buses están disminuyendo durante estas pruebas
Javier piedra
conductor Quiteño Libre

¿Cuándo funcionará en todos buses?

Una visión similar mantiene Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano (Unitrans), quien recordó que todas las operadoras ya cuentan con GPS desde hace varios años. No obstante, indicó que el Municipio nunca dispuso de una plataforma para recibir esa información, situación que ahora cambia con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Monitoreo.

El dirigente señaló que las empresas están entregando la documentación y la información técnica de sus unidades conforme al cronograma establecido por la Secretaría de Movilidad y estimó que, hacia finales del próximo mes, todas las operadoras podrían transmitir datos en tiempo real hacia la plataforma municipal. 

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Agregó que el sistema integrado de recaudo requerirá un plazo adicional, ya que muchos de los equipos deberán importarse y adquirirse de manera conjunta para garantizar compatibilidad tecnológica.

En las calles, el cambio ya empieza a sentirse. Javier Piedra, conductor de la cooperativa Quiteño Libre, una de las operadoras que participa en el plan piloto, considera que el monitoreo ayudará a reducir los tradicionales “correteos” entre buses y permitirá ofrecer un servicio más ordenado y seguro para los usuarios.

Lo que debes saber

• Un video viral revivió el fallido acuerdo entre Lasso, Nebot y Correa en la Asamblea de 2021.
• Las negociaciones a puerta cerrada y sin consulta a las bases marcan la política ecuatoriana.
• La falta de transparencia en alianzas legislativas termina favoreciendo el retorno del correísmo.

La semana pasada, se viralizó en redes el extracto de una entrevista que le hace Orlando Pérez, comunicador militante del correísmo, a su líder Rafael Correa, en el cual el expresidente se refiere al pacto que tuvo con Guillermo Lasso y Jaime Nebot para repartirse los puestos directivos de la Asamblea Nacional y cogobernar, el cual resultó nonato. Como si el tema fuera algún secreto, usuarios y portales digitales saltaron con señas de asombro e indignación, cuando ese acuerdo era de conocimiento público antes de que la Asamblea del 2021 si quiera se instalase.

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Esa reacción original, la furia del anticorreísmo que se sintió traicionado, fue una de las razones detrás de la decisión de Guillermo Lasso de recular y terminar pactando con la Izquierda Democrática y Pachakutik. Detrás de Lasso y su nueva alianza se fue César Rohón, quien luego sería su ministro de Transporte y Obras Públicas, alegando que el acuerdo de Nebot con Correa se había hecho a espaldas de él y de gran parte del Partido Social Cristiano. Cualesquiera que hayan sido las reales motivaciones detrás de su salida (él mismo confesó que había sido precandidato de La 6 a la presidencia del Legislativo), Rohón tuvo razón en lo que dijo: el pacto tripartito que nunca fue era inaceptable porque se había fraguado en las sombras.

Sin embargo, lo mismo se puede decir del acuerdo que terminó honrando Lasso con un Pachakutik y una Izquierda Democrática que llegaron a la Asamblea con bloques muchos más grandes de los que pensaban obtener (y, por tanto, menos fáciles de manejar de lo esperado) gracias al sorpresivo desempeño de Yaku Pérez y Xavier Hervas, sus respectivos candidatos para las presidenciales.

Negociaciones a puerta cerrada: cómo se hace la política en Ecuador

En ninguno de los dos casos se designaron interlocutores públicamente ni se le consultó a la militancia o a toda la dirigencia si estaban de acuerdo con un pacto. Todo se dio, como en una canción chichera o una novela lúbrica, entre llamadas telefónicas y encuentros en hoteles.

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Y es que así se hace política en el Ecuador. ¿Quién sabe cómo se definieron las listas de las organizaciones políticas? ¿Y con quién se discutieron las alianzas, tanto las formales y como las tapiñadas? Por ejemplo, cuando el movimiento Amigo le prestó su lista a la Revolución Ciudadana, como quizá termine haciendo el Partido Socialista, ¿qué pidieron sus dirigentes a cambio de eso? ¿Debemos pensar que los animó el puro altruismo? Y esta adhesión de Cynthia Viteri con ADN, ¿en qué puntos de acuerdo se basa? ¿Hay alguna línea roja que las partes no están dispuestas a cruzar?

Por supuesto, todos han dado algún remedo de respuesta cuando les ha tocado. La dirigencia de Amigo salió a decir que ellos le abrieron sus puertas a todo el mundo y que, como no fuera nada extraño, un montón de correístas entraron por ahí y pasaron su evaluación. Cynthia Viteri, por su lado, habla de ayudar a los pobres y desposeídos y promete entregarles a ellos obras junto al presidente Daniel Noboa, haciendo uso de ese lenguaje pseudofilantrópico que tanto gusta a los políticos porque significa nada y, por ende, sirve para todo.

Pactos de gobierno y la trinca política de la gobernabilidad

El verdadero horror no está en pactar con Correa. Nuestro actual presidente lo hizo y pasó varias de sus primeras leyes con la ayuda de la Revolución Ciudadana y del socialcristianismo. Lo inaceptable es pactar con quien sea sobre los destinos de todo un país y tratarlo como un acuerdo entre privados o un negocio cualquiera.

Para colmo, toda esta teatralidad del rechazo a trabajar con los correístas termina siempre irónicamente en un retorno hacia ellos.

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Cuando Lasso huyó de Correa, lo hizo para caer en brazos de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea para muchos de ingrata recordación, cuya gestión resultó en que rápidamente el oficialismo perdiera el control de la mayoría en el Pleno y luego de su propia bancada. Después vino Virgilio Saquicela, que antes había sido parte de las listas de CREO, y con él la muerte cruzada y una oportunidad para el correísmo.

Ahora que Noboa dice caminar solo, o al menos sin ninguna alianza formal pública, lo hace usando a un montón de excorreístas como operadores, asambleístas y candidatos.

El problema, quién lo hubiera dicho, parece estar en las costumbres de los ecuatorianos y sus ganas de volver todo una trinca.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa lidera la estrategia del movimiento ADN para las próximas elecciones seccionales.
• Las precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia realizan proselitismo activo en territorio.
• Vacíos legales del CNE permiten la precampaña anticipada sin posibilidad de sanción o control.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se ha vuelto un pieza clave en la promoción de sus precandidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), vinculándolos de forma anticipada con futuras obras clave mediante recorridos territoriales y eventos partidistas previo a las elecciones seccionales. Expertos advierten que, si bien estas actividades configuran un acto de proselitismo en el sector público, los vacíos del Código de la Democracia impiden imponer sanciones por gasto o campaña anticipada.

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La estrategia electoral de ADN en las seccionales

El estreno del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en unas elecciones seccionales tiene un protagonista clave: el presidente de la República y líder de la organización política, Daniel Noboa.

Más allá de sus reiteradas referencias a las elecciones, desde el 23 de julio de 2026 Noboa ha empezado a hablar de algunos de sus precandidatos e incluso a asociarlos con potenciales obras en ciudades clave que se realizarían junto a ellos.

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Para Quito, Noboa dijo tener un preacuerdo con una candidata a la Alcaldía para construir el nuevo estadio Atahualpa junto con quienes construyeron el estadio Santiago Bernabéu, en España. Incluso habló de la ampliación del Metro de Quito.

En Guayaquil, por otro lado, Noboa fue más cauto y se limitó a defender la elección de Cynthia Viteri, exalcaldesa socialcristiana de la ciudad, como la apuesta de ADN para ganar el Sillón de Olmedo en las próximas elecciones seccionales.

Precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia en territorio

Sin embargo, las acciones de ADN no terminan ahí. En Guayaquil y Quito, las precandidatas de ADN, Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia (luego de inscrita como candidata para la Prefectura de Pichincha), respectivamente, ya se mueven en territorio como si estuvieran en campaña electoral.

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En el caso de Ubidia, desde la confirmación de su precandidatura, en sus redes sociales intercala sus actividades como directora del Seguro Social Campesino con su rol como militante de ADN. En ellas muestra recorridos, brigadas y diálogos en varios sectores de la capital.

Viteri, por su parte, recorre Guayaquil junto al asambleísta Andrés Guschmer, candidato a prefecto del Guayas, y a Zaida Rovira, exministra de Desarrollo Humano. Incluso participó en un evento partidista de ADN en el que también estuvo el gobernador de la provincia, José Arévalo.

Vacíos legales del CNE y el claroscuro sobre la campaña anticipada

Aunque, para los expertos electorales consultados por EXPRESO, todas estas actividades están visiblemente asociadas con una precampaña del oficialismo, aclaran que la propia ley presenta vacíos o zonas grises que las permiten, aunque ello sea considerado reñido con la ética pública.

Este Diario intentó comunicarse, vía correo institucional, con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para consultarles sobre las medidas que están tomando para controlar los actos de campaña anticipada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Precampaña, un concepto debatido en la norma electoral

Esteban Ron, experto electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, sostiene que el principal problema radica en los términos y los plazos que establece la propia norma.

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Aunque la ley sí sanciona la campaña anticipada, aclara, esta solo es considerada si es cometida por un candidato. “Es un claroscuro de la ley porque ahora son precandidatos hasta la inscripción”, comenta, y señala que ni siquiera en ese escenario podría imponerse una sanción.

Según explica, una persona adquiere la calidad de candidato no únicamente con la inscripción (que inició este 2 de agosto de 2026), sino “ya cuando es aceptada la candidatura por el CNE, una vez pasadas las impugnaciones”. Durante ese tiempo, “pueden hacer esta especie de campaña y no habrá sanción o imputabilidad al gasto electoral”.

Campaña anticipada debería frenar por "ética pública"

No obstante, el estratega y docente de Comunicación cuestiona ese claroscuro de la ley y recuerda que se trata de un espacio que, a su juicio, está siendo aprovechado por el Gobierno Nacional en beneficio de sus fichas para las elecciones seccionales de noviembre.

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“Jurídicamente la ley brinda un espacio para que realicen actividades proselitistas. No es ético, pero este Gobierno ha dejado señales claras de que hacer lo correcto no está en su lógica de Gobierno”, acota.

Lo que debes saber

• La Fiscalía incorporó una pericia que omite a Roberto Luque en el caso Progen.
• El informe atribuye responsabilidades a funcionarios de Celec por contratos de 104 millones.
• La pericia no analiza el rol de Luque en la emergencia eléctrica de abril de 2024.

La Fiscalía incorporó al expediente del caso Progen una pericia sobre los contratos de generación térmica adjudicados a Progen. Sin embargo, el informe técnico elaborado por el perito Milton Rojas Arias omite en su mapa al exministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque.

Aunque Luque fue el funcionario de más alto nivel que firmó la declaratoria de emergencia eléctrica en abril de 2024 e impulsó los procesos de contratación, la pericia únicamente traza una línea de responsabilidades que abarca a la cúpula técnica, jurídica y administrativa de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y de su unidad de negocio Termopichincha.

La pericia del caso Progen reconstruye la cadena de decisiones en Celec

El peritaje de Rojas Arias detalla, paso a paso, las actuaciones y decisiones de los servidores públicos que intervinieron en la contratación de las centrales de Salitral y Quevedo por un monto superior a los 104 millones de dólares.

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La lista descriptiva de la pericia ubica en lo más alto al exgerente general de Celec, Fabián Calero, debido a que suscribió la Resolución de Emergencia CEL-RES-0108-24. Sin embargo, no se menciona que esta resolución se sustenta en la declaratoria de emergencia emitida por el ministro Luque.

Debajo de la gerencia general, la investigación identifica la intervención de la operadora de la Sala de Control, Gabriela Toazo, en la elaboración del informe de necesidad y las especificaciones técnicas. Asimismo, señala al jefe de Mantenimiento, Juan Carlos Cornejo Segovia, como encargado de su revisión, y al subgerente de Producción, Carlos Iván Villacís Moya, como el funcionario que aprobó de manera oficial esos documentos.

El informe identifica responsabilidades en la fase preparatoria y precontractual

En las fases preparatoria y precontractual del proceso, el perito acredita un rol relevante a un funcionario que hasta ahora no ha sido investigado: el subgerente jurídico de Celec, Cristhian Dahik.

Su intervención se dio tanto en el blindaje legal previo de los procesos como en la validación técnica y jurídica de la oferta ganadora durante la etapa de selección.

Durante la fase preparatoria, la responsabilidad de Dahik radicó en la elaboración del informe legal indispensable para sustentar la viabilidad normativa de la contratación. Este documento permitió justificar jurídicamente la aplicación del régimen de excepción.

En la fase precontractual, Dahik integró la Comisión Técnica encargada de calificar la propuesta presentada por Progen. En este espacio actuó con voz pero sin voto, lo que le otorgó la facultad de participar en las deliberaciones y asesorar jurídicamente el proceso, para luego suscribir de forma unánime, junto con los demás miembros de la comisión, el acta e informe de evaluación que recomendó al gerente de Termopichincha la adjudicación de ambos contratos.

En esa misma línea contractual constan Byron Orozco, gerente encargado que suscribió la resolución de inicio, la invitación oficial y el contrato principal, así como Marvin Bryan Rubio Zapata, presidente de la Comisión Técnica encargada de evaluar la oferta de Progen y recomendar su adjudicación.

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La pericia también individualiza a los administradores de los contratos

El informe también individualiza a los funcionarios responsables de la administración del dinero y supervisión de los contratos.

En la central de Quevedo, dicha responsabilidad fue de Marcos Guerrero Bravo y en Salitral, Marlon Iván Casilla Hernández. Ambos fueron los que validaron como nuevos y funcionales los generadores viejos de Progen. Ordenaron los pagos millonarios y, sin embargo, la Fiscalía los dejó fuera de la formulación de cargos.

Roberto Luque no figura en la estructura de responsabilidades del informe

A pesar de los roles detallados en la pericia, Roberto Luque no aparece en la estructura de responsabilidades descrita por el experto.

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La omisión dentro de la investigación impide que se analice, por ejemplo, cuál fue la importancia de su decisión, del 16 de abril de 2024, cuando firmó el acuerdo ministerial que declaró la emergencia en el sector eléctrico nacional.

En dicho documento ordenó que Celec ejecutara las acciones necesarias para incorporar generación adicional y habilitó el régimen excepcional de contratación rápida.

Tampoco analiza la aplicación del Memorando MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, donde Luque ordena que Celec y todas las empresas eléctricas obtengan el aval de José Manuel de Oliveira, excoordinador Jurídico del Ministerio de Energía, para "todos los procesos de contratación pública" en la emergencia que declaró.

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El peritaje no analiza otras actuaciones relacionadas con Roberto Luque

A esta pericia suma otras omisiones: el viaje de Luque a Estados Unidos para visitar la sede de Progen y sus contactos directos con los directivos de la firma. Una vía de comunicación que estuvo activa hasta después de firmados los contratos.

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En septiembre de 2024, tras haber dejado el cargo ministerial, recibió un extenso mensaje del CEO de Progen, John Manning, quien le expresó su malestar por las exigencias técnicas impuestas por los funcionarios de Celec para autorizar los desembolsos.

El análisis del perito revisa los aspectos legales del contrato, tales como el cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión Técnica, las circunstancias del contrato complementario y las razones de la terminación unilateral. Pero toda la carga de las anomalías recae sobre la línea de mando intermedia y operativa de la estatal eléctrica.