Política

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Las plazas de empleo formal crecieron 2,23% en mayo, casi ocho puntos menos: llegaron a 3.475.082, unas 75.765 más que un año antes, según el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese mes las ventas sumaron $24.278,6 millones, y la brecha continuó: en julio crecieron 16,7%, hasta $25.600 millones. El empleo registrado equivale al 38,1% de la población económicamente activa: menos de cuatro de cada diez trabajadores.

Lo que dicen los sectores

Los sectores reflejan una dinámica similar, aunque el INEC desagrega por rama el empleo registrado y no la variación de las plazas.

La construcción fue la actividad con mayor crecimiento de facturación en mayo, 24,5%, y su empleo registrado subió 5,1%. En comercio las ventas aumentaron 14,7% y el empleo, 4,1%. Transporte facturó 17,5% más.

Minas y canteras, que el SRI no destaca entre los de mayor crecimiento en ventas, registró la mayor alza de empleo: 15,7%. En construcción, por cada punto de crecimiento del empleo hubo casi cinco de facturación.

Lo que el dato no mide

Hay que precisar qué mide el dato del SRI. No se trata de las ventas totales del país ni de comercio electrónico, sino de operaciones respaldadas con comprobantes electrónicos. Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, advierte que el indicador recoge también otro proceso.

"Con la gestión que está realizando el SRI, la formalización sigue aumentando y cada vez las ventas electrónicas crecen muy rápido", explica.

Parte del incremento no sería actividad nueva, sino operaciones que antes no se facturaban así. "Cuando ya sale la información de ventas totales, ese indicador no coincide con el de ventas electrónicas", agrega.

El SRI no publica un desglose que permita saber cuánto de ese crecimiento responde a mayor formalización y cuánto a ventas nuevas. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué hacen las empresas cuando reciben más demanda?

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Horas extras antes que contratos

Andrés Madero, exministro de Trabajo, sostiene que una respuesta habitual es no abrir nuevas plazas, sino ampliar las horas del personal actual.

"El que ya tiene un negocio y está vendiendo más o requiere mayor mano de obra, prefiere invertir en horas extraordinarias, suplementarias, en algún tipo de valor adicional dentro del propio personal contratado", dice.

La segunda alternativa que describe es tecnológica: "En lugar de tener dos o tres personas contratadas para que respondan mensajes de servicio al cliente, se podría contratar un chatbot".

Para Madero, detrás de ambas está el mismo cálculo: el costo de una futura desvinculación, que el empleador considera desde el momento de contratar.

Raúl Ledesma, abogado y exministro de Trabajo, cuestiona que ambas variables estén ligadas. "Las ventas no son una variable que responda directamente a la creación de plazas de trabajo", sostiene.

Un mayor pedido de atún, ejemplifica, puede resolverse con más pesca y tonelaje, no con más trabajadores. Para él, la generación de empleo depende sobre todo de nuevas inversiones o ampliaciones, no de que una empresa existente facture más.

Más dinero, los mismos préstamos

Si el empleo depende de esas inversiones, el crédito es clave: invertir requiere financiamiento.

El crédito crece, pero el monto avanza mucho más que el número de operaciones. El Sistema Financiero Nacional otorgó $4.786 millones en créditos nuevos y renovados en julio, 11% más que un año atrás, según el Banco Central del Ecuador (BCE), mientras las operaciones apenas aumentaron 0,6%, hasta 944.758.

Eso apunta a un incremento del valor promedio financiado: el sistema prestó bastante más dinero a un número de operaciones casi idéntico al del año pasado. Las captaciones a plazo cayeron 3,2%, con 7,5% menos operaciones. Son cifras del mes, no saldos.

El dinero, además, ya no se abarata al mismo ritmo. La tasa referencial del crédito productivo corporativo había descendido a 6,85% en junio, pero en julio subió a 6,91%, según el BCE. Acosta advierte que el crédito crece más rápido que los depósitos y que "eso no puede suceder de manera indefinida".

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Las cinco correcciones

De este diagnóstico surgen cinco correcciones posibles, y no todas apuntan en la misma dirección.

La más ambiciosa es la de Ledesma: una ley especial —no una reforma al Código del Trabajo— que someta las contrataciones de nuevos emprendimientos o ampliaciones a un régimen temporal hasta que la empresa alcance su punto de equilibrio, respaldado por un plan de negocios validado ante el Ministerio del Trabajo o el de Producción.

Busca reducir el temor a asumir costos de liquidación si el negocio fracasa, aunque abre la posibilidad de rotar personal en condiciones menos favorables.

Andrés Isch, exministro de Trabajo y director ejecutivo de LAB 593, plantea una vía más cauta: elevar el contrato productivo a rango de ley e incorporar contratos estacionales para cultivos de ciclos distintos. Atiende la estacionalidad agrícola, aunque por sí sola no crea demanda de trabajo.

Otras dos medidas apuntan al costo de la desvinculación. La jubilación patronal, que Madero y Ledesma identifican como una causa de despidos antes de los 20 años de servicio, debería transformarse en un aporte mensual acumulado en un fondo que se extinga con la relación laboral, como se acordó en 2019 en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.

Madero propone además sustituir el visto bueno por una notificación del incumplimiento y la terminación inmediata del contrato, con impugnación judicial posterior: descongestionaría al Ministerio del Trabajo, pero reduciría el filtro previo que protege al trabajador.

El principal desacuerdo está en el financiamiento. Ledesma plantea que la banca pública otorgue créditos con tasas y garantías más blandas, como ocurre en vivienda.

Acosta propone lo contrario: que el Estado deje de fijar tasas y permita a la banca captar ahorro del exterior.

Los caminos difieren, pero coinciden en un punto: sin mejores condiciones para financiar nuevas inversiones, una reforma únicamente laboral tendrá un alcance limitado.

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Contingencia y contratos para el agro

El agro sostiene uno de los empleos formales que más crecen en el país: el registrado en agricultura aumentó 4,5% en el último año, según el INEC. Es también uno de los sectores más expuestos a un fenómeno de El Niño fuerte.

Andrés Madero sostiene que hoy existen información y tecnología suficientes para anticipar sus efectos, lo que obliga a preparar planes de contingencia antes de la emergencia. 

Plantea incentivos y, para los sectores más golpeados, moratorias temporales en ciertas obligaciones. No se trata de condonar, aclara, sino de "generar un espacio de desahogo económico" que permita a una empresa afectada sostener su nómina.

Andrés Isch pone el foco en otro problema: los cultivos tienen ciclos y no demandan mano de obra todo el año. Propone contratos estacionales que permitan contratar y volver a contratar sin penalización.

Lo que debes saber

• Propietarios remodelan casas y departamentos para alquilar habitaciones o suites y obtener mayores ingresos mensuales.
• La modalidad gana espacio en sectores como Urdesa y cerca de universidades, aunque requiere inversión y puede necesitar permisos.

Una vivienda antigua y de grandes dimensiones ya no necesariamente se alquila como una sola unidad. En Guayaquil gana espacio una modalidad en la que las casas son aprovechadas internamente para generar ingresos ya sea mediante habitaciones, suites o incluso espacios como bodegas o cuartos de servicio. Estos son remodelados y puestos en alquiler.

Es decir, una propiedad que podría generar entre $500 y $600 mensuales al ser arrendada completa, puede alcanzar una rentabilidad mayor si se divide internamente y sus espacios se alquilan por separado. No se trata necesariamente de una subdivisión formal del inmueble, sino de aprovechar su distribución para crear unidades de alojamiento dentro de una misma propiedad.

Guayaquil

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Sue Murillo, asesora inmobiliaria y presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces Guayas (Acbir), reconoce que esta alternativa ya es considerada por personas que adquieren propiedades con el objetivo de destinarlas al alquiler.

Sin embargo, señala que no se trata de un modelo aplicable a cualquier inmueble, pues responde a un mercado específico y depende, principalmente, de la ubicación.

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Las zonas cercanas a universidades son algunas de las que concentran mayor demanda. La llegada de estudiantes de otras provincias impulsa la búsqueda de habitaciones, suites y departamentos pequeños, en lugar de viviendas grandes compartidas.

Para Murillo, el mercado inmobiliario también está cambiando en función de las nuevas formas de vida. Ya no predomina únicamente la búsqueda de casas amplias para familias numerosas, pues estudiantes, jóvenes profesionales y parejas buscan espacios más pequeños.

“Yo vendí un departamento grande en el centro, a dos cuadras de la Universidad de Guayaquil. Tenía tres habitaciones. La persona que lo compró lo dividió en tres dormitorios. Ella jamás habría recibido por el departamento lo que recibe por los tres dormitorios: casi $700. Le alcanza para cubrir su préstamo hipotecario y le queda”, cuenta Murillo sobre un caso.

Dice que aquella propietaria invirtió lo que se necesitaba para una subdivisión. Esto se da, sobre todo, en propiedades antiguas porque, por lo general, las remodelaciones son necesarias, como el cambio de tuberías, baños, puertas o pisos.

“Tienen que coincidir varios factores para que yo pueda dedicarme a este negocio. Tengo que estar cerca de zonas de alta demanda. Si no, ¿después quién va a alquilar? Sí, es rentable”, analiza.

¿Y la parte legal?

En cuanto a la parte legal, Murillo señala que la subdivisión es interna, debido a que se divide la casa y se rentan habitaciones. En el caso de una suite, explica que se asigna un cuarto, baño y cocina-comedor, además de destinar un área comunal, como una lavandería. “Podría tener problemas en el área de parqueadero, en temas de que si no tienen una buena comunicación”, agrega.

En Urdesa también hay casos de esta modalidad. Denisse Grunauer, CEO principal de Grunauer Bienes Raíces, cuenta que ha aplicado esta estrategia. También señala que “todo es a la interna”, y que el problema puede aparecer cuando se busca dividir el inmueble con servicios independientes.

EXPRESO la acompañó en un recorrido por una vivienda en Urdesa. Junto a esta había un condominio cuyo propietario unió ambas propiedades, pues tenía un departamento justo al lado. La intervención comenzó hace seis años. El propietario, quien vive en Samborondón, es titular de ambos inmuebles y los unió. En toda esta edificación se encuentran algunas habitaciones y suites.

“Si alquilara la casa, no le sacaría más de 600 o 700 dólares, más el departamento $600. Hoy (con la subdivisión) saca $3.000 en renta. Es rentable”.

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Grunauer también expone su caso. Adquirió en $36.000 un departamento que tenía dos dormitorios, ubicado igualmente en Urdesa. Lo remodeló y convirtió una de las habitaciones en suite. Los acabados le permitieron obtener un buen precio, mientras ella vivía en el departamento, y posteriormente decidió alquilarlo porque el espacio le quedó pequeño.

“No logras cobrar $500 por el departamento, que tiene parqueo abierto. Pero al haberlo dividido, saco $450 con parqueo abierto en la parte grande y $350 en la otra. Es rentable”.

¿Y la seguridad?

Sin embargo, la seguridad también juega un papel al momento de alquilar. Grunauer menciona que hay intervenciones municipales que se realizan en barrios o ciudadelas y que dan una “apariencia de seguridad aunque no haya”.

Admite que, hoy en día, todos quieren estar encerrados y que obtener una mayor plusvalía a una propiedad que no está ubicada en el mejor sector se logra con los acabados.

“Lo que están haciendo los propietarios es sacar rentabilidad de una sola propiedad dividiéndola internamente”, resume. Y agrega que no cree que esto sea nuevo, sino que llama la atención porque más personas lo están aplicando.

Municipio de Guayaquil responde

¿Qué dice el Municipio? De acuerdo con la Línea 181 del Cabildo, ante la consulta de EXPRESO sobre si existe algún tipo de permiso o requisito municipal que debe cumplir un propietario que divide internamente una vivienda para tener espacios independientes de alquiler, se indicó que se debe requerir la obtención de un registro de construcción municipal, especialmente cuando la intervención implique remodelaciones, cambios de distribución o cambio de uso de la edificación.

Asimismo, la propiedad debe cumplir con las normas municipales de uso de suelo, habitabilidad y demás requisitos técnicos aplicables.

Lo que debes saber

• Las inscripciones para los comicios seccionales de 2026 cayeron de 63.500 a cerca de 53.500 aspirantes.
• Las postulaciones a prefecturas bajaron a 152 fórmulas provinciales frente a las 187 de 2023.
• Analistas atribuyen la reducción a suspensiones políticas, alianzas y apatía ciudadana.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una drástica reducción en la participación política para las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador, al cerrar el periodo de registro con cerca de 53.500 aspirantes inscritos. La cifra representa una caída de más de 9.000 postulaciones frente a los comicios de 2023, cuando se alcanzaron más de 63.500 registros. Este descenso en el tablero electoral responde a factores como la proscripción e inhabilitación de organizaciones, la proliferación de alianzas y el desinterés ciudadano en varias localidades del país.

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La caída en las candidaturas locales frente a 2023

El reporte oficial del CNE evidencia un retroceso generalizado en el número de postulantes para ocupar gobiernos locales en comparación con el proceso electoral anterior:

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El panorama electoral en las provincias

La variación en las inscripciones para las dignidades provinciales no fue homogénea en el territorio ecuatoriano:

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Judicialización, supervivencia partidaria y proscripción: las causas del descenso

Especialistas y analistas consultados coinciden en que la reducción de más de 9.000 aspirantes en el tablero electoral se debe a una combinación de presiones judiciales, estrategias de supervivencia partidaria y modificaciones estructurales en el mapa político.

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La necesidad de alianzas frente a sanciones y riesgos electorales

Para el estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo, el escenario actual responde en parte a un entorno judicial complejo y a decisiones pragmáticas de los movimientos: 

“Frente a las amenazas de sacar de la carrera electoral a todos los que no coincidan con el oficialismo, resultaba necesario políticamente ir con un abanico de fuerzas políticas”.Andrés Jaramillo, estratega y docente de Comunicación

Jaramillo señala que unirse en bloques permite reducir la exposición ante eventuales persecuciones durante la campaña. Además, explica que la medida busca evitar la extinción legal de los partidos:

“Hay movimientos que están con tarjeta amarilla y/o no acceden a los fondos partidarios porque no logran la votación mínima requerida. Al ir en alianzas se facilita el camino para lograr el acceso a fondos y sobrevivir”Andrés Jaramillo, estratega y docente de Comunicación

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Suspensión de organizaciones políticas y falta de cuadros

Por su parte, Esteban Ron, jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, descarta que las alianzas sean el motivo central y apunta a la salida forzada de actores clave:

“No es imputable a que las alianzas hayan proliferado. Es un tema de la suspensión de dos organizaciones políticas, la Revolución Ciudadana y el movimiento Amigo. Hace que dos partidos salgan del mapa con candidatos propios y que eso se reproduzca a escala nacional”Esteban Ron, jurista y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK

Ron subraya además que existen organizaciones políticas “proscritas de facto” por deficiencias internas en la formación de cuadros y por la falta de figuras dispuestas a participar.

Desinterés y trabas logísticas en el proceso

El desapego ciudadano y las complicaciones operativas también incidieron en el número final de registros para las seccionales de 2026.

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Lo que debes saber

• Por ahora, la Alcaldía de Quito tiene diez postulantes, entre ellos Pabel Muñoz, Jorge Yunda, Wilson Merino y Harold Burbano
• Diez de los 21 concejales buscan la reelección. Cinco de seis ediles de RC van por otro periodo, mientras otros cambiaron de organización
• Todas las candidaturas no están en firme. El CNE revisará la documentación y hay una fase de impugnaciones

El escenario electoral de Quito está definido. La carrera por la Alcaldía contará con diez postulantes, tres menos que las 13 precandidaturas que se anunciaron inicialmente y que no llegaron a completar el proceso.

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Entre los nombres que constan en el registro electoral están el actual alcalde, Pabel Muñoz, quien buscará la reelección, el exalcalde Jorge Yunda y el ahora exconcejal Wilson Merino, quien renunció a su cargo para disputar la Alcaldía.

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Los precandidatos que buscan la Alcaldía

La nómina también incluye a Harold Burbano, exministro del Trabajo y carta de última hora de Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7). La organización realizó un cambio de candidaturas y trasladó a Burbano de la Prefectura de Pichincha a la Alcaldía.

Paúl Desamblac Cañadas, exmilitante de la Izquierda Democrática, competirá por el Movimiento Futuro (lista 20). Galo Almeida Garzón será el aspirante de Centro Democrático (lista 1), y Bernardo Jijón representará al Partido Sociedad Patriótica (lista 3), organización vinculada al expresidente Lucio Gutiérrez.

Otro de los postulantes es César Díaz, del movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). Díaz fue secretario de Seguridad del Municipio durante la administración de Jorge Yunda.

La papeleta para la Alcaldía tendrá también presencia femenina. Carla Larrea, excandidata a la vicepresidencia como compañera de fórmula de Henry Cucalón por Construye en 2024, competirá esta vez por el movimiento CREO (lista 21). Mientras que Linda Romero será la carta del Partido Social Cristiano (PSC, lista 6).

Los aspirantes a la Prefectura de Pichincha

La disputa por la Prefectura de Pichincha también quedó configurada con 10 precandidatos. Entre ellos está Alexandro Tonello, quien fue viceprefecto junto con Paola Pabón y ahora buscará el cargo por la Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Todos, con el respaldo de militantes de la suspendida Revolución Ciudadana.

Por ADN competirá Giovanna Ubidia, exdirectora del Seguro Social Campesino. Su candidatura se concretó después de la modificación interna que hizo el movimiento oficialista para intercambiar las postulaciones con Harold Burbano.

Mishelle Calvache, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será la candidata del movimiento CREO. También está Juan Zapata, exministro del Interior y exdirector del ECU-911, quien formalizó su candidatura por el movimiento Imparables.

El Concejo también cambia de configuración

En el Concejo Metropolitano, integrado por 21 ediles, 10 buscarán la reelección. Cinco de los seis integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana aspiran a mantenerse en sus cargos, aunque esta vez lo hacen dentro de la alianza entre Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos.

Wilson Merino es la principal excepción entre los concejales que dejan el Legislativo municipal para disputar otra dignidad: renunció a su curul para competir por la Alcaldía.

También se registran cambios de organización política. Michael Aulestia, quien llegó al Concejo de la mano de una alianza de cuatro organizaciones, entre ellas Ahora (movimiento del que fue presidente), buscará la reelección por ADN.

Aulestia menciona que uno de los principales desafíos es garantizar el funcionamiento del Concejo durante el periodo electoral, debido a que el alcalde, la vicealcaldesa y el primer vicepresidente deberán solicitar licencia.

La normativa permite que el alcalde encargue a un edil la dirección del Concejo, pero no establece la posibilidad de convocar a las sesiones. Por ello, Aulestia señala que dentro del bloque de la RC se podría evaluar la renuncia de la vicealcaldesa, para que una de las concejalas que no busquen la reelección pueda asumir esa función durante los 15 días de licencia y garantizar el funcionamiento institucional.

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El concejal sostiene, además, que el correísmo ha mantenido una mayoría amplia desde el inicio del actual periodo y cuestiona que las propuestas de la oposición no hayan tenido espacio suficiente. Señala que algunas ordenanzas impulsadas desde su despacho ni siquiera llegaron a las comisiones. Su expectativa es que el próximo Concejo eleve el nivel del debate y mejore la representación de las demandas ciudadanas.

Desde la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra también busca la reelección. El concejal asegura que su organización está pendiente de que tanto las inscripciones como la aceptación de las candidaturas se desarrollen conforme a los parámetros establecidos en el Código de la Democracia. Defiende la alianza como una alternativa para Quito y reclama que el proceso electoral se desarrolle con la “cancha inclinada”.

Andrés Campaña, en cambio, buscará mantenerse en el Concejo por el movimiento Imparables. Llegó al Legislativo con una alianza con el Partido Socialista (PSE), pero ahora decidió competir por otra organización debido a sus diferencias con la administración de Pabel Muñoz.

Asegura que siempre ha sido crítico con el actual alcalde y que no sería coherente integrarse a una coalición que lo respalda. Su objetivo, afirma, es continuar como una voz crítica dentro del Concejo.

En las listas también aparecen nuevos nombres. Entre ellos está Cristina Cachaguay, como parte de la renovación que impulsa la alianza de las listas 2-17-70 que reúne a varias organizaciones de izquierda.

El mapa electoral todavía puede cambiar

Gustavo Isch, analista político, recuerda que el mapa electoral todavía no está completamente cerrado, pues las candidaturas aún están sujetas a posibles impugnaciones. Más allá de los nombres que queden en la papeleta, señala que existe preocupación por la incertidumbre que ha rodeado el proceso electoral, especialmente después de la decisión de adelantar los comicios.

A su juicio, esta situación también deja en evidencia las debilidades de las organizaciones políticas, que no han logrado fortalecer sus estructuras internas ni consolidar nuevos cuadros con capacidad para disputar espacios de poder.

Correísmo y ADN concentran la disputa por Quito

El estratega político Víctor Melo coincide en que, más allá de la diversidad de candidaturas, la disputa por Quito puede entenderse a partir de dos grandes polos políticos: Revolución Ciudadana y ADN.

En uno de los extremos está Pabel Muñoz que, agrega Melo, representa políticamente la continuidad del correísmo en la capital. En el otro extremo está ADN. El oficialismo decidió competir sin una gran alianza y apostar por Burbano.

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Para Melo, la decisión resulta coherente desde el punto de vista partidario, pero implica un riesgo electoral, ya que ADN tendrá que demostrar que la fuerza de su marca nacional puede traducirse en una candidatura competitiva.

El desafío será, además, que Burbano logre construir una identidad política propia en Quito y que no dependa exclusivamente del respaldo del Gobierno.

Lo que debes saber

• En lo que va del año, las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca estuvieron involucradas en ataques en altamar.
• Los incidentes ocurren mientras Estados Unidos desarrolla las operaciones Southern Spear y Pacific Viper en el Caribe y el Pacífico oriental.
• Ni Ecuador ni Estados Unidos se han atribuido las operaciones contra las embarcaciones ecuatorianas.

El 13 de enero de este año, la embarcación pesquera Fiorella zarpó del pequeño puerto de Jaramijó, en Manabí, un cantón asolado por el crimen, la pobreza y la ineficacia en la provisión de servicios tan elementales como el agua potable. Una semana después, ocho de sus diez tripulantes desaparecieron en altamar, víctimas del primero de tres ataques clandestinos contra pescadores ecuatorianos reportados por la prensa nacional e internacional en lo que va del año.

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Un par de meses después, en marzo, dos barcos de pesca artesanal de origen manteño (Negra Francisca Duarte II y Don Maca) fueron atacados cerca de las Galápagos. Sus tripulaciones, según denuncian, fueron secuestradas por uniformados angloparlantes y luego internadas en El Salvador (como el Ecuador, otro aliado cercano de los Estados Unidos en esta nueva fase de la guerra contra las drogas), antes de ser regresadas de vuelta al Ecuador.

Estos incidentes se dan en el contexto de las operaciones que el gobierno estadounidense de Donald Trump viene llevando a cabo desde el año pasado en el Caribe y el Pacífico oriental, de nombre Southern Spear y Pacific Viper. La primera, centrada en el uso de bombardeos cinéticos para neutralizar embarcaciones, reporta casi 70 ataques y al menos 220 muertes; mientras que la segunda, dedicada a intercepciones en altamar, presenta cerca de 102 toneladas de droga capturadas como su principal resultado hasta mediados de este año.

Justicia

La revelación de The Washington Post abre un frente incómodo: el silencio del Gobierno

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El contraste entre el costo humano y el impacto real de estas acciones sobre la economía criminal en la región es llamativo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que para el 2024 la producción anual de cocaína en Sudamérica llegó a cerca de 4.000 toneladas. 

La información que sale de los Estados Unidos ilustra la situación aún más claramente: el Washington Post reportó el mes pasado que según la DEA, los efectos de la reciente política antidroga de Trump se han revertido rápidamente, con los precios de la cocaína volviendo a su normalidad después de una breve distorsión y con la pureza de la sustancia manteniéndose en niveles normales.

Lo más preocupante, sin embargo, no son estos datos, que no distan del largo historial de resultados decepcionantes en el marco de las operaciones antidroga en la región, sino la falta de transparencia que rodea los ataques contra las tres embarcaciones ecuatorianas. Ni los Estados Unidos ni el Ecuador se han adjudicado la autoría de estas operaciones. De hecho, las reacciones por parte de las autoridades ecuatorianas, o la falta de ellas, han generado fuertes cuestionamientos.

De acuerdo con las denuncias de los tripulantes de la embarcación Negra Francisca Duarte II recogidas en la prensa, ellos fueron abordados por una nave guardacostas del Ecuador antes de ser atacados, sin que se haya encontrado algún indicio de actividades delictivas.

Ecuador

¿Qué ha dicho el Gobierno de Ecuador sobre la supuesta participación de la CIA en ataques pesqueros?

Freddy Josue Andrade Andrade

En el caso de la nave Fiorella, la investigación de Will Freeman, quien publicó las principales revelaciones iniciales sobre este caso para el New Yorker, habla de una demora de varios días antes de que la Armada siquiera haya enviado un barco a buscar a los pescadores desaparecidos.

Esta actitud por parte de las autoridades ecuatorianas apunta hacia dos posibilidades preocupantes: una desconexión entre los mandos estadounidenses y los nuestros o una relación de complicidad entre ellos bajo el secretismo. En cualquiera de los dos casos, esto se acoplaría con lo que una reciente publicación del Washington Post indica: que este tipo de operaciones clandestinas responden a actuaciones de la CIA, posiblemente a través de operadores militares privados.

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El Post se basa en la información de vuelo de una aeronave privada cuya base de operaciones sería El Salvador, en un aeropuerto previamente utilizado por la inteligencia de los Estados Unidos. Los movimientos de ese avión revelan que voló en dirección a las áreas donde se dieron los ataques y en las mismas fechas.

En tierra firme, el panorama es todavía más oscuro. En junio, Alexandra Bravo, la fiscal que inicialmente investigaba estos ataques, fue asesinada en Manta. Y hasta hoy, gran parte de los pueblos pesqueros del país continúan bajo el virtual control de los grupos delictivos, quienes extorsionan, secuestran y asesinan a los pescadores artesanales, exprimiendo los pocos recursos que se encuentran en esos lugares.

Mientras tanto, la droga sigue saliendo de las terminales portuarias del país con sus mismos destinos.

Lo que debe saber

• Las elecciones seccionales 2026 también definirán la disputa por los concejos cantonales, claves para la gobernabilidad de alcaldes.
• ADN ya mueve fichas en Guayaquil con figuras de alto perfil, mientras el correísmo y otras fuerzas buscan controlar mayorías.
• Los vicealcaldes designados por ese cuerpo colegiado cobran importancia en la coyuntura actual. 

Mientras todos los focos están en las candidaturas para las alcaldías y prefecturas, otra pugna se teje en el marco de las seccionales 2026: la conformación de los concejos municipales. 

El mismo movimiento oficialista ADN da muestras de la importancia de las concejalías, al menos en Guayaquil, uno de los centros de la disputa política.

Política

Finaliza inscripción de candidatos: 21 asambleístas saldrán en busca de una dignidad

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En los próximos comicios se elegirán 909 concejales urbanos y 457 rurales. Ellos serán los integrantes de los distintos concejos cantonales que, entre otras facultades, tienen la fiscalización de los alcaldes.

¿Por qué es importante un Concejo Provincial?

Diego Cevallos, integrante del colectivo GobernanzaEc, explica que los concejos cantonales y, en el caso de Quito, el Concejo Metropolitano, son espacios determinantes para la gobernabilidad de un alcalde.

“Si bien no tiene un rol ejecutivo, sí es importante porque allí se define la asignación presupuestaria para la ejecución del Ejecutivo, los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo”, indica.

En este escenario, sin la conformación de una mayoría que respalde al alcalde, según Cevallos, se complicaría la posibilidad de, entre otras cosas, plasmar los proyectos que se planteen como parte de su gestión.

Lo que pasa en Quito y Guayaquil

En el actual periodo, el Concejo Metropolitano de Quito ha sido escenario de cruces entre la mayoría correísta y la oposición. 

El pasado 27 de julio, el primer debate de la ordenanza sobre el aumento en los pasajes no prosperó. Entre oposición y correístas dejaron sin quórum al alcalde Pabel Muñoz, quien no pudo instalar la sesión.

Otra pista que da cuenta del poder que tiene una mayoría en el concejo cantonal está en Guayaquil. Actualmente, el alcalde Aquiles Álvarez guarda prisión preventiva, pero también fue sentenciado en primera instancia a tres años de prisión por el caso Grillete.

Desde que fue detenido, el Concejo Cantonal ha sido clave para que el burgomaestre no pierda el cargo. Incluso se inició un proceso de remoción del cargo, pero este no prosperó en esa instancia del Municipio.

Este antecedente respecto al alcalde de Guayaquil marca un precedente importante si se toma en cuenta la apuesta de ADN para las seccionales. Zaida Rovira, exministra e integrante del Gabinete de Daniel Noboa desde el inicio de su periodo, ahora es candidata a una concejalía después de haber sido anunciada como precandidata a la Prefectura del Guayas.

Pero no es el único caso de un perfil relevante. Juan Reyes, quien presidía la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, también dejó su curul para intentar ser concejal.

Política

El aún largo camino para definir la papeleta: ¿Qué se requiere para que una candidatura sea oficial?

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El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, dice que la elección de figuras de alto perfil como candidatos a una concejalía tiene que ver con la necesidad de alcanzar un buen resultado. Esto, teniendo en cuenta que para ADN será su primera participación en elecciones locales.

“El tener a una exministra o un presidente de comisión de la Asamblea le resulta relevante al Gobierno”, agrega. Aunque también recuerda que, en el caso de exministros, los mismos podrían incluso regresar al Ejecutivo ante un mal resultado.

Pero hay un detalle importante: el concejo cantonal es el encargado de designar al vicealcalde. De acuerdo con el COOTAD, el vicealcalde es la segunda autoridad del gobierno municipal y, entre sus principales atribuciones, está subrogar al alcalde o alcaldesa en caso de ausencia temporal mayor a tres días o definitiva.

Ayer venció el plazo para la inscripción de candidaturas. El Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, prevé tener la lista definitiva de postulantes hasta el 9 de noviembre. Para entonces se podrá dibujar con mayor claridad las apuestas de los partidos para medir fuerzas en los concejos. 

Lo que debes saber

• Vecinos de la ciudadela Los Almendros denuncia que el paso de tanqueros de combustible por sus estrechas calles ha generado varios problemas.
• Señalan que, además de circular en zona prohibida, los conductores de tanqueros irrespetan las señales de tránsito.
• Moradores de Los Almendros exigen que las autoridades refuercen los controles a los conductores de estos vehículos, y que se construyan muros entre las gasolineras y la ciudadela.

El paso de tanqueros de combustible por las estrechas calles de Los Almendros, en el sur de Guayaquil, sigue generando malestar entre sus residentes, quienes exigen mayores controles a las autoridades.

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“Ya no es más la isla de paz del sur de Guayaquil”, reflexionó Óscar Roldán sobre la ciudadela Los Almendros, sector guayaquileño en el que vive desde hace cuatro décadas. La zona convive a diario con problemas de inseguridad y movilidad que, según sus moradores, se han incrementado con el paso del tiempo.

Hace varios meses, los vecinos decidieron colocar rejas en sus cuadras para controlar quién entra y quién sale, ante el aumento de los robos a personas. La medida, sin embargo, también ha limitado el paso de vehículos por ciertos tramos.

Los delincuentes se movilizaban en motocicletas para asaltar a vecinos cuando llegaban a sus viviendas. Estos hechos se fueron repitiendo y obligaron incluso a algunas familias a abandonar el sector.

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se evidenció que en más de 10 inmuebles hay carteles con las leyendas “Se vende” o “Se alquila”.

El paso de tanqueros de combustible inquieta a vecinos en Los Almendros

Pero hay otro tema que inquieta a los habitantes del sector: el paso de tanqueros por las estrechas calles de la ciudadela a toda hora.

Luego de abastecerse de combustible en dos gasolineras ubicadas dentro de la ciudadela, estos vehículos pesados circulan por las pequeñas vías del sector y generan incomodidad entre los conductores.

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“Los tráileres pasan por estas dos avenidas (Ernesto Albán y 25 de Julio), tanquean y hacen su salida por el interior de la ciudadela, cuyas calles tienen entre 7 y 8 metros de ancho. Son angostas”, se quejó Roldán, presidente del comité barrial Los Almendros.

Tanqueros de combustible hacen maniobras complicadas en vía angostas de Los Almendros

En videos compartidos por los vecinos se observa el paso de los vehículos pesados, que deben realizar maniobras complicadas para girar, debido a la estrechez de las vías.

“Este es un problema que lleva años y siempre nos ha afectado. Esta vía no es apta para que entren los tanqueros, pero aquí tampoco hay controles”, expresó el ciudadano Fernando Tomalá en referencia a la calle Las Gaviotas.

El morador aclaró que no está en desacuerdo con el funcionamiento de las gasolineras, sino con el ingreso de los tanqueros a la zona residencial.

Ciudadela Los Almendros: cables dañados y sanción a conductor de tanquero

La ciudadela ya ha registrado afectaciones relacionadas con el paso de estos vehículos pesados. A finales de julio, por ejemplo, varios cables se desprendieron luego de que fueron alcanzados por el tubo de escape de uno de los tanqueros.

Sobre este hecho, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respondió en Instagram a la cuenta del comité barrial de Los Almendros, cuyos integrantes habían denunciado el caso.

“Nuestros agentes lograron identificar la unidad y procedieron a aplicar la sanción correspondiente por circular por lugares no autorizados, conforme a la normativa vigente”, explicó la entidad municipal.

Ciudadela Los Almendros: tanqueros irrespetan señales de tránsito

Sin embargo, esta respuesta no convence a los vecinos de este sector del sur porteño.

“Dicen (las autoridades de la ATM) que emiten las sanciones, pero lo que queremos es un control constante, que los vigilantes estén pendientes de que estos vehículos no circulen por donde no deben”, reclamó María Garzón, otra vecina del sector.

La ciudadana agregó que a diario se observa a los conductores de estos tanqueros irrespetar la luz roja del semáforo en la avenida Ernesto Albán.

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Asimismo, señaló que en ocasiones los tanqueros circulan a alta velocidad, lo que provoca que las viviendas vibren.

En algunos tramos de las calles Las Gaviotas y Los Pinzones, el asfalto presenta señales de deterioro, que los moradores atribuyen al peso de estos vehículos.

Roldán insistió en que el objetivo del reclamo no es pedir la salida de las gasolineras de la ciudadela. En su lugar, planteó la construcción de muros de tres metros entre estas estaciones y la zona residencial, para evitar el ingreso de los tanqueros.

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Problemas en Los Almendros: aceras destruidas y acumulación de basura

Pero los problemas de Los Almendros no terminan allí. Varias aceras se encuentran destruidas y la basura se acumula en diversos puntos debido al irrespeto a los horarios de recolección.

El viernes pasado, una recolectora rompía cajas de electrodomésticos que habían sido desechadas por un establecimiento comercial. Los objetos obstaculizaban el paso de los peatones e invadían parte del carril derecho de la calle Las Gaviotas.

A pocos metros, un montículo de basura también impedía el paso junto a una estación de servicio. Cerca de allí, varios cables yacían sobre el suelo.

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En cuanto a la inseguridad, los vecinos esperan que la policía redoble las rondas. “Aún siguen los delincuentes en moto dando vueltas, cazando a alguien que va caminando desprevenido”, señaló Tomalá.

Agregó que si bien los cerramientos han contribuido a generar una mayor percepción de seguridad, la medida no resuelve por completo el problema de la delincuencia que afecta al sector y las ciudadelas cercanas.

En Los Almendros, los vecinos aseveran que seguirán trabajando para recuperar la tranquilidad y volver a convertir al sector en una “isla de paz” del sur.

Lo que debe saber

• Huevos: La cubeta pasó de unos 3,50 dólares en julio a 4,10 dólares en mercados de Guayaquil.
• Pan: Si el precio del huevo continúa al alza, los panes especiales podrían subir entre 2 y 3 centavos.
• Pollo: La libra pasó de 1,15 a 1,40 dólares, mientras un pollo mediano ahora cuesta entre 8 y 9 dólares.

El encarecimiento de los huevos comienza a sentirse en otros productos de consumo diario. Uno de ellos es el pan, especialmente las variedades que utilizan este alimento como parte de su elaboración.

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Víctor Tamayo, administrador de Panadería Nacional, explicó a EXPRESO que la empresa compra huevos directamente a productores y al por mayor. Hace poco pagaba alrededor de 3 dólares por una cubeta, pero ahora el precio llegó a 3,50 dólares.

La preocupación aumenta porque los proveedores no anticipan una reducción del precio en los próximos días. Si el valor continúa al alza, los panes especiales también tendrían que incrementar su precio.

Tamayo puso como ejemplo el pan de dulce, que actualmente cuesta 0,25 dólares. De mantenerse el encarecimiento de los huevos, este producto podría subir entre 2 y 3 centavos.

Sin embargo, no todos los panes se verían afectados. Los productos económicos, que cuestan alrededor de 0,15 dólares, no utilizan huevo y emplean otro tipo de proteína, por lo que mantendrían su precio.

Wilson Flores, administrador de la panadería Erick, señaló que el precio del huevo aumenta desde mayo de 2026. "En julio pagamos la cubeta de 30 huevos a 3,50 de dólares y ahora, en la segunda quincena de agosto, cuesta 3,80 de dólares. Compramos al por mayor para hacer pasteles y panes. Por ahora vamos a asumir este incremento; esperamos que baje el precio, aunque el incremento del precio de la cubeta del huevo es de 8,5 % hasta la fecha", dijo a EXPRESO. 

Flores también se refirió a que el encarecimiento sería por enfermedades de las aves y el mayor costo del maíz, según le contó su proveedor.

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Huevos y pollo suben en los mercados

El incremento también se refleja directamente en los hogares. En los mercados de Guayaquil, una cubeta de huevos que en julio costaba alrededor de 3,50 dólares en agosto se comercializa en unos 4,10 dólares.

El pollo también registra un aumento. La libra pasó de 1,15 a 1,40 dólares, mientras que un pollo mediano que antes costaba entre 6 y 7 dólares ahora se vende entre 8 y 9 dólares en mercados y supermercados.

Una alternativa para los consumidores son los negocios mayoristas, donde la libra de pollo puede encontrarse en alrededor de 1,08 dólares.

Clima y demanda presionan los precios

Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Productores Avícolas del Ecuador (Asofabat), explicó a EXPRESO que uno de los factores que está detrás del incremento es el clima.

Las condiciones climáticas han favorecido la aparición de enfermedades en algunas aves, reduciendo la producción de huevos y carne de pollo. Con una menor oferta, los precios han comenzado a subir.

Pérez detalló que el precio de la cubeta de huevos en la granja pasó de entre 3,15 y 3,20 dólares a unos 3,40 dólares. A este valor se suman los costos y márgenes de los intermediarios.

Otro factor que, según el productor, está reduciendo la disponibilidad de huevos en Ecuador es la demanda desde Perú. En ese mercado, una cubeta puede llegar a pagarse hasta 4,50 dólares, lo que vuelve más atractivo para algunos productores vender al vecino país.

Marisol Molina, directora de la Unión de Productores de Huevos, también reconoció el incremento y señaló que responde a una mayor demanda. “Hay más demanda porque ahora se reconoce más el valor proteico del huevo”, indicó.

EXPRESO consultó a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) sobre el comportamiento de los precios, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Una proteína clave para los hogares

El encarecimiento ocurre en una actividad de gran importancia para la economía nacional. Diana Espín, directora ejecutiva de Conave, señaló en julio de 2026 que el sector avícola aporta el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y representa el 25 % del PIB agropecuario.

La industria genera más de 300.000 empleos directos y aporta alrededor de 4.500 millones de dólares anuales a la economía, según cifras difundidas por el sector.

Además, cada ecuatoriano consume alrededor de 30 kilogramos de carne de pollo al año, lo que convierte a esta proteína en la más consumida del país.

Maíz, soya y clima suman presión

Los productores también enfrentan costos más elevados en las materias primas utilizadas para alimentar a las aves, principalmente maíz y harina de soya.

A esto se suma la incertidumbre por las condiciones climáticas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podrían afectar la producción agrícola y, por esa vía, la disponibilidad de insumos para elaborar balanceados.

Mientras el sector trabaja con las autoridades para garantizar el abastecimiento y mantener su competitividad, los consumidores ya enfrentan un escenario distinto: el pollo y los huevos, tradicionalmente considerados proteínas de menor costo, pesan cada vez más en el presupuesto familiar.

Lo que debes saber:

• Nueva reforma al Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal busca frenar deudas por alícuotas en Ecuador, el caso de edificios de Quito.
• Hay copropietarios que deben miles de dólares; en algunos casos urbanizaciones y edificios tienen administradores externos.
• Los administradores y directivos deben notificar del monto de la deuda e ir a juicios. Historias muestran que en edificios las deudas superan los $ 100.000.

Ser copropietario en ciudades como Quito no siempre significa sumar esfuerzos para mejorar la fachada con una capa de pintura o para mantener en buen estado las áreas comunales. Con frecuencia, la convivencia en edificios y conjuntos residenciales está marcada por conflictos derivados de las deudas por expensas o alícuotas.

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En la avenida 12 de Octubre, en inmuebles como el edificio El Girón, frente a la PUCE, se ha intentado restringir el uso del ascensor a quienes no pagan mediante el bloqueo de los dispositivos de acceso. Sin embargo, la medida no ha resultado efectiva y los administradores han tenido que recurrir a la vía judicial para recuperar los valores adeudados.

Hace 16 días, el pasado 31 de julio del 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 462, el presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento General a la Ley de Propiedad Horizontal. La normativa busca fortalecer los mecanismos de recaudación, transparencia, gestión de cartera vencida y cobro de expensas en los inmuebles sometidos a este régimen.

Las historias de copropietarios que no pagan alícuotas

Silvia Vinueza, de 60 años, vive desde hace 18 años en el edificio El Girón, una construcción con cerca de medio siglo de historia donde antes funcionó la discoteca Seseribó. 

Aproximadamente la mitad de sus espacios se destina a vivienda y el resto a oficinas y locales comerciales. Como ocurre en muchos inmuebles, no cuentan con una administración externa y ella asume esa responsabilidad ad honorem.

Cuando se le pregunta cuánto ayudará la reforma, responde con escepticismo. “Es una lucha, créame. Algunos dicen que no quieren pagar porque sus oficinas permanecen cerradas. Es el juego del gato y el ratón. Les explico que incluso una línea telefónica tiene una tarifa mínima”. 

Según Vinueza, existen propietarios que han acumulado deudas de entre 4.000 y 15.000 dólares. Muchos solicitan rebajas cuando ya enfrentan acciones judiciales, mientras quienes cumplen puntualmente e incluso pagan por adelantado tres o seis meses de alícuotas —de unos 60 dólares mensuales, en promedio— no reciben ese tipo de beneficios.

A ello se suma otro problema: el pago de la tasa de recolección de basura. “Es un rubro adicional. Solo por ese concepto pagamos 1.600 dólares al mes”, señala. Y ha causado más problemas a las directivas, dice esta copropietaria.

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Experiencias de administradores externos de edificios, para cobrar expensas

Wladimir Medina, gerente de MFQ Condominios, empresa que administra edificios y urbanizaciones en Quito y Guayaquil desde hace siete años, asegura que la morosidad es una constante. Solo en la capital gestionan más de 3.000 unidades inmobiliarias.

“La mora está presente en el 99 % de los casos. Hay edificios con 300.000 dólares en deudas acumuladas y otros con 5.000 o 20.000 dólares en cuotas impagas”, afirma. En promedio, añade, las alícuotas en conjuntos residenciales oscilan entre 60 y 80 dólares mensuales.

Medina recuerda que el reglamento vigente desde 2014 ya establecía que, una vez cumplidos 60 días de mora, debían iniciarse procesos de cobro. Sin embargo, considera positivo que la reforma refuerce los mecanismos existentes.

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Lo que deben en alícuotas y los procesos judiciales

Entre otros, Medina comenta el caso de un conjunto de casi 200 unidades que acumulaba 22.000 dólares en mora hace tres años. Uno de los deudores, abogado de profesión, debía 5.000 dólares pese a que su alícuota mensual era de 50. Tuvo que pagar, luego del proceso. 

En otro edificio encontraron una cartera vencida de 400.000 dólares; un año y medio después, la deuda se redujo a 290.000. “Ese dinero termina reflejándose en mejoras de infraestructura y mantenimiento”, concluye.

Mauricio Orozco, gerente de Kondominios, una empresa que administra 45 urbanizaciones y edificios en Quito desde 2009, coincide en que la morosidad en el pago de alícuotas es un problema recurrente. Sin embargo, considera que la pandemia agravó la situación.

Según explica Orozco, algunas personas dejaron de pagar por la pérdida de empleo, problemas de salud o solo por falta de hábito de cumplimiento. 

La empresa procura llegar primero a acuerdos de pago, para pasar a la etapa judicial. Destaca la incorporación del cobro de intereses por mora. Insiste en que la mejor alternativa para los conjuntos residenciales es delegar a especialistas.

Como ejemplo menciona un edificio donde un propietario nunca pagó alícuotas durante los 10 años de existencia del conjunto. “Los tesoreros le tenían temor porque, aparentemente, estaba vinculado a actividades irregulares y los amenazaba”, relata. 

También señala que algunos vecinos creen que pueden retrasar sus pagos durante tres o seis meses, cuando la lógica debería ser adelantar cuotas.

Diego Analuisa, abogado de Integrum y especialista en derecho inmobiliario, explica que se dedican al cobro de alícuotas vencidas con juicios monitorios o expeditos.

“Primero se notifica los valores adeudados. Llamamos al propietario, para buscar un plan de pagos”, señala. Como caso de éxito menciona las Torres de Almagro. Hace un año, la cartera vencida era de $ 150.000, se ha reducido a 40.000. 

La mayor parte de los saldos pendientes corresponde a propietarios ausentes, cuya localización resulta difícil, tras consultas en el Registro de la Propiedad.

Lo que debes saber

• 331 menores fueron asesinados en Ecuador en 2026; Manabí concentra parte de la violencia juvenil.
• Jóvenes hacen lives en TikTok vinculándose a bandas; algunos terminan siendo atacados por rivales.
• Expertos alertan que bandas captan adolescentes por falta de pertenencia, apoyo familiar y oportunidades.

La última vez que Carlos Manuel (nombre protegido) salió de su casa le dijo a su madre que regresaría pronto. Tenía 15 años, estudiaba en un colegio de Manta y también trabajaba arreglando electrodomésticos. 

Horas después desapareció. Su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en un botadero clandestino. La necropsia confirmó una muerte violenta. Para su familia, el dolor no terminó ahí: debieron pedir prestado dinero para pagar el ataúd y conseguir un lugar donde enterrarlo.

Más de 300 menores asesinados en Ecuador

La historia de Carlos Manuel no es un caso aislado. Según datos de la Policía Nacional, 331 menores de edad fueron asesinados en Ecuador entre enero y los primeros días de agosto de 2026. 

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Una parte significativa de esa violencia se concentra en Manabí, una provincia que en los últimos años pasó de ser un corredor estratégico para las economías criminales a convertirse también en uno de los territorios más peligrosos para adolescentes y estudiantes.

Las cifras revelan una transformación profunda del fenómeno criminal. Si durante años las víctimas principales fueron integrantes directos de bandas, hoy los menores aparecen cada vez con más frecuencia en la línea de fuego.

El reclutamiento criminal llega a escuelas y colegios

La Policía ha advertido que los grupos criminales han ampliado su influencia hacia escuelas y colegios. Ya en 2025 las autoridades alertaban acerca del reclutamiento de alumnos y sobre asesinatos cometidos contra jóvenes que se negaban a colaborar, cometían errores dentro de las estructuras criminales o mantenían vínculos familiares con personas involucradas en actividades ilícitas.

El caso de Carlos Manuel refleja precisamente esa dinámica. Sus familiares señalaron que el adolescente recibía amenazas porque otras personas de su entorno familiar eran objetivos de grupos criminales.

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La violencia no se limita a contextos familiares. En ciudades como Manta y Montecristi se han registrado asesinatos de estudiantes a pocos metros de sus instituciones educativas. 

Entre los casos recientes figuran los de Jean Pierre, de 17 años, asesinado al salir de clases, y Carlos Jair, también de 17 años, interceptado por sicarios a escasos 250 metros de su colegio y atacado con múltiples disparos.

TikTok y la exposición de adolescentes a las bandas

El coronel William Calle, jefe policial de la Zona 4, manifestó que varios enfrentamientos entre jóvenes tienen un componente simbólico relacionado con organizaciones delictivas.

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“Hay un enfrentamiento entre los muchachos, hacen los ‘live’ en TikTok indicando que son (de Los) Choneros, (de Los) Lobos, y a esas personas las están asesinando. Los muchachos de 15 y 16 años se están identificando con organizaciones delictivas”.

La declaración revela un fenómeno que va más allá de la delincuencia tradicional. En sectores afectados por la presencia permanente de bandas, algunos adolescentes adoptan símbolos, discursos o afiliaciones que reproducen la lógica de los grupos criminales. 

La exposición pública en plataformas digitales termina convirtiéndose en una forma de marcar territorio, desafiar rivales o proyectar pertenencia. En ciertos casos, esa visibilidad los convierte en objetivos de mafias rivales.

Las redes sociales no explican por sí solas el problema

Sin embargo, especialistas advierten que reducir el problema a las redes sociales sería un error. Detrás de cada adolescente reclutado suele existir una combinación de factores sociales, económicos y emocionales.

Michelle Maffei, experta en crimen organizado, comenta que la estrategia más efectiva es actuar antes de que las estructuras criminales consoliden el reclutamiento.

“Lo que hacemos es evitar el reclutamiento de niños y personas de la comunidad en sectores como Sergio Toral, isla Trinitaria y otros barrios periféricos de Guayaquil. Estamos implementando ese proyecto directamente en las comunidades”, explica.

Según Maffei, la construcción de centros comunitarios y programas de prevención constituye una herramienta fundamental para disputar la influencia territorial de las bandas.

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El papel de la familia y el sentido de pertenencia

Esa visión coincide con los planteamientos de la psicóloga clínica Paty Pazmiño, quien considera que la vulnerabilidad infantil no siempre está determinada por los ingresos económicos del hogar.

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“Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar a alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”.

Para la especialista, el crimen organizado aprovecha precisamente esos espacios vacíos. Las bandas ofrecen sentido de pertenencia, protección y reconocimiento a jóvenes que muchas veces no encuentran esos elementos en sus entornos familiares ni comunitarios.

El desafío de rescatar a quienes ya fueron captados

La especialista enfatiza además que ninguna reforma legal será suficiente sin políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”.

El desafío se vuelve aún más complejo cuando los adolescentes ya han sido absorbidos por las estructuras criminales. En esos casos, considera indispensable implementar procesos reales de rehabilitación social, acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”.

Lo que debe saber

• El plazo para inscribir candidaturas termina  las 18:00 de este 17 de agosto de 2026.
• A partir de mañana iniciará la revisión de los requisitos y se abrirá el lapso de las objeciones por parte de los candidatos u organizaciones políticas.
• Los reclamos pueden llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral que es la instancia definitiva en materia electoral. 

A las 18:00 de hoy vencerá el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para las seccionales 2026. Sin embargo, el camino para que dichas postulaciones queden en firme aún es largo y se prevé que la lista definitiva esté definida a pocos días del inicio de la campaña electoral.

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La semana pasada, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, dijo que aspira a tener la lista el 9 de noviembre de 2026. Para llegar a ese punto es necesario un proceso que puede terminar con recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ayer, el CNE recordó a las organizaciones políticas: “De acuerdo con sus competencias, las 24 Juntas Provinciales Electorales revisarán y verificarán la documentación cargada en el sistema”. Con eso iniciará una nueva etapa de las elecciones.

Según Cabrera, en caso de objeciones, los sujetos políticos podrán acudir, en primera instancia a la Junta Provincial. Si la respuesta no los satisface, el siguiente paso es elevar la misma al CNE. El último recurso se puede presentar ante el TCE, que es la instancia definitiva para un pronunciamiento.

“Las candidaturas se considerarán oficialmente inscritas únicamente cuando la resolución de calificación se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes”, reiteró la entidad electoral.

El arranque de la etapa de objeciones

El experto en temas electorales Esteban Ron explicó que, tras el fin del plazo para las inscripciones, se abre la etapa de objeciones. Recordó, además, que dichas objeciones pueden ser presentadas únicamente por otros candidatos y dirigentes de organizaciones políticas.

Esas quejas podrían estar relacionadas, por ejemplo, con que un postulante incurra en alguna de las inhabilidades para candidatizarse. 

Hay que tomar en cuenta que, para buscar una alcaldía o prefectura, los requisitos son tener 18 años, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución y la ley.

Esas inhabilidades tienen que ver, entre otras cosas, con: 

Otros elementos que son parte de los filtros que pone el CNE tienen que ver con el cumplimiento de la paridad de género, por ejemplo, en las listas de concejales, y también con la inclusión de jóvenes.

Pero el reglamento para la inscripción tiene un requisito clave que, en caso de incumplimiento, es insubsanable; es decir, no se puede corregir. Tiene que ver con que las candidaturas deben provenir de los procesos democráticos internos o elecciones primarias.

Los próximos 84 días serán claves. La nueva etapa electoral podría incluir una disputa entre los mismos movimientos para objetar las postulaciones de sus adversarios políticos.

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Todo esto en medio de antecedentes como la suspensión de movimientos, prisión preventiva para alcaldes que aparecían como posibles candidatos a la reelección y alianzas de última hora que implicaron el que muchos de los postulantes no pasen por las elecciones primarias de cada partido. 

• Las elecciones seccionales de 2027 empiezan a perfilar la disputa por las 15 curules del Concejo de Guayaquil, con partidos que apuestan por ediles en funciones, exfuncionarios y rostros conocidos de la televisión y las redes sociales.
• La popularidad puede abrirles paso en las urnas, pero también plantea dudas sobre su preparación para legislar y fiscalizar.

Las elecciones seccionales aún no arrancan, pero la carrera por el Concejo toma forma y, con ella, reaparece la vieja fórmula electoral de apostar por rostros conocidos para conquistar votos. Presentadores de televisión, humoristas, exfuncionarios y ediles en funciones buscan una de las 15 curules. Y aunque la popularidad puede ayudar a llegar a una papeleta, no necesariamente garantiza experiencia legislativa, capacidad técnica ni fiscalización real.

Entre los que buscan mantener el puesto está Arturo Escala, quien llegó al Concejo por la Revolución Ciudadana y buscará la reelección bajo la Lista 17. Sus compañeras de bancada, Emily Vera y Blanca López, hasta el cierre de esta edición no confirmaban si volverán a competir.

El Partido Social Cristiano (PSC) postula a Cinthia García, edil en funciones. Esta organización, que llega a estas elecciones tras la salida de rostros como Jorge Acaiturri, Dayana Passailague y Ana Chóez, apuesta por figuras conocidas. Están nombres como Luisa Delgadillo, Ufredo “La Pepa” Borbor y Henry Dueñas, recordado por la frase “¡Ayúdame, Henry!”, convertida en símbolo de reportajes en Ecuavisa.

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El oficialismo también recurre a nombres con alta visibilidad, y algunos dejaron cargos en instituciones para entrar en la contienda. Juan José Reyes, exasambleísta, mientas que Zaida Rovira, quien pasó por un ministerio, la Gobernación del Guayas y ahora aspira a convertirse en concejala.

Pero la candidatura que más sorpresa ha generado es la de Fernando Villarroel. El actor se vuelve tendencia en redes sociales por sus parodias, especialmente del alcalde Aquiles Álvarez generando una marea de comentarios ciudadanos. José Delgado, en cambio, rechazó ir a una curul por el partido de Daniel Noboa. Él prefirió seguir en su cancha: el periodismo.

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No es nuevo que conocidos ocupen la papeleta. La diferencia es que hoy las redes sociales amplifican esa lógica y ya se ven a varios en videos recorriendo barrios, participando en los denominados “desayunos, almuerzos comunitarios”, y en contenidos virales que forman parte de una campaña permanente.

¿Cuáles son las funciones de un concejal?

Los concejales no son únicamente representantes de distritos; pues deben elaborar ordenanzas, controlar la gestión del Ejecutivo cantonal y fiscalizar el uso de recursos públicos. Y esa función cobra mayor relevancia si se considera que el actual período 2023-2027 ha estado marcado por una alta rotación. Seis concejales principales elegidos por voto popular dejaron sus curules antes de concluir el mandato: 

¿Existe riesgos para la democracia?

¿Pero qué riesgos tiene para la democracia que los partidos prioricen candidatos con alta visibilidad antes que perfiles técnicos o con trayectoria legislativa? Para la politóloga Andrea Endara, el riesgo es altísimo porque, dice, habrá concejales o autoridades que no sepan saber representar a la ciudadanía y responder a las competencias de su rol. “Esto lo hemos visto en otras ocasiones donde la autoridad elegida, sea influencer, actor, cantante, no sabe qué hacer, cómo responder a las leyes, fiscalizar; entonces la democracia se vuelve un tema de ir a votar el señor va a ir a calentar el puesto y alinear a lo que diga su bancada sin tomar acciones realmente responsables y que respondan al rol que ejerce”, comenta.

Endara reconoce que un influencer o periodista va a tener una ventaja mayor que un perfil técnico o con trayectoria legislativa. Sin embargo, aclara que esto se autoresponde con lo anterior porque, subraya, una vez que llega no tiene “idea de fiscalizar o asesores que lo ayuden a mejorar”. “Ahora esto no quiere que todos los periodistas o influencer no están preparados porque hay quienes tienen su educación perfil técnico aunque no lo ejerza al 100%”.

Por su parte, Ingrid Ríos, politóloga, docente e investigadora de la Universidad Casa Grande (UCG) , destacó que, en torno si los partidos están escogiendo a los candidatos por su capacidad para ejercer el cargo o por su capacidad para ganar votos, respondio que no podría generalizar, pero que si se ve a ciertos candidatos con recorrido político constante y dentro de un partido, le parece que entonces “se eligen por su capacidad para ejercer el cargo, siendo un escalón más en su carrera política“. 

“Sin embargo, creo que esto se da en pocos casos, y en muchos se prioriza candidatos que tengan mayores posibilidades de generar vínculos con el electorado y ganar. Lo ideal sería que priorice la primera, sin que la segunda sea excluyente“, destacó.

Ahora bien, tras los concejales que dejaron sus cargos, considera que desde la teoría y lo empírico, una condición indispensable de la democracia es que los electores tengan la información completa y diversas alternativas para poder ejercer su voto. “Creo que en Ecuador desde hace algunas elecciones, las alternativas presentadas son limitadas, sumada a la amplia pero no siempre fiable información que tenemos, hacen que elegir a un candidato sea un acto limitado. Sumado a eso tenemos los pocos requisitos que se piden a las personas para candidatizarse”, puntualiza.

La responsabilidad es de las organizaciones

Ríos concluye indicando que si son personas nuevas, es responsabilidad primero de los partidos integrar a sus filas personas comprometidas, alineadas a su proyecto y transparentes. “No creo que el problema sea per se que los candidatos tengan alta exposición pública, sino que no tengan las habilidades para ejercer el cargo al que se están postulando. Como ciudadanos debemos entender que los funcionarios públicos cumplen un trabajo, y que eso (como en todos los trabajos) significa que debo estar capacitado para hacerlo”, acotó.

De los otros concejales actuales, Chóez a ha dicho que no irá a la reelección, de igual manera Alfredo Bautista, Nelly Pullas. La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, también ha descartado ir a la papeleta.

Lo que debes saber

• El 17 de agosto vence el plazo para inscribir candidaturas en las seccionales de Ecuador.
• Arturo Moscoso dice que inhabilitaciones alteran la competencia electoral y estrategias de campaña.
• La alianza entre Unidad Popular y correísmo marca la recta final de inscripciones.

Ecuador enfrenta uno de sus procesos electorales más judicializados de los últimos años, con posibles candidatos inhabilitados y organizaciones políticas suspendidas. 

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Este 17 de agosto concluye el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. La última semana del proceso ha estado marcada por la alianza entre Unidad Popular y el correísmo, así como por la reserva con la que varias organizaciones políticas han manejado la definición de sus candidatos para los comicios.

Al cierre del periodo de inscripciones, el abogado y politólogo Arturo Moscoso analiza con EXPRESO el trasfondo del avance de los comicios seccionales.

Habrá que ver cómo funcionan el CNE y el TCE. Podríamos tener todavía sorpresas
en cuanto a la papeleta final.Arturo Moscoso, abogado y politólogo

El efecto de las inhabilitaciones sobre la competencia electoral

-A diferencia de otros procesos electorales, las candidaturas se han manejado con sigilo. ¿Es el efecto de la suspensión de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo?

Tiene que ver mucho. Que haya candidatos o precandidatos inhabilitados, sobre todo los que ya han ocupado el cargo y que parten con ventaja, va a generar un efecto en alterar su propia posibilidad de ganar. Además, esto incide en la idea de que los otros también tienen opción de ganar; es decir, ver fuera de competencia a quien ocupa el cargo aumenta las expectativas de los demás competidores, y eso incidirá mucho en el número de candidatos que tenga la papeleta electoral.

-¿Es una particularidad de estas elecciones que también cambien las estrategias de los actores políticos?

Cuando se altera la competencia en el sentido de que hay organizaciones o candidatos que no van a estar, la estrategia tiene que cambiar para quienes empiezan a pensar que se les abre una puerta. Por otro lado, también cambia la estrategia de campaña para comunicar que, a pesar de competir por una organización política diferente, los lineamientos y postulados serán los mismos.

En la medida de lo posible, porque al final lo que vivimos en Ecuador es una personalización absoluta de la política, y eso es lo que estamos viendo ahora.

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La personalización de la política y el correísmo

-¿Quién es el principal beneficiado de esa “personalización” de la política?

Le está sirviendo a la Revolución Ciudadana específicamente para buscar otras tiendas políticas por las cuales presentar candidaturas sin que exista realmente un efecto devastador. Aunque sí habrá un impacto importante porque las personas, al menos cuando hablamos de candidatos que están en funciones, identifican a la persona y no necesariamente al partido político.

-Por otro lado, la alianza entre Unidad Popular y el correísmo generó mucho revuelo en la última semana. ¿Por qué es sorpresiva?

Cuando existía Alianza PAIS, estos partidos eran aliados de esa organización política e incluso participaron juntos en algunas elecciones. Luego hubo un rompimiento fuerte que incluso sigue vigente.

Pero ahí vemos que la lógica local no necesariamente obedece a la realidad nacional. También observamos que no existen partidos programáticos ni ideológicos, sino estructuras que terminan convirtiéndose en maquinarias electorales utilizadas por candidatos independientemente de su ideología. Es una relación simbiótica.

Las alianzas y los acuerdos electorales

-Sin embargo, las alianzas electorales es algo largamente pedido por la opinión pública...

Es que no son alianzas programáticas. Son alianzas momentáneas y oportunistas para llegar a la elección. No hay un programa detrás ni una ideología común; lo que hay son personas que buscan una organización política en la cual participar.

No sé si esto termine incidiendo en el número de candidatos, porque muchos podrían considerar que este escenario representa su oportunidad de ganar.

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ADN y el desafío de los liderazgos locales

-Se ha venido sosteniendo que el oficialismo es el principal beneficiado de este escenario. ¿Sigue siendo así o alianzas como la registrada en Pichincha cambian el panorama para ADN?

El oficialismo tiene la ventaja natural de ser oficialismo. Sin embargo, también hay que considerar que ha caído en las preferencias de la ciudadanía. Además, retiró la intención de impulsar preguntas para una consulta popular.

Habrá que observar los liderazgos locales de ADN, un aspecto en el que considera que todavía existe debilidad. Puede existir un intercambio de apoyos políticos a cambio de obras y recursos, pero ADN no es una organización construida durante muchos años ni cuenta con una presencia territorial consolidada.

Controles buscan ordenar Tumbaco

• El PMO de Tumbaco retiró unos 200 libadores y 50 comerciantes no autorizados desde marzo.
• En Cumbayá, los controles se concentran en libadores y vehículos estacionados durante noches y fines de semana.
• Los PMO coordinan controles del espacio público, mientras la Policía atiende delitos como robos a personas.

El consumo de alcohol en el espacio público y la presencia de comercio informal continúan entre los principales problemas que enfrentan Tumbaco y Cumbayá. 

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Sin embargo, moradores y comerciantes aseguran que la situación ha cambiado en los últimos meses, especialmente desde la instalación de los Puestos de Mando Operativo (PMO), que buscan reforzar el control municipal y la seguridad en sectores de alta concentración.

Tumbaco reporta menos comercio informal

En Tumbaco, el panorama alrededor del parque central y sus calles aledañas evidencia una problemática que, según habitantes y comerciantes, ha disminuido, aunque todavía persisten puntos que requieren atención. Vendedores no autorizados, personas consumiendo bebidas alcohólicas y habitantes de calle forman parte de las situaciones atendidas durante los operativos.

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Para Rosa Mena, comerciante de la zona, uno de los principales inconvenientes que durante años tuvo Tumbaco fue el comercio informal. Recuerda que las ventas de verduras, artículos tecnológicos y otros productos ocupaban las calles principales del centro y dificultaban la circulación.

Mena considera que los controles municipales han permitido reducir esta presencia. “Todos tenemos derecho a trabajar, pero de una forma ordenada”, sostiene. Aunque reconoce que todavía falta trabajo, afirma que ya empieza a percibirse un cambio en el espacio público.

La percepción, sin embargo, no es completamente positiva. Una moradora, cuyo testimonio fue recogido durante un recorrido por el sector, considera que el control todavía es intermitente. A su criterio, existe un efecto de “gato y ratón”: cuando llegan los operativos, los comerciantes se retiran, pero regresan una vez que concluyen las intervenciones.

Por ello, plantea que el Municipio debería analizar alternativas permanentes, como la reubicación de vendedores en plazas o espacios destinados para el comercio. La intención, señala, no debería limitarse al retiro, sino encontrar mecanismos que permitan ordenar la actividad económica.

PMO cubre cuatro manzanas

David Espín, coordinador de operativos de la Secretaría General de Seguridad del Municipio de Quito, explica que la instalación del PMO en Tumbaco, desde marzo, permitió establecer un punto permanente de coordinación para atender incidentes relacionados con el espacio público.

El puesto está ubicado en la plaza central y tiene un radio de intervención de aproximadamente cuatro manzanas. Aunque el PMO funciona entre las 11:00 y las 19:00, los operativos también se extienden a calles cercanas, como Juan Montalvo.

Espín señala que el principal delito identificado en el sector es el robo a personas. No obstante, aclara que la competencia municipal está relacionada principalmente con el orden y control del espacio público, mientras que los delitos son responsabilidad de la Policía Nacional. En estos casos, los agentes municipales coordinan acciones con la institución policial.

Desde la activación de los PMO, el Municipio reporta alrededor de 400 personas identificadas en actitud sospechosa a escala de las 22 estructuras operativas. Cuando existe una denuncia ciudadana y se configura una situación que requiere intervención policial, los funcionarios coordinan con la autoridad competente.

En Tumbaco, uno de los problemas que más se repite es el consumo de alcohol en espacios públicos. Espín calcula que alrededor de 200 libadores han sido retirados desde marzo, mientras que unos 50 comerciantes no autorizados han sido retirados de las calles. A estos últimos se les proporciona información sobre los procesos que deben cumplir para regularizar sus actividades.

El consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público también genera sanciones. Según Espín, la infracción contempla una multa equivalente al 25% de un salario básico unificado. Los agentes municipales además retiran y desechan las bebidas que están siendo consumidas en estos espacios.

El horario en el que más se observa esta problemática en Tumbaco se concentra entre el mediodía y las 15:00 o 16:00. La plaza central es uno de los puntos de atención, aunque los equipos también realizan recorridos por las calles cercanas.

Cumbayá concentra controles nocturnos

La situación cambia al trasladarse hacia Cumbayá. Allí, el principal problema señalado por autoridades y moradores es la presencia de libadores, especialmente durante las noches y los fines de semana.

Nathalia Puente, moradora del sector, sostiene que todavía existe trabajo pendiente para controlar esta problemática. Según cuenta, grupos de jóvenes suelen estacionar sus vehículos en calles cercanas al parque central para consumir alcohol.

La presencia de vehículos en los alrededores del parque central de Cumbayá no solo preocupa por el consumo de bebidas alcohólicas, sino también por la congestión que provoca. Puente señala que varios jóvenes estacionan sus automóviles en calles aledañas para libar, una situación que se agrava porque algunas vías son angostas y los vehículos reducen aún más el espacio para circular.

A su criterio, se requieren controles permanentes para evitar que esta práctica se convierta en un problema recurrente.

La situación coincide con lo señalado por el coordinador de operativos, quien destaca que Cumbayá mantiene una dinámica distinta a Tumbaco. Según explica, en Cumbayá es frecuente encontrar personas que consumen alcohol dentro de sus vehículos y que muestran mayor resistencia a retirarse durante los controles.

A esto se suma la congestión, otro de los problemas que requieren intervención municipal. La Agencia Metropolitana de Tránsito realiza operativos, verifica documentos y controla a los conductores, especialmente durante las noches, cuando aumenta la concentración de vehículos y personas.

Lo que debes saber

• En 2024, Jorge fue asesinado por la banda que lo reclutó de niño en Ecuador.
• Entre 2022 y 2025, la población en los CAI creció 72 % por más ingresos.
• El Estado reconoce seguimiento insuficiente tras la salida de adolescentes de los CAI.

A Jorge el crimen organizado lo reclutó cuando era niño. En 2017, a los 17 años, ingresó al Centro de Adolescentes Infractores Masculino de Guayaquil (CAI) por tentativa de asesinato. 

Aunque recibió capacitación laboral e intentó rehacer su vida, no logró romper los vínculos que lo unían a las estructuras criminales. Como él, muchos adolescentes que pasan por estos centros regresan a esos entornos, y no siempre por decisión propia.

Un intento de empezar de nuevo

En el CAI de Guayaquil, entre las calles Calicuchima y Abel Castillo, Jorge aprendió a fabricar cómodas y a hacer pan, recuerda su madre, Aída. Incluso obtuvo un régimen semiabierto que le permitía salir del centro para entrenar fútbol, según Manuel Pico, quien fue coordinador del CAI de Guayaquil entre 2015 y 2019.

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Jorge permaneció en el centro hasta cumplir 20 años pues, de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, un adolescente sentenciado puede continuar en el CAI aunque haya alcanzado la mayoría de edad.

Al salir, intentó empezar de nuevo. Vendía pescado junto a su padre y regresaba a casa. Pero el vínculo con el mundo criminal no se había roto. Ese mismo año recibió una condena por porte de armas y, en 2022, enfrentó un proceso por delincuencia organizada en Manabí.

Hasta esa provincia había huido, según su madre, porque una banda criminal lo amenazaba. “Mi hijo siempre nos decía que de ahí no se sale, porque te matan a ti o a tu familia”, recuerda Aída, quien pidió mantener su identidad protegida.

En 2024, esa advertencia se cumplió. Jorge fue asesinado por el mismo grupo criminal que lo había reclutado años atrás.

La reincidencia, un problema persistente

Manuel Pico sostiene que alrededor del 90 % de los adolescentes que salen de este centro reinciden. Su cálculo, aclara, no proviene de una estadística oficial, sino del contacto telefónico que mantiene con jóvenes que pasaron por la institución y de los relatos que recibe sobre sus antiguos compañeros.

“En la actualidad, los que están vivos son jefes de bandas y otros han muerto en el camino; los jóvenes no pasan de 25 años en la delincuencia juvenil. Exageradamente, llegan a 30 años”, afirma.

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Lo que reconoce la política pública

El problema también está reconocido en la normativa. El artículo 375 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que el Estado debe brindar asistencia social y psicológica después del cumplimiento del internamiento o de otras medidas.

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Sin embargo, el propio Ministerio del Interior reconoce que existe un “seguimiento postmedida insuficiente”. La afirmación consta en la Política de Rehabilitación Social y Atención Integral a Adolescentes Infractores 2026-2029, elaborada y aprobada por el Ministerio del Interior junto con el SNAI en diciembre de 2025.

El documento reconoce que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social no cuenta con capacidad suficiente para garantizar una atención socioeducativa especializada, una situación que, según la propia política pública, “incrementa los riesgos de reincidencia, captación criminal y deterioro de la seguridad ciudadana”.

El mismo informe identifica a los adolescentes infractores como una población vulnerable, con importantes brechas educativas y una creciente participación en delitos graves vinculados con economías criminales.

Más adolescentes y centros con limitaciones

A este escenario se suma el crecimiento de la población en estos lugares. Ecuador cuenta con 11 CAI, ubicados en Esmeraldas, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Azuay, Machala, Loja, Guayas y Pichincha. En estas dos últimas provincias existen centros femeninos y masculinos.

Entre 2022 y 2025, la población atendida en los CAI aumentó un 72 %, según la política pública del Gobierno. Hasta 2025, 682 adolescentes se encontraban internados en estos centros, de acuerdo con el SNAI. La capacidad instalada era de 475 plazas, lo que representa un hacinamiento del 43,6 %.

Para Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), esta situación constituye una vulneración de derechos. A esto se suma, explica, la dificultad para clasificar a los adolescentes según el delito y sus necesidades, algo fundamental para aplicar programas de rehabilitación adecuados.

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Aquella política pública también identifica otros problemas: falta de personal especializado, programas socioeducativos y terapéuticos fragmentados y poca coordinación entre las instituciones responsables.

Según datos del Ministerio del Interior, al menos cinco centros presentan deficiencias estructurales: dos están en estado regular y tres en condiciones críticas que afectan su funcionamiento y la seguridad de los adolescentes.

El deterioro del CAI de Guayaquil

En el CAI de Guayaquil, esos problemas son visibles. El edificio es antiguo y está deteriorado. En el ingreso, las paredes celestes y azules muestran el desgaste del tiempo. Un patio y una cancha están rodeados por celdas con barrotes oxidados.

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El auditorio tiene dos grandes huecos en el techo que dejan expuesto parte del cielo raso y el sistema eléctrico. En una pared permanecen pintados dos mimos de expresión trágica. La biblioteca se reduce a un estante de libros viejos y bancos metálicos. Junto a ella funciona el taller de panadería donde ventiladores antiguos apenas alivian el calor.

Habrían pabellones divididos

Rita, otra madre que pidió resguardar su identidad, revela que dentro del centro los pabellones “están divididos por mafias”, y menciona a grupos como Los Tiguerones, Los Lagartos y Los Choneros. Su hijo, quien permanece internado por robo, está en un pabellón que ella identifica como “el de los niños buenos”. 

Para evitar que sea trasladado, asegura que ha tenido que pagar 50 dólares a guardias del CAI pasando un día. Esta acusación no ha sido confirmada oficialmente. 

EXPRESO solicitó al SNAI su versión sobre este señalamiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. También advierte sobre la existencia de “entornos de captación y transferencia intergeneracional de prácticas delictivas”.

Lo que debes saber

• Las derechas gobiernan en varios países de Sudamérica, pero no forman un bloque homogéneo.
• Comparten algunas posiciones económicas y vínculos internacionales, aunque mantienen diferencias ideológicas.
• Seguridad, economía y estabilidad democrática serán claves para medir su permanencia en el poder.

América del Sur parece haber cambiado de color. Si hace una década, una corriente de izquierda logró proyectarse como una fuerza política regional, hoy varias derechas ocupan el poder, aunque, según los expertos consultados por EXPRESO, aún no conforman un bloque con una identidad y una agenda común. La pregunta, entonces, ya no es solo si la región atraviesa una nueva marea política, sino si detrás de este giro hay una estrategia capaz de trascender las fronteras nacionales.

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Una derecha con distintos rostros

Cintia Quiliconi, politóloga argentina, experta en relaciones internacionales y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, aunque cree que sí existe una tendencia regional hacia gobiernos de corte más conservador, sostiene que sería apresurado hablar de una sola corriente. “Hay varios animales en danza”, dice para explicar que algunos regímenes comparten rasgos, mientras otros son fenómenos nuevos con trayectorias políticas distintas.

La diferencia comienza en el origen de sus liderazgos, pues no todos llegaron al poder desde los mismos espacios ni con las mismas credenciales políticas. Quiliconi identifica como ejemplos de outsiders a Javier Milei y Daniel Noboa, mientras distingue de ellos a figuras como José Antonio Kast y Keiko Fujimori, con una trayectoria política previa; fuera de Sudamérica, menciona también a Nayib Bukele como otro fenómeno político surgido por fuera de los partidos tradicionales.

A criterio de Adrián Bonilla, experto en relaciones internacionales y catedrático de la Flacso, América Latina está “fragmentada”. Para él, las derechas tienen fuertes signos nacionales y, aunque puedan compartir discursos, la chilena no es igual a la colombiana, a la salvadoreña o a la paraguaya.

La frustración y el desespero pueden ser el fruto para una ciudadanía a la que estos gobiernos prometieron soluciones rápidas.Pablo Ospina, antropólogo y docente de la UASB

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El mismo rótulo, distintos proyectos

Regis Dandoy, politólogo belga y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad San Francisco de Quito, también encuentra distintas familias dentro de la derecha: unas conservadoras, otras liberales y otras centradas en la autoridad y la seguridad. “Ningún presidente es cien por ciento una ideología de derecha”, explica, porque cada gobierno combina esos componentes en diferentes proporciones.

Así, Milei aparece como una expresión especialmente vinculada al libre mercado y a la reducción del Estado, mientras Bukele representa una derecha cuyo eje está en la seguridad y una lectura más autoritaria del Estado. Kast, en cambio, es ubicado por Dandoy en una posición más extrema por sus énfasis en autoridad, seguridad y migración, lo que demuestra que el mismo rótulo contiene proyectos políticos diferentes.

Sin embargo, la etiqueta de derecha tampoco alcanzaría para describir qué representa cada gobierno en el terreno social y político. Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, diferencia entre el liberalismo económico y el liberalismo político: mientras el primero aparece con fuerza en estos gobiernos, el segundo, indica que, no necesariamente los define.

Pasar de izquierda a derecha no garantiza que los presidentes no cometan los mismos errores; la falta de experiencia pesa.Regis Dandoy, politólogoy catedrático de la USFQ

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Una agenda regional todavía pendiente

Pero si la disparidad es tan evidente, ¿qué explica que estos gobiernos puedan reconocerse entre sí como parte de un mismo momento político? Pablo Ospina, historiador, antropólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, sostiene que, pese a sus diferencias, al llegar al poder, las derechas forman alianzas porque “los intereses comunes” pesan más que las discrepancias ideológicas.

Ahora bien, que sean distintas no significa que carezcan de puntos de encuentro, manifiesta el docente. Bonilla expone como rasgos comunes una orientación económica de apertura, cercana al neoliberalismo y una proximidad con las propuestas de política exterior dictadas por Estados Unidos.

A pesar de ello, para los expertos, eso no se traduce en una integración regional semejante a la que alcanzaron los gobiernos de izquierda durante la llamada ‘Marea Rosa’. Quiliconi considera que existe una confluencia ideológica, pero todavía no una agenda regional profunda y articulada, por lo que hablar de un nuevo regionalismo de derecha sería, por ahora, prematuro.

La economía introduce otra diferencia decisiva respecto de la ‘Marea Rosa’: las condiciones materiales que acompañaron aquel ciclo político no son las mismas. Moscoso recuerda que el auge de la izquierda coincidió con altos precios de los commodities, mientras que ahora estos gobiernos enfrentan economías complicadas y una mayor posibilidad de que sus políticas terminen generando rechazo electoral.

A la vez, el voto que llevó a estas derechas al poder no puede entenderse únicamente como una adhesión ideológica. Dandoy explica que el comportamiento electoral está marcado por una economía latinoamericana que no logró recuperarse plenamente de la pandemia, por el llamado “voto económico”, por el contexto internacional y también por la alternancia, pues después de largos períodos de un mismo signo político los electores tienden a buscar una alternativa.

El riesgo de cualquier radicalismo es producir escenarios con respuestas sociales igualmente radicales y erosionar entidades.Adrián Bonilla, experto en relaciones internacionales; docente, Flacso

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El desafío de sostener el poder

Pero esa demanda también encierra uno de los mayores riesgos para las nuevas derechas: convertir la promesa de orden en una política permanente de confrontación con las instituciones. Bonilla advierte que el peligro de los radicalismos es “erosionar las instituciones democráticas” y sostiene que el combate al crimen organizado requiere fortalecer las instituciones, no sustituirlas por respuestas autoritarias.

Por eso, la fortaleza electoral que hoy tienen estas derechas puede convertirse también en su principal prueba de resistencia: seguridad y orden pueden producir respaldo inmediato, pero las políticas económicas impopulares pueden desgastarlo. El antropólogo considera que la agenda de seguridad puede ser popular, mientras que la económica enfrenta mayores dificultades para construir coaliciones estables y sostener el apoyo ciudadano.

No obstante, el escenario internacional podría alterar nuevamente el tablero y poner a prueba la dependencia de estas derechas respecto de Washington. Ospina plantea como una posibilidad -todavía especulativa- un giro político que reduzca la influencia de Donald Trump y aumente el peso de sectores de izquierda dentro del Partido Demócrata, mientras Quiliconi advierte que la alianza actual con EE. UU. aún no constituye por sí misma un proyecto regional sólido.

La confluencia ideológica podría desarrollarse en el Cono Sur, pero todavía no existe una agenda regional propuesta y concisa.Cintia Quiliconi, politóloga argentina y docente de la Flacso

Hay un discurso antilibertad de expresión y antiprensa preocupante en algunos de estos gobiernos de derecha.Arturo Moscoso, politólogo y catedrático de la UIDE

Lo que debes saber

• El estero Salado tiene parques lineales, pero les falta vida, seguridad y mantenimiento.
• Un urbanista recalca que la forma de que el parque sea exitoso dependerá de que haya usuarios que lleguen hasta el sitio.

Abandonados, llenos de basura, con estructuras deterioradas y, en algunos casos, tomados por la delincuencia. Así lucen varios parques lineales de Guayaquil, espacios ubicados alrededor del estero Salado que cada vez están más afectados por la desatención y la falta de mantenimiento.

EXPRESO realizó un recorrido por estas estructuras, ubicadas en sectores como La Ferroviaria y en tramos de las avenidas Barcelona, de la Música y del Malecón del Salado, y la situación se repite: pocos visitantes, una oferta turística casi nula y el temor a ser asaltados que invade a quienes se atreven a recorrer estos sitios.

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Por ejemplo, en el Malecón del Salado, en la zona cercana al puente 5 de Junio, los locales comerciales han quedado solo como una zona decorativa. Este Diario pudo comprobar que esos locales, que antes eran restaurantes, desde hace varios meses se mantienen como bodegas cerradas; mientras que, a unos metros, la Plaza de la Música se encuentra tomada por la delincuencia, especialmente después de las 18:00.

“Aquí es fijo que te roban en la noche, por eso muy pocos lo utilizan y durante el día también pasa abandonado por la mala fama que tiene. Hasta las estructuras metálicas que tenía como techo se las han robado. Terrible lo que pasa aquí”, relató Mirian (identidad protegida), una moradora que, con mucho miedo, contó lo que vive en su sector.

Un problema que se multiplica

La situación es similar en La Ferroviaria y la avenida Barcelona, donde cada vez llegan menos visitantes y los espacios lucen más deteriorados. Los juegos infantiles con huecos, camineras en mal estado, rejas robadas, desechos y otros problemas.

Pero ¿qué dicen los expertos urbanistas y los ciudadanos? ¿Qué propuestas podrían aplicarse para cambiar el rostro de los parques lineales de Guayaquil? Los consultados coinciden en que, con lo básico y necesario, la situación podría cambiar.

“Hay tantos espacios públicos al pie del estero que solo con seguridad, mantenimiento, iluminación y actividades recreativas se les cambiaría el rostro a estos sitios y ya podrían ser fácilmente turísticos”, menciona Félix Chunga, urbanista, quien añade que es necesario implementar accesibilidad universal, como rampas, señalética clara y espacios inclusivos para personas con movilidad reducida.

Por su parte, el urbanista Juan Jaramillo recalca que la forma de que el parque sea exitoso dependerá de que haya usuarios que lleguen hasta el sitio.

“Los visitantes deben ser diversos (edades, sexo y estracto social) y eso no pasa. Por más de que hoy se haga un parque innovador, si no hay visitantes eso provocará que vuelva el mismo problema. Debe haber control policial y buena iluminación para que vuelva la confianza a los visitantes y así construir algo para ellos”, expresó Jaramillo, quien agrega que la unidad barrial de los alrededores del parque puede sumar.

“Si el entorno cambia, todo puede cambiar, pero si el entorno son zonas deprimidas, repercutirá en las instalaciones de los parques lineales”, resaltó.

Ricardo Cajape, arquitecto y experto en urbanismo, profundiza más en el tema y propone alternativas. “Se deben implementar áreas verdes revitalizadas: reforestación con especies nativas que aporten sombra y mejoren el microclima”, comentó.

Por otra parte, la ciudadanía y visitantes recurrentes también aportan con ideas para que la situación mejore. “Que haya ferias ciudadanas de forma consecutiva. Eso hará que la gente llegue y se quede en la zona”, comentó Lourdes Sabando.

Mientras que Julio Llautong, visitante constante del sitio, propone como idea principal que se rehabiliten las piletas y que vayan acompañadas de música nacional e iluminación.

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“Hay tanto espacio y cosas por hacer. Por ejemplo, piletas danzarinas, como ya hubo en algún momento, juegos mecánicos para niños, huertos y hasta se pueden hacer murales con artistas locales”, mencionó Julio, quien asegura que también hace falta ayuda de las autoridades para la limpieza de los sitios.

Ingrid Tomalá, estudiante de arquitectura, da la idea de poder reactivar el río.

“Esta idea es la única que puede salvar los parques lineales. Que la gente los utilice también como muelles para poder moverse de forma turística de un punto a otro y que en cada sitio haya un atractivo. Es necesario reavivar el estero para que la situación mejore”, dice Tomalá, quien recalca que la limpieza también es vital.

“Muchas veces el olor del estero es terrible. Si eso se mantiene así, nadie querrá navegarlo. Hay que hacer limpieza constante porque sé que se encuentra de todo ahí”, recalcó.

Los consultados coinciden en que, para hacer realidad todas esas propuestas ciudadanas, es necesario unir esfuerzos entre la ciudadanía y las autoridades, ya que se requieren presupuestos estatales o municipales para hacer de Guayaquil una ciudad más atractiva para el turismo local y extranjero.

Lo que debes saber:

• Clubes y organizaciones como Sedem y OPAL impulsan a estudiantes quiteños a competir y destacar internacionalmente.
• Docentes promueven matemáticas porque fortalecen lógica, creatividad y toma de decisiones.
• Juan Diego Espinosa, de Quito, ganó bronce en la Olimpiada Matemática de Asia en Vietnam.

Juan Diego Espinosa tiene 14 años y acaba de ganar una medalla de bronce en la Asia International Mathematical Olympiad (AIMO), en Hanói, Vietnam. No es la primera vez, suma preseas de oro y plata de competencias nacionales. “Soy una persona normal. Me gusta mucho el fútbol, escucho música, voy al cine. No creo en ese estereotipo de nerd, es un invento”, responde.

Sociedad

Estudiantes ecuatorianos destacan en olimpiadas internacionales de Matemáticas

Valeria Alvear

Rubén Villacís, gerente general de la Academia de Ciencias Exactas (APOL), destaca el talento del quiteño Juan Diego. Cree que en un par de años alcanzará el oro. 

La organización que dirige nació en Guayaquil hace tres décadas; desde hace unos 25 años se dedica a la organización de competencias. Considera que el país debe apostar más por esta área del conocimiento. La institución financia olimpiadas y, en este año ha apoyado la preparación de los participantes.

“Los países donde el nivel de enseñanza de matemáticas es más alto suelen tener un mayor PIB y mejores condiciones de vida”, sostiene. Por ello, cree que los colegios deberían impulsar semilleros o clubes que despierten el interés de los estudiantes por esta materia.

Quisiera hablar con la ministra de Educación, Gilda Alcívar, porque hasta décimo de básica se reciben seis horas semanales de matemática. Luego disminuyen.

Rubén Villacís/ gerente APOL

Aunque APOL tiene su sede en Guayaquil, en sus competencias participan alumnos de distintas ciudades, entre ellas Quito. Uno de ellos es Juan Diego, estudiante del ISM North. 

Su padre, Cristian Espinosa, cuenta que comenzó a competir hace siete años (2019). Desde entonces ha participado en el Kanguro Matemático, organizado por la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), así como en certámenes de la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas (Sedem).

En el ISM North participa del club extracurricular Élite de Matemáticas, que funciona los martes y jueves, después de clases. Le ayuda a prepararse para pruebas que suelen extenderse por más de dos horas.

“Son exámenes exigentes y estresantes, como cualquier competencia”, señala Juan Diego. Y también que meses después le dan los resultados y eso le llena de emoción.

Su padre detalla que Juan Diego participó en un proceso selectivo organizado por APOL, que le permitió integrar la delegación ecuatoriana que viajó a Vietnam. El colegio, además, brindó apoyo económico para ayudar a cubrir los costos de los pasajes aéreos.

Esto hace la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas

Kateryn Herrera, integrante de la Sedem, organización sin fines de lucro, fundada en Quito en 1967, explica que organizan una olimpiada nacional anual. La sociedad es miembro asociado de la International Mathematical Union (IMU) y de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe. La Sedem está integrada por docentes de educación media y superior.

Su objetivo, anota, no es evaluar conocimientos sino fomentar el gusto por las matemáticas a través de desafíos que exigen creatividad. “Lo que hacemos es plantear retos para que los estudiantes disfruten buscando soluciones”, explica. 

La competencia se desarrolla en 12 ciudades del país y convoca a estudiantes desde cuarto de educación básica hasta tercero de bachillerato. En la edición 2026 hubo 2.038 inscritos; 1.315 de ellos, hombres; y 723, mujeres.

Guayaquil

Competencia de matemáticas: Once estudiantes de Guayaquil y Daule destacaron en Japón

Juan Pablo Pérez Tomalá

De 119 planteles participantes, 93 fueron privados. El 41 % de inscritos fue de Quito y el 59 %, del resto del país.

Usualmente, los alumnos preguntan a sus maestros: ¿para qué sirve esta ciencia? Herrera considera que el principal aporte no está en la aplicación cotidiana de fórmulas complejas, sino en el desarrollo del pensamiento lógico. 

“No se trata de pasar la vida haciendo integrales o derivadas. Lo importante es la lógica que hay detrás. Esa capacidad permite abstraer problemas, analizar información, optimizar recursos, administrar el tiempo, minimizar gastos y tomar decisiones basadas en datos”, afirma. Y también que las matemáticas brindan herramientas para encontrar soluciones creativas y objetivas a los desafíos de la vida diaria.

El semillero en una unidad educativa de Calderón, en la capital

José Ibarra, profesor de la Unidad Educativa Zarán, ubicada en Calderón, comparte esa visión. Este año, uno de sus alumnos, Gabriel Villarreal, de 10 años, obtuvo una medalla de oro en la olimpiada organizada por la Sedem. No es la primera medalla. 

El profesor Ibarra dirige el club de ciencias del plantel y sostiene que muchos niños y adolescentes sienten temor hacia las matemáticas debido a prejuicios.

“Como ocurre en los deportes, se necesita trabajo, método y disciplina. Las matemáticas se aplican a cualquier aspecto de la vida”, sostiene.

Entre las historias que le enorgullecen comparte la de Arody Carlosama, de 22 años y primer graduado de su plantel. Carlosama recuerda que fue ese profesor quien le ayudó a perder el miedo a la materia. “Me enseñó a ver las matemáticas como una herramienta, no como una asignatura para rendir un examen”, dice.

Durante su etapa escolar obtuvo un puntaje perfecto en matemáticas en las pruebas del Ineval y fue motivado para participar en las olimpiadas de la Sedem y de la Organización Matemática Ecuatoriana (OMEC). 

La pandemia impidió que compitiera en una de ellas, pero en su último año de colegio logró una medalla de bronce. Más tarde, al ganar una olimpiada de química, obtuvo una beca para estudiar Matemática Pura en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde se graduó en febrero de este año.

Arody continuó en competencias universitarias. Con el respaldo de la USFQ representó al país en la Olimpiada Iberoamericana Interuniversitaria de Matemáticas, celebrada en Brasil en 2023 y en Costa Rica en 2025.

Ahora ha sido becado para continuar sus estudios en la Université Gustave Eiffel, en Francia. En ese camino también recibió el apoyo de Amarun, una asociación de matemáticos ecuatorianos.

Buenavida

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Mariela Rosero

El profesor Ibarra recalca que identifica miedo a fallar. “En el colegio Zarán buscamos crear un ambiente propicio para el aprendizaje de la ciencia, también los preparamos mental y espiritualmente”.

No es real que solo un grupo nace para brillar en matemáticas. Además el miedo a esta ciencia es infundado.José Ibarra/ profesor Unidad Educativa Zarán

Lo que debes saber:

• Unidad Popular se alía con el correísmo en Quito y Pichincha para las seccionales de 2026, luego de más de 10 años de ubicarse en orillas opuestas.
• La alianza busca reelegir a Pabel Muñoz y enfrentar al Gobierno de Daniel Noboa, es coyuntural, sostienen dirigentes.
• Analistas ven una coalición coyuntural marcada por polarización y necesidad de supervivencia política; no existe un proyecto en común.

“Para cambiar al Ecuador se requiere unidad. Con el pueblo y la izquierda, sí. Con el correísmo, no”. Eso sostuvo Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular (UP), en agosto de 2024. Dos años después, su organización integra una alianza con la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), para buscar la reelección de Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito y respaldar la candidatura de Alexandro Tonello, en Pichincha.

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No es la primera vez que fuerzas políticas enfrentadas terminan del mismo lado en la papeleta. Pero, el acuerdo pone sobre la mesa una constante en la política nacional: la conformación de bloques articulados, más por la oposición a un adversario común, que por un proyecto. 

Si hace una década, el frente era anticorreísta, ahora uno de sus protagonistas, Unidad Popular, se suma a una coalición contra el Gobierno de Daniel Noboa.

Mery Zamora, dirigente de Unidad Popular, conoce bien lo que implica enfrentar al correísmo. Durante el Gobierno de Rafael Correa, la profesora era presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que perdió su personería jurídica y la posibilidad de recoger la cuota sindical, a través del rol de pagos. Ella, además, fue procesada por presunto sabotaje y terrorismo.

Por eso, a EXPRESO le insiste en que la actual alianza tiene un carácter “estrictamente coyuntural”. “Nos hemos unido de manera puntual y concreta en Quito y Pichincha, en torno a las candidaturas para disputar la alcaldía y la prefectura”.

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En su opinión, existen momentos en los que las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. “Hay circunstancias en la vida política de un país en las que es necesario construir una unidad coyuntural para poner freno al avance de un régimen que consideramos autoritario, antidemocrático y violento”, afirma en referencia al de Noboa.

Según Mery Zamora, la prioridad es la defensa de la democracia, las libertades públicas y los derechos ciudadanos. “Cuando esos principios están en riesgo, es legítimo construir acuerdos electorales temporales”, agrega.

Creemos necesario defender la autonomía municipal, hay una intención de barrer a los adversarios políticos.Mery Zamora/ dirigente Unidad Popular

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La opinón de un socialista histórico sobre pacto con la RC

El exdiputado Víctor Granda, histórico militante socialista, comparte la visión de Zamora. Considera que las alianzas locales responden a dinámicas distintas de las nacionales y deben analizarse según la realidad de cada territorio.

“Ecuador tiene 222 cantones y cada uno presenta circunstancias particulares. Existen acuerdos que responden a proyectos concretos y liderazgos locales, no necesariamente a coincidencias en torno a figuras nacionales”, anota.

Para Granda, quien no incide en la dirigencia, en las elecciones seccionales debe existir una mayor flexibilidad política. 

“No creo que se deba llegar a una oposición radical e inamovible frente a una determinada corriente. Hay momentos en los que organizaciones de izquierda, de centro o incluso de otras tendencias confluyen alrededor de objetivos específicos. Cada caso merece un análisis propio, sin posiciones dogmáticas”.

El gran problema de los frentes "anti" en Ecuador

El exlegislador y excandidato presidencial Henry Cucalón observa el fenómeno desde otra perspectiva. A su juicio, los bloques construidos únicamente alrededor del rechazo a una figura política suelen tener dificultades para sostenerse.

El problema de los ‘anti’ es que, cuando termina la elección, muchas veces no queda nada que mantenga unido al bloque.Henry Cucalón/ exlegislador y exministro

Como ejemplo, Cucalón menciona el respaldo que diversos sectores dieron al expresidente Guillermo Lasso en nombre del anticorreísmo.

“Una vez que ganó, muchos se alejaron porque no compartían sus posiciones en materia económica, de seguridad o institucional. Lo único que los unía era derrotar a Correa”, señala.

Por ello, Henry Cucalón considera que el desafío de cualquier coalición es construir acuerdos sobre temas concretos. “No basta con decir ‘derrotemos al noboísmo’ o ‘derrotemos al correísmo’. La pregunta es qué proyecto existe después, qué agenda comparten y sobre qué decisiones estarán dispuestos a actuar juntos”, detalla.

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El escenario ha cambiado, reflexiona Decio Machado

El consultor político Decio Machado cree que la coyuntura actual presenta diferencias importantes respecto del gobierno correísta. Aunque reconoce excesos y rasgos autoritarios durante ese período, opina que hoy existe una percepción de amenaza más profunda para el sistema democrático.

“Los partidos que han decidido aliarse parecen haber llegado a la conclusión de que la situación actual representa un riesgo superior para el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Machado es crítico con las organizaciones que hoy integran estas alianzas. 

“La actual dirección del Partido Socialista es ideológicamente cualquier cosa. Ahora apoya a Pabel Muñoz, pero en 2023 impulsó la candidatura de Pedro Freile. Las contradicciones de estos partidos son brutales, y podría decir lo mismo de Unidad Popular o incluso del propio correísmo”, afirma.

Sin embargo, sostiene que existen diferencias entre el escenario actual y el vivido durante el correísmo. “No vi que el exalcalde Jaime Nebot, principal opositor de ese momento, fuera llevado a un centro penitenciario diseñado para albergar a los reos más peligrosos del país. Tampoco observé presiones a candidatos para que se aliaran con el Gobierno bajo la amenaza de no ser calificados ni mecanismos para forzar alianzas”, anota.

Machado añade que, aunque en el pasado hubo suspensiones de organizaciones políticas, los contextos fueron distintos. “Se ha mencionado el caso del PRE, pero hay que recordar que no cumplía con el número de afiliados exigido por la normativa vigente”, concluye.

PSE y Unidad Popular están pensando en sobrevivir, nada más: César Montúfar

Para César Montúfar, exlegislador y una de las figuras emblemáticas del anticorreísmo, la explicación de fondo se encuentra en la polarización que marcó la política ecuatoriana desde los primeros años del Gobierno de Rafael Correa. 

“La Asamblea Constituyente de Montecristi y la demolición que se intentó hacer de la llamada partidocracia hicieron que se agruparan sectores políticos tanto de izquierda como derecha, que se sintieron afectados por este tsunami que fue el correísmo”.

Esa polarización, dice, tuvo efectos positivos y negativos. “Contribuyó a frenar intentos de concentración total del poder, pero también terminó distorsionando el debate público. La discusión dejó de girar alrededor de proyectos políticos y se concentró en liderazgos y confrontaciones personales”, afirma.

A César Montúfar le parece llamativo que Unidad Popular y el Partido Socialista, que fueron actores centrales en la oposición al correísmo y en la defensa de organizaciones sindicales y sociales afectadas durante ese periodo, hayan decidido sellar una alianza con la RC.

“Tal vez es una estrategia de supervivencia política”, cree. Para él, ambas organizaciones han perdido peso electoral durante los últimos años y enfrentan dificultades para mantener su relevancia. No sabe si habrá quienes voten o dejen de votar por Muñoz por el peso del PSC o UP.

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“Buscan anclarse a una candidatura. Sin embargo, esta decisión puede terminar afectando aún más su identidad y su futuro político”. En el caso de la RC, necesitaba casillero por la suspensión.

Lo que debes saber

• Exinterno denuncia golpes y aislamiento en CAI de Guayaquil durante 2025.
• Padres reportan presuntas torturas y asfixias en adolescentes del CAI.
• Investigación alerta sobre comida insuficiente y ayunos de hasta 14 horas.

Juan lo recuerda como el “cuarto chiquito”. Tenía 17 años cuando ingresó a esta celda del Centro de Adolescentes Infractores Masculino de Guayaquil (CAI). Permaneció tres meses internado en 2025 y asegura que durante ese tiempo fue golpeado por uniformados. “Nos meten palo ahí todos los días”, recuerda.

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Ahora está libre, pero conserva detalles de aquel espacio, que compartió con otros cinco adolescentes. Según su testimonio, allí había una litera con dos camas y colchones delgados o esponjas. Algunos preferían dormir en el piso porque, según cuenta, resultaba más cómodo.

El reducido espacio también tenía un baño y una ducha. Juan lo compara con un pasillo. “Uno se baja de la litera y ahí ve la taza del baño”, relata. Para hacer sus necesidades, asegura que debía cubrirse con una sábana para tener algo de privacidad.

Según Juan, al ‘cuarto chiquito’ son llevados los adolescentes considerados más rebeldes. Él afirma que fue golpeado con palos por uniformados y que, en ocasiones, el castigo ni siquiera estaba relacionado con una falta cometida por él. Bastaba, según su relato, con que otro interno no respondiera a un funcionario o no se pusiera de pie.

Denuncias de un espacio utilizado como castigo

Juan no es el único que habla de la existencia de un espacio utilizado como castigo. El pasado 13 de abril, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) solicitó a la Defensoría del Pueblo, en Guayaquil, una intervención en este CAI debido a presuntos hechos de maltrato.

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En el documento, el CDH señala que un grupo de padres acudió a sus oficinas para denunciar presuntas torturas contra sus hijos por parte de policías en el centro. Uno de los testimonios recogidos por la organización menciona la existencia de un cuarto conocido como “número seis”, que habría sido utilizado como espacio de castigo.

“El castigo es sistemático en las celdas de los adolescentes y jóvenes”, sostiene Ximena, una investigadora que ha visitado CAI del país y que también pidió mantener su identidad en reserva.

Según explica, en algunas áreas del CAI de Guayaquil existen celdas individuales destinadas a aislar a los adolescentes considerados más problemáticos. Son espacios que cuentan con una cama o colchón, pero que no fueron diseñados como dormitorios, lo que genera problemas de higiene.

La especialista señala que estas prácticas están prohibidas por estándares internacionales y que la separación temporal de adolescentes solo está permitida en situaciones excepcionales de emergencia o seguridad. Juan, por ejemplo, asegura que permaneció casi dos meses en ese cuarto.

Asfixias y otros maltratos

Los golpes no serían la única forma de castigo denunciada. Juan relata que fue sometido a una práctica que identifica como ‘Bob Esponja’. “Me tapaban la cara con una camisa o una sábana, me echaban agua encima y me hacían decir mi nombre”, cuenta.

Entre las denuncias recibidas por el CDH también constan presuntos actos de tortura en los que se habrían utilizado fundas con agua, detergente y gas.

Una de las madres que acudió a la organización aseguró que los guías arrojarían el agua que los padres llevan para sus hijos cuando alguno de los adolescentes comete una infracción. Su hijo también le habría contado que sufrió el denominado ‘submarino’.

Billy Navarrete, director del CDH, explica que el ‘submarino’ es una práctica de tortura que provoca semiasfixia mediante la inmersión de la cabeza de una persona en agua.

Pablo Coloma, exconsultor de UNICEF y abogado especializado en justicia juvenil, asegura que también ha escuchado referencias a esta práctica en el CAI de Guayaquil, aunque aclara que no ha tenido acceso a información adicional que le permita verificar esos casos.

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Investigación sobre posibles casos de tortura

En junio de 2025 visitó estos centros para elaborar un informe junto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo.

El objetivo de ese trabajo fue investigar posibles casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Defensoría del Pueblo informó que el documento final se encuentra en revisión por parte de las autoridades institucionales, antes de su publicación oficial.

Coloma señala que durante sus visitas encontró situaciones que le generaron preocupación. “En ciertos CAI, deliberadamente, los agentes de seguridad penitenciaria permiten el ingreso de cuerpos policiales, por ejemplo, ante alguna pelea o intentos de motín”, afirma. También menciona que recibió referencias sobre malos tratos durante las requisas.

“Pusimos la denuncia porque los chicos están recibiendo maltrato. Les pegan. Los militares entran a golpearlos, les botan el agua, mojan los colchones y les tiran sus artículos de aseo”, relató otro familiar al CDH.

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Testimonios de madres y familiares

Sara, Mireya y Rita, madres cuyas identidades fueron cambiadas por temor a represalias, también aseguran que sus hijos han sido golpeados en este centro. Las mujeres describen de manera similar a los presuntos agresores: hombres vestidos de negro que, según sus relatos, ingresan, golpean a los adolescentes y luego se retiran.

Ximena afirma que durante años ha recibido testimonios de adolescentes infractores sobre presuntos castigos físicos en CAI de distintas partes del país. Entre las prácticas que menciona están el uso de corriente eléctrica y, recientemente, la privación de alimentos.

Hasta 14 horas sin comer

Pocas voces se atreven a denunciar lo que ocurre dentro del CAI. Linda, otra madre, decidió hacerlo. “A mi hijo le dieron comida con gusanos”, lamenta. Al igual que las otras mujeres, pidió mantener su identidad en reserva.

Uno de los familiares que acudió al CDH aseguró que desde finales de 2025 los adolescentes reciben comida en mal estado y en cantidades insuficientes. Una denuncia presentada ante la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil contiene una queja similar.

Reclamos por la alimentación

Coloma afirma que durante su investigación encontró reclamos generalizados sobre la alimentación y su transporte. “La última comida la reciben, como máximo, a las seis de la tarde, y la siguiente al día siguiente, a las siete de la mañana. Pasan ayunos de hasta 14 horas”, sostiene.

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El investigador también cuestiona la conservación de los alimentos. Según explica, en algunos casos la comida llegaría “medio fermentada o con algún olor”.

A esto suma la falta de un control nutricional adecuado para determinar si los adolescentes reciben las cantidades necesarias de proteínas, leguminosas y otros nutrientes.

Juan, quien estuvo internado en 2025, coincide con estas denuncias. Según su relato, el desayuno consistía en un pan con colada, mientras que el almuerzo podía ser “una cucharada de arroz” acompañada de una porción de proteína del tamaño de un tercio de su mano. Mireya también cuestiona la alimentación y cuenta que, cuando puede, intenta llevar vitaminas para su hijo.

Durante su investigación, Coloma identificó dos preparaciones que, según los testimonios recogidos, se repetirían con frecuencia en el menú del CAI de Guayaquil: la denominada ‘sopa de cuello’, preparada con pescuezo de gallina, y el ‘salchichón’, un embutido que los adolescentes describían como parecido a una suela de zapato.

Sin respuesta del SNAI

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) está a cargo de los 11 CAI que funcionan en el país: nueve masculinos y dos femeninos. 

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Hasta diciembre de 2025, 619 adolescentes se encontraban internados, según el Informe de Rendición de Cuentas 2025 de la institución. En ese documento, el SNAI aborda aspectos relacionados con la salud, educación y situación ocupacional de los adolescentes, pero no hace referencia a mecanismos específicos de prevención de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Se solicitó una entrevista al SNAI para conocer su posición sobre las denuncias de maltrato, la presunta insuficiencia de alimentos y la existencia de un supuesto cuarto utilizado como castigo en el CAI de Guayaquil. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

El CAI de Guayaquil, sin embargo, no es el único centro que ha sido observado. Sentencias judiciales recientes dan cuenta de denuncias y casos de malos tratos en otras ciudades como Cuenca y Loja.