Lo que debes saber

• La intervención societaria debería buscar corregir irregularidades, no convertirse en una medida permanente.
• Aunque la Ley de Compañías exige que sea temporal, no establece un plazo máximo para su duración.
• Expertos advierten que una intervención prolongada puede afectar la inversión, la confianza y la continuidad de una empresa.

¿Cuándo una intervención deja de ser un mecanismo para salvar una empresa y comienza a poner en riesgo su continuidad? Esa es la pregunta que plantean abogados y exautoridades consultados por EXPRESO, quienes advierten que prolongar la medida sin una justificación técnica clara puede desnaturalizar una herramienta concebida para corregir irregularidades, no para extender indefinidamente el control sobre una compañía.

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Un vacío sobre la duración de las intervenciones

Aunque la Ley de Compañías establece que la intervención societaria debe mantenerse únicamente el tiempo necesario para superar las irregularidades que la originaron, no fija un plazo máximo. Para Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, esa ausencia responde a que cada caso tiene una complejidad distinta, pero también deja abierta la discusión sobre cuándo una medida deja de ser temporal.

Ese vacío es uno de los puntos que cuestiona Marco López, exsuperintendente de Compañías. A su criterio, una vez que la empresa subsana las observaciones, la intervención debería levantarse, pues mantenerla sin un horizonte claro desnaturaliza una herramienta creada para corregir problemas y no para prolongar el control sobre una empresa.

La carga laboral de un interventor influye en el tiempo de una intervención. No es lo mismo que una persona se dedique a una sola compañía que tenga asignadas cinco o diez.Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados

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Los efectos de una intervención prolongada

Y es que según los especialistas, la incertidumbre puede afectar el funcionamiento de la compañía, incluso cuando continúa operando. La permanencia de un interventor, explican, influye en la confianza de los inversionistas, proveedores, acreedores, clientes y trabajadores, además de retrasar decisiones estratégicas para el negocio.

Para Olenka Ramírez, directora del área societaria de la firma jurídica Fexlaw, el problema aparece cuando la intervención pierde su carácter excepcional. A su juicio, mantenerla más allá del tiempo necesario puede deteriorar el valor de la empresa, retrasar proyectos de inversión, afectar su reputación frente al mercado y comprometer su capacidad para operar con normalidad.

La intervención societaria debe ser una medida excepcional, correctiva y temporal, no un mecanismo sancionador ni una vía automática hacia la liquidación de una empresa.Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano

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¿Cuándo puede mantenerse la intervención?

No obstante, ¿qué ocurre si la empresa sostiene que ya corrigió las irregularidades, pero la intervención continúa? Tito Quintero, asesor jurídico de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), dice que la Superintendencia de Compañías debe contar con una justificación técnica y jurídica para mantener la medida, ya que una liquidación solo puede ser dispuesta mediante una resolución motivada de la autoridad y no por decisión del interventor.

Para Quintero, la motivación de la resolución constituye una garantía para las empresas intervenidas. La autoridad, señala, debe explicar con fundamentos técnicos y jurídicos por qué las observaciones no se consideran subsanadas y por qué la intervención debe seguir, pues de lo contrario la medida podría ser cuestionada por carecer de sustento suficiente.

Por esto López considera que el interventor debe convertirse en un facilitador para que la empresa recupere la normalidad. A su criterio, el funcionario no debería actuar como un actor que conduzca inevitablemente a la liquidación de la compañía.

El fin de la intervención de la SuperCías es vigilar, pero obviamente no significa ser una unidad de castigo o una entidad que entorpezca la economía de la empresa.Geancarlos González, director de Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte

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No todas las intervenciones tienen el mismo origen

Por otro lado, las intervenciones pueden tener un origen económico o jurídico. Mishell Guillén, abogada asociada de la firma jurídica M. Bodero & Asociados, argumenta que las primeras suelen estar relacionadas con pérdidas, falta de liquidez o dificultades financieras; mientras que las segundas obedecen a incumplimientos societarios, como la vulneración de estatutos, la omisión de información o el incumplimiento de obligaciones legales.

Sin embargo, esa diferencia no implica un tratamiento distinto al momento de determinar que una empresa sea o no liquidada. Es ese escenario el que preocupa a Ramírez.

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La intervención no debe convertirse en una liquidación

A juicio del exsuperintendente de Compañías, esas diferencias no son menores. Sostiene que una empresa que genera empleo y cumple con su actividad no debería terminar encaminada hacia una liquidación por incumplimientos de carácter formal, como la falta de entrega de información a la Superintendencia, sino recibir las facilidades necesarias para corregir esas observaciones.

López explica que el desenlace de una intervención debería depender de la disposición de la empresa para subsanar las irregularidades que dieron origen al proceso. Si el incumplimiento consiste, por ejemplo, en no presentar estados financieros, afirma que el rol del interventor es trabajar junto con la administración para poner la documentación al día y permitir que la compañía siga operando, no conducirla a su desaparición.

Para González, esa diferencia resulta relevante porque las observaciones de carácter jurídico suelen ser subsanables. Para el académico, la intervención debe servir precisamente para corregir esos incumplimientos y permitir que la empresa continúe operando, no para convertir un tecnicismo en una causal que termine derivando en su desaparición.

A pesar de ello, Guillén explica que la normativa no deja a las empresas sin mecanismos de defensa. Según la especialista, las decisiones de la Superintendencia pueden ser impugnadas mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Compañías y, de ser necesario, a través de acciones en la justicia ordinaria, donde se revisará si la actuación de la autoridad se ajustó a Derecho.

Su caso no es aislado. El 53% de los consumos con tarjeta en Ecuador se hace de forma rotativa a junio de 2026, siete puntos más que en 2023, según el buró Aval: cada vez más gente arrastra saldo aunque pague puntual y no aparezca en la mora.La deuda rotativa es el saldo que no se paga por completo y pasa al mes siguiente generando intereses.

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Sin embargo, los indicadores oficiales lucen sanos. La morosidad total de la cartera de la banca privada bajó a 3,05% en junio de 2026, informó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). 

En las cooperativas grandes del segmento 1 se ubicó en 8,3% ese mes, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Ninguno desagrega la mora de tarjetas de crédito, y esos indicadores no ven a quienes, como Diego, pagan a tiempo mientras su deuda no deja de crecer.

¿Por qué el pago mínimo no baja la deuda?

"Lo peor del mundo que puedes hacer es pagar solo el mínimo", dijo Francisco Borja, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Explicó que ese pago apenas cubre los intereses y casi no toca el capital. "La deuda se hace cada vez más grande y esas son las famosas bolas de nieve que se vuelven impagables", afirmó.

Diego tardó entre seis y ocho meses en entenderlo. Para entonces, la deuda de su primera tarjeta había trepado a unos $10.000. "La deuda de la tarjeta es inmisericorde", afirmó.

El costo tiene número. La tasa activa efectiva máxima del segmento de consumo, donde entran las tarjetas de crédito, fue de 16,77% anual en junio de 2026, según el BCE.

Está prohibido el anatocismo en Ecuador

A esa mecánica se suma una discusión de fondo. Pagar solo el mínimo mantiene al cliente fuera de la mora pero deja crecer la deuda; Asobanca explica que el anatocismo está prohibido y que la mora se cobra solo sobre el capital vencido, mientras la reforma al COMYF busca reforzar esa regla. 

Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, afirmó que el anatocismo —el cobro de interés sobre interés— está prohibido y que la mora se liquida solo sobre el capital vencido. 

"No existe y no puede existir anatocismo en una operación de crédito", dijo. La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero que debate la Asamblea Nacional busca reforzar esa prohibición. 

Una deuda también puede crecer sin anatocismo: por intereses ordinarios sobre el capital pendiente, nuevos consumos, avances y otros cargos.

¿Qué señales aparecen antes de la mora?

La deuda promedio salta de $1.440 con una tarjeta a $23.183 con cinco o más, y el puntaje baja de 713 a 685 en el multitarjeta: el riesgo se concentra donde los indicadores oficiales todavía no lo muestran. Las señales del sobreendeudamiento aparecen antes que la mora.

La base también se amplía. Los tarjetahabientes pasaron de 2,5 a 2,7 millones en un año. El saldo promedio per cápita entre 2023 y 2026 se ubicó en $4.370, y entre junio de 2025 y junio de 2026 cayó 2,7%.

Diego encaja en ese perfil. Manejó cinco tarjetas, con saldos de $5.635, $3.637, $3.270, $988 y $6.470, hasta sumar cerca de $20.000. Abría una nueva para pagar cuotas más bajas mientras intentaba reducir la anterior.

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Los casos de endeudamiento alto "eran aislados, pero poco a poco se van haciendo más frecuentes", afirmó Jorge Altamirano, docente de la UIDE Business School. Precisó que suelen darse en personas que perdieron sus ingresos.

Incluso la banca lo reconoce. La morosidad de tarjetas "a nivel nacional es un desafío", explicó Produbanco, y agregó que endeudarse en los consumos con tarjeta es "un comportamiento social".

¿Sirve el buen puntaje como brújula?

Diego lo vivió: su puntaje seguía por encima de los 850 mientras cinco tarjetas se acumulaban.

El puntaje tampoco cuenta toda la historia. Mide el historial de pago, no la capacidad futura, y alguien muy endeudado conserva una buena calificación mientras pague a tiempo. Altamirano advirtió que un incumplimiento puede tardar dos o tres meses en reflejarse.

Diego encontró salida en un préstamo de consolidación de $24.000 con el que canceló las tarjetas. 

Los $4.000 restantes los destinó a otros gastos. Hoy paga $640 al mes por cinco años. "Sé que esa deuda va a terminarse. En cambio, cuando uno paga los mínimos, la deuda nunca se termina. Nunca, nunca, nunca", afirmó.

Altamirano agregó que Diego tuvo suerte, porque accedió al préstamo con el puntaje aún alto. Quien ya dejó de pagar suele tener la calificación deteriorada y no consigue esa opción.

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¿Quiénes pidieron un alivio y dónde viven?

La presión de las cuotas se siente en el sistema. Entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, 294.000 personas recibieron alivios sobre $4.084 millones en el sistema financiero, según el buró. 

Tenían 42 años en promedio, dos tarjetas vigentes y un cupo mediano de $3.000. Pagaban una cuota mediana mensual de $1.215, 55,6% mayor que los $781 de la cartera comparada, que excluye al BIESS. 

Su puntaje promedio fue 527, muy por debajo del 713 general de tarjetahabientes.

Diego encaja en ese cuadro. Sacó su primera tarjeta en el Banco Pichincha hace más de quince años y el préstamo de consolidación en el Produbanco.

El auxilio se concentró en la Sierra, que absorbió el 57% del saldo aliviado, con Pichincha sola en el 31% del total nacional, según el buró. 

En la Costa se ubicó el 31%, pero con saldos menores y puntajes más altos, un perfil más sano en términos crediticios. 

En la Sierra, en cambio, los saldos aliviados fueron mayores y los puntajes más bajos: mayor riesgo concentrado en menos personas.

El rescate llegó distinto entre entidades. En la banca privada, el saldo promedio aliviado fue de $8.900 por operación; en las cooperativas, de $14.400. Las cooperativas auxiliaron a menos personas pero con saldos más altos y perfiles de mayor riesgo.

¿Cuándo hay que actuar?

Borja recomendó reunir las deudas en una sola y negociar plazo y tasa. Altamirano advirtió que refinanciar a mayor plazo baja la cuota pero encarece el total.

Las señales tienen umbrales. Borja dijo que el sobreendeudamiento empieza cuando los pagos superan el 20% de los ingresos mensuales. Altamirano marcó la bandera roja en el 50%: "No hay que esperar hasta que la casa esté en llamas, sino cuando comenzamos a oler a humo", afirmó.

Diego dejó de usar tarjetas y busca más clientes para pagar más rápido. No hay cifras que midan cuántas personas están sobreendeudadas sin haber caído en mora, pero las señales —saldo rotativo en alza, deuda concentrada en el multitarjeta y buenos puntajes con capacidades golpeadas— aparecen antes de que dejen de pagar.

Las claves del caso

• La Policía identificó a Los Silenciosos, vinculados a Los Choneros, y a Los Playeritos, relacionados con Los Lobos, como las facciones que mantienen una pugna por el control de actividades ilícitas en General Villamil Playas.
  
• Entre enero y julio se registraron 33 denuncias formales por extorsión ante la Fiscalía, además de otros 15 casos atendidos por la Unase que no fueron judicializados debido al temor de las víctimas.
  
• Mientras el Municipio y la Gobernación anuncian operativos para enfrentar la inseguridad, especialistas advierten que el crecimiento del crimen organizado podría afectar al turismo, la actividad comercial y la economía del cantón si no se fortalecen las estrategias de prevención y control.

Facciones vinculadas a Los Choneros y Los Lobos mantienen una disputa por el control de las actividades ilícitas en General Villamil (Playas). Según la Policía, esta pugna territorial estaría detrás del incremento de la violencia y de la expansión de las extorsiones, conocidas como 'vacunas', que actualmente constituyen el delito que más preocupa a comerciantes y habitantes del balneario.

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El jefe policial de Playas, teniente coronel Jorge Analuisa, explicó que en el cantón operan Los Silenciosos, vinculados a Los Choneros; y Los Playeritos, relacionados con Los Lobos. Ambas buscarían estructuras para dominar negocios ilegales y ejercer presión sobre comerciantes, transportistas y otros sectores productivos.

Entre el 1 de enero y el 29 de julio, la Fiscalía registró 33 denuncias por extorsión. A esa cifra se suman otros 15 casos atendidos por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) que no fueron formalizados debido al temor de las víctimas, según informó Analuisa.

La magnitud de este fenómeno criminal fue revelada por EXPRESO en su edición del lunes 3 de agosto. Para profundizar en las causas de la violencia y conocer las posibles soluciones, este Diario consultó a autoridades locales, representantes del Gobierno y especialistas en seguridad.

Playas, uno de los 25 cantones del Guayas, registra 44 asesinatos entre el 1 de enero y el 26 de julio. De acuerdo con fuentes policiales, varias de las víctimas estarían vinculadas a casos de extorsión, ya sea por negarse a pagar las denominadas 'vacunas' o por disputas relacionadas con estas actividades ilícitas.

El antecedente del terror en Playas

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 12 de julio, cuando el propietario de un local de venta de celulares fue asesinado a tiros en la avenida Paquisha, una de las principales vías del cantón.

"Desde 2023, el delito de mayor recurrencia está relacionado con las extorsiones y amenazas. Las víctimas reciben intimidaciones mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o panfletos. La presión criminal se concentra principalmente en el casco comercial, donde funcionan negocios y laboran taxistas y tricimoteros", indicó Analuisa.

El oficial recordó que hace aproximadamente un mes personas provenientes de Santa Elena habrían intentado extorsionar a comerciantes de Playas. Posteriormente, dos de ellas fueron asesinadas.

También mencionó que tras un atentado con explosivos contra un establecimiento comercial, varios negocios optaron por reducir sus horarios de atención, por temor a nuevos ataques. "El objetivo es sembrar miedo en la población. Algunos negocios cierran antes de las siete de la noche", sostuvo.

Aunque se aseguró que existen patrullajes permanentes y operativos en distintos sectores, se reconoce que las capacidades policiales tienen límites. "No se puede colocar un policía detrás de cada ciudadano. Los delincuentes aprovechan esos espacios para cometer delitos", admitió.

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Gabriel Balladares, alcalde de General Villamil, considera que la inseguridad que enfrenta el balneario responde a una crisis que afecta a gran parte del país y que se ha profundizado en los últimos años.

Agregado que la ubicación estratégica del cantón, cercana al Puerto de Aguas Profundas de Posorja, lo convierte en una zona de interés para estructuras vinculadas al crimen organizado. “Los últimos acontecimientos forman parte de una problemática que se ha venido extendiendo desde 2021”, comentó.

El burgomaestre aseguró que el Municipio mantiene coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía, aunque aclaró que la identificación y desarticulación de las organizaciones criminales corresponde a las entidades de seguridad e investigación.

Balladares también reconoció el temor que existe entre los habitantes. “Como ciudadano, padre de familia y habitante de Playas, uno siente preocupación porque no sabe qué puede ocurrir al día siguiente. Todos somos vulnerables frente a estos hechos”, expresó.

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Por su parte, el gobernador del Guayas, José Arévalo, señaló que la presencia de grupos criminales en el cantón es una problemática que se viene observando desde hace varios años. Según indicó, se han ejecutado reuniones de coordinación y operativos para contener la violencia.

"Los delitos comunes son el robo de celulares y los 'sacapintas', pero el que más prolifera en Playas es la extorsión. Hemos visto incluso la colocación de explosivos cuando las personas se niegan a pagar. Vamos a seguir realizando operativos", aseguró.

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Para Michelle Maffei, especialista en prevención del crimen organizado, Playas necesita fortalecer las estrategias de prevención y generar información especializada que permita comprender cómo operan las estructuras criminales en el territorio.

Maffei señaló que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento y ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. Actualmente obtienen recursos mediante extorsiones, secuestros, sicariatos y tráfico de drogas.

Además, advirtió que la importancia turística y comercial de Playas lo convierte en un territorio atractivo para estas estructuras.

"El sector turístico y empresarial podría verse gravemente afectado si no se adoptan urgentes. Algunos negocios podrían verse obligados a cerrar y otros, bajo presión criminal, terminar relacionándose con estas estructuras para poder operar, quedando expuestos incluso a delitos como el lavado de activos", analizó.

Lo que debes saber

• Quito inició el monitoreo en tiempo real de 70 buses para controlar rutas y velocidad.
• Cinco operadoras participan desde agosto y otras 13 se incorporarán en las próximas semanas.
• El sistema busca modernizar el transporte con GPS, alertas automáticas y pagos electrónicos.

El proceso de modernización del transporte público de Quito comenzó a dar uno de sus pasos más visibles. 

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El Municipio puso en funcionamiento, en fase piloto, el Centro de Monitoreo de la Movilidad, una plataforma que permitirá seguir en tiempo real el recorrido de las unidades, verificar el cumplimiento de las rutas y generar alertas frente a excesos de velocidad, retrasos o abandono de recorridos.

La herramienta, que por ahora opera con un grupo reducido de buses, forma parte de la transformación tecnológica que exige el proyecto de ordenanza que actualmente se debate en el Concejo Metropolitano.

En esta primera etapa, la plataforma recibe información de cinco operadoras que ya iniciaron las pruebas de conexión. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad prevé incorporar progresivamente a las 64 operadoras urbanas del Distrito Metropolitano de Quito hasta completar la cobertura total del sistema.

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¿Qué controlará la nueva plataforma?

Desde el Centro de Monitoreo, instalado con capacidad para 25 estaciones de trabajo, los técnicos pueden observar el desplazamiento de cada unidad sobre un mapa digital.

La plataforma muestra la ubicación exacta del bus, la velocidad a la que circula, el conductor asignado, la ruta que cumple, la última parada registrada e incluso información relacionada con el historial del operador. El objetivo es que el control deje de depender únicamente de la presencia de fiscalizadores en las calles y pase a realizarse también de forma remota.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que actualmente la plataforma se encuentra en una etapa de calibración con alrededor de 70 buses pertenecientes a cinco operadoras, mientras otras 13 ya firmaron convenios para integrarse al sistema en las próximas semanas. Una vez concluidas las pruebas técnicas, la plataforma entrará en operación y comenzará el proceso de incorporación gradual del resto de empresas de transporte.

¿Qué alertas emitirá el sistema?

Según el funcionario, el Municipio desarrolló la plataforma tecnológica, mientras que las operadoras financian la instalación de los equipos que transmiten la información hacia el sistema municipal.

En ese proceso se aprovechará la infraestructura de GPS que los buses ya poseen desde administraciones anteriores, aunque hasta ahora esa información nunca había sido utilizada para el control operativo.

“La diferencia es que hoy existe una plataforma capaz de recibir esos datos y analizarlos en tiempo real”, sostuvo Pérez, quien recordó que el sistema permitirá generar alertas automáticas cuando una unidad exceda los límites de velocidad, abandone una ruta o incumpla los horarios establecidos. En esos casos, la información será enviada a los agentes metropolitanos o dará paso a procedimientos administrativos, según corresponda.

Antes existían GPS instalados, pero nunca hubo una plataforma para aprovechar toda esa información.
Alex Pérez 
​secretario de Movilidad

¿Qué exige la nueva ordenanza?

La implementación del monitoreo forma parte del proyecto de ordenanza que busca reorganizar el sistema de transporte público y que aún debe superar el segundo debate en el Concejo Metropolitano.

La normativa establece los plazos para que las operadoras incorporen nuevas tecnologías como el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), el Sistema de Información al Usuario (SIU) y el Sistema Integrado de Recaudo, que permitirá el pago mediante tarjetas y códigos QR.

Cristian Lara, presidente de la compañía Transportes Vencedores de Pichincha, señaló que la Comisión de Movilidad iniciará nuevas mesas de trabajo para analizar las observaciones planteadas por concejales, representantes ciudadanos y transportistas antes del segundo debate.

Aseguró que la mayor parte de las inquietudes del sector ya fueron incorporadas al proyecto, aunque aún quedan pendientes aspectos relacionados con el cronograma de implementación y la compensación económica ofrecida por el Municipio.

¿Quién pagará la modernización tecnológica?

Uno de los principales desafíos continúa siendo el financiamiento. Lara explicó que el equipamiento tecnológico requerido para cada unidad —que incluye GPS bidireccional, sensores de puertas, contadores de pasajeros, pantallas informativas y validadores electrónicos de pago— tiene un costo estimado de entre 5.000 y 8.000 dólares por bus.

El dirigente reconoció que actualmente los transportistas no son considerados sujetos de crédito por el sistema financiero, por lo que analizan alternativas de financiamiento con proveedores o mecanismos de garantía que, sin embargo, incrementan los costos mediante intereses y riesgos adicionales. “La inversión saldrá del bolsillo del transportista”, afirmó.

Nos estamos adaptando al monitoreo y los correteos entre buses están disminuyendo durante estas pruebas
Javier piedra
conductor Quiteño Libre

¿Cuándo funcionará en todos buses?

Una visión similar mantiene Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano (Unitrans), quien recordó que todas las operadoras ya cuentan con GPS desde hace varios años. No obstante, indicó que el Municipio nunca dispuso de una plataforma para recibir esa información, situación que ahora cambia con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Monitoreo.

El dirigente señaló que las empresas están entregando la documentación y la información técnica de sus unidades conforme al cronograma establecido por la Secretaría de Movilidad y estimó que, hacia finales del próximo mes, todas las operadoras podrían transmitir datos en tiempo real hacia la plataforma municipal. 

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Agregó que el sistema integrado de recaudo requerirá un plazo adicional, ya que muchos de los equipos deberán importarse y adquirirse de manera conjunta para garantizar compatibilidad tecnológica.

En las calles, el cambio ya empieza a sentirse. Javier Piedra, conductor de la cooperativa Quiteño Libre, una de las operadoras que participa en el plan piloto, considera que el monitoreo ayudará a reducir los tradicionales “correteos” entre buses y permitirá ofrecer un servicio más ordenado y seguro para los usuarios.

Lo que debes saber

• Un video viral revivió el fallido acuerdo entre Lasso, Nebot y Correa en la Asamblea de 2021.
• Las negociaciones a puerta cerrada y sin consulta a las bases marcan la política ecuatoriana.
• La falta de transparencia en alianzas legislativas termina favoreciendo el retorno del correísmo.

La semana pasada, se viralizó en redes el extracto de una entrevista que le hace Orlando Pérez, comunicador militante del correísmo, a su líder Rafael Correa, en el cual el expresidente se refiere al pacto que tuvo con Guillermo Lasso y Jaime Nebot para repartirse los puestos directivos de la Asamblea Nacional y cogobernar, el cual resultó nonato. Como si el tema fuera algún secreto, usuarios y portales digitales saltaron con señas de asombro e indignación, cuando ese acuerdo era de conocimiento público antes de que la Asamblea del 2021 si quiera se instalase.

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Guillermo Lasso rechaza un pacto con el correísmo y aclara que no existen contactos recientes

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De la ruptura del Partido Social Cristiano a las alianzas con Pachakutik y la ID

Esa reacción original, la furia del anticorreísmo que se sintió traicionado, fue una de las razones detrás de la decisión de Guillermo Lasso de recular y terminar pactando con la Izquierda Democrática y Pachakutik. Detrás de Lasso y su nueva alianza se fue César Rohón, quien luego sería su ministro de Transporte y Obras Públicas, alegando que el acuerdo de Nebot con Correa se había hecho a espaldas de él y de gran parte del Partido Social Cristiano. Cualesquiera que hayan sido las reales motivaciones detrás de su salida (él mismo confesó que había sido precandidato de La 6 a la presidencia del Legislativo), Rohón tuvo razón en lo que dijo: el pacto tripartito que nunca fue era inaceptable porque se había fraguado en las sombras.

Sin embargo, lo mismo se puede decir del acuerdo que terminó honrando Lasso con un Pachakutik y una Izquierda Democrática que llegaron a la Asamblea con bloques muchos más grandes de los que pensaban obtener (y, por tanto, menos fáciles de manejar de lo esperado) gracias al sorpresivo desempeño de Yaku Pérez y Xavier Hervas, sus respectivos candidatos para las presidenciales.

Negociaciones a puerta cerrada: cómo se hace la política en Ecuador

En ninguno de los dos casos se designaron interlocutores públicamente ni se le consultó a la militancia o a toda la dirigencia si estaban de acuerdo con un pacto. Todo se dio, como en una canción chichera o una novela lúbrica, entre llamadas telefónicas y encuentros en hoteles.

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Y es que así se hace política en el Ecuador. ¿Quién sabe cómo se definieron las listas de las organizaciones políticas? ¿Y con quién se discutieron las alianzas, tanto las formales y como las tapiñadas? Por ejemplo, cuando el movimiento Amigo le prestó su lista a la Revolución Ciudadana, como quizá termine haciendo el Partido Socialista, ¿qué pidieron sus dirigentes a cambio de eso? ¿Debemos pensar que los animó el puro altruismo? Y esta adhesión de Cynthia Viteri con ADN, ¿en qué puntos de acuerdo se basa? ¿Hay alguna línea roja que las partes no están dispuestas a cruzar?

Por supuesto, todos han dado algún remedo de respuesta cuando les ha tocado. La dirigencia de Amigo salió a decir que ellos le abrieron sus puertas a todo el mundo y que, como no fuera nada extraño, un montón de correístas entraron por ahí y pasaron su evaluación. Cynthia Viteri, por su lado, habla de ayudar a los pobres y desposeídos y promete entregarles a ellos obras junto al presidente Daniel Noboa, haciendo uso de ese lenguaje pseudofilantrópico que tanto gusta a los políticos porque significa nada y, por ende, sirve para todo.

Pactos de gobierno y la trinca política de la gobernabilidad

El verdadero horror no está en pactar con Correa. Nuestro actual presidente lo hizo y pasó varias de sus primeras leyes con la ayuda de la Revolución Ciudadana y del socialcristianismo. Lo inaceptable es pactar con quien sea sobre los destinos de todo un país y tratarlo como un acuerdo entre privados o un negocio cualquiera.

Para colmo, toda esta teatralidad del rechazo a trabajar con los correístas termina siempre irónicamente en un retorno hacia ellos.

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Cuando Lasso huyó de Correa, lo hizo para caer en brazos de Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea para muchos de ingrata recordación, cuya gestión resultó en que rápidamente el oficialismo perdiera el control de la mayoría en el Pleno y luego de su propia bancada. Después vino Virgilio Saquicela, que antes había sido parte de las listas de CREO, y con él la muerte cruzada y una oportunidad para el correísmo.

Ahora que Noboa dice caminar solo, o al menos sin ninguna alianza formal pública, lo hace usando a un montón de excorreístas como operadores, asambleístas y candidatos.

El problema, quién lo hubiera dicho, parece estar en las costumbres de los ecuatorianos y sus ganas de volver todo una trinca.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa lidera la estrategia del movimiento ADN para las próximas elecciones seccionales.
• Las precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia realizan proselitismo activo en territorio.
• Vacíos legales del CNE permiten la precampaña anticipada sin posibilidad de sanción o control.

El presidente de la República, Daniel Noboa, se ha vuelto un pieza clave en la promoción de sus precandidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), vinculándolos de forma anticipada con futuras obras clave mediante recorridos territoriales y eventos partidistas previo a las elecciones seccionales. Expertos advierten que, si bien estas actividades configuran un acto de proselitismo en el sector público, los vacíos del Código de la Democracia impiden imponer sanciones por gasto o campaña anticipada.

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Cynthia Viteri deja Centro Democrático y correrá por la Alcaldía de Guayaquil con ADN

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La estrategia electoral de ADN en las seccionales

El estreno del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) en unas elecciones seccionales tiene un protagonista clave: el presidente de la República y líder de la organización política, Daniel Noboa.

Más allá de sus reiteradas referencias a las elecciones, desde el 23 de julio de 2026 Noboa ha empezado a hablar de algunos de sus precandidatos e incluso a asociarlos con potenciales obras en ciudades clave que se realizarían junto a ellos.

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Para Quito, Noboa dijo tener un preacuerdo con una candidata a la Alcaldía para construir el nuevo estadio Atahualpa junto con quienes construyeron el estadio Santiago Bernabéu, en España. Incluso habló de la ampliación del Metro de Quito.

En Guayaquil, por otro lado, Noboa fue más cauto y se limitó a defender la elección de Cynthia Viteri, exalcaldesa socialcristiana de la ciudad, como la apuesta de ADN para ganar el Sillón de Olmedo en las próximas elecciones seccionales.

Precandidatas Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia en territorio

Sin embargo, las acciones de ADN no terminan ahí. En Guayaquil y Quito, las precandidatas de ADN, Cynthia Viteri y Giovanna Ubidia (luego de inscrita como candidata para la Prefectura de Pichincha), respectivamente, ya se mueven en territorio como si estuvieran en campaña electoral.

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En el caso de Ubidia, desde la confirmación de su precandidatura, en sus redes sociales intercala sus actividades como directora del Seguro Social Campesino con su rol como militante de ADN. En ellas muestra recorridos, brigadas y diálogos en varios sectores de la capital.

Viteri, por su parte, recorre Guayaquil junto al asambleísta Andrés Guschmer, candidato a prefecto del Guayas, y a Zaida Rovira, exministra de Desarrollo Humano. Incluso participó en un evento partidista de ADN en el que también estuvo el gobernador de la provincia, José Arévalo.

Vacíos legales del CNE y el claroscuro sobre la campaña anticipada

Aunque, para los expertos electorales consultados por EXPRESO, todas estas actividades están visiblemente asociadas con una precampaña del oficialismo, aclaran que la propia ley presenta vacíos o zonas grises que las permiten, aunque ello sea considerado reñido con la ética pública.

Este Diario intentó comunicarse, vía correo institucional, con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) para consultarles sobre las medidas que están tomando para controlar los actos de campaña anticipada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Precampaña, un concepto debatido en la norma electoral

Esteban Ron, experto electoral y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, sostiene que el principal problema radica en los términos y los plazos que establece la propia norma.

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Aunque la ley sí sanciona la campaña anticipada, aclara, esta solo es considerada si es cometida por un candidato. “Es un claroscuro de la ley porque ahora son precandidatos hasta la inscripción”, comenta, y señala que ni siquiera en ese escenario podría imponerse una sanción.

Según explica, una persona adquiere la calidad de candidato no únicamente con la inscripción (que inició este 2 de agosto de 2026), sino “ya cuando es aceptada la candidatura por el CNE, una vez pasadas las impugnaciones”. Durante ese tiempo, “pueden hacer esta especie de campaña y no habrá sanción o imputabilidad al gasto electoral”.

Campaña anticipada debería frenar por "ética pública"

No obstante, el estratega y docente de Comunicación cuestiona ese claroscuro de la ley y recuerda que se trata de un espacio que, a su juicio, está siendo aprovechado por el Gobierno Nacional en beneficio de sus fichas para las elecciones seccionales de noviembre.

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“Jurídicamente la ley brinda un espacio para que realicen actividades proselitistas. No es ético, pero este Gobierno ha dejado señales claras de que hacer lo correcto no está en su lógica de Gobierno”, acota.

Lo que debes saber

• La Fiscalía incorporó una pericia que omite a Roberto Luque en el caso Progen.
• El informe atribuye responsabilidades a funcionarios de Celec por contratos de 104 millones.
• La pericia no analiza el rol de Luque en la emergencia eléctrica de abril de 2024.

La Fiscalía incorporó al expediente del caso Progen una pericia sobre los contratos de generación térmica adjudicados a Progen. Sin embargo, el informe técnico elaborado por el perito Milton Rojas Arias omite en su mapa al exministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque.

Aunque Luque fue el funcionario de más alto nivel que firmó la declaratoria de emergencia eléctrica en abril de 2024 e impulsó los procesos de contratación, la pericia únicamente traza una línea de responsabilidades que abarca a la cúpula técnica, jurídica y administrativa de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y de su unidad de negocio Termopichincha.

La pericia del caso Progen reconstruye la cadena de decisiones en Celec

El peritaje de Rojas Arias detalla, paso a paso, las actuaciones y decisiones de los servidores públicos que intervinieron en la contratación de las centrales de Salitral y Quevedo por un monto superior a los 104 millones de dólares.

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La lista descriptiva de la pericia ubica en lo más alto al exgerente general de Celec, Fabián Calero, debido a que suscribió la Resolución de Emergencia CEL-RES-0108-24. Sin embargo, no se menciona que esta resolución se sustenta en la declaratoria de emergencia emitida por el ministro Luque.

Debajo de la gerencia general, la investigación identifica la intervención de la operadora de la Sala de Control, Gabriela Toazo, en la elaboración del informe de necesidad y las especificaciones técnicas. Asimismo, señala al jefe de Mantenimiento, Juan Carlos Cornejo Segovia, como encargado de su revisión, y al subgerente de Producción, Carlos Iván Villacís Moya, como el funcionario que aprobó de manera oficial esos documentos.

El informe identifica responsabilidades en la fase preparatoria y precontractual

En las fases preparatoria y precontractual del proceso, el perito acredita un rol relevante a un funcionario que hasta ahora no ha sido investigado: el subgerente jurídico de Celec, Cristhian Dahik.

Su intervención se dio tanto en el blindaje legal previo de los procesos como en la validación técnica y jurídica de la oferta ganadora durante la etapa de selección.

Durante la fase preparatoria, la responsabilidad de Dahik radicó en la elaboración del informe legal indispensable para sustentar la viabilidad normativa de la contratación. Este documento permitió justificar jurídicamente la aplicación del régimen de excepción.

En la fase precontractual, Dahik integró la Comisión Técnica encargada de calificar la propuesta presentada por Progen. En este espacio actuó con voz pero sin voto, lo que le otorgó la facultad de participar en las deliberaciones y asesorar jurídicamente el proceso, para luego suscribir de forma unánime, junto con los demás miembros de la comisión, el acta e informe de evaluación que recomendó al gerente de Termopichincha la adjudicación de ambos contratos.

En esa misma línea contractual constan Byron Orozco, gerente encargado que suscribió la resolución de inicio, la invitación oficial y el contrato principal, así como Marvin Bryan Rubio Zapata, presidente de la Comisión Técnica encargada de evaluar la oferta de Progen y recomendar su adjudicación.

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La pericia también individualiza a los administradores de los contratos

El informe también individualiza a los funcionarios responsables de la administración del dinero y supervisión de los contratos.

En la central de Quevedo, dicha responsabilidad fue de Marcos Guerrero Bravo y en Salitral, Marlon Iván Casilla Hernández. Ambos fueron los que validaron como nuevos y funcionales los generadores viejos de Progen. Ordenaron los pagos millonarios y, sin embargo, la Fiscalía los dejó fuera de la formulación de cargos.

Roberto Luque no figura en la estructura de responsabilidades del informe

A pesar de los roles detallados en la pericia, Roberto Luque no aparece en la estructura de responsabilidades descrita por el experto.

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La omisión dentro de la investigación impide que se analice, por ejemplo, cuál fue la importancia de su decisión, del 16 de abril de 2024, cuando firmó el acuerdo ministerial que declaró la emergencia en el sector eléctrico nacional.

En dicho documento ordenó que Celec ejecutara las acciones necesarias para incorporar generación adicional y habilitó el régimen excepcional de contratación rápida.

Tampoco analiza la aplicación del Memorando MEM-2024-0003-CIR, del 23 de abril de 2024, donde Luque ordena que Celec y todas las empresas eléctricas obtengan el aval de José Manuel de Oliveira, excoordinador Jurídico del Ministerio de Energía, para "todos los procesos de contratación pública" en la emergencia que declaró.

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El peritaje no analiza otras actuaciones relacionadas con Roberto Luque

A esta pericia suma otras omisiones: el viaje de Luque a Estados Unidos para visitar la sede de Progen y sus contactos directos con los directivos de la firma. Una vía de comunicación que estuvo activa hasta después de firmados los contratos.

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En septiembre de 2024, tras haber dejado el cargo ministerial, recibió un extenso mensaje del CEO de Progen, John Manning, quien le expresó su malestar por las exigencias técnicas impuestas por los funcionarios de Celec para autorizar los desembolsos.

El análisis del perito revisa los aspectos legales del contrato, tales como el cumplimiento de requisitos por parte de la Comisión Técnica, las circunstancias del contrato complementario y las razones de la terminación unilateral. Pero toda la carga de las anomalías recae sobre la línea de mando intermedia y operativa de la estatal eléctrica.

¿Qué pasa en el Ilaló? 

• Ordenanza para proteger el volcán Ilaló avanzó al Concejo tras informe favorable de la Comisión de Ambiente.
• Comunas exigen prohibir proyectos inmobiliarios comerciales para evitar mayor deterioro del Ilaló en Quito.
• La propuesta crea un plan de manejo con restauración ecológica, reforestación y participación comunitaria para conservar el volcán.

La protección del volcán Ilaló vuelve a encaminarse hacia el Concejo Metropolitano después de más de una década de debates. 

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El proyecto de ordenanza que busca declarar a este macizo como Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) ya cuenta con un informe favorable de la Comisión de Ambiente y espera ser incluido en el orden del día para su primer debate.

¿Por qué proteger el Ilaló?

La propuesta pretende dotar al Ilaló de un marco normativo para frenar su deterioro ambiental, aunque todavía mantiene abierto uno de los temas más sensibles: el avance de los proyectos inmobiliarios.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, Diana Cruz, explicó que el informe es el resultado de 15 meses de trabajo técnico y participativo. Según indicó, la ordenanza ya concluyó su tratamiento en la comisión y ahora corresponde a las instancias competentes del Municipio definir cuándo será debatida por el Concejo. 

También aclaró que el alcance del proyecto no incluye la regulación de construcciones ni de usos de suelo, ya que esos aspectos están normados por el Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) y el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT).

Desde la Comisión insisten en que el principal objetivo es crear un “blindaje normativo” para la conservación integral del Ilaló. Entre los avances destacan la incorporación de los aportes de comunas y comunidades, el reconocimiento de los derechos colectivos, los planes de vida y un modelo del área protegida, con participación activa de los territorios ancestrales.

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Participación ciudadana fortaleció el proyecto

Ese proceso, sin embargo, no estuvo exento de retrasos ni cuestionamientos. Cecilia Pacheco, integrante del colectivo Ilaló Verde, recuerda que el compromiso nació en 2024, cuando durante la aprobación del PUGS se incorporó una disposición transitoria que obligaba al Municipio a contar, en el plazo de un año, con un plan de manejo y una ordenanza específica para el volcán.

“La espera fue mucho más larga de lo previsto”, sostiene. Según relata, durante varios meses no existió información sobre el contenido del plan de manejo y solo posteriormente comenzaron las reuniones convocadas por la administración municipal. 

A partir de que el proyecto llegó a la Comisión de Ambiente, el colectivo participó mediante la figura de silla vacía y revisó cada uno de los artículos junto con representantes comunitarios.

Pacheco considera que cerca del 80 % de las observaciones planteadas por Ilaló Verde fueron incorporadas al texto. Entre ellas menciona mantener intacta la superficie protegida, reforzar la conservación ambiental, histórica y cultural, y reconocer los territorios ancestrales y los derechos colectivos de las 12 comunas asentadas en el Ilaló, que administran cerca del 45 % del territorio.

No obstante, advierte que el mayor punto pendiente continúa siendo la expansión inmobiliaria. La activista reconoce que durante las mesas de trabajo se discutió la posibilidad de establecer una prohibición expresa de nuevas construcciones, pero el planteamiento no prosperó debido a las implicaciones jurídicas que tendría para el Municipio frente a autorizaciones previamente otorgadas.

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Construcciones dividen posiciones sobre Ilaló

Desde las comunas la preocupación es similar, aunque con un enfoque diferente. Floresmilo Simbaña, presidente de la comuna Tola Chica, sostiene que la discusión sobre la protección del Ilaló se arrastra desde 2012 y que, mientras el debate continúa, el deterioro ambiental y cultural del volcán sigue avanzando.

Para el dirigente comunal, la principal amenaza no son las viviendas familiares de quienes históricamente habitan el territorio, sino los desarrollos inmobiliarios comerciales que, asegura, se intensificaron tras la construcción de la Ruta Viva.

“Lo que pedimos es que se prohíban expresamente los proyectos inmobiliarios comerciales”, enfatiza. A su juicio, permitir ese tipo de urbanizaciones contradice el objetivo mismo de la ordenanza, ya que podría acelerar la ocupación del cerro y transformar irreversiblemente sus ecosistemas.

Simbaña también insiste en que el texto debe reconocer plenamente los planes de vida elaborados por las comunas como instrumentos legítimos para administrar sus territorios, en concordancia con los derechos colectivos establecidos en la Constitución. Considera que ese reconocimiento todavía no está suficientemente garantizado.

Las preocupaciones de las comunas también se extienden al deterioro acumulado durante décadas. Simbaña recuerda que el Ilaló sufrió una intensa deforestación debido a la extracción de leña y carbón para Quito y que, pese a algunos esfuerzos comunitarios de reforestación, no han existido políticas públicas sostenidas para recuperar el ecosistema. Como consecuencia, afirma, muchas fuentes de agua han desaparecido y la erosión del cerro se ha acelerado.

Pese a las diferencias sobre el alcance de la norma, existe coincidencia en la necesidad de contar con un instrumento que permita proteger uno de los principales pulmones naturales del valle de Tumbaco. 

El informe aprobado por la Comisión de Ambiente concluye que existen fundamentos técnicos y jurídicos suficientes para declarar al Ilaló como Área de Intervención Especial y Recuperación y sostiene que la medida permitirá enfrentar el deterioro causado por la expansión urbana y conservar sus ecosistemas, quebradas, fuentes hídricas y patrimonio natural, histórico y cultural.

La propuesta también contempla incorporar al Ilaló al Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas, elaborar un Plan Integral de Manejo con acciones de restauración ecológica y reforestación, promover actividades agrícolas, productivas y turísticas sostenibles, crear incentivos para la recuperación ambiental, conformar un comité de manejo con participación institucional y comunitaria y fortalecer el régimen de control y sanciones.

• Empresarios de la calle Paquisha denuncian extorsiones, intentos de secuestro y amenazas mediante llamadas, mensajes y panfletos, situación que ha obligado a varios a cerrar locales o reducir sus horarios.
  
• Prestadores de servicios aseguran que muchos visitantes ya no permanecen en el balneario por temor a la violencia, lo que ha provocado una fuerte disminución en las ventas y en la actividad económica.
  
• Aunque Playas permanece bajo intervención militar y se han ejecutado operativos de control, comerciantes y representantes del sector turístico consideran que las acciones aún son insuficientes para devolver la tranquilidad al cantón.

Antes de pronunciar una sola palabra, Félix observa cuidadosamente a su alrededor. Su mirada refleja precaución. Nacido en Esmeraldas, pero radicado desde hace 41 años en General Villamil Playas, ha visto cómo la violencia, las amenazas y las extorsiones han cambiado la tranquilidad de este balneario guayasense.

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El retrato de la inseguridad en Playas

El propietario de un negocio de comida, ubicado en la calle Paquisha, una de las principales zonas comerciales del cantón, conoce esa realidad de cerca. En 2025 fue víctima de un intento de secuestro y, meses después, recibió mensajes extorsivos en los que delincuentes le exigían 3.500 dólares a cambio de no tentar contra su vida.

La inseguridad también afectó a sus ingresos. La reducción de clientes lo obligó a cerrar dos de los tres locales que administraba, debido a que ya no podía cubrir gastos como arriendos, salarios y otros costos operativos.

"La situación en Playas comenzó a complicarse desde 2022 por la delincuencia y los robos, pero en 2024 todo empeoró. Ahora las extorsiones aumentaron y muchos recibimos amenazas mediante llamadas, mensajes de WhatsApp o panfletos. En mi caso denuncié ante la Fiscalía y la Policía rastreó el número; me informó que las llamadas provenían de la Penitenciaría", relató.

La inseguridad golpea al turismo

Félix asegura que el temor también afectó al turismo, principal fuente económica del cantón. Afirma que muchos visitantes prefieren no permanecer en Playas después de conocer los hechos violentos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

"En esta época normalmente nos visitaba gente de la Sierra porque los estudiantes están de vacaciones. Los comedores trabajaban hasta las 22:00 entre semana y hasta la medianoche los fines de semana. Ahora muchos cerramos a las 18:00. Los turistas vienen, almuerzan y regresan a sus ciudades; casi nadie se queda a dormir", lamentó.

El negocio de Félix ya no luce como antes. Uno de sus vendedores permanece en la entrada con una cartilla en mano, intentando atraer a los pocos clientes que circulan por el sector.

“¡El rico ceviche de camarón, la corvina, el arroz marinero! Todo se prepara al instante”, grita mientras busca llamar la atención de quienes pasan frente al local.

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Comerciantes bajo amenaza

Los restaurantes no son los únicos afectados por las denominadas 'vacunas'. En la calle Paquisha funcionan alrededor de 150 negocios, entre locales de ropa, peluquerías, tiendas de electrodomésticos, comercios de calzado y una entidad bancaria. Los comerciantes aseguran que varios establecimientos han recibido amenazas.

Mariana, administradora de un local de comida rápida, recuerda que uno de los hechos que más impactó al sector fue el asesinato de dos comerciantes ocurrido en julio pasado. Según versiones conocidas por los habitantes, las víctimas se habrían negado a pagar extorsiones.

"Primero mataron al dueño de un local de celulares, luego al propietario de un negocio de venta de carne y la semana pasada colocaron un artefacto explosivo en uno de los negocios más grandes de esta calle. Por suerte solo hubo daños materiales porque explotó antes de abrir", contó.

Para ella, los controles de seguridad son insuficientes y suelen incrementarse únicamente después de que ocurra un ataque violento.

Piden respuesta de las autoridades 

La preocupación de los comerciantes coincide con la realidad operativa de la Policía. Playas cuenta con 96 servidores policiales; sin embargo, permisos, vacaciones y ausencias médicas reducen el número de uniformados disponibles. Además, durante feriados y temporadas turísticas aumenta la población flotante, por lo que habitantes y comerciantes consideran necesario reforzar el contingente.

Desde febrero, el cantón permanece bajo intervención militar como parte de las acciones del Gobierno contra estructuras criminales.

Durante un recorrido realizado por este Diario, a las 16:00 del miércoles 29 de julio se desarrolló un operativo Camex con la presencia del gobernador del Guayas, José Arévalo Santana. Este fue el segundo operativo ejecutado en el año y ocurrió ocho días después del crimen del comerciante de celulares.

“Seguramente es porque ustedes están aquí”, comentó Eduardo, administrador de un negocio de multiservicios, en referencia al equipo periodístico. “Este es el segundo operativo grande que hacen en Playas, pero la mayoría de las veces se llevan motos y tricimotos, dejando sin herramientas de trabajo a personas de bien, en lugar de atacar directamente a la delincuencia”.

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“Preferimos retirarnos antes de que oscurezca y esto se vuelva peligroso”, explicó la propietaria de una tienda de accesorios.

La crisis también alcanza al sector turístico. Ricardo Nelson del Castillo, presidente de la Cámara de Turismo de Playas, señaló que los hechos violentos han afectado la imagen del balneario y pidió mayor presencia de policías y militares.

"Playas vive del turismo y la inseguridad nos está golpeando duramente. Hemos solicitado más apoyo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas para resguardar este cantón. Estamos próximos a las fiestas de cantonización y muchas personas tienen temor de venir", sostuvo.

La vida nocturna también atraviesa dificultades. Un representante de bares y centros de diversión, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que varios establecimientos han cerrado y que, de los diez bares que funcionaban anteriormente en Playas, actualmente solo cuatro permanecen abiertos. 

Lo que debes saber

• Ecuador decomisó 5.424 armas entre enero y mayo de 2026, el mayor registro en cuatro años.
• Guayas concentró el 36,3 % de las armas incautadas en 2026 por su vínculo con rutas del narcotráfico.
• Expertos advierten que el tráfico de armas fortalece a las bandas criminales y dificulta su trazabilidad.

Durante un operativo ejecutado en un barrio de Guayaquil, los agentes no solo encontraron cocaína, municiones y teléfonos celulares. También incautaron varios fusiles de fabricación extranjera, pistolas semiautomáticas y un arma modificada para disparar en ráfaga. 

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Ninguno de los detenidos pudo justificar su procedencia y, como ocurre en decenas de casos cada año, el recorrido de ese arsenal quedó envuelto en incertidumbre.

Ese fenómeno coincide con el fortalecimiento de estructuras criminales como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y otras organizaciones que mantienen alianzas con carteles internacionales dedicados al tráfico de cocaína.

La escena se ha repetido con frecuencia en distintos puntos del país. En viviendas utilizadas como centros de acopio, en vehículos interceptados en carreteras, en puertos marítimos y durante allanamientos a inmuebles vinculados con organizaciones criminales aparecen armas de distintos calibres, muchas de ellas de uso militar. Lo que no siempre aparece es una respuesta clara sobre cómo llegaron a Ecuador ni quiénes integran la cadena que las abastece.

El tráfico de armas se consolida como un negocio ligado al narcotráfico

El crecimiento del narcotráfico y de las economías criminales transformó el mercado ilegal de armas en un componente indispensable para las organizaciones delictivas.

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Las bandas ya no solo necesitan droga para sostener su negocio. También requieren un suministro constante de armamento para disputar territorios, custodiar cargamentos, proteger laboratorios clandestinos, controlar corredores logísticos y enfrentar a grupos rivales o a las fuerzas de seguridad.

Las cifras reflejan esa realidad. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador registró un incremento del 20,6 % en las armas incautadas respecto al mismo período de 2025. Entre enero y mayo de 2026, las autoridades ecuatorianas decomisaron 5.424 armas de fuego en todo el país, un 20,6 % más que en el mismo período de 2025, cuando se registraron 4.497. Es la cifra más alta para ese lapso en los últimos cuatro años: en 2023 se habían incautado 4.574 armas y en 2024, 4.867.

El dato, presentado por el Gobierno como una muestra de eficacia operativa, esconde una pregunta más incómoda: ¿el país está decomisando más porque persigue mejor el delito, o porque simplemente hay más armas circulando de las que puede dar cuenta?

La provincia de Guayas concentra el 36,3 % del total nacional, con 1.969 armas retiradas de circulación, seguida por Los Ríos (798), Manabí (517), El Oro (392) y Esmeraldas (353): un mapa que coincide, sin sorpresas, con los corredores históricos del narcotráfico hacia el Pacífico.

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El armamento es clave para el control de las rutas de la cocaína

El negocio de la cocaína no puede entenderse sin el mercado ilegal de armas. Cada tonelada que sale desde Ecuador requiere protección en diferentes etapas: almacenamiento, transporte terrestre, ingreso a los puertos, contaminación de contenedores, embarque y custodia de las rutas utilizadas para mover la mercancía.

A ello se suma la necesidad de controlar barrios, pasos fronterizos, puertos pesqueros, laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para el acopio de droga. Ese control territorial depende, en buena medida, del acceso permanente a armas. Por ello, el tráfico de armamento se ha convertido en una actividad complementaria del narcotráfico.

Expertos advierten fallas en el control y la trazabilidad de las armas

Para el experto en seguridad y crimen organizado Fernando Guerrero, el debate no debe limitarse al derecho de portar armas.

El problema, sostiene, está relacionado con la capacidad del Estado para controlar todo el ciclo de vida del armamento. "Una mayor circulación de armas en contextos de débil control estatal incrementa inevitablemente el riesgo de filtración hacia economías criminales".

Según explica el académico, el fenómeno responde a una lógica similar a la de otros mercados ilícitos. "Mientras más armas circulan, más difícil se vuelve controlar su trazabilidad. El desafío no es solo impedir el ingreso ilegal desde las fronteras, sino vigilar el recorrido completo del arma legal dentro del país".

La seguridad privada también enfrenta desafíos en la custodia del armamento

Uno de los sectores donde más se concentra la atención es el de las empresas de seguridad privada. Estas compañías administran miles de armas destinadas a la protección de instituciones financieras, industrias, comercios y servicios estratégicos.

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Rodrigo Peralta Carrión, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi), sostiene que uno de los principales problemas está en los procedimientos aplicados durante el transporte y custodia del armamento.

"Sí existe un problema. No hay un formato definido por la autoridad sobre los salvoconductos para las custodias. Debería identificarse a los custodios con un brazalete o distintivo".

En teoría, cada arma posee una identidad propia: número de serie, fabricante, modelo, calibre, importador y comprador autorizado. Pero en la práctica esa información no siempre resulta suficiente.

Las armas recuperadas durante operativos frecuentemente presentan números de serie limados, piezas reemplazadas o modificaciones que dificultan establecer su origen.

Ecuador no enfrenta este problema en solitario. Diversos países de América Latina han experimentado un incremento en la circulación de armas asociado al fortalecimiento de organizaciones criminales transnacionales.

Lo que debes saber

• El Oro registró 521 homicidios entre enero y junio de 2026 y lideró la tasa nacional.
• Bandas criminales disputan puerto, minería ilegal y rutas con Perú en El Oro durante 2026.
• Machala sumó 85 asesinatos más que en 2025 y concentra el mayor aumento del país.

Hasta hace pocos años, en El Oro la violencia era vista como un problema aislado. Hoy, en cambio, el temor marca la rutina de miles de habitantes. Comerciantes bajan las puertas de sus negocios más temprano, familias evitan salir de noche y los asesinatos dejaron de ser una noticia excepcional para convertirse en parte de la cotidianidad.

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“Yo prefiero encerrarme antes de las 19:00. Aquí era un pueblo muy tranquilo, pero ahora estamos alarmados por tantas muertes”, relata una habitante de Machala, quien pide mantener su identidad en reserva. Habla en voz baja por teléfono, consciente de que el miedo ya no alcanza únicamente a quienes son víctimas directas de la violencia, sino también a quienes simplemente viven en la provincia.

Las cifras reflejan ese cambio. Durante el primer semestre de 2026, El Oro se convirtió en la provincia con la mayor tasa de homicidios del país y desplazó a territorios históricamente golpeados como Guayas y Los Ríos. Entre enero y junio se registraron 521 muertes violentas, frente a las 319 del mismo período de 2025, un incremento del 63,32 %. Solo Machala acumuló 85 asesinatos más que un año antes, el mayor aumento registrado entre los cantones del Ecuador.

Narcotráfico, minería ilegal y control territorial detrás del incremento de homicidios

El crecimiento de la violencia no responde a un único fenómeno. Investigadores en seguridad consultados por EXPRESO coinciden en que detrás del incremento convergen disputas entre organizaciones criminales por el control del narcotráfico, la minería ilegal, las rutas marítimas y los puertos utilizados para la exportación de droga.

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Asimismo, la ubicación geográfica de El Oro ha elevado su importancia dentro de las economías ilegales. Su frontera con Perú facilita el movimiento de armas, drogas y personas; mientras que el puerto de Machala representa un punto estratégico para contaminar cargamentos de exportación (especialmente banano) con cocaína destinada a Europa y Asia.

A ello se suma la expansión de la minería ilegal en varios sectores de la provincia, una actividad que genera importantes ganancias y que ha abierto un nuevo escenario de disputa entre organizaciones criminales.

Un oficial de la Policía Nacional con experiencia en inteligencia, que prefiere mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, sostiene que el conflicto se ha intensificado conforme los grupos criminales diversificaron sus negocios ilícitos. “El conflicto no es solo por personas. Es por mercados ilegales. El puerto de Machala y la minería ilegal representan ingresos millonarios y todas las organizaciones quieren controlar esos espacios”.

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Según el uniformado, las principales confrontaciones enfrentan a grupos como Los Lobos y Sao Box, aunque detrás de varios hechos violentos también aparecen alianzas temporales con otras estructuras criminales que buscan ampliar su presencia territorial.

Agrega que la disputa ha cambiado incluso la forma en que se ejerce la violencia. “Antes se mataba con armas de fuego, pero no se cortaban cabezas. Eso vino después, a finales de 2024. Es una forma de meter terror”, analiza.

El cambio en el modus operandi

De acuerdo con el investigador policial, las decapitaciones, descuartizamientos y cuerpos abandonados en fundas o embalados comenzaron a replicar métodos utilizados por organizaciones criminales internacionales, particularmente por estructuras vinculadas al Tren de Aragua.

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“Cortar la cabeza es intimidación. Es decir: si sigues molestando, te va a pasar lo mismo”, resume. Añade que el grupo Los Lobos fue uno de los primeros en reproducir estas prácticas en la provincia. Incluso, durante operativos en centros penitenciarios se detectaron grafitis con figuras de lobos junto a cabezas humanas, como una forma de marcar dominio territorial.

“Eso no se veía antes. Los descuartizamientos y cuerpos embalados aparecieron después. Escenas similares ya habían ocurrido en Guayaquil y Quevedo, especialmente tras las masacres carcelarias”, recuerda. Entre la madrugada y la mañana del jueves 30 de julio de 2026, seis personas fueron asesinadas en los cantones Machala y Arenillas, entre ellas tres mujeres.

Horas antes ya se habían registrado otros dos ataques armados en Puerto Bolívar. Uno de ellos ocurrió alrededor de la 01:10, en el barrio Venecia del Mar, donde fueron asesinados Cinthia Yaritza Chávez Banchón y Eduardo Elián Tejada Valencia. Hechos que se sumaron a una cadena de atentados.

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Un atentado con explosivos se registró la noche del domingo 26 de julio contra la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, ubicada en el centro de Machala, provincia de El Oro. La detonación provocó alarma entre los moradores y las personas que se encontraban en establecimientos cercanos, aunque no dejó personas heridas. 

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Tras el atentado, los investigadores encontraron panfletos con amenazas dirigidas contra tres jueces. En el mensaje se exigía la liberación de una persona identificada como Michael, conocida como alias Jocker. Según información preliminar, ‘Jocker’ enfrenta un proceso judicial por la muerte de un presunto líder de la organización delictiva SaoBox, crimen ocurrido en una ciudadela privada de Machala. 

Lo que debes saber

• X es la sexta red social con más usuarios en Ecuador, pero concentra a actores políticos y mediáticos.
• No todas las discusiones virales reciben una respuesta del Gobierno.
• Especialistas analizan por qué algunos debates influyen en la agenda pública y otros no.

Las críticas al resultado del concurso para el nuevo Museo Nacional (MuNa) y la presión que se generó alrededor del juicio político contra el extitular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, alimenta la percepción de que el Gobierno sigue de cerca las discusiones que se desarrollan en X. La idea cobró fuerza porque, tras esos debates, el Ejecutivo modificó su postura, aunque no ha ocurrido lo mismo frente a otras conversaciones de igual o mayor intensidad, como las relacionadas con el caso Progen o los cuatro niños de Las Malvinas.

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Para las especialistas consultadas por EXPRESO, la explicación no pasa únicamente por la presión ejercida en esa red social. Más bien, sostienen que el Ejecutivo selecciona qué discusiones puede incorporar a su agenda política, ya sea por cálculo comunicacional, por conveniencia o porque determinados temas amenazan con trascender el entorno digital y convertirse en una crisis pública.

Para Yalilé Loaiza, editora de Ecuador Chequea, la respuesta del Gobierno al caso del MuNa obedeció no solo a la crítica ciudadana, sino también a un cálculo político. La periodista considera que, si el Ejecutivo no reaccionaba con rapidez, la controversia habría permanecido durante una o dos semanas en la agenda de los medios de comunicación, por lo que cree que existió un “timing” para contener el costo político

Sin embargo, la periodista sostiene que ese comportamiento no ha sido consistente. A su juicio, temas como Progen, los cuatro niños de Las Malvinas o los cuestionamientos sobre independencia judicial también generaron una fuerte presión en X, pero el Ejecutivo optó por no actuar de la misma manera.

Por su parte, Carolina Bazante, fundadora y directora ejecutiva de Lupa Media, descarta que haya sido la presión ejercida en X la que llevó al Ejecutivo a modificar su postura. A su criterio, el régimen aprovechó un debate concentrado en un grupo reducido de cuentas para justificar una decisión que ya respondía a sus intereses, una lógica que también se evidenció en el caso de Godoy.

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Esto se debe, explica la consultora en comunicación política y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Patricia Enríquez a que el Ejecutivo escoge qué “batallas” responder y cuáles dejar pasar. En su opinión, el silencio también comunica, por lo que omitir una respuesta frente a temas como el caso de los cuatro niños de Las Malvinas permitió que otros actores construyeran el relato, mientras que en el caso de Mario Godoy sí hubo un pronunciamiento presidencial.

Para la politóloga y docente de la Universidad Casa Grande, Estefanía Luzuriaga, observar la conversación digital forma parte de las nuevas dinámicas de la comunicación política, aunque advierte que no toda tendencia debe traducirse en una decisión pública. Según explica, los gobiernos suelen filtrar cuáles conversaciones consideran relevantes para su agenda y cuáles mantienen al margen.

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¿Por qué X marca la agenda?

Enríquez coincide en que X se consolidó como un escenario donde la agenda política se disputa en tiempo real. Sin embargo, aclara que la intensidad de las interacciones no debe confundirse con respaldo ciudadano, pues una conversación muy activa puede reflejar movilización momentánea, pero no el apoyo que luego se expresa fuera de las redes o en las urnas.

Eso, indica Luzuriaga, porque esa influencia no responde al tamaño de la audiencia, sino al perfil de quienes participan en la plataforma. Loaiza explica que en X convergen periodistas, políticos, académicos, medios de comunicación, analistas y líderes de opinión, por lo que las conversaciones que allí se originan suelen marcar la agenda pública antes de trasladarse a otros espacios.

De acuerdo datos de la consultora Mentinno, X ocupa el sexto lugar entre las plataformas sociales con más usuarios en Ecuador luego de TikTok, Facebook, Instagram, Audience network y LinkedIn. Su audiencia pasó de 1,8 millones de personas mayores de 18 años, en febrero de 2025, a 2,1 millones en abril de 2026.

Política

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La viralidad no es consenso

Ante ello, Enríquez sostiene que la ciudadanía debería procurar debates con mayor profundidad y no quedarse únicamente con aquello que se vuelve tendencia. A su juicio, la viralidad puede acelerar respuestas políticas, pero no reemplaza una deliberación pública informada ni representa, por sí sola, el consenso de la sociedad; además, Bazante recalca que una discusión intensa también puede ser utilizada políticamente para legitimar decisiones que ya estaban definidas.

Una hora después, en sus estudios de Guayaquil, los analistas de la radio oficiosa del noboísmo introducían confusa y peligrosamente la variable regional en lo que debía ser un debate sobre sistemas políticos; mientras tanto, en una entrevista concedida a los tiempos a una radio quiteña, (vanamente convencido de que el descontento es un fenómeno local), el inquilino de Carondelet se ocupaba personalmente del debate: se arremangaba, lo sujetaba con ambas manos y lo sumergía hasta el nivel en el que parece sentirse más cómodo: el albañal de las ideas. Signo de su irreversible derrota.

Opinión

“Nos dio diciendo”

Mauricio Gándara Gallegos

Ha sido patética la incapacidad del gobierno de sortear las críticas de Hurtado. Tanto lo superaron que ni siquiera fue capaz de inventarse un distractor, que es lo que hace siempre. El episodio protagonizado por el ex presidente, del que se seguirá hablando, parece marcar un antes y un después en las relaciones (hasta la fecha dominadas por el miedo) entre el gobierno y la opinión pública. Debería.

Hurtado agita la conversación

Lo de Hurtado fue un terremoto. Parte del efecto que produjeron sus palabras se debió a una mezcla de características personales que, en los tiempos en que Ecuador era un país democrático (lo que hoy se llama viejo país), se daban por sentadas pero en la actualidad han desaparecido de la escena política: la convicción, es decir, esa seguridad que se adquiere con la reflexión y el cultivo de valores; la serenidad que proviene del respeto al otro y de la noción de que en democracia no existen enemigos sino adversarios (incluso los enemigos de la democracia son, en democracia, sólo adversarios); la fe en el poder de la palabra, que descansa sobre una vocación aún más profunda, la del hombre de ideas: la certeza de que el uso público de la razón es la única herramienta de que dispone una sociedad para arbitrar sus diferencias y la única posibilidad de reconciliación entre adversarios; finalmente la firmeza, que consiste sobre todo en la claridad para establecer los límites de lo admisible...

He ahí los ingredientes del terremoto Hurtado. 

El nuevo Ecuador es el país del lumpen parlamentarismo, del analfabetismo funcional y la precariedad moral como requisitos del quehacer político; un país donde el discurso público es por naturaleza sinuoso y artero; donde la descalificación ha sustituido al debate de ideas, impracticable por la simple razón de que nadie las cultiva: los políticos del nuevo Ecuador tienen la cabeza amoblada de basura, cuando no de codiciosas pretensiones. Gobernado, además, por un dudoso caudillo de escasas luces, cuyo vocabulario difícilmente llegará a las cien palabras y cuyo poder proviene de su condición (que él mismo se ha encargado de publicitar) de pésimo enemigo, es decir, de su capacidad de causar miedo, el nuevo Ecuador es un país en el que se ha olvidado que un político puede hablar de la manera como lo hizo Hurtado: convencido, sereno, firme, racional y razonable. De ahí el efecto de sus primeras declaraciones, ofrecidas la semana anterior al periodista manabita Pedro Clotario, ya famoso y respetado por haberle plantado cara (y humillado) al delincuente Rafael Correa. Pero el lunes de esta semana, cuando el expresidente volvió a la carga, esta vez en televisión nacional, lo suyo se volvió cuestión de Estado.

Opinión

Osvaldo Hurtado y la palabra dictador

César Febres-Cordero Loyola

Fue ahí, en Teleamazonas, donde Hurtado acuñó la categoría con la que el gobierno de Daniel Noboa pasará a la historia: criptodictadura. Eso debió doler. Que un representante del viejo país, a sus 87 años, se encuentre lo suficientemente actualizado y en forma como para jugar con un prefijo muy utilizado en el mundo de las nuevas tecnologías y componer una palabra que debió ocurrírseles a ellos... Eso es humillante. Los treintañeros del régimen tendrían que nacer de nuevo y empezar de cero para ser capaces de algo semejante.

El viernes, en Politizados, Hurtado afinaría sus conceptos: el régimen es una criptodictadura: dictadura encubierta, dictadura cifrada; el caudillo: un protodictador, un dictador en ciernes. Mandarles a consultar el diccionario dos veces en la misma semana es demasiado.

El expresidente lleva dos décadas reflexionando sobre lo que ha llamado “Dictaduras del siglo XXI” (de hecho, ese es el título de uno de sus libros) y sabe perfectamente de lo que habla: gobiernos legitimados por las urnas pero que, en el ejercicio del poder, rompieron todos los criterios de funcionamiento de una democracia.

Desconocieron la separación de poderes: atropellaron la independencia judicial; dinamitaron el sistema de pesos y contrapesos; persiguieron y acosaron al periodismo independiente... El régimen de Noboa, que hoy maneja desde el Ejecutivo todas las funciones del Estado; que se ha apropiado del Consejo de la Judicatura y ejerce intolerables presiones sobre jueces y fiscales; que incluso logró nombrar un fiscal general de bolsillo para que le haga los mandados y actúe como operador de sus conspiraciones políticas; que mantiene un cerco intolerable sobre los medios de comunicación que no controla y que ha obtenido ya las cabezas de varios periodistas; que ha sido capaz de montar un enorme aparato de producción de desinformación financiado con dinero público; que controla también el sistema electoral y camina hacia unas elecciones fraudulentas de las que se ha preocupado por descalificar, con ilegalidades ostensibles, a los principales candidatos y partidos opositores... Ese régimen ha hecho todos los méritos para merecer, al menos, el calificativo de criptodictadura.

Esos han sido, poco más o menos, los argumentos de Osvaldo Hurtado. Y ante ellos, la respuesta del gobierno ha sido paupérrima y vergonzosa. Consiste, básicamente, en eludir el debate y descalificar a la persona. Primero, echaron a sus asambleístas como quien echa a sus perros: que si Hurtado nunca había ganado una elección (lo cual es mentira); que si sucretizó la deuda y produjo con ello la crisis bancaria del 99 (lo cual es una simple estupidez); que si no sabe de lo que habla e ignora el verdadero significado de “dictadura” (lo cual es evidentemente falso y, en todo caso, debía ser demostrado)... Durante dos días el bloque parlamentario del partido de gobierno actuó, por una vez, como lo que en realidad es: un ejército de trolls. Fue un desfile de payasos sin vergüenza.

Política

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Serían los analistas de la radio oficiosa del gobierno (radio Centro, sobre cuya compra por testaferros de Carondelet se pronunció el presidente Hurtado exigiendo una aclaración por parte del inquilino de Carondelet) quienes elevarían la descalificación a un nuevo nivel de intensidad: el problema, dijeron, es que el expresidente representa a las élites de Quito. Ese argumento (que no lo es ni mucho menos) constituye una peligrosa irresponsabilidad. Porque aun suponiendo que fuera cierto, no exime a nadie de rebatir las razones de Hurtado y acoger el debate sobre el sistema político que propone. Por el contrario, se ignoró sus argumentos y se pretendió descalificarlos con el simple expediente de atribuírselos a la élite quiteña: regionalismo puro y duro que juega la carta de la división nacional por falta de mejor idea.

Pero lo peor, sin duda, vino cuando el protodictador abrió la boca. Se desnudó en su abrumadora pequeñez. Se refirió al presidente Hurtado como “un cadáver sumergido en formol”. Ni siquiera sus asambleístas, que son unos iletrados sin noción política alguna en su cabeza; ni sus trolls, que son unos canallas; ni sus analistas oficiosos, que son unos serviles... Ni siquiera ellos fueron capaces de llegar más bajo. La expresión “Un cadáver sumergido en formol” hace alusión a la edad de su adversario. ¿Eso es todo lo que tiene que decir el inquilino de Carondelet sobre las críticas razonadas, articuladas y respetuosas de su oponente? Dijo Noboa que son los medios de comunicación los que han puesto a ese cadáver ante los micrófonos para que “insulte al presidente”.

¿Quién insulta a quién? “Cadáver sumergido en formol”: ¿es eso lo que piensa Daniel Noboa de su propio padre, que tiene 12 años menos que Hurtado y se encuentra, tristemente, en las condiciones que el país conoce? ¿Es Álvaro Noboa un cadáver sumergido en formol? Los 200 mil ancianos que se movilizaron para votar por él y le dieron el triunfo en la segunda vuelta electoral del 2025, ¿son cadáveres sumergidos en formol? ¿Qué clase de pedagogía, qué clase de moral imparte al país el inquilino de Carondelet al desdeñar el debate de ideas que se le propone y refugiarse en semejante mezquindad?

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Algo cambió en el Ecuador esta semana. El presidente Osvaldo Hurtado dijo “el rey está desnudo” y lo dijo con tal autoridad que el país entero se detuvo a escucharlo. La respuesta del gobierno fue una vergonzosa bufonada: ahora tendrá que redoblar su apuesta de dividir al país entre jóvenes y viejos, entre costeños y serranos, de levantar muros ahí donde el debate racional exige reconciliaciones. O reconocer que el giro que logró imprimir esta semana el expresidente de la República a la conversación nacional es irreversible. En otras palabras: Daniel Noboa avanza un paso más allá de la criptodictadura o retrocede. Porque para el país no hay vuelta atrás.

Guayaquil

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Un inventario que sobrevive al desorden

Para el arquitecto e historiador Javier Castillo, el inventario de estos sobrevivientes es claro y se concentra en el centro y el sur de la urbe. 

En la lista figuran: 

Potenciarlos como atractivos ruta turística

Leticia Sánchez, experta en turismo, advierte que preservar estas valiosas obras arquitectónicas exige ir mucho más allá de la simple declaratoria de turno. Propone crear la 'Ruta 100', un circuito turístico que tendría como punto de partida la Plaza Centenario, un espacio icónico que aún conserva la esencia del Guayaquil republicano y que debe ser el ancla operativa de todo el proyecto.

“Es un trabajo de infraestructura posible. Se debe agregar señalética, impulsar recorridos nocturnos y fijar programas escolares durante el día. Hoy la plaza se cierra a las siete de la noche por temor. ¿Cómo es posible que a un bien patrimonial no le podamos dar el uso debido simplemente porque no conectamos con la tradición guayaquileña?”, cuestiona de forma tajante la especialista

Falta de planificación y el salto tecnológico

El gran desafío es la rehabilitación e integración constante. Sánchez subraya que inmuebles como los de las calles 9 de Octubre y Escobedo exigen una restauración técnica profunda. Para lograrlo, sugiere emular los exitosos modelos de gestión de Chile, Colombia, Perú o Argentina, que han consolidado barrios temáticos. O imitar a España e Italia, naciones que abren sus obras patrimoniales al público durante su etapa de restauración, para afianzar el sentido de pertenencia local.

La falta de planificación municipal actual le pasa factura a estas estructuras. Sánchez critica con dureza lo ocurrido con el histórico Palacio de Cristal durante las recientes fiestas de fundación de la urbe: “En pleno mes de julio, el sector sur del mercado de cristal estuvo cerrado e inaccesible al público. El malecón quedó muy apretado para el tránsito de la gente y ahí se pudo utilizar ese espacio de recreación. Fue bastante desacertado”

Para que la ruta funcione a largo plazo, la articulación entre las direcciones municipales de Turismo, Patrimonio Cultural y Ambiente es un requisito vital. Como medida complementaria, la experta sugiere retomar los recorridos peatonales gratuitos para fomentar la identidad ciudadana y modernizar la señalética instalando códigos QR de gran tamaño en todas las fachadas. Esto reemplazará de forma efectiva las viejas placas metálicas de la administración de León Febres-Cordero por tecnología de acceso directo, conectando así a las nuevas generaciones con su legado histórico de una manera visual e interactiva.

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Lo que debes saber:

• Tiendas de barrio en Quito operan desde 06:00; venden básicos y resuelven urgencias diarias de vecinos.
• Chimbacalle, San Marcos, Las Casas e hipercentro muestran cambio de consumo por micromercados e inseguridad que reduce horarios.
• Tenderos sostienen comunidad en Quito: ofrecen servicios, información y apoyo más allá de la venta diaria.

El surtido de las tiendas de barrio revela cuán cerca están de la vida cotidiana de sus vecinos. En Chimbacalle, al sur de la capital, Margarita Janilema ofrece cachitos, chicles, papas fritas, chocolates, caramelos y bebidas, pero también tarrinas de tostado con chicharrón, carnes, embutidos, quesos, frutas, arroz y azúcar. Así como platos, vasos y cucharas desechables y productos de limpieza.

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El movimiento empieza temprano. En época de clases, los clientes llegan desde las 06:00; en vacaciones, el flujo se retrasa una hora. “Hola, veci”, repiten los más jóvenes; los mayores prefieren el nombre de pila. William entra con prisa y pide un tomate. Otro cliente un dólar de azúcar. Cierra a las 21:00. 

Así, dice Margarita, ha sacado adelante a sus tres hijos, de 20, 17 y 10 años. Lleva dos décadas en este negocio que consiste en resolver urgencias: el producto que se acabó, el encargo inesperado o la necesidad que aparece de pronto.

En el centro, en San Marcos, Judith Delgado atiende en Aquisito nomás, una tienda-bazar. Allí conviven muñecas, gorras de lana, bufandas y las tradicionales Bebas -populares entre la generación X- con helados para mascotas, oferta para los ‘perrihijos’. También hay sánduches de pernil, aplanchados, porciones de pastel...

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La relación con los clientes es de confianza. En su local se puede recargar el celular o sacar copias: empezó con una impresora doméstica. “Si dos personas me piden algo, lo traigo”, comenta. Oficinistas y vecinos incluso le dejan llaves para que las entregue a terceros.

Tiene 67 años y abrió hace ocho, por necesidad. Atiende de 06:00 a 20:00. Vive cerca. Antes se vendían más productos básicos -aceite, harinas, fideos-, pero el consumo ha cambiado, por esos micromercados, que se empezaron a sembrar en los barrios. 

Aun así, la cercanía de un colegio sostiene el flujo de clientes. Su papel va más allá de lo comercial: escucha, aconseja, conversa. 

“Hay gente que llega con problemas. Les digo que aprendan a perdonar, porque guardar eso hace daño”, cuenta. Vive 36 años en el sector y antes tuvo un negocio de revelado fotográfico, cuando las marcas Fuji, Kodak o Konica dominaban el mercado. Tras la dolarización y la muerte de su esposo, con ocho hijos que mantener, tuvo que reinventarse, con el impulso de uno de sus hermanos.

Las tiendas en el norte de Quito

Al norte, en la zona de Las Casas, María del Carmen Vásquez mantiene otra tienda desde hace más de 30 años. Abre de 06:30 a 20:00; antes lo hacía hasta las 22:00, pero la inseguridad le obligó a reducir el horario. Atiende tras barrotes negros, como ocurre en muchos otros locales de la ciudad.

El trajín arranca con el pan, que llega a las 07:00. Oficinistas de negocios cercanos compran algo rápido en sus pausas: un yogur, una empanada, una bebida; otros vecinos llegan corriendo para llevarse un cachito en funda y un yogur. 

También hay familias que siguen abasteciéndose allí, aunque el barrio ha cambiado. El aumento de restaurantes ha traído nuevos residentes y ha empujado a otros a migrar, a menudo hacia los valles.

Entre los clientes habituales está Iván Astorga, de 75 años. Lleva décadas viviendo en el sector. Compra en supermercados, pero no deja la tienda de siempre. 

Saca una libreta y dicta su pedido: cuatro colas grandes, ocho pequeñas, dos helados tipo sánduche, un paquete de chuletas y queso parmesano. Afirma que lo atienden bien.

Germán Arcos, su hijo, es arquitecto, pero sin problemas, mientras su mamá hablaba por teléfono, atendía a los clientes. 

“La tienda es un espacio de interacción social, para conectar con el vecino. Ahora que la inseguridad está latente, siempre será mejor preguntar en este lugar por una dirección”, anota. Cuenta que a su mamá le dicen doña Carmita y ella también responde con los nombres, doña Nelly, Elsita...”.

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La tienda, más que un espacio transnacional: Alejandra Delgado

Para la socióloga Alejandra Delgado, las tiendas de barrio funcionan como espacios de confluencia comunitaria donde se tejen y sostienen las relaciones cotidianas. 

En ellas, la figura del tendero -mujer u hombre- es central: no solo vende productos, sino que conoce y reconstruye las historias del vecindario. “Es quien sabe qué le pasa a cada quien: si a alguien se le perdió el gato, si un vecino necesita ayuda o a quién acudir para resolver algo”, explica.

En esa línea, la tienda no es un espacio solo transaccional. “Uno no va solo a comprar el pan; va y se entera de cosas: por qué se fue la luz, cuándo habrá cortes de agua o qué ocurre en el barrio”, dice. 

Más que una relación mediada por la compra y venta es un punto de encuentro donde se ve cómo crecen los hijos, cómo envejecen las personas, quienes se mudan o se casan o se separan...

Según Guido Varela, de la Red Ecuatoriana de Tenderos, en las tiendas se decide qué se desayuna, almuerza y cena en buena parte de las familias.

18.000 tiendas hay en Quito y 130.000 en el país.Guido Varela/ Red Ecuatoriana de Tenderos.

Así funcionan este negocio en el hipercentro

Delgado subraya que estos espacios se mantienen -con variaciones- en barrios de distintas condiciones socioeconómicas. 

En algunos sectores, sobre todo de mayor ingreso, la tienda adopta la forma de minimarket, pero conserva parte de su función comunitaria. No es una cadena estandarizada, sino un lugar donde aún es posible dejar una llave, recibir un paquete o pedir a un vecino que pase a recoger algo.

Así, en el hipercentro, en la República del Salvador queda La Frutería, minimarket o tienda express, levantada por Luis Moreta y su esposa. 

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Todo empezó hace 28 años, en un camión de frutas ubicado junto al Cyrano. Hay snacks, todo lo que tiene el resto pero además arepas, mote con chicharrón, champú, comida de perro, mascarillas... “No hay tiempo para conversar”, admite. En el edificio hay cinco pisas de oficinas y el resto viviendas.

Las claves del caso

• Restaurantes, bares, discotecas y plazas comerciales han convertido al sector en un nuevo punto de encuentro para familias, parejas y grupos de amigos.
  
• La variedad de espacios con música en vivo, gastronomía y actividades recreativas permite disfrutar de la noche sin desplazarse hasta Guayaquil o Samborondón.
  
• Los especialistas consideran que la consolidación de estos espacios fortalece el atractivo de La Aurora y contribuye a posicionarla como una zona con mayor dinamismo económico y social.

Durante muchos años, quienes viven en La Aurora debían cruzar el puente hacia Guayaquil o trasladarse hasta Samborondón para encontrar lugares donde salir a cenar, escuchar música en vivo o simplemente “farrear”. Hoy la realidad es distinta. El crecimiento urbano también vino acompañado de una oferta de entretenimiento que ha transformado las noches de este sector del cantón Daule.

Cada vez son más los espacios que permanecen abiertos hasta altas horas, ofreciendo gastronomía, espectáculos musicales, baile y ambientes para reunirse en familia o con amigos. EXPRESO realizó un recorrido por distintos puntos de La Aurora y constató que, al menos, una decena de establecimientos se han consolidado como nuevos centros de encuentro para quienes buscan disfrutar sin salir de la zona.

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Crecen los sitios para entretenimiento nocturno

Uno de los lugares que mayor movimiento registra es The Garden Plaza 2, ubicado en el sector de La Joya. Desde que cae la noche, el sitio cambia completamente de ambiente. En la planta baja, decenas de personas ocupan las mesas mientras disfrutan de diferentes propuestas gastronómicas acompañadas por artistas que interpretan música en vivo. Las canciones hacen que muchos asistentes canten desde sus asientos mientras comparten una cena o celebran una ocasión especial.

En el segundo piso funciona Pandora , un espacio donde la pista de baile se convierte en el principal atractivo. Allí grupos de amigos, parejas y familias disfrutan de una noche diferente sin tener que desplazarse hacia otros sectores. Durante el recorrido fue común encontrar reencuentros entre antiguos compañeros de colegio, celebraciones de cumpleaños y reuniones familiares.

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"Antes teníamos que ir hasta Guayaquil para pasar un buen rato. Ahora encontramos un lugar seguro, con buen ambiente y cerca de casa. Venimos muy seguido porque aquí realmente se disfruta", comentó Miguel Zúñiga, mientras compartía con un grupo de amigos.

En otra de las mesas se encontraba Cristina Delgado, quien celebraba junto a varias compañeras una década desde su graduación del colegio. "Escuchar la música con la que crecimos nos hace recordar muchísimas cosas. Es bonito tener un lugar así en La Aurora para reunirnos otra vez", expresó entre sonrisas.

La administradora del establecimiento, Mónica Banchón, explicó que los jueves, viernes y sábados reciben a cientos de visitantes provenientes no solo de La Joya, sino también de Villa Club, Villa del Rey, Samborondón y hasta Guayaquil.

Además, destacó que tanto la planta baja como el área de Pandora cuentan con seguridad privada permanente, controles de acceso y vigilancia constante para brindar tranquilidad a quienes visitan el complejo.

La fiesta se extiende al pie del río

A minutos pocos de allí, también sobre la avenida León Febres Cordero, se encuentra Mix Center, otro de los espacios que ha ganado protagonismo durante las noches.

En la parte posterior del complejo comercial, junto al río Daule, decenas de personas disfrutan de restaurantes, bares y escenarios con música en vivo mientras contemplan el paisaje nocturno.

El sonido del río, la iluminación y las presentaciones musicales crean un ambiente completamente distinto al que normalmente ofrece una plaza comercial.

"Venimos casi todos los fines de semana porque el ambiente es diferente. Estar al pie del río le da un toque distinto. Uno puede comer tranquilo, escuchar buena música y pasarla bien", comentó Daniel Villacís, quien compartía con su familia.

En esta misma zona también funcionan discotecas privadas donde cientos de jóvenes llegan durante los fines de semana para disfrutar de fiestas, espectáculos y música hasta la madrugada.

La Cuadra, un espacio que ofrece conciertos

Otro de los espacios tradicionales que continúa siendo uno de los favoritos es La Cuadra, establecimiento que desde hace más de diez años forma parte de la vida nocturna de La Aurora.

El sitio reúne restaurantes, bares y escenarios donde semanalmente se presentan artistas invitados, agrupaciones musicales y espectáculos dirigidos para toda la familia.

"Vengo desde hace años y siempre encuentro un ambiente muy festivo. Aquí uno puede venir con amigos o con la familia sin ningún problema", comentó Carlos Rojas, uno de los asistentes, quien recalca que lo que más le gusta del sitio es que constantemente hay conciertos con artistas locales e internacionales.

Quienes busquen una noche más tranquila también encontrarán mesas de billar, espacios para conversar y una variada oferta gastronómica.

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Varios locales privados también se suman a la fiesta

El crecimiento comercial de La Aurora ha permitido que surjan otros espacios que también atraerán cada fin de semana a cientos de visitantes.

Entre ellos figuran Vermont Plaza, Plaza Milán, El Patio de la China, Villa Club y diversos restaurantes y discotecas que organizan espectáculos privados con cantantes, bandas y presentaciones especiales.

Para Melanie Armijos, urbanista dauleña, este tipo de espacios ayudan al afianzamiento del sector. "Urbanísticamente, que La Aurora cuente con estos sitios de recreación nocturna le da un plus al sector. Ya los residentes no deben desplazarse tantos kilómetros, lo tienen todo más cerca", reflexionó la especialista, que cree que esto provoca que familias de otras zonas también lleguen hasta La Aurora.

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“Ahora quizás son los de Guayaquil quienes lleguen hasta La Aurora para divertirse y eso puede hacer que con el tiempo sean nuevos habitantes”, considera.

Otro de los atractivos más llamativos es La Chiva Farrera , un vehículo acondicionado para fiestas que recorre distintos sectores mientras sus pasajeros bailan y disfrutan de la música a bordo, convirtiéndose en una alternativa cada vez más solicitada para celebraciones.

La Aurora ya no es únicamente una ciudad dormitorio. Su crecimiento comercial también ha impulsado una oferta nocturna que continúa expandiéndose y que permite a familias, parejas y grupos de amigos disfrutar de gastronomía, música en vivo, baile y entretenimiento sin abandonar el cantón.

Lo que debes saber:

• En San Marcos, Carlos Roldán aprovechó el legado del abuelo de su pareja, quien fue gerente de alcoholes, en la capital.
• Recorrieron la Sierra y Chocó Andino para abastecerse y pagar precios justos a destiladores, para tener puntas de calidad, que brindan como digestivo.
• En Las Perlas de la Virgen ofrecen 23 bebidas con puntas de más de 60° para preservar tradición y diversificar experiencia gastronómica. 

El abuelo de los fundadores de La Purísima, en el barrio San Marcos, centro de Quito, fue Luis Cárdenas. Como gerente de alcoholes conoció sobre la producción de aguardientes artesanales y en especial de las puntas, de los destilados más representativos del país. 

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Ese legado los inspiró para crear Las Perlas de la Virgen, marca que es parte de la experiencia gastronómica del restaurante, relata Carlos Roldán.

Con la misión de dar con las puntas que les permitieran preservar esa tradición, Roldán y su pareja Carlos Fuentes recorrieron San José de Minas, Pedro Vicente Maldonado, Nanegal y Pacto en busca de productores. Hoy también se abastecen, entre otros, de un maestro destilador de Tumbabiro, cuya hija es su vecina.

En su “laboratorio”, Carlos Roldán experimenta con maceraciones que invitan a los comensales —incluso a quienes le temen a las puntas— a probar un sorbo al inicio y otro al final de la comida. Algunos terminan llevándose una botella.

El proyecto comenzó en 2015, antes de la apertura del restaurante. Entonces utilizaban botellas recicladas y elaboraban infusiones sencillas con hierbas, ají o hinojo.

Cuando La Purísima abrió en 2016, estas bebidas se incorporaron al servicio: al final de cada comida se ofrecía una selección de puntas provenientes de distintas regiones. Algunas llegaban desde Intag, con perfiles minerales y notas terrosas; otras, como las de El Corazón (Cotopaxi), resultaban más dulces y de fácil paladar.

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Los proveedores son de San José de Minas e incluso de Esmeraldas 

Con el crecimiento del proyecto, Las Perlas de la Virgen amplió tanto su red de proveedores como su catálogo. Hoy trabaja con productores de distintas regiones —desde el Chocó andino hasta la Sierra sur— y ha desarrollado 23 productos, entre ellos vermus y otras maceraciones. 

Ese proceso implicó recorrer nuevos territorios: desde La Barraca, un trapiche en San José de Minas, hasta La Trinidad, en Esmeraldas; pasando por El Corazón, en Intag, el valle de Yunguilla, en Azuay; o pequeños productores en Bolívar conectados por redes personales.

En ese camino, la relación con los destiladores se volvió central. “Hemos construido confianza”, dice Roldán. Pagan entre cinco y siete dólares por litro de puntas, muy por encima de los precios de lo que se paga en tiendas clandestinas de San Roque o San Blas, donde puede costar entre 50 centavos y un dólar. 

Lo aclara, al preguntarle cómo ir con el miedo a la leyenda de que tomar punta puede dejar ciego.

Para el equipo del restaurante, las puntas son también una declaración cultural. En un país con decenas de variedades de maíz, miles de sopas y una amplia diversidad de ajíes, decidieron que su propuesta debía incluir digestivos con identidad propia. “No hay nada más ecuatoriano que las puntas”, afirma Roldán.

Carlos Roldán detalla que los aguardientes de caña tienen presencia histórica en zonas como Niebli de Monjas, en el cráter del Pululahua. 

En el Chocó Andino de Quito —Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Nono o Pacto— se concentra buena parte de la producción de puntas de altura. Aunque la Costa produce más caña por sus condiciones climáticas, se trata de perfiles distintos: en climas cálidos, la planta crece con mayor facilidad, mientras que en la altura debe esforzarse más para acumular azúcar, lo que incide en el carácter del destilado.

Las puntas suelen ser dulces, pero intensas. Su alta graduación explica el ardor característico, mientras que su elaboración artesanal aporta matices: notas salinas en el valle del Chota, perfiles terrosos cerca de la línea ecuatorial o sabores más dulces en la Costa, dice.

Roldán experimenta en su laboratorio

La respuesta del público impulsó nuevas exploraciones. Ha creado colecciones como Brujería, inspirada en aceites esotéricos de mercados populares y en licores de convento, además de preparaciones con ingredientes como el tocte. 

Cada receta busca contar una historia. En esa línea, etiquetas como “Amansa guapos” —con naranja, lavanda, ishpingo y pimiento dulce— o “Sígueme, sígueme” —con piña, clavo, eucalipto y manzanilla— reinterpretan saberes tradicionales.

En una casa patrimonial del siglo XIX, las puntas de Las Perlas de la Virgen son una forma de narrar una tradición que encanta a quienes los visitan, extranjeros o ecuatorianos.

Dato

Las puntas son potentes, superan los 60 grados de alcohol; vodkas, ginebras y whisky de alta calidad, 35 y 40 grados. Las ofrecen como complemento para vivir la experiencia gastronómica en el restaurante que tienen.

Las claves que debes saber

• Daniel Noboa cuestiona a Teleamazonas en Quito tras entrevista a Osvaldo Hurtado esta semana.
• John Reimberg advierte a jueces de la Corte Nacional; declaraciones generan debate sobre independencia judicial.
• Mensajes del Ejecutivo reavivan discusión en Ecuador sobre prensa, justicia y separación de poderes.

El Gobierno ha enviado esta semana dos mensajes que pueden percibirse como advertencias destinadas a intimidar a sus destinatarios: uno del presidente Daniel Noboa, dirigido a Teleamazonas; y otro del ministro del Interior, John Reimberg, dirigido a la Corte Nacional de Justicia. 

(Te invitamos a leer| Gobierno de Daniel Noboa evitó publicar las estadísticas de pobreza…¿quién las necesita?)

En apariencia se trata de episodios distintos. En realidad, ambos responden a una misma lógica: utilizar el discurso del poder para enviar mensajes públicos de advertencia a instituciones que no dependen del Ejecutivo. En un caso, el destinatario es un medio de comunicación; en el otro, la máxima instancia de la Función Judicial.

Noboa relaciona un banco con entrevista de Hurtado

Lo de Noboa ocurrió durante una entrevista en Ecuador Radio, en Quito, a propósito de la entrevista que Teleamazonas le hizo al expresidente Osvaldo Hurtado. 

Noboa sostuvo que el canal invitó a Hurtado para que lanzara ataques en su contra y agregó, como si aquello tuviera alguna relación con una entrevista periodística, que el Banco Pichincha obtuvo las mayores utilidades de su historia durante su gobierno.

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Osvaldo Hurtado responde a los ataques de ADN: "Tienen limitaciones severas; semi analfabetos"

Richard Josue Jimenez Mora

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?, podría preguntarse cualquier persona ajena al teje y maneje del poder en el Ecuador de estos días.

“Sacan de nuevo al cadáver que está sumergido en formol, lo ponen en el noticiero a decir: ‘Insúltale al presidente’. Y así pasa. Pero los dueños de estos medios, inclusive, están teniendo el mejor año de su vida. ¿Adivinen cuál es el récord histórico de utilidad del Banco Pichincha? El año 2025. Y este año está casi un 10 % arriba que el año 2025. Entonces, por un lado, hay medios que dicen -los mismos medios, porque le pagan el sueldo al periodista-: ‘Todo está terrible, este presidente es un desgraciado’. Pero ellos están haciendo récord de utilidades. ¿Por qué existe esta dualidad? ¿Por qué existe este cuento? No debemos cuentear a la gente. La gente tiene que saber la verdad, no narrativas ni posturas, sino ver los números reales...”, dijo el presidente, mientras el periodista que lo entrevistaba asentía con un permanente ‘así es, así es’.

Reimberg desconoce la separación de poderes

Técnicamente, lo dicho por Noboa no tiene sentido. ¿Qué relación existe entre las utilidades del banco y la decisión editorial de entrevistar a Osvaldo Hurtado? Pero si el mensaje de Noboa estuvo dirigido a dos instituciones privadas, el de Reimberg apuntó a otra función del Estado: la Corte Nacional de Justicia.

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Refiriéndose a los jueces de ese organismo, a propósito de los allanamientos practicados a por lo menos uno de los tres magistrados investigados por la Fiscalía por un presunto cohecho, Reimberg declaró: “O se enderezan y se corrigen o van presos”.

La frase fue percibida de inmediato como una amenaza dirigida a la Corte Nacional de Justicia, sobre todo en un contexto en el que diversos sectores sostienen que la Fiscalía ha sido utilizada por el Gobierno en operaciones de evidente contenido político. 

Se citan, por ejemplo, los informes reservados sobre supuestas investigaciones por lavado de activos que sirvieron para excluir de la contienda electoral a la Revolución Ciudadana y, posteriormente, al movimiento Amigo, en el que el correísmo tenía previsto presentar candidaturas.

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¿Por qué generaron polémica las declaraciones?

Es cierto que, al día siguiente, Reimberg intentó matizar sus declaraciones y explicó que se refería únicamente a jueces involucrados en actos de corrupción. ¿Pero por qué este episodio levantó tanto alboroto? Hay algunas razones.

La primera razón es el lenguaje. El ministro no dijo: “si se comprueba que cometieron un delito, serán procesados”, sino que utilizó la expresión “se enderezan”. Esa palabra no pertenece al lenguaje jurídico; pertenece al lenguaje político o disciplinario. Sugiere que los jueces deben modificar su conducta para evitar consecuencias.

La segunda razón es la separación de poderes. El ministro del Interior integra el Poder Ejecutivo; los jueces pertenecen a la Función Judicial. En una democracia constitucional, un ministro no debería aparecer dando instrucciones, consejos o advertencias públicas a jueces sobre cómo deben comportarse.

La tercera es que pareció hablar en nombre de la Fiscalía. Investigar delitos y decidir si una persona debe ser procesada o eventualmente condenada le corresponde a la Fiscalía y a los jueces, no al Ministerio del Interior. Cuando un ministro afirma que determinados jueces “van presos”, muchos interpretan que está anticipando el resultado de investigaciones que todavía están en curso.

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La cuarta razón es el momento. Las declaraciones se produjeron inmediatamente después de allanamientos e investigaciones dirigidas contra jueces de la Corte Nacional de Justicia. Por eso no fueron entendidas como una reflexión general sobre la corrupción judicial, sino como un mensaje dirigido a magistrados concretos.

Vistos en conjunto, los episodios de Noboa y Reimberg revelan un mismo patrón de comunicación política: cuando una institución adopta una conducta que el Gobierno considera inconveniente, desde el poder se emiten mensajes públicos que pueden interpretarse como advertencias.

Esa percepción, más allá de cuál haya sido la intención de sus autores, es la que termina alimentando el debate sobre la calidad institucional y la separación de poderes en el Ecuador.

Lo que debes saber 

• Es abogado y se desempeñó como secretario del Municipio de Guayaquil y actualmente integra el equipo de defensa jurídica del alcalde Aquiles Álvarez. 
  
• En las elecciones generales de 2021 fue candidato a la Vicepresidencia de la República, en binomio con Lucio Gutiérrez.

David Norero dice que cuenta con el respaldo del alcalde Aquiles Álvarez para aspirar a la Alcaldía. Defiende la continuidad del plan de trabajo municipal, respalda la gestión de Tatiana Coronel y afirma que, de llegar al Sillón de Olmedo, mantendrá las obras en marcha, mientras busca una relación institucional con el Gobierno, pese a sus diferencias.

Usted ha dicho que tiene el apoyo de Aquiles Álvarez.

Por supuesto. En estas audiencias hemos podido conversar y definir que sería el candidato a la Alcaldía porque incluso escuchamos que el expresidente Rafael Correa había mencionado que quien iba a tomar esa decisión era Aquiles Álvarez.

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¿Pero con cuál partido? ¿Cuál será su vehículo para ir a las urnas?

Tenemos tres partidos y en estos tenemos las posibilidades para poder participar. No podemos adelantarnos a decir su nombre porque seguramente va a ser suspendido. Vamos a ser precavidos y esperamos hacer la inscripción el 7 de agosto.

¿Y ya tuvo el acercamiento con Rafael Correa?

Sí, he conversado con él. Hemos mantenido una conversación muy amena y, obviamente, vamos a esperar en el momento de las inscripciones.

¿Lo apoya?

Dice que respaldará la decisión de Aquiles Álvarez. Eso me parece muy grato.

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Actualmente es parte de la defensa de Álvarez. Si llega a la Alcaldía, ¿cómo sería la relación laboral con su gestión?

Aquiles Álvarez es mi amigo. Estuve ligado dentro de la administración y hay un plan de trabajo que está ejecutándose al 85 %. Falta un año y hay un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. Ese plan es a 12 años. Es decir, los candidatos no tienen que inventar el agua tibia. Está el plan y hay que seguir con ese rumbo. Tenemos claro lo que tenemos que hacer. El alcalde preso inaugura obras, como lo vimos en el puente de Los Ceibos, sacó la garantía soberana para el Quinto Acueducto, hemos tenido la inauguración del terminal costa, también inauguraciones de parques. Ha habido un desarrollo de continuidad. Aquiles Álvarez fue a reunirse con la canciller que venía con el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio; asistió a la Gobernación. Puede existir una campaña electoral, pero hay un bien superior que es el de los guayaquileños. Por eso las obras están a la vista.

¿Pero cuál sería su rol ya protagonista, como alcalde, si llega a serlo? Si hay alguna gestión que le molesta al alcalde, ¿cómo lo tomaría?

No le puede molestar porque hay un plan de desarrollo de ordenamiento territorial. No nos estamos inventando algo.

¿Habrá independencia de su parte?

Es mi amigo, no siento que nos tenemos que molestar por algo que él diseñó a 12 años. ¿Qué hay que seguir ejecutando? Puentes, pasos a desnivel, peatonales, recuperación del espacio público, seguir fomentando la recuperación del tejido social. Y no me atrevo a mencionarte cuáles van a ser las obras porque van a decir que es campaña anticipada y luego me van a sancionar para que yo no pueda participar como candidato. Me encantaría hablarte de obras, pero lo que te estoy hablando es técnico y seguro.

Usted fue secretario y, en tres años de gestión, ya han pasado cuatro secretarios. En Justicia y Vigilancia ocurre lo mismo. ¿Estos cambios no merman la gestión?

Te diría que no. Se ha mantenido la continuidad, que en este caso es la economista Tatiana Coronel.

¿Cómo evalúa su gestión?

Si hay algo positivo que rescato de Tatiana Coronel es la continuidad de la obra. Comenzaron a hacer críticas de que Guayaquil estaba inundada de basura, pero nadie dijo que en los estados de excepción prohibieron la recolección. No me sorprende que este Gobierno nos esté boicoteando. ¿Qué hizo ella? Poner en orden eso y comenzó a estar en el territorio y las cosas se vienen ejecutando. Tenemos que ser claros: el monopolio de la fuerza, violencia, la tiene la Función Ejecutiva. Nosotros podemos coordinar, ayudar, lo vamos a ser siempre, pero quien tiene la forma de acabar la delincuencia es el Estado central. ¿Lo está haciendo en la forma que lo tiene que hacer? En mi opinión, no. Yo no veo que tenga el conocimiento para hacerlo.

Rescató lo bueno, ¿pero qué considera que se está haciendo mal? ¿Ella continuará en el Municipio si usted llega a ser alcalde?

Por supuesto. Es una persona leal, ha demostrado gestión, está en territorio.

Pero las críticas radican en que se ha perdido el liderazgo. Álvarez, por ejemplo, salía semanalmente en enlaces radiales. ¿Ese perfil bajo es ideal para un alcalde?

Ya es algo que le toca a ella ver si debería o no. Creo que lo ha hecho bastante bien porque estamos en un tema político; si tú dices cualquier cosa, puede ser utilizado en tu contra y existe una persecución por parte del Gobierno. En ese sentido, ¿qué necesitamos? ¿Que la alcaldesa salga a confrontar o que ejecute el plan de trabajo? Yo te diría que ejecute el plan.

¿Y cómo sería su trabajo con el Gobierno?

Si es por el tema de los guayaquileños, voy a actuar de la misma forma en que lo hizo Aquiles. Más allá de que no comparta las ideas del Gobierno y creo que no tiene equipo ni gestión, si tengo que decirle cómo tiene que hacer las cosas, se las voy a decir.

Para finalizar, ¿cómo le gustaría ver a la ciudad en los siguientes cuatro años?

Una ciudad que se sienta más segura. Guayaquil es de emprendedores y tenemos que aprovechar el estero Salado, el golfo de Guayaquil, visitas a Puná. Podemos visitar muchos lugares dentro de la ciudad que no son explotados. Vamos a aprovechar eso y continuar con la obra que necesitan todos los guayaquileños. No necesitamos tener confrontación y peleas. Necesitamos una ejecución del plan de trabajo que Aquiles Álvarez ha dejado para 12 años.

Las claves del caso

• Los moradores de Sauces 1 impulsaron un modelo de organización comunitaria que fortaleció la seguridad, la convivencia y el apoyo entre vecinos.
  
• El barrio cuenta con más de 100 cámaras de videovigilancia y siete portones, financiados por aproximadamente 500 familias, lo que ha contribuido a reducir los delitos.
  
• Además de reforzar la seguridad, los residentes organizan bailoterapias, ferias de emprendimiento, mingas y actividades recreativas, consolidando un fuerte sentido de comunidad.

Guayaquil siempre ha sido mucho más que sus malecones, edificios o grandes avenidas. Su mayor patrimonio sigue siendo su gente. La solidaridad, el espíritu de lucha y esa costumbre de tenderle la mano al vecino han permitido que, incluso en medio de las dificultades, muchos barrios encuentren la forma de salir adelante por cuenta propia.

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Sauces 1, un ejemplo de unidad barrial

Uno de esos ejemplos es Sauces 1, en el norte de la ciudad. Allí, la unión entre sus habitantes ha convertido al sector en un referente de organización comunitaria, seguridad y convivencia. Más que un barrio, quienes viven allí aseguran que se ha formado una verdadera familia.

Aunque en Sauces 1 residen cerca de 500 familias, la mayoría de sus habitantes se conocen por su nombre. Esa cercanía ha fortalecido la confianza entre vecinos y ha permitido que los problemas se enfrenten de manera conjunta.

“Aquí hay mucha familiaridad. Todos nos conocemos, nos saludamos y tratamos de apoyarnos. Cuando surge algún inconveniente, buscamos solucionarlo entre todos”, cuenta Ingrid Carrera, presidenta del comité barrial Unidos por un Mejor Sauces.

Ese compañerismo también se refleja en la economía del sector. Los residentes procuran consumir en los negocios del barrio y respaldar los emprendimientos de sus vecinos. Con frecuencia organizan ferias donde alrededor de 20 familias ofrecen comida, postres, artesanías, ropa y otros productos elaborados por ellos mismos, generando ingresos y fortaleciendo el sentido de comunidad.

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, varios moradores coincidieron en que el mayor logro alcanzado no ha sido únicamente reforzar la seguridad, sino recuperar la confianza entre quienes viven en el sector. Aseguran que, pese a sentir que aún necesitan mayor respaldo de las autoridades, han aprendido que la organización vecinal puede generar cambios importantes.

La seguridad cambió por la iniciativa barrial

No siempre fue así. Hace algunos años, la delincuencia también golpeó a Sauces 1. Los robos y el temor de salir por las noches eran parte del día a día. Frente a esa realidad, los vecinos decidieron dejar de esperar soluciones externas y comenzaron a trabajar juntos.

Hoy el barrio cuenta con más de 100 cámaras de videovigilancia y siete portones de acceso, instalados gracias al aporte económico de los propios moradores. La inversión supera los 10.000 dólares, financiados mediante contribuciones voluntarias de las familias del sector.

“Entendimos que el barrio también depende de nosotros. No podíamos quedarnos esperando que alguien resolviera todos nuestros problemas. Gracias a la organización y al compromiso de los vecinos, los delitos disminuyeron y hoy vivimos con mucha más tranquilidad”, destaca Carrera.

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Pero la seguridad ha sido solo una parte del proceso. Los moradores también han impulsado actividades para fortalecer la convivencia. Bailoterapia, campeonatos deportivos, reuniones barriales, eventos infantiles y celebraciones comunitarias forman parte de la agenda habitual del sector.

“La bailoterapia terminó convirtiéndose en un espacio para hacer amigos. Aquí no solo se viene a ejercitarse. La gente conversa, comparte y hasta los adultos mayores vuelven a salir de sus casas porque encuentran compañía”, agrega la dirigente.

Áreas comunes mejoran en Sauces

Los parques también reflejan ese trabajo colectivo. Los propios vecinos organizan mingas para limpiar las áreas verdes, sembrar plantas, pintar juegos infantiles y mantener en buen estado los espacios públicos.

Durante la visita de EXPRESO fue común observar familias compartiendo en los parques, niños jugando con tranquilidad y adultos conversando en las bancas mientras disfrutaban de una tarde en comunidad.

El ejemplo de Sauces 1 incluso ha despertado el interés de habitantes de otros sectores del norte de Guayaquil.

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Sauces 1, referente en el norte de Guayaquil

“Uno llega y nota inmediatamente la diferencia. Hay organización, limpieza y sobre todo participación ciudadana. Ojalá este modelo pudiera replicarse en muchos barrios de Guayaquil”, comenta Rómulo Aragundi, residente de Sauces 6.

Una opinión similar tiene Mónica Villamar, habitante de la ciudadela Alborada. “Las autoridades tienen una responsabilidad importante, pero Sauces 1 demuestra que cuando los vecinos trabajan unidos, las cosas realmente cambian”.

Aunque reconocen que todavía existen necesidades pendientes y esperan una mayor presencia institucional, los moradores consideran que el mayor aprendizaje ha sido descubrir la fuerza que tiene una comunidad organizada.

Hoy Sauces 1 no solo destaca por sus cámaras de seguridad, sus portones o sus parques bien cuidados. Su verdadero orgullo es haber demostrado que la solidaridad, la participación ciudadana y el compromiso colectivo pueden transformar un barrio y convertirlo en un ejemplo para toda la ciudad.