Lo que debes saber

• Jorge Yunda descarta participar en las elecciones seccionales por ADN, dice que está con Centro Democrático; llama a la unidad, incluso a interesados en ser concejales. 
• Critica a Pabel Muñoz, quien busca la reelección; dice que no asume su responsabilidad en el control del tránsito ni en seguridad pese a que se cobra una tasa.
• Afirma que espera una campaña sin ataques, pero comenta que la correísta Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sería mejor candidata de la RC.
• Aún está en contacto con exfuncionarios como Fernando Carrión y Guillermo Abad, asegura.
• Evita tomar postura sobre lo que le pasó a Alexandra Villacís, finalmente dice que él también fue víctima de "leguleyadas".

El exalcalde Jorge Yunda confirmó que su intención es seguir el proceso para candidatizarse por Centro Democrático. Aunque afirma que declinaría, si luego de un consenso y de revisar “números”, se determina que “soy el candidato chimbador”.

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En 2019, usted llegó con Unión Ecuatoriana a la alcaldía, antes ganó una curul con el correísmo. Dicen que no va con ADN porque usted es elegante pero también calle...

Yo estoy haciendo un llamado a la unidad. Esta polarización, de que o eres ‘borrego’ o ‘florindo’ nos ha dejado mal heridos políticamente.

¿Postularse con ADN?

No he hablado, supe que tienen sus propios candidatos y yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral. No les he propuesto ni me han propuesto. No soy de esa agrupación política, siempre he sido independiente.

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¿No le quieren los anticorreístas?

No lo sé, yo tengo buenos amigos ahí. He visto que gente en redes sociales me ha dado sin motivo alguno. Pero entiendo, así es la política.

Contra usted, ¿quién es más fuerte en el sur: Pabel Muñoz o Paola Pabón?

Yo creo que la prefecta Pabón tiene más cancha en el sur, en la periferia, en la ruralidad. Si me preguntaran, es una candidata más dura que vencer. Al señor Muñoz creo que cualquiera le gana.

¿Por qué dice que la alcaldía de Muñoz es desastrosa?

Vivo en Quito, la ciudad tiene altos índices de delincuencia, está desolada. Aquí en La Mariscal en todo (lado) dice: ‘se arrienda’, ‘se vende’. Quieren comprar hornados a $15, generar puestos para amigos, (con sueldos) de 3.000, creados para gastar millones.  

Hay secuestro, balacera, sicariatos, vacunas, con la tasa más alta de mortalidad en accidentes, de suicidio, desempleo. Vea los números. Quito está retrasada totalmente.

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Usted dice que se enfocará en la seguridad, pero el alcalde recalca que no es competencia del municipio.

El señor es el Poncio Pilato de Quito, se lava las manos: en seguridad dice ‘no es mi competencia’, pero cobramos tasa; sobre accidentabilidad dice ‘no manejo los buses’. Hubo un muerto en la Ruta Viva por un bache, ah no bacheo. Hay una responsabilidad política y un liderazgo nefasto.

La justicia lo absolvió en el caso pruebas PCR. Pese a ello ¿cree que ese capítulo pesará a su candidatura? 

La intención fue dejar en el imaginario que hubo corrupción, pero hay que madurar, te caiga o no te caiga. (La justicia determinó) que nadie presentó ni un video ni una prueba o documento o movimiento financiero ni un testigo.

Quito nunca fue Suiza, pero no estaba a los niveles de hoy en desaparecidos, sicariato, vacunas...
Jorge Yunda/ precandidato a la alcaldía de Quito

¿Quiénes serán sus ediles? Los 4 que llegaron con su apoyo han votado con la RC.

Cuando ganaron les di libertad para actuar, pero se olvidaron a quiénes representaban. No tengo una lista de candidatos a concejales. Invito a quienes quieran, independientemente de si son de izquierda o derecha, si tienen capacidad, se han preparado para el servicio público, no piensan en intereses económicos...

¿Cuál es su opinión sobre lo que vivió Alexandra Villacís, quien no se pudo posesionarse en la Judicatura?

No conozco, no he estudiado bien el caso.

No me diga que no sabe...

Es un tema más jurídico. Me botaron del cargo por un informe que dice que no di una rendición de cuentas presencial, cuando estaba prohibido por el CPCCS, leguleyadas. Me botan con 13 votos y requerían 14, de quien estaba hospitalizado, en paz descanse Mario Granda.  

Le sentaron a una señora y así se atropella el debido proceso. He demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptaron mi demanda.

Como empresario, ¿cree que el Gobierno ha hecho una buena gestión para evitar apagones?

Vivo de una actividad, casi quiebro con todos los apagones. Si vienen ahora, va a terminar liquidando más, quebrando la economía del Ecuador, Dios quiera que no sea así... Es el momento de haber tomado correctivos. Deberíamos tener otras fuentes energéticas, en un país tan cerca al sol, energía eólica, volcánica.

Yo enfrenté a la justicia, tuve 23 allanamientos. Espero que el alcalde de Guayaquil tenga derecho a la defensa.Jorge Yunda/ exalcalde

¿Quién es Jorge Yunda?

Exalcalde de Quito entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021. Tiene 60 años y nació en Guano. Integró grupo de música. Recorre barrios jugando vóley y con bata de médico. Ha ganado popularidad como radiodifusor. Fue legislador por la Revolución Ciudadana.

Lo que debes saber 

• La Comisión de Fiscalización impulsa reformas para centralizar competencias de tránsito que hoy manejan los GAD, argumentando riesgos de corrupción y presunta infiltración del crimen organizado.
  
• La propuesta incluye cambios a la Ley de Tránsito y al COOTAD para que el Gobierno central pueda asumir o revertir competencias municipales cuando existan indicios de irregularidades o amenazas a la seguridad nacional.
  
• Distintas fuerzas políticas advierten que el trasfondo sería político.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea trazó una hoja de ruta con la que busca restar competencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La punta de lanza es la investigación sobre la gestión del tránsito, pero hay sugerencias de reformas legales que no convencen al resto de las fuerzas políticas.

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La mayoría controlada por ADN en la comisión aprobó el informe sobre las entidades municipales encargadas del tránsito. Se analizaron presuntas emisiones irregulares de matrículas que estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada.

El proceso se originó tras la intervención del Gobierno Nacional en las agencias de tránsito de los cantones de Durán y Manta. Durante las comparecencias, el ministro del Interior, John Reimberg, ya había anticipado el rumbo de la fiscalización.

Uno de los principales problemas del tránsito es lo que se hizo: eso de que cada cantón pueda tener su propia agencia y manejar el tránsitoJohn Reimberg, ministro del Interior (2 de febrero del 2026)

El informe de la Comisión reafirma esa postura. En el documento se advierte que “la descentralización, concebida como un principio de eficiencia, se ha transformado en un vector de riesgo”.

Con ese enfoque, la Comisión plantea reformas a la Ley de Tránsito y al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). En el primer caso, propone centralizar la gestión y administración del sistema de matriculación vehicular.

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La propuesta va más allá. También plantea la “recuperación automática de competencias” por parte del Gobierno Central cuando existan indicios de infiltración criminal o emisiones irregulares masivas en un GAD, previo informe de los organismos de inteligencia.

En cuanto al COOTAD, se propone introducir la figura de “reversión de competencias por Seguridad Nacional”, que permitiría al Gobierno asumir de forma definitiva una competencia delegada si se detecta infiltración criminal.

Las alarmas nacen de la oposición en la Comisión

Las primeras alertas surgieron dentro de la propia Comisión. La legisladora correísta Ana Cecilia Herrera advirtió que, aunque es necesario combatir la corrupción y la inseguridad, esta última no es responsabilidad exclusiva de los GAD.

El fondo es más bien político: seguir en esta línea de quitarles competencias a los GAD. Volver a centralizar un montón de serviciosAna Herrera, legisladora correísta. 

En Pachakutik también hay reparos. Mariana Yumbay consideró que, si bien se requieren reformas para enfrentar la corrupción, las propuestas planteadas no solucionan el problema de fondo: “Es peligroso. Ya se aprobó la Ley de Vivienda Social que violenta la autonomía. Lo mismo pasó con la ley que reformó al COOTAD. Con esto no se va a resolver un tema que es consecuencia de actos de corrupción de funcionarios públicos porque no hay una acción concreta”.

El independiente Cristian Benavides recordó que la gestión del tránsito es facultad de los GAD y advirtió que revertirla podría incurrir en inconstitucionalidad. A la par, cuestionó la autonomía de los municipios, al señalar que la mayoría depende de recursos del Gobierno central.

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Incluso dentro de ADN hay matices. Inés Alarcón subrayó que los informes de las comisiones no son vinculantes y que cualquier cambio debe debatirse en el Pleno. “No somos ajenos a que vivimos un conflicto armado interno y toda lucha contra el narcotráfico debe ser bienvenida”, dijo.

Alarcón añadió que la autonomía no es un derecho, sino un principio orientado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y reiteró que la seguridad sigue siendo la principal preocupación.

Por ahora, todo dependerá del tratamiento que el Pleno le otorgue al informe. Solo después de esto y su trámite en una comisión, se medirá el alcance de una nueva propuesta que tiene como eje de intervención una vez más la gestión de municipios y en año electoral.

Lo que debes saber

• El jueves 2 de abril del 2026, el conductor de un bus de Setramas, se pasó un semáforo en rojo y se llevó la vida de dos personas, que iban en moto. Es una infracción que se repite.
• El alcalde Pabel Muñoz dijo que ni la Policía Nacional ni el agente de tránsito manejaban el bus, pero desde el 2013, Quito tiene la competencia de planificación y control de tránsito y transporte.
• En el 2021, en la ciudad se estableció parámetros que debían cumplir operadoras de buses para acceder a aumento de pasajes. Santiago Guarderas, exalcalde, permitió que todos tengan el incremento.
• Director de la AMT dice que él no entrega licencias de tránsito, anuncia operativos de control, en cada una de las compañías, bus por bus, desde el lunes 13 de abril del 2026.
• Transportistas del sur piden capacitación para los conductores pues pueden tener problemas de salud mental. Dijo que hay una póliza para terceros, de unos $ 5.000. Piden reunión con Pabel Muñoz.

El siniestro en el que un chofer del bus urbano 0438 ignoró la luz roja del semáforo y se llevó la vida de dos personas que iban en motocicleta conmocionó a la ciudad. La escena refleja una inconducta cada vez más habitual en las calles de Quito.  

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Desde redes sociales como X, ciudadanos que documentan las infracciones en fotos y videos han cuestionado por qué esos hechos se repiten, también el débil control a las operadoras, la formación de conductores y la responsabilidad de las autoridades.

El alcalde Pabel Muñoz se ha solidarizado con la familia y dispuso la revisión técnica vehicular de la flota de Setramas, la operadora del bus. Además, se verificará que todos sus choferes estén afiliados al IESS y levantarán por 60 días el permiso de operación de la dueña de la unidad involucrada, la cual se quemó.  

Según Muñoz, “ni la Policía Nacional ni los agentes de tránsito ni el alcalde conducen una unidad” y calificó de “irresponsable” al conductor.

Pero, desde el 26 de abril del 2013, la capital asumió la competencia de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial. Además, en una de las múltiples denuncias en redes, los usuarios reportaron que la unidad 0438, se pasó un rojo en la avenida De Los Shyris en 2022. ¿Era el mismo chofer? ¿Era un hábito?

En 2021 ya se puso en marcha un sistema de control de buses, ¿qué pasó?

Para Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, lo ocurrido, “en cualquier otro país, con un mediano sentido de preocupación por la seguridad vial, hubiera provocado reacciones no solo del alcalde sino del Presidente de la República”.

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Abad recordó que en su gestión, solo siete operadoras o compañías de buses urbanos cumplieron los parámetros de servicio para acceder a una “actualización” (aumento) de pasajes.  

Las unidades debían contar con dispositivos para transmitir datos en tiempo real a una plataforma que la Secretaría consiguió en comodato, “para vigilar a cada autobús".  

Desde su tablet, recordó, podía revisar a qué velocidad iban, si frenaban bruscamente, quién era el conductor. "El exalcalde (Santiago) Guarderas subió la tarifa a todos de un plumazo, solo con declaraciones juramentadas de que cumplieron. Así ya nadie quiso invertir en los GPS”.

¿Cuál es la responsabilidad de la AMT?

Pero la administración de Muñoz reemplazó a la de Guarderas hace casi tres años. ¿Cuál es su responsabilidad en el siniestro?, se le consultó a Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

“Cito al señor alcalde, se desdibuja y se busca una cabeza. ¿Quién da las licencias? ¿Yo o la ANT (Agencia Nacional de Tránsito)? ¿Quién permite que un chico de 20 años tenga licencia E y que, mientras escucha Bad Bunny, maneje un bus con 40 personas? No con eso le paso la pelota a la ANT. La Ley de Tránsito se aprobó hace más de 10 años, fue hecha en mesas de trabajo, con transportistas. ¿Por qué dan 30 puntos?”.

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También Martínez lamentó lo ocurrido, conoce de siniestros ya que trabajó 28 años en el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía, dijo. Como director de la AMT, apuntó, ha pedido todas las sanciones para la operadora.

“Con ese contexto como director no tengo ninguna responsabilidad, cuento con estadísticas de (buses) sancionados, se ha capacitado, pero sé que ese es un discurso mediocre. Buscan un culpable", dijo. Luego del siniestro, con dos víctimas mortales, la AMT ha estado controlando más a buses y compartiendo en redes su trabajo:

Asimismo, el director de la AMT recordó que se hizo la restricción para el transporte pesado en la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar (luego de un siniestro con muertes). ¿Es mi culpa que una empresa le meta 50 toneladas a un camión? ¿Que el Ministerio de Transporte no regule el peso, que los transportistas no estén afiliados al IESS?”.

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"No habrá espíritu de cuerpo", responden los transportistas, luego de la tragedia

Desde el sector del transporte, Roberto Castro, dirigente del Consorcio Sur Occidental, del que forma parte Setramas, aseguró que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir responsabilidades. Además, cuestionó las palabras del alcalde, dijo que llevan algunos meses pidiéndole una cita, para hablar del modelo de gestión, no solo de la tarifa.

El 90 % del sector nos reunimos. Todos debemos asumir, también entes rectores.Roberto Castro/ representante transportistas

“Quisiéramos que ahora que hubo esta alerta, (el alcalde) nos convoque y hablemos de por qué pasan estas cosas. Necesitamos capacitación, vamos a buscar el apoyo de universidades, puede existir un problema de salud mental de los conductores. Sería bueno que la Secretaría de Movilidad nos convoque". 

Castro contó que el pasado lunes 6 de abril del 2026 se reunieron transportistas de todos los sectores. Concluyeron que: "Esto no lo resolveremos solos. Se evidencia que necesitamos cambiar como transportistas y ciudad. Falta tomar cartas en el asunto, no parches”.

¿Cumplía la unidad 0438 con las reglas?

Castro no supo dar detalles sobre qué pasó con el chofer ni si el bus había pasado las revisiones técnica vehiculares. Consultado por EXPRESO confirmó que obligatoriamente tienen pólizas para terceros, de unos $5.000, no por el bien, cree que la dueña del bus del 2016 o 2017 habrá perdido unos $80.000 porque se incendió.

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La AMT anuncia controles bus por bus, desde el lunes 13 de abril

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Oportunidades de los hoteles del centro

• El 89 % de la plaza hotelera en esta zona depende de clientes corporativos y de provincias.
• Las administraciones familiares predominan en arterias comerciales con tarifas promedio de 36 dólares.
• La baja digitalización de los locales y la percepción de inseguridad frenan el despunte del sector, según el informe. 

Vicente Quinde baja, cargado de cajas, del primer piso de un hostal ubicado en Junín y Boyacá. Él no es guayaquileño, pero confiesa que este sitio es su segundo hogar.

“Viajo hasta Santo Domingo todas las semanas a llevar productos para la venta. El viaje es pesado, así que no me gusta regresar de noche. Duermo aquí, es cómodo y ya me conocen”, cuenta, previo al check out donde deja las llaves en la recepción.

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Un ambiente hotelero y familiar

Lejos de los reflectores del turismo internacional de lujo, existe un ecosistema hotelero que sostiene el comercio de la ciudad. A partir del levantamiento de información elaborado por el consultor Edson Larrea, se despliega una radiografía contundente: la amplia mayoría de los establecimientos de esta zona tiene como segmento primordial al turista nacional y a grupos corporativos.

El informe técnico detalla que esta oferta se concentra de forma directa en la categoría de tres estrellas. El dato más revelador sobre la operatividad de este sector es que un inmenso porcentaje de estos negocios sobrevive bajo un modelo de administración netamente familiar. Se trata de establecimientos que están ubicados en arterias comerciales y tradicionales como Riobamba, Chimborazo y Junín

“Son servicios buenos, son servicios que están dentro del estándar de aceptación para el turista nacional”, explica Larrea.

El desafío digital y la seguridad en el casco urbano

Aunque la totalidad de los locales garantiza conectividad a Internet de forma satisfactoria, el consultor advierte que en estas administraciones familiares existe cierta resistencia a la inversión publicitaria en redes sociales. La clave, propone, es lograr una correcta geolocalización en herramientas como Google Maps para crear sinergias con zonas icónicas cercanas, como la calle Panamá, el Malecón o el Barrio Las Peñas.

Para Holbach Muñetón, representante de la Cámara de Turismo del Guayas, este segmento no debe subestimarse de ninguna forma. El turista de tres estrellas en el centro es un cliente fiel que viaja con su familia, viene a la Bahía a adquirir mercadería o llega motivado por buscar atención en los hospitales. “Es un nicho sumamente importante, en el que creo que hay que trabajar en eso, que tengan rutas seguras”, afirma el dirigente gremial.

Muñetón señala que el centro porteño hoy luce como si estuviera “medio agonizando”, pero posee un potencial inmenso para aprovechar su arquitectura y su clima. La propuesta desde la Cámara es transformar estas amenazas latentes en auténticas oportunidades de desarrollo. Destaca también iniciativas lideradas por la ESPOL (Distrito 100) para revitalizar la zona e impulsar el sector.

Trabajo comunitario para salir adelante 

En la práctica diaria, la supervivencia de estos negocios recae en la hospitalidad. Ángel Jiménez, quien lidera la administración del emblemático Hotel Savoy junto a su madre y hermano, confirma que el trato personalizado es su mayor ventaja. Jiménez reconoce que la fuerte presencia en redes sociales resulta indispensable hoy en día para darse a conocer.

"A veces llegan personas de más capacidad económica, en ‘carrazos’, simplemente por haberlos atendido bien se quedan”, comenta con orgullo.

Jiménez aborda además un tema crítico para todos: la seguridad. Para contrarrestar la compleja percepción de riesgo en el centro, él se ha involucrado activamente como líder comunitario. Su hotel acoge en sus instalaciones a uniformados del circuito 9 de Octubre de la Policía Nacional, lo que le otorga a su establecimiento un invaluable plus de resguardo que brinda tranquilidad a todos sus huéspedes.

A pocas cuadras, Liliana de Cisneros, administradora de otro hotel del casco céntrico, coincide en que la familiaridad es su principal ancla comercial. “La gran mayoría repiten, ya nos conocen por lo menos unos 10 años, dicen que se sienten como en familia”, relata.

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No obstante, Cisneros expone urgencias del entorno: la necesidad de adecentar ciertas calles, pues la presencia de trabajadoras sexuales ha llegado a ahuyentar a parte de su clientela. “Debería por parte de la Gobernación o la Alcaldía dar un poco más de visibilidad a estos sitios”, exige.

Pese a las adversidades estructurales y la recurrente caída de ocupación durante los feriados, la resiliencia hotelera es innegable. El centro de la ciudad tiene potencial, pero no para ser un resort de lujo, sino para dignificar la vocación histórica de ser el gran anfitrión de los viajeros ecuatorianos incansables.

Lo que debes saber

• Celec intenta incorporar 30 MW de Austral sin contar con la recepción provisional de la obra o la terminación unilateral del contrato.
• Las actas firmadas en 2025 permitieron realizar pagos tras la presentación de facturas o verificación visual.
• La generación sigue en pruebas, con riesgos técnicos, legales y sin garantías claras. Hay un arbitraje en curso.

El afán del Gobierno por incorporar megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador para cubrir parte del déficit de casi 900 MW no advierte límites. Tras el fracaso de los proyectos Progen y Austral Technical Management (ATM), que debían aportar 241 MW entre finales de 2024 e inicios de 2025, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) busca sumar al menos 30 MW, de Esmeraldas III, a cargo de Austral, sin contar con respaldos formales.

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Los equipos que aportarán este suministro son parte de la isla 3, conformada por 16 de 42 motores de Austral. Estos componentes y otros elementos de esta central térmica, fueron recibidos “a entera satisfacción” en 2025 mediante actas de entrega - recepción provisional, firmadas por José María Estupiñan Zambrano, administrador del contrato, y Nicolás Maurice Pic, en representación de ATM. Aunque estos procedimientos de verificación no exigían mayor rigor.

Según tres documentos de febrero, marzo y mayo de 2025, a los que accedió Diario EXPRESO, la validación de los motores, transformadores, sistemas de protección y otros -que constan en actas- son un recurso para habilitar el pago, según hitos establecidos en una reforma modificatoria del contrato, acordada mutuamente.

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En este convenio se plantea que los desembolsos se realizarán:

En total, el contrato con Austral asciende a $89,9 millones, de este monto se han cancelado ya $71,4 millones (ver gráfico).

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Por estas razones, Gabriel Secaira, consultor energético, precisa que, según los documentos, no existe una recepción provisional de la obra contratada (central de generación térmica de 91 MW). Tampoco se ha declarado al contratista incumplido, pese a que el proyecto no cumple con lo requisitos técnicos, según reveló en julio de 2025 la Contraloría General del Estado y lo ratificó meses después la Celec mediante un informe notarizado.

No hay recepción de la obra ni terminación del contrato

En el sector eléctrico tampoco se conoce sobre la terminación unilateral del contrato. De hecho, el arbitro de emergencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito dispuso a la Celec en agosto de 2025, entre otros, suspender la pretensión de terminar de manera unilateral el contrato con Austral, mientras no se resuelva este proceso de fondo.

Estos elementos (recepción provisional, terminación del contrato) son claves para justificar, según la norma, la participación del Estados ecuatoriano, a través de la Celec, en las instalaciones de Esmeraldas III.

La “desesperación” por incorporar un megavatio al sistema eléctrico no es suficiente argumento para intervenir en proyectos, que tienen litigios en curso, refiere Luis Alberto Andrade, especialista en Contratación Pública. 

Y agrega que si bien se debe priorizar el interés general de los ciudadanos eso “no significa pasarse la ley, para cumplir. Las soluciones se buscan dentro del marco legal” porque las consecuencias de no hacerlo pueden tener un efecto negativo para el Estado ecuatoriano.

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Esta realidad no es ajena para el gobierno. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, reconoció el 25 de marzo pasado que “aunque aún estamos en litigio, los generadores de ATM inician su entrada al SNI (Sistema Nacional Interconectado) para las pruebas técnicas”. 

La Celec agregó el 25 de marzo que las maniobras no implican aceptación de los equipos ni renuncia de derechos del Estado. Tampoco generan obligaciones ni cambian la posición jurídica de esta empresa pública, en este caso.

La meta de la entidad era incorporar 30 MW al sistema nacional hasta el 31 de marzo de 2026, aunque en diciembre de 2025 la Celec reconoció que los motores de ATM no ofrecían esas garantías. Esta intención, sin embargo, aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Dos de tres especialistas consultados este 8 de abril de 2026 por EXPRESO señalaron que la incorporación de esa generación aún no ha tenido éxito porque no pueden permanecer conectados de manera establece. Aunque se conoce que los 16 equipos que están a prueba sí son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz), 32 no tienen esas condiciones (50 Hertz).

Pruebas sin respaldo y riesgos técnicos en la operación

Además, la puesta en marcha de una central de generación debe cumplir etapas antes de entrar en una operación comercial. Las fases son:

En procesos, que no están en litigios, a partir de la última etapa recién se puede hacer una recepción provisional del contrato, que en este caso es la incorporación de 91 MW. Y luego se hace la definitiva, si no existen novedades. A partir de allí, una obra está formalmente en manos del Estado.

Riesgos legales y falta de garantías marcan la operación

Ante esta realidad, “la Celec se está atribuyendo responsabilidades que le pueden dejar sin piso. Se podría perder hasta la garantía técnica por intervenir equipos que no han sido recibidos”, precisa una fuente próxima a esta entidad estatal, que pidió la reserva de su identidad.

La garantía en equipos de generación tiene un plazo de alrededor de un año para generadores nuevos, pero en este caso por tratarse de motores que datan de 2019, Secaira duda que se cuente aún con esos respaldos.

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Mayra Pacheco Pazmiño

Para garantizar la operación de bienes públicos como los de una central térmica se requiere también contar con un seguro, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador. Sin embargo, el especialista considera que ante la controversia que ha generado la contratación de estos equipos será difícil contratar una póliza, en el caso que el gobierno logre sumar los 30 MW.

En este escenario, Salinas refiere que al no cumplir con los procedimientos técnico, legales ni seguros, la puesta en marcha de esta planta térmica resulta incierta. “¿Quién va a ofrecer seguros para esa chatarra?”.

Los puntos claves 

• No hay calle en Guayaquil libre de baches; avenidas principales, calles internas y barrios residenciales presentan huecos que convierten los recorridos diarios en un calvario.
• La magnitud de los baches ha llevado a comparaciones dramáticas, como las de quienes aseguran que incluso la tripulación del Artemis II, que observó la cara oculta de la Luna, confirmaría que en Guayaquil hay menos cráteres que en sus calles.
• Vecinos denuncian que, pese a pagar impuestos, patentes y contribuciones especiales, las obras no llegan, los arreglos duran poco y el mantenimiento vial es parcial.

No hay calle de Guayaquil libre de huecos ni barrio donde las quejas no apunten al abandono vial que sufre la ciudad, a la que algunos residentes ya llaman la “ciudad lunar”. Los baches se multiplican en avenidas principales, calles internas y zonas residenciales, convirtiendo los recorridos cotidianos en un riesgo constante para conductores, motociclistas y peatones.

Mapasingue, centro y norte… todo es hueco. Mis impuestos no llegan a nada: ni a calles, ni parques, ni a sombra.Daniela Cucalón, residente de Urdenor

Desde hace semanas, incluso antes de las lluvias que azotaron al Puerto Principal, ciudadanos denuncian ser víctimas de estos agujeros imposibles de esquivar. Mapear las zonas más afectadas resulta casi imposible: cada barrio, sector turístico o zona vulnerable suma sus propios cráteres, sin que se vislumbre —al menos no de forma integral, aunque el Municipio asegura que sí— un plan de reparación o mantenimiento que perdure en el tiempo. A eso apunta la queja colectiva.

Pagamos más y vemos menos. Indigna. El caos del Municipio se siente y lo estamos pagando los ciudadanos.Diego García, residente del barrio Centenario

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"Daniel Noboa odia a Guayaquil”: concejal afirma que se intenta destruir la ciudad

Diana Sotomayor

Diego Montoya, de la ciudadela Las Orquídeas, resume la frustración de muchos, que se escucha en la calle, llega a esta redacción o se multiplica a diario en redes sociales. “Decir dónde están las zonas más afectadas sería como dibujar a toda Guayaquil y ubicarle banderines rojos en cada cuadra… no hay zona que se salve. El asfalto se ha desvanecido y caído en pedazos en toda la ciudad. Son unos pozos en los que caemos. A la autoridad poco le importa. El Municipio puede decir que está trabajando, pero lo hace de dos cuadras en dos cuadras o con arreglos que duran poco. Si viene otra garúa, todo queda en nada otra vez”, se queja. Un problema que se repite año tras año, sin un calendario real de intervención.

La indignación se extiende al cobro de impuestos que, según los ciudadanos, no se reflejan en obras prioritarias. Hernán Robalino, morador del sur de la ciudad, cuestiona haber tenido que pagar la patente municipal, además de la Contribución Especial de Mejoras, mientras “la ciudad se está desvaneciendo”. “Me cobran, pero el parque de Los Esteros sigue en mal estado, las calles llenas de huecos y sin iluminación. Uso mi RUC una vez al año, pero igual me cobran. Eso no es justo: cada vez hay más impuestos y menos obras”, dice.

Guayaquil

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La patente municipal, tributo anual obligatorio para personas naturales o jurídicas con RUC que desarrollen actividades comerciales o profesionales, ha sido otro motivo de frustración que se cruza con el abandono vial. Muchos contribuyentes descubrieron valores pendientes de años anteriores que ahora les exigen pagar con intereses, cobros que sienten “retroactivos”. La queja es compartida: denuncian que se les exige dinero que debería reflejarse en obras, pero las calles siguen llenas de baches y agrietadas, con veredas “que excluyen al adulto mayor, en sí, al peatón”, lo que aumenta la sensación de que solo se toca el bolsillo ciudadano sin resultados visibles.

Frustración y riesgos ciudadanos

Gianela Yerovi, de la Alborada, apunta al trasfondo político que frena la atención de las prioridades de la ciudad. “Esa pelea con el Gobierno, durante casi todo el mandato, sumado a que el alcalde Aquiles Álvarez sigue en prisión preventiva y que la alcaldesa subrogante, que nunca fue elegida para liderar la ciudad, ahora tenga que manejar toda una administración, juega en contra de la ciudad. Guayaquil pagó o está pagando este año contribución de mejoras y patentes, pero no vemos a dónde va ese dinero”, sentenció.

En la misma línea, Lisbeth Montesdeoca lamenta que les cobren por “mejoras de años atrás cuando las calles, antes y hoy, están peor que nunca”. “Dizque arreglaron la avenida 25 de Julio y ahora parece que nunca hubieran hecho nada. Yo quisiera que los concejales recorran sus distritos semanalmente, al menos una vez al mes, pero eso nunca pasa. Al distrito 2, por ejemplo, jamás han venido. Nunca”.

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La guayaquileña Angie Salas cuenta que semanas atrás estuvo a punto de ocasionar un accidente. “Casi me caigo en un bache en la Francisco de Orellana, cerca del Parque Chino. El hoyo es enorme. ¿A quién responsabilizamos por los daños?”, pensó.

En un recorrido realizado por EXPRESO se constató ese malestar de las familias, incluidos peatones que ya han caído en los “socavones urbanos”. Gabriela Alvear, residente de Urdesa, lamenta que los guayaquileños tengan que verse obligados a desplazarse en auto porque las calles los espantan o los ponen en riesgo.

“Yo quisiera que la tripulación del Artemis II, que fue a observar la cara oculta de la Luna, venga a Guayaquil. De seguro confirmará que aquí hay menos cráteres que allá. Y menos riesgo: allá no hay quien se caiga. Acá hay baches del tamaño de una moto. Yo me he caído tres veces, mi madre dos y mi nieto una. Todos en Urdesa. ¿Qué espera el Municipio?”, cuestionó.

A esperas de las respuestas municipales

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista a la Dirección Municipal de Obras Públicas para conocer qué se está haciendo y qué se hará, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, ayer por la mañana, en un comunicado oficial, el Municipio informó que ejecuta trabajos para mejorar la circulación, recuperar calles deterioradas tras la temporada invernal y reemplazar pavimento que ya cumplió su vida útil.

Esta semana, según indicó, las intervenciones se concentran en la ciudadela San Felipe, donde se inició la rehabilitación de la avenida del Santuario, y luego se intervendrá la avenida Felipe Pezo Campuzano; mientras que en Mapasingue Oeste los trabajos avanzan por etapas. Asimismo, en la ciudadela El Paraíso ya se completó la rehabilitación de 10 calles. Estas acciones, dijo, forman parte de un contrato de mantenimiento que contempla la intervención de 29 kilómetros de vías en las parroquias Tarqui y Pascuales, con una inversión aproximada de 6,4 millones de dólares, en sectores como El Fortín, Florida, Prosperina, Ceibos, Alborada y Urdenor.

No obstante, aún hay una serie de preguntas que quedan en el aire: si la proliferación de huecos responde a falta de presupuesto, negligencia, lluvias o mantenimiento deficiente; qué porcentaje del presupuesto municipal se destina a la reparación vial; cómo se garantiza que los tributos se reflejen en obras; y qué criterios se usan para priorizar las intervenciones.

“Estas son las dudas que la Alcaldía jamás nos responderá. Pasará el tiempo, nos seguirán cobrando y la ciudad se seguirá cayendo a pedazos. Aquí lo único que avanza no son las obras, es el abandono”, cuestionó Amanda Guerrón, residente de Lomas de la Alborada.

Lo que debes saber

• La confirmación del primer caso de mpox Clado Ib en Ecuador reactivó las alertas sanitarias y expuso dudas sobre la capacidad de prevención del país. 
• Aunque el sistema respondió con protocolos, expertos advierten fallas en controles fronterizos y vigilancia epidemiológica. La nueva variante, más transmisible, plantea un desafío clave: si Ecuador está realmente preparado o vuelve a reaccionar tarde ante una amenaza sanitaria.

El virus volvió a cruzar la frontera sin hacer ruido, pero dejó preguntas que aún no tienen respuesta. El 2 de abril de 2026, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el primer caso importado de mpox de la variante Clado Ib, una cepa más transmisible de la viruela del mono que encendió las alertas nacionales.

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La detección, realizada por el laboratorio de referencia, activó protocolos epidemiológicos y reavivó recuerdos recientes de crisis sanitarias. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la noticia abre un debate incómodo sobre si el país llegó tarde otra vez.

La reacción institucional fue inmediata en el papel: alerta epidemiológica, refuerzo de controles y coordinación con organismos internacionales. Pero la rapidez del protocolo contrasta con una duda clave: ¿el sistema actuó a tiempo o simplemente respondió cuando el riesgo ya estaba dentro? En un contexto donde la prevención debería ser prioridad, la aparición de este caso pone en cuestión los controles en aeropuertos y fronteras. La historia parece repetirse, con un Estado que reacciona más de lo que anticipa.

El problema de la frontera ha sido una debilidad histórica del sistema. Al momento no existen controles epidemiológicos efectivos en los puntos de entrada al país.Mario Paredes, epidemiólogo de la Armada del Ecuador

Controles fronterizos en duda tras llegada de nueva variante de mpox

En un sistema de salud que aún arrastra limitaciones estructurales, la llegada de una variante más contagiosa plantea interrogantes más profundos. ¿Existen suficientes recursos, personal y capacidad para contener un posible brote? A esto se suma el desafío de comunicar sin generar pánico, pero con la claridad necesaria para evitar la desinformación. Tras la experiencia del COVID-19, la verdadera incógnita no es solo el virus, sino si el país aprendió lo suficiente para enfrentarlo mejor esta vez.

Ante este escenario, se solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública para dialogar con María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada del MSP. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta al pedido, por lo que se consultó a expertos en la materia.

El epidemiólogo de la Armada del Ecuador, Mario Paredes, advirtió que el país enfrenta un escenario distinto al de 2022. “Fue con la variante Clado 2B… la que tenemos ahora es la Clado 1B”, explicó, al señalar que antes se trataba de una transmisión “de tipo sexual en grupos de adultos”, mientras que ahora “hay la probabilidad de que la transmisión se dé también en otro contexto… de tipo pediátrico y no necesariamente ligado a transmisión sexual, sino a contacto directo”. Esto, sostuvo, cambia el enfoque de prevención.

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Sistema de salud frente al desafío de una variante más transmisible

Sobre los controles sanitarios, fue crítico: “El problema de la frontera siempre ha sido una de las patas cojas del Ministerio de Salud Pública”. Añadió que en aeropuertos y pasos fronterizos “existe una ausencia total de un departamento de epidemiología o de control del viajero”, lo que deja espacios vulnerables. Además, advirtió que los controles básicos son insuficientes, ya que “la incubación dura entre 5 y 21 días”, lo que permitiría que personas potencialmente infectadas ingresen y se movilicen sin detección.

En cuanto a la respuesta del sistema, indicó que “el sistema sanitario tiene una capacidad sólida diagnóstica”, pero alertó que “la vigilancia epidemiológica en campo es el problema”. Señaló también la necesidad de descentralizar el diagnóstico y reforzar puntos clave como aeropuertos y fronteras. Finalmente, subrayó que “no sería lo lógico” aplicar vacunación masiva, sino focalizada, y que debe fortalecerse “una comunicación de riesgo mucho más adecuada”, junto con medidas como lavado de manos, identificación temprana de lesiones y aislamiento oportuno.

El infectólogo Washington Alemán sostuvo que la detección del caso evidencia avances en el país: “cuando se usan medidas y técnicas diagnósticas modernas, como la medicina molecular coordinada con la parte epidemiológica, se pueden obtener resultados adecuados”. No obstante, advirtió que estas capacidades requieren fortalecerse, ya que “lo que se necesita es respaldo y presupuesto” para sostener una vigilancia molecular efectiva y continua.

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Diagnóstico molecular y respuesta sanitaria ante el mpox en Ecuador

En esa línea, enfatizó la importancia de la rapidez en el diagnóstico: “las técnicas moleculares son rápidas, con una alta sensibilidad y especificidad”, lo que permite respuestas más precisas frente a nuevos casos. Además, insistió en que este enfoque no debe limitarse al mpox, sino ampliarse a otras enfermedades, señalando que “toda la vigilancia relacionada con diagnósticos moleculares debería mantener las mismas características”.

La medicina molecular, coordinada con la epidemiología, permite obtener resultados adecuados en la detección temprana...Pero necesita respaldo y presupuesto.Washington Alemán, infectólogo

Sobre la variante actual, explicó que “aparentemente… es más transmisible que las anteriores”, lo que justifica la alerta epidemiológica y la necesidad de mayor vigilancia. Sin embargo, llamó a la calma: “lo primero es no generar alarma”, ya que “no tiene una capacidad de propagarse como una epidemia o una pandemia”. Recomendó educación, prevención y atención oportuna: “enterarse de cómo son las manifestaciones clínicas… lavado de manos… acudir a buscar ayuda médica y estar atento ante cualquier eventualidad”.

Lo que debes saber

• La Feria del Libro de Quito se realiza en medio de una tensión entre el Municipio y el Gobierno por las reformas al Cootad. 
  
• Ahora, la organización está a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro y la entrada tendrá un costo de un dólar.

La organización de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la capital, la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ), se ha convertido en el más reciente escenario de pugna entre el Municipio y el Gobierno.

Te invitamos a leer: La Feria Internacional del Libro de Quito ya tiene fecha y precio de entrada

Desde el Municipio se advirtió que con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se limita la ejecución de actividades consideradas “no prioritarias”, lo que incidió en la decisión de la Secretaría de Cultura de suspender la FILQ para este año.

Sin embargo, pocos días después del anuncio, el Viceministerio de Cultura, liderado por Romina Muñoz, aseguró que el evento sí se realizará, aunque bajo una nueva organización.

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La Cámara del Libro entra en escena 

Así, la respuesta formal del Ejecutivo no tardó en tomar forma. Ayer, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, afirmó que el Gobierno no permitirá que Quito se quede sin su feria del libro. “No íbamos a permitir que se pierda este espacio. Es uno de los encuentros culturales más importantes del país y debe mantenerse con la altura que la ciudad merece”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno acompañará la organización junto a la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Alcívar también hizo un llamado a despolitizar la cultura. “La FILQ es un espacio emblemático que no puede fragmentarse ni estar sujeto a disputas. Debe garantizarse su acceso a toda la ciudadanía”, enfatizó, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que el Municipio se reincorpore al proceso organizativo.

Mesas de trabajo con el sector

Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, reconoció que asumir nuevamente la organización implica “un reto importante”. Recordó que el gremio ya ha liderado 13 ferias entre 2008 y 2021, y adelantó que la edición 2026 buscará ser “diversa, inclusiva y representativa de todo el sector”.

Según explicó, ya se iniciaron mesas de trabajo con más de diez sectores vinculados al sector del libro y la cultura, incluyendo librerías independientes y editoriales. El objetivo es construir una feria más técnica, con datos claros sobre asistencia y perfil de visitantes, además de garantizar la participación de cerca de 190 expositores en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados.

Para los espacios hay una gratuidad de 9 m2, si requieren más, tendrá un valorFabián Luzuriaga, presidente Cámara Ecuatoriana del Libro

Sin embargo, algunas decisiones han generado inquietud. Entre ellas, el cobro de una entrada de un dólar y la falta de definición de una agenda consolidada. “La gratuidad limita el crecimiento de la feria”, argumentó Luzuriaga, al señalar que eventos similares en la región también contemplan costos de ingreso.

Presupuesto detinado a la FILQ

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, confirmó que el presupuesto destinado bordea el medio millón de dólares, con recursos adicionales que serán gestionados desde la Cámara del Libro mediante alianzas con el sector privado. Destacó, además, el reciente reconocimiento internacional del país como invitado de honor en la Feria del Libro de Lima, lo que, según dijo, refleja un trabajo sostenido con el sector editorial.

Cuestionamientos de la Asamblea del Libro

Pero desde las librerías independientes hay cuestionamientos. Pamela Ríos, integrante de la Asamblea del Libro, que agrupa a 124 librerías de todo el país, advirtió que el proceso actual podría significar un retroceso frente a los avances logrados en los últimos años.

Recordó que en 2021, tras la transición de la organización de la feria desde el entonces Ministerio de Cultura al Municipio, se implementaron mesas técnicas que permitieron una participación más equitativa, con espacios gratuitos para librerías independientes. “Ese año fue exitoso, con alta afluencia de personas y buenas ventas”, señala.

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Para Ríos, el principal problema radica en que se está “empezando de cero” en la conceptualización de la feria, pese a cinco años de trabajo sostenido. También cuestionó la falta de socialización de decisiones clave como la fecha (un mes antes de elecciones), el costo de la entrada y el lugar del evento a un sector menos accesible de la ciudad.

“El acceso al libro es un derecho. Cobrar entrada y alejar la feria del centro urbano limita la participación”, advirtió. Además, expresó su preocupación por lo que considera una “privatización” del evento, que podría excluir a sectores fundamentales del ecosistema cultural.

En un comunicado, luego de que se confirmó que la FILQ tendrá un costo, la Asamblea señaló que “cobrar entrada no es una medida menor. Es el inicio de un modelo excluyente que limita el acceso a la lectura y contradice el carácter público de la feria”.

La posible censura de autores y restricciones en la participación es otro tema de preocupación ante dudas sobre si se priorizaría a voces alineadas con el Gobierno. Sin embargo, Ríos aseguró que Luzuriaga les garantizó que no habrá ningún tipo de censura. Aun así, insistió en que lo más adecuado sería realizar convocatorias públicas.

Invitación al alcalde de Quito

Por su parte, Mateo Luzuriaga, librero independiente, lamentó la politización de la feria y sus posibles consecuencias. “El perjudicado es el lector. Estos espacios deberían estar gestionados por estructuras técnicas y no convertirse en escenarios ideológicos”, afirmó. Asimismo subrayó la necesidad de revisar políticas como los aranceles a la importación de libros.

Desde la Cámara Ecuatoriana del Libro se aseguró que en estos días invitarán formalmente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y al Secretario de Cultura, Jorge Cisneros, a sumarse a la organización, en un intento por tender puentes y garantizar la realización del evento.

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Lo que debes saber

• Ecuador mantiene el uso de barcazas alquiladas como solución al déficit eléctrico ante la falta de nueva generación propia.
• La generación térmica flotante (300 MW) que se contrató por la crisis en 2024 ahora se extenderá hasta 2028.
  
• Firmar nuevos contratos para alquilar tres barcazas no aumenta la generación térmica del país. Solo se mantiene los 300 MW.

Las tres barcazas de generación térmica contratadas durante la crisis eléctrica en Ecuador pasaron de ser una solución emergente a convertirse casi en activos fijos. El gobierno actual, a través de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro), apuesta por mantener estas embarcaciones hasta mediados de 2028 para cubrir, en parte, el déficit eléctrico del país.

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La iniciativa de mantener la generación flotante fue dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía, que solicitó el 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio MAE-VEER-2025-0381-OF a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro realizar “las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”, detalla el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

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Así, para seguir contando con estas soluciones, que según los plazos tenían vencimientos entre enero y julio de 2026, Elecaustro realiza desde febrero pasado procesos de contratación especiales (bajo la modalidad Giro Específico del Negocio) para mantener entre 280 y 290 megavatios (MW) de energía térmica, pero a un plazo mayor, hasta 2028. Esto significa que los nuevos convenios se firmarán por 800 u 820 días incluida la movilización.

Contratación bajo régimen especial

La justificación para aplicar esta modalidad, aparte de lo dispuesto por el ministerio, responde a la dependencia del sistema eléctrico nacional de “factores imprevisibles como los eventos naturales, que no pueden estimarse con exactitud”. Por esta razón, Elecaustro afirma “no poder planificar sus contrataciones para hacer frente a este tipo de eventos y reducir el tiempo de indisponibilidad del sistema energético”, según el Oficio Sercop-Sercop-2025-0253-OF de 10 de julio de 2025, al que accedió EXPRESO.

En este documento, firmado por su director general encargado, Julio José Neira, se autoriza a Elecaustro a hacer las adquisiciones y otorga un año de plazo para usar esta figura. Es decir, hasta julio de 2026.

Procesos y contratos en curso

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Para cumplir con lo dispuesto por el ente rector, Elecaustro publicó entre febrero y el 6 de abril de 2026 cuatro procesos relacionados con el “alquiler, operación de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda nacional”, en su página web. De ellos, uno está adjudicado (Esclusas IV), uno desierto (Ecuagran II), que luego se volvió a presentar con el mismo nombre y ahora está en curso junto con Esclusas VI.

Diario EXPRESO buscó detalles de estos procesos el 5, 6 y 7 de abril de 2026 en el Sercop, pero no hubo resultados ni utilizando los códigos asignados. Sin embargo, la información de estas “nuevas” adquisiciones se expone en la web de Elecaustro, aunque ciertos documentos, como Ofertas de Esclusas IV, no son accesibles.

Lo que sí detalla es que la contratación de estas soluciones se extenderá hasta por 820 días, que a Karpowership se le adjudicó ya un nuevo contrato por más de $131 millones para mantener 100 MW mediante generación térmica con Esclusas IV, antes conocida como Murat Bey, que tuvo ya dos convenios previos (ver gráfico).

Cuestionamientos legales y técnicos

La contratación reiterada de estas embarcaciones ocurre pese a que Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que la renovación de contratos solo cabe para bienes inmuebles y por una sola ocasión.

“Si la necesidad persiste se deben realizar procesos abiertos para garantizar la mayor participación de oferentes y así obtener mejores precios y condiciones para el Estado”, refiere el catedrático.

Elecaustro, por su parte, en los informes que justifican estos procesos sostiene que la incorporación de esta generación permite sostener la continuidad del servicio público de electricidad ante incrementos de demanda, mantenimientos del parque generador y posibles escenarios de baja disponibilidad hídrica (de agua), mientras se ejecutan proyectos permanentes de generación térmica.

Falta de generación propia

Más allá de garantizar el suministro eléctrico, las acciones del Estado -mediante Elecaustro- apuntan a suplir la falta de proyectos de generación propios, pese a que el Cenace ha señalado de manera reiterada la necesidad de incorporar soluciones que aseguren energía firme.

“Llevamos ya casi dos años y no se ve plantas de generación térmica en tierra propias o privadas”, refiere Gabriel Secaira, consultor energético.

La falta de proyectos propios preocupa porque si se logra mantener los 300 MW de las barcazas eso no representa nueva generación. Es decir, si se concretan las tres contrataciones Ecuador seguiría disponiendo de aproximadamente 1.300 MW de generación térmica (incluido barcazas y centrales), subraya Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.

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Mientras tanto, el déficit eléctrico (aproximadamente 900 MW) puede ir en aumento porque la demanda nacional crece en alrededor de 300 MW cada año.

Costos y subsidios de la generación térmica flotante

Elecaustro, en cambio, dice que evaluando costos de importación principalmente de Colombia durante 2024. Pero no precisa que ese año se adquirió energía térmica, que es más costosa que la hidroeléctrica, por el estiaje severo. También indica que el estimado de no tener suministro asciende a $1,53 el kilovatio hora (kWh). Por esta razón, concluye que conviene más alquilar térmicas flotantes, cuya tarifa promedio de generación es 12,85 centavos el kWh.

Acuña precisa que la tarifa referida no refleja los valores reales porque el suministro de combustibles le corresponde al Estado. Además, los derivados que usan en el sector eléctrico reciben subsidios, por parte del Fisco. “El valor total de la generación con barcazas alquiladas es más alta de lo que consta en los contratos”.

Según, el último informe de Petroecuador los valores hasta el 11 de abril de 2026 son:

Bajo el argumento de que alquilar generación térmica flotante es más económico, Ecuador tiene previsto destinar más de $500 millones para alquilar barcazas hasta 2028 -según contratos firmados, adjudicados y montos referenciales-. Este valor es mayor al establecido para los proyectos fallidos de Austral y Progen, que tenían un costo total de $231 millones.

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Un problema estructural

“Si cada año vamos a seguir contratando generación flotante, significa que no tenemos la capacidad institucional para solventar el suministro de electricidad con generación propia en tierra (…) ¿Por qué de 2023 a 2026 no hay un proyecto propio para satisfacer la demanda?”, se pregunta Andrade.

Secaira estima que con los recursos destinados para los contratos ejecutados, adjudicados y en proceso de adquisición de barcazas alquiladas, Ecuador pudo haber contratado la puesta en marcha de una central térmica propia en tierra de 400 MW. Este tipo de procesos, sin embargo, requieren de una planificación minuciosa.

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EXPRESO solicitó este 7 de abril de 2026 información a Elecaustro y Karpowership sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

Te invitamos a leer| ¿Para qué querrían que el CPCCS pierda su facultad de elección?

Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

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¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

Freddy Josue Andrade Andrade

Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

Ecuador

¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad urgente. Francesca Escala, directora de Sostenibilidad de la Universidad Ecotec, analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta el país, así como el papel clave de la economía circular.

En términos generales, ¿qué comprende la sostenibilidad en un país como Ecuador?

La sostenibilidad es un concepto integral que abarca tres dimensiones fundamentales: la ambiental, la social y la económica. No se trata únicamente de cuidar el medio ambiente, sino de garantizar que las actividades productivas sean viables en el tiempo, que generen beneficios para la sociedad y que se desarrollen de manera equitativa. En un país como Ecuador, con gran biodiversidad y riqueza natural, la sostenibilidad implica encontrar ese equilibrio entre aprovechar los recursos y preservarlos para las futuras generaciones.

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Se habla mucho de economía circular. ¿En qué consiste y por qué es importante?

La economía circular es un modelo que busca transformar la forma en que producimos y consumimos. A diferencia del modelo tradicional, que es lineal —extraer, producir y desechar—, la economía circular propone mantener los recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible. Esto significa reutilizar, reciclar, reparar y rediseñar productos para reducir la generación de residuos. Su importancia radica en que nos permite disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que abre oportunidades económicas.

¿Qué problema genera el modelo actual de consumo?

El modelo lineal que hemos mantenido durante décadas genera una sobreexplotación de los recursos naturales y una acumulación de desechos que el ambiente no puede procesar. Muchos de estos residuos, como los plásticos, tardan cientos de años en degradarse. Además, este modelo no considera que los recursos son finitos, lo que pone en riesgo la disponibilidad de materias primas en el futuro. Esto no solo afecta al ambiente, sino también a la sostenibilidad económica de los países.

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¿Qué avances existen en Ecuador en este ámbito?

Ecuador ha dado pasos importantes en materia normativa. Actualmente contamos con la Ley Orgánica de Economía Circular, su reglamento y una estrategia nacional proyectada hasta el 2035. Estos instrumentos buscan articular a todos los actores: empresas, gobiernos locales, academia y ciudadanía. La clave está en la implementación, en lograr que estas políticas se traduzcan en acciones concretas que transformen los procesos productivos y los hábitos de consumo.

Desde su experiencia, ¿qué ejemplos de economía circular se pueden aplicar en el país?

Existen múltiples ejemplos. Uno muy claro es el tratamiento de aguas residuales, donde los residuos sólidos pueden transformarse en biogás para generar energía. También está el reciclaje de plásticos, que permite reincorporar materiales al ciclo productivo y reducir la importación de materia prima. Otro caso es la llamada simbiosis industrial, donde los desechos de una empresa se convierten en insumos para otra, optimizando recursos y reduciendo impactos. Son prácticas que ya existen, pero que deben fortalecerse y escalarse.

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¿Qué tan grave es el problema de residuos en Ecuador?

Es un problema significativo. En el país se generan aproximadamente 14.100 toneladas de residuos diarios, y cerca del 77% no se separa adecuadamente. Esto implica que una gran cantidad de materiales que podrían ser reutilizados o reciclados terminan en rellenos sanitarios o botaderos. Lo preocupante es que entre el 60% y 70% de esos residuos tiene potencial de ser valorizado, lo que evidencia una gran oportunidad de mejora.

¿Qué rol cumple la academia en este proceso?

La academia tiene un rol fundamental porque es la encargada de formar profesionales con conocimientos técnicos y conciencia ambiental. Además, impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesos productivos. La vinculación entre universidad e industria es clave para generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos ambientales actuales.

"El modelo lineal de extraer, producir y desechar ha demostrado ser insostenible, porque no podemos seguir considerando los recursos naturales como infinitos"Francesca Escala

En ese sentido, ¿qué caracteriza a la carrera de Ingeniería Ambiental en ECOTEC?

Es una carrera técnica que combina ciencias básicas con herramientas tecnológicas. Los estudiantes reciben formación en áreas como química, física, matemáticas, biología y geología, lo que les permite comprender los sistemas ambientales de manera integral. Luego, se especializan en el diseño y aplicación de tecnologías para el tratamiento de agua, aire y suelo, así como en la gestión ambiental en distintos sectores productivos.

Finalmente,  ¿cómo ve el futuro del Ecuador en materia de sostenibilidad?

El futuro del país está en fortalecer su sector agrícola y aprovechar su biodiversidad de manera responsable. Ecuador tiene el potencial de convertirse en una potencia agrícola, pero esto solo será posible si cuidamos nuestros recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. No podemos depender únicamente del petróleo o la minería; debemos diversificar nuestra economía hacia actividades sostenibles.

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Una o dos veces cada 15 días, esa plaza es el punto de encuentro de los Sáenz. Abraham llega desde Naranjal para visitar a su ñaño Antonio. En la década del sesenta, cuando eran adolescentes, también acudían al sitio los sábados o domingos. Iban ilusionados por comprarse un raspado de leche. Una bebida azucarada y de tono amarillento, a la cual se le añadía hielo picado obtenido con el roce de un cepillo metálico contra la marqueta, tal como carpintero cepillando madera.

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La zona les quedaba cerca. Nacieron y se criaron en el barrio de las calles Chimborazo y Ayacucho, ubicado a menos de 15 cuadras. “Esta plaza era más comercial. Los carboneros pasaban gritando, ‘¡carbón, carbón!’, mientras tocaban una campana. Se percibía ese olor a quemado cuando aparecían”, cuenta alegre Antonio.

“Tomábamos la leche Pluca”, añade Abraham, reviviendo su risueña juventud. La Pluca fue una marca ecuatoriana, producida en la ciudad, que se volvió tradicional. Se envasaba en botellas de vidrio retornables, anchas de la mitad hacia abajo y angostas de la mitad hacia arriba. Tenían el nombre grabado en letras rojas. Era común dejar las botellas vacías fuera de las casas, junto a las puertas, listas para que el lechero se las lleve y deje nuevas llenas.

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Las anécdotas de antaño arrancan sonrisas en los adultos mayores. Hablan, gesticulan y se miran como cómplices de la misma emoción. Es como ver a dos niños entrar a una juguetería.

“En esa época en que estábamos chicos oíamos hablar a los grandes de lo bacán que era ir a El Barquito de Daniel Santos”, continúa Abraham.

Santos fue un reconocido artista puertorriqueño que, entre finales de los 50 e inicios de los 60, se presentó en algunas ocasiones en El Barco, un restaurante ubicado cerca del puente 5 de Junio. En Ecuador, su fama aumentó por sus inolvidables dúos con Julio Jaramillo, el Ruiseñor de América.

Con un tono de lamento, los Sáenz rememoran que antes se podía salir de los antiguos salones de baile por la madrugada, sin sufrir robos. Se andaba sin mayor preocupación con la leontina (cadena para sujetar relojes de bolsillo, a veces de oro) a la vista.

“La gente regresaba a pie después de bailar y no pasaba nada. Algunos medio borrachitos se iban a comer por la antigua maternidad (actual hospital Bicentenario) arroz mojado con puro jugo de seco de chivo, en un restaurante de esa zona. Era lo único que les quedaba, luego de vender todo, pero era riquísimo”, detalla Abraham.

Las descripciones de los hermanos son más que añoranzas nostálgicas. Son relatos vivos que perduran en quienes llevan marcado ese Guayaquil del ayer, como Wington Caregua, un riosense de 72 años radicado en Guayaquil desde los 12. Él sigue asistiendo a los emblemáticos parques Seminario (también conocido como de las iguanas) o Centenario, para hacer lustrar sus zapatos como cuando era joven. Siempre viste con camisa, pantalón de tela y su sombrero de mimbre en tono caqui.

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Antes, los lustrabotas tenían pequeños cajoncitos de madera en donde guardaban su equipo de trabajo y un pequeño banquito para sentarse y trabajar. Recorrían las calles buscando clientela. Su labor estaba impregnada por esa mezcla de olores entre la tinta para el calzado y la crema para lustrar. Ahora atienden al público en grandes asientos metálicos adecuados para eso. Ya no andan buscando interesados, están en puntos fijos en esos parques.

“Cuando puedo, me doy un tiempo para venir porque los zapatos quedan mejores, ellos son los que saben. Antes venía más porque solía comer con mi familia en un restaurante que vendía unos secos de carne, de guanta, buenísimos. Uno pasaba y el olor lo atraía. Esos platos no es que se perdieron, pero antes los hacían más”, narra.

Wington también visitaba la plaza San Francisco para comprar hamacas o abrigos que ofrecían comerciantes principalmente otavaleños. Exhibían su mercadería en el callejón que hay junto a la iglesia homónima, ubicada en esa área.

Conservar tradiciones y vivir más la ciudad

“¿Se acuerda que antes también había muchos quiosquitos de los vendedores de lotería?”, pregunta al lustrabotas que lo atiende. Él hombre, sin despegar su mirada de la franela con la que le saca brillo al calzado, responde un sí, levantando las cejas como sorprendido del implacable paso del tiempo.

El parque Seminario es el lugar más bonito de Guayaquil para Narcisa Ordóñez. La mujer, de un marcado semblante alegre que la hace lucir menor a los 62 años que tiene, explica que siempre le atrajo el sitio porque es visitado por turistas extranjeros y nacionales.

Su afirmación es inobjetable. En el parque resuenan todo el día los flashes de las cámaras de los turistas. El sonido se adorna con dialectos en otros idiomas, como el inglés o el mandarín. La campana de la iglesia Catedral, ubicada cruzando el parque, también aporta al ambiente sonoro cada vez que anuncia que una misa está por iniciar.

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“Me gusta ver que ellos visitan nuestra ciudad. Desde que yo me acuerdo, a finales de los 70, ya venían los turistas. Sentarme aquí me transmite felicidad y paz”, describe entusiasta Narcisa, mientras recibe con agrado una brisa fresca proveniente del manso Guayas.

Ella extraña ver con más frecuencia esa vestimenta tradicional compuesta por guayaberas, pantalones negros y vestidos en tonos pasteles. “Eso no deberíamos perder”, dice.

Sentado en una de las bancas del parque Centenario, Carlos Mauret, un milagreño que arribó a Guayaquil en 1966, recuerda que caminaba del cerro del Carmen, donde vivía, hacia el teatro al aire libre Bogotá (actual plaza Colón), para ver presentaciones musicales.

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Ahí vi a los artistas mexicanos Javier Solís, Antonio Aguilar y hasta Tin Tan. La gente iba a divertirse tranquila. No es que no había delincuencia, pero era bien raro que te roben. Ahora hay que andar mirando a todos lados, no hay que descuidarse”, expresa pensativo.

Todos estos lugares emblemáticos, aunque con cambios y sin algunas actividades que los caracterizaban décadas atrás, continúan en pie en la actualidad. Quienes los disfrutaron en esos años, sin la distracción tecnológica del celular, siguen promoviendo esos relatos como símbolo del guayaquileñismo.

En la actualidad toca vivir los espacios de tradición bajo la cruda aceptación de que la inseguridad, el tiempo y las costumbres apagaron un poco el espíritu bohemio. Pero esa mirada al pasado, más que por nostalgia, debe ser un cañón para apuntar a ciertas cosas que podríamos retomar y mejorar.

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Raúl Iván González, presidente de Construye, dialogó con EXPRESO sobre la participación del movimiento en las próximas elecciones y la cancelación de la tienda política.

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- ¿Cómo recibe el argumento del Consejo Nacional Electoral para cancelar al movimiento Construye?

- Lo tomamos como un acto en el cual, la administración pareciera desconocer el proceso histórico que ha tenido el movimiento. Según el informe técnico, hecho por la Dirección de Organizaciones Políticas, dice que nuestra organización política tiene cero adherentes permanentes; esto significaría que ni los miembros directivos de la organización están adheridos a ella.

El CNE nos ha acompañado en las primarias y en elecciones de directivas; un requisito es el padrón.-

- ¿Ustedes recibieron correos donde les indicaban quiénes se desafiliaban?

- Nosotros, desde 2018, cuando retomamos nuestra personería jurídica, jamás hemos sido notificados de una sola desafiliación. El CNE no nos ha informado.

- ¿Han consultado al CNE por qué no le han notificado las desafiliaciones?

- Sí, hemos hecho un pedido de información, el 23 de marzo de este año, solicitándoles que nos envíe las notificaciones o, al menos, las copias certificadas de todas las solicitudes de desafiliación del movimiento.

- ¿Han recibido respuesta?

- No, no hemos recibido ninguna respuesta.

- Desde su perspectiva, ¿este proceso responde a criterios técnicos o políticos?

- Para nosotros, esto es un problema político porque se vio la insistencia de la presidente del Consejo en tomar esta resolución. (Pero) Si es un tema político, la defensa se vuelve compleja; si es un tema jurídico, nosotros en derecho nos podremos defender.

- ¿Ustedes creen que les devolverán la personería jurídica, como en 2018, luego de las seccionales?

- Nosotros agotaremos todos los recursos como lo hicimos anteriormente.

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- ¿Cómo evalúa el cambio del calendario electoral?

- Es para favorecer a un jugador.

Siempre debería parecernos terrible que se cambien las reglas de juego para intentar favorecer a una fuerza política.-

- ¿Esa decisión a ustedes lo perjudica o no?

- Siempre vamos a plantear alternativas; siempre vamos a discutir posibilidades de alianzas, como lo hemos hecho siempre en la participación política. A veces tenemos un resultado bueno y a veces no.

- En el caso de que no tengan la personería jurídica, ¿ustedes piensan participarán en alianza con alguna organización política?

- Cuando decidimos formar una organización política, decidimos formarla porque no coincidíamos del todo con las otras organizaciones políticas. A nuestros compañeros, quienes aspiran y esperan ser candidatos en distintas localidades del país, están liberados; eso es lo que les digo, a diferencia de los señores de otros movimientos que están llamando a desafiliarse, a nosotros nos han dado desafiliando a todos.

- Es decir, ¿todos los cuadros de Construye podrán participar con otras tiendas políticas?

- Claro, porque no han estado afiliados nunca, según el CNE. Ellos no estarían impedidos de participar por ninguna organización política, si así lo quisieran hacer. Pero en sí, el movimiento no estaría buscando alianzas para participar con el nombre de Construye; pero si se mantiene en la papeleta, lo hará e impulsará los procesos de alianza que correspondan con la mayor cantidad de organizaciones políticas en los que podamos confluir en una tendencia para confrontar el autoritarismo.

- ¿Por qué?

- Porque lo que está en juego en el país es la democracia, cuando se cooptan instituciones, cuando se busca controlar todos los poderes del Estado, se pone en riesgo la democracia; eso es algo en lo que nosotros creemos y lo defenderemos si es que así llega a pasar. Si se actúa en derecho eso debería ocurrir, pero lamentablemente estamos en un momento político en el que el derecho no es la herramienta fundamental con la que se está actuando.

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Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.

El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?

Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.

Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.

Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad

Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.

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“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.

Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente

No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.

En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.

El poder ciudadano como última frontera

Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.

“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.

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EXPRESO ha enviado más de 60 pedidos de información sobre compras públicas, stock, presupuesto y planes de contingencia, muchos sin respuesta o con datos incompletos. También se han solicitado detalles sobre deudas a proveedores, cambios de gerentes y modelos de gestión. La constante ha sido la ausencia de información verificable. El hermetismo oficial, lejos de aliviar la crisis, profundiza las dudas ciudadanas.

En este contexto, EXPRESO consultó al MSP y al IESS por qué se mantiene este silencio oficial y solicitó entrevistas con sus máximas autoridades. Hasta el cierre de esta nota, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta.

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"La solución no siempre está en sus manos", dicen los expertos

Por su parte, el exministro de Salud, Antonio Naranjo, sostuvo que el silencio del MSP y del IESS frente al desabastecimiento puede responder a que la solución no siempre está en sus manos. “Muchas veces, la solución del problema está fuera del alcance de las instituciones. Entonces, en vez de generar una sensación de preocupación en la ciudadanía, buscan la solución antes de dar un comunicado oficial”, afirmó.

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Asimismo, Naranjo explicó que el Ministerio cuenta con un sistema que mide en tiempo real el abastecimiento y que, en promedio, suele ubicarse en 85 %. Sin embargo, advirtió que el porcentaje general no refleja faltantes específicos: “A veces hay ciertos medicamentos que se agotan más rápido que otros”, como antihipertensivos y antidiabéticos, debido a su alta rotación y a que las compras se realizan por lote.

Además, señaló que la centralización de compras responde a una lógica de control y ahorro, aunque reconoció que la logística es compleja y depende del presupuesto disponible. “No es tan fácil resolver las cosas”, dijo, al añadir que existen históricos de consumo que permiten proyectar necesidades, pero que factores como el envejecimiento poblacional y la migración incrementan la demanda de medicamentos en el sistema público.

En la misma línea, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sostuvo que no puede atribuir directamente el silencio del MSP o del IESS, pero advirtió que “definitivamente algo está pasando” si ni los ministros ni la vicepresidenta logran resultados. A su criterio, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: “Creo que cae principalmente sobre las funciones del primer personero de la República”.

Como hipótesis, planteó que el problema estaría ligado a restricciones económicas. “Para mí, sigue siendo el torpedeo de los recursos económicos”, afirmó, al señalar que se prioriza “la consolidación económica antes que la propia salud y vida de la gente”. Añadió que, aunque los recursos consten en el papel, “en la práctica no se ve”, lo que impacta directamente en la gestión sanitaria.

Muchas veces el silencio se da porque la solución está fuera del alcance inmediato
de las instituciones; entonces prefieren resolver antes de
dar un comunicado oficial.Antonio Naranjo - exministro de Salud

De igual manera, Andino cuestionó las limitaciones internas y posibles cláusulas de reserva que impedirían hablar abiertamente. “Es un equívoco no poder conversar con la gente los problemas y buscar soluciones en conjunto”, señaló. Y agregó que existen “cláusulas de reserva y de no hablar… es decir, trabajo en condiciones paupérrimas y, encima, no tengo el derecho ciudadano que me brinda la Constitución de poder decirlo”, calificando esa situación como “verdaderamente lesiva”.

A su vez, Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que el gremio mantiene una postura de apertura ante el silencio del MSP y del IESS. “Nosotros nos hemos declarado siempre en una constante espera de establecer un diálogo constructivo, un diálogo de aporte”, afirmó, al indicar que incluso han puesto a disposición un comité de expertos y enviado documentos a las autoridades sin obtener respuesta.

Respecto a los anuncios de adquisición de fármacos, cuestionó que no se detalle el alcance real y advirtió que la situación en hospitales públicos es crítica. “Son insuficientes, no se logra abastecer verdaderamente”, dijo, al relatar que reciben reclamos de médicos en provincias donde “verdaderamente muchos de ellos no tienen anestesia”, lo que calificó como una realidad “lacerante” en las unidades operativas.

Finalmente, Tenorio expresó expectativa frente a la eliminación de coordinaciones zonales y el retorno a direcciones provinciales. “Tenemos esperanzas de que quienes están dentro de sus propias provincias puedan hacer hincapié en lo más inmediato de las necesidades sanitarias”, sostuvo.

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En paralelo, desde la Asamblea Nacional, iniciativas como la reforma al Cootad, más la Ley Lootugs, entre otras, apuntan a un rediseño del alcance de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Eso ha reavivado el debate sobre los límites de la autonomía local frente al poder central.

En esa línea, Juan José Illingworth, defensor de la descentralización, dice que le parece preocupante, “una orientación hacia acumular más poder y a debilitar el poder local”. Lo leo —apunta— a través de distintas iniciativas. En la que se aprobó (Lootugs, de Ordenamiento Territorial) se interviene en la potestad municipal de decidir sobre el uso del suelo”.

A su criterio eso afecta la autonomía de los municipios. También en la reforma al Cootad, que habla de eficiencia en el uso de recursos. “La veo como un intento de debilitar las finanzas de los GAD para cubrir falencias financieras del Gobierno central”.

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De lo contrario, precisa, “no se habría colocado una penalidad, para quitarle la plata, 35 % de asignaciones, sino en premiar a los que cumplen. En los considerandos se reconoce que los GAD en su conjunto destinan 40 % de todo su presupuesto a inversión y el Gobierno central, solo 4 %”.

¿Qué acciones ha hecho el Ejecutivo sobre GAD?

Illingorwth identifica acciones que van en detrimento de la autonomía de los GAD. Menciona las intervenciones a Segura EP de Guayaquil, a la Empresa de Tránsito de Samborondón, el intento de tomar el control de la Autoridad Portuaria, con una reorganización del directorio.

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Sobre la aprobación de leyes como la Lootugs

En contraste, el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, anota que hay un “total abandono de las responsabilidades del Estado en salud y educación”. Por lo que no le parece que el Ejecutivo “se inmiscuya en competencias que no son suyas, zapatero a tus zapatos”.

Eso en relación a la aprobación de leyes como la Lootugs y otra que está en trámite para supuestamente incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

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“Debe haber coordinación en políticas macro, existían instituciones como el Ministerio de Vivienda (se integró al de Transporte y Obras Públicas)”.

En una de sus columnas en EXPRESO, el analista Xavier Flores advirtió que al aprobar la Ley Lootugs se vulneraron competencias exclusivas de los municipios, para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo.

“Uno de los objetivos es evadir el control de los municipios y facilitar la expansión de las zonas urbanas, con un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia”.

Sobre descentralización y corrupción

La analista Gabriela Calderón ha subrayado que defender la autonomía y la descentralización no es defender la corrupción y el despilfarro. Así tampoco defender el centralismo es defender la austeridad y la buena administración pública.

“El gobierno central concentra la mayor parte de recursos y competencias y protagoniza mayores escándalos de corrupción y despilfarro”, dijo.

Algunos GAD no usan bien la autonomía, pero el intento de centralizar el poder no es democrático.Wladimir Sierra - Analista político

La disputa por el poder político: Wladimir Sierra

Para el analista Wladimir Sierra, todo se enmarca en una disputa por el poder político. Cada grupo busca absorber la capacidad de acción en la mayor parte del territorio nacional. Al presidente Daniel Noboa, dice, le restan tres años en el cargo; busca apropiarse de esas capacidades locales.

Pese a eso, Sierra asegura que hay que reconocer que algunas alcaldías llevan adelante estrategias de bloqueo a políticas del Ejecutivo. Pero sostiene que al movimiento oficialista ADN le mueven los intereses de grupos económicos.

En torno a las preocupaciones por el debilitamiento de la autonomía, Wladimir Sierra opina que el nivel de descentralización es un indicador de democracias maduras, lo que se está minando en el país.

El sociólogo Sierra plantea que hay algunos gobiernos locales que no usan correctamente esta autonomía e incluso se han involucrado en actos de corrupción, al estar por fuera de control estatal. Sin embargo considera no solo un retroceso sino un acto antidemocrático, que se debilite la autonomía de los GAD.

“Mientras más se desconcentra la toma de decisiones y la ejecución de obras, más fortalecida estará la democracia”, reitera.

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Acciones frente a la reforma al Cootad

La UNE, alcaldías como la de Quito y prefecturas como la de Pichincha y partidos como el Socialista han demandado la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

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Quito

Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

-Si bien los rige el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿por qué pareciera que su reacción es lenta?

Actuamos en el marco de lo que establece el COA, el control se encamina a cumplir ordenanzas y seguimos el debido proceso. Actuamos frente a denuncias ciudadanas, pero tenemos una programación propia, derivaciones de otras instituciones, emergencias previstas por el ECU 911 y debemos responder según los recursos que tenemos.

-¿Por qué no actúan de oficio ante infracciones?

Lo hacemos, en el Código Municipal hay infracciones que se pueden verificar en flagrancia (consumo de alcohol en la acera o usar la calle como baño público); pero otras faltas son ordinarias; en el caso de construcciones, la ordenanza pide sancionar en función del metraje de una edificación, no es la misma multa para quien construyó un baño de 40 m2 o un edificio de 500 m2, pero hay que hacer mediciones o, según el caso, vuelos con dron, fotografías aéreas; además dar con el dueño de la edificación, buscando a nombre de quién está el predio.

Quito

"Abandono en el control del espacio público de Quito genera caos": Daniela Valarezo

-En el caso de la concesionaria de autos que invadió la acera, ¿pesó más la presión ciudadana?

La ciudadanía es nuestra mayor aliada, el vecino que alerta nos ayuda. En ese caso puntual, hubo todo un proceso, suspendimos la obra y pese a eso, se abrió el local. Se verificó que no tenía licencia para eso y clausuramos. A la marca por reputación no le convenía ese sello y corrigió, pero la mayoría no lo hace.

-¿Qué pasa en la mayoría?

El COA obliga a seguir un proceso hasta multar y no pagan, impugnan. Para tramitar la ejecución del cobro tengo 15 personas. Hay 170 mil expedientes, algunos pendientes desde antes de que se creó la AMC, en la época de las comisarías, hace 16 años. Cada funcionario tiene nueve mil expedientes para cubrir.

-Incluso para el concejal de oposición, Michael Aulestia, la AMC está saturada y con poca capacidad de respuesta. ¿Cuánta gente tiene?

Son 356 funcionarios. En todo el distrito hay 37 inspectores notificadores para controlar a limpiaparabrisas, comercio autónomo, libadores, etc.

Quito

Michael Aulestia critica a Pabel Muñoz: “Hay tibieza y falta de decisiones”

Además, 16, para construcciones, movimiento de tierras y lotizaciones en 10 administraciones zonales; 12, para quebradas, vallas publicitarias, aceras y cierre de vías, arrojo de aguas servidas; 14 sustanciadores, que elaboran informes, etc. Tengo más apoyo en trabajo comunitario (1.600 personas), que personal.

-¿Qué tantos casos resuelve la AMC cada año?

En 2022 se resolvieron 6.349 casos; en 2025 cerramos con 15.826 y ya en este año estamos en 4.345. Optimizamos procesos, incorporamos drones, interconexión con otras instituciones, para intercambio de datos, reuniones de seguimiento, le metemos presión al funcionario. Tenemos 25 camionetas y choferes que trabajan en turnos.

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Quito y sus incivilidades: ¿puede campaña como la de Don Evaristo cambiar historia?

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-En Quito pareciera que no hay Dios ni ley, por las incivilidades. ¿No ha pedido más manos?

Habíamos coordinado con el alcalde pasar de 356 a 665. Se requieren $8 millones para implementar la estructura. Y el Cootad nos puso límites.

-Daniela Valarezo, exintendenta, proponía sumar a los policías metropolitanos.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público limita porque podrían actuar solo como complemento a acciones de seguridad.

El alcalde Pabel Muñoz les iba a transferir funciones para que apoyen en espacio público, pero si me apoyan 1.200 funcionarios y tengo 15 sustanciadores, en la AMC se creará un embudo.

-¿Qué se hace en otros países? ¿Hay más respeto?

La cultura de cumplimiento de la norma está más interiorizada. Acá las multas no son bajas, en construcciones podemos llegar a cien salarios básicos, más de $40.000, por construir al filo de quebrada o en ribera de un río. Si es una tienda, $ 400.

-¿Cómo actúan los infractores con la AMC?

A nuestros funcionarios los golpean y amenazan. Se consiguen su número y les dicen que saben dónde viven y que tienen hijos. En los últimos dos meses registramos tres casos; uno luego de una inspección en una discoteca por la Universidad Central y otro, en galleras por el Chocó Andino, le dijeron que le cortarían la cabeza.

A la abogada a cargo de denunciar a un agente metropolitano, que se hacía pasar por inspector de la AMC, en cuya vivienda encontramos sellos e identificación adulterados, le llegó la amenaza al teléfono, le dieron tres días para renunciar. La jueza de este último caso lo dejó en libertad, no calificó el hecho flagrante descubierto en articulación con la Policía.

Las tareas a cargo de la AMC de Quito

La AMC debe sancionar a quien saca la basura a horas indebidas, a las construcciones ilegales, son 400 tipos de infracciones. Y debe ejecutar lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso con el alcalde trabajan en una propuesta de reforma y esperan que algún legislador la impulse para reducir tramitología.

¿Quién es Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC de Quito?

Es supervisor de la AMC desde marzo del 2025 (cumplió un año en el cargo). Trabajó en la Corte Constitucional. Es docente universitario. Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito; maestría en Derecho penal y constitucional, en la Universidad Andina. Fue asesor legislativo, trabajó en la construcción del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y Código Administrativo.

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Economía y negocios

Esta es la lista de alimentos que se mantienen con 0 % de IVA en Ecuador

Lisbeth Zumba

Cerca de 60 productos que se comercializaban sin ese impuesto ahora deberán aplicarlo. La medida llega cuando la canasta básica familiar cerró enero de 2026 en $821,80, frente a un salario básico de $482.

El presidente Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio, defendió la solidez del consumo interno. Afrimó que el primer trimestre de 2026 registra las ventas locales más altas de la historia del Ecuador.

Definió los productos sin IVA como alimentos, medicinas y transporte, y sostuvo que el país consume a doble dígito más que antes. "Hemos hecho ajustes sin afectar el consumo", dijo.

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Tensión por el IVA: leche y pan pueden encarecerse por tributo

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Los gremios piden derogar la circular

Los gremios productivos cuestionan esa interpretación. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) fue la más directa y solicitó que se derogue la circular, al considerar que introduce elementos de interpretación que no están previstos en la ley y que debilitan la seguridad jurídica.

En una entrevista con Expreso la Cámara explicó que si los contribuyentes comercializaron productos con tarifa 0% es porque la ley los ampara, y que esa decisión responde a análisis técnicos serios. Advirtió además que cualquier intento de interpretación que exceda el marco legal del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) desnaturaliza el principio de legalidad tributaria.

Por su parte la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) también advirtieron en un oficio al SRI que la circular genera inseguridad jurídica al introducir diferenciaciones sobre lácteos y pan que no constan en el artículo 55 de la LORTI, y que el alza de costos terminará en el bolsillo del consumidor final.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) reconoció que no se trata de una nueva carga tributaria, pero advirtió al Gobierno de Daniel Noboa sobre impactos operativos inmediatos en la cadena de suministro y planteó la conformación de una mesa técnica para analizar la medida.

Aunque los gremios difieren en el tono, coinciden en que la medida genera incertidumbre en el mercado. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) proyecta un alza del 2% en la canasta básica y advierte efectos indirectos en toda la cadena productiva, por el encarecimiento de insumos y ajustes operativos que terminan trasladándose a precios.

¿Puede una circular cambiar la ley?

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advirtió que la circular abre la puerta a cobros retroactivos de hasta cuatro años y que el golpe recorre toda la cadena: consumidor, comercio, industria y productor primario.

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IVA del 15% a alimentos: lista completa de lo que ahora te costará más

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Víctor Serrano, experto tributario, respaldó ese argumento en el plano legal: el Código Tributario establece en sus artículos 7 y 11.1 que las circulares del SRI no pueden cambiar el sentido de la ley ni ampliar su alcance, criterio ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia 2-21-IN/24 del 28 de febrero de 2024.

Gómez de la Torre fue más gráfico: permitir que el SRI modifique la ley por circular es como si la Agencia Nacional de Tránsito emitiera un oficio autorizando pasarse un semáforo en rojo. "Pueden escribir lo que quieran, no tiene valor jurídico", dijo. "Si quieren cambiar la ley, que lo hagan en la Asamblea", afirmó. La CCG, en la misma línea, señaló que analiza el alcance de la disposición para definir las acciones legales a seguir en defensa de sus afiliados.

Un golpe a la producción nacional

Christian Walli, de la Cámara de Alimentos y Bebidas, coincidió con Gómez de la Torre en el impacto sobre la producción y fue más enfático en sus críticas. Señaló que resulta contradictorio que Ecuador exporte más de $20.000 millones en productos agrícolas, con una balanza comercial positiva, mientras se afecta a productos procesados como yogures, pulpas y jugos, considerados parte de una oferta saludable y de un sector declarado prioritario para el país.

También advirtió una posible asimetría frente a los tratados internacionales. En categorías como el atún, explicó, el 15% recae únicamente sobre el producto importado y no sobre el nacional. “El productor no puede absorber ese aumento. Lo pagará el consumidor”, afirmó.

Gómez de la Torre detalló el efecto encadenado en la cadena láctea: entre el 25% y el 30% del procesamiento industrial corresponde a las variedades deslactosada, descremada y semidescremada, exactamente las que ya debían gravarse según el SRI.

Si el consumo cae, la industria reduce la compra al productor primario y este pierde mercado. El economista Jonathan Baez reforzó ese diagnóstico con datos que contradicen la postura gubernamental: el atún y los fideos forman parte de los 15 principales gastos del decil más pobre de la población, por lo que la aplicación de la tarifa golpeará directamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

¿Qué pasa con la lonchera escolar?

La circular también impacta la lonchera escolar, en un país que bordea el 20% de desnutrición infantil. Productos de consumo cotidiano como el pan, el jamón, los yogures saborizados y las leches endulzadas —que los niños llevan a clases— pasarían a pagar el 15% de IVA, según la interpretación del SRI. En la práctica, esto encarece uno de los gastos más recurrentes de los hogares ecuatorianos.

“¿Cómo voy a hacer la lonchera? ¿Voy a poner yogures sin sabor, sin endulzante?”, cuestionó Walli.

¿Qué pasa con los productos para pacientes con diabetes y enfermedades crónicas?

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IVA en alimentos: Empresarios alertan impactos operativos y de costos

Lisbeth Zumba

El impacto es más agudo en poblaciones con enfermedades crónicas. Lucía Mantilla, directora ejecutiva de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador, planteó una paradoja que el Gobierno no ha respondido: el azúcar tributa 0% de IVA por ser producto de primera necesidad, pero es el elemento más dañino para los diabéticos, mientras que los edulcorantes saludables ya debían pagar el 15% según la circular.

Walli ve más a futuro y advirtió que con esta medida toda una gama de productos sin azúcar simplemente saldrá del mercado, golpeando directamente a quienes los necesitan por prescripción médica.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en Ecuador hay cerca de 17.000 pacientes con diabetes tipo 1 y más de medio millón con diabetes tipo 2.

La enfermedad está entre las primeras causas de muerte en el país, atribuible al 12,4% de los fallecimientos. El tratamiento puede costar entre $500 y $600 mensuales en diabetes tipo 1, y más de $2.300 anuales en diabetes tipo 2, sin contar complicaciones.

"No son solo 70 u 90 centavos más. Sumados al día, al mes y de por vida, ya es un impuesto terrible", afirmó Mantilla. La CCG reconoció esta dimensión y manifestó disposición a trabajar con fundaciones de pacientes para construir soluciones con tratamiento diferenciado.

¿Derogación o reforma legal?

Los gremios exigen que el SRI derogue la circular y, de necesitar mayor recaudación, el Gobierno lo haga mediante reforma legal en la Asamblea Nacional.

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Corte dictamina constitucional el acuerdo Ecuador-Emiratos con condición clave

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también rechazó la medida: "Comer en Ecuador ahora será más caro. Un regalo de Semana Santa por parte del Gobierno", señaló. La pregunta que queda abierta, y que el Gobierno no ha respondido, es si quienes facturaron con tarifa 0% durante años deberán presentar declaraciones sustitutivas y pagar el impuesto con intereses y multas retroactivos, un escenario que los gremios califican como devastador para la economía del país.

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Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

Te invitamos a leer| ¿Para qué querrían que el CPCCS pierda su facultad de elección?

Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

Guayaquil

¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

Freddy Josue Andrade Andrade

Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

Ecuador

¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• Celec intenta incorporar 30 MW de Austral sin contar con la recepción provisional de la obra o la terminación unilateral del contrato.
• Las actas firmadas en 2025 permitieron realizar pagos tras la presentación de facturas o verificación visual.
• La generación sigue en pruebas, con riesgos técnicos, legales y sin garantías claras. Hay un arbitraje en curso.

El afán del Gobierno por incorporar megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador para cubrir parte del déficit de casi 900 MW no advierte límites. Tras el fracaso de los proyectos Progen y Austral Technical Management (ATM), que debían aportar 241 MW entre finales de 2024 e inicios de 2025, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) busca sumar al menos 30 MW, de Esmeraldas III, a cargo de Austral, sin contar con respaldos formales.

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Los equipos que aportarán este suministro son parte de la isla 3, conformada por 16 de 42 motores de Austral. Estos componentes y otros elementos de esta central térmica, fueron recibidos “a entera satisfacción” en 2025 mediante actas de entrega - recepción provisional, firmadas por José María Estupiñan Zambrano, administrador del contrato, y Nicolás Maurice Pic, en representación de ATM. Aunque estos procedimientos de verificación no exigían mayor rigor.

Según tres documentos de febrero, marzo y mayo de 2025, a los que accedió Diario EXPRESO, la validación de los motores, transformadores, sistemas de protección y otros -que constan en actas- son un recurso para habilitar el pago, según hitos establecidos en una reforma modificatoria del contrato, acordada mutuamente.

Recepción parcial permitió pagos sin validar operación de la planta

En este convenio se plantea que los desembolsos se realizarán:

En total, el contrato con Austral asciende a $89,9 millones, de este monto se han cancelado ya $71,4 millones (ver gráfico).

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Por estas razones, Gabriel Secaira, consultor energético, precisa que, según los documentos, no existe una recepción provisional de la obra contratada (central de generación térmica de 91 MW). Tampoco se ha declarado al contratista incumplido, pese a que el proyecto no cumple con lo requisitos técnicos, según reveló en julio de 2025 la Contraloría General del Estado y lo ratificó meses después la Celec mediante un informe notarizado.

No hay recepción de la obra ni terminación del contrato

En el sector eléctrico tampoco se conoce sobre la terminación unilateral del contrato. De hecho, el arbitro de emergencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito dispuso a la Celec en agosto de 2025, entre otros, suspender la pretensión de terminar de manera unilateral el contrato con Austral, mientras no se resuelva este proceso de fondo.

Estos elementos (recepción provisional, terminación del contrato) son claves para justificar, según la norma, la participación del Estados ecuatoriano, a través de la Celec, en las instalaciones de Esmeraldas III.

La “desesperación” por incorporar un megavatio al sistema eléctrico no es suficiente argumento para intervenir en proyectos, que tienen litigios en curso, refiere Luis Alberto Andrade, especialista en Contratación Pública. 

Y agrega que si bien se debe priorizar el interés general de los ciudadanos eso “no significa pasarse la ley, para cumplir. Las soluciones se buscan dentro del marco legal” porque las consecuencias de no hacerlo pueden tener un efecto negativo para el Estado ecuatoriano.

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Esta realidad no es ajena para el gobierno. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, reconoció el 25 de marzo pasado que “aunque aún estamos en litigio, los generadores de ATM inician su entrada al SNI (Sistema Nacional Interconectado) para las pruebas técnicas”. 

La Celec agregó el 25 de marzo que las maniobras no implican aceptación de los equipos ni renuncia de derechos del Estado. Tampoco generan obligaciones ni cambian la posición jurídica de esta empresa pública, en este caso.

La meta de la entidad era incorporar 30 MW al sistema nacional hasta el 31 de marzo de 2026, aunque en diciembre de 2025 la Celec reconoció que los motores de ATM no ofrecían esas garantías. Esta intención, sin embargo, aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Dos de tres especialistas consultados este 8 de abril de 2026 por EXPRESO señalaron que la incorporación de esa generación aún no ha tenido éxito porque no pueden permanecer conectados de manera establece. Aunque se conoce que los 16 equipos que están a prueba sí son compatibles con la frecuencia del sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz), 32 no tienen esas condiciones (50 Hertz).

Pruebas sin respaldo y riesgos técnicos en la operación

Además, la puesta en marcha de una central de generación debe cumplir etapas antes de entrar en una operación comercial. Las fases son:

En procesos, que no están en litigios, a partir de la última etapa recién se puede hacer una recepción provisional del contrato, que en este caso es la incorporación de 91 MW. Y luego se hace la definitiva, si no existen novedades. A partir de allí, una obra está formalmente en manos del Estado.

Riesgos legales y falta de garantías marcan la operación

Ante esta realidad, “la Celec se está atribuyendo responsabilidades que le pueden dejar sin piso. Se podría perder hasta la garantía técnica por intervenir equipos que no han sido recibidos”, precisa una fuente próxima a esta entidad estatal, que pidió la reserva de su identidad.

La garantía en equipos de generación tiene un plazo de alrededor de un año para generadores nuevos, pero en este caso por tratarse de motores que datan de 2019, Secaira duda que se cuente aún con esos respaldos.

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Para garantizar la operación de bienes públicos como los de una central térmica se requiere también contar con un seguro, refiere Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador. Sin embargo, el especialista considera que ante la controversia que ha generado la contratación de estos equipos será difícil contratar una póliza, en el caso que el gobierno logre sumar los 30 MW.

En este escenario, Salinas refiere que al no cumplir con los procedimientos técnico, legales ni seguros, la puesta en marcha de esta planta térmica resulta incierta. “¿Quién va a ofrecer seguros para esa chatarra?”.

Los puntos claves 

• No hay calle en Guayaquil libre de baches; avenidas principales, calles internas y barrios residenciales presentan huecos que convierten los recorridos diarios en un calvario.
• La magnitud de los baches ha llevado a comparaciones dramáticas, como las de quienes aseguran que incluso la tripulación del Artemis II, que observó la cara oculta de la Luna, confirmaría que en Guayaquil hay menos cráteres que en sus calles.
• Vecinos denuncian que, pese a pagar impuestos, patentes y contribuciones especiales, las obras no llegan, los arreglos duran poco y el mantenimiento vial es parcial.

No hay calle de Guayaquil libre de huecos ni barrio donde las quejas no apunten al abandono vial que sufre la ciudad, a la que algunos residentes ya llaman la “ciudad lunar”. Los baches se multiplican en avenidas principales, calles internas y zonas residenciales, convirtiendo los recorridos cotidianos en un riesgo constante para conductores, motociclistas y peatones.

Mapasingue, centro y norte… todo es hueco. Mis impuestos no llegan a nada: ni a calles, ni parques, ni a sombra.Daniela Cucalón, residente de Urdenor

Desde hace semanas, incluso antes de las lluvias que azotaron al Puerto Principal, ciudadanos denuncian ser víctimas de estos agujeros imposibles de esquivar. Mapear las zonas más afectadas resulta casi imposible: cada barrio, sector turístico o zona vulnerable suma sus propios cráteres, sin que se vislumbre —al menos no de forma integral, aunque el Municipio asegura que sí— un plan de reparación o mantenimiento que perdure en el tiempo. A eso apunta la queja colectiva.

Pagamos más y vemos menos. Indigna. El caos del Municipio se siente y lo estamos pagando los ciudadanos.Diego García, residente del barrio Centenario

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"Daniel Noboa odia a Guayaquil”: concejal afirma que se intenta destruir la ciudad

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Diego Montoya, de la ciudadela Las Orquídeas, resume la frustración de muchos, que se escucha en la calle, llega a esta redacción o se multiplica a diario en redes sociales. “Decir dónde están las zonas más afectadas sería como dibujar a toda Guayaquil y ubicarle banderines rojos en cada cuadra… no hay zona que se salve. El asfalto se ha desvanecido y caído en pedazos en toda la ciudad. Son unos pozos en los que caemos. A la autoridad poco le importa. El Municipio puede decir que está trabajando, pero lo hace de dos cuadras en dos cuadras o con arreglos que duran poco. Si viene otra garúa, todo queda en nada otra vez”, se queja. Un problema que se repite año tras año, sin un calendario real de intervención.

La indignación se extiende al cobro de impuestos que, según los ciudadanos, no se reflejan en obras prioritarias. Hernán Robalino, morador del sur de la ciudad, cuestiona haber tenido que pagar la patente municipal, además de la Contribución Especial de Mejoras, mientras “la ciudad se está desvaneciendo”. “Me cobran, pero el parque de Los Esteros sigue en mal estado, las calles llenas de huecos y sin iluminación. Uso mi RUC una vez al año, pero igual me cobran. Eso no es justo: cada vez hay más impuestos y menos obras”, dice.

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La patente municipal, tributo anual obligatorio para personas naturales o jurídicas con RUC que desarrollen actividades comerciales o profesionales, ha sido otro motivo de frustración que se cruza con el abandono vial. Muchos contribuyentes descubrieron valores pendientes de años anteriores que ahora les exigen pagar con intereses, cobros que sienten “retroactivos”. La queja es compartida: denuncian que se les exige dinero que debería reflejarse en obras, pero las calles siguen llenas de baches y agrietadas, con veredas “que excluyen al adulto mayor, en sí, al peatón”, lo que aumenta la sensación de que solo se toca el bolsillo ciudadano sin resultados visibles.

Frustración y riesgos ciudadanos

Gianela Yerovi, de la Alborada, apunta al trasfondo político que frena la atención de las prioridades de la ciudad. “Esa pelea con el Gobierno, durante casi todo el mandato, sumado a que el alcalde Aquiles Álvarez sigue en prisión preventiva y que la alcaldesa subrogante, que nunca fue elegida para liderar la ciudad, ahora tenga que manejar toda una administración, juega en contra de la ciudad. Guayaquil pagó o está pagando este año contribución de mejoras y patentes, pero no vemos a dónde va ese dinero”, sentenció.

En la misma línea, Lisbeth Montesdeoca lamenta que les cobren por “mejoras de años atrás cuando las calles, antes y hoy, están peor que nunca”. “Dizque arreglaron la avenida 25 de Julio y ahora parece que nunca hubieran hecho nada. Yo quisiera que los concejales recorran sus distritos semanalmente, al menos una vez al mes, pero eso nunca pasa. Al distrito 2, por ejemplo, jamás han venido. Nunca”.

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La guayaquileña Angie Salas cuenta que semanas atrás estuvo a punto de ocasionar un accidente. “Casi me caigo en un bache en la Francisco de Orellana, cerca del Parque Chino. El hoyo es enorme. ¿A quién responsabilizamos por los daños?”, pensó.

En un recorrido realizado por EXPRESO se constató ese malestar de las familias, incluidos peatones que ya han caído en los “socavones urbanos”. Gabriela Alvear, residente de Urdesa, lamenta que los guayaquileños tengan que verse obligados a desplazarse en auto porque las calles los espantan o los ponen en riesgo.

“Yo quisiera que la tripulación del Artemis II, que fue a observar la cara oculta de la Luna, venga a Guayaquil. De seguro confirmará que aquí hay menos cráteres que allá. Y menos riesgo: allá no hay quien se caiga. Acá hay baches del tamaño de una moto. Yo me he caído tres veces, mi madre dos y mi nieto una. Todos en Urdesa. ¿Qué espera el Municipio?”, cuestionó.

A esperas de las respuestas municipales

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista a la Dirección Municipal de Obras Públicas para conocer qué se está haciendo y qué se hará, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, ayer por la mañana, en un comunicado oficial, el Municipio informó que ejecuta trabajos para mejorar la circulación, recuperar calles deterioradas tras la temporada invernal y reemplazar pavimento que ya cumplió su vida útil.

Esta semana, según indicó, las intervenciones se concentran en la ciudadela San Felipe, donde se inició la rehabilitación de la avenida del Santuario, y luego se intervendrá la avenida Felipe Pezo Campuzano; mientras que en Mapasingue Oeste los trabajos avanzan por etapas. Asimismo, en la ciudadela El Paraíso ya se completó la rehabilitación de 10 calles. Estas acciones, dijo, forman parte de un contrato de mantenimiento que contempla la intervención de 29 kilómetros de vías en las parroquias Tarqui y Pascuales, con una inversión aproximada de 6,4 millones de dólares, en sectores como El Fortín, Florida, Prosperina, Ceibos, Alborada y Urdenor.

No obstante, aún hay una serie de preguntas que quedan en el aire: si la proliferación de huecos responde a falta de presupuesto, negligencia, lluvias o mantenimiento deficiente; qué porcentaje del presupuesto municipal se destina a la reparación vial; cómo se garantiza que los tributos se reflejen en obras; y qué criterios se usan para priorizar las intervenciones.

“Estas son las dudas que la Alcaldía jamás nos responderá. Pasará el tiempo, nos seguirán cobrando y la ciudad se seguirá cayendo a pedazos. Aquí lo único que avanza no son las obras, es el abandono”, cuestionó Amanda Guerrón, residente de Lomas de la Alborada.

Lo que debes saber

• Ecuador mantiene el uso de barcazas alquiladas como solución al déficit eléctrico ante la falta de nueva generación propia.
• La generación térmica flotante (300 MW) que se contrató por la crisis en 2024 ahora se extenderá hasta 2028.
  
• Firmar nuevos contratos para alquilar tres barcazas no aumenta la generación térmica del país. Solo se mantiene los 300 MW.

Las tres barcazas de generación térmica contratadas durante la crisis eléctrica en Ecuador pasaron de ser una solución emergente a convertirse casi en activos fijos. El gobierno actual, a través de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro), apuesta por mantener estas embarcaciones hasta mediados de 2028 para cubrir, en parte, el déficit eléctrico del país.

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La iniciativa de mantener la generación flotante fue dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía, que solicitó el 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio MAE-VEER-2025-0381-OF a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro realizar “las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”, detalla el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

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Así, para seguir contando con estas soluciones, que según los plazos tenían vencimientos entre enero y julio de 2026, Elecaustro realiza desde febrero pasado procesos de contratación especiales (bajo la modalidad Giro Específico del Negocio) para mantener entre 280 y 290 megavatios (MW) de energía térmica, pero a un plazo mayor, hasta 2028. Esto significa que los nuevos convenios se firmarán por 800 u 820 días incluida la movilización.

Contratación bajo régimen especial

La justificación para aplicar esta modalidad, aparte de lo dispuesto por el ministerio, responde a la dependencia del sistema eléctrico nacional de “factores imprevisibles como los eventos naturales, que no pueden estimarse con exactitud”. Por esta razón, Elecaustro afirma “no poder planificar sus contrataciones para hacer frente a este tipo de eventos y reducir el tiempo de indisponibilidad del sistema energético”, según el Oficio Sercop-Sercop-2025-0253-OF de 10 de julio de 2025, al que accedió EXPRESO.

En este documento, firmado por su director general encargado, Julio José Neira, se autoriza a Elecaustro a hacer las adquisiciones y otorga un año de plazo para usar esta figura. Es decir, hasta julio de 2026.

Procesos y contratos en curso

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Para cumplir con lo dispuesto por el ente rector, Elecaustro publicó entre febrero y el 6 de abril de 2026 cuatro procesos relacionados con el “alquiler, operación de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda nacional”, en su página web. De ellos, uno está adjudicado (Esclusas IV), uno desierto (Ecuagran II), que luego se volvió a presentar con el mismo nombre y ahora está en curso junto con Esclusas VI.

Diario EXPRESO buscó detalles de estos procesos el 5, 6 y 7 de abril de 2026 en el Sercop, pero no hubo resultados ni utilizando los códigos asignados. Sin embargo, la información de estas “nuevas” adquisiciones se expone en la web de Elecaustro, aunque ciertos documentos, como Ofertas de Esclusas IV, no son accesibles.

Lo que sí detalla es que la contratación de estas soluciones se extenderá hasta por 820 días, que a Karpowership se le adjudicó ya un nuevo contrato por más de $131 millones para mantener 100 MW mediante generación térmica con Esclusas IV, antes conocida como Murat Bey, que tuvo ya dos convenios previos (ver gráfico).

Cuestionamientos legales y técnicos

La contratación reiterada de estas embarcaciones ocurre pese a que Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que la renovación de contratos solo cabe para bienes inmuebles y por una sola ocasión.

“Si la necesidad persiste se deben realizar procesos abiertos para garantizar la mayor participación de oferentes y así obtener mejores precios y condiciones para el Estado”, refiere el catedrático.

Elecaustro, por su parte, en los informes que justifican estos procesos sostiene que la incorporación de esta generación permite sostener la continuidad del servicio público de electricidad ante incrementos de demanda, mantenimientos del parque generador y posibles escenarios de baja disponibilidad hídrica (de agua), mientras se ejecutan proyectos permanentes de generación térmica.

Falta de generación propia

Más allá de garantizar el suministro eléctrico, las acciones del Estado -mediante Elecaustro- apuntan a suplir la falta de proyectos de generación propios, pese a que el Cenace ha señalado de manera reiterada la necesidad de incorporar soluciones que aseguren energía firme.

“Llevamos ya casi dos años y no se ve plantas de generación térmica en tierra propias o privadas”, refiere Gabriel Secaira, consultor energético.

La falta de proyectos propios preocupa porque si se logra mantener los 300 MW de las barcazas eso no representa nueva generación. Es decir, si se concretan las tres contrataciones Ecuador seguiría disponiendo de aproximadamente 1.300 MW de generación térmica (incluido barcazas y centrales), subraya Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.

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Mientras tanto, el déficit eléctrico (aproximadamente 900 MW) puede ir en aumento porque la demanda nacional crece en alrededor de 300 MW cada año.

Costos y subsidios de la generación térmica flotante

Elecaustro, en cambio, dice que evaluando costos de importación principalmente de Colombia durante 2024. Pero no precisa que ese año se adquirió energía térmica, que es más costosa que la hidroeléctrica, por el estiaje severo. También indica que el estimado de no tener suministro asciende a $1,53 el kilovatio hora (kWh). Por esta razón, concluye que conviene más alquilar térmicas flotantes, cuya tarifa promedio de generación es 12,85 centavos el kWh.

Acuña precisa que la tarifa referida no refleja los valores reales porque el suministro de combustibles le corresponde al Estado. Además, los derivados que usan en el sector eléctrico reciben subsidios, por parte del Fisco. “El valor total de la generación con barcazas alquiladas es más alta de lo que consta en los contratos”.

Según, el último informe de Petroecuador los valores hasta el 11 de abril de 2026 son:

Bajo el argumento de que alquilar generación térmica flotante es más económico, Ecuador tiene previsto destinar más de $500 millones para alquilar barcazas hasta 2028 -según contratos firmados, adjudicados y montos referenciales-. Este valor es mayor al establecido para los proyectos fallidos de Austral y Progen, que tenían un costo total de $231 millones.

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Un problema estructural

“Si cada año vamos a seguir contratando generación flotante, significa que no tenemos la capacidad institucional para solventar el suministro de electricidad con generación propia en tierra (…) ¿Por qué de 2023 a 2026 no hay un proyecto propio para satisfacer la demanda?”, se pregunta Andrade.

Secaira estima que con los recursos destinados para los contratos ejecutados, adjudicados y en proceso de adquisición de barcazas alquiladas, Ecuador pudo haber contratado la puesta en marcha de una central térmica propia en tierra de 400 MW. Este tipo de procesos, sin embargo, requieren de una planificación minuciosa.

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EXPRESO solicitó este 7 de abril de 2026 información a Elecaustro y Karpowership sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?