Las claves que debes saber

• Las autoridades emitieron la alerta Emilia por 8 niños desaparecidos en Casa Hogar de Conocoto, Quito.
• Policía halló 6 menores hasta lunes; 2 niños venezolanos, de 10 y 12 años, siguen sin aparecer.
  
• Defensores de derechos humanos cuestionan al Estado por falta de protección y posibles consecuencias legales y políticas.

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se cumplen cuatro días de la alerta Emilia que emitió la Fiscalía, el sábado 27, por la desaparición de ocho niños que salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en Quito. 

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Según reportó la Policía Nacional, seis menores fueron localizados hasta la noche del lunes. Sin embargo, dos niños: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana, seguían desaparecidos hasta el martes.

El caso ha conmocionado a la opinión pública y genera dudas sobre la protección que las autoridades brindan a los menores en ese tipo de centros, como el de Conocoto, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Mientras se espera que todos los menores sean localizados a la brevedad posible, activistas y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de protección del Estado para las personas que están bajo su cuidado institucional, no solo en este caso, sino en hechos recientes como los fallecimientos de presos en las cárceles o los decesos de pacientes por falta de medicinas en hospitales públicos.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ), dice que el Estado “tiene la obligación de prevenir posibles riesgos o situaciones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo su protección". 

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"En este caso se ve, se siente un descuido generalizado hacia ciertos sectores de lo social: en el ámbito de las medicinas, en educación hay abandono estatal. El caso de los niños evidencia que no hubo un cuidado diligente para evitar que ellos se expongan a situaciones de riesgo”, resalta.

Sybel Martínez, de la Alianza de Derechos Humanos, coincide con ese criterio. “Cuando alguien -sea adulto o niño- está a cargo del Estado, es él quien debe garantizar sus derechos. No puede actuar como un tercer observador, sin sentir que tiene responsabilidad. Debe garantizar que no haya violaciones ni vulneraciones, sino su vida digna”, manifiesta.

Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez, atribuye la situación a “las políticas de ajuste, que han debilitado de forma muy fuerte la política social, con cambios institucionales basados en austeridad, cuando debería haber inversión y protección social”.

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Las implicaciones de la falta de protección

Los defensores de derechos humanos sostienen que ignorar estos cuestionamientos podría provocar consecuencias.

“Es terrible lo que está pasando. La falta de protocolos de atención del Estado afecta a la comunidad, a las personas que tienen enfermedades, esto se va a desbordar. Se hizo recomendaciones, pero el no tomarnos en cuenta hará que se incrementen los casos como los de tuberculosis”, opina Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles.

Aparte de las consecuencias sociales y sanitarias, Miño menciona las implicaciones legales. 

“Cuando esto pasa, las personas recurren a medios que no son adecuados para subsistir, es allí donde se ve que el crimen organizado se infiltra más para incidir. Además, la desatención del Estado genera el caos en cárceles, el caos social de estar buscando a los niños y, en el ámbito legal, el Estado deberá responder por las consecuencias nacionales e internacionales”, indica.

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Sybel Martínez, en cambio, habla de los efectos políticos y judiciales. “Se debe buscar responsabilidad, la Asamblea debería fiscalizar la actuación del Ministerio, que podría devenir en un juicio político". 

"Hay que analizar las responsabilidades de los equipos técnicos que están a cargo de los centros, los casos podrían derivar a Fiscalía y hasta denuncias contra el Estado ante tribunales internacionales. También debería actuar la Defensoría del Pueblo, pero no entiendo por qué no lo ha hecho en estos casos”, cuestiona.

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Pese a ello, desde el sector privado y la academia había voces levantando su opinión, no solo en medios.

Hoy se siente el silencio también en la sociedad civil, academia y profesionales, salvo algunas excepciones, en temas relevantes como el ataque a voces disidentes, la toma de la justicia y de instituciones públicas, y el uso de estas para amedrentar. 

¿Qué pasa con la voz de los ciudadanos? Para intentar responder esa pregunta, este medio consultó a académicos y actores de la sociedad civil.

No se valoran valores abstractos como las libertades

Farith Simon, abogado y catedrático de la USFQ, sostiene que se ha instalado una idea colectiva: la seguridad es el objetivo prioritario.

“Parece que todo vale”, dice. Cuestionar al poder en nombre de los derechos o de las libertades se interpreta como una crítica a la lucha contra la inseguridad. 

En esa línea, lo concreto (el miedo cotidiano) se impone sobre lo que muchos ven como abstracto: la defensa de la libertad de prensa o el rechazo al autoritarismo.

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A ese fenómeno se suma la fragmentación de las reivindicaciones sociales. “Los movimientos que antes representaban agendas amplias se han debilitado. Hoy predominan demandas dispersas y sectoriales”, explica. 

En su opinión, también hay una fatiga acumulada tras años de movilizaciones sin resultados claros y sensación de haber sido instrumentalizados políticamente.

Industriales han sido golpeados también

Manuel Salgado, exdiputado y exprofesor de la Universidad Central, sostiene que el país atraviesa una crisis ideológico-política de años, cuyos efectos se han manifestado con retraso. 

“El desarrollo industrial es incipiente y ha sido golpeado por políticas del actual gobierno. No hubo una gran reacción ni por la guerra comercial con Colombia. Actores sociales tradicionales que representaban pensamiento alternativo mantienen representación, pero no poder de movilización”.

La situación de las organizaciones de la sociedad civil

Humberto Salazar, de Fundación Esquel, que en 2021 promovió Diálogos Nacionales: Pacto Nacional por Ecuador, comenta que ellos trabajan contra la desnutrición infantil. Cree que se debería armar una agenda, pero no solo desde la sociedad civil. 

Señala el impacto que han tenido los cambios en el sistema de cooperación internacional. ¿Cómo ven el declive democrático? 

“Hay organizaciones que podrían tener mucho interés en tomar una posición más directa sobre algunos temas, pero como que la energía se divide. Velan y trabajan por sostenibilidad y no logran abrir otro tipo de espacios de incidencia, de diálogo con el sector público”.

Contexto en Ecuador

Se adelantaron las elecciones, un alcalde está preso sin sentencia, GRANASA está intervenida y defensores de derechos se sienten amenazados.

Las claves que debes saber 

• En Quito, nueve precandidatos Alcaldía se inscriben elecciones 29 noviembre tras democracia interna, revisión CNE.
• Figuran Pabel Muñoz, Jorge Yunda y otros candidatos en disputa por Alcaldía de Quito con énfasis en seguridad y empleo.

A un día de que concluya el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen sus procesos de democracia interna, nueve precandidatos ya oficializaron su intención de participar en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, mientras otras organizaciones aún mantienen expectativa sobre quiénes serán sus cartas para la capital.

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Y aunque el plazo para escoger oficialmente a sus postulantes vence mañana, las precandidaturas todavía deberán superar la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo después de ese proceso se conocerá la lista definitiva de aspirantes, prevista para el 9 de noviembre.

Sin embargo, los nombres ya empiezan a instalarse en el debate. La eventual reelección del actual alcalde, el retorno de un exburgomaestre, la aparición de nuevas figuras y la apuesta por candidaturas ciudadanas perfilan una contienda que, por ahora, reúne experiencias políticas diversas.

CNE revisa precandidaturas antes de lista oficial de aspirantes

El primero en confirmar su intención de buscar un nuevo período fue Pabel Muñoz. Aunque desde hace varios meses ha manifestado su interés en la reelección, recientemente oficializó que participará como precandidato por el movimiento Amigo, debido a que la Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una suspensión de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral.

La ciudadanía me pidió que resuelva problemas y así lo hemos hecho. Por eso la gente ha valorado que vuelva a participar.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito 

Muñoz calificó esa situación como una irregularidad y sostuvo que la RC ha tenido que postularse bajo distintas organizaciones por lo que considera procesos de persecución y proscripción política. Ayer dijo que ya no volverá a pronunciarse sobre su precandidatura hasta que concluya el proceso de primarias e inscripción oficial.

También dejó abierta la posibilidad de concretar alianzas para Quito, aunque dijo que ello dependerá de la decisión que adopte la dirigencia nacional del movimiento.

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Yunda vuelve a la contienda con propuestas de seguridad

En la contienda también está un conocido del electorado capitalino. Jorge Yunda buscará nuevamente la Alcaldía bajo el movimiento Avanza. El exalcalde considera que la elevada cantidad de postulantes forma parte del ejercicio democrático, aunque planteó que se debería contar con una segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad de la autoridad electa.

Quito enfrenta una pandemia de inseguridad y combatirla será nuestra prioridad, junto con el desempleo.
Jorge Yunda, exalcade de Quito

Su discurso se centra en dos ejes: seguridad y empleo. Propone fortalecer la videovigilancia mediante inteligencia artificial, incorporar tecnología en los accesos a la ciudad y coordinar acciones con el Gobierno y la Policía para enfrentar la inseguridad, fenómeno que identifica como la principal preocupación de los quiteños.

Otra candidatura que busca posicionarse como alternativa es la de Cristina Cachaguay, escogida por Unidad Popular. La docente universitaria y activista feminista sostiene que el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y los recortes presupuestarios a los municipios obligan a replantear el rumbo de la ciudad.

Tenemos una propuesta innovadora, nos juntamos jóvenes profesionales y de los barrios de Quito y asumimos el reto.
Cristina Cachaguay, Unidad Popular

Sin mencionar nombres, cuestionó tanto a quienes ya administraron Quito como a quienes buscan la reelección. Presenta su candidatura como una propuesta generacional, integrada por jóvenes profesionales y dirigentes barriales, con el objetivo de incorporar mayor participación ciudadana en las decisiones municipales. Adelantó que en los próximos días presentará oficialmente a su equipo de concejales.

La búsqueda de una opción ciudadana también marca la propuesta del actual concejal Wilson Merino, proclamado por el movimiento Imparables. Bajo el lema “Quito decide”, el edil asegura que su candidatura surge desde el trabajo comunitario más que desde la política tradicional.

Nuestra ciudad enfrenta grandes desafíos, pero también una gran fortaleza, que es su gente. El futuro se lo construye entre todos.
Wilson Merino, movimiento Imparables

Su propuesta gira alrededor de la recuperación de los barrios, el espacio público, la movilidad y el impulso al emprendimiento. El movimiento sostiene que su principal factor diferencial radica en construir un modelo de gestión basado en escuchar a los barrios antes de tomar decisiones.

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Mujeres y nuevas opciones políticas

Desde otra orilla política aparece Carla Larrea, quien tras integrar el binomio presidencial de Henry Cucalón, ahora representa al partido CREO en la disputa por la capital. Su objetivo es convertirse en la primera mujer electa alcaldesa de Quito.

Ha sido un proceso de preparación amplio y técnico. La capital debe cobrar su relevancia como una ciudad de oportunidades.
Carla Larrea, movimiento CREO

Larrea afirma que su candidatura responde a una preparación técnica de varios años y plantea una propuesta enfocada en seguridad, generación de empleo y recuperación del protagonismo económico y productivo de la ciudad. Agrega que ya conformó el equipo de concejales que la acompañarán en el proceso electoral.

A la lista se suma Juan Esteban Guarderas, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y le confirmó a EXPRESO su precandidatura por la Izquierda Democrática, organización que busca recuperar presencia política en la capital.

Panorama final electoral

En los procesos de democracia interna también oficializaron sus aspiraciones Linda Romero, por el Partido Social Cristiano, y Galo Almeida, por Centro Democrático, ampliando un abanico de candidaturas que reúne figuras con trayectoria política y también nuevos nombres que buscan abrirse espacio en el escenario electoral.

El Partido Socialista Ecuatoriano, en cambio, designó a Jorge Cueva como precandidato. Gustavo Vallejo, presidente del partido, señaló que cuenta con experiencia en gestión pública, desarrollo territorial y administración municipal.

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Mientras tanto, la principal incógnita permanece en el oficialismo. Acción Democrática Nacional (ADN) tiene previsto realizar hoy sus elecciones primarias para definir a su precandidato.

Hace un mes, ADN difundió una lista preliminar de posibles aspirantes, entre ellos la entonces canciller Gabriela Sommerfeld y la actual directora del Seguro Social Campesino, Giovanna Ubidia. Pero hasta el cierre de esta publicación el movimiento no ha oficializado una decisión.

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Sara Ortiz

Las claves que debes saber

• Los Sao Box dejaron amenazas en Quito y El Oro entre el 13 y 29 de junio.
• Panfletos hallados tras explosivos en Arcom y Complejo Judicial Norte de Quito.
• Mensajes apuntan a mineros y jueces por disputa minera.

Las amenazas presuntamente emitidas por la organización criminal Los Sao Box ya no se limitan a la provincia de El Oro, en la Costa de Ecuador. En las últimas semanas, los mensajes intimidatorios atribuidos a este grupo también han aparecido en instituciones públicas y operadores de justicia de Quito.

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Desde mediados de junio, las autoridades han localizado cuatro panfletos relacionados con esta estructura delictiva. Dos fueron encontrados en Machala y Zaruma, en contextos vinculados a la actividad minera ilegal, mientras que los otros aparecieron en la capital, luego de las explosiones ocurridas en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en la amenaza en los exteriores del Complejo Judicial Norte.

El primer caso se registró el 13 de junio en Machala. Ese día, tras la detonación de un explosivo en las afueras de las oficinas de la Arcom, fue encontrado un panfleto en el que se lanzaban amenazas contra personas vinculadas al sector minero. 

En el documento se mencionaban presuntas extorsiones y cobros irregulares relacionados con esta actividad económica.

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La amenaza en Zaruma

La escalada continuó el 28 de junio en Zaruma. En esa ciudad orense apareció otro escrito intimidatorio dirigido a supuestos colaboradores de una organización rival dentro de la disputa por el control de zonas mineras. El mensaje incluía fotografías de vehículos y determinados objetivos.

El hallazgo generó conmoción entre la población debido a que junto al panfleto fue encontrada un cráneo humano. Tanto el documento como los demás indicios quedaron bajo custodia policial como parte de las investigaciones en curso.

Las amenazas llegaron a la capital

Sin embargo, antes del caso registrado en Zaruma, la presencia de estos mensajes ya se había detectado en Quito. El 25 de junio, la Policía realizó una detonación controlada de un objeto sospechoso abandonado frente al Complejo Judicial Norte.

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Sara Ortiz

Junto a una caja de cartón fue hallado un panfleto que contenía amenazas dirigidas a jueces por los fallos judiciales.

Aunque inicialmente las autoridades evitaron identificar públicamente al grupo responsable, una imagen del documento permitió establecer que la misiva habría sido firmada por Los Sao Box. El escrito también estaría relacionado con el abandono del artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial.

Nuevo atentado contra la Arcom en Quito

Cuatro días después, la Arcom volvió a convertirse en objetivo. Tras un atentado con explosivos contra su edificio ubicado en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, los investigadores encontraron otro panfleto con características similares a los detectados previamente en El Oro.

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Hasta este 1 de julio de 2026, las autoridades no han confirmado de manera oficial la autoría del documento. No obstante, el contenido mantiene un tono similar: amenazas y referencias al conflicto por el control de la minería.

La secuencia de estos cuatro casos revela un patrón común. Los panfletos comparten lenguaje intimidatorio, amenazas de muerte y mensajes dirigidos tanto a actores relacionados con la actividad minera como a funcionarios públicos y jueces, lo que refleja una extensión de las amenazas desde El Oro hacia la capital del país.

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En la calle Simón Plata Torres, en Quinindé, donde dio sus primeras gambetas detrás de un balón desgastado, se vive con una mezcla de nervios, orgullo y esperanza la cuenta regresiva para el duelo de hoy, a las 20:00, frente a México, por los dieciseisavos de final del Mundial.

La casa donde Angulo pasó su infancia permanece casi intacta. En su interior, las paredes guardan camisetas de la selección ecuatoriana, uniformes de los clubes por los que ha pasado, medallas obtenidas desde sus primeros torneos infantiles y fotografías que recorren una historia construida con sacrificio.

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Cada objeto es un recordatorio de que el camino hacia el fútbol de élite comenzó mucho antes de los reflectores, cuando el pequeño Nilson regresaba a casa después de largas jornadas jugando en la calle con sus amigos. 

Su hermano, Giancarlo Angulo, en conversación con EXPRESO recuerda que el balón siempre fue parte de la rutina familiar. Cuenta que desde muy pequeño pasaba horas jugando y que era común verlo volver a casa entrada la noche, agotado pero feliz. 

Dice que nunca dejó de apoyarlo y que incluso cuando las oportunidades parecían lejanas, siempre creyó que podía llegar lejos. Solo así se puede entender que el gol frente a Alemania haya sido la recompensa a un sueño que Nilson persiguió desde niño, dice Giancarlo. De ahí que ese momento hizo estallar de emoción a toda la familia.

El barrio y su ídolo

A pocos metros de la vivienda familiar, los vecinos señalan la cancha improvisada y la misma calle donde el hoy seleccionado nacional aprendió a desafiar rivales. Allí todavía se escucha una frase que se repite entre quienes compartieron con él aquellas tardes interminables de fútbol: “Nilson siempre encaraba”.

Sus amigos recuerdan que era atrevido, rápido y que nunca tenía miedo de enfrentarse a jugadores mayores. “Era gambeteador, encarador y muy habilidoso”, resume uno de sus primos, sin despegar la mirada del espacio donde tantas veces improvisaron arcos con piedras.

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El orgullo es compartido por todo el sector. Los vecinos cuentan que cada vez que la selección juega, las casas se llenan de banderas, y los televisores se convierten en punto de encuentro para seguir los partidos. El último jueves, después del triunfo ante Alemania, la celebración se extendió por toda la cuadra. 

Hubo abrazos, gritos y lágrimas de emoción entre quienes vieron crecer al joven futbolista y hoy sienten que una parte del barrio también está representando al país en la Copa del Mundo. 

Hoy la expectativa vuelve a crecer. Incluso desde el fin de semana, varias familias ya organizaban reuniones para observar el compromiso frente a México.

Algunos preparan parlantes, otros afinan la logística para reunirse desde temprano y no faltan quienes prometen vestir la camiseta amarilla que han usado durante todo el torneo, como una especie de cábala. En cada conversación aparece el mismo deseo: ver otra vez a Nilson celebrando un gol decisivo.

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Para la gente de la calle Simón Plata Torres, el partido de este martes trasciende lo deportivo. Será otra oportunidad para acompañar al muchacho que alguna vez corrió descalzo por esas veredas y que hoy hace vibrar a millones de ecuatorianos.

Mientras la selección se prepara para disputar un lugar entre los 16 mejores del mundo, en Quinindé ya está todo listo para alentar a Nilson. En ese rincón de Esmeraldas están convencidos de que los grandes sueños pueden comenzar en cualquier esquina y que la historia de Angulo apenas empieza a escribirse.

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Las claves del caso

• Bandas criminales reclutan adolescentes desde los 12 años en Guayas, Manabí y Pichincha.
• Menores son usados para sicariatos y extorsiones por grupos como Los Lobos y Los Choneros.
• Expertos alertan que el abandono estatal facilita el reclutamiento de menores por bandas.

Las organizaciones criminales ya no esperan que los adolescentes alcancen la mayoría de edad para incorporarlos a sus filas. La evidencia recopilada por la Policía Nacional muestra que el proceso de captación comienza desde los 12 años y que, en pocos meses, los menores pueden pasar de vigilar una esquina a ejecutar homicidios.

Los territorios donde más adolescentes son captados

Los casos registrados durante el último año revelan un patrón: la mayoría de los adolescentes reclutados tienen entre 12 y 17 años y provienen de sectores con altos índices de pobreza, abandono estatal y una presencia permanente de organizaciones criminales. 

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Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil; Manta, Montecristi y Jaramijó, en Manabí; y, más recientemente, Quito y otros cantones de Pichincha figuran entre los territorios donde el fenómeno se ha vuelto más evidente.

En Manabí, por ejemplo, entre enero y comienzos de mayo de 2026, la Policía aisló a 108 adolescentes por distintos delitos. Los procedimientos muestran que los menores ya no participan únicamente en robos o receptación. También son utilizados para transportar armas, custodiar cargamentos de droga, cobrar extorsiones y ejecutar sicariatos.

Aunque el fenómeno se ha extendido hacia la Sierra, la Costa continúa concentrando la mayor preocupación. Manabí y Guayas son actualmente dos de los principales focos de captación de menores, debido a la fuerte presencia de estructuras como Los Lobos, Los Choneros y sus grupos aliados.

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Así operan las bandas para reclutar menores

En Nueva Prosperina, según investigaciones policiales, los adolescentes son incorporados desde los 12 años mediante un proceso de adoctrinamiento progresivo. 

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EXPRESO se contactó con el departamento de comunicación de la Policía. Sin embargo, el personal remitió el requerimiento a otra persona para coordinar la entrevista y, finalmente, no hubo respuesta sobre las acciones que realiza el Estado.

El modelo de captación se expande hacia Quito

Ese modelo de captación de menores que inicialmente se observaba en sectores del Litoral, ya empieza a replicarse en Quito. La captura de Jordan y Ángel, dos adolescentes vinculados a Los Lobos e investigados por al menos cinco homicidios cometidos en la capital y otros cantones de Pichincha, confirmó que las organizaciones criminales también están formando menores delincuentes fuera de la Costa.

Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), ambos habían sido entrenados en el uso de armas de fuego y actuaban con extrema violencia. 

Ante este escenario, las acciones estatales se han concentrado principalmente en el ámbito policial. Sin embargo, especialistas sostienen que la respuesta debe ir mucho más allá de los operativos de seguridad. 

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, una de las estrategias más efectivas consiste en intervenir antes de que las organizaciones criminales consoliden el reclutamiento.

La prevención comunitaria como estrategia

La especialista explica que actualmente se desarrollan proyectos comunitarios dirigidos a niños, adolescentes y familias en barrios guayaquileños de alta conflictividad, donde las bandas mantienen una fuerte presencia. 

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“Lo que hacemos es evitar el reclutamiento de niños y personas de la comunidad en sectores como Sergio Toral, isla Trinitaria y otros barrios periféricos de Guayaquil. Estamos implementando ese proyecto directamente en las comunidades”.

Según Maffei, la apuesta consiste en fortalecer el tejido social desde los propios barrios donde operan las organizaciones criminales, mediante centros comunitarios y programas de prevención que generen alternativas para niños y adolescentes antes de que sean captados por las bandas. Su planteamiento parte de una premisa: la respuesta no puede ser únicamente policial.

Los operativos golpean las estructuras, pero no frenan el reclutamiento

Los operativos buscan capturar a menores involucrados en delitos, destruir centros de entrenamiento y desarticular organizaciones criminales.

Uno de los casos más representativos ocurrió en junio de 2024, cuando el Grupo de Operaciones Especiales destruyó con explosivos varias viviendas utilizadas como ‘escuelas de sicarios’ en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en Nueva Prosperina.

Según la Policía, esos inmuebles eran utilizados para entrenar a adolescentes reclutados por estructuras vinculadas con Los Choneros. Sin embargo, especialistas coinciden en que estas intervenciones, aunque necesarias, atacan únicamente las consecuencias del problema. La gran interrogante sigue siendo qué ocurre con los adolescentes que ya fueron captados por las bandas y cómo lograr que salgan de ellas.

Se busca la manera de apartar a los niños del crimen por medio de becas de estudios.Javier Gutiérrez

Especialistas advierten sobre la ausencia del Estado

Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la respuesta pasa por reconocer una realidad incómoda: el Estado ha perdido presencia en muchos de los territorios donde hoy ejercen control las organizaciones criminales.

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“La ausencia del Estado es un factor fundamental. La carencia de políticas sociales fuertes, capaces de actuar de forma sostenida en las condiciones actuales del país, está influyendo para que las bandas criminales recluten adolescentes”. 

La exfuncionaria insiste en que el fenómeno no puede analizarse responsabilizando únicamente a los menores. “No son los chicos los que promueven el reclutamiento. Son las bandas criminales las que utilizan mano de obra barata”, recalca.

Los proyectos sociales buscan reducir los factores de riesgo

En esa misma línea, el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega, explica que la organización desarrolla proyectos enfocados en reducir los factores de riesgo.

El primero es el programa Desarrollo Comunitario (DECO), financiado por la Cooperación Noruega, cuyo objetivo es intervenir en las principales carencias que enfrentan niños y adolescentes en barrios vulnerables. “Lo que busca este proyecto es realizar actividades de prevención. Actuamos sobre las ausencias que tienen los jóvenes: la falta de espacios para el deporte, el arte, la cultura, el refuerzo escolar y la interacción con otros jóvenes”. El segundo proyecto trabaja en conjunto con las iglesias para educar a los jóvenes.

Lo que debes saber

• Gremios de Ecuador guardan silencio ante la falta de independencia estatal y acoso a la prensa.
• Líderes gremiales defienden la cautela y priorizan el diálogo institucional sobre la queja.
• Casos de corrupción como Progen generan consternación y llamados a respetar la Constitución.

Ante los cada vez más recurrentes cuestionamientos sobre la falta de independencia entre las instituciones del Estado, las presuntas irregularidades en la administración pública y el acoso a la prensa, el sector empresarial ecuatoriano mantiene un importante silencio.

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Ese silencio resulta más notorio porque situaciones muy similares durante el gobierno del expresidente Rafael Correa habrían motivado sendos pronunciamientos, entrevistas y ruedas de prensa en defensa de la institucionalidad y de la libertad de expresión de los medios de comunicación críticos del régimen.

Política

El espejismo de los empresarios

Roberto Aguilar

¿Por qué el empresariado ahora prefiere mantenerse al margen? EXPRESO trasladó esa pregunta a gremios como la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara Nacional de Acuacultura, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido una respuesta.

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Desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), su director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, se excusó señalando que solamente respondería sobre temas relacionados con el banano, y que cualquier otra consulta debía ser dirigida al Comité Empresarial Ecuatoriano, que tampoco respondió hasta el cierre de esta edición.

Postura de los gremios empresariales y el diálogo institucional

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, sí se animó a responder. Para el dirigente, no es cierto que el empresariado se desentienda de la coyuntura, sino que considera que existen otras formas de abordarla.

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“Cada organización escoge la forma y el momento de expresar sus posiciones. Nosotros hemos privilegiado el diálogo institucional porque creemos que construye más que la confrontación. Ello no significa silencio ni indiferencia; significa actuar con responsabilidad, independencia y firmeza en la defensa de los valores democráticos”, comenta.

Política

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Salamea también enfatiza que las cámaras de comercio del Ecuador defienden principios y no intereses políticos del momento. Agrega que el compromiso histórico del empresariado ha sido con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la independencia de las funciones del Estado, la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de expresión, porque “sin instituciones sólidas no hay inversión, empleo ni desarrollo”.

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Xavier Durán, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, coincide en ello. El exdirigente empresarial sostiene que los empresarios están permanentemente atentos a la coyuntura nacional, pero que eso no implica salir a lanzar acusaciones o cuestionamientos sin contar con pruebas suficientes que sustenten un pronunciamiento de ese tipo. “Hay que tener mucho tino”, dice el expresidente de la Cámara.

El impacto del caso Progen y la crisis eléctrica en el sector empresarial

El caso Progen es un ejemplo de ello, señala. Según Durán, el anuncio de la contratación de la empresa estadounidense para la generación eléctrica generó mucho entusiasmo en el empresariado, que confiaba en las gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, reconoce que las presuntas irregularidades han causado consternación, pero que, en lugar de lanzar acusaciones, considera que el tema debe llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Política

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El caso Progen es actualmente objeto de una investigación penal en Ecuador por presunto peculado. En el denominado caso Apagón hay 21 personas procesadas, entre ellas el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, por su presunta participación en un delito sancionado con hasta 13 años de prisión.

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Durán también descarta que la postura del sector empresarial responda al temor por posibles represalias del gobierno de turno, porque “cuando uno no tiene rabo de paja, no se tiene ningún temor”. El expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil insiste en que la cautela responde a la necesidad de no adelantar conclusiones, sino de apostar por el diálogo.

Salamea, por otro lado, prefiere pasar la página y enviar un mensaje a todos los actores políticos y sociales de cara a un nuevo proceso electoral. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador señala que el principal llamado debe ser el de respetar la Constitución, la voluntad ciudadana y la institucionalidad.

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Asimismo, hace hincapié en que Ecuador necesita confianza, estabilidad y reglas claras para seguir avanzando, y que las cámaras de comercio del país “seguiremos defendiendo estos principios con independencia y responsabilidad, convencidos de que solo una democracia fuerte garantiza un desarrollo económico sostenible y oportunidades para todos”.

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Empresariado prefiere la prudencia

Por otro lado, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que no considera que el empresariado no tenga posturas porque "siempre defiende los principios básicos de un Estado de Derecho: la integridad, la democracia, la institucionalidad, independencia de poderes, la libertad de expresión, entre otros.

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En ese sentido, señala que los empresarios se han pronunciado en diversas ocasiones e incluso iniciado acciones legales contra medidas implementadas por los distintos gobiernos, incluyendo el gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, precisa que eso no está relacionado con emitir juicios de valor ni anticipar conclusiones.

"Incluso en casos de empresas privadas, es nuestro deber permitir que las instancias correspondientes actúen. Nuestro rol es exigir, apoyar y respetar el debido proceso, garantizando que toda investigación se desarrolle dentro del marco institucional y con apego a la ley", comentó y expresó su apoyo a esfuerzos similares, como el de la prensa. "Estamos atentos a lo que sucede, y buscamos actuar con la prudencia que amerita el país. Hoy el país vive un alto nivel de confrontación, generando división e inestabilidad. Queremos abonar al diálogo y al consenso, no a la división", concluyó.

Las claves que debes saber

• Elecciones de noviembre avanzan sin debate sobre democracia, corrupción y derechos humanos en Ecuador.
• Analistas y opositores atribuyen la baja participación política al temor a sanciones e investigaciones.
• Movimientos y candidatos priorizan sobrevivir electoralmente mientras crece la discusión sobre controles.

Se avecina un proceso electoral y, en el Ecuador, nadie está hablando de los grandes temas que afectan a la democracia. Ni la concentración de poder, ni las violaciones a los derechos humanos, ni el acoso a la prensa independiente, ni la cooptación de los organismos de control o de la justicia son asuntos que animen a los partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones de noviembre. 

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Ni siquiera se debate sobre los proyectos de ciudad o de región. En otras palabras, el debate y la discusión política están ausentes de la arena electoral. El país está adormecido.

Pero no solo el debate sobre los grandes temas de la política nacional está en estado de hibernación; también lo está la participación política. Muchos actores que normalmente intervienen en procesos electorales como el de noviembre están, y seguirán estando, ausentes. 

Los casos de Álvarez y Aguiñaga

Sobran los ejemplos: figuras con gran proyección electoral regional e incluso nacional, como Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, no estarán presentes en estas elecciones. Álvarez está preso, sin haber sido condenado, en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta procesos judiciales que generan incertidumbre sobre una eventual candidatura, aunque no ha sido excluido por una sanción electoral. 

Política

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Otros dirigentes correístas, incluidos alcaldes y prefectos, también se encuentran condicionados por investigaciones o procesos que podrían derivar en futuras inhabilidades.

¿Qué les sucede a los políticos de Ecuador?

¿Qué es lo que tiene al Ecuador en semejante estado de aletargamiento político? Básicamente, el miedo. Un miedo cuyo origen, según esta lectura, está en la concentración por parte del Gobierno del control sobre los organismos de fiscalización y sobre la administración de justicia.

¿Quién, aparte de la prensa independiente o de un puñado de líderes de opinión, pone en debate el tema de la corrupción? ¿Quién, fuera de un reducido grupo de periodistas, está denunciando casos como el de Progen o el tráfico de tierras en Santa Elena? ¿Quién, además de algunos colectivos de derechos humanos, se ha embanderado con la causa de Monika Silva, la activista asesinada en Montañita?

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Todas estas preguntas apuntan a una misma explicación: los partidos, los movimientos y los posibles candidatos no quieren hablar de estos temas porque temen recibir sanciones de organismos que consideran controlados por el Gobierno. 

Quien tenga aspiraciones electorales y no pertenezca al oficialismo corre el riesgo de que, por ejemplo, la Contraloría -sobre cuya dependencia del Ejecutivo muchos sostienen que existen dudas razonables- le practique un examen especial a su gestión o a su declaración patrimonial. 

O de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya independencia también es cuestionada por distintos sectores políticos, le inicie un proceso disciplinario sin garantías de un juicio justo. Es lo que, según sus críticos, ocurrió con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien actualmente está suspendido del cargo y no podrá participar en las próximas elecciones tras haber llamado “fulana”, entre otros calificativos, a una concejala de su ciudad.

Cuenca

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Lo mismo ocurre con los movimientos políticos. La Revolución Ciudadana, que sigue siendo la fuerza electoral de oposición del país, no podrá participar en las elecciones con su propia lista debido a una sanción relacionada con el manejo de su financiamiento. 

Esa suspensión ha obligado a decenas de precandidatos correístas a buscar otras organizaciones políticas para postularse. Precisamente en las últimas horas se conoció que el correísmo participará bajo las listas del movimiento Amigo.

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El movimiento Construye, por su parte, fue retirado del registro de organizaciones habilitadas por incumplimientos relacionados con los requisitos legales para conservar su personería jurídica. Unidad Popular también fue excluida inicialmente del registro; sin embargo, posteriormente el TCE dejó sin efecto esa decisión y el partido recuperó su personería jurídica, por lo que podrá participar si la resolución queda ejecutoriada.

Autoridades congelan hasta cuentas de opositores

En una reciente entrevista, el dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, sostuvo que incluso dirigentes sociales están siendo víctimas del acoso gubernamental. Según afirmó, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) tienen sus cuentas congeladas, situación que, dijo, también afecta a la dirigente indígena Pacha Terán, quien -según Atarihuana- no puede disponer de su dinero ni siquiera para alimentar a su familia. 

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El miedo, entonces, ha paralizado la voluntad de participar en política y, con ello, ha paralizado también el debate público.

Existen, pues, varios factores que alimentan ese miedo: el temor a las sanciones electorales, a la judicialización de las decisiones administrativas, a la exposición patrimonial y hasta a ser asesinado, como les ocurrió al periodista Robinson del Pezo o a la activista Monika Silva.

¿Y qué pasa, entonces, con el debate sobre la erosión democrática, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos? Muy pocos se atreven a plantearlo y quienes lo hacen -los correístas, principalmente- carecen, para muchos, de autoridad moral para liderar esa discusión. En suma, nadie quiere hablar de los temas que más incomodan al poder.

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La vía se vio afectada el pasado 9 de junio por una cadena de macrodeslizamientos que taponaron por completo el paso entre los kilómetros 76 y 105. Según datos del Ministerio de Infraestructura, cayeron sobre la calzada más de 40.000 metros cúbicos de material rocoso.

Las tareas de limpieza se desarrollan desde el primer día; sin embargo, los taludes permanecen activos y la caída de material es constante. Por ejemplo, el jueves pasado volvió a registrarse un derrumbe de grandes proporciones en el ingreso al túnel de la represa Minas-San Francisco, que quedó taponado con más de 4.000 metros cúbicos de material, lo que aumenta el plazo para una posible habilitación de la ruta.

Sector industrial afectado 

Esta situación genera los primeros inconvenientes y aumenta la preocupación entre los usuarios frecuentes de la carretera. Sofía Arce, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem), indicó que el cierre de la carretera impacta de forma directa al sector industrial de Cuenca, principalmente a las industrias que utilizan esta vía para transportar sus cargas desde y hacia el puerto de Yilport, en la Terminal Marítima de Puerto Bolívar.

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También apuntó que las industrias de cerámica plana, línea blanca y plásticos son doblemente afectadas, pues se encuentran entre las principales que transportan gas natural para su producción utilizando la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Así, Arce explicó que el cierre de la carretera impacta de forma directa en los costos logísticos del sector.

Impacto en la transportación

Otro sector afectado es el de la transportación de pasajeros. Denis Machuca, gerente de la Cooperativa Azuay (que cubre las rutas Cuenca-Pasaje-Machala y Cuenca-Chiclayo), detalló que actualmente utilizan la vía Cuenca-Molleturo, lo que implica dos horas adicionales de viaje y los obliga a reducir sus frecuencias y aumentar sus costos operativos, debido al mayor consumo de combustible.

Según cifras de la cooperativa, han reducido en un 40 % sus frecuencias: antes del cierre de la vía operaban 50 frecuencias y hoy solo mantienen activas 30. También disminuyó el número de pasajeros: antes movilizaban hasta 900 usuarios por día; ahora apenas llegan a 400.

El impacto en los costos de operación también es evidente para los transportistas. Machuca explicó que cada viaje entre Cuenca y Machala consumía aproximadamente 160 dólares en diésel y que, con el desvío por Molleturo, el gasto supera los 200 dólares. "Son alrededor de 40 dólares adicionales por viaje, sin contar peajes y otros costos operativos", puntualizó.

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Para el transportista, la solución que se dé a la carretera debe ser definitiva. Aseguró que, debido al constante mal estado de la vía, la compañía ha realizado trabajos de mantenimiento en ciertos tramos por cuenta propia. Solo en 2025 habrían ejecutado unas seis intervenciones, invirtiendo un promedio de 1.000 dólares en cada una. "Hemos puesto nuestro dinero para dar mantenimiento porque realmente necesitábamos que nuestras unidades circulen con seguridad", dijo.

El malestar entre los viajeros también es evidente. EXPRESO dialogó con algunos de ellos durante un recorrido realizado el pasado viernes por las cooperativas que ofrecen el servicio desde la Terminal Terrestre de Cuenca.

El descontento es generalizado. Algunos ciudadanos consultados, residentes permanentes en Cuenca que viajan para visitar a sus familias, comentaron que decidieron viajar a Machala únicamente por el feriado decretado, ya que el mayor tiempo de traslado les deja menos horas para compartir con sus seres queridos.

Natalia Piña relató que, entre ida y vuelta, el viaje supera las 12 horas, lo que la obliga a pensar dos veces antes de desplazarse para pasar únicamente el fin de semana en la casa de sus padres. "Hoy viajé porque es un día extra de descanso; esto me da la oportunidad de compartir más con mis padres y mi familia", puntualizó.

Cuenca

Vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente por deslizamientos

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¿Qué dice el MIT sobre la recuperación de la vía?

Paolo Carpio, ministro subrogante de Infraestructura, informó que las tareas de limpieza tomarán alrededor de tres semanas más, aunque advirtió que ese plazo dependerá de que no se produzcan nuevos deslizamientos de gran magnitud. Además, detalló que las peores afectaciones se registran entre los kilómetros 82 y 105. 

Recordó que previamente la cartera de Estado mantenía un contrato activo para la recuperación del kilómetro 50 y que, tras la emergencia, se activó un segundo contrato para intervenir toda la zona afectada por la cadena de derrumbes.

Sobre la intervención integral de la vía, Carpio recordó un contrato anunciado en 2024, mediante el cual se realizó un estudio detallado de la carretera. Aseguró que los resultados ya fueron entregados y actualmente se encuentran en análisis para iniciar su ejecución. 

Los estudios técnicos identificaron más de 40 puntos críticos que requieren intervención e, incluso, la corrección de su geometría. El presupuesto de esta obra asciende a 55 millones de dólares.

El ministro subrogante recalcó que no se construirá una vía alterna y que prevén iniciar la intervención a finales de este año. Las obras tendrían una duración de 18 meses.

Cuenca

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Claudia Pazán

Necesidad de una nueva vía

La apertura de la vía Cuenca- Girón- Pasaje representa apenas el primer paso para recuperar la circulación vehicular. Así lo explicó el ingeniero civil y experto en vialidad y conservación vial, Esteban Ortega.

El especialista señaló que una vez que se retire el material será indispensable evaluar la estabilidad de los taludes, ya que algunos podrían permanecer inestables tras los derrumbes registrados por las intensas lluvias.

Precisó que la mayor concentración de deslizamientos se registra desde el kilómetro 70 hacia la ciudad de Pasaje, debido a las características geológicas del sector, donde predominan taludes rocosos de gran altura y fuertes pendientes. A esto, dijo, se suma la saturación del suelo por las lluvias y la falta de intervenciones permanentes para controlar las condiciones de estabilidad.

Cuenca

40 mil metros cúbicos de material obstaculizan la vía Cuenca-Girón-Pasaje

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El experto recordó que la carretera fue construida en la década de 1950 y que, aunque ha recibido mejoras a lo largo de los años, la última intervención integral se ejecutó mediante un contrato adjudicado en 2014. “Ese proyecto permitió mejorar el nivel de servicio entre 2016 y 2018, con una inversión cercana a los 33 millones de dólares”.

Así, Ortega concluyó que la ruta Azuay- El Oro requiere una carretera con mejores características geométricas, mayor capacidad y velocidades de circulación superiores y que su planificación debe iniciarse de manera paralea a los proyectos de recuperación que ejecuta el MIT. 

Explicó que los volúmenes de tránsito ya justifican esa necesidad. “Entre el acceso sur de Cuenca y el sector de Narancay circulan alrededor de 30.000 vehículos diarios; entre Cuenca y Santa Isabel, cerca de 14.000; y desde Santa Isabel hacia Pasaje, entre 7.000 y 8.000 vehículos al día”, sostuvo.

Un ataque que alarma a los quiteños

• Policía confirma dos explosiones en La Pradera, Quito, durante madrugada del lunes 29 junio 2026.
• Policía Nacional confirma que artefactos fueron abandonados frente a ARCOM y causaron daños.
• Policía investiga responsables; revisa cámaras y posible vínculo con vehículo incinerado

Un estruendo sacudió la madrugada y cambió la calma habitual del sector de La Pradera, en el norte de Quito. 

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Explosiones en La Pradera durante la madrugada en Quito

Eran cerca de las 03:00 de ayer cuando una potente explosión despertó sobresaltados a decenas de moradores, quienes, aún sin comprender lo ocurrido, acudieron de inmediato a los chats barriales y a las redes sociales para averiguar el origen del ruido que estremeció sus viviendas.

Minutos después se confirmó el peor escenario. Dos explosiones, provocadas con artefactos explosivos abandonados frente a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), marcaron un nuevo episodio de violencia en la capital.

El atentado dejó daños materiales en esa institución y afectó también la fachada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además de herir a guardias de seguridad, quienes fueron trasladados a una casa de salud, donde recibieron atención médica. Su estado de salud no reviste gravedad.

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Atentados y casos de inseguridad en Quito

El ataque ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde durante el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 2.778 asesinatos. Aunque para los habitantes de La Pradera este hecho no tiene precedentes, Quito ya ha sido escenario de atentados con explosivos y amenazas de bomba en los últimos años, una realidad que evidencia que la violencia ligada al crimen organizado también alcanza a la capital.

Las primeras indagaciones señalan que varios sujetos llegaron en un vehículo hasta la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la calle San Salvador, donde abandonaron dos maletas cargadas con explosivos afuera de la Arcom. La detonación provocó daños en la infraestructura de ambas entidades estatales y generó momentos de pánico entre quienes viven y trabajan en la zona.

La Pradera es uno de los sectores más activos del norte de Quito. En sus calles funcionan instituciones públicas y privadas, hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y alojamientos que reciben diariamente a quiteños, turistas nacionales y visitantes extranjeros. Por ello, vecinos y empresarios coinciden en que un atentado de esta magnitud no solo altera la tranquilidad del barrio, sino que también afecta la imagen de una ciudad que enfrenta una creciente percepción de inseguridad.

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El atentado preocupa a la ciudadanía 

Germania Arboleda, quien reside desde hace una década en el sector, relató que el estruendo la despertó de inmediato. “Con el sonido se nos fue el sueño. Fue un susto muy grande porque en este sector casi nunca ocurre algo así. Para nosotros es algo completamente nuevo, pero también muy preocupante por toda la inseguridad que vivimos actualmente”, comentó.

La ciudadanía exige respuestas más firmes del Estado para evitar atentados. Se necesita una estrategia integral de seguridad que enfrente a las organizaciones criminales 
Juan Solano, opinión ciudadana

La vecina recordó que siguió por televisión los atentados registrados en distintas ciudades del país durante 2023, pero nunca imaginó que un hecho similar pudiera ocurrir cerca de su vivienda. “Hay que tomar cartas en el asunto para que esto no siga empeorando. Les pedimos a las autoridades que controlen la delincuencia porque ahora cualquiera siente temor al salir de casa”, agregó.

Miguel Naranjo, otro residente de La Pradera, considera que la inseguridad dejó de ser un problema concentrado en otras provincias y ahora golpea con fuerza a la urbe. “Me preocupa muchísimo la seguridad del país. No solo son estos atentados; todos los días escuchamos de robos, secuestros y asesinatos. Ahora una bomba estalla en una de las zonas con más bares y restaurantes de Quito”, manifestó. A su juicio, las consecuencias trascienden los daños materiales.

Durante un recorrido realizado por este Diario, varios propietarios de bares, cafeterías y restaurantes prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Sin embargo, coincidieron en que la violencia ya comienza a afectar la actividad económica del sector.

Los comerciantes aseguraron que algunos clientes habituales han expresado preocupación por acudir a la zona y temen que la inseguridad provoque una disminución en la afluencia de visitantes, especialmente durante las noches y los fines de semana. También creen que hechos de esta naturaleza deterioran la imagen turística de Quito y generan incertidumbre entre quienes dependen del comercio y la gastronomía.

Policía confirma atentado con artefactos explosivos en ARCOM

El jefe del circuito Iñaquito de la Policía Nacional, Richard Cevallos, confirmó que las explosiones fueron provocadas por artefactos colocados frente a las instalaciones de la Arcom. Indicó que los daños se concentran principalmente en esa entidad y en la parte frontal de Agricultura, mientras que los heridos fueron los guardias, afectados por la onda expansiva.

Aquí llegan muchos turistas para conocer restaurantes y vida nocturna, pero un atentado así afecta negocios, genera miedo y daña la imagen de la ciudad.
Miguel Naranjo, morador de
La Pradera

El oficial explicó que las investigaciones continúan bajo reserva. Entre las diligencias se analiza el material de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por los sospechosos y determinar si existe alguna relación con el vehículo que apareció incinerado ayer en el túnel Guayasamín.

Además, confirmó que junto a los explosivos fueron encontrados varios panfletos contra la Arcom, aunque evitó profundizar en su contenido.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció tras el atentado y aseguró que el Estado no se dejará intimidar. “Pretenden sembrarnos miedo, pero a quienes hoy intentaron hacerlo les responderemos con contundencia: la cárcel o el infierno”, afirmó.

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, este tipo de atentados podría ser una respuesta del crimen organizado frente a la presión que ejercen las autoridades. Según explicó, estas organizaciones buscan demostrar que aún conservan capacidad operativa para sembrar miedo entre la población y desafiar al Estado.

Por su parte, Max Campos, del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Humana, sostuvo que el combate a estas estructuras no puede depender únicamente de operativos policiales. 

A su criterio, el Estado debe fortalecer las políticas de prevención, impulsar programas sociales, promover la participación ciudadana y consolidar el trabajo de los gobiernos locales para reducir las condiciones que favorecen la expansión del crimen organizado y evitar que atentados como el ocurrido en La Pradera vuelvan a repetirse. 

Lo que debes saber

• La caída de la natalidad y el cambio en la estructura familiar están impulsando una nueva oferta de vivienda en Quito
• La demanda crece en viviendas compactas, bien ubicadas y con amenidades para personas solas, parejas y teletrabajadores
• La oferta de viviendas familiares se mantiene en Cumbayá y Tumbaco, además del norte y sur de la ciudad

Los hogares ecuatorianos ya no son los mismos de hace medio siglo y esa transformación se refleja en el sector inmobiliario. Los edificios que hoy se levantan en Quito incluyen cada vez más estudios, suites y departamentos de uno o dos dormitorios, una respuesta directa a una realidad demográfica marcada por familias más pequeñas, menos hijos y nuevos hábitos de vida.

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Los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 del INEC muestran que el crecimiento poblacional del Ecuador se ha desacelerado y que la composición de los hogares cambió significativamente. 

Por ejemplo, las mujeres tienen actualmente un promedio de 1,86 hijos, muy por debajo de los 6,39 registrados en 1970. Además, la edad promedio para tener el primer hijo pasó de 21 a 27 años entre 2010 y 2022.

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Los datos también evidencian que los hogares de uno y dos integrantes son ahora los predominantes. A escala nacional, las familias de una persona representan el 16,6%; las de dos miembros, el 20,1%; y las de tres, el 21,7%.

La tendencia es aún más evidente en Pichincha. Los hogares unipersonales alcanzan el 17,36% y los de dos integrantes representan el 21,31%. Es decir, casi cuatro de cada diez hogares están conformados por una o dos personas.

Los factores que influyen en la tendencia

Detrás de este cambio hay varios factores, entre ellos: 

Así, la transformación demográfica está modificando la oferta inmobiliaria. Los proyectos dirigidos a familias numerosas han perdido espacio frente a departamentos compactos diseñados para personas solas, parejas jóvenes o familias con uno o ningún hijo.

Más oferta en el hipercentro de la ciudad

Según la empresa Uribe Schwarzkopf, con más de 50 años en el mercado, la demanda actual se concentra en estudios y departamentos de uno y dos dormitorios ubicados principalmente en sectores como La Carolina y la República de El Salvador. Son zonas que ofrecen cercanía al Metro de Quito, áreas verdes, comercios, restaurantes, oficinas y múltiples servicios.

La empresa señala que las unidades compactas llegan a venderse hasta un 30% más rápido que los departamentos de mayor tamaño. El cambio responde no solo al tamaño de las familias, sino también a una nueva forma de entender la vivienda.

¿Qué buscan los compradores más jóvenes?

Hoy los compradores buscan inmuebles que combinen funcionalidad, buena ubicación y potencial de inversión. A ello se suma una creciente demanda por edificios con amenidades como gimnasios, piscinas, salas de cine, espacios de coworking, áreas para mascotas, salas de juegos y terrazas comunales, que compensan la reducción del espacio privado.

El estudio Panorama Inmobiliario Latam 2025, elaborado por la firma 4S Real Estate y citado por Uribe Schwarzkopf, identifica precisamente los cambios demográficos, el teletrabajo, los nuevos formatos de vivienda y la búsqueda de inversiones como las principales tendencias que marcarán el mercado inmobiliario en los próximos años.

Una de las tipologías que crece en Quito es la de microdepartamentos o estudios. Se trata de viviendas de un solo ambiente, con cocina integrada, baño y mobiliario funcional, pensadas para aprovechar al máximo cada metro cuadrado.

Este tipo de unidades está dirigido principalmente a profesionales jóvenes, personas que trabajan desde casa, freelancers y nómadas digitales, quienes privilegian la ubicación, el diseño y un menor costo de mantenimiento sobre una mayor superficie.

Un ejemplo es el proyecto Qapital, ubicado frente al parque La Carolina, que ofrece exclusivamente estudios de entre 21 y 36 metros cuadrados. Antes del inicio de su construcción, más del 90% de las unidades se vendieron, reflejando el interés por este tipo de vivienda, señala la empresa.

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Sin embargo, se aclara que la demanda por departamentos de mayor tamaño continúa existiendo, pero gran parte de esa oferta se ha desplazado hacia sectores como Cumbayá y Tumbaco.

La agente inmobiliaria Diana Jaramillo coincide en que el mercado responde a las características de cada zona. Mientras en La Carolina predominan las suites y departamentos pequeños, más al norte y sur de Quito la demanda por casas independientes y de mayor tamaño predomina.

Un ritmo de vida distinto cambia el mercado

Para Juan Fernando Vinueza, de la Cámara Inmobiliaria Ecuatoriana, la reducción del tamaño de los hogares explica gran parte de la transformación del mercado.

El índice de ocupación por vivienda pasó de 3,6 personas a 3,2 y mantiene una tendencia descendente.

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Vinueza menciona que incluso algunos proyectos han modificado su diseño. Por ejemplo, en un edificio construido en la República de El Salvador, varias unidades de tres dormitorios no encontraron compradores y fueron divididas para convertirlas en suites, mientras que en otros casos departamentos de dos dormitorios también han sido rediseñados para crear viviendas más pequeñas.

Para Vinueza, el nuevo perfil del comprador responde a un ritmo de vida distinto. Quienes pasan gran parte del día fuera de casa, trabajan de manera híbrida o remota, viajan con frecuencia y buscan cercanía a servicios consideran suficiente un espacio compacto y bien distribuido.

Lo que debes saber 

• Con un 82 % de probabilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño y alcance su mayor intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
  
• Los gobiernos locales de 143 cantones presentaron planes de contingencia para prevenir inundaciones.

El tiempo corre para que el país se prepare ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Los pronósticos señalan que existe el 82% de probabilidades de que el desarrollo y persistencia del evento a escala global concluyan en julio.

Además, según las proyecciones climáticas del Comité para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen), las condiciones cálidas “podrían consolidarse hacia finales de 2026 y alcanzarían su fase de mayor intensidad entre diciembre de 2026 y febrero de 2027”.

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Con ese escenario y antes de entrar en el segundo semestre del año, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dispuso que las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales de los 143 cantones, pertenecientes a 17 provincias en donde rige la declaratoria de alerta amarilla por El Niño, entreguen sus planes de acción a la entidad hasta el pasado 23 de junio.

Una vez concluido el plazo, Riesgos revisará los planes para articular las acciones con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), aunque aún no ha precisado si todas autoridades locales involucradas entregaron el documento.

Planificación desde los gobiernos locales

En esos planes, los GAD debían detallar “las medidas y acciones específicas orientadas al análisis del riesgo, prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación post desastre” con base en las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y brechas territoriales que existen en cada localidad, señaló Riesgos en los Lineamientos estratégicos para los Gobiernos Autónomos.

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Varias localidades no solo han enviado esos planes de preparación y acción ante el posible impacto del fenómeno.

Distintos representantes locales informan que, a nivel de sus competencias, evalúan el contingente con el que cuentan para enfrentar un evento de esa magnitud y hasta ejecutan trabajos preventivo para disminuir los eventuales incidentes.

En la Costa, Freddy Camacho, director de Riesgos de Samborondón, dice que aunque no hay certezas de un evento extremo, el municipio realiza un monitoreo y análisis de las condiciones hidrometeorológicas, salud pública, infraestructura y sectores sociales. “Nos permite construir escenarios para entender los modelos de lluvias que podría acarrear saturación de suelos, desbordamientos de ríos, si se incrementan casos de dengue, contaminación del agua, daños viales, afectación a puentes y colapsos de drenajes -que es lo que más sucede-, así como la afectación a viviendas vulnerables o la necesidad de asistencia humanitaria”, indica.

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Diferentes escenarios a atender

El cantón ha destinado cerca de $1 millón para invertir en la prevención y ha identificado una población de 33 mil personas que podría estar expuesta en escenarios de moderada a fuerte intensidad.

Otra localidad que también trabaja en la prevención es Los Ríos. Uno de sus cantones, Babahoyo, el cual resultó gravemente afectado por las lluvias en el primer trimestre del año, ha buscado la asesoría de Riesgos, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) para construir el plan de acción. Además, el Municipio mejora la infraestructura en el campo de los pozos del sector La Chorrera, para proteger la principal fuente de captación del agua y construye muros de gaviones y arcilla en varios sectores del cantón.

Una gestión de riesgos tiene que ser con recursos, para qué levantar el plan de contingencia si no dan recursos. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi

En la Sierra, municipios como los de Quito (Pichincha) y Cotacachi (Imbabura) han elaborado sus planes enfocados en los efectos del intenso calor y de las fuertes precipitaciones.

El Municipio de Quito prevé que las altas temperaturas podrían propiciar los incendios forestales y la escasez de agua; mientras que las lluvias provocarían inundaciones, derrumbes y bloqueos de vías en la zona del Chocó Andino. Para prevenir ese tipo de eventos cuenta con un presupuesto de $52 millones de inversión.

En cambio, el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, indica que en su ciudad, los sitios de Íntag y Boluntelas (cerca de Quinindé) son las más expuestas. Sin embargo, “mantenemos reuniones del Consejo de Seguridad cuando hay lluvias o incendios, que son muy recurrentes en esas zonas”, cuenta.

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Recursos para gestionar la prevensión 

Si bien los municipios mencionados hablan de inversión, las localidades también observan dificultades. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, menciona que la falta de recursos impedirá atender a la población afectada, por lo que cuestiona que Riesgos solo les requiera planes, cuando también debería indicar cuáles son los fondos que estarán disponibles para apoyarlos. “En 2025 hubo el desastre en la vía Zumbahua, La Maná. Se hundió la carretera por una falla geológica en la vía, que es tan importante como la Alóag- Santo Domingo, y se cayeron 13 casas por la partidura del piso. Después de un año, aún no hay una casa arreglada, la gente salió a vivir en carpas. Para la gestión de riesgos se necesitan recursos, pasará el fenómeno de El Niño y no habrá recursos. Sin embargo, tenemos un plan de contingencia”, explica.

Otro de los desafíos es lograr una coordinación acelerada con otras entidades para trabajar en la competencia territorial. Por ejemplo, en Samborondón, Camacho indica que no todo le corresponde al municipio, sino a Prefectura del Guayas, como la limpieza de los canales en la zona rural. En ese caso, “lo que hacemos es insistir en lo que le compete”, agrega.

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Existe un trabajo preventivo . No se puede decir que no habrá inundaciones, pero sí que se reducirá el impacto.Freddy Camacho, Riesgos Mun. Samborondón

Lo que se sabe

• Hace casi 70 años se construyó la ciudadela Miraflores, que está rodeada del estero Salado, que enfrenta problemas de contaminación
• Mejorar las aceras y ampliar las áreas verdes están entre las propuestas
• El Municipio hará una consultoría para rutas gastronómicas, que incluirán a este sector del norte de Guayaquil

Un lugar que evoca “recuerdos y nostalgia”. Así describe María del Carmen Cajas a la ciudadela Miraflores, sector tradicional del norte de Guayaquil, en el que ha residido por 68 años. Vivir junto al manglar es uno de los privilegios que destaca de esta ciudadela rodeada del estero Salado.

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Casi por el mismo tiempo, 67 años, Paulina Game ha disfrutado de la sombra de los árboles, del canto de las aves y de la visita de zarigüeyas en el patio de su vivienda, que colinda con las riberas de este recurso natural, afectado por la contaminación. “A mi patio puedo salir en las mañanas, en cualquier momento, y están estos mangles maravillosos y los árboles, como yo los tengo”.

Con ese sentido de pertenencia, Game destaca los cuidados que brinda a las plantas y los árboles que crecen junto a su propiedad. Aunque sean parte del ecosistema, ella los protege como si fueran suyos.

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¿Cuántos años tiene la ciudadela Miraflores?

Fue en 1957 cuando surgió la ciudadela de la mano del médico y empresario Fernando Lebed Sigail, quien encargó su diseño y construcción al arquitecto Félix Arturo Henriques Fuentes. La nueva ciudadela nació como una continuación de Urdesa, que había sido creada un par de años antes.

Así lo explica el historiador Fernando Mancero. “Se veía que había un boom en el sentido de un nuevo estilo de vivir. Ya no en el centro ni en los desarrollos que estaban pegados a la ciudad, sino pues un poco más alejado. Para entonces era una zona prácticamente virgen, sumamente alejada. A la gente le parecía que iba a vivir en una zona extremadamente salvaje”.

Desde su concepción -y su nombre- Miraflores se creó muy unida al ecosistema, resalta Mancero. “Se pensó en una urbanización que iba a tener más que áreas verdes, que tiene pocas, además de cercanía con la naturaleza e iba a tener espacios verdes dentro de sus terrenos unipersonales”.

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Miraflores necesita más espacios verdes para ecoturismo

“Lo lindo de Miraflores es que es abierto”, afirma Juan Andrade, quien pasea con su perro en el parque que da la bienvenida a la ciudadela, en la avenida Adolfo Alvear Ordóñez, llamada Principal.

Mientras disfruta del espacio del parque, Andrade considera que deberían crearse sitios similares para reconectarse con el ecosistema que los rodea. 

Siempre es bueno tener más porque en Guayaquil hay muchos carros y mucha contaminación. Entonces, todos los espacios verdes que puedas conseguir te ayudan para que no haya tanto calor y no veas todo el humo (esmog)”.Juan Andrade, habitante de Miraflores

Más áreas verdes implican el cuidado de la flora y fauna. Ahí es clave el papel de la ciudadanía, que debe conocer lo que le rodea para que se apropie y ayude a preservarlo, comenta la gestora de turismo, Allyson Alemán. 

“Una vez que la comunidad que vive ahí se compromete al cuidado de la zona, ahí puedes pasar a un siguiente paso de traer turistas porque la misma gente que vive ahí se preocupa, cuida y protege”, explica.

Para fomentar el turismo, Alemán sugiere hacer más caminables las aceras, sobre todo las que están en los dos puentes que conectan con Urdesa y desde los cuales se puede apreciar el estero, que espera desde hace décadas un plan de remediación por la contaminación de desechos y aguas residuales.

“En Guayaquil se perdió lo más lindo que tenía: un brazo de mar que hubiera sido una insignia para el turismo. Hoy lo que tenemos son aguas tóxicas, donde vemos cómo pasan camas, sillones, colchones, animales muertos”, es lo que lamenta Cajas.

Si comprendes el microclima, puedes darle mayor importancia y obviamente lo vas a proteger".
Allyson Alemán, gestora de turismo

Una opinión similar guarda la también residente Clara Paredes, quien sueña con que la mirada del barrio vuelva hacia el estero. “Lo tenemos como vecino y lo vemos, es verdad. Pero no está sano como lo queremos, como hace décadas lo teníamos. Si fuera así, si las autoridades lograran recuperarlo, más fauna nos rodearía, habría un aire más limpio. Es más, se podrían levantar pequeños malecones en ciertos puntos, los que sean públicos, para atraer a visitantes, a más vecinos, a turistas. Miraflores tiene potencial para tanto”, pensó.

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Marilyn Coll, del Comité barrial Unidos por Miraflores, detalla que además falta mejorar las rampas para adultos mayores y personas con movilidad reducida, el estado de las luminarias públicas y reemplazar los guardavías dañados por el impacto de vehículos, del lado que colinda con la avenida Carlos Julio Arosemena.

¿Cuál es el plan para la gastronomía en Miraflores?

Un aspecto por el que se considera a Miraflores como “el comedor de Guayaquil” es su corredor gastronómico, en la avenida Principal. Para este espacio, la Alcaldía hará una consultoría que permita crear rutas que involucren a varios sectores de la ciudad, según indicó a EXPRESO la directora municipal de Turismo, Tahiz Panus.

Con estos desafíos y proyectos, Miraflores se mantiene como una ciudadela unida a la naturaleza, un rincón verde y gastronómico en el norte.

Está cercana a los cerros y al estero, pero su ubicación ha hecho que evolucione a un eje gastronómico popular".
Fernando Mancero, historiador

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Lo que debes saber

• Mario Godoy se encuentra fuera de la escena pública tras ser censurado por la Asamblea.
• El proceso de control político a Inés Manzano avanza en la Comisión de Fiscalización.
• Fiscalía investiga las polémicas contrataciones y desembolsos a las empresas Progen y ATM.

¿Alguien ha visto al doctor Mario Godoy? Han pasado más de cuatro meses desde que la Asamblea Nacional lo censurara el 18 de febrero. Tan solo unas horas antes, Godoy había presentado su renuncia, como para burlarse una última vez de sus fiscalizadores. Desde entonces, su figura prácticamente se ha esfumado de la escena pública. Por ahí salió el señor fiscal general a decir que tenía en su despacho dos investigaciones contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, de las cuales no sabemos nada y a las que no les ha puesto logo, razón por la cual podemos entender que no son casos de su interés. De cosas más concretas lo acusó alias Negro Willy, pero no cabe mencionarlas ya que, al igual que el resto de lo que dijo, fueron presentadas con poca coherencia y aún menos fundamento. Al fin y al cabo, parece que el señor Godoy la sacó barata después de haber sido señalado por supuestos actos gravísimos, entre los que destacan el presumiblemente haber ejercido su cargo teniendo un conflicto de interés con grupos delictivos y encima haber presionado a Carlos Serrano, un juez en funciones, quien tuvo que salir del país temiendo por su vida.

El juicio político a Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización

Tal suerte puede parecer hasta envidiable para una exfuncionaria cuyo proceso de control político finalmente avanza, después de múltiples retrasos, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ella es Inés Manzano, hasta hace poco ministra de Ambiente y Energía (y Minas, Hidrocarburos, licencias demoradas, tasas sorpresa y toda una serie de responsabilidades más), señalada como una de las responsables por los atracos eléctricos de Progen y ATM (este segundo es el que marcha por la Comisión). Para el oficialismo, la mejor respuesta a esa acusación ha sido una pregunta: ¿responsable de qué?

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Cuando les ha convenido, los asambleístas de ADN han hecho malabares con los conceptos de responsabilidad penal y política para detener o al menos distraer los intentos previos de sentarla en el banquillo de los interpelados. Se pasaron medio año en la Comisión de Transparencia, dirigida por Diana Jácome, tratando de establecer que los ministros del Gobierno nada tenían que ver con las contrataciones a Progen y ATM (cosa bastante graciosa, porque cuando las obras salen bien uno los puede ver disfrazados de contratista, con chaleco naranja y casco amarillo, asumiendo el éxito de la gestión). Con ese fin llegaron a traer al contralor general a una sesión para que les explicara a ellos, encargados de determinar la responsabilidad política de los ministros, que ante los ojos de la Contraloría un ministro no es responsable civil o penal por los contratos que firman los gerentes de las empresas públicas (para conseguir esa misma respuesta hubieran podido salir a la calle a buscar a un burócrata o abogado cualquiera y llevarlo de las mechas al Palacio Legislativo). Eso les sirvió para decir que el tema quedaba fuera de competencia y mandar, sin llegar al Pleno, su informe carente de conclusiones a la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía y la crisis de los contratos eléctricos

Desde entonces y hasta hace poco, el oficialismo se la ha pasado diciendo que los casos Progen y ATM están en manos de Fiscalía y que no lo politizarían. Debemos entender que la politización, por arbitrariedad u omisión, ahora es el trabajo del fiscal. Y es que llama profundamente la atención que en un caso que adquirió fuero de Corte Nacional porque se lo investigó originalmente al ministro Roberto Luque no consten como imputados ni él ni Manzano, sino el ministro que manejó la cartera de Energías entre ellos dos: Antonio Gonçalves. Si Gonçalves está ahí porque se firmaron los contratos y se desembolsó el dinero bajo su gestión, cabe pensar que Luque debería figurar porque se los negociaron bajo él y Manzano porque con ella continuaron los desembolsos.

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Aunque esto expone la engañosa retórica de los asambleístas de ADN al demostrar que, al menos para su tan querida Fiscalía, sí es posible conectar a un ministro con el caso, es importante regresar al problema de origen: la responsabilidad política es algo muy distinto a la penal.

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Primero, porque caduca. Poniéndose esperar a que haya una resolución en firme por parte de la justicia, el plazo para enjuiciar a Luque, Gonçalves o Manzano por sus acciones al frente de Energía se les habría agotado (solo pueden someter a un ex funcionario a la censura hasta un año después de su salida del cargo). Segundo, porque la responsabilidad política es por definición subjetiva y amplísima. Un argumento que debería ser convincente para la Asamblea) y que no necesariamente lo sería en una corte es el siguiente: les tomaba cinco minutos a cualquiera de los ministros llamar a cualquier persona que haya trabajado con generadores en su vida para enterarse de que Progen y ATM no son unos de los pocos fabricantes de grandes grupos electrógenos en el mundo. No haberlo hecho -o haber ignorado esa realidad- los vuelve unos irresponsables.

Le devuelvo la palabra, señor presidente.

Lo que debes saber

• El CPCCS acumula retrasos críticos en concursos clave antes de las elecciones de noviembre de 2026.
• La renovación parcial del CNE registra el mayor estancamiento, congelada desde diciembre de 2025.
• El concurso para Fiscal General está paralizado desde junio de 2026 por falta de consensos.

Los concursos públicos administrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acumulan retrasos críticos a pocos meses de que los ciudadanos elijan una nueva conformación del organismo en las elecciones de noviembre de 2026. Los procesos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la selección del nuevo Fiscal General del Estado se encuentran paralizados debido a la falta de acuerdos internos en el Pleno y la postergación en la aprobación de fases administrativas clave.

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El origen del estancamiento en el CNE

El concurso que registra el mayor retraso es el de la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde diciembre de 2025, este proceso permanece completamente estancado en la fase de elaboración de un nuevo banco de preguntas para la etapa de oposición de los postulantes.

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La problemática institucional es profunda, considerando que la primera renovación de los vocales debió ejecutarse originalmente en 2021 y la segunda en 2024. Mientras tanto, el órgano electoral continúa operando con su misma conformación estructural, bajo la reciente presidencia del vocal José Cabrera.

Pugnas internas bloquean la designación de Fiscal General

Los bloqueos más recientes afectan de forma directa al concurso para Fiscal General del Estado. Desde el 11 de junio de 2026, el proceso administrativo se encuentra paralizado por la falta de aprobación del informe final correspondiente a la etapa de calificación de méritos.

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La Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso aclaró de forma pública que la suspensión no depende de su gestión, sino de la falta de preclusión de la etapa de méritos por parte del Pleno del CPCCS. Sin una resolución formal de los consejeros, el concurso no puede avanzar a las fases de oposición e impugnación ciudadana.

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Elecciones de noviembre de 2026 e intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la inactividad del organismo responde a la cercanía de los comicios de noviembre. Alarcón señala que la paralización de los concursos se ha ejecutado de facto y apunta a que el objetivo principal de retrasar las designaciones responde a intereses de campaña electoral, debido a que varios consejeros actuales buscarán la reelección en sus cargos.

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Al consultar a las autoridades del organismo, la vocal Nicole Bonifaz confirmó la presentación oficial de su postulación para el nuevo periodo, mientras que Roberto Gilbert anunció públicamente su renuncia para optar por la reelección.

Estado actual de los concursos públicos pendientes

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La sombra de un referéndum definitivo

El escenario de parálisis administrativa ocurre en medio de presiones externas sobre el futuro institucional del CPCCS. A inicios de 2026, el presidente Daniel Noboa planteó una propuesta de referéndum para restar competencias al Consejo en la designación de autoridades del Estado. La iniciativa cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y busca que la Asamblea Nacional retome la facultad de selección, una vía que alteraría de forma permanente el diseño institucional del país.

Lo que debes saber

• El alza de precios de los fertilizantes presionan los costos de producción agrícola y abre una conversación urgente sobre la búsqueda de alternativas y estrategias.
• Los bioinsumos son una alternativa real y ya probada en cultivos ecuatorianos de arroz, banano y cacao, con potencial de reducir costos de producción por hectárea.
• La transición hacia bioinsumos requiere entre 3 y 5 años de adaptación del suelo, capacitación técnica y producción sostenida. Investigadores del INIAP y la Espol ya tienen estudios.

El conflicto en el Estrecho de Ormuz restringe desde el 28 de febrero el paso de carga marítima por esa ruta estratégica. El índice de precios de fertilizantes del Grupo del Banco Mundial subió más del 12 % en el primer trimestre de 2026 y se prevé que aumente un 30 % adicional en el año. Los fertilizantes nitrogenados como la urea registran los mayores incrementos.

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En Ecuador la urea, que costaba entre $25 y $30 el saco de 50 kilos, hoy puede llegar a valer hasta $55, un alza que ya preocupa en el campo y hoy vuelve a poner sobre el debate la necesidad o no de adoptar en el país alternativas orgánicas.

Desde la Revolución Verde de las décadas de 1960 y 1970, Ecuador adoptó un modelo agrícola basado en agroquímicos que aumentó la productividad, pero también generó degradación de los suelos y una fuerte dependencia a importaciones de insumos. Para Ney Barrionuevo, exviceministro de Agricultura y gerente de Inclusys, la solución no pasa por eliminar estos fertilizantes, sino por usarlos con mayor precisión, aplicando solo la cantidad y el tipo que requiere cada finca.

Los datos del Módulo de Información Ambiental y Tecnificación Agropecuaria 2024 respaldan el argumento, el 31,8 % de las unidades de producción agropecuaria aplica fertilización química en todos sus cultivos. Del 56,2 % que no los usa, el 69,7 % señala como motivo el costo elevado, no es una decisión técnica o agroecológica.

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Un complemento

Los bioinsumos -bioles, compost, bocashi, biofertilizantes a base de microorganismos, extractos de plantas o algas- según los expertos consultados, deberían ser una opción viable para disminuir costos de producción, pero no como reemplazo inmediato y total. “Se debe hacer un manejo adecuado de las plantaciones en donde estos bioproductos se complementen o sean la mayor proporción de las aplicaciones”, explica Luis Galarza, investigador del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la Espol.

Barrionuevo coincide en que “es utópico” pensar que toda la producción se convierta en orgánica. El escenario más realista es que las alternativas coexistan.

La transición, además, toma tiempo. Jeremy Bravo, director ejecutivo de la Fundación In Terris -que trabaja con más de 100 productores agroecológicos- explica el reto: “la normativa orgánica establece que entre 3 a 5 años el suelo vuelve a ser apto”. Durante ese proceso, los rendimientos pueden bajar antes de estabilizarse, lo que desincentiva la transición para productores que necesitan resultados inmediatos.

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Evidencia en campo

En Colimes (Guayas), una asociación de más de 30 arroceros reemplazó completamente la urea con Azolla -helecho de agua fijador de nitrógeno- que ellos mismos cultivan y aplican. En costos, el uso convencional de urea en arroz puede llegar a unos $720 por hectárea en tres aplicaciones; la Azolla ronda los $400 a $500 en todas sus aplicaciones.

Aunque el arroz convencional cuesta entre 44 y 60 centavos la libra, el agroecológico se vende entre 80 centavos y $1.

Según Bravo, la variación de costos recae en que la producción agroecológica es de menor escala y sin infraestructura para pilado, por ello requiere más tiempo y mano de obra.

Olmedo Peñafiel, líder de la Asociación de Productores Agroecológicos del Guayas, cuenta también su experiencia con el uso de componentes orgánicos. Lleva alrededor de tres décadas bajo este modelo, usando bioinsumos a base de microorganismos en arroz, soya, maíz, cacao y hortalizas. Cada 20 o 25 días aplican un litro de preparado por hectárea.

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El Ministerio de Agricultura anunció en mayo la capacitación de 28.000 productores para elaborar sus propios bioinsumos. Una medida que para Bravo es oportuna, pero que debería reforzarse. “Que sean el doble, porque hay que buscar sostenibilidad”, sostiene.

EXPRESO realizó un pedido de información al Ministerio de Agricultura para conocer la estrategia nacional de abastecimiento de fertilizantes y cómo las capacitaciones a agricultores se están consolidando en programas sostenidos a mediano o largo plazo. No obstante, aún se espera respuesta.

Barrionuevo propone un programa nacional que articule al Estado, la empresa privada, productores y la academia para impulsar de manera gradual la agricultura de precisión, con estrategias consensuadas y equilibradas en torno a los biofertilizantes. También señala la necesidad de conectar la producción a una demanda con certificación y trazabilidad. Estima que el proceso tomará “probablemente varias décadas”, pero enfatiza que las conversaciones deben comenzar ahora.

Galarza concuerda: “Ya probablemente hemos retrasado estas alternativas. Lo importante es que los recursos los tenemos. Tendríamos que unificar todo para promover resultados”.

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Investigaciones científicas sobre la mesa

Los bioinsumos mejoran los suelos afectados por el uso intensivo de fertilizantes químicos, que acidifican el terreno y reducen los microorganismos encargados de liberar nutrientes para las plantas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador sistematizó los protocolos más accesibles en una guía de insumos agroecológicos elaborada junto al Centro KOPIA-Ecuador, el CIP y el IICA. La publicación detalla cómo elaborar compost, bocashi, biol y biofertilizantes a base de microorganismos con recursos disponibles en fincas.

Según Diego Peñaherrera, del Núcleo de Desarrollo Tecnológico del INIAP, estás opciones incorporan bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos que solubilizan fósforo y promotores del crecimiento vegetal. “Hallazgos clave que demuestran que los bioinsumos son una alternativa viable ante los costos altos y escasez de los fertilizantes químicos”.

El Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la Espol también ha fortalecido esta línea de trabajo. Cuenta con un catálogo de alrededor de 3.000 microorganismos evaluados para biofertilizantes, aunque Galarza advierte que el desarrollo sigue limitado: “Las empresas grandes es traen productos de Centroamérica, Colombia e incluso de Corea. En cambio, se debería promover es el uso de nuestra tecnología, de nuestros microorganismos”.

Añade que estos bioinsumos deberían desarrollarse cerca de las zonas de cultivo, ya que hoy muchos se producen en la Sierra —para flores o papa— y se trasladan a la Costa, lo que reduce su efectividad y dificulta su adaptación a los cultivos locales.

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Lo que debes saber

• Nueve prefectos ya no podrán reelegirse; 14 sí están habilitados para buscar otro mandato.
• Algunos prefectos optarán por otras dignidades, como alcaldías, en las elecciones de 2026.
• Los expertos sostienen que la reelección debe sustentarse en resultados, liderazgo y el cumplimiento de las competencias provinciales.

En cinco meses, los ecuatorianos deberán decidir en las urnas si renuevan o no a los titulares de los gobiernos provinciales. De los 23 prefectos del país, solo nueve no podrán buscar la reelección, mientras que los otros 14 sí estarán habilitados para postularse nuevamente.

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Los que deberán cambiar de destino político

El artículo 114 de la Constitución del Ecuador establece que las autoridades de elección popular pueden ser reelegidas por una sola ocasión. Por ello, Paola Pabón (Pichincha), Leonardo Orlando (Manabí), Johnny Terán (Los Ríos), Clemente Bravo (El Oro), Roberta Zambrano (Esmeraldas), Manuel Caizabanda (Tungurahua), José Daniel Villao (Santa Elena), Johana Núñez (Santo Domingo) y Magali Orellana (Orellana) ya no podrán aspirar otra vez a la Prefectura, tras haber sido reelectos en los comicios seccionales de 2023.

EXPRESO intentó conversar con los nueve prefectos impedidos de buscar el mismo mandato, pero ninguno aceptó una entrevista para revelar si participará en las elecciones del 29 de noviembre de 2026 desde otra candidatura. Según lo que han publicado en sus redes sociales, Zambrano tendría interés en postular a la Alcaldía de Esmeraldas con el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), luego de haber asegurado su reelección en la Prefectura, en 2023, con el Partido Social Cristiano (PSC).

El mismo camino seguiría Villao, quien buscaría la Alcaldía de Santa Elena bajo el respaldo de ADN. En las elecciones seccionales de 2023, fue reelegido como prefecto con el apoyo de la alianza entre Revolución Ciudadana (RC), RETO y el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente.

Bravo, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope), ha manifestado su interés en disputar la Alcaldía de Machala con el respaldo de ADN. El prefecto de El Oro consiguió su reelección en 2023 con el Movimiento Sur Unido Regional, luego de haber ejercido la Alcaldía de Santa Rosa.

De este grupo de prefectos, solo Terán ha confirmado, a través de su departamento de Comunicación, que no participará en los próximos comicios. Sin embargo, su hijo, Johnny Terán Barragán, dejaría la Asamblea Nacional para buscar la Prefectura de Los Ríos.

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Quiénes sí podrán buscar otro período

De los 14 prefectos habilitados para buscar la reelección, solo uno aún no tiene asegurada esa posibilidad. Hermel Toapanta, prefecto de Chimborazo, enfrenta un proceso por presunta violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya resolución podría incidir directamente en una eventual candidatura.

En el caso de Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, aunque está habilitado para buscar un nuevo período al frente del Gobierno Provincial, también analiza postular a la Alcaldía de Cuenca. Cualquiera de las dos candidaturas tendría el respaldo de RC; sin embargo, esa organización aún no define con qué tienda política inscribirá a sus candidatos, debido a la suspensión provisional de nueve meses que le impuso el TCE.

Por su parte, Carlos Encalada, prefecto del Guayas, llegó al cargo por designación del Consejo Provincial, tras la renuncia de Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano, y no por elección popular. Aunque está habilitado para postularse, asegura que “hoy no está en mis planes participar en las elecciones de noviembre de 2026”, pues “asumí un compromiso por un año y quiero honrarlo”.

Encalada sostiene que dejará a su sucesor una provincia con bases sólidas, más obras, mejor infraestructura vial e hidráulica, un campo más productivo y tecnificado, y una gestión enfocada en la prevención de desastres naturales. Su gestión concluirá el 14 de mayo de 2027, fecha fijada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la posesión de las nuevas autoridades.

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La apuesta por la continuidad de la gestión

Los prefectos que buscan la reelección sostienen que un período de cuatro años es insuficiente para consolidar proyectos de largo plazo, especialmente en áreas como vialidad, riego, producción y gestión ambiental. Más allá de la posibilidad que les otorga la Constitución, los funcionarios que dialogaron con EXPRESO aseguran que un segundo mandato les permitiría dar continuidad a las obras emprendidas y consolidar políticas públicas cuyos resultados requieren más tiempo para evidenciarse.

En Loja, Mario Mancino asegura que la provincia está encaminada hacia la modernización del agro, con una red vial rural fortalecida, sistemas de riego ampliados y un modelo productivo basado en la mecanización y el café como eje económico. Considera que su sucesor, si es que no es reelecto, deberá profundizar la industrialización del campo y mantener las inversiones en infraestructura para consolidar ese crecimiento.

Para Lourdes Tibán, en Cotopaxi el mayor legado es haber institucionalizado la minga como política pública para ejecutar obras con menor costo y mayor participación ciudadana. Sostiene que en la provincia se debería preservar ese modelo de trabajo comunitario, mantener el control de los costos en la contratación pública y potenciar el sistema de construcción de puentes con contenedores reciclados y tubería reutilizada, una técnica que aspira a patentar por su capacidad para reducir tiempos y recursos.

En Cañar, Marcelo Jaramillo defiende la continuidad de un modelo enfocado en la protección de las cuencas hídricas y la adaptación al cambio climático. Asegura que la provincia ya cuenta con avances en vialidad, riego, producción y reforestación, pero sostiene que el siguiente paso debe ser fortalecer la gestión integral del agua y consolidar proyectos ambientales que, a su juicio, requieren más de un período para mostrar resultados.

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La reelección, bajo la lupa ciudadana

A criterio de Juan Carlos Valarezo, politólogo y coordinador de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, los prefectos que busquen un segundo mandato deberán demostrar que la continuidad de su administración responde a proyectos aún inconclusos y no a la intención de prolongar una carrera política. Por ello, considera que los electores demandarán campañas con menos retórica ideológica y más propuestas vinculadas a sus competencias, como la vialidad rural, el riego, la gestión ambiental, la atención de emergencias y el desarrollo productivo.

En esa misma línea, el catedrático y experto electoral Alfredo Espinosa sostiene que la reelección debe entenderse como una solicitud de ratificación de la gestión realizada. Por ello, considera que los candidatos tendrán que demostrar el cumplimiento de sus planes de trabajo, explicar qué proyectos requieren continuidad y justificar por qué necesitan cuatro años más para concretarlos, en lugar de limitarse a presentar nuevas promesas de campaña.

Los especialistas advierten, además, que los gobiernos provinciales no deberían convertirse en plataformas para proyectar candidaturas a otros cargos de elección popular. A juicio del politólogo Valarezo, la ciudadanía deberá preguntarse si quienes buscan mantenerse en funciones han gobernado pensando en las necesidades de la provincia o si han utilizado el cargo para fortalecer su trayectoria política. Espinosa agrega que una reelección solo se justifica cuando existe una gestión respaldada por resultados, liderazgo y una base social construida durante el ejercicio del cargo, y no únicamente por el cálculo electoral.

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Acción contra la mascotización de especies silverstres

Porque muchas veces, la perversidad humana enjaula a especies que la creación dictó que deben vivir libres, por la mascotización de la vida silvestre, producto del tráfico ilegal. Frente a esta crueldad metódica, el camino para sanar las heridas del cautiverio es largo. Sin embargo, tres grandes pulmones locales asumen el reto, demostrando que la educación y el turismo responsable son la mejor solución. 

Parque Histórico de Samborondón

Valor de ingreso referencial (2026): $4 adultos, $2 niños

En Samborondón, este recinto es una muestra viva del ecosistema amenazado del bosque seco tropical. Grecia Robles, veterinaria del Parque Histórico, explica que los animales llegan por entregas voluntarias, confiscaciones del Ministerio de Ambiente o rescates ciudadanos tras incendios y atropellamientos.

Cada ejemplar pasa por una estricta cuarentena clínica, para definir si puede volver a la naturaleza o si sus lesiones lo obligan a quedarse.

Mantener a casi 400 animales es sumamente costoso. Un tapir, por ejemplo, exige hasta 90 libras diarias de comida. Por eso, el valor de la entrada financia dietas especializadas, medicinas y personal. “Al preservar especies propias de nuestro ecosistema, estamos contribuyendo a su conservación a largo plazo”, destaca Robles. 

El crecimiento del parque permitirá que pronto se inauguren espacios diseñados para albergar y exhibir serpientes. Esta labor integral también abarca la flora. Gracias al apoyo de la academia y una iniciativa impulsada por la ONU, el recinto contribuye directamente a la reforestación de manglares, un ecosistema vital de la costa ecuatoriana.

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Zoológico El Pantanal, Km 23.5 vía a Daule, diagonal a Lagos de Capeira

Valor de ingreso referencial (2026): $10 adultos, $5 niños

Más al norte, El Pantanal es el resultado del esfuerzo sostenido del equipo técnico liderado por la ingeniera Belén Chiriboga, una vocación de cuidado que pasa de generación en generación. Aunque maravilla con sus tortugas galápagos de 600 libras o sus vistosos flamencos americanos, su núcleo real es operar como un centro de rescate.

Su operatividad y la alimentación de los animales se financian con la taquilla. El mayor reto del equipo veterinario es revertir el daño del mascotismo y la ignorancia. Llegan animales con desnutrición y problemas metabólicos severos. Existen casos absurdos: monos aulladores, especie estrictamente folívora (comen hojas), a los que alimentaban con pollo frito o cangrejos. Cada especie representa un reto médico individual. 

A la par de la rehabilitación, el lugar funciona como un aula viva, manteniendo convenios con universidades para que futuros veterinarios y guías realicen allí sus pasantías.

El Jardín Botánico, en Las Orquídeas

Valor de ingreso referencial (2026): $3 adultos, $1.50 niños

Por su parte, el Jardín Botánico, ubicado al pie del cerro Colorado, lleva 36 años siendo un espacio seguro para la flora nativa y la comunidad. Arcadio Arosemena, su administrador, detalla que la gestión se sostiene en cuatro pilares: turístico, científico, educativo y de conservación. Aunque el Jardín no exhibe fauna en cautiverio, su reserva natural aledaña sirve de refugio para múltiples especies silvestres.

El visitante camina hoy entre orquídeas nativas reinsertadas en árboles, colecciones de bonsáis y un lepidoptario (mariposario) en proceso de rehabilitación. “La idea es que la gente comience a apreciar lo nuestro”, dice Arosemena, quien además impulsa iniciativas para que las nuevas urbanizaciones planten sombra con árboles nativos. 

Para potenciar este nexo con el público, el Jardín Botánico innova con eventos que atraen masas y promueven la educación. Este fin de semana, el recinto será sede de una gran ‘tarde medieval’, fusionando el esparcimiento familiar e histórico con el invaluable contacto directo con la naturaleza.

Lo que debes saber:

• Pasaporte del café en Quito conecta 20 cafeterías desde mayo hasta diciembre 2026 para impulsar consumo local.
• Iniciativa creada por Andrés Limaico cuesta $4; hay que sellarlo, tras recibir promociones y premios en rutas del centro y norte.
• Proyecto inspirado en México busca visibilizar cafeterías independientes y generar comunidad frente a grandes cadenas.

En ciudades como Tokio, Madrid o Ciudad de México circulan “pasaportes” gastronómicos que invitan a recorrer restaurantes y cafeterías a cambio de sellos. Estas iniciativas llevan a rutas —como las de ramen o dulces tradicionales— y convierten la experiencia culinaria en un circuito turístico.

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En la capital, el Pasaporte del Café va por su segunda edición. Arrancó el 15 de mayo y se extenderá hasta diciembre y es una vitrina para cafeterías locales y una alternativa atractiva para que los ciudadanos descubran nuevos espacios y puedan hacer planes.

Justamente, Andrés Limaico, propietario de Catfe Art, en La Mariscal, se inspiró en una ruta similar que conoció en México y la adaptó al contexto local. 

El primer “pasaporte cafetero” conectó a 20 locales entre La Mariscal y La Floresta, entre octubre de 2025 y abril de este 2026, y la segunda arrancó en mayo y seguirá hasta diciembre, con otras 20 cafeterías. Por $ 4, los usuarios acceden a una guía con direcciones, historias de cada cafetería y promociones exclusivas.

¿Cómo funciona el pasaporte?

Para los propietarios de Ron Ron, Estefanía Donoso, Elizabeth Marcalla y Eduardo Tamayo, el mayor valor ha sido la conexión con otros actores del ecosistema cafetero. 

“Es necesario generar comunidad, sin sentido de competencia, para sostenernos entre todos”, señalan. Carajillos con licores premium ecuatorianos se pueden saborear en la terraza, con una vista soñada, una postal, que incluye el cielo azul y nubes blancas, la virgen del Panecillo y los techos de las casas.

Flor María Brito dice que en Ron Ron desayuna. Le llamó la atención la calidad de los productos y la posibilidad de compartir un momento en un espacio así de bonito. Considera que se deben apoyar iniciativas para dar visibilidad a estos locales que han surgido en la ciudad.

Muy cerca queda Artífice. Noris Cárdenas cuenta que nació hace cinco años como un emprendimiento familiar impulsado por cinco hermanos. El proyecto pone en valor el trabajo artesanal: ella elabora aretes tejidos y, como chef especializada en panadería y pastelería, también prepara panes; otro de sus hermanos se dedica a la coctelería.

El local, cuya especialidad son los sánduches, forma parte de una tradición arraigada en el barrio San Marcos. La familia representa la sexta generación en la zona, donde, a lo largo de la misma cuadra, varios de sus integrantes han desarrollado distintos emprendimientos.

Una herramienta que permite hacer planes

En el norte, en la Moscú y República del Salvador, queda Noon. Su dueña, Martina Proaño, dice que quisieron poner algo que sea para la mañana y la tarde, van desde el brunch hasta el tardeo. Su padre desde pequeña tomaba café con postre, en la tarde.

“Me encanta la idea del pasaporte del café, para que la gente pueda conocer varios spots. Estamos acostumbrados a la grandes cadenas, hay spots de buena calidad y gran ambiente, en diferentes zonas. Es un gran plan para salir con amigos y con pareja”.

Martina no creía que tantas personas lleguen con el pasaporte, pidiendo promociones y que les sellen. Le parece que es una puerta para que lleguen y prueben y luego regresen.

Lesly Valarezo, quien va en penúltimo semestre de Medicina Veterinaria, descubrió su interés por el barismo mientras trabajaba en una cafetería. Esa experiencia la llevó a emprender y, el 28 de junio de 2025, abrió Café Bajo el Árbol, ubicado en la av. Tomás de Berlanga.

El local surgió tras encontrar el espacio en Marketplace y proyectar allí su idea. Hoy, su propuesta combina café y naturaleza: en la carta destacan bebidas como Puma Americano, Espresso de Anteojos y Nutria Latte, inspiradas en la fauna.

“Llegan con el pasaporte, ven los murales de animales y les cuento la historia”.

Sin el pasaporte solo se puede ir a las cadenas de cafeterías de siempre. Te lleva a lugares no conocidos,Lesly Valarezo/ Café bajo el Árbol

Andrés Limaico relata que uno los locales iba a cerrar, pero desistió. Clientes le han dicho que fue una motivación para reencontrarse con amigos, que ya encontraron un plan recurrente, por ejemplo.

Luz Elena Coloma, exconcejala y quien dirigió años atrás Quito Turismo, aplaude la iniciativa de una ruta de cafeterías. Cree que debería tener acompañamiento del municipio, por ejemplo para que los alrededores de los locales estén iluminados o con seguridad y para que más personas puedan hacerse eco de la ruta.

En la ciudad, según datos de Quito Turismo, hay alrededor de 1.500 cafeterías. Algunos propietarios entrevistados dicen que cada semana se abre una nueva.

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Lo que debes saber

• Abelardo de la Espriella y de Keiko Fujimori son una oportunidad para que Ecuador participe de respuestas conjuntas.
• Gabriela Sommerfeld salió de la Cancillería sin tener responsabilidad directa de polémicas como la incursión a la embajada mexicana.
• La inestabilidad del cargo de embajador de Ecuador en Washington responde a un cambio en las relaciones internacionales del mundo.

Las elecciones en Colombia y Perú mueven el péndulo ideológico en América Latina y consolidan un bloque de países con una tendencia hacia la derecha. El excanciller y diplomático Patricio Zuquilanda analiza en Diario EXPRESO las oportunidades y retos que tendrá Ecuador con los gobiernos de Abelardo de la Espriella y de Keiko Fujimori.

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El exfuncionario también valora los recientes cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador tras la salida de Gabriela Sommerfeld, en un contexto electoral con una posible candidatura a la Alcaldía de Quito, y la designación de Roberto Kury como canciller, pese a tener experiencia en el sector de las telecomunicaciones.

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Pregunta (P): Colombia y Perú están dando un golpe de timón con De la Espriella y Fujimori, ¿qué representan estos cambios para América Latina?

Respuesta (R): Desde el punto de vista gubernamental se están produciendo cambios, pero desde el punto de vista de las poblaciones no necesariamente. Por ejemplo, el 50% de la población está diciendo que se ocupen de educación, salud, vivienda, empleo y seguridad. Las sociedades ya no están hablando mucho de ideologías; están hablando de satisfacción de necesidades. Entonces, es cierto que hay un traslado de gobiernos hacia la derecha, pero la gran pregunta es si las poblaciones también se están moviendo de la misma manera. En varios países hemos visto cómo (esos proyectos políticos) ganan casi con el 50% (de los votos). Es decir, no hay una ganancia de 70 sobre 30, por ejemplo, sino que es muy limitada.

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P: Sin embargo, la polarización ha sido la tónica de los últimos años de la región y en democracia se impone la mitad más uno...

R: Ganancia es ganancia. Lo clave es eso: la polarización. Los ecuatorianos hemos pedido una reducción de partidos políticos; no puede ser que sigamos con más de 260 organizaciones políticas porque no hay 260 ideologías diferentes. Y eso es lo que está pasando en la región. No es polarización negativa, sino positiva. Es beneficiosa porque ahora sí vamos a discutir si vale la pena irnos por el camino socialista o el camino capitalista, o hacemos una mixtura de las dos. La polarización no es un asunto negativo; es un asunto políticamente positivo.

El impacto de Colombia y Perú en Ecuador

P: ¿Cómo aterrizar en la práctica esta coincidencia ideológica de Ecuador, Colombia y Perú? El presidente Daniel Noboa ha sido enfático en señalar que temas como la seguridad necesidad una respuesta conjunta.

R: Debemos perseguir en esta nueva situación una hoja de ruta clara con la participación de todos los actores de la región. Hay el gran beneficio de que ideológicamente, políticamente, Noboa y los presidentes electos De la Espriella y Fujimori se van a entender mucho mejor. Es importante porque en el servicio exterior siempre se sabe que los dos países más importantes, incluso con la misma importancia que Estados Unidos, son Colombia y Perú. El principal problema de Ecuador en este momento es el ingreso de droga y hay que pararlo en la frontera. Ahora más que nunca debemos tener una política exterior ágil.

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Estrategia de seguridad con Colombia y Perú

P: ¿Cuáles deberían ser las coordinaciones inmediatas con el gobierno de De la Espriella en seguridad y otras materias?

R: Debemos restituir la seguridad e integración fronteriza con la coordinación y la seguridad militar y policial. Ecuador y Estados Unidos ya están trabajando en la frontera y creo que con el nuevo gobierno Colombia podría participar. Igual Perú. Hay que poner inmediatamente en operación nuevamente la Subsecretaría de Desarrollo Fronterizo y Asuntos Amazónicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encargaba de proyectos de desarrollo en toda la franja binacional. Ecuador también tiene que salir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) porque es una organización que hasta ahora nos ha manifestado a nosotros plena seguridad. También promuevo la instalación de una zona especial binacional de desarrollo de fronteras con Colombia que vaya a solucionar -y que sea paralelo a la represión militar y policial a los grupos delincuenciales- porque hay que ofrecerles una alternativa de desarrollo.

Evaluación de la salida de Gabriela Sommerfeld de la Cancillería

P:El reto de fortalecer la relación con los nuevos gobiernos de Colombia y Perú sucede en medio del cambio de canciller. ¿Cómo evalúa la gestión de Gabriela Sommerfeld? Hay quienes señalan que se fue sin responder a acciones polémicas, como la incursión a la Embajada de México en Quito.

R: Hay un número exagerado de personas en ese ministerio. El mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial en este momento, a uno le reduce la carga de trabajo. Ya hay gran cantidad de actividades que uno hace valiéndose de la inteligencia artificial; ya no se necesitan cargas de funcionarios. También hay que reabrir las oficinas comerciales. Sommerfeld enfrentó una serie de problemas muy complejos y lo que me gustó fue que los enfrentó con serenidad. El tema de la Embajada de México fue un tema, pero probablemente escapó de su control directo porque también ahí interviene el Consejo de Seguridad, interviene una serie de organismos del Estado que no solamente están fuera de las manos de la Cancillería.

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Análisis de la designación de Robeto Kury como nuevo canciller

P: Se suele decir que en el servicio exterior requiere de mucha experiencia, pero el presidente Noboa designó como nuevo canciller a Roberto Kury, que tiene su fortaleza en las telecomunicaciones. ¿Cómo entender esta designación?

R: El presidente debe tener un buen argumento para poner al señor Kury. No lo conozco, pero tengo la impresión de que él debe ser un funcionario experimentado porque una persona que no tenga un nivel profesional elevado no podría aceptar una cartera de semejante responsabilidad. Yo pienso que él debe tener muchas cualidades para hacerlo y, hasta ahora, pues no ha habido oportunidad para juzgar su desempeño.

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Ecuador necesita un "mago" en la Embajada en Washington

P: Otro escollo internacional ha sido la inestabilidad del cargo de embajador de Ecuador en Estados Unidos. ¿Por qué no se halla un perfil que perdure?

R: El movimiento de la política internacional ha sido tan inmediato y constante que es muy difícil para un gobernante, por ejemplo, tomar una decisión respecto de un embajador que se vaya ajustando a periodos largos. Un embajador en Washington tiene que ser multifacético, multiprofesional y con buena capacidad de relacionamiento. Ahora la política internacional ya no es predecible; por lo tanto, usted necesita un mago en Washington. Ese mago todavía no aparece, pero yo creo que ya mismo, de un momento a otro, va a aparecer porque ahora parece que a veces la solución de los problemas internacionales se da entre los propios presidentes.