Ante la falta de respuesta del Ministerio de Agricultura para abordar este tema, el análisis de la evolución del sector se basa en cifras y en la percepción de representantes de gremios, productores y academia.

Desde una perspectiva histórica, Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), recuerda que el sector ha aprendido de crisis profundas: “La industria de cacao ecuatoriana es una industria que aprendió de la crisis… cuando la escoba de la bruja (un hongo) liquidó a más del 80 % de las plantaciones”. Este colapso llevó a replantear el modelo productivo, apostando por planificación y ciencia. “Se necesitaba una mejor planificación basada en el origen… trabajar en genética”, lo que permitió desarrollar clones más resistentes, recuperar la producción y mejorar la calidad del cacao fino. Hoy, esa experiencia se traduce en una idea central: “La productividad es igual a la competitividad en cacao”.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el cacao ecuatoriano cerró 2025 consolidado como el segundo producto de exportación no petrolero (después del camarón), alcanzando una cifra récord superior a los 4.600 millones de dólares, impulsado por altos precios internacionales, pero también por un aumento de producción sostenido desde hace dos décadas. El país exportó 600.000 toneladas de cacao en 2025, un incremento del 28 % en volumen respecto al año previo.

Capacitación en el campo

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Desde el ámbito productivo, Fernando Crespo, presidente de Aprocafa, destaca que los resultados se dan gracias a la capacitación en campo, especialmente en zonas como Naranjal. “Han sido capacitados en temas de poda, renovación de copas, en sistemas de riego, y los resultados son positivos”. Estas prácticas han permitido incluso duplicar la producción en algunos casos.

Uno de los cambios clave ha sido la adopción de decisiones técnicas en fertilización. Crespo enfatiza la importancia del análisis de suelo: “Para fertilizar sí es importante, pero si no se hace un análisis de suelo, se está echando todo a la buena de Dios”. También resalta la inversión en renovación de plantaciones mediante poda e injertos: “Invirtieron mucho en temas de renovación de copa… podaron o injertaron nuevas variedades en árboles viejos”. Estas mejoras han contribuido a reducir el impacto de enfermedades que antes generaban pérdidas significativas. 

“Aquí se perdía el 50 % de la producción del país por enfermedades”. Además, se han incorporado clones más productivos y tolerantes: “El cacao hoy ya no es como antes… tienes el clon que en 18 meses comienza a pipetear… no podemos hablar de resistencia, podemos hablar de tolerancia”.

Pero el reto, según explican los expertos, debe ir más allá del mejoramiento genético y avanzar hacia una tecnificación que mejore los sistemas de riego por goteo, permita automatizar procesos como la poscosecha y mitigar la contaminación por cadmio.

El enfoque va más allá de lo técnico, incorporando tecnología y trazabilidad

Desde la academia, Andrea Amaya, de la Escuela de Negocios de la ESPOL (Espae), explica el trabajo conjunto con organizaciones como TRIAS para fortalecer capacidades en pequeños productores agrupados en asociaciones como Unocase, que integra a más de 2.000 agricultores. El enfoque va más allá de lo técnico, incorporando tecnología y trazabilidad: “La idea es ayudarlos… no solamente en cuanto a la realización, sino también a ir entendiendo la parte de la tecnología… qué es la trazabilidad del producto”.

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Amaya anuncia para el 30 de julio un nuevo diplomado en cacao en alianza con Anecacao. Este programa incluirá liderazgo, negociación, cadenas de suministro, georreferenciación y finanzas. El objetivo es mejorar la toma de decisiones técnicas, dejando atrás la improvisación.

Finalmente, Amaya señala que estos esfuerzos buscan transformar la mentalidad del productor hacia una visión de mercado y mayor autonomía: “Sí veo organizaciones, ONGs trabajando más en el campo… que entiendan que es importante el tema de la trazabilidad”. El propósito es claro: “Para que el productor piense a nivel de mercado y ya no piense que solo produce cacao… lograr que ese productor tenga ese poder de agencia… de moverse solo… de buscar al mercado”.

Ecuador ganó terreno ante crisis africana

El ciclo de precios altos de hace dos años no solo trajo ingresos extraordinarios, también dejó una enseñanza sobre cómo distribuir mejor el valor dentro de la cadena. Ontaneda destaca que en Ecuador “el productor recibe más del 93% de esos ingresos”, lo que ha permitido que el beneficio llegue directamente al campo. Esto se traduce en mejoras concretas: calidad de vida, reinversión en fincas y una mayor conexión entre productor y exportador bajo un enfoque de sostenibilidad.

Sin embargo, el contraste con otras regiones evidencia que el éxito no es casualidad. Mientras en África la falta de planificación afectó la producción, en Ecuador se fortalecieron las bases del sector. Como explica, “no hubo inversión, no hubo planificación, árboles viejos”, lo que provocó una caída en la oferta global y disparó los precios. Esta comparación refuerza la importancia de mantener una visión a largo plazo, donde la productividad no dependa de coyunturas externas.

Aun así, los desafíos estructurales siguen presentes y ponen a prueba esa competitividad ganada. Ontaneda advierte que “el Ecuador es un país caro para producir”, con costos que el exportador no puede trasladar al mercado internacional. En ese contexto, factores como la seguridad, que “representa… 30 dólares por tonelada”, marcan la diferencia entre mantenerse o salir de un mercado, dejando claro que la sostenibilidad del sector también depende de condiciones internas más favorables.

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EXPRESO ha enviado más de 60 pedidos de información sobre compras públicas, stock, presupuesto y planes de contingencia, muchos sin respuesta o con datos incompletos. También se han solicitado detalles sobre deudas a proveedores, cambios de gerentes y modelos de gestión. La constante ha sido la ausencia de información verificable. El hermetismo oficial, lejos de aliviar la crisis, profundiza las dudas ciudadanas.

En este contexto, EXPRESO consultó al MSP y al IESS por qué se mantiene este silencio oficial y solicitó entrevistas con sus máximas autoridades. Hasta el cierre de esta nota, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta.

"La solución no siempre está en sus manos", dicen los expertos

Por su parte, el exministro de Salud, Antonio Naranjo, sostuvo que el silencio del MSP y del IESS frente al desabastecimiento puede responder a que la solución no siempre está en sus manos. “Muchas veces, la solución del problema está fuera del alcance de las instituciones. Entonces, en vez de generar una sensación de preocupación en la ciudadanía, buscan la solución antes de dar un comunicado oficial”, afirmó.

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Asimismo, Naranjo explicó que el Ministerio cuenta con un sistema que mide en tiempo real el abastecimiento y que, en promedio, suele ubicarse en 85 %. Sin embargo, advirtió que el porcentaje general no refleja faltantes específicos: “A veces hay ciertos medicamentos que se agotan más rápido que otros”, como antihipertensivos y antidiabéticos, debido a su alta rotación y a que las compras se realizan por lote.

Además, señaló que la centralización de compras responde a una lógica de control y ahorro, aunque reconoció que la logística es compleja y depende del presupuesto disponible. “No es tan fácil resolver las cosas”, dijo, al añadir que existen históricos de consumo que permiten proyectar necesidades, pero que factores como el envejecimiento poblacional y la migración incrementan la demanda de medicamentos en el sistema público.

En la misma línea, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sostuvo que no puede atribuir directamente el silencio del MSP o del IESS, pero advirtió que “definitivamente algo está pasando” si ni los ministros ni la vicepresidenta logran resultados. A su criterio, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: “Creo que cae principalmente sobre las funciones del primer personero de la República”.

Como hipótesis, planteó que el problema estaría ligado a restricciones económicas. “Para mí, sigue siendo el torpedeo de los recursos económicos”, afirmó, al señalar que se prioriza “la consolidación económica antes que la propia salud y vida de la gente”. Añadió que, aunque los recursos consten en el papel, “en la práctica no se ve”, lo que impacta directamente en la gestión sanitaria.

De igual manera, Andino cuestionó las limitaciones internas y posibles cláusulas de reserva que impedirían hablar abiertamente. “Es un equívoco no poder conversar con la gente los problemas y buscar soluciones en conjunto”, señaló. Y agregó que existen “cláusulas de reserva y de no hablar… es decir, trabajo en condiciones paupérrimas y, encima, no tengo el derecho ciudadano que me brinda la Constitución de poder decirlo”, calificando esa situación como “verdaderamente lesiva”.

A su vez, Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que el gremio mantiene una postura de apertura ante el silencio del MSP y del IESS. “Nosotros nos hemos declarado siempre en una constante espera de establecer un diálogo constructivo, un diálogo de aporte”, afirmó, al indicar que incluso han puesto a disposición un comité de expertos y enviado documentos a las autoridades sin obtener respuesta.

Respecto a los anuncios de adquisición de fármacos, cuestionó que no se detalle el alcance real y advirtió que la situación en hospitales públicos es crítica. “Son insuficientes, no se logra abastecer verdaderamente”, dijo, al relatar que reciben reclamos de médicos en provincias donde “verdaderamente muchos de ellos no tienen anestesia”, lo que calificó como una realidad “lacerante” en las unidades operativas.

Finalmente, Tenorio expresó expectativa frente a la eliminación de coordinaciones zonales y el retorno a direcciones provinciales. “Tenemos esperanzas de que quienes están dentro de sus propias provincias puedan hacer hincapié en lo más inmediato de las necesidades sanitarias”, sostuvo.

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Sus demandas no son menores: piden un proyecto de ciudad, más allá de promesas de campaña o de compromisos que después no cumplen. Además reclaman un liderazgo, que se evidencia en una autoridad dispuesta a sostener el debate público sin rehuir la crítica, incluso cuando provienen de ciudadanos que, sin ocupar cargos ni recibir sueldo, elaboran propuestas, impulsan ordenanzas y ejercen control social.

Belén Proaño es la nueva coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, organización que en febrero cumplió siete años de fundación. Agrupa a más de cien colectivos y personas naturales. De sus filas salió Wilson Merino, concejal que llegó por una alianza entre el movimiento Imparables (que impulsó tras un trabajo sostenido en la Fundación Cecilia Rivadeneira) y la Revolución Ciudadana, del alcalde Pabel Muñoz. Aunque desde hace más de un año, ambas fuerzas rompieron totalmente relaciones.

Con ese antecedente sobre la mesa de reuniones, en una casa en La Floresta, Proaño pone límites: "no somos parte de partidos políticos ni vamos en alianza con ninguno, juega en contra de nuestro trabajo. Queremos un proyecto de ciudad. Nos preocupan las restricciones que han puesto a organizaciones políticas y el adelanto de las elecciones".  

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Esto creen dirigentes barriales de Quito sobre posibilidad de candidatizarse

Al sur, en La Ecuatoriana, Edison Quezada, dirigente, aclara: “no será utilizado para llenar listas”. Se muestra "decepcionado" porque cree que pese a ser de la RC no ha conseguido obras para su barrio. 

Le gustaría que movimientos ciudadanos pudieran participar en las elecciones, pero asegura ser "realista", así que no cree que haya espacio para líderes barriales con menos recursos.

A Jonny Núñez, quien ha ocupado la silla vacía en el Concejo Metropolitano, para la elaboración de la ordenanza de áreas históricas, le entristece evidenciar que una vez que llegan al poder, alcaldes toman posiciones diferentes.  

"Creo que el Cabildo Cívico les infunde temor porque somos una organización potente, que confronta. No hemos dejado que nos quiten la palabra".

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Los candidatos subestiman a ciudadanos organizados

Elizabeth Falconí, del Foro Salud Pública Ecuador, recuerda que cuando Pabel Muñoz ganó las elecciones se reunió con el Cabildo Cívico. “Tal vez nos subestimó o aún estaba en la luna de miel”, opina.  

Sobre el trabajo que hacen los ciudadanos y la falta de apoyo del municipio

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, comenta que han apoyado acciones de Claude Roulet, ciudadano suizo que documenta infracciones de tránsito cometidas por conductores de autobuses; evidencia que emiten humo contaminante y que no han pasado revisiones técnicas. Pero la AMT le pone trabas. El alcalde lo ha bloqueado en X.  

"El trabajo que hace Claude debería hacerlo instancias municipales. Es absurdo cómo responden. Nosotros hacemos control social, así, desde el Cabildo hemos logrado detener procesos en Guápulo, que se preocupen del río Machángara, de plantas de tratamiento mal hecho, etcétera".

Candidatos poco sintonizados con las necesidades de la capital

Pablo Buitrón, del Frente de Defensa del Centro Histórico, relata que algunos precandidatos ya se han acercado. "Están moviéndose en los territorios. No creo que estén sintonizados con la comunidad. Tampoco funciona firmar compromisos porque solo quedan en el papel. No confiamos en ellos".

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¿Los dirigentes ciudadanos deben postular como concejales? Pablo cree que deben tener una oportunidad, ya que "a los actuales ediles les ha tomado más tiempo alcanzar su curva de aprendizaje. Necesitamos personas que desde el día uno trabajen por la ciudad".

En una entrevista anterior, el exconcejal Fabricio Villamar, que está al frente de la iniciativa Quito Capital y que cuenta con el casillero electoral de Ahora, habló sobre la participación de ciudadanos. Afirmó que con técnicos, arquitectos y expertos en ambiente, entre otros, trazarán un Plan de Gobierno. No han descartado sumar a actores políticos, incluso a ediles actuales.

La Alcaldía firmó el Acuerdo Quito 2034, ¿fueron invitados colectivos ciudadanos?

Rocío Bastidas, dirigente de La Floresta y excoordinadora del Cabildo Cívico, reflexiona en torno a un punto: su plataforma no fue invitada a las reuniones del Acuerdo Quito 2034, que impulsó la alcaldía. Eso pese a que participe activamente en la silla vacía, para trabajar en ordenanzas, por ejemplo.  

"No estamos en acuerdos acomodaticios. De ningún modo nos invitarían si en siete años jamás hemos dejado pasar hechos que van mal, en movilidad, patrimonio, arbolado urbano o vías. Nos interesa develar problemas, analizar causas y propuestas con la coparticipación de la sociedad civil, la academia y más actores. Esos acuerdos quedan en el papel".

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Al menos unos 10 precandidatos a la alcaldía de Quito existen

Dirigentes barriales, así como líderes de colectivos ciudadanos consultados en esta nota, mencionan al menos 10 nombres de posibles precandidatos que los han buscado. 

Entre otros, Álvaro Pérez Salazar, hijo del exprefecto de Pichincha y exdiputado Álvaro Pérez Intriago. EXPRESO lo buscó en su empresa; indicaron que no se encontraba y que sería factible ubicarlo el lunes 6 de abril. Se le envió un correo electrónico para confirmar su interés en los cómicios. Aún no ha respondido.

En el centro de la ciudad también se dice que han tenido acercamientos de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pero ese dato no se confirma.

Desde ADN, fuentes que pidieron reserva indicaron que la vicepresidenta, María José Pinto, sería su candidata, e incluso que Giovanna Ubidia, a cargo del Seguro Social Campesino, podría correr por la Prefectura. Descartaron a Andrés Castillo y Eckenner Recalde.

En otras tiendas, como la Revolución Ciudadana, pese a no tener casillero por la suspensión de nueve meses, sigue en firme el deseo de Pabel Muñoz de ir por la reelección; no hay un pronunciamiento oficial.

• La Izquierda Democrática, en esta ocasión, busca un perfil nuevo en política. Se trata del exrector de la Universidad Central, el médico Fernando Sempértegui. Aunque él todavía no ha tomado una decisión.

• El Partido Socialista ha evitado confirmar, pero se sabe que buscan levantar el debate con Augusto Barrera y Verónica Silva.

• Otro precandidato es el exalcalde Jorge Yunda, quien no ha confirmado, pero tampoco negó su intención.

• Wilson Merino, con Imparables, también está en la carrera, en busca de unidad.

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El silencio reina. Apenas el motor de motos y de uno que otro carro se escucha al pasar. El bullicio de la ciudad, que se contempla, no llega hasta la cumbre. Es el cerro del Carmen.

Cinco personas descansan en las bancas de la pequeña plazoleta desde la que se observa el centro y sur de la ciudad.

Desde ahí se divisa La Perla, en el Malecón 2000; los edificios del centro financiero; la imponente edificación verde de la Unidad Educativa Santo Hermano Miguel (antes colegio San José La Salle); el estadio George Capwell y las extensas avenidas iluminadas.

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A 164 escalones de ahí se encuentra la estatua del Corazón de Jesús. Con una altura total de 27,2 metros (la estatua mide 15,6 m y el pedestal es de 11,6 m), es considerado el octavo monumento más grande de Cristo en el mundo.

Inaugurada hace 53 años, la imagen ha recibido, desde hace más de tres décadas, a los devotos católicos que acuden en procesiones, sobre todo en Semana Santa. 

A lo largo de las escalinatas hay imágenes talladas que representan las 15 estaciones del viacrucis.

Sin embargo, el fervor y la devoción se disipan el resto del año y dan lugar a un espacio desolado, sin vigilancia ni atractivos que ayuden a explotar el potencial turístico.

Observación astronómica y consagración de parejas en el cerro del Carmen

La luna llena del pasado 1 de abril, llamada Luna Rosa, resaltaba en el cielo despejado, lo que era aprovechado por un aficionado para observar las estrellas utilizando un telescopio.

Lo hacía sentado en una especie de plataforma, cuya superficie de cemento está con fisuras y en mal estado. Cerca de él y de su acompañante, una pareja conversaba con la vista privilegiada de la ciudad.

En los bajos del monumento hay otras parejas: unas de pie, contemplando el panorama, y otras sentadas, aprovechando los espacios oscuros que dejan reflectores apagados para tener una conversación romántica.

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Convertir este espacio en un lugar donde las parejas puedan consagrar su amor es lo que visualiza Leticia Sánchez, de la Corporación de Profesionales en Turismo del Litoral.

“Que vaya el sacerdote católico y haga, al pie del monumento, la consagración de una pareja o renovación de votos”, sugiere la especialista como una actividad que atraiga a novios, esposos y al turismo.

Ella resalta la ubicación céntrica del cerro del Carmen y su conexión por dos puntos de la calle Loja, a ambos costados del hospital Luis Vernaza. Aunque nunca ha tenido inconvenientes con los turistas que ha llevado a este sector, menciona la necesidad de reforzar los controles y la vigilancia.

Apostar por un turismo religioso, que apunte al ciudadano local, es lo que recomienda. Se pueden aprovechar fechas importantes del santoral católico, como la Consagración de Ecuador al Corazón de Jesús (25 de marzo), menciona.

Empezar por atraer a los turistas locales, para consolidar el espacio, es lo que también recomienda Allan Castro, consultor y guía nacional de turismo.

Cree que deben realizarse actividades programadas, que se sostengan en el tiempo, para que subir al cerro llame la atención. “Nosotros, como guías, generalmente vamos a Las Peñas (cerro Santa Ana), La Rotonda, Malecón 2000, ciertos museos. (Al cerro del Carmen) es difícil integrarlo en la ruta si no tiene una justificación mayor”, explica, en referencia a los atractivos que ofrece este espacio.

Transformar esta zona puede ser costoso, por lo que él sugiere empezar por actividades que no impliquen grandes inversiones, al menos en el corto plazo: recomienda un evento al mes, religioso o incluso deportivo, que incluya la participación de empresas privadas.

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Explotar esta zona para eventos deportivos es algo que apoya Víctor Riera. “Competencias de downhill (modalidad de descenso en el ciclismo de montaña), que pueden empezar desde el monumento, atraerían a mucha gente para que suba y vea la competencia. Le daría algo de vida y se lo puede hacer una vez al año. Eso ayudaría bastante”, asegura este guía turístico.

La inversión es clave, advierte Castro. “En Las Vegas (Estados Unidos) le metieron decenas de miles de millones de dólares y, en el desierto, hicieron un atractivo de categoría mundial”, resalta a EXPRESO.

Por eso, menciona que se debe empezar por un diagnóstico para el turismo interno y darle una conceptualización definida al espacio del cerro del Carmen.

Conciertos de música sacra y festivales artísticos son otras de las herramientas que se pueden implementar para atraer a la ciudadanía, dicen los especialistas en turismo.

A la par de actividades permanentes, con seguridad y mantenimiento de las instalaciones, se consideraría la activación de puntos para la venta de recuerdos, objetos religiosos, bebidas y alimentos. 

La idea es construir un espacio integral en el que se aproveche la hermosa vista natural desde el cerro.

Para concretar estos y otros planes, es necesario el trabajo entre instituciones, recuerda Sánchez. “Lamentablemente, las operadoras turísticas, empresas y hoteles muy poco pueden hacer, ya que se deben a un respaldo de tipo gubernamental para que la Policía Turística esté siempre resguardando, como lo hacen en el barrio Las Peñas y en el cerro Santa Ana”.

Conocer qué planes tiene el Municipio para esta área es algo que EXPRESO pidió en una entrevista, que no fue concedida hasta el cierre de este reportaje. Mientras, el turismo seguirá esperando subir al cerro.

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La transformación de la Comuna 13 San Javier, en Medellín, Colombia, que pasó de un espacio violento a un ícono turístico, es un ejemplo de lo que se puede hacer en el cerro del Carmen, dicen especialistas.

“Es un caso homologable”, asegura Allan Castro, guía nacional de turismo.

EXPRESO ha recogido propuestas de especialistas que recomiendan la implementación de escaleras eléctricas, ascensores o funiculares para facilitar el acceso de los visitantes e incluso promover la inclusión de las personas con movilidad reducida.

Crear escalinatas y mejorar los accesos es otra necesidad en este espacio del centro de la ciudad.

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Poco antes, la opinión pública reaccionó con preocupación ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de iniciar el proceso de cancelación de Construye y Unidad Popular, una medida tomada tras la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) por una investigación que aún no ha concluido.

A estos hechos de tinte electoral se suman decisiones de otras entidades estatales y de Gobierno que afectan la institucionalidad: el caso del Ministerio de Trabajo, que se niega a cumplir la sentencia de una jueza que ordenó la eliminación del supuesto impedimento que registra la vocal suplente Alexandra Villacís para permitirle asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura; la celeridad de la Fiscalía para actuar contra opositores del régimen, mientras las investigaciones sobre las presiones a jueces anticorrupción no avanzan; o la aparente discrecionalidad de la Contraloría, como se conoció antes del feriado, ya que el ente inició un control de los patrimonios de los jueces de la Corte Constitucional (CC), mientras ha mantenido silencio frente al crecimiento millonario de los bienes con los que cuenta actualmente Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Frente a los cuestionamientos por el cambio de la fecha de las elecciones y la afirmación de que esto favorecería al partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), el presidente Daniel Noboa dijo, en una entrevista en radio Gaviota, que el cambio lo realizó el CNE. Aseguró que la modificación favorece a la oposición, que es fuerte en los sectores rurales, cuyas zonas habrían sido las más afectadas por posibles inundaciones derivadas del fenómeno de El Niño. “Somos más débiles en la ruralidad de la Costa, se destruye el mito de que nosotros queríamos cambiar las elecciones porque somos más fuertes en las cabeceras cantonales y capitales de provincias de la Sierra. Se hubiesen cerrado los recintos electorales en la ruralidad (...) Estamos garantizando que todos puedan votar”, manifestó.

Noboa y sus similitudes con Venezuela y Nicaragua

Sin embargo, la modificación del día de las elecciones ha encendido las alertas y distintas voces mencionan que ese tipo de decisiones recuerdan antecedentes que ya ocurrieron en Venezuela y Nicaragua, donde se dieron hechos similares que han acabado con la democracia en esos países.

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Según el último informe Freedom in the World, difundido por Freedom House el 19 de marzo, “una de las peores señales de estabilidad democrática es el adelanto o retraso de las elecciones: el cambio de la fecha. Lo que estamos viviendo en este momento es una señal no muy positiva del sostenimiento de la institucionalidad democrática; hay que prestar atención porque nadie puede predecir el futuro en cuestiones meteorológicas para usarlo como pretexto y cambiar las elecciones. Estas señales no deben ser vistas de manera aislada y hay que tenerlas en cuenta para evitar cosas peores en el futuro”, dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tras citar el reporte de este año de la ONG estadounidense que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo.

“Estamos en un momento de populismo, de graves amenazas a los regímenes democráticos. Ha surgido el debate de cómo le denominamos: dictadura, autoritarismo, autocracia; hay varias formas de nombrarlo, pero más allá de eso debemos poner atención en qué estamos viviendo: una arremetida contra las reglas, contra la Constitución, las leyes vigentes, los poderes del Estado; una ansia de desplegar el poder buscando enemigos, en lugar de ver aliados para gobernar”, señala Valentina Cordero, politóloga y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

El riesgo de concentrar todos los poderes en Ecuador

“Vemos la intención de concentrar todos los poderes para favorecer a un proyecto político determinado, lo cual atenta contra los principios republicanos por el hecho mismo de adelantar las elecciones sin que la sociedad lo haya debatido o que las organizaciones políticas se hayan enterado”, indica Gonzalo Muñoz, integrante del Foro de la Democracia.

El también constitucionalista explica que el CNE puede modificar el calendario electoral, pero dentro de los márgenes establecidos en la ley, como lo señala el artículo 91 del Código de la Democracia, el cual dispone que la posesión de autoridades seccionales debe darse el 14 de mayo del año de la elección. “Entonces, la elección debe ser en el mismo año de la posesión, como ha sido siempre desde la Constitución de 2008. El comentario de Diana Atamaint es lamentable; a nadie se le puede ocurrir decir que el día de las votaciones y de las elecciones son distintos. Ante la ausencia de argumentos, para consolidar este modelo de tinte autocrático, se recurre a estas ocurrencias”, añade.

El rol de la ciudadanía: exigir independencia

Si bien el escenario es complejo y se ha ido agravando, los expertos resaltan el rol que debe cumplir la ciudadanía para encaminar los procesos democráticos.

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Según Cordero, “lo primero es darnos cuenta, admitir que la democracia está en riesgo, que hay una actitud en el ejercicio del poder que no dialoga ni comparte valores democráticos; también superar el escollo del temor, aunque genera un dilema por el aparataje estatal al servicio de la persecución”.

“La ciudadanía tiene que alzar la voz, eso estamos intentando desde el Foro. No tenemos ningún tipo de posición política, pero sí nos preocupa el estado de la democracia en el país, donde cada vez se va perdiendo la independencia de funciones, se consolida un modelo autocrático y la gente tiene miedo de hablar por las posibles repercusiones del poder”, menciona Muñoz.

El experto cree que otra opción para expresar el desacuerdo es el sufragio. “Hay la posibilidad de que en las siguientes elecciones se repita el rechazo a esta forma de gobernar, como ya ocurrió en la consulta popular”. Sin embargo, considera que el cambio debe ocurrir desde el propio ciudadano. “El ecuatoriano debe cumplir con la ley. Ahora mira ese ejemplo de un Gobierno que no acata una sentencia, como el Ministerio de Trabajo, y dice: ‘si el Gobierno no cumple, tampoco yo’; pero una sociedad que no respeta la ley es una sociedad anárquica y eso los ecuatorianos tienen que cambiar”, enfatiza.

A Alarcón le preocupa que la ciudadanía no preste atención a las señales, pese a que ya se vio la consolidación de un modelo autoritario en el pasado. “No se trata de que nos guste o no, sino de defender las instituciones, los principios. El rol de la ciudadanía es entender que los gobiernos son nuestros representantes y debemos exigirles una buena gestión pública, no la consolidación de modelos personalistas. Debemos ser ciudadanos responsables; vivir en democracia no es solo ir a votar, se requiere hacer vigilancia de lo público y de la toma de decisiones de las autoridades”, concluye.

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Francisco Minuche no solo representa una figura política en territorio, sino también una identidad vinculada al campo. Ese perfil como agricultor no es un dato menor: se nota en su discurso, su presencia y, claramente, hasta en su forma de vestir.

En un escenario político donde muchos optan por el traje clásico, Minuche se mueve entre lo institucional y lo práctico, con un estilo que busca conectar con territorio.

Sin embargo, esa dualidad: campo vs. formalidad, todavía no termina de resolverse del todo en sus looks. Hay una intención clara, pero también ciertos desaciertos que hacen que algunas combinaciones se sientan inconclusas, especialmente cuando mezcla códigos de vestimenta demasiado opuestos.

Porque en política, como ya sabemos, la imagen también comunica. Y en su caso, hay una oportunidad interesante de afinar ese mensaje sin perder autenticidad. Como en EXPRESIONES nadie se nos escapa del radar, lo pusimos en el semáforo de la moda… y dejamos que la IA haga lo suyo.

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Claves para elevar su estilo 

• Unificar códigos: definir mejor cuándo va en clave campo y cuándo en clave institucional, evitando mezclas que compitan entre sí.
• Denim elevado: optar por jeans más estructurados, sin desgaste, que mantengan una línea más pulida.
• Blazers más relajados: telas menos rígidas (lino, algodón) para integrar mejor lo formal con lo rural.
• Paleta definida: trabajar una gama de tonos tierra, azules y neutros que conecten con su narrativa. Puede aplicar la regla de tres tonos en un look, por ejemplo: camisa terracota sobre camiseta negra y pantalón beige.
• Detalles cuidados: bolsillos, pañuelos o relojes que refuercen identidad sin sobrecargar.

Lo que sugiere la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial apunta a una clave clara: coherencia. Menos mezcla, más intención y una identidad visual mejor definida.

Para sus looks más formales simplificar accesorios y jugar más con contrastes de tonos (entre traje, corbata y pañuelo) en lugar de sumar elementos.

Cuando la agenda marque recorridos, elevar con básicos mejor estructurados (camisetas de mejor caída o tonos más definidos) para mantener presencia sin perder autenticidad. Vivir en la costa no significa que deba vestir informal por el calor, se puede mejorar con incluso capas: camiseta sobre camisa, tal como lo recrea la IA en este look.

En inauguraciones o actos la IA aconseja llevar blazer de textura ligera, cuidar el fit del jean o pantalón (evitar diseño skinny) y optar por unas botas más pulidas para elevar el conjunto.

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El cardenal Luis Gerardo Cabrera afirmó que la reconciliación que promovía no solo se limita a quienes mantienen buenas relaciones, sino que también debe alcanzar a los enemigos. El religioso pronunció estas palabras durante la misa campal en el Complejo Cisne II, donde se ubica el Monumento a la Fe del Cristo del Consuelo. El servicio religioso se extendió por casi una hora.

En el acto lo acompañó Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, mientras Cabrera sostuvo que, pese a la violencia, las guerras, la desconfianza y el rechazo, “Jesús nos dice: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen”. Por ello, llamó a reconciliarnos con nosotros mismos y a volver a mirarnos como hermanos.

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Presencia de autoridades y resguardo policial

Desde el Santuario del Cristo del Consuelo, ubicado en la calle Lizardo García, Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública, vestida con ropa deportiva -pantalón azul, camiseta blanca y gorra rosada- caminó junto a una comitiva de 16 personas dentro del cordón policial. Sostenía en sus manos una imagen religiosa y una vela azul mientras avanzaba por el recorrido.

Antes de ingresar al Complejo Cisne II, donde la esperaba Marcela Aguiñaga, Cynthia Gellibert salió del cerco de seguridad. La funcionaria no participó en la misa campal ni se sentó junto a la prefecta.

Un grupo de uniformados de las Fuerzas Armadas la acompañó, según confirmó a EXPRESO Carlos Muentes Córdova, jefe policial del distrito Portete. En cambio, 900 efectivos de la Policía Nacional custodiaron toda la procesión.

Exhorto a las autoridades: servir al pueblo

El cardenal Cabrera subrayó que era importante que las autoridades -no solo las que caminaron junto al Cristo o participaron en la misa- comprendieran que sus cargos existen para servir al pueblo. Durante el rezo, pidió “por quienes toman decisiones que afectan la vida de todos, para que no se acostumbren al dolor del pueblo, gobiernen con cercanía y con un corazón que escuche, se conmuevan y busquen el bien común; que la cruz de Cristo les recuerde que toda autoridad es servicio. Oremos”.

Para la ciudadanía, que también participó en la peregrinación, la paz entre los gobernantes resultaba necesaria. Así lo manifestó Sonia Yanzaguano, una joven de 27 años.

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Peticiones ciudadanas: salud, trabajo y seguridad

Ella cuenta que, desde pequeña ha participado en la procesión del Cristo del Consuelo. Afirma que cada petición que su madre y ella han hecho ha sido escuchada; en esta ocasión, su madre, de 67 años, no pudo acompañarla por problemas en las rodillas, por lo que la procesión también buscaba la sanación de su progenitora.

Jacinto Torres, de 66 años, caminaba junto al cordón policial mientras oraba para que en el país se generen más fuentes de trabajo. Su caminata transcurría de la mano con su esposa, y recuerda que participa en la procesión desde niño.

Entre sus pedidos, Torres también pidió más seguridad en la ciudad. “Espero que todo se componga porque hay tanta maldad”, expresó.

Sacrificio y devoción en el recorrido

Varios ciudadanos caminaron llevando crucifijos, ramos verdes o velas, mientras algunos avanzaban descalzos. Entre ellos, Viviana León recorrió el trayecto descalza dentro del cerco policial, cargando en sus brazos a su sobrina de meses.

Para ella, este sacrificio tenía un valor especial, ya que representaba una penitencia por el milagro de que su hermana pudiera tener una hija tras varias pérdidas. “Dios cumple milagros”, afirmó León.

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Este era el sentir de varios fieles que recorrieron la calle A. Alrededor de las 08:13, los cristianos descendieron por el puente Pío López Lara y continuaron por la calle Balsas.

Debajo del puente, cuatro uniformados de la Fuerza Naval custodiaban la zona desde una embarcación. Mientras tanto, helicópteros sobrevolaban la zona para reforzar la seguridad de los católicos.

Niños elevan mensaje de esperanza

La esperanza por días mejores fue el pedido de varios niños que, al término de la misa campal, se lo expresaron al cardenal Cabrera y a la prefecta Aguiñaga. Lo hicieron entregando unos ponchos coloridos que tenían plasmada la chacana, una cruz andina.

Una niña, al final, le dijo al cardenal que, “aunque los adultos parecen muy fuertes, también se cansan”, por lo que le pedía que no se agotara de ser pastor ni de caminar y sostener a su pueblo. Agregó que sueña con un país sin miedo, donde puedan vivir tranquila, por lo que le pidió que sea la voz que los acerque a ese sueño.

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Crónica de un día cualquiera en el centro 

Calle Lorenzo de Garaycoa, exteriores del Mercado Central, 14:00. Una niña descansa en un banquito en media vía, obligando a los conductores a serpentear. Sostiene una funda de tomates que pasa a su madre para la venta. La menor emula sus gestos y ofrece el producto a un dólar. Mientras otros niños disfrutan sus vacaciones, ella resiste el sol que castiga al comerciante informal.

En Guayaquil, las ganas de trabajar también lucen como desorden cuando falta regulación y sobran necesidades. Durante un recorrido de EXPRESO por la calle 10 de Agosto, el paisaje es variopinto: ropa al ras de piso en descuento, jugos, una trabajadora sexual atenta, un canillita sentado y un policía metropolitano resignado. Todo frente a familias que buscan útiles escolares para el regreso a clases. En cada paso hay alguien con algo que vender, aunque no tenga el permiso para hacerlo.

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El comercio se extiende por varias cuadras y a muchos les incomoda. “Vine con mi hija a buscar una mochila, pero de verdad que todo esto es un caos. No se puede ni caminar por la acera”, se queja Carmen Serrano, frunciendo el ceño ante el ruido de un vendedor de productos naturistas.

Promesas que no terminan de concretarse 

En casi tres años de administración municipal, regular esta actividad ha sido un discurso en forma de promesa, hoy mermado por la crisis institucional del Cabildo. El recuento llega a ser contradictorio. Se prometieron expropiaciones para construir “nuevos malls” o “zonas de intervención” (según el exdirector municipal Fernando Cornejo) que nunca se alzaron. Se anunció un censo que, a inicios de 2026, seguía contando canillitas sin llegar al 50 %, e incluso se repitió el discurso de que se “trabajaba en una ordenanza” definitiva. EXPRESO solicitó al Municipio información sobre los avances en sus planes, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

En la administración de Aquiles Álvarez -hoy detenido y en el limbo judicial- se perfilaron más de cinco directores de Justicia y Vigilancia, responsables de los recurrentes choques entre metropolitanos y vendedores; y en el Malecón 2000 se instaló un cerco eléctrico, admitiendo -en palabras del propio alcalde- que fue un error de campaña prometer el retiro de las rejas. Una barrera que hoy los informales aún intentan vulnerar a diario.

Sin voceros ni hoja de ruta clara, la calle simplemente parece retomar su anarquía natural, en crecimiento. Pero este desorden, aunque anclado en la falta de plazas de trabajo, termina asfixiando el dinamismo de la ciudad y premiando la evasión. Adriana Amaya, investigadora de la escuela de negocios ESPAE de la Espol, señala que el 71 % de este grupo opera bajo el paraguas del autoempleo. Aunque el inicio suele darse por necesidad, la informalidad se perpetúa como una vía para esquivar los costos del sistema formal -patentes, facturación, impuestos-, consolidando una competencia desleal en las calles.

Descontrol que refleja un efecto fiscal y hasta un cálculo político 

Este ambiente de anarquía comercial es el reflejo de un mercado laboral estancado. Según el INEC, a enero de 2026, el empleo adecuado nacional apenas llega al 36,6 %, mientras la informalidad atrapa al 52 % de la fuerza laboral. En zonas urbanas como Guayaquil, si bien el empleo pleno promedia el 46 %, la ciudad lidia con altos índices de subempleo y empleo no pleno: ciudadanos que laboran menos de la jornada legal, no alcanzan el salario básico y carecen de seguridad social.

Con un casco comercial desbordado y las elecciones del próximo 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el ordenamiento del espacio público se perfila como el eslogan inevitable. Sin embargo, Andrea Endara, politóloga de la Universidad Casa Grande, advierte que es un campo minado. La inacción actual, según la analista, responde a un cálculo electoral: “Los informales se convierten en la base electoral de este grupo en particular, porque son quienes han sido afectados por las medidas económicas que ha impuesto el Gobierno, que es de línea contraria a Aquiles Álvarez”, sostiene.

Por otro lado, para los candidatos que busquen la Alcaldía prometiendo “mano dura”, el discurso revivirá fantasmas y nostalgias. “Enseguida se los va a comparar con la era del PSC, específicamente con el abogado Nebot”, explica Endara. Si bien ese modelo impuso orden y estética, opina la analista, arrastraba “serios cuestionamientos por abusos de los metropolitanos, quienes además decomisaron mercadería”. 

Prometer orden es una quimera que los contendientes electorales debatirán, aunque la actualidad resume que la informalidad, desde hace rato, le ha ganado el pulso a la autoridad.

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En paralelo, desde la Asamblea Nacional, iniciativas como la reforma al Cootad, más la Ley Lootugs, entre otras, apuntan a un rediseño del alcance de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Eso ha reavivado el debate sobre los límites de la autonomía local frente al poder central.

En esa línea, Juan José Illingworth, defensor de la descentralización, dice que le parece preocupante, “una orientación hacia acumular más poder y a debilitar el poder local”. Lo leo —apunta— a través de distintas iniciativas. En la que se aprobó (Lootugs, de Ordenamiento Territorial) se interviene en la potestad municipal de decidir sobre el uso del suelo”.

A su criterio eso afecta la autonomía de los municipios. También en la reforma al Cootad, que habla de eficiencia en el uso de recursos. “La veo como un intento de debilitar las finanzas de los GAD para cubrir falencias financieras del Gobierno central”.

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Lo que viene con el Cootad

De lo contrario, precisa, “no se habría colocado una penalidad, para quitarle la plata, 35 % de asignaciones, sino en premiar a los que cumplen. En los considerandos se reconoce que los GAD en su conjunto destinan 40 % de todo su presupuesto a inversión y el Gobierno central, solo 4 %”.

¿Qué acciones ha hecho el Ejecutivo sobre GAD?

Illingorwth identifica acciones que van en detrimento de la autonomía de los GAD. Menciona las intervenciones a Segura EP de Guayaquil, a la Empresa de Tránsito de Samborondón, el intento de tomar el control de la Autoridad Portuaria, con una reorganización del directorio.

Sobre la aprobación de leyes como la Lootugs

En contraste, el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, anota que hay un “total abandono de las responsabilidades del Estado en salud y educación”. Por lo que no le parece que el Ejecutivo “se inmiscuya en competencias que no son suyas, zapatero a tus zapatos”. 

Eso en relación a la aprobación de leyes como la Lootugs y otra que está en trámite para supuestamente incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

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“Debe haber coordinación en políticas macro, existían instituciones como el Ministerio de Vivienda (se integró al de Transporte y Obras Públicas)”.

En una de sus columnas en EXPRESO, el analista Xavier Flores advirtió que al aprobar la Ley Lootugs se vulneraron competencias exclusivas de los municipios, para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo.  

“Uno de los objetivos es evadir el control de los municipios y facilitar la expansión de las zonas urbanas, con un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia”.

Sobre descentralización y corrupción

La analista Gabriela Calderón ha subrayado que defender la autonomía y la descentralización no es defender la corrupción y el despilfarro. Así tampoco defender el centralismo es defender la austeridad y la buena administración pública. 

“El gobierno central concentra la mayor parte de recursos y competencias y protagoniza mayores escándalos de corrupción y despilfarro”, dijo.

La disputa por el poder político: Wladimir Sierra

Para el analista Wladimir Sierra, todo se enmarca en una disputa por el poder político. Cada grupo busca absorber la capacidad de acción en la mayor parte del territorio nacional. Al presidente Daniel Noboa, dice, le restan tres años en el cargo; busca apropiarse de esas capacidades locales.

Pese a eso, Sierra asegura que hay que reconocer que algunas alcaldías llevan adelante estrategias de bloqueo a políticas del Ejecutivo. Pero sostiene que al movimiento oficialista ADN le mueven los intereses de grupos económicos.

En torno a las preocupaciones por el debilitamiento de la autonomía, Wladimir Sierra opina que el nivel de descentralización es un indicador de democracias maduras, lo que se está minando en el país.

El sociólogo Sierra plantea que hay algunos gobiernos locales que no usan correctamente esta autonomía e incluso se han involucrado en actos de corrupción, al estar por fuera de control estatal. Sin embargo considera no solo un retroceso sino un acto antidemocrático, que se debilite la autonomía de los GAD.  

“Mientras más se desconcentra la toma de decisiones y la ejecución de obras, más fortalecida estará la democracia”, reitera.

Acciones frente a la reforma al Cootad

La UNE, alcaldías como la de Quito y prefecturas como la de Pichincha y partidos como el Socialista han demandado la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

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-Si bien los rige el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿por qué pareciera que su reacción es lenta?

Actuamos en el marco de lo que establece el COA, el control se encamina a cumplir ordenanzas y seguimos el debido proceso. Actuamos frente a denuncias ciudadanas, pero tenemos una programación propia, derivaciones de otras instituciones, emergencias previstas por el ECU 911 y debemos responder según los recursos que tenemos.

-¿Por qué no actúan de oficio ante infracciones?

Lo hacemos, en el Código Municipal hay infracciones que se pueden verificar en flagrancia (consumo de alcohol en la acera o usar la calle como baño público); pero otras faltas son ordinarias; en el caso de construcciones, la ordenanza pide sancionar en función del metraje de una edificación, no es la misma multa para quien construyó un baño de 40 m2 o un edificio de 500 m2, pero hay que hacer mediciones o, según el caso, vuelos con dron, fotografías aéreas; además dar con el dueño de la edificación, buscando a nombre de quién está el predio.

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-En el caso de la concesionaria de autos que invadió la acera, ¿pesó más la presión ciudadana?

La ciudadanía es nuestra mayor aliada, el vecino que alerta nos ayuda. En ese caso puntual, hubo todo un proceso, suspendimos la obra y pese a eso, se abrió el local. Se verificó que no tenía licencia para eso y clausuramos. A la marca por reputación no le convenía ese sello y corrigió, pero la mayoría no lo hace.

-¿Qué pasa en la mayoría?

El COA obliga a seguir un proceso hasta multar y no pagan, impugnan. Para tramitar la ejecución del cobro tengo 15 personas. Hay 170 mil expedientes, algunos pendientes desde antes de que se creó la AMC, en la época de las comisarías, hace 16 años. Cada funcionario tiene nueve mil expedientes para cubrir.

-Incluso para el concejal de oposición, Michael Aulestia, la AMC está saturada y con poca capacidad de respuesta. ¿Cuánta gente tiene?

Son 356 funcionarios. En todo el distrito hay 37 inspectores notificadores para controlar a limpiaparabrisas, comercio autónomo, libadores, etc.  

Además, 16, para construcciones, movimiento de tierras y lotizaciones en 10 administraciones zonales; 12, para quebradas, vallas publicitarias, aceras y cierre de vías, arrojo de aguas servidas; 14 sustanciadores, que elaboran informes, etc. Tengo más apoyo en trabajo comunitario (1.600 personas), que personal.

-¿Qué tantos casos resuelve la AMC cada año?

En 2022 se resolvieron 6.349 casos; en 2025 cerramos con 15.826 y ya en este año estamos en 4.345. Optimizamos procesos, incorporamos drones, interconexión con otras instituciones, para intercambio de datos, reuniones de seguimiento, le metemos presión al funcionario. Tenemos 25 camionetas y choferes que trabajan en turnos.

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-En Quito pareciera que no hay Dios ni ley, por las incivilidades. ¿No ha pedido más manos?

Habíamos coordinado con el alcalde pasar de 356 a 665. Se requieren $8 millones para implementar la estructura. Y el Cootad nos puso límites.

-Daniela Valarezo, exintendenta, proponía sumar a los policías metropolitanos.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público limita porque podrían actuar solo como complemento a acciones de seguridad.  

El alcalde Pabel Muñoz les iba a transferir funciones para que apoyen en espacio público, pero si me apoyan 1.200 funcionarios y tengo 15 sustanciadores, en la AMC se creará un embudo.

-¿Qué se hace en otros países? ¿Hay más respeto?

La cultura de cumplimiento de la norma está más interiorizada. Acá las multas no son bajas, en construcciones podemos llegar a cien salarios básicos, más de $40.000, por construir al filo de quebrada o en ribera de un río. Si es una tienda, $ 400.

-¿Cómo actúan los infractores con la AMC?

A nuestros funcionarios los golpean y amenazan. Se consiguen su número y les dicen que saben dónde viven y que tienen hijos. En los últimos dos meses registramos tres casos; uno luego de una inspección en una discoteca por la Universidad Central y otro, en galleras por el Chocó Andino, le dijeron que le cortarían la cabeza.  

A la abogada a cargo de denunciar a un agente metropolitano, que se hacía pasar por inspector de la AMC, en cuya vivienda encontramos sellos e identificación adulterados, le llegó la amenaza al teléfono, le dieron tres días para renunciar. La jueza de este último caso lo dejó en libertad, no calificó el hecho flagrante descubierto en articulación con la Policía.

Las tareas a cargo de la AMC de Quito

La AMC debe sancionar a quien saca la basura a horas indebidas, a las construcciones ilegales, son 400 tipos de infracciones. Y debe ejecutar lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso con el alcalde trabajan en una propuesta de reforma y esperan que algún legislador la impulse para reducir tramitología.

¿Quién es Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC de Quito?

Es supervisor de la AMC desde marzo del 2025 (cumplió un año en el cargo). Trabajó en la Corte Constitucional. Es docente universitario. Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito; maestría en Derecho penal y constitucional, en la Universidad Andina. Fue asesor legislativo, trabajó en la construcción del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y Código Administrativo.

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Operan al margen de la ley

Son las 15:00 de un miércoles en el centro de Guayaquil. El sol obliga a buscar sombra, pero el semáforo detiene la marcha. Una camioneta de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) respeta la luz roja. No así un scooter eléctrico con dos ocupantes sin casco. Ignorando la señal, toma una curva cerrada hacia la calle Olmedo. No hay prudencia y, en las narices de la autoridad, tampoco sanción.

En otro punto, entre Pedro Carbo y 10 de Agosto, un ciudadano asiático recarga su tricimoto eléctrica con un largo cable extendido en la acera. “Me ayuda a vender más rápido y no gasta mucho”, justifica a este Diario. Cuenta que la compró en la Bahía en un remate navideño. Un colaborador añade: “Esto es el futuro, todos vamos a usar estos”. Sin embargo, ese “futuro” rueda hoy sobre un vacío legal.

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Durante un recorrido por el casco comercial, EXPRESO evidenció la proliferación de estos vehículos cometiendo múltiples infracciones: circulan en contravía, invaden aceras y burlan semáforos. Se solicitó a la ATM información sobre operativos o normativa local, ya que en redes sociales han señalado que su circulación está prohibida. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta: un silencio institucional que se replica en las calles, donde los agentes ven pasar estos vehículos sin inmutarse.

Riesgo de siniestros y falta de ordenanza

Javier Rojas, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, advierte que el riesgo es el aumento de siniestros y la dificultad para establecer responsabilidades. “Si un conductor de estos atropella a alguien, ¿cómo se procesa penalmente? Hay una inacción total de las autoridades locales (ANT y ATM) para normarlos, pese a que ya han causado muertes en Guayaquil”, cuestiona.

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Rojas precisa que aunque la ley de tránsito nacional no contemple matrículas formales para estos modelos, el Municipio tiene la competencia para expedir ordenanzas que regulen su circulación y prohíban su uso en vías rápidas o pasos a desnivel.

Paola Carvajal, directora de la fundación Movidana y experta en seguridad vial, recalca que la competencia recae en el Cabildo. “Existe una obligación municipal de regular, pero no hay legislación clara, sumada a la falta de control de los agentes”. Carvajal añade un agravante: el ingreso de estos aparatos al país suele darse bajo subpartidas arancelarias de juguetes. “Eso limita el control inicial, pero abre una oportunidad para que los municipios intervengan”

Ingresan como juguetes a Ecuador

Para Álvaro Miranda, director de la carrera de Tránsito de la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), la movilidad eléctrica es un aporte, pero sin reglas se convierte en un “peligro silencioso”. Señala que la ciudad requiere con urgencia una ordenanza de micromovilidad. “Al ingresar como juguetes, son operados por menores o personas sin formación en tránsito. En el centro mueven carga sin ninguna seguridad”.

Miranda sugiere categorizarlos por peso y velocidad de fábrica. “No digo que deban tener placas, pero sí exigir parqueo, cursos de educación vial y respeto a las señales. Hoy son invisibles para la ley”.

Esta anarquía es, irónicamente, el principal atractivo para el comprador. Erick Vargas, usuario de una moto eléctrica desde hace años y que usa casco por decisión propia, admite la ventaja de la inacción estatal. “Una vez un policía me paró y me pidió papeles. Le dije: ‘¿Qué le enseño, la factura?’. No debo tener ningún documento. La compré porque es más cómoda, no gastas gasolina y no hay que matricularla”, relata.

Y sobre una eventual normativa de la ATM, Vargas es pragmático: “Sería bueno que haya educación vial. Si meten controles, no me queda de otra (que acatarlos)”.

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Saratoga, surgida en Madrid en 1992, forma parte de esta tradición, lo que no significa que su música se haya quedado estancada en la nostalgia.

La agrupación está viviendo un momento especialmente dulce, pues este mes verá la luz su nuevo disco, En estado puro, ocho años después de Aeternus (2018), su último trabajo en estudio. Aunque durante este tiempo se han mantenido en constante actividad, pues lanzaron dos álbumes en vivo, además de XXX (2021), con regrabaciones de sus temas más conocidos.

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Este 24 de abril sale a la calle el disco y al día siguiente Saratoga inicia la gira de promoción en Murcia, en su natal España, que incluye fechas en América Latina, específicamente en Colombia, Ecuador (ver nota adjunta), Argentina, Chile y Perú.

En estado puro, que tendrá diez canciones, fue grabado en Madrid en los estudios New Life, bajo la batuta de José Garrido y Daniel Sabugal. Saldrá en formato vinilo y disco compacto (CD), por el sello español Maldito Records.

“En un CD entra muchísima música, pero un vinilo tiene un minutaje determinado. Ya nos había pasado en otros discos que en la versión de vinilo teníamos que quitar dos temas, lo cual es una pena. Entonces hicimos un disco redondo con diez canciones para que encaje perfecto en el vinilo”, le explicó el vocalista Tete Novoa al medio ecuatoriano Headbangers acerca de la elección del número de tracks.

Ya han publicado dos adelantos: los singles Inteligencia artificial y A toda velocidad.

En cuanto al primero, Tete comentó: “Es una canción con una temática muy actual. En la industria musical está cambiando a pasos agigantados la forma de composición y producción. A veces parece que el ser humano evoluciona, pero muchas veces parece que ese avance significa cinco pasos atrás, porque cada vez nos hacemos más perezosos. Cada vez más hacemos a un lado la creatividad humana, el arte, y dejamos que las máquinas nos faciliten la vida, pero creo que eso es una involución”.

Acerca del segundo sencillo, A toda velocidad, es un tema compuesto por su nuevo integrante, el peruano Charlie Parra del Riego, quien ya había tocado con Saratoga en sus conciertos en tierras americanas, pero ahora se mudó a España para unirse a la agrupación.

Este segundo sencillo “es un hostiazo en la cara, súper heavy, muy cañero, con unas guitarras muy potentes. Este es el primer disco que Charlie Parra del Riego graba con Saratoga como compositor y se ha adaptado perfectamente. Él es camaleónico y ha compuesto temas que suenan a Saratoga de toda la vida”.

A toda velocidad tiene su respectivo videoclip, rodado íntegramente en Ciudad de México, donde estuvieron tocando con Ángeles del Infierno. El audiovisual incluye imágenes de ese show en vivo, backstage y la efervescencia del público.

Para los conciertos de la gira de promoción de En estado puro, la banda ha previsto dividir el show en tres bloques. “Vamos a rescatar grandes joyas olvidadas, porque hay un montón de canciones de la discografía de Saratoga que no se han tocado casi nunca o nunca en directo. Luego, los temas que más estén funcionando del disco. Y tendremos una última parte de grandes éxitos”, detalló Tete.

En Saratoga destaca su visión empresarial, lo que incluye una detallada planificación de las giras y el tipo de promoción por ejecutar. “Tuvimos varias reuniones para elegir estratégicamente los singles. El sello trabaja con empresas digitales, porque ahora tienes que atacar sobre todo ese mercado y tienen unas acciones muy potentes. Haremos la presentación para medios y una preescucha para fans”, concluyó el vocalista.

Tete también forma parte de 'WAH Show'

Tete lleva cuatro años trabajando en el WAH Show, en Madrid, una experiencia multisensorial con la participación de más de 40 artistas, que va por su quinta temporada. El espectáculo cuenta con tecnología de punta, sonido envolvente 360º y pantalla led de 240 m².

“Es un show difícil de explicar. Siempre digo lo mismo: WAH hay que vivirlo porque es una experiencia que fusiona gastronomía, artes escénicas, ocio nocturno”, comenta Tete.

WAH comprende tres actos. En el primero el protagonista es la gastronomía e incluye magos, acróbatas y demás artes escénicas. El segundo acto es musical, con fusión de estilos como flamenco, rock ópera o música clásica. Y cierra en plan discoteca, con DJ, sets en vivo y cocteles.

Conciertos de Saratoga en Ecuador 

Saratoga se presentará en Quito el sábado 30 de mayo, en la Plaza de Toros, junto a Obús (foto) y Kabrones (ambas de España), y las cuencanas Basca y Bajo Sueños, en el concierto llamado La Noche del Rock 2.

Boletos: $30 en general, $40 en preferencia, $50 en contra barrera, $75 en arena vip y $85 sillas rock box (precios no incluye en valor del servicio).

Y el domingo 31, Saratoga tocará en la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, con Obús, Basca y otros nombres por confirmar. 

Kabrones (o cómo hacer enojar a tu exbanda)

En el concierto La Noche del Rock 2 genera expectativa la presentación del grupo español Kabrones, formado por exintegrantes de Mago de Oz: el cantante José Andrea (nacido en La Paz, Bolivia); los guitarristas Frank Gómez y Carlitos Marín; además del bajista Salva Rogelio García.

Ellos grabaron los discos más conocidos de Mago de Oz, al punto de que muchos siguen asociando a la banda con la voz de José Andrea, lo que demuestra que los fans suelen aferrarse a determinados momentos y canciones de sus grupos favoritos.

El repertorio de Kabrones está formado, precisamente, por los grandes hits de su exbanda.

Inicialmente decidieron llamarse Los Mago, pero por líos legales con el baterista Txus di Fellatio, fundador de Mago de Oz, tuvieron que cambiarlo.

Los problemas con Txus datan desde 2018, cuando este decidió registrar la marca Mago de Oz a su nombre, sin consultar con el resto de integrantes, lo cual fue considerado una puñalada por la espalda por sus compañeros, quienes argumentaron que Txus se adueñó de un proyecto que nació de forma colectiva.

José Andrea estuvo en Mago de Oz hasta 2011 y a pesar de que en su momento salió en buenos términos, la relación con Txus se ha deteriorado con los años.

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¿Andrés Páez será candidato a la Alcaldía de Quito?

El escenario político de la capital empieza a agitarse con miras al 29 de noviembre de 2026. Andrés Páez, quien ya compitió por la alcaldía en 2023, confirmó a Diario EXPRESO que las propuestas para una nueva candidatura son "innumerables".

A pesar de figurar con un 4% de preferencia en la reciente encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Páez se mantiene por debajo de figuras como el actual alcalde Pabel Muñoz y el exalcalde destituido Jorge Yunda. Sin embargo, el político asegura sentirse satisfecho por ser considerado un "sobreviviente al correísmo".

La estrategia para derrotar al correísmo en las elecciones

Para Páez, la prioridad no es el nombre en la papeleta, sino evitar la dispersión del voto. Su enfoque principal es construir una plataforma de unidad que impida que el movimiento correísta retenga el control de municipios y prefecturas.

"No me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: eliminar la presencia de autoridades correístas", señaló enfáticamente el exlegislador.

Unificación de tendencias y encuestas reales

El político propone un método claro para definir al contendiente que enfrentará a la administración actual en las elecciones seccionales:

• Crear una gran plataforma donde coincidan diversos sectores políticos.
• Realizar mediciones técnicas para identificar quién tiene los mejores números.
• Apoyo total al candidato mejor posicionado para erradicar la influencia correísta en Quito.

Páez se define como un "político profesional" y afirma que no tiene problemas en dar un paso al costado si no es el favorecido por las cifras. "Ganar o perder una elección no es precisamente la tarea del político, la tarea es estar donde se cocinan las decisiones", acotó.

Finalmente, dejó su futuro en manos de la fe, asegurando que en las próximas semanas se definirá su rol, siempre bajo "el plan de Dios".

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Cerca de 60 productos que se comercializaban sin ese impuesto ahora deberán aplicarlo. La medida llega cuando la canasta básica familiar cerró enero de 2026 en $821,80, frente a un salario básico de $482.

El presidente Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio, defendió la solidez del consumo interno. Afrimó que el primer trimestre de 2026 registra las ventas locales más altas de la historia del Ecuador. 

Definió los productos sin IVA como alimentos, medicinas y transporte, y sostuvo que el país consume a doble dígito más que antes. "Hemos hecho ajustes sin afectar el consumo", dijo.  

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Los gremios piden derogar la circular

Los gremios productivos cuestionan esa interpretación. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) fue la más directa y solicitó que se derogue la circular, al considerar que introduce elementos de interpretación que no están previstos en la ley y que debilitan la seguridad jurídica. 

En una entrevista con Expreso la Cámara explicó que si los contribuyentes comercializaron productos con tarifa 0% es porque la ley los ampara, y que esa decisión responde a análisis técnicos serios. Advirtió además que cualquier intento de interpretación que exceda el marco legal del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) desnaturaliza el principio de legalidad tributaria.

Por su parte la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) también advirtieron en un oficio al SRI que la circular genera inseguridad jurídica al introducir diferenciaciones sobre lácteos y pan que no constan en el artículo 55 de la LORTI, y que el alza de costos terminará en el bolsillo del consumidor final. 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) reconoció que no se trata de una nueva carga tributaria, pero advirtió al Gobierno de Daniel Noboa sobre impactos operativos inmediatos en la cadena de suministro y planteó la conformación de una mesa técnica para analizar la medida.

Aunque los gremios difieren en el tono, coinciden en que la medida genera incertidumbre en el mercado. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) proyecta un alza del 2% en la canasta básica y advierte efectos indirectos en toda la cadena productiva, por el encarecimiento de insumos y ajustes operativos que terminan trasladándose a precios.

¿Puede una circular cambiar la ley?

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advirtió que la circular abre la puerta a cobros retroactivos de hasta cuatro años y que el golpe recorre toda la cadena: consumidor, comercio, industria y productor primario. 

Víctor Serrano, experto tributario, respaldó ese argumento en el plano legal: el Código Tributario establece en sus artículos 7 y 11.1 que las circulares del SRI no pueden cambiar el sentido de la ley ni ampliar su alcance, criterio ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia 2-21-IN/24 del 28 de febrero de 2024. 

Gómez de la Torre fue más gráfico: permitir que el SRI modifique la ley por circular es como si la Agencia Nacional de Tránsito emitiera un oficio autorizando pasarse un semáforo en rojo. "Pueden escribir lo que quieran, no tiene valor jurídico", dijo. "Si quieren cambiar la ley, que lo hagan en la Asamblea", afirmó. La CCG, en la misma línea, señaló que analiza el alcance de la disposición para definir las acciones legales a seguir en defensa de sus afiliados.

Un golpe a la producción nacional

Christian Walli, de la Cámara de Alimentos y Bebidas, coincidió con Gómez de la Torre en el impacto sobre la producción y fue más enfático en sus críticas. Señaló que resulta contradictorio que Ecuador exporte más de $20.000 millones en productos agrícolas, con una balanza comercial positiva, mientras se afecta a productos procesados como yogures, pulpas y jugos, considerados parte de una oferta saludable y de un sector declarado prioritario para el país.

También advirtió una posible asimetría frente a los tratados internacionales. En categorías como el atún, explicó, el 15% recae únicamente sobre el producto importado y no sobre el nacional. “El productor no puede absorber ese aumento. Lo pagará el consumidor”, afirmó.

Gómez de la Torre detalló el efecto encadenado en la cadena láctea: entre el 25% y el 30% del procesamiento industrial corresponde a las variedades deslactosada, descremada y semidescremada, exactamente las que ya debían gravarse según el SRI. 

Si el consumo cae, la industria reduce la compra al productor primario y este pierde mercado. El economista Jonathan Baez reforzó ese diagnóstico con datos que contradicen la postura gubernamental: el atún y los fideos forman parte de los 15 principales gastos del decil más pobre de la población, por lo que la aplicación de la tarifa golpeará directamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

¿Qué pasa con la  lonchera escolar?

La circular también impacta la lonchera escolar, en un país que bordea el 20% de desnutrición infantil. Productos de consumo cotidiano como el pan, el jamón, los yogures saborizados y las leches endulzadas —que los niños llevan a clases— pasarían a pagar el 15% de IVA, según la interpretación del SRI. En la práctica, esto encarece uno de los gastos más recurrentes de los hogares ecuatorianos.

“¿Cómo voy a hacer la lonchera? ¿Voy a poner yogures sin sabor, sin endulzante?”, cuestionó Walli.

¿Qué pasa con los productos para pacientes con diabetes y enfermedades crónicas?

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El impacto es más agudo en poblaciones con enfermedades crónicas. Lucía Mantilla, directora ejecutiva de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador, planteó una paradoja que el Gobierno no ha respondido: el azúcar tributa 0% de IVA por ser producto de primera necesidad, pero es el elemento más dañino para los diabéticos, mientras que los edulcorantes saludables ya debían pagar el 15% según la circular.

Walli ve más a futuro y advirtió que con esta medida toda una gama de productos sin azúcar simplemente saldrá del mercado, golpeando directamente a quienes los necesitan por prescripción médica.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en Ecuador hay cerca de 17.000 pacientes con diabetes tipo 1 y más de medio millón con diabetes tipo 2. 

La enfermedad está entre las primeras causas de muerte en el país, atribuible al 12,4% de los fallecimientos. El tratamiento puede costar entre $500 y $600 mensuales en diabetes tipo 1, y más de $2.300 anuales en diabetes tipo 2, sin contar complicaciones.

"No son solo 70 u 90 centavos más. Sumados al día, al mes y de por vida, ya es un impuesto terrible", afirmó Mantilla. La CCG reconoció esta dimensión y manifestó disposición a trabajar con fundaciones de pacientes para construir soluciones con tratamiento diferenciado.

¿Derogación o reforma legal?

Los gremios exigen que el SRI derogue la circular y, de necesitar mayor recaudación, el Gobierno lo haga mediante reforma legal en la Asamblea Nacional. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también rechazó la medida: "Comer en Ecuador ahora será más caro. Un regalo de Semana Santa por parte del Gobierno", señaló. La pregunta que queda abierta, y que el Gobierno no ha respondido, es si quienes facturaron con tarifa 0% durante años deberán presentar declaraciones sustitutivas y pagar el impuesto con intereses y multas retroactivos, un escenario que los gremios califican como devastador para la economía del país.

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Jóvenes y adultos se mezclan en un mismo espacio, combinando tareas y evidenciando un trabajo en equipo que sostiene cada detalle de la celebración.

Galu InLago es una de las voluntarias recientes. “No llevo mucho tiempo, soy nueva en todo esto”, confiesa mientras organiza tareas dentro de la Comisión de Alimentos, de la que también es secretaria. Su motivación surgió de la curiosidad y la fe: asistir a misa le permitió descubrir un espacio donde los jóvenes tenían cabida. 

“Es una experiencia gratificante. Es un trabajo pesado, pero al final todo sale bien”, asegura. Su comisión cumple una labor silenciosa pero esencial: alimentar a quienes garantizan el orden durante la procesión, entre ellos policías, bomberos y personal municipal. Son alrededor de mil raciones que requieren organización y dedicación.

La motivación de los jóvenes

En otra esquina del convento, Ángel Cáceres pule con esmero una de las andas. Forma parte de la Comisión de Andas, y sigue la tradición familiar. Su trabajo incluye revisar cada detalle técnico: limpieza, mantenimiento de estructuras y parlantes. 

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“Todo debe estar perfecto”, afirma. En el convento se observa cómo jóvenes y adultos se combinan en tareas, comparten experiencias, colaboran y aprenden unos de otros. “Aquí todos colaboramos, es una hermandad”, comenta Cáceres mientras revisa los últimos detalles.

Desde la guía espiritual, fray Edgar Abad, guardián del convento San Francisco, recuerda que este esfuerzo no es improvisado. “Nos preparamos durante todo el año”, señala. Aunque existen numerosos voluntarios registrados, el núcleo activo está compuesto por un grupo más reducido que asume responsabilidades constantes.

Así se distribuyen las tareas antes de la procesión

Las tareas se distribuyen en comisiones: andas, vestimenta, liturgia, acogida, comunicación y más. Comenta que en los últimos años, se ha observado un aumento significativo de jóvenes que participan en los preparativos, lo que refleja una renovación generacional sin que se pierda la esencia de la tradición.

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Diego Albán, parte de la Comisión de Cucuruchos, cuida cientos de trajes que se utilizarán durante la procesión. Su motivación es profunda, basada en la herencia familiar y gratitud por poder formar parte de esta celebración.

Diana Simbaña y su esposo, quienes se sumaron tras asistir a una misa, integran el equipo de comunicación, encargados de transmitir en vivo cada momento. “No es solo rezar, es hacer algo por los demás”, enfatiza la mujer.

Entre estas historias resalta Vicente QuinaLuisa, con más de 30 años en la cofradía. Detalla la organización de la procesión con grupos de andas, flores, protocolo y alimentos, con preparación constante que incluye limpieza, mantenimiento y coordinación de ceremonias. 

Su religiosidad nació en la infancia, influenciado por su padre, quien lo llevaba a rezar las estaciones todos los viernes de Cuaresma en la igleasia de Santo Domingo, centro de Quito. 

Para Quinaluisa, la fe y la confianza en Dios guían cada paso. Sobre el relevo generacional, celebra que adolescentes y jóvenes se involucren gracias a la guía y ejemplo de sus padres.

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El reloj marcaba las 17:13 del viernes y sobre la calle René Idrovo, en la segunda etapa de la ciudadela La Garzota, el tráfico avanzaba con lentitud. Los vehículos apenas se desplazaban unos metros antes de volver a detenerse.

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Había rostros tensos. Era la impaciencia de una hora pico que se volvió más pesada de lo habitual. La meta era alcanzar la avenida Isidro Ayora, pero el trayecto desesperaba. Las bocinas se superponían unas a otras en un sonido constante, irritante. Iván Lozada, taxista, miraba el reloj del tablero con resignación: en siete minutos apenas avanzó 500 metros.

A su alrededor, algunos conductores comenzaban a perder la calma. Dos vehículos se lanzaron en contravía, intentando abrirse paso por un carril que no les correspondía, lo que obligó a otros a frenar en seco.

“El cierre de las calles en la Alborada complicó todo”, dijo Lozada, soltando un suspiro cargado de enojo, mientras golpeaba suavemente el volante con los dedos.

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Cierre en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur: zonas aledañas, con incremento de flujo vehicular

Desde el viernes 20 de marzo, un tramo de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur permanece cerrado por trabajos municipales. La restricción, en sentido sur-norte, entre Agustín Freire y José María Egas, ha desviado el flujo vehicular hacia calles internas de ciudadelas cercanas, alterando la dinámica del sector.

El impacto se siente más allá de esa arteria. En zonas como La Garzota, Sauces y la propia Alborada, calles que antes tenían un tráfico moderado, ahora absorben una carga constante de vehículos.

En la calle Miguel Ángel Jijón, también en la segunda etapa de La Garzota, las filas pueden extenderse por más de cuatro cuadras, especialmente al caer la tarde.

Camila Paguay, que a diario regresa desde Urdesa hasta Acuarela del Río, explicó que su trayecto en hora pico puede tomarle hasta 35 minutos. El jueves pasado, sin embargo, el recorrido le tomó 58 minutos.

“Casi una hora atrapada en el tráfico. Eso es desgastante. Desde la semana pasada es imposible circular por La Garzota: si no está colapsada una calle, está colapsada otra”, lamentó.

Y eso que tan solo ha transcurrido una semana de los seis meses que durará el cierre del tramo sur-norte de la avenida Baquerizo Nazur.

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Otro tramo que está generando problemas es la intersección de las avenidas Guillermo Pareja Rolando y Agustín Freire, donde el paso es parcial. El viaducto en ese punto está cerrado, por lo que los conductores deben desviarse hacia la avenida Isidro Ayora y luego retomar su ruta.

Por ello, en la calle Eloy Velásquez, paralela a la Guillermo Pareja, entre las 17:00 y las 19:30, la congestión vehicular se ha intensificado, al ser utilizada como vía alterna.

“Se ha vuelto insoportable pasar por ahí. Si esto va a durar seis meses, deben enviar agentes de tránsito, porque no se ve ni uno. Solo en la principal hay cuatro, haciendo la labor que pueden hacer dos”, comentó Byron Morán, conductor de un expreso escolar.

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Fallas en la planificación del cierre en la avenida Rodolfo Baquerizo, señala experto

Alejandro Chanabá Ruiz, docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), explicó que el cierre del tramo sur-norte de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur ha puesto en evidencia una falla estructural: la alta dependencia de una sola arteria principal.

Las calles secundarias de ciudadelas como la Alborada, La Garzota y Sauces, concebidas para tránsito local, han tenido que absorber un volumen para el cual no fueron diseñadas, lo que explica la congestión que se intensifica durante las horas pico.

Agregó que el problema se agrava si se considera que la avenida Baquerizo Nazur soporta entre 50.000 y 60.000 vehículos diarios. Al cerrarse, ese flujo se redistribuye de forma desordenada hacia calles internas, generando cuellos de botella.

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Chanabá advirtió que también se evidencian fallas en la operación planificada en territorio. “Si desvío todo el flujo, ¿qué alternativa le ofrezco a la ciudadanía?”, analizó. Esto implica evaluar qué vías pueden soportar mayor carga, ajustar sentidos de circulación y habilitar rutas paralelas.

Ante este escenario, el experto mencionó el modelo de “espina de pescado”, donde una vía principal se complementa con múltiples accesos laterales que distribuyen el tránsito de manera más eficiente.

A esto se suma un déficit en la comunicación y planificación, de acuerdo con el analista. “Jamás he visto un letrero que me diga, con meses de anticipación, que una vía se va a cerrar”, cuestionó.

Para Chanabá, anticipar cierres, informar sobre rutas alternas y establecer cronogramas claros de intervención reduce el impacto en la movilidad y permite que la ciudadanía se adapte. “Eso se hace únicamente en el trabajo de campo. Es decir, saliendo, midiendo los tiempos, viendo cuánto me demoraría si giro solo a la derecha o solo a la izquierda, planificando el cambio del sentido de las calles”.

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Este valor es el más alto desde junio de 2022 ($104,40 el barril), de acuerdo con datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE). Además, este monto está por encima del precio referencial del crudo ecuatoriano ($53,50) fijado en el Presupuesto General del Estado 2026. Pero, ¿por qué sube el precio de esta materia prima?

El aumento en el precio del petróleo ecuatoriano ocurre debido al alza del West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el hidrocarburo de Ecuador. El WTI cerró este 1 de abril de 2026 en $100,12 el barril, según la Agencia EFE.

¿Por qué sube el precio del crudo ecuatoriano?

Oswaldo Erazo, analista petrolero, explica que solo entre febrero y marzo de 2026, el precio promedio del barril de WTI aumentó un 41,6 %. Pasó de $64,51 a $91,38.

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Este incremento responde al conflicto en Irán, activo desde el 28 de febrero, que ha afectado infraestructura energética en Medio Oriente. También influye el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

En Ecuador, el alza del WTI genera actualmente una diferencia de $36,71 entre cada barril exportado frente a lo previsto en el Presupuesto. Esto significa, que el Fisco recibirá mayores ingresos.

En promedio, cada dólar adicional sobre el precio presupuestado representa entre $105 millones y $110 millones extra, según el volumen de exportación previsto para 2026. Aunque la producción de crudo en Ecuador se encuentra contraída. El país, actualmente, produce 458.621,83 barriles por día, según el reporte del 31 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El gobierno de Ecuador apunta a depender menos del petróleo

En medio del alza de precio del crudo ecuatoriano, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, informó el 24 de marzo de 2026 en radio Centro, que en marzo habrá un beneficio. “En promedio, se estima unos $50 millones en ingresos petroleros”, indicó.

La ministra Moya, sin embargo, señaló que en los últimos dos años el gobierno busca reducir la dependencia petrolera. Para ello, destacó el crecimiento de cerca del 20 % en las exportaciones no petroleras en 2025 y el plan de contratar un seguro para proteger los ingresos ante caídas del precio. “No podemos seguir siendo un país dependiente del petróleo, tenemos que ser más resilientes”.

Además, la funcionaria añadió que se fijó en el Presupuesto un precio de “$52 por barril” y una producción conservadora de 460.000 barriles diarios para evitar “huecos” fiscales.

Los efectos del alza del crudo ecuatoriano 

Fernando Reyes, consultor petrolero, menciona que para establecer con detalle los ingresos que tendrá el país por la mejora en el precio del hidrocarburo se debe conocer el volumen exportado, Aunque precisa que debido a que la Refinería Esmeraldas no opera al 100 %, estima que hay un aumento de la oferta.

En este sentido, el especialista menciona que ante la bonanza actual, el gobierno debería destinar parte de los recursos de la exportación petrolera para mejorar la infraestructura de los complejos refinadores, porque al no poder producir “nuestros propios derivados” el país “pierde dinero. Es más barato producir, que refinar”.

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Por ejemplo, un barril de diésel importado puede llegar a costar hasta $150. Esto implica que Ecuador no solo recibe mayores ingresos, sino que también enfrenta mayores costos por la importación de derivados, lo que impacta directamente en los precios de los combustibles

El precio de gasolinas y diésel subiría otra vez hasta un 5 %

Además de una mejora en los ingresos, los efectos del conflicto en Irán se sentirán también en el bolsillo de los ecuatorianos. El 12 de abril de 2026, Ecuador enfrentaría un nuevo ajuste al alza en los precios de gasolinas y diésel. El aumento podría llegar nuevamente al 5 %, que es el tope que establece el sistema de bandas.

La previsión de este aumento responde a que el costo internacional del WTI supera ya los $100 por barril. Solo entre febrero y marzo de 2026, subió en un 41,6 %, advierte Erazo.

Ante este escenario, si se consideran parámetros técnicos y se busca mantener una reducción en la asignación de subsidios, Erazo estima que el 11 de abril en el ajuste de precios se aplique el monto máximo del sistema de bandas, 5 %.

Aunque, si se modifica el reglamento de fijación de precios de combustibles -como ocurrió en diciembre de 2025- puede haber ajustes en los porcentajes referidos.

El sistema de bandas establece que el precio de la extra, ecopaís y diésel prémium pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 %, si los costos internacionales del crudo y derivados cambian.

De esta manera, las variaciones del mercado no se trasladan en su totalidad al consumidor. Pero, si los precios externos son altos, el Estado podría asumir parte del costo mediante subsidios.

Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,89. El diésel prémium está en $2,82 y tiene un subsidio del Estado de 3,7 centavos por galón. Mientras tanto, la gasolina súper (que  no se sujeta al sistema de bandas) tiene un precio refencial de $3,41 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de abril de de 2026.

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Según el documento oficial, la entidad recuerda que únicamente los productos contemplados en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno pueden mantener tarifa 0 %. Todo lo que no esté explícitamente incluido debe pagar IVA, actualmente del 15 %. Sin embargo, el alcance de esta interpretación ha generado preocupación entre expertos y sectores productivos.

A criterio del tributarista Carlos Coronel, la circular del SRI son instrumentos aclaratorios y no pueden modificar la ley ni ampliar su alcance. Por ello, advierte que cualquier cambio en tarifas, como pasar de 0 % a 15 %, debería realizarse mediante una reforma legal aprobada por la Asamblea, y no a través de este tipo de documentos administrativos.

¿Habrá controles del SRI?

En la práctica, el documento tendría dos efectos claros. El primero, inmediato: un incremento en la recaudación, ya que varios productos que históricamente se vendían con tarifa 0 % empezarían a pagar 15 %, reflejándose en las perchas en cuestión de días. El segundo, a mediano plazo: la activación de controles tributarios por parte del SRI, que podría cuestionar a empresas por no haber aplicado este criterio en el pasado, abriendo la puerta a sanciones, multas e incluso cobros retroactivos.

El documento también deja entrever una interpretación polémica: sugiere que algunos productos “siempre debieron” pagar IVA, lo que genera incertidumbre jurídica. Esto preocupa porque podría derivar en procesos de determinación tributaria hacia atrás, algo que, según especialistas, debe manejarse con cautela por el principio de irretroactividad.

Otro punto sensible es el tratamiento de productos agrupados. La circular señala que si un bien con tarifa 15 % se vende junto a otros, aunque estos sean de tarifa 0%, todo el conjunto podría gravarse con IVA. Para Coronel, esto no está previsto en la ley y representaría una ampliación del alcance tributario.

Algunas leches más caras

Desde el sector productivo, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advierte a Diario EXPRESO que esta interpretación genera incertidumbre, especialmente en productos como la leche. Aunque la ley distingue la leche en estado natural (tarifa 0 %), la circular incluye categorías como deslactosada, descremada o fortificada dentro de los bienes gravados.

El impacto no sería menor: un aumento de precios podría reducir el consumo, afectar a la industria, al comercio y finalmente al productor. Es decir, el efecto se trasladaría a toda la cadena productiva.

“Este escenario genera preocupación en toda la cadena productiva. La categoría de leches deslactosadas, descremadas, saborizadas o fortificadas representan entre el 25% y el 30% del consumo a nivel nacional”, resalta Gómez. Agrega que un incremento en su precio podría reducir la demanda, afectar la comercialización, disminuir la producción industrial y golpear directamente a los productores.

¿Cuál es el pan que seguirá pagando IVA 0 %?

En la lista también se incluyen los panes que no cumplen con la definición establecida en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2945, numeral 3.1. Esta norma señala que el pan es el producto obtenido de la cocción de una masa, fermentada o no, elaborada con harina y agua potable, con o sin la adición de levadura, sal u otras sustancias permitidas para este tipo de alimentos. Aquellos productos que no se ajusten a estos parámetros técnicos podrían quedar fuera de esta categoría y, por tanto, ser gravados con IVA.

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En el fondo, el debate gira en torno a los límites legales del SRI. Si bien la entidad tiene la facultad de emitir circulares para aclarar la aplicación de la norma, expertos coinciden en que no puede reinterpretarla de forma extensiva ni modificar su alcance sin una reforma legal.

Así, más allá de la intención de ordenar el sistema tributario, la medida plantea un desafío mayor: evitar afectar a productos de la canasta básica y garantizar seguridad jurídica, señala José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor . Destaca que en un contexto económico sensible, cualquier cambio en el IVA de alimentos no solo impacta a las empresas, sino directamente al bolsillo de los ecuatorianos.

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El pasado 19 de marzo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, abrió una investigación previa contra Lozada. El monto observado por la Contraloría asciende a $25.732. La entidad sostiene que los documentos de descargo presentados no explican con suficiencia el origen de estos recursos.

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Lozada entregó facturas para justificar. Por ejemplo, del monto total, $18.805,05 provienen de sus actividades académicas en la Universidad de O’Higgins de Chile. Otros $1.382,90 corresponden a pagos de un plan de seguridad social privado, que es obligatorio tenerlo en ese país debido a las retenciones para fondos de pensiones.

El informe también señala como inconsistencia una cuenta no declarada en el Banco Internacional; sin embargo, un certificado bancario aclara que dicha cuenta se abrió en 2001, tiene saldo cero y no registra movimientos en los últimos cinco años.

Juez Terán y las observaciones de la Contraloría

En cuanto al juez Terán, el monto que la Contraloría considera no justificado es de $ 70.794. Según el informe filtrado al diario El Universo, las principales observaciones se centran en la recepción de $ 54.304 en cuatro cuentas bancarias locales sin el respaldo documental necesario, además de pagos a tarjetas de crédito por $13.576. Terán también remitió documentos de descargo alegando que los fondos provienen de su ejercicio profesional libre, pero la auditoría mantiene sus conclusiones.

Ninguno de los dos jueces ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de la investigación penal. El proceso se adelanta en el despacho de Alarcón, quien actualmente concursa para la titularidad de la Fiscalía y delegó las diligencias investigativas a la agente Judith Bonilla Estrada.

Nadie se hace responsable por la filtración

A través de la red social X, Alí Lozada cuestionó la filtración de un informe que goza de reserva legal y que aún no recibe formalmente. “Exijan al señor Contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto, en cualquier país decente, es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución”, fustigó el magistrado.

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Sobre el fondo del examen, Lozada calificó los montos y argumentos de la CGE como “ridículos”. Aseguró que la nota de prensa evidencia que justificó todo documentalmente, pero que a la Contraloría “le faltan papeles o sellos”.

Terán, en cambio, ha optado por el silencio. Sin embargo, este Diario conoció que recién la tarde de este 1 de abril de 2026, la Fiscalía le notificó con el inicio de la investigación, mientras que la Contraloría aún no le notifica con el resultado del examen a sus declaraciones patrimoniales.

Contraloría dice que no filtró información reservada

La Contraloría emitió un comunicado en el cual asegura que no entregó información a la prensa y que desconoce el origen de la filtración. “La labor de la entidad no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, reza el documento. No obstante, el organismo no desmintió la existencia de las investigaciones ni las determinaciones contra los jueces.

EXPRESO solicitó a la Fiscalía información sobre si investigará la difusión de información de circulación restringida incluso desde sus propias oficinas, pero la institución no respondió. Este delito está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), penas de uno a tres años de cárcel.

Otros jueces en la mira

El cerco a la Corte Constitucional no se detiene aquí. La Contraloría avanza con la aprobación de informes patrimoniales de otros magistrados: Claudia Salgado, Karla Andrade y el actual presidente de la CC, Jhoel Escudero Soliz.

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Tras hacerse público estos hechos, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial.

El organismo enfatiza que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la independencia de funciones. Subraya que los jueces han atendido todos los requerimientos institucionales, pero exige que estas acciones de control se conduzcan con “el más alto rigor técnico” y respeto a las competencias constitucionales.

• Preocupación. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, ha advertido sobre hostigamientos a la CC.

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Cómo funciona el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en Quito

Con corte hasta el martes 31 de marzo, se han entregado 52.839 tarjetas nuevas. Quienes ya contaban con ellas destacaron la rapidez y comodidad del sistema.

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Andrea Arcos, usuaria de la ecovía, comentó: “La atención fue rápida y me sentí más segura. Aunque por ser el primer día había bastante gente, creo que será un sistema muy útil para la ciudadanía, sobre todo para reducir los tiempos. Es mucho más fácil pasar, ya no hay que estar contando sueltos”. El personal municipal estuvo presente en los accesos para orientar a los usuarios.

Xavier Vázquez, gerente general de la Empresa de Pasajeros, explicó que el sistema centraliza el cobro y permite una administración más eficiente de los recursos recaudados. “Es un proceso planificado y técnico, que apunta a mejorar la experiencia del ciudadano”, afirmó.

No obstante, algunos usuarios hablaron de dificultades. Dennise Maya, del valle de los Chillos, destacó la seguridad al obtener la tarjeta; mientras que Patricio Mata, universitario, criticó las filas y la falta de implementación en todas las estaciones. “Es entendible que haya desconocimiento por ser el primer día, pero hubiera sido ideal iniciar en todas las paradas de trolebús y ecovía”, expresó.

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Vázquez aclaró que la implementación será gradual: inicialmente en seis estaciones (Carcelén, Río Coca, Marín Central, El Recreo, Guamaní y Morán Valverde) y posteriormente se ampliará a todas las estaciones de trolebús y ecovía, con entrega completa prevista para finales de abril. El metro ya cuenta con integración total en sus 15 estaciones.

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Durante la jornada, algunos inconvenientes surgieron con los validadores de tarjetas. Usuarios que intentaron pagar con la tarjeta del metro en estaciones del trolebús debieron hacerlo en efectivo. Paúl Aguilar señaló: “Es un gran cambio y habrá fallas hasta que se normalice”. El secretario de Movilidad, Álex Pérez, aseguró que se realiza un monitoreo permanente y se resolverá en el transcurso del día.

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El nuevo sistema permite pagar mediante la Tarjeta Ciudad, la tarjeta universal, la cédula vinculada o la aplicación Quito Nos Mueve para generar códigos QR. Es necesario crear una Cuenta Ciudad, que luego se vincula a la tarjeta correspondiente según la edad o condición del usuario.

El gerente explicó que, en fases posteriores, los buses convencionales de 12 metros contarán con validadores internos, eliminando la necesidad de controladores, en un proceso que podría extenderse entre seis meses y un año, debido a la coordinación con operadores privados.

El presupuesto referencial del proyecto alcanza los 15,5 millones de dólares y su implementación completa permitirá un transporte municipal más ágil.

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