Lo que debes saber

• El oro vive una subida histórica al superar récords de cotización, consolidándose como el activo refugio predilecto ante la incertidumbre económica.
• Sin embargo, para los inversores en Ecuador, acceder a este mercado requiere evaluar montos, comisiones y niveles de riesgo según el instrumento elegido.
• Mediante la tokenización de ETF, personas naturales pueden ingresar al mercado desde $1 o comprar fracciones de ETF, lo que funciona principalmente como una estrategia de ahorro a largo plazo. 

Por décadas, el oro ha demostrado ser el gran refugio de grandes inversiones que se realizan en el mundo en momentos de incertidumbre económica y financiera. Su valor, que se conserva y fortalece con el tiempo, fomentó por años la compra y venta de alhajas al menudeo, y aunque esta práctica se mantiene, hoy su atractivo trasciende a otras dimensiones, incluso al mercado digital. Pero, ¿qué tan seguro y accesible es apostar por este metal desde Ecuador?

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El oro alcanza precios récord y vuelve a ganar atractivo

El precio del oro ha experimentado una subida histórica y exponencial. Tras años de cotizar cerca de los $1.800–$2.000, la onza del metal precioso llegó a su máximo récord en enero de este año, al situarse en el rango de los $5.597-$5.608.

Andrés Mórtola, coach financiero, señala que este activo es apetecido desde la Edad Media, por grandes inversores y que, mientras más miedo e inestabilidad económica existe en el mundo, más incrementa su demanda. “Si mañana llegara a pasar una catástrofe económica, como la que hubo en el 2008, todas las empresas comenzarán a perder dinero, las monedas comenzarán a perder su valor, el oro no”, dice el experto, quien destaca la rentabilidad del 18 % anual promedio que ha tenido este activo en los últimos cinco años, marcados justamente por guerras y pugnas comerciales que dejan incertidumbre en la economía global.

Invertir en oro desde Ecuador exige capital y estrategia

¿Pero qué tan fácil es invertir en oro? Paul Palacios, analista económico y experto en este mercado, sostiene que todo depende de qué tipo de inversión se busque. Si se cuenta con ingentes recursos, la alternativa parte por adquirir oro físico, invertir en títulos valores o comprar derivados. No obstante, recalca, no es tan fácil. “El primer requisito es abrir una cuenta de inversiones en el exterior, con la ayuda de un bróker o banco de inversión que normalmente exige sumas importantes de dinero”.

Uno de los instrumentos más sencillos de comprar, explica, son los ETF de oro, que no son otra cosa que un título valor que permite al interesado tener una participación o pequeñas acciones dentro de una gran inversión. ¿Pero cuál es el monto mínimo recomendado en este tipo de instrumentos? Entre 10.000 y 20.000 dólares es lo mínimo que Palacios aconseja invertir en este mercado, “porque con ese tipo de montos se podría diluir el pago de las altas comisiones. Las comisiones que usted paga como consecuencia de una transacción son fijas”, señala Palacios.

Los tokens permiten invertir en oro desde apenas $1

Pero este ya no es un mercado que se caracteriza solo por mover millonarios capitales. La digitalización también ha empezado a democratizar el acceso a personas naturales con menor capacidad adquisitiva, mediante plataformas que dan cabida a las microinversiones que van desde $1. Si bien no todas las opciones que existen en el mercado son seguras, los expertos reconocen que eso hoy es posible con la compra de tokens, instrumentos virtuales que permiten la tokenización de un ETF. Si la onza de oro bordea hoy los $5.000 y no se tiene ese valor, se puede comprar un ETF de $90 que representa un trocito de esa onza de oro, o también se puede comprar $1 de token, que representa una centésima parte de un ETF de $100”.

No obstante, esta última opción, más que una inversión, pasa a ser un mecanismo también de ahorro, recalca Mórtola, cuyo beneficio podría sentirse, pero a muy largo plazo.

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A diferencia de otras inversiones, para alcanzar una máxima rentabilidad, estos instrumentos no requieren de plazos, sino de estrategias para vender en el momento oportuno. “Usted no le pone un plazo, el plazo está en su cabeza, no en el instrumento. Usted lo compra y lo puede vender pasado mañana, en un mes o en 5 años”, dice Palacios, tomando en cuenta las condiciones del mercado.

Pero, como toda inversión, recuerda Bernardo Orellana, director de Anefi, una de las administradoras de fondos más grandes del país, esto también conlleva riesgos, que se minimizan o maximizan según factores externos.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS 

Lo que debes saber

• Cinco inmuebles permanecen abandonados desde hace varios meses en el cuadrante que comprende las calles José Mascote, Piedrahíta, avenida del Ejército y Manuel Galecio, en el centro de Guayaquil.
• Moradores del sector aseguran que personas ajenas han ingresado a estos predios para utilizarlos como refugio y consumir drogas.
• Vecinos exigen mayor coordinación con la Policía y estrategias más efectivas para frenar la ocupación ilegal de predios.
  

En un barrio del centro de Guayaquil, cinco inmuebles permanecen abandonados desde hace varios meses. Moradores del sector aseguran que personas ajenas han ingresado a estos predios para utilizarlos como refugio y consumir drogas.

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Una pareja sale tomada de la mano de una casa abandonada ubicada en las calles José Mascote y Piedrahíta, en el centro guayaquileño. Eran las 10:04 del jueves y al hombre no le gustó ver una cámara cerca. “Sale, sale, ¿qué andas grabando?”, recriminaba mientras hacía ademanes con su brazo izquierdo. El reclamo quedó atrás y ambos se alejaron del lugar.

El hedor en esa céntrica intersección es insoportable. En ese punto, tres inmuebles contiguos están abandonados. Uno de ellos, el esquinero, antes funcionó como central de un movimiento político, con los colores amarillo y rojo.

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Hoy, sus ventanas están destruidas y apenas dos de sus puertas corredizas permanecen en pie, una de ellas con una notificación municipal por desaseo.

Al lado, una vivienda sin puerta da la bienvenida con escombros. “En enero el dueño hizo unos arreglos, pero ahí quedó todo”, contó un celador de la zona. Al fondo hay más escombros y basura acumulada. Fue precisamente de este inmueble de donde salió la pareja.

Los inmuebles abandonados siguen generando problemas en los barrios porteños. Estos espacios, además de deteriorar el entorno, también se convierten en focos de inseguridad, pues son utilizados como refugio por delincuentes y consumidores de droga, según moradores.

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Ocurre desde hace varios meses en el cuadrante de las calles Piedrahíta, José Mascote, avenida del Ejército y Manuel Galecio, zona en la que se registró la escena antes descrita.

Cinco viviendas deshabitadas en barrio del centro son foco

Al menos cinco viviendas de esa cuadra están deshabitadas, con evidentes daños en su estructura y problemas de desaseo.

“Este sector durante el día es bastante transitado, pero ya en las noches se pone complicado. Hay mucho malandro que merodea por aquí y usa esas casas como guarida”, expuso Ramiro Caiza, vecino del sector.

Agregó que delincuentes que operaban en los cerros del Carmen y Santa Ana se han movilizado hacia ese espacio para asaltar en zonas cercanas.

Durante un recorrido realizado por un equipo de EXPRESO, se observó a una mujer introducirse una llave en una de las fosas nasales, aparentemente para inhalar una sustancia que había recogido de una pequeña funda. La escena ocurrió en la calle Manuel Galecio, cerca de la puerta de entrada de un restaurante.

Vecinos intentan repeler a sujetos que ingresan a predios abandonados

A pocos metros de allí, en la intersección de esa vía con la avenida del Ejército, dos inmuebles contiguos permanecen abandonados y muestran signos de deterioro.

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Franklin Gallegos, quien tiene su oficina junto a estas edificaciones, señaló que en uno de los inmuebles funcionaba anteriormente un establecimiento dedicado a la impresión.

“Les dejaron una tarjetita de extorsión y ellos se fueron. Y quedó abandonada la casa nomás desde hace más de un año”, manifestó.

La puerta de vidrio de esa vivienda fue destrozada. Los restos aún permanecen regados sobre las escalinatas del portal.

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Asimismo, los componentes metálicos de las ventanas y de otros espacios de la casa han sido sustraídos por delincuentes.

“Un día estaba en mi oficina y escuché que estaban golpeando la pared. Salí y vi que querían llevarse algunas cosas. Entonces los corrimos. Llamamos a la Policía, pero llegó después de una hora. Esos delincuentes ya se habían ido de la zona, nosotros mismos los fuimos a buscar”, manifestó el ciudadano.

Como medida de prevención, Gallegos colocó reflectores en la parte externa de su oficina. También ha dado órdenes a sus custodios para repeler a individuos que intentan ingresar a las casas aledañas.

“Estamos corriendo muchos riesgos, pero al ladrón no hay que darle chance”, advirtió.

Casas abandonadas en Guayaquil: problemas de convivencia ciudadana

Para la arquitecta Gilda San Andrés, catedrática de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el deterioro de estas viviendas también revela un problema de convivencia ciudadana.

La especialista indicó que en Guayaquil predomina una cultura de indiferencia frente a los conflictos del barrio: “Si no es mi problema, entonces no me voy a involucrar”. Una actitud que, según dijo, termina debilitando las dinámicas comunitarias y permitiendo que el abandono se normalice.

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San Andrés señaló que el temor de los moradores es comprensible, pero advirtió que la ciudad no puede depender únicamente de la acción de las autoridades.

Citando a los urbanistas Jane Jacobs y Jordi Borja, recordó que “la ciudad no es de los políticos; la ciudad es de los habitantes”. Y sostuvo que los procesos más exitosos de recuperación urbana han surgido de vecinos organizados que deciden intervenir y mejorar su propio entorno.

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San Andrés añadió que la respuesta debe nacer desde una estrategia integral impulsada por la comunidad y no desde la confrontación.

“Si se empieza a cambiar el contexto, ellos probablemente ya no van a querer ir ahí”, afirmó, al señalar que la recuperación del espacio público, el mantenimiento de los inmuebles y la organización barrial pueden hacer que quienes ocupan ilegalmente estas edificaciones busquen otros lugares.

Los puntos claves

• El próximo alcalde tendrá cuatro años para enfrentar problemas que llevan años pendientes de solución. 
• Tráfico, áreas verdes y drenaje aparecen como prioridades urbanas, especialmente ante el riesgo de nuevas inundaciones por el fenómeno de El Niño.
• La recuperación de áreas verdes, canales y cuerpos de agua puede ayudar a enfrentar el calor, las inundaciones y el deterioro ambiental de la ciudad.

Guayaquil volverá a las urnas para elegir a quien tendrá en sus manos la administración de una de las ciudades más grandes y complejas del país. El próximo alcalde no recibirá una ciudad en blanco. Encontrará obras en marcha, proyectos pendientes y, sobre todo, problemas que llevan años esperando una solución real.

La inseguridad será una de las principales preocupaciones. Y aunque la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen son competencias que corresponden al Gobierno nacional, a decir de los especialistas consultados, el Municipio tiene herramientas para intervenir y deberá ponerlas en práctica: desde la recuperación de espacios públicos, iluminación y videovigilancia hasta programas de prevención, atención a sectores vulnerables y coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad. El desafío, señalan, será determinar hasta dónde puede llegar la gestión municipal y, sobre todo, conseguir que esas acciones tengan resultados visibles en los barrios.

Pero la inseguridad no será el único tema que deberá atender la próxima administración. Hay otros que no siempre ocupan los primeros lugares de la agenda política y que, sin embargo, condicionan todos los días la vida de quienes residen en Guayaquil: el tráfico, la recuperación de un centro que ha perdido actividad, la falta de áreas verdes y cuerpos de agua en mejores condiciones, y las brechas en los servicios básicos y el drenaje, que cada temporada vuelven a poner a prueba a la ciudad. Ahora, con la alerta por la posible llegada del fenómeno de El Niño, este último punto cobra una urgencia aún mayor.

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El tráfico es uno de los ejemplos más evidentes. Cada día, como lo ha venido publicando EXPRESO, miles de personas pierden tiempo en desplazamientos que deberían ser más rápidos y seguros. Resolverlo, a juicio de los urbanistas, no pasa únicamente por ampliar calles o construir pasos elevados. Implica ordenar el transporte, mejorar la semaforización, conectar los distintos sistemas de movilidad y lograr que caminar o utilizar el transporte público vuelva a ser una alternativa viable. Un problema que, durante años, ha quedado relegado frente a otras prioridades de las administraciones de turno.

A la par, Guayaquil necesita más áreas verdes y una mejor preparación frente a un clima cada vez más exigente. Los árboles, parques y espacios públicos no pueden ser vistos únicamente como elementos decorativos. También cumplen una función frente al calor, las lluvias, la contaminación y la calidad de vida.

Lo mismo ocurre con el drenaje y la infraestructura: las inundaciones no deberían convertirse cada invierno en una emergencia que se atiende cuando el agua ya está en las calles.

El próximo alcalde, insisten los especialistas, tendrá cuatro años para atender estos desafíos. La discusión electoral, por eso, no debería limitarse a quién ofrece más obras, sino a quién tiene una respuesta concreta para los problemas que siguen marcando la vida cotidiana de la urbe. Estas son las prioridades que Guayaquil no debería seguir postergando y algunas de las soluciones que podrían marcar el rumbo de la próxima administración.

Estos son los problemas y sus soluciones

Conectar la ciudad antes de seguir creciendo

Uno de los problemas más recurrentes es la movilidad. Aunque existen sistemas como la Metrovía y la Aerovía, estos no conectan de forma eficiente todos los sectores. Para muchos ciudadanos, desplazarse implica combinar varios medios, pagar más de un pasaje y dedicar más tiempo a sus recorridos.

A esto se suman las deficiencias del transporte público. Parte de la flota de la Metrovía es obsoleta, mientras los robos continúan siendo una preocupación, pese al refuerzo y promesa de la seguridad en estaciones.

Ante un sistema insuficiente e inseguro, el vehículo particular sigue siendo la prioridad, lo que alimenta la congestión.

La bicicleta tampoco logra consolidarse por la falta de ciclovías suficientes y conectadas, mientras la expansión urbana aumenta las distancias y la presión sobre las vías existentes.

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Moverse por Guayaquil cuesta tiempo y dinero

Ante este problema, el urbanista y planificador urbano Carlos Jiménez plantea que Guayaquil debe dejar de entender la movilidad como una colección de obras y asumirla como un sistema integral, con rutas alimentadoras, infraestructura para peatones, bicis y micromovilidad, además de vías en buenas condiciones.

Para ello, considera urgente consolidar un Distrito Metropolitano de Guayaquil que permita planificar de manera conjunta el crecimiento de la ciudad en conjunto con Samborondón, Daule, Durán y otros cantones del entorno.

La planificación, advierte, debe partir de mapas de uso de suelo que definan zonas urbanizables, de expansión, áreas verdes y zonas de amortiguamiento. Sobre esa base se debe proyectar el tráfico, el transporte y la infraestructura, con una coordinación clara entre municipios, Prefectura, Miduvi, MTOP y autoridades ambientales.

Barrios que han dejado de sentirse propios

La seguridad también se juega en el espacio público. No en el combate al delito, que es competencia del Gobierno Nacional, sino en barrios y parques que, por su abandono y deterioro, alejan a quienes deberían ocuparlos.

Cada vez más habitantes evitan caminar por ciertas calles, usar parques o reunirse en espacios públicos.

“Ya nadie se conoce por su nombre, los sitios de encuentro son contados. La gente le teme a su propia gente, a sus propias calles, se siente ajena y evita los callejones, que no son más que sitios grises. Es nuestra identidad la que se ha ido perdiendo”, lamenta Laura Robles, residente de la Alborada.

Ese mismo deterioro se repite en sitios turísticos, donde la poca o nula iluminación y la falta de actividad generan temor. Vecinos y visitantes optan por no frecuentarlos y los sacan de su radar.

Llenar de vida los espacios para ganar seguridad

El arquitecto y urbanista Daniel Arias plantea que el próximo alcalde debe crear una política municipal de prevención y recuperación urbana, enfocada en los barrios y puntos de mayor riesgo, y medir públicamente sus resultados. No se trata solo de poner más vigilancia, sino de recuperar los espacios que el abandono ha dejado en manos del miedo.

“La tarea implica iluminar calles, recuperar áreas verdes, eliminar puntos ciegos, mantener el espacio público y mejorar las condiciones para caminar”. Arias también propone llenar de color y vida las zonas grises con murales, arte y actividades culturales. Y hace énfasis en crear clubes, bibliotecas y espacios para niños y adultos mayores.

“La meta es que sientan que son parte de la comunidad, que se apropien de ella”, propone.

El corazón de Guayaquil se queda sin vida

Ciudadanos han dejado claro que el centro atraviesa una etapa de decadencia. La zona que debería ser una de las caras mejor conservadas y activas de la ciudad, ha perdido habitantes, visitantes y vida urbana. “Al centro nadie lo habita”, se quejan residentes que ya no recorren calles que antes eran parte de su rutina.

Después de las 18:00, la actividad comercial cae y la oscuridad gana espacio. Incluso en calles regeneradas y espacios turísticos, como la calle Panamá y la av. Malecón, han cerrado negocios icónicos por falta de clientes. El centro se ha llenado de bodegas y el tráfico también lo ahoga. Frente al malecón, el río permanece estático, sin vida.

El resultado es un centro que pierde su vocación de ser un lugar para vivir, trabajar y encontrarse. “Este tema no debe ser más un pendiente”, reclaman.

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No solo iluminar, hay que repoblar el centro

Frente a este escenario, que EXPRESO ha documentado y al que incluso dedicó un concurso de ideas para revitalizar el sector, el próximo alcalde debe apostar por mucho más que iluminación. Urbanistas y catedráticos como Héctor Hugo y María Fernanda Compte han planteado rehabilitar edificios abandonados, llevar proyectos de vivienda social y privada y devolverle al peatón su lugar. La meta: volver a poblar el que debería ser el rostro de la ciudad.

La recuperación pasa por integrar el río, devolverle sombra, recuperar el patrimonio y priorizar al peatón. También implica ordenar el tráfico mediante supermanzanas y devolver la vida a las calles con arte y actividades nocturnas. El reto es que este sector vuelva a ser un lugar para vivir y no solo un territorio de bodegas.

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Servicios básicos y drenaje: una ciudad que aún se inunda

Otro problema que la próxima administración deberá priorizar está bajo tierra, pero también corre a cielo abierto y se hace visible cada vez que llueve. Calles anegadas, sumideros que no dan abasto y alcantarillas en mal estado se repiten en distintos puntos. A esto se suman los reclamos por desbordes de aguas servidas, fugas y cortes de agua cada vez más frecuentes.

La discusión va más allá de limpiar un sumidero. Las familias cuestionan si la infraestructura de drenaje y alcantarillado tiene capacidad para responder a una ciudad que ha crecido y tiene cada vez más suelo cubierto de cemento. También están los canales de aguas lluvias, varios convertidos en focos de contaminación y desperdicio.

El reto, plantean, será dejar de reaccionar cuando el agua ya está en las calles y apostar por renovación de redes y una solución integral.

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Una red que responda antes de que llueva

Para Gelacio Mora, representante del colectivo Tejido Social de Guayaquil, la próxima administración debe cerrar la deuda de agua potable y alcantarillado que arrastra la urbe. Aunque está en construcción el Quinto Acueducto, señala que todavía hay hogares sin alcantarillado, principalmente en el norte y noroeste. Su propuesta es ampliar la cobertura de agua, acelerar el alcantarillado sanitario y garantizar el drenaje pluvial.

Mora plantea además una fiscalización más firme a Interagua para exigir el cumplimiento de sus obligaciones y que las inversiones atiendan las zonas con brechas de servicio.

Ante las inundaciones, plantea aumentar la capacidad de los colectores donde la red ya quedó pequeña, instalar sistemas de bombeo y control de mareas y recuperar de forma permanente los canales y drenajes existentes.

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Más cemento y menos refugios frente al calor

Esta es una de las quejas más recurrentes entre los guayaquileños. La ciudad hierve. Las islas de calor se extienden y la sensación térmica puede superar los 38 °C. En barrios enteros, como ha publicado EXPRESO, no hay sombra y el cemento domina el paisaje. Tampoco existen corredores verdes que atraviesen la ciudad: avenidas como la Francisco de Orellana y 25 de Julio siguen siendo franjas grises.

La falta de árboles se siente especialmente en los sectores donde caminar o esperar el transporte implica hacerlo bajo el sol. Ni siquiera sus cuerpos de agua escapan al problema. El río Guayas, los esteros y el manglar soportan contaminación, pese a su importancia ambiental. Guayaquil, lamentan las familias, tiene cada vez menos refugios frente al calor y espacios naturales para la flora y fauna. Una deuda que el próximo alcalde ya no podrá dejar para después.

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El verde y el agua también son infraestructura

Para la bióloga Natalia Molina, docente de la Universidad Espíritu Santo, la respuesta no pasa simplemente por sembrar más árboles, sino por llevarlos donde realmente hacen falta: paraderos, estaciones de Metrovía, veredas y grandes avenidas. Pero el verde no es el único recurso desaprovechado. Molina también plantea recuperar los ramales del estero Salado y devolverlos a la vida urbana.

Esto podría comenzar en espacios como el malecón, Parque Lago y distintos puntos del Salado, con actividades acuáticas que acerquen nuevamente a los ciudadanos al agua. La idea es que estos espacios no sean solo paisajes que se miran de lejos. Como ha dicho a EXPRESO el urbanista y fundador de 8 80 Cities, Guillermo Peñalosa, tener sombra y parques es tan importante como tener vías. En una ciudad que hierve, el verde y el agua no pueden ser secundarios.

Lo que debes saber

• Quito vive los últimos días de compras escolares antes del inicio de clases. Padres comparan precios de útiles, uniformes y zapatos
• El costo de los cuadernos va desde $0,85, mochilas desde $8, uniformes desde $12 y zapatos entre $12 y $34
• Solo en el sistema municipal, 27.500 estudiantes volverán a las aulas desde el 1 de septiembre

A cuatro días del inicio del año lectivo 2026-2027, Quito entra en la recta final de las compras escolares. En las calles del Centro Histórico, padres de familia recorren papelerías, locales de uniformes y zapaterías en busca de precios cómodos, promociones y alternativas que les permitan completar las listas sin desbordar el presupuesto familiar.

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En el régimen Sierra-Amazonía, el año lectivo comenzará de manera progresiva desde el martes 1 de septiembre de 2026. La fecha de retorno de los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales dependerá de la planificación de cada institución.

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En el sistema educativo municipal, 27.500 estudiantes regresarán a las aulas los días 1, 2 y 3 de septiembre. El retorno incluye a alumnos de 20 Unidades Educativas Municipales, Quito Wawas y 14 Centros Municipales de Educación Inicial. 

Este escenario también se refleja en las calles Cuenca, Sucre y García Moreno, donde el movimiento se concentra en los productos indispensables para iniciar clases: cuadernos, mochilas, pinturas, materiales para actividades prácticas, uniformes y zapatos.

Impactar lo menos posible al bolsillo

Los comerciantes consultados coinciden en que los padres llegan con una prioridad definida: completar las listas escolares buscando el menor impacto posible en sus bolsillos. La comparación de precios se ha convertido en parte de la compra, mientras los negocios intentan atraer a los consumidores con variedad, promociones y productos para diferentes presupuestos.

La dimensión de este movimiento se entiende mejor al revisar el gasto de los hogares. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 el gasto nacional en educación alcanzó $8.157 millones. De ese monto, $3.429 millones correspondieron directamente al gasto realizado por los hogares.

Aunque este desembolso se distribuye durante todo el año en diferentes rubros, el inicio del ciclo escolar concentra una parte de las compras en un período corto. Esa presión sobre el presupuesto es visible en los comercios de la capital.

Karina Viteri, propietaria de Papelerías Económicas, asegura que durante esta temporada se registra una mayor afluencia de clientes. Las familias, explica, no solo buscan cubrir las necesidades de los primeros días, sino abastecerse de materiales que puedan utilizar durante buena parte del año.

Para Viteri, después de la pandemia hubo períodos en los que la demanda disminuyó debido a que algunas instituciones redujeron o flexibilizaron los requerimientos de materiales. Ahora, sostiene, las listas vuelven a incorporar más productos y los padres han retomado las compras con mayor intensidad.

Variedad de precios para los clientes

Los precios ofrecen alternativas para distintos bolsillos. Los cuadernos cosidos y universitarios parten desde $0,85, mientras que las pinturas se encuentran desde $1. Las mochilas tienen opciones desde $8. “Hay para todos los bolsillos”, resume Viteri. Para atender la demanda, Papelerías Económicas mantiene sus puertas abiertas de domingo a domingo, de 08:00 a 20:00.

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En la Papelería Popular, Magdalena Piedra también identifica un incremento de compradores. Señala que los precios se han mantenido respecto al año anterior y que los productos más solicitados corresponden principalmente a materiales básicos y artículos para actividades prácticas.

Los cuadernos están desde $0,90, dependiendo de la marca. El establecimiento también amplió su horario y atiende de domingo a domingo, de 08:00 a 19:00. 

Uniformes y zapatos, otro gasto importante

La lista escolar no termina en la papelería. Uniformes y zapatos representan otro componente importante de la compra y, en estos días, los locales especializados también registran mayor movimiento.

Doris Gallardo, comerciante ubicada en las calles Cuenca y Sucre, señala que los uniformes se encuentran desde $12, aunque el precio varía de acuerdo con el tipo de tela. Para la comerciante, el regreso a clases constituye una de las temporadas más fuertes del año y contribuye a reactivar la actividad comercial del sector.

Una dinámica similar se observa en las zapaterías. Cristian Sánchez, propietario de uno de estos establecimientos, considera que el regreso a clases representa una temporada alta. Con promociones, los zapatos escolares se comercializan entre $12 y $34.

Sánchez asegura que los valores se han mantenido y que los proveedores también han tomado en cuenta las condiciones económicas de los consumidores. Para las familias, esa estabilidad facilita la distribución del presupuesto entre los distintos productos que deben adquirir antes del retorno a las aulas.

El Ministerio de Educación regula los costos

Mientras los comercios compiten por captar clientes, el Ministerio de Educación mantiene disposiciones para regular los costos que deben asumir las familias durante el año lectivo 2026-2027.

En las instituciones particulares y fiscomisionales, el costo conjunto de uniformes, útiles y textos escolares no puede superar los $482, valor correspondiente al décimo cuarto sueldo de 2026.

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La disposición busca establecer un límite al gasto y transparentar los valores solicitados por las instituciones educativas. Los establecimientos deben informar a los padres los costos estimados de materiales pedagógicos, textos, editoriales y uniformes.

Además, los representantes tienen libertad para decidir dónde realizar sus compras. Los colegios no pueden direccionar la adquisición de útiles, uniformes o textos hacia un proveedor determinado ni exigir que estos productos sean adquiridos dentro de la institución.

Promociones para atraer compradores

Con el retorno a clases cada vez más cerca, los negocios también ajustan su oferta para captar a las familias que todavía tienen compras pendientes. La oferta también se concentra en los Centros Comerciales del Ahorro. En Ipiales del Sur y El Tejar, los compradores pueden encontrar uniformes, zapatos, útiles escolares y otros productos relacionados con el regreso a clases.

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En el Centro Comercial Ipiales del Sur, ubicado en la avenida Morán Valverde y avenida Mariscal Sucre, las compras desde $10 permiten participar en el sorteo de 15 listas de útiles escolares. 

Geovanny Calvopiña, presidente del Centro Comercial Ipiales del Sur, señala que el establecimiento reúne aproximadamente 300 locales y genera empleo para más de 350 personas. La oferta incluye ropa, zapatos y servicios, además de espacios de alimentación.

Lo que debes saber

• Defiende la producción nacional independiente, cuestiona algunas decisiones de la televisión y asegura que el humor debe entretener, pero también dejar una reflexión.
• En YouTube desarrolla Vivos y directos, una serie de sketches de humor de 12 minutos, con personajes como Nobita, Polilleve, Mera, La Enfermera y La Pareja Más Feliz.
• Lleva al Teatro Las Cámaras La gran seducción, una comedia protagonizada por Carla Sala, Miriam Murillo y Cecilia Cascante, el 2 y 3 de octubre.

Jorge Toledo está dedicado al teatro y a las redes sociales tras su comentada renuncia a seguir dirigiendo El Cholito Forever. Semanalmente, en Toledo Café Teatro, presenta diversas obras, entre ellas Amor de otoño, Pareja tóxica y Jubiladas de la isla. Cada fin de semana cambia la cartelera.

El 2 y 3 de octubre llevará al Teatro Las Cámaras el montaje La gran seducción, con Carla Sala, Miriam Murillo y Cecilia Cascante.

En YouTube lanzó Vivos y directos, un espacio de humor de aproximadamente 12 minutos, con personajes como Nobita, Polilleve, Mera, La enfermera, La pareja más feliz y El taxista.

Además, ha incursionado en las micropelículas con Verdades dichas con dolor, una serie de historias locales.

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Ante la falta de producciones televisivas, dio el salto a lo digital.

Es mi trilogía. Primero fue Ni en vivo ni en directo, luego Vivos (en TV) y ahora Vivos y directos, con la finalidad de posicionarme en las redes sociales con mi humor. Se suben los domingos a las 18:00. Son varios sketches. Se hizo una temporada de 12 capítulos y en cada uno aparecen nuevos personajes. En octubre espero comenzar a grabar el segundo ciclo.

"Nunca he hecho humor intrascendente"

¿Qué busca demostrar con una producción independiente?

Que se puede hacer producción nacional independiente pura, que no es tocada, manejada ni condicionada. El eslogan es Verdades dichas con humor. Nunca he hecho humor intrascendente. Yo no ataco, no denigro, no daño; no es mi estilo, jamás lo será, pero sí dejo una reflexión.

En las redes no existen limitaciones. Se puede hacer producción con actores, disciplinados, con talento; no están palanqueados. Tampoco es un trabajo hecho con el celular. 

En la vida he hecho de todo, pero nunca el trabajo de venta; lo hice para sacar este proyecto adelante. El buen humor nunca pasará de moda. No aspiro a ser viral porque, generalmente, lo que se viraliza es por un escándalo o algo malo.

¿Qué entiende usted por buen humor?

Ese humor que trasciende, punzante, que identifica, creativo, que te hace reír, pero que dice algo. Hace muchos años creé La pareja feliz. Ahora, La pareja más feliz: generalmente, cuando nos casamos nos descuidamos, pero cuando nos separamos empezamos a mejorar nuestra apariencia. Cada personaje dice algo. Polilleve es la representación de la corrupción, que está en todas partes.

En un año marcado por la actividad electoral, ¿ha recibido propuestas para involucrarse en política?

Siempre se ha dado pero no me interesa porque tendría que dejar de ser artista, esa nobleza de ser artista, para convertirme en político. Esa es mi pasión: un actor transmite emociones y la mayoría de políticos transmiten mentiras.

Fernando Villarroel y David Reinoso, con quienes ha trabajado, han tenido acercamientos con los políticos.

Fernando es candidato. Cada quien escoge un camino. Muchos artistas lo han intentado y tienen derecho, pero en los casos que menciona ninguno está preparado políticamente. 

Generalmente, cuando alguien se vuelve alfombra o zalamero de algún político, el público se da cuenta y se pierde el respeto. Volver a ganar la confianza cuando se han identificado con una línea política no siempre se puede, no es fácil.

"Cada día me reinvento"

¿Cree que algunos artistas ven la política como una alternativa cuando consideran que sus carreras ya llegaron a un límite?

Pensar así es absurdo. Cada día me reinvento, trato de crecer. He sido un director y productor exitoso con populares espacios; no puedo decir que lo he logrado todo. Tanto Fernando como David han logrado su repercusión con determinados personajes, pero provienen de un mismo concepto, en este caso Ni en vivo ni en directo. No se puede decir que he llegado a un tope cuando siguen haciendo lo mismo durante 25 años.

Después de todo lo ocurrido, ¿se arrepiente de haber dejado la dirección de El Cholito Forever?

Nunca. Económicamente fue una buena oferta. Lo que más me sorprendió fue la perruñería de muchos actores hacia los canales. No les importa ganar menos que los influencers o que gente sin experiencia. Se quedan callados por miedo a que no los contraten. Pierden la dignidad como ser humano y como artista. 

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Lo único que pedí es hacer bien las cosas. El director está ahí por alguna razón, es la cabeza. No justifico la lambonería y tampoco la ingratitud.

El Cholito Forever recibió críticas. Desde su experiencia como director, ¿qué considera que falló en la producción?

Metieron mano personas que no debían hacerlo para hacer lo que les dio la gana y para meter a sus recomendados. La culpa no era de ellos, sino de los que los pusieron ahí. Dejaron ir al director que conocía el producto.

¿Cómo quedó su relación con David Reinoso después de su salida del proyecto?

Es una relación diplomática. Cuando se accidentó, lo llamé y fui a visitarlo. Siempre tendrá mi cariño y respeto y tendrá la apertura para conversar. Considero que David defendió sus intereses; yo defendí lo que pensaba y mis convicciones.

Víctor Aráuz le recomendó enfocarse en construir un universo nuevo de personajes sin David Reinoso.

Yo manejo una sala de teatro, en la cual presento diferentes obras. En la comedia Vivos y directos tengo nuevos personajes. No soy yo el que no los suelta, son otros. Fernando Villarroel no suelta a Garañón, de Nuestro recinto; Flor María Palomeque no suelta a La Mofle, de La pareja feliz.

Por primera vez trabaja con Carla Sala

¿En qué momento un personaje exitoso deja de ser una fortaleza y se convierte en un encasillamiento para un actor?

No estoy en contra ni critico que lo interprete durante un tiempo, pero si solo vive haciendo ese papel, aquello es mediocridad. No se ha exigido hacer algo diferente.

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¿Qué tan importante es mantener continuidad en una producción entre una temporada y otra para no perder al público?

Dejar que pase mucho tiempo es un error. Todo se graba de una sola; solo se hace un remate luego de la emisión de determinados números de capítulos de una producción. El público se enfría, hay que empezar de nuevo. Es lo que pasó con Los García. 

La segunda parte pasó sin pena ni gloria; el mismo canal se hizo el harakiri. Son malas decisiones. Puede ocurrir lo mismo con El Cholito Forever.

Ahora dirige a Carla Sala en La gran seducción. ¿Cómo ha sido trabajar por primera vez con ella?

Carla, Cecilia y Miriam están geniales. Ha sido una grata experiencia. Toda la vida hizo danza, es artista por naturaleza.

Usted también trabajó en la construcción de la imagen de Aquiles Álvarez y creó el personaje Tranquiles.

Me buscaron para posicionar la imagen de Aquiles Álvarez. Creamos el personaje Tranquiles. Lo conocí cuando estaba de candidato a la vicepresidencia deportiva de Barcelona. Me buscaron para que les armara una campaña creativa y luego lo volvieron a hacer para el Municipio. 

Las circunstancias que se han dado son ajenas a nuestro trabajo. Campañas creativas siempre se dan.

¿Cómo observa la complicada situación por la que atraviesa?

Me da pena lo que está viviendo, recluido y en medio de procesos judiciales. Para mí es un tipazo, es la imagen que tengo. Independientemente de los problemas políticos que existan, tiene mi aprecio y consideración.

Juan José Herrera es director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold y director principal de la Cámara de Minería del Ecuador para el período 2025-2027. Economista con 15 años de trayectoria en los sectores minero y energético. La minera canadiense aportó $500 millones en impuestos en 2025, pero sostiene que el país aún tiene un amplio potencial minero por desarrollar.

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- En 2025 las regalías de la empresa rondaron los $80 millones. Con el oro al alza, ¿ven una ventana de mayor aportación a la economía nacional?

- La regalía incrementa en función del precio, y esperamos pagar entre 80 y 100 millones de dólares cada año. Pero hay que entender que las regalías son solo un rubro de los impuestos. Lundin Gold en el año 2025 pagó algo menos de 500 millones de dólares en impuestos, una cifra sin precedentes. Además, en minería existe el ‘ajuste soberano’. ¿Qué es? Es que el Estado siempre gane más que el concesionario. Si a lo largo de la vida del proyecto el concesionario empieza a ganar más que el Estado, se activa este rubro adicional para corregir ese desbalance.

- Tras el paso de varios gobiernos con distintas ideologías, ¿cuáles son las principales trabas que han encontrado y cómo ven que ha avanzado la política pública?

- La industria minera requiere principalmente de seguridad jurídica. El inversionista necesita previsibilidad para invertir hoy un dólar y saber que tendrá retorno en 5 o 15 años. A mí no me gusta hablar de gobiernos. Ecuador lo que necesita es una política de Estado minera. Trabajamos muy bien con el Gobierno, pero hay desafíos que destrabar. Por ejemplo, hoy no hay una ley de consulta previa libre e informada con comunidades indígenas.

- Por esa misma necesidad de seguridad jurídica, ¿vieron con buenos ojos el hecho de que no haya existido la Asamblea Constituyente? ¿Hay las suficientes herramientas para trabajar hoy?

- Siempre para la inversión extranjera y privada, la previsibilidad es fundamental. Cuanto mayor previsibilidad y seguridad jurídica haya, mejor para la inversión siempre. Hay una correlación directa. El desafío es que la industria minera es muy nueva, pero con los marcos actuales que existen, nos da pie para poder trabajar en cerrar esas brechas y poder por fin despegar con la industria.

- El catastro minero es otro gran pendiente. Sin embargo, ya se habla de minería a cielo abierto. ¿Qué representaría para ustedes la llegada de competencia?

- No lo veo como competencia. Mientras más empresas mineras grandes vengan, con muy buenos estándares, son buenas noticias porque seguirán explorando. Sobre las nuevas minas a cielo abierto, eso no necesariamente es malo. Una mina así tiene una huella más grande, pero todo se puede gestionar muy bien. Recién cuando evalúas el mineral, decides si es subterráneo o a cielo abierto. Ambas se pueden hacer muy bien o muy mal.

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- Pensando a futuro, el mundo mira hacia las ‘tierras raras’ por la transición energética. ¿Contemplan explorar ese potencial en Ecuador?

- El desafío es que no podemos saber si tenemos tierras raras o litio porque no se ha explorado lo suficiente. Ecuador es muy poco explorado, pero con la poca exploración ya hay descubrimientos de clase mundial. Viendo el potencial de vecinos como Colombia, Perú y Chile, y sabiendo que la geología no respeta fronteras, existe una oportunidad muy grande... Pero nuestro enfoque hoy es el oro y también el cobre, que hemos descubierto en nuestras campañas.

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- ¿Y qué potencial ustedes le ven al país en la exportación de oro?

- Estamos a nivel global en un superciclo del oro. La oferta es la misma porque hay pocas minas grandes en el mundo, pero la demanda sigue aumentando. Ecuador no aprovecha este boom, es desaprovechado. Hoy, con Fruta del Norte y Mirador, solo estas dos minas ya exportan más que todo el banano del país. Y si existieran tres operaciones como Fruta, exportarían lo mismo que todo el sector camaronero. Ahí está el futuro.

- Esto, en medio del desafío de las mineras de crear sus propias fuentes energéticas. ¿Cómo han resuelto ustedes ese tema?

- Las condiciones cambiaron, antes el país era superavitario. En ese sentido, firmamos un PPA que nos permite comprarle electricidad a un privado, a través de su central hidroeléctrica en Morona Santiago. Ellos inyectan al sistema nacional y nosotros tomamos esa energía, descongestionando el sistema con 20 megas. Pero para proyectos grandes a futuro, se requiere que los marcos jurídicos permitan a las mineras invertir de manera más sencilla en generación privada.

- La política aquí es un péndulo ideológico. ¿Ven las próximas elecciones seccionales con preocupación o interés, considerando que a nivel de GAD se manejan temas vitales como el uso de suelo?

- Obviamente con interés. Las autoridades locales son fundamentales para una operación minera. El material pétreo de la cantera se negocia con los gobiernos seccionales; temas de bomberos, uso de suelo y ampliación de campamentos con autoridades locales; y las vías rurales son competencia de la Prefectura. Trabajamos muy bien con las autoridades actuales y esperamos trabajar de la mano con cualquier candidato que sea electo.

Lo que debes saber

• La nueva regulación de los estacionamientos tarifados en Guayaquil plantea una interrogante que sigue sin respuesta: ¿cuántos cuidacarros existen en la ciudad?
• La ATM aún no tiene una cifra y analiza cómo incorporarlos al sistema y evitar que los conductores terminen pagando dos veces por estacionar.
• En un mes habrá respuesta, dice el gerente de la ATM. 

Guayaquil convive con una escena que ya parece rutina: pagar por estacionarse en un espacio público tarifado y, aun así, encontrarse con un cuidador de vehículos que reclama un valor adicional por ‘vigilar’ el carro.

La situación se vuelve más incómoda cuando la negativa del conductor a pagar genera reclamos o, incluso, actitudes agresivas. En medio de este escenario con el que convive el guayaquileño se aprobó la ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado.

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Y fue en el Concejo que también se puso sobre la mesa que quienes se dedican a esto sean regulados. Ahora, la actividad de los llamados ‘cuidacarros’ genera cuestionamientos a partir de una pregunta que aún no tiene respuesta, ¿cuántos hay?

El problema es que mientras la norma ya fue aprobada, la propia Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) todavía no tiene una cifra de cuántas personas se dedican a esta actividad.

ATM responde a EXPRESO

Edgar Lupera, gerente de la ATM, reconoció en un diálogo con EXPRESO que el número debe ser actualizado mediante un censo de la Dirección de Aseo Cantonal. Al preguntarle cuántos cuidacarros existen actualmente en Guayaquil, el funcionario no entregó una cifra. “Esto lo tenemos que actualizar”, respondió.

Es decir, se aprobó una ordenanza que contempla regular una actividad cuya dimensión todavía no está determinada. Este Diario también le consultó al Municipio cuántas personas están en dicho censo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una contestación.

Sin embargo, Lupera explicó que el proceso deberá comenzar con el proyecto de estacionamientos tarifados en el centro, donde están contemplados 1.320 espacios. La arteria que más tendrá es la 9 de Octubre. Después vendría la socialización, la elaboración de un informe técnico para el Municipio y la contratación de un aliado estratégico.

“Ahí vamos a contestar tu pregunta”, señaló el gerente de la ATM al ser consultado nuevamente sobre cuántos cuidacarros existen. Según Lupera, en aproximadamente un mes podría existir una respuesta.

Las dudas de los conductores 

Pero mientras la institucionalidad cuenta, censa y prepara informes, el problema continúa en las calles, donde muchos conductores que pagan por estacionarse, esperan que eso sea suficiente para utilizar un espacio público. Entonces, ¿qué ocurre cuando otra persona aparece para cobrarle por algo que, en teoría, ya está incluido dentro del esquema de estacionamiento regulado?

La propia ATM reconoce que no se trata de un problema sencillo de resolver únicamente con controles. Lupera admitió que la fuerza de control o la fuerza pública no han logrado solucionar esta situación porque, desde su mirada, detrás de esta actividad existe una necesidad económica. “La forma de solucionar es que (los cuidacarros) sean parte”, planteó.

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La propuesta del funcionario apunta a registrar a los cuidacarros, establecer condiciones y elaborar un pliego para incorporarlos al proceso. “Deben de registrarse”, señaló e insistió en que la solución es que formen parte del sistema.

La idea incluso recibió respaldo dentro del Concejo. Soledad Diab, quien antes era del PSC y hoy dice ser independiente, pidió un aplauso para la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, por abordar esta problemática en el cuerpo edilicio.

No obstante, el aplauso que se oyó en el Salón de la Ciudad no resuelve todavía la pregunta que surge desde las calles, en torno a cómo se evitará que un conductor termine pagando dos veces por parquearse en un espacio público.

Esto dice la ordenanza

Entre las condiciones de uso de los estacionamientos públicos tarifados, de acuerdo con el proyecto de ordenanza, figura que el uso ininterrumpido será de máximo cuatro horas por usuario, a fin de promover la rotación vehicular, dinamizar el tránsito y mejorar la disponibilidad de espacios para los ciudadanos en las zonas definidas.

La tarifa será de $1 por hora dentro del horario tarifado, mientras que la tarifa mínima será de $0,25 por 15 minutos.

Finalmente, Lupera enfatizó que aún se analiza definir si este proyecto será a través de dispositivos o aplicación. “Eso lo estamos elaborando y (estudiando) qué vamos a hacer con los que cuidan carros”, manifestó.

Lo que debes saber

• Dirigentes de ocho sectores plantean soluciones coordinadas entre el  Municipio, Policía, Gobierno y ciudadanía
• Proponen planes preventivos, pacificación vial y mejor coordinación institucional. El reto es convertir los diagnósticos en cambios visibles
• Los problemas cambian según el barrio, pero inseguridad, congestión, deterioro urbano y conflictos de convivencia se repiten

Los problemas de inseguridad, movilidad, deterioro del espacio público y convivencia se repiten en distintos sectores de Quito. Pero los vecinos ya no quieren limitarse a señalar las dificultades. En ocho barrios del norte de la ciudad, sus dirigentes decidieron organizarse, identificar las necesidades de cada zona y plantear propuestas.

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Aunque cada sector tiene sus particularidades, los problemas se repiten y, según los dirigentes que asistieron al primer encuentro ‘Líderes que transforman’, requieren una respuesta coordinada entre el Municipio, la Policía, el Gobierno central y la propia ciudadanía.

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En el Batán Bajo, por ejemplo, los vecinos piden acciones frente a la inseguridad. Gustavo Dávalos, representante del sector, señala que existen robos y sustracción de accesorios de vehículos. La demanda principal es aumentar los patrullajes.

La movilidad también es crítica. En la zona funcionan tres colegios y guarderías, lo que provoca congestión en las horas de salida. Los vecinos solicitan la presencia de agentes de tránsito y una calibración de los semáforos.

Un vecino que les ha traído problemas

En los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa, en cambio, las dificultades están relacionadas con los eventos que se realizan en el escenario deportivo. José Briones, presidente del barrio El Batán, explica que cada partido o espectáculo puede transformar la dinámica del sector. Libadores, pirotecnia, vehículos mal estacionados y personas que utilizan las calles como baños son parte de las situaciones que enfrentan los residentes.

Briones recuerda que incluso se han registrado casos en los que la pirotecnia ha caído sobre viviendas. Aunque se han planteado proyectos para atender estos problemas, sostiene que no se han concretado. Ante la inseguridad, los vecinos han fortalecido los chats comunitarios con la Policía, una herramienta que, asegura, ha permitido alertar de manera efectiva sobre hechos sospechosos.

“La organización de los líderes barriales es importante”, dice. Agrega que las soluciones deben construirse de manera conjunta entre las autoridades y la comunidad.

Diagnóstico de la República de El Salvador

En la República de El Salvador, la organización de los vecinos también se convirtió en una herramienta para identificar los problemas. Paola Burbano, del Comité de Seguridad del sector, destaca que el vecino es la primera fuente de información y una especie de vigilancia natural, pues es quien conoce lo que ocurre en su entorno y puede alertar de una situación irregular.

Junto con la Policía, elaboraron un diagnóstico y encontraron problemas como falta de iluminación, necesidad de poda y mantenimiento del arbolado, tapas de alcantarilla ausentes y dificultades para garantizar una movilidad adecuada para los peatones. 

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La propuesta, dice Burbano, es que la ciudad también sea pensada desde las necesidades de los peatones y de las personas con movilidad reducida.

Otro desafío es la transformación comercial del sector. La llegada de más bares y discotecas inquieta por el ruido y por la convivencia con los residentes. Los vecinos no plantean eliminar la actividad comercial, sino encontrar un equilibrio que permita que los negocios funcionen sin afectar una zona residencial consolidada durante años.

Falta un trabajo articulado

La inseguridad asociada al consumo de sustancias, la alta siniestralidad vial y la presencia de locales nocturnos que no cumplen la normativa son, para los dirigentes, parte de un problema mayor: la falta de coordinación entre las distintas instituciones. Como parte de las propuestas están los planes preventivos, el fortalecimiento de la organización barrial, la pacificación vial y la reubicación de determinados establecimientos.

Carlos Caluquí, del Frente Ciudadano por la Seguridad Vial, coincide en que existen numerosos problemas, pero señala que también hace falta un mayor compromiso ciudadano. Estos espacios, argumenta, permiten que los habitantes se empoderen y asuman que también son parte de la solución.

La participación, menciona, debe traducirse en un mayor compromiso tanto de los ciudadanos como de las autoridades, especialmente para lograr respuestas más rápidas y efectivas en seguridad y movilidad.

Hojas de ruta claras son claves

Desde la Policía también se destaca la importancia de esta articulación. El mayor Byron Flores, jefe de operaciones del Distrito Eugenio Espejo, ve positivas estas iniciativas porque permiten construir unidad con los vecinos, quienes conocen de primera mano la realidad de cada barrio.

Para Flores, las herramientas fundamentales son los planes de acción y hojas de ruta claras. La Policía puede responder en materia de seguridad, mientras la ciudadanía tiene la capacidad de alertar oportunamente. En sectores como República de El Salvador y La Kennedy, explica, se han instalado sistemas de videovigilancia y alarmas comunitarias que contribuyen a la prevención.

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Los planes deben partir de un diagnóstico concreto: determinar si existen cámaras, guardias de seguridad, iluminación adecuada o terrenos baldíos que puedan convertirse en puntos de riesgo. También deben identificar las condiciones de movilidad y las acciones que pueden desarrollar los distintos actores para mejorar el entorno.

Burbano señala que el desafío ahora es que los planes y hojas de ruta no se queden en el papel y que la participación ciudadana se traduzca en acciones visibles en las calles de la capital.

Lo que debes saber

• La Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores tras ocho meses de la suspensión de la fase.
• El presidente del CPCCS anunció declaraciones juramentadas notarizadas para los catedráticos.
• Los aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del concurso desde 2022.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reforzó los protocolos de seguridad para la etapa de oposición del concurso para la primera renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida se ejecuta en medio de los reclamos de los postulantes por la falta de información oficial sobre el proceso pendiente desde 2022.

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Liberación de servidores y nuevos controles para el banco de preguntas

Ocho meses después de que el Pleno del CPCCS ordenó retrotraer la fase de oposición (avanzada durante 2025 debido a sospechas de filtración de información), la Comisión Ciudadana de Selección liberó los servidores institucionales el 17 de agosto de 2026.

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Con esta acción, el organismo técnico estableció un protocolo orientado a:

Nuevos requisitos para los catedráticos y seguridad informática

Consultado por EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que el resguardo de los servidores forma parte de las garantías para esta nueva fase. Asimismo, detalló las exigencias que deberán cumplir los docentes evaluadores:

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El contrato de auditoría externa

El reglamento del concurso dispone además la participación de un equipo externo especializado en seguridad informática para garantizar la disponibilidad e integridad del sistema.

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En julio de 2025, el CPCCS adjudicó un contrato por 6.000 dólares a la empresa SBV Auditores Asociados para brindar asesoramiento y asistencia en programas informáticos. De acuerdo con el portal del Sercop, este proceso sigue en estado de ejecución tras más de un año, ya que el pliego establece que el pago se liquidará contra entrega final del servicio al culminar la etapa de oposición.

Aspirantes denuncian falta de notificación y estancamiento del proceso

Pese a los anuncios oficiales, el experto electoral y postulante al CNE, Fausto Camacho, advirtió que los aspirantes no han sido notificados formalmente sobre las nuevas medidas de control ni sobre la fecha de reanudación.

Camacho enfatizó que los participantes no reciben novedades desde hace varios meses, situación que incrementa las dudas sobre la legitimidad de un concurso de renovación parcial que permanece estancado desde 2022.

Lo que debes saber 

• La consolidación del poder del Gobierno sobre los organismos electorales provoca que incluso decisiones sustentadas en argumentos legales sean percibidas como posibles maniobras políticas.
• El 19 de agosto, un video registró al candidato de ADN Marco Zambrano reunido con funcionarios electorales de Manabí. Dos días después, la Junta Provincial Electoral negó la inscripción de González y Gabriel Giler.
• La Junta sostiene que González y Giler no cumplieron el requisito interno de Pachakutik de acreditar dos años de pertenencia.

Pocas cosas pueden ser tan graves para un país que se dice democrático, que sus procesos electorales pierdan credibilidad. Y esto está pasando actualmente en el Ecuador de cara a las elecciones seccionales de noviembre. 

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¿Y por qué pierde credibilidad? Porque el actual gobierno ha consolidado su poder en los organismos electorales a tal punto que, incluso si toma decisiones legales o reglamentarias, son percibidas por la sociedad como herramientas del Ejecutivo para perjudicar a sus adversarios. 

El caso de la aparentemente inevitable descalificación de la correísta Luisa González, que aspira a ser candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik, es un ejemplo de eso: no basta que los argumentos para su descalificación sean legales, porque todo lo que ocurre alrededor del tema está siendo visto con sospecha.

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Ese episodio podría haber sido una controversia estrictamente jurídica, pero los hechos que lo han rodeado hacen que sea considerado por la mayor parte de la opinión pública, con razón o sin ella, como una maniobra gubernamental para sacar a la correísta de la carrera electoral. La Junta Provincial Electoral de Manabí sostiene que González y su compañero de fórmula, Gabriel Giler, no acreditaron los dos años de pertenencia que exigen las normas internas de Pachakutik para sus candidatos.

Pero la polémica adquirió otra dimensión cuando apareció un video de una reunión celebrada el 19 de agosto en el Hotel Máximo de Portoviejo. En las imágenes aparecen Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura; Roberto Carlos Pinargote, delegado provincial del CNE en Manabí; Darwin Demera, vocal de la Junta Provincial Electoral; y Andrés Gozoso Andrade, director de carrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Según la información difundida, el encuentro duró alrededor de una hora y media. Dos días más tarde, la Junta Provincial Electoral resolvió negar la inscripción de González y Giler.

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No porque el video demuestre que allí se decidió sacar a González de la elección. Tampoco demuestra que Zambrano haya pedido a los funcionarios electorales que actuaran contra su rival, ni que el gobierno haya impartido una orden. 

Pero el video sí muestra algo que, en cualquier democracia con instituciones sólidas, debería provocar preguntas inmediatas: un candidato que compite por una Prefectura aparece reunido con funcionarios de la autoridad electoral, mientras está pendiente una decisión que afecta directamente a una de sus principales rivales.

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Y eso no es un detalle menor: Zambrano ha negado que se tratara de una reunión política y ha explicado su presencia en términos de una coincidencia y un saludo con funcionarios a quienes conoce.

El problema es que la explicación de Zambrano no resuelve las dudas. Porque la pregunta no es únicamente de qué hablaron. Es también por qué un candidato y funcionarios electorales se encontraban juntos, en privado, en ese momento del proceso electoral.

Un árbitro electoral no necesita haber recibido una orden para perder credibilidad. Basta con que sus actuaciones generen una apariencia razonable de falta de independencia.

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Y no faltan motivos para que ese video provoque sospechas. Para comenzar está el ‘timming’: el 19 de agosto se produce el encuentro y el 21 de agosto, durante la madrugada, la Junta Provincial Electoral de Manabí sesiona y resuelve negar la calificación e inscripción de González y Giler. Mucha coincidencia, ¿no? La decisión se basa en un informe técnico-jurídico suscrito por Jonathan Andrés Giler, director técnico provincial de Participación Política, y José Jonathan Pinoargote Cedeño, responsable de la Unidad Provincial de Asesoría Jurídica.

La decisión todavía puede ser impugnada ante el CNE y eventualmente apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. En este caso, sin embargo, lo que falta conocer es quizá más importante que lo que ya se conoce. Por ejemplo, ¿cuándo estuvo listo el informe que terminó sustentando la salida de González en esa reunión? ¿Estaba terminado antes del 19 de agosto? ¿Quién convocó el encuentro del hotel? ¿Y por qué un candidato de ADN aparece reunido con funcionarios electorales cuando la objeción presentada por su propia organización estaba pendiente de resolución?

Porque si el informe estaba terminado y el expediente prácticamente resuelto antes del encuentro, la reunión podría haber sido una coincidencia políticamente incómoda. Pero si el expediente estaba todavía en construcción y los funcionarios que participaron en el encuentro tuvieron alguna intervención directa en la elaboración o decisión, el episodio adquiere una gravedad diferente.

En todo caso, la Junta Provincial tiene un argumento jurídico que no puede ser descartado. La Dirección Nacional de Organizaciones Políticas verificó que González y Giler no constaban como afiliados, adherentes o adherentes permanentes de Pachakutik durante los dos años anteriores. 

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Pero ahí aparece un detalle no menos importante: el artículo 94 del Código de la Democracia contempla que las organizaciones políticas pueden presentar candidatos que sean militantes, simpatizantes o personas no afiliadas; mientras que el artículo 347, numeral 5, obliga a respetar las normas internas de las organizaciones y ese es un asunto que deberán resolver las instancias electorales superiores. Pero aun si la Junta tuviera jurídicamente la razón, queda intacta la sospecha provocada por el video.

Lo que debes saber:

• Las elecciones seccionales de noviembre de 2026 evidencian la falta de formación de organizaciones; no logran cumplir cuotas de mujeres y jóvenes.
• Dirigentes cuestionan las reglas de paridad y juventud por las dificultades para armar listas territoriales. Los forman, pero no son conocidos para elecciones tan seguidas.
• Analistas señalan que una mujer joven puede cumplir simultáneamente las cuotas de género y edad.

Como si se tratara de un ejercicio de cálculo, las organizaciones políticas tuvieron que cuadrar sus listas de candidatos para las elecciones seccionales de noviembre del 2026, alternando mujeres y hombres e incluyendo 25 % de menores de 29 años para cumplir con las reglas de paridad y participación juvenil.

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Javier Orti, presidente de Avanza, cuestiona la aplicación de esta norma, en medio de la crisis de los partidos. “La realidad de Quito no es la de San Miguel de los Bancos o la de Carchi. No hay suficientes lideresas en la proporción que señala la ley en todas las localidades. Y menos jóvenes”.

La normativa electoral establece que el 50 % de listas pluripersonales debe estar encabezada por mujeres. Los binomios deben integrarse alternando hombre y mujer. 

Además, en cada lista para comicios pluripersonales que inscriba una organización política, al menos el 25 % debe estar compuesto por jóvenes de entre 18 y 29 años.

Para Orti, estas disposiciones ponen en evidencia las dificultades que todavía tienen los partidos para construir estructuras de militancia y formar nuevos cuadros políticos. 

“En el país todo lo hacemos al revés. Estas normas que buscan promover la paridad de género y la inclusión de jóvenes podrían ponerse en práctica cuando haya un sistema de partidos, con recursos, que garantice el trabajo con la militancia”.

El dirigente cuenta lo que pasa en la práctica: “No incluyo a mi organización política, nos esforzamos, pero he visto que en la práctica se coloca en los cantones más débiles a mujeres y jóvenes. Es una ley hipócrita, una norma ilógica e irreal”.

¿El hombre mayor de 29 años queda fuera?

Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), plantea una dificultad: la combinación de las cuotas de género y edad puede reducir considerablemente el espacio disponible para hombres mayores de 29 años. 

“En esta elección hay un problema: 50 % de mujeres y 25 % de jóvenes son el 75 %. ¿Solo queda el 25 % para los mayores de 29 años?”.

Serrano considera que la dificultad aumenta cuando las organizaciones forman alianzas cantonales. “En un solo cantón usted hace una alianza y tiene problemas. El hombre mayor de 29 años queda proscrito”.

Asegura que las reglas en las condiciones de los partidos han generado dificultades en el proceso de inscripción. 

Según explica, si una candidatura o lista se cae en un cantón, puede afectar la conformación de las listas de la provincia cuando los requisitos deben calcularse de manera conjunta.

Serrano recuerda un caso de Guayas, donde, según su versión, una candidatura no pudo inscribirse a tiempo y terminó afectando la planificación electoral provincial. “No es tan fácil. Yo no puedo controlar desde Quito qué hará el cantón Oña, en Azuay. Si se le cae un candidato, se cae toda la lista”.

A las dificultades para encontrar mujeres dispuestas a participar en política, añade ahora la necesidad de incorporar jóvenes en las listas. Para Serrano, ambas exigencias suponen un desafío adicional para organizaciones que deben negociar candidaturas en alianzas territoriales.

En el centro de formación política, dirigido por D. Passailaigue, capacitamos a 1.300 jóvenes. Pero necesitamos ganar elecciones para no desaparecer. Alfredo Serrano/ presidente del PSC

En la papeletas pueden ir mujeres jóvenes

Pero el analista político Santiago Cahuasquí rebate esas afirmaciones. Él sostiene que la regla no significa que el 50 % de los puestos sea exclusivamente para mujeres y otro 25 % solo para jóvenes. 

“El 25 % de candidaturas debe corresponder a jóvenes, que pueden ser hombres o mujeres. Una mujer joven puede cumplir con ambos criterios. No estamos ante un 75 % de cupos que excluya a los hombres mayores de 29 años”.

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Lo que pasa en la RC5

Gissela Garzón, exlegisladora de la RC, opina que la norma es necesaria. 

“Por lo de Dominique Serrano (asambleísta de ADN, de 19 años, criticado por dibujar en medio de una sesión de Fiscalización sobre Progen) se puso en debate si eran suficientemente probos para asumir (una curul). El reto es cómo formar a esos cuadros en el manejo de lo público. Las herramientas no están a la vuelta de la esquina”.

Y menciona la responsabilidad de hacer vida de partido, “lo que en su momento tuvo Alianza PAIS, lo que permite que ahora existan cuotas de jóvenes en espacios de representación. Me principalicé en la curul a los 29”. Asimismo, recalca que las mujeres no están para llenar listas.

Integré Juventudes PAIS. La formación se estancó por traición de Moreno. Luisa González encaminó otro proceso, en stand by. Roque Ordóñez tiene otro.Gissela Garzón/ exlegisladora

Así reducen en lugar de ampliar la participación de mujeres

Francisca Morejón conoce la historia de la lucha por la participación política de mujeres. Recuerda que al empujar la Ley de Cuotas había quienes opinaban que se cree un partido de mujeres y listo. 

"La decadencia del sistema permite artificios legales, que reducen en lugar de ampliar la participación política”. Le preocupa que a la papeleta lleguen candidatas que carezcan de representación y mantengan el statu quo.

Un problema es que se exija participar, para evitar la extinción. Por eso ponen a candidatas que no nos representan.Paquita Morejón/ feminista

Lo que debe saber

• Asia crece: aunque representa cerca del 1 % de las exportaciones ecuatorianas de cacao, los envíos hacia ese continente aumentaron alrededor de 200 % en tres años.
• Japón busca diversificar: Ecuador es visto como una alternativa a Ghana por la estabilidad de su oferta y por sus granos fermentados con perfiles sensoriales diferenciados.
• Más producción, pero con calidad: Ecuador apunta a pasar de un promedio cercano a una tonelada por hectárea hasta dos toneladas, mediante tecnología, genética, riego y mejores prácticas agrícolas.

Ecuador busca que su cacao gane mayor presencia en Asia. Aunque actualmente ese continente representa cerca del 1 % de las exportaciones ecuatorianas de cacao, los envíos han crecido alrededor de 200 % en los últimos tres años. Así lo indicó a Diario EXPRESO Merlyn Casanova, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), durante la feria Chokao 2026.

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El objetivo del sector es aprovechar los acuerdos comerciales que se están firmando, como el alcanzado con Singapur, y la apertura de nuevos mercados para que más compradores conozcan las características del cacao ecuatoriano.

La estrategia contempla promocionar la nueva marca país “Cacao ecuatoriano, naturalmente el mejor del mundo”, que busca asociar al producto con trazabilidad, sostenibilidad, genética y calidad, destacó Casanova.

La apuesta incluye a Japón, China, Malasia e Indonesia. En estos dos últimos países existe una importante industria procesadora.

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Lina Zambrano

Japón busca alternativas a Ghana

El mercado japonés aparece como uno de los espacios con mayor potencial, aunque el proceso de sustitución de proveedores no será inmediato.

Un experto del mercado japonés de Itochu International Inc., Yutaka Kai, explicó que en 2025 Ghana representó cerca del 60 % del cacao importado por Japón, mientras que Ecuador aportó alrededor del 10 %, unas 5.000 a 6.000 toneladas.

“La situación de Ghana ha abierto una oportunidad para Ecuador”. Los compradores japoneses han detectado riesgos de incumplimiento de contratos debido a problemas relacionados con la entrega del grano. Una de las causas está en el sistema de fijación del precio al productor en Ghana, que se establece dos veces al año y puede reaccionar con lentitud frente a las variaciones del mercado internacional.

Para Japón, Ecuador ofrece una alternativa de mayor estabilidad. “A esto se suma la posibilidad de obtener granos fermentados con perfiles sensoriales propios, especialmente características florales y otros sabores diferenciados”, destacó Kai.

Calidad: la carta de presentación

En Chokao también se señaló que el posicionamiento internacional del cacao ecuatoriano no depende únicamente del volumen. En el programa Cocoa of Excellence, que reconoce cada dos años a los 50 mejores productores de cacao del mundo, Ecuador ha estado entre los destacados desde el inicio del concurso, en 2009, y ha ganado medallas de oro, plata y bronce, indicó Julien Simonis, gerente del programa.

Detalló que el grano es evaluado por su calidad física y sensorial. “Se consideran atributos como equilibrio, complejidad, armonía y características sensoriales únicas”.

Este tipo de reconocimiento puede tener un impacto directo en los productores. Según Simonis, algunos ganadores han logrado vender su cacao a precios dos o tres veces superiores.

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Productividad para sostener la expansión

Abrir mercados también exige garantizar una oferta suficiente y consistente. Ecuador produce actualmente alrededor de 600.000 toneladas de cacao y tiene unas 640.000 hectáreas sembradas. “La productividad se ha convertido en una de las principales fortalezas del país”, señaló Iván Ontaneda, presidente de Anecacao.

El sector apunta a duplicar el rendimiento promedio hasta llegar a dos toneladas por hectárea. Para lograrlo se requiere inversión en tecnología, genética, riego, capacitación, manejo de cultivos y mecanización.

En programas como Cocoa Plan, de Nestlé, los productores alcanzan rendimientos de entre 1,3 y 1,4 toneladas por hectárea, frente a un promedio nacional cercano a una tonelada. La meta es mejorar prácticas como la poda, fertilización, manejo del agua y control de plagas.

El reto es que el crecimiento de la producción vaya acompañado de una calidad constante. En los mercados internacionales, la consistencia del grano, su fermentación y el manejo poscosecha son factores determinantes para mantener relaciones comerciales de largo plazo.

Robos con escopolamina aumentan en Quito

• Quito concentra 29 desapariciones vinculadas a escopolamina entre enero y julio de 2026.
• La Policía reporta 297 robos con sustancias en Quito hasta el 25 de agosto.
• Eugenio Espejo, Los Chillos y La Delicia concentran más desapariciones en Quito.

“Uno puede estar en la calle caminando, le soplan algo, lo siguen y ya”. La frase de Carolina, nombre protegido, resume el temor que permanece después de un robo mediante sustancias. 

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Su hermano, de 33 años, salió de su trabajo en Sangolquí, en el valle de Los Chillos, la noche del viernes 21 de agosto para tomar un taxi y regresar a casa. Sin embargo, perdió la memoria durante varias horas y fue localizado dos días después, desorientado, mientras caminaba por la autopista Rumiñahui.

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Cambios en cuentas bancarias permitieron reconstruir su recorrido

La familia comenzó a buscarlo cuando notó que no regresaba. Su última conexión fue registrada a las 23:50 y después su teléfono quedó apagado.

Carolina logró ingresar al correo electrónico de su hermano y encontró notificaciones de sus bancos. Las claves habían sido modificadas, se realizaron transferencias y se retiró dinero de cajeros ubicados en Guamaní y el Centro Histórico.

Esos movimientos permitieron reconstruir parte del recorrido.

El domingo, alrededor de las 09:00, un policía que participaba en la búsqueda logró localizarlo. Estaba desorientado y no podía explicar cómo había llegado hasta ese lugar.

La familia presentó la denuncia ante la Dinased y lo trasladó a una clínica, donde recibió suero y fue sometido a exámenes. Según sus familiares, los médicos les indicaron que habría estado expuesto a una sustancia en polvo.

Quito concentra casi la mitad de los casos registrados en Ecuador

El caso no es aislado. Entre enero y julio de 2026, Ecuador registró 60 desapariciones involuntarias vinculadas al uso de escopolamina.

Quito concentra 29 casos, equivalentes al 48,3% del total nacional. Guayas suma 19. De las 60 personas reportadas, 59 fueron localizadas y una permanecía pendiente.

En Quito, 28 de las 29 víctimas son hombres. La mediana de edad es de 28 años y 15 casos corresponden a personas de entre 18 y 29 años.

Los distritos con más reportes son: 

Los miércoles, viernes y sábados concentran la mayor incidencia, con seis casos cada uno.

Víctimas aparecen lejos del lugar donde fueron vistas

Pablo Llanes, de 29 años e hijo del exasambleísta Henry Llanes, desapareció el 29 de julio en Quito y fue localizado dos días después en Baños, a unos 175 kilómetros de la capital.

El joven estaba desorientado y, según su padre, no podía explicar qué había ocurrido. Llanes sostiene que su hijo fue escopolaminado y cuestiona cómo pudo terminar sin sus pertenencias, descalzo y deambulando.

Otro caso es el de Joel Quiroga. Durante un fin de semana estuvo con unos amigos en La Pradera. Al despedirse para regresar a su casa, recuerda únicamente que una persona se acercó.

Después perdió la noción de lo ocurrido. Cuando recuperó la conciencia estaba en su domicilio. Le habían robado el celular, dinero en efectivo y 200 dólares que tenía en su cuenta.

Los robos con sustancias también aumentaron

A las desapariciones se suman los robos a personas mediante sustancias. Byron Flores, jefe del Departamento Operativo del Distrito de Policía Eugenio Espejo, señala que hasta el 25 de agosto de 2025 se contabilizaban 181 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra llegó a 297. Esto representa 116 casos adicionales.

El oficial aclara que no todos los hechos corresponden exclusivamente a escopolamina. En los registros policiales también aparecen sustancias como ketamina y benzodiacepinas.

Determinar cuál fue utilizada puede ser complejo cuando la víctima denuncia horas o días después, debido a que los efectos disminuyen y la sustancia puede ser más difícil de identificar.

Eugenio Espejo, La Mariscal e Iñaquito están entre las zonas señaladas por la Policía. Flores añade que estos hechos han generado pérdidas económicas cercanas a los 600.000 dólares para las víctimas.

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El modus operandi suele comenzar con un acercamiento. Los delincuentes buscan generar confianza, identifican a sus posibles víctimas y aprovechan momentos de descuido para introducir sustancias en bebidas o alimentos.

Cuando la persona queda vulnerable, pueden acceder a dinero, tarjetas, claves y teléfonos.

Dentro del Distrito Eugenio Espejo, la Policía identifica entre los puntos de mayor incidencia al circuito universitario, los alrededores de la Universidad Central, Iñaquito y La Mariscal, especialmente sectores como la Plaza Foch y la avenida 12 de Octubre.

En estos lugares se realizan operativos preventivos, aunque la institución reconoce que no puede controlar a todas las personas que ingresan a bares, cafeterías y otros establecimientos.

Las denuncias tardías dificultan detectar las sustancias

Otro factor preocupa a las autoridades: el tiempo que transcurre antes de presentar una denuncia.

En Quito, el 58,6% de las denuncias por desapariciones vinculadas a escopolamina se presentó entre 24 y 48 horas después del hecho.

Ese retraso puede dificultar la detección de sustancias durante los exámenes médicos.

El coordinador del Observatorio Médico Provincial, Víctor Álvarez, señala que los casos ya no se concentran únicamente durante la noche. También pueden ocurrir durante la tarde y el día.

Explica que la escopolamina puede provocar desorientación, alteraciones de la memoria y disminución del estado de conciencia, condiciones que pueden dejar a una persona vulnerable.

¿Qué hacer ante una sospecha de intoxicación?

No existe un tiempo único para la aparición de los efectos, pues depende de factores como la dosis y el consumo de alcohol. Entre los síntomas pueden presentarse confusión, pérdida de memoria y dilatación de las pupilas.

Ante una sospecha, la recomendación es proteger a la víctima, evitar que conduzca o se retire sola, llamar al 911 y preservar posibles evidencias.

Álvarez también cuestiona un mito frecuente: no existe evidencia científica que respalde que una persona pueda sufrir una intoxicación grave simplemente porque alguien le sople escopolamina o tenga contacto de la sustancia con la piel.

La principal vía señalada por el especialista es la ingestión de bebidas o alimentos contaminados.

Lo que ocurre en los pasillos de la Reserva Federal de los Estados Unidos (la Fed) puede parecer lejano para el ciudadano común en Guayaquil o Quito. Sin embargo, en una economía dolarizada como la ecuatoriana, las decisiones sobre las tasas de interés en Washington tienen un impacto en la capacidad del sector privado, y especialmente público, para cubrir sus necesidades de financiamiento. Hoy, el panorama global nos envía una señal de alerta clara: el dinero barato se ha terminado y las tasas de interés globales están subiendo. El gobierno ecuatoriano, a pesar de la importante reducción en el riesgo país que hemos visto en los últimos 18 meses, no puede sentarse a esperar.

Kevin Warsh y la nueva incertidumbre que inquieta a los mercados

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Para entender la tormenta que se avecina, debemos mirar al nuevo timonel de la FED, Kevin Warsh. A diferencia de sus predecesores, que explicaban detalladamente cada uno de sus movimientos, Warsh ha optado por un silencio casi total, generando confusión y nerviosismo en los mercados financieros. Esta falta de comunicación clara está provocando mayor volatilidad en el mercado de bonos y una exigencia de los inversionistas por tasas de interés mucho más altas.

Pero el problema va mucho más allá de la pobre habilidad comunicativa de Warsh. La raíz de la crisis actual es que la política fiscal de las grandes potencias, especialmente la de Estados Unidos, está fuera de control. Hoy, los mercados temen seriamente cómo se pagará el inmenso volumen de deuda pública acumulada en diferentes latitudes.

Aunque la inflación en EE. UU. ha mostrado señales más moderadas recientemente y se encuentra en 3.4% (aún por encima del nivel implícito del 2%), el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años ha alcanzado su nivel más alto en 20 años. Esto demuestra que el costo de endeudarse a largo plazo ya no depende únicamente de lo que decida la Fed en su próxima reunión, sino del pánico generalizado ante una deuda global insostenible.

Se preguntarán entonces, ¿qué implica esto para nuestro país? Ecuador es una economía que necesita financiamiento constante y tendrá que salir a buscar recursos en los mercados internacionales en el corto y mediano plazo. Si el rendimiento del bono estadounidense —que sirve como la tasa base para todo el mercado de bonos— se mantiene en máximos históricos debido al descontrol de la deuda en los países ricos, la tasa de interés que los inversionistas le exigirán a Ecuador (que además incluye el “riesgo país”) será cada vez más elevada. Cada punto porcentual que suba la tasa global representa millones de dólares adicionales que el Estado ecuatoriano tendrá que destinar al pago de intereses en lugar de inversión social.

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Frente a un escenario de tasas al alza, la inacción es el peor enemigo. Si sabemos con certeza que el costo del dinero seguirá subiendo a medida que se consolide esta era de volatilidad, postergar el regreso a los mercados de deuda sería una negligencia financiera. La recomendación estratégica es clara: el gobierno nacional debe ser proactivo y comenzar a pre-financiar de manera urgente una parte significativa de sus necesidades presupuestarias y de amortización del 2027. Esto sin mencionar los riesgos por el estiaje y el fenómeno de El Niño que, de materializarse en los próximos meses, ahuyentará a los inversionistas y subirá aún más los costos de financiamiento.

Lo que debes saber

• Las propuestas locales todavía tienen poca presencia en el escenario preelectoral.
• El rechazo político puede influir en la decisión de los electores.
• La falta de claridad sobre los planes podría afectar la futura gestión municipal y provincial.

A poco más de tres meses de la jornada electoral, los precandidatos ya buscan conectar con los ciudadanos, tanto en la esfera virtual como en la física, con la mira puesta en conquistar el voto. Expertos advierten del riesgo de que los discursos apelen a lo visceral y terminen desplazando el debate sobre las necesidades y propuestas que marcarán la elección.

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Andrés Lozano, director ejecutivo de la Fundación Gobernanza Participativa, sostiene que esperar un voto completamente racional no es realista, porque la política tiene un componente emocional inevitable. Sin embargo, considera que esto no debería estar solo relacionado con el rechazo a un candidato, sino también con la expectativa que genera una propuesta para una localidad.

No obstante, en esta etapa preelectoral, según Lozano, están ausentes las propuestas que permitan conocer qué visión tienen los precandidatos para las ciudades y provincias que buscan gobernar. Por ello, uno de los principales riesgos del proceso es que las elecciones locales terminen convertidas en una suerte de plebiscito sobre la política nacional.

"La (elevada) cantidad de candidatos dificultará contrastar las propuestas y hará que la información disponible en redes termine condicionada por el alcance que tengan".Santiago González, docente de la Universidad de Guayaquil

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El mensaje político apela a las emociones

María Fernanda Carvajal, catedrática y consultora en comunicación política, plantea que en el escenario preelectoral hay un predominio de la emoción sobre el contenido programático. Carvajal estima que actualmente los mensajes de los aspirantes podrían estar compuestos en un 80% por elementos emocionales y en un 20% por propuestas, además de identificar una creciente confrontación entre candidatos.

Según la catedrática, esa dinámica construye escenarios de tensión, incertidumbre, inseguridad y miedo, que pueden resultar más efectivos para captar atención que una explicación detallada de un plan de gobierno. A su criterio, los actores políticos conocen qué mensajes generan respuesta en la ciudadanía y recurren a ellos porque tienen mayor capacidad para conectar con el público.

Pero la apelación emocional no se limitaría solo al discurso. Carvajal advierte que una dádiva o un momento de cercanía (como bingos, rifas, jornadas deportivas o comidas) no puede sustituir la ejecución de proyectos capaces de atender los problemas de una comunidad.

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El voto puede quedar atrapado en el rechazo

Para Santiago González, politólogo y docente de la Universidad de Guayaquil, la emoción seguirá teniendo una ventaja porque permite establecer una conexión inmediata con el electorado, mientras que un discurso excesivamente técnico resulta distante. El problema, dice, aparece cuando esa conexión lleva al elector a votar en contra de sus propios intereses y necesidades, en lugar de valorar lo que cada postulante propone.

González identifica, además, un electorado que ya se mueve por posiciones de rechazo o respaldo hacia ciertos sectores políticos, aunque también observa segmentos más volátiles y, en especial entre los jóvenes, una demanda creciente de explicaciones claras. Ellos, según el docente, no necesariamente leen planes de gobierno extensos, pero sí consumen contenidos digitales y preguntan qué propone un candidato y cómo lo ejecutará.

"Los medios podrían ayudar a cambiar esta dinámica si contrastan lo que ofrece cada candidato y explican qué hará, en qué tiempo y cómo ejecutará sus propuestas".María Fernanda Carvajal, consultora en comunicación política

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El riesgo puede llegar a las alcaldías

El riesgo, según Lozano, trasciende la campaña y puede trasladarse a la gestión pública. Advierte que si los electores no llevan la discusión hacia las necesidades concretas de cada localidad, el resultado podría ser tener “alcaldías desconectadas” de los requerimientos de su gente, sin un norte claro durante los cuatro años de administración.

Carvajal alerta del riesgo de que las expectativas generadas en campaña no respondan a las necesidades reales. Además de que un voto dominado por las emociones llevaría a no priorizar lo que cada candidato afirma que hará, subraya González.

En un recorrido realizado por EXPRESO por zonas de mayor conflictividad, como el Centro Histórico, el mercado El Arenal, varios tramos de la avenida de Las Américas y sectores aledaños a la autopista Cuenca-Azogues, se evidencian situaciones como el irrespeto al semáforo y a la señalización horizontal, la invasión de carriles y pasos cebra, así como maniobras imprudentes de motociclistas. También se observa a ciclistas que no utilizan las ciclovías y peatones que cruzan por zonas poco seguras.

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Daniel Orellana, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca e integrante del grupo de investigación Ciudades Sostenibles, sostiene que el problema requiere una discusión urgente. Advierte que “Cuenca se ha convertido en una ciudad de alto riesgo para desplazarse”, debido al crecimiento acelerado de los siniestros en comparación con el promedio nacional.

Según los datos de la Agencia Nacional de Tránsito y del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados por Orellana, los siniestros en Azuay pasaron de alrededor de 1.100 en 2022 a 1.416 en 2024. Entre enero y julio de 2026, la provincia ya contabilizaba 563 siniestros.

Para el experto, la “seguridad vial no puede abordarse solamente desde la sanción de infracciones individuales, sino desde una política pública que combina control, educación, regulación y diseño urbano”.

Orellana también cuestiona decisiones de la administración pública, como la desconexión de los radares de velocidad, dado que, según su criterio, habría “transmitido a los conductores la percepción de que podían incumplir las normas sin ningún tipo de consecuencias”. "El control es necesario para modificar comportamientos, por lo que debemos empezar con un proceso de incentivos y desincentivos. Y, obviamente, el mejor desincentivo es la multa", dijo el investigador.

Estadísticas en Cuenca 

En Cuenca, las cifras de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP) muestran una reducción en el número de siniestros durante este año, pero sus consecuencias son cada vez más graves. Entre enero y agosto se registraron 560 siniestros, frente a los 590 contabilizados en el mismo período de 2025. Sin embargo, los lesionados aumentaron de 515 a 525 y los fallecidos pasaron de 28 a 30.

La entidad identifica el comportamiento de los usuarios de las vías como uno de los principales factores de riesgo. El 42 % de los siniestros tiene como causa probable el irrespeto a las señales de tránsito; el 14 %, la conducción desatenta o el uso de dispositivos móviles, y el 12 %, conduce bajo los efectos del alcohol.

Para Edison Moscoso, gerente de la EMOV EP, el problema no radica únicamente en la falta de controles, sino en una ciudad que todavía no asume la seguridad vial como una responsabilidad colectiva. 

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Entre las principales preocupaciones están los motociclistas, por conductas como zigzaguear entre automóviles, invadir carriles, circular en contravía, pasar semáforos en rojo o utilizar las veredas. Entre enero y agosto de este año, 1.131 motocicletas estuvieron involucradas en siniestros, frente a 1.216 en el mismo período de 2025.

La problemática también alcanza a peatones y ciclistas, considerados los usuarios más vulnerables de las vías. Moscoso cuestiona el irrespeto del paso cebra, pero también señala que existen peatones que no utilizan los cruces seguros, especialmente en sectores de alto flujo como la autopista Cuenca-Azogues y la avenida de Las Américas.

Educación vial y control

Frente a este escenario, la EMOV prepara un plan que combinará educación vial, prevención, patrullaje y tecnología. La entidad anunció la incorporación de 15 nuevos patrulleros y analiza instalar un puesto de reacción en la autopista Cuenca-Azogues, cerca del ingreso al colegio Manuel Garaicoa, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta.

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Además, se cuenta con el programa Visión Cero, con el que se analizan las causas de siniestralidad de cada sitio para aplicar soluciones específicas. “Intervenciones como las realizadas en la Feria Libre, avenida de Las Américas y Turhuayco o el Hospital del Río permitieron que estos sectores dejen de aparecer en la lista de puntos negros de la ciudad”, sostuvo Berenice Cubides, coordinadora de Gestión Estratégica de Movilidad.

Para Orellana, estas acciones deben formar parte de una estrategia sostenida y no dependiente de una administración municipal ni de un período electoral. El académico cuestiona que determinadas decisiones de seguridad vial sean postergadas por su eventual “costo político”. A su criterio, proteger la vida debe estar por encima de la popularidad de una medida.

Lo que debe saber

• . La inversión minera se desploma. La inversión en minería cayó a $109,2 millones en 2025, un 31 % menos que en 2024. Su participación en la inversión total pasó del 58,1 % en 2018 al 8,1 % en 2025.
• El cierre del catastro minero, cambios en la tasa de fiscalización, revisiones de contratos y la suspensión de proyectos como Loma Larga generan incertidumbre y dificultan la llegada de nuevas inversiones.
• Pese a la caída de la inversión, las ventas de productos mineros crecieron 40,6 % entre enero y junio de 2026. Canadá, China y Estados Unidos mantienen interés en los minerales ecuatorianos, pero el sector reclama seguridad jurídica, energía y estabilidad de las políticas públicas.

La inversión en el sector minero de Ecuador perdió brillo, pese a su riqueza mineral. Tras alcanzar un pico de $ 807 millones en 2018, cuando estaba en auge la construcción de las minas Mirador y Fruta del Norte, la inyección de recursos en esta actividad ha ido en descenso, por la falta de nuevos proyectos que tomen la posta.

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En 2025 la inversión alcanzó los $ 109,2 millones, un 31 % menos que en 2024 y uno de los niveles más bajos de la última década, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Esta caída se evidencia también en el peso de esta actividad dentro de la inversión total. En 2018, el sector concentró el 58,1 % de toda la inversión directa de Ecuador. Es decir, de cada $ 100 invertidos, $ 58,10 fueron a minería. En 2025 esa participación cayó al 8,1 %, casi 50 puntos porcentuales menos. Esto significa que de cada $ 100 invertidos, solo >

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Gobierno modificó la tasa minera

Los resultados de 2025 coinciden con la creación de la tasa de fiscalización minera, el fallido anuncio de la apertura progresiva del catastro minero, cerrado por más de siete años, y la suspensión de la licencia ambiental de Loma Larga, que estaba cerca de entrar en la fase de construcción de mina.

Un año después, el Gobierno modificó la tasa minera, que ahora no se aplica para la fase de exploración, y a finales de julio volvió a ofrecer la apertura progresiva del catastro. “Tenemos proyectado hacerlo por partes, pero ya empezaremos a finales de este año”, aseguró el presidente Daniel Noboa el 31 de julio en radio Platinum.

El Ministerio de Ambiente y Energía atribuyó la demora a la rotación de personal y la reorganización de las entidades encargadas de este sector.

Mientras no se concrete la apertura del catastro para la minería metálica, no es posible entregar nuevas concesiones, precisa Walter Spurrier, director de Análisis Semanal.

Santiago Yépez, consultor minero, alerta que la tasa minera es aún una carga adicional para las empresas. Además, los acuerdos ministeriales 056 y 057, de abril de 2026, abren la puerta a la revisión de contratos de explotación ya negociados, cuando el Gobierno lo considere, pero “el inversionista busca jurisdicciones con políticas públicas a largo plazo”.

Afecta el déficit de generación de energía eléctrica

A esto se suma el déficit de generación eléctrica de Ecuador, que obliga a las minas a contar con plantas propias para abastecerse y operar. Esta situación frenó, por ejemplo, el inicio de la operación de la fase II de Mirador, que apunta a duplicar su producción hasta alcanzar alrededor de 200.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. Actualmente, bordea las 96.000 toneladas.

Antes de llegar a este punto, Ecuacorriente, la firma que opera Mirador, deberá contar con al menos 300 megavatios (MW) de generación propia, indicó Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, quien agregó que el Gobierno prepara un reglamento que permitirá crear clústeres mineros y energéticos para que varias empresas puedan generar conjuntamente la electricidad que necesitan.

Spurrier advierte que “una vez que las empresas identifican potencial minero en el país invierten mucho dinero para construir la mina. Pero si a la par deben pagar la tasa de fiscalización minera y construir una planta eléctrica porque el Estado no le va a vender energía (a partir del 15 de diciembre de 2026), eso es mortal”.

Las empresas mineras buscan jurisdicciones que ofrezcan estabilidad y rendimiento. “En Ecuador no se puede hacer negocios, no hay seguridad jurídica, se ofrecen cosas que no se cumplen, cambian las reglas. Parece que no tienen claro a dónde quieren ir”, subraya el director de Análisis Semanal.

Esta situación ocurre pese a que la minería es un sector clave, considerado incluso en la Agenda de Crecimiento de Ecuador 2040. Solo entre enero y junio de 2026, las ventas de productos mineros crecieron un 40,6 % frente al mismo período de 2025. Estos resultados provienen principalmente de Mirador y Fruta del Norte, además de la mediana y pequeña y minería y también la de tipo artesanal (ver gráfico).

El potencial minero de Ecuador es reconocido a escala mundial. EE.UU., Canadá y China han expresado su apetito por esta industria. Canadá fue más allá y manifestó su interés en que sus empresas mantengan la operación de proyectos en Ecuador. Esta postura fue conocida durante la firma del Tratado de Libre Comercio, el 24 de julio de 2026.

Actualmente, los proyectos de mediana o gran escala a carga de empresas de Canadá se cuentan con los dedos, dice Yépez. Lundin Gold (Fruta del Norte), Dundee Precious Metals (Loma Larga) y Atico Mining (La Plata) tienen sede en ese país. Otros seis están bajo el control de firmas de China.

Para Henry Troya, exviceministro de Minería, el interés canadiense responde a la larga trayectoria de ese país en esta industria. Para China, en cambio, los minerales tienen un valor estratégico porque aseguran insumos para sectores como energía, tecnología, defensa y autos eléctricos.

Para que este interés se concrete, Troya reitera que es clave la seguridad jurídica, “que ha sido bochornosa en los últimos ocho años”. Y añade que el país está lejos de ofrecer seguridad a las firmas por la presencia de grupos irregulares que extorsionan o invaden zonas como Buenos Aires (Imbabura) o Río Blanco (Azuay).

El Ejecutivo señaló que reforzó los controles contra la minería ilegal y que se revisaron con mayor rigurosidad los certificados de exportación para detectar posibles irregularidades. Pero las acciones deben ir más allá.

Troya subraya que si queremos ser un país que apueste por la minería, el Gobierno debe “realizar un análisis de política pública para identificar problemas y soluciones”. La minería, puntualiza Spurrier, es una de las principales alternativas para bajar el sobreendeudamiento de Ecuador. La otra sería subir impuestos.

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La falta de conexión entre algunos tramos, el deterioro de la infraestructura y la ausencia de señalización o elementos de protección todavía dificultan una circulación segura por la capital.

Ciclovías de Quito: más de 130 kilómetros con tramos desconectados

La ciudad cuenta con más de 130 kilómetros de ciclovías. Sin embargo, varias rutas terminan de forma abrupta y obligan a los ciclistas a incorporarse a vías compartidas con vehículos.

En algunos sectores hay grietas, gravilla, pintura desgastada o espacios que son utilizados como estacionamiento. Esto genera inseguridad, especialmente en los puntos donde la ausencia de bolardos o separadores facilita la invasión de automóviles y motos.

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Esta situación cobra mayor relevancia frente al desafío de incrementar el uso de la bicicleta en Quito. Entre 2011 y 2022, los viajes en bicicleta pasaron del 0,3% al 0,6% de la distribución modal.

La meta del Plan Maestro de Movilidad Sostenible es alcanzar el 6% en 2042, un objetivo que dependerá, en buena medida, de contar con rutas continuas, seguras y en buen estado que incentiven a más ciudadanos a pedalear.

QuitoBici suma usuarios, pero persisten problemas de conexión

La implementación de QuitoBici ha contribuido a sumar usuarios. Según los datos proporcionados, el sistema registró 13.425 nuevos usuarios.

Sin embargo, este crecimiento también pone sobre la mesa una tarea pendiente: mejorar y conectar las rutas existentes. Para los ciclistas, no basta con ampliar el acceso a bicicletas públicas; la infraestructura que permite circular por la ciudad de manera segura también debe acompañar ese crecimiento.

Ciclistas alertan por baches y falta de señalización

Esteban Ocampo, presidente de la Fundación Cicleada por la Vida, sostiene que uno de los principales problemas es la seguridad vial. Señala que las ciclovías presentan deterioro, baches, señalización borrosa y falta de mantenimiento integral.

Desde la sociedad civil, explica, se han presentado oficios al Municipio y a la Contraloría General para solicitar que los recursos destinados a movilidad activa sean utilizados de manera eficiente.

La preocupación no se limita a Quito. Según Ocampo, se identificó que las seis provincias con los índices más altos de siniestralidad con ciclistas y peatones involucrados son Pichincha, con el 36,5%; Guayas, con el 14%; Tungurahua, con el 9%; Santo Domingo, con el 7%; Azuay, con el 7%, e Imbabura, con el 5,4%.

El Inca y La Prensa concentran problemas para ciclistas

En la capital, los usuarios también advierten que las conexiones son insuficientes. Daniel Loaiza, CEO del club deportivo Kinti, señala problemas en sectores del norte, como El Inca y La Prensa.

Menciona tramos deteriorados, presencia de gravilla y ciclovías utilizadas como estacionamiento. A esto se suman ramas de árboles que periódicamente invaden algunos recorridos.

Desde el sur, Geanina Angulo relata una situación similar. Para llegar a determinados tramos debe compartir la vía con automóviles, pese a que existen rutas que podrían conectarse.

Considera necesario contar con información pública sobre accidentes, incidentes, mantenimiento y fallas del sistema.

Municipio interviene ciclovías del norte y sur de Quito

Mientras tanto, el Municipio reporta nuevas obras. Hasta julio, la EPMMOP ejecutó nuevos tramos en el norte y sur, con señalización, bolardos y separadores.

También repotenció ciclovías en Diego de Vásquez, La Prensa y El Inca, además de intervenir 11 kilómetros de la Ruta Viva.

QuitoBici arrancó con 25 estaciones, 250 bicicletas y cobertura de 40 kilómetros cuadrados. El sistema se integra al Metro, Trolebús y Ecovía.

El reto, ahora, es que esa integración también se refleje en las calles, con ciclovías conectadas, señalizadas y en condiciones adecuadas para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Lo que debesa saber

• La versión de Fabián Calero reconstruye una red de funcionarios vinculada a Roberto Luque que continuó durante la gestión de Inés Manzano.
• Según Calero, esa estructura ocupó cargos estratégicos en Celec desde donde tuvo participación en decisiones relacionadas con Progen.

Estuvo apenas dos meses y 14 días. Aunque Roberto Luque fue el ministro que menos tiempo estuvo al frente de Energía, desde el primer día de su encargo colocó a funcionarios de confianza en cargos clave para llevar adelante los contratos de Progen y Austral Technical Management (ATM).

Hoy, dos de esas personas de su red de influencias serán vinculadas al caso Progen, en la audiencia prevista para este lunes en la Corte Nacional de Justicia. Se tratan de José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Dreher, asesor de esa cartera, quien se encuentra fuera del país.

Según la versión libre y voluntaria que Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía, entregó por escrito a la Fiscalía, varios de los funcionarios que llegaron a cargos estratégicos en Celec fueron colocados por Luque y permanecieron en sus puestos después de su salida.

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Calero sostiene que esa estructura tuvo influencia en las áreas jurídicas, técnicas y financieras de Celec y sus unidades de negocio, entre ellas Termopichincha, donde se firmaron y ejecutaron los contratos con Progen para las centrales de Salitral y Quevedo.

Una red en los puestos clave en Celec

Su relato también incorpora a funcionarios del Ministerio de Energía y a asesores que, según él, mantuvieron líneas directas de comunicación con las autoridades políticas durante la ejecución de esos contratos.

La versión de Calero va más allá de los 21 procesados que hasta ahora constan en el caso. Una de las personas clave en la conformación de esta estructura fue Victoria Hidalgo, funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a quien identifica como “mano derecha” de Roberto Luque.

Según su versión, Hidalgo fue quien se encargó de gestionar la incorporación de funcionarios a Celec matriz y a sus unidades de negocio desde abril de 2024.

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Calero afirma que Hidalgo coordinaba por WhatsApp con Mercedes Piñeiro, entonces jefa de Talento Humano de Celec, la llegada de funcionarios a las áreas jurídicas y financieras de las empresas más sensibles para los contratos de generación. Entre los funcionarios que identifica están Christian Dahik, subgerente jurídico de Termopichincha; Carlos Villacís, subgerente técnico; Ana Cristina Leyton, asesora y luego subgerente jurídica de Electroguayas; Gabriela Rodríguez Morejón, directora jurídica de Celec matriz, y Héctor Solórzano, asesor de Gerencia.

Calero sostiene que Fiscalía encontró elementos que permitirían rastrear quiénes respaldaron esas designaciones. Pues en las oficinas de José Manuel de Oliveira y en poder de Ney Ochoa, asesor técnico de Inés Manzano y esposo de Sariha Moya, en ese entonces ministra de Finanzas, se encontraron hojas de vida de funcionarios incorporados a Celec.

Esos documentos, afirma, tenían sumillas con las iniciales “V.E.”, “J.B.”, “J.O.” y “R.L.”. Para Calero, no eran simples rúbricas. Las identifica como las iniciales de Valentín Elizalde, Jaime Belles, José Manuel de Oliveira y Roberto Luque.

Luque salió, pero la estructura permaneció

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El 12 de octubre de 2024, Calero pasó de gerente de Celec a viceministro de Energía. Para entonces, los contratos de Salitral y Quevedo ya estaban firmados, pagados y en ejecución. La llegada de Inés Manzano al Ministerio no significó el desmantelamiento de la estructura que había dejado Luque.

En noviembre de 2024 salió Byron Orozco de la Gerencia de Termopichincha. Su reemplazo fue Gonzalo Guerrón, quien llegó por disposición de Manzano, según elexfuncionario.

Desde esa gerencia se estableció una línea directa para reportar a Manzano los avances de los contratos de Progen. Los reportes también llegaban a Cinthya Gillibert y Ney Ochoa.

El exviceministro asegura que recibió varios de esos informes. Pero sostiene que ninguno contenía una alerta sobre el verdadero estado de los equipos. “Dentro de todos los reportes enviados en ninguno de ellos jamás existió una alerta de la que yo me haya enterado”, señala Calero en su versión.

Según el exfuncionario, la situación real de los equipos solo quedó clara cuando se retiraron los plásticos que los cubrían y se constató su estado.

La adenda que mantuvo vivo el contrato

En la versión, la decisión de sostener a Progen con una adenda fue tomada en el Palacio de Carondelet. El exviceministro sostiene que Inés Manzano y Cinthya Gillibert autorizaron a Gonzalo Guerrón a firmar una adenda al contrato de Quevedo.

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La modificación extendió el plazo para la entrega de la central hasta el 28 de febrero de 2025, pese a los incumplimientos que, según Calero, ya acumulaba Progen.

En julio de 2025, según Calero, los problemas de Progen ya eran insostenibles. Fue entonces cuando, según su relato, Inés Manzano le pidió su cargo. “Necesito que presentes tu renuncia a tu cargo, no es una decisión mía sino del Gobierno, me pidieron tu cabeza o alguien más importante”, asegura Calero que le dijo la entonces ministra.

Según el exviceministro, Manzano también le manifestó que el Gobierno buscaba “una cabeza de turco” por el caso Progen y que él había sido escogido. Con la versión de Calero se pone sobre la mesa documentos, designaciones, comunicaciones y decisiones que podrían ampliar el mapa del caso si es que la Fiscalía quisiera abrir esa línea de investigación.

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La historia de Progen no comienza en Salitral ni en Quevedo. El primer contrato fue con la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA). Según la versión, ese contrato establecía sobreprecio del 34 %. 

Según Calero, el gerente de EERSSA, le contó, en presencia de Ney Ochoa, que no había firmado el contrato con Progen. Lo había hecho su antecesor, Richard Baca. 

Pero también le relató que, pocos minutos después de asumir la gerencia de EERSSA, en julio de 2024, recibió una llamada de José Manuel de Oliveira. Según él, De Oliveira le indicó que cualquier contrato podía caerse, excepto el de Progen. Calero indica que estas irregularidades las informó a Inés Manzano, en enero de 2025, y a Antonio Mora, de Contraloría.

Lo que debes saber

• Tras la salida del aeropuerto, el Bicentenario desarrolló una regeneración natural durante más de una década
• El colectivo Acción Bicentenario contabilizó 735 árboles y 48 especies solo en la avenida Amazonas
• El Municipio asegura que no reducirá el área verde del parque. La primera etapa contempla 19 hectáreas y 33 canchas

Más de una década después de la salida del aeropuerto Mariscal Sucre, el parque Bicentenario se ha convertido en escenario de un proceso que sus defensores consideran excepcional: la regeneración natural de la vegetación en medio de una de zona altamente urbanizada.

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Sin embargo, en la actualidad, la zona enfrenta intervenciones dentro del proyecto del Municipio que busca impulsar el desarrollo urbano del entorno y complementarse con proyectos de movilidad.

“Han sido más de 10 años de un proceso de regeneración natural, es casi un museo vivo el parque Bicentenario tras la salida del aeropuerto”, sostiene Nathaly Charpantier, integrante del colectivo Acción Bicentenario Quito y licenciada en Ciencias Biológicas.

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Activación ciudadana para proteger el parque

El frente se activó luego de conocer las intervenciones previstas en el parque y los anuncios sobre la prolongación de las avenidas Amazonas, Rafael Aulestia y Real Audiencia. La preocupación aumentó con el inicio de trabajos en el área donde funcionaron los hangares del antiguo aeropuerto y el patio de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Antes de que comenzaran las obras, los integrantes del colectivo realizaron recorridos y un levantamiento de las especies existentes en los trazados viales. Solo en la avenida Amazonas contabilizaron 735 árboles, con edades estimadas de entre tres y 10 años. Para Charpantier, su presencia es una evidencia del proceso de recuperación que comenzó después de que la terminal aérea dejó de operar.

En esa zona identificaron 48 especies de plantas: 11 corresponden a árboles y el resto a arbustos y hierbas. Alrededor del 80% son especies nativas.

Charpantier cuestiona que esta información no haya sido incorporada a la planificación de las obras. “Toda esa afectación no se ha considerado”, afirma. Su preocupación también va por el ecosistema del lugar. La vegetación, explica, proporciona refugio y alimento a la fauna que habita el parque.

Los activistas también realizaron un conteo en la zona de las avenidas Rafael Aulestia y Real Audiencia. Allí identificaron alrededor de 900 árboles que podrían ser removidos o afectados por las intervenciones. Algunos de estos ejemplares tienen más de 50 años.

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La inquietud se relaciona también con la fauna: en el Bicentenario se han registrado más de 50 especies de aves, además de especies migratorias que utilizan el espacio como sitio de descanso y recuperación.

El parque, recuerdan, ocupa terrenos que antes tuvieron vegetación natural. Luego de la salida del aeropuerto, parte de esa superficie volvió a ser ocupada progresivamente por plantas y árboles

Una especie que de nuevo está en peligro

Entre las especies que preocupan también está la rana marsupial, un anfibio endémico de Ecuador catalogado como amenazado. En 2021 comenzó un proyecto para reintroducirla en el parque Bicentenario. Para ello se construyeron pozos en el Bosque Amarillo y, con el paso del tiempo, la especie logró establecerse en diferentes sectores.

La prolongación de la avenida Amazonas, advierten, afectará espacios donde habita la rana. Además, las otras dos vías previstas intervendrían precisamente en el sector donde comenzó el proyecto de reintroducción. Para el colectivo, la obra no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva de la movilidad, porque modifica un ecosistema que se ha formado por años.

"No se socializó el proyecto"

Yordy Andrade, asambleísta barrial, asegura que los vecinos desconocían el alcance del proyecto y que comenzaron a organizarse cuando la propuesta llegó al segundo debate en el Concejo. Su pedido es que las avenidas Rafael Aulestia y Real Audiencia sean retiradas del plan, especialmente porque sus trazados atraviesan el Bosque Amarillo.

Andrade sostiene que inicialmente se afirmó que no se tocarían árboles, pero que la realidad de los trabajos ha mostrado otra realidad. Ya se han iniciado trasplantes y los vecinos vigilan su estado, especialmente porque se realizan durante una época seca. Para Andrade, uno de los problemas es la falta de transparencia y de información detallada sobre el proyecto.

Elena Ponce, vecina de la Kennedy desde hace 64 años, recuerda el paisaje de la zona antes y después de la salida del aeropuerto. “Se regeneró la vegetación”, cuenta, mientras recalca que ahora es posible escuchar nuevamente ranas y observar aves. Se sumó al frente ciudadano porque considera contradictorio que, mientras las ciudades buscan incrementar sus áreas verdes, en este sector se priorice el cemento.

Oswaldo Calderón, otro integrante del colectivo, también cuestiona el trasplante de árboles en verano. Menciona que la extracción implica cortar raíces y pregunta quién garantizará que los ejemplares sobrevivan. Añade que el parque cumple una función relacionada con la salud mental y el bienestar. Es un espacio de calma dentro de la ciudad y un lugar utilizado incluso para la rehabilitación de perros.

Más árboles y espacios verdes, asegura la Epmmop

Frente a todos los cuestionamientos, el Municipio asegura que no se reducirá el área verde del Bicentenario. Francisco Tamayo, gerente de Parques y Espacios Verdes de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), explica que la primera etapa del proyecto comprende 19 hectáreas, divididas en dos zonas. 

En seis hectáreas de la A se construyen parqueaderos con iluminación LED, canchas de uso múltiple, además de juegos infantiles y espacios para la primera infancia.

En total se construirán 33 canchas, junto con bulevares y zonas de caminería. Además, se incorporarán árboles y plantas ornamentales. La obra tiene un avance del 15% y estará lista en diciembre.

Tamayo sostiene que el sector donde se construye esta primera etapa correspondía a hangares y patios de retención de la AMT. Según el funcionario, allí había solo asfalto y cemento y no existía un arbolado consolidado. 

Afirma que actualmente el parque tiene alrededor de 6.000 árboles y que, una vez culminadas las intervenciones, la cifra aumentará a 9.000. En cambio, en la zona B, donde existen áreas verdes y han surgido reclamos por el retiro de árboles, asegura que algunos ejemplares ya son trasplantados dentro del propio parque.

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Sobre la prolongación de la avenida Amazonas, los trabajos comenzaron el 14 de agosto desde donde termina la Amazonas, en sentido sur-norte, y se conecta con la Prensa. La vía tendrá una extensión de 2,2 kilómetros.

Tamayo describe la obra como un corredor ambiental que busca conectar movilidad y espacio público. El proyecto contempla un parterre central de cuatro metros de ancho con árboles y jardinería, que, según el Municipio, funcionará como conector ecológico.