Las claves que debes saber

• ANT asumió la tercera placa en Ecuador; Quito suspendió su proyecto y cede el control del sistema.
• La implementación nacional se prevé para septiembre; ANT definirá tecnología, operación y cronograma.
• La tercera placa permitirá rastrear vehículos y mejorar seguridad con una base de datos unificada.

La tercera placa que Quito proyectaba implementar este 2026 cambió de manos. Cuando el Municipio ya había avanzado en la normativa, la planificación técnica y el proceso para adquirir la tecnología, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) asumió el proyecto y decidió convertirlo en un sistema de alcance nacional en Ecuador.

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Con este cambio, la capital deja de liderar una iniciativa que buscaba fortalecer el control vehicular y la seguridad. Ahora será la ANT la que definirá la tecnología, el funcionamiento y el cronograma de implementación en todo el país. La puesta en marcha, prevista inicialmente para el segundo semestre de 2026, ahora apunta a septiembre.

El Municipio había preparado la normativa y el proceso precontractual para incorporar la tercera placa durante la revisión técnica vehicular. Sin embargo, el proyecto quedó suspendido cuando la ANT notificó que desarrollaría un sistema único para el Ecuador y que los municipios no podrían implementar plataformas paralelas.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo este 14 de julio de 2026 que el Gobierno tomó como referencia la propuesta elaborada por la capital. Aunque calificó como positivo que la medida se aplique a escala nacional, lamentó que el Municipio no pueda ejecutarla.

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“Qué bueno que tomaron la norma de Quito y la conviertan en una política nacional. Lo que nos apena es que no nos permitan desarrollar el proyecto cuando ya teníamos recursos y procesos preparados”, afirmó.

Municipio espera lineamientos para conectarse

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, confirmó que el Cabildo suspendió el proceso precontractual tras la comunicación de la ANT.

“Nos indicaron que ellos administrarían el sistema y que no recomendaban continuar con un esquema paralelo”, explicó.

Con el cambio, el Municipio dejará de administrar la base de datos y se convertirá en usuario del sistema nacional. Pérez indicó que ahora esperan los lineamientos técnicos para conocer cómo operará la plataforma y qué equipos deberán adquirir para conectarse.

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La administración municipal había previsto una inversión cercana a los cinco millones de dólares, aunque el monto definitivo dependía de los estudios de mercado. Ese presupuesto podría destinarse a la compra de antenas y lectores compatibles con el sistema nacional, una vez que la ANT establezca las especificaciones.

¿La ANT debería manejar la tercera placa?

Para el consultor en movilidad César Arias, la implementación nacional representa un avance, pues la tercera placa permitirá fortalecer el control del tránsito y la seguridad. Añadió que el dispositivo electrónico facilitará el control de velocidad por tramos y ayudará a identificar vehículos robados o involucrados en investigaciones mediante lectores instalados en las vías. 

Arias considera acertado que la administración quede en manos de la ANT, siempre que exista coordinación con los municipios para compartir información y evitar duplicar inversiones.

Una visión similar tiene Álvaro Guzmán, consultor en movilidad y seguridad vial, quien sostiene que el éxito del proyecto dependerá menos del dispositivo y más de la calidad de la información que administrará la Agencia Nacional de Tránsito.

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Recordó que en 2021 se aprobó el Sistema Integrado de Registro, que obliga a la ANT a estandarizar e interconectar los datos relacionados con licencias, matrículas, revisión técnica vehicular, permisos de operación y otros trámites. Sin embargo, advierte que esa integración aún no se ha completado.

“La tercera placa es únicamente un hardware. El verdadero valor está en la información que puede consultar. Si la base de datos sigue siendo vulnerable o incompleta, el sistema no ofrecerá los resultados esperados”, señaló.

Según Guzmán, el dispositivo permitirá verificar en segundos si un vehículo está matriculado, tiene sanciones, aprobó la revisión técnica o identificar a su propietario. En el caso del transporte público, también será posible consultar permisos de operación y restricciones para circular.

Hace falta modernizar el sistema

El especialista considera que la administración debe mantenerse en manos del Gobierno Nacional porque los municipios dependen de la información que generan la ANT y otras instituciones estatales. “En un país unitario es más eficiente que exista una sola base de datos y un sistema nacional interoperable”.

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Mencionó que la prioridad debe ser modernizar el Sistema Integrado de Registro antes de masificar la tercera placa, para evitar que el nuevo dispositivo replique las deficiencias de la actual base de datos.

Diario EXPRESO solicitó un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Tránsito, pero la entidad informó que, por motivos de agenda, no era posible atender una vocería.

Lo que debes saber

• La caída de cinco centavos en los precios de la extra, ecopaís y diésel no eliminó los subsidios: el Estado aún destina entre $0,62 y $1,04 por galón para mantener estos combustibles por debajo de su costo real.
  
• Entre enero y mayo de 2026, el Estado registró un saldo negativo de $757,1 millones por la diferencia entre el costo de importar derivados y su venta en el mercado interno, un 60,7 % más que en el mismo período de 2025.
  
• Analistas advierten que el aumento de los subsidios presiona las finanzas públicas y podría entrar en conflicto con los compromisos asumidos por Ecuador con el FMI para reducir estas ayudas.

La reducción de los precios de la gasolina extra, ecopaís y diésel prémium que entró en vigencia este 12 de julio no significa el fin de los subsidios. Aunque los combustibles cuestan menos en este período (12 de julio – 11 de agosto), el Estado continúa asumiendo parte de su valor para evitar que los consumidores paguen el costo real de estos productos.

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El nuevo esquema de subsidios de Petroecuador muestra que la mayor ayuda estatal seguirá concentrándose en el diésel prémium automotriz, con $1,04 por galón. Le siguen la ecopaís, con $0,86, y la extra, con $0,62 por galón. Aunque estos montos son inferiores a los proyectados para el período comprendido entre el 12 de junio y el 11 de julio.

En ese entonces, el subsidio ascendía a $1,60 para el diésel prémium, $1,17 para el ecopaís y $1,02 para el extra. La variación de los subsidios responde al comportamiento de los precios internacionales de los combustibles, afectados por el conflicto entre Irán. Estados Unidos e Israel.

Precios bajos de combustibles no reflejan el costo real

Pese a que esta carga se mantiene desde marzo de 2026 por la guerra en Irán, el presidente Daniel Noboa emitió el 9 de julio pasado el Decreto Ejecutivo 444, que incorporó una fórmula temporal para que la disminución de los precios internacionales de los combustibles pueda reflejarse en el mercado ecuatoriano cuando se cumplan determinadas condiciones.

Así, en el período actual esta reforma pasó a una baja de cinco centavos para la extra, ecopaís y diésel. También se registró una caída de nueve centavos en el precio referencial de la gasolina súper.

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Este producto último (súper), sin embargo, no recibe subvenciones del Estado desde que se liberalizó su precio en diciembre de 2018. Es decir, su valor se fija acorde con el mercado internacional.

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, sostiene que esta rebaja de precios en este periodo aún no tenía un sustento técnico, porque los precios nacionales están lejos de los internacionales. Sin embargo, menciona que la medida busca evitar malestar en los ciudadanos que no ven reducciones en estos productos, pese a que en el exterior ya se ven variaciones.

Además, dice que la medida apunta también a mitigar posibles costos políticos.

El Gobierno admite un "impacto fiscal significativo"

Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, defendió este 13 de julio este mecanismo excepcional que reduce en cinco centavos el precio de la gasolina extra, ecopaís y diésel.

“No solo han bajado los cinco centavos, sino que al haber evitado el incremento que era de 15 centavos este mes, el ahorro ha sido de 20 centavos”, mencionó el titular del Ministerio de Ambiente y Energía en Teleamazonas y admitió que la medida tiene un "impacto fiscal significativo".

Pero no detalló cifras porque, señaló que, le corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas.

Diario EXPRESO consultó este 14 de julio de 2026 al Ministerio de Economía Finanzas y a Petroecuador el monto que representa actualmente para el Estado el gasto en subsidios a combustibles y está a la espera de sus respuestas.

Ecuador proyectaba bajar los gastos en subsidios

Según el Presupuesto General del Estado 2026, Petroecuador tenía previsto destinar en este año $1.159,61 millones para subsidios de combustibles, que representaba una reducción del 54 % respecto a 2025, refiere José Orellana Giler, socio de Andes Legacy Advisors.

Con el monto estimado se proyectaba cubrir las subvenciones de los combustibles en el sector eléctrico, doméstico y otros. El Presupuesto no contemplaba destinar recursos para ayudas para el sector automotor, que es el mayor consumidor de derivados.

Pero esta previsión cambió. Oswaldo Erazo, analista petrolero, explica que esta realidad responde a que el conflicto en Irán elevó los costos de los derivados en el mercado internacional a partir de marzo de 2026. El barril de gasolina (nafta), por ejemplo, asciende actualmente a $160, mientras que el barril de petróleo está en alrededor de $80. “Y el diésel todavía está más caro”.

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Ante esta realidad, pese al aumento de los precios de los combustibles en Ecuador en los últimos meses, estos no reflejan el total del incremento, debido a que el sistema de bandas permite un alza máxima del 5 %. “La diferencia la asume el Gobierno a través de subsidios”, precisa Erazo.

El Estado no recupera los costos de los derivados importados

Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y mayo de 2026 la diferencia entre la venta nacional de derivados importados y su costo de importación fue negativa: $757,1 millones. Es decir, el Estado no recuperó lo invertido tras su comercialización (ver gráfico).

Además, esta cifra supera al mismo periodo de 2025. Entonces fueron $471,1 millones. Así, el saldo negativo generado por la diferencia entre el costo de importación y la venta de combustibles importados aumentó $286 millones entre enero y mayo de 2026 frente al mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 60,7 %.

“Los subsidios no se pagan solos, se cubre con la recaudación de impuestos y otros ingresos del Estado. No son gratis alguien tiene que pagarlos”, indica Erazo y agrega que estos gastos no presupuestados obligan al Estado a reasignar los recursos de educación, salud para cubrir los subsidios. Además, puede impactar en el déficit fiscal.

Los subsidios no se pagan solos, se cubre con la recaudación de impuestos y otros ingresos del Estado. No son gratis alguien tiene que pagarlos”.Oswaldo Erazo, analista petrolero.

Las cifras actuales, entre costos de importación y venta nacional de derivados, contrastan también con los resultados obtenidos entre octubre de 2025 y febrero de 2026. Entonces, tras la reducción del subsidio del diésel que se realizó en septiembre de 2025, el Estado tuvo un saldo a favor tras la venta de los combustibles importados.

Esta tendencia, sin embargo, cambió desde marzo, tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero.

Acosta Burneo menciona que, al asumir mayores subsidios para los combustibles, el Gobierno logra mantener el sistema de bandas y se evita congelar el precio de los combustibles. “El precio fijo es la peor opción porque termina afectando mucho más al Estado”.

¿El acuerdo con el FMI está en riesgo?

Por su parte, Orellana Giler considera asumir subsidios en los combustibles va en línea contraría a lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en mayo de 2024.

Este organismo respaldó la reducción de subsidios, impulsada por el Ejecutivo, como “medida valiente” y ello exige que el Gobierno mantenga la firmeza sin revertir decretos. “Cualquier ampliación del subsidio requeriría una exención (waiver) o su renegociación”, subraya el socio de Andes Legacy Advisors.

Ante ello, Orellana Giler plantea evaluar medidas a corto plazo como el congelamiento del precio del diésel, al nivel actual, acelerar la entrega de compensaciones focalizadas, reducir los márgenes de comercialización de Petroecuador, modificar de nuevo el sistema de bandas. Incluso sugiere ajustar el Presupuesto 2026 a la baja para compensar el sobregasto en subsidios.

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En Ecuador, toda decisión sobre combustibles choca contra tres fuerzas: “El FMI, que exige metas de déficit. La Calificadora de Riesgo, que castiga la emisión de deuda si se pierde disciplina fiscal. Y la calle, que paraliza el país si se toca el precio de los combustibles o las tarifas de transporte", enfatiza Orellana GIler.

El Presupuesto 2026 proyectaba menos gastos en susbidios

El Estado ecuatoriano estimó destinar $1.159,61 millones a subsidios para combustibles durante 2026. Se trataba de una cifra menor a la de 2025 ($2.504 millones), gracias a las reformas implementadas en el sistema de precios de las gasolinas y el diésel.

La cifra consta en el anexo de subsidios del Presupuesto General del Estado 2026, elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este monto representaba cerca del 16,7 % de los subsidios totales contemplados en el Presupuesto 2026, que ascienden a $6.928,59 millones.

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Del total previsto para combustibles:

Lo que debes saber

• Juan Cervantes propone auditar el dragado del río Guayas si gana la Prefectura en las elecciones seccionales.
• El precandidato plantea reducir 50 % los peajes para financiar obras y atender a agricultores del Guayas.
• Cervantes prioriza obras contra El Niño en Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía para prevenir inundaciones.

El profesor Juan Cervantes, precandidato a la Prefectura del Guayas por Unidad Popular, conversa con EXPRESO sobre las prioridades de su plan de gobierno y cómo buscaría financiar sus propuestas.

- ¿Por qué quiere llegar a la Prefectura del Guayas y qué cambiaría de la actual administración?

Las organizaciones sindicales y populares venimos luchando en defensa de derechos laborales y sociales. La salud está postrada, sin medicinas, equipamiento, quirófanos, insumos ni especialistas. Además, se está despidiendo a profesionales del sector. 

En el ámbito provincial, creemos que ha existido corrupción en la administración de la Prefectura. Recordamos el caso del dragado del río Guayas, cuestionado durante la administración de Carlos Luis Morales (+) y que continuó con las siguientes administraciones. 

También cuestionamos el pago de subsidios millonarios a empresas concesionarias de vías que, según nuestra visión, no han cumplido con las obras comprometidas, mientras el equipo caminero de la Prefectura realiza trabajos que deberían ejecutar esas compañías.

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- ¿Qué obras considera prioritarias para la provincia?

La prioridad es ejecutar todas las obras necesarias para prevenir inundaciones. También debemos mejorar la conectividad provincial y resolver los problemas de tránsito entre Samborondón, Daule y Guayaquil mediante la ampliación de vías, la construcción de un nuevo puente hacia la parroquia Los Lojas y la ejecución de caminos vecinales y puentes. 

Además, debemos enfrentar la contaminación del río Guayas, causada por aguas servidas, desechos industriales y productos químicos utilizados en actividades agrícolas.

- En 2023 también buscó la Prefectura. ¿Por qué cree que ahora sí puede ganar?

En la campaña anterior advertimos sobre lo que, a nuestro criterio, ocurriría si ganaban quienes hoy administran la Prefectura. Señalamos que cuando se desvían recursos, no hay dinero para resolver los problemas de la provincia. 

Nuestra candidatura representa a quienes han defendido durante años los derechos de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes, y propone que los recursos del Guayas se destinen a obras y no a corrupción o negociados.

- Si usted gana la Prefectura, ¿cuál será el sello de su administración?

Lo primero será auditar y fiscalizar los contratos vigentes y, si es necesario, terminar los negociados con las concesionarias. También proponemos reducir el peaje en un 50%. 

Nuestra administración tendrá contraloría social. Queremos que la ciudadanía participe en la definición de las obras prioritarias y que las comunidades organizadas sean parte del proceso de ejecución.

- Los agricultores reclaman incentivos permanentes. ¿Cómo los impulsaría?

Primero debemos recuperar los recursos que, según nuestra visión, el Gobierno ha reducido a prefecturas y municipios. Para ello impulsaremos acciones legales y movilizaciones para exigir la restitución de esos recursos y el pago puntual de las rentas que corresponden al Gobierno Provincial. 

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Nuestra propuesta también contempla combinar recursos de la Prefectura con trabajo comunitario. Si una comunidad necesita construir un pozo, por ejemplo, la Prefectura aportará materiales y equipos, mientras los habitantes contribuirán con mano de obra organizada. 

Además, impulsaremos empleo local en las zonas rurales y evitaremos que grandes contratistas concentren la ejecución de obras sin respetar los derechos laborales.

-¿Cuál sería su plan para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño?

La prioridad será el dragado y potenciar los ríos y esteros para recuperar su capacidad hidráulica y evitar desbordamientos. Donde sea necesario construiremos muros de contención. 

También impulsaremos albarradas para almacenar agua durante el invierno y utilizarla en época seca mediante sistemas de riego que fortalezcan la producción agrícola.

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-¿Qué haría con el proyecto de dragado del río Guayas?

Primero debemos auditar el contrato para conocer cuánto se ha invertido, qué obras debían ejecutarse y si realmente se cumplieron. Después convocaremos a especialistas para definir cuál es la mejor alternativa técnica para resolver de forma definitiva el problema de la sedimentación. 

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No se trata únicamente de dragar, sino de entender el origen del problema en toda la cuenca del Guayas. También analizaremos el aprovechamiento del material extraído para proyectos de vivienda o rellenos, siempre que los estudios técnicos lo permitan.

-Si tuviera que establecer prioridades para los dos primeros años de gestión, ¿cuáles serían?

Las primeras acciones estarían enfocadas en los cantones más afectados por las inundaciones, como Salitre, Jujan, Milagro y Santa Lucía. La prioridad sería el dragado de los ríos, porque consideramos que recuperar su cauce disminuiría significativamente el riesgo de desbordamientos.

Las claves que debes saber 

• Karla Saud, acusada en caso Progen, fue detenida el 9 de julio en Madrid y enfrenta pedido de extradición.
• Saud envió mensaje a ministros del caso Progen y anticipó revelaciones sobre contratos de USD 104 millones.
• El Gobierno de Daniel Noboa impulsa la extradición mientras crece la presión por posibles nuevos involucrados.

Con todo lo que Karla Saud sabe sobre la estafa de los generadores eléctricos, en la que aparece como personaje clave, bien podrían rodar varias cabezas del gobierno. Empezando por la del ministro que mantuvo con ella contactos previos al contrato de 104 millones de dólares para la compra de chatarra, el hoy devenido en museólogo y jurado internacional de concursos de arquitectura Roberto Luque. 

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Saud, lobista de Progen en el Ecuador a través de su empresa Astrobryxa, fue acusada de peculado por la Fiscalía, detenida el pasado 9 de julio por la Interpol en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y liberada poco después con medidas cautelares, mientras el gobierno del Ecuador tramita su extradición… O finge hacerlo.

Demasiado se apresuró el secretario general de la Administración y primo lejano suyo, José Julio Neira, a grabar un video en el que la hacía cargar con todo el peso de la culpa por la estafa de los generadores. 

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Saud vivía en la Florida, cerca de donde se crió Neira, con las ventajas que le confería su doble nacionalidad (ecuatoriano-estadounidense) y es probable que su primo confiara en que, allá, nunca la alcanzaría el brazo (no tan largo y más bien torpe) de la Fiscalía General del Estado. Pero terminó cayendo presa en España (son un misterio las razones de su viaje) y eso lo cambió todo.

¿Saud amenaza al Gobierno?

Ahora el Estado ecuatoriano se ve forzado (aunque fuera por aparentar) a iniciar un trámite de extradición que el bienmandado presidente de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, puso en marcha este lunes. 

Mientras tanto, Saud, puesta en libertad condicional, graba un video que el gobierno nacional debió recibir como intimidatorio. El ministro del Interior, John Reimberg, había celebrado su captura y anunciado que las autoridades españolas le quitaron el pasaporte como señal de que tenía prohibido abandonar el país. 

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Pues bien: el video de Saud consiste en una toma fija de sus dos pasaportes, el ecuatoriano y el estadounidense (cerrados), dando a entender que están en su poder, mientras se escucha su voz en off. Un tanto pueril, el recurso: esos pasaportes podrían ser los de cualquiera. Si su intención era desmentir a Reimberg, no lo logró en absoluto.

¿Qué dijo Karla Saud Calero?

Mucho más contundentes fueron sus palabras: “Mi nombre”, dice en los 42 segundos que dura el video, “es Karla Julieta Saud Calero y este mensaje va dirigido para todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón. Quiero que sepan que me voy a defender en instancias internacionales por mi honor y el de mi familia, que lo han manchado con acusaciones falsas en mi contra y todo el pueblo ecuatoriano lo sabrá. Voy a llegar a instancias internacionales donde la justicia no es manipulable y les aseguro que no voy a ser un trofeo de su gobierno. Nos vemos pronto, Ecuador. Gracias”.

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Lo primero que llama la atención de este mensaje es el plural de su dedicatoria: a “todos los ministros que estuvieron y están involucrados en el caso Apagón” (nombre eufemístico que usa la Fiscalía para designar el caso Progen sin tener que decir Progen). 

¿Todos los ministros involucrados? Por lo que respecta al fiscal Carlos Alarcón, solamente hay uno: Antonio Gonçalves, el único de los tres bajo cuyas administraciones ocurrieron los hechos (desde el diseño del contrato hasta los últimos pagos) que no pertenece al círculo cercano al presidente de la República. Todo apunta a que Karla Saud está vinculando a los otros dos, Roberto Luque e Inés Manzano.

Lo que podría contar la exlobista de Progen tiene el potencial de echar abajo toda la teoría del caso que el fiscal Carlos Alarcón elaboró a la medida para no incordiar a nadie en el gobierno. 

La información que podría aportar Karla Saud

Para empezar, podría revelar Karla Saud la naturaleza de sus contactos con Roberto Luque y con qué regularidad accedía a su despacho; cómo acordó los términos de los contratos (lesivos para los intereses del país) con los asesores inmediatos de Luque, José Manuel de Oliveira y Peter Dreher, hoy convenientemente fuera del país aunque no han sido vinculados al caso por la Fiscalía; qué documentación intercambiaba con ellos; cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se acordó, ya en los tiempos de Inés Manzano, seguir pagando a Progen aunque se supiera ya que sus generadores eran basura… Quizá Saud pueda aportar con chats, con audios, con documentos…

Así que el Ecuador entero puede ir haciendo sus apuestas: ¿se atreverá el gobierno de Daniel Noboa a extraditar a Saud, a sabiendas de lo que le puede costar? 

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El trámite entre los dos países es largo y engorroso, y no sería la primera vez que fracasara por omisiones del lado ecuatoriano. Al propio Negro Willy, líder de Los Tiguerones, que tenía tanto que declarar sobre la toma armada de TC Televisión, lo dejaron escapar cuando se tramitaba su extradición desde España por el simple hecho de no entregar a tiempo las garantías que exigían los jueces de ese país. 

Además, ¿qué juez medianamente sensato de una nación medianamente democrática entregaría un prisionero a las autoridades de un país incluido en la lista negra de la tortura, un país en cuyas cárceles los presos mueren como moscas por el hambre y la tuberculosis?

Lo que debes saber:

• Exministros piden transparencia en concurso del MuNa y revelan dudas sobre jurado en Ecuador.
• Zaera-Polo afirma que Ejecutivo cuestionó diseño ganador y sugirió cambiar resultados del concurso.
• Reservas patrimoniales siguen en riesgo en edificio en emergencia desde 2018 en Quito.

Tres exministros y una exviceministra coinciden en la necesidad de contar con un Museo Nacional (MuNa) y recuerdan que el edificio que alberga parte de las reservas mantiene una declaratoria de emergencia. Pero marcan distancia frente al proceso de selección del diseño y piden al Gobierno transparentar cómo se integró el jurado y cuáles fueron los parámetros para elegir al ganador.

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En el programa Politizados de EXPRESO, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado, afirmó que durante el concurso, el Ejecutivo expresó su desacuerdo con la propuesta ganadora (Campo Baeza + Maoda). Además, dijo, delegados del Gobierno les sugirieron que otra propuesta (que no identificó) fuese ubicada en el segundo lugar.

Para Ana Rodríguez, exviceministra de Cultura, la conformación del jurado es un punto clave en un concurso de esta magnitud. Señala que debe explicarse cómo se seleccionó a sus integrantes y bajo qué criterios participaron representantes institucionales, delegados del presidente y la vicepresidenta. 

Luego, además, Romina Muñoz, extitular de Cultura, reemplazó a Hernán Crespo Bermejo (+). Ve necesario, puntualizó, que se publiquen de forma clara los procedimientos, las actas y la aplicación de los criterios de evaluación.

Aunque le parece que las bases técnicas del concurso fueron rigurosas en lo arquitectónico, no existió el mismo nivel de claridad en la definición del fallo. 

Por la trayectoria de los participantes y jurados, le resulta difícil sostener la tesis de que haya existido manipulación sin pruebas. Y mencionó, por ejemplo, a uno de ellos, el arquitecto ecuatoriano Luis ‘Tucho’ López. Lamenta la posición en que se deja al Colegio de Arquitectos de Pichincha.

¿Otros espacios podrían haber sido utilizados para albergar al Museo Nacional?

María Elena Machuca, exministra de Cultura, sostiene que existe la necesidad de un Museo Nacional y señala que ha sido una deuda histórica de más de 25 años. Recuerda que en su gestión se intentó aprovechar el edificio del Banco Central y, en otro momento, un espacio en el Centro de Arte Contemporáneo, sin resultados. 

Considera que existen varias alternativas viables, pero subraya que, en medio de la controversia, es indispensable aclarar aspectos como la participación de la exviceministra Romina Muñoz en el jurado.

Las reservas siguen en peligro, dicen exministros de Cultura

Julio Bueno, exministro, insistió en que lo más importante es cuidar las reservas, que están en peligro. 

“Hay cajas fuertes que pesan cuatro o cinco toneladas. Son tesoros, reserva colonial, pintura moderna, contemporánea y republicana... Hay desde el 2018 una emergencia nacional declarada. Por eso se pensó en llevarla a Unasur”. 

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Bueno compartió fotografías de la estructura del edificio Aranjuez, que evidencian el deterioro, y un informe que concluye que hay que salvaguardar el patrimonio cultural y que los ocupantes del edificio debían salir del mismo.

Por su parte, Juan Fernando Velasco, exministro, comentó que le parece un error haber llevado la discusión al campo de lo estético. Cree que desde el Viceministerio de Cultura se debió, en una etapa previa, incluir a otros sectores. 

Le habría gustado, durante su administración, dice, contar con 100 millones de dólares para invertir en un nuevo edificio del Museo Nacional. Pero al no disponer de ese recurso, buscaron alternativas para trasladar las reservas, que tienen “un peso que no soporta cualquier edificación”. No comprende cómo luego de tantos años no se las haya puesto a salvo.

EXPRESO intentó hablar al respecto con asambleístas de la Comisión de Educación y Cultura, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible contactarlos.

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El presidente Daniel Noboa ha reiterado su intención de invertir en un lugar para los “tesoros embodegados”. La obra costaría $ 100 millones.

Las claves que debes saber

• Trata de personas en Ecuador migra a redes sociales y apps; 125 denuncias en 2025, con foco en Pichincha y Guayas.
• Mafias captan víctimas con falsas ofertas de empleo, estudios o modelaje mediante redes, mensajería e inteligencia artificial
• Expertos alertan señales clave: urgencia, secreto y entrega de documentos elevan riesgo de explotación y trata.

Las redes de trata de personas están al acecho. Sus nichos mutaron a un escenario mucho más amplio, silencioso y con mayor alcance: el entorno virtual. Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en los nuevos anzuelos de las mafias, poniendo en riesgo inminente a miles de hogares ecuatorianos.

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Este delito se define por la captación y el sometimiento con fines de explotación, pero sus dinámicas ahora se camuflan bajo la normalidad de una pantalla. Sin embargo, existen alertas reveladoras y patrones delictivos que facilitan la prevención antes de que el daño sea irreversible.

Casos de trata de personas en Ecuador

Bajo el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación ecuatoriana sanciona estas conductas en diversas modalidades (como la explotación laboral, la mendicidad y el matrimonio servil), pero la velocidad con la que muta el crimen organizado sigue dejando rezagado a un sistema judicial que tiene falencias, según expertos.

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Los datos de la Fiscalía reflejan un panorama alarmante: solo en 2025 se registraron 125 denuncias a escala nacional, lo que representa un incremento de 30 casos en comparación con 2024. Al ampliar el espectro de análisis entre enero de 2015 y junio de 2026, la cifra acumulada asciende a 1.423 casos documentados. 

Dentro de esta estadística, las provincias de Pichincha y Guayas se consolidan como los territorios con mayor incidencia y vulnerabilidad frente a las redes de tratantes.

Captan a víctimas en entornos digitales

El perfil del delito ha cambiado drásticamente. De acuerdo con José Luis Castillo, experto en seguridad y docente universitario, la captación tradicional en terminales terrestres o zonas fronterizas no ha desaparecido, pero se ha digitalizado radicalmente.

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Los tratantes ahora estudian las necesidades económicas, conflictos familiares o deseos de superación de sus potenciales víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos y plataformas de citas. Con esta información, diseñan ofertas personalizadas y falsas promesas de empleo, modelaje o estudios.

“La captación no siempre comienza con violencia. Frecuentemente inicia con confianza, afecto o ayuda económica”, detalla Castillo, quien advierte sobre el uso de inteligencia artificial para clonar voces y crear perfiles falsos sumamente persuasivos.

Además, existe una relación con el crimen organizado. Las mafias utilizan la trata, generalmente, para la criminalidad forzada, obligando a personas a realizar estafas digitales, microtráfico o sicariato.

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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso genera cerca de 236.000 millones de dólares anuales en ganancias ilegales, siendo la explotación sexual comercial la modalidad que mayores beneficios económicos reporta por cada víctima individual.

Publicaciones de prensa de la Fiscalía respecto a casos de trata de personas confirman que si bien la explotación sexual predomina, con sentencias severas de hasta 25 años de prisión, los fines delictivos y laborales ganan terreno.

El tortuoso camino de las víctimas para hallar justicia

Cuando las víctimas logran salir del círculo de explotación, se enfrentan a instituciones con falencias. Kattia Cruz, abogada del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres (Cepam), indica que los procesos penales en Ecuador son lentos y tortuosos. 

“La ruta para llegar hasta una sentencia y lograr justicia para una víctima es muy compleja. Desde el trato, desde la movilización, desde los tiempos. Lamentablemente, todo eso repercute en la víctima”, señala, detallando que la sobrecarga laboral y la escasez de servidores judiciales dilatan por años los casos.

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Una de las falencias más críticas es el déficit de personal especializado. En Guayaquil, según Cruz, apenas existen seis peritos psicólogos y cinco peritos de trabajo social, quienes también atienden a víctimas de Durán, Samborondón e incluso Playas. Como consecuencia, una víctima puede esperar hasta cinco meses para acceder a una pericia indispensable para su caso.

La abogada también expone que, en muchos casos, no se investigan otros delitos que también sufren las víctimas durante la trata de personas, como violaciones o abusos físicos. Estos delitos conexos son impulsados de forma independiente por la defensa de los ciudadanos afectados, para que las investigaciones alcancen una verdadera reparación integral.

El impacto psicológico de haber permanecido bajo condiciones de sometimiento es profundo y devastador. Paulina Cabrera, psicóloga de Cepam, explica que en la trata confluyen múltiples formas de violencia que afectan por completo la confianza de las personas. 

“Son personas que probablemente tengan reacciones ansiosas, síntomas de un trastorno por estrés postraumático que implica revivencia de la situación, evitación de lugares y personas, trastornos del sueño y conductas suicidas”, especifica. Las autolesiones y las ideas suicidas son recurrentes también, debido al trauma sostenido en el tiempo.

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Cabrera cuestiona que entidades públicas carezcan de enfoques especializados y ofrezcan citas sumamente espaciadas con especialistas (cada dos o tres meses), lo cual resulta inútil para la recuperación de un trauma complejo.

¿Cómo identificar el riesgo de trata de personas?

La prevención y la identificación temprana se vuelven fundamentales. Castillo enfatiza que se debe desconfiar cuando observa estos casos:

“Cuando una oferta exige secreto, urgencia, entrega de documentos, aislamiento o endeudamiento, deja de ser una oportunidad normal y se convierte en una situación de alto riesgo”, resume el experto.

Lo que debes saber

• Jorge Yunda anuncia su regreso a la Alcaldía de Quito con propuestas de seguridad, empleo e inversión.
• Candidato por Avanza plantea tecnología contra el delito y cambios al transporte público capitalino.
• Yunda asegura que buscará alianzas políticas para impulsar obras pendientes y ampliar el Metro de Quito.

Jorge Yunda nació en Guano, provincia de Chimborazo, y desde temprana edad se radicó en Quito. 

Es médico de profesión, además de político, músico y radiodifusor. A lo largo de su trayectoria fue presidente del entonces Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) y del Club Deportivo El Nacional. En 2017 llegó a la Asamblea con Alianza PAIS, pero renunció a su curul y se desvinculó del movimiento.

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¿Por qué decidió volver a postularse a la Alcaldía?

Muchos proyectos quedaron inconclusos y por eso hoy estamos nuevamente buscando el favor del pueblo para retomar las obras que quedaron pendientes.

¿Cómo conformó su lista de candidatos a concejales? ¿Qué criterios pesaron en la selección?

Lo primero fue encontrar personas con la voluntad de participar en política, algo que hoy es muy difícil. Mucha gente no quiere involucrarse porque considera que ingresar a la política es entrar a un pantano. Hemos conformado un grupo joven, tenemos una compañera de 24 años.

Un episodio que marcó su administración fue la ruptura con Santiago Guarderas. ¿Ya tiene definida a la persona que ocuparía la Vicealcaldía?

El episodio de un traidor como fue el señor Guarderas no creo que represente a toda la gente. Nadie viene con un rótulo que diga que es un traidor. No por ese episodio, motivado por intereses políticos, voy a dejar de confiar en los demás. Tenemos un equipo de personas que tienen como principal valor la lealtad.

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El próximo Concejo podría quedar muy fragmentado. ¿Está dispuesto a construir alianzas para garantizar la gobernabilidad?

No soy un político de extremos ideológicos. Creo que una vez que el pueblo elige a sus autoridades, sean de izquierda, centro o derecha, todos deben unirse para sacar adelante a la ciudad. Si se profundizan las polarizaciones, quien pierde es el pueblo.

Se ha hablado de una cercanía suya con el actual Gobierno. ¿Ha mantenido conversaciones?

No he tenido ninguna conversación con el Gobierno. Voy a ser muy sincero: todos los partidos políticos del país me han buscado, excepto dos: ADN y la Revolución Ciudadana. Con ellos no hemos conversado. Si tengo un pequeño gran capital político, es propio.

No soy de esos políticos con extremos ideológicos. Cuando hay polarizaciones, el único que pierde es el pueblo.
Jorge Yunda, precandidato a la Alcaldía  de Quito 

¿Qué opinión tiene sobre los precandidatos que aspiran a llegar a la Alcaldía?

 Creo que todos presentarán propuestas interesantes y eso fortalece la democracia. Lo importante es que la ciudadanía no caiga en ofertas demagógicas o promesas imposibles. Más bien invito a todos los precandidatos a debatir en las universidades, en los barrios y en espacios públicos, para que confrontemos propuestas y sea la ciudadanía la que decida libremente.

El alcalde ha señalado que hay pedidos, como la extensión del metro, que no reciben respuesta del Gobierno. ¿Cree que habrá apertura si llega a la Alcaldía?

Escuché al presidente de la República comprometerse con la extensión del metro. Si ese compromiso se concreta, será una buena noticia, porque el metro no pertenece a un alcalde ni a un gobierno de turno. Es una obra para todos los quiteños, y cualquier esfuerzo para ampliarlo debe contar con el respaldo de las distintas autoridades.

Una de sus principales propuestas es la seguridad. ¿Qué acciones concretas implementaría?

La tecnología será fundamental. Hoy las ciudades más desarrolladas utilizan inteligencia artificial para prevenir delitos. También debemos recuperar el espacio público. Además, Quito cuenta con una Policía Metropolitana de alrededor de 2.000 miembros que, dentro de las competencias que establece el Coescop, pueden utilizar armas disuasivas. Sobre ese tema, Pabel Muñoz ha dicho que no ha obtenido respuestas. ¿Cree que a usted sí le responderán?

No entiendo que un alcalde pueda bailar con el presidente y luego lanzarle piedras. Cuando uno quiere ayudar a la ciudad, debe sentarse a resolver los problemas. No soy bailarín ni busco confrontaciones. Mi compromiso es coordinar con todas las autoridades, sin importar su tendencia política.

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Usted ha cuestionado el tamaño de la burocracia municipal. ¿Reduciría el número de funcionarios?

Conozco desde adentro al buen servidor público. Durante la pandemia muchos trabajaron intensamente. Mi cuestionamiento es hacia quienes ocupan cargos por favores políticos o militancia partidista, con altos salarios y sin aportar a la ciudad. Esas personas no deberían permanecer en el Municipio.

Los candidatos y candidatas deberíamos debatir en las universidades, en los barrios. Propongamos soluciones.
Jorge Yunda, precandidato a la Alcaldía de Quito

El empleo es otra de sus prioridades. ¿Cómo atraer inversión y generar trabajo?

Quito administra un presupuesto cercano a los $1.500 millones. Esos recursos deben invertirse en obras que generen empleo y desarrollo. Una es construir la Troncal Metropolitana, una vía paralela a la avenida Simón Bolívar. Solo esa obra podría generar alrededor de 3.000 empleos directos y unos 8.000 indirectos.

En cuanto a la movilidad, durante su administración impulsó la medida ‘Hoy no circula’. ¿Revisaría esa medida?

En ese momento realizamos estudios técnicos. Quito tenía una velocidad promedio de 15 km/h en hora pico. Cuando aplicamos el ‘Hoy no circula’ logramos incrementar la velocidad promedio, es decir que funcionó. En la ciudad circulan más de 700.000 vehículos y la infraestructura vial ya colapsó. Se necesitan más vías, pero también tomar acciones. El actual ‘Pico y placa’ es una medida caduca, ya no sirve.

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En medio del debate por el alza de la tarifa del pasaje, ¿qué propone para mejorar el transporte público?

Cuando fui alcalde realizamos un diagnóstico integral del sistema y elaboramos la Ordenanza 17-2020, que cambia completamente el modelo de operación. La propuesta consiste en pagar a los operadores por kilómetros recorridos y no por número de pasajeros.

Lamentablemente, ni la administración de Santiago Guarderas ni la actual han ejecutado esa normativa. Si regreso a la Alcaldía, aplicaré esa ordenanza porque representa una transformación del transporte público.

Así avanzan las alianzas electorales de los partidos para las seccionales de 2026

• Los partidos políticos tienen hasta el 18 de julio para registrar sus alianzas ante el CNE.
• Unidad Popular, Avanza y el Partido Socialista ya estructuraron sus coaliciones en varias provincias.
• Organizaciones políticas denuncian trabas para el registro de alianzas electorales en algunas delegaciones provinciales del CNE.

Las organizaciones políticas de Ecuador avanzan con cautela y sortean trabas en la última semana del periodo para el registro de alianzas electorales de cara a los comicios seccionales de noviembre de 2026. De acuerdo con el calendario actualizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el plazo definitivo terminará el próximo 18 de julio, fecha límite para que los partidos definan a sus aliados estratégicos en el territorio nacional. Ante este escenario decisivo, agrupaciones como Unidad Popular y Avanza ya estructuraron sus acuerdos en provincias clave, mientras que otras fuerzas mantienen absoluta reserva.

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Incertidumbre y hermetismo en los partidos políticos

El hermetismo con el que estas organizaciones políticas llegan a esta semana decisiva responde principalmente al ambiente de incertidumbre que ha rodeado el proceso electoral. Los procesos sancionatorios o de cancelación contra algunos partidos políticos, así como las impugnaciones sorpresivas a los procesos de democracia interna, ayudaron a sembrar ese sentimiento entre los dirigentes, según explica el analista político Giuseppe Cabrera.

A pesar de la urgencia del calendario oficial, las siguientes agrupaciones han preferido reservar sus acuerdos o no respondieron a las consultas de EXPRESO:

El mapa de alianzas de Unidad Popular y Avanza

En contraste con la reserva de otras agrupaciones, Unidad Popular ya tiene definidas sus alianzas electorales. Su director, Geovanni Atarihuana, indicó que sus principales socios estratégicos serán Pachakutik, Futuro, Avanza y el Partido Socialista Ecuatoriano, distribuidos de la siguiente manera:

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Por su parte, el partido Avanza también consolidó su mapa territorial. Su presidente, Javier Orti, señaló que participarán junto a Unidad Popular, Centro Democrático, Sociedad Patriótica, CREO y diversos movimientos locales bajo la siguiente estructura:

Estrategia del correísmo y el Partido Socialista Ecuatoriano

En el caso del movimiento Amigo, que auspiciará las candidaturas del correísmo en las seccionales, las definiciones se han esbozado a través de vocerías de la Revolución Ciudadana. Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la agrupación correísta, indicó previamente que sumarán más aliados para los comicios. Una muestra de ello es el auspicio del Partido Socialista Ecuatoriano a la candidatura de Juan Cristóbal Lloret —prefecto de Azuay electo por la Revolución Ciudadana— para la Alcaldía de Cuenca.

Finalmente, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, reveló que sus acuerdos se encuentran prácticamente cerrados. Aunque evitó precisar la totalidad de los territorios, adelantó que las coaliciones formalizadas a nivel nacional incluyen a:

Trabas para el registro de alianzas electorales

En medio de la definición de alianzas electorales, varias organizaciones políticas, como Unidad Popular, Partido Social Cristiano y el Partido Socialista Ecuatoriano, han enfrentado trabas al momento de registrarlas en las delegaciones provinciales del CNE.

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Las tres organizaciones políticas señalan que el principal problema que enfrentan es que las delegaciones provinciales del CNE no están registrando las alianzas con organizaciones políticas que no hayan realizado su proceso de elecciones primarias.

El experto electoral Esteban Ron recuerda que la definición de alianzas también debió formar parte de los procesos de democracia interna para establecer cómo se seleccionarían los candidatos. Si los partidos no lo hicieron, no podrán registrar la alianza.

Las claves del caso

• Vecinos aseguran que el proyecto actual difiere del que fue socializado y temen un aumento del tráfico en la calle Linderos.
  
• Los moradores solicitan modificar el diseño vial e incluir soluciones para un punto que consideran inseguro en el sector.
  
• El Municipio ejecuta trabajos de regeneración urbana, mientras los residentes esperan una respuesta oficial a sus reclamos.

La incertidumbre crece entre los habitantes de la ciudadela Miraflores , en el norte de la ciudad. Lo que inicialmente fue presentado por el Municipio como un proyecto para mejorar la movilidad y regenerar el sector, hoy genera preocupación entre algunos vecinos , quienes consideran que la intervención podría agravar los problemas de circulación en lugar de solucionarlos.

La denuncia llegó a la redacción de EXPRESO a través de residentes que solicitaron ser escuchados. Durante un recorrido por la calle Linderos (Félix Sarmiento Núñez), varios residentes s abandonan sus viviendas para mostrar los planos del proyecto y explicar que la obra actualmente en ejecución difiere de la propuesta que, aseguran, les fue presentación hace aproximadamente un año durante una jornada de socialización con el comité barrial.

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"Nos hablaron de una regeneración y de mejoras para el barrio, pero nunca nos dijeron que iban a reducir el ancho de la vía. Lo que hoy vemos en los planos no es lo que nos muestran en ese momento. Nos dijeron que solo retirarían unas escaleras y mejorarían el estado de la calle", sostiene el arquitecto Édgar Armijos, uno de los vecinos que lideran el reclamo.

Según los moradores, el proyecto contempla ampliar las aceras hasta aproximadamente un metro y medio de ancho e incorporar un parterre central que dividirá la vía . Aunque reconocen que la regeneración urbana puede ser beneficiosa, consideran que la reducción del espacio destinado a la circulación vehicular afectará tanto a quienes residen en el sector como a quienes lo utilizan diariamente.

Temas que cambios provocan más tráfico 

"Esta calle recibe muchísimo tráfico. Aquí funcionan canchas deportivas, escuelas de fútbol, academias y además está cerca de universidades y unidades educativas. En horas pico ya es complicada circular. Con una vía más angosta, será prácticamente imposible", pronostica Renzo Urquizo, quien teme un incremento de la congestión una vez concluida la obra.

"Nosotros no estamos en contra de que la vereda se amplíe. Estamos en contra de que siga siendo doble vía, porque se formará un embotellamiento diario. Deben reestructurar completamente esta vía", sugiere Alexis Gómez, moradora del sector.

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Sacar escaleras, otro de los reclamos

Los residentes también cuestionan que el proyecto no contemple otras necesidades históricas del sector. 

"Esa escalera representa un verdadero problema para quienes vivimos aquí. Hemos pedido varias veces que se intervenga o se elimina, porque se ha convertido en un foco de inseguridad, pero no ha sido considerado dentro del proyecto", lamenta Marilyn Coll, moradora y dirigente barrial.

Los vecinos aseguran que ya le pidieron al Municipio que reconsidere la intervención antes de que los trabajos se extiendan hacia la calle Linderos. Sin embargo, indican que las obras continúan avanzando.

De acuerdo con el cronograma que conocen los moradores, la intervención se extenderá desde la calle 38 hasta la avenida Carlos Julio Arosemena. Se prevé que la obra concluya en noviembre de este año. Incluye, además del reasfaltado, la instalación de nuevos postes, arborización y el reordenamiento del cableado.

Fiscalizador confirma trabajos, Municipio no responde

Durante la visita de EXPRESO, el fiscalizador de la obra, Rogelio García, explicó que el proyecto busca mejorar la imagen urbana del barrio mediante la ampliación de aceras, la repavimentación de la vía, la incorporación de áreas verdes y el ordenamiento de la infraestructura aérea de los servicios básicos.

Asimismo, precisa que la ejecución responda al diseño aprobado por la entidad contratante. Pese a esa explicación, los residentes insisten en que su principal preocupación no es la regeneración urbana , sino el impacto que la reducción del ancho de la calzada tendría sobre el flujo vehicular cotidiano.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Guayaquil para conocer la posición oficial sobre los cuestionamientos de los vecinos. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta formal.

Lo que debes saber

• El gasto estatal en compensaciones a transportistas pasó de $8 millones a $110 millones entre enero y junio de 2026, un aumento del 1.275 % frente al mismo periodo de 2025.
• El Decreto Ejecutivo 447 modifica el precio base para calcular la compensación por el uso de extra y ecopaís, lo que reduciría en más del 60 % los montos mensuales que reciben taxistas, transportistas de carga liviana, tricimotos y mototaxis.
  
• Transportistas cuestionan que la reforma no fue socializada, mientras analistas advierten que el Gobierno busca contener el gasto fiscal sin asumir un costo político frente al sector.

El precio base que emplea el Estado para calcular la compensación económica que reciben taxistas, transportistas de carga liviana y conductores de tricimotos y mototaxis en Ecuador fue modificado. Esta medida busca adaptar este beneficio a las nuevas condiciones del mercado internacional de combustibles, según el Gobierno. Pero también coincide con un gasto mayor en estas ayudas.

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El gasto que destina el Estado para cubrir las compensaciones económicas que reciben los transportistas, tras el alza de precios de la extra, ecopaís y diésel prémium, realizadas en 2024 y 2025 respectivamente, se disparó en 1.275 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 o creció más de 13 veces.

En otras palabras, este monto pasó de $8 millones entre enero y junio de 2025 a $110 millones, en el mismo periodo de 2026. Además, el monto ya cancelado representa el 89,4 % del total presupuestado para este año ($123 millones), según cifras de la ejecución del Presupuesto analizadas por el Observatorio de la Política Fiscal.

¿Por qué aumentó el gasto en compensación a transportistas?

Estos resultados responden, entre otros, al incremento de los precios de la extra, ecopaís y diésel prémium por los efectos causados por la guerra en Irán. Pero también incide que desde septiembre de 2025 el Gobierno actual creó una compensación para el transporte público y pesado, tras elevar el galón de diésel de $1,80 a $2,80, precisa Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal.

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“Para un Estado como Ecuador $110 millones es bastante dinero (...) ese monto en medicinas para hospitales públicos, fuese un aporte importante”, subraya Carrera.

Hasta junio, el monto en compensaciones para transportistas supera a lo destinado en becas ($14 millones), transferencias para Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) por competencias ($70 millones) y otros.

Y aunque el Gobierno no ha reconocido públicamente esta realidad, la reforma al mecanismo de compensación por el alza de la extra y ecopaís -establecido en el Decreto 447- apunta a “amortiguar” estos gastos.

¿Qué establece el Decreto Ejecutivo 447?

La razón es que este documento, modifica el precio base -fijado en el Decreto 306- que se empleaba para calcular esta “ayuda” por el promedio simple aproximado del precio de la gasolina extra y ecopaís durante el primer semestre de 2026.

Y si bien el Decreto 447 no detalla el monto, el ajuste significaría pasar de un precio base de $2,465 a uno de $2,97, que es el promedio de estos combustibles en el primer semestre de 2026. Este valor se debe restar del precio de venta al público de la extra y ecopaís. Y la diferencia se multiplica por el volumen de galones que reconoce el Estado cada mes a estos segmentos del transporte.

Al hacer el cálculo con el precio vigente de estas gasolinas ($3,26) se estima que el monto de la compensación mensual baje en más del 60 % en el periodo del 12 de julio al 11 de agosto (ver gráfico).

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Transportistas cuestionan la medida

Para Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, esta reformaba le resultaba hasta este 13 de julio de 2026 desconocida, porque el Gobierno “no socializó la medida”, pese a que el viernes pasado se reunieron con autoridades del Gobierno, por otro tema.

Ante ello, Brunis expresó su preocupación por posibles reducciones en el monto de la compensación que reciben cada mes del Estado. “En junio los compañeros recibieron alrededor de $120 o 130 y ahora si baja se deberá asumir un mayor costo por la gasolina”, comentó y señaló que buscarán reunirse con las autoridades para discutir este tema.

A Rolando Campana, integrante del DIrectorio de la Unión de Transporte de Carga Liviana y Mixta de Pichincha, le llamó también la atención medida porque podría implicar que asuman mayores costos en el precio del combustible.

Esta realidad, dijo Campana, les obligará a ajustar sus operaciones para seguir trabajando, aunque reconoció también que sus tarifas se establecen en función de la oferta y demanda. 

El Gobierno defiende la medida

Tras modificar el mecanismo con el que se calcula la compensación para los transportistas que utilizan gasolina extra y ecopaís, el Gobierno afirmó este 13 de julio que se mantienen los mismos beneficiarios y que el Decreto Ejecutivo 447 reemplaza el precio base fijo por un valor variable que refleje el comportamiento del mercado internacional.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, confirmó también este 13 de julio en Teleamazonas que el nuevo esquema aún no ha sido socializado con los transportistas. “Esta semana se van a reunir con los transportistas para recibir una retroalimentación y ver qué tan eficaz y positivo es el nuevo esquema”, admitió el funcionario.

Esta semana se van a reunir con los transportistas para recibir una retroalimentación y ver qué tan eficaz y positivo es el nuevo esquema".Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

Además, el ministro Blum defendió el ajuste y sostuvo que el cálculo “no puede estar en un precio fijo por la volatilidad que estamos viviendo, es una situación muy compleja a nivel internacional. También se va a monitorear de cerca el costo del transporte y los fletes”.

Para Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, la raíz de este ajuste es el alza en los precios de los combustibles, que alcanzó cifras pico en el primer semestre de 2026, y que impacta en el costo que asume el Estado por su importación, en los transportistas y hasta en los consumidores. Ante este escenario, menciona que el Estado busca proteger las finanzas públicas, pero a la vez evitar “costos políticos”.

Sobre el impacto de la medida en las finanzas públicas, Carrera dice que el precio del petróleo y de los derivados se encuentra extremadamente volátiles por el conflicto en Medio Oriente. 

Por ello, considera incierto conocer si el ajuste en el cálculo de la compensación permitirá que el Fisco reduzca este gasto, más cuando se mantienen en paralelo las ayudas para los transportistas por el uso del diésel prémium.

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“Deberían hacer lo mismo con la compensación por el diésel, pero todo dependerá de los acuerdos políticos que haga el Gobierno con los transportistas para no alterar la paz social y en función de las elecciones seccionales de noviembre”, subrayó.

Lo que debes saber

• El nuevo ministro de Salud resalta la inestabilidad en el gabinete del presidente Daniel Noboa.
• Aveiga enfrenta el reto de la crisis del sistema de salud pública y el peso de la inestabilidad política.
• Los retos del Gobierno de Daniel Noboa en la conformación de su equipo técnico.

El día viernes 10 de julio, el presidente Daniel Noboa designó como nuevo ministro de Salud al médico Juan Carlos Aveiga, tras la salida del anterior titular, el doctor Jaime Bernabé Erazo. La designación del Dr. Aveiga causó algo de revuelo por un par de razones más allá del deplorable estado del sistema de salud pública del país. Una de ellas fue el hecho de que él sea la octava persona en ocupar dicho puesto en lo que va de este Gobierno. Muchos consideran que esto es demasiado, y que tantos cambios ponen en evidencia una cierta falta de seriedad detrás de los nombramientos realizados en una cartera tan delicada como lo es la de Salud.

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Si bien ocho es un numerito de tan solo un dígito, este puede llegar a ser una cifra considerable. Ocho hijos, por ejemplo, pueden ser demasiado para unos padres. Por eso, en la Argentina hace poco se mantuvo una centenaria tradición por la que el presidente apadrinaba a los séptimos hijos de una familia, para así desincentivar el que fueran abandonados por sus padres bajo la excusa de alguna superstición que, en el caso de ese país, había sido importada de Rusia como la idea de que la pobre criatura se convertiría en un hombre lobo. En Bélgica, los reyes extienden un privilegio similar a las familias que llegan a tener ese número de vástagos consecutivos y del mismo género.

La crisis del sistema de salud pública y el peso de la inestabilidad política

Esta no es la primera vez que el ocho es un número llamativo e indignante en la política de este país. Cuando Correa asumió el Poder en el año 2007, mucho se habló de que él fuera el octavo presidente en tan solo 10 años, debido a la serie de crisis y derrocamientos que se vivieron desde el golpe congresil contra Abdalá Bucaram. Irónicamente, esa inestabilidad y el desgaste que sufrieron los actores políticos de esa época que lo antecedió allanaron el camino para que Correa gobernase él mismo por una década entera, permaneciendo hasta ahora en un importante sitial de nuestra política.

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El ocho, como podemos ver, puede ser un sinónimo de precariedad, de necesidad de atención o ayuda externa, de inestabilidad y de desgaste institucional. Todo eso, lamentablemente, encaja bien en la descripción de la situación actual en el Ministerio de Salud. Sorprende entonces que casi todos los exministros de Salud de años recientes salgan constantemente a lanzar dicterios e invectivas y a proponer formulaciones aparentemente sencillas, pero que nunca pudieron ejecutar durante sus respectivas gestiones, habiendo presidido en cambio sobre el deterioro acumulado, tanto en lo físico como en lo administrativo, del sistema de salud.

Las propuestas para reformar la gestión y el abastecimiento de medicamentos

Dicen unos que hay que comprar medicinas dentro del país, como si nuestra industria farmacéutica pudiese cubrir todas las necesidades del sistema. Otros piensan que hay que cortar intermediarios en el extranjero, ignorando los problemas o incluso imposibilidades logísticas que eso acarrearía. Algunos de ellos prefieren enfatizar cuestiones como la necesidad de modernizar el sistema de manejo de inventario del Ministerio, para mejorar la trazabilidad y evitar que se “pierdan” los medicamentos e insumos, o insisten en reorganizar el Estado para regresar a los subsistemas e institutos del pasado. Quizá todos tengan algo de razón en sus propuestas.

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Podríamos ser generosos con ellos y señalar que no hay ministro, por mejor preparado y más predispuesto que esté, que pueda tener éxito si no cuenta con el respaldo del presidente de turno y del resto de su gabinete. Después de todo, ¿qué es un ministro de Salud sin fondos? Y en nuestra realidad actual, ¿qué poder real ostenta un ministro que no tiene el apoyo de sus pares en las carteras de Interior, Defensa y Trabajo y en las agencias de control y combate a la corrupción?

Los retos del Gobierno de Daniel Noboa en la conformación de su equipo técnico

Quizá entonces el problema viene de mucho más arriba. Desde el comienzo, Daniel Noboa ha tenido serios problemas en conformar su equipo. En el 2023 tuvo que inaugurar su gestión sin titulares en despachos importantísimos como los de Interior o Economía, y a lo largo de su Gobierno ha preferido que sus cuadros más cercanos acumulen encargos a tener que designar nuevos personeros (al ejemplo más notorio no vale mencionarlo en esta ocasión). Tal cosa ocurrió más de una vez en Energía y se dio hace poco en el propio Ministerio de Salud, cuando se le entregó su encargo a la vicepresidenta María José Pinto, quien no contaba con experiencia alguna en el área y que entró asesorada por un cuestionado exministro.

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Volviendo al caso del nuevo ministro, el nombramiento del Dr. Aveiga también provocó rechazo debido a la denuncia realizada por la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la cual señaló que él habría sido el mismo médico que quiso, según dicen, ejercer presión para realizarle una operación de la vesícula. Esta coincidencia, de ser cierta, pondría desde temprano una nube negra sobre el ministro. Es importante que se aclaren los hechos, porque no conviene una designación primordialmente política, sino una altamente técnica, en un ministerio tan necesitado de reformas.

Lo que debes saber

• A tres meses de su implementación, se mantienen las críticas al SIR por la falta de integración tarifaria y problemas en la validación de los QR
• Concejales cuestionan el proceso de contratación del SIR y advierten que persisten filas y dificultades para los usuarios
• La Empresa de Pasajeros asegura que el sistema ya superó su fase crítica, registra 25 millones de viajes y opera con una disponibilidad superior al 98 %

A poco más de tres meses de su implementación, el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) del Trolebús y la Ecovía continúa generando debate sobre su funcionamiento, el cumplimiento de sus objetivos y los beneficios reales para los usuarios del transporte municipal de Quito.

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El sistema comenzó a operar el 1 de abril de 2026 como la principal apuesta del Municipio para modernizar el cobro de pasajes mediante tarjetas electrónicas, cédulas de identidad, códigos QR y aplicaciones móviles, con el propósito de reducir progresivamente el uso de efectivo.

Sin embargo, la discusión ya no se centra únicamente en la incorporación de nuevas tecnologías, sino también en la falta de integración tarifaria, las observaciones al proceso de contratación y la experiencia de los pasajeros durante los primeros meses de operación.

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Los temas que continúan pendientes 

Desde el Concejo Metropolitano, varios ediles de oposición consideran que el proyecto aún no cumple con las metas anunciadas. El concejal Fidel Chamba sostiene que la implementación del SIR debía ir acompañada de la reorganización de rutas y frecuencias, así como de una tarifa integrada que permita realizar transbordos con un solo pago, aspectos que todavía no se concretan.

Según el edil, en varias estaciones aún se registran filas, usuarios que continúan con el pago en efectivo y dificultades para validar los códigos QR impresos, especialmente en horas de mayor demanda. A su criterio, estas situaciones evidencian que el sistema todavía no ofrece la eficiencia prometida.

Chamba también cuestiona el proceso de contratación, realizado mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y asegura que durante la fiscalización no se ha entregado toda la información sobre el consorcio encargado de la plataforma tecnológica.

Además, expresa preocupación por la situación del personal de recaudo, al afirmar que varios trabajadores aún cobran afuera de las antiguas cabinas, lo que, según dice, los expone a riesgos de seguridad.

¿Qué pasó con la integración tarifaria?

El concejal Wilson Merino coincide en que la principal deuda del proyecto es la ausencia de una integración tarifaria. Recuerda que la ordenanza contempla un sistema que permita utilizar distintos corredores municipales con el pago de un solo pasaje, beneficio que todavía no está disponible y que afecta el presupuesto de quienes deben combinar varias rutas para llegar a sus destinos.

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Merino también señala que persisten inconvenientes con la lectura de algunos códigos QR impresos, lo que ralentiza el ingreso de pasajeros en los momentos de mayor afluencia. Además, informó que varias contrataciones relacionadas con el SIR fueron remitidas a la Contraloría para que determine si existieron posibles irregularidades administrativas.

¿Qué dice la Empresa de Pasajeros?

Frente a estos cuestionamientos, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros sostiene que la fase más compleja de implementación ya fue superada. Alejandro Muñoz, coordinador de Recaudación, asegura que desde la puesta en marcha del sistema se han registrado más de 25 millones de viajes y que la disponibilidad de los equipos instalados supera el 98 %.

El funcionario reconoce que durante las primeras semanas existió un período de estabilización propio de un proyecto tecnológico de gran escala, pero afirma que la mayoría de fallas iniciales ya fueron solucionadas. 

Respecto a los percances con los códigos QR impresos, dice que fueron concebidos únicamente como un mecanismo de contingencia, por lo que recomienda utilizar la tarjeta ciudad, la cédula o los códigos digitales, que permiten validar el ingreso en menos de dos segundos.

Frente a la preocupación por las condiciones del personal de recaudo, Muñoz sostiene que los trabajadores cuentan con medidas de seguridad y que el objetivo institucional es que evolucionen de cobradores a orientadores de los usuarios durante la transición hacia los medios de pago electrónicos.

La empresa también informó que hasta la fecha se han entregado más de 115.000 tarjetas y confirmó que la segunda fase del proyecto, que incorporará a los alimentadores del sistema municipal, está prevista para 2027.

La opinión de los usuarios

Mientras la Empresa asegura que los inconvenientes han sido superados, en las estaciones del Trolebús y la Ecovía las opiniones son divididas. Para quienes ya utilizan la tarjeta electrónica, el sistema ha reducido los tiempos de ingreso y evita portar efectivo.

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La usuaria María Fernanda Salazar señala que la implementación representa un avance. “La tarjeta hace que el ingreso sea mucho más rápido y ya no necesito hacer filas para comprar boletos. El sistema ha mejorado con el paso de las semanas”, agrega.

En cambio, Rosa Armijos cree que todavía existen aspectos por resolver. “Prefiero seguir pagando en efectivo porque el QR a veces falla y, mientras no exista una tarifa integrada, el ahorro para los usuarios sigue siendo inexistente”, afirma.

Lo que debes saber

• Ecuador ingresa por primera vez al índice global en nivel de "alto riesgo" por crisis de derechos humanos.
• Organismos reportan 51 presuntas desapariciones forzadas y 369 denuncias por torturas desde 2024.
• Analistas cuestionan fallas metodológicas del informe y alertan crueldad en políticas de seguridad.

Ecuador fue incorporado por primera vez al Índice Global de Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), una inclusión que vuelve a colocar bajo escrutinio internacional la situación de los derechos humanos en el país. El informe ubica a Ecuador en la categoría de “alto riesgo”, al advertir un deterioro de las garantías fundamentales en medio del conflicto armado interno declarado en 2024, la prolongación de los estados de excepción y la crisis penitenciaria que atraviesa el sistema carcelario.

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El reporte analiza a 39 países y sostiene que, aunque Ecuador cuenta con normas que prohíben la tortura, persiste una amplia brecha entre la legislación y la realidad. Entre los principales factores que sustentan su evaluación aparecen la militarización de la seguridad pública, el hacinamiento penitenciario, la impunidad en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional.

Violaciones a los derechos humanos y crisis penitenciaria en Ecuador

La OMCT señala que, desde la declaratoria del estado de emergencia en 2024, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil han documentado un deterioro sustancial de la situación de los derechos humanos. Según el organismo, la ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna ocurrió sin una supervisión civil efectiva, lo que habría incrementado el riesgo de abusos.

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Entre los hechos documentados constan al menos 51 presuntas desapariciones forzadas atribuidas a agentes estatales durante operativos, además de detenciones arbitrarias, periodos de incomunicación, restricciones a las garantías judiciales y denuncias de uso excesivo de la fuerza. El informe sostiene que estas afectaciones han impactado de manera desproporcionada a poblaciones afrodescendientes, pueblos indígenas, personas en situación de pobreza, niños y adolescentes.

Las cifras también reflejan un problema de rendición de cuentas. Entre 2024 y 2026 se registraron 369 denuncias por presuntos actos de tortura, además de reportes por ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. La investigación recoge que la población penitenciaria supera los 38.000 internos y que durante 2025 se reportaron más de 1.000 casos de tuberculosis. Además, documenta centenares de fallecimientos registrados en las cárceles y nuevas masacres en centros como Esmeraldas y Machala, hechos que motivaron incluso medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Penitenciaría del Litoral.

Análisis crítico de la metodología del Índice Global de Tortura

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, la inclusión de Ecuador debe analizarse con cautela. Explica que el índice incorpora variables relacionadas con suicidios de personas privadas de libertad, condiciones penitenciarias y reportes de organizaciones civiles y periodistas sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.

“Ecuador ha tenido bastantes casos durante los últimos años y eso también ocurre en países como Italia, Francia o España, que igualmente aparecen en el índice”, señala.

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No obstante, considera que la metodología presenta limitaciones. A su juicio, existen países ampliamente cuestionados por denuncias de tortura que no aparecen evaluados, como Estados Unidos y China, por lo que el indicador no reflejaría completamente la realidad global.

“Todo índice internacional es importante porque permite medir la fortaleza institucional de un Estado para proteger tanto a las personas privadas de libertad como a la ciudadanía. Pero este índice tiene un componente subjetivo y, por eso, también debe analizarse críticamente”, sostiene.

Militarización de la seguridad pública y denuncias contra las Fuerzas Armadas

La militarización de la seguridad pública constituye otro de los ejes del informe. Para la OMCT, la aplicación continua de estados de excepción desde 2024 amplió las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana sin establecer mecanismos suficientes de supervisión civil.

Daniela Guerra, investigadora de la Oficina Regional de Amnistía Internacional, sostiene que la organización ha documentado casos que reflejan los riesgos de este modelo.

“Hemos observado que la militarización de la seguridad pública no coloca en el centro la protección de los derechos humanos. Un ejemplo concreto son las posibles desapariciones forzadas documentadas en nuestro informe ‘Son militares, yo los vi’, incluido en el informe anual 2025”, explica.

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La investigadora señala que Amnistía Internacional recopiló cinco casos de personas presuntamente desaparecidas durante operativos militares. Aunque existen investigaciones abiertas, asegura que la mayoría permanece sin resolución.

“Parte de esa falta de avances responde a la escasa cooperación de las Fuerzas Armadas con la Fiscalía”, afirma.

Una lectura similar plantea Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. La especialista sostiene que el país ha ratificado la mayoría de tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que, en teoría, cuenta con compromisos para incorporar estos principios en la actuación del Estado.

Sin embargo, considera que el índice refleja una tendencia preocupante en las políticas de seguridad.

“Lo que evidencia el Índice Global de Tortura es que las políticas de seguridad también se alimentan de una exhibición de crueldad. Eso promueve la tortura, promueve la impunidad y favorece que miembros de la fuerza pública actúen al margen de los estándares de derechos humanos, y ese es el problema”, afirma.

Lo que se sabe

• En el barrio Centenario destacan sus casas patrimoniales, los árboles frondosos y las calles adoquinadas
• Los vecinos creen que la cohesión comunitaria es clave para conservar esta zona del sur de Guayaquil
• Se creó en 1920 como la primera urbanización planificada de la ciudad

Hay espacios en Guayaquil que parecen detenidos en el tiempo y evocan una nostalgia persistente por la época en que crecer significaba hacerlo entre tranquilidad y jardines. Por su valor patrimonial, el barrio del Centenario aún captura la mirada de los transeúntes con sus árboles frondosos, villas de gran escala y calles adoquinadas.

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Sin embargo, la realidad del sector es compleja. Diego Cabrera, vecino del barrio, asegura que la cohesión comunitaria es clave para su conservación. “El comité del barrio impulsa actividades para preservar la memoria. Se han inaugurado espacios como una cancha de voleibol en la calle Rosa Borja de Ycaza. Mientras el barrio se mantenga unido, el tejido social se conserva”.

Rosa Campuzano, residente y trabajadora de la zona desde hace 30 años, reconoce el valor de permanecer en el sector. “Nos preocupa la inseguridad. Nos quitaron los números de bronce de las villas, pero la estación de Segura EP ha mitigado el problema. Tener plantas en nuestras casas es un privilegio que no queremos abandonar”. 

Las iniciativas vecinales, como el patrullaje canino nocturno y las actividades culturales impulsadas en alianza con el Municipio, buscan fortalecer la convivencia y potenciar la experiencia peatonal.

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El cambio en la dinámica habitacional del Centenario

Javier Castillo, arquitecto e historiador, explica que el Centenario surgió en 1920 como el primer proyecto urbano planificado para la clase acomodada de la ciudad, dotado de servicios modernos para la época.

No obstante, el crecimiento desordenado de Guayaquil, el auge de las invasiones y la inauguración del puerto en la década de 1960 modificaron su dinámica. 

“Muchas familias emblemáticas abandonaron el sector a mediados de los años 90 por la inseguridad y el auge de nuevas urbanizaciones en Samborondón. Las propiedades fueron adquiridas por personas ajenas al barrio, sin un vínculo histórico con el sector”, señala Castillo.

Para el historiador, el Centenario ha experimentado una creciente comercialización que ha debilitado su esencia residencial. “Muchas casas se transforman o se destinan al alquiler, restando carácter al sector. Hay una lucha por mantener su espíritu, pero el deterioro del adoquinado y la inseguridad pesan”, advierte.

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Por su parte, Mariuxi Velarde, rectora del Liceo Panamericano Centenario, institución con 56 años de trayectoria en el sector, destaca que, pese a los desafíos, aún existen familias comprometidas con la educación y la permanencia en el barrio. 

“La clave son los vecinos, antiguos y nuevos, que se preocupan por mantener sus viviendas. Tenemos un consejo barrial activo que ha logrado mejorar luminarias, gestionar presencia policial y organizar ferias de emprendimiento”, afirma. 

La rectora enfatiza la necesidad de incentivar a los propietarios a restaurar sus inmuebles sin perder su esencia arquitectónica.

Se ha formado un consejo barrial, preocupado de sostener el barrio, apoyar la seguridad, cambiar luminarias y organizar ferias para promocionar emprendimientos".
Mariuxi Velarde, directora del Liceo Panamericano del Barrio Centenario

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Para el gestor cultural Luis Illescas, el valor del Centenario nunca estuvo únicamente en sus edificaciones, sino en la vida comunitaria que se desarrollaba en sus calles. “El deterioro no empieza cuando una casa se cae, sino cuando deja de ser habitada. Rescatar el Centenario significa crear las condiciones para que la gente vuelva a caminar y apropiarse del espacio público”.

Illescas propone adaptar iniciativas como Ruta Centro, que transforma las calles en espacios de encuentro cultural. “El sur de Guayaquil posee un valor histórico inmenso. Con proyectos piloto bien planificados y una propuesta construida junto a los vecinos, el Centenario podría recuperar su identidad”, sostiene.

Conservar el barrio no significa únicamente restaurar sus casas. Significa crear condiciones para que la gente vuelva a caminar y sentirse parte de una comunidad".
Luis Alberto Illescas, gestor cultural 

El futuro del barrio, considerado un enclave con gran potencial patrimonial y urbano, depende hoy de una estrategia que logre equilibrar la seguridad, la inversión privada en conservación y la voluntad ciudadana de volver a habitar sus calles.

Los moradores coinciden en que la nostalgia, por sí sola, no basta. Se requiere una reactivación integral para que el Centenario deje de ser únicamente un recuerdo y vuelva a consolidarse como un barrio vivo y vibrante.

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Las claves que debes conocer

• Contrato Esmeraldas III firmado 9 ago 2024 por Electroguayas y ATM, $89,9 millones.
• Reunión clave 14 mayo 2025 reveló 32 equipos incompatibles con sistema eléctrico nacional.
• ATM recibió 80% del contrato; arbitraje sigue en Cámara de Comercio Quito desde julio 2025.

A pesar de los graves fallos técnicos y el evidente incumplimiento del contratista uruguaya Austral Technical Management (ATM), la gestión de la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, se caracterizó por una presión constante para forzar la operatividad de la Central Esmeraldas III.

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Manzano heredó un contrato preparado en la administración de Roberto Luque y firmado durante la gestión de Antonio Gonçalves. Más concretamente, la suscripción se dio el 9 de agosto de 2024 a través del entonces gerente de Electroguayas, Manuel Barberán, cuyo hijo trabajó con Karla Saud y Walther Manrique, representantes de Progen en Ecuador.

El 14 de mayo de 2025 se realizó una reunión clave con la participación del entonces viceministro de Energía, Fabián Calero, como delegado de Manzano, Gustavo Sánchez, gerente general de Celec, Carlos Pérez, gerente de Electroguayas, y el administrador del contrato José Estupiñán.

Ese día, la gerencia de Electroguayas reveló información que ocultó por semanas: que solo 16 unidades entregadas por ATM estaban diseñadas para operar a 60 Hz y cumplían los requisitos. En cambio, 32 unidades únicamente podían operar a 50 Hz y necesitaban alternadores para modificar la frecuencia y permitir la interconexión. 

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El alternador es el componente que transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica apta para la red pública; sin este dispositivo en la especificación correcta de 8 polos, resulta imposible acoplar la electricidad al sistema nacional.

La orden de Manzano sobre los recursos

En esa cita, Calero comunicó una disposición directa de la ministra Manzano: se debían facilitar todos los recursos para que la Bahía 3 (16 unidades nuevas y que sí servían) entregara energía a más tardar el 16 de junio de 2025 de cara al siguiente estiaje. En cambio, los informes técnicos de abril y mayo de 2025 confirmaban que 32 de las 48 unidades eran incompatibles con el sistema nacional al estar fabricadas para 50 Hz.

Los meses siguientes, la administración de Manzano buscó soluciones e impulsó que las empresas públicas asumieran las tareas de ATM. El personal de Electroguayas realizó el montaje de los grupos generadores con técnicos de la Central Santa Elena. Pese a la intervención estatal, la puesta en servicio se logró pero a medias, porque ATM nunca proveyó los técnicos para la configuración e interconexión ni compró los alternadores.

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¿Cómo se cambió el esquema de pagos?

Mientras se ejercía esta presión sobre los técnicos estatales, el contrato sufrió modificaciones mediante adendas en septiembre de 2024 y febrero de 2025. Estos cambios flexibilizaron la forma de pago original.

El esquema inicial fijaba un 65% en 2024 contra factura y lista de empaque, un 25% tras la puesta en marcha y acta provisional, y un 10% con la entrega definitiva. Sin embargo, las adendas modificatorias vincularon los desembolsos a hitos y sub-hitos específicos, lo que permitió al contratista recibir $ 71.944.629, es decir, el 80% del valor total del contrato, fijado en $ 89.9 millones.

Del monto pagado, Electroguayas solo puede aspirar a recuperar $ 4,49 millones, que fueron asegurados en una póliza de fiel cumplimiento. Y nuevamente asoma una pregunta que sigue en el aire: ¿Por qué el administrador del contrato autorizó los pagos por equipos que no cumplían las especificaciones técnicas?

Finalmente, el empeño por sostener el contrato finalizó en julio de 2025 cuando Celec quiso darlo por terminado, pero ATM llevó su caso al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, donde aún se espera una resolución.

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EXPRESO ya contó, con correos, que ATM contrató a Gonzalo González y Gustavo Arrobo, de Ecija, para que mantengan reuniones en el despacho del ministro Luque, en abril de 2024, para presentar su propuesta técnica y económica justo de los proyectos de generación eléctrica.

Fiscalía conoce sobre el caso ATM

En la Fiscalía, en la investigación del caso Progen, ATM ha sido mencionada por Byron Orozco, exgerente de Termopichincha. Aseguró que en el contrato de Esmeraldas III hubo información privilegiada para ATM al igual que los dos contratos de Progen que él firmó para Salitral y Quevedo.

Aseguró que ATM obtuvo información privilegiada desde el periodo de Luque y acceso directo a asesores como Peter Dreher. 

Orozco aportó un audio donde se evidencia que se ayudó a ATM con la flexibilización de requisitos: Electroguayas solo valoró la firma de contratos previos y no verificó si se cumplieron a conformidad, lo que facilitó la elección de una empresa extranjera. A pesar de su denuncia, la Fiscalía no ha abierto un caso ni ha solicitado aún la pericia del audio entregado por Orozco.

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Esquema de pagos e hitos

Igual que los tres contratos de Progen (Catamayo, Salitral y Quevedo) Austral Technical Management (ATM) desistió del pago de anticipo. 

El esquema original de pagos se diseñó para que el 65 % del valor total se desembolsara en 2024 contra la presentación de la factura comercial y la lista de empaque (packing list) de los equipos, aprobados por el administrador del contrato. 

Esto permitió al contratista asegurar un flujo de caja masivo (aproximadamente 58,4 millones de dólares) simplemente con el arribo de la maquinaria, incluso antes de su instalación o prueba técnica, que reveló las graves fallas. 

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El esquema se modificó a través de dos adendas (septiembre de 2024 y febrero de 2025) para cancelar más por trabajos de ingeniería civil y eléctrica que ya había cumpletado y que se llamó hitos y sub-hitos contractuales. Así ATM logró cobrar el 80 % del valor del contrato.

Lo que debes saber

• La Ley Antimafias no elimina la cooperación eficaz, pero el debate para reformarla ya comenzó.
• Penalistas discrepan sobre las rebajas de pena: unos las defienden y otros piden endurecer sus reglas.
• Los expertos coinciden en que la figura requiere mayores controles para evitar abusos e impunidad.

La reducción de penas por cooperación eficaz volvió al centro del debate político, aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias no plantea modificar ese beneficio previsto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La discusión resurgió tras los cuestionamientos a los efectos que ha tenido esa figura en casos emblemáticos de corrupción y crimen organizado.

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Un debate que no está en la ley

Uno de quienes impulsa el debate es el asambleísta oficialista Andrés Castillo (ADN), quien sostiene que personas condenadas por un mismo delito no deberían recibir sanciones distintas por colaborar con la justicia. A su criterio, el principio debe ser “a igual delito, igual sanción”, por lo que anticipó que buscará promover cambios para eliminar las reducciones de pena derivadas de la cooperación eficaz.

Las declaraciones reavivaron una discusión que divide a especialistas del sistema penal. Mientras unos consideran que el beneficio es una herramienta indispensable para desarticular organizaciones criminales, otros sostienen que ha terminado generando rebajas desproporcionadas para responsables de delitos graves.

¿Debe mantenerse la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave o es momento de revisar el alcance de las reducciones de pena? EXPRESO consultó a expertos en derecho penal para analizar los argumentos a favor y en contra de una figura que vuelve a estar bajo la lupa.

Si eliminan el incentivo de la reducción de pena, ¿qué motivación tendrá un integrante de un grupo criminal para colaborar con la justicia?Pablo Encalada, exfiscal de Pichincha

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¿Eliminar o mantener el beneficio?

Para el penalista y exfiscal de Pichincha, Pablo Encalada, eliminar o restringir de forma drástica la reducción de penas sería un error porque la cooperación eficaz es una de las pocas herramientas que permite a la Fiscalía avanzar con rapidez en investigaciones complejas. A su juicio, sin un incentivo real, quienes integran organizaciones criminales difícilmente entregarían información que permita identificar a los líderes.

En esa misma línea, sostiene que la develación de los casos de corrupción y delincuencia organizada más relevantes del país han contado con cooperadores eficaces. Por ello, considera que sacrificar ese mecanismo en busca de sanciones idénticas para todos, implicaría renunciar, en muchos casos, a conocer la verdad de los hechos.

Sin embargo, Encalada reconoce que la aplicación de esta figura ha generado cuestionamientos. En su criterio, el problema no radica en la ley, sino en la forma en que la Fiscalía ha negociado los beneficios y en la obligación de los jueces de verificar que la información entregada haya sido realmente corroborada antes de conceder una reducción de pena.

Por su parte, Daniel Kuri, abogado penalista y docente de la Universidad del Río, reconoce que la cooperación eficaz cumple una función importante dentro del proceso penal, pero advierte que la legislación actual permite reducciones de pena que pueden resultar desproporcionadas. En su criterio, la acumulación de beneficios con otras figuras procesales ha contribuido a generar esa percepción de impunidad.

La reducción de pena debe ejecutarse solo cuando la colaboración permita condenar a los cabecillas y recuperar bienes ilícitos; su aplicación no debe ser laxa ni complaciente.Andrés Cevallos, abogado penalista

Como ejemplo menciona los casos en los que un procesado accede simultáneamente a la cooperación eficaz y al procedimiento abreviado, lo que reduce significativamente la condena prevista para delitos graves. Esa situación, sostiene, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre las consecuencias de cometer un delito.

Una visión similar tiene el abogado penalista Andrés Cevallos, quien sostiene que la cooperación eficaz se ha desnaturalizado y ha pasado de ser una herramienta excepcional a un mecanismo que compensa las deficiencias investigativas de la Fiscalía. Desde su perspectiva, las reducciones excesivas terminan afectando la proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta.

Además, advierte que beneficios demasiado amplios pueden incentivar declaraciones interesadas o incluso falsas para obtener una rebaja de pena. Aun así, considera que eliminar la cooperación eficaz tampoco sería conveniente, porque dificultaría romper el hermetismo de las organizaciones criminales y rastrear el origen de los bienes obtenidos ilícitamente.

En contraste, el abogado y director de Plataforma de DDHH, Javier Rojas, considera que la cooperación eficaz no ha cumplido el objetivo para el que fue incorporada al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Según manifiesta, la figura legal no ha servido para desarticular organizaciones criminales, sino que ha sido utilizada principalmente en procesos con connotación política.

Desde esa óptica, sostiene también que la Fiscalía dispone de suficientes herramientas legales para investigar sin depender exclusivamente de las declaraciones de un procesado. Por ello, cree que la prioridad debería ser fortalecer la capacidad investigativa del Estado antes que mantener incentivos que, a su juicio, no han demostrado resultados efectivos.

La cooperación eficaz, hasta ahora, no ha servido para desarticular a las mafias, no se la utiliza para ese fin; el país necesita una política criminal con rumbo.Javier Rojas, abogado

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Más controles, no más beneficios

Frente a estos escenarios, el jurista Kuri propone conservar la cooperación eficaz como incentivo para obtener información clave en investigaciones de delincuencia organizada. No obstante, plantea impedir que sus beneficios puedan acumularse con otros mecanismos de reducción de penas, con el fin de preservar la proporcionalidad de las sanciones.

Por otra parte, Rojas sostiene que el debate no debería centrarse en eliminar la reducción de penas por cooperación eficaz durante el tratamiento de la Ley Antimafias en la comisión legislativa, sino en construir una política criminal integral que fortalezca la capacidad investigativa de la Fiscalía y evite que sea utilizada con fines de persecución política.

La figura de la cooperación eficaz debe conservarse y ser un incentivo para colaborar con la justicia, no un premio para quien también cometió un delito.
Daniel Kuri, abogado penalista

Encalada afirma que el problema no está en la norma, sino en su aplicación. Por ello, considera que la Fiscalía debe negociar con mayor prudencia los beneficios y que los jueces solo los concedan cuando la información del colaborador haya sido plenamente corroborada.

Asimismo, Cevallos plantea mantener la figura, pero con controles más estrictos. Entre sus propuestas consta que la reducción de pena solo se haga efectiva cuando la información proporcionada por el procesado conduzca a sentencias firmes contra los cabecillas y permita afectar el patrimonio de las estructuras criminales.

Lo que debes saber

• José Cabrera asegura que el CNE cumple el calendario para las elecciones seccionales de 2026 y garantiza un proceso imparcial.
• También explica el cambio de autoridades en el organismo y el pedido de una auditoría a la gestión de Diana Atamaint. 
• Además, advierte cómo el CNE se prepara para enfrentar posibles riesgos durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral atravesó un cambio de autoridades en pleno desarrollo del proceso para los comicios seccionales 2026. La salida de Diana Atamaint se produjo luego de casi ocho años al frente del organismo. Ahora José Cabrera anuncia un cambio en la gestión.

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El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, finalmente se pronuncia sobre el cambio de autoridades en ese organismo. Recibió a EXPRESO en su nueva oficina, donde no ahondó en el trasfondo de la salida de Diana Atamaint, pero dejó entrever que había malestar al interior del Pleno. En medio de este cambio, la autoridad habla del cumplimiento de los hitos del calendario para las seccionales 2026 y de cómo garantizará que el CNE sea un árbitro imparcial, pese a los cuestionamientos de las mismas organizaciones políticas. También habló del pedido de una auditoría a la anterior administración. 

¿Cuál es hoy el mayor riesgo para las elecciones del 29 de noviembre? Se habla de posibles impactos climáticos desde finales de este año.

Estamos monitoreando las delegaciones provinciales conjuntamente con los organismos pertinentes para ver qué riesgos tenemos. Se ha dado la disposición de que cada mes se presente un informe. Hasta el momento no se encuentran mayores novedades. Vamos avanzando en el proceso electoral y ese riesgo tenemos que mitigarlo y ver opciones.

Ha dicho que el adelanto de las votaciones crea un colchón para repetir elecciones ante eventualidades. ¿En qué consiste ese plan B?

En mi caso particular, la decisión de pasar las elecciones al 29 de noviembre fue con referencia a lo que hemos pasado en otros procesos, en los que, por los diferentes reclamos a los que tienen derecho los candidatos y las organizaciones políticas, hemos estado al límite de no poder posesionar a los electos en la fecha que dice la Constitución. Acepté que sea en noviembre, de tal manera que, si se diera esta situación, nosotros podemos postergar la fecha en las provincias y cantones en los que haya problemas. Podemos postergar y pasar para diciembre, enero o febrero.

Organizaciones políticas han cuestionado las últimas reformas de la Asamblea para las alianzas. Dicen que las desincentivan. ¿Cuántas alianzas se han inscrito?

Las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea, en el 2025, son hechas por los asambleístas. Ellos vienen precisamente de organizaciones políticas. Nosotros tenemos que acatar las reformas. No tengo el dato final. Recordemos que hasta el sábado 18 de julio se pueden realizar las alianzas.

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¿Hay alguna actividad en la situación actual sobre la que temen o prevén que pueda haber algún tipo de retraso?

No. Al momento estamos trabajando de acuerdo con el calendario establecido. Cada uno de los hitos ha seguido completándose, a pesar de que hubo un cambio en la cabeza del CNE y se han tenido que realizar algunos cambios en el área administrativa.

Resta menos de un mes para la inscripción de candidaturas. ¿Qué garantías ofrece el CNE para que el proceso se desarrolle sin decisiones que puedan interpretarse como arbitrarias?

Tenemos que aplicar la ley, nada más. El rato que vengan los candidatos, cumplan los requisitos y no se encuentren en inhabilidades al momento de la inscripción, tienen derecho a inscribirse. Nosotros no podemos irnos más allá. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que tienen que venir de las elecciones internas. Son requisitos y también tenemos que revisar que no se encuentren en inhabilidades para la inscripción.

Hubo cuestionamientos sobre una supuesta cercanía entre el CNE y el Gobierno. Que la ‘cancha está inclinada’, dicen algunos movimientos. ¿Cómo evitar que el organismo sea visto como un árbitro con sesgo?

Nosotros hemos llevado varios procesos electorales y, al día siguiente, la satisfacción es que el pueblo está trabajando, produciendo y no en las calles reclamando. El pueblo debe estar tranquilo; la ciudadanía, tranquila de que cada voto será respetado.

Usted asume el cargo después de casi ocho años en los que Diana Atamaint estuvo como presidenta. ¿Cómo encontró al CNE?

En cuanto a la administración de la señora Diana Atamaint, se ha hecho ya el pedido a Contraloría de que haga una auditoría de esa administración, de tal manera que mi administración vaya desde el día en que fui posesionado.

¿Ese pedido nace de un trámite común de inicio de ciclo o encontró algo que cree que debe investigarse?

No. Más bien es por un tema de respeto y también de cuidar mi administración. Lo que llevó la señora Atamaint como presidenta, que Contraloría haga su auditoría.

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¿Qué dio paso a la conformación de esta nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral para que se pudiera cambiar de autoridades?

Había tenido anteriormente un pedido de las compañeras de que asumiera este reto duro, difícil y complicado en medio de un proceso electoral. Pero tenía que asumirlo con responsabilidad.

¿Por qué se sacó a Diana Atamaint de la Presidencia?

Eso ya no puedo responder. Incluso, en la votación, los tres consejeros restantes (sin Enrique Pita, que no estuvo) estuvieron de acuerdo con que yo asumiera la Presidencia.

¿No hay ningún trasfondo? ¿Un día simplemente se decidió que había que cambiar de autoridades?

Había ya algún malestar. Recordemos que hubo un problema con las organizaciones políticas. Se eliminaba algo de Unidad Popular y todas esas circunstancias. Además de que ya habían pasado casi ocho años y era necesario refrescar a las autoridades.

¿Puede garantizar que ningún actor político tendrá influencia durante el actual proceso electoral?

Más que solo hablar, se verá con los hechos; con los hechos de que mi posición es la de respetar la decisión de los ecuatorianos. Yo le puedo decir ‘no tengo ninguna cercanía’. Pero la ciudadanía verá, por los hechos, cómo se lleva esta administración.

¿Habrá cambios o se mantendrá el sistema informático que se ha venido utilizando en los últimos procesos electorales?

En los equipos informáticos se ha mejorado. Se han hecho adquisiciones: nuevas computadoras, licencias del software y, por el resto, revisar que el sistema no tenga ningún problema en cuanto a la parte de escrutinios y posterior también en la transmisión de resultados.

Lo que debes saber

• En La Mariscal, entre árboles centenarios y calles tradicionales sobreviven castillos, palacetes y mansiones levantados hace un siglo
• El arquitecto italiano Rubén Vinci marcó la identidad del barrio con obras de estilo ecléctico que mezclan influencias neogóticas, neorrenacentistas y mudéjares
• Entre sus creaciones destacan el castillo Larrea, el Palacio Chiriboga y la Villa Vinci. En uno hoy funciona un centro cultural

Hay quienes recorren La Mariscal, en el norte, pensando en sus cafeterías, galerías o vida nocturna. Sin embargo, basta levantar la mirada para descubrir otro Quito. 

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Detrás de árboles centenarios, portones de hierro y fachadas cubiertas por enredaderas sobreviven castillos, palacetes y mansiones que parecen detenidos en el tiempo. 

Ya no albergan a las familias aristocráticas que los levantaron hace casi un siglo. Hoy funcionan como museos, centros culturales, instituciones públicas, oficinas e incluso espacios educativos. Cambiaron de uso, pero no de esencia.

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En apenas dos kilómetros, entre las calles 9 de Octubre, Ulpiano Páez, Vicente Ramón Roca, Reina Victoria y la avenida 6 de Diciembre, es posible encontrar al menos una decena de estas edificaciones. 

Otras permanecen ocultas en la av. 12 de Octubre, detrás de altos muros, aún como propiedades privadas. Son construcciones que convierten a Quito en una ciudad singular, donde el patrimonio todavía forma parte de la vida cotidiana.

La Mariscal, un símbolo de modernidad

La historia comenzó cuando la ciudad empezó a expandirse hacia el norte. Desde la década de 1920, las familias de mayor poder económico abandonaron el Centro Histórico y encontraron en La Mariscal el lugar ideal para construir residencias inspiradas en palacios europeos, castillos medievales y villas italianas.

El cronista de Quito, Alejandro López, dice que este barrio nació como un símbolo de modernidad durante las celebraciones del centenario de la Batalla de Pichincha. “No solamente existen castillos de apariencia europea; también hay palacetes y mansiones con influencias árabes y eclécticas que enriquecen el paisaje urbano”, señala.

Uno de los nombres inseparables de esa transformación fue el arquitecto italiano Rubén Vinci, pionero de la arquitectura ecléctica en Ecuador. Su propuesta combinó estilos historicistas, neogóticos, neorrenacentistas y mudéjares, un legado que todavía distingue a La Mariscal. Entre sus obras más reconocidas figuran el Castillo Larrea, el Palacio Chiriboga y la Villa Vinci, conocida popularmente como la ‘Casa del Patio Parado’.

Construida en 1937 sobre la calle Vicente Ramón Roca, entre Juan León Mera y Reina Victoria, la vivienda recibió ese peculiar nombre porque su fachada fue revestida con piedra de río, un material que tradicionalmente se utilizaba únicamente para los pisos. Los quiteños comenzaron a llamarla “el patio parado”, una denominación que terminó convirtiéndose en parte de su identidad.

La casa fue la residencia del propio Vinci, quien había diseñado otras villas similares en la misma cuadra. Con los años pasó por distintos propietarios e incluso llegó a funcionar como restaurante. La falta de mantenimiento deterioró parte de su estructura hasta que fue donada a la Fundación Crisfe con un objetivo específico: convertirse en un espacio educativo.

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Marcela Alvear, coordinadora de Fomento Cultural de la Fundación Crisfe, explica que la restauración tomó entre cuatro y seis meses de intenso trabajo. Cada intervención respetó la arquitectura original. Los techos con influencia mudéjar, las cúpulas, la madera y los detalles ornamentales permanecieron intactos, mientras las antiguas habitaciones fueron adaptadas como aulas.

Hoy, donde antes vivía una familia aristocrática, funcionan talleres de música, teatro, literatura y artes plásticas para niños y adolescentes dentro del programa Artisteca. “La casa volvió a tener vida, pero sin perder su identidad”, resume Alvear.

El palacio La Circasiana mantiene su esencia

Otro ejemplo es el Palacio La Circasiana, construido a finales del siglo XIX como una quinta de descanso de la familia Jijón y Caamaño. Con el crecimiento de Quito dejó de ser una residencia privada y, desde 1992, pertenece al Municipio. Actualmente alberga al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde sus salones, murales y jardines reciben visitantes mediante recorridos museográficos.

Para Karen Proaño, directora de Inventario Patrimonial del Instituto Metropolitano de Patrimonio, La Mariscal concentra alrededor de 200 inmuebles patrimoniales, entre castillos, chalets, palacios y mansiones, que convierten al barrio en uno de los conjuntos arquitectónicos más valiosos del país.

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El planificador urbano Jacobo Herdoiza sostiene que estas edificaciones representan mucho más que un atractivo turístico. Son el reflejo del nacimiento de una capital moderna y del desplazamiento de las élites hacia nuevos barrios. 

Aunque algunos inmuebles permanecen abandonados, otros encuentran una nueva oportunidad con los procesos de restauración impulsados por instituciones públicas y privadas.

Lo que se sabe

• Una de las escalinatas más conocidas y visitadas es la del cerro Santa Ana, pero hay otras en sectores como Urdesa y Mapasingue
• Atletas creen que estos espacios podrían servir para nuevos circuitos deportivos
• Especialista propone que se promuevan programas de arte urbano

Quien piensa en escalinatas en Guayaquil, casi siempre evoca Las Peñas. Pero la ciudad guarda muchas más. Desde el cerro del Carmen hasta Mapasingue Este, pasando por ciudadelas como Lomas de Urdesa, decenas de escaleras atraviesan barrios, conectan cerros y ofrecen vistas privilegiadas que hoy pasan inadvertidas para la mayoría, pese a que cientos de personas las recorren cada día.

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Mientras ciudades como Medellín (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil) transformaron estos espacios en atractivos turísticos y comunitarios, en la ciudad las escalinatas son vistas como lugares de paso. 

Hoy, expertos sostienen que en ellas existe una oportunidad para fortalecer la caminabilidad, la seguridad y, lo que tanto se habla y se busca, el tejido social.

Transformación de Medellín es ejemplo para Guayaquil

Las Peñas ya demuestran que una escalinata puede convertirse en un atractivo urbano y estar entre los puntos imperdibles por conocer. A lo largo de sus más de 400 escalones funcionan cafeterías, galerías, bares y pequeños comercios que acompañan el recorrido hasta el faro Santa Ana. Pero el potencial de este tipo de infraestructura va mucho más allá.

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Por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín pasó de ser uno de los sectores más conflictivos a convertirse en uno de sus principales destinos turísticos. 

Sus escaleras eléctricas y tradicionales están rodeadas de murales, arte urbano, música y emprendimientos locales que atraen diariamente a miles de visitantes. Son galerías abiertas.

Algo similar ocurre en Río de Janeiro con la Escalera de Selarón. Sus más de 200 escalones, revestidos con coloridos mosaicos de azulejos, conectan los barrios de Lapa y Santa Teresa y se han convertido en una de las postales más reconocidas de Brasil. 

Incluso se las incorporó en los tours turísticos de la ciudad. El recorrido está acompañado de músicos, artesanos y vendedores que dinamizan la economía del sector, donde la caipiriña es la protagonista.

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¿Cuáles son las escalinatas con potencial en Guayaquil?

En Guayaquil existen espacios con características similares, aunque todavía poco aprovechados. En el caso de la escalinata del cerro del Carmen, esta tiene 166 escalones que conducen hasta el monumento del Sagrado Corazón de Jesús y ofrecen vistas únicas. 

En la cumbre del cerro del Carmen está el monumento al Corazón de Jesús

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Durante el recorrido se observa mantenimiento en las áreas verdes y presencia de personal de seguridad, pero la actividad comercial es prácticamente inexistente, pues apenas hay un puesto de desayunos que funciona al pie del cerro.

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Otra realidad se vive en Mapasingue Este. Allí abundan las escalinatas que conectan las calles del sector, y una de las que más destacan es la denominada ‘Himno a los Ídolos’, un mural inaugurado en 2018 (cuando Jaime Nebot administraba la ciudad), que fue elaborado por el artista Christian Moreano.

El mural "Himno a los ídolos" está en el noroeste de Guayaquil

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Los escalones exhiben imágenes de Julio Jaramillo y el escudo de Barcelona, dos símbolos de Guayaquil. No obstante, durante un recorrido realizado por EXPRESO se constató la presencia de basura, latas de cerveza y estructuras metálicas deterioradas, que evidencian la necesidad de mantenimiento.

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Deporte, arte y actividades comunitarias en los cerros

Para Fabiola Peña, aficionada al atletismo, estos espacios podrían convertirse en nuevos circuitos deportivos. “Cuando salimos a correr en grupo, muchas veces estamos expuestos al tráfico vehicular y otros riesgos. Las escalinatas podrían formar parte de rutas para entrenar, ganar resistencia y, al mismo tiempo, conocer sectores de la ciudad que tienen paisajes muy bonitos”, plantea.

El arquitecto urbanista Félix Chunga, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las escalinatas deben dejar de entenderse únicamente como elementos de circulación.

“Las escalinatas, al igual que las veredas, caminerías y parterres, forman parte de la infraestructura del espacio público. Si solo las vemos como lugares de paso, estamos desperdiciando una enorme oportunidad para fortalecer la caminabilidad, la accesibilidad y la convivencia ciudadana”, argumenta.

Añade que estos espacios deberían integrarse a una red urbana que permita recorrer la ciudad de manera cómoda, segura y accesible, además de contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático mediante infraestructura verde. “Podemos sacarles provecho, no solamente en los cerros. Hay muchas escalinatas en Guayaquil que deberían formar parte del inventario de espacios públicos y convertirse en corredores urbanos”.

Lina Enderica, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Espol, coincide en que Las Peñas es el referente más conocido de la urbe, pero recuerda experiencias exitosas como las de Valparaíso, en Chile, donde las escalinatas forman parte de la identidad urbana y cultural. Considera que estos espacios podrían albergar emprendimientos regulados, ferias temporales, áreas de descanso, miradores y actividades comunitarias.

Asimismo, propone impulsar programas de arte urbano similares a los desarrollados en la Comuna 13 de Medellín, acompañados de iluminación, señalización, vigilancia y mantenimiento. 

“Muchas escalinatas pueden transformarse en corredores seguros que conecten distintos barrios. Algunas pueden convertirse en miradores; otras, en espacios con sombra, mobiliario urbano, puntos de información, arte comunitario y ferias para los propios vecinos. Siempre bajo una planificación adecuada”, subraya.

No obstante, Enderica enfatiza que el objetivo principal no debe centrarse exclusivamente en atraer turistas. “Primero debemos mejorar estos espacios para quienes viven en la ciudad. Luego, naturalmente, serán atractivos para los visitantes. La participación de la comunidad es clave para que estos lugares sean sostenibles y realmente aprovechados”.

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En Lomas de Urdesa esperan que se mejoren peldaños

Una de las escalinatas cuya intervención esperan los ciudadanos es la que conecta la calle Sexta con la avenida Enrique Ortega Moreira, en Lomas de Urdesa. 

Durante un recorrido se constató que en su entorno se acumula maleza. Además, es utilizada como baño público y presenta acumulación de desperdicios e incluso prendas de vestir abandonadas. 

En la zona también proliferan los grafitis, una situación que preocupa a vecinos como Luis Farfán, quien espera que, al menos, estos sean reemplazados por obras de arte urbano. “Que tenga iluminación y que la adecenten para que la zona se vea mejor”, opina.

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Lo que debes saber:

• CNE verifica requisitos formales; denuncia por $6 millones reabre debate sobre candidaturas frente a seccionales en Ecuador.
• Expertos y dirigentes políticos: partidos deben filtrar a candidatos; sistema débil permite aspirantes sin controles en primarias.
• Sin sentencia ejecutoriada, CNE debe calificar; dirigentes admiten que no filtran, solo buscan sobrevivir.

La denuncia de un supuesto enriquecimiento ilícito en contra de una autoridad local —que no podría justificar unos $ 6 millones en su patrimonio—, en medio de las primarias con miras a las elecciones seccionales, reabrió un debate: ¿es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de filtrar a los candidatos? ¿Cuál es su rol y cuál el de las organizaciones políticas?

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Para Fausto Camacho, experto electoral, el problema no es del CNE ni del Código de la Democracia, sino de la debilidad del sistema de partidos.

“Si hablamos del sistema de representación y del sistema judicial, ambos hacen agua”, sostiene. En su opinión casi no existen partidos con funcionamiento permanente. 

“Son dos o tres. ¿Cuántos tienen sede, página web, centros de formación o una vida orgánica activa? Son la excepción”, anota.

Camacho subraya que la falta de democracia interna es evidente: “No hay reuniones periódicas de organismos de base ni directivas provinciales activas o pronunciamientos políticos cuando no hay elecciones”. En ese contexto, las candidaturas no pasan por controles.

Nicanor Moscoso, exintegrante de la Función Electoral, señala que ninguna institución puede anticipar la conducta de una autoridad. “Las denuncias sin sentencia ejecutoriada no son suficientes. Pueden responder a disputas políticas, a campañas en redes sociales o incluso a ataques personales”.

"No tenemos capacidad de investigar patrimonios": Javier Orti

Javier Orti, presidente de Avanza —una de las organizaciones que en 2019 candidatizó al alcalde involucrado en el escándalo, junto a UP—, no recuerda cómo lo eligieron. 

“Era taxista, dirigente popular, se alejó del partido”. Admite que la selección de aspirantes responde más a la supervivencia que a filtros. “No tenemos la capacidad de investigar patrimonios ni acceso a datos de la UAFE; vemos que no tengan problemas legales”.

También critica la falta de incentivos para formar cuadros. “Se nos exige capacitación, pero nos deben el fondo partidario. Sabe que el transfuguismo agrava todo. “Cualquiera puede ser invitado”.

Si todos fuéramos como El Nacional, y solo participáramos con candidatos propios, nos vamos a la B; hay que traer refuerzos, para no desaparecer.Javier Orti/ presidente Avanza

El primer filtro es el partido: Pablo Játiva

Pablo Játiva, abogado y profesor de teoría política, resalta que, si se revisa el funcionamiento político en otros países, el primer filtro natural para garantizar la calidad de los candidatos es el partido.

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“En otros países los evalúan para ver si están preparados y si son honestos”, explica. En Ecuador, en cambio, ese filtro “está completamente destruido”. 

En los partidos no se analiza quién es un candidato valioso, por lo que —desde el punto de vista jurídico— la responsabilidad del CNE se limita a lo procesal: verificar requisitos formales y la ausencia de sentencias ejecutoriadas.

“Tenemos políticos sin preparación, personajes que surgen de TikTok, sin que se verifique si están capacitados o si buscan el cargo como un espacio para hacer negocios. Se financian campañas con la expectativa de obtener contratos después, y los partidos terminan siendo solo vehículos electorales”, comenta.

Játiva advierte, además, fallas en el control de las primarias. “Ni el Código de la Democracia ni el propio CNE ejercen un control real. Acá, las primarias son casi simbólicas; se levantan manos para candidaturas ya decididas”. 

Contrasta con lo que hacen en Uruguay, Chile o Estados Unidos, donde las primarias son competitivas y permiten evaluar trayectorias, intereses y capacidades.

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En Ecuador, en cambio, dice: “las primarias se reducen a constatar quórum, bajo la lógica del dueño del partido”. Para Pablo Játiva, esta práctica refleja una visión caudillista de la política, entendida como un espacio de poder o enriquecimiento, más que como un ámbito de servicio público.

Esto dice la Revolución Ciudadana sobre responsabilidad de partidos 

Melissa Zambrano, secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana, sostiene que, tras episodios de “traiciones” y la aparición de candidatos con procesos judiciales —como el caso de Sergio Peña—, han adoptado correctivos. 

“Fortalecimos la comisión de ética. Nuestros propios militantes nos alertan a través de redes sociales”. Además, los directivos provinciales deben tener cuatro años de militancia y ellos asumen la enorme responsabilidad de depurar inicialmente listas de candidatos, explica.

¿Qué debe incorporar la selección que hacen los partidos?, según Carlos Rabascall

Carlos Rabascall, excandidato presidencial que se afilió a la Izquierda Democrática y hace poco dejó el partido, reflexiona: 

“La calidad de una democracia comienza mucho antes de la votación, cuando los partidos deciden quién merece representar a los ciudadanos. Esa selección debe incorporar debida diligencia, evaluación patrimonial, revisión tributaria y judicial, declaración de intereses y estándares éticos verificables", detalla. 

Además, Rabascall comenta que el CNE tiene una misión distinta: proteger la legalidad del proceso y la transparencia del financiamiento. "Tenemos un modelo anticorrupción del siglo XX para enfrentar redes criminales del siglo XXI”. 

Para él, Ecuador necesita abandonar la lógica reactiva y avanzar hacia una “república preventiva”. Implica construir una Arquitectura Nacional de Integridad basada en Inteligencia Pública: instituciones conectadas entre sí, auditorías preventivas, analítica de datos e inteligencia artificial para identificar patrones de riesgo antes de que la corrupción se materialice.

"Corresponsabilidad entre partidos y CNE": Gabriela Guerrero

Gabriela Guerrero, coordinadora provincial de la ID en Guayas, que también se desafilió hace poco, anota que la responsabilidad de la selección es compartida entre CNE y partidos. 

“Este órgano cumple un rol formal: si un candidato no tiene una sentencia ejecutoriada, está obligado a calificarlo. Su falla está en la fiscalización del gasto electoral. El control es débil. Aunque existen techos de campaña, en los informes todo cuadra, mientras en territorio se observan campañas millonarias. El CNE audita papeles, no hay un cruce profundo de información con entidades como la UAFE o el SRI”.

Los partidos fallan en su rol ético: muchos operan como vehículos electorales para sobrevivir, tienen miedo de desaparecer, prefieren billeteras o perfiles populares.Gabriela Guerrero/ exmilitante de la ID

El CNE no contestó

El martes 7 de julio del 2026, EXPRESO envió un pedido de información al Consejo Nacional Electoral, al respecto. No hubo una respuesta hasta el cierre de la edición.