Lo que debes saber

• Las alianzas aún podrían reducir la cantidad de candidatos que aparecerán en la papeleta.
• Expertos atribuyen la proliferación de precandidatos a la fragmentación del sistema político.
• Los candidatos oficiales se conocerán tras el cierre de las inscripciones, en agosto.

Las tiendas políticas de alcance nacional ya definieron a sus precandidatos para las elecciones seccionales de 2026. Un total de 54, de 13 organizaciones políticas, buscarán conquistar las alcaldías de Cuenca, Guayaquil y Quito, así como las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las alianzas aún pueden mover el tablero

Para las alcaldías de las principales ciudades del país se perfilan 28 precandidatos de las organizaciones políticas nacionales. De ellos, 11 aspiran a encabezar la carrera por el Municipio de Quito, nueve por el de Guayaquil y ocho por el de Cuenca. 

En las prefecturas, en cambio, se proyectan 26 precandidatos. Diez buscan la de Pichincha, ocho la de Guayas y ocho la de Azuay, aunque estas designaciones aún no son definitivas y dependerán de las alianzas que estos grupos concreten con otros. 

Para el analista político Giuseppe Cabrera, la cifra de candidatos que desde ya se visualiza no resulta inusual, aunque cree que esta podría reducirse cuando concluyan las alianzas y se oficialicen las inscripciones. A su juicio, el problema no es la cantidad de nombres, sino que muchas de estas responden a la obligación legal de los partidos de presentar candidatos y a los incentivos que reciben para participar, pese a no tener opciones reales de triunfo. “El problema no es que haya muchos candidatos, sino que demasiados no tienen posibilidades reales de ganar”. 

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La fragmentación, en el centro del debate

En cambio, la politóloga y coordinadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, Andrea Endara, considera que sí existe una mayor cantidad de precandidatos de la prevista, sobre todo por la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de varias organizaciones políticas. Por lo que, advierte que esta proliferación de candidaturas podría dispersar el voto de las principales alternativas, incrementar el uso de recursos públicos en campañas y restar competitividad a opciones con mayores posibilidades. 

La experta señala que varios de los actuales precandidatos ya participaron en comicios anteriores sin alcanzar resultados competitivos. Entre ellos está Juan Cervantes, quien en 2023 fue candidato por Unidad Popular (UP) y obtuvo el 1,3 % de la votación, y a Andrés Guschmer, que ese mismo año representó a Renovación Total (RETO) y alcanzó el 11,44 %. 

A estas listas presentadas por EXPRESO aún se sumarían las precandidaturas definidas por los movimientos provinciales y cantonales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que, por ahora, no puede difundir esos nombres y que solo hará públicas las candidaturas una vez que las postulaciones estén oficialmente inscritas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. 

Hay demasiadas candidaturas y eso diluye el debate; ni los medios de comunicación ni la ciudadanía pueden conocer bien las propuestasGiuseppe Cabrera, analista político

Los candidatos se conocerán el próximo mes, una vez concluya el proceso de inscripción. Según el calendario electoral, las organizaciones políticas deberán registrarlas entre el 2 y el 17 de agosto de 2026. 

Para Alfredo Espinosa, experto político-electoral, esta proliferación de candidatos es consecuencia de un sistema político sobrerrepresentado, en el que varias organizaciones funcionan más como vehículos electorales que como partidos con bases sólidas. En su criterio, ese escenario sobrecarga al electorado con propaganda, dificulta un voto informado y favorece la elección de autoridades con bajos porcentajes de respaldo, una tendencia que, según señala, ya se ha evidenciado en anteriores comicios. 

El dirigente de Futuro, antes denominado Democracia Sí, Gustavo Larrea, también observa una dispersión de candidaturas en las principales provincias y ciudades. Por ello, aseguró que su movimiento mantiene diálogos con otras fuerzas políticas para concretar alianzas y reducir el número de aspirantes, con la expectativa de alcanzar acuerdos para las prefecturas de Azuay, Guayas y Pichincha. 

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Las reglas electorales también inciden

No obstante, en una publicación en X, la presidenta de Creando Oportunidades (CREO), Ana Belén Cordero, sostuvo que la elevada cantidad de precandidatos responde, en parte, a la reforma al Código de la Democracia, aprobada en la Asamblea Nacional por Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC). A su juicio, esos cambios eliminaron los incentivos para conformar alianzas electorales y, por el contrario, las desincentivan. 

La reforma, publicada en el Registro Oficial el 24 de julio de 2025, modificó el mecanismo con el que se contabilizan los resultados de las alianzas para efectos de la permanencia de las organizaciones políticas. Anteriormente, cada integrante conservaba el porcentaje total de votación alcanzado por la coalición, mientras que ahora ese porcentaje se distribuye en partes iguales entre todas las agrupaciones que la conforman, reduciendo el incentivo que existía para formar frentes electorales. 

Si todos esos partidos y movimientos se hubieran unido para sacar un solo buen candidato, habría mejores oportunidades electorales.Andrea Endara, politóloga

¿Cómo reducir la dispersión?

Ante esto, Espinosa manifiesta que la reducción del número de candidatos pasaría por una reforma al sistema político. El experto plantea que Ecuador debería contar con cinco partidos nacionales y un menor número de movimientos provinciales, lo que contribuiría a disminuir la oferta electoral y facilitar un voto más informado. 

Por su parte, Cabrera sostiene que el debate debe centrarse en que las postulaciones respondan a proyectos políticos con opciones reales de competir. A su criterio, mientras persistan los incentivos para inscribir candidaturas sin posibilidades de triunfo, la oferta electoral seguirá fragmentada en el país.

Lo que debes saber:

• En 2026, CIP cumple 90 años; María Paz Jervis reafirma postura independiente en Ecuador.
• Estabilidad económica y Riesgo País mejoran, pero CIP alerta inseguridad jurídica afecta inversión.
• CIP advierte temor por debilitamiento institucional y pide respeto a libertades y Estado de derecho.

En 2026, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) cumple 90 años. Su presidenta ejecutiva, María Paz Jervis, sostiene que el gremio mantendrá una postura técnica e independiente frente a los gobiernos.

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Ustedes se han pronunciado en defensa del periodismo, la libre empresa y la propiedad privada. ¿Cómo están sintiendo hoy al país?

Creo que hay algunos elementos que generan preocupación a todos los sectores que tenemos convicciones profundas sobre la democracia y las libertades. Y como vocera de la Cámara de la Industria y Producción puedo decir que tenemos un legado de nueve décadas de compromiso con la defensa de valores institucionales.

¿Cuáles son esos valores?

La defensa de la democracia, la libre empresa, la libertad de expresión y el Estado de Derecho están en el artículo tres del estatuto que nos rige. Somos una institución que respeta lo que declara.

¿Seguirán pronunciándose?

Sí, vamos a seguir expresándonos independientemente de gobiernos de turno. Así ha sido la trayectoria de esta Cámara y la mía, aunque ahora hablo como presidenta ejecutiva del gremio más amplio de representación de los industriales.

¿Cuál es la ‘temperatura’ del país en términos de confianza y clima económico?

Es una paradoja y nos obliga a tener una visión profunda y holística de los problemas, mirar la película completa. Destaco que la estabilidad macroeconómica y el Riesgo País han alcanzado niveles de confianza que en los últimos años no se habían visto y eso no es menor. 

Es un elemento de confianza en el país y oportunidad de generar empresa y trabajo digno.

¿Y qué ocurre con el Estado de derecho y las garantías para invertir?

Si la estabilidad macroeconómica viene acompañada de inseguridad jurídica, de inestabilidad de las instituciones, de poca apertura para el diálogo y poco respeto a las libertades, como hemos visto con casos de judicialización de opositores, persecución a periodistas, poca transparencia frente a actos de corrupción, esto desdice de un esfuerzo muy positivo.

¿Cómo encararlo?

Nuestro rol es seguir apoyando medidas positivas, destacar aquello que se hace bien. Pero como no son cheques en blanco, sino visiones técnicas y responsables, vamos a seguir alertando cuando vemos expresiones que contradicen libertades y derechos fundamentales.

La CIP ha advertido que no se deben normalizar interpretaciones que excedan la ley ni interferencias en el ámbito privado.

Si miramos globalmente es una tendencia en todo el planeta, no es exclusivo del Ecuador. No por eso deja de preocuparnos. Se presenta un hartazgo de institucionalidad.

No hablar en medios no significa que estemos callados o inacción, tenemos otros mecanismos de intervención.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva CIP

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¿Por qué?

Si surge el hartazgo, la respuesta es ‘que se vayan todos’, y si no funciona eso, ‘el todo vale’. Eso nos lleva a la coyuntura política de los péndulos. Tenemos extremas derechas e izquierdas, con lo tibio que pueden ser esos conceptos porque quienes se autodefinen como derecha no siempre toman decisiones típicas de esa tendencia, y viceversa. 

En Europa y América Latina, aquellos gobiernos de extrema izquierda que en principio se decantaban por las protecciones sociales suman más escándalos de corrupción.

¿Qué debería replantearse?

Se ha replanteado. Muchas cosas no funcionaron, pensamos que eran las instituciones, los procedimientos o la calidad de los políticos, y me anticipo: porque eliminamos unas, suplantamos derechos, nos saltamos procedimientos, ¿mejora la calidad de representantes? Parece que no es así. 

El desafío es inmenso y por eso desde el espacio que ocupamos en la opinión pública debemos repensar lo que significa representar.

¿Cómo se compagina el discurso oficial de atraer inversión con hostigamiento a la empresa privada y a la prensa como el caso de GRANASA?

Nos llaman la atención medidas que no siempre son las más cercanas a la juridicidad y a los principios y valores democráticos. Por eso levantamos la voz. 

Como gremio y como sector empresarial, nuestro rol no es estar a favor ni en contra; tratamos de mantenernos al margen de esas posturas que pueden ser mucho más emotivas.

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¿Al margen?

Nuestra responsabilidad es aportar con pronunciamientos profundamente técnicos que busquen el respeto a libertades e instituciones. 

Estamos convencidos de que es el único camino para generar empleo digno, la única vía para mejorar la calidad de vida. Nuestro rol no es hacer opinión pública las 24 horas del día y sobre todos los temas. Quizá nos buscan ante la ausencia de liderazgos.

Que la ley se aplique para todos, sin importar cuáles son las posturas, eso es lo que llamamos seguridad jurídica.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Y la seguridad jurídica?

Ante determinada circunstancia, la ley y las instituciones se aplicarán y operarán de forma similar, eso es seguridad jurídica. Nos preocupa cuando vemos que hay casos que tienen indicios de ilegalidad y duermen el sueño de los justos, pero otros son tratados de manera muy ágil, si se trata de personajes políticos.

Y si los etiquetan como correístas por esa opinión...

No significa que defendamos a determinados políticos y, peor aún, a delincuentes. Este país no era perfecto antes del correísmo ni antes de este período. 

Sí creemos que debería alarmarnos ver que instituciones del Estado se direccionan bajo perspectivas políticas; ahí no gana nadie, perdemos todos, no se gana estabilidad.

Hay quienes piensan lo contrario...

Es mentira el cuento de que así se mantiene la estabilidad política y, ergo, nos beneficia. El peor negocio para el sector empresarial es tener una democracia débil. 

Tenemos tan mal recuerdo del boicot político en el gobierno anterior que hay casi una obsesión con lo que mal denominamos estabilidad política. Me pregunto qué es eso. ¿La ausencia del debate, de discusión de la política pública, de la divergencia? No lo es, da cuenta de regímenes poco democráticos.

¿Hay empresarios que temen ser perseguidos por órganos de control?

Lo que define la coyuntura nacional es el miedo, la inseguridad nos golpea en todos los niveles, la física y jurídica. Por el debilitamiento institucional hay temor de que puedan castigarse las voces divergentes, pero desde esta Cámara tenemos la tranquilidad de que las posiciones son siempre técnicas.

Nuestro rol como Cámara no es ser amigos ni enemigos de gobiernos, no estamos ni a favor ni en contra, estamos con el país.María Paz Jervis/ presidenta ejecutiva de la CIP

¿Quién es María Paz Jervis?

Abogada. Fue docente de la UDLA, USFQ y decana en la SEK. Dirigió el Comité Empresarial y desde 2022 preside la Cámara de Industrias y Producción.

¿Qué ha hecho la CIP?

La Cámara de Industrias y Producción es uno de los pocos gremios empresariales del país que reaccionan sobre decisiones y hechos que atraviesan el debate público. 

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Entre el ruido del mercado de San Roque y el movimiento comercial de las calles Imbabura y Loja, Casa Victoria emerge como un entorno donde la infancia encuentra seguridad, aprendizaje y nuevas oportunidades.

Las puertas de madera se abren y el entorno cambia de inmediato: el bullicio de la ciudad desaparece y es reemplazado por voces infantiles, música, lectura y actividades formativas. Aunque está a pocos metros de uno de los sectores más complejos de Quito, el interior de la Fundación Casa Victoria funciona como un espacio completamente distinto, enfocado en la educación y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

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De ruina a proyecto social en el Centro Histórico de Quito

A inicios de los años 2000, la vivienda estaba en condiciones críticas. Había sido dividida para albergar a cerca de 20 familias, unas 60 personas en total. Fue entonces cuando Alicia Durán Ballén y su esposo, Dan Gheorguita, junto a un grupo de amigos, decidieron adquirir la propiedad y restaurarla.

Casa Victoria demuestra que el amor y la educación pueden transformar comunidades desde la niñez con esperanza
Erika Guaña, coordinadora de la Fundación Casa Victoria

Tras cinco años de trabajos de recuperación, en 2006 la casona abrió sus puertas como la Fundación Casa Victoria, un proyecto social en San Roque orientado a la niñez y juventud en situación de vulnerabilidad.

Desde entonces, la iniciativa ha impactado a más de 3.000 niños, ha servido alrededor de 30.000 comidas y ha recibido cerca de 4.000 voluntarios nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los proyectos comunitarios más activos del Centro Histórico de Quito.

Educación, arte y acompañamiento para niños de San Roque

Dentro de la casona, cada espacio tiene un propósito. En una sala funciona una biblioteca donde los niños desarrollan el hábito de la lectura. En otros ambientes se imparten clases de música, karate y apoyo escolar con acompañamiento de voluntarios.

El programa “Sembrando Esperanza” es el eje central de la fundación. Atiende a 60 niños de entre seis y doce años, en su mayoría hijos de comerciantes del mercado de San Roque y vendedores ambulantes del Centro Histórico de Quito.

Además del refuerzo académico, reciben formación en valores, talleres emocionales, actividades recreativas, clases de música, defensa personal y acompañamiento permanente durante el año escolar.

“Queremos que los niños encuentren aquí un lugar seguro, donde se sientan queridos y puedan construir un futuro diferente”, explica Erika Guaña, coordinadora del proyecto.

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Un espacio que también forma a jóvenes voluntarios

Casa Victoria también impulsa procesos de formación para adolescentes a través de una pizzería y espacio de brunch ubicado en el primer piso. Este lugar no solo financia la fundación, sino que funciona como escuela práctica donde los jóvenes aprenden cocina, atención al cliente, trabajo en equipo y servicio comunitario.

Este lugar me enseñó que el servicio también construye oportunidades para quienes más lo necesitan 
Maité Agualsaca,
voluntaria de la Fundación

Jair León, quien llegó a la fundación a los ocho años, hoy con 14 años colabora en la cocina y en actividades con los niños más pequeños. Su meta es estudiar gastronomía y convertirse en chef.

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“Este lugar es como mi otra casa”, afirma.

Historias similares se repiten en la fundación. Maite Agualsaca ingresó a los seis años y actualmente es voluntaria. Cada tarde regresa para apoyar en tareas escolares y acompañar actividades.

“Aprendí a servir y descubrí lo que quiero para mi futuro: ser pediatra”, cuenta.

Un círculo de aprendizaje que se transforma en comunidad

En Casa Victoria, los niños crecen, los voluntarios regresan y las historias se transforman en continuidad. El aprendizaje no termina en la infancia, sino que se convierte en un ciclo donde quienes fueron beneficiarios ahora guían a nuevas generaciones.

En medio de uno de los sectores más complejos de Quito, la Fundación Casa Victoria se mantiene como un ejemplo de transformación social, educación comunitaria y recuperación del patrimonio con impacto humano real.

Las claves del caso

• Comerciantes denuncian que las extorsiones, robos y el consumo de drogas forman parte de la rutina en el Mercado Mayorista Montebello.
  
• La Policía reconoce que existen falencias en los controles de ingreso y plantea reforzar los protocolos de seguridad.
  
• Expertos advierten que la falta de control interno favorece la presencia y operación de grupos delictivos.

Antes de pronunciar una palabra, Manuel mira a todos lados, como si temiera que alguien lo observara. Luego, en voz baja, casi susurrando, advierte: “Aquí está prohibido hablar. Nos vigilan. Si ven que estamos conversando con alguien, se acercan para ver qué pasa”.

El comerciante, de 54 años y oriundo de la provincia de Chimborazo, vende legumbres en la Terminal de Transferencia de Víveres (TTV), también conocida como Mercado Mayorista Montebello, uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil. Lleva cerca de tres décadas en la ciudad y asegura que nunca había sentido tanta inseguridad como ahora.

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Se vive con temor en Montebello

Sostiene que desde 2021 el mercado dejó de ser únicamente un centro de abastecimiento para convertirse también en escenario de extorsiones, robos, consumo de drogas y asesinatos. En los dos últimos años, dice, la violencia se volvió parte de la rutina.

“Se trabaja con temor. Ya no solo nos preocupa vender nuestros productos, sino convivir con consumidores de droga que han hecho de este mercado su espacio. Se pelean entre ellos y no hay control. Nadie dice nada”, revela.

Para Euclides García, otro comerciante del mercado, las extorsiones son una de las principales amenazas en este centro de abastos, inaugurado en el año 2000 y que actualmente cuenta con 20 andenes y 660 bodegas. Está ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule, cerca de la avenida Perimetral.

“Aquí no se puede hablar mucho porque las paredes tienen oídos”, comenta mientras observa con cautela a quienes transitan por los alrededores. “Los que están adentro y los que están afuera se dan cuenta de todo. Si nos ven conversando, después saben quién habló”.

García, quien también se dedica a la venta de legumbres, asevera que la violencia no se limita a los asesinatos. Denuncia además la presencia constante de consumidores y expendedores de droga, así como robos y amenazas contra comerciantes.

Las extorsiones y los robos, los principales problemas de los comerciantes

“Aquí uno no puede andar con dinero. Llegan dos o tres personas, intimidan a la gente y le quitan lo que tiene. Hay guardias, pero la pregunta es qué controlan realmente”, cuestiona.

Según el vendedor, las víctimas de la violencia no son únicamente los comerciantes. “También han matado a personas que vienen a comprar, sobre todo en las noches y madrugadas”.

Además, recalca que los robos son frecuentes. “A muchos nos siguen cuando salimos del mercado y nos asaltan más adelante. Pareciera que saben quiénes entran, quiénes salen y quiénes manejan dinero”

La sensación de inseguridad también alcanza a los clientes. Luis Pilco, propietario de un negocio en el norte de Guayaquil, asegura haber sido víctima de la delincuencia hace aproximadamente seis meses.

“Siempre les digo a los administradores que no permitan el ingreso de cualquier persona. Venimos a comprar y deberíamos sentirnos seguros”, manifiesta.

Según relata, usuarios y comerciantes han solicitado en reiteradas ocasiones mayores controles de acceso y vigilancia dentro del recinto.

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El consumo de droga, otro problema que se suma

Pilco identifica el área de frutas como uno de los sectores más conflictivos. “Es común ver personas consumiendo drogas frente a comerciantes y compradores”.

El comerciante, que frecuenta Montebello desde hace más de 15 años, dice que cualquier persona puede ingresar sin mayores restricciones. “Me han robado la carga. En una ocasión me abrieron el vehículo y se llevaron cerca de 600 dólares mientras cargaba mercadería. He visto cómo ocurren otros delitos. Cualquiera puede entrar, incluso armado, y nadie se da cuenta. Ya solo nos ponemos en manos de Dios”, lamenta.

Las denuncias de comerciantes y compradores coinciden con la violencia registrada dentro y en los alrededores del mercado durante los últimos meses.

Tiguerones, los causante de la violencia

De acuerdo con una fuente policial, dos facciones de Los Tiguerones mantienen una disputa por el control de actividades ilícitas dentro y en los alrededores del mercado, lo que estaría detrás de parte de la violencia registrada en la zona.

El mayor Orlando Posligua, jefe de Control del Distrito Pascuales, aseguró que la Policía mantiene operativos permanentes para prevenir delitos y reforzar la seguridad. Sin embargo, reconoció que existen falencias en los controles de ingreso.

Entre las recomendaciones constan fortalecer los filtros de acceso, revisar personas y vehículos, así como capacitar al personal de seguridad privada para detectar comportamientos sospechosos.

EXPRESO solicitó una versión a la administración de la Terminal de Transferencia de Víveres y al Municipio de Guayaquil, sobre las denuncias de comerciantes y compradores. Hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

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Especialistas se refieren al respecto

Para los especialistas en seguridad Nelson Yépez y Carla Álvarez, el Mercado Mayorista Montebello reúne varias condiciones que lo convierten en un objetivo atractivo para las organizaciones criminales: un alto movimiento de dinero y mercadería, miles de personas circulando a diario y controles internos insuficientes.

Yépez explica que los mercados mayoristas suelen convertirse en focos de interés para las bandas porque concentran grandes cantidades de dinero en efectivo y un constante flujo de personas. “Cuando el control de ingresos y salidas se debilita, aparecen las extorsiones, los robos y las disputas por el dominio del territorio. No solo buscan asaltar, también controlar quién trabaja, quién vende y quién paga”.

Ambos coinciden en que la solución no pasa únicamente por incrementar la presencia policial. Consideran necesario fortalecer los controles de acceso, registrar a comerciantes, proveedores y vehículos, reforzar la videovigilancia, mejorar la coordinación entre la seguridad privada y las autoridades, y recuperar el orden dentro del mercado.

Sin esos cambios, advierten que las extorsiones, los robos y las disputas por el control de actividades ilícitas seguirán encontrando terreno fértil en uno de los principales centros de abastecimiento de Guayaquil.

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Puntos críticos para parquearse en Urdesa

Uno de los sectores donde esta realidad resulta más evidente es la intersección de las calles Costanera y Circunvalación Sur, donde en los últimos meses se ha consolidado un polo gastronómico y comercial.

Aunque los establecimientos cuentan con áreas destinadas al estacionamiento, estas dejan de ser suficientes en las horas de mayor afluencia.

Ante la falta de cupos, los cuidadores de carros que trabajan en determinados horarios terminan guiando a los conductores para que se estacionen incluso sobre las aceras, con tal de encontrar un lugar.

El administrador de un local de la zona señaló que su establecimiento dispone de cuatro parqueaderos internos, pero reconoce que durante las noches se genera congestión mientras los clientes recorren el sector en busca de dónde dejar sus vehículos.

“Siempre nos comentan nuestros clientes sobre ese problema, pero tratamos de darles soluciones. Los chicos que cuidan afuera intentan abrir espacios para que puedan entrar todos. Es como podemos resolverlo por ahora”, señaló.

La exigencia de más espacios

La situación se repite en otros puntos de Urdesa. Ocurre, por ejemplo, en los alrededores de la iglesia San Antonio María Claret, conocida por los guayaquileños como La Redonda. “Realmente no hay donde estacionarse. Tratamos de venir muy temprano a la misa solo para conseguir un parqueo”, explicó Marcia Coronel, habitante de la ciudadela. Ella señaló que este inconveniente persiste pese a la presencia de parquímetros en las calles aledañas al templo.

Otro punto que se proyecta a convertirse en un sitio de congestión vehicular en este sector de Guayaquil está en la calle Circunvalación, cerca del parque Jerusalén, donde se construye un centro médico. Los moradores esperan que el lugar tenga los suficientes parqueos para albergar a los doctores y pacientes, y que el Municipio haga respetar las ordenanzas en ese sentido para que el lugar no se convierta en un punto de caos vehicular.

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Rogelio Larrea vive en el centro de Guayaquil y acude con frecuencia a la avenida Víctor Emilio Estrada para realizar compras. Contó que, en determinadas franjas horarias, conseguir un lugar para estacionarse puede tomarle más de quince minutos.

“Un problema que tiene Urdesa es que no cuenta con áreas amplias para parquear. Hay muchos restaurantes y locales, pero hay que hacer malabares e incluso subirse a la acera para dejar el carro. Es un tema que no se ha planificado bien aquí”, indicó.

Hay casos como el de Jorge Briones. Hace dos semanas buscó un lugar para estacionarse y almorzar con su familia en un restaurante de la avenida Víctor Emilio Estrada, pero al no encontrar un lugar para parquear su vehículo, desistió de la idea y optó por acudir a un centro comercial.

"Un guardia me dijo que espere, pero mis hijos no querían esperar. Optamos por ir a otro sitio, aunque nos dimos dos vueltas hasta esperar que se habilite un espacio, pero todo seguía copado”, contó.

Un error desde la planificación

Para Malena Marín, experta en tránsito, el problema de la falta de parqueos en Urdesa también debe analizarse desde la planificación de la movilidad urbana. Explicó que desde un enfoque estrictamente técnico, las ciudades modernas buscan reducir la dependencia del automóvil particular.

“En el área técnica, lo que siempre se hace por tema de movilidad sostenible es desalentar el uso del vehículo particular. ¿Cuáles son esas técnicas? Eliminar los parqueos para que la gente no use el vehículo particular y utilice especialmente el transporte público, la bicicleta o se movilice caminando”, manifestó. Sin embargo, considera que esa teoría no puede aplicarse de forma aislada en ciudades como Guayaquil. “Basándonos en nuestro contexto, no podemos darnos ese lujo porque no les damos la oportunidad a las personas que utilizan carros particulares o motos de tener un sistema de transporte eficiente y la comodidad de llegar a los lugares donde realizan actividades comerciales o públicas”.

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Marín indicó que una de las primeras medidas debe estar enfocada en la planificación de los nuevos desarrollos comerciales. Recordó que toda edificación o cambio de uso de suelo debe estar respaldado por un estudio de impacto vial, documento que permite estimar la demanda de circulación y de estacionamientos que generará un proyecto. 

“Ahí se determina que debe tener parqueos suficientes. Obviamente, no se va a cubrir el 100% de la demanda, pero sí un porcentaje bastante elevado”. 

Mientras se ejecutan soluciones de largo plazo, Marín plantea alternativas temporales. Una de ellas consiste en identificar terrenos actualmente en desuso e incentivar a sus propietarios para que funcionen como estacionamientos provisionales.

Lo que debes saber

• El sector agroexportador avanza en la EUDR, pero de manera desigual: madera y cacao están más adelantados; café admite ir "muy atrasado".
• La informalidad en la tenencia de tierra es uno de los obstáculos: solo un 30% de productores tiene papeles en regla.
• Ingeniero agrónomo aplica su conocimiento técnico para recuperar un suelo degradado por ganadería y producir cacao y plátano libre de deforestación.

Hace un año, en un potrero donde antes solo pastaba ganado, en una finca de Colimes, provincia del Guayas, empezaron a crecer cacao y plátano. No hubo tala. Tampoco se abrió una hectárea nueva. El ingeniero agrónomo Mauro Erazo, presidente del Foro Agropecuario Ecuatoriano y presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, prefirió optar por tratar la tierra degradada por años de ganadería con microorganismos y combinar especies vegetales bajo un sistema agroforestal.

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“Estamos recuperando el suelo que se ha perdido durante tanto tiempo”, dice Erazo mientras recorre la finca y muestra cómo intercala cacao, plátano y árboles frutales.

En el cantón, el déficit hídrico en algunas zonas productivas condiciona la producción agrícola. Para abastecer de agua los cultivos, Erazo implementó un “sistema de siembra de agua”: reservorios rellenados con agua de lluvia que se filtra de forma natural hacia el subsuelo y recarga el acuífero.

¿Por qué alguien decide producir así? Pablo García-Berdoy, diplomático español que entre 2016 y 2021 lideró la delegación de su país como embajador ante la Unión Europea (UE), lo resume en una idea: Europa ya no quiere comprar productos asociados a la deforestación.

Ese giro se plasmó en el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR), que exige a café, cacao, palma, soya, madera, caucho y ganado vacuno demostrar que no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

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Es decir, durante años el comercio internacional preguntó cuánto producía un país. Ahora empieza a preguntar también de dónde proviene ese producto. Un paquete de simplificación aprobado en mayo, dice García-Berdoy, redujo en 75% la carga administrativa: declaración única para pequeños productores y datos catastrales como alternativa a la geolocalización compleja.

De vuelta en la finca, Erazo recuerda que la EUDR va más allá de la deforestación. La norma exige además cumplir con los derechos laborales y de los pueblos indígenas, y trazabilidad: “la representación y localización de cada parcela de producción y una declaración de la debida diligencia”. El registro se carga en el sistema TRACES de la Unión Europea.

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El cumplimiento de los requisitos que plantea la EUDR no es uniforme, varía según el sector. Alfredo Dueñas, consultor de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), explica que la cadena maderera avanza casi sin sobresaltos, dominada por pocas empresas grandes ya organizadas para exportar.

Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), sostiene que entre el 85% y el 90% de los productores asociados ya cumple con la EUDR, aunque ese porcentaje espera consolidarse al alza próximamente con el ingreso masivo al sistema GUIA, del cual, reconoce, aún no hay fecha exacta.

Ontaneda explica que el gremio a logrado ese nivel de adaptación con la georreferenciación masiva de fincas mediante polígonos GPS, la digitalización de esa información conectada al sistema GUIA, y programas de formación técnica como "Expertos en Cacao" y ahora apuntan al diplomado de Alta Dirección del Cacao junto a la Escuela de Negocios de la ESPOL.

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Por otro lado está el sector cafetero. Pablo Pinargote, presidente de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafé), respondió a las consultas de EXPRESO desde un taller sobre EUDR, donde el gremio trabaja con el Centro de Comercio Internacional de España para capacitar a empresas y productores socios, con la intención de “transmitir en los próximos meses en las diferentes provincias caficultoras el proceso para aplicar a EUDR”.

Pinargote describe que hay “muy poco conocimiento” del reglamento de cara al plazo de 2027. A ello se suma que la caficultura ecuatoriana se distribuye entre pequeños productores. Ante ese reto, que reconoce como “complicado”, Pinargote pide “que realmente el gobierno, a través de las instituciones responsables, apoye con seriedad este proceso que, de no lograrse, va a restringir las exportaciones a Europa”.

Este Diario solicitó vocerías a las carteras de Agricultura y de Comercio Exterior para conocer los principales avances alcanzados, los desafíos identificados y las cifras disponibles sobre la preparación de las cadenas productivas. Al cierre de esta edición aún se espera respuesta.

Cuellos de botella

Dueñas, advierte que la informalidad es el mayor obstáculo. En tenencia de tierra, calcula que solo un 30% de productores tiene escritura o papeles en regla; el resto, sobre todo en la Costa, no tiene propiedad efectiva ni herencias legalizadas. Con el recurso hídrico, es similar, ya que muchos productores no tiene permiso de uso, porque la ley exige estudios de ingeniería y trámites que ningún pequeño agricultor puede pagar.

A ello se suma la desconexión con los Gobiernos Autónomos Descentralizados: “pocos gobiernos locales han puesto presupuesto o interés real”.

Sobre el Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible, creado en 2024 con el Ministerio de Comercio Exterior, el de Agricultura, el de Ambiente y el SRI, entre otros —y que lleva el proceso de aplicación de la EUDR—, Pinargote, de Anecafé, fue tajante: “No tengo idea de ese comité”. Dueñas lo confirma: son “reuniones de buena voluntad” con funcionarios que rotan por las fusiones ministeriales, sin estrategia visible, a diferencia de Colombia, donde gremios y Estado sí se sientan en una sola mesa.

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Métodos señalados

Dueñas destaca la capacitación multinivel que impulsó la GIZ: primero a funcionarios públicos, empezando por el Ministerio de Agricultura, luego a los GADs, y después a asociaciones, pequeños productores y gremios como Anecacao y Aprocafa, con quienes se logró vincular también a los exportadores.

Como complemento, explica el consultor de GIZ que es necesario fomentar la asociatividad, ya que realizar un análisis de riesgo sobre la EUDR caso por caso es "algo inmenso" en términos de tiempo y recursos. Por ello, el diagnóstico colectivo es más viable. El siguiente paso consiste en diseñar un plan de implementación y establecer prioridades. Hasta la fecha, solo el sector cacaotero cuenta con un análisis de riesgo; aún es necesario desarrollarlo para el café y las demás cadenas productivas.

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Eddie Encalada, vocal del directorio de Aprocafa, coincide en que el sector cacaotero avanza, aunque reconoce que puede haber pequeños productores rezagados y los invita a acercarse al gremio o a la Cumbre del Cacao en Guayaquil, que en agosto, volverá a tratar la EUDR. "La mejor forma es que se contacten con la asociación para que les brindemos ayuda, información, los pasos que deben tomar", dice.

Competitividad

Dueñas ubica a Colombia y Brasil como líderes regionales. Colombia, con años de trazabilidad ya construida en federaciones con participación activa, mientras Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, más cercanos a Europa, podrían captar el mercado que Ecuador no logre cubrir.

Sin embargo, Dueñas no descarta otra prórroga. La actual, hasta el 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores y el 30 de junio de 2027 para pequeñas empresas, ya es la segunda, y detrás de ella, según el consultor pesan también las “presiones de grandes empresas importadoras europeas”. Pero aunque se renovara, Ecuador debe empezar por resolver los problemas de fondo: alta informalidad y la falta de un programa nacional para la aplicación de la normativa con estraegia definida.

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La finca en Colimes existe con o sin prórroga: las primeras hectáreas ya están cultivadas con cacao nacional en crecimiento y plátano que ya se cosecha. Además, hay otras áreas donde Erazo planea sembrar más cacao e incluso café robusta. Su objetivo es impulsar una transformación de mentalidad productiva en la comunidad al “mostrar este modelo de hacer agricultura”.

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Las claves del caso

• Punta Diamante está ubicada a menos de 45 minutos de Guayaquil y posee un importante potencial turístico.
  
• La disminución de visitantes afecta directamente a las familias que dependen del turismo para generar ingresos.
  
• Los moradores solicitan mejoras en la vía de acceso, mayor seguridad y promoción para reactivar el balneario.

A menos de 45 minutos del área urbana de Guayaquil existe una playa que muy pocos conocen. Rodeada de naturaleza, con aguas tranquilas y un paisaje que combina con el perfil costero, la playa Punta Diamante muestra potencial para convertirse en uno de los principales destinos turísticos de la ciudad. Sin embargo, hoy permanece prácticamente olvidada , con escasos visitantes y una comunidad que espera ser tomada en cuenta por las autoridades.

EXPRESO recorrió este balneario, ubicado a unos 25 minutos de Chongón , y encontró un panorama muy distinto al que recuerdan sus habitantes. La playa conserva su belleza natural , sus aguas lucen limpias y el ambiente transmite tranquilidad .

Punta Diamante ya no brilla como antes 

"Antes esto se llenaba los fines de semana. Venían familias completas y hasta turistas extranjeros que habían escuchado del lugar. Ahora pasan días sin que llegue nadie", lamenta Julio Cruz, uno de los moradores del sector.

Los habitantes recuerdan que hace apenas dos o tres años, la playa Punta Diamante comenzaba a posicionarse como un destino alternativo para quienes buscaban escapar del ruido de la ciudad sin recorrer largas distancias. Las redes sociales ayudaron a que cada vez más personas descubrieran este rincón escondido de Guayaquil. Sin embargo, esa tendencia cambió abruptamente.

Según los moradores, un hecho delictivo en la madrugada registrada tiempo atrás afectó la imagen del sitio y provocó que muchas personas dejaran de visitarlo. A ello se sumó el deterioro del acceso vial. "La gente dejó de venir y el camino está cada vez peor. Antes uno veía carros entrando constantemente. Ahora es raro que aparezca alguno", comenta Lucía Yagual mientras observa la playa prácticamente vacía.

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Llegar hasta la playa Punta Diamante se vuelve complicado

Los últimos kilómetros del recorrido transcurren por caminos de tierra, con poca señalización y sectores donde el mantenimiento prácticamente no existe. Durante el trayecto pueden observarse baches, desniveles y tramos que dificultan el paso de vehículos livianos. Para los habitantes, mejorar el acceso sería uno de los primeros pasos para recuperar el turismo.

"Para atraer a los turistas, no necesitamos grandes obras. Solo que arreglen la carretera, coloquen señalización y promoción en el sitio. La playa ya tiene todo lo demás", sostiene Máximo Bohórquez.

La caída del turismo afecta a los comuneros

La caída del turismo también afectó a la economía local. En Punta Diamante funcionan apenas dos pequeños comedores familiares que sobreviven con muy pocos clientes.

Los propietarios aseguran que hay fines de semanas completas en los que apenas logran vender dos o tres platos de comida. "Hay días en que cocinamos esperando gente y terminamos llevándonos todo nuevamente a la casa. Así es muy difícil mantener abierto un negocio", menciona un comerciante del sector.

Para las familias, el turismo representa prácticamente la mayor posibilidad de generar ingresos adicionales.

Se pide ayuda de las autoridades para Punta Diamante

La especialista en turismo Anabella Chong considera que Punta Diamante reúne condiciones suficientes para convertirse en un nuevo atractivo turístico de Guayaquil. "Es sorprendente que muy pocos sepan que Guayaquil tiene una playa. Este tipo de espacios deben integrarse a las rutas turísticas de la ciudad, porque ofrecen naturaleza, tranquilidad y experiencias distintas sin salir del cantón", explica.

"También se necesita infraestructura básica, accesibilidad, seguridad y acompañamiento institucional. Cuando un destino recibe mantenimiento y difusión adecuada, automáticamente comienza a atraer visitantes e inversión".

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Pese a las dificultades, quienes viven en Punta Diamante mantienen intacta la ilusión de ver nuevamente llena su playa. Cada visitante es recibido con una sonrisa, recomendaciones sobre el sector y la hospitalidad propia de una comunidad pequeña donde prácticamente todos se conocen.

"Nosotros no pedimos regalos. Solo queremos oportunidades para trabajar. Nosotros vivimos del turismo. Si la gente viene, aquí los vamos a recibir siempre con los brazos abiertos", asegura Bohórquez.

Mientras las olas continúan golpeando suavemente la orilla y el paisaje permanece casi intacto, Punta Diamante espera dejar de ser uno de los secretos mejores guardados de Guayaquil para convertirse, finalmente, en el balneario que sus habitantes siempre soñaron.  

Las claves que debes saber

• Caso Progen: difusión de documento por José Julio Neira complica litigio de Celec en Florida.
• Progen busca acceso a estrategia legal del Estado tras divulgación de memorando el 17 de junio.
• Tribunal de EE. UU. decidirá si se perdió confidencialidad en demanda por más de 100 millones de dólares.

La insidia, la vanidad y la carencia de escrúpulos de José Julio Neira están a punto de salirle caras al país en el caso Progen. En su desesperación por encubrir la responsabilidad del Gobierno en la compra de generadores de electricidad inútiles y por insinuar, con perversidad, que detrás del negociado están Ecuavisa y EXPRESO, Neira apareció en un video de cinco minutos mostrando documentos que tenían carácter reservado dentro del juicio que Celec le entabló a Progen en Florida para recuperar el dinero.

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Lo que pretendía ser un golpe político del Gobierno para sostener que ya había identificado a los supuestos beneficiarios del millonario contrato de Progen, terminó convirtiéndose en un problema para la propia estrategia judicial de Celec en Estados Unidos. 

En un acto de gigantesca irresponsabilidad, Neira divulgó información que los abogados de la empresa pública consideran confidencial y que ahora la defensa de Progen pretende utilizar para acceder a toda la estrategia legal del Estado ecuatoriano.

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Neira difundió parte de documento confidencial

El episodio comenzó el 17 de junio, cuando Neira publicó un video en el que explicaba la denominada “ruta del dinero” del caso Progen. Para sustentar sus afirmaciones mostró parte de un memorando elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para demandar a Progen en una Corte Federal de Estados Unidos y recuperar cerca de 104 millones de dólares relacionados con los contratos para la instalación de generación eléctrica.

Y aunque el documento, denominado Financial Tracing Strategy, no era un informe cualquiera, Neira lo aventó al público. Se trataba de un memorando preparado por los abogados de Celec para definir la estrategia destinada a rastrear el destino del dinero pagado a Progen. La irresponsable y maliciosa publicación de Neira abrió, entonces, una oportunidad para Progen que nadie había previsto.

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Progen aprovecha la exposición del documento

Los abogados de la empresa sostuvieron ante el juez que si el propio cliente (Celec, a través de un alto funcionario del Gobierno) hizo público el documento, entonces renunció voluntariamente a esa protección legal.

Sobre esa base solicitaron que el tribunal ordene la entrega íntegra del memorando y de otros documentos relacionados con la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano. En otras palabras, Progen busca convertir el error político de Neira en una ventaja procesal.

Los abogados de Celec reaccionaron notificando de inmediato al juez que la difusión del memorando nunca fue autorizada por el equipo legal y pidieron limitar las consecuencias de esa publicación. 

Sin embargo, el tribunal todavía deberá resolver si esa divulgación implica o no la pérdida del privilegio que protege las comunicaciones entre abogado y cliente. En otras palabras, el eventual éxito de la demanda de Celec podría verse seriamente comprometido.

Los escenarios del pedido de Progen

Si el juez acepta la tesis de Progen, la empresa demandada podría acceder a información sensible sobre la estrategia jurídica de Celec, incluidos análisis de riesgos, hipótesis legales y planes para rastrear activos. Eso no significaría automáticamente la derrota del Estado ecuatoriano en el juicio, pero sí supondría una ventaja importante para la defensa de Progen en uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente el Ecuador.

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La responsabilidad de Neira

La responsabilidad de Neira es inmensa y tiene tres dimensiones: política, administrativa y procesal.

La responsabilidad política es, probablemente, la más evidente. Neira decidió utilizar un documento elaborado por los abogados de Celec como parte de una estrategia de comunicación del Gobierno para aparecer como si ya hubieran descubierto quién se quedó con el dinero, algo que es falso. 

Esa decisión transformó una herramienta jurídica concebida para un litigio en un instrumento de propaganda política. Si esa divulgación termina debilitando la posición de Celec en el juicio, la responsabilidad política recaerá sobre Neira.

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En el plano administrativo, habría que establecer si Neira tenía autorización para divulgar un documento preparado por abogados externos para un litigio en curso. 

Si el memorando estaba sujeto a confidencialidad (como sostienen los abogados de Celec), la pregunta es quién autorizó su entrega al secretario de la Administración y con qué fundamento legal pudo difundirlo públicamente. Esa es una cuestión que podría dar lugar a investigaciones internas sobre el manejo de información reservada.

Pero donde el tema adquiere mayor relevancia es en la responsabilidad procesal. En el sistema judicial estadounidense, el privilegio abogado-cliente y la protección del ‘work product’ existen precisamente para impedir que la contraparte conozca la estrategia jurídica de quien demanda. 

¿Neira creó ventaja para Progen?

La defensa de Progen sostiene que la publicación realizada por Neira constituye una renuncia voluntaria a esa protección. Si el juez acepta ese argumento, el perjuicio no provendría únicamente de haber mostrado algunas páginas del memorando, sino de haber abierto la puerta para que Progen solicite acceso a un conjunto mucho más amplio de comunicaciones y análisis estratégicos.

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Si bien eso no significa que Neira sea jurídicamente responsable de una eventual derrota de Celec, el secretario de la Administración habría facilitado la tarea de un adversario del Estado ecuatoriano en un litigio de más de 100 millones de dólares. 

Neira creó un riesgo procesal que antes no existía: proporcionó a la defensa de Progen un argumento para intentar levantar la confidencialidad de documentos que, de otro modo, probablemente habrían permanecido protegidos.

Paradójicamente, en su afán por obtener un rédito político inmediato, Neira pudo haber entregado a la defensa de Progen la herramienta más valiosa que podía recibir: una oportunidad para conocer y cuestionar la estrategia jurídica del propio Estado ecuatoriano.

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Lo que debes saber

• La velocidad sigue siendo una de las principales causas de muerte en las vías.
• Expertos sostienen que el urbanismo táctico ha demostrado ser una herramienta eficaz para calmar el tránsito y reducir los siniestros, pero advierten que el reto es convertir estas intervenciones en permanentes.

Reducir la velocidad. La recomendación se repite siempre que hay un siniestro vial, pero las campañas parecen insuficientes para sacar a la rapidez en el desplazamiento de los vehículos de la lista de las principales causas de muerte en las vías.

“Cuando se conduce a velocidad excesiva, aumenta la probabilidad de que el conductor pierda el control del vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios de la vía pública puedan prever adecuadamente el comportamiento del auto”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Pero cuándo se considera que hay un exceso en la velocidad a la que se conduce? Se podría interpretar que ocurre cuando se maneja a más de 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, lo que en nuestras vías son considerados límites apropiados, suelen esconder consecuencias peligrosas.

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“Si un niño cruza frente a un automóvil a 13 metros de distancia, cuando el automóvil transita a 30 kilómetros por hora, este puede detenerse justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del auto es 50 km/h o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que sobreviva serán pocas”, sentencia la OMS.

En la vía Perimetral, la de mayor siniestralidad según el Observatorio de Movilidad, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el límite es 90 km/h. En la vía a la costa, donde los incidentes ocurren casi a diario, es 80 km/h.

Durante un operativo preventivo que realizó la ATM hace un mes, se detectaron vehículos que superaron los 100 km/h en esta vía rodeada de urbanizaciones y comercios.

“Convencer a los conductores de que manejen dentro de los límites de velocidad permitidos no siempre es fácil, pero es un desafío que debe enfrentarse, pues se ha comprobado que las velocidades elevadas aumentan el número de siniestros viales y, por lo tanto, de lesionados y fallecidos; mientras que la disminución de la velocidad los reduce”, insiste la OMS.

¿Cuál es el fin de estas intervenciones?

Cambiar la infraestructura para forzar esta reducción y recuperar espacios para las personas, es uno de los objetivos de las intervenciones de urbanismo táctico que se han realizado en sectores del noroeste, sur y centro de la ciudad.

En 2022, la administración de Cynthia Viteri intervino la zona de la avenida Mariana Argudo Chejín, desde Domingo Comín hasta Alberto Spencer, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo.

Desde entonces, las calles dejaron de ser sinónimo de velocidad. Con maceteros, bolardos y pintura se pacificó la vía.

“Antes eran casi el 40 % de los vehículos que excedían la velocidad estipulada en el diseño de la calle, de 50 km/h. Ahora vemos que no pasan del 16% los vehículos que exceden la velocidad. Con el diseño puedes regular justamente eso”, explica Fernando de la Torre, gerente de programas de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI), organización que asesora al Municipio en este tipo de intervenciones.

Este proyecto llevó incluso a que GDCI incluya a Guayaquil, en 2025, en el programa ‘Streets for Kids Leadership Accelerator’, por haber ejecutado 47 intervenciones en los alrededores de centros educativos, en los últimos dos años, para reducir los límites de velocidad a 20 km/h.

Las intervenciones se han realizado en sitios como Colombia y la 39, en el sector de Cristo Rey, y afuera de la escuela Jorge Enrique Adoum, en la cooperativa Juan Montalvo.

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“Esto sí cubre bastante para que no haya muchos siniestros con los niñitos que salen. Estuvo muy bien, pero se necesita que sea un poquito más cerradito (el paso), porque hay motos lineales que se cruzan”, dice Marcia Ollague, madre de familia.

Paola Coello, otra representante de esta escuela, señala que en otra zona de la misma cooperativa hay planteles donde los carros, incluidos expresos, circulan a exceso de velocidad, pese a que son calles empinadas. Por eso cree que este tipo de obras deben ampliarse a otros sectores.

A ese desafío se suma el hecho de hacer que las intervenciones, que son temporales, pasen a ser definitivas tras un tiempo de evaluación. Así lo considera Alberto Hidalgo, magíster en Urbanismo y especialista en movilidad activa y seguridad vial.

“Si no hay una estrategia de que esto sea permanente, simplemente luego se pierde. De hecho, es contraproducente porque se dañan las macetas o incluso hay más gasto para el mantenimiento de la pintura”, explica el especialista, quien señala que la temporalidad no debería ser mayor a seis meses.

Otro punto intervenido fue el tramo norte del bulevar 9 de Octubre, entre Quito y Machala. Ahí, las personas aprovechan para sentarse a conversar bajo la sombra de árboles, pese a que los motociclistas ingresan y se estacionan incluso en el espacio del cicloparqueo.

Hidalgo cree que ahí podrían crearse más espacios para descanso y recreación. Incluso, menciona el caso de parques en Quito donde se han creado zonas de cuidado para madres con sus niños. Así se brinda un “espacio público mucho más habitable para las personas”.

Para De la Torre, que se ejecuten más intervenciones depende de la voluntad política, porque suele ser un tema que al inicio genera resistencia, pero que termina convenciendo a las personas, al darse cuenta de los beneficios generados.

“Se tiene que dar ese salto para que las personas que tienen un poco más de poder político o de decisión tomen justamente estas opciones, que son mucho más rentables que dejarle a la ciudad con la misma dinámica que existe”, señala.

Por eso, masificar las intervenciones para cambiar el diseño vial y hacerlas permanentes, es el desafío que tiene la ciudad para reducir no solo la velocidad en las vías, sino las muertes por siniestros de tránsito.

Lo que debes saber:

• Las Casas Quito crece como ruta gastronómica; desde 2012, Junior Córdova impulsa locales y atrae comensales de toda la ciudad.
• Vecinos y dueños residentes sostienen equilibrio en el barrio; evitan discotecas y priorizan convivencia y seguridad comunitaria.
• Córdova alerta riesgo de expansión sin control; teme repetir caso La Mariscal por uso de suelo y presión inmobiliaria.

Nació en Baños, en Tungurahua, pero desde hace 14 años Junior Córdova se instaló en Las Casas, en el centro-norte de Quito, y sin proponérselo terminó por iniciar con el primero de varios locales que le inyectaron nueva vida. 

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El sector conserva un ritmo de barrio: algunos de los vecinos que se saludan crecieron juntos (fueron niños, luego jóvenes y hoy son abuelos). Se los ve caminando lento, apoyados en el brazo de enfermeras o hijos.

A ese latido, que solo proporcionan los residentes a un barrio, a diario se suman rostros que lo mantienen en movimiento y en la mira de quienes incluso llegan de los valles. Las Casas se ha ido convirtiendo en una parada obligada para quienes buscan una ruta gastronómica distinta, alejada de la oferta de los centros comerciales.

Lo especial y probablemente lo que ha permitido que todavía no lleguen locales estruendosos con combos de cerveza, ruido y más problemas, es que buena parte de los propietarios también son residentes.

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Así llegó la gastronomía a Las Casas

Uno de ellos es Junior Córdova. No cierra Shibumi para marcharse a descansar a otra zona, sino que reside en la misma casa donde funciona su restaurante especializado en sushi. 

Tal vez por eso, y por la lógica comunitaria que aún persiste, Las Casas mantiene una suerte de equilibrio, una atmósfera que parece preservada. No es un punto donde lleguen miles, hay árboles, lugares para parquear, aire de comunidad.

Córdova, convertido en una de las voces más activas del colectivo que dinamiza la zona, no oculta su preocupación. Ese encanto podría diluirse si no se controla el uso de suelo y la expansión comercial se desborda. Eso pasó en La Mariscal, donde un lugar bohemio, pensado como zona rosa, se salió de control, por lo que gran parte de vecinos se mudaron.

“La Mariscal fue un barrio súper bonito. En mi juventud lo disfruté, pero se dio una degradación después del año 2000. No hubo coordinación, simplemente se permitió que todos los que quieran vayan”, reflexiona.

El temor de que todo se salga de control

El hecho de ser vistos como una zona gastronómica en Quito es un imán. Incluso los vecinos cuentan que hace unos meses, el Municipio llegó para ubicar un espacio de zona azul. Pero el barrio y los locales los detuvieron, les hicieron ver que las aceras estaban destruidas, así que tuvieron que repararlas.

El ritmo de vecindad en el barrio

Esa percepción de seguridad se sostiene en gestos cotidianos: un guardia que acompaña a una vecina hasta su casa por la noche, al notar que acaba de salir del gimnasio, mientras otro cubre su puesto. 

O las bancas de madera junto a algunos locales, donde adultos mayores descansan unos minutos acompañados por sus cuidadoras. Escenas que dan la idea de comunidad, de calma, de un buen lugar para ir a comer algo rico.

Córdova llegó al sitio tras casarse con Soledad, residente del lugar. Creció entre bares y restaurantes en Baños, emigró a Dinamarca y allí un chef japonés le enseñó a preparar sushi. De ese recorrido nació Shibumi, un nombre que alude a la belleza de lo simple, sin artificios, explica.

En Las Casas no hay discotecas ni cervecerías de gran formato, sino un bar pequeño, así como propuestas cuidadas y precios que se ajustan a la oferta especializada, explica Córdova. Se puede acudir a Broz, tostaduría y cafetería; Plural, casa de bebidas; Chulpi Urbano, un restaurante de comida ecuatoriana; la pastelería Miel & Chocolate; Blum Heladería; comer platos lojanos, etc.

La convivencia entre negocios, rememora, ha sido posible gracias al diálogo. Si llega un local masivo, concentrado en la venta de licor o una discoteca, habría problemas. Él mismo, si eventualmente un local permanece abierto más allá de las 23:00, no puede dormir. 

No necesariamente por el ruido que cinco personas en la calle hagan, sino por temor a lo que podría pasar, porque están más expuestos.

Las ferias en Las Casas

Pero entre restaurantes pequeños es manejable: se conversa y se coordina, afirma. Bajo esa premisa han hecho posible que iniciativas colectivas como ‘Salsa en la calle’ llegue a Las Casas. Con el apoyo de los restaurantes y más locales se concretaron dos ediciones en febrero y junio 2026, en el parque Italia, que combinaron gastronomía, arte y música.

Ahora el colectivo de restaurantes, que incluso cuenta con un chat comunitario, se ha propuesto preparar una nueva feria de forma independiente. Esta vez no piensan en una fiesta, sino en un enfoque más familiar y concentrado específicamente en lo gastronómico, quizá con un DJ y un cantautor. Será en agosto, aprovechando que es el Mes de las Artes.

Para esta y otras iniciativas, el colectivo de restauranteros se comunica con la Administración Zonal La Mariscal. Quieren ayuda para tener carpas y electricidad.

Durante las ferias, los organizadores asumen la logística: seguridad para los vehículos, limpieza del parque y coordinación con la Zonal. El esfuerzo es compartido. “Cada uno aporta desde lo que sabe hacer: redes sociales, organización, contactos. No es algo impuesto, sino construido entre todos”.

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Las Casas se consolida como un enclave donde conviven emprendimientos gastronómicos y alma de barrio. El desafío, coinciden, es sostener ese equilibrio y que el éxito que le da vida, no lo desdibuje.

Todos los barrios, San Juan o La Gasca, deberían tener unos cuatro locales, por lo menos.Junior Córdova

Cadenas se interesan por Las Casas

Una cadena colombiana de restaurantes que vende crepés ya compró una casa antigua. Estiman que quizá construyan el próximo año. 

Lo que debes saber

• El litigio de Progen vs Celes en Estados Unidos contiene una falsedad jurídica, ya que la lobista Karla Saud y el exgerente de Celec, Fabián Calero, no tienen ningún vínculo familiar.
  
• Los documentos confirman que el parentesco real de Karla Saud es con el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.
• Al comprobarse que no existe el parentesco, Celec enfrenta el riesgo de que su acusación de fraude corporativo pierda credibilidad.

Celec y Progen le han mentido a la justicia norteamericana. Desde el 15 de diciembre de 2025, cuando la empresa pública presentó su demanda contra Progen en una corte de Florida, ha sostenido de manera reiterada que Karla Saud, lobista de Progen, es pariente de Fabián Calero, exgerente general de Celec, y que esa relación familiar fue un elemento clave para ejecutar una conspiración millonaria (de 104 millones de dólares) por dos centrales termoeléctricas que no han generado ni un solo megavatio.

Sin embargo, los documentos del Registro Civil muestran otra realidad: Karla Saud y Fabián Calero no son familiares. Quien sí tiene un vínculo de parentesco con Saud es el actual secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Se trata de una relación lejana. El padre de Karla Saud, Carlos Eduardo Saud Saud, es primo hermano de Julio Hanze Saud, abuelo de Julio José Neira, según consta en el Registro Civil. Ambas pertenecen a la familia Saud Chamex, de origen libanés, que se estableció inicialmente en Esmeraldas.

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¿Qué implica ese parentesco?

Hasta ahora, ni en el proceso civil que Celec impulsa en Florida ni en la investigación penal por peculado en Ecuador, esa relación familiar ha sido considerada un elemento relevante, probablemente debido a su lejanía.

Lo que sí resulta llamativo es que el litigio en Estados Unidos se sostiene, en parte, sobre un parentesco que no existe entre Karla Saud y Fabián Calero.

En su defensa, Progen también ha utilizado ese supuesto vínculo para intentar debilitar la posición de Celec. Ha sostenido que la empresa pública “sabía o debía haber sabido”, al momento de invitar a Progen a participar en la licitación y adjudicarle dos contratos, “que Saud mantenía una relación familiar con Fabián Calero, entonces gerente general de Celec”. En un escrito al juez Sean P. Flynn agregó que, que de haber conocido esa relación, “Progen habría entendido que Saud no actuaba como un intermediario independiente en Ecuador, sino como una persona vinculada familiarmente con la entidad que adjudicaba los contratos”.

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En esa corte federal, la tesis del parentesco también ha servido para respaldar uno de los elementos de su caso: sostener que la contratación no respondió a una transacción legítima de mercado, sino que estuvo influenciada por intereses familiares.

Bajo la Ley RICO o ley antimafia, Celec debe demostrar un fraude corporativo. Es decir, que hubo acciones poco éticas o delictivas que se emplearon para un beneficio económico. En ese punto, Celec afirma que Fabián Calero habría utilizado su cargo para direccionar la contratación y facilitar pagos a favor de una contratista vinculada con un familiar, lo que permitió la malversación de fondos públicos.

Sin embargo, EXPRESO revisó los informes oficiales de filiación de Karla Saud y Fabián Calero. No comparten ascendientes comunes, ni cercanos ni lejanos. Quien sí aparece como familiar directo de Karla Saud es Alex Patricio Dueñas Calero. Ambos son medio hermanos por parte de madre.

José Antonio Saud Sacoto también fue identificado como hermano por parte de padre de Karla Saud y fue contratado por Celec en septiembre de 2025. Estuvo tres días, lo desvincularon y mandaron su caso a la Secretaría de Integridad, dirigida por Neira. Ellos tampoco son hermanos. La confusión se dio porque José Antonio Saud Sacoto llevó el apellido del padre de la lobista de Progen sin ser hijo biológico. En 2014 registró a su progenitor, que consta en su cédula actual. A este Diario le explicó que no ha tenido ninguna relación familiar con la representante de Progen y que en los pocos días en el cargo no revisó ninguno de los contratos.

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¿Cómo afecta el falso parentesco en el juicio de EE.UU.?

Fabián Calero y Karla Saud ya informaron al juez Sean P. Flynn que no tienen ningún vínculo familiar. Y ambos entregaron documentación para respaldar sus afirmaciones.

Ahora será el juez quien determine si ese dato erróneo afecta la credibilidad de la demanda presentada por Celec.

En el sistema judicial estadounidense, especialmente en acciones civiles por fraude y bajo la Ley RICO, los hechos deben presentarse con un alto grado de precisión. La Regla Federal de Procedimiento Civil 9(b) exige que las alegaciones de fraude se expongan con particularidad, lo que implica que los hechos relevantes deben haber sido verificados mediante una investigación razonable antes de ser incorporados a la demanda.

A esto se suma que Celec enfrenta otro riesgo. La empresa pública quedó expuesta tras la filtración que hizo José Julio Neira de un informe confidencial elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, sobre la estrategia para rastrear la ruta del dinero y recuperar los recursos desviados.

Progen sostiene que esa filtración constituye una actuación de mala fe procesal y ha solicitado sanciones. El magistrado aún no se pronuncia.

Si el argumento del supuesto parentesco entre Karla Saud y Fabián Calero termina descartándose, la empresa contratista podría reforzar otra de sus líneas de defensa: que Celec incluyó un hecho material falso que pudo inducir a error a una corte federal estadounidense.

Progen pide memorando confidencial

Progen pidió a una Corte Federal de Florida que obligue a Celec a entregar íntegro un memorando confidencial del estudio jurídico Greenberg Traurig, luego de que Neira difundió parte del documento en la red X.

Según Progen, hizo pública información protegida por el privilegio abogado-cliente. La firma sostiene que el Gobierno utilizó ese material con fines políticos, mientras intentaba impedir su acceso en el litigio. El juez aún no se pronuncia.

Opinión

Ciego, sordo, mudo y además cínico

Martin Pallares

Lo que debes saber

• Al menos 18 legisladores dejarán su curul para buscar una dignidad seccionales en cada una de sus provincias.
• ADN será el bloque legislativo que mayores bajas experimentará y que deberá reemplazar con suplentes. 
• La salida de un integrante del CAL podría originar una nueva disputa entre ADN y el correísmo

Poco más de 13 meses después de la instalación de la actual Asamblea Nacional, varios legisladores buscan un cargo de elección local. Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), las principales fuerzas políticas del Legislativo, recurrirán a sus asambleístas para disputar alcaldías y prefecturas, lo que obligará a una reconfiguración.

Ecuador

Quiénes buscan gobernar Manabí desde la Prefectura en las seccionales 2026

Valeria Alvear

Tras concluir el plazo para el desarrollo de las primarias, al menos 18 asambleístas apuntan a competir por una dignidad seccional. Y para entrar en la contienda electoral tendrán que renunciar a la Asamblea.

Aunque los nombres ya fueron definidos en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, el plazo para registrar alianzas electorales vence el próximo 18 de julio, por lo que aún podrían producirse cambios.

ADN sufrirá la mayor cantidad de salidas

ADN será el bloque legislativo que enfrentará el mayor remezón. Del oficialismo saldrán nueve legisladores para buscar alcaldías y prefecturas. Entre ellos figuran presidentes y vicepresidentes de comisiones.

Por ejemplo, Ana Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, fue nominada para buscar la Prefectura de Napo. El nombre de Lucía Pozo, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, también fue considerado para participar en las seccionales.

Uno de los casos más relevantes en cuanto a cambios será el de la Comisión de Fiscalización. De sus diez integrantes, tres dejarían la mesa para competir por una dignidad local. Además de Tapia, Jeaneth Bustos y Fricson George, de la Revolución Ciudadana, son precandidatos por el movimiento Amigo, que auspiciará al correísmo en las seccionales.

Para ADN, la Comisión de Fiscalización ha sido estratégica, ya que desde esa instancia se bloquearon procesos de juicio político contra ministros del presidente Daniel Noboa. También se impulsaron investigaciones, como las relacionadas con la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.

Una vacante en el CAL está en disputa

Pero el cambio más sensible podría darse en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Allí, el oficialismo mantiene el control con cuatro vocales propios y tres aliados, entre ellos Steven Ordóñez.

Él buscará la Prefectura de El Oro y su eventual salida abriría una vacante en el CAL que, en teoría, podría reclamar la Revolución Ciudadana. Al inicio del actual periodo legislativo, ADN logró ocupar todas las vocalías y, en representación del correísmo, fue designada Mónica Salazar, quien ya se había distanciado de la Revolución Ciudadana antes de la instalación de la Asamblea.

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Sobre ese escenario, el asambleísta de ADN Andrés Castillo declaró a fines de junio: “Cuando renuncien se hará la reestructuración. Si eso sucede, habrá que conversar con los aliados y llegar a un acuerdo”.

El reto de mantener la mayoría

A la reconfiguración del CAL y de las comisiones se suma el reto de preservar la mayoría. ADN ha logrado consolidar al menos 84 votos, aunque, dependiendo del tema que se debate en el Pleno, ese respaldo se ha reducido hasta el mínimo de 77 votos.

Tanto para la Revolución Ciudadana como para ADN, el objetivo será garantizar que los asambleístas suplentes que se principalicen permanezcan en sus respectivas bancadas. La jefa del bloque correísta, Patricia Núñez, aseguró que su organización mantiene la tranquilidad porque quienes asumirían las curules “son compañeros y militantes”.

Lo que debes saber:

• Quito: estudiantes de arquitectura recorren la ciudad, como parte de su proceso de formación.
• El taller "Con lo que hay", de la PUCE, pasa de las maquetas a las obras reales, en la capital y en otras zonas, como Salcedo, etc.
• En la Universidad Central, un profesor de arquitectura y sus alumnos tienen un proyecto para transformar el campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo.

Los estudiantes de las facultades de arquitectura recorren Quito y ensayan intervenciones que, en su mayoría, se quedan en maquetas o en proyectos premiados dentro del ámbito académico. ¿Cuánto de ese trabajo puede traducirse en transformaciones para la capital?

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Para el arquitecto Martín Real, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la formación está diseñada para abordar proyectos de distinta escala —desde vivienda unifamiliar hasta urbanismo— con un aumento progresivo de complejidad. 

En su taller de “escenarios alternos” les ha propuesto pensar en soluciones frente al vaciamiento urbano. El ejercicio parte de elegir zonas de intervención —como el Centro Histórico, el eje de la 10 de Agosto o el entorno de El Ejido— y replantear sus formas de ocupación.

Muchos estudiantes apenas las conocen y enfrentan temor al recorrerlas o interactuar con sus habitantes. Ese impacto, sin embargo, forma parte del aprendizaje.

A partir de ese diagnóstico, los alumnos simulan intervenciones arquitectónicas: proponen nuevos usos, incorporan vivienda o equipamientos culturales y proyectan escenarios posibles. Aunque se trata de ejercicios académicos, el énfasis está en comprender la ciudad, hablar con sus usuarios.

Con sus alumnos desarrollaron un ejercicio puntual en una cuadra cercana a la Prefectura de Pichincha, sobre la 10 de Agosto. El objetivo fue entrenar a los estudiantes en un escenario ficticio de intervención arquitectónica. 

El punto de partida consistió en seleccionar una edificación susceptible de rehabilitación y asumir, como hipótesis de trabajo, que los lotes perimetrales estaban vacíos para ampliar las posibilidades de exploración.

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Los estudiantes se involucran y construyen, hay más riesgos

Una lógica distinta guía el trabajo de Enrique Villacís y Cynthia Ayarza, impulsores del taller “Con lo que hay”, que desde hace 15 años combina diseño participativo y construcción comunitaria. En él, los estudiantes no solo diseñan: trabajan con un barrio o colectivo y ejecutan, junto a ellos, una obra concreta.

El enfoque busca evitar el asistencialismo. Más que entregar soluciones, promueve procesos de colaboración y corresponsabilidad: la comunidad se involucra y aporta, mientras la academia contribuye con diseño y metodología. Frente a experiencias efímeras o simbólicas, su apuesta es dejar herramientas replicables y fortalecer la autonomía local.

La experiencia de estudiantes de arquitectura

Los estudiantes destacan el enfoque poco convencional. Brigitte Uvidia, de séptimo semestre, resalta que el taller trasciende la maqueta: diseñaron y construyeron un juego infantil en la Fundación Jardín del Edén, en Salcedo, con acompañamiento técnico. Considera que este tipo de proyectos puede replicarse en otros espacios públicos, al promover usos abiertos y exploratorios.

La mirada de los universitarios cambia, luego del taller

Sebastián Guarderas subraya que el taller permite “materializar” ideas y vincular la formación con la realidad social: una experiencia de cocreación que convierte a la academia en herramienta de transformación. 

El estudiante mira oportunidades para trabajar con espacios para los comerciantes informales, con mobiliario temporal o no, que podría usarse en ferias, más allá de carpas o quioscos.

Marcelo Pila, por su parte, apunta que salir al territorio cambia la forma de observar la ciudad: permite detectar problemas, pero también oportunidades, como la reutilización de edificaciones abandonadas.

En la Universidad Central se busca que el campus sea un laboratorio de sostenibilidad

En la Universidad Central, el arquitecto Diego Hurtado trabajó con sus alumnos en un proyectos para transformar al campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo. 

La propuesta incluye metas al 2040: 

En el planteamiento también se observa los efectos del cerramiento universitario, que puede generar espacios degradados en su entorno e inseguridad. 

Frente a ello, se proponen bordes activos, integración urbana y nuevas dinámicas de uso, con vivienda más económica, cuyas rentas podrían costear un préstamo, por ejemplo del Banco del Estado. La idea es avanzar hacia un modelo de “barrio de 15 minutos”, con menos desplazamientos y mayor vida de ciudad.

Entre maquetas, intervenciones reales y laboratorios urbanos, la arquitectura universitaria ensaya respuestas. El desafío sigue siendo que esas ideas no se queden en el aula.

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Lo que buscan esas intervenciones

Para Martín Real, la academia debe asumir un rol activo en la generación de ciudad. Cita, por ejemplo, la experiencia de la Universidad Indoamérica en Ambato, que junto al Municipio levantó un proyecto que comenzó como ejercicio académico y terminó convertido en un recorrido peatonal público: Las Escalinatas, que hoy conectan dos plataformas mediante escaleras eléctricas. 

La iniciativa articuló a la academia, la institución pública y la empresa privada hasta concretarse.

En el taller de Villacís y Ayarza, en la PUCE, el objetivo es “llevar la arquitectura a territorios poco atendidos, más allá de zonas como la República del Salvador o Quitumbe, para reconocer necesidades reales y sembrar inquietudes que impulsen procesos sostenidos”.

LO QUE DEBES SABER

• La reforma al mercado extrabursátil abrió una división en la Asamblea, incluso dentro de la Comisión de Régimen Económico, por la incorporación de cambios al Libro II del COMYF que no estaban en los proyectos originales.
• El oficialismo defiende que el Estado tenga una plataforma propia para reducir el pago de comisiones a casas de valores privadas y ordenar las operaciones entre entidades públicas.
• La oposición y gremios bursátiles advierten riesgos de menor transparencia, dispersión de operaciones, pérdida de precios públicos de referencia y posible competencia desigual si la banca privada asume funciones de intermediación.

La reforma al mercado extrabursátil dividió al pleno de la Asamblea Nacional. 

En el primer debate del jueves 2 de julio, el bloque oficialista defendió que el Estado deje de pagar comisiones millonarias a las casas de valores privadas, mientras Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) denunciaron que las reformas al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) responden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El debate se centró en analizar los pro y contra de permitir que los títulos públicos, como los bonos estatales que hoy se negocian en el mercado bursátil, migren a un circuito paralelo conocido como mercado extrabursátil, un sistema donde se tranzan instrumentos financieros directamente, sin intermediación de una bolsa de valores.

Reforma al COMYF abre debate sobre mercado extrabursátil

La ponente Nathaly Farinango, presidenta de la comisión, defendió que los artículos 3, 4 y 60 del Libro II fortalecen el mercado bursátil. 

Afirmó que la reforma "amplía y precisa las modalidades de mercado extrabursátil y privado", reconoce a las entidades del sector financiero privado como intermediarios de valores e incorpora el principio de entrega contrapago para reducir riesgos de contraparte.

Desde la propia comisión, la asambleísta Mónica Alemán (PSC) rechazó el proceso. 

Explicó que la mesa incorporó "17 disposiciones ajenas al proyecto original, entre ellas 12 reformas al capítulo de mercado de valores, mandatos de inversión tecnológica al Banco Central y una modificación al régimen de inversión de bonos del Estado". 

Advirtió que esas reformas debieron tramitarse en un proyecto especializado y pidió públicamente al asambleísta Carlos Villacrés retirar las observaciones al Libro II que introdujo en la comisión.

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División en la comisión por cambios al mercado de valores

Villacrés, también integrante de la mesa y de Alianza Democrática Nacional (ADN), había defendido su aporte en el pleno. 

Afirmó que "modernizar el mercado de valores" lo vuelve "más ordenado, más seguro, más competitivo" y precisó que "modernizar significa regular, no quitar controles, sino más bien fortalecerlos con mayor transparencia".

El asambleísta José Luis Vallejo, también integrante de la comisión pero de la Revolución Ciudadana, respaldó la crítica. Precisó que los cuatro proyectos unificados solo modificaban el Libro I y propuso retirar del informe el artículo 2, que contiene las reformas al Libro II. Afirmó que las modificaciones al mercado de valores "aparecen ya dentro de la ruta de los compromisos que tiene el país con el FMI".

Oficialismo defiende menor costo para el Estado

El oficialismo respondió con un argumento económico. Sergio Peña explicó que hoy el Estado depende de plataformas privadas de las casas de valores para realizar operaciones y que estas "cobran comisiones millonarias". 

Aseguró que la reforma busca "que el Estado tenga su propia plataforma que no le cueste" y precisó: "No se busca descontrol, se busca optimizar recursos de los ecuatorianos".

El asambleísta Hernán Zapata, también de la comisión, aportó cifras del sistema financiero: 

Aseguró que "el mercado de valores bursátil no se está topando en lo absoluto" y que la reforma solo abre plataformas de negociación entre entidades públicas.

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A un día del debate, la BVG alerta riesgos en la reforma al mercado de valores

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Oposición alerta riesgos en operaciones extrabursátiles

El asambleísta Alfredo Serrano expresó dudas técnicas. "

Recordó dos precedentes: el caso Isspol, "una de las estafas más grandes de este país", con más de $600 millones perdidos, y la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, "a consecuencia justamente del mercado extrabursátil que no estaba debidamente regulado".

La legisladora Mireya Pazmiño (RC) fue más allá. Advirtió que trasladar operaciones estatales al extrabursátil abre "una autopista para el lavado de activos" en un mercado que "no supera el 11 % del PIB" y que resulta "extremadamente atractivo para la movilización ilícita de capitales de dudosa procedencia".

Mariana Yumbay (Pachakutik) coincidió en que las reformas al Libro II "no formaban parte de los proyectos originales y merecen un debate específico". 

Aseguró que el proyecto se está convirtiendo en "un vehículo para introducir reformas vinculadas a la liberalización y flexibilización de los mercados financieros" impulsadas por el FMI.

Farinango defiende unidad de materia y controles antilavado

Farinango replicó en su segundo turno. Citó las sentencias 028-12-SIN-CC y 32-21-IN/21 de la Corte Constitucional para defender la unidad de materia y precisó que el análisis constitucional "debe evitar dos extremos: criterios demasiado laxos y criterios excesivamente rígidos". 

Aseguró además que la reforma incorpora controles antilavado en el artículo 208 y en la disposición general tercera.

Al término del debate, el pleno dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Régimen Económico para la elaboración del informe de segundo debate. 

Farinango invitó a los asambleístas a presentar sus observaciones por escrito y aseguró que el equipo técnico "ha tomado nota de cada una" de las intervenciones.

Bolsas y casas de valores piden reglas iguales y precios visibles

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval) coinciden en que la reforma al mercado de valores necesita ajustes antes de avanzar en la Asamblea. 

Los gremios no rechazan la modernización del sistema, pero advierten que el texto puede dispersar las operaciones en varios canales de negociación.

Una de sus principales preocupaciones es que, si parte de las transacciones sale de los mecanismos bursátiles tradicionales, el mercado pierda una referencia pública de precios. 

Eso dificultaría saber cuánto vale realmente un título, comparar operaciones similares y verificar si una negociación se hizo con información visible para todos los participantes.

Otro punto sensible es el rol que podría asumir la banca privada. BVG, BVQ y Asocaval advierten que permitir que los bancos participen como intermediarios de valores exige reglas equivalentes a las que cumplen las casas de valores, para evitar competencia desigual, conflictos de interés y mayor concentración de operaciones.

Por eso, los gremios piden que cualquier cambio preserve la trazabilidad de las operaciones en tiempo real. También plantean una referencia pública de precios, reportes diarios, datos abiertos y estándares iguales para bancos, casas de valores y demás participantes.

Los puntos clave

• Especialistas y gremios sociales plantean una hoja de ruta urgente para la próxima administración de Guayaquil, ante una crisis institucional y urbana marcada por el deterioro y el vacío de liderazgo.
• La seguridad y la reconstrucción del tejido social aparecen como prioridades centrales, con énfasis en educación, empleo y recuperación del espacio público.
• La movilidad y el sistema de transporte público son señalados como ejes críticos que requieren una reestructuración profunda para mejorar el servicio ciudadano.

Guayaquil cruza los dedos a oscuras. La ciudad que históricamente se forjó contra incendios, pestes y piratas enfrenta hoy una de sus crisis institucionales más críticas, marcada por el vacío, el miedo y el mutismo. Con un alcalde electo, Aquiles Álvarez, bajo prisión preventiva, las riendas del principal puerto del país han quedado en manos de una alcaldía subrogante cuya gestión ha sido cuestionada. Mientras la violencia criminal no da tregua —marcada por postales de terror como el reciente asesinato en pleno aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo a manos de sicarios adolescentes—, el sillón municipal parece haber optado por el repliegue.

Ante este panorama, EXPRESO habló con líderes, representantes políticos y actores sociales para construir una radiografía de las prioridades urgentes que, de cara a las elecciones seccionales, debería atender la próxima administración. El consenso apunta a una hoja de ruta técnica que llene “el vacío municipal actual”.

Seguridad, barrios y tejido social: la ciudad que pide volver a ser habitada

Para César Poveda, abogado y excoordinador jurídico del Municipio, la ciudad atraviesa un sismo político doble marcado por la audacia de las bandas criminales en zonas teóricamente blindadas y una arremetida centralista desde la Asamblea Nacional que “vulnera las autonomías locales al intentar fiscalizar entidades como Segura EP”. Frente a ambos frentes, critica, la respuesta oficial ha sido el silencio.

“Hoy, la interna de Segura EP, por citar solo un caso, parece estar atrapada en distractores mediáticos. El gerente habla de supuestas grabaciones y de nuevos inventos que lo único que hacen es desviar la atención pública de los focos realmente importantes. Esta falta de postura es la que engulle al Municipio en la inercia (...). La ciudad se cae a pedazos y hay una orfandad de voces”, dice Poveda, al cuestionar la “espiral del silencio” de la administración subrogante.

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Para salir del bache, el jurista plantea tres ejes urgentes que deberán priorizarse en la administración que venga: seguridad integral, empleo formal conectado a la movilidad y la recuperación del centro. Una de sus propuestas apunta a que el Municipio solicite la competencia en educación para crear una red de colegios municipales y fiscomisionales en sectores vulnerables. “Si permitimos a más familias acceder a educación de calidad, vamos a generar trabajo y a ocupar espacios públicos, generamos tranquilidad, que le urge a la ciudad”, argumenta.

Un barrio cobra vida cuando ofrece espacios seguros, verdes, activos y caminables, donde las personas puedan convivir, hacer deporte, acceder a servicios y desarrollar actividades culturales y comerciales. Guayaquil hoy está lejos de esa realidad. En general, los barrios no tienen otra opción que vivir encerrados.Mariana Delgada, residente de la Pradera 3

Alfredo Carrasco, miembro del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advierte que este quiebre responde a decisiones políticas. Poveda coincide y denuncia que, bajo la actual gestión de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel —a quien EXPRESO le solicitó una entrevista sin obtener respuesta—, los presupuestos para deporte y cultura sufrieron un hachazo drástico.

“Y si usted se desvincula de esa arista, que va directamente conectada a la reestructuración del tejido social, lo único que va a generar es juventud que se pierde, tanto en vicios como en bandas organizadas. El tema de seguridad no se puede componer únicamente con balas”, piensa.

Roberto Cajamarca, dirigente barrial del norte de Guayaquil, desconoce si ese recorte de presupuesto es real porque —advierte— jamás ha sentido un cambio integral en el espacio público en esta y otras administraciones.

“Para mí no solo el norte, sino todos los barrios de Guayaquil han sido desatendidos históricamente. Les falta canchas, árboles, sombra, buenas veredas y espacios para el adulto mayor, solo para enumerar algunas carencias. No tenemos puntos de encuentro, con o sin presupuesto no sentimos que se cubra esa necesidad existente. Tener un espacio público amigable no es un lujo, es una necesidad y eso debe tenerlo claro quien ocupe el Sillón de Olmedo en la siguiente administración”, alega.

Carrasco coincide con este reclamo y apunta a la urgencia de descentralizar la gestión y mirar hacia las bases. “La administración que venga debe trabajar con los barrios y sus líderes porque ellos conocen las problemáticas. Con ellos hay que gestionar proyectos, campeonatos, cultura. Hay que dotarlos de cámaras, murales, color y agentes metropolitanos o policías que controlen las zonas”, piensa.

Movilidad: una ciudad que no despega sin transporte digno

El segundo eje de la crisis guayaquileña, coinciden los especialistas, se centra en la movilidad y las falencias en el transporte público. Para Poveda, reactivar el empleo formal —lo que considera una necesidad— es imposible sin un sistema de transporte masivo que dignifique al usuario, lo que deja a la Metrovía en la mira técnica. Al evaluar ese servicio, Carrasco asegura que Guayaquil viaja a la deriva.

“Si recorremos el parque automotor de la Metrovía, veremos que sigue siendo una ‘metro sardina’ con carros completamente dañados. Llevamos años así y hoy no hay autoridad a quien reclamarle. A la ciudad le urge una reestructuración; hay que cambiar incluso la estructura de la ATM y hay que hacerla cumplir su rol. Aquí nadie actúa y no les importa”, sentencia Carrasco, al cuestionar además la reciente alza del pasaje aprobada en segundo debate y sin la “debida socialización”. “Nadie escuchó al usuario”, se queja.

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Para Daniela Pino, residente de la Alborada y activista social, Guayaquil debe mejorar por completo este servicio, darle un nuevo uso a la Aerovía y recuperar la vida en el río.

“Los guayaquileños, desde los gremios, la academia, las voces de líderes y sociales, incansablemente, llevan años pidiendo no dejar estancada su identidad fluvial. Todo, sin embargo, ha quedado en promesas. ¿Qué hacer? Actuar”, precisa.

Para Pino, también ecologista, lo ideal sería crear rutas de transporte fluvial que conecten el centro con Posorja, Puná, Samborondón y otros sectores ribereños, integradas con la Metrovía y el resto del sistema de transporte mediante una tarifa única. Sin embargo, dice, si esa alternativa no resulta viable de forma inmediata por la sedimentación del río o los costos que implica, el primer paso debería ser recuperar las riberas del estero Salado con parques lineales, ciclovías y espacios públicos.

En una ciudad tan caliente, sueño con poder caminar por los barrios y encontrar fuentes, espejos de agua y riberas recuperadas. No es una idea estética: es una necesidad para los ciudadanos, el turismo y la identidad de Guayaquil.Marcia Carpio. residente de la ciudadela Guayacanes

“Además, en estas riberas se podrían construir nuevos malecones de barrio, muelles comunitarios, plazas, mercados y espacios culturales que vuelvan a acercar a los guayaquileños al río”, aseguró.

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Recuperar el centro y escuchar a la ciudadanía

Pero para Pino, al igual que el resto de consultados, otra de las prioridades pasa por la recuperación del centro de Guayaquil, un sector donde —como ha documentado EXPRESO en los últimos años— se concentra una de las heridas urbanas más profundas de la ciudad.

“El centro ya se cayó. Es un páramo peligroso, sin vida ni turismo. Y si no nos preocupamos por recuperarlo de una forma adecuada, ordenada y sistemática, vamos a generar la muerte entera de la ciudad”, advirtió Poveda.

Carrasco coincide en el diagnóstico y sostiene que el deterioro refleja un retroceso de décadas. “El centro está completamente desordenado; ha vuelto a los años 90, repleto de informales a los que, claro, no hay que reprimir, sino ordenar, pero hay que hacerlo ya”, afirmó.

Para Poveda, la recuperación del centro exige mirar experiencias exitosas de regeneración, como Puerto Madero, en Buenos Aires, potenciando el transporte fluvial y apostando por un modelo de uso mixto en las zonas regeneradas.

“La crisis no es solo de cemento, es de identidad. Se han perdido campañas de civismo”, añade Poveda, quien propone una “re-guayaquileñización” basada en seguridad y orgullo.

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Pero cualquier plan, advierte Carrasco, difícilmente prosperará mientras el Municipio no abra espacios para la participación ciudadana. Él denuncia jamás ser escuchados.

“Nuestra entidad ha hecho peticiones para ocupar la Silla Vacía, pero no se nos toma en cuenta. No hay apertura para la gente. Y quien venga deberá escuchar, no alejar, integrar...”, plantea.

Auditar la deuda interna, otra urgencia 

El riesgo de colapso de edificios patrimoniales es otro de los desafíos por atender

Pero no solo la movilidad y la reconstrucción integral de los barrios son las necesidades que el próximo alcalde debe priorizar. Para Gelacio Mora, líder comunitario y representante de Tejido Social Guayaquil, el Puerto Principal tiene una bomba de tiempo en el centro y sur, donde se concentra el 80% de las edificaciones con riesgo de colapso. Es una crisis estructural que genera más de 300 inspecciones anuales por caída de mampostería, con alertas tan reales como los desmoronamientos en la Febres Cordero o en la Casa Tola en abril de 2026, alega.

Para Mora, el problema sigue estancado por un “limbo legal entre el Cabildo y los dueños, el millonario costo de rehabilitar inmuebles patrimoniales de 1930 y un drenaje obsoleto que debilita las paredes con cada lluvia, mientras la inseguridad se desborda y la Metrovía se hunde en deudas”.

Frente a esto, plantea una hoja de ruta para los primeros 100 días de gestión: auditar la deuda interna, sincerar el presupuesto real, reactivar el bacheo y retomar la recolección nocturna de basura. La seguridad barrial inmediata, agrega, debe apoyarse en el fortalecimiento de Segura EP y sus 125 comités de convivencia, conectándolos con la Policía.

En lo físico, Mora urge a intervenir de inmediato las 10 edificaciones con mayor peligro de desplome y reforzar con hormigón armado el carril de la Metrovía en la calle Rumichaca, afectado por el colapso de las aguas servidas.

“La obra pública no puede ser un reparto a dedo”. Por eso exige activar un presupuesto participativo de 20 millones de dólares mediante plataformas digitales, dejando que los propios vecinos elijan si necesitan parques, escalinatas o asfalto. Esta inversión debe cruzarse con las 19 Áreas de Gestión Administrativa (AGA) ya aprobadas para que la ayuda llegue de forma equitativa.

“El próximo alcalde no tiene que inventar un modelo desde cero, sino dar continuidad a herramientas técnicas que ya existen como el PDOT y el PUGS, potenciando la “ciudad de 15 minutos” y eliminando el gasto de fundaciones paralelas, tal como se hizo al absorber la Fundación Siglo XXI.

El rescate definitivo exige, hace énfasis, decisiones firmes en el casco central, como “expropiar solares abandonados para apostar por una verticalización planificada que combine vivienda, comercio y cultura, algo que debió hacerse hace ya mucho tiempo”. Además, propone ampliar hasta junio de 2026 el plazo de regularización masiva para casas barriales de hasta tres pisos, dando seguridad jurídica a las familias que viven en la informalidad. DSZ

Lo que debes saber

• El CPCCS, pese a ser la institución con mayor desaprobación ciudadana, registra un número récord de postulantes, lo que refleja el interés por un organismo con amplias facultades para designar autoridades de control del Estado.
  
• Desde su creación, el Consejo ha estado marcado por escándalos, investigaciones y retrasos en concursos clave.
  
• Los intentos por eliminar o reformar el CPCCS han fracasado porque controlar esta institución significa influir en el sistema de designación de los principales organismos de fiscalización del país.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene 17 años de existencia, desde que la Constitución de Montecristi lo creó en 2008 y comenzó a operar en 2009. En ese tiempo ha acumulado un 71% de desaprobación ciudadana, según Click Report, hasta abril del 2026, la peor calificación entre ocho instituciones del Estado medidas. Sin embargo, 309 personas se inscribieron este año para disputarse sus siete vocalías: más del doble que en 2019 y casi el triple que en 2023. La institución menos confiable del país es, al mismo tiempo, la más codiciada.

Te invitamos a leer: Rostros conocidos y actuales consejeros buscarán la reelección en el CPCCS en noviembre de 2026

El CPCCS no llegó al mundo como un árbitro neutral. La prueba más grotesca se vio con su presidente: José Carlos Tuárez. El ‘cura Tuárez’ llegó al cargo presentándose como un religioso sin pasado político y usó luego su investidura para vender puestos públicos en al menos siete instituciones: Aviación Civil, Aduanas, Petroecuador, hospitales del Estado, a cambio de dinero, esmeraldas y hasta barras de oro, según determinó la Fiscalía. Fue destituido y sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita. El ‘quinto poder’ ideado para combatir la corrupción tuvo, en su propia cúpula, una red que la comercializaba al por mayor.

Diecisiete años después, el patrón se repite con otros nombres. El CPCCS designó en 2025 a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, tras desechar impugnaciones y descalificar a un postulante rival de la terna. Hoy Godoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. El ‘ciudadano incontaminado’ que imaginó Montecristi para el CPCCS terminó, otra vez, señalado de mover fichas dentro del sistema que debía controlar.

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A la par, la demora en designar autoridades ha sido crónica. El CPCCS mantiene paralizados seis concursos públicos esenciales, entre ellos la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso se retrotrajo por fallos técnicos, y la designación del nuevo fiscal general del Estado, estancada por falta de votos en el pleno; un escenario de bloqueo institucional que obliga a los vocales electorales a operar bajo funciones prorrogadas desde el fin de su mandato regular, en noviembre de 2024.

Ese es, quizá, el efecto más corrosivo del CPCCS, institución que no solo decide autoridades, también administra los tiempos del poder. Al atrasar concursos, bloquear ternas o estancar designaciones entre impugnaciones, informes técnicos y mayorías cambiantes, no solo el país entra en pausa, sino sus instituciones que, además, quedan sometidas a una provisionalidad conveniente.

Los intentos de eliminar al CPCCS

Lo llamativo es que, pese a todo esto, el CPCCS ha sobrevivido a tres intentos formales de eliminación en apenas 17 años. En 2019, el movimiento Ahora y un comité ciudadano con más de 200.000 firmas llevaron la propuesta a la Corte Constitucional. En 2021 la Asamblea la rechazó, con el bloque correísta votando en contra de disolver la institución. En 2023, Guillermo Lasso sometió a consulta popular quitarle al Consejo la facultad de nombrar autoridades. El No ganó con más del 57%. Ninguno de los tres intentos prosperó.

Ahí está la clave que ni el escándalo ni el fastidio ciudadano explican del todo. El CPCCS no sobrevive pese a su mala fama, sino gracias a lo que representa. Es la llave que abre 17 instituciones de control del Estado. Del cura que cobraba en oro al presidente investigado por su elección en la Judicatura, la historia de este organismo se repite en cada década. Quien lo captura, controla el aparato entero de fiscalización del país. Esa disputa sigue abierta hoy mismo.

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Los 309 postulantes inscritos este año (récord frente a los 201 de 2019 y los 182 de 2023) compiten por un cargo que, en paralelo, vuelve a estar bajo la lupa, con una nueva propuesta de reforma constitucional que evalúa transferir sus facultades de designación a otras funciones del Estado.

La evidencia de estos 17 años sugiere que el problema es la ficción que sostiene al organismo desde su origen: creer que una institución elegida en medio de intereses políticos podía repartir el poder de control como si estuviera por fuera de la política.

Lo que debes saber

• Urdesa central concentra cerca de 260 establecimientos gastronómicos y busca consolidarse como un distrito gastronómico.
• Empresarios y comensales plantean mejoras en seguridad, movilidad, estacionamientos y promoción turística.
• El Municipio mantiene conversaciones sobre el proyecto, aunque reconoce que su ejecución no sería inmediata.

Entre avenidas arboladas y viviendas residenciales, Urdesa central se ha transformado en el principal corredor gastronómico de Guayaquil, con cientos de restaurantes que conviven entre la vida barrial y el movimiento nocturno.

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De ciudadela residencial a polo gastronómico

Con el paso de los años, esta ciudadela se consolidó como un punto de encuentro para celebrar desde un partido de fútbol hasta una salida en torno a la comida.

María del Cisne Montes, jefa de Gestión de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, explica que Urdesa nació como un proyecto urbanístico en el norte de la urbe en 1955. Sin embargo, fue en la década de 1990 que empezó a perfilarse como un polo gastronómico, con la apertura del primer restaurante de comida libanesa, ubicado en la esquina de las calles Guayacanes y Víctor Emilio Estrada.

Actualmente, en el perímetro de Urdesa central funcionan cerca de 260 establecimientos gastronómicos, según Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest). De acuerdo con datos del Municipio de Guayaquil, la ciudadela está conformada por alrededor de 199 manzanas, equivalentes a más de 200 hectáreas.

La ciudadela limita al norte con la salida hacia la avenida Las Aguas y Lomas de Urdesa; al sur con el estero Salado y la avenida Circunvalación Sur; al este con las ciudadelas Kennedy y Miraflores; y al oeste con la avenida Carlos Julio Arosemena. Esta ubicación la ha convertido en uno de los principales corredores gastronómicos del norte de la urbe porteña.

Un crecimiento que aún enfrenta desafíos

No obstante, Barrezueta advierte que no todos los establecimientos cumplen con las obligaciones legales para operar. Montes señala que apenas 100 locales constan en el registro de la Dirección de Turismo del Municipio: 77 restaurantes, 22 cafeterías y un bar.

Para Edmundo Aguilar, quien frecuenta los restaurantes de Urdesa central, esta ciudadela es el lugar más práctico para reunirse con sus amigos. Como unos viven en la Alborada, otros en Los Ceibos y otros en el centro de Guayaquil, prefieren encontrarse en un restaurante urdesino antes que en plazas o centros comerciales. “Aquí lo complicado es el parqueo, pero sientes que la ciudad está viva, porque estacionas el carro y entras al local sin desconectarte del entorno”, comenta.

Aguilar y su amigo Alfredo Torres suelen recorrer los restaurantes de la calle Las Monjas. Ambos prefieren las terrazas de los locales, por la vista que tienen hacia los árboles, la arquitectura moderna de las viviendas y el ambiente al aire libre. “Aquí deberían apostar por sembrar más árboles nativos. Por las noches es fresco y, con más vegetación, sería una delicia también durante las tardes”, sugiere Torres.

Aquí deberían apostar por sembrar más árboles. Con más vegetación, serían una delicia las tardes.Alfredo Torres, visitante de Urdesa central

La apuesta por un distrito gastronómico

A criterio de Barrezueta, el siguiente paso es que Urdesa central deje de ser vista solo como un corredor gastronómico y obtenga la declaratoria oficial de distrito gastronómico. Considera que ese reconocimiento permitiría planificar inversiones, fortalecer la identidad del sector y articular esfuerzos entre el Cabildo, el sector privado y otras entidades.

El dirigente pone como referencia a Miraflores, en Lima, capital de Perú, donde la figura de distrito ha servido para integrar la gastronomía con el turismo, la cultura y el comercio. A su criterio, un modelo similar permitiría que Urdesa central no solo atraiga comensales, sino también visitantes nacionales y extranjeros que permanezcan más tiempo en la urbe.

Pero el reconocimiento, advierte, debe ir acompañado de acciones concretas, como campañas de promoción, una estrategia conjunta de comunicación y la regularización de los establecimientos que aún operan sin cumplir todos los requisitos legales.

Seguridad, movilidad y promoción: las tareas pendientes

Los dueños de restaurantes coinciden en que la seguridad y la movilidad son otros desafíos pendientes. Denisse Escobar, gerente general del restaurante Lo Nuestro, propone patrullajes policiales en bicicleta para prevenir el robo de accesorios de vehículos. Y menciona la construcción de un parqueadero vertical para aliviar la falta de espacios de estacionamiento.

Asimismo, es necesario reforzar la promoción turística de la zona, expresa Fernando Nieto, de Pan de Ambato.

Entre las propuestas, Jorge Franco, encargado de Fritamoro, plantea la creación de una aplicación o plataforma municipal que reúna la oferta gastronómica del sector, los platos emblemáticos y la ubicación de cada restaurante, con mapas e información en varios idiomas para facilitar el recorrido de los visitantes.

Nieto cree que el paisaje urbano también puede convertirse en un atractivo. Por ello, sugiere evitar la poda excesiva de las copas de los árboles, para conservar la sombra, favorecer la presencia de aves y ofrecer una experiencia más agradable tanto a turistas locales como extranjeros. Y coincide con Escobar en que el parquímetro debería ser gratuito en la zona los sábados.

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El Cabildo analiza la viabilidad de los proyectos

El Municipio de Guayaquil no descarta las ideas planteadas por empresarios y comensales, aunque su ejecución dependerá de estudios técnicos y de la disponibilidad presupuestaria. María del Cisne Montes sostiene que iniciativas como un parqueadero vertical o una nueva denominación para Urdesa requieren mesas de trabajo entre las distintas dependencias municipales y el sector privado.

Respecto a la aspiración de convertir a Urdesa en un distrito gastronómico, Montes señala que ya existen conversaciones con Asorest y concejales del Cabildo. Sin embargo, reconoce que, por los tiempos administrativos, es poco probable que el proyecto se concrete durante la actual gestión, aunque asegura que el proceso ya está en marcha.

Más allá de las obras que aún están en discusión, los empresarios coinciden en un pedido: que Urdesa central sea promocionada como un destino gastronómico dentro y fuera del país. Están convencidos de que una estrategia conjunta entre el Municipio, el Gobierno y el sector privado bastaría para que la ciudadela deje de ser un secreto a voces entre los guayaquileños y se convierta en una parada obligatoria para los visitantes.

Lo que debe saber

• Caso Progen y juicio a Inés Manzano avanzan en paralelo en la Comisión de Fiscalización, pero seguirán caminos distintos.
• ADN y el correísmo impulsan estrategias opuestas en la Comisión de Fiscalización. Mientras el oficialismo apunta a la ruta del dinero de Progen, la Revolución Ciudadana busca la censura política
• La Comisión de Fiscalización activó dos procesos clave por los contratos eléctricos fallidos.

En la Comisión de Fiscalización se juega el futuro de dos procesos derivados de los contratos fallidos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). ADN y el correísmo impulsan desde orillas distintas dos iniciativas, pero todo quedará en manos de la mayoría que controla la mesa legislativa.

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La fiscalización de la ruta del dinero entregado a Progen y el juicio político a la exministra de Energía Inés Manzano avanzan en paralelo, aunque a ritmos diferentes. Hoy está previsto que la comisión presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) avoque conocimiento de la resolución del Pleno sobre el inicio del proceso para investigar la ruta del dinero entregado a Progen. El viernes pasado, esa misma mesa legislativa dio paso al juicio contra Manzano.

Es decir, desde esta semana ambos procesos arrancarán formalmente. En el caso del juicio político, los plazos ya están en marcha. Por ejemplo, ya corre el plazo de 15 días para que Manzano presente su respuesta. Según Álvarez, hasta ayer la exministra no había emitido ningún pronunciamiento, aunque recordó que ese plazo vence el próximo 17 de julio. La Comisión de Fiscalización prevé que el informe final con su recomendación sobre el juicio esté listo hasta el 31 de julio.

"¿Han escuchado de parte de la bancada e ADN que no ha pasado nada? Ha existido un caso de corrupción y el Gobierno interpuso una acción en Estados Unidos".Ferdinan Álvarez, ADN

En paralelo, el proceso sobre la ruta del dinero de Progen tiene un único plazo. El Pleno de la Asamblea otorgó a la comisión 30 días para presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones. Es decir, ese documento también podría presentarse a finales de julio o a inicios de agosto.

Dos procesos sin posibilidad de unificarlos

Más allá de que ambos procesos avancen de manera simultánea, cada uno sigue su propio curso y no habrá forma de unificarlos. Por ejemplo, los hallazgos que se obtengan en la investigación sobre la ruta del dinero de Progen no serán considerados dentro del juicio político contra Manzano.

Álvarez dijo que con la calificación de la solicitud de juicio quedaron anunciadas las pruebas, por lo que cualquier elemento que surja posteriormente de la investigación sobre Progen ya no podrá incorporarse.

Las apuestas del correísmo y ADN

En ese escenario, las motivaciones detrás de ambos procesos responden a intereses distintos. El correísmo busca la censura política de una exfuncionaria del gobierno de Daniel Noboa, en medio de la disputa política dentro de la Asamblea. 

La legisladora del correísmo Ana Herrera afirmó que no solo es importante determinar la ruta del dinero, sino también establecer quién dio la orden para entregar los recursos.

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Por su parte, el oficialismo busca que el foco del caso Progen se desplace del Gobierno hacia los actores privados. Dicho proceso de fiscalización se anunció luego de que el secretario de la Administración Pública, José Neira, expuso hallazgos que son parte del proceso legal en Estados Unidos.

Ana Belén Tapia (ADN), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, lo insinuó en su moción para que se investigue la ruta del dinero de Progen: “Se necesita una fiscalización técnica. Ustedes (integrantes del bloque correísta) a toda costa quieren crucificar a una persona sin que ni siquiera haya sido llamada a la Fiscalía”.

Lo que debes saber

• Retiro de cajas de cristal en La Mariscal vence el 22 de agosto y alarma a negocios.
• Propietarios denuncian falta de socialización y alertan pérdidas por desmontaje obligatorio.
• Municipio defiende recuperación patrimonial y prepara norma técnica para septiembre.

Con la cuenta regresiva en marcha para retirar la “cajas de cristal” instaladas en los retiros frontales de inmuebles patrimoniales, dueños de negocios de La Mariscal advierten que la medida podría representar un fuerte golpe económico para decenas de negocios que invirtieron en estas estructuras para ampliar sus espacios de atención.

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Cuenta regresiva en La Mariscal por retiro de estructuras

La disposición consta en la Ordenanza 081-2024 sobre bienes inmuebles patrimoniales, que establece que todas las estructuras temporales autorizadas en los retiros de este tipo de edificaciones deberán ser desmontadas en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. El límite vence el próximo 22 de agosto.

Aunque el plazo está por cumplirse, varios propietarios aseguran que desconocían el alcance de la medida y que no existió socialización sobre los cambios que deberán realizar.

Las cajas de cristal son estructuras desmontables elaboradas con vidrio y metal que fueron instaladas principalmente en los retiros frontales de restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos para ampliar el área destinada a clientes. 

Su uso se extendió especialmente en La Mariscal desde 2008, cuando una normativa permitió este tipo de ocupaciones temporales para dinamizar la actividad económica del sector.

Ahora, la obligación de desmontarlas genera incertidumbre entre quienes realizaron importantes inversiones.

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Inversiones en riesgo y malestar de comerciantes

Juliana Benítez, propietaria de un establecimiento ubicado en la Pinto y Mariscal Foch, asegura que conoció la disposición por información difundida en medios de comunicación.

“Gran parte del funcionamiento del negocio ocurre en ese espacio. La inversión que se hizo fue muy fuerte y retirar la estructura significa perder clientes y dinero”, afirma. A su criterio, la medida contradice los esfuerzos por impulsar la reactivación económica de un sector que con los años ha perdido su brillo.

Andrés Bustamante administra desde hace seis meses un negocio de hospedaje en la Reina Victoria y Juan Rodríguez. Explica que uno de los aspectos que más le atrajo del inmueble fue precisamente la caja de cristal, donde actualmente funciona una sala de lectura para los huéspedes.

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Su proyecto contemplaba incorporar una cafetería y realizar pequeños eventos en ese espacio, pero ahora desconoce si podrá concretarlo. “Nos tocaría reorganizar todo el negocio. Es un gasto adicional porque habría que rediseñar completamente el lugar”, comenta.

La inquietud también es compartida por representantes del sector. Andrés Groner, presidente de La Mariscal Legado Cultural, señala que la organización realizó un levantamiento fotográfico para identificar las diferentes situaciones existentes en el barrio.

El diagnóstico incluye cajas de cristal que cumplen con las características originales de la normativa, estructuras modificadas, ocupaciones de retiros tanto en inmuebles patrimoniales como no patrimoniales y edificaciones cuya arquitectura permanece oculta por cerramientos que desvirtúan su valor histórico.

Para Groner, la eliminación indiscriminada de todas las estructuras tendría consecuencias económicas y sociales importantes. Explica, por ejemplo, que en su restaurante, Achiote, ubicado en la Juan Rodríguez, la caja de cristal fue diseñada respetando la visibilidad de la vivienda patrimonial. Si debe retirarla, asegura que tendría que reducir significativamente el área de atención.

“Nos tocaría meter el restaurante dentro de la casa, donde el espacio es muy reducido. Incluso podríamos quebrar”, sostiene. Añade que existen establecimientos que mantienen estas estructuras desde hace cerca de dos décadas y que realizaron inversiones importantes bajo las condiciones permitidas en su momento.

Municipio defiende recuperación del patrimonio urbano

Por ello, la propuesta apunta a que el Municipio establezca una clasificación técnica que diferencie las estructuras que respetan el patrimonio de aquellas que efectivamente afectan la imagen urbana.

“Hay casos exitosos donde la caja de cristal permite observar completamente la edificación desde la calle. Lo que pedimos es que se autoricen las que cumplen esos criterios y que exista un plan económico o algún tipo de asistencia para quienes sí deban retirar ocupaciones ilegales”, señala.

Desde el Municipio insisten en que la disposición responde a la necesidad de recuperar el valor arquitectónico de los inmuebles históricos. Mauricio Marín, director de Ordenamiento Territorial, explica que la ordenanza distingue entre las construcciones que fueron incorporadas legalmente al diseño original mediante licencia de construcción mayor y aquellas que solo contaban con autorizaciones temporales.

Hacia una nueva norma técnica para La Mariscal

Las primeras podrán mantenerse porque forman parte de la edificación autorizada. En cambio, las segundas deberán retirarse al concluir el plazo establecido.

“Quien obtuvo un permiso temporal sabía que esa autorización tenía una duración determinada y que eventualmente debía liberar el retiro”, señala.

Marín recuerda que la normativa de 2008 permitió ocupar estos espacios con estructuras de cristal precisamente para mantener visible la arquitectura patrimonial. Sin embargo, sostiene que con el paso del tiempo muchas fueron modificadas con materiales opacos o cerramientos que terminaron ocultando completamente las fachadas.

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Frente a las preocupaciones, Marín señaló que están trabajando en una norma técnica que busca definir qué elementos podrán permanecer en los retiros sin afectar el patrimonio. La propuesta establecería condiciones sobre materiales, porcentajes de transparencia, mobiliario y cerramientos permitidos.

La intención, según el funcionario, no es eliminar la actividad comercial, sino encontrar alternativas que permitan utilizar los retiros con mesas, sillas, parasoles u otros elementos no permanentes, manteniendo visible la arquitectura histórica.

La norma técnica se prevé para septiembre y servirá como referencia durante los procesos de control de la AMC, permitiendo que los propietarios adecuen sus espacios antes de recibir sanciones.

Asiste a las 'Rodas de samba'

• El colectivo Guayaquil de Janeiro realiza encuentros de música brasileña cada martes.
• Los interesados deben llenar el formulario fijado en el perfil del colectivo en Instagram (@ecuabrasil)
• Los asistentes participan cantando o tocando instrumentos guiados por un cancionero al que se puede acceder en el celular

En Guayaquil se está gestando una comunidad que late al ritmo de Brasil. Ya en redes se viralizó la íntima tertulia en un patio domiciliario de Urdesa, que albergó las primeras sesiones de las ruedas de samba, mentalizadas por el músico Ricardo Miño y el productor Marcelo López. Esto aumentó la demanda por sumarse al colectivo e invitó a que su siguiente edición se trasladara hasta el corazón de la urbe, en La Cueva Jazz Bar, del callejón Numa Pompilio.

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Una idea importada 

Fue precisamente López quien importó la idea tras un viaje a Argentina, donde su formación musical lo llevó a participar en sesiones similares. Buscando innovar en su productora TRPCL Records, se juntó con Miño para cristalizar la idea. “Me enamoré, más que de la música, del sentido de comunidad que se forja en las tocadas. Es bellísimo que la gente se sume con sus variados instrumentos o, si no tienen, con las palmas, cantando o bailando”, le contó el productor a EXPRESO mientras alistaba la velada.

“El único requisito es tener ganas de pasarla bien. En la repetición, aprendes incluso a hablar portugués”, añadió entre risas.

La Cueva es un lugar muy cómplice para estas iniciativas, por su acústica, locación y variedad de coctelería, que hasta vuelve políglotas a los más tímidos. Este martes 30 de junio los músicos se instalaron bajo las tenues luces del bar pasadas las 20:00, listos para imponer una fiesta que el fútbol de la selección, por fortuna, no arruinó a pesar de su resultado.

Miño afinaba su cavaquinho (pequeño pariente luso del ukelele y la guitarra) mientras saludaba a los músicos que lo acompañarían ese día. La alineación fue un lujo: teclado, guitarra, panderetas, violines y percusiones. “Cuando esto empezó, éramos solo cuatro. Gracias al boca a boca, se hizo grande. Queremos que se unan más: instrumentos de viento, acordeones… todo lo que haga comunidad”, comentó, y añadió que ha bautizado al colectivo como Guayaquil de Janeiro.

Cantar en portugués, a pesar de la timidez

Al empezar la roda, ese nombre calzó más. Al cerrar los ojos, el cerro Santa Ana pasaba a ser el Corcovado, y al abrirlos, el sitio estaba colmado de asistentes que cantaban tímidos ante la barrera idiomática. Allí la tecnología fue la solución. María Fernanda Lara, gestora cultural y asistente de producción de la roda, pasaba de mesa en mesa exhibiendo un código QR que contenía la letra del repertorio y hasta los acordes, para los profesionales que se animaran a tocar.

Ya pasadas las horas y las copas, entre las melodías cariocas y paulistas (de Adoniran Barbosa hasta Chico Buarque), los pies del público se empezaban a mover cual regates de Pelé y Garrincha, con la alegría de quien danza disfrutando una novedad cultural en Guayaquil.

Un canto alegre

Y aunque Ecuador perdió, al unísono se cantó que “a vida vai melhorar”, lo que se debe entender como que la vida mejora, dejando la tristeza a un lado. También hubo espacio para tonadas más modernas, como ‘Várias queixas’, popularizada entre los jóvenes por las redes sociales.

“Yo vine porque lo vi en redes sociales, y como también iban a proyectar el partido de Ecuador, lo vi como una oportunidad. Pero estoy fascinada, es un plan único que jamás imaginé vivir, al menos no sin tomar un avión”, confiesa María Pincay, que se animó a cantar en portugués.

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El paso lo marcaba el baterista argentino Agustín Gómez, quien describió la roda de samba como una “simbiosis”. “Es una experiencia muy enriquecedora. No se trata de saber tocar o saber hablar el idioma, sino de la conexión que se genera y la cohesión social entre todos”, comenta, resaltando la satisfacción que le da el sentir cómo las voces se hacen una sola a medida que avanza una presentación.

La Cueva será la sede los últimos martes de cada mes, pero la sede variará los demás martes. Así ha sido durante los últimos tres meses, y por eso sigue cautivando a los guayaquileños.

Para asistir, los interesados deben registrarse en el formulario fijado en el perfil del colectivo Guayaquil de Janeiro (@ecuabrasil en Instagram).