Lo que debes saber

• Seis ministros de Noboa recorrieron hospitales, sin resolver desabastecimiento de medicinas ni fallas del sistema público.
• Informe del MSP 2026 advierte: solo 10 % de medicamentos tiene financiamiento; 90 % carece de recursos.
• Pacientes y médicos alertan sobre falta de insumos y atención en hospitales; ministro Jaime Erazo enfrenta presión por soluciones inmediatas.

El 1 de junio de 2021, una semana después de asumir el cargo, el entonces vicepresidente de la República y médico Alfredo Borrero inició un recorrido por hospitales públicos. Tras visitar el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, declaró: “He salido con el alma desgarrada al ver la realidad de este hospital. No es justo que la gente compre medicamentos”.

Política

Vicepresidenta Pinto llama la atención a directora de salud por supuesta desatención

Marco Rivera

Los seis ministros de Salud del gobierno de Daniel Noboa han repetido ese ejercicio. En los últimos meses, algunos de ellos (como Edgar Lama, Jimmy Martin y María José Pinto) han atribuido la falta de medicinas a presuntas irregularidades, como un supuesto ocultamiento de insumos.

Ya no más diagnósticos, apliquen el tratamiento, le piden a Jaime Bernabé Erazo

Actores del sector creen que ya no hacen falta diagnósticos sino decisiones. Verónica Chávez preside el colectivo Reacciona Ecuador, creado en 2021 e integrado por profesionales de la salud. 

Cita el informe técnico IT-DPI-026-014 de la Dirección de Planificación e Inversión del Ministerio de Salud Pública (MSP), elaborado por la transición institucional derivada de los decretos 70 y 108, para la desconcentración territorial y la centralización de compras públicas en salud.

¿Solo el 10 % de medicinas están financiadas?

En el documento se advierte que apenas existe financiamiento para el 10 % de los medicamentos, dispositivos médicos y pagos a servicios externalizados. El 90 % restante carece de respaldo presupuestario.

Política

Médicos y pacientes protestan en Hospital Pablo A. Suárez de Quito por crisis de salud

Mónica Jara Chérrez

Lo que sufren pacientes renales, incluso los niños en el Baca Ortiz

A las cifras se suman los testimonios. Kevin Valdez, del Frente de Pacientes Renales, asegura que llevan un año y 10 meses recibiendo diálisis de forma irregular, pese a que el tratamiento debe realizarse tres veces por semana. Alertó sobre la situación del Hospital de Niños Baca Ortiz: “Está en juego la vida de al menos 40 niños”, dice, al exigir respuestas al nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo.

Según Chávez, el abastecimiento promedio real en hospitales y centros de salud alcanza apenas el 54 %. En algunos casos es crítico: el Hospital General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano (en Santo Domingo), el de Monte Sinaí (Guayaquil) y el Luis G. Dávila (Carchi), registran 19 %, cuando el mínimo debería rondar el 85 %.

Esto ocurre en hospitales de Quito

En Pichincha, los odontólogos no cuentan siquiera con guantes para atender. Y otros médicos alertan que en hospitales como el Espejo, de Quito, no hay fundas para recolectar desechos antibióticos ni sedantes. En el de Calderón se están quedando solo con el 30 % de camas y no hay personal de limpieza. 

En el Pablo Arturo Suárez hay una lista de espera para operaciones traumatológicas. Pero no se trata solo de no poder atender a fracturados, sino a pacientes con traumatismo craneal, aclaran.

Lo que debería hacer Jaime Bernabé Erazo;

Por eso, José Ruales, exministro de Salud, opina que la crisis se ha producido por falta de capacidad, conocimiento e interés para hacer las cosas. Recuerda que, incluso tras la pandemia, el desabastecimiento no alcanzó niveles tan bajos. “Se llegó a un 62 %”. ¿Qué hacer?

Para Ruales, salir de la crisis de salud requiere voluntad política, ya que ha escuchado a economistas señalar que el FMI dice que el sistema de salud es “muy generoso” y quieren mantenerlo con “esos bonos electorales de los mil días”. 

Sostiene que el ministro debe asumir un rol activo en la defensa del sistema y exigir los recursos necesarios. El presupuesto financiado bordea los $2.600 millones, 600 millones menos de lo ejecutado en el 2023.

También cree que se debe cambiar al equipo que acompaña al ministro. “Siguen como viceministros Stalin Andino, abogado; Wendy Gavica, a cargo de la compra y administración de medicinas, que ha fracasado; hay un ingeniero y abogados”. Recuerda que siete universidades ofrecen maestrías en Administración Hospitalaria y Gerencia de Servicios de Salud y cuatro que forman salubristas.

Consulta y medicinas requiren pacientes en Ecuador

Daniel Rodríguez, especialista en administración en salud, anota que Erazo debe exigir financiamiento, el cual ha disminuido; y que este debe ser entregado oportunamente, no al final del año. 

Política

Ecuador suma fármacos al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos; evaluaron eficacia y costo

Rosero Mariela

Solo así garantizará lo operativo y que las unidades de salud den prestaciones efectivas: “Si soy diabético, accedo a consulta, pero también a la receta, a las pastillas para la hipertensión. De lo contrario, es una prestación fallida”.

Además, Rodríguez plantea que Erazo debe volver a articular los subsistemas de salud, para que el IESS, Isspol e Issfa vuelvan a trabajar juntos.

El Ministerio de Salud no contesta

Desde hace alrededor de un año, el Ministerio de Salud no contesta solicitudes de entrevista ni pedidos de información de EXPRESO. También se solicitó entrevista con Jaime Bernabé Erazo, como con los demás funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera.

Lo que debes saber

• Archivan extradición de Naím Massuh tras asilo en Colombia; CNJ Ecuador cierra trámite.
• Detenido en enero 2025 en Colombia y liberado en octubre tras otorgársele estatus de refugiado.
• El caso se suma a fallas de extradición de Tiguerones, Gjika y Luque; trámites oficiales sin avances.

El archivo del trámite de extradición de Naím Massuh, una de las figuras clave de la mafia ecuatoriana, sella un nuevo caso de impunidad en la reciente historia de la supuesta lucha del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. 

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Verdad es que a Marco Rodríguez, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, no le quedaba alternativa: una vez que Colombia decidió conceder asilo a Massuh, no cabía esperar extradición alguna. 

Lo cierto es que, con éste, suman al menos cuatro los casos de presuntos mafiosos detenidos en el extranjero cuya extradición se ve frustrada o retrasada por razones difíciles de entender, algunos de los cuales son profundamente sospechosos.

Las extradiciones que el Gobierno ha dejado pasar

Para empezar está el Negro Willy, máximo cabecilla de los Tiguerones, a quien la justicia de España, país en el que fue detenido, puso en libertad cuando el gobierno ecuatoriano dejó caducar los plazos para la entrega de requisitos y garantías que exigía su proceso de extradición. 

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Ya puede el ministro del Interior, John Reimberg, rabiar todo lo que quiera: lo cierto es que el Negro Willy se le escapó por su propia (y sospechosa) negligencia. 

A este caso se suma el del narcotraficante albanés Dritan Gjika, detenido en Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2025 y cuyo proceso de extradición se mantiene desde entonces en desesperante inmovilidad. 

Por no hablar de Hernán Luque, implicado con Massuh en el caso Encuentro: guarda prisión domiciliaria en Argentina desde febrero de 2024, cuando la justicia de ese país concedió su extradición. Ni siquiera Diana Salazar, la fiscal general que lo procesó y hoy ocupa el cargo de embajadora en Buenos Aires, ha sabido, o podido, o querido acelerar el trámite que ya lleva estancado casi dos años y medio.

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A Massuh, que tenía y sigue teniendo difusión roja de Interpol, lo detuvo la Policía colombiana, con fines de extradición, el 23 enero de 2025. Qué tramites efectivos hicieron el gobierno y la justicia del Ecuador durante los siguientes nueve meses para acelerar esa extradición ya concedida, es un misterio. 

O quizá no: es harto probable que no hayan hecho absolutamente nada; de otra manera no se explica que el 30 de octubre el fiscal general de Colombia cancelara la orden de captura por habérsele concedido el estatus de refugiado y lo pusiera en libertad. 

¿Wong no se enteró del trámite de Massuh?

¿Así de fácil es burlar a la justicia ecuatoriana? ¿No se enteró Arturo Félix Wong, insólito embajador del Ecuador en Colombia, de lo que estaba ocurriendo o sí se enteró y no movió un dedo?

Lo de Colombia es inaudito: una cosa es que el gobierno de Gustavo Petro pretenda asilar a Jorge Glas, que al fin y al cabo es un político de su misma tendencia y fue vicepresidente de la República; que reclame persecución política en su contra y grite ‘lawfare’ a los cuatro vientos.

Las diferencias entre Massuh y el caso de Glas

Eso, aunque sepamos que Glas está preso por corrupto, es perfectamente predecible y hasta se puede entender: tiene su explicación política. Pero… ¿Massuh? ¿En serio Colombia encontró justificaciones para conceder el estatus de refugiado a uno de los nombres clave de la mafia ecuatoriana, un sujeto sin el menor peso político y conocido exclusivamente por sus relaciones con el crimen organizado? ¿Y qué justificaciones son esas?

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La Corte Nacional quiso saberlas y dirigió una consulta a las autoridades colombianas. Según reportó Ecuavisa, la Cancillería colombiana respondió que esa información es confidencial. No cabe imaginar peor respuesta (o mejor, según se mire) cuando de Massuh se trata: lo que está diciendo el gobierno de Colombia es que sus relaciones con este mafioso son secretas. 

Una extraordinaria manera de autorretratarse que pone en duda todo lo que el delirante señor Petro ha dicho y hecho a favor de ese otro delincuente al que concedió la nacionalidad colombiana en un desesperado intento por ayudarlo (Jorge Glas) y que lleva a preguntarse de veras qué diantres hizo durante sus dos días de encerrona en Manta (aunque algo ya sabemos gracias al reportaje de Código Vidrio, Vistazo y Primicias, y no habla muy bien del presidente colombiano).

Massuh, la narcopiscina y Norero

Massuh (hay que decirlo antes de que Petro confunda los papeles) no tiene otra fama en Ecuador que aquella que le reportan sus vínculos con el crimen organizado. 

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Parece que al señor Petro esos vínculos le gustan: no sorprende a nadie. Pieza central del Caso Encuentro, en el que aparece como presunto operador clave o nexo principal de la estructura de corrupción en el sector eléctrico, especialmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Massuh se hizo famoso por ser el presunto autor (léase: fotógrafo) de la foto más importante de la década (Petro haría bien en enterarse): aquella de los tetones de la narcopiscina. 

Más claro: si Massuh no está entre los tetones (que podría estarlo, con sobra de merecimientos anatómicos) es porque estaba tomando la foto. El hecho es que participó de la misma fiesta.

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El angelito al que Gustavo Petro concedió refugio era el intermediario entre empresarios y funcionarios para obtener contratos o beneficios económicos indebidos y supuestamente influir en nombramientos. Lo delatan cientos de horas de grabaciones de audio y video hechas por él mismo en su propia casa. 

Además, su nombre aparece una y otra vez en los chats del caso Metástasis, en relación con los también mafiosos Leandro Norero y Xavier Jordán. Un perfil ni remotamente aproximado al que la República de Colombia exige para otorgar el estatus de refugiado, a saber: persecución por motivos de raza, nacionalidad, ideología, religión, etc.; haber abandonado el propio país por encontrarse en peligro de vida (lo cual no equivale a ser prófugo de la justicia); ser víctima de persecución política, etc.

Todo lo cual es una burla al derecho internacional perpetrada por un gobierno, el de Petro, que demasiados intereses parece tener con las mafias que operan en Ecuador. 

Sin embargo, han pasado seis meses desde la concesión de asilo a un prisionero cuya extradición estaba autorizada y la cancillería de Daniel Noboa no ha movido un dedo. Como no lo movió tampoco durante los nueve meses previos en los que dejó enfriar el trámite de su devolución al Ecuador. Uno los ve coincidir en asuntos tan sensibles y se preguntan por qué diablos se pelean.

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Lo que debes saber

• Un intento de asalto armado en una gasolinera del norte dejó daños visibles y temor entre trabajadores. Los sospechosos huyeron tras un enfrentamiento con un policía
• Aunque cifras oficiales reportan menos delitos, trabajadores y ciudadanos alertan que la violencia y nuevas modalidades incrementan la sensación de inseguridad
• Expertos advierten una expansión progresiva de la violencia en la capital y aunque no alcanza los niveles de la Costa, las bandas delictivas se adaptan

Los trabajadores de una gasolinera ubicada en el norte de Quito aún evitan hablar. El temor persiste tras el violento intento de asalto registrado la madrugada del domingo 26 de abril de 2026. 

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En el lugar, las huellas del hecho siguen intactas: el vidrio de la puerta principal permanece destruido y ha sido reemplazado por una improvisada lámina plástica que apenas cubre el acceso. 

El silencio entre los empleados no es casual; responde al miedo que dejó una escena marcada por la tensión y el uso de armas de fuego. Según información policial, cerca de las 00:10, un agente que se encontraba en el sitio intervino al observar que uno de los sospechosos mantenía sometida a una ciudadana mientras anunciaba el asalto. 

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Durante el procedimiento se produjo un forcejeo en el que uno de los implicados realizó varias detonaciones con una pistola. Ante la amenaza, el uniformado hizo uso de su arma de dotación con el objetivo de neutralizar el riesgo y proteger a las personas presentes.

Pese a la intervención, los sospechosos lograron huir en una motocicleta con rumbo desconocido. La Policía Nacional mantiene operativos en distintos sectores del norte de la ciudad para identificar y localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con este caso.

Gasolineras, un objetivo recurrente

Este hecho no es aislado. Desde inicios de abril, los reportes de ataques a estaciones de servicio han sido recurrentes. Incluso, cuatro gasolineras del norte fueron asaltadas en un lapso de apenas 25 minutos. 

Los delincuentes, que se movilizaban en motocicletas y se hacían pasar por repartidores, utilizaban mochilas de delivery para no levantar sospechas. Las cámaras de seguridad registraron cómo se acercaban a los despachadores, los amenazaban con armas de fuego y sustraían dinero en efectivo, celulares y pertenencias personales.

En uno de esos casos, ocurrido en el sector de La Y, un trabajador se resistió y roció combustible a uno de los atacantes, cuando este lo apuntaba con un arma. El delincuente, sorprendido por la reacción, optó por huir sin concretar el robo. A pesar de ese acto de defensa, el miedo se instaló entre los empleados. 

En esa estación, al menos dos trabajadores renunciaron tras el asalto, evidenciando el impacto psicológico que generan estos episodios.

“Siempre son robos violentos, con armas”, relata Andrés (nombre protegido), quien lleva casi cinco años trabajando en una gasolinera del sector. 

Según cuenta, el establecimiento ha sido asaltado al menos cinco veces durante ese tiempo. “Se maneja dinero en efectivo, eso nos vuelve un blanco fácil”, explica. Añade que los empleados más nuevos suelen ser los más afectados emocionalmente y, en varios casos, deciden abandonar el trabajo tras vivir una experiencia de este tipo.

Lógica de “delitos de oportunidad”

La sensación de inseguridad se agrava por la falta de presencia policial sostenida. “Hubo patrullajes unos días después del robo, pero luego desaparecieron”, afirma otro trabajador, quien también admite sentir temor constante. “Trabajamos con miedo; cada moto que se acerca genera tensión. Sabemos que pueden estar armados”, dice.

El problema, coinciden expertos, responde a una lógica de “delitos de oportunidad”. Según Jean Paúl Pinto, analista en seguridad, las gasolineras se han convertido en objetivos frecuentes debido a su operación ininterrumpida y al manejo constante de efectivo. “Los delincuentes identifican espacios donde hay vulnerabilidad, especialmente en horarios nocturnos. No es casualidad que estos ataques ocurran cuando hay menos afluencia de personas”, sostiene.

Pinto advierte, además, sobre el uso de nuevas modalidades delictivas, como el disfraz de repartidores o el empleo de sustancias como la escopolamina, que ha comenzado a detectarse en zonas cercanas a universidades.

Casos de escopolaminados

En la calle Ulloa, junto a la Universidad Central, dos jóvenes fueron víctimas de robo bajo esta modalidad, lo que ha encendido las alertas entre estudiantes y autoridades.

Brittany Morales, estudiante, asegura que la inseguridad en la zona ha escalado de forma preocupante. “Antes eran robos de celulares, ahora ya hay casos con escopolamina”, señala. Su compañera Myriam López coincide: “La falta de control y de presencia policial hace que estos lugares se vuelvan atractivos para los delincuentes, especialmente en la tarde y noche”.

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Según la plataforma interactiva Seguridad Quito DataHub, la capital registra una disminución del 30% en delitos de alto impacto ciudadano -como robo a personas, autopartes, motocicletas, unidades económicas y domicilios- al comparar los datos del primer bimestre de 2026 con el mismo período de 2025. Sin embargo, esta reducción estadística no se traduce necesariamente en una percepción de mayor seguridad entre los ciudadanos.

Para el general en servicio pasivo, Abraham Correa, la situación refleja una expansión progresiva de la violencia en la capital. “Quito no tiene los niveles de violencia de ciudades de la Costa, pero los delitos están aumentando: asaltos, secuestros, robos a entidades financieras. Las organizaciones delictivas se mueven y se adaptan”, indica.

Pinto enfatiza que, aunque la Policía ha logrado resultados importantes, la falta de coordinación entre instituciones y la reacción tardía frente a nuevas modalidades delictivas permiten que estos grupos operen con relativa facilidad. “Se necesita una estrategia integral, con articulación entre el Estado, el municipio y el sector privado”, concluye.

Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.

Lo que debes saber 

• Las experiencias gastronómicas en Negroni hacen que el comensal explore nuevos sabores.
• El disfrute no empieza solo en el plato: sino en la vista y el ambiente ‘instagrameable’.
• La cocina Nikkei se adapta al paladar local sin perder carácter.

En el piso 35 de The Point, la ciudad se mira distinta. La vista de Guayaquil parece una postal donde el río Guayas marca el ritmo. Subir hasta este punto no es casualidad; es una decisión. Y quien llega, espera algo más que una comida: busca una experiencia en el restaurante Negroni.

La decoración acompaña ese momento. Alfombras elegantes, lámparas de texturas artesanales que filtran la luz con calidez y una pared con mural dirige la mirada, y casi el instinto, hacia la cocina, donde el movimiento es constante.

Allí, entre fuego y precisión, los cocineros trabajan con otra vista privilegiada: el río, la ciudad, la altura. Todo influye. Todo suma. Porque como dice el chef peruano Rudy Cuba, “la vista, el sabor y la experiencia van de la mano”.

La propuesta en Negroni no se queda en el plato: se construye desde el detalle. La cocina Nikkei (esa fusión entre Japón y Perú) se despliega con soltura, pero también con intención. “Queremos que el cliente llegue y diga: wow, ¿qué es esto?”, explica el chef. Y lo logra. Desde la barra de sushi, donde los cortes milimétricos hablan de precisión, hasta la cocina caliente, donde las cocciones controladas elevan cada ingrediente, todo está pensado para seducir primero la vista… y luego el paladar.

Pero más allá de la técnica, hay una estrategia clara: conectar. Con la ciudad, con el cliente, con sus hábitos. Por eso el menú también conversa con Guayaquil: mariscos, arroces, sabores intensos que dialogan con la identidad local. “Buscamos que el cliente siempre encuentre algo nuevo, sin perder la esencia”, dice Rudy. Y en esa constante evolución, el restaurante se mueve con experiencias gastronómicas como ‘El ronqueo de atún de aleta amarilla’ y colaboraciones con chef de otros restaurantes. Porque en este piso 35, la experiencia no termina cuando llega el plato: apenas empieza.

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Nikkei, la fusión que marca el sabor

En la propuesta de Negroni, la cocina Nikkei no es solo una tendencia: es el hilo conductor de la experiencia. “Es una fusión entre cocina japonesa y peruana que hoy tiene muchísimo atractivo a nivel global”, explica el chef Rudy, quien ha hecho de este mestizaje gastronómico el corazón de su carta.

Esa mezcla se traduce en platos que reinterpretan lo tradicional. “El lomo saltado, por ejemplo, lo trabajamos con hongos japoneses y lo llevamos a un formato tipo risotto”, cuenta. Ingredientes como la salsa de soya o de ostra, ajenos a la raíz peruana, se integran con naturalidad para construir sabores nuevos, sin perder identidad.

La técnica también juega un papel clave. “En la barra de sushi todo es preciso, estético, milimétrico”, dice el chef. No es solo una cuestión visual: esa exactitud define la textura, el corte y, finalmente, la experiencia en boca.

Detrás de cada plato hay una logística que sostiene el concepto. “Usamos producto local, pero hay insumos clave que deben ser importados, como algas, hongos o salsa de soya”, explica. El resultado es una cocina que equilibra territorio y técnica, tradición y tendencia, en un diálogo constante que redefine el paladar.

El poder de las colaboraciones

Este año, una de las apuestas más interesantes llegó con la colaboración del chef de cocina francesa, Giovanni Cambizaca del restaurante Le Petit Jardin, de Cuenca: una experiencia pensada para salir del molde y medir hasta dónde está dispuesto a llegar el paladar local. “Queremos empezar con propuestas distintas y ver cómo responde el cliente”, dijo el chef Rudy.

La fusión parte de un punto técnico. “Usamos, por ejemplo, una salsa clásica francesa, la beurre blanc, en un plato de mariscos, pero la transformamos con ingredientes asiáticos”. Así, lo que nace en Francia se reinterpretó bajo la lógica Nikkei.

El menú de cuatro tiempos incluyó  productos más tradicionales de la cocina francesa, como ancas de rana. El resultado: contraste con coherencia, riesgo con equilibrio.

¿Es una apuesta arriesgada? Quizás. Pero ahí está precisamente la apuesta. “No sabemos si en Guayaquil existe un consumo fuerte de cocina francesa tradicional, pero queremos despertar esa curiosidad”, dice el chef. Más que una tendencia, es un experimento medido: “buscamos salir del concepto habitual y ver si el cliente está dispuesto a explorar nuevas propuestas”. Aquí, la cocina no solo se sirve: se pone a prueba.

Lo que debes saber

• El FMI advierte que la tensión con Colombia puede tener un impacto económico adverso y generar riesgos para el suministro eléctrico en Ecuador.
  
• La tasa de seguridad elevó aranceles hasta el 50 % y subirá al 100 %, afectando el comercio bilateral.
  
• La suspensión de energía desde Colombia expone la dependencia eléctrica y el déficit de generación en Ecuador.

La tensión entre Ecuador y Colombia, que se originó el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, genera alertas para la economía ecuatoriana y su sector energético. 

Economía y negocios

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Mayra Pacheco Pazmiño

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de abril de 2026, correspondiente a la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, el FMI sostiene que las “tensiones comerciales persistentes” con el país vecino podrían tener un impacto económico “adverso” y representar incluso “riesgos para el suministro eléctrico de Ecuador”.

Impactos económicos

En el tema económico, el Fondo recuerda que los desacuerdos en seguridad generaron, a inicios de 2026, tensiones comerciales con Colombia, luego de que Noboa aplicó barreras a las importaciones del país vecino. 

A esta acción, Colombia respondió con medidas de represalia. Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasó del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirá al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

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Las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025. En cambio, las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones, según el FMI.

En los dos primeros meses de 2026 estos intercambios se alteraron: las importaciones cayeron y las exportaciones subieron comparadas con 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (ver gráfico).

Efectos de la tasa de seguridad

El gobierno de Ecuador, sin embargo, destacó que la medida generó un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera en 25 años. Sin embargo, las cifras de marzo aún no se encuentran disponibles.

Además, el régimen resaltó la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta marzo asciende a $46 millones, según el Servicio de Rentas Internas.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la aplicación de la tasa de seguridad afecta al sector productivo de Ecuador y a los consumidores, más con la nueva medida. “La tasa al 100 % vuelve inviables las importaciones”.

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Ante ello, Acosta Burneo advierte que se deberán restituir las importaciones por otras, de destinos distintos, aunque este proceso no es sencillo, toma tiempo, demanda de recursos económicos y, en ciertos casos, implica un encarecimiento de precios para los consumidores. “Estamos viendo una destrucción de la competitividad del sector productivo ecuatoriano”.

Impactos en el sector eléctrico

Aparte del comercio, el Fondo detalla también que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

En respuesta al anuncio de la tasa de seguridad, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador. Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante las restricciones en las ventas de electricidad, el FMI advierte posibles riesgos en el suministro de energía en Ecuador debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia durante los periodos de estiaje. 

No obstante, dice que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

Economía y negocios

Tasa del 100% a Colombia pone en riesgo cadenas de suministro y alerta por desabastecimiento

Liz Briceño

Para inicios de marzo de 2026 (cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del acuerdo), el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica, estaba en su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Pero ha ido disminuyendo y este 27 de abril de 2026 hasta las 16:00 estaba en 2.132 msnm.

Por esta razón, Luis Ordóñez, consultor eléctrico, explica que si se mantienen las restricciones en la venta de electricidad desde Colombia, habrá limitaciones para cubrir la demanda nacional, que se "complicarán aún más en el siguiente estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027" porque en Ecuador existe un “déficit” en el sistema de generación.

Antes de la tensión bilateral, Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema nacional, que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

"Con este aporte (450 MW) se podía cubrir la demanda. Sin embargo, ahora cuando baja el embalse de Mazar y se reduce el caudal de Coca Codo Sinclair hay complicaciones para cubrir la demanda y vamos a tener apagones", apunta Ordóñez.

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Pero al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio; aunque el gobierno atribuyó los últimos cortes de energía en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena a mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.

Además, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció el 20 de marzo pasado que inicio un proceso de contratación para incorporar en este 2026 -o en los ocho meses quedan de este año- 920 megavatios (MW) de generación térmica para garantizar el suministro.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Lo que debes saber 

• Mercedes Caicedo asume la Judicatura y enfrenta crisis de confianza e independencia en la justicia de Ecuador.
• Academia y gremios exigen auditorías, concursos pendientes y depuración urgente del sistema judicial.
• Expertos advierten cooptación política tras destitución de Godoy e inhabilitación de Villacís.

Mercedes Caicedo, quien acaba de ser nombrada presidenta del Consejo de la Judicatura, enfrenta el reto de recuperar la confianza en el sistema de justicia. Su gestión deberá despejar las dudas sobre la independencia de la institución frente al Ejecutivo.

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Eso sostienen los decanos de facultades de Derecho de cuatro universidades, junto con un representante del gremio de abogados y otro de la Comisión Anticorrupción. Para estos actores, persiste la percepción de que el organismo ha sido cooptado por el poder central.

Esa lectura se sustenta en que luego de la destitución y censura de Mario Godoy, desde el Ministerio de Trabajo se impidió la posesión de Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo. La inhabilitación de Villacís es vista como parte de una maniobra que profundiza las dudas sobre la autonomía.

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Mala imagen de la justicia

Esteban Ron, profesor y decano de la Uisek, recordó que en una de las recientes encuestas, el Consejo de la Judicatura presentó alto porcentaje de desaprobación, incluso mayor que el de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral.

“La justicia es uno de sectores peor evaluados, se duda de la independencia de jueces; cooptado no solo por la política sino por redes de narcotráfico y criminalidad”. 

Por ello, sostiene que se requiere hacer un seguimiento pormenorizado al ejercicio de servidores. Asimismo, dice que deberá dar seguridad a los jueces, luego de lo que pasó con Carlos Serrano.

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José Chalco Quezada, de la Universidad de Azuay, remarcó que hay corruptelas en la justicia, por lo que la evaluación no puede esperar.  

“Durante 20 años fui juez de lo civil y han crecido las necesidades, no solo de infraestructura. Faltan jueces, pero de calidad”.José Chalco Quezada/ decano de la Universidad de Azuay

Esteban Santos, de la UHE, apunta que la falta de independencia es inobjetable. 

“El Consejo vive sus peores momentos. Todos sus expresidentes han acabado presos y ahora con este (reciente) episodio inaceptable, se enturbió más. El Gobierno sí se mueve, por ejemplo, con el caso de la inhabilidad que tenía el ministro de Salud para ser funcionario público”.

Reorganizar la Judicatura, piden abogados

En ese contexto, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, señala que Caicedo debería reorganizar toda la Judicatura, pues gran parte de los directores y funcionarios fueron colocados por administraciones cuestionadas. Asimismo, dictar lineamientos para cada área.

También avanzar con los pendientes: concurso para jueces constitucionales, mandato de la consulta popular del 2024; así como para jueces nacionales y provinciales; o evaluación de notarios y fiscales. En eso coinciden los decanos.

Auditoría para evitar corrupción en juzgados

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, menciona que a Mercedes Caicedo le corresponde iniciar un proceso de auditoría interna respecto de las judicaturas provinciales porque, según su experiencia, en Guayas y Manabí “trabajan coludidos, (que) responden a intereses, por ejemplo de proveedores de insumos médicos. Nosotros lo hemos notado”.

Sobre la presidenta Caicedo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a Mercedes Caicedo presidenta de la Judicatura hasta el 2031. Era jueza de la CNJ, desde 2022. Fue conjueza en 2021.

Lo que debes saber del caso

• * La Unión Nacional de Educadores advierte que cerca del 80 % de planteles en Guayas presenta daños estructurales y exige una intervención urgente de al menos 100 millones de dólares.
  
• Padres de familia denuncian abandono estatal: han tenido que reparar aulas, pintar paredes y limpiar maleza para que sus hijos puedan estudiar en condiciones mínamente dignas.
  
• Pese a la crisis, docentes no piden aplazar clases, pero exigen respuestas inmediatas al Gobierno de Daniel Noboa ante el riesgo para estudiantes.

A menos de una semana del inicio de clases, la preocupación crece en Guayaquil. Lo que debería ser un regreso organizado a las aulas se ha convertido en un foco de denuncias por parte de docentes y padres de familia, quienes advierten que decenas de planteles presentan un deterioro crítico en su infraestructura.

Ecuador

Educación en Ecuador: UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo por falta de presupuesto

Freddy Josue Andrade Andrade

La UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo

La Unión Nacional de Educadores (UNE) encendió las alarmas tras una reciente rueda de prensa, en la que le pidió al Gobierno Nacional declarar en emergencia el sistema educativo y expuso la situación que enfrentan miles de estudiantes y maestros en Guayaquil.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, fue enfática al exigir una intervención inmediata. “Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades para garantizar una educación de calidad. Se necesitan al menos $100 millones para intervenir el 80 % de las instituciones educativas del Guayas que están en malas condiciones”, manifestó.

Colegios históricos en malas condiciones

Advirtió que planteles emblemáticos como los colegios Guayaquil, Dolores Sucre o Simón Bolívar, así como varias unidades rurales, “ya han cumplido su vida útil”.

Por ejemplo, en el Simón Bolívar, desde los exteriores es visible el monte crecido y el mal estado de algunos juegos para niños. “Estamos a una semana de empezar clases y esto no tiene cara de que cambie en dos días. Es terrible el estado de la institución”, dijo Ramiro, un padre de familia que lamentó ver cómo la institución se ha destruido con el paso del tiempo. “Yo estudié aquí y era una noble institución, pero ahora se cae a pedazos”, lamentó.

Una situación similar se observa en los colegios Guayaquil y Dolores Sucre, otros icónicos establecimientos de la ciudad, pero hoy hasta sus letreros principales están dañados y la pintura luce completamente desgastada. “En el Colegio Guayaquil una sala de eventos está destrozada, el techo se destruye más cada día. Es un riesgo para los alumnos”, criticó Samuel Páez, otro padre de familia.

En el colegio Guayaquil, una sala de eventos está destrozada. El techo se cae a pedazos. Es un peligro para todos los estudiantes.
Samuel Páez
Padre de familia

Las denuncias de los padres de familia

En la zona del sur guayaquileño, padres de familia se hacen eco y denuncian que han tenido que asumir tareas que le corresponden al Estado. En la Unidad Educativa Réplica Simón Bolívar y la réplica del 28 de Mayo, por ejemplo, Fernanda Chávez relató que le ha tocado hacer cosas que no le competían como madre.

“Los padres hemos tenido que pintar paredes, arreglar pupitres y hasta limpiar monte porque, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Así no pueden estudiar nuestros hijos”, se quejó.

Darío Moncayo, representante de tres menores, describió un panorama similar. “Aquí no hay condiciones. Hay aulas con techos dañados, baños inservibles. Nuestros hijos merecen algo mejor, no esto”, reclamó molesto.

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En paralelo, los padres de familia denuncian que la precariedad no solo es estructural, sino también operativa. En el campamento Filipinas, José Yánez aseguró que “los niños no tienen ni pupitres en buen estado. Hay aulas improvisadas y cuando llueve se forman piscinas en vez de aulas”.

El malestar también se evidencia en el campamento Fernando Daquilema. “Nos toca organizar mingas para limpiar y reparar. Es indignante que el Gobierno no se haga cargo”, cuestionó Rosa Delgado, madre de familia.

Padres de familia recolectan dinero para que hijos puedan estudiar 

En Durán la situación es similar o peor. En colegios como Carlos Luis Plaza Aray, Jaime Hurtado, entre otros, los padres de familia optan por recoger cuotas de entre $3 y $10 para poder arreglar baños e infraestructuras con daños. “Nosotros no tenemos dinero, pero lo hacemos por nuestros hijos. Qué pena que el Gobierno no haga nada”, dijo Valentino Mayorga, quien espera que la solución no sea la virtualidad.

“Queremos evitar eso. Ojalá las autoridades ayuden a arreglar y permitan estudiar con normalidad a los niños”, añadió.

Ecuador

UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases

Freddy Josue Andrade Andrade

Docentes y padres de familia piden respuestas urgentes

A esto se suma la preocupación por el financiamiento. Hilario Beltrán, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, cuestiona la falta de ejecución de recursos. “Estamos preocupados porque el 4 de mayo se inicia el año lectivo y son los padres y maestros quienes deben meterse la mano al bolsillo. Dinero hay, existen los recursos, pero no entendemos por qué no se arreglan las instituciones”, señaló.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Educación, para conocer qué acciones se están tomando ante la crítica situación denunciada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Pese a la gravedad del escenario, la UNE ha sido clara en su postura de no buscar retrasar el inicio de clases. Su demanda apunta a respuestas inmediatas. “No queremos que se aplacen las clases, pero sí exigimos soluciones urgentes”, coincidieron los dirigentes. Las exigencias están dirigidas directamente al Gobierno Nacional de Daniel Noboa, al que responsabilizan de no atender la crisis educativa.

Entre aulas deterioradas, mobiliario improvisado y padres que asumen roles que no les corresponden, el inicio del nuevo ciclo lectivo en Guayaquil se perfila bajo una gran incertidumbre.

Lo que debes saber

• Compensación estatal termina en abril y pone en riesgo la operación del transporte urbano en Quito.
  
  
• Transportistas advierten recortes desde mayo si Municipio y Gobierno no definen medidas.
  
  
• Municipio analizará tarifas entre el 1 y 15 de mayo pese al aumento de costos del diésel.
  
  

A pocos días de que termine la compensación estatal al transporte urbano tras la eliminación del subsidio al diésel, el sistema de movilidad en Quito atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre. Mientras el gremio advierte posibles afectaciones en la operación, el Municipio aún no define una hoja de ruta sobre tarifas ni sostenibilidad financiera.

Compensación al transporte vence en abril sin una decisión clara

El decreto del Gobierno estableció un período de ocho meses de compensaciones, plazo que concluye en abril. 

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Sin embargo, a una semana de ese vencimiento, no existe una definición oficial sobre su ampliación. 

Aunque desde el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de extenderla uno o dos meses, los transportistas aseguran que no cuentan con una confirmación formal.

Gremio advierte reducción gradual del servicio

Representantes del sector han alertado que, sin una solución conjunta entre el Gobierno central y el Municipio, la operación podría disminuir.

Luis Haro, presidente del Corredor Norte, explicó que el sistema genera en promedio 200 kilómetros diarios de circulación, cifra que podría reducirse si no hay respuestas. 

Esto implicaría dosificar flotas y ampliar intervalos entre unidades.

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Costos operativos presionan al sistema de transporte

El aumento sostenido de los costos agrava el panorama. El combustible representa entre el 9% y el 11% de los gastos operativos, mientras que el salario de los conductores pasó de $566 a $740 desde la última revisión tarifaria en 2019. 

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A ello se suma el encarecimiento de repuestos e insumos, influido por las tensiones comerciales con Colombia. Transporte descarta paralización, pero anticipa impacto desde mayo.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que a partir del 15 de mayo no se trataría de una paralización, sino de la imposibilidad de cubrir el 100% del servicio.

Asegura que el objetivo no es trasladar el impacto al usuario, sino avanzar hacia una tarifa técnicamente sostenible y socialmente justa, con posibles mecanismos de compensación municipal.

Municipio posterga decisiones hasta mediados de mayo

Pese a la urgencia planteada por el gremio, el Municipio mantiene una postura cautelosa. 

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El alcalde Pabel Muñoz indicó que el análisis interno se realizará entre el 1 y el 15 de mayo, y que recién después se retomarán conversaciones sobre tarifas, calidad del servicio y la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR).

Este cronograma abre la posibilidad de que las decisiones finales se posterguen hasta finales de mayo, período en el que, según el gremio, se sentirá el impacto real del retiro de la compensación.

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Debate se traslada al modelo de gestión del transporte

Desde la Secretaría de Movilidad, Álex Pérez señaló que el debate no debe centrarse únicamente en el alza del pasaje, sino en la transformación del modelo de gestión del transporte público.

La propuesta apunta a un esquema financieramente sostenible, con mayor eficiencia y transparencia, apoyado en el recaudo electrónico.

Ordenanza vigente plantea cambios que no se aplican

El Observatorio de Movilidad recuerda que desde 2020 está vigente una ordenanza que crea un fondo para financiar el transporte público y propone pagar a los operadores según estándares de servicio, kilómetros recorridos y número de pasajeros. 

Además: Pabel Muñoz asegura que ha mejorado la seguridad del Centro de Quito, ¿qué argumenta?

Sin embargo, este modelo no ha sido implementado en más de cinco años, un retraso que, según expertos, responde más a decisiones políticas que a limitaciones técnicas.

Mientras tanto, el corto plazo sigue siendo el mayor desafío: los transportistas advierten que a partir de la segunda quincena de mayo el sistema podría no contar con los recursos suficientes para operar con normalidad.

Lo que debes saber

• Crisis de confianza en Ecuador persiste en 2026: encuesta de Click Research muestra alta desaprobación instituciona.
• Efrén Guerrero advierte: Gobierno no aplica políticas para revertir desconfianza en Asamblea, justicia y Ejecutivo.
• Más del 60 % tiene emociones negativas en Ecuador: percepción empeora por seguridad y economía.

La crisis de confianza en las instituciones es histórica en Ecuador. El Gobierno tampoco está impulsando políticas públicas para cambiar la percepción de que las cosas van mal. Lo apunta Efrén Guerrero, en su análisis de resultados de encuestas que se han difundido en abril 2026.

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La más reciente encuesta de Click Research evidencia la poca credibilidad en organismos del Estado. ¿Eso no es una novedad, verdad?

Históricamente se analizan la confianza interpersonal e institucional; siempre vemos una percepción negativa del ecuatoriano sobre su situación y su destino, no se ha visto un nivel de positivismo, desde 2018 y luego con la pandemia. Ocurre a nivel mundial, creo. 

Los gobiernos sucesivos y el actual no generan herramientas para revertir esa tendencia.

Con acciones como la del ministro de Trabajo, Harold Burbano, que se moró dos meses en eliminar la inhabilidad de quien debía presidir la Judicatura, ¿se mina más esa confianza?

Lo de Click es un análisis de la confianza ciudadana, algo estructural, no de escándalos puntuales. Se ve que la desconfianza en instituciones es alta: Asamblea, 70.84 % de desaprobación; sistema de justicia, 71,84 %, inclusive en el Ejecutivo, 54,68 %. 

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No hay estadística que le salga bien al Presidente y su excesivo personalismo hace que lo que pasa en el Legislativo o lo que hagan los ministros también sea su culpa. Es una crisis de confianza por legitimidad institucional, los temas percibidos son materiales, seguridad y economía. 

No son situaciones externas, hay un problema histórico. Y la expectativa actual es que hay empeoramiento y no corrección.

¿La decisión del CNE de adelantar elecciones llega a la conversación del común de mortales y erosiona más la confianza en ese ente?

David Easton habla sobre el apoyo específico y el apoyo difuso. En la encuesta se ve apoyo específico a decisiones concretas, con la decisión del CNE está de acuerdo el 52,17 %, no es rechazo masivo. 

Pero la confianza en el sistema está golpeada, el problema es la institución, no la decisión. Además, el 60,97 % tiene emociones negativas sobre el país. Las decisiones del CNE no llegan solo al círculo rojo, aunque llegan de modo superficial. 

Es típico de sistemas políticos desgastados, la ciudadanía reacciona a eventos, pero en el fondo no cree en las instituciones que los producen.

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Hablo con taxistas sobre las seccionales y dicen que les da lo mismo. ¿Es grave?

Muy grave, es un indicador empírico que muestra que las emociones negativas sobre el país, la angustia y el pesimismo se mantienen. Me preocupa que la gente esté clara en que la situación se pondrá peor en seis meses. Es el clima: desconfianza en el sistema.

¿Y el Gobierno?

Todo lo que hace el Gobierno alimenta la relación de que el sistema no funciona y no va a cambiar, el apoyo específico existe pero el difuso está roto. La gente dice voy a la universidad, pero no creo en la universidad, voy a la calle y si atropello no pasa nada, si me meten un tiro por la calle, hay una posibilidad altísima de que el asesino salga impune.

¿Cómo se ve la Asamblea?

Veo que algunos asambleístas hacen obra social en sus provincias y lo colocan en sus redes. Tenemos legisladores de muy mala calidad, pero ese no es un problema en sí mismo, sino la expresión visible de un sistema político fragmentado. Todo nace donde termina: la crisis de los partidos políticos.

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¿Cómo debería leerlo el presidente Noboa?

Debería darse cuenta de que no está teniendo muchos éxitos en política pública en los últimos seis meses. Como ciudadano, si me preguntas sobre una obra de Daniel Noboa... La solución al tema de salud ha tenido mucho desgaste con sus vicepresidentas; Pinto no estaba preparada, pero hay que ser como claro, cómo solucionar y analizar qué pasa.

¿Cuál es el riesgo para el Gobierno?

¿Las cifras de esta y otras encuestas son una amenaza existencial para el Gobierno? Vive constantemente en una amenaza existencial, lidia con la tendencia autoritaria, no es solo cosa de Noboa; en Latinoamérica y el mundo. Por otro lado hay una ciudadanía muy violentada, deprimida, incapaz de responder positivamente a estímulos de presidente.

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Si el presidente pide apoyo nacional para algo, no sé cómo reaccionaría la gente; está preocupada por sobrevivir.Efrén Guerrero/ catedrático e investigador

Más de sus reflexiones:

El ecuatoriano no ve un futuro mejor, ahora ni siquiera piensa que migrar sea una opción, anota Efrén Guerrero. Eso y la situación económica, más la violencia, harán que difícilmente responda a estímulos, dice. También que habrá que ver cómo responden en las elecciones, por ejemplo en Cuenca, luego de esa marcha, que dio lugar a, “quinto río”.

¿Quién es Efrén Guerrero?

Catedrático. Investigador. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conduce un programa radial, enfocado en el rock. Reflexiona en su cuenta de X.

Las claves del caso

• Acumulación de problemas estructurales sin respuesta institucional, lo que incrementa el malestar ciudadano.
  
• Reclamos reiterados por vías deterioradas, servicios básicos deficientes, inseguridad y falta de planificación urbana.
  
• Cuestionamientos al silencio del alcalde Wilson Cañizares, que los moradores  y expertos perciben como falta de liderazgo.

La ciudadanía de Daule está cansada. No es una queja reciente ni un reclamo aislado. Se trata de una acumulación de problemas que, según los residentes, llevan meses e incluso años sin solución. Denuncias reiteradas y reportes en redes sociales evidencian el hartazgo ciudadano; Sin embargo, no han tenido la respuesta esperada del alcalde Wilson Cañizares.

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Los principales problemas que aquejan  a Daule

Entre las principales quejas ciudadanas están el deterioro recurrente de las vías, el desorden en el tránsito, la deficiente planificación urbana que, según los moradores, no prioriza la calidad de vida, la inseguridad y la falta de pronunciamientos frente a los deficientes servicios básicos.

Pese a las Múltiples publicaciones de este Diario sobre los reclamos ciudadanos, no ha existido un pronunciamiento directo por parte del alcalde Cañizares. De hecho, la última vez que brindó una entrevista a EXPRESO fue en agosto de 2025. Este silencio, para los moradores, resulta cada vez más incómodo e incluso cómplice.

El reclamo ciudadano ante el silencio del alcalde

"No dice nada, es como si ni le importara. Nos matamos reclamando, yendo al Municipio, dejando mensajes en redes sociales, y nada. Él no habla y por eso termina siendo cómplice", criticó Milagro García, moradora de Daule.

El estado de las vías es uno de los reclamos más reiterados. La avenida León Febres Cordero, uno de los principales ejes de conexión, así como las calles internas de urbanizaciones como La Joya, Villa del Rey, Villa Club, Casa Laguna y Vistana, presentan baches, desniveles y tramos deteriorados que complican la movilidad diaria.

"Este tema ya lleva años y siempre es lo mismo. Después de tanto insistir, arreglan, pero a los pocos meses todo se vuelve a dañar", comenta Luis Fernando Mena, residente de La Joya. A su testimonio se suma el de Carla Zambrano, de Villa Club: "No podemos acostumbrarnos a vivir así. Pagamos tantos impuestos y las calles son malas".

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La presencia de agentes de tránsito es otro punto conflictivo. Los moradores denuncian que su presencia es escasa, especialmente en zonas críticas donde el flujo vehicular es alto. Además, reportan la circulación frecuente de vehículos pesados en áreas donde no está permitido, así como accidentes constantes en el redondel de la vía a Salitre.

"Aquí cada semana hay un choque y nadie controla nada. Los camiones pasan como si fuera una carretera libre", señala Jimmy Andrade, habitante de Casa Laguna, quien recrimina que, aunque la competencia no sea 100% municipal, no hay pronunciamientos. "No hay autoridad. Es tierra de nadie. Si pasa algo, cada quien resuelve como puede", protestó.

En materia de urbanismo, los ciudadanos también expresan preocupación por la falta de áreas verdes. Aunque, como informó EXPRESO, recientemente se habilitó un parque en los exteriores de Villa Club, los moradores cuestionan que se trate de un espacio mayormente de cemento, sin árboles ni sombra. "Con este calor es imposible usarlo. Cada vez hay más plazas comerciales y urbanizaciones, pero menos espacios para respirar. No hay equilibrio", comenta Rocío Orellana, quien duda de que exista una planificación real en Daule.

Piden pronunciamiento ante problemas en servicios básicos

Por otra parte, los constantes cortes de energía y de agua también han generado malestar. Aunque estos servicios no dependen directamente del Municipio, los ciudadanos cuestionan la ausencia de pronunciamientos o gestiones visibles por parte de la autoridad local. 

“No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que represente”, expresa Andrés Molina, de Villa Club. Para Patricia Ruiz, de Casa Laguna, el silencio agrava la situación: "Ni siquiera hay una postura. Es como si no pasara nada. Parece que el alcalde no vive en Daule".

A esto se suma el incremento en las planillas de agua, debido a un nuevo cobro vinculado a la recolección de basura. “Nos llega el agua cuando quieren y encima ahora pagamos más. Es absurdo”, afirma Santiago Cuello, residente de La Rioja.

No pedimos que solucione todo, pero al menos que diga algo, que gestione, que representeAndrés Molina
​residente de Villa Club

La recolección de basura tampoco escapa a las críticas, principalmente en sectores de La Aurora, donde moradores aseguran que el servicio es irregular, lo que ha derivado en la acumulación de desechos en varios puntos. EXPRESO ha reportado en reiteradas ocasiones la presencia de montículos de basura en viales como el 10 y en la avenida León Febres Cordero.

La inseguridad es, quizás, una de las preocupaciones más sensibles. En los últimos años se han registrado hechos violentos incluso en zonas consideradas exclusivas y en los exteriores de centros comerciales. Aunque la seguridad no es una competencia exclusiva del Municipio, los ciudadanos reclaman coordinación con otras entidades. "Queremos ver presencia, operativos, algo que nos haga sentir protegidos. En Guayaquil hay Segura EP y en Samborondón hay muchas cámaras, pero acá nada".

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Analista político se refiere al silencio de Cañizares

Sobre el tema, Jorge Chuya, analista político, considera que este silencio puede ser parte de una estrategia. “El alcalde también puede estar pensando en las próximas elecciones y puede que prefiera no hablar porque su hija podría buscar el cargo”, considera el experto.

Sin embargo, recuerda que el estilo de Cañizares nunca ha sido populista, pero en este tipo de casos es necesario hablar. "En La Aurora se siente la ausencia de ese líder. Cuando se está al frente de la alcaldía, se debe salir a responder sobre los problemas. Ese silencio le hace sentir a la ciudadanía que está en abandono", mencionó.

Entre reclamos que se acumulan y respuestas que no llegan, los moradores de Daule continúan esperando. Mientras tanto, el silencio, que algunos ya califican como costumbre, sigue ocupando un lugar central en la discusión pública del cantón.

Lo que debes saber

• Desde mayo, el SRI solo permitirá cubrir hasta el 60% de obligaciones con notas de crédito, obligando a cancelar el resto en efectivo.
• La medida, justificada como un intento de proteger la recaudación fiscal, ya genera críticas de expertos que cuestionan su legalidad y advierten efectos inmediatos en el mercado.
• El cambio no solo reduce la flexibilidad para empresas y personas, sino que también devalúa estos instrumentos: su descuento en el mercado se ha triplicado y la demanda ha caído más del 40%.

A partir de mayo, cuando un contribuyente quiera pagar al SRI sus obligaciones tributarias, incluidas las multas e intereses derivados de estas, solo podrá utilizar notas de crédito para cancelar hasta el 60 % de ese saldo; el resto deberá pagarlo en efectivo.

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Normalmente, cuando un contribuyente -sea persona natural o empresa- tiene un saldo a favor en su declaración de impuestos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) devuelve esos valores pagados en exceso a través de notas de crédito, las cuales pueden ser canjeadas en el mercado para obtener liquidez inmediata. No obstante, mediante una resolución firmada el pasado 31 de marzo, el ente recaudador justifica la reforma señalando que es necesario “racionalizar” este mecanismo, con el fin de “evitar un riesgo de detrimento en el flujo de la recaudación tributaria que sustenta el financiamiento del gasto público”.

Optar por una resolución y no por una reforma legal 

Sin embargo, este cambio, a pocos días de su entrada en vigencia, empieza a generar malestar no solo por la forma en que se aplica, sino también por la pérdida de valor que una medida como esta provoca en estos instrumentos.

“Obviamente, esto se convierte en un problema para los contribuyentes, porque muchos recibían la devolución-sobre todo las empresas- mediante notas de crédito, y con ellas podían pagar hasta el 100 % de sus impuestos; ahora ya no. Esto dificulta su uso y compensación”, explica el analista tributario Javier Bustos.

La resolución del SRI, añade el experto, impone “una limitación no justificada” a lo previsto en el artículo 43 del Código Tributario, que contempla facilitar el pago de tributos también con esta vía. “Eso nos hace pensar que, quizás, esto debió haberse implementado mediante una reforma legal y no a través de una resolución como lo ha hecho el SRI”, señala.

Economía y negocios

El Ministerio de Finanzas niega que en este 2026 habrá nuevos ajustes tributarios en Ecuador

Lisbeth Zumba

¿Esto forma parte de un compromiso con el FMI?

El pasado sábado, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de un escueto comunicado, negó que el Gobierno ecuatoriano esté planificando adoptar nuevos ajustes o reformas tributarias este año. Esto a raíz de una publicación de este Diario, donde se abordan los resultados de la quinta revisión del programa de crédito que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugieren la continuidad de medidas como estas para seguir ajustando la situación fiscal del país, conforme a la trayectoria de consolidación del programa.

Pero mientras la cartera de Estado niega cambios, el informe enlista justamente esta restricción del uso de notas de crédito, como parte de las estrategias que permitirían al Gobierno alcanzar ingresos equivalentes al 1,3 % del PIB en el periodo 2026-2027.

Gonzalo Cucalón, gerente de la casa de valores Banrío, explica que, si bien este ajuste no crea ni eleva impuestos, termina siendo un “ajuste blando” que sí modifica las reglas del juego bajo una interpretación más estricta de la norma.

Para los expertos, se ha recurrido al mismo mecanismo que el SRI empleó a fines de marzo para ajustar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos procesados, otra vía que, según el FMI, servirá para incrementar la recaudación fiscal contemplada en el informe de la quinta revisión. A esto se suman otras medidas como la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del Impuesto a la Renta y el refuerzo de los controles sobre las devoluciones del IVA. Medidas de las que aún se aguarda información.

Economía y negocios

FMI alerta a Ecuador: tensiones con Colombia afectan el comercio y ponen en riesgo la energía

Mayra Pacheco Pazmiño

Las notas de crédito pierden valor en el mercado 

EXPRESO solicitó el pasado viernes al SRI información detallada sobre los montos pagados vía notas de crédito en 2025 y los posibles perjuicios fiscales, pero aún se espera una respuesta. No obstante, en el mercado se estima que, para ese año, la entidad habría utilizado más de 2.000 millones en notas de crédito para el pago de tributos.

Cucalón señala que, a pocos días de que este cambio comience a aplicarse, estos papeles han empezado a perder valor debido al incremento en los descuentos aplicados en cada transacción.

La página de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), uno de los espacios donde estos instrumentos pueden negociarse y volverse líquidos de forma inmediata, ofrece una referencia de eso: a inicios de abril de este año, los descuentos alcanzaron un promedio de 2,42 %, muy por encima del 0,82 % registrado en abril del año pasado.

Esto significa que hoy “es tres veces más caro vender estas notas de crédito”, explica el gerente de una empresa guayaquileña especializada en ofrecer liquidez a compañías con solicitudes de devolución de impuestos, quien prefiere mantener el anonimato por seguridad.

Según detalla, tras el anuncio de esta reforma, la demanda de estos títulos ha caído más del 40 %. Al no poder utilizarse ya en su totalidad, el interés de compra disminuye. Y como consecuencia, aumenta el porcentaje de castigo con el que se negocian, afectando principalmente a sus tenedores: empresas y personas naturales con saldos a favor que ahora ven reducido su valor recuperable.

Asumiendo que actualmente el descuento se sitúa en torno al 2,4 %, el ejecutivo ejemplifica: “si una persona o empresa tenía un derecho de $500.000 en notas de crédito, al convertirlas en liquidez en este contexto, recibiría aproximadamente $488.000, perdiendo cerca de $12.000”.

¿Cómo funciona?

El SRI implementó las notas de crédito    para facilitar la devolución de impuestos, de forma inmediata, sustituyendo a los antiguos certificados de abono tributario. Estos títulos se pueden hacer líquidos, aplicando un descuento mínimo, en la negociación directa con otra persona natural o jurídica o a través de la negociación de una Casa de Valores. Con ello, el contribuyente puede tener efectivo, sin tener que esperar el pago del SRI.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos sobre Irán el 28 de febrero, el Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, con excepción de una apertura esporádica entre el 17 y el 18 de abril. El cierre de esta arteria del comercio marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico ha tenido efectos en la operatividad de las exportaciones bananeras del Ecuador y en el futuro del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos.

Entre enero y marzo de 2026, Ecuador exportó más de 108 millones de cajas de banano, de las cuales 13 millones se dirigieron a Medio Oriente, explicó el presidente de Acorbanec, Richard Salazar. Sin embargo, ante la dificultad de acceder a los mercados del golfo Pérsico (Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Kuwait, Omán y Catar) se han presentado caídas frente a lo exportado en 2025 que oscilan entre el 24% y el 100%, producto del impacto del conflicto en la región. Mientras que el incremento en las exportaciones hacia Arabia Saudita, Turquía y Siria amortiguó el impacto, limitando la caída del bloque regional a 2,16% frente a 2025.

El caso más extremo es Iraq, que dejó de recibir exportaciones de banano ecuatoriano por completo, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Kuwait registraron retrocesos superiores al 40%. En conjunto, el volumen enviado a estos seis países se redujo casi 1,96 millones de cajas frente al mismo período de 2025.

Marianella Uvilla, vicepresidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), recuerda que el quiebre se produjo en la semana 10. “La logística se redujo a tres días de la semana, hasta que las navieras mandaron comunicados de que no se podía ir por mucho riesgo”, señaló. Las líneas suspendieron la ruta directa hacia Ormuz, aplicaron un recargo por riesgo de entre $3.000 y $4.000 y obligaron a rediseñar rutas.

Las cargas se desviaron hacia puertos en Omán y Arabia Saudita. En paralelo, surgieron rutas indirectas como Mersin, en Turquía, desde donde la fruta se moviliza por vía terrestre hacia los mercados del Golfo Pérsico en un plazo adicional de 48 a 72 horas.

En total, los tiempos logísticos se han extendido entre dos y cuatro días frente a la ruta habitual. Uvilla describe que las terminales portuarias “no estaban en capacidad para recibir tanta carga y no estaban automatizados”, generando congestión.

Con una participación cercana al 15% del banano ecuatoriano en los mercados de Medio Oriente, el conflicto bélico podría contraer entre dos y tres puntos porcentuales ese posicionamiento el próximo año, llevándolo a niveles cercanos al 11%. “A largo plazo va a reducirse la participación del mercado establecido”, advierte Uvilla.

En el mercado, los precios spot han mostrado variaciones en línea con el comportamiento de la demanda. La menor movilidad de personas, la salida de población en algunos países y la caída del turismo han ralentizado el consumo.

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La coyuntura se traslada a los precios

Datos proporcionados por Acorbanec muestran que el precio spot del banano ecuatoriano arrancó el año en $8,05 por caja y escaló de forma sostenida hasta tocar su pico de $11,95 en la semana 6 (primera quincena de febrero). A partir de ahí, el precio registró una caída y se mantuvo volátil en las semanas siguientes. Hacia la semana 16 (13 al 19 de abril) el precio cerró en $4,75, menos de la mitad del máximo registrado diez semanas antes. El promedio del período se ubica en $8,24, por encima del precio mínimo de sustentación (PMS) de $7,50.

Sin embargo, desde el campo los productores advierten otras distorsiones. Franklin Torres, presidente de la Federación de Productores Bananeros del Ecuador (FENABE), señala que el precio en finca llegó a caer hasta $3 por caja y aunque se ha recuperado lentamente, en las últimas semanas se ha comercializado en promedio a $5.

El gremio estima que para un productor pequeño de 500 cajas semanales comercializar a esos precios significa una pérdida de $2.500 por semana; multiplicado por ocho semanas el daño asciende a $20.000 por finca. “Como en 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania, el sector exportador busca un pretexto para pagar precios bajos”, afirmó Torres. 

La consecuencia más grave, señala el líder gremial, no es solo económica: las fincas presentan una fragilidad creciente frente a enfermedades, pues sin liquidez los productores no pueden cubrir el gasto semanal de control fitosanitario. "Las consecuencias se sentirán en las próximas semanas y meses, cuando muchas fincas tengan que salir del mercado", alertó.

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Acciones pendientes

Frente a los desafíos logísticos, Uvilla recuerda que en el primer toque de queda y en medio de la escasez de contenedores, “la fruta se quedó 96 horas sin conexión, hasta cuatro días botada en las empacadoras”, lo que frenó el crecimiento sectorial de 8% a 5,5% hasta la semana 15. 

Por ello, la vicepresidenta de AEBE califica de “insensato” no contar con salvoconductos y rutas permitidas para exportaciones y enfatiza en la necesaria coordinación con la Subsecretaría de Puertos y los ministerios de Interior y Transporte. 

Por su parte, Acorbanec señaló que, hasta el cierre de esta edición, no han recibido respuesta de las instituciones del Estado sobre el pedido de trabajo conjunto para el diseño de medidas que permitan la eficiencia y continuidad en las operaciones exportadoras.

Alistar motores, mientras el conflicto acaba

El conflicto irrumpe en un momento clave para la relación comercial con la región. El Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) con Emiratos Árabes Unidos contempla preferencias arancelarias para el 90% de la oferta agrícola ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Exportadores proyectó que el acuerdo impulsaría un crecimiento del 30% anual en el intercambio que ya fue ratificado por la Corte y está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional.

Xavier Rosero, presidente de Fedexport señala que el contexto actual refuerza la necesidad de avanzar en la ratificación interna mientras se estabiliza el escenario logístico internacional. 

La expectativa del sector es que el acuerdo se ponga en marcha en el segundo semestre del año o a más tardar en el tercer semestre. Puesto que desde la lectura de la federación en un mercado global con costos elevados, el acuerdo puede convertirse en una ventaja competitiva: “los compradores en Oriente Medio van a buscar proveedores que tengan precios mucho más flexibles”, por lo que su entrada en vigencia podría facilitar el posicionamiento del producto ecuatoriano.

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Una vez que sea investida por la Asamblea Nacional (lo cual sin duda ocurrirá de inmediato), ella reemplazará automáticamente al estudiante de Derecho Damián Larco como presidenta del Consejo de la Judicatura. Concluirá así (o quizás al contrario: continuará) uno de los capítulos más vergonzosos de la reciente historia judicial de la República.

Justicia

La Judicatura tendrá nueva presidenta: CPCCS designó a Mercedes Caicedo

Daniel Alejandro Romero Páez

¿Se puede confiar en Mercedes Caicedo?

Todo lo ocurrido en la Judicatura de febrero para acá justifica la pregunta. Lo normal es que cualquier funcionario recién llegado a un cargo se merezca, como mínimo, el beneficio de la duda. 

Pero el nombramiento de Caicedo es el epílogo de un proceso fraudulento que nada tiene de normal: fue un golpe de Estado en toda regla lo que se produjo en ese organismo. A Alexandra Villacís, su legítima presidenta, se le inventaron (esto ya es de sobra conocido) un impedimento para ocupar cargo público con el fin de bloquearla: una supuesta deuda al SRI que se desvirtuó desde el día uno pero que el ministro de Trabajo, Harold Burbano, mantuvo vigente con una u otra argucia legal, con una u otra leguleyada de la peor especie hasta que las presiones políticas sobre Villacís (que incluyeron acoso de la Contraloría y quién sabe qué otro tipo de amenazas) la forzaron a renunciar al cargo que le correspondía. 

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Todo ello por una simple razón: el poder Ejecutivo no podía controlarla, circunstancia que la convertía en indeseable. Tanto codiciaba Mercedes Caicedo el cargo de Alexandra Villacís que hasta estuvo dispuesta a usurparlo. Era ilegal que el director de la Judicatura solicitara al presidente del CPCCS, el nuevo integrante del club de los millonarios Andrés Fantoni, que iniciara el proceso para nombrar un nuevo vocal principal, y por tanto un nuevo presidente de la Judicatura, sin haberse declarado la ausencia permanente de la titular legítima: Alexandra Villacís. 

Era ilegal, en consecuencia, que Fantoni urgiera a la Corte Nacional el envío de una terna. Y por supuesto era ilegal que el presidente de esa Corte, el hasta antier digno de respeto y hoy hundido en el fango de la deshonra juez Marco Rodríguez, se apresurara a remitirla, reconociendo tácitamente que Villacís había sido destituida, cosa que no había ocurrido ni tenía por qué ocurrir pero que a él le servía como pretexto para candidatizarla. Todo ello sin mencionar la sentencia de una jueza de garantías que más tarde (hace un mes) ordenó corregir todo esto y que fue incumplida por todos los implicados.

Caicedo decidió aferrarse a la nominación

En semejantes circunstancias de ilegalidad, lo mínimo que se podía esperar de Mercedes Caicedo, toda una jueza de la Corte Nacional, es que se excusara de ser parte de la terna. Con un ápice de dignidad lo habría hecho. Pero ¡qué va! Ni ese ápice le asiste. Ahí siguió aferrada a la postulación, sin el menor sentido de la estética (para no hablar de la ética) hasta que la nombraron. Y esto es lo primero que se puede decir a propósito de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura: que estuvo dispuesta hasta a usurpar el cargo.

Lo segundo no es menos preocupante: en esta conspiración en la que todo el operativo del que participaron varios organismos y poderes del Estado trataba de bloquear a una persona (Alexandra Villacís) a la que el Ejecutivo no podía controlar, Mercedes Caicedo recibió, en cambio, el visto bueno y la luz verde de todos los poderes. Nada objetó en su contra el Ejecutivo. Nada objetó en su contra la misma Judicatura, integrada por vocales tan impresentables como Fabián Fabara, exjuez de la Corte Provincial de Pichincha que hace rato debió ser destituido por corrupto (así lo certificaba más de un informe disciplinario del organismo) pero cuyos procesos dejó prescribir el más que corrupto Mario Godoy con tal de tenerlo cercano y cómplice en las sesiones del pleno del organismo. Es decir: Mercedes Caicedo ha merecido la aprobación de los peores. Los que echaron a Villacís por no poderla controlar, la aceptan a ella sin chistar. ¿Puede haber peor credencial que esa? ¿No estamos ante una señal evidente de falta de independencia de la nueva presidenta de la Judicatura?

Marco Rodríguez, un capítulo a parte

Capítulo aparte merece la actuación del juez Marco Rodríguez, en mala hora presidente de la Corte Nacional en reemplazo de José Suing, el hombre que nominó (no una sino dos veces) a Mario Godoy para ocupar el cargo que hoy pertenece a Caicedo. Para empezar, Rodríguez participó desde el primer momento en la conspiración para la toma del Consejo de la Judicatura. ¿Juró sobre la Biblia que haría valer el nombramiento de Alexandra Villacís como reemplazo de Mario Godoy, como se conoció en aquellos días agitados de la Corte Nacional en que se buscaba un reemplazo para el indigno José Suing y él resulto elegido? Sólo los altos magistrados lo saben y probablemente se lleven el secreto a la tumba. Lo cierto es que Marco Rodríguez se entregó al poder con la misma falta de decoro que su antecesor. Él pudo detener toda la conspiración, simplemente negándose a enviar la terna para el reemplazo de Villacís, bajo el argumento evidente de que Villacís no había sido cesada. Pero no.

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Sara Ortiz

En su lugar, Rodríguez se sumó a la intriga, al parecer entusiasmado en conducir a Mercedes Caicedo, su jueza favorita, a la presidencia de la Judicatura. Primero, envió una terna en la que evidentemente sólo se preocupó por ponerla a ella en el primer puesto. De los otros dos integrantes se ocupó tan poco (si es que se ocupó algo) que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar si cumplían los requisitos mínimos para ocupar el cargo para el que dizque les estaba postulando. Y no, no cumplían. Ambos aspirantes, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón, tenían impedimentos en los que el juez Rodríguez, en su entusiasmo por auspiciar a Caicedo, ni siquiera se había fijado. 

Bochornosa devolución de la terna por parte del CPCCS que él respondió con el envío de una nueva en la que Caicedo conservaba el primer lugar: la terna definitiva de la que resultó electa la favorita de Rodríguez.Pero lo de esta semana ya fue indigno: ni siquiera José Suing llegó tan bajo (lo cual ya es decir). El miércoles 22 de abril, cuando el pleno del CPCCS se reunió para escuchar las propuestas de los tres integrantes de la terna con el fin de elegir a quien sería el nuevo presidente, Marco Rodríguez se tomó el trabajo de asistir a la sesión. ¿A toda ella? No. Solamente estuvo presente para escuchar la ponencia de Caicedo. Cuando los otros dos integrantes de la terna (¡de la terna enviada por él mismo!) se preparaban para tomar la palabra y explicar al pleno del CPCCS sus planes de trabajo en caso de resultar electos presidentes del Consejo de la Judicatura, Marco Rodríguez se levantó y se fue con su séquito de servidores y esclavos. Él había ido para escuchar a Mercedes Caicedo y a nadie más. Mejor dicho: para darle su apoyo, porque nada de lo que dijo ella (una sarta de lugares comunes indigeribles) merecía siquiera la molestia de escucharla. Marco Rodríguez no tuvo siquiera el decoro de guardar las formas.

Se puede pensar que un presidente de la Corte Nacional de Justicia (uno de verdad) se reserva la posibilidad de enviar mensajes políticos en situaciones extraordinarias que así lo requieren. Situaciones, se entiende, en las que de verdad se juega el destino de la Nación (pues de lo contrario sus mensajes políticos serían intromisiones intolerables que no harían sino desgastar la autoridad judicial de tan alto cargo). Pues bien: Marco Rodríguez eligió, como coyuntura para enviar un mensaje político, la elección de la niña de sus ojos como presidenta del Consejo de la Judicatura. Un gesto de una mezquindad y una estrechez de miras tan abrumadoras que marcará el desempeño de tan mezquina y estrecha de miras presidenta del Consejo de la Judicatura. Nomás faltará verla interactuar, a partir de la próxima sesión, con el benemérito Fabián Fabara. Quién quita que estén hechos el uno para el otro.

Lo que debes saber

• En febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) programó los comicios para el 14 de febrero de 2027.
• Un mes después, el órgano electoral modificó la fecha; la adelantó para el 29 de noviembre de 2026.
• Las tiendas políticas han tenido que apresurar sus procesos internos y buscar figuras para los comicios.

El adelanto de los comicios seccionales ha acelerado a las organizaciones políticas del país. En un inicio, las elecciones estaban previstas para febrero de 2027, pero el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió la fecha a noviembre de 2026.

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Carrera por candidaturas

Con ello, la agenda electoral se trastocó. La entrega del registro electoral a las organizaciones políticas será el 3 de mayo de 2026, mientras que del 18 de junio al 18 de julio, los políticos podrán inscribir alianzas y del 2 al 17 de agosto, deberán postular a sus candidatos.

En este contexto, varios líderes políticos buscan, dentro y fuera de sus filas, figuras con las que aspiran a ganar espacios en los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, expertos en política advierten que el adelanto electoral y el énfasis en candidaturas podrían distraerlos de otras acciones igualmente relevantes.

Planes, en segundo plano

En ese escenario, las organizaciones políticas estarían relegando la construcción de planes de gobierno para ciudades, provincias o parroquias, indica Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional. Eso, pese a que constituye el eje de cualquier gestión local.

Es por eso por lo que “los planes de trabajo terminan siendo meras formalidades y no propuestas elaboradas con base en la realidad”, advierte la politóloga. A su criterio, el problema no es solo coyuntural, sino estructural, pues responde a la fragilidad interna de los partidos y a la ausencia de procesos sostenidos de planificación.

No priorizarán propuestas para mejorar ciudades, provincias o parroquias; la campaña girará en torno a disputas políticas más que a soluciones concretas.Tatiana Quinga, politóloga

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Lo local define lo nacional

Esa omisión, coinciden los entrevistados, tiene un impacto mayor porque lo nacional se construye desde lo local. “Históricamente el país ha configurado su modelo de nación desde las agendas locales”, sostiene el experto político y electoral Alfredo Espinosa, por lo que descuidar esa planificación debilita no solo a los gobiernos autónomos descentralizados, sino también a la proyección de una agenda país.

A ello se suma la falta de fiscalización interna de las organizaciones políticas hacia las autoridades que buscarán la reelección. “No se está evaluando si han cumplido o no sus planes de trabajo ni si merecen nuevamente el respaldo”, señala la consultora María Fernanda Carvajal, quien advierte que ese vacío también impide consolidar liderazgos y candidaturas con base en resultados.

En paralelo, la premura electoral dificulta afianzar proyectos políticos de largo plazo y sostener candidaturas con una visión de permanencia en el poder. Para César Montúfar, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, la construcción de liderazgos y proyectos locales requiere tiempo y articulación social, elementos que se diluyen en procesos apresurados y debilitan la representación.

La inmediatez electoral, en algunos casos, diluirá los planes de trabajo; varios candidatos presentarán propuestas sin una agenda local a cuatro años.Alfredo Espinosa, analista electoral

Un electorado con menos información

Con este panorama, los expertos en política consideran que el electorado llegará a las urnas con menos herramientas para decidir. Eso, porque la escasa discusión programática y la limitada información disponible reducen la posibilidad de un voto informado.

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Campañas sin propuestas

En ese contexto, la campaña tenderá a centrarse en lo inmediato y en lo emocional. “Se priorizarán contenidos superficiales en redes sociales antes que propuestas concretas”, advierte Carvajal, lo que podría derivar en decisiones basadas más en percepciones que en planes de gobierno.

Por ello, sostiene Montúfar, este escenario se traducirá en propuestas poco técnicas. Sin una construcción previa, dice, los documentos que se presenten ante el CNE no orientarán una gestión pública efectiva.

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Además, ellos destacan que les permite planificar sus desplazamientos gracias a la regularidad del servicio, cuya frecuencia -puntual y sin alteraciones- hace que calculen con precisión la duración de cada trayecto.

Esa rutina se quebró el lunes 20 de abril del 2026, cuando una falla -que, según la gerencia del metro, habría sido provocada- alteró el sistema y descolocó a miles de usuarios. 

Usuarios del metro

Testimonios de metrodependientes

Sara Endara, de 18 años, vive en Guamaní, en el extremo sur de Quito. Cada mañana toma el metro en Quitumbe, la estación de mayor afluencia. Suele llegar alrededor de las 06:30 y, en apenas 23 minutos, arriba a la Universidad Central, ya que estudia en la Facultad de Comunicación. Cuando sus clases empiezan más tarde, sale de casa a las 08:20.

"El metro me ahorra muchísimo tiempo: en bus tardaría entre una hora y media y dos horas. Antes de llegar, hace unos 20 minutos en alimentador", cuenta. A su juicio, se trata de “un transporte muy necesario para quienes vivimos lejos” y destaca los controles de acceso, que impiden el ingreso de personas en estado etílico.

En la estación de El Ejido, Víctor Del Pozo cuenta que utiliza el metro los miércoles porque tiene pico y placa; y sábados, desde Quitumbe. Antes usaba los buses del corredor central norte. La carga vehicular era súper grande, le tomaba -recuerda- una hora y media en ese transporte y también manejando; hoy hace 45 minutos en auto.

El metro le parece la mejor opción. “El sistema es moderno y limpio. Pero hay momentos en que colapsa, se satura y es incómodo, falta el aire, hace mucho calor en el vagón. Sé que es un transporte masivo, pero se vuelve insoportable”.

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Le parece más seguro ir en metro

Para mujeres como María Elizabeth Cevallos, de 55 años, no hay mejor alternativa. Por ello, su día se complica si el servicio se suspende, aunque sea por unas horas. Ella y su hija, estudiante de la Universidad Central, se embarcan a diario, en Quitumbe.

“La dejo y avanzo a mi trabajo en el Centro Histórico. Antes era casi una hora de viaje, ahora unos 20 minutos”, comenta. ¿Lo cambiaría por buses, si mejoraran el servicio? “No, así las unidades vengan a full, el metro nos conviene más. Gracias a Dios es más seguro. He visto mucha vigilancia y control en las estaciones, no nos ha pasado nada. Eso no ocurre afuera”.

La falla en la operación del transporte subterráneo de la capital

El martes 21 de abril, el Concejo Metropolitano abordó la suspensión de unas siete horas del servicio del día anterior, en medio de críticas a la operación y a la demora para contratar el mantenimiento integral. 

El alcalde Muñoz sostuvo la tesis de que un técnico manipuló un switch, lo que habría afectado el sistema y defendió su gestión. Incluso cerró la sesión diciendo que le responde a la gente y a los demás (concejales) les dijo “sigan ladrando”.

Asimismo, Muñoz recordó que, desde su inauguración en diciembre de 2023, el metro ha registrado 138 millones de viajes. Según sus encuestas, nueve de cada diez mujeres se sienten seguras en los trenes, un aspecto que -reprochó- la oposición no toma en cuenta.

Enemigos o defensores del metro

Nadie está en contra del metro, han sostenido Andrés Campaña y Wilson Merino, también Michael Aulestia. Pero, su deber es fiscalizar una inversión millonaria.

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“No fuimos electos para aplaudir como focas al alcalde Pabel Muñoz”: Andrés Campaña

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“Defendemos la mayor inversión de la ciudad y del país. Una de las más grandes obras de infraestructura y de modernización de la ciudad. No somos enemigos”, comentó Campaña. Para el edil, el metro es un componente de la nueva movilidad en la ciudad, pero no es suficiente.

Hay una promesa incumplida del alcalde, de modernizar el transporte público de superficie, que es una bomba de tiempo sin control.Andrés Campaña/concejal de Quito

Quito

Siniestro de bus urbano en Quito expone fallas en control y seguridad vial

Mariela Rosero Ch.

Ante eventos extraordinarios como el del lunes, Campaña considera que deberían funcionar planes de contingencia, para que se active el subsistema metropolitano, que integra al trole y a la ecovía. Inclusive deberían integrarse las operadoras privadas.

No hay un sistema de transporte integrado: Mauricio Anderson

Mauricio Anderson, quien fue gerente del metro en la alcaldía de Mauricio Rodas, apunta que si un sistema de transporte tan potente se interrumpe afecta la calidad de vida y la productividad. La ciudad debería tener un sistema integrado, en el que el metro sea un subsistema.

Ecuador

“Tener cero riesgos depende del mantenimiento del metro de Quito”: Mauricio Anderson

Rosero Mariela

Sobre la falla en la operación, señala, que hay que ver las causas y no los efectos. Dice que hubo malas decisiones, al separar operación y mantenimiento, que dieron lugar a sobrecostos y duplicidad en contratos. Además cree que hay aspectos no solo técnicos sino incluso financieros, sobre los que se debe discutir, como la tarifa de los buses urbanos.

Otro usuario, Daniel Castillo, opina que las autoridades deberían saber que cuando no opera el metro, los usuarios no tienen un plan B. “Si eres anciana o trabajador ambulante que lleva mercadería, que carga material de construcción, que hace manicure tomas bus o incluso taxi y te quedas atrapado en el tráfico de sur a norte”.

Lo que debes saber

• Cuando el centro se apaga, varios barrios de Guayaquil se encienden. Comercio y gastronomía sostienen una vida nocturna que resiste a la inseguridad y a la falta de apoyo.
• Lejos del centro, negocios, comida y vecinos transforman calles oscuras en espacios activos.
• Los barrios también se enfrentan al desafío de resistir al toque de queda.

Melanny Benites llegó a las 20:01 del miércoles a un local de venta de ropa femenina ubicado en la avenida Eduardo Solá Franco, en Florida Norte. Revisó tres pantalones y dos blusas que le llamaron la atención. Mientras tocaba la tela, comentaba que esta zona queda cerca de su lugar de trabajo, por lo que decidió adquirir una prenda para usar en un compromiso familiar al día siguiente.

María José Villarroel, administradora del local, la atendía. Finalmente, Benites decidió comprar una blusa y un pantalón. “Aquí encuentro de todo: ropa, zapatos, comida. Salí de mi trabajo y, como el bus pasa por aquí, decidí bajarme y comprar”, dijo la ciudadana, luego de pagar las prendas.

Guayaquil

La avenida 9 de Octubre: una icónica vía guayaquileña cada vez más abandonada

Edison Andrés García Yépez

Cuando anochece en Guayaquil, son pocos los espacios comerciales y gastronómicos alejados del centro que se mantienen abiertos. Es el caso de la avenida Eduardo Solá Franco, donde hay al menos 60 locales que ofertan diversos productos y servicios.

Peluquerías, tiendas de ropa, supermercados, farmacias, ferreterías, locales de venta de comidas preparadas, entre otros. Es un corredor comercial que se mantiene vivo cuando otras zonas se apagan.

El norte tiene una Bahía

“Es prácticamente una Bahía. Es la Bahía del norte. La mayoría de locales abrimos a las diez de la mañana y nos quedamos hasta las ocho y media o nueve de la noche. Viene mucha gente de Florida Norte, de Colinas de la Alborada, de barrios cercanos. Y vienen no solo por el precio, sino por la calidad del producto”, explicó la comerciante Vanessa Asadobay, quien vende ropa para niños.

En los últimos años, nuevos corredores gastronómicos han ido brotando en distintos rincones de Guayaquil. Uno de ellos se esconde en el suroeste, entre las calles 20 y Argentina.

Basta acercarse para notar el contraste: de pronto, la penumbra de las vías aledañas se rompe y da paso a un tramo iluminado, vivo, donde el resplandor de los locales y el ir y venir de comensales transforman por completo el ambiente.

El aroma de las carnes al carbón se esparce por la cuadra y se mezcla con el bullicio del lugar, marcando el ritmo de la noche. En medio de ese movimiento, desde uno de los locales, La Chozita, su propietario, Diego Murillo, sale a dar indicaciones, atento al trajín constante de clientes y pedidos.

“Esta era una calle muerta, oscura, vacía. Con un pequeño negocio, con el que empecé, comenzamos a darle vida a esta zona. Luego de la pandemia la situación se volvió muy difícil. Pensé en cerrar, pero luego el apoyo de los vecinos me hizo seguir”, comentó Murillo.

Al establecerse en ese punto, otros comerciantes observaron que comenzaba a nacer un nicho gastronómico, que hoy acoge al menos ocho locales y al que acuden decenas de personas desde distintos sectores.

“Vivimos cerca, acá en la 25, venimos con frecuencia. Es un lugar seguro, nos queda cerca y siempre está activo. Aquí atienden hasta la madrugada”, manifestó David Huayamave, quien degustaba moros con costilla en una de las mesas colocadas junto a la acera.

El contraste con el centro de Guayaquil

Ya envidiaría el centro que sus calles se mantengan así de encendidas por la noche, pero la realidad es otra. EXPRESO ha recogido, desde hace varios años, cómo el núcleo de la ciudad se apaga al caer la tarde. Las puertas de los locales se cierran, el bullicio cesa y también el movimiento de peatones, lo que provoca que la vida comunitaria sea nula.

Por eso, este renacer de ciertas zonas, a través de negocios, muestra que es posible generar espacios activos en barrios donde la inseguridad se ha abierto paso, pero no ha mermado la capacidad ciudadana para resistir.

“Se puede generar, más allá de los espacios gastronómicos, eventos deportivos, actividades para descubrir nuevos talentos y, con eso, tratar de unificar a los barrios y fortalecer mucho más la participación ciudadana”, planteó el líder comunitario Fernando Alburquerque.

Para el también integrante de la Asamblea Local Ciudadana, es importante que el Municipio apoye estas iniciativas con la promoción de una ruta gastronómica en los barrios, que incluya un mapa digital para recorrerlas y conocer su potencial.

Se requiere una ciudadanía potente y vibrante. La principal defensora de su espacio es la misma comunidad.Daniel Pontón, docente de Seguridad

Esto daría fuerza a movimientos barriales como el que hay frente al parque Triángulo, en la ciudadela Martha de Roldós. Decenas de personas degustan todas las noches diversos platos, pero faltan actividades culturales que inviten a quedarse, sugiere el residente Rafael Boada, quien pide que se mejore la iluminación en este sector del norte de la ciudad.

“Más allá de la promoción que solamente se quiere hacer del centro, para la foto y subirla a sus redes sociales para mostrar gestión, considero que aquí también los que nos están debiendo son los concejales”, reclamó Alburquerque, quien cree que los ediles deben involucrarse más en los procesos de activación barrial.

Reemplazar la inseguridad por la vida comunitaria

“Una buena sinergia entre el Gobierno central y el Municipio -que en este caso no la hay-, la empresa privada y también los habitantes podría dar algunas alternativas de conservación para que el barrio se mantenga como un espacio de diversión, vitalidad, impulso de la actividad turística, comercio, comida y entretenimiento”, resumió Daniel Pontón, docente de Seguridad.

Reemplazar la inseguridad por vida comunitaria es algo que también ocurre en la ciudadela Panorama, en Durán, considerado uno de los cantones más peligrosos del país. Sin embargo, esto pareciera desvanecerse en la zona de parqueos, rodeada de restaurantes, cerca de la iglesia católica Santa María Reina de las Familias.

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En una esquina se preparan hamburguesas; en otro local se ofrece arroz con menestra y pollo, carne o chuleta; también hay mariscos, shawarmas y otros tipos de alimentos.

Los precios son módicos, lo que atrae a los comensales. Platos desde dos dólares, algunos en combo y con porciones que alcanzan para más de una persona: esa es la tónica.

Sin embargo, los comerciantes son conscientes de la inseguridad que vive el cantón. Eso se refleja cuando prefieren no dar sus nombres. Aun así, cuentan a EXPRESO que el movimiento se da sobre todo los fines de semana.

Esta era una calle muerta, oscura, vacía (20 y Argentina). Con un pequeño negocio, con el que empecé, comenzamos a darle vida a esta zona.Diego Murillo, propietario de La Chozita

Los barrios también se enfrentan al desafío de resistir al toque de queda que, entre el 3 y el 18 de mayo, regirá desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente, una medida que ya ha generado rechazo en sectores productivos, turísticos y de entretenimiento.

Entre las restricciones y la falta de apoyo público, los barrios activan la noche urbana.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador avanza con ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de un plan más amplio para aumentar la recaudación, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• La meta es ambiciosa: sumar ingresos por el 1,2 % del PIB, mientras el país enfrenta incumplimientos fiscales recientes, déficit elevado y presiones externas.
• Expertos anticipan más medidas vía decretos -no una reforma integral- que podrían incluir eliminación de exenciones, mayor control tributario y ajustes al gasto público.

El ajuste de cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno anunció a inicios de este mes para alimentos procesados bien podría ser parte de un gran paquete de reformas tributarias que alista con fines recaudatorios y que apenas comienza. El FMI, en la revisión de su quinto informe, en el marco del programa de financiamiento que tiene con Ecuador, ha sugerido continuar con la racionalización de los gastos tributarios. ¿La meta? Alcanzar ingresos del 1,2 % del PIB, es decir, cerca de $ 1.658 millones.

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El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

Lisbeth Zumba

En los resultados de la quinta revisión, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 22 de abril, se señala que el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, “debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y el costo de las medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel”. No obstante, pese al incumplimiento, reconoce que el Gobierno ha tomado acciones correctivas inmediatas, como la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Si bien esto ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes para alcanzar la meta de ingresos se seguirían dando vía la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito (a partir de mayo) para cumplir con las obligaciones tributarias.

No me sorprendería que tengamos nuevos anuncios de otros productos que graven IVASantiago Mosquera
Analista económico

“Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios”, dijo Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, quien considera que esta política no pasará por una reforma tributaria, sino a través de decretos ejecutivos o de regulaciones, como se ha venido haciendo.

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FMI aprueba desembolso para Ecuador: en esto se gastarán los $400 millones

Mayra Pacheco Pazmiño

Hay que repartir la carga fiscal 

Mosquera señaló que todas estas medidas ayudarán a cerrar la brecha y corregir el déficit fiscal, que el año pasado terminó en $ 5.584 millones. No obstante, sugiere al Gobierno medir los impactos colaterales de estas medidas y encontrar mecanismos para repartir esta carga. “Lo que debería preocuparnos como país es la generación de empleo, la creación de empresas para que haya más empleados formales, que se siga reduciendo la informalidad y que la carga fiscal recaiga sobre un espectro más amplio de personas”, dijo.

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de $ 5.000 millones a cuatro años. Para medir su continuidad, el organismo debe realizar revisiones constantes; esta quinta revisión permitió que el pasado 23 de abril se aprobara un nuevo desembolso de $ 394 millones para el país.

Guerra de Irán y tensiones con Colombia

No obstante, en este documento el organismo advierte sobre factores externos que podrían minar la ruta de crecimiento económico, que junto al Banco Mundial ha proyectado en un 2,5 % para este año. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, lo que, si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), también podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador. Por otro lado, cita la pugna arancelaria que el país tiene con Colombia, que podría seguir impactando el comercio bilateral y afectar el suministro energético.

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FMI alerta a Ecuador: tensiones con Colombia afectan el comercio y ponen en riesgo la energía

Mayra Pacheco Pazmiño

Menos gastos y más financiamiento 

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), sostiene que en escenarios como estos será difícil alcanzar la meta de déficit de $ 3.090 millones, establecida en el acuerdo para finales de este año. “Dentro de los ingresos que se prevén este año, los impuestos tendrían el 0,8 % del PIB, es decir, $ 1.106 millones que vendrían de las reformas tributarias que el Gobierno ya está implementando y de lo que podría venir. Además, se habla de lograr menores gastos fiscales por $ 829 millones. Pero habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios, con casi $ 600 millones”.

En el acuerdo, lo que se recomienda -cita Carrera- “es tratar de suprimir algunos contratos, no celebrar malos contratos, tal vez optar por nombramientos provisionales; es decir, ver acciones que reduzcan la masa salarial pública del pago de sueldos, lo que sugiere nuevos despidos en el sector público”.

A estas dificultades, menciona el experto, hay que sumar los retos financieros. Aun si se redujese el déficit a $ 3.090 millones este año, el país tiene $ 14.000 millones de necesidad de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, recursos que aún no se sabe cómo se conseguirán.

Sobre este acuerdo de financiamiento

Lo que debe saber

• Diversificación como escudo: Ante tensiones comerciales, la empresa Aglomerados Cotopaxi reduce su dependencia de un solo mercado y fortalece destinos como Canadá y Centroamérica.
• Más valor, menos precio: La estrategia se enfoca en productos con mayor valor agregado para competir por diferenciación y no por costos.
• Crecimiento con adaptación: Pese al contexto global complejo, se proyecta un crecimiento del 8 % en 2026, apoyado en inversión, innovación y expansión comercial.

En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y cambios arancelarios, el sector exportador ajusta sus estrategias para sostener el crecimiento en 2026. Francisco Ordóñez, gerente de exportaciones de Aglomerados Cotopaxi, aborda el tema con Diario EXPRESO.

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- ¿Cómo están las ventas y qué expectativas tienen para 2026 dentro de una coyuntura de sobretasas y conflictos?

- El 2025 fue un buen año para la empresa y mantenemos expectativas positivas para 2026. Sin embargo, el contexto internacional es retador por las guerras arancelarias y tensiones comerciales. Frente a eso, la estrategia es clara: diversificar mercados y apostar por productos con mayor valor agregado, para sostener el crecimiento.

- ¿Cuál es su principal mercado y cómo les han afectado los conflictos comerciales?

- Históricamente, nuestro principal mercado ha sido Estados Unidos. Pero con los cambios en aranceles y tensiones comerciales, parte de esas exportaciones se redirigieron hacia Canadá y también se ha fortalecido la presencia en Centroamérica. La diversificación ha sido clave para no depender de un solo destino.

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Acuerdos internacionales y promoción comercial dinamizan sectores claves

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La importancia de diversificar

- ¿Desde cuándo trabajan en esa diversificación?

- Desde los inicios la empresa tuvo una visión exportadora, pero en los últimos cinco o seis años se ha intensificado la exploración de nuevos mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado, lo que ahora permite tener mayor alcance.

- ¿Qué motivó ese cambio estratégico?

- Ecuador no es necesariamente competitivo en costos. Por eso, la decisión fue dejar de competir por precio y enfocarse en la diferenciación, desarrollando productos más elaborados que permitan competir en otros segmentos.

- ¿Cómo han evolucionado sus productos?

- La empresa comenzó exportando tableros de madera. Con el tiempo se incorporaron procesos adicionales como recubrimientos, diseños y nuevos productos: molduras, paneles decorativos, marcos y puertas. Esto ha incrementado el valor agregado.

- ¿Qué tipo de inversiones han realizado?

- Principalmente en maquinaria, contratación de personal, capacitación, materias primas y proyectos en el área forestal y social. Anualmente, la inversión representa alrededor de un 6 % de las ventas.

Economía y negocios

El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

Lisbeth Zumba

Más empleo y crecimiento

- ¿Cómo ha evolucionado el empleo en la empresa?

- En los últimos cinco años se ha pasado de menos de 500 empleados a cerca de 600, reflejando el crecimiento de la operación.

- ¿Cuánto esperan crecer en el 2026?

- Se proyecta un crecimiento del 8 %, superior al 5 % alcanzado en 2025.

- ¿Cómo lograr ese crecimiento en un contexto global complejo?

- La clave es redireccionar esfuerzos hacia otros mercados. Ante dificultades en países como Colombia o Estados Unidos por sobretasas, se fortalecen estrategias comerciales en regiones como Centroamérica y Canadá, con mayor presencia en ferias, visitas y marketing.

- ¿Estas estrategias ya están en marcha?

- Sí, están avanzadas. Sin las restricciones actuales, el crecimiento podría ser mayor, pero la empresa se adapta para mantener una tendencia positiva.

- ¿Cuál es la clave del éxito de la empresa?

- La calidad y la diferenciación. Se prioriza entender las necesidades del cliente y ofrecer un servicio superior, apoyado en inversión y mejora continua.

- ¿Qué proyección tienen a largo plazo?

- Seguir creciendo en exportaciones, aprovechando que hay espacio en el mercado regional. La apuesta es continuar innovando y adaptándose.

- Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta este cargo?

- Inicié como desarrollador de negocios en otra empresa, luego fui jefe de ventas internacionales y ahora lidero la gerencia de exportaciones. El equipo también ha crecido, pasando de dos personas a cinco, en línea con la expansión de mercados.

Lo que debes saber

• El FMI advierte que la tensión con Colombia puede tener un impacto económico adverso y generar riesgos para el suministro eléctrico en Ecuador.
  
• La tasa de seguridad elevó aranceles hasta el 50 % y subirá al 100 %, afectando el comercio bilateral.
  
• La suspensión de energía desde Colombia expone la dependencia eléctrica y el déficit de generación en Ecuador.

La tensión entre Ecuador y Colombia, que se originó el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, genera alertas para la economía ecuatoriana y su sector energético. 

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Mayra Pacheco Pazmiño

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de abril de 2026, correspondiente a la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, el FMI sostiene que las “tensiones comerciales persistentes” con el país vecino podrían tener un impacto económico “adverso” y representar incluso “riesgos para el suministro eléctrico de Ecuador”.

Impactos económicos

En el tema económico, el Fondo recuerda que los desacuerdos en seguridad generaron, a inicios de 2026, tensiones comerciales con Colombia, luego de que Noboa aplicó barreras a las importaciones del país vecino. 

A esta acción, Colombia respondió con medidas de represalia. Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasó del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirá al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

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El FMI anticipa en revisión más ajustes tributarios para este 2026 en Ecuador

Lisbeth Zumba

Las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025. En cambio, las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones, según el FMI.

En los dos primeros meses de 2026 estos intercambios se alteraron: las importaciones cayeron y las exportaciones subieron comparadas con 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (ver gráfico).

Efectos de la tasa de seguridad

El gobierno de Ecuador, sin embargo, destacó que la medida generó un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera en 25 años. Sin embargo, las cifras de marzo aún no se encuentran disponibles.

Además, el régimen resaltó la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta marzo asciende a $46 millones, según el Servicio de Rentas Internas.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la aplicación de la tasa de seguridad afecta al sector productivo de Ecuador y a los consumidores, más con la nueva medida. “La tasa al 100 % vuelve inviables las importaciones”.

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La tasa a Colombia dejó $46 millones a Ecuador: la CAN podría ordenar devolverlos

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Ante ello, Acosta Burneo advierte que se deberán restituir las importaciones por otras, de destinos distintos, aunque este proceso no es sencillo, toma tiempo, demanda de recursos económicos y, en ciertos casos, implica un encarecimiento de precios para los consumidores. “Estamos viendo una destrucción de la competitividad del sector productivo ecuatoriano”.

Impactos en el sector eléctrico

Aparte del comercio, el Fondo detalla también que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

En respuesta al anuncio de la tasa de seguridad, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador. Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante las restricciones en las ventas de electricidad, el FMI advierte posibles riesgos en el suministro de energía en Ecuador debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia durante los periodos de estiaje. 

No obstante, dice que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

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Tasa del 100% a Colombia pone en riesgo cadenas de suministro y alerta por desabastecimiento

Liz Briceño

Para inicios de marzo de 2026 (cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del acuerdo), el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica, estaba en su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Pero ha ido disminuyendo y este 27 de abril de 2026 hasta las 16:00 estaba en 2.132 msnm.

Por esta razón, Luis Ordóñez, consultor eléctrico, explica que si se mantienen las restricciones en la venta de electricidad desde Colombia, habrá limitaciones para cubrir la demanda nacional, que se "complicarán aún más en el siguiente estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027" porque en Ecuador existe un “déficit” en el sistema de generación.

Antes de la tensión bilateral, Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema nacional, que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

"Con este aporte (450 MW) se podía cubrir la demanda. Sin embargo, ahora cuando baja el embalse de Mazar y se reduce el caudal de Coca Codo Sinclair hay complicaciones para cubrir la demanda y vamos a tener apagones", apunta Ordóñez.

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Pero al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio; aunque el gobierno atribuyó los últimos cortes de energía en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena a mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.

Además, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció el 20 de marzo pasado que inicio un proceso de contratación para incorporar en este 2026 -o en los ocho meses quedan de este año- 920 megavatios (MW) de generación térmica para garantizar el suministro.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Lo que debes saber 

• Mercedes Caicedo asume la Judicatura y enfrenta crisis de confianza e independencia en la justicia de Ecuador.
• Academia y gremios exigen auditorías, concursos pendientes y depuración urgente del sistema judicial.
• Expertos advierten cooptación política tras destitución de Godoy e inhabilitación de Villacís.

Mercedes Caicedo, quien acaba de ser nombrada presidenta del Consejo de la Judicatura, enfrenta el reto de recuperar la confianza en el sistema de justicia. Su gestión deberá despejar las dudas sobre la independencia de la institución frente al Ejecutivo.

Justicia

Consejo de la Judicatura volverá a tener cinco vocales con la llegada de Mercedes Caicedo

Rosero Mariela

Eso sostienen los decanos de facultades de Derecho de cuatro universidades, junto con un representante del gremio de abogados y otro de la Comisión Anticorrupción. Para estos actores, persiste la percepción de que el organismo ha sido cooptado por el poder central.

Esa lectura se sustenta en que luego de la destitución y censura de Mario Godoy, desde el Ministerio de Trabajo se impidió la posesión de Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo. La inhabilitación de Villacís es vista como parte de una maniobra que profundiza las dudas sobre la autonomía.

Justicia

El Ministerio del Trabajo habilita a Villacís después de impedirle asumir su cargo en la Judicatura

Sara Ortiz

Mala imagen de la justicia

Esteban Ron, profesor y decano de la Uisek, recordó que en una de las recientes encuestas, el Consejo de la Judicatura presentó alto porcentaje de desaprobación, incluso mayor que el de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral.

“La justicia es uno de sectores peor evaluados, se duda de la independencia de jueces; cooptado no solo por la política sino por redes de narcotráfico y criminalidad”. 

Por ello, sostiene que se requiere hacer un seguimiento pormenorizado al ejercicio de servidores. Asimismo, dice que deberá dar seguridad a los jueces, luego de lo que pasó con Carlos Serrano.

Justicia

Carlos Serrano dice que la independencia judicial no puede ser una bandera de uso selectivo

Sara Ortiz

José Chalco Quezada, de la Universidad de Azuay, remarcó que hay corruptelas en la justicia, por lo que la evaluación no puede esperar.  

“Durante 20 años fui juez de lo civil y han crecido las necesidades, no solo de infraestructura. Faltan jueces, pero de calidad”.José Chalco Quezada/ decano de la Universidad de Azuay

Esteban Santos, de la UHE, apunta que la falta de independencia es inobjetable. 

“El Consejo vive sus peores momentos. Todos sus expresidentes han acabado presos y ahora con este (reciente) episodio inaceptable, se enturbió más. El Gobierno sí se mueve, por ejemplo, con el caso de la inhabilidad que tenía el ministro de Salud para ser funcionario público”.

Reorganizar la Judicatura, piden abogados

En ese contexto, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, señala que Caicedo debería reorganizar toda la Judicatura, pues gran parte de los directores y funcionarios fueron colocados por administraciones cuestionadas. Asimismo, dictar lineamientos para cada área.

También avanzar con los pendientes: concurso para jueces constitucionales, mandato de la consulta popular del 2024; así como para jueces nacionales y provinciales; o evaluación de notarios y fiscales. En eso coinciden los decanos.

Auditoría para evitar corrupción en juzgados

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, menciona que a Mercedes Caicedo le corresponde iniciar un proceso de auditoría interna respecto de las judicaturas provinciales porque, según su experiencia, en Guayas y Manabí “trabajan coludidos, (que) responden a intereses, por ejemplo de proveedores de insumos médicos. Nosotros lo hemos notado”.

Sobre la presidenta Caicedo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a Mercedes Caicedo presidenta de la Judicatura hasta el 2031. Era jueza de la CNJ, desde 2022. Fue conjueza en 2021.

Lo que debes saber del caso

• * La Unión Nacional de Educadores advierte que cerca del 80 % de planteles en Guayas presenta daños estructurales y exige una intervención urgente de al menos 100 millones de dólares.
  
• Padres de familia denuncian abandono estatal: han tenido que reparar aulas, pintar paredes y limpiar maleza para que sus hijos puedan estudiar en condiciones mínamente dignas.
  
• Pese a la crisis, docentes no piden aplazar clases, pero exigen respuestas inmediatas al Gobierno de Daniel Noboa ante el riesgo para estudiantes.

A menos de una semana del inicio de clases, la preocupación crece en Guayaquil. Lo que debería ser un regreso organizado a las aulas se ha convertido en un foco de denuncias por parte de docentes y padres de familia, quienes advierten que decenas de planteles presentan un deterioro crítico en su infraestructura.

Ecuador

Educación en Ecuador: UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo por falta de presupuesto

Freddy Josue Andrade Andrade

La UNE pide declarar en emergencia el sistema educativo

La Unión Nacional de Educadores (UNE) encendió las alarmas tras una reciente rueda de prensa, en la que le pidió al Gobierno Nacional declarar en emergencia el sistema educativo y expuso la situación que enfrentan miles de estudiantes y maestros en Guayaquil.

Gabriela Menéndez, presidenta de la UNE en Guayas, fue enfática al exigir una intervención inmediata. “Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades para garantizar una educación de calidad. Se necesitan al menos $100 millones para intervenir el 80 % de las instituciones educativas del Guayas que están en malas condiciones”, manifestó.

Colegios históricos en malas condiciones

Advirtió que planteles emblemáticos como los colegios Guayaquil, Dolores Sucre o Simón Bolívar, así como varias unidades rurales, “ya han cumplido su vida útil”.

Por ejemplo, en el Simón Bolívar, desde los exteriores es visible el monte crecido y el mal estado de algunos juegos para niños. “Estamos a una semana de empezar clases y esto no tiene cara de que cambie en dos días. Es terrible el estado de la institución”, dijo Ramiro, un padre de familia que lamentó ver cómo la institución se ha destruido con el paso del tiempo. “Yo estudié aquí y era una noble institución, pero ahora se cae a pedazos”, lamentó.

Una situación similar se observa en los colegios Guayaquil y Dolores Sucre, otros icónicos establecimientos de la ciudad, pero hoy hasta sus letreros principales están dañados y la pintura luce completamente desgastada. “En el Colegio Guayaquil una sala de eventos está destrozada, el techo se destruye más cada día. Es un riesgo para los alumnos”, criticó Samuel Páez, otro padre de familia.

En el colegio Guayaquil, una sala de eventos está destrozada. El techo se cae a pedazos. Es un peligro para todos los estudiantes.
Samuel Páez
Padre de familia

Las denuncias de los padres de familia

En la zona del sur guayaquileño, padres de familia se hacen eco y denuncian que han tenido que asumir tareas que le corresponden al Estado. En la Unidad Educativa Réplica Simón Bolívar y la réplica del 28 de Mayo, por ejemplo, Fernanda Chávez relató que le ha tocado hacer cosas que no le competían como madre.

“Los padres hemos tenido que pintar paredes, arreglar pupitres y hasta limpiar monte porque, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hace. Así no pueden estudiar nuestros hijos”, se quejó.

Darío Moncayo, representante de tres menores, describió un panorama similar. “Aquí no hay condiciones. Hay aulas con techos dañados, baños inservibles. Nuestros hijos merecen algo mejor, no esto”, reclamó molesto.

Cartas de lectores

Educación en Ecuador: colegios tendrán más autonomía para resolver conflictos escolares

Cartas de lectores

En paralelo, los padres de familia denuncian que la precariedad no solo es estructural, sino también operativa. En el campamento Filipinas, José Yánez aseguró que “los niños no tienen ni pupitres en buen estado. Hay aulas improvisadas y cuando llueve se forman piscinas en vez de aulas”.

El malestar también se evidencia en el campamento Fernando Daquilema. “Nos toca organizar mingas para limpiar y reparar. Es indignante que el Gobierno no se haga cargo”, cuestionó Rosa Delgado, madre de familia.

Padres de familia recolectan dinero para que hijos puedan estudiar 

En Durán la situación es similar o peor. En colegios como Carlos Luis Plaza Aray, Jaime Hurtado, entre otros, los padres de familia optan por recoger cuotas de entre $3 y $10 para poder arreglar baños e infraestructuras con daños. “Nosotros no tenemos dinero, pero lo hacemos por nuestros hijos. Qué pena que el Gobierno no haga nada”, dijo Valentino Mayorga, quien espera que la solución no sea la virtualidad.

“Queremos evitar eso. Ojalá las autoridades ayuden a arreglar y permitan estudiar con normalidad a los niños”, añadió.

Ecuador

UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases

Freddy Josue Andrade Andrade

Docentes y padres de familia piden respuestas urgentes

A esto se suma la preocupación por el financiamiento. Hilario Beltrán, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, cuestiona la falta de ejecución de recursos. “Estamos preocupados porque el 4 de mayo se inicia el año lectivo y son los padres y maestros quienes deben meterse la mano al bolsillo. Dinero hay, existen los recursos, pero no entendemos por qué no se arreglan las instituciones”, señaló.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante del Ministerio de Educación, para conocer qué acciones se están tomando ante la crítica situación denunciada. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.

Pese a la gravedad del escenario, la UNE ha sido clara en su postura de no buscar retrasar el inicio de clases. Su demanda apunta a respuestas inmediatas. “No queremos que se aplacen las clases, pero sí exigimos soluciones urgentes”, coincidieron los dirigentes. Las exigencias están dirigidas directamente al Gobierno Nacional de Daniel Noboa, al que responsabilizan de no atender la crisis educativa.

Entre aulas deterioradas, mobiliario improvisado y padres que asumen roles que no les corresponden, el inicio del nuevo ciclo lectivo en Guayaquil se perfila bajo una gran incertidumbre.

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Retos ambientales en Ecuador: un llamado a la acción

Ecuador, reconocido por su megadiversidad, enfrenta una lucha constante contra la degradación ambiental. La deforestación amenaza los bosques amazónicos, que no solo son el hogar de miles de especies, sino también un pilar crucial en la regulación climática global. Por otro lado, la minería ilegal y la contaminación por plásticos afectan la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de comunidades enteras.

Estos desafíos exigen soluciones integrales que vayan más allá de medidas a corto plazo. Es aquí donde las carreras relacionadas con la restauración ambiental cobran relevancia, ofreciendo respuestas innovadoras y sostenibles para mitigar estos impactos.

Sostenibilidad en la gastronomía: un camino hacia el futuro responsable

Formar para transformar: más allá de un título

La elección de una carrera profesional no debe ser solo una decisión personal, sino también un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. En un mundo que enfrenta crisis climáticas y ecológicas, las profesiones enfocadas en la sostenibilidad son más que una opción laboral: son un llamado a marcar la diferencia.

La Universidad Politécnica Salesiana se destaca como un referente en este camino. Con su Maestría en Recursos Naturales Renovables, con mención en Remediación y Restauración Ambiental (www.ups.edu.ec), la UPS prepara a los estudiantes para liderar proyectos que recuperen ecosistemas degradados y promuevan el uso responsable de los recursos. Más allá de la teoría, este programa se enfoca en la práctica y el impacto social, inculcando valores que trascienden las aulas.

Lo que ofrece la UPS: excelencia y compromiso

La Universidad Politécnica Salesiana no solo se distingue por su calidad académica, sino también por su enfoque integral. Actualmente, cuenta con:

Dejar huella: una decisión con impacto

Optar por una carrera que aborde la sostenibilidad y el cuidado ambiental no es solo una decisión profesional, sino un acto de responsabilidad con el planeta. La Maestría en Recursos Naturales Renovables de la UPS ofrece una plataforma para que estudiantes y profesionales sean agentes de cambio, capaces de remediar daños ambientales y restaurar la armonía entre la naturaleza y las comunidades.

Este programa no solo enseña a manejar recursos naturales de manera sostenible, sino también a implementar soluciones prácticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Es una oportunidad única para aquellos que desean trascender y dejar un legado.

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Lo que debes saber 

• Mercedes Caicedo asume la Judicatura y enfrenta crisis de confianza e independencia en la justicia de Ecuador.
• Academia y gremios exigen auditorías, concursos pendientes y depuración urgente del sistema judicial.
• Expertos advierten cooptación política tras destitución de Godoy e inhabilitación de Villacís.

Mercedes Caicedo, quien acaba de ser nombrada presidenta del Consejo de la Judicatura, enfrenta el reto de recuperar la confianza en el sistema de justicia. Su gestión deberá despejar las dudas sobre la independencia de la institución frente al Ejecutivo.

Justicia

Consejo de la Judicatura volverá a tener cinco vocales con la llegada de Mercedes Caicedo

Rosero Mariela

Eso sostienen los decanos de facultades de Derecho de cuatro universidades, junto con un representante del gremio de abogados y otro de la Comisión Anticorrupción. Para estos actores, persiste la percepción de que el organismo ha sido cooptado por el poder central.

Esa lectura se sustenta en que luego de la destitución y censura de Mario Godoy, desde el Ministerio de Trabajo se impidió la posesión de Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo. La inhabilitación de Villacís es vista como parte de una maniobra que profundiza las dudas sobre la autonomía.

Justicia

El Ministerio del Trabajo habilita a Villacís después de impedirle asumir su cargo en la Judicatura

Sara Ortiz

Mala imagen de la justicia

Esteban Ron, profesor y decano de la Uisek, recordó que en una de las recientes encuestas, el Consejo de la Judicatura presentó alto porcentaje de desaprobación, incluso mayor que el de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral.

“La justicia es uno de sectores peor evaluados, se duda de la independencia de jueces; cooptado no solo por la política sino por redes de narcotráfico y criminalidad”. 

Por ello, sostiene que se requiere hacer un seguimiento pormenorizado al ejercicio de servidores. Asimismo, dice que deberá dar seguridad a los jueces, luego de lo que pasó con Carlos Serrano.

Justicia

Carlos Serrano dice que la independencia judicial no puede ser una bandera de uso selectivo

Sara Ortiz

José Chalco Quezada, de la Universidad de Azuay, remarcó que hay corruptelas en la justicia, por lo que la evaluación no puede esperar.  

“Durante 20 años fui juez de lo civil y han crecido las necesidades, no solo de infraestructura. Faltan jueces, pero de calidad”.José Chalco Quezada/ decano de la Universidad de Azuay

Esteban Santos, de la UHE, apunta que la falta de independencia es inobjetable. 

“El Consejo vive sus peores momentos. Todos sus expresidentes han acabado presos y ahora con este (reciente) episodio inaceptable, se enturbió más. El Gobierno sí se mueve, por ejemplo, con el caso de la inhabilidad que tenía el ministro de Salud para ser funcionario público”.

Reorganizar la Judicatura, piden abogados

En ese contexto, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, señala que Caicedo debería reorganizar toda la Judicatura, pues gran parte de los directores y funcionarios fueron colocados por administraciones cuestionadas. Asimismo, dictar lineamientos para cada área.

También avanzar con los pendientes: concurso para jueces constitucionales, mandato de la consulta popular del 2024; así como para jueces nacionales y provinciales; o evaluación de notarios y fiscales. En eso coinciden los decanos.

Auditoría para evitar corrupción en juzgados

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, menciona que a Mercedes Caicedo le corresponde iniciar un proceso de auditoría interna respecto de las judicaturas provinciales porque, según su experiencia, en Guayas y Manabí “trabajan coludidos, (que) responden a intereses, por ejemplo de proveedores de insumos médicos. Nosotros lo hemos notado”.

Sobre la presidenta Caicedo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a Mercedes Caicedo presidenta de la Judicatura hasta el 2031. Era jueza de la CNJ, desde 2022. Fue conjueza en 2021.

Lo que debes saber

• El FMI advierte que la tensión con Colombia puede tener un impacto económico adverso y generar riesgos para el suministro eléctrico en Ecuador.
  
• La tasa de seguridad elevó aranceles hasta el 50 % y subirá al 100 %, afectando el comercio bilateral.
  
• La suspensión de energía desde Colombia expone la dependencia eléctrica y el déficit de generación en Ecuador.

La tensión entre Ecuador y Colombia, que se originó el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, genera alertas para la economía ecuatoriana y su sector energético. 

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Mayra Pacheco Pazmiño

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de abril de 2026, correspondiente a la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, el FMI sostiene que las “tensiones comerciales persistentes” con el país vecino podrían tener un impacto económico “adverso” y representar incluso “riesgos para el suministro eléctrico de Ecuador”.

Impactos económicos

En el tema económico, el Fondo recuerda que los desacuerdos en seguridad generaron, a inicios de 2026, tensiones comerciales con Colombia, luego de que Noboa aplicó barreras a las importaciones del país vecino. 

A esta acción, Colombia respondió con medidas de represalia. Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasó del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirá al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

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Las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025. En cambio, las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones, según el FMI.

En los dos primeros meses de 2026 estos intercambios se alteraron: las importaciones cayeron y las exportaciones subieron comparadas con 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (ver gráfico).

Efectos de la tasa de seguridad

El gobierno de Ecuador, sin embargo, destacó que la medida generó un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera en 25 años. Sin embargo, las cifras de marzo aún no se encuentran disponibles.

Además, el régimen resaltó la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta marzo asciende a $46 millones, según el Servicio de Rentas Internas.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la aplicación de la tasa de seguridad afecta al sector productivo de Ecuador y a los consumidores, más con la nueva medida. “La tasa al 100 % vuelve inviables las importaciones”.

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Ante ello, Acosta Burneo advierte que se deberán restituir las importaciones por otras, de destinos distintos, aunque este proceso no es sencillo, toma tiempo, demanda de recursos económicos y, en ciertos casos, implica un encarecimiento de precios para los consumidores. “Estamos viendo una destrucción de la competitividad del sector productivo ecuatoriano”.

Impactos en el sector eléctrico

Aparte del comercio, el Fondo detalla también que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

En respuesta al anuncio de la tasa de seguridad, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador. Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante las restricciones en las ventas de electricidad, el FMI advierte posibles riesgos en el suministro de energía en Ecuador debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia durante los periodos de estiaje. 

No obstante, dice que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

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Para inicios de marzo de 2026 (cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del acuerdo), el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica, estaba en su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Pero ha ido disminuyendo y este 27 de abril de 2026 hasta las 16:00 estaba en 2.132 msnm.

Por esta razón, Luis Ordóñez, consultor eléctrico, explica que si se mantienen las restricciones en la venta de electricidad desde Colombia, habrá limitaciones para cubrir la demanda nacional, que se "complicarán aún más en el siguiente estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027" porque en Ecuador existe un “déficit” en el sistema de generación.

Antes de la tensión bilateral, Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema nacional, que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

"Con este aporte (450 MW) se podía cubrir la demanda. Sin embargo, ahora cuando baja el embalse de Mazar y se reduce el caudal de Coca Codo Sinclair hay complicaciones para cubrir la demanda y vamos a tener apagones", apunta Ordóñez.

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Pero al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio; aunque el gobierno atribuyó los últimos cortes de energía en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena a mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.

Además, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció el 20 de marzo pasado que inicio un proceso de contratación para incorporar en este 2026 -o en los ocho meses quedan de este año- 920 megavatios (MW) de generación térmica para garantizar el suministro.

Lo que debes saber

• El martes 28 de abril de 2026, personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron diversas agencias de CNEL.
• El presidente Daniel Noboa y otros funcionarios participaron en el allanamiento a una oficina de CNEL, ubicada en el edificio donde opera el sistema ECU 911, en el sector La Puntilla, en Samborondón.
• Fiscalía investiga una presunta red de corrupción que operaba por más de 11 años.

El presidente Daniel Noboa junto a los ministros Inés Manzano y John Reimberg, funcionarios públicos como Michele Sensi-Contugi y José Julio Neira, escoltados por el fiscal Carlos Alarcón, encabezaron en Guayaquil un allanamiento en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). “Esto va a destapar un gran problema en el sector eléctrico”, advirtió Reimberg tras los allanamientos que dejan cerca de 50 detenidos, para una investigación que apunta a una presunta red con alcance nacional que manipulaba planillas eléctricas para beneficiar a algunos usuarios y perjudicar a otros, generando millonarias pérdidas al Estado.

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Operativo y alcance de la investigación

Reimberg aseguró que la información recopilada evidencia una estructura que no sería aislada, sino replicada en distintas zonas. El operativo arrancó en Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se habrían detectado los mayores perjuicios.

Noboa, a través de su cuenta de X, también señaló que la red no solo alteraba la facturación, sino que habría intervenido en proyectos eléctricos, provocando fallas que afectaron directamente a los usuarios. El perjuicio económico, según sus declaraciones, superaría los 300 millones de dólares.

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Cuestionamientos por presencia del Ejecutivo

Más allá de los hallazgos y detenciones, la presencia del mandatario y de otros funcionarios provocó ruido, dado que la Fiscalía es la llamada a encabezar estos procesos y no la Presidencia.

El analista político Giuseppe Cabrera sostiene que el operativo responde a una estrategia de “espectacularización de la seguridad” como sello del actual Gobierno y que, ante la falta de resultados contundentes, el Ejecutivo recurre a acciones de alto impacto mediático para proyectar control frente a la crisis.

No obstante, Cabrera considera que el elemento más preocupante es la posible afectación al principio de separación de funciones. A su criterio, la participación del presidente y sus ministros en diligencias judiciales sugiere una cercanía impropia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, lo que podría interpretarse como una instrumentalización de la justicia.

Esto evidencia una politización de las investigaciones en un contexto estrictamente electoral.Julio César Cueva, penalista

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Advertencias legales sobre el proceso

En la misma línea, el penalista Julio César Cueva advierte que la participación de funcionarios de otra función del Estado resulta altamente contaminante para la independencia judicial. A su juicio, “no tienen ninguna competencia para intervenir ni mucho menos dirigir un allanamiento, pues la ley es clara: esa función corresponde exclusivamente al fiscal”.

El jurista advierte que este actuar es improcedente y carece de objetividad, pues podría ser utilizado por las defensas para intentar anular el proceso o excluir pruebas. Añade que esa “contaminación” debilitaría a la Fiscalía, al restarle herramientas para lograr una eventual condena.

Sin embargo, Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas, sostiene que no habría inconveniente si el presidente y los funcionarios se limitaron a observar. No obstante, enfatiza que no pudieron intervenir ni impartir órdenes o instrucciones, pues “no son autoridades competentes para ello”. Además, señala que en el parte de novedades del allanamiento debe constar qué autoridades estuvieron. Advierte que, de no registrarse sus nombres, podría configurarse una alteración de la escena, lo cual deberá ser valorado por el juez.

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Estrategia política y agenda mediática

Para Tatiana Quinga, politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional, esta puesta en escena también responde a la necesidad del Gobierno de marcar agenda mediática en sectores sensibles, como el energético, y reforzar su discurso de lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, cuestiona que esa narrativa no vaya acompañada de la misma celeridad en otros casos de interés público, como el caso Apagón.

Por su parte, el académico y experto político-electoral Alfredo Espinosa vincula estos hechos con el contexto preelectoral y una estrategia comunicacional para recuperar respaldo ciudadano. Sostiene que el Gobierno busca proyectar la imagen de un mandatario activo y cercano a los problemas de seguridad, aunque ello implique asumir roles que no le corresponden dentro del Estado.

Los allanamientos también pueden reforzar la idea de conspiración frente a posibles apagones.Alfredo Espinosa, analista político-electoral

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Puesta en escena y límites de la narrativa

Espinosa menciona que este tipo de acciones responden a una lógica de “puesta en escena del poder”, en la que se intenta instalar temas en la agenda pública para desplazar otros cuestionamientos, como el que Noboa vaya a elecciones sin oposición, la falta de medicamentos, los atropellos a la libertad de expresión. Sin embargo, advierte que estas narrativas pueden tener un alcance limitado.

En ese contexto, Quinga manifiesta: “Qué necesidad hay de que el presidente de la República lidere este tipo de allanamientos”. Por su parte, Cabrera concluye que más allá de la investigación en curso, lo ocurrido terminó por convertirse en un espectáculo. “Todos presenciamos un ‘show’”.

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El pasado 16 de abril, del contrato de mantenimiento al Consorcio Ferroviario Metro de Quito, apenas cuatro días antes de la falla.

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Alerta por el sistema de ventilación

Un informe técnico emitido por la empresa fabricante de los trenes, CAF, encendió las alarmas sobre el sistema de ventilación. El documento recomienda, con carácter de urgente, una limpieza integral de los túneles debido a la acumulación de contaminación.

Según el análisis, la alta concentración de polvo y partículas en el ambiente subterráneo está provocando una saturación prematura de los filtros de aire, diseñados para operar en condiciones menos exigentes.

En condiciones normales, estos filtros deben reemplazarse cada 90 días. Sin embargo, las revisiones evidencian obstrucciones recurrentes antes de ese plazo. Este fenómeno reduce la circulación de aire dentro de los trenes, obliga a los ventiladores a operar con mayor esfuerzo y genera sobrecargas que pueden activar sistemas de protección eléctrica, afectando la continuidad del servicio.

Menos trenes en operación 

Para veedores y concejales, el problema no es aislado. Guido Páez, quien participó en los procesos de vigilancia ciudadana del sistema, sostiene que la raíz de las fallas es estructural. A su criterio, la ausencia prolongada de un contrato de mantenimiento desde el inicio de operaciones generó un desgaste acelerado. 

“Ningún sistema en el mundo funciona sin mantenimiento desde el primer día. Con menos trenes operativos, los que quedan recorren más kilómetros y adelantan su desgaste”, explicó.

Esta situación coincide con reportes que indican que solo 11 de los 18 trenes estaban en funcionamiento en días recientes. La reducción de la flota operativa no solo incrementa la carga sobre las unidades activas, sino que también altera la frecuencia del servicio y aumenta los tiempos de espera para los usuarios.

Sin auditoría internacional

Desde el Concejo Metropolitano, las críticas apuntan a la gestión institucional. El concejal Wilson Merino considera que las fallas responden a una falta de planificación y control. “Esto no es casualidad. Es el resultado de la ineficiencia y de no contar con soporte técnico ni vigencia tecnológica durante meses”, afirmó. Además, cuestionó la ausencia de una auditoría internacional prometida años atrás y denunció posibles irregularidades en la contratación, incluyendo sobreprecios.

Hemos advertido fallas técnicas graves que afectan la seguridad y operación del metro de Quito actualmente
Darío Paladines, veedor del Metro

Otro punto crítico es el sistema de comunicaciones Tetra, considerado la columna vertebral de la operación. Este sistema coordina señalización, velocidades y rutas. Según el ex veedor, el sistema de radiocomunicaciones TETRA fue donado por la constructora ACCIONA al Metro de Quito para su implementación como eje de la operación. Sin embargo, enfatizó que, al igual que cualquier otro componente del sistema, estos equipos requerían mantenimiento permanente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la operación integral del Metro.

Darío Paladines, veedor ciudadano, advierte que la falta de articulación entre los subsistemas ha desnaturalizado el funcionamiento del metro. “Los trenes se detienen, hay esperas prolongadas y fallas en el sistema de recaudo. Todo esto afecta la experiencia del usuario y pone en duda la seguridad”, analizó. También criticó la falta de transparencia y la ausencia de respuestas a solicitudes de información técnica.

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En la misma línea, el concejal Andrés Campaña cuestionó la calidad de los informes emitidos por la empresa operadora. Según indicó, estos documentos son generales y no detallan el estado real de los procesos. “La realidad ha desmentido a las autoridades. No existe mantenimiento preventivo ni correctivo efectivo, y las consecuencias están a la vista”, declaró.

Gerente admite desgaste en rieles y ruedas

Desde la administración del sistema, el gerente Juan Carlos Parra reconoció, en la sesión del Concejo del 21 de abril, el desgaste en rieles y ruedas como uno de los principales problemas operativos. 

Detalló que se ejecutan trabajos de reperfilado para mitigar el deterioro, y señaló un punto crítico en el sector de Quitumbe, donde una curva cerrada obliga a reducir la velocidad de los trenes y acelera el desgaste de los componentes. Esta situación ha derivado en el retiro temporal de varias unidades para revisión técnica, lo que impacta directamente en la disponibilidad de la flota.

Esto no es casualidad, es el resultado de una gestión ineficiente, sin planificación técnica adecuada
Andrés Campaña, concejal

En paralelo, los usuarios continúan reportando demoras, variaciones en la frecuencia y extensas filas en estaciones de alta demanda. Para Paladines, la suma de fallas técnicas, decisiones administrativas y la falta de mantenimiento oportuno configura un escenario complejo que, lejos de estabilizarse, evidencia signos de agravamiento.

Este medio solicitó una versión oficial a la Empresa Metro de Quito. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Lo que debes saber

• El Gobierno de Ecuador avanza con ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de un plan más amplio para aumentar la recaudación, en línea con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• La meta es ambiciosa: sumar ingresos por el 1,2 % del PIB, mientras el país enfrenta incumplimientos fiscales recientes, déficit elevado y presiones externas.
• Expertos anticipan más medidas vía decretos -no una reforma integral- que podrían incluir eliminación de exenciones, mayor control tributario y ajustes al gasto público.

El ajuste de cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que el Gobierno anunció a inicios de este mes para alimentos procesados bien podría ser parte de un gran paquete de reformas tributarias que alista con fines recaudatorios y que apenas comienza. El FMI, en la revisión de su quinto informe, en el marco del programa de financiamiento que tiene con Ecuador, ha sugerido continuar con la racionalización de los gastos tributarios. ¿La meta? Alcanzar ingresos del 1,2 % del PIB, es decir, cerca de $ 1.658 millones.

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El FMI lanza advertencias clave sobre Ecuador tras la quinta revisión de programa financiero

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En los resultados de la quinta revisión, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 22 de abril, se señala que el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, “debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y el costo de las medidas compensatorias por la reforma a los subsidios al diésel”. No obstante, pese al incumplimiento, reconoce que el Gobierno ha tomado acciones correctivas inmediatas, como la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA (algunos de los cuales no estaban siendo gravados), incluyendo aquellos consumidos principalmente por hogares de altos ingresos.

Si bien esto ya empezó a aplicarse, el programa sugiere que otros ajustes para alcanzar la meta de ingresos se seguirían dando vía la racionalización de los gastos tributarios (exenciones), con el refuerzo de controles sobre las devoluciones del IVA, el fortalecimiento del régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y la restricción del uso de notas de crédito (a partir de mayo) para cumplir con las obligaciones tributarias.

No me sorprendería que tengamos nuevos anuncios de otros productos que graven IVASantiago Mosquera
Analista económico

“Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios”, dijo Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, quien considera que esta política no pasará por una reforma tributaria, sino a través de decretos ejecutivos o de regulaciones, como se ha venido haciendo.

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Hay que repartir la carga fiscal 

Mosquera señaló que todas estas medidas ayudarán a cerrar la brecha y corregir el déficit fiscal, que el año pasado terminó en $ 5.584 millones. No obstante, sugiere al Gobierno medir los impactos colaterales de estas medidas y encontrar mecanismos para repartir esta carga. “Lo que debería preocuparnos como país es la generación de empleo, la creación de empresas para que haya más empleados formales, que se siga reduciendo la informalidad y que la carga fiscal recaiga sobre un espectro más amplio de personas”, dijo.

Ecuador mantiene un programa de financiamiento vigente con el FMI (aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025) por un total de $ 5.000 millones a cuatro años. Para medir su continuidad, el organismo debe realizar revisiones constantes; esta quinta revisión permitió que el pasado 23 de abril se aprobara un nuevo desembolso de $ 394 millones para el país.

Guerra de Irán y tensiones con Colombia

No obstante, en este documento el organismo advierte sobre factores externos que podrían minar la ruta de crecimiento económico, que junto al Banco Mundial ha proyectado en un 2,5 % para este año. Según el FMI, un conflicto prolongado en Oriente Medio podría elevar el precio del petróleo, lo que, si bien podría generar un beneficio fiscal parcial (a raíz de mejores ingresos petroleros), también podría endurecer las condiciones financieras internacionales y encarecer el acceso a financiamiento para economías emergentes como Ecuador. Por otro lado, cita la pugna arancelaria que el país tiene con Colombia, que podría seguir impactando el comercio bilateral y afectar el suministro energético.

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Menos gastos y más financiamiento 

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), sostiene que en escenarios como estos será difícil alcanzar la meta de déficit de $ 3.090 millones, establecida en el acuerdo para finales de este año. “Dentro de los ingresos que se prevén este año, los impuestos tendrían el 0,8 % del PIB, es decir, $ 1.106 millones que vendrían de las reformas tributarias que el Gobierno ya está implementando y de lo que podría venir. Además, se habla de lograr menores gastos fiscales por $ 829 millones. Pero habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios, con casi $ 600 millones”.

En el acuerdo, lo que se recomienda -cita Carrera- “es tratar de suprimir algunos contratos, no celebrar malos contratos, tal vez optar por nombramientos provisionales; es decir, ver acciones que reduzcan la masa salarial pública del pago de sueldos, lo que sugiere nuevos despidos en el sector público”.

A estas dificultades, menciona el experto, hay que sumar los retos financieros. Aun si se redujese el déficit a $ 3.090 millones este año, el país tiene $ 14.000 millones de necesidad de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, recursos que aún no se sabe cómo se conseguirán.

Sobre este acuerdo de financiamiento