“Nosotros criamos en la casa y venimos a vender cada semana. Ahora no podemos traerlos y nos quedamos sin ingresos”, cuenta Rosa Llumiquinga, productora de Quisapincha. Explica que, en una buena jornada, lograba hasta 50 dólares, con cuyes que se venden entre 5 y 6 dólares, según la demanda.

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Una situación similar enfrenta Luis Tenelema, de Pasa. “También tenemos conejos. Esos se venden hasta en 10 dólares sin pelar. Pero si no hay feria, no hay cómo vender”, lamenta.

Desde la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) se informó que la decisión responde a una alerta sanitaria en evaluación. Mary Isabel Trujillo, directora distrital, indicó que se han registrado muertes de conejos en las últimas semanas y, más recientemente, reportes en cuyes.

“Se han tomado muestras que están siendo analizadas en Quito. Mientras tanto, algunas granjas se mantienen en cuarentena”, explicó.

En la misma línea, Gabriel Andino, coordinador general de Sanidad Animal, señaló que la restricción del ingreso de cuyes y conejos a ferias es una medida preventiva.

“No existe evidencia de riesgo de transmisión a humanos. Se trata de proteger a las especies mientras se determina el origen del problema”, puntualizó.

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Más de 10 mil animales por jornada

Solo el Mercado América, ubicado en la avenida Bolivariana y El Cóndor, concentra entre 500 y 800 comerciantes en cada jornada de animales menores y aves.

De acuerdo con datos municipales, en este espacio se comercializan más de 15.000 cuyes y 300 conejos por día de feria, provenientes principalmente de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.

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Con la restricción, se estima que esa cantidad de animales menores —entre cuyes y conejos— deja de venderse cada semana, lo que impacta directamente en la economía de cientos de familias rurales.

Luis Jerez, directivo del Mercado Intercultural Chibuleo, mencionó que también deben acatar la medida y evitar la venta de estos animales mientras se mantenga la prohibición. 

Mientras Guadalupe Pérez, presidenta del centro de comercio de animales menores en el Mercado América, indicó que hace tres semanas se presentó la novedad y tomaron todas las medidas de desinfección.

El Municipio de Ambato, a través del director encargado de Servicios Públicos, Juan Tenorio, aclaró que las ferias de animales menores no han sido suspendidas en su totalidad.

“La actividad continúa en espacios autorizados como el Mercado América, Chibuleo, Pachano, Quisapincha y Pasa. Sin embargo, se activaron protocolos sanitarios tras la alerta en cuyes y conejos”, indicó.

El funcionario añadió que existe coordinación con Agrocalidad y la Gobernación para monitorear la situación y brindar información clara tanto a comerciantes como a la ciudadanía.

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Mientras se esperan los resultados oficiales de laboratorio, los productores mantienen la expectativa de retomar la venta con normalidad. Por ahora, la prioridad es prevenir y evitar una posible propagación entre los animales, recalcó Tenorio.

Lo que debes saber

• Falta de agua potable afecta a Tola Chica 3, en Tumbaco, por red saturada y suministro intermitente.
• Moradores denuncian cortes de hasta cuatro días y gastos extra por tanqueros privados.
• Epmaps atribuye fallas a aire en la red y reconoce problemas similares en Cumbayá y Puembo.

La falta de agua potable genera malestar en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito. En el sector de Tola Chica 3, abrir una llave se ha convertido en un acto de incertidumbre, ya que el líquido vital puede no llegar o hacerlo apenas como un goteo insuficiente. 

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO junto a los moradores, se constató una realidad que se repite en varias viviendas: el suministro es intermitente y, en muchos casos, no alcanza para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse o limpiar.

La escena cotidiana refleja una contradicción. Mientras el sector crece a un ritmo acelerado, la infraestructura no logra acompañar esa expansión.

Los residentes coinciden en que el aumento de urbanizaciones, conjuntos habitacionales y nuevas construcciones ha desbordado la capacidad de la red de agua potable. “El crecimiento es evidente, pero los servicios siguen siendo los mismos”, comentan con preocupación, al señalar que el desarrollo urbano no ha ido de la mano con una planificación adecuada.

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Denuncian días sin una gota de agua

Marco Veintimilla, presidente del barrio, describe con cifras la magnitud del problema. Según sus estimaciones, en Tola Chica 3 viven alrededor de 4.500 personas, sin incluir a la población flotante vinculada a instituciones educativas cercanas. 

“Hay sectores que pasan tres o cuatro días sin agua; otros solo la reciben durante la noche. Incluso hay zonas donde el servicio no llega desde el viernes”, explica. Aunque asegura que mantienen contacto constante con la empresa municipal, advierte que las soluciones suelen ser temporales. “Cuando se insiste, envían ayuda, pero no es una respuesta definitiva”, agrega.

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Para muchas familias, la escasez implica gastos adicionales y condiciones de vida más difíciles. Silvana Zambrano, residente de un conjunto de 28 viviendas, relata que, pese a contar con cisterna, el almacenamiento no es suficiente frente a cortes prolongados. 

“Nos vemos obligados a comprar agua en tanqueros privados. Es un gasto extra y no siempre hay garantía de calidad”, afirma. En su entorno viven adultos mayores y personas con enfermedades, lo que agrava la falta del servicio básico.

Dudan de la distribución del agua

La situación también evidencia problemas estructurales. Rodrigo Aguilar, quien ha vivido más de 40 años en el sector, recuerda que el sistema de abastecimiento original, proveniente de El Inga, ha quedado rebasado.

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“Antes alcanzaba, pero ahora, con tantas construcciones, el caudal se reparte entre más viviendas y ya no es suficiente”, señala. Además, considera que existe una distribución desigual que deja a ciertos sectores sin acceso durante días, mientras otros reciben el servicio de manera parcial.

Las quejas aumentan. Mariela Villalva asegura que desde la pandemia el problema se ha intensificado. 

“Hemos pedido soluciones, pero solo vienen a hacer revisiones temporales. Abren y cierran válvulas, mencionan posibles daños, pero nunca hay una reparación definitiva”, explica. 

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En medio de esta incertidumbre, los habitantes han tenido que adaptar su rutina: recolectar agua en recipientes, reducir su consumo y destinar dinero a la compra de bidones. “Lo más frustrante es que las planillas llegan puntuales, aunque el servicio falle”, enfatiza.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) se informó que no se habían registrado reportes continuos en el sector. No obstante, la entidad reconoció que durante el último fin de semana se produjeron interrupciones. 

Según el informe, se detectó la presencia de aire en varios puntos de la red, lo que afectó la distribución. Como respuesta, realizaron trabajos de desfogue de hidrantes y se instaló un nuevo punto para facilitar el mantenimiento.

Falta de agua aqueja a otras zonas del valle

La problemática no se limita a Tumbaco. En Cumbayá, usuarios reportaron recientemente una disminución en la presión del servicio tras un corte de energía en San Patricio Alto. 

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La empresa confirmó un daño en la estación de bombeo San Francisco Medio, lo que afectó a varios sectores. A este escenario se suman las quejas en Puembo, en donde también se registran fallas constantes, con cortes y baja presión. 

Aunque Epmaps asegura que trabaja en proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la cobertura, estas promesas no logran disipar la preocupación ciudadana. Los moradores cuestionan que se otorguen permisos de construcción mientras el sistema de servicios básicos muestra signos de saturación.

La realidad de abandono también golpea con fuerza al sistema educativo en el norte de Manabí. En cantones como Sucre y San Vicente, la reconstrucción de unidades educativas sigue siendo una tarea pendiente, con espacios destruidos, estructuras inconclusas y estudiantes que aún reciben clases en condiciones inadecuadas.

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En la Unidad Educativa William Fletcher Paraguay, ubicada en la parroquia Canoa, del cantón San Vicente, el terremoto arrasó con gran parte de su infraestructura. “Aquí había dos bloques en forma de L. Uno se perdió completamente, se llevó todo el terremoto”, explica Douglas Bayona, un dirigente ciudadano. El otro bloque quedó a medio construir y, con el paso del tiempo, sin mantenimiento, se ha deteriorado aún más, convirtiéndose en un espacio vacío y desaprovechado.

Bayona también cuestiona la falta de intervención estatal en estos años. “Es cuestión del gobierno de turno que no lo ha hecho. Desde el terremoto no ha habido una respuesta clara para poder reconstruir este espacio”. Recuerda que, tras la emergencia, los estudiantes fueron reubicados en instalaciones provisionales, una medida que debía ser temporal, pero que se ha extendido por una década. “Se han hecho gestiones, se ha solicitado, pero no ha habido respuesta”.

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A esta problemática se suma el impacto de la reubicación. Narcisa Hernández señala que juntar a estudiantes de escuela y colegio en un mismo espacio ha sido perjudicial. La comunidad educativa fue trasladada a la Unidad Educativa Elías Cedeño Jerves, donde reciben clases en contenedores. Lo que inició como una solución provisional terminó convirtiéndose en una realidad permanente durante diez años, generando incomodidades, hacinamiento y dificultades en el proceso de aprendizaje.

No hubo prioridad para la educación

Para el exconcejal de San Vicente, Leonel Kuonqui, la situación es reflejo de una deuda estructural. Asegura que la infraestructura educativa es una de las más afectadas tras el terremoto y que, hasta ahora, no ha sido atendida como prioridad. “No tenemos lugares adecuados donde los estudiantes puedan aprender. Siguen en aulas provisionales, que son contenedores donde hace mucho calor, donde no se pueden concentrar y donde hay demasiados alumnos por paralelo”.

El problema se repite en varias instituciones. En la Unidad Educativa Fiscal San Vicente, por ejemplo, el terreno permanece cubierto de monte, con escombros aún visibles. Además, los cerramientos de las aulas provisionales están deteriorados y los contenedores que funcionan como salones ya presentan daños en sus estructuras, evidenciando el desgaste de una solución que nunca debió prolongarse por tanto tiempo.

Otro de los casos más impactantes se encuentra en el cantón Sucre, en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Allí, la escena parece detenida en el tiempo: paredes destruidas, fisuras profundas y restos de escombros que dan la impresión de que el terremoto hubiera ocurrido recientemente. Para los habitantes del sector, esta imagen refleja un abandono prolongado y una reconstrucción que nunca llegó.

Kuonqui insiste en que, pese a contar con terrenos y espacios disponibles, no se ha concretado una intervención real. “Con tantos recursos que hubo para la reconstrucción, lo principal debió ser la educación. Si no se invierte en eso, es difícil construir futuro”.

Diez años después del desastre, las fisuras siguen marcando no solo paredes y estructuras, sino también la vida de comunidades enteras que continúan esperando respuestas. Entre estaciones de bomberos colapsadas y escuelas a medio reconstruir, la reconstrucción en el norte de Manabí sigue siendo una promesa inconclusa.

Lo que debes saber

• En Quito, las mañanas soleadas contrastan con tardes de fuertes lluvias que han provocado decenas de emergencias. 
• El COE MEtropolitano atendió 14 eventos en un día: inundaciones, caídas de árboles y colapsos estructurales en la ciudad
• Expertos advierten fallas estructurales como el alcantarillado combinado, colectores antiguos y crecimiento urbano desordenado

Aunque las mañanas soleadas y con niveles extremos de radiación solar marcan el inicio de la jornada en Quito, las tardes continúan dominadas por intensas precipitaciones que han provocado diversas emergencias en distintos sectores.

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Solo el 14 de abril de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) atendió 14 eventos adversos provocados por las lluvias. 

Las afectaciones se registraron tanto en el sur como en el norte y los valles de la ciudad, con reportes de inundaciones, colapsos estructurales y caída de árboles.

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La mayor incidencia se concentró en la Administración Zonal Eloy Alfaro (sur). En este sector se reportaron tres inundaciones, dos en Chilibulo y una en el barrio Vencedores, además de un colapso estructural en la misma zona y otro en la Unidad Educativa Cotopaxi, en la calle Chimborazo. A esto se suma una inundación en el barrio La Santiago, por la saturación del sistema de drenaje.

Más al sur también hubo afectaciones. Entre ellas un colapso estructural en San Juan de Turubamba, inundaciones en el barrio Bellavista y daños en estructuras en Ecuador del Futuro y el parque Padre Inocencio, en Venecia 2.

La Bota, uno de los sectores más golpeados

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados con lluvias. Febrero fue el mes más complejo, con 196 emergencias, es decir, el 61% del total trimestral, mientras que en enero se reportaron 74 y en marzo una cifra similar.

Uno de los puntos más críticos se ubica en La Bota, en el norte. Desde febrero, en la zona han ocurrido deslizamientos de tierra que han afectado al menos a seis viviendas.

Germania Lite, presidenta del Comité de Seguridad, asegura que el problema no es reciente. Desde 2025 ha solicitado la realización de estudios técnicos en las cunetas de la avenida De La Bota y la Carlos Fortines, donde existen fisuras visibles en la mesa asfáltica.

Lite señala que estas grietas permiten la filtración de agua, debilitando el terreno y provocando deslizamientos. 

Recuerda que en mayo de 2024 se registró un evento grave cuando un poste cayó cerca de una vivienda y material lodoso ingresó al inmueble. Aunque en su momento se ofreció un plazo de cuatro meses para realizar estudios, hasta la fecha no hay respuestas. “Actualmente, un cuarto de la vía está en mal estado y cada lluvia agrava la situación”, sostiene.

Más lluvias, menos emergencias 

Desde el Municipio, la directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, considera que el número de eventos no es elevado si se toma en cuenta la intensidad de las precipitaciones. Atribuye esta relativa contención a los trabajos preventivos ejecutados en distintos puntos de la ciudad, como limpieza de quebradas, alcantarillas y sumideros, así como el mantenimiento de estructuras de captación y la vigilancia de taludes.

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La temporada lluviosa se extenderá al menos hasta mayo, según los pronósticos. Para hacer frente a sus efectos, el Municipio ha destinado $ 48,2 millones dentro del Plan de Eventos Climáticos 2025-2026, enfocado en mitigación y respuesta.

Colectores que cumplieron su vida útil

Sin embargo, especialistas advierten que los problemas de fondo persisten. Fabricio Yépez, experto en gestión de riesgos, señala que las lluvias actuales no son atípicas, sino parte del comportamiento esperado. “Quito está preparado para lluvias normales, pero la pregunta es qué pasará si se presentan eventos más intensos”, plantea.

El experto identifica al menos seis problemas estructurales en la ciudad. Entre ellos, el sistema de alcantarillado combinado, donde se mezclan aguas lluvias y servidas, que colapsa ante grandes volúmenes de agua. También menciona la falta de redes en ciertos barrios, donde las descargas se realizan directamente en quebradas, incrementando el riesgo de deslizamientos.

A esto se suma el deterioro de colectores antiguos, especialmente en el centro y sur de la ciudad, que han superado su vida útil y presentan menor capacidad de evacuación. Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) reconoce esta situación, asegura que se ha construido colectores de alivio.

Entre ellos están el Habas Corral, Carretas (en dos tramos), Eloy Alfaro y Granados, que suman aproximadamente siete kilómetros.

El colector Eloy Alfaro, ubicado en El Inca y con un 71% de avance, contempla dos ramales tipo túnel que se integran en la calle Isla Marchena, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y reducir la presión sobre las redes existentes.

Lo que debes saber

• Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.
• Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.
• Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

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La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

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El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas. 

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo. 

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”. 

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto en Ecuador, persisten fallas en control de construcciones en Manabí.
• Ingenieros advierten que edificaciones en Manabí siguen vulnerables por débil fiscalización estatal.
• Falta de control en obras aumenta riesgos ante un nuevo sismo en la costa ecuatoriana.

El terremoto de Manabí de 2016 fue un sismo de magnitud 7,8 que ocurrió el 16 de abril y tuvo su epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la costa norte del Ecuador. El evento dejó más de 670 fallecidos, miles de heridos y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Jama. Considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país, el terremoto evidenció falencias estructurales, institucionales y sociales, cuyas secuelas en infraestructura, vivienda y servicios de emergencia aún persisten una década después.

A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, el balance sobre la reconstrucción en Manabí no puede limitarse a obras ejecutadas ni a cifras oficiales. 

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Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, ex presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex titular de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el análisis real exige una mirada crítica sobre lo que se corrigió y, sobre todo, sobre lo que sigue fallando en el control de las edificaciones.

Desde su experiencia técnica y gremial, Briones advierte que el desastre no fue solo consecuencia de la magnitud del sismo, sino también del incumplimiento sistemático de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

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Más normas después del terremoto, pero controles todavía frágiles

El terremoto de 2016 evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí se levantaron sin apego a la normativa técnica vigente. 

El colapso de estructuras públicas y privadas —incluidas edificaciones destinadas a la atención ciudadana— demostró la ausencia de criterios adecuados de seguridad estructural.

"El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas", afirma Briones, al recordar el impacto no solo material, sino también social de la tragedia.

Tras el sismo, varios municipios, con Portoviejo a la cabeza, implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Actualmente, explica, existe un primer filtro más riguroso que exige planos estructurales, memorias de cálculo y diseños sismorresistentes.

Briones identifica un vacío crítico en el control del proceso constructivo: edificaciones que cumplen con la normativa en el papel, pero que se levantan sin una supervisión técnica constante en obra.

"El papel aguanta todo, pero al momento de construir se pueden omitir aspectos clave, como el acero o la calidad del hormigón", advierte.

Ese desfase entre el diseño aprobado y la ejecución real mantiene un nivel de vulnerabilidad que podría volver a evidenciarse ante un nuevo evento sísmico.

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Prevención y control: la diferencia entre el daño y la tragedia

Briones es enfático: un nuevo evento sísmico generará pérdidas. La diferencia estará en el rigor con el que se cumplan las normas, en la eficacia del control durante la construcción y en la capacidad de mantener la prevención como una prioridad permanente.

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Porque —advierte— los procedimientos que a menudo se consideran excesivos o innecesarios son, en realidad, los que marcan la diferencia entre el daño estructural y una tragedia humana cuando la tierra vuelve a temblar.

Lo que debes saber

• Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil se reportaron apagones.
• En primera instancia, la ministra Inés Manzano aseguró que los cortes se debían a trabajos programados en la subestación Dos Cerritos, , que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo. 
• Horas más tarde, el mismo lunes 14 de abril de 2026, la ministra Manzano indicó que se suspendían todos los trabajos de mantenimiento en todo el país.

Desde el jueves 14 de abril de 2026, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el Gobierno prohibió todos los mantenimientos programados en la región Costa. La medida respondió a las quejas ciudadanas por cortes de energía eléctrica sin previo aviso.

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Expertos cuestionan decisión

Sin embargo, expertos del sector eléctrico advierten que esta medida resulta inadecuada. El ingeniero Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, sostiene que la decisión puede ser políticamente favorable, pero carece de sustento técnico.

Quezada explica que las decisiones políticas suelen diferir de los criterios técnicos que rigen la operación del sistema eléctrico. Señala que la alta demanda, impulsada por la ola de calor que se registra en la Costa, presiona aún más una red que no ha incorporado nueva capacidad en los últimos años.

Además, el especialista indica que la suspensión de mantenimientos implica paralizar trabajos programados para garantizar la continuidad del servicio. Precisa que estas intervenciones forman parte de una planificación técnica que busca evitar fallas mayores.

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Riesgos a mediano plazo

En ese contexto, el ingeniero advierte que la medida podría generar más problemas a mediano plazo. Explica que la falta de mantenimiento preventivo aumenta el riesgo de fallas en centrales y equipos.

Quezada también menciona posibles implicaciones contractuales por la paralización de trabajos en curso. Señala que las empresas encargadas del mantenimiento deberán reprogramar actividades sin claridad sobre los plazos.

No hacer el mantenimiento a tiempo trae en consecuencias funestas.
Carlos Sigcha, ingeniero eléctrico

Equipos antiguos y vulnerables

Desde otra perspectiva, el ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que suspender los mantenimientos eléctricos implica riesgos. Señala que gran parte de las subestaciones del país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, por lo que exige revisiones constantes.

Sigcha advierte que omitir estos procesos puede derivar en daños graves a los equipos. Manifiesta que transformadores y otros sistemas podrían incluso incendiarse o explotar si no reciben el mantenimiento adecuado, de acuerdo con las planificaciones técnicas.

El especialista explica que esas fallas podrían generar interrupciones más prolongadas del servicio eléctrico. Añade que el incumplimiento de los tiempos de mantenimiento incrementa de que luego haya la probabilidad de cortes imprevistos, debido a los daños.

Asimismo, alerta sobre los riesgos para el personal técnico que opera en las instalaciones. Explica que la falta de mantenimiento preventivo eleva la probabilidad de fallas súbitas -como explosiones o incendios- que pueden poner en peligro a los trabajadores.

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Falta de inversión estructural

Los expertos Quezada y Sigcha coinciden en que la medida tomada por el régimen responde a una coyuntura inmediata. Insisten en que el país requiere inversión en nuevos proyectos de generación para garantizar un suministro estable a largo plazo. Además, los ingenieros subrayan que el mantenimiento preventivo resulta más eficaz que el correctivo para evitar fallas.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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El Ministerio del Trabajo habilita a Villacís después de impedirle asumir su cargo en la Judicatura

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

Opinión

Moraleja de un fracaso: el caso Villacís y la crisis de la función pública en Ecuador

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Judicatura pidió sustituir a Villacís antes de avisarle que debía reemplazar a Godoy

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber

• El regreso a clases en la Costa en este 2026 arranca en medio de inseguridad, extorsiones y miedo en las aulas.
• Docentes advierten que, además de la violencia, el uso intensivo del celular y redes sociales está agravando problemas de conducta, ansiedad y aprendizaje en estudiantes.
• Piden al Ministerio de Educación mejores planes para preservar la integridad de docentes.

El inicio de un nuevo año lectivo en la Costa en este 2026 ya no solo implica el regreso a las aulas, la compra de útiles o la planificación académica. Hoy, los docentes enfrentan un escenario más complejo, marcado por el avance de la violencia en varios sectores y su impacto directo en la comunidad educativa.

La inseguridad, que antes parecía ajena al entorno escolar, ahora condiciona rutinas, genera temor y obliga a replantear la forma en que se enseña y se convive dentro y fuera de las instituciones.

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Pero no es el único problema. Los docentes suman desafíos que nacen en el entorno digital. El acceso cada vez más temprano a redes sociales, videojuegos en línea y el uso intensivo del celular expone a niños y adolescentes a riesgos que también llegan al aula: distracción, conflictos, problemas de conducta e incluso situaciones de acoso.

En medio de estas tensiones, docentes de entidades académicas en la Costa hablan a EXPRESO sobre los desafíos en este nuevo año escolar.

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Dos profesores, quienes pidieron no ser identificados por seguridad, señalaron que las condiciones aún no son las adecuadas para volver a dar clases, aunque, por su profesionalismo, siguen acudiendo.

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Es el caso de Adriana, docente de una escuela en la cooperativa San Francisco. “Ya me han recibido delincuentes en moto, hace tres semanas, preguntando a dónde voy, que debo pagar porque no hay clases, y me recriminan qué voy a hacer en la escuela si están en vacaciones”.

Fernando, profesor en una zona del noroeste, ve con preocupación las actitudes que empiezan a tomar niños y jóvenes que asisten a la escuela en la que labora.

“El año pasado fui testigo, con horror, de un juego macabro que realizaron algunos niños, de 10 años incluso. Ellos dicen que son la mafia, que tienen que hacer ‘vueltas’, qué armas quieren usar o a quiénes van a matar. Como docente, mi deber también es rescatarlos de ese ambiente en el que están creciendo”, expuso.

Él sigue pidiendo protección a la Policía y que el Ministerio de Educación pueda intervenir con programas integrales en entidades educativas en zonas conflictivas de Guayaquil.

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UNE denuncia daños en infraestructura de escuelas y colegios en la Costa

Pero hay otros inconvenientes. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que la cartera de Estado está pidiendo a los docentes que realicen mingas en las instituciones antes del inicio de clases.

“El problema no es la minga; es que con eso se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad”, expuso.

El dirigente gremial también indicó que “de las aproximadamente 7.414 instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos, 6.587 requieren algún tipo de reparación”.

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La UNE señaló que los salarios de los docentes en instituciones fiscales permanecen congelados desde hace 14 años y que, al menos, 40 mil profesores trabajan bajo contratos o nombramientos provisionales.

Se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad.Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Inicio de clases en la Costa: Desafío de los docentes en las aulas

Estas condiciones, finalmente, influyen en la formación de la niñez y la adolescencia.

Jorge Balseca, vicerrector de la Unidad Educativa Ecomundo, advirtió que los desafíos actuales para los docentes deben leerse desde varias dimensiones: seguridad y bienestar, tecnología y educación y ejes pedagógicos, enmarcadas en la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad.

“La inseguridad es un tema bastante preocupante”, dijo de forma tajante, especialmente en zonas golpeadas por la violencia. Frente a ello, plantea la necesidad de reforzar medidas tanto a nivel institucional como estatal, desde “cámaras de seguridad, presencia policial y aplicaciones móviles” para reportar incidentes.

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Pero señaló que la seguridad no solo se mide por agentes externos, sino también por el autocuidado y el bienestar mental de estudiantes y docentes, un aspecto que, según indicó, resulta determinante en el ambiente educativo.

Para la psicóloga Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador, la realidad en Guayaquil y otras zonas de Guayas impacta directamente en el desarrollo emocional, conductual y académico de los estudiantes.

“El reto ya no se limita únicamente a garantizar aprendizajes curriculares; hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros”, expresó.

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Cano contó que, en la actualidad, hay niños y jóvenes que llegan al aula —en diversas zonas— con altos niveles de ansiedad, dificultades de autorregulación, problemas de atención o conductas agresivas. Y puso sobre la mesa otra problemática.

“Son reflejo de lo que viven fuera de ella. Casi siempre estas realidades son producto del uso prolongado del celular y la exposición temprana a contenidos inadecuados en redes sociales, que afectan la capacidad de concentración, el sueño, la convivencia y la construcción de identidad”, explicó.

Balseca coincidió en este punto con la psicóloga y agregó que el rol de la familia es clave para cada niño y adolescente. “Lo que se hace en el colegio no sirve de nada si no se refuerza en el hogar”, manifestó.

Hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros.Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador.

Cano sugirió fortalecer estrategias de educación socioemocional, alfabetización digital, prevención de riesgos psicosociales y trabajar articuladamente con las familias.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto 2016, la zona cero de Tarqui, en Manta, sigue sin reconstrucción integral.
• De 35 hoteles en Tarqui antes del sismo, hoy operan 17 por dispersión comercial post terremoto.
• Autoridades prometieron reactivación, pero 10 años después la zona cero mantiene edificios abandonados y un gran terreno vacío.

En Manta, el tiempo parece haberse detenido en algunos rincones de Tarqui. A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, la llamada “zona cero” del sismo no solo carga con estructuras a medio caer, sino con una herida abierta que aún no termina de cicatrizar.

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Donde antes latía el corazón comercial de la ciudad, hoy sobreviven edificios vacíos, otros ocupados de manera informal y calles que ya no tienen el mismo pulso. 

El cambio radical en Tarqui

Tarqui fue, durante años, el eje económico de Manta: hoteles, comercio, empresas pesqueras y una intensa vida urbana que reunía a propios y visitantes. Era, como recuerdan sus habitantes, el punto donde todo confluía.

José Julio Barrezueta, un tarquense y empresario que vio caer su hotel en aquella época, lo resume con claridad: Tarqui movía todo. Aquí estaba la zona hotelera principal, el comercio más dinámico, el flujo constante de una ciudad que giraba en torno a este sector. Pero el terremoto no solo derrumbó estructuras, también fragmentó esa centralidad.

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Tras el desastre, la vida comercial se dispersó. Muchos propietarios optaron por trasladarse a sus barrios, donde levantaron pequeños negocios en la planta baja de sus viviendas. Así, lo que antes estaba concentrado en Tarqui se multiplicó en distintos puntos de la ciudad. El resultado fue una reconfiguración urbana que, si bien dinamizó otros sectores, dejó al antiguo corazón en abandono.

Los números reflejan esa caída. De aproximadamente 35 hoteles que operaban en la zona, hoy quedan apenas 17. Los nombres que marcaron época -como Las Rocas, Las Gaviotas o el Panorama- desaparecieron o nunca volvieron a levantarse. En su lugar, sobreviven edificaciones improvisadas que difícilmente conservan el estándar de lo que alguna vez fue la oferta hotelera del sector.

La promesa de la reconstrucción 

La reconstrucción, según los testimonios, nunca llegó de forma integral. Barrezueta sostiene que sí hubo apoyo para remover escombros, pero no para reconstruir lo que se perdió, y que los créditos ofrecidos resultaron insuficientes frente a la magnitud de la tragedia. Reconstruir un edificio con montos limitados y bajo condiciones poco accesibles dejó a muchos fuera del proceso.

En medio de ese escenario, algunos decidieron quedarse, reinvertir, reconstruir por partes, adaptarse. Levantar nuevamente paredes donde antes hubo ruinas. Apostar por seguir, incluso cuando el entorno no acompañaba. No todos podían trasladar su actividad; un hotel, como bien se señala, no se puede mover de lugar.

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En ese intento por no desaparecer, el caso de Barrezueta refleja la dimensión del esfuerzo. Tras perder parte de su infraestructura, decidió reconstruir y levantar dos pisos para poder continuar con su actividad hotelera. No fue un proceso inmediato ni sencillo: tomó tiempo, sacrificio, endeudamiento y una apuesta constante por mantenerse en pie en una zona que ya no tenía el mismo movimiento. Cada pared levantada fue también una forma de resistencia frente al abandono.

Pero Tarqui no solo enfrenta el peso del pasado. También convive con nuevas dinámicas que evidencian su deterioro. En algunos edificios, aún con escombros acumulados y profundas rasgaduras en sus paredes, se observan personas extranjeras asomándose desde las ventanas. 

El movimiento de Tarqui desapareció

Son espacios que hoy sirven de refugio improvisado: algunos ocupados de manera informal, otros alquilados por sus propietarios, quienes, ante la falta de movimiento y dinamismo en la zona, optan por obtener ingresos mínimos cediendo estos inmuebles. En varios casos, se trata de personas en condición de calle que han encontrado en estas estructuras deterioradas un lugar donde permanecer.

A la par, ciertas esquinas de Tarqui han sido tomadas por trabajadoras sexuales que buscan clientes en medio de un entorno venido a menos. A estos los conducen hacia vetustos hostales que aún se mantienen en pie, resistiendo más por inercia que por actividad económica, en una zona donde el flujo de visitantes ya no es el de antes.

Un terreno baldío donde había proyectos

A Tarqui incluso se le prometió un mercado como parte de su reactivación. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó. Hoy, en medio de la denominada zona cero, permanece un espacio gigantesco sin ocupar: un terreno vacío que se extiende como una cicatriz urbana, convertido en el reflejo más evidente de un hueco profundo del olvido.

Plutarco Bowen, vinculado al sector hotelero y a la historia reciente del lugar, habla desde la nostalgia. Tarqui, dice, se puso de rodillas ante el sismo. Se perdieron vidas, amistades, una forma de vivir la ciudad. Sin embargo, insiste en que la resiliencia recae en quienes permanecen, en los hijos de Manta que se niegan a dejar morir su historia.

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Recuerda que Tarqui siempre fue tierra de migrantes. Ese mismo empuje, asegura, es el que hoy intenta sostener lo que queda en pie. Pero también reconoce que faltaron políticas claras y una hoja de ruta que orientara la reconstrucción.

Diez años después, la sensación es clara: Tarqui resiste, pero no ha vuelto a ser lo que fue. Entre la nostalgia, el esfuerzo privado y la ausencia de una intervención estructural, la zona cero de Manta sigue esperando algo más que el paso del tiempo. Sigue esperando una oportunidad real de volver a latir.

Los puntos claves

• El malecón de Salinas ha registrado dos hechos violentos en menos de 15 días, lo que ha encendido las alertas entre residentes y visitantes.
• Habitantes del sector cuestionan la falta de presencia policial y militar constante en uno de los principales espacios turísticos de Santa Elena, pese a la cercanía de instalaciones militares.
• Expertos advierten que la violencia en espacios turísticos puede impactar directamente en la imagen del destino y en su actividad económica. 

El malecón de Salinas -uno de los principales espacios turísticos del cantón- se ha convertido en escenario de ataques armados. Y eso no solo alarma: entristece y golpea a una ciudadanía que empieza a dejar de verlo como un lugar seguro.

En menos de 15 días, dos hechos violentos dejaron dos personas fallecidas y siete heridas en un sector donde residentes y visitantes coinciden en algo: la inseguridad ya no es una percepción aislada, sino una realidad que se repite, sin una respuesta visible ni sostenida por parte del Estado o de las autoridades locales.

“No es la seguridad que merecemos”, reclaman habitantes

“El malecón es uno de los sitios más importantes de la provincia. Aquí llegan familias, hay historia, hay turismo, hay nostalgia… pero hoy parece un espacio abandonado. No en infraestructura, sino en cuidado”, cuestiona Irma Palacios, residente del sector. A su criterio, la falta de presencia policial y militar agrava la situación. “Dos hechos violentos en tan poco tiempo y no se ve el control que urge. Los metropolitanos, que son a quienes sí vemos, no tienen armas y también son vulnerables. La gente vive con miedo y con dudas. No es la seguridad que merecemos”, agrega.

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Las críticas se intensificaron tras el último ataque, registrado la madrugada del domingo, con nuevos cuestionamientos a la falta de reacción de las autoridades. A pocas cuadras de bases militares y de una UPC policial, los residentes aseguran que no hubo intervención oportuna ni operativos visibles a la fecha.

“Siguen los ataques armados en el malecón y nadie dice qué está pasando. Estamos cerca de instalaciones militares y no se ve a los agentes en las calles. Salinas, la provincia de Santa Elena en sí, debería ser un sitio extremadamente seguro y no lo es. ¿Entonces qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay respuestas?”, reclama Fernando Vargas Alarcón, habitante del balneario.

Residentes denuncian ausencia de control y patrullaje

A esto se suman los reclamos por la falta de control previo en el espacio público. Ciudadanos advierten que situaciones como el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en horarios nocturnos, no son intervenidas a tiempo, lo que -según sostienen- termina escalando en hechos más graves.

“Lo que se sabe es que las víctimas estaban bebiendo en la vía pública y no hubo control. Eso ya era una contravención. Después vino la balacera, incluso cerca de presencia militar. Hay desorden y nadie responde”, lamentó la ciudadana Paola Coppel en redes sociales, donde la noticia se ha viralizado y ha generado reacciones de salinenses que hoy viven fuera del país.

El impacto en el turismo: miedo, cambios de comportamiento y pérdidas

La preocupación también se replica en quienes miran a Salinas desde el extranjero. “Tengo los mejores recuerdos de Salinas. Para mí no hay mejor lugar. Ahí crecí, ahí me casé, ahí viven mis padres, y ahí regresaré cuando me jubile. Ver ahora hechos violentos me preocupa y me duele”, comenta Andrés Rendón, quien reside en Miami desde hace 17 años.

Para quienes viven cerca del malecón, el problema no es solo la violencia puntual, sino la ausencia de acciones. “Se está disparando en la cara más visible de Salinas y no hay un solo pronunciamiento claro. Hace poco veíamos imágenes de turismo y celebración, un concierto que dio la vuelta al país. Ahora lo que circula son escenas de violencia, pero nadie está exigiendo en mensajes públicos un escudo para este balneario”, señala Lucía Santillán, guayaquileña que reside a pocos metros de la playa.

A Salinas le urge un plan de seguridad y que las autoridades se unan para exigir control militar permanente.
Xavier Tomalá presidente del Comité Cívico de Salinas

La residente también cuestiona el silencio de los concejales: “¿Esto va a llegar al Concejo Cantonal o se va a seguir evitando el tema? ¿Por qué el presidente Daniel Noboa, que recorre la provincia con frecuencia, no dice nada? ¿Por qué no hay una respuesta clara? Nosotros votamos por concejales para que prioricen los problemas. Y a la fecha no siento que me hayan defendido, pero aún representado”, añade.

Expertos advierten efectos en la imagen del destino

El impacto, advierten expertos, podría ir más allá de la seguridad inmediata. El urbanista y especialista en turismo Diego Sandoya, habitante de La Milina y guayaquileño, señala que la repetición de hechos violentos en espacios como el malecón no solo golpea la percepción de seguridad, sino que altera el funcionamiento del destino turístico.

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Explica que cuando un balneario pierde la sensación de control en sus espacios públicos, el visitante cambia su comportamiento: reduce su estadía, evita horarios nocturnos, limita el consumo en restaurantes y empieza a elegir destinos percibidos como más seguros.

Como ejemplo, menciona lo ocurrido en General Villamil Playas (Guayas), donde -según indica- la inseguridad ya ha dejado efectos visibles. Cada vez más visitantes optan por viajes de ida y vuelta en lugar de pernoctar, lo que ha reducido la ocupación hotelera y ha impactado a negocios formales e informales vinculados al turismo.

Con bases militares tan cerca, Salinas debería ser muy segura, pero la violencia golpea al turismo. A todo.Alfonso Ortíz presidente de la Junta Cívica Provincial

Para Sandoya, el riesgo es acumulativo y puede escalar rápidamente si no hay intervención. “El daño no se mide solo en el hecho violento, sino en la percepción que se instala en redes, noticias y recomendaciones. Cuando un destino deja de asociarse con descanso y empieza a vincularse con inseguridad, la recuperación es lenta y costosa”, advierte.

Hoy, Salinas sigue siendo un lugar atractivo. Pero ya no es el mismo. Las alertas están encendidas y la confianza empieza a resquebrajarse, piensa.

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“Por eso, más allá de cámaras o de reactivar el espacio público -algo necesario-, se requiere presencia real. Las autoridades locales deben exigir al Gobierno y al gobernador operativos en territorio, trabajo de inteligencia. Es necesario que el personal policial y militar recupere las calles de este balneario. La provincia está sufriendo. Es pequeña, sigue siendo hermosa, pero ya no hay rincón libre de violencia”, alega.

Salinas recurre otra vez a operativos

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Los primeros reportes establecen que los ataques no estarían siendo perpetrados contra ciudadanos locales, sino contra individuos que llegan desde otras ciudades, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que convierte su presencia en un riesgo latente que, hasta ahora, no ha sido contenido.

El coronel Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial de Santa Elena, confirmó que los siete heridos del último ataque arribaron desde Guayaquil. Además, reveló que uno de ellos tenía antecedentes penales. “Existe ya una línea de investigación en curso”, precisó el oficial, sin detallar plazos ni avances concretos.

La preocupación también fue expresada por el gobernador Xavier Negrete, quien, en una entrevista radial, advirtió sobre la gravedad de los hechos. “Se ha informado ya al ministro del Interior, John Reimberg, para que se adopten medidas urgentes y se logre contener esta situación”, señaló. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado acciones específicas ni resultados visibles en territorio.

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Ante el incremento de la violencia, Negrete anunció el refuerzo de los controles de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. “Se han dispuesto operativos permanentes”, aseguró, en un contexto en el que ciudadanos cuestionan la falta de presencia sostenida en el malecón.

Desde el sector turístico, la inquietud también es evidente. José Berh, director municipal de Turismo de Salinas, indicó que los empresarios han decidido involucrarse en la solución ante la falta de garantías suficientes. “Se ha ofrecido hospedaje y alimentación para facilitar la llegada de más uniformados. Este planteamiento será presentado a la Policía y esperamos una respuesta favorable”, manifestó.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El edil Valentín Soriano cuestionó la efectividad del sistema de videovigilancia implementado por el Municipio. A su criterio, resulta inadmisible que continúen los hechos violentos pese a la inversión realizada, sin que exista claridad sobre su funcionamiento.

“Se supone que todo el malecón está cubierto por cámaras. He solicitado en reiteradas ocasiones información sobre su ubicación y funcionamiento, pero no he recibido respuestas”, denunció; al hacer hincapié en que el tema, como lo exige la ciudadanía, será tratado en la próxima sesión de Concejo, a fin de crear una hoja de ruta que no permita que se pierda el malecón y la identidad de Salinas.

Lo que debes saber

• Luis Almeida evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en 2026 ante vacío de poder actual.
• El exasambleísta busca respaldo político y afirma que movimientos sociales impulsan su candidatura.
• Almeida suena para el sillón de Olmedo junto a otras cinco personas más.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida revela, en entrevista con Diario EXPRESO, que evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que lo respaldó durante varios años, no está definido, asegura que su eventual candidatura responde al pedido de movimientos sociales.

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Luis Almeida quiere "servir" a Guayaquil

De acuerdo con Almeida, su trayectoria y preparación académica lo ubican como uno de los "verdaderos políticos" que pueden asumir las riendas de Guayaquil, en especial tras el vacío de poder que ha dejado la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez por los casos judiciales en su contra y la inexperiencia política de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

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"Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política de la ciudad; en empresa privada y no empresa privada; y, sobre todo, con un amor grandioso hacia el pueblo guayaquileño y ecuatoriano", comentó, e indicó que es el momento de "escoger a los mejores, de la gente que ame realmente a su pueblo, de la gente que sienta a este Guayaquil profundo (...)".

La relación con el PSC y Jaime Nebot

Aunque tiene la intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, el exasambleísta Luis Almeida confiesa que aún no tiene un partido político que lo cobije. "Hay movimientos sociales que están planteando, grupos de partidos políticos extraños al Partido Social Cristiano y de otras tendencias, que me han dicho que yo debería ir", señaló.

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Al ser consultado sobre si el PSC, organización política que lo cobijó por varios años, lo respaldará, Luis Almeida indicó que eso depende únicamente de los líderes políticos, aunque considera que el partido "debería considerarlo". Incluso afirmó que mantiene una "excelente relación" con el líder socialcristiano Jaime Nebot, pero que aún no han conversado sobre un eventual apoyo a su candidatura a la Alcaldía.

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Los nombres que suenan para la Alcaldía

La carrera por el sillón de Olmedo empieza a tomar forma con figuras del actual Gobierno y exfuncionarios que ya realizan actividades proselitistas en redes sociales. Almeida se suma a un escenario donde la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y el ascenso de la vicealcaldesa Tatiana Coronel han acelerado los tiempos electorales.

Algunos nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil son:

Lo que debes saber 

• Desde abril, usuarios del Metro han reportado demoras de los trenes en horas pico entre 8 y 10 minutos, provocando aglomeraciones en las estaciones
• Se atribuye las variaciones en la frecuencia a trabajos de mantenimiento preventivo, como el perfilamiento de ruedas. No se ha precisado el tiempo que durarán las afectaciones
• Concejales cuestionan la falta de un contrato integral de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura y electromecánicos

En los últimas semanas, los usuarios del Metro de Quito han reportado demoras inusuales en la llegada de los trenes, especialmente en horas pico. La espera, que habitualmente ronda los cinco minutos, ha superado los ocho e incluso diez minutos, provocando aglomeraciones en las estaciones.

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Pero en estos días el malestar se ha multiplicado. Christian Páez relató que durante dos días consecutivos se registraron problemas en el servicio, con estaciones llenas y trenes cada ocho minutos, lo que incluso obligaba a retener a usuarios en las boleterías. 

Luis Alberto Sánchez Salazar calificó la situación como “todo un caos en hora pico”.

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El 13 de abril, Mariela Díaz llegó a las 08:30 a la estación El Labrador, en el norte. Dos minutos después arribó un tren, pero únicamente descendieron pasajeros y no se permitió el ingreso de quienes aguardaban en ese andén. 

Ocho minutos más tarde llegó otra unidad. Aunque asegura que usualmente no tiene problemas con el sistema, señala que en las últimas semanas estas situaciones se han vuelto frecuentes. Su principal reclamo apunta a la falta de información oportuna para los usuarios.

¿Qué dijo Metro sobre la demora?

Ante las constantes alertas, el 9 de abril la Empresa Metro de Quito emitió un comunicado oficial en el que explicó que se están ejecutando trabajos especializados como parte del mantenimiento preventivo programado, específicamente el perfilamiento de ruedas de los trenes, tras un reciente reperfilamiento de la vía.

La entidad reconoció que estas labores pueden generar variaciones temporales en la frecuencia del servicio, sobre todo en horarios de alta demanda.

Sin embargo, la empresa no detalló cuánto tiempo durarán estas afectaciones. Se limitó a señalar que obedece a una situación temporal y recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación mientras concluyen los trabajos.

¿Menos trenes en operación?

A este panorama se suman otras interrogantes. Por ejemplo, el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez (ADN) aseguró que siete trenes estarían fuera de operación, lo que explicaría las demoras. EXPRESO consultó a la Empresa Metro de Quito si dichas unidades se encuentran en mantenimiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento.

Cuestionamientos de concejales

Desde el Concejo Metropolitano también han surgido cuestionamientos. Tres ediles coinciden en que el problema está relacionado con la falta de un contrato integral de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones de la primera línea.

El concejal Fidel Chamba recordó que es la cuarta ocasión en que la empresa publica el proceso de mantenimiento en el Sercop. Además, indicó que se ha iniciado un proceso de fiscalización sobre este contrato.

También enfatizó que, según la normativa, el Metro de Quito debe informar a los usuarios sobre las demoras y, en caso de retrasos superiores a 30 minutos, se debería reembolsar el pasaje. “¿Se ha hecho eso? ¿Se ha comunicado a los usuarios? ¿No es esto un maltrato?”, cuestionó.

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Asimismo, Chamba puso sobre la mesa el alto costo del proyecto: más de $ 2.000 millones de inversión, sumados a contratos de operación y asignaciones municipales anuales. “¿Qué está pasando con un sistema de esta magnitud?”, insistió. Además, planteó dudas sobre la capacitación del personal de la empresa encargado de los mantenimientos y la relación entre las demoras y la ausencia de un contrato integral.

"Efectos visibles de la falta de mantenimiento"

El edil Andrés Campaña también sostiene que muchos de los problemas recientes responden a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en componentes fundamentales del sistema. Recordó que el proceso para adjudicar este servicio ha fracasado en tres ocasiones y que, aunque según el gerente del metro en marzo ya se contaría con el contrato, todavía no se concreta.

Campaña explicó que uno de los efectos visibles de la ausencia del mantenimiento preventivo y correctivo es el desgaste acelerado de las ruedas de los trenes, lo que obliga a reducir la velocidad de operación para evitar daños mayores. 

Esto, a su vez, impacta directamente en la frecuencia del servicio. Añadió que, si bien existen diez tipos de mantenimiento, el más importante, relacionado con la estructura, superestructura y electromecánicos, aún no está contratado. Este proceso supera los $ 73 millones más IVA.

Según indicó, ya existe una recomendación para adjudicar el contrato a un consorcio, pero aún deben cumplirse las etapas legales para concretar la asignación.

Debilidad en áreas de compras públicas

El concejal Wilson Merino, en cambio, apuntó a problemas de fondo en la gestión pública. Señaló que la caída reiterada de los procesos evidencia debilidades en las áreas de compras públicas y falta de personal técnico capacitado en las empresas municipales. “Se están apagando incendios”, afirmó y cuestionó la falta de transparencia y control.

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Merino también criticó la inacción de entidades de control como Quito Honesto, que cuenta con un presupuesto cercano a los $ 2 millones, que no ha iniciado ningún proceso pese a las múltiples alertas que han realizado los ediles en su rol de fiscalizadores. “Los platos rotos los terminan pagando los usuarios”, concluyó.

De acuerdo con la entidad, en el actual concurso se recibieron cuatro propuestas dentro del plazo establecido: dos empresas mexicanas, una china y un consorcio francés-panameño. El contrato tiene un presupuesto referencial de $ 73,9 millones y una vigencia hasta 2031. Si se cumplen los plazos, se adjudicaría en estos días.

Lo que debes saber

• Ecuador inició en marzo de 2026 bombardeos antidrogas con apoyo militar de Estados Unidos
  
  
• Gobierno de Noboa impulsa ofensiva contra redes transnacionales en frontera con Colombia
  
  
• Investigaciones revelan dudas sobre inteligencia usada en ataques aéreos en Sucumbíos
  
  

Desde marzo de 2026, Ecuador puso en marcha una nueva fase de la lucha antidrogas con bombardeos aéreos y cooperación militar con Estados Unidos, una estrategia impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado transnacional. La ofensiva busca debilitar redes de narcotráfico en zonas fronterizas, pero ha generado cuestionamientos por la opacidad de las operaciones, posibles fallas de inteligencia y el riesgo de repetir un modelo regional que, según analistas, no ha logrado reducir de forma sostenida la violencia ni el negocio de las drogas.

Por años, la política antidrogas en Ecuador se ha movido entre operativos policiales, estados de excepción y promesas de control territorial. Hoy, el país entra en una fase distinta: bombardeos aéreos, cooperación militar con Estados Unidos y una ofensiva simultánea contra redes transnacionales.

El giro, impulsado por el gobierno de Daniel Noboa, plantea una pregunta clave: ¿se trata de una estrategia eficaz o del inicio de un conflicto con más riesgos que resultados? 

El punto de quiebre llegó en marzo de 2026.

Ecuador, con apoyo estadounidense, ejecutó ataques aéreos contra lo que describió como campamentos de narcotráfico en la frontera con Colombia. La operación (parte de una escalada regional que redefine la lucha antidrogas)  fue presentada como un golpe directo a estructuras vinculadas a disidencias de las FARC. 

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Sin embargo, investigaciones periodísticas internacionales revelaron que uno de los objetivos bombardeados en Sucumbíos habría sido, en realidad, una finca ganadera y no un centro de entrenamiento criminal. 

La falta de información oficial detallada, sumada al carácter reservado de los operativos, ha alimentado dudas sobre la calidad de la inteligencia utilizada y los protocolos aplicados.

Para analistas en seguridad, este episodio expone el principal riesgo de la nueva estrategia: la opacidad. “Cuando las operaciones militares se sostienen en información clasificada, sin control civil efectivo, el margen de error aumenta y, con él, las consecuencias políticas y sociales”, advierte el politólogo Francisco Puerta. 

Ecuador

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La participación de Estados Unidos no es menor.

Desde 2025, Washington ha intensificado su política de combate al narcotráfico en América Latina bajo una lógica que equipara a los carteles con organizaciones terroristas y habilita el uso de fuerza letal. 

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En Ecuador, esta cooperación incluye inteligencia, entrenamiento y respaldo logístico, e incluso ha derivado en operaciones conjuntas en territorio nacional. 

El analista en conflictos armados Néstor Rosanía advierte sobre los riesgos de una cooperación mal gestionada: “Cuando comenzó el Plan Colombia en 1998, había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más de 230.000.

Eso demuestra que la cooperación en seguridad, por sí sola, no es la solución. Pueden llegar millones de dólares, equipos, armamento e inteligencia, pero si no se abordan los problemas estructurales, el conflicto persiste”. Y agrega, citando al expresidente Juan Manuel Santos: “Estamos en una bicicleta estática: pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos”.

Rosanía también advierte que detrás de estas alianzas existe un mercado lucrativo: “La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas no solo ofrecen cooperación, sino que también venden servicios y equipos. Son las más interesadas en mantener esta dinámica”.

Para el Gobierno ecuatoriano, la alianza responde a una realidad: el crimen organizado se ha vuelto transnacional y altamente sofisticado. En esa línea, la cooperación con Europa apunta a otro frente. 

En marzo, una operación conjunta permitió desarticular redes vinculadas al envío de al menos nueve toneladas de cocaína hacia ese continente, con la participación de mafias locales y extranjeras. 

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El consultor en seguridad mexicano David Saucedo plantea otra lectura: “Estados Unidos no apunta necesariamente a reducir homicidios, extorsiones o robos. Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio”.

Según explica, se trata de una lógica que responde a intereses estratégicos de Washington. “Lo que tenemos es un esquema injerencista para que los países de América Latina secunden a Estados Unidos en este combate hemisférico contra las drogas”. En el fondo, el debate no es nuevo. 

La llamada “guerra contra las drogas” ha sido cuestionada durante décadas por su eficacia limitada. “Lo que tenemos es un esquema injerencista de Estados Unidos para que los demás países de América Latina secunden a los norteamericanos en este combate hemisférico contra las drogas, pero persiguiendo objetivos que responden a los intereses de Washington. 

No hay, como tal, una incorporación de los intereses de Argentina, Ecuador, México u otros países que firmaron esta iniciativa de las Américas”, asegura Saucedo.

Hoy, Ecuador ensaya una versión intensificada de ese modelo, con mayor participación extranjera y herramientas militares más agresivas. En ese contexto, el internacionalista y académico Esteban Santos plantea la necesidad de equilibrar la estrategia. 

“Esto también se enfrenta con cooperación, pero sobre todo con reducción de la pobreza, emprendimiento y políticas que atiendan la desigualdad social. El ascensor social está roto en muchas partes del país”.    

No obstante, matiza: “La mano dura también es necesaria; no hay espacio para negociar con el crimen organizado, que debe enfrentar todo el peso de la ley”. 

Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio.David Saucedo, consultor en seguridad

La incógnita, entonces, no es solo si esta nueva fase funcionará, sino a qué costo. Sin transparencia, control institucional y una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, el riesgo es repetir un ciclo conocido: más violencia, mayor fragmentación criminal y resultados parciales.  

“Ecuador debe entender que la cooperación es válida y necesaria, pero dentro de un marco jurídico claro”, concluye Santos. “Al mismo tiempo, necesita implementar políticas sociales. Solo así se podrá enfrentar totalmente el problema”.

Lo que debes saber

• Aunque los caudales se recuperan, los apagones vuelven a golpear a Ecuador. El calor extremo dispara el consumo, satura la red y provoca apagones inesperados.
• La ola de calor eleva el consumo eléctrico a niveles récord y deja al descubierto una red débil y un déficit energético. 
• Expertos advierten que el problema no es solo climático, sino estructural, y que sin inversión urgente en generación y distribución, los cortes seguirán repitiéndose.

Los bajos caudales que, hace una semana, preocupaban en el país parecen ser un tema superado. No obstante, las inclemencias del clima siguen poniendo en aprietos al sistema eléctrico nacional. Las temperaturas, que en los últimos días han trepado hasta los 35 grados, están disparando el consumo de energía, desbordando una débil red de distribución y generando cortes que el gobierno prefiere llamar “focalizados”, aunque los apagones ya se sienten con fuerza en ciertos lugares de Quito y Guayaquil.

Guayaquil

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Para el analista Ernesto Albán, los problemas eléctricos del país no responden solo a los estiajes o sequías, que merman la capacidad de generar energía hidroeléctrica, sino a un problema más estructural: no estar repotenciando la oferta para cubrir una demanda que viene creciendo en los últimos años y que repunta en coyunturas como la actual. Citando cifras del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), menciona que la demanda máxima de energía pasó de unos 3.800 megavatios (MW) en 2015 a más de 5.100 MW en 2025 (34,2 % más). La capacidad instalada, en cambio, subió de alrededor de 7.200 MW en 2015 a poco más de 8.400 MW, apenas un 16 %.

Ángel Recalde, quien tiene un PhD en Ingeniería Eléctrica de una universidad del Reino Unido, explica que esa demanda ha venido creciendo de la mano del consumo doméstico y una mayor expansión del sector productivo. Y hoy, el desafío no solo es lograr cubrirla, sino enfrentarse a una débil infraestructura que no es capaz de absorber los picos de consumo de electricidad que, en medio de una ola de calor, se generan en cada hogar.

Redes con sobrecarga eléctrica

Esos picos de demanda generan sobrecarga en las redes eléctricas, más allá de lo que pueden soportar. En algunas líneas, dice, esa sobrecarga debe ser temporal. “Hay un tiempo muy corto, 15 o 20 minutos es lo que puede aguantar, dependiendo de la subestación o del equipo. Pero cuando esa sobrecarga supera ese tiempo, es cuando ya no se puede operar. Entonces, ahí es donde entran también estos cortes imprevistos. De lo contrario, se estaría comprometiendo realmente la seguridad de la red”.

Según Cenace, el pasado viernes 10 de abril, la demanda alcanzó su mayor pico del año, al llegar a los 5.305 megavatios. Ese alto requerimiento, añade Recalde, “es mucho más de la capacidad que se tiene. En la práctica, significa que hay equipos que ya están funcionando a tope, a los que hay que repotenciar y hacerles nuevos cambios”.

De esos cambios hablaba la ministra de Energía, Inés Manzano, el sábado pasado, cuando, tardíamente, trataba de explicar el porqué de los “cortes programados”, que no fueron advertidos con tiempo a los habitantes de Guayaquil, Daule y Samborondón.

Guayaquil

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“La desconexión de hoy (sábado), programada, fue para mejorar la distribución (en la subestación Dos Cerritos), que ha estado fallando por la ola de calor que nos está golpeando, en la Costa sobre todo”, dijo la funcionaria en su cuenta oficial de X.

José Alvear, experto eléctrico, cree que las condiciones podrían mejorar de aquí a unos días. Cita los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), según los cuales las lluvias podrían regresar en las próximas 48 a 90 horas, garantizando un mejor nivel de caudales para el funcionamiento de las hidroeléctricas y menores temperaturas para amortiguar la demanda de energía.

Una señal de esto último, dice Ricardo Buitrón, experto eléctrico, podría reflejarse en el mejor nivel de caudales que reporta Cenace. Ayer, Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, capaz de generar hasta un 30 % de la electricidad, mejoró su oferta. “Hasta las 12:00, Coca Codo estaba generando 870 MW, por encima de los 650 MW que llegó a generar la semana anterior”, dijo.

Guayaquil

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Hay que transformar la oferta energética

No obstante, los expertos recalcan que la solución no debe estar supeditada al clima. Eventos como el actual deberían ser una lección para las autoridades, a fin de acelerar la inversión en la repotenciación del sistema, tanto en generación como en distribución eléctrica.

Recalde señala que, lamentablemente, la construcción de nuevas subestaciones y líneas eléctricas es un proceso que demora. “Acordémonos de que el aparato público tiene su proceso de licitación y diseño, que toman tiempo. Hablamos de 4 a 8 meses, sobre todo si son subestaciones nuevas que involucran transformadores más grandes”, sostiene.

Alvear agrega que, para evitar más apagones, las soluciones inmediatas deberían estar atadas, por ahora, a la renta de energía y a la compra de generadores eléctricos, pero con empresas serias. No obstante, aclara que lo clave es pensar en una generación real y sostenible. “El Gobierno podrá decir lo que quiera, pero hay un déficit de 1.500 megavatios que no han podido suplir”.

Sigue siendo un pendiente “abrir las puertas a los privados para que puedan venir con capital fresco y que, en un promedio de cinco años, dejemos de ser un país que renta energía y volvamos a ser un país que la genera, porque esta solución no es inmediata”, concluyó.

Lo que debes saber

• Otto Sonnenholzner evaluó hoy en EXPRESO la gestión de Daniel Noboa en seguridad y economía.
  
  
• El exvicepresidente cuestionó riesgos a la independencia de funciones y el adelanto electoral de seccionales.
  
  
• Sonnenholzner aclaró rumores sobre su futuro político y descartó candidatura en Guayaquil.
  
  

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner conversa con Diario EXPRESO sobre la gestión del presidente Daniel Noboa, los cuestionamientos a la independencia de funciones, el cambio de fecha de las seccionales y su futuro político.

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- En 2024, usted señalaba en entrevista con EXPRESO que el presidente Daniel Noboa tenía un reto enorme y complejo. Dos años después, ¿cómo evalúa su gestión?

En lo económico hay decisiones difíciles que ha logrado implementar. Sin embargo, el desafío siempre es que esas decisiones se traduzcan en bienestar, más allá de la sostenibilidad fiscal. 

Ese es un terreno un poco más complejo, porque el bienestar depende de otros factores como la seguridad, la atención en salud y la gestión pública; es ahí donde el Gobierno ha tenido más dificultades.

- 2025 cerró como el año más violento del país...

Veo que arrancan este año anunciando mejoras en los indicadores de seguridad. Espero que, a diferencia de 2024 —año en el que también lograron mejorar las cifras de inseguridad, pero luego tuvimos un rebote muy fuerte en 2025—, en esta ocasión sean resultados definitivos.

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Cooperación internacional y antidrogas

- ¿Cree que la cercanía con Estados Unidos ayudará, incluso con programas como el Escudo de las Américas, o el país queda expuesto a nuevas amenazas?

No hay que mezclar las cosas. Países como Irán, que hoy enfrentan un conflicto bélico con Estados Unidos, tienen otros objetivos prioritarios antes que Ecuador.

Dicho esto, esa asociación puede ser muy positiva en el objetivo principal: combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Pero también hay otros aliados importantes como Colombia y México, que son países donde también operan estas organizaciones criminales.

- Sin embargo, el presidente Noboa mantiene un frente abierto con Gustavo Petro que ha derivado en una guerra arancelaria. ¿Cuáles son los riesgos de esta actitud?

Fue el presidente Petro quien inició el deterioro de la relación. Empezó a hacer comentarios sobre temas internos del Ecuador, vino a la posesión del presidente Noboa y se convirtió en un altavoz de la oposición del Gobierno. 

Sin embargo, esas diferencias, más allá de un reclamo formal, no deberían trascender ni afectar el comercio o el flujo de la cooperación en materia energética.

- El presidente también tiene frentes internos abiertos. Uno de ellos es el de Aquiles Álvarez. ¿Cree que es un perseguido político?

No conozco a detalle ese proceso judicial, pero sin duda diera la impresión de que, cuando menos, hay excesos en materia de medidas cautelares. 

Independientemente de si es el alcalde de Guayaquil o no, cuando una persona está siendo juzgada por un acto, por más grave que sea, debe cumplir una condena una vez que se ha probado su culpabilidad, y para eso hay que ir a juicio. 

Si una persona no representa un riesgo de seguridad real —es decir, no es un asesino, un sicario, un vacunador ni un violador—, las medidas cautelares excesivas pueden interpretarse como temas políticos.

Independencia de funciones

- La Corte Constitucional también ha estado en la mira. Hay jueces bajo la lupa de la Contraloría y Fiscalía. ¿Está en riesgo la independencia de funciones?

Los informes de Contraloría son muy comunes cuando uno es funcionario público. Lo que sí sería grave —y es algo que el país debe superar si realmente deseamos vivir en una democracia civilizada— es que se continúen instrumentalizando los organismos de control como mecanismos de presión política.

Esta ruptura (entre Ecuador y Colombia) no nos ayuda a resolver ninguno de nuestros problemas como países.Otto Sonnenholzner

- El adelanto de las seccionales también ha sido visto como una decisión más política que técnica. ¿Cree que es una medida que beneficia directamente a ADN?

- ¿Tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para fijar la fecha de elecciones? Sí. Evidentemente es raro que se lo haga con tanta anticipación respecto a la posesión de las autoridades y eso genera algunas dudas. Me pregunto en qué le beneficiaría al Gobierno, porque vienen de perder la consulta popular. 

A mí me preocupa más el hecho de que haya autoridades electas en noviembre de 2026 que no van a entrar en funciones hasta mayo de 2027; entonces, las autoridades en funciones que no han sido reelectas pierden prácticamente cualquier autoridad sobre la institución que administran.

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A poco más de un mes del año electoral, los partidos intentan reinventarse

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- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana le quita legitimidad al proceso?

Se presta para cuestionamientos, pero ellos no van a tener dificultades en encontrar un partido que les abra las puertas. De hecho, lo han tenido en otras ocasiones. Ellos, como marca política o producto electoral, van a encontrar un espacio y van a poder participar. Les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar de participar.

- En las últimas semanas surgió el rumor de una posible candidatura suya para las seccionales. ¿Tiene conversaciones para ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano?

Yo estoy lejos de la vida pública y de la política electoral hace ya tres años. Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no.

(La suspensión) les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar (a la Revolución Ciudadana) de participar.Otto Sonnenholzner

- Es decir que sí se lo han propuesto...

Siempre hay gente que con mucha gentileza considera que puedo representar una alternativa y, evidentemente, yo tengo siempre un interés porque el país y la ciudad estén bien. Nunca me he alejado de aportar con ideas u opiniones en espacios como este.

- ¿Es definitivo o de qué depende que se anime a participar?

No está en mis planes. Definitiva solo es la muerte en la vida. A todos quienes me han ofrecido esas alternativas les he agradecido por su generosidad, pero no he aceptado ninguna invitación.

Lo que debes saber

• La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la participación ciudadana mediante la democracia directa, que contempla diversos mecanismos para que el pueblo intervenga en la gestión del Estado.
• Varias decisiones adoptadas por los ecuatorianos en las urnas aún no se han ejecutado.
• El presidente Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) una propuesta de enmienda constitucional para restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); se prevé que una eventual consulta popular coincida con los comicios seccionales de noviembre de 2026.

Con el referéndum de 1978, convocado por la Junta Militar, Ecuador retomó la vida democrática. Desde entonces, la mayoría de quienes han portado la banda presidencial han convocado a los ecuatorianos a las urnas por diversas iniciativas.

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Para los constitucionalistas consultados por EXPRESO, las consultas populares son herramientas esenciales de la democracia directa, pues permiten que el ciudadano decida sobre asuntos de interés nacional. Sin embargo, advierten que su valor se diluye cuando los resultados no se ejecutan o se distorsionan en su aplicación.

Consultas que pierden peso

Es por esto por lo que, a criterio de los abogados, las consultas populares han perdido el peso que les otorga la Constitución. El jurista Ismael Quintana Garzón, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, sostiene que la voluntad popular hoy se queda en letra muerta.

El constitucionalista Emilio Suárez Salazar, docente de la Universidad San Francisco de Quito, advierte que no todas las decisiones adoptadas en consultas populares se ejecutan de forma automática, debido a que en muchos casos requieren de una decisión posterior del poder político. Según explica, mientras los referéndums suelen aplicarse de manera inmediata, las consultas -especialmente los plebiscitos- dependen de una “voluntad más política” para concretarse.

La voluntad popular no se cumple por falta de consecuencias jurídicas, pese a que la Corte Constitucional tiene amplias facultades para sancionar esos incumplimientos.Ismael Quintana, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Electoral

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Límites técnicos y de ejecución

O, como indica, sus resoluciones no resultan viables en el corto plazo, como ocurrió con el caso del Yasuní, donde, en 2023, el mandato ciudadano dispuso mantener indefinidamente el crudo del ITT bajo tierra. Suárez explica que el plazo de un año para cerrar el bloque petrolero era técnicamente inviable, ya que el proceso implica operaciones complejas que pueden tomar varios años, desde el cierre de pozos hasta la remediación ambiental.

Francisco López Rueda, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Universidad de Las Américas y de la Universidad Tecnológica Equinoccial, señala que el problema del Yasuní no solo radica en la falta de ejecución, sino en cómo se planteó la consulta desde el inicio. A su criterio, la ciudadanía vota sin contar con todos los elementos técnicos claros, lo que luego dificulta o distorsiona la aplicación de lo decidido en las urnas.

En ese sentido, advierte que las preguntas pueden formularse de manera “engañosa” o incompleta, lo que abre la puerta a que, tras la votación, el resultado se adapte o incluso no se cumpla. Para López, este tipo de casos evidencia que, sin un planteamiento técnico adecuado, consultas como la del Yasuní terminan perdiendo efectividad y sentido práctico.

La consulta debe ser excepcional y destinarse a temas trascendentales que exijan el pronunciamiento ciudadano, no para asuntos que pueden resolverse en la Asamblea.Emilio Suárez, Abogado y docente de la Universidad San Francisco de Quito

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El alcance del voto ciudadano

Quintana sostiene que el hecho de que la ciudadanía haya rechazado el trabajo por horas en consulta popular, en 2024, no impide que el tema sea regulado posteriormente por otras vías. A su criterio, el ‘no’ en las urnas no constituye una prohibición absoluta para que el Ejecutivo o la Asamblea, dentro de sus competencias, puedan normar ese ámbito.

El jurista explica que la fuerza vinculante opera de manera distinta según el resultado, “cuando la ciudadanía vota afirmativamente, el mandato es obligatorio y de cumplimiento inmediato”. En cambio, menciona, cuando el pronunciamiento es negativo, queda abierta la posibilidad de que el poder político retome el tema mediante legislación o normativa administrativa, como ocurrió con los acuerdos ministeriales sobre trabajo por horas.

Uso político y desgaste

Por otra parte, los entrevistados coinciden en que la reiteración de consultas populares ha desnaturalizado su propósito y debilitado su valor como herramienta de democracia directa. A su criterio, lejos de emplearse para resolver asuntos trascendentales, se han convertido en un recurso recurrente de los gobiernos de turno.

Quintana advierte que la figura se ha “devaluado” por su uso constante desde el retorno a la democracia, especialmente en los últimos años. Sostiene que muchos gobernantes recurren a este mecanismo más como una forma de medir su nivel de aceptación que para someter decisiones realmente necesarias al criterio ciudadano.

En la misma línea, el jurista López sostiene que las consultas deberían ser mecanismos extraordinarios y no de uso habitual. A su juicio, su reiteración -sumada al incumplimiento de los resultados- ha erosionado su sentido y su fuerza, hasta convertirlas en una simple medición de la popularidad del gobierno de turno.

Suárez sostiene que la repetición de consultas ha generado desinterés ciudadano y las ha convertido en un termómetro político. Añade que esto ha desviado su fin hacia la aprobación o rechazo del régimen.

No tiene sentido convocar consultas al menos una vez al año, peor aún si no se acatan sus resultados, considerando el gasto que implican; de cumplirse, sería distinto.Francisco López, especialista en Procesos Constitucionales y catedrático de la Udla y UTE

Lo que debes saber

• El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel elevó el precio del petróleo y encareció los combustibles en Ecuador. La gasolina súper subió 34 %, mientras el sistema de bandas ajusta los valores según el mercado internacional.
• Aunque el Gobierno compensa a los taxistas formales para evitar alzas en las tarifas, los informales y otros servicios ya trasladan el costo al usuario. También influyen gastos adicionales, como cuotas en aeropuertos y centros comerciales.
• Pese a que analistas descartan un impacto fuerte en la inflación, ciudadanos ya perciben aumentos en transporte y servicios como expresos escolares, lo que alimenta la sensación de encarecimiento general.

Ecuador empieza a sentir en sus bolsillos los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Esta guerra encareció el precio del petróleo y, por lo tanto, los combustibles a nivel mundial cuestan más, y el país no es la excepción.

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Desde ayer se aplican nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del crudo. Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en 3,024 dólares por galón, mientras que el diésel premium cuesta  2,962 dólares. La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de 3,41 a 4,57 dólares; es decir, un alza del 34 %. Los valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Uno de los primeros impactos económicos se palpa a nivel de los expresos escolares, a propósito del inicio del período escolar en la Costa, los padres de familia ya están recibiendo la advertencia de que el servicio costará más. “Mi sobrino vive y estudia en el sur de Guayaquil; pagaba 50 dólares por ida y vuelta y este año el costo será de 60 dólares. Un incremento de 10 dólares es bastante”, señaló Rosa Sanyer, ciudadana.

¿Con el combustible más caro se formará una cadena que empuje a que todo cueste más? “No debería ocurrir. Cuando subió el diésel, eso no tuvo un impacto significativo en la inflación y es lo mismo que se espera ahora”, opinó el analista económico Jorge Calderón.

Esta apreciación contrasta con una realidad en la que el ciudadano percibe que sus gastos han aumentado. Sobre esto, Calderón señaló que se trata de un efecto de especulación y no directamente del precio del combustible, que puede subir hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %.

Algunos ciudadanos han señalado que el costo del servicio de taxi ahora es mayor. “La carrera mínima la cobran en 2,50 dólares y no en 2 dólares como antes”, se quejó Valeria Vargas, usuaria.

No obstante, “el alza del precio de la gasolina no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi”, dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

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¿Por qué no debe subir el precio del servicio del taxi?

El dirigente explicó que el sector mantiene un acuerdo con el Gobierno que contempla una compensación económica para mitigar el impacto del incremento en el precio de la gasolina.

Según Gómez, los incrementos actuales no responden directamente al costo del combustible, sino a factores adicionales. “En centros comerciales u hoteles se pagan cuotas por operar en esos espacios”. Por ejemplo, los taxis que operan en el aeropuerto deben cubrir una cuota mensual de más de 17.000 dólares. Este monto es asumido de forma colectiva por unos 90 taxistas, lo que implica un aporte individual de más de 200 dólares mensuales, detalló.

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¿Cómo funciona la compensación para taxis?

El mecanismo de compensación cubre la diferencia del precio del combustible sobre una base referencial de 2,46 dólares por galón. El acuerdo está vigente desde junio de 2024 y se aplica hasta un tope de 150 galones mensuales por unidad. Aunque el consumo real de un taxi puede superar esa cifra, con un uso aproximado de 10 galones diarios, “el acuerdo permite aliviar parcialmente el impacto, porque al mes un taxista gasta unos 300 galones de combustible”, enfatizó.

En Guayaquil existen alrededor de 15.000 taxistas, de los cuales entre el 80 % y el 85 % recibe actualmente la compensación estatal, según estimaciones del gremio. El beneficio depende de que los conductores mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales de transporte.

A pesar del complejo panorama internacional, Gómez aseguró que el sector apuesta por mantener la estabilidad en las tarifas y la calidad del servicio. “La ciudadanía puede estar tranquila. Nuestro compromiso es no subir las carreras y seguir prestando un servicio eficiente”, afirmó.

Sin embargo, los vehículos informales, que no reciben la compensación, sí estarían obligados a cobrar más por el servicio. “Trabajo haciendo taxi informal desde que me quedé sin empleo. Pero con el precio del combustible esto ya no es negocio”, lamentó Ricardo Martínez, chofer.

De lo ideal a la realidad, hay comerciantes como Francisco Quimí, quien vende legumbres en el sur de Guayaquil, que se pregunta cuánto le costará ahora trasladar los alimentos hasta su negocio; antes pagaba 20 dólares desde el mercado Montebello.

Aunque la compensación estatal contiene el impacto del alza de combustibles en los taxis formales, en la práctica persisten incrementos puntuales y sectores excluidos, lo que evidencia que la estabilidad de tarifas no es uniforme en todo el sistema de transporte y, por lo tanto, hay razones para la inquietud ciudadana.

Lo que debe saber

• Menos producción por clima extremo: Las inundaciones y la sequía reducirán la cosecha de arroz en cerca de un 20 %, con una pérdida estimada de 95.000 toneladas
• Hay arroz, pero no compradores: Pese a la menor producción, las piladoras no están comprando o pagan por debajo del precio mínimo, debido a problemas para exportar el excedente anterior.
• Conflicto con Colombia complica el mercado: Las sobretasas y restricciones comerciales han frenado las exportaciones, afectando la comercialización del arroz y golpeando a los productores.

Pese a que la cosecha de invierno de arroz será menor por los efectos del clima, los agricultores denuncian que no hay quién compre el producto. La situación es crítica para los productores del grano.

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“En esta cosecha habrá menos arroz y, pese a eso, las piladoras no quieren comprar y, si alguna lo hace, paga por debajo del precio mínimo de sustentación”, dijo a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto de Los Ríos.

Habrá un 20 % menos de la cosecha, detalló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

García explicó que, por las inundaciones registradas al inicio de 2026, se calcula que se perdieron 50.000 toneladas y, por la sequía actual, la merma es de otras 45.000 toneladas, lo que implica una reducción de aproximadamente 95.000 toneladas.

Normalmente, en la cosecha de invierno se recogen unas 400.000 toneladas de arroz; ahora será entre 305.000 y 320.000 toneladas. “Esto no implica que habrá escasez en el mercado nacional; lo que pasará es que no existirá producto para exportar”, indicó García.

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La sobretasa complicó la situación

Los arroceros señalaron que la situación es paradójica porque, por un lado, habrá menos arroz, pero, por otro, en este momento las piladoras no quieren comprar el producto. Al parecer, no han logrado exportar el excedente de la cosecha anterior debido al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia.

Los agricultores  señalaron que la situación se complicó cuando Ecuador impuso una sobretasa a los productos colombianos, buscando presionar para que el presidente Gustavo Petro refuerce la seguridad en la frontera y minimice el paso de droga hacia Ecuador.

Frente a ese tributo, la reacción de Colombia fue aplicar también una sobretasa y exigir que productos como el arroz ya no ingresen por transporte terrestre, sino por vía marítima.

Ahora que Ecuador fijó una sobretasa del 100 % a productos colombianos, Petro anunció que algunos productos ecuatorianos que requiere su país ingresarán con 0 % de arancel. “Pero no se sabe si el arroz estará en esa lista. Hasta el momento, la exportación todavía debe hacerse por barco”, manifestó García.

Se espera que el Gobierno compre el arroz

Otro problema es que, cuando una piladora acepta comprar la saca, paga 29 dólares y no los 34 dólares que corresponden al precio mínimo de sustentación.

Los arroceros esperan que el Gobierno cumpla pronto con la promesa de comprar el producto a precio oficial.

Hasta el cierre de este artículo, los agricultores permanecían reunidos en la provincia de Los Ríos, analizando las medidas que van a tomar.

Lo que debes saber 

• En Quito, 9 parroquias de Tumbaco impulsan cantonización por falta de servicios antes elecciones CNE.
• En Los Chillos y Calderón, colectivos buscan cantonización en Quito por recursos insuficientes y campaña electoral 2026.
• En Quito, candidatos Guarderas, Yunda y Muñoz debaten cantonización de parroquias ante elecciones y reclamos de descentralización.

A siete meses de las elecciones seccionales, adelantadas por el CNE, en el valle de Tumbaco vuelve a cobrar fuerza la cantonización de nueve parroquias. 

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En este contexto, los impulsores de la propuesta buscan conocer la postura de los aspirantes a la Alcaldía de Quito y, eventualmente, respaldar a quienes se muestren a favor de esta iniciativa.

Cantonización Tumbaco gana fuerza

El proyecto plantea la creación de un nuevo cantón conformado por Tumbaco, Pifo, Checa, Tababela, Yaruquí, El Quinche, Puembo, Cumbayá y Nayón, que en conjunto superan los 250.000 habitantes. Para sus promotores, la iniciativa responde a la falta de atención y planificación en una zona que, pese a su crecimiento poblacional y aporte económico, aseguran, no recibe servicios acordes a sus necesidades.

Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló, sostiene que la situación en el valle “lejos de mejorar, se agudiza”. Enumera una serie de problemas como informalidad en la construcción, congestión vehicular, deterioro vial, deficiencias en servicios básicos como el agua potable y el progresivo desgaste de la Ruta Viva. A su juicio, estos factores evidencian un modelo de gestión centralizado que ya no responde a la realidad del territorio.

“La mejor salida es la independencia”, afirma Serrano, quien considera que el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es “obeso” tanto en extensión como en estructura administrativa. Señala que descentralizar la gestión permitiría aliviar la carga institucional y abrir paso a administraciones más eficientes. La propuesta apunta a la creación de un municipio “moderno”, con una burocracia mínima, procesos automatizados y un catastro actualizado.

La mejor salida es la independenciaJuan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Ilaló

Serrano también introduce un elemento político: el respaldo electoral. Asegura que los candidatos a la Alcaldía o a juntas parroquiales que apoyen la autonomía podrían captar un importante número de votos en estas zonas. “Estamos dispuestos a respaldar a quienes tengan convicción sobre esta tesis”, enfatiza.

Tras seis años desde que nació la Junta Cívica, en la actualidad están realizando una nueva encuesta para medir el apoyo ciudadano a la cantonización. Aunque existe un sondeo de 2019, buscan actualizar los datos para presentarlos a los aspirantes y posicionar la propuesta como una alternativa viable.

El proceso, sin embargo, enfrenta trabas legales. Mientras el proyecto reposa en la Presidencia, un pronunciamiento de la Procuraduría General, a raíz de una consulta de la Prefectura de Pichincha, señala que la iniciativa debe ser promovida por juntas parroquiales, no por colectivos ciudadanos. Serrano discrepa y argumenta que la normativa vigente contempla mecanismos de participación ciudadana para impulsar la cantonización.

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Pero Tumbaco no es el único que busca la ‘independencia’. En el Valle de Los Chillos, un colectivo ciudadano, liderado por Xavier Segovia, impulsa la creación de otro cantón integrado por seis parroquias: Conocoto, Amaguaña, Alangasí, La Merced, Guangopolo y Píntag. Con más de 280.000 habitantes, comparten diagnósticos y demandas con Tumbaco.

Segovia asegura que el principal motivo es el “olvido” por parte de las administraciones municipales. Menciona que aunque el presupuesto anual de Quito bordea los $ 1.500 millones, la asignación a estas parroquias es desproporcionada. “Nos correspondería cerca del 7%, unos 90 millones, pero recibimos mucho menos”, señala. Añade que gran parte de los recursos se destina al gasto corriente de la administración zonal, dejando sin margen a la inversión en obras.

Calderón retoma debate de cantonización

Añade que los mecanismos existentes, como el fondo rural, resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas. Como referencia, menciona que cantones con menor población, como Rumiñahui, manejan alrededor de $ 50 millones, cifras similares a las de ciudades como Latacunga y Loja. Pero, parroquias como Los Chillos, Tumbaco y Calderón concentran una población y dinámica territorial incluso mayores.

Una aspiración similar tiene la parroquia más grande del DMQ, Calderón, bajo un escenario similar al de Tumbaco y Los Chillos.

Estos procesos coinciden en un punto: el momento político. Con las elecciones a la vista, los colectivos buscan conocer las posturas de los candidatos, sin distinción de banderas. El objetivo es posicionar la autonomía como un tema de campaña.

Entre los aspirantes a la Alcaldía ya empiezan a definirse criterios. Juan Esteban Guarderas se muestra favorable a procesos de cantonización, pero advierte que deben ejecutarse de manera ordenada y progresiva. Considera que una transición abrupta podría generar efectos negativos, incluso riesgos de inseguridad si no se establecen condiciones adecuadas, sobre todo en Calderón.

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Por su parte, Jorge Yunda reconoce el malestar en las parroquias rurales y lo atribuye a una distribución ineficiente de recursos. Aunque no respalda la fragmentación del DMQ, propone incrementar significativamente la asignación presupuestaria. Su oferta contempla destinar $ 20 millones anuales para estas zonas, enfocados en obras de infraestructura y desarrollo local, con un total de $ 80 millones en cuatro años de administración.

Mientras que el alcalde, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, ha señalado que considera inadecuado avanzar en la creación de un nuevo cantón. A su criterio, resulta contradictorio intentar reducir la burocracia con más de lo mismo, debido a lo que implicaría conformar uno nuevo.

Además, según Muñoz, su administración ha ejecutado acciones en favor de estas parroquias, a través del fortalecimiento de las administraciones zonales, con el objetivo de acercar la gestión municipal a las necesidades de los barrios.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber

• Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil se reportaron apagones.
• En primera instancia, la ministra Inés Manzano aseguró que los cortes se debían a trabajos programados en la subestación Dos Cerritos, , que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo. 
• Horas más tarde, el mismo lunes 14 de abril de 2026, la ministra Manzano indicó que se suspendían todos los trabajos de mantenimiento en todo el país.

Desde el jueves 14 de abril de 2026, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el Gobierno prohibió todos los mantenimientos programados en la región Costa. La medida respondió a las quejas ciudadanas por cortes de energía eléctrica sin previo aviso.

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Expertos cuestionan decisión

Sin embargo, expertos del sector eléctrico advierten que esta medida resulta inadecuada. El ingeniero Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, sostiene que la decisión puede ser políticamente favorable, pero carece de sustento técnico.

Quezada explica que las decisiones políticas suelen diferir de los criterios técnicos que rigen la operación del sistema eléctrico. Señala que la alta demanda, impulsada por la ola de calor que se registra en la Costa, presiona aún más una red que no ha incorporado nueva capacidad en los últimos años.

Además, el especialista indica que la suspensión de mantenimientos implica paralizar trabajos programados para garantizar la continuidad del servicio. Precisa que estas intervenciones forman parte de una planificación técnica que busca evitar fallas mayores.

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Riesgos a mediano plazo

En ese contexto, el ingeniero advierte que la medida podría generar más problemas a mediano plazo. Explica que la falta de mantenimiento preventivo aumenta el riesgo de fallas en centrales y equipos.

Quezada también menciona posibles implicaciones contractuales por la paralización de trabajos en curso. Señala que las empresas encargadas del mantenimiento deberán reprogramar actividades sin claridad sobre los plazos.

No hacer el mantenimiento a tiempo trae en consecuencias funestas.
Carlos Sigcha, ingeniero eléctrico

Equipos antiguos y vulnerables

Desde otra perspectiva, el ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que suspender los mantenimientos eléctricos implica riesgos. Señala que gran parte de las subestaciones del país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, por lo que exige revisiones constantes.

Sigcha advierte que omitir estos procesos puede derivar en daños graves a los equipos. Manifiesta que transformadores y otros sistemas podrían incluso incendiarse o explotar si no reciben el mantenimiento adecuado, de acuerdo con las planificaciones técnicas.

El especialista explica que esas fallas podrían generar interrupciones más prolongadas del servicio eléctrico. Añade que el incumplimiento de los tiempos de mantenimiento incrementa de que luego haya la probabilidad de cortes imprevistos, debido a los daños.

Asimismo, alerta sobre los riesgos para el personal técnico que opera en las instalaciones. Explica que la falta de mantenimiento preventivo eleva la probabilidad de fallas súbitas -como explosiones o incendios- que pueden poner en peligro a los trabajadores.

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Falta de inversión estructural

Los expertos Quezada y Sigcha coinciden en que la medida tomada por el régimen responde a una coyuntura inmediata. Insisten en que el país requiere inversión en nuevos proyectos de generación para garantizar un suministro estable a largo plazo. Además, los ingenieros subrayan que el mantenimiento preventivo resulta más eficaz que el correctivo para evitar fallas.

Lo que debes saber

• El contralor Mauricio Torres publicó un comunicado del 8 de abril contra supuestas campañas de desprestigio.
• El titular de la Contraloría no acepta que se lo señale por presunto nepotismo y uso político de acciones de control en contexto preelectoral.
• Críticas apuntan a coincidencia entre fiscalizaciones del contralor y la agenda del Gobierno.

El contralor general del Estado no deja de hacerse notar. Ya sea porque su familia inmediata consigue los mejores cargos en el servicio público o porque ha sabido convertir sus acciones de control (perfectamente legales, faltaría más) en herramientas de presión política del gobierno al que sirve, Mauricio Torres se ha dado modos para estar en el candelero.

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Sin embargo, pretende que nadie lo note. Más aún: ¡exige que nadie lo note! Y exige también, por supuesto, que quienes lo noten, callen. De lo contrario, los amenaza con acciones legales inciertas y retorcidas. 

El comunicado público que puso a circular la noche de este miércoles para intimidar a sus críticos es la más intolerable reclamación de impunidad de un funcionario que el Ecuador ha visto en mucho tiempo. 

El contralor Torres necesita tomar lecciones de democracia urgentemente: es evidente que no tiene una pálida idea de sus obligaciones.

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Análisis del comunicado de Torres

Su comunicado público es una pieza de terror fascista. Él, por supuesto, no lo sabe: el funcionario fascista ideal es un pobre diablo inconsciente de las repercusiones de sus actos que trata, simplemente, de agradar a quien le manda porque es la forma más simple de medrar. Y medrar es, precisamente, el único instinto de Mauricio Torres. Antes de analizar ese comunicado, conviene recordar unos pocos hechos irrefutables acerca de este personaje.

Los atractivos cargos públicos de sus familiares

Primero, algunos de sus familiares más cercanos se encuentran magníficamente ubicados en cargos bien remunerados del sector público, sea que cumplan con elementales criterios de meritocracia o no.

Segundo: sus más recientes y muy sonadas acciones de control, absolutamente legítimas porque corresponden a sus atribuciones, tienen sin embargo una inquietante y abrumadoramente ostensible simultaneidad con las agendas políticas del gobierno: diríase que unas y otras encajan a la perfección. 

El anuncio contra los jueces de la Corte

Investigar a los jueces de la Corte Constitucional cuando el gobierno se encuentra en guerra con ella es un gesto de galantería; abrir 59 acciones de control a gobiernos seccionales en vísperas de las elecciones seccionales resulta tan evidente que da grima. 

Si Torres procede como acostumbra, bastará con que un alcalde de oposición haya recibido una transferencia de cien dólares de su señora madre para que él encuentre en ello los indicios de responsabilidad penal que requiere el gobierno.

Tercero, otros casos de clamorosa sospecha, casos que al gobierno le conviene mantener con bajo perfil, como la compra de dos medios de comunicación por un asambleísta del oficialismo dizque muerto de hambre, el primer millón de dólares del presidente del CPCCS o la concertación de autoridades provinciales en el esquema de tráfico de tierras que ha venido operando en la provincia de Santa Elena (oscura cuestión que costó la vida de un periodista: Robinson del Pezo), esos casos han pasado por sus narices (las del contralor) sin despertar su curiosidad siquiera.

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En resumen: Mauricio Torres es tan penosamente evidente en su miseria que bien se le puede aplicar el viejo lugar común del elefante en cristalería. Más aún: Mauricio Torres es un elefante. Uno que aspira a ser tratado como un colibrí por la opinión pública.

Y aquí viene su intolerable comunicado del miércoles por la noche. Un comunicado en el que denuncia la existencia de “campañas de desprestigio que atentan contra la honra de los servidores públicos, en particular de la máxima autoridad institucional y su entorno familiar”. 

Se refiere, claro, a los bien ubicados hijo, esposa y hermana que parasitan de los fondos públicos. Piensa Mauricio Torres que señalar ese hecho (que parasitan de los fondos públicos) es atentar contra su honra.

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Para todos quienes alienten esas supuestas “campañas de desprestigio” tiene el contralor una advertencia. Peor: una amenaza. “Se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes -dice- la participación de personas inescrupulosas en la articulación de estrategias orientadas a desacreditar a la institución, su máxima autoridad y cuerpo directivo”. 

La redacción de este segmento es una auténtica joya. ¿A qué se refiere con “estrategias orientadas a desacreditar a la institución”? ¿Cuáles son las “autoridades competentes” que deben conocer semejante desaguisado? 

¿Torres da órdenes a la Fiscalía?

¿Está diciendo Mauricio Torres que la Fiscalía debe investigar a sus críticos? ¿Implica esta palabrería insulsa que las críticas dirigidas hacia una autoridad pública (en este caso el contralor) son “estrategias” conspirativas? ¿Y que constituyen, por tanto, alguna forma de delito que debe ser tratada por “las autoridades competentes”?

Casi da ternura Mauricio Torres (elefantito triste), incapaz de entender siquiera remotamente los alcances del escrutinio público al que está sujeto como funcionario y del que se quiere librar con amenazas ridículas. 

Ya antes había demandado por injurias a la activista Mónika Silva, que pidió a la Asamblea que lo investigara por nepotismo. El contralor se cree impune y no concibe que lo puedan criticar, menos aún demandar. No concibe que alguien pueda tocarlo mientras cumple las órdenes del poder. 

Lo que se le escapa al contralor Torres

Por cierto, él es la única persona que revisa el destino de los gastos reservados: conoce esas cuentas y las quema después. 

En un país lleno de falsos medios de comunicación dedicados a la desinformación y a la propaganda gubernamental, que ejercen su ministerio en las redes sociales y cuyos operadores cobran en efectivo… ¿No ha encontrado nada raro Mauricio Torres en toda esa operación?

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto en Ecuador, persisten fallas en control de construcciones en Manabí.
• Ingenieros advierten que edificaciones en Manabí siguen vulnerables por débil fiscalización estatal.
• Falta de control en obras aumenta riesgos ante un nuevo sismo en la costa ecuatoriana.

El terremoto de Manabí de 2016 fue un sismo de magnitud 7,8 que ocurrió el 16 de abril y tuvo su epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la costa norte del Ecuador. El evento dejó más de 670 fallecidos, miles de heridos y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Jama. Considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país, el terremoto evidenció falencias estructurales, institucionales y sociales, cuyas secuelas en infraestructura, vivienda y servicios de emergencia aún persisten una década después.

A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, el balance sobre la reconstrucción en Manabí no puede limitarse a obras ejecutadas ni a cifras oficiales. 

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Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, ex presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex titular de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el análisis real exige una mirada crítica sobre lo que se corrigió y, sobre todo, sobre lo que sigue fallando en el control de las edificaciones.

Desde su experiencia técnica y gremial, Briones advierte que el desastre no fue solo consecuencia de la magnitud del sismo, sino también del incumplimiento sistemático de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

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El terremoto de 2016 evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí se levantaron sin apego a la normativa técnica vigente. 

El colapso de estructuras públicas y privadas —incluidas edificaciones destinadas a la atención ciudadana— demostró la ausencia de criterios adecuados de seguridad estructural.

"El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas", afirma Briones, al recordar el impacto no solo material, sino también social de la tragedia.

Tras el sismo, varios municipios, con Portoviejo a la cabeza, implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Actualmente, explica, existe un primer filtro más riguroso que exige planos estructurales, memorias de cálculo y diseños sismorresistentes.

Briones identifica un vacío crítico en el control del proceso constructivo: edificaciones que cumplen con la normativa en el papel, pero que se levantan sin una supervisión técnica constante en obra.

"El papel aguanta todo, pero al momento de construir se pueden omitir aspectos clave, como el acero o la calidad del hormigón", advierte.

Ese desfase entre el diseño aprobado y la ejecución real mantiene un nivel de vulnerabilidad que podría volver a evidenciarse ante un nuevo evento sísmico.

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Prevención y control: la diferencia entre el daño y la tragedia

Briones es enfático: un nuevo evento sísmico generará pérdidas. La diferencia estará en el rigor con el que se cumplan las normas, en la eficacia del control durante la construcción y en la capacidad de mantener la prevención como una prioridad permanente.

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Porque —advierte— los procedimientos que a menudo se consideran excesivos o innecesarios son, en realidad, los que marcan la diferencia entre el daño estructural y una tragedia humana cuando la tierra vuelve a temblar.

Lo que debes saber

• Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.
• Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.
• Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

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La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

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El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas. 

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo. 

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”. 

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.