Lo que debes saber

• Xavier Zavala Egas deja el decanato y la cátedra formal luego de 40 años de trayectoria.
• El abogado cuestiona la supresión de las unidades anticorrucpión decidida por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Zavala Egas analiza el uso de las investigaciones previas reservadas para suspender a partidos políticos.

El jurista y académico Xavier Zavala Egas culmina su trayectoria de más de cuatro décadas en la docencia y 12 años como decano universitario en Ecuador. El catedrático evalúa con EXPRESO los desafíos del Derecho Penal, cuestiona las decisiones del Consejo de la Judicatura sobre las unidades anticorrupción, analiza las trabas institucionales en la designación del nuevo fiscal general del Estado y advierte sobre el riesgo de la judicialización electoral frente a las seccionales 2026.

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Xavier Zavala Egas deja la cátedra universitaria

- ¿Qué lo motivó a cerrar su ciclo como decano universitario?

Tres períodos, que suman un total de 12 años como decano, creo que son suficientes para dejar una huella. Anotando que mis dos primeros períodos surgen del voto de profesores, estudiantes y trabajadores, y en los que fui lista única. En este último periodo, con nuevo formato legal, fui designado directamente por el rector y se podría volver incómodo si solo se ve como una relación laboral, en la que uno manda y el otro obedece. Reducirlo solo a eso es cuestión de la altura desde la que se observa. La jubilación también es el reconocimiento de que las instituciones necesitan oxígeno. Además de que ya no tengo edad para leer otro reglamento interno con la ilusión de que alguien lo cumpla.

- Tiene una destacada trayectoria como jurista y académico. ¿Cuál considera que es su principal legado?

Hablar del propio legado es una forma de vanidad. Si algo quedó, luego de 40 años de cátedra, espero que sean generaciones de abogados que entendieron que el Derecho Penal es un límite al poder punitivo del Estado y no su arma favorita; que la presunción de inocencia es la última trinchera del ciudadano común frente al poder. Si algunos de mis alumnos hoy incomodan a algún poderoso con un buen argumento, ese es mi legado. Lo demás son placas y diplomas que, en su mayoría, pasan cantando.

Si algunos de mis alumnos hoy incomodan a algún poderoso con un buen argumento, ese es mi legado. Lo demás son placas y diplomas. Xavier Zavala Egas, jurista y académico

El nuevo rol y proyectos de Zavala Egas

- ¿Qué considera que se debe mejorar o desarrollar a partir de su aporte académico a lo largo de los años?

Dejar de enseñar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como si fuera un catecismo que se memoriza. Con la frecuencia con que la Asamblea Nacional lo reforma, memorizarlo es tan útil como aprenderse el pronóstico del clima. Hay que insistir en la dogmática, en la teoría del delito y en la clínica jurídico-penal; formar criterio ético frente al populismo punitivo, que es la enfermedad más contagiosa de nuestra época y, lamentablemente, no tiene vacuna.

- ¿Con el cierre de este ciclo también termina su presencia en la academia? ¿Qué rol asumirá ahora?

Dejo el decanato y la cátedra formal, pero no pienso concederle a nadie el placer de mi silencio. Seguiré escribiendo, polemizando y dedicado a sacar adelante el proyecto Zavala Baquerizo Academia. La academia es una forma de comprender el mundo con sospecha metódica y sin sesgos; eso no se va con la renuncia. No perdamos de vista que la academia como tal es una entelequia, una idea abstracta, formada por criterios y manifestaciones científicas, sin sesgo, objetivas y neutras. Pero esta idea aterriza, por lo general, en universidades y gremios con estructuras politizadas o en silencio cómplice. Entonces, si el regente es un interesado o un timorato, no habrá academia o esta será parcializada.

Dejo el decanato y la cátedra formal, pero no pienso concederle a nadie el placer de mi silencio. Seguiré escribiendo, polemizando y dedicado a sacar adelante el proyecto Zavala Baquerizo Academia.Xavier Zavala Egas, jurista y académico

El error de suprimir las unidades anticorrupción

- El Consejo de la Judicatura suprimió las unidades anticorrupción. ¿Esto representa una victoria para el crimen organizado y el delito de cuello blanco?

La Judicatura habla de optimizar recursos, que es como curar la fiebre vendiendo el termómetro. Cierto que la unidad tenía problemas serios, incluidos jueces procesados, pero hay que arreglar la casa, no demolerla. Hay, además, un problema jurídico de fondo: redistribuir competencias especializadas mediante una resolución administrativa se parece demasiado a reformar el Código Orgánico de la Función Judicial sin pasar por la Asamblea. Y hacerlo en plena emergencia judicial por falta de jueces es de reír. La especialización no es un lujo: es una necesidad.

El concurso para fiscal general no goza de legitmidad

- El concurso para fiscal general del Estado avanza con las impugnaciones ciudadanas, pero ya acumula cuatro meses de retraso. ¿Existen las garantías de una autoridad legítima?

La legitimidad se construye con un proceso limpio, oportuno y creíble. Tienen casi dos años sin fiscal titular, una comisión de selección que ha perdido comisionados como quien pierde el pelo, impugnaciones cuya documentación no estuvo disponible a tiempo y un cronograma que se sigue estirando. Un organismo que no logra sostener su propia comisión difícilmente puede otorgar legitimidad a quien designe. El Consejo de Participación Ciudadana es la institución que prometió despolitizar las designaciones y terminó siendo la ventanilla donde se politizan todas. Mientras no se lo elimine, seguiremos eligiendo autoridades con el mismo método y sorprendiéndonos de obtener los mismos resultados.

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El peligro de la judicialización de las elecciones

- Hay partidos suspendidos y potenciales candidatos inhabilitados en las seccionales de 2026. ¿Debería existir una mayor reacción ciudadana ante la judicialización de las elecciones?

Debe existir una reacción, y debería empezar por quienes no tienen simpatía alguna por los partidos afectados. Es inaudito que una investigación previa, reservada y sin sentencia, baste para sacar del tablero electoral a organizaciones enteras, y menos a horas de que venza un plazo. Lo que hoy se aplaude contra el adversario, mañana se usará en contra de otros adversarios; y quienes hoy celebran descubrirán tarde que el precedente sirve contra todos. El tema de fondo es que cuando los jueces deciden quién puede competir, los votantes pasamos a ser espectadores de una elección ya resuelta en un escritorio, y ya sabemos de quién.

Lo que debes saber:

• En San Antonio de Pichincha, un mercadito agroecológico reúne a productores y vecinos cada viernes.
• Productoras locales venden hortalizas, frutas, granos, huevos y alimentos tradicionales en Quito.
• La Cuchara Orgánica prepara un Sistema Participativo de Garantía para validar la producción agroecológica.

Los viernes, en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito y cerca de la Mitad del Mundo, hay un punto de encuentro entre productores y vecinos. En el patio de La Cuchara Orgánica, en San Francisco de la Pita y avenida Manuel Córdova Galarza, se instala el llamado “mercadito agroecológico”, donde se busca acercar alimentos frescos a los consumidores.

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Hortalizas, frutas, granos secos, huevos y chaguarmishqui forman parte de la oferta. Las productoras llegan desde distintos sectores de la zona. Los vecinos compran arvejas, cebollas, habas o choclos y tarrinas de tostado con chicharrón.

La iniciativa es impulsada por Bella Criollo y su familia, con el apoyo de productoras locales. La Cuchara Orgánica se define como una propuesta agroecológica, saludable y de comercio justo, pero el mercado pretende ser también un espacio para aprender sobre alimentación, salud integral y saberes ancestrales.

“Hay que preocuparse por conocer cómo han sido elaborados los productos que se cocinan”, sostiene Criollo. Por eso, además del mercado, organizan talleres sobre las propiedades de los alimentos, cocina vegetariana y recetas de comida ecuatoriana basadas en plantas.

Para Criollo, la alimentación saludable forma parte de una visión más amplia de bienestar. En su propuesta están los llamados ocho remedios: ejercicio, agua pura, luz solar, aire puro, descanso, alimentación saludable, agradecimiento y temperancia o dominio propio.

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A estos principios suma el reconocimiento de los saberes ancestrales, el respeto por la Madre Tierra, las prácticas saludables y los calendarios agrícolas. “Es una salud preventiva, no tenemos que esperar a estar enfermos”, afirma.

Algunas personas, cuenta, se acercan a este tipo de alimentación cuando ya enfrentan problemas de salud y deben eliminar de su dieta determinados productos. Para ella, la preocupación debería comenzar antes: conocer qué se come, de dónde viene y cómo fue producido.

Por eso considera que los gobiernos locales también podrían impulsar políticas y campañas de prevención. 

Ahora, el mercadito, a través de la Cuchara Orgánica, se prepara para sacar el Sistema Participativo de Garantía (SPG), certificación local que valida la producción agroecológica. Les está capacitando el Colectivo Agroecológico, también lo hacen Guardianes de Semillas, entre otros.

Criollo también llama la atención sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, especialmente entre niños y jóvenes. En su opinión, las decisiones cotidianas de consumo tienen consecuencias tanto para la salud como para el ambiente.

El cambio climático es otra de sus preocupaciones. Recuerda que cuando era niña, el inicio de clases en septiembre estaba asociado con las lluvias y que ahora los periodos secos son más largos. El uso de plásticos, el consumo de productos procesados y el deterioro de los ecosistemas, dice, forman parte de un problema que exige revisar los hábitos.

La Cuchara Orgánica y los productores

La historia de la Cuchara Orgánica comenzó antes de llegar a San Antonio de Pichincha. El proyecto pasó por San Marcos, La Mariscal y Pomasqui. La pandemia cambió el rumbo y la familia se asentó en este sector, cerca del valle de Lulupamba.

Desde hace seis años trabajan con productoras de los alrededores. La propuesta reúne cocina ecuatoriana basada en plantas, tienda orgánica, artesanías, productos saludables y comercio justo.

A Bella le parece que el mercadito es una iniciativa que pueda replicarse en otros sectores. “Es importante promover estos mercados agroecológicos en todos los barrios”, señala Criollo. La idea es respaldar a pequeños productores, parte fundamental de la alimentación de las ciudades y facilitar el contacto directo con quienes compran sus productos.

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Para Criollo, recuperar la alimentación tradicional también significa preservar la memoria familiar. Su madre, Pastora, es de Cayambe y desde niña aprendió a sembrar maíz, cebada y trigo, además de procesarlos manualmente para convertirlos en harina y preparar coladas y otros alimentos.

En 2020, la familia plasmó parte de ese conocimiento en un libro de recetas de cocina ecuatoriana basada en plantas. El objetivo era dejar un legado para las nuevas generaciones.

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Ligia llega al mercado desde las cercanías del cráter del Pululahua. Destaca la fertilidad de la tierra, lleva granos secos, además de maíz que transforma en mote y harina tostada en tiesto.

Parte de sus productos requieren trabajo previo. La harina de maíz la lleva a moler y después la convierte en tortillas con raspadura y zapallo. El tostado también lo prepara con anticipación.

Rosalía viene de Casitagua. En su puesto ofrece cebolla, tomate, arvejas, choclo y habas, además de huevos.

Lo que debes saber

• Coca Codo Sinclair registra caudales superiores a su promedio histórico, pero más agua no siempre significa mayor generación por el riesgo de sedimentos.
  
• El 14 de septiembre, el caudal llegó a 755 m³/s y la central redujo temporalmente su operación a tres de sus ocho unidades.
  
• Coca Codo Sinclair puede cubrir cerca del 30 % de la demanda eléctrica de Ecuador, por lo que una reducción de su generación presiona a un sistema con reservas limitadas.

La mayor disponibilidad de agua para generar energía en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS) no siempre es una buena noticia para Ecuador. Un aumento de este caudal puede arrastrar una mayor cantidad de material sólido (sedimentos) y, si alcanza niveles elevados, obligar incluso a suspender temporalmente la operación de la planta.

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Esto ocurrió el 14 de septiembre de 2026. A las 07:00, el caudal de Coca Codo Sinclair alcanzó un pico de 755 metros cúbicos por segundo (m³/s), acompañado de una importante carga de sedimentos (arena, pequeñas rocas, materia orgánica y otros).

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur reportó que entre las 05:00 y las 09:00 del 14 de septiembre se redujo la producción de CCS y solo operaron tres de sus ocho unidades. Posteriormente, la central recuperó progresivamente su funcionamiento hasta volver a funcionar con todas sus unidades de generación.

Este evento coincidió con cortes de energía eléctrica en Quito y Guayaquil, según reportaron usuarios en redes sociales.

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Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía, atribuyó estos cortes de electricidad a un “derrumbe” ocurrido la semana pasada que elevó la cantidad de tierra en el agua”, informó este 18 de septiembre de 2026 en radio Centro.

“Cuando existe un desequilibrio entre la generación y la demanda, el sistema desconecta cargas en diferentes partes del país para evitar un ‘blackout’ (apagón) general”, explica Fernando Salinas, presidente del Foro Energético Ecuador.

Los sedimentos pueden frenar la generación

Por esta razón, la salida temporal de las unidades de CCS responde a la necesidad de proteger los equipos cuando aumenta la concentración de sedimentos en el caudal, menciona Ricardo Buitrón, consultor energético. Este material sólido puede provocar daños en los componentes de esta central hidroeléctrica.

Este 18 de septiembre, entre las 00:00 y las 11:00, el caudal promedio de Coca Codo Sinclair -ubicada entre Napo y Sucumbíos- alcanzó los 361,3 m³/s. Mientras tanto, el promedio en lo que va de septiembre de 2026 llega a 325 m³/s.

El nivel diario, registrado en esta semana, supera tanto el caudal de diseño de la central (325 m³/s), como el promedio histórico para septiembre (278,5 m³/s), según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Por ello, Buitrón enfatiza que tener más agua en CCS no significa necesariamente disponer de más generación.

“Los caudales altos en la cuenca del Coca no significan que tengamos seguridad en la generación, porque una mayor presencia de material sólido puede provocar la suspensión de las operaciones de esta central”, subraya Buitrón.

Cuando aumenta la concentración de sedimentos, la central debe esperar a que disminuya para retomar su operación con normalidad. A veces incluso se requiere limpiar los desarenadores y otros componentes.

En condiciones favorables, en cambio, Salinas señala que Coca Codo Sinclair podría aprovechar la disponibilidad de agua que tienen en su reservorio para operar cerca de su potencia máxima, de 1.500 megavatios (MW), durante dos o tres horas.

Coca Codo Sinclair todavía tiene abundante agua

Los caudales reportados por Celec Sur muestran también que la cuenca que alimenta CCS, en el Oriente, todavía atraviesa la época lluviosa, a diferencia de la cuenca del Paute, en el Austro.

Según el Cenace, entre abril de 2025 y marzo de 2026 las dos cuencas registraron caudales promedio superiores a sus referencias históricas: 23,7 % en Mazar-Paute y 25,1 % en Coca Codo Sinclair. Sin embargo, los registros de diciembre de 2025 y del primer trimestre de 2026 muestran un cambio de tendencia.

Por ello, el Cenace considera necesario mantener el seguimiento de las condiciones hidrológicas y de la disponibilidad de generación firme (térmica), para enfrentar eventuales períodos de menor aporte de agua.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de variable intensidad en la Amazonía entre el 18 y el 20 de septiembre, con mayor presencia en el norte de esta región, donde opera CCS.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en Sucumbíos y Orellana durante el 18 y 19 de septiembre.

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Según Buitrón, esta disponibilidad de agua -sin incrementos bruscos del caudal- favorece la generación para atender la demanda, pero también obliga a monitorear constantemente el caudal y mantener un plan de contingencia ante una eventual salida de Coca Codo por un incremento de los sedimentos.

Coca Codo Sinclair cubre hasta el 30 % de la demanda

Este monitoreo es clave por el peso que tiene Coca Codo Sinclair en el sistema eléctrico nacional. La central, la más grande de Ecuador, puede cubrir alrededor del 30 % de la demanda nacional de energía eléctrica.

Por ejemplo, este 18 de septiembre, hasta las 12:00, generó a una potencia promedio de 1.147 MW, equivalente a cerca del 80 % de sus 1.500 MW de capacidad de diseño. Con ese aporte, la central cubrió el 25,4 % de la demanda nacional, según datos del Cenace.

La demanda promedio de septiembre se ubica en 4.400 megavatios (MW). Esta cifra supera también los 3.900 MW estimados para este mes, por el Cenace.

Ante el aumento de la demanda, la variabilidad de las condiciones climáticas y la limitación en la venta de electricidad desde Colombia, por el periodo de riesgo de desabastecimiento que atraviesa, Buitrón enfatiza que el Gobierno debería impulsar programas de ahorro de energía para preservar las reservas de energía.

Otra alternativa es -como ha ocurrido últimamente- recurrir al sector privado para que enciendan sus generadores y reduzcan la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

El sistema eléctrico tiene reservas limitadas

Estas medidas apuntan a preservar la seguridad del Sistema Nacional Interconectado (SNI), que “es tan vulnerable”, porque si CCS sale, habrá dificultades para atender la demanda, sobre todo en horas pico, porque el país no cuenta con una capacidad de reserva. “Estamos al borde, nuestras reservas son limitadas y en ciertas horas del día incluso inexistentes”, advierte Salinas.

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A pesar de este escenario, Blum mencionó este viernes que, aunque “nadie puede predecir cómo vendrá El Niño”, con las medidas que prepara el Gobierno “la ciudadanía no tendrá cortes de electricidad. Vamos a cuidar los embalses”, expresó. Pero, admitió que sí habrá desconexiones para grandes consumidores (AV1 y AV2) para manejar los embalses. “No son todas las industrias”, puntualizó.

Lo que debes saber

• El mercado de mariscos de Portete combina gastronomía accesible, un frente junto al estero Salado y una brisa que favorece la experiencia de los comensales.
• Pese a contar con clientes y potencial para atraer visitantes, el entorno está afectado por basura y carece de una estrategia que active el espacio público.
• Urbanistas plantean integrar el mercado con otros puntos del oeste, como el parque lineal de la avenida Barcelona, el estadio Monumental y la Plaza de la Música, para crear un circuito gastronómico, cultural y turístico.

El mercado de mariscos de Portete combina gastronomía accesible, un frente junto al estero Salado y una brisa que favorece la experiencia de los comensales.

Ricardo Vélez degusta los últimos bocados de una cazuela en el mercado minorista de mariscos de la calle Portete, en el oeste de Guayaquil. Está sentado a menos de cinco metros del estero Salado. Afuera, el sol cae con fuerza sobre quienes caminan por la avenida. En cambio, bajo la terraza del mercado, la brisa que llega desde el agua refresca el ambiente.

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“Yo vivo arriba, en la San Eduardo, y todas las semanas vengo a caminar y me como un ceviche, una cazuela, un encebollado, lo que se me antoje en ese momento”, cuenta el ciudadano, mientras observa el movimiento de los comensales que ocupan las mesas del mercado.

Dice que descubrió este rincón hace apenas un par de años, pese a vivir cerca. Desde entonces lo convirtió en una parada habitual. “Es un lugar pequeño, pero me relajo bastante. No se siente tanto el movimiento del mercado, eso me gusta”.

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Mercado de mariscos de Portete: Limpieza junto al estero y platillos a precios asequibles

La escena parece describir un sitio con varios ingredientes de un atractivo turístico: gastronomía tradicional, un frente de agua, espacio para permanecer y precios asequibles. Sin embargo, basta dirigir la mirada hacia las laderas del estero para encontrar el contraste. Entre la marea flotan botellas, fundas y otros desechos plásticos que rompen el paisaje.

Carmen Bermúdez conoce esa contradicción desde hace una década. Atiende uno de los locales de este mercado y asegura que la basura no permanece siempre en el mismo lugar, sino que llega y se va al ritmo de las aguas del estero.

“Todas las mañanas limpian, porque la basura viene desde allá (señala las viviendas junto a la ribera). La marea sube y baja. La basura que bajó queda aquí y más tarde vienen a limpiar otra vez”, indica.

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Pese a esa imagen, quienes trabajan en el mercado insisten en que el estero no espanta a los clientes. Durante esta visita de EXPRESO, el viento es constante y en el ambiente no hay malos olores, una percepción que también comparten varios de los comensales que almuerzan frente al agua.

“Está bien fresco. Aquí no se percibe un mal olor del estero”, dice Bermúdez. Para ella, el principal problema del mercado no es la comida ni el entorno natural, sino la poca visibilidad que tiene dentro de la propia ciudad.

El establecimiento funciona todos los días entre las 07:00 y las 14:30. En sus locales se preparan encebollados, cazuelas, sudados, filetes de corvina, camarones apanados, entre otros platos, con precios que oscilan entre 2,50 y 10 dólares.

Los comerciantes coinciden en que sí llega clientela, aunque proviene sobre todo de habitantes de Guayaquil que llegan por recomendación.

“Todos vendemos, todos tenemos clientes. Yo creo que falta que le hagan más propaganda a este mercado, para que llame la atención”, comenta Bermúdez mientras sirve otro desayuno.

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Experto sugiere realizar actividades constantes en el mercado

Para el urbanista Félix Chunga, este caso refleja una falla frecuente en la planificación urbana: creer que rehabilitar una infraestructura es suficiente para recuperar un sector.

Explica que un espacio público necesita actividad permanente para evitar el deterioro y fortalecer la seguridad.

“Podemos tener una infraestructura adecuada, pero si no le damos vida, si no la acompañamos de una estrategia comercial y cultural a largo plazo, vamos a regresar al inicio: espacios desolados, deshabitados y sin personas utilizándolos”, advierte el especialista en urbanismo.

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Chunga considera que el mercado ya posee un uso comercial consolidado, por lo que el siguiente paso debería ser convertirlo en un lugar donde la gente permanezca y no solo compre o desayune. Iluminación, programación gastronómica y actividades comunitarias formarían parte de esa transformación.

“Tenemos que garantizar la vida del espacio público. Si es un mercado, debemos fortalecer las actividades comerciales y ofrecer una propuesta gastronómica continua, con seguridad y acompañamiento de la empresa privada, como ha ocurrido en otros sectores de la ciudad”, explica.

Interconectar al mercado de mariscos de Portete con el estadio Monumental y la Plaza de la Música

El planificador urbano Roberto Herrera amplía esa mirada y propone dejar de pensar en Portete como un punto aislado. A pocos minutos convergen el parque lineal de la avenida Barcelona, el estadio Monumental, el puente donde todavía hay pescadores con lanzas y la Plaza de la Música, elementos que podrían integrarse en un mismo recorrido urbano e incluso mediante una futura ruta fluvial.

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“Imagina para un extranjero: comer mariscos junto al estero, luego recorrer el estadio de Barcelona, conocer los camerinos y la cancha, y terminar en la Plaza de la Música con un concierto de pasillos o de salsa. Es un circuito que está poco aprovechado y tiene todo el potencial para ser turístico”, expone Herrera.

Lo que debes saber

• Ecuador registra tres toques de queda en 2026.
• Expertos advierten que el crimen puede desplazarse a otros horarios y territorios.
• La estrategia requiere acciones que vayan más allá de las restricciones nocturnas.

El toque de queda puede vaciar las calles durante unas horas, pero el crimen organizado no necesariamente se queda quieto. En 2026, el Gobierno ha recurrido tres veces a esta herramienta y, según especialistas consultados por EXPRESO, el problema es que la violencia termina desplazándose en el territorio y en el tiempo.

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El aviso previo no frena al crimen

Dos de estas medidas fueron anunciadas con 13 días de anticipación, mientras que la que entró en vigencia este jueves fue comunicada seis días antes. Para los expertos, la diferencia en el tiempo de aviso no cambia el problema de fondo: las organizaciones criminales ya conocen la herramienta y pueden adaptar su operación.

Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, considera que la repetición de estados de excepción y toques de queda no está generando un resultado positivo frente al crimen organizado. A su juicio, la principal consecuencia es la migración de las actividades delictivas hacia otros espacios, especialmente desde la Costa hacia ciudades de la Sierra.

Pazmiño menciona a Quito y Cuenca como ejemplos de territorios que han comenzado a registrar niveles de violencia que antes no eran habituales. A su juicio, esto evidencia que la táctica está trasladando el problema en lugar de resolverlo.

Esto porque una intervención en determinados barrios puede contener la actividad criminal mientras permanece la presencia estatal. Sin embargo, cuando concluye el estado de excepción y disminuyen los operativos, las estructuras delictivas pueden retomar sus actividades. Es el análisis que hace Lorena Piedra, experta en seguridad y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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Los homicidios cambian de horario

El problema tampoco se limitaría al territorio, según Renato Rivera, especialista en Economía del Crimen Organizado y Seguridad Internacional e investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Para él, los homicidios intencionales también pueden desplazarse hacia otros horarios y días cuando existe una restricción nocturna.

El especialista dice que los toques de queda pueden producir una reducción inmediata de los homicidios, pero no necesariamente es una disminución sostenida. La violencia puede contenerse durante algunos días y luego aumentar cuando termina la medida o trasladarse hacia otro momento.

Ese comportamiento también aparece en los registros de homicidios por horario que cita el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 1.091 homicidios entre las 18:00 y las 20:59, frente a 876 registrados entre las 00:00 y las 05:59, el periodo que suele quedar directamente afectado por el toque de queda.

Para Rivera, esto muestra que restringir una franja horaria no significa necesariamente intervenir sobre las causas que producen la violencia. La medida puede generar contención durante el periodo establecido, sostiene, pero los enfrentamientos entre grupos, las venganzas y los procesos de fragmentación continúan.

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Las bandas se adaptan a la medida

Por su parte, Piedra considera, además, que las organizaciones criminales ya están familiarizadas con esta herramienta. Al tratarse de una medida reiterada, advierte que los grupos delictivos pueden contar con procedimientos de emergencia que les permiten reaccionar, desplazarse y posteriormente regresar a sus zonas de operación.

Pazmiño agrega que el problema se ha vuelto más complejo por el crecimiento de las estructuras delictivas. Según cifras que atribuye a declaraciones del Gobierno, las organizaciones pasaron de 22 identificadas en 2024 a entre 48 y 50 actualmente, mientras que los integrantes habrían aumentado de unos 28.000 a 80.000 aproximadamente.

El exdirector de Inteligencia Militar también menciona un incremento de los denominados santuarios criminales, de 12 en 2024 a unos 187 actualmente, además de un aumento de los llamados microcarteles. Para Pazmiño, estos datos evidencian que la amenaza no se ha reducido pese a la utilización reiterada de estados de excepción y toques de queda.

La diferencia entre una operación exitosa y una estrategia efectiva es otro de los puntos que plantea Pazmiño. Un operativo que permite decomisar droga, armas o detener a integrantes de una estructura representa un éxito táctico; mientras que recuperar permanentemente un territorio es, a su criterio, un resultado estratégico.

Para conseguir esa recuperación, propone mantener presencia estatal constante en los sectores afectados, con unidades que permanezcan allí durante todo el año. La intención sería convertir esos sitios en territorios adversos para las organizaciones criminales.

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La respuesta debe ir tras el dinero

Rivera plantea una respuesta que vaya más allá de los integrantes visibles de las organizaciones. Considera necesario investigar a los intermediarios y beneficiarios finales, rastrear el lavado de activos, las empresas utilizadas para ocultar recursos y los posibles vínculos que permiten sostener económicamente a las estructuras criminales.

La prevención también es parte de esa respuesta, mediante políticas para evitar el reclutamiento forzado y recuperar la confianza ciudadana en la Policía. Piedra agrega que el debate debe superar la inmediatez y convertirse en una estrategia estatal coordinada.

No obstante, los expertos no plantean eliminar de manera automática el toque de queda. Piedra, por ejemplo, considera que sigue siendo una herramienta útil para zonas con niveles extremos de violencia, como Machala, Pasaje y sectores de Los Ríos. A juicio de los entrevistados, el régimen necesita recuperar los territorios y usar inteligencia policial y militar.

Lo que debes saber

• Mabel Tapia, una de las mejores evaluadas con 85,6/100, fue desplazada a la Sala Civil.
• La Judicatura da paso a magistrados del banco de elegibles como Paúl Pérez Reina y Leodán Coronel.

Una puntuación de 85,6 sobre 100 colocó a Mabel Tapia Rosero entre los cinco mejores jueces anticorrupción del país. Sin embargo, ese mérito no pesó para la Judicatura.

Tras la supresión de la Unidad Especializada para delitos de corrupción y crimen organizado transnacional, el Consejo de la Judicatura la sacó de su espacio de trabajo y la despojó de su especialidad. El organismo que administra la justicia del país la reasignó como jueza de la Sala Civil.

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Dos jueces del banco de elegibles, a titulares

En este proceso de reestructuración, la Judicatura priorizó a abogados que no alcanzaron el puntaje y quedaron en el banco de elegibles, pero que fueron recientemente titularizados. Entre ellos está Paúl Pérez Reina, a quien la fiscal Ruth Amoroso señaló en 2024 como uno de los 20 juristas favorecidos con puntajes en el concurso para la Corte Nacional que impulsó Wilman Terán.

Aunque esa investigación de la propia Fiscalía no prosperó ni probó irregularidades en su contra, Pérez Reina mantuvo vínculos con ese entorno, pues en el caso Pantalla ejerció la defensa de Santiago Cifuentes, exasesor de Terán.

A la tramitación de causas anticorrupción se suma también Leodán Coronel, quien proviene de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas y ratificó en marzo la prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Dispersión de los magistrados

Los ajustes del Consejo de la Judicatura no solo alteraron la conformación de las salas de juzgamiento, sino que impactaron en la infraestructura física y los protocolos de protección.

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Con acciones administrativas ordenaron el abandono de espacios de alta seguridad diseñados para resguardar la integridad de los magistrados al frente de casos de crimen organizado, que incluyen a miembros de mafias del narcotráfico, casos de terrorismo, lavado y delincuencia organizada.

Con la salida de la Unidad Anticorrupción, juezas como Mabel Tapia perdieron el acceso a la planta física adecuada y financiada por la Embajada de Estados Unidos. Esta área contaba con sistemas de blindaje y control de accesos para mitigar los riesgos latentes del juzgamiento de tramas de corrupción pública. Además de puertas de acceso con control de la Policía Nacional.

La seguridad, sin garantías

Al reinstalar a estos magistrados en juzgados comunes y en zonas peligrosas de Quito y con presencia de bandas organizadas, como Quitumbe, en el extremo sur, o Carcelén y Calderón, en el extremo norte, la Judicatura retiró las garantías logísticas indispensables para el ejercicio de su labor. “Antes no hubo interés en darnos seguridad, pero ahora es peor porque nos ponen en riesgo”, explicó uno de los jueces, quien ha preferido el anonimato.

“La especialización de los jueces en esta materia era un pilar fundamental. Aunque entre jueces ordinarios comparten los mismos parámetros normativos, lo que varían son los enfoques, los requisitos para ser juez y las técnicas investigativas de casos complejos”, dijo Marcela Estrella, penalista.

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Subraya la falta de argumentos técnicos para sacar a los jueces de sus oficinas. “Los separas de una unidad y los dispersas. A mí me genera muchas alertas. Ninguna vida humana debe comprometerse de esta manera”, manifestó.

Apoyo. Los jueces especializados de la Unidad Anticorrupción recibieron capacitación y seguridad por parte de la Unión Europea y de la Embajada de EE. UU.

El sustento jurídico es ignorado

La creación de la Unidad Especializada para el juzgamiento de 44 tipos penales vinculados a la corrupción y al crimen organizado transnacional respondió a un marco normativo preciso y a una necesidad de seguridad nacional.

Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura, recordó que la Resolución 190-2021 se fundamentó en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por Ecuador en el año 2000, así como en las competencias del artículo 226 del Código Orgánico de la Función Judicial.

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El sustento jurídico consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Estas disposiciones legales ordenaron la estructura de la especialidad en tres niveles claros: jueces de instrucción para la fase investigativa, tribunales especializados para el juzgamiento de las causas y una Sala Especializada en la Corte Provincial para resolver los recursos de apelación sobre este catálogo de delitos. La norma buscaba blindar las decisiones judiciales ante la infiltración y las amenazas del crimen organizado en las unidades penales ordinarias.

Sin embargo, Murillo advirtió que la reciente supresión de esta especialidad desmantela el mandato legal y deja desprotegida a la administración de justicia penal. El abandono institucional provocó la pérdida del apoyo en capacitación y seguridad por parte de la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea. Con esta decisión, la Judicatura devuelve el conocimiento de causas complejas a despachos expuestos a la coacción de grupos delictivos locales y transnacionales.

Contexto

• Una transferencia no autorizada de $12,3 millones en bonos estatales de Conorte encendió las alarmas del mercado bursátil. Los títulos fueron movidos entre casas de valores y vendidos con documentos y firmas presuntamente irregulares. La BVQ sancionó a los involucrados y el caso ya es investigado por la Fiscalía.

El caso del desvío de bonos, de Conorte, por más de $12 millones abrió preguntas sobre los controles del mercado bursátil. César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) explica cómo se detectó la operación, defiende la actuación del Comité Disciplinario y plantea reformas futuras.

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- ¿Cómo se conoce este caso. Fue una denuncia de Conorte o los sistemas de supervisión de la bolsa ya habían detectado movimientos inusuales?

- Como Bolsa de Valores de Quito (BVQ) autorregularmos a actores de este mercado, haciendo revisión estadística de las transacciones que se hacen, y en este contexto, un día antes de la denuncia formal de Conorte, llegamos a ver esta transacción de más de $ 12 millones (de los cuáles el 25 % se transó por la BVQ), y dijimos qué raro que está el concepto de la transacción y los precios que se manejan. Al día siguiente de la denuncia formal de Conorte, en la que decían que ellos no habían autorizado    la venta que ya nosotros habíamos identificado, es cuando empezamos el proceso de inspección a las dos casas de valores (Santa Fe y Andes Capital), con pedido de información. Fue entonces que, luego de detectarse violaciones a la normativa vigente, se pasó el caso al Comité Disciplinario de la BVQ y se notificó a la Superintendencia de Compañías sobre el tema. Ellos conocen este tema desde marzo de este año.

- ¿Quién más estaba llamado a controlar esto, porque aunque estos recursos hayan sido devueltos tras el reclamo, finalmente es una transacción que llegó a concretarse?

- Dentro del proceso de una transacción bursátil, cada interviniente, llámese bolsa, casas de valores, operadores, depósitos custodios tienen sus responsabilidades.    Alguien decía en uno de sus artículos: “hay que investigar y castigar a todo el mundo.” Claro que hay que investigar a todo el mundo, pero en el caso de la BVQ no tenemos ninguna responsabilidad en que haya existido un procedimiento incumplido dentro de las normas, para poder hacer el traslado de esa subcuenta y para poder generar un proceso de compra venta de una transacción bursátil.

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- En la resolución de la BVQ no se menciona nada del DCV ¿No se llegó a detectar algún tipo de responsabilidad de este depósito, que actuó como el custodio de estos recursos?

- No, porque solo tenemos facultad legal para identificar incumplimientos y para sancionar a través de un comité disciplinario a las casas de valores. No tenemos capacidad de autorregulación para decir que un depósito tiene incumplimiento.

- Justo hoy el BCE niega responsabilidad, porque dice que su depósito solo ejecuta lo que le piden las casas de valores.

- Creo que ellos tienen claridad de cómo trabajan, pero creo también que esto debería convertirse en una oportunidad de mejorar procedimientos de validación, cuando hay instrucciones emitidas por participantes del mercado, y así mitigar al máximo este tipo de riesgos a futuro. Y yo en ese sentido sí invito al Banco Central a poder sentarnos a conversar para poder mejorar siempre las cosas que son mejorables.

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- Luego hablaremos del cómo. Ahora volvamos al tema de sanciones.    ¿La suspensión de 60 días que el Comité impuso a Andes Capital y las multas son suficientes frente a una operación que involucró más de $12 millones?

- Nosotros como bolsa no conversamos con el Comité Disciplinario para saber cuáles son las razones por las cuales aplicó una sanción diferente para cada uno de los intervinientes. Sin embargo, según mi experiencia y en el conocimiento de mercado, puedo decir que dentro de cada uno de los partícipes    hay niveles de involucramiento y niveles de responsabilidad diferentes. Al darle ese tipo de sanción a la casa de valores, se manda el mensaje de: señores, tienen que corregir, tienen que tener mayor control sobre las actividades y los procedimientos que siguen cada uno de sus operadores que obviamente generan operaciones de compra-venta de títulos valores. Y claro, la sanción mayor es para el operador (Steve Quintana) que es, de acuerdo al dictamen del Comité Disciplinario, el que hizo y ejecutó el proceso de cambio de subcuenta de una casa a otra casa de valores,    a través de documentación que fue identificada, que no tenía los cumplimientos de acuerdo a la normativa y operativa bursátil vigente.

- Este caso sin duda debe marcar un    precedente. Usted decía, hace un momento, que hay procesos que se deberían mejorar. ¿Qué    hacer para que estos cambios no se vuelvan a repetir?

- Ahí te digo que es poder analizar cuáles son los procedimientos que tienen los depósitos para poder aceptar este tipo de instrucciones emitidas por participantes del mercado de valores. Lo importante es hacer  un proceso eficiente, oportuno, que tenga mucha claridad.    Por lo cual te digo y vuelvo a repetir, yo invito a Central a sentarnos y a validar eso de ahí, y si dentro de ese concepto necesitamos hacer cambios normativos,    poder conversar con la Superintendencia para que esté alineada con lo que hay que hacer    y pedir a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria que es el ente regulador,    para hacer esos cambios.

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¿Cómo qué? Un ejemplo

- Las casas tienen que aplicar todos los conceptos de prevención de lavado de activos y quizás podría ser una idea que esa prevención incluya una ratificación, una validación un poco    más certera de la recepción de una orden de negociación; que la recepción de un contrato tenga un proceso de verificación. Quizás que cuando en los depósitos se hagan estos cambios de cuenta también deberíamos tener un proceso de validación que no entorpezca el proceso automatizado que existe.

- ¿Existe tecnología para validar en tiempo real la identidad y voluntad del titular de los valores? O en eso se podría trabajar.

- En eso hay que trabajar. Así pensando rápidamente puede ser ayudándonos de una conexión con el Registro Civil, para validar identidades. Quizás hacer una integración un poquito más dedicada con las empresas que proveen las firmas digitales, para también    identificar la veracidad de estas firmas.

- ¿Y por qué no se lo ha hecho antes?

- Yo creo que este es un tema de poder identificar las oportunidades de mejora. En este caso, afortunadamente    se identificó, se sancionó, Conorte recibió su dinero. Yo creo que en este tema cada partícipe tiene que identificar mejoras en los procesos, como nosotros constantemente lo estamos haciendo....No es un tema que no se esté trabajando. Y hay que recordar que este es un caso puntual, no se trata de un problema general. No es que la generalidad de las transacciones tienen estos casos de incumplimientos. Entonces también hay que tener la tranquilidad de decir, "Oye, es un mercado regulado lado, tiene su normativa". 

El caso de Conorte es un caso que se está investigando, y donde se puede identificar una potencial falsificación de documentos, como ustedes lo han publicado hoy (ayer), y que ya está en el ámbito de Fiscalía.

Lo que debe saber

• Una opción para distintos perfiles: Personas naturales y jurídicas pueden acceder a fondos de inversión, siempre que acrediten el origen lícito de sus recursos y cumplan los procesos de vinculación y prevención de lavado de activos.
• La industria gana terreno: Los recursos administrados pasaron de 1.103 millones de dólares en 2023 a 3.145 millones de dólares en agosto de 2026. Además, el número de fondos aumentó de 34 en 2021 a 66 en 2025.
• Diversificación con gestión profesional: Con montos de apertura que pueden partir de 500 o 1.000 dólares, los participantes acceden a carteras diversificadas administradas por entidades reguladas. A cambio, no deciden directamente sobre cada compra o venta de títulos.

Los fondos de inversión están diseñados para todo tipo de público. Pueden participar tanto personas naturales (desde jóvenes profesionales hasta jubilados) como personas jurídicas (microempresas, corporaciones, fundaciones o instituciones públicas). El único requisito indispensable es contar con un capital de origen lícito y cumplir con los procesos formales de vinculación y prevención de lavado de activos establecidos por la ley ecuatoriana.

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La tendencia está en crecimiento. La industria de fondos o administradoras ha tenido un acelerado crecimiento durante los últimos años, es así que, en el año 2024, esta industria alcanzó los 1.549 millones de dólares, marcando un crecimiento de 40,5 %, dijo a Diario EXPRESO Carlos García, economista.

García agregó que al cierre del 2025, el crecimiento fue de 51,7 %, alcanzando los 2.351 millones de dólares. Es decir, en dos años los recursos administrados por los fondos de inversión, prácticamente, se han duplicado, considerando que en el 2023 los fondos de inversión registraron 1.103 millones de dólares.

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“Para este año, parecería seguir con el mismo ritmo, al mes de agosto de 2026, la industria ascendió a 3.145 millones de dólares, es decir, un 34% de crecimiento en lo que va del año, si comparamos con el cierre de diciembre 2025”, enfatizó García.

De igual manera, al término del 2025, se reportaron que 15 Administradoras que manejan Fondos de Inversión, entrando en operación, al menos, una por año durante los últimos períodos. Estas 15 administradoras, en conjunto administran un total de 66 fondos de inversión, es decir, un promedio de 4 fondos por cada administradora, resaltando así el crecimiento dinámico de la creación de fondos de inversión, pasando de un mercado con 34 fondos de inversión en 2021 a 66 fondos en el 2025, señaló García.

¿Cuánto se puede invertir?

Para fondos estructurados, cerrados o con estrategias de mayor plazo, las administradoras suelen requerir montos de apertura desde 500 ó 1.000 dólares en adelante. Empezar con cantidades simbólicas es ideal para familiarizarse con la herramienta, indicó a José David Rivera, analista económico.

La principal ventaja de este mecanismo es que, al acumular el capital de varios participantes, permite al inversionista acceder a una cartera diversificada que de forma individual sería difícil alcanzar.

Asimismo, brinda tranquilidad y respaldo, ya que los fondos son gestionados por instituciones reguladas que ofrecen la transparencia necesaria para que el partícipe conozca con claridad en qué sectores y empresas se coloca su dinero.

Como principal contraparte o desventaja, el partícipe no tiene un control directo sobre las decisiones puntuales de compra y venta de títulos, debiendo acogerse a una estrategia genérica diseñada para un perfil homogéneo de inversionistas, señaló Rivera.

En cuanto al riesgo, al ser el ecuatoriano un mercado altamente regulado, los niveles de exposición pueden considerarse bajos por la naturaleza de los títulos negociados. En renta variable, las empresas que cotizan son de prestigio y trayectoria. En renta fija, los emisores deben superar rigurosos filtros y auditorías para acceder a financiamiento. Asimismo, las calificadoras de riesgo permiten a las administradoras conocer la solvencia de cada inversión antes de colocar los recursos. 

La inversión en fondos no aumenta por estar de “moda”

La combinación de crecimiento patrimonial, diversificación de productos y mayor regulación patrimonial marca un hito en la evolución del mercado de valores ecuatoriano, dijo Arturo Bejarano, presidente ejecutivo de Kapital One Casa de Valores.

Es importante destacar que el crecimiento del patrimonio de los fondos de inversión no obedece a una “moda”, sino a que cada vez más personas conocen estos mecanismos.

A la vez, el mercado de valores ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos años, con las empresas y proyectos del sector real que se financian a través de él, así como los instrumentos del sector público. Este desarrollo ha sido apalancado en gran medida por las inversiones canalizadas a través de los fondos de inversión, consolidándolos como protagonistas del crecimiento del mercado de valores en el país.

Hay que asegurarse de que la administradora sea formal

Para escoger una alternativa adecuada de fondos de inversión es necesario, en primer lugar, verificar que la administradora esté registrada en los organismos de control y cuente con toda su documentación al día, indicó José David Rivera, analista económico.

Posteriormente, se debe revisar la trayectoria del fondo y sus históricos de rendimiento para identificar la opción más conveniente. Finalmente, resulta indispensable que el interesado compruebe si el fondo cuenta con una calificación de riesgo. Este elemento que permite evaluar la responsabilidad y el rigor técnico con el que se seleccionan los títulos que respaldan el dinero de los inversionistas.

Estos vehículos de inversión son una alternativa al ahorro tradicional

Los fondos de inversión ganan espacio entre quienes buscan alternativas al ahorro tradicional. Estos vehículos reúnen recursos de varias personas para destinarlos a inversiones, de acuerdo con las características de cada fondo. El monto mínimo, plazo y rendimiento dependen de su estructura y prospecto, indicó Martha González, gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Al tratarse del mercado de valores, existe riesgo, especialmente en fondos de renta variable. Por eso, la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) recomienda informarse y acudir a casas de valores autorizadas antes de invertir.

La clave es conocer el producto, evaluar el riesgo y diversificar. 

Desde el 2019, la provincia parece incapaz de cerrar un mandato con su titular original. Primero fue la inesperada muerte de Carlos Luis Morales a los 13 meses de mandato, que catapultó a Susana González a completar un accidentado periodo de 35 meses. Años después, la renuncia de Marcela Aguiñaga a los 36 meses repitió la historia, cediendo el bastón de mando a Carlos Encalada para clausurar los 12 meses finales.

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Guayas acumula siete años sin que un prefecto electo complete su mandato

Entonces, Guayas lleva siete años sin que un prefecto electo complete su periodo. Con este sombrío historial de interinidad, se reduce la ventaja de la incumbencia, se debilita el voto retrospectivo y vuelve más volátil una competencia en la que ninguno de los principales candidatos llega completo.

Guschmer es el que mejor encarna el voto de maquinaria. Fue concejal por el PSC en 2019, candidato a la Prefectura por Movimiento RETO en 2023 (cuando quedó tercero) y asambleísta por ADN en 2025, curul a la que renunció para volver a intentarlo. Tiene marca nacional y reconocimiento, pero carga con un Gobierno que esta provincia ya castigó en el referendo de noviembre pasado, cuando el No ganó las cuatro preguntas en Guayas y, de los veinticinco cantones, solo Samborondón dio el Sí a todas.

Los demás llegan con déficits distintos. Sofía Espín conserva parte del voto correísta, pero compite sin el casillero con el que ese proyecto ganó la Prefectura en 2023. 

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Juan Carlos González hereda el recuerdo de diecisiete años de hegemonía socialcristiana, pero no una trayectoria propia equivalente. 

César Pérez viene del sector que la Prefectura atiende por mandato al ser el presidente de la Plataforma Agropecuaria de la Corporación de Montuvios del Litoral, aunque representación gremial no significa automáticamente adhesión electoral. 

Es, en distinta proporción, una elección de marca sin territorio, territorio sin marca, herencia sin liderazgo y representación sectorial sin, necesariamente, conversión electoral. Las otras cuatro candidaturas parten desde organizaciones nacionales sin peso provincial demostrado.

Frente a esta dispersión, la disputa por los votos se concentra en dos nichos ideológicos.El primero disputa el voto urbano no correísta y tiene a Guschmer y González como protagonistas: uno ofrece capacidad de ejecución por conexión con el Ejecutivo; el otro, el recuerdo de una estructura provincial que fue hegemonía. Geraldine Weber y Renán Borbúa pueden no competir por ganar, pero sí por restar en un escenario estrecho.

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La disputa por el voto de izquierda abre un segundo frente

El segundo escenario ocurre dentro de la izquierda y es una disputa asimétrica. Espín conserva al elector que vota por instrucción; Pérez busca al que ya no se siente representado por una dirigencia judicializada, pero tampoco quiere abandonar su posición ideológica.

Pero esta elección no se gana solamente sumando votos provinciales; se gana construyendo dos mayorías distintas. Por un lado está Guayaquil, que concentra el 62 % del padrón de toda la provincia pero experimenta poco la Prefectura, porque la gran mayoría de la obra ocurre fuera de la urbe.

Por el otro están los restantes 24 cantones, territorios donde la institución es de uso cotidiano debido a los caminos vecinales, canales de riego y fomento productivo. Es en ese segundo ecosistema donde el peso de los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales y las redes territoriales inclinan la balanza.

Por eso una parte decisiva de la elección se juega indirectamente en las 25 papeletas de alcaldía que se votan el mismo día. Y es precisamente esa red la que más cambió desde 2023. El correísmo ganó todo en Guayas, pero llega a noviembre sin el casillero con el que ganó, con el alcalde de su principal ciudad preso y con la prefecta electa reemplazada por una figura cercana al oficialismo.

Sobre ese tablero caerá además el agua. El calendario se adelantó por El Niño y terminó superponiéndolo con la campaña. Aparece así un electorado que acudirá a las urnas posiblemente inundado. Ese votante no necesariamente distingue competencias; puede sancionar a quien percibe gobernando. El oficialismo queda particularmente expuesto porque en Guayas controla buena parte de lo visible durante una emergencia: presupuesto nacional y Gobernación.

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En 2023 Aguiñaga ganó con más del 34 % frente al 25,56 % de Susana González y otras once candidaturas se repartieron el resto. Después de siete años sin un mandato completo, Guayas puede volver a elegir un prefecto sin un respaldo social mayoritario del padrón electoral. La fragmentación no es una consecuencia de esta elección; es su condición de origen.

Lo que debes saber

• Pasó de mantenerse alejada de la política a convertirse en candidata a la Alcaldía de Guayaquil para las elecciones seccionales de 2026.
• Su postulación busca dar continuidad al proyecto político de su esposo, Aquiles Álvarez.

Fiorella Ycaza pasó de una vida alejada de la política a convertirse en una de las figuras del tablero de las elecciones en Guayaquil. Su nombre tomó fuerza después de una serie de precandidaturas y finalmente es la postulante que busca dar continuidad al proyecto político de Aquiles Álvarez, su esposo, hoy detenido.

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Ycaza oficializó su candidatura por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), lista 17, en una postulación vinculada a Revolución Ciudadana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó posteriormente su candidatura, por lo que quedó habilitada para participar en los comicios del 29 de noviembre.

Su exposición pública ha aumentado en los últimos meses. Aunque anteriormente no había ocupado un cargo de elección popular, ya había aparecido en algunas actividades oficiales junto a Álvarez y ya se la ha visto en recorridos, ya sea comiendo o recordando la gestión de Álvarez. Son actividades con ciudadanos, concejales y otros dirigentes políticos.

Ella ha construido una presencia propia en redes sociales, pues en sus cuentas utiliza el apellido Ycaza, mientras que en registros oficiales aparece como Fiorella María Icaza Samán. Su trayectoria educativa está vinculada al Instituto Tecnológico Superior de Estudios de Televisión (ITV), donde cursó estudios entre 2011 y 2014.

También aparece en registros societarios. En Edumarxa S.A.S. figura como gerenta general desde el 23 de abril de 2025 y también como accionista. La compañía tiene su domicilio registrado en la isla Mocolí, en Samborondón.

Los registros tributarios de Fiorella Ycaza

Antes de ello, tuvo participación en Inmobiliaria Fiorema S.A. Allí fue designada gerenta general el 28 de noviembre de 2019, cargo que terminó el 2 de junio de 2023. Ese mismo día fue nombrada presidenta, función que terminó el 19 de julio de 2024.

La actividad principal registrada para Inmobiliaria Fiorema está relacionada con la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados. Fiorema también aparece en la investigación del caso Goleada.

En la consulta de información del Servicio de Rentas Internas (SRI) constan registros de Impuesto a la Renta correspondientes a los últimos ejercicios fiscales.

Según los datos consultados, el valor en 2023 fue de $133.268; en 2024, $183.574; y en 2025, $44.581. Además, no figuran declaraciones patrimoniales juradas en la consulta realizada.

Antes de saltar al escenario electoral, Ycaza ya había tenido exposición pública. En 2009 participó en el concurso Reina de Guayaquil, entre 15 candidatas. En esa edición la corona se la llevó Mariana Calderón, mientras que Ycaza figuró en el cuadro de las finalistas.

¿Pero estas credenciales son idóneas para llegar al Sillón de Olmedo?

Para el politólogo Jorge Chuya, el perfil de Ycaza “no es compatible con las necesidades” que, dice, tiene la ciudad actualmente.

“Guayaquil se encuentra en una deriva desde hace algunos años y una de las cosas más urgentes que necesitamos es un/una líder que esté presente y tenga toda su concentración en hacer de Guayaquil una mejor ciudad. Lastimosamente, la candidata Ycaza enfrenta diversas situaciones personales que harán, quiera o no, que su concentración se encuentre dividida”, analiza.

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Chuya también deja en claro que aunque es válido que cualquier persona quiera postularse a un cargo público, como ciudadanos hay que “entender que ser ‘popular’ no puede ser todo el mérito que tenga alguien para ser alcalde”.

“Seguramente el plan de la candidata sea continuar con el trabajo de su esposo, pero Guayaquil necesita resultados pronto. A su vez, Ycaza se encontrará nuevamente en una posición de discordia con el Gobierno central. Esto no es un problema de ella y, de hecho, el Gobierno no debería actuar así. Sin embargo, es algo que debemos tomar en cuenta tras los obstáculos que le han puesto a la Alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo podrá llegar a consensos cuando el Gobierno no quiere ver ni en pintura nada que se relacione con Aquiles Álvarez?”, comenta.

El también máster en Desarrollo Económico por la Universidad de Glasgow manifiesta que al guayaquileño debería importarle cómo se resuelven los problemas de la ciudad, no cómo se resuelven las disputas políticas de dos actores, ya que considera que si esto sigue pasando, la ciudad continuará estancada.

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“Guayaquil necesita, primero, un/una líder enfocado en resolver los problemas de la ciudad; segundo, alguien capaz de lograr consensos o resolver como sea ante la ausencia de ellos; y tercero, alguien que le pueda devolver el orgullo a la identidad guayaquileña que hemos olvidado y hacerle frente a los ataques políticos que enfrenta la ciudad desde el Gobierno central”, agregó.

El reto de construir una identidad política propia

Mientras que para el analista político Oswaldo Moreno, la candidatura de Ycaza encabeza dos cosas: al correísmo, que, afirma él, es una fuerza que está “proscrita, vigente y perseguida”; y, segundo, tiene un “relato de martirio, con su esposo y su familia, lo cual hará que haya un sector de la población que esté de acuerdo y otro que no”.

“Su experiencia es todo el aparato político-comunicacional en torno al correísmo y la candidatura de Aquiles. No sé de su experiencia previa, pero me queda claro que tiene un equipo que la está llevando por un camino en el cual es de las favoritas”, señala.

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• El caso por la transferencia irregular de $12,3 millones en bonos estatales pasó a manos de la Fiscalía, que investigará un presunto delito de apropiación fraudulenta de fondos por medios electrónicos.
• Andes Capital sostiene que también fue víctima de un fraude informático y documental ejecutado por terceros.
• La atención también se centra en los controles aplicados por los actores del mercado y el Banco Central.

La irregular transferencia de $ 12,3 millones en bonos estatales reportada en el mercado bursátil en marzo de este año, y que estuvo a punto de perjudicar a la empresa Concesionaria Norte (Conorte S.A.), ha entrado en la cancha de la justicia ordinaria. Es la Fiscalía General del Estado la que deberá investigar la causa e indagar un supuesto delito de apropiación fraudulenta de fondos por medios electrónicos.

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La denuncia penal fue presentada por Conorte S.A. el pasado 23 de abril de este año. La firma es dueña de los fondos que, según denunció, fueron traspasados, sin su autorización ni firma formal, desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores Andes Capital, donde se habría creado una subcuenta, con ayuda de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes, para vender, sin su consentimiento, los bonos en el mercado y luego trasladarlos al fondo de inversión Smart-One.

Tal como contó el pasado miércoles EXPRESO, el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) ya emitió una resolución y sanciones sobre el tema. Entre sus medidas inmediatas estuvo cancelar el permiso de operador que Steve Quintana tenía en su calidad de accionista y presidente de Andes Capital, y penalizarlo con una multa de $ 100.738. Una sanción que también se extendió a la casa de valores y a su gerente, María Luisa Mendoza, por presuntamente no haber aplicado los controles internos adecuados.

Este Diario logró hablar ayer con un funcionario de Andes Capital, que prefirió mantener su nombre en el anonimato. La firma, dijo, no niega estas transferencias irregulares a través de sus cuentas, pero alega que todo esto fue producto de un fraude, del cual también fue víctima.

Si bien aún no han presentado una denuncia ante la Fiscalía, no descartan tomar acciones legales más adelante por daños y perjuicios. “Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar la denuncia que ya presentó Conorte para, dentro de este proceso, colaborar en todo lo que se necesite, pero como víctima y como acusador de un proceso penal que ya está en curso. Nosotros no podemos todavía entrar como acusadores particulares y víctimas porque todavía está en investigación, pero cuando ya se abra la instrucción fiscal podremos hacerlo”.

Las primeras muestras de colaboración de la empresa, sostiene, fueron reconocer el problema y devolver, por cuenta propia, el capital y los intereses que reclamaba Conorte, además de separar de sus funciones a Steve Quintana, hoy señalado por Andes Capital como uno de los principales sospechosos. “Es a él a quien se tendrá que investigar... porque él habría usado la plataforma que es la casa de valores para hacer esto, valiéndose de que no solamente es operador, sino que además era presidente, una persona que pudo eludir los controles internos porque él es un responsable del control interno. Creemos que se pudo haber aprovechado de esto, porque la compañía sí cuenta con manuales de políticas internas de cumplimiento y de prevención de infracciones”.

Exoperador dice ser víctima de un fraude informático

EXPRESO pudo contactar vía telefónica a Steve Quintana    para conocer su versión sobre este caso. El hoy señalado, asegura que la “verdad le asiste. Lo que se dijo fue lo que sucedió y está probado documentalmente. Si yo tuviera algo que ver, no estaría aquí. ¿Qué sentido tiene haber desviado 12 millones de dólares para devolverlos? No hay mejor plata que la que uno se puede gastar. Nunca en la vida hemos quitado un centavo a alguien”.

Quintana se refiere a las versiones y pruebas que ha presentado, en su defensa, dentro de este proceso, en el que asegura que la venta e inversión de bonos    se dio en el marco de un fraude informático.

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Superintendencia archiva expediente

En un oficio con fecha 21 de mayo, dirigido a la Dirección Nacional de Control de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores de la Superintendencia, Quintana, entonces presidente de Andes Capital, negó que la firma haya actuado de forma dolosa o arbitraria y que, por el contrario, fue víctima de un esquema fraudulento ejecutado por terceros.

Su postura fue presentada dentro de un expediente administrativo solicitado por Conorte, que la Superintendencia de Compañías terminó archivando en junio pasado, debido a que la causa ya se estaba tramitando en la justicia ordinaria.

En dicho expediente, la compañía afirma que la denuncia penal presentada por Conorte expone los hechos de manera “parcial e incompleta”, debido a que la operación cuestionada obedeció a “un sofisticado esquema de fraude informático y notarial documental ejecutado por terceros ajenos a la voluntad institucional” de la casa de valores. Allí se añade que la firma fue    inducida a error mediante comunicaciones electrónicas y documentación que aparentaban ser legítimas. Entre los elementos que expone constan correos electrónicos presuntamente fraudulentos, firmas electrónicas falsas y mecanismos de validación que simulaban autenticidad. “Como operador de mercado de valores no soy perito informático para certificar al instante la falsedad de correos o firmas”, alegó Quintana.

Este Diario espera aún un pronunciamiento del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el rol que cumplió su Depósito Centralizado de Valores (DCV), debido a que los bonos permanecían bajo su custodia. Ayer, el Departamento de Comunicación de esta entidad señaló que el pedido de información y entrevista fue remitido a las áreas técnicas correspondientes y que aún se espera una respuesta.

El DCV, llamado a controlar

El Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024,    prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Lo que debes saber

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Con una funda con canguil en la mano, Alejandro Tipán se acomodó junto a su novia, Jéssica Proaño, en una de las bancas de la plaza Gabriela Mistral, en La Mariscal. La noche empezaba a caer y, frente a ellos, una pantalla esperaba la proyección de La leyenda de los tayos, un documental ecuatoriano de 2021 dirigido por Galo Semblantes.

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No llegaron solos. Cerca de 100 personas, entre adultos, jóvenes y niños, se reunieron en ese espacio para la función gratuita de cine comunitario. Algunos ocuparon las sillas frente a la pantalla; otros prefirieron sentarse en el piso o cerca de los árboles. 

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Había chochos, canguil y bebidas que tomaban los asistentes. Las conversaciones disminuyeron conforme avanzaban las primeras imágenes del documental, hasta convertirse en un silencio colectivo.

Alejandro se enteró del encuentro por redes sociales. Era la primera vez que asistía a una función de este tipo. Gabriela, quien vive en el valle de Los Chillos, también llegó por primera vez. Le llamó la atención que un espacio público se convierta en un lugar de encuentro entre personas que no necesariamente se conocen.

Espacios que se sienten seguros

“Son espacios para compartir con personas que no conoces y también para compartir arte, como el cine”, comenta. La inseguridad, reconoce, limita el uso de los espacios públicos, especialmente durante la noche. Por eso considera que esas iniciativas contribuyen a generar entornos donde las personas vuelvan a relacionarse sin violencia.

Gabriela Ordóñez también asistió a la función acompañada de sus hijos de 10 y 9 años. Vive en Iñaquito desde hace dos años y sigue las actividades de la Administración Zonal La Mariscal en redes. Para ella, estas jornadas tienen un componente cultural y permiten que los niños conozcan el cine que se produce en Ecuador y se acerquen al arte que se hace en el país.

La ubicación del encuentro también influyó en su decisión de asistir. “Tenemos la sensación de seguridad porque cerca hay una UPC”, dice. Pero la experiencia no termina con la película. Estos encuentros, agrega, permiten conversar con otras personas y conocer iniciativas y recorridos que se realizan en el sector.

Estrategia para fortalecer el componente comunitario

María Fernanda Torres, jefa de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Secretaría de Seguridad del Municipio, explica que el cine comunitario es una de las acciones de la estrategia Barrios por la Vida, la Paz y la Seguridad. El propósito, señala, es fortalecer el componente comunitario y promover la participación ciudadana como apoyo a la seguridad.

La estrategia contempla actividades de apropiación del espacio público, capacitaciones en medidas de autoprotección y acciones destinadas a mejorar la convivencia. La premisa es que una comunidad que se conoce, participa y utiliza sus espacios genera factores protectores frente al delito y la violencia.

“Cuando me conozco con mis vecinos, evidentemente le dificulto que el delincuente pueda actuar en nuestro territorio”, menciona Torres.

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Dentro del programa se han planificado distintas actividades, entre ellas ferias comunitarias, teatros pedagógicos, encuentros de mujeres y jóvenes y 25 proyecciones de cine al aire libre. Las películas se seleccionan de acuerdo con el público y pueden ser familiares o comerciales. Alrededor de las funciones también se busca incorporar a emprendedores de cada sector.

La idea es que la comunidad no solamente llegue y mire la película, sino que vuelva a ocupar espacios que, por temor a la inseguridad, han quedado vacíos.

Torres señala que parques y plazas suelen percibirse como lugares más peligrosos durante la tarde y la noche. Esa percepción puede llevar a que los vecinos se encierren y reduzcan el uso de esos espacios. Frente a ello, la estrategia busca generar una presencia conjunta de la institucionalidad y de la comunidad organizada.

Las convocatorias se realizan mediante chats comunitarios y redes sociales. El proyecto comenzó en diciembre del año pasado y, según la planificación, se ejecutará hasta octubre de este año.

Torres indica que el Observatorio Metropolitano de Seguridad aporta con el análisis técnico, mientras que la existencia de una organización barrial permite garantizar que haya vecinos que participen y se involucren en la actividad.

Propuestas que surgen de los vecinos

Pero la apropiación del espacio a través del audiovisual no depende únicamente de iniciativas institucionales. En Solanda, en el sur de Quito, el cine comunitario también ha surgido desde los propios vecinos.

Cristian Benavides lleva siete años impulsando un proyecto que busca no solamente exhibir películas, sino producirlas. En un garaje de 6x10 metros se reúnen principalmente jóvenes interesados en el mundo audiovisual. El proyecto funciona mediante autogestión y no cobra por el uso del espacio.

En 2022 organizaron un taller en el que los participantes recibieron capacitación para generar sus propios contenidos. De ese proceso nació Zoolanda, un documental dirigido por Pamela Ramón, mientras Benavides se encargó de la producción.

Benavides señala que el arte puede convertirse en una forma de intervenir positivamente en barrios donde existen brechas sociales. En Solanda, recuerda, la intención es ofrecer una alternativa de encuentro para los jóvenes, especialmente en momentos en que podían terminar vinculándose con pandillas.

Lo que debes saber

• El correísmo apunta a un proceso de fiscalización pero espera una respuesta de la Supercías sobre las empresas en liquidación.
• ADN lleva adelante el proyecto de Ley para el Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial.
• El Partidos Social Cristiano tiene dudas sobre la fiscalización porque "hablar de la Supercías es hablar del Gobierno".

El control que ejerce la Superintendencia de Compañías (Supercías) está en el ojo de la Asamblea Nacional desde dos frentes. El correísmo solicitó la lista de empresas en liquidación y sus respectivos liquidadores. Y desde el oficialismo se impulsa una ley para la recuperación de las empresas.

Una investigación de EXPRESO evidenció la existencia de un grupo reducido de liquidadores en el que se concentra la mayor cantidad de este tipo de procesos que son derivados desde la Supercías.

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A partir de una base de datos de la misma entidad se evidenció que 501 empresas están bajo la administración de 21 liquidadores. Hay quienes tienen 10, 23, 34, 40 o más liquidaciones a su cargo.

De acuerdo con el análisis, esto representa cerca del 30 % de ese tipo de procesos (más de 1.500) que constan en la base de datos revisada.

¿Qué dice el coreísmo?

Las denuncias sobre posibles direccionamientos de este tipo de procesos llegaron también al Legislativo. Así lo confirmó la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC), quien integra la Comisión de Fiscalización.

“La semana pasada hicimos un pedido de información (a la Supercías) porque nos llegaba información respecto de un posible direccionamiento respecto de las liquidaciones que se hacen con algunas empresas”, dijo.

Aún no se han cumplido los 10 días que establece la normativa para que la entidad de control remita la información. El correísmo está a la espera.

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“Aparte de esto, la Asamblea podría empezar un proceso de fiscalización. Lo que habría que determinar es si esto se hace desde una comisión determinada”, añadió Herrera. También sugirió que de esto podría encargarse la mesa de Desarrollo Económico, aunque dudó que lo haga teniendo en cuenta que está bajo el control de ADN.

¿Qué haría falta para que se inicie un proceso de fiscalización? Herrera dijo que todo depende de la voluntad política. Hay que tomar en cuenta que ADN controla 13 de las 15 comisiones permanentes y también tiene la mayoría que actúa en el Pleno de la Asamblea.

Oficialismo tramita una ley

ADN lleva adelante otro proceso, aunque más enfocado en salvar de la quiebra a las empresas. El asambleísta del oficialismo Andrés Castillo dijo que en la Comisión de Desarrollo Económico se trabaja en un proyecto para manejar las quiebras y disoluciones.

“Las compañías quiebran o se disuelven por un sinnúmero de temas: problemas jurídicos, económicos o procesamiento de su información. Se trabaja en un proyecto para dar viabilidad a los procesos de quiebra en todos los temas. Se le dará más herramientas para que la Supercías tenga más funcionarios trabajando”, indicó.

El proyecto de ley, por ahora, se llama Concurso Preventivo para el Fortalecimiento de la Continuidad Empresarial. Han existido tres sesiones, en las que se ha tratado el tema y se ha escuchado a expertos.

La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, ha dicho que el objetivo de la iniciativa es crear mecanismos para que, por ejemplo, cuando una empresa tenga problemas para pagar sus deudas, pueda entrar en un proceso ordenado de negociación, “en lugar de enfrentar cobros individuales que puedan destruir a la empresa”. Pero el proyecto aún no tiene informe para primer debate.

La posición desde los independientes

Entre los asambleístas independientes también hay voces respecto al control que ejerce la Supercías. Cristian Benavides dijo que el rol de la Asamblea es fiscalizar. “Cuando los medios de comunicación hacen un rol responsable y nos dan las guías para prender las alertas, tenemos la obligación de activarnos”, aseguró.

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El PSC plantea una fiscalización urgente

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) se considera que es urgente el inicio de un proceso de fiscalización. El asambleísta Alfredo Serrano consideró que con lo que ha sido revelado, hay argumentos para ello. Sin embargo, es escéptico frente a aquello.

“¿Qué comisión lo debería hacer? La de Fiscalización, Régimen Económico o Desarrollo Económico, que están en control del Gobierno. Cuando se habla de la Supercías, estás hablando del Gobierno”, manifestó.  

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Ese dominio terminó hace tres años, cuando el Puerto Principal rechazó la reelección de esta última, reduciendo al PSC a una minoría en el actual Concejo Municipal. En busca de recuperar este bastión y admitiendo errores políticos, el candidato para el periodo 2027-2031 es Andrés Roche Pesantes, posicionado en campaña como el hombre de confianza de Nebot.

Roche ingresa a la arena política sostenido por su gestión pública previa. Su cargo más visible fue la gerencia general de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) durante las administraciones de Nebot y Viteri. En su momento, defendió férreamente a la institución de críticas internas, como ocurrió en 2018 cuando la entonces vicealcaldesa Doménica Tabacchi planteó revisar el monto de las multas de tránsito.

Además, ejerció como asambleísta alterno entre 2022 y 2023. Su plan de trabajo actual plantea retomar el modelo de inversión del 85 % frente al 15 % de gasto corriente, cuestionando frontalmente la inoperancia en obras y en seguridad de la administración de turno.

No obstante, su figura pública enfrenta el peso de episodios controversiales. En noviembre de 2025 se difundió un video donde insultaba al director de Compras Públicas en el Palacio Municipal, obligándolo a emitir disculpas públicas y a aclarar que el altercado no guardaba relación con el cabildo.

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Se suma su denuncia de este mes sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de sus empresas, argumentando una persecución política del Estado para neutralizar candidaturas, tras varias deserciones en otros perfiles del PSC.

Perfil del candidato

Académicamente, es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los Tribunales, especialista en Legislación Tributaria y magíster en Derecho Administrativo. Su declaración patrimonial de fin de gestión en la Contraloría General del Estado, cerrada en 2023, detalla activos por 769.156 dólares, concentrados en bienes inmuebles en Guayas y Santa Elena, frente a pasivos por 184.478 dólares, dejando un patrimonio neto de 584.677 dólares.

En el ámbito societario, preside las firmas Agro Industrial y Ganadera La Beldaca S.A. y Boatcorpsa S.A., y figura como accionista activo de Sealdova S.A.S. Su historial de Impuesto a la Renta en el Servicio de Rentas Internas exhibe marcadas variaciones: tributó 22.499 dólares en 2023, declaró cero en 2024 y pagó 2.358 dólares en 2025.

En la Función Judicial, mantiene activa una demanda contencioso-administrativa interpuesta en 2026 contra la Contraloría.

También registra una acción de protección en su contra fechada en 2017, impulsada por un exagente civil de tránsito que alegó despido intempestivo mediante memorando tras ganar un concurso de méritos, causa que la justicia inadmitió por no ser la vía adecuada. Asimismo, figuran investigaciones previas de carácter penal en 2012 y 2020, archivadas definitivamente por la Fiscalía por falta de elementos de convicción.

Análisis político del candidato

Para dos especialistas, la viabilidad de su candidatura enfrenta obstáculos tanto de percepción como de estructura. 

Ingrid Ríos Rivera, doctora en Estudios Latinoamericanos, señala que existe un doble desafío. Por un lado, el partido debe superar el desgaste de la administración Viteri. Por otro, está el reto individual.

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“Aunque cuenta con trayectoria y fue una figura clave y constante en las alcaldías de Nebot, tiende a ser percibido como un actor de línea dura o con rasgos inflexibles”, analiza Ríos. “Episodios recientes han reforzado en la retina pública una imagen distante de la postura conciliadora y de consenso que hoy demanda el electorado”. La académica sostiene que su objetivo táctico debe ser el votante anticorreísta que suele alinearse con el oficialismo, pero que desconfía del PSC.

“La gran incógnita para esta elección no es si ese núcleo duro está presente, sino si su volumen actual será suficiente o si se quedará corto para alcanzar la victoria”, concluye la investigadora.

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Daniella Fernández Malnati, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Casa Grande, reconoce que la estrategia de Roche busca captar el voto de la Revolución Ciudadana y, en simultáneo, atacar la gestión del oficialismo. “Yo no diría que no ha sido una campaña confrontativa. Incluso si tú lees su comunicación no verbal, él es muy confrontativo”, asegura Fernández.

Además, la experta señala un error de cálculo en su principal plataforma de difusión, TikTok, al intentar apelar a la nostalgia. “La generación que pone el candidato, que tiene el voto grueso, no vivió (la era) Nebot, no vivió (la era) Febres-Cordero”, explica. “Le sirve para un grupo objetivo de una generación específica, pero no para una generación actual”.

Finalmente, Fernández expone una falencia discursiva clave frente a sus rivales políticos en territorio: “La candidata de ADN se centra mucho, por ejemplo, en centros de rehabilitación de salud mental... A él le falta un poco el tema de causas sociales, no solamente de obras públicas”.

Lo que debes saber

• 8 de septiembre: Salazar pidió reglas para Taura; dos días después dejó la FAE en Ecuador.
• EE.UU. busca operar temporalmente en Taura; la FAE pidió definir quién controla esas actividades.
• En Alto Punino, Orellana, el Osprey apoya operaciones contra Comandos de la Frontera en 2026.

La llegada de una aeronave estadounidense a la Amazonía y la solicitud para utilizar temporalmente la Base Aérea Taura exponen una cooperación militar que avanza más rápido que las explicaciones públicas.

En medio de ese escenario, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca, pidió definir quién autoriza, coordina, supervisa y controla las actividades de Estados Unidos en instalaciones militares nacionales. Dos días después dejó el cargo.

El presidente Daniel Noboa cesó las funciones de Salazar y designó al brigadier general Mauro Bedoya Avilés mediante el Decreto Ejecutivo 496, firmado el 10 de septiembre de 2026. El documento presidencial agradeció los servicios del oficial saliente, pero no explicó los motivos del relevo. Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial que vincule directamente su salida con el oficio enviado al Comando Conjunto, pero la proximidad entre los dos acontecimientos abrió las dudas.

La carta sobre Taura y las preguntas sobre el control de las operaciones

El 8 de septiembre, Salazar había solicitado directrices para ejecutar actividades de cooperación bilateral en Taura. Su carta señalaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos preveía realizar vuelos temporales de apoyo y que su personal necesitaba adecuar y usar parte de la infraestructura de esa base ubicada en Guayas.

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El ahora excomandante no rechazó la cooperación. Su preocupación estaba en las condiciones para autorizarla. En el documento pidió determinar responsabilidades, niveles de decisión y procedimientos de planificación, ejecución, seguridad, supervisión y control. También indicó que la FAE debía conservar el manejo operacional y administrativo de Taura y que cualquier adecuación tenía que ser temporal y contar con autorización previa.

La advertencia remitía al artículo 5 de la Constitución, que prohíbe establecer bases militares extranjeras, instalar infraestructura extranjera con propósitos militares o entregar bases nacionales a fuerzas armadas de otro país. La pregunta planteada por el oficial era práctica: ¿qué mecanismos permiten diferenciar un apoyo temporal del establecimiento de una instalación extranjera?

El acuerdo SOFA y los vacíos operativos señalados por militares

Ecuador y Estados Unidos cuentan con un Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA. En enero de 2024, la Corte Constitucional concluyó que ese instrumento no necesitaba aprobación de la Asamblea Nacional porque no se encontraba entre los supuestos del artículo 419 de la Constitución. El convenio regula, entre otros aspectos, la movilidad de aeronaves, buques y vehículos estadounidenses y el acceso a instalaciones mutuamente acordadas.

Sin embargo, la existencia del acuerdo general no responde por sí sola las dudas operativas: qué autoridad aprueba cada vuelo, cuánto tiempo permanecerá el personal extranjero, qué obras puede ejecutar, quién fiscaliza sus actividades y qué procedimiento debe aplicarse ante un incidente.

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Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, esa aclaración corresponde a los niveles político y diplomático.

“Lo que pedía el excomandante de la Fuerza Aérea es tener claridad de cuáles habían sido las coordinaciones”, explica. Recuerda que el comandante de una fuerza “no tiene el nivel para coordinar directamente con los Estados Unidos” y que esa responsabilidad recae en los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.

Bravo evita atribuir el relevo al oficio mientras no exista una explicación oficial. No obstante, considera legítimo que el jefe de la FAE haya solicitado información para actuar “en derecho y en ley”, impedir una vulneración constitucional y lograr que el apoyo internacional fluya con competencias claramente establecidas.

Alto Punino, el escenario donde ya opera la cooperación militar

Mientras en Taura se discutía el marco habilitante, la cooperación ya tenía una expresión visible en Alto Punino, Orellana. Allí fue desplegado un MV-22B Osprey para transportar personal, equipos y carga y brindar soporte a unidades asentadas en lugares de difícil acceso.

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“La Amazonía se convirtió en el principal escenario por una combinación de geografía y amenaza. La espesura selvática, la limitada infraestructura vial y las grandes distancias dificultan el movimiento terrestre. A eso se suma la presencia de campamentos vinculados con estructuras armadas, minería ilegal y redes transfronterizas”, explica un exbrigadier que prefiere el anonimato.

El 6 de septiembre, durante una operación en Alto Punino, las autoridades detuvieron a nueve presuntos integrantes de Comandos de la Frontera. Los militares reportaron tres campamentos con capacidad para más de 60 personas, más de 1.400 municiones, armas, detonadores, antenas satelitales, radios, un dron y equipos logísticos.

¿Por qué el MV-22B Osprey es clave para las operaciones en la Amazonía?

Las difíciles condiciones geográficas de la Amazonía explican el valor del Osprey. Sus rotores basculantes le permiten despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero y, una vez en el aire, volar como un avión turbohélice.

Esteban Santos, experto internacional y académico, advierte que el análisis no debe limitarse al ingreso de una aeronave. A su criterio, se debe conocer el alcance de las inmunidades concedidas al personal estadounidense y la autoridad competente para investigar eventuales excesos.

“Nos merecemos todos los ecuatorianos absoluta transparencia de qué es lo que se está haciendo, cuál es el alcance, qué temporalidad va a tener y, sobre todo, que el Ecuador no deje nunca de tener la sartén por el mango”, sostiene.

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Santos considera necesario evitar errores observados en otras experiencias regionales y cuestiona la suficiencia de los controles cuando intervienen militares foráneos.

“¿Qué pasaría si se llega a dar el supuesto no consentido de un exceso?”, pregunta. Su preocupación se concentra en la jurisdicción aplicable y en los privilegios reconocidos bajo el SOFA.

Los puntos claves de esta historia

• EXPRESO documentó más de 500 procesos de liquidación en manos de solo 21 profesionales, quienes administran entre 10 y 80 empresas simultáneamente, una carga que otros interventores consideran difícil de gestionar adecuadamente.
• Los testimonios identifican rotación de liquidadores mediante resoluciones 'exprés' y ventas de activos por debajo de valores que las fuentes consideran justos, lo que podría perjudicar a trabajadores, jubilados y al Estado, que tienen prioridad en el cobro.
• Los entrevistados describen prácticas que califican como irregulares, entre ellas la “contabilidad creativa” para trasladar dinero entre empresas relacionadas, así como dudas sobre el destino de devoluciones tributarias y de recursos provenientes del cobro de cuentas, y sospechas en la venta de bienes.

Los procesos de liquidación por los que atraviesan decenas de empresas, considerados como la antesala a la extinción de la parte tangible de los negocios, pueden también convertirse en oportunidades para unos pocos.

En esta tercera entrega de la investigación ‘La argolla del control’, voces de interventores y liquidadores que colaboran con la Superintendencia de Compañías explican el riesgo que representa la prolongación de los procesos de disolución de las empresas, sobre todo de aquellas que tienen activos por vender y cuentas por cobrar.

EXPRESO documentó la concentración de más de 500 liquidaciones en manos de 21 personas. Son ingenieros, abogados, economistas y contadores externos a la ‘Super’ que tienen la función de pagar las deudas de la empresa quebrada con la comercialización de edificios, maquinaria, vehículos y el cobro de valores, a cambio de unos honorarios por cada compañía.

Cada uno de esos profesionales administra entre 10 y 80 liquidaciones de forma simultánea, algo humanamente imposible debido a la complejidad de los problemas que tienen que resolver, según interventores y liquidadores que decidieron hablar con este Diario bajo la condición de anonimato, ante lo que llaman “favoritismo”.

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La asignación a un grupo específico, denuncian profesionales

Ellos aseguran que en la administración de Luis Alberto Cabezas-Klaere, superintendente de Compañías desde octubre del 2024, se asignan encargos a un grupo específico (como lo constató EXPRESO al acceder a una base de datos de la entidad, con corte al 9 de junio) y que no se toma en cuenta a personas con años de experiencia en ese oficio.

Entre el 15 de octubre de 2024 y el 14 de agosto de este año, se entregaron más de 300 liquidaciones, según los registros.

Las fuentes, que comparten documentos para respaldar lo que afirman, han detectado ciertas conductas, modos de operar y coincidencias en los procesos de intervención y liquidación que han revisado.

Las anomalías notorias en los registros societarios

Víctor, quien tiene más de diez años de experiencia en ese tipo de procesos, señala ciertas particularidades que levantan las alertas cuando chequea los procedimientos que han ejecutado otras personas o la ‘Super’. Cita la rotación de liquidadores con resoluciones ‘exprés’, en muchos casos sin justificación y en varias administraciones de la institución.

También menciona ventas (de terrenos, vehículos y otros activos) poco beneficiosas para trabajadores, jubilados e incluso el Estado, quienes están en la parte inicial del orden de prelación de pagos. Es decir que esas transacciones no cubren las necesidades para saldar haberes.

“Una empresa de procesamiento de productos agrícolas tenía una finca que valía más de $2 millones, tenía hasta una laguna, y la vendieron en unos $700 mil, en la tercera llamada de remate (Según los documentos revisados por EXPRESO, $700 mil fue el valor del peritaje y la venta rondó los $600 mil). Y ni siquiera alcanzó a pagar (una parte importante). ¿Por qué? Porque la deuda que tiene con la empresa hermana era de casi 10 millones”, recuerda la fuente.

El profesional del Derecho Societario explica que se presentó un documento ante la banca pública para reclamar que el peritaje de la finca estaba mal hecho, argumentando que la propiedad no costaba una cantidad tan baja. Al final, le negaron el trámite.

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He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención"Interventor y liquidador en funciones.

“He encontrado muchas transacciones que han hecho antes de que empiece la liquidación, en la fase de intervención. Porque se supone que si va a una disolución es porque existen problemas dentro de la compañía. ¿Qué más problema haber desfalcado a un montón de gente dentro del mercado de valores, por ejemplo? Tenía que ser de inmediato, pero no, dan tiempo”.

En esos casos, ese tiempo, señala, podría considerarse clave para que el interventor o el liquidador venda los activos a conveniencia, o diluir el dinero que ingresa por cobros pendientes. Ese dinero, agrega, termina en bolsillos de terceros o ciertos accionistas con los que ya había un ‘acuerdo’. “Ahí está la corrupción. Esa es la manera (en) que (lo) hacen. Cogen algo que cuesta un montón de dinero y lo venden a menos de la mitad”.

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Luis es otro liquidador que acepta el pedido de EXPRESO para explicar el modo de operar de ciertos profesionales que llegan a administrar empresas tras ser nombrados por la ‘Super’. “Usan la denominada ‘contabilidad creativa’. ¿En qué consiste? Aplican la normativa contable en forma ‘creativa’, mas no técnica. Usualmente se usa para sacar dinero de una empresa hacia otra como ‘inversión’”.

El auditor pone de ejemplo lo que pasó en una extractora de aceite que tenía en su estado financiero más de $200 mil como inversiones con empresas relacionadas. “Actualmente estas empresas están en liquidación, es decir, ese dinero ‘se perdió’. Y como lo ‘disfrazan’ de inversión, la cualidad de inversión ‘se gana o se pierde’. En este caso se perdió. La excusa que dan es (que fue) por la crisis, por la plaga, entre otros. Pero como auditor, viendo las irregularidades, soy escéptico”, sostiene.

En una de las explicaciones de las fuentes también se menciona el caso de una empresa que tras solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución del Impuesto a la Renta, cuyos valores anuales ascendieron a unos $400 mil, se desconoce el destino de ese dinero.

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Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene"Interventor y liquidador en funciones.

“Ellos indican que ese dinero es para capital de trabajo. Ellos nunca entregaron una contabilidad dentro de la compañía, y no la entregaron porque no les conviene. Me di el gusto de revisar factura por factura, mes a mes, todo el año 2020, 22, 23 y 24. Ni una sola compra de activos. Nada. ¿Qué hicieron con el dinero? Y verá que estaba intervenida. ¿Qué quiere decir intervenida? Que no pueden mover el dinero si no hay la certeza de la compra”.

Los auditores, liquidadores y abogados entrevistados coinciden con una fuente de la Superintendencia de Compañías sobre la falta de capacidad de control de la entidad donde labora, uno de los problemas que tiene la ‘Super’, sin contar otras anomalías.

“La Superintendencia se ha convertido en un botín político. Y es un asunto sumamente delicado, pues ellos deciden a quién disuelven, a quién liquidan, a quién intervienen. Del mismo modo, a quién le levantan la disolución, le levantan la liquidación o le levantan la intervención”, expone el servidor público. Hasta el cierre de esta edición, el superintendente seguía sin atender un pedido de entrevista.

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Lo que debes saber: 

• En Unidad Educativa Eugenio Espejo se invierten $612.816 para reparar su sistema hidrosanitario en este plantel ubicado en Pusuquí.
• Estudiantes tuvieron clases virtuales en 2024, 2025 y 2026 por problemas de agua e infraestructura.
• Municipio de Quito proyecta $12,72 millones en 54 obras para planteles educativos entre 2023 y 2026.

Por años, algo cotidiano como ir al baño en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, en Pusuquí, se volvió un problema. Había días en los que las baterías sanitarias permanecían cerradas porque no había agua; otros en los que los estudiantes se encontraban con filtraciones, lavabos rotos o bombas que dejaban de funcionar. Esto provocó que las clases sean virtuales, algunos días durante 2024 y 2025.

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Este año lectivo 2026-2027 también comenzó de forma telemática para un grupo de alumnos. Esta vez, la razón fue otra: el mantenimiento integral del sistema hidrosanitario del plantel. En la obra, a cargo de Quimo Construcciones, se invierten $ 612.816,60 más IVA.

Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación, Recreación y Deporte del Municipio de Quito, explica que el problema tiene dos dimensiones. Por un lado, el colegio se levanta en una zona con limitaciones para el abastecimiento de agua, que, según dice, podrían mejorar con la planta de procesamiento de agua prevista para Calderón. Por otro, la infraestructura hidrosanitaria estaba deteriorada.

“La infraestructura estaba muy dañada. Las bombas se apagaban y se prendían; había que construir un nuevo cuarto para eso, cambiar todas las baterías sanitarias. No se le había dado mantenimiento desde hace nueve o 10 años”, detalla Cárdenas. En su inspección encontraron lavabos rotos y puertas sin aldabas.

Un estudiante de tercero de bachillerato, que pidió mantener su nombre en reserva, cuenta que desde que cursaba décimo de básica, con frecuencia había cortes de falta de agua y observaron filtraciones provocadas por tuberías dañadas. El año lectivo anterior, recuerda, hubo cerca de dos semanas de clases virtuales.

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También ha visto deteriorarse otros espacios. “A los compañeros que se graduaron de bachilleres les pidieron pintar todo el bloque. Sus padres lo hicieron. También deberían arreglar las canchas y el frente de la escuela”, apunta.

¿Qué problemas había en la escuela?

La edil Analía Ledesma, quien presidió la Comisión de Educación del Concejo Metropolitano, pidió explicaciones por las suspensiones de clases provocadas por los problemas de la institución desde noviembre de 2024. Ahora dice alegrarse por las mejoras.

“Las niñas efectivamente se me quejaban: no había agua, higiene”, recuerda.

Cárdenas admite que algunos padres expresaron su molestia por el inicio del año lectivo sin que la obra estuviera terminada. Explica que nunca estuvo previsto que concluyeran antes de septiembre.

“Salimos el 1 de julio a las vacaciones y la obra arrancó el 3. Tiene un plazo de tres meses. Tratamos de bajar el tiempo duplicando las jornadas”, sostiene. La intervención implicó, entre otras tareas, abrir patios con precaución para no afectar el sistema eléctrico.

Otras obras educativas en las que se ha invertido, en Quito

Los contratistas explicaron que los espejos serán colocados en los próximos días. Mientras tanto, las baterías sanitarias se habilitan poco a poco.

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Este año, el Municipio prevé empezar a construir un nuevo espacio, en el parque Bicentenario, para acoger a la Unidad Educativa Humberto Mata Martínez, que hoy funciona en dos sedes, en El Inca y Zámbiza. 

El secretario Cárdenas dice que los profesores, en un mismo día, deben moverse entre los dos lugares. El plan es inaugurarla después del primer semestre del próximo año, para el siguiente periodo lectivo 2027-2028. En su primera fase tendrá capacidad para 440 estudiantes.

Otras inversiones se han hecho en la Unidad Municipal Guayllabamba. Se utilizó USD 1 millón en un nuevo bloque de aulas, biblioteca, techado del patio, cancha sintética y pintura, entre otras obras. 

En la escuela de Amaguaña, que tenía 210 estudiantes y un patio pequeño, también hubo intervenciones en infraestructura. En la Sucre, con 2.000 alumnos, la inversión prevista bordea los USD 1,5 millones.

Lo que debe saber

• Una operación irregular con bonos del Estado por más de $12 millones vuelve a encender las alarmas sobre los controles del mercado bursátil ecuatoriano.
• Una resolución de la Bolsa de Valores de Quito detalla transferencias no autorizadas, documentos presuntamente irregulares y sanciones a los involucrados.
• El caso ya es investigado por la Superintendencia de Compañías y la Fiscalía.

Una nueva transferencia irregular vuelve a sacar a flote la debilidad de control en el mercado bursátil ecuatoriano. Esta vez, por transferencias no autorizadas (de una casa de valores a otra) y la venta ilegal de bonos del Estado por un valor de $12’399.448,58, que estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).

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Mayra Pacheco Pazmiño

Las operaciones irregulares se ejecutaron el 25 de marzo de este año y el pasado 3 de septiembre de 2026 el Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) resolvió el caso, en el marco de un proceso disciplinario que busca no dejar impune este hecho.

En una resolución de 31 páginas, a la que tuvo acceso EXPRESO, el comité disciplinario de la BVQ da pinceladas de esta nueva trama, cuya principal víctima sería la Concesionaria Norte (Conorte S.A.), propietaria de los $12,3 millones en bonos.

Estos, según se indica, habrían sido trasladados sin consentimiento ni firma formal desde la Casa de Valores Santa Fe hacia la Casa de Valores AndesCapital S.A., donde se habría habilitado una subcuenta sin la debida autorización para venderlos en el mercado y luego trasladarlos a un fondo de inversión administrado SMART-ONE, por reinversión en el mercado de valores , mediante el supuesto uso de documentación irregular y firmas electrónicas inconsistentes.

Fue un reclamo de Conorte lo que encendió las alertas e impidió que el dinero siga su curso. Y que además, obligó a AndesCapital a devolver el capital sustraído, más los intereses devengados ($12’684.356,43), el pasado 2 de abril de 2026.

La Fiscalía y la Superintendencia investigan el hecho

El hecho, que según conoció este Diario ya se investiga en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de apropiación fraudulenta por medios electrónicos y forjamiento de documentos digitales, motivó también que el comité disciplinario de la BVQ determinara una falta grave de diligencia e inobservancia de normas, que derivaron en una serie de medidas sancionatorias.

Entre las primeras decisiones adoptadas estuvo: 

EXPRESO intentó obtener una versión de representantes de AndesCapital, el BCE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pero hasta el cierre de esta edición aún se esperaba respuesta.

Bonos estatales desaparecen y revive la sombra del Isspol

El episodio recuerda el polémico atraco a los fondos de la Seguridad Social de la Policía (Isspol) en 2020, como resultado de omisiones de control de los dos depósitos centralizados de valores que existen en el país (Decevale y DCV), instancias llamadas a salvaguardar los títulos que se transan en el mercado bursátil.

No obstante, el exsuperintendente de Compañías, Marco López, aclara que la comparación debe hacerse con ciertos matices. En el caso del Isspol, explica, ya quedó comprobado que fueron malos funcionarios quienes utilizaron el Decevale (el depósito de valores de las bolsas de Guayaquil y Quito) como plataforma para desaparecer millonarios recursos de la entidad policial.

En este nuevo caso, dice, las investigaciones no solo deberán detallar el nivel de responsabilidad que tuvieron el operador y las casas de valores, sino también determinar si existieron omisiones de control por parte del DCV, un organismo que, según López, debió cerciorarse de alguna manera de que existió una compraventa entre casas de valores, más aún cuando se trata de montos importantes. “No sabemos si no se hizo, pero el DCV debió certificar y revisar que hubo la transacción”, dijo.

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En eso coincide otro experto del mercado, que prefiere mantener su nombre en reserva. Él recuerda que existe un Manual de Operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador, actualizado en noviembre de 2024, que prohíbe al DCV registrar transferencias sin la documentación exigida; omitir verificaciones, pues no puede dar curso a operaciones sin comprobar firmas y poderes; reconocer firmas no autorizadas; o validar documentos suscritos por personas sin facultades legales.

Por ello, añade, la Superintendencia debería revisar cualquier posible omisión, no solo del Depósito, sino también las eventuales fallas en las que pudo haber incurrido la bolsa en que se transó la operación. Para los expertos, si la transacción llegó a realizarse en bolsa, “se debe saber quién fue el operador, si estaba autorizado, a qué casa de valores pertenece y quién es el representante legal, porque las bolsas de valores son autorreguladoras de las casas de valores. Entonces, la bolsa también debió estar segura de quiénes realizaban la transacción”.

Si realmente se presentó al DCV documentos falsificados y esto nunca pasó por una bolsa de valores, las sanciones impuestas hasta ahora no son suficientes, agrega López.

Este Diario contactó a la bolsa quiteña para pedirle su versión, pero la entidad se excusó, “dado que el Comité de Vigilancia es un órgano en el que no tiene injerencia la administración de la BVQ y que dentro del proceso sancionatorio aún existen algunos puntos que faltan por definir”.

Falla estructural abona al problema

El año pasado, en el mercado bursátil se llegaron a negociar $2.376,7 millones. Eso representó un incremento del 92,5 %.

López recuerda que el Depósito Centralizado de Valores del BCE es quien tiene el monopolio de la custodia y materialización de los bonos, cuyas transacciones se hacen por fuera de las casas de valores, una condición que, dice, agrava la vulnerabilidad del sistema, sobre todo si se tratan de bonos externos. “El Estado nunca ha querido transar bonos en bolsas. No le gusta porque no le conviene la transparencia”.

Para López, el mercado tiene que repensar    el tema de si el Banco Central debe seguir teniendo un depósito centralizado, como    una simple dependencia del Banco Central del Ecuador o buscar la manera de fortalecer los controles.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a través de CNT.
• La firma italiana Dedalus y Google proveerán el software médico, la nube y la ciberseguridad.
• El proyecto durará siete años e interconectará 1.742 centros de salud pública en todo Ecuador.

El Ministerio de Salud de Ecuador adjudicó un contrato por más de 240 millones de dólares a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para implementar una plataforma de transformación digital en salud, bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El proceso, concretado a finales de agosto de 2026 mediante régimen especial en solo nueve días, incorpora la tecnología de la multinacional italiana Dedalus Group y la infraestructura de Google para interconectar 1.742 establecimientos sanitarios a escala nacional.

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Ecuador apuesta por Dedalus Group para modernizar la salud pública: este es el plan

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La alianza entre el Ministerio de Salud, CNT, Dedalus y Google

Tras el fallido y cuestionado intento de contratación de la startup HealthBird (fundada en 2021 y observada por su falta de experiencia), el Gobierno ecuatoriano retomó su plan de modernización hospitalaria. En esta ocasión, la apuesta recae en Dedalus Group, compañía de origen italiano con más de cuatro décadas de trayectoria en software sanitario y presencia internacional.

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El Ministerio de Salud optó por contratar a CNT mediante un régimen especial entre entidades del sector público, siendo la estatal de telecomunicaciones la única invitada. Según Ronald Spina, gerente general de CNT, este mecanismo se aplicó para agilizar los plazos administrativos. El proceso concluyó en nueve días entre su publicación en el Portal de Compras Públicas y su adjudicación definitiva.

La reunión en España y el primer acercamiento oficial

El vínculo entre el Estado ecuatoriano y la tecnológica europea se gestó meses antes de la convocatoria:

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Alcance de la plataforma y el rol de la historia clínica electrónica

El contrato establece el diseño e implementación de un sistema interoperable capaz de articularse con los equipos, aplicaciones y plataformas tecnológicas preexistentes en los centros de salud pública del país.

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El eje principal del proyecto comprende:

Red de establecimientos de salud priorizados

El plan de ejecución contempla un plazo de siete años y cubrirá un total de 1.742 establecimientos de salud pública, de las cuales destacan:

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Esquema financiero y distribución técnica entre Dedalus y Google

La ejecución global se estructura en tres componentes: plataforma integrada de información, infraestructura y conectividad. La primera fase abarca la planificación, diseño y operación transversal del sistema.

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Para la gestión de los recursos públicos, el contrato fija las siguientes condiciones:

Lo que debes saber

• De alcaldesa del PSC a candidata de ADN. Cynthia Viteri vuelve a poner la mira en la Alcaldía de Guayaquil, un cargo que ya ocupó entre 2019 y 2023.
• Su gestión estuvo marcada por la pandemia, aciertos en materia social y de bienestar animal, pero también por cuestionamientos e investigaciones previas.

Cynthia Viteri quiere volver a ocupar el Sillón de Olmedo. Esta vez no es por el movimiento político que la cobijó durante años, el Partido Social Cristiano (PSC), a pesar de que alguna vez dijo que podría “cambiar de marido, pero no de partido”. Finalmente, aquella promesa no se mantuvo y ahora busca regresar a la Alcaldía de Guayaquil bajo la bandera del oficialismo, ADN.

¿Pero cuáles son sus credenciales? Entre sus títulos de tercer nivel registrados en la Senescyt constan los de licenciada en Ciencias Sociales y Políticas y abogada de los Tribunales y Juzgados, ambos obtenidos en la Universidad de Guayaquil y registrados el 27 de mayo de 2002.

Sus títulos y formación académica

En cuanto a sus estudios de cuarto nivel, consta un diploma superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, registrado el 25 de octubre de 2005, y el título de doctora en Jurisprudencia, registrado el 7 de febrero de 2006.

En la consulta del Impuesto a la Renta disponible en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI) consta que Viteri registró un impuesto de $5.547 correspondiente a 2023 y de $7.552 en 2024. Para 2025, el registro muestra $0. El período fiscal 2026 se encuentra en curso.

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En los registros de la Superintendencia de Compañías, Viteri aparece como accionista de Baneden S. A. S., compañía ubicada en Vinces, provincia de Los Ríos. En el portal oficial también figura como administradora anterior de Agencia Latinoamericana de Prensa S. A. (A. L. P.), donde ocupó el cargo de presidenta. El registro señala que su participación en esa función terminó en octubre de 2002.

En cuanto a las declaraciones patrimoniales juradas de la Contraloría General del Estado, Viteri ha ocupado distintos cargos públicos.

Fue asambleísta nacional y, posteriormente, en el Municipio de Guayaquil se desempeñó como asesora de Gestión Comunitaria durante 2017 y 2018, en la administración de Jaime Nebot, quien después le dio la venia para que lidere la ciudad. Y fue así que entre 2019 y 2023 ocupó la Alcaldía de Guayaquil.

Con ella, el PSC cumplió 30 años como principal bastión político en Guayaquil, pero luego llegó Aquiles Álvarez, le ganó en las urnas y rompió esa hegemonía.

Cuatro años al frente de la Alcaldía de Guayaquil

La gestión de Viteri estuvo marcada por la llegada de la pandemia de covid-19, que puso a Guayaquil de rodillas y dejó un olor a muerte en las calles.

Aunque su administración también contó con gestiones valoradas favorablemente por la ciudadanía, como los programas sociales y de bienestar animal, las polémicas también salpicaron su periodo. En octubre de 2022, en los registros de noticias del delito relacionados con la entonces alcaldesa constaban investigaciones previas por presuntos delitos de peculado, delitos contra el agua, tráfico de influencias y obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

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En ese momento, la información disponible señalaba que los casos se encontraban en etapa de investigación previa, por lo que no implicaban una determinación de responsabilidad.

Desde hace poco, el 10 de julio de 2026, Viteri figura como denunciante en un caso relacionado con el presunto delito de difusión de información restringida.

¿Qué representa su regreso para Guayaquil?

La politóloga y analista política Andrea Endara considera que para entender este perfil de cara a las elecciones seccionales hay que separar las credenciales de quien tiene a sus espaldas una amplia trayectoria y, por lo tanto, conoce, dice, el teje y maneje de la política. Sin embargo, el hecho de que sea una exalcaldesa representa tanto pros como contras.

“Si es que ha hecho un buen estudio de cómo está hoy la institución, puede crear propuestas y tener planes listos para mejorar a Guayaquil. En contra está que ya estuvo y, de acuerdo con datos históricos y con cómo lo ve el ciudadano, es a partir de la Alcaldía de Viteri cuando Guayaquil comienza a decaer y a cambiar la imagen de ese modelo exitoso del cual el guayaquileño se sentía orgulloso”, evalúa.

Al hablar de si es o no una candidata idónea, la también académica reconoce que tiene experiencia, pero hasta no conocer su plan concreto y claro para recuperar la ciudad, prefiere no adelantar un análisis sobre si es o no idónea. Lo que sí deja claro es que al ser la candidata del Gobierno de Daniel Noboa, estará supeditada a los intereses de Carondelet.

“Y eso nuevamente tiene un pro y una contra, porque si bien es cierto tiene una llegada más directa, la contra es que está supeditada a esos intereses. Y en el caso de Guayaquil, que siempre ha estado contrapuesto al poder central, podría ser una atadura de manos”, añade.

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La experiencia como fortaleza y también como desafío

Mientras que bajo la lectura de Oswaldo Moreno, analista y consultor político, Cynthia Viteri tiene antecedentes como legisladora, alcaldesa y candidata presidencial, por lo que, para él, es una política profesional.

No obstante, también señala que durante su administración tuvo serios cuestionamientos, aunque también registró grandes aciertos. Uno de ellos, dice, es el Hospital Municipal Bicentenario.

“Ahora habría que ver cuánto le beneficia la candidatura a ella y cuánto le beneficia a ADN. Creo que más beneficio ha tenido ADN”, concluye.