Lo que debes saber

• La presentadora de TC asegura que no volvería a la farándula, considera que actualmente existen excesos.
• Disfruta unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos junto a su pareja. Irán a los partidos del Mundial.

La presentadora y reportera de TC, Cynthia Naveda (38), vive uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras disfruta de unas vacaciones por Canadá y Estados Unidos, también consolida su relación con Pepe Lucero, con quien ya comparte hogar y proyecta llegar al altar.

Con una trayectoria que incluye pasos por Gamavisión, Canal Uno, Teleamazonas, RTS y Telerama, asegura que TC ocupa un lugar especial en su carrera. No es para menos: ha regresado en tres ocasiones a ese canal, donde actualmente forma parte de los equipos de DespiérTC, Entre Ellas y El Noticiero de las 14:00.

La comunicadora es madre de Maximiliano, de 11 años, fruto de su anterior relación con Juan Sebastián González.

¿Cómo es trabajar con Mauricio Ayora, Caterva?

¡Chévere! Todos mis compañeros tienen diferentes personalidades. Nos vemos en ese momento, nos manejamos con respeto y, además, ya somos adultos. Ninguno es novato.

Existe un denominador común en la mayoría de los informativos matinales: los presentadores bailan. Con noticias poco alentadoras, ¿tiene ganas de bailar a esa hora?

Nosotros fuimos los primeros en bailar (suelta una carcajada). Ponga eso, por favor. A fines de mes llaman las culebras y rapidito dan ganas de bailar. He conversado con productores y con Mauricio, y me han dicho que él impuso ese estilo desde hace mucho tiempo. En otros canales donde estuvo también lo hizo. Yo solo llegué a sumar, me he tenido que acoplar.

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No todos los presentadores tienen la personalidad de Caterva o la suya.

A nadie se obliga, pero si tienen que estar ahí, deben acoplarse. Mi personalidad se presta para eso. Pronto cumpliré dos años en los informativos de TC.

La farándula ya no está en sus planes

Fue parte de dos sonados espacios, Jarabe de Pico y De Boca en Boca. ¿La farándula ya es historia pasada en su vida?

Siempre he estado agradecida por las oportunidades. Fue una linda etapa. Nunca vieron como un obstáculo que yo haya hecho farándula para trabajar en un noticiero. A veces se cree que porque se manejan estos temas no se pueden hacer otros.

¿Es decir que no le costó?

Gracias a Dios, no me costó. Todo tema debe manejarse con las dos versiones, profesionalismo y seriedad. De algo que saco pecho es que durante el tiempo que he estado en televisión he logrado credibilidad. Gozo de la aceptación del público y de la confianza de mis jefes.

En estos momentos, muchos periodistas manejan la farándula de una forma poco profesional y seria y, sin importar las consecuencias, dañan la reputación de las personas. ¿Podría volver a hacerla?

No creo. La miro con gratitud y la disfruté. Tengo muchos buenos amigos. Considero que hay excesos y, además, es necesaria la preparación. Pueden ser carismáticos, divertidos, simpáticos o histriónicos, pero lastimosamente hay muchos que están en farándula sin conocimiento. Merece que la miren con respeto y no como una payasada. 

Se habla sin respeto de las relaciones sentimentales, se ventilan orientaciones sexuales, se difama o se ensañan con alguien solo porque les cae mal. Siempre vi mi profesión como una carrera a largo plazo y manejando límites. Quiero que mi hijo se sienta orgulloso.

Algunos talentos no se dan cuenta de que sus hijos son los principales afectados por sus acciones.

Ahora que Maximiliano ya es un preadolescente, me da orgullo y saco pecho de que sus compañeros e incluso sus madres me vean con respeto o me consideren una persona creíble. No me conocen por un escándalo. Nunca me negaron la matrícula en un colegio ni nos miraron con desprecio a mi hijo o a mí. Cuando va al catecismo porque hará la Primera Comunión, le preguntan por mí, pero sin mala onda. No es víctima de bullying por culpa de su madre.

En la ruta mundialista...

Está lista para disfrutar el Mundial...

Viajé el miércoles (ya está en Canadá). Luego iré a Estados Unidos. Haré turismo, pero también veré algunos partidos, tanto de Ecuador como de otras selecciones. Disfrutaré de esa fiesta. Volveré el 21 de junio. Me fui con mi hombre, con Pepe. En la maleta llevé un baby doll de la selección ecuatoriana y las pastillas anticonceptivas (suelta una carcajada).

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Aparte de la selección ecuatoriana, ¿a cuál otra apoyará?

Siento que la final será entre España y Francia. Apoyaré a la Tri, pero hay que ser realistas. Sería súper chévere que llegue Portugal porque es el último Mundial de Cristiano Ronaldo y tiene un buen equipo. En el Mundial anterior, Messi ya tuvo la oportunidad de ser campeón con su equipo.  

Planes de boda

Se dio una nueva oportunidad en el amor, pero ha sido una relación de perfil bajo.

Mis familiares y amigos lo sabían, pero era para evitar los chismes y la comidilla. Me da mucho coraje que opinen sin saber y que utilicen mi imagen sin permiso. Lo conocí a finales de 2020. Una amiga en común nos presentó. Se dieron las circunstancias para estar juntos y ahora compartimos el mismo hogar.

¿Qué encontró en su pareja actual que hizo clic en usted?

Por Pepe siento mucha admiración. Es importante aquello, más allá de lo físico. Admiro sus valores. Es buen padre y buen hijo. Se preocupa por su entorno y eso habla mucho de él.

Todo lo que menciona fue lo que hizo que diera el paso de irse a vivir con él.

Eso y mucho más. Es una persona muy trabajadora. Nos parecemos en eso. Tiene dos hijos: una mujer de 19 años y un varón de 12. Gracias a Dios, ellos y toda la familia me han recibido muy bien.

¿Están considerando el matrimonio?

Obvio. Si nos fuimos a vivir juntos es porque consideramos dar ese paso. Me siento en el momento indicado y con la persona correcta. A veces se piensa que es solo un papel, pero nos gustaría darle más formalidad a nuestra relación. 

Además, quiero darle un buen ejemplo a los niños. No todo ha sido perfecto, ambos somos divorciados. Mi hijo fue el más entusiasmado con que me fuera a vivir con Pepe porque comparte mucho con el hijo de mi pareja. Son contemporáneos.

Ambos tienen hijos, ¿quisieran tener uno en común?

No sé. Es volver a empezar. Muchos me presionan con ese tema, pero estamos bien como estamos. No deseamos ni animalitos ni niños. Queremos viajar, enfocarnos en nuestros proyectos y disfrutar esta etapa. Canadá y Estados Unidos es una luna de miel, aunque nosotros vivimos muchas lunas de miel (risas).

Entre risas dijo que llevó al Mundial las pastillas anticonceptivas. ¿Así evita los hijos?

Los evito orando (risas).

Su hijo, lo mejor de su relación anterior

Las experiencias enseñan. ¿Qué aprendió de esa relación anterior?

¿Tengo que decir la verdad? Solo mi hijo fue lo hermoso de esa relación. Fue una etapa difícil por las decisiones que se toman, pero de eso se aprende. 

Lo que siempre aconsejo es que muchas veces nos atraen los polos opuestos, pero en mi experiencia es preferible compartir con una persona parecida a nosotros en valores, estilo de vida, trabajo y forma de criar a los hijos.

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¿Es un padre presente en todos los sentidos?

No mucho. Con el padre del niño no mantenemos ninguna relación, solo tratamos temas relacionados con nuestro hijo. Velo por sus intereses y por las necesidades que tiene. Mientras sea responsable en eso, no me importa dónde esté, en China o en la Luna. 

Cuando Maximiliano me pide verlo, lo llevo. Hace poco estuvimos en Estados Unidos. Lo ideal sería que afectivamente estuviera cerca de su hijo, pero si no está, no puedo hacer nada.

El periodismo no es su única actividad...

Con una hermana de Pepe tenemos un negocio de organización de eventos familiares y empresariales, una especie de productora. Si nos piden organizar una fiesta de divorcio, también la hacemos (risas). Además, tenemos un negocio de parrillas a domicilio. Siempre estamos buscando nuevas maneras de crecer.

Lo que debes saber

• El artículo 122 del Código Tributario establece que cuando un tributo es declarado ilegal, el Estado está obligado a devolver lo cobrado más los intereses.
  
• El reclamo debe presentarse ante la Aduana —no ante el SRI— con la declaración aduanera de importación como único documento requerido.
  
• Ya existe jurisprudencia aplicable: casos similares de la tasa que rigió entre 2017 y 2018 fueron resueltos favorablemente ante los tribunales.
  

El 29 de mayo, víspera de las elecciones presidenciales en Colombia, Noboa anunció la derogación de la tasa tras una videollamada con el candidato Abelardo de la Espriella, con quien acordó cooperar en seguridad fronteriza y energía. La medida entró en vigor el 1 de junio. De la Espriella, que ganó la primera vuelta con el 43,74%, irá a balotaje.

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Tras la derogación de la tasa de control aduanero a las importaciones colombianas —que escaló del 30% al 100%—, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, descartó devolver los $121,5 millones recaudados entre febrero y mayo de 2026, argumentando que el dinero ya fue ejecutado en operativos de seguridad fronteriza. 

Para el abogado Roberto Carmigniani, esa posición carece de respaldo jurídico: el ordenamiento ecuatoriano obliga al Estado a restituir lo cobrado, más los intereses, y los importadores afectados cuentan con las herramientas legales para exigirlo ante la Aduana.

La postura del Gobierno y el error jurídico

— El ministro Jaramillo dijo que no se devolverá la tasa porque ese dinero ya fue usado en seguridad. ¿Esa posición tiene sustento legal?

No. Es una posición equivocada. La Secretaría General de la CAN ordenó el retiro de la tasa porque, desde su implementación en febrero, infringió las normas del Acuerdo de Cartagena. 

Al ser un tributo establecido ilegalmente, el artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano activa automáticamente el derecho a reclamar la devolución por pago indebido. 

El destino que el Gobierno le haya dado a esos recursos no modifica esa obligación jurídica: lo que se cobró ilegalmente debe devolverse, sin excepción.

— ¿Por qué la CAN determinó que la tasa era ilegal desde su origen?

Por dos razones fundamentales. Primero, porque esa tasa no representaba la contraprestación de un servicio efectivamente prestado a cada importador por su importación concreta, sino que era un cobro genérico, impuesto por generalidades. 

Segundo, porque la tarifa —que escaló del 30% al 50% y luego al 100%— era desproporcionada y no tenía por objeto cubrir el costo de ningún servicio real. Por esos motivos, la Secretaría de la CAN la calificó como un gravamen al comercio, que está expresamente prohibido por el programa de liberación del Acuerdo de Cartagena.

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El derecho a la devolución

— ¿Es necesario que la CAN ordene expresamente la devolución o ya está implícito en el fallo?

Está implícito y no hace falta un pronunciamiento adicional. El artículo 122 del Código Tributario establece que procede el pago indebido cuando el tributo ha sido establecido ilegalmente, y la resolución de la CAN es precisamente la evidencia de esa ilegalidad. 

Con ese pronunciamiento, cada importador que pagó la tasa durante su vigencia tiene derecho a solicitar la restitución de esos valores, más los intereses respectivos que el Estado deberá reconocer.

El proceso ante la Aduana

— ¿Cómo puede un importador recuperar su dinero y ante quién debe acudir?

El reclamo se presenta ante la Aduana, no ante el SRI, porque es ante la Aduana donde se realizó el pago. El procedimiento es un reclamo administrativo de pago indebido, que suele tomar entre 3 y 4 meses y culmina con una resolución administrativa. 

Si el Gobierno lo niega, el importador puede impugnar esa decisión ante un Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el proceso puede tomar en promedio entre 2 y 3 años. 

Cabe aclarar que el Gobierno ya cumplió con la CAN al derogar la tasa, por lo que no hay riesgo de sanciones del bloque: la disputa queda en el ámbito de la justicia ecuatoriana.

Haber gastado esos recursos en seguridad no modifica la obligación jurídica del Estado de devolverlos

— ¿Qué documentos se necesitan y es complicado demostrarlo?

No es complicado. El importador solo necesita presentar la declaración aduanera de importación, que es el documento donde constan todos los rubros pagados al nacionalizar la mercadería, incluyendo el valor de esta tasa. 

Con esa evidencia y la resolución de la Secretaría de la CAN, la ilegalidad del cobro queda demostrada. El trámite en sí no es complicado, aunque toma tiempo si el Gobierno lo niega en sede administrativa.

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— ¿A qué tipo de importador le conviene más reclamar?

Depende de cuánto representa para cada uno lo que pagó por la tasa. Para un importador grande, con volúmenes altos de mercadería nacionalizada durante los meses que rigió el cobro, el monto a recuperar puede justificar perfectamente el proceso, incluso si llega a la vía judicial. 

Para los más pequeños, el cálculo es distinto: el trámite no es costoso económicamente, pero sí demanda tiempo, y eso es lo que deben evaluar antes de decidir si acuden a la Aduana.

Precedentes y perspectiva

— ¿Existen casos ya resueltos que respalden esta vía?

Sí, y son directamente aplicables. Ya existe jurisprudencia de la tasa de control aduanero que rigió entre 2017 y abril de 2018, que fue declarada ilegal por la misma Secretaría General de la CAN. 

En esos procesos he logrado entre 5 y 6 casos en los que se concretó el cobro de la devolución, el último de ellos en febrero de este año, tras sentencia ejecutoriada obtenida en un proceso judicial iniciado en 2023. Es decir, ya existen precedentes concretos que sostienen todo lo contrario a lo que ha afirmado el ministro.

— ¿Puede ocurrir que el Gobierno simplemente no devuelva, aunque haya una resolución favorable?

Puede ocurrir demora, sí. El proceso tiene una fase de cumplimiento de sentencia que, aunque es relativamente corta, depende de la gestión del Estado. En el caso que mencioné, entre el inicio del proceso judicial en 2023 y el cobro efectivo pasaron más de dos años. 

Por eso, más que el costo económico del trámite, lo que los importadores deben considerar es el tiempo que implica recorrer esa vía, especialmente para los más pequeños.

Con la declaración aduanera presentada ante la Aduana el pago indebido de la tasa queda demostrado

Sobre el entrevistado

Roberto Carmigniani es abogado de la Universidad Católica de Guayaquil y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo(UESS). 

Fue socio de Pérez Bustamante & Ponce y desde 2024 ejerce en Eduardo Carmigniani Estrategias Legales. Cuenta con más de 20 años en litigio civil, comercial y contencioso administrativo, The Legal 500 lo destacó como litigante de referencia del país.

Lo que debes saber

• El abogado penalista advierte señales de politización en la justicia ecuatoriana.
• Cuestiona el uso de la prisión preventiva y los juicios mediáticos.
• Propone sanciones para quienes impulsen procesos sin pruebas suficientes.

La relación entre justicia y poder político vuelve a estar en el centro del debate público. Para el abogado Julio César Cueva, procesos judiciales recientes reflejan patrones que ponen en duda la independencia de las instituciones, mientras que el uso de la prisión preventiva y la exposición mediática de los casos plantean interrogantes sobre el respeto al debido proceso y las garantías democráticas. En esta entrevista con EXPRESO, él analiza los indicios que, a su criterio, evidencian una creciente politización del sistema judicial.

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- Usted ha sostenido que la justicia ecuatoriana atraviesa un proceso de politización. ¿Qué hechos concretos le llevan a esa conclusión?

- Primero, los tiempos en el que se dan los procesos y los tiempos en el que se dan ciertas situaciones de naturaleza política. Fíjese lo que está ocurriendo hoy: vemos allanamientos a ciertas personas que van a terminar siendo candidatos opositores de los del Gobierno. Eso llama la atención porque no creo que sea algo que hayan descubierto ahorita; lo pudieron haber hecho mucho antes o después. También tratan de posicionar ciertas narrativas, lo que se llama ‘juicios paralelos’.

- ¿Cómo esto perjudica la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema judicial?

- La gente sí se da cuenta. Dice: ‘¿Por qué aquí sí y por qué acá no?’. Se da cuenta de que evidentemente hay un desbalance en la forma en que se llevan ciertos procedimientos. Entonces, uno no puede dejar de pensar en que hay una tendencia de beneficiar a unos y de perjudicar a otros. La verdadera justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

- ¿Cómo usted evalúa la exposición mediática?

- Es grave que lo hagan las instituciones públicas y el Ejecutivo, que debería estar alejado del tema de la justicia. (Esto) Demuestra que la justicia no es independiente. Entonces, se posiciona una narrativa que ya condena sin sentencia e impone al juez que, lejos de querer sentenciar con base en la evidencia, sentencia con base en la narrativa que ha sido expuesta en las redes, porque tiene miedo de cómo su decisión judicial puede afectar su propia imagen y su estabilidad en el cargo por no haber seguido la teoría del caso de las redes.

No hay que confundir máxima seguridad con máxima indefensión para que no se defienda en un proceso.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Quién debería asumir responsabilidades cuando una persona es procesada y posteriormente se demuestra que no existe ni una prueba sólida en su contra?

- El país nunca asume la responsabilidad. Pienso que en Ecuador debe existir la figura del procesamiento malicioso, como existe en Estados Unidos, donde si el fiscal, abusando de sus atribuciones y sabiendo que no hay evidencia, procesa a una persona y la tiene en una pena de banquillo (prisión preventiva), y al final la Corte dice: ‘Aquí no había pruebas suficientes’, ese funcionario tiene que asumir la responsabilidad de todos los perjuicios que ha causado, por haber abusado de sus facultades.

- ¿Qué tiempo debe durar una prisión preventiva?

- Hay países donde dura hasta cuatro años. El problema no es la prisión preventiva. El problema es el abuso de la figura.

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- ¿Qué irregularidades ha observado en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez?

- Muchísimas. Primero, el abuso que hay respecto de la prisión preventiva en cuanto a casos que son susceptibles de suspensión de pena. Segundo, ¿cómo es posible que a una persona que se tiene que defender la tengan en una cárcel que más parece un campo de concentración? Allí tiene limitaciones para verse con los abogados, incluso limitaciones para estar presente en el juicio.

- ¿Cree que, como algunos críticos señalan, la prisión preventiva de Álvarez es una sentencia anticipada?

- Más que en la prisión preventiva, pienso en todas las condiciones en las que vive actualmente el alcalde: estamos viendo un deterioro físico. Y se niega sistemáticamente un brote de tuberculosis. Está preso ahí (en la Cárcel del Encuentro) para evitar que lo maten y la pregunta es: ¿hay una investigación previa para tratar de identificar a los que supuestamente lo quieren matar? La Corte Constitucional ya ha dicho que todo tipo de restricción que obstaculice el ejercicio de la defensa es una violación al debido proceso.

- ¿Existe el riesgo de que este tipo de procesos generen un efecto disuasivo sobre otros actores políticos que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno?

- Sí, por supuesto, eso es lo que buscan. Con el alcalde de Guayaquil buscan, primero, que no sea candidato. Segundo, mandar un mensaje para imponer miedo, porque usted comprenderá que nadie en su sano juicio quiere verse privado de la libertad, menos en los términos en los que hoy por hoy se lo hace.

Aquí debería venir la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas para que evalúe las cárceles.Julio César Cueva, abogado penalista

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- ¿Eso cómo afectaría a la democracia?

- De forma directa. Una democracia funciona con libertades, con ejercicio pleno de derechos fundamentales, entre esos la vida, la integridad física y la salud.

- ¿A quién le toca actuar ante todo esto?

- Esta no es tarea de una sola institución, es tarea interinstitucional. El Legislativo tiene que hacer las reformas legales necesarias. El Consejo de la Judicatura tiene que plantear reformas necesarias y hacer la depuración y los concursos para tener suficientes jueces. (Pero se) Necesitan básicamente tres cosas para empezar: voluntad política que no hay, presupuesto que no hay y tecnología que tampoco hay.

- ¿Entonces?

- Creo que se necesita un nuevo contrato social. Esto solo va a cambiar cuando la gente exija un resultado distinto al que tiene. Cuando la gente realmente se empeña en algo y pone la presión necesaria, la política se corrige y se endereza. Pasó en el caso de (Mario) Godoy (expresidente de la Judicatura). Cuando la gente dijo ‘no, no y no’, ya no quedó otra más que corregir el rumbo.

Lo que debes saber de esta historia

• Seis años después de la desaparición de más de $900 millones, empresas clave del caso como Delcorp y Ecuagran continúan en procesos de liquidación bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías.
• Documentos muestran que Cabezas-Klaere actuó como procurador judicial de las empresas y como abogado de Gad Goldstein, principal directivo del entramado investigado y actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana.
• Antes de llegar a la Superintendencia, su nombre ya aparecía ligado a cuestionamientos por la venta del Hotel Continental y por conflictos de intereses durante su paso por la gerencia del BIESS, según políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El escándalo estalló en septiembre de 2020, cuando la ministra de Gobierno de entonces, María Paula Romo, denunció la estafa en el mercado de valores ecuatoriano, cuyo principal blanco fue el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), con más de $900 millones esfumados.

A seis años se lo considera como el primer gran ‘asalto al mercado de valores’ por parte de una red de personas y entidades que operó de forma estructurada en torno a la emisión y colocación de bonos y obligaciones sin sustentos, en medio de un sistema de controles laxos.

(Le puede interesar: La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere)

Dos de esas empresas que fueron parte del entramado son Delcorp S. A. y Ecuatoriana de Granos S. A. Ecuagran, según las investigaciones. En 2019, estas firmas se convirtieron en deudoras del Isspol tras emitir obligaciones por más de $21 millones. Básicamente expidieron facturas comerciales sin sustento económico.

Por estas irregularidades dichas empresas fueron intervenidas y posteriormente entraron en un proceso de liquidación de bienes que aún está en vigencia, cuya vigilancia recae en la Superintendencia de Compañías, bajo la dirección de Luis Alberto Cabezas-Klaere, quien tiene una relación pasada con esas firmas.

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La huella de los conflictos que dejó Luis Cabezas-Klaere en su paso por la gerencia del BIESS

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Cabezas-Klaere asumió dicho cargo el 15 de octubre de 2024 con el apoyo del Gobierno de Daniel Noboa. Su llegada a la institución ha generado inquietudes entre organizaciones de la sociedad civil por episodios de años recientes y por la intervención a Granasa, la editora de los periódicos EXPRESO y EXTRA.

La interventora enviada por la ‘Super’ de Compañías también es liquidadora de Ecuagran desde el 19 de enero pasado.

Los episodios cuestionados de Cabezas-Klaere

A partir del miércoles anterior, este Diario ha publicado reportajes que recogen la participación del abogado guayaquileño en la venta opaca de un hotel de la ciudad mientras él era el gerente, las acusaciones de un conflicto de intereses al asumir la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), en 2022 y 2024, en ese mismo orden, por ejemplo.

En ese último año, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionaba públicamente esa última designación con la metáfora “el ratón cuidando el queso”, porque “Cabezas-Klaere ha actuado como abogado externo de Hispana de Seguros y el Biess mantiene prorrogada la póliza para seguros de desgravamen contratada con dicha compañía”.

Este Diario le solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere para conocer de qué forma su administración vigila los procesos pendientes de las firmas con las que tuvo una relación años atrás, pero este no aceptó.

Las empresas ligadas al caso Isspol

La relación profesional y jurídica entre Luis Cabezas-Klaere, las empresas Delcorp S. A. y Ecuagran, y su principal directivo Gad Goldstein, se evidencia de manera documentada principalmente entre los años 2020 y 2021, a través de actuaciones judiciales y administrativas claves.

El 25 de septiembre de 2020, Cabezas-Klaere, actuando como procurador judicial de Delcorp y Ecuagran, presentó formalmente una solicitud de concordato (concurso preventivo) ante la Superintendencia de Compañías. En esta fecha, él mismo le confirmó a la prensa haber realizado este trámite alegando que la empresa temía caer en cesación de pagos, según una nota de Primicias.

Durante su ejercicio como representante legal de Delcorp S. A. también se documenta una actuación específica sobre activos financieros. Cabezas-Klaere informó a la Superintendencia de Compañías que las empresas poseían certificados de depósito por $2,5 millones en el Banco del Austro.

Sin embargo, la resolución de disolución de Delcorp S. A. señala que la empresa no contaba con los documentos originales y que los habían solicitado al banco. “La renuencia en la entrega de la información en forma completa limita y obstaculiza la labor de control”, se lee en el documento de 2020.

Cabezas-Klaere ejerció la representación legal de Gad Goldstein, entonces presidente de las dos empresas (accionista en una), quien se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. Sobre él y otros exdirectivos de las firmas pesan varios procesos judiciales, como el caso de presunta falsedad de información.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2021, el abogado presentó un escrito ante la Unidad Judicial Norte 2 de Guayaquil informando que dejaba de representar a Goldstein, apenas unos días antes de que la justicia dicte órdenes de prisión preventiva contra él y otras personas en diciembre de ese año.

Luis Alberto Cabezas-Klaere también gerenció la empresa Continental Hotel S. A., dueña del Hotel Continental, entre 2021 y 2024, en un contexto de crisis económica tras el cierre de operaciones.

Cabezas-Klaere se consolidó en el cargo con el apoyo de Juan Francisco Bruzzone, quien se convirtió en su principal aliado frente a la desconfianza del bloque mayoritario de accionistas.

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La venta opaca del Hotel Continental que arrastra la firma de Luis Cabezas-Klaere

Redacción Actualidad

Su paso por la administración estuvo marcado principalmente por la polémica venta del activo principal (el edificio y las marcas) a la empresa Golfi S. A., de Simón Bolívar Rosero, por $4 millones, cuando las deudas ascendían a $6 millones, según socios de Bruzzicorp S. A., una de las accionistas.

Su rol como liquidador de Fidasa

La gestión de Cabezas-Klaere se caracterizó por cuestionamientos de socios y un liquidador de entonces, que alegaron que hubo una opacidad financiera, sin balances auditados y manejándose con “hojitas extracontables” en lugar de seguir las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El abogado también se desempeñó como liquidador de Fidasa S. A., en 2019. Esta firma estuvo bajo la lupa de la Superintendencia de Compañías. Uno de los accionistas fue investigado por la Fiscalía en torno al caso Isspol.

Como liquidador, Cabezas-Klaere tenía la función de representante legal de la compañía para fines de liquidación de deudas, es decir, vender los activos para repartir el dinero a los acreedores de la compañía: empleados, el Estado y bancos.

Este Diario solicitó información a la Superintendencia de Compañías para conocer el avance de los procesos de liquidación de las empresas citadas. Sigue pendiente la respuesta.

Los puntos claves

• La solución vial en construcción en la Juan Tanca Marengo ha generado largas demoras y crecientes cuestionamientos sobre la gestión del tránsito.
• En varios tramos, los conductores invaden carriles y bloquean intersecciones en un intento por salir del embotellamiento.
• El Municipio ha dicho que habilitará un primer cuerpo de la obra de forma progresiva, pero no respondió a las consultas de EXPRESO sobre las medidas para mitigar el impacto.

La queja no es aislada: se ha convertido en una constante que crece al mismo ritmo que el tráfico en la avenida Juan Tanca Marengo, uno de los corredores más transitados de Guayaquil, por donde circulan a diario cerca de 90.000 vehículos. La ciudadanía está harta, agotada de convivir con un embotellamiento que, denuncian, es hoy la norma en la vía.

Conductores exigen al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acciones inmediatas ante un escenario que, aseguran, se ha salido de control. La construcción de la solución vial en la intersección con la avenida Rodrigo Chávez ha profundizado el colapso.

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El proyecto, que apunta precisamente a desatascar esta arteria del norte de la ciudad, como ha venido publicando EXPRESO, forma parte de una intervención de mayor escala. La obra está proyectada a estar lista en un plazo total de 20 meses desde el inicio de su construcción, en septiembre pasado. Y es precisamente eso lo que más preocupa.

“Estamos hablando de casi dos años. No vamos ni nueve meses lidiando con esa construcción y todo es un caos que se extiende por kilómetros. Necesitamos que apresuren los trabajos o que haya más agentes. Estamos pagando el costo de una intervención en marcha sin un control efectivo del tránsito. Es inconcebible movilizarse así. Un dolor de cabeza que se agudiza. ¿Así estuvo planificado que fuera desde el inicio? ¿Hubo planificación?”, cuestionó Ronald Cajamarca, conductor que usa esta ruta para llegar a su oficina, ubicada al pie de la arteria.

Nos han pedido paciencia durante meses, pero la paciencia no reduce las horas que perdemos en el tráfico. Aquí parece que la obra avanzó más rápido en los planos que en la calle. Lo que vemos es desorden, bocinas y una movilidad que empeora cada semana.Leticia Barberán, residente de Urbanor 

Desde el Municipio se ha señalado en comunicados previos que se habilitará un primer cuerpo este año, bajo un esquema de apertura progresiva similar al aplicado en el paso elevado de la avenida de las Américas, que fue puesto en funcionamiento por fases. Sin embargo, al pedido formal de este Diario para conocer la hoja de ruta prevista para “oxigenar” la vía durante la obra, el tipo de control, el número de agentes destinados al lugar y la posición del Municipio frente al cuestionamiento de posibles fallas en la planificación e improvisación, no hubo respuesta.

Pero la expectativa de una apertura parcial no ha logrado calmar la molestia de los usuarios. Para ellos, la vía “ha desaparecido” en la práctica diaria: lo que antes tomaba 30 minutos ahora puede duplicarse o extenderse aún más, sin mejoras visibles en el horizonte cercano. La obra es percibida como un factor que ha agravado el problema, especialmente por la falta de gestión del flujo vehicular durante su ejecución.

Atrapados entre filas de vehículos

Un recorrido realizado por este Diario durante varios días constató que el colapso es sostenido: en la mañana el tráfico inicia alrededor de las 07:30 y se extiende hasta las 10:00; en la tarde, el escenario se repite entre las 17:00 y las 20:00.

“Solo se ve una marea de carros con luces rojas detenidas. Es horrible, desesperante. Con suerte uno o dos agentes intentan dar paso, pero no alcanza. ¿Dónde están los agentes? Esto es infernal”, reclama Nora Bourne, quien utiliza la vía a diario para llegar a su trabajo en el centro de la ciudad.

Lo más frustrante es sentir que nadie está gestionando el problema. Si van a hacer una obra de esta magnitud, deberían existir rutas alternas claras, agentes permanentes y una estrategia visible. Hoy lo que existe es improvisación.Ana Lupera, conductora habitual de la Juan Tanca Marengo 

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La escena se vuelve aún más crítica cuando la movilidad se desborda: motocicletas que buscan avanzar terminan subiendo a las veredas ante la imposibilidad de circular, reflejando un sistema colapsado donde cada usuario intenta sobrevivir como puede.

La Juan Tanca Marengo se ha convertido en una prueba de resistencia. Uno sale con tiempo y aun así llega tarde. El tráfico ya no es un problema de ciertas horas; es prácticamente permanente.Sebastián Carrillo, conductor 

Peatones atrapados en medio del desorden

A esto se suma una situación aún más compleja para los peatones, a quienes cruzar la avenida les resulta prácticamente imposible. Cerca del Tecnológico Espíritu Santo se forma además una especie de espiral de vehículos de la que solo se logra salir entre bocinazos, mientras los conductores intentan abrirse paso a la fuerza.

En ese punto, los carros invaden carriles, se cruzan de una vía a otra y los buses bloquean intersecciones, profundizando el desorden.

“Nadie está ahí para sancionar o dar la mano. Los conductores de buses hacen lo que les da la gana, algo ya típico en la ciudad, pero en este escenario te irrita el triple porque ya estamos asqueados de permanecer atorados en un tráfico que nadie logra solucionar. El Municipio se la ha pasado diciendo que está planificando, mentira. Aquí no se planifica nada. Hay tráfico infernal en la Juan Tanca, a tal punto que llega hasta el cruce con la avenida de Las Américas y la Francisco de Orellana, y del otro lado hasta el puente que conecta con la vía a Daule. ¿Es comprensible tener que conducir así? No, nunca. Qué cosa más horrible la movilidad en Guayaquil”, señaló el conductor Diego Endara, residente de Álamos Norte.

“Si no ven a los conductores, peor a los peatones. Nosotros somos irrespetados por todos. A diario debo cruzar la avenida para llegar a mi trabajo y lo hago agarrada de la mano, como los niños, con mis compañeras, con quienes nos topamos en un punto a las 8:00. La gente se ríe, pero no es gracioso”, lamenta Karina Guevera, enfermera de un centro médico ubicado en la ruta.

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La paciencia se agota mientras avanza la construcción

La intervención vial —cuya primera estructura se construye desde septiembre de 2025— registra avances parciales: ya cuenta con 10 pilas levantadas y varios cabezales colocados. Esta fase, destinada al tránsito en sentido este-oeste, está prevista para ser entregada a inicios del segundo semestre de este año.

Sin embargo, en el terreno, la percepción ciudadana es otra: la paciencia se agota mientras la obra avanza a un ritmo que no logra aliviar el “infierno diario”.

Lo preocupante es que seguimos escuchando promesas de mejoras mientras el caos continúa. La gente no está pidiendo milagros, está pidiendo orden, control y una solución temporal mientras termina la obra.Claudia Zarate, conductora

“Siempre he pensado que las soluciones viales no solucionan realmente nada. Ustedes, a través de especialistas urbanos, lo han detallado en repetidas ocasiones. Pero aquí nadie hace caso. Más cemento solo agrava un problema que ya no da abasto. Ojalá me equivoque. Ojalá también se equivoquen en Los Ceibos, donde el tráfico es agobiante. Lo que ahora se necesita son salidas: más agentes, más control. No podemos seguir perdiendo horas en esta vía, menos con la inseguridad que tiene Guayaquil. En medio del tráfico nos pueden robar, incluso matar. ¿Y quién responde?”, sentenció Roger Santander, residente de Urdenor, otro de los vecindarios afectados.

Lo que debes saber

• La Cámara de Minería sostiene que permitir la revisión o renegociación de contratos vigentes representa una amenaza para la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
  
• El gremio asegura que la Ley de Minería ya contempla mecanismos como el ajuste soberano para garantizar que el Estado reciba como mínimo el 50 % de los beneficios totales de los proyectos.
• Aunque mantiene una mesa de diálogo con el Gobierno, la Cámara no descarta futuras acciones legales.

Los acuerdos 056 y 057 firmados por Inés Manzano, exministra de Ambiente y Energía, que dejó el cargo a finales de abril de 2026, causaron un remezón tras su publicación en el Registro Oficial el 20 de mayo. La posibilidad de revisar contratos de explotación de minerales ya firmados encendió las alertas de la industria, que advierte riesgos para la seguridad jurídica y atracción de inversiones.

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Los cuatro únicos contratos de explotación de minerales, que ha firmado Ecuador en los últimos 14 años (Mirador, Fruta del Norte, Cascabel y Cangrejos), pueden ser sujetos de revisión. Así lo establece la reciente normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, que introduce cambios para el desarrollo de esta actividad, que actualmente representa el tercer rubro de exportación, está después del camarón y del petróleo.

- ¿Cómo toma la Cámara de Minería de Ecuador la publicación de estos acuerdos que permiten al Estado o la Empresa Nacional Minera (Enami) revisar o renegociar contratos cuando ellos lo consideren?

Esa disposición atenta contra la seguridad jurídica porque dice con todas las palabras que los contratos son una simple referencia. Es decir, se pueden abrir y modificar cuando el Estado lo considere conveniente. Los contratos son ley para las partes y esa es la base de cualquier inversión. Si esa base se debilita, se genera incertidumbre para todos los sectores productivos.

El sector minero apunta al diálogo

- ¿Qué implican estas disposiciones para contratos ya vigentes como los de Fruta del Norte y Mirador?

En este momento estamos en una etapa de diálogo. Creemos que el diálogo va a llegar a un buen puerto y que estas tremendas zozobras que nos generan los dos acuerdos, tal vez fueron producto de algún tipo de error. Confiamos en que la autoridad va a tener la suficiente apertura y sentido jurídico para hacer respetar el Estado de derecho.

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- El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, sostuvo que algunos contratos son desfavorables para el Estado y agregó que si no estaban de acuerdo que se podían ir. ¿Consideran qué hay apertura para el diálogo?

Esto ha generado muchísima preocupación en el sector. Estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía desde la semana pasada, vamos a tener un espacio para poder hablarlo en estos días. Esto no es un tema menor. Tengo esperanza en que el diálogo será fructífero porque al final el Estado y la industria queremos lo mismo, no somos antípodas somos aliados.

La seguridad jurídica preocupa

- ¿Qué puntos planteará la Cámara en el diálogo con el Gobierno?

Primero, que los contratos son ley para las partes. Esa es la esencia y la definición básica de un contrato. Entonces, si pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país. No es problema de un concesionario, es un efecto negativo para el país.

El segundo es que ya existen mecanismos en la Ley de Minería para proteger los intereses del Estado en el caso de un incremento de precios de los minerales, como el ajuste soberano. También nos preocupa la disposición relacionada con la propiedad de la información geológica, porque desincentiva la exploración al desconocer el riesgo y la inversión que realizan las empresas para generar ese conocimiento.

Si los contratos pueden ser modificados, abiertos, renegociados cuando el Estado quiera y por las circunstancias que sean, eso es una afrenta a la seguridad jurídica. Y eso tiene un efecto devastador para el país".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.

- ¿El ajuste soberano aplica al final del proyecto?

No siempre es al final. Además, excluye los costos de exploración a través de un contrato, pese a que un proyecto grande de exploración destina alrededor de $200 millones (...) Los ecuatorianos tienen que estar absolutamente conscientes de que el Estado ecuatoriano nunca, jamás va a ganar menos de la mitad de lo que gana una compañía extranjera, porque hay un mecanismo consagrado en la Constitución y en la Ley de Minería que se llama ajuste soberano y se puede activar cuando terminas de pagar la inversión.

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¿La historia se repite?

- ¿El sector minero está viviendo lo que ocurrió con las renegociaciones petroleras durante el gobierno de Rafael Correa, que luego derivó en la presentación de arbitrajes?

No quiero comparar gobiernos. Lo que sí puedo decir es que estos acuerdos ministeriales representan una amenaza para la seguridad jurídica. En los negocios, la palabra y el cumplimiento de los contratos son fundamentales.

- Si el diálogo no prospera, como ocurrió con la tasa minera, ¿la Cámara contempla acciones legales?

En este momento nuestro mandato es dialogar. Estamos participando en conversaciones con las autoridades y esperamos que ese proceso sea fructífero. No queremos adelantar escenarios futuros.

- Luego de la tasa minera emitida en 2025 hubo mesas técnicas, diálogos y tras ello tienen ocho acciones de inconstitucionalidad en trámite.

(Silencio). Tenemos la esperanza de este canal de diálogo, la industria está actuando de buena fe. La Cámara responde también a sus socios y va a llegar un momento en que los socios posiblemente exijan cierto tipo de acciones. Por el momento es el diálogo. Pero, no descarto que más adelante el mismo socio exija algún tipo ya de una acción un poco más drástica.

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Las acciones legales no están descartadas

- ¿Esa acción drástica es un arbitraje internacional o demandas de inconstitucionalidad?

No me quiero adelantar, pero pueden ser acciones legales, no estoy amenazando por si acaso porque mi mandato ahora es dialogar.

Si es que la inversión que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- El ministro Blum dijo que si no están de acuerdo se pueden ir. ¿Es esa la opción?

No quiero llegar a ese escenario, creemos que todavía podemos hablar con el Estado, pero obviamente esta falta de seguridad jurídica no solo repele la inversión, que no llega, sino que si es que la que está aquí se va, no se va simplemente apagando la luz y cerrando la puerta, sino con acciones que finalmente nos perjudican a todos. Ya ha sucedido en el pasado con el petróleo. No queremos seguir ese camino,

- ¿Considerarían recurrir a un arbitraje internacional?

Esperemos no llegar a eso ni a acciones de inconstitucional.

La minería tiene futuro en Ecuador

-Después de la tasa minera, ajuste de la tarifa eléctrica, obligación para autogenerar su energía y los recientes acuerdos, ¿la minería tiene futuro en Ecuador?

Tenemos recursos geológicos extraordinarios y el mundo necesita minerales. La minería puede ser una herramienta clave para reducir la pobreza y atraer inversión. Pero para lograrlo necesitamos seguridad jurídica, reglas claras y un diálogo permanente entre el Estado y la industria. En Ecuador no hay inversión fresca desde hace ocho años. Sí hay los takeovers, se compran concesiones, pero no hay proyectos de exploración nuevos desde hace ocho años.

- ¿Conocía la Cámara sobre los ajustes que el Gobierno plantea en estos acuerdos?

Hace casi dos años se nos pidió observaciones sobre un borrador muy parecido a estos acuerdos. La Cámara presentó sus comentarios y posteriormente consultamos sobre su evolución, pero nunca recibimos información. Finalmente apareció publicado en el Registro Oficial el 20 de mayo. Reconocemos que es la autoridad la que emite la norma, pero creemos que las decisiones deben tomarse de manera informada y con diálogo con los sectores involucrados.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar.

Nosotros no pretendemos hacer la normativa, los reglamentos, porque no nos corresponde, pero si nos corresponde dar un criterio. Pero en algunas ocasiones hemos visto que la autoridad emite la norma sin socializar".María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador

- Los acuerdos de asociatividad con la Enami no requieren un catastro abierto. ¿Los acuerdos ministeriales permiten que este camino abra las puertas a nuevas inversiones?

Las empresas serias, grandes, estandarizadas van a preferir un camino mucho más establecido que un instructivo mediante el cual a través de Enami se puedan hacer acuerdos de cooperación.

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Para venir a invertir en el país se necesita reglas de juego mucho más establecidas, porque están arriesgando tiempo y millones de dólares

Los acuerdos 056 y 057 tienen sustento legal

- ¿Y estos acuerdos no brindan esa garantía?

- Estos instructivos no te dan la seguridad que te podría dar un marco regulatorio estable y profesional hecho con los mejores estándares del mundo, hecho como tienen los demás países. Eso al final se traduce en el ánimo o no de que lleguen los inversionistas.

- ¿Lo que establecen estos acuerdos tiene un respaldo legal?

Creemos que no. Hemos hecho un análisis legal técnico y creemos que es ilegal e inconstitucional. Están cambiando reglas a través de norma secundaria. Eso, es un error legal.

Lo que debes saber

• Jaime Nebot sostiene que la ciudad de Guayaquil perdió rumbo tras su salida del municipio, en 2019.
  
• El exalcalde señala que la prisión preventiva de Aquiles Álvarez es un golpe político para el Puerto Principal.
• Nebot cuestiona que la justicia sea utilizada para fines electorales tras detención del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, analiza con EXPRESO la crisis del municipio que dejó en 2019, la gestión de Aquiles Álvarez y el futuro político de la ciudad ante las próximas seccionales de noviembre de 2026. En una entrevista exclusiva, el exlíder municipal rompe el silencio para evaluar la pérdida de rumbo institucional, el impacto de la judicialización de la política en el Puerto Principal y el estado de los grandes proyectos de movilidad e infraestructura como la Aerovía y el nuevo aeropuerto.

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Jaime Nebot habla de recuperar la autoestima de Guayaquil y revela su futuro político

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Jaime Nebot después de la Alcaldía de Guayaquil

- Desde que salió de la Alcaldía sus apariciones han sido puntuales. ¿Por qué se ha mantenido al margen?

Porque cuando uno es funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas permanentemente. Soy de las personas que creen que uno tiene que hablar cuando tiene algo que decir, y es lo que he hecho.

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- ¿Pero con conferencias y entrevistas basta para incentivar el cambio del que usted habla en sus intervenciones?

No, pero una situación como la actual, donde el cambio es indispensable y no simplemente necesario para que Guayaquil vuelva a ser Guayaquil, me obliga a una frecuencia mayor dentro de este plano. Estamos para ayudar a resolver problemas, no para crearlos.

Crisis municipal y la pérdida de la identidad guayaquileña

- En su más reciente aparición pública usted destacó la huella que las administraciones de León Febres-Cordero y la suya dejaron en la ciudad. ¿Por qué su sucesora, Cynthia Viteri, no lo pudo sostener?

En esa misma conferencia terminé con una frase: lo que se construye en una era se puede destruir en una hora. No estoy para calificar a las personas que me han sucedido, sino para calificar la realidad. Y la realidad es muy distinta de lo que yo dejé. Esta es una ciudad sin rumbo, sin metas. A eso hay que volver, porque el mayor de los bienes que tiene un ciudadano es su autoestima, y ha desaparecido.

Si ganamos (la Alcaldía de Guayaquil) y quien resulte electo no cumple, nosotros mismos impulsaremos la revocatoria de mandato.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- ¿En qué momento desapareció esa autoestima?

Cuando se van deteriorando las cosas.

- ¿Quién es responsable? En 2023, el proyecto del PSC no fue ratificado por los guayaquileños y eligió a Aquiles Álvarez como alcalde.

El pueblo pensó que algo no estaba bien. El legado no me lo pueden quitar, porque es lo que yo hice. Si mejoró o empeoró, es problema del que lo mejoró o lo empeoró.

El rol del Partido Social Cristiano y la situación de Aquiles Álvarez

- ¿Cuál es el mea culpa que hace el PSC tras perder su bastión, Guayaquil, en 2023?

Uno hace mea culpas cuando tiene la culpa de lo que pasa. El que tiene la culpa o el mérito es el que administra o quiere administrar. Y el partido no administra.

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- Tal vez otras figuras, como Doménica Tabacchi, habrían podido ser una mejor opción...

Lo que pasó, pasó. Y lo que no pasó, no va a pasar. El pasado se acabó y sirve para enmendar errores o rescatar aciertos.

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- ¿Qué opina de la administración de Aquiles Álvarez? Permanece preso sin tener una sentencia condenatoria.

Separemos lo judicial de lo político-representativo. La justicia tendrá que resolver, ojalá dentro de la ley, lo justo. ¿Cómo no va a afectar a una ciudad que el alcalde esté preso? La ciudad está a la deriva y eso afecta y mancha el orgullo de ser guayaquileño.

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- ¿Es un perseguido político?

El que diga eso tendrá sus razones de decirlo. Yo lo que creo es que es un escenario terrible. La ciudad de Guayaquil está a la deriva. La ciudad que yo dejé, comparada con esta, es otra ciudad.

- No es el único caso. Este 3 de junio de 2026 fue detenido el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, por un supuesto caso de lavado de activos a pocos meses de las elecciones...

Ahora esa parece ser una patente para tratar de ganar elecciones: descalificar a los que tienen los votos. No conozco el fondo, pero parece, porque es algo que sucede en Guayaquil, Cuenca, Portoviejo... Y eso está mal. Los votos se ganan cumpliendo, con seriedad.

Perfil del próximo alcalde y desafíos de movilidad para Guayaquil

- Con las seccionales cerca, ¿cuál es el perfil de alcalde que necesita Guayaquil para no estar a la deriva?

Debe tener conocimiento de los problemas y sus soluciones, para quién se solucionan los problemas. Pero, sobre todo, el administrador tiene que saber que un alcalde no es un simple hacedor de obras, sino alguien que representa a una comunidad y defiende lo que la gente quiere.

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- Sin embargo, hay situaciones como la del alcalde Álvarez, que ha denunciado que precisamente por defender los intereses de Guayaquil ha sido víctima de persecución por parte del Gobierno.

Yo me enfrenté a Rafael Correa públicamente, sin insultar, pero con tesis muy claras y contrarias a las que sostenía el presidente, y no me pasó nada. La verdad no ofende. Y si ofende, es problema del ofendido.

El Gobierno de Daniel Noboa y cualquier presidente puede hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil.Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del PSC

- El próximo alcalde deberá asumir viejos retos de la ciudad como la movilidad. ¿Cómo mejorarla, sin caer en situaciones como la Aerovía?

La Aerovía se hizo porque había que hacer una vía paralela aérea al puente de la Unidad Nacional. ¿Por qué se ha quedado solo para el turismo? Porque no hay un sistema de alimentación en Durán, porque no les ha dado la gana de hacerlo, y porque se ha permitido que el exceso de buses y de tráileres continúe.

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- ¿El río puede ser otra opción para la movilidad?

Hay que recuperarlo turísticamente, pero el transporte acuático para personas no es rentable por velocidad, por costo y, sobre todo, porque es una sola vía. Se tendría que dejar a la gente en varias estaciones a lo largo del malecón para que se bajen y luego tomen nuevos transportes. No es una solución integral ni válida, aunque sea bonita.

Crisis de seguridad y el futuro del aeropuerto de Daular

- La seguridad es otro reto. ¿Cómo trabajar con el Gobierno sin llegar a los extremos de la intervención, como sucede con Segura EP, o no contar con apoyo, como ha denunciado el alcalde Aquiles Álvarez?

¿Cuando fui alcalde hubo ese conflicto? No, porque había un alcalde que hacía respetar la autonomía, pero era consciente de que había que aportar para tener una política de seguridad. No desprecio ningún esfuerzo, pero el tema no está acabado. Guayaquil está entre las ciudades más peligrosas del mundo. Hay esfuerzo, sí; hay una solución, no.

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- La posible construcción de un aeropuerto en Taura por parte del Gobierno es otro de los temas con los que el próximo alcalde deberá convivir. ¿El fideicomiso para el aeropuerto en Daular corre peligro?

El Gobierno de Daniel Noboa y de cualquier presidente tiene facultad para hacer un aeropuerto donde le dé la gana, menos en Guayaquil. Pero no puede coger la plata de Guayaquil para hacerlo en Naranjal. Al fideicomiso no le pasará nada porque no lo puede tocar, salvo que viole la ley penal.

Lo que debes saber

• Corte Constitucional admite demanda contra tasa de basura en Quito por presuntos cobros excesivos desde enero.
• Ciudadanos y concejal denuncian incrementos en planillas de agua en Quito usados para calcular tasa de basura.
• Reclamos superan miles en Quito mientras se cuestiona el método de cobro y la ordenanza municipal vigente.

La controversia por la tasa de recolección de basura en Quito escaló a un nuevo escenario judicial. La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por ciudadanos contra el cobro que, desde enero, se aplica a través de la planilla de agua potable.

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La decisión abre un proceso de revisión sobre una ordenanza que ha generado miles de reclamos por presuntos cobros excesivos.

Sin embargo, esta no es la única acción legal impulsada contra la medida. Hace tres meses, el concejal Michael Aulestia también presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de recolección de basura, donde cuestiona el mecanismo utilizado para calcular el valor que pagan los usuarios.

Reclamos se multiplican en distintos sectores de Quito

Mientras esas acciones avanzan, a cuatro meses de la entrada en vigencia del nuevo esquema, las quejas aún se acumulan. Los usuarios no solo denuncian incrementos considerables en la tasa de basura, sino también la aparición de otros rubros en las planillas de agua, cuyos conceptos y valores, aseguran, no han sido explicados con claridad por las autoridades municipales.

Uno de esos casos es el de Roselena Morales, habitante de Alangasí, quien acudió este miércoles a las oficinas municipales para solicitar explicaciones por los montos registrados en su factura.

Según relató, hace dos meses recibió una planilla con una deuda superior a los 160 dólares. Tras presentar un reclamo y llenar un formulario de revisión, obtuvo una rebaja y terminó pagando 61,10 dólares.

Posteriormente, el mes pasado canceló alrededor de nueve dólares, monto que aseguró era el valor habitual de su consumo. No obstante, en la factura más reciente volvió a registrarse un incremento inesperado. “Ahora nuevamente me sale una deuda de 160 dólares. Me acerqué a consultar y me dicen que tengo que pagar 70 dólares, pero no me dan una explicación clara sobre el motivo de estos cobros”, manifestó.

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La usuaria explicó que en su vivienda habitan cuatro personas, pero durante gran parte del día el inmueble permanece vacío debido a las actividades laborales y académicas de la familia. Por ello considera que los valores facturados no corresponden al consumo real de agua.

Las denuncias como esta se han repetido en distintos sectores del Distrito Metropolitano. El origen de la polémica radica en que la tasa de basura ahora se calcula tomando como referencia el consumo de metros cúbicos de agua, un mecanismo que ha sido cuestionado por concejales, dirigentes barriales y ciudadanos.

Concejal cuestiona metodología de cálculo de la ordenanza

El concejal Wilson Merino señaló que la admisión de la demanda por parte de la Corte representaría un primer paso para revisar una ordenanza que, a su criterio, utiliza un método de cuantificación que no guarda relación entre el consumo de agua y la generación de residuos.

“Los vecinos siguen viendo con desesperación cómo llegan las planillas. Han existido medidas parche, pero no una solución definitiva”, afirmó.

Según el edil, más de 60.000 reclamos han sido registrados en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y en la Empresa Metropolitana de Aseo. Además, sostuvo que más de 420.000 usuarios pagan actualmente valores superiores a los del año pasado.

Merino aseguró que los problemas se presentan tanto en parroquias rurales como Alangasí, La Merced, Píntag, Calderón, Perucho y San José de Minas, donde los ciudadanos cuestionan pagar montos elevados pese a recibir servicios de recolección limitados. También mencionó casos en barrios antiguos de la ciudad donde fugas o daños en tuberías habrían provocado consumos elevados que terminan impactando directamente en el cálculo.

A estas denuncias se suman nuevos reclamos por otros rubros reflejados en las planillas. El concejal indicó que durante los procesos de fiscalización se han detectado presuntas inconsistencias, entre ellas, descuentos que no se aplican a adultos mayores y valores que no tendrían relación con el consumo registrado.

Este Diario buscó la versión de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) respecto a los rubros que aparecen en las planillas y sobre la demanda de inconstitucionalidad admitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta oficial.

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Mientras tanto, el plazo para que el Municipio presente una reforma a la ordenanza sigue avanzando sin resultados concretos.

Entre marzo y abril, el Concejo Metropolitano mantuvo reuniones con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para analizar la posibilidad de que la tasa vuelva a cobrarse mediante la planilla de luz. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente estableció condiciones técnicas y sociales que hasta ahora no se han materializado, aseguró Merino.

Su llegada al cargo se produjo en medio de cuestionamientos por un conflicto de intereses, señalado por políticos y organizaciones de la sociedad civil, ya que su padre, Luis Alberto Cabezas Parrales (+), tenía relación con Hispana de Seguros y Reaseguros S. A., empresa que prestaba servicios al Biess.

El abogado de 50 años ha estado vinculado al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere, donde trabajaba su padre y tenía acciones junto con su hermano Felipe. En la actualidad, sus acciones ahora las tiene su hijo Luis Alberto Cabezas-Klaere Ayala.

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EXPRESO intentó sostener una entrevista con Cabezas-Klaere, pero este no aceptó. “Cualquier respuesta a la entrevista sin duda será manipulada o sacada de contexto”, argumentó.

Desde este miércoles 3 de junio de 2026, este Diario publica varios episodios de los pasos del abogado escogido por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar cargos claves en la sociedad ecuatoriana.

A las preocupaciones pasadas de organizaciones de la sociedad civil se suman otras alertas, como lo hizo la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa (editora de EXPRESO).

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Al momento de la posesión de Cabezas-Klaere, el Biess mantenía una póliza de seguro de desgravamen prorrogada con Hispana de Seguros, para los préstamos hipotecarios. Esta situación se originó porque se suspendió el concurso para elegir a las empresas que ofrecerían ese aseguramiento y por acciones legales para culminar ese proceso, en 2022.

Este Diario solicitó una entrevista a dicha compañía, a través de un correo electrónico. Como respuesta, se indicó que sus políticas “no permiten entrevistas presenciales ni en vivo”.

En términos económicos, el Biess pagaba a Hispana de Seguros aproximadamente $60 millones al año por ese servicio.

En la actualidad, tres empresas, entre esas Hispana, ofrecen el seguro de desgravamen. A finales de 2024, la administración de Cabezas-Klaere en el Biess impulsó un concurso para escoger a las aseguradoras. Los afiliados y jubilados que tenían un préstamo tenían que escoger a una de las tres empresas, cuya tarifa es la misma. Quien no hacía la elección, automáticamente mantenía la cobertura con la compañía que venía ofreciendo el producto (Hispana), informó el Biess en ese año.

Sobre las acusaciones de conflicto de intereses, medios periodísticos han señalado que, tras su llegada a la gerencia del Biess, el nombre del padre de Cabezas-Klaere “desapareció” de los registros de la Superintendencia como directivo de la aseguradora.

EXPRESO tuvo acceso a una captura de pantalla del documento digital que data del 6 de febrero de entonces, donde se lee el nombre de esa persona y la leyenda “Miembro del Directorio-Presidente”. En una revisión al portal de la ‘Super’, del 19 de marzo de 2026, un equipo de este Diario no halló información en el apartado de Administradores Anteriores: “No se ha encontrado información para mostrar”. Sin embargo, en los registros de la aseguradora sí consta el nombre de Luis Alberto Cabezas Parrales como miembro del directorio.

En un episodio reciente, se volvió a denunciar cambios en los registros societarios. El 5 de marzo pasado, Raúl Chávez publicó un tuit dedicado a Cabezas-Klaere: “A partir del 15 de mayo del 2025, cuando esté posesionado como nuevo asambleísta de la república del Ecuador, voy a pedirle que sustente por qué han manipulado información del portal del sistema de consultas de la ‘Super’ de Compañías (...). Todo para proteger a los que entregaron el campo Sacha a dedo”.

Yo pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio.

Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

En torno a los vínculos del funcionario, dirigentes de la sociedad civil, como Henry Llanes, del Frente Nacional por un Nuevo IESS, solicitaron a la Contraloría y a la Superintendencia de Bancos un examen especial y un análisis al nombramiento de Cabezas-Klaere como gerente del Biess, en ese mismo orden.

La denuncia argumentaba que su designación contravenía el artículo 10 (numerales 4 y 6) de la Ley del Biess, que prohíbe ser directivo a quienes tengan vinculación con el sistema de seguros privados o representen intereses de terceros en dichas compañías.

“Pedí la auditoría por manifiesto conflicto de intereses. Era notorio. El estudio jurídico asesoraba a Hispana y el padre de Cabezas-Klaere era presidente de Hispana de Seguros”, remarcó Llanes, quien dijo no haber recibido respuesta de la Contraloría.

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Este Diario preguntó a esa institución sobre ese pedido. También solicitó el documento del análisis. Ante lo cual, la entidad dijo que realizó una verificación preliminar en 2024, constatando que “la designación del funcionario se realizó conforme a la normativa y a la ley, por lo que no se identificaron irregularidades”. Sigue pendiente la entrega de la documentación.

La gestión de Cabezas-Klaere en el Biess finalizó en octubre de 2024, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Las claves que debes saber

• Audio de Ecuavisa del 25/07/2025 revela a Inés Manzano coordinando con Celec para bloquear fiscalización del caso Progen en Ecuador.
• Conversación implica a Manzano y Diana Jácome en estrategia en Asamblea para evitar control del correísmo sobre Progen.
• Fiscalía habría excluido audio y pruebas clave y mantiene peculado pese a indicios de delincuencia organizada en Progen.

El audio que sacó al aire Ecuavisa, en el que se escucha a la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, coordinando con Fabián Calero, de Celec, es la prueba de algo que ya se olía en el caso Progen: ahí hubo mucho más que peculado; huele a delincuencia organizada. Y en un eventual caso de delincuencia organizada, la investigación debería extenderse a muchos más actores que participaron en el robo al erario público de Ecuador y en el intento, evidentemente coordinado entre varios, de encubrirlo.

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Lo que hizo el audio fue poner en evidencia que el Gobierno diseñó y ejecutó un operativo político para bloquear la fiscalización en la Asamblea. 

Y, al menos en ese operativo, estuvieron involucradas dos figuras de alto perfil en la administración de Daniel Noboa: Inés Manzano y Diana Jácome. La primera, como ministra de Energía, y la segunda, que ya salió a negarlo todo, como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea.

Las supuestas instrucciones del audio de Manzano

De acuerdo con el audio, el 25 de julio de 2025 la entonces ministra de Energía, Inés Manzano, dio instrucciones a Fabián Calero, quien actuaba como gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). En esas instrucciones le decía que se había acordado dentro del Gobierno que el caso Progen iba a ser conocido por la comisión presidida por Jácome, como estrategia para evitar que otras comisiones, donde había mayoría del correísmo, se apoderaran de la fiscalización y evitar así el primer intento de interpelación política por los casos Progen y ATM.

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El contenido de la supuesta conversación es contundente. Manzano no solo le cuenta a Calero que existe un acuerdo con Jácome para impedir que el correísmo se tome el tema, sino que le pide (y esto quizá es lo más grave) que diga únicamente aquello que no complique más a los responsables de la trama.

“Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida y llamar a las comparecencias porque otra comisión, donde está la mayoría de Revolución Ciudadana, también lo estaba pidiendo, y ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: ‘prefiero llamarlo yo’”, le dice Manzano a Calero en la primera parte. 

Manzano habría instruido qué responder en Comisión

Luego le comunica que será él quien acudirá a la audiencia y le sugiere que las preguntas que le harán ya están acordadas. “Entonces, es por eso que tendría que ir y las preguntas ya se imaginan lo que van a ser”.

Por último, le ordena lo más delicado: que no diga nada que pueda comprometer a los protagonistas de la trama. “Tiene que ser más escueto, o sea, hablar, decir que todo se llevó a cabo y que tiene el tema de la... eh... No sé si hay una... eh... Mejor dígame qué puede decir que no vaya a ahondar más en el problema”, le dice Manzano a Calero.

Según ese medio, el audio estaba en manos de la Fiscalía, pero no había sido incorporado al expediente del caso.

La instrucción de Manzano se cumplió en la Comisión

Como resultado de estas directrices, la primera comparecencia en la comisión de Jácome se realizó sin la presencia de los ministros encargados, es decir, Manzano y Roberto Luque, quienes delegaron las respuestas al entonces viceministro Calero. El proceso derivó en un informe final sin establecimiento de responsabilidades políticas.

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La aparición de este material pone en evidencia que hay muchos actores que han actuado de forma concertada y coordinada para cometer el delito y encubrirlo. No solo están las instrucciones de Manzano a Calero en el audio, sino también la actuación de la Fiscalía. 

Audios y videos fueron entregados a Fiscalía

Tanto ese audio como otros documentos y videos (por ejemplo, el de los técnicos que denunciaban desde un hotel en Estados Unidos que se estaban comprando equipos que no servían), que son fundamentales para identificar a los responsables de la estafa, han sido deliberadamente excluidos del expediente por el fiscal Carlos Alarcón.

Es decir, todo apunta a que incluso Alarcón y otros funcionarios de la Fiscalía podrían ser parte de un plan concertado entre varios actores para encubrir el delito. Eso sin mencionar la no vinculación en el juicio de dos exministros claves en esta historia: la propia Manzano y Roberto Luque, así como de los dos administradores de los contratos.

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Y lo de la Fiscalía no termina ahí. Tampoco ha incluido en el proceso el contrato que Progen firmó para la planta de generación de Catamayo, donde se perfeccionó el modelo del negociado.

¿Y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES)? Ese organismo tampoco hizo su trabajo pese a que, se conoce, allí existía información sobre el desfalco.

Hasta ahora, la Fiscalía ha estado presentando el caso como un delito de peculado. Pero, tal como están las cosas, aquí hay una acción concertada, lo que apunta a un posible delito de delincuencia organizada.

Diferencias entre peculado y delincuencia organizada

De acuerdo con el sistema penal ecuatoriano, en el peculado hay una o varias personas que se benefician del robo de recursos públicos. En el delito de delincuencia organizada, en cambio, se requiere la participación coordinada de varias personas y puede involucrar a funcionarios, políticos y empresarios particulares.

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Las penas también son diferentes. El delito de peculado está sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En cambio, para la delincuencia organizada, la pena varía según el rol que tenga la persona dentro de la organización: los dirigentes, financistas o quienes ejerzan mando enfrentan penas de 10 a 13 años de prisión, mientras que los integrantes o colaboradores pueden recibir entre 7 y 10 años.

Según penalistas consultados, en este caso podrían coexistir ambos delitos. Sin embargo, la Fiscalía no ha querido hablar de delincuencia organizada.

Lo que se sabe

• Estudiantes universitarios realizaron propuesta para unificar y hacer más caminables tres parques de La Garzota
• Espacios actualmente necesitan mantenimiento y mejoras
• Involucrar a la comunidad y mantener la esencia barrial son los retos

Caminan rápido, como esperando que alguien no las alcance. Nadie las sigue, pero perciben que en cualquier momento puede sorprenderlas un antisocial que les robe o las ataque.

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Así es la dinámica para las personas que cruzan a diario el parque ubicado en la calle peatonal que une la 5.ª y la 6.ª herradura 2A NE con la calle Luis Mendoza Moreira, en la ciudadela La Garzota.

Este es el parque que se encuentra en mal estado

Es la parte trasera del parque de un reconocido centro comercial de esta zona del norte de Guayaquil. Y es el enlace con el área verde denominada parque de La Garzota, que está junto a la matriz de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El parque de La Garzota se encuentra junto a la matriz de CNEL

Presurosa y con temor, Elizabeth Maldonado describe lo que siente al pasar por el parque peatonal, cuyos juegos infantiles están dañados, además de presentar el césped crecido, sobre el cual se ve basura regada: “Me da miedo. Pasadas las 18:00 es peligroso pasar por ahí”.

Las luminarias oxidadas y en mal estado son muestra de que la oscuridad se vuelve aliada de la delincuencia por las tardes y noches. Así lo afirma la residente Yamileidy Contreras. 

“Hay personas que se esconden detrás de los árboles o que usan como baño las paredes. Es bastante peligroso. La iluminación es pésima. Muchas personas se han quejado, pero el mantenimiento no es constante. El Municipio no viene a reparar”, menciona la moradora.

Necesitamos que haya guardias resguardando los parques, más que todo para que se mantenga el parque y también por las personas que van a pasar".
Yamileidy Contreras, residente 

Crear una red de parques en La Garzota se propone

Durante los últimos seis meses, un equipo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Guayaquil recorrió esta zona para conocer sus necesidades y proponer una red de parques.

“La propuesta lo que busca es ubicar tres hitos iniciales en cada uno de los extremos del proyecto para hacer un solo parque lineal, que trate de preservar la independencia de cada manzana, pero que se entienda como un recorrido conjunto”, explica a EXPRESO el coordinador del área de Diseño de la FAU, José Aguirre-Déleg.

“Cuando se tiene un espacio público dinámico, el uso y ocupación del espacio también garantizan o ayudan a la seguridad, porque hay más ojos observando en la calle. Con esa premisa lo que se busca es que la activación de estos espacios intermedios entre parques pueda justamente activar esa dinámica social, que a su vez también permita ir mejorando la seguridad”, señala Aguirre.

Aprovechando el movimiento del centro comercial, se plantea un parque con esa temática. Mientras que para el espacio que está detrás de CNEL se buscaría algo tipo plaza, para desarrollar actividades culturales, deportivas, ferias, etc.

Finalmente, en el parque que está descuidado y otro que conduce a la cancha de tenis entre la 3.ª y la 4.ª herradura 2 NE, se aprovecharía la vegetación existente para hacer un espacio tipo jardín. 

Este último parque tiene acceso limitado porque cuenta con rejas, lo que se vuelve un desafío al momento de generar un espacio libre que integre a la comunidad y no la fragmente.

El otro parque que forma parte de la propuesta está cerrado con rejas

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Intervención debe incluir a la comunidad

Para la arquitecta María Fernanda Cárdenas, es importante que el proyecto incluya a la comunidad. “La participación real implica que los vecinos se involucren en el proyecto, no que solo lo aprueben. Hacen falta diálogos con el consejo barrial: qué actividades necesitan, en qué horarios usan el espacio, qué problemas concretos tiene el parque hoy. Sin eso, el riesgo es tener un parque bien diseñado que el barrio no siente suyo”.

“Un corredor bien ejecutado mejora la conectividad peatonal y ciclista, reduce la dependencia del automóvil, activa el entorno y da identidad al barrio. Puede fallar si el diseño no considera la escala humana: corredores anchos con poca sombra, con espacios de descanso que nadie usa porque resultan incómodos para el clima de Guayaquil”, dice Cárdenas.

Conectar los parques transformaría completamente la dinámica barrial. No hablamos de espacios aislados, sino de un sistema que activa la movilidad peatonal".
María Fernanda Cárdenas, arquitecta

EXPRESO pidió una entrevista con el Municipio para conocer los detalles y plazos de este proyecto, resultado del concurso ‘Paréntesis urbanos’, y está a la espera de una respuesta. 

En La Garzota también esperan una pronta respuesta a la necesidad comunitaria de mejorar e integrar sus espacios aplicando una visión académica.

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Lo que debes saber

• Analistas explican por qué Colombia ocupa un lugar prioritario en la agenda de Daniel Noboa.
• Expertos debaten si las acciones del mandatario constituyen una forma de incidencia en los comicios colombianos.
• La seguridad, la frontera y la relación con Estados Unidos aparecen como factores clave detrás de esta estrategia.

Dos días antes de las elecciones presidenciales de Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará la tasa de seguridad que aplicó a las importaciones provenientes de ese país a partir de febrero de 2026. Aunque sus acciones han sido interpretadas por algunos sectores como una posible injerencia en el proceso electoral colombiano, también abren el debate sobre la importancia estratégica que Colombia tiene en la agenda política y económica del mandatario ecuatoriano.

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De la afinidad política al cálculo geopolítico

Ivonne Téllez, especialista colombiana en Derecho Internacional y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sostiene que las acciones del presidente Noboa constituyen una injerencia en un proceso electoral ajeno. A su criterio, la actuación del presidente no ha seguido una línea política consistente.

Recuerda que inicialmente él mostró cercanía con la presidenciable Paloma Valencia y los sectores del uribismo, pero posteriormente trasladó su respaldo hacia Abelardo de la Espriella cuando este comenzó a ganar protagonismo en las encuestas. Para la académica, ese cambio evidencia una estrategia basada más en la conveniencia coyuntural que en convicciones ideológicas definidas. “No vemos ni siquiera una línea coherente dentro de su propia área de afinidad política”.

Según la experta, detrás de estas acciones existe una intención de alinearse con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. En ese escenario, Ecuador buscaría posicionarse como uno de los principales aliados regionales de Washington en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Tomar partido en los comicios presidenciales de Colombia rompe las reglas de la diplomacia internacional y compromete a Ecuador en una disputa que no le corresponde.Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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Colombia, un socio estratégico para Ecuador

Arturo Moscoso, abogado, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, manifiesta que el presidente ecuatoriano busca favorecer a un candidato que comparta una visión más cercana a la de Estados Unidos y a la estrategia de seguridad impulsada desde Washington. En contraste, recuerda que la relación entre Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ha estado marcada por desacuerdos y tensiones.

El abogado Moscoso añade que Colombia ocupa un lugar prioritario para Ecuador por razones que van más allá de la política. La cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el control de las rutas de salida de cocaína convierten a ambos países en socios estratégicos en materia de seguridad.

Desde esa perspectiva, Moscoso considera que Daniel Noboa intenta contribuir a la llegada al gobierno colombiano de alguien que mantenga una visión similar sobre el combate al crimen organizado. No obstante, aclara que es imposible medir con precisión cuánto han influido las acciones del mandatario ecuatoriano en las preferencias de los votantes del vecino país.

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Una apuesta por ganar influencia regional

Juan Pino, politólogo colombiano y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, coincide en que existe un componente geopolítico detrás de la actuación del presidente ecuatoriano. A su juicio, Noboa busca fortalecer una red regional de gobiernos de derecha alineados con la agenda política impulsada desde Estados Unidos.

Pino sostiene que Colombia tiene un peso estratégico que no poseen otros países con los que Ecuador mantuvo una actitud más distante durante sus recientes procesos electorales, como Perú y Chile.

Según el analista, involucrarse en Perú habría significado “perder el tiempo”, por la inestabilidad de sus gobiernos, y en Chile los beneficios políticos serían limitados, pero la contienda colombiana ofrece mayores réditos para Noboa al tratarse de un país fronterizo, con profundos vínculos económicos y de seguridad, donde además podía impulsar la llegada de un aliado afín a sus intereses.

Daniel Noboa está haciendo una apuesta por posicionar a un futuro aliado dentro de esta nueva derecha regional alineada con Estados Unidos. Le es más rentable.Juan Pino, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador

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Las advertencias sobre los costos diplomáticos

Para César Montúfar, sociólogo, exasambleísta y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es extraño que el jefe de Estado se involucre de manera tan activa en una elección de un país vecino, cuando la tradición diplomática ecuatoriana ha privilegiado la no intervención. Montúfar advierte que la estrategia puede terminar siendo contraproducente para Ecuador, independientemente del resultado electoral.

“Gane quien gane”, el país podría enfrentar costos diplomáticos, sostiene. Para Montúfar, las relaciones entre ambos países deben construirse sobre vínculos de Estado y no sobre preferencias circunstanciales.

Para Téllez, estas acciones reflejan un patrón en la gestión presidencial: “Noboa nos ha acostumbrado a su torpeza en el manejo de la política interna e internacional”.

No le encuentro una lógica. Parece una reacción personal que termina arrastrando a todo el país. Las relaciones deben construirse entre Estados y no entre candidatos.César Montúfar, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

Lo que debes saber

• La renovación del CNE lleva estancada seis meses en la reformulación del banco de preguntas.
• Comisión de Selección desobedeció pedido técnico de descalificar a postulantes académicos.
• Andrés Fantoni deslinda culpas al CPCCS y responsabiliza a Comisión Ciudadana del concurso.

El concurso para la primera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplió seis meses estancado en este junio de 2026 debido a un nuevo nudo crítico: la reformulación del banco de preguntas para la fase de oposición. Tras alertas de una posible filtración en diciembre de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dispuso rehacer los cuestionarios, pero la tarea sigue pendiente por pugnas internas entre el equipo técnico y la Comisión Ciudadana de Selección.

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Las razones detrás del nuevo retraso en el concurso

La falta de avance responde a desacuerdos en la revisión de requisitos de los académicos postulantes que elaborarán las preguntas. Entre enero y febrero de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó un nuevo listado a las universidades. No obstante, el equipo técnico recomendó descalificar a todos los nominados por falta de documentación de respaldo.

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A pesar de la advertencia, la Comisión continuó con la fase de admisibilidad. Esto generó alertas que obligaron al Pleno del CPCCS, en abril de 2026, a ordenar una nueva revisión de expedientes por parte del equipo técnico, lo que dilató aún más el proceso.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, deslindó al organismo de los retrasos acumulados en este concurso pendiente desde 2021. El funcionario aclaró que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Comisión de Selección y que el Consejo no intervendrá para evitar afectar la legalidad del proceso.

Las consecuencias institucionales de la prórroga en el CNE

Para Esteban Ron, experto electoral y decano de la Universidad Internacional SEK, este nuevo nudo crítico imposibilitará que la renovación del CNE se concrete en 2026. Las principales implicaciones de esta parálisis estatal incluyen:

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A este escenario se suma el componente político expuesto por el analista Giuseppe Cabrera, quien señala que el adelantamiento de las elecciones seccionales a noviembre de 2026 añade presiones e intereses cruzados, ya que varios consejeros del CPCCS podrían buscar la reelección en dicho proceso.

La declaración se produjo horas después de que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) derogó la medida, encendiendo alertas en el sector jurídico.

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"No habría devolución", afirmó Jaramillo. "Esos recursos fueron utilizados para la seguridad", agregó, dejando claro que el dinero ya fue ejecutado en operativos fronterizos. Con esa respuesta, el Gobierno cerró la puerta a cualquier reembolso para los importadores que pagaron el gravamen entre febrero y abril.

¿Qué dicen los expertos?

Para Daniel Legarda, exministro de Producción, la posición contradice el ordenamiento jurídico andino: la Comunidad Andina (CAN) tiene primacía sobre el derecho nacional y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. "Cuando se declara que una medida es ilegal, los recursos recabados están sujetos a devolución", dijo.

No es la primera vez: en 2024 la Corte Nacional de Justicia ya ordenó la devolución de salvaguardias que la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegales, estableciendo que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario son la instancia competente para estos casos.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, fue más directo. A su juicio, la declaración del ministro busca desanimar a las empresas para que no reclamen sus derechos. "La devolución es inevitable por parte del Estado ecuatoriano", afirmó. Ballén advirtió que el camino no será sencillo: la aduana negará los reclamos administrativos en una primera instancia, no por razones jurídicas sino por presión política.

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"La aduana no va a entrar en conflicto con el ministro y peor con el presidente", explicó Ballén. 

Eso significa que los importadores deberán ir necesariamente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, donde el caso se resolverá con base en la normativa andina, jerárquicamente superior a cualquier disposición interna.

¿Qué vicio tiene la resolución del Senae?

Ballén identificó un vicio grave en la resolución del Senae que derogó la tasa: el documento no menciona en ninguna parte a la SGCAN ni a sus resoluciones, como si la declaratoria de ilegalidad no existiera. "Pretende dejar todo en el ámbito de la legislación nacional, tratando de ocultar algo que es inocultable", afirmó.

La resolución también incumple el artículo 80 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci), que exige que toda tasa corresponda al costo real del servicio prestado, con una autorización formal del ente rector de comercio exterior publicada en el Registro Oficial. Ninguno de esos requisitos fue cumplido.

¿Qué dice la ley?

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) declaró mediante Resolución N° 2582 del 7 de mayo de 2026 que la tasa constituyó un gravamen incompatible con el Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena desde su implementación. 

El artículo 122 del Código Tributario ecuatoriano establece que el pago indebido es aquel realizado sobre la base de un tributo establecido ilegalmente. La ilegalidad opera desde el origen, no desde la resolución que la declara.

Ballén precisó además que la SGCAN rechazó expresamente la solicitud de Ecuador de suspender las resoluciones 2581 y 2582 mientras se tramita la reconsideración. Las resoluciones se mantienen en firme.

¿Hay precedentes de devolución?

En 2017, Ecuador aplicó una tasa de control aduanero que también fue declarada ilegal por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), que ordenó su eliminación.

Una de las empresas afectadas fue Attenza, operadora de tiendas Duty Free en aeropuertos, que inició un prolongado litigio para recuperar los valores pagados.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) rechazó su reclamo en 2018. Sin embargo, en 2020 el Tribunal Contencioso Tributario de Quito falló a favor de la empresa. Pese a ello, la entidad aduanera mantuvo su negativa a devolver los recursos.

Ante esa situación, Attenza presentó una demanda de impugnación en 2021. Un año después, el Tribunal Contencioso Tributario solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), que emitió la Interpretación 466. En ella estableció que las empresas tienen derecho a exigir la devolución de cobros efectuados bajo medidas que posteriormente hayan sido declaradas ilegales.

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Aunque el caso de Attenza es atípico por su magnitud y complejidad, no es el único antecedente. Abogados especializados en comercio exterior consultados por este medio señalaron que varios importadores afectados por la tasa aplicada entre 2017 y 2018 sí lograron recuperar los montos pagados mediante sentencias ejecutoriadas.

No obstante, advierten que el resultado depende de factores como la calidad de la defensa jurídica, los montos en disputa y la disposición de cada empresa para sostener procesos que pueden extenderse durante varios años.

"Tasa es tasa, sin importar el nombre que se le ponga", explicó Esteban Santos, jurista internacionalista y decano de la Universidad Hemisferios. "En 2017 la llamaron tasa de control aduanero; hoy la llaman tasa de seguridad. El tribunal ya dijo que esos cobros deben ser devueltos".

El caso de Attenza sigue abierto, pero la batalla judicial que ha librado durante casi una década dejó un precedente que hoy fortalece las reclamaciones de los importadores afectados por la actual tasa de seguridad.

¿Cómo pueden reclamar los importadores?

El procedimiento inicia con un reclamo de pago indebido ante la aduana, no ante el SRI. La declaración aduanera de importación es la prueba principal. 

Ballén advirtió que la aduana puede exigir una solicitud separada por cada importación realizada, lo que dilata el proceso.

Si la aduana niega el reclamo, el importador puede impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, con un proceso que puede extenderse de dos a tres años. "Si los montos fueron significativos, vale la pena iniciar el proceso. 

Si fueron pequeños, muchas empresas optarán por no litigar", precisó un abogado especializado consultado por este medio.

¿Pueden reclamar también por daños?

Ballén advirtió que el alcance del reclamo puede ir más allá de la devolución de la tasa. Las empresas que sufrieron pérdidas por operaciones no realizadas, contratos incumplidos o cambios forzados de proveedor pueden demandar al Estado por daños y perjuicios, amparadas en la Constitución.

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"El Estado debe responder ante los importadores, distribuidoras, comercializadoras y transportistas que sufrieron esos daños", afirmó. 

La Constitución establece que todo funcionario público responde por los perjuicios causados por sus actos, lo que abre la puerta a que el Estado repita el reclamo contra el funcionario responsable.

¿El conflicto con Colombia quedó resuelto?

La eliminación de la tasa de seguridad no pone fin al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia. 

La Resolución 2583 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) también declaró ilegal el arancel recíproco impuesto por Colombia mediante los decretos 0170 y 0455 de 2026, que establecieron gravámenes del 30%, 50% y 75% a productos ecuatorianos. 

La decisión otorgó a Bogotá un plazo de 10 días hábiles para retirar la medida, pero hasta ahora no existe una respuesta oficial sobre su cumplimiento.

Edwin Vásquez, exsubsecretario de Negociaciones Comerciales, explicó que Ecuador mantiene activos dos frentes legales contra las resoluciones andinas: un recurso de reconsideración ante la SGCAN y una demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). 

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Aunque el Gobierno ya eliminó la tasa de seguridad, ambos procesos siguen en curso. "Más allá de que la medida ya se retiró, esos procesos deben continuar", señaló.

Sin embargo, el especialista Francisco Ballén considera que Ecuador cometió un error de procedimiento. Según explicó, la Decisión 425 del Acuerdo de Cartagena establece que primero debe agotarse la vía administrativa ante la Secretaría General y solo después puede acudirse al TJCAN. 

Al presentar ambos recursos de manera simultánea, el tribunal probablemente devolverá la demanda de nulidad sin pronunciarse sobre el fondo del caso.

A criterio de Ballén, esto podría prolongar aún más el litigio y debilitar la capacidad negociadora de Ecuador frente a Colombia, justo cuando ambos países intentan normalizar una relación comercial que sigue marcada por temas pendientes más allá de la eliminación de la tasa de seguridad.

Lo que debe saber de esta historia

• El Hotel Continental fue vendido por $4 millones pese a que existían propuestas de hasta $12 millones, según documentos y testimonios de accionistas que se opusieron a la operación.
• Luis Alberto Cabezas-Klaere, actual superintendente de Compañías, era el gerente del Hotel Continental cuando se concretó la venta cuestionada, y tenía un rol clave en la recepción y gestión de ofertas de compra.
• La venta se aprobó tras el reemplazo repentinode un liquidador que debía votar en contra de la operación, según resoluciones y testimonios revisados por EXPRESO.

El Hotel Continental, su restaurante y bares eran puntos de reunión de empresarios, políticos y artistas. En 2022 fueron vendidos por $4 millones, en un polémico proceso de liquidación de deudas.

Sin embargo, documentos y testimonios de accionistas que se negaban a la venta por ese monto indican que hubo otras propuestas que alcanzaban los $12 millones, por lo que, dicen, se los “perjudicó”. Y aseguraron que esas intenciones fueron bloqueadas por la administración de entonces. El gerente de Continental Hotel S. A. era Luis Alberto Cabezas-Klaere, clave en la recepción de ofertas, hoy superintendente de Compañías.

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A partir de hoy EXPRESO publica varios episodios de los pasos del abogado apoyado por el Gobierno de Daniel Noboa para ocupar, en su momento, la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la titularidad de la Superintendencia de Compañías.

Su llegada a esas instituciones se registró en medio de señalamientos de conflictos de intereses, denunciados por políticos y organizaciones que alertaron a instancias de control.

Actualmente otros son los motivos de preocupación, como lo expuso la Cámara de Industrias y Producción (CIP) tras la intervención de la ‘Super’ de Compañías a Granasa. La Corporación Participación Ciudadana también ha abogado por una prensa libre.

Las voces que relatan la llegada de Cabezas-Klaere al hotel

Para elaborar este reportaje, este Diario recogió testimonios de accionistas. Varios de ellos pidieron el anonimato por temor a una persecución y a un antecedente de amenaza telefónica durante el proceso de venta.

Continental Hotel S. A. era dueña del Hotel Continental, cuya construcción data de 1971. Varios miembros de la familia Bruzzone, a través de la compañía Bruzzicorp Cía. Ltda. (una de las accionistas mayoritarias de Continental Hotel S. A.), habían llevado las riendas de ese ícono del Guayaquil de los años 70, que quebró en pandemia.

Víctor (nombre protegido) y María Beatriz Robles Bruzzone, dos herederos de la familia, relataron a EXPRESO que Juan Francisco Bruzzone, también accionista, convenció a casi todos los socios de Bruzzicorp para cambiar al gerente del hotel, por problemas en la administración a cargo de otro familiar.

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Agregaron que Juan Francisco contactó a Juan Ramón Jiménez Carbo, quien había ocupado cargos en la ‘Super’ de Compañías, para que los ayudara a ordenar la administración de la empresa. Con él llegó Cabezas-Klaere, a quien nombrarían gerente del Continental el 11 de marzo de 2021, según las fuentes y registros. Estas aseguraron que, al contrario, cayó un manto opaco sobre las cuentas del hotel.

“Nunca se supo cuánto ganaba (Cabezas-Klaere) ni qué había hecho realmente con el dinero que aún había en caja del hotel. Y es ahí cuando algunos accionistas empezamos a sospechar que todo esto estaba armado desde el principio y que el objetivo principal era vender el hotel al primer postor”, dijo Robles Bruzzone.

Así también, otra fuente sostuvo que le pareció sospechoso que el hotel se vendiera en $4 millones cuando las deudas eran de $6 millones. “Cabezas-Klaere me contestaba, pero nunca me respondía lo que yo preguntaba”, agregó Víctor, quien coincide con otras fuentes sobre la afirmación de que Cabezas “daba largas, entregaba información fragmentada” y que “hacía caso omiso a los pedidos”.

El socio que impulsó a Cabezas-Klaere a la gerencia

Para contrastar la versión de los accionistas, este Diario conversó con Juan Francisco Bruzzone, quien aseguró que no llevó a Jiménez (su amigo de la infancia) para resolver los problemas del hotel. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los $10 mil que varios socios aseguraron haberle pagado a esa persona por una suerte de asesoría, recordó: “A ver... Yo, yo no he dado ni un centavo. Escuché del tema. Desconozco lo que me está diciendo”.

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Con el cambio de mando, Cabezas impulsó la venta del edificio y otros activos, entre 2021 y 2023, marcada por varios hechos.

Para marzo de 2021, Bruzzicorp entró en liquidación, por lo que la Superintendencia de Compañías nombró a un liquidador, quien representaría a la empresa en la junta de la compañía del Hotel Continental. Carlos Cadena fue el primero de cuatro liquidadores que ha tenido Bruzzicorp (del 9 de marzo de 2021 al 6 de abril de 2022), según los registros.

Para entonces, Bruzzicorp y otros accionistas del Continental conocían de la oferta de $4 millones. Según los documentos, en la junta de accionistas de Bruzzicorp del 1 de abril de 2022 se aprobó votar en contra de la venta del hotel en la junta de accionistas de Continental Hotel del 5 de abril.

El cambio imprevisto de liquidador que votaría contra la venta

Sin embargo, esa reunión no se dio porque un día antes el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lo embargó por una mora patronal. “¿Qué pasó en esos días? Hicieron todo para cambiar al liquidador que iba a votar para que no se venda a 4 millones”, dijo una de las fuentes.

Según una resolución de la ‘Super’ de Compañías, el 6 de abril se ordenó reemplazar a Cadena por incumplimiento de funciones, y el 8 de abril se nombró a Byron Vera como nuevo liquidador, quien el 18 y 25 de abril participó en la instalación y reinstalación de la junta para resolver la venta, convocada por Cabezas-Klaere.

Contrario a la decisión de la mayoría de accionistas, Vera votó a favor de la oferta de $4 millones que hizo Golfi S. A., empresa de Simón Bolívar Rosero, personaje que compra bienes y los vende por millones o los alquila.

La firma de la carta de compra del hotel ocurrió el 26 de mayo, entre Rosero y Cabezas-Klaere.

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En contraparte, una de las fuentes aseguró que dos meses antes, el 9 de marzo, Cabezas-Klaere recibió una carta de un corredor de bienes raíces para informarle de dos interesados, cuya negociación iniciaría en $10 millones. Uno era Daniel Noboa, entonces asambleísta. Se intentó obtener una versión de Noboa, pero no fue posible.

El agente buscaba “coordinar una visita para que los interesados conozcan el interior del hotel” y luego “presentarnos una propuesta de compra”. EXPRESO contactó al agente, quien aseguró que le pusieron trabas.

Este Diario solicitó una entrevista a Cabezas-Klaere, pero no aceptó. Por otro lado, está pendiente un pedido que se hizo a la institución pública que él dirige.

¿Qué dijo el comprador? Vi un papel pegado de "Se vende"

Por su parte, Simón Bolívar Rosero dijo que se enteró que el hotel estaba a la venta cuando vio un papel pegado en una pared, de esos que tienen la leyenda "Se vende".

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En un correo al que este Diario tuvo acceso, el entonces gerente del Continental dijo “que la única forma de desechar una propuesta por otra es con algo en firme (plata en mano)”.

Tras la firma del documento de compra, los accionistas buscaron más respuestas, ya que necesitaban conocer el destino del pago inicial que hizo el comprador. A esos pedidos de información se sumó el nuevo liquidador de Bruzzicorp. La ‘Super’ de Compañías reemplazó a Vera por Galo Farfán el 3 de junio, por incumplimiento de funciones.

En una petición de Farfán a Cabezas-Klaere le solicitó “conocer información financiera de Continental Hotel de 2020, 2021 y a la fecha 2022”. Sin embargo, en los casi tres meses de labores, el liquidador expuso no haber recibido información financiera, “solo hojitas extracontables”.

“Es sorprendente que alguien que administra una empresa se maneje sin información, y no se cumpla con las Normas Internacionales de Información Financiera”, se lee en su carta de renuncia a Lupe Velasco, intendenta nacional de Compañías, fechada el 24 de agosto de 2022.

Opinión

Cuando la prensa deja de importar

Ernesto Albán Ricaurte

El fallo de un juez de Yaguachi para impedir reunión de socios

El ocaso del Continental también estuvo marcado por decisiones judiciales. Un grupo de accionistas trató de convocar una junta para el 5 de septiembre y así cambiar al gerente e intentar revertir la venta, pero uno de los socios minoritarios interpuso una acción de protección ante el juez Antonio Velázquez, de Yaguachi, quien la concedió el 31 de agosto.

Rafael Robles (+) de ACHE Cía. Ltda., otra de las accionistas del Continental, dijo entonces que dicho recurso se lo usó “para evitar que la mayoría pueda convocar a una nueva junta y deshacer el entuerto”.

Pese a las divisiones familiares y acreencias, el hotel siguió generando ofertas. El 5 de septiembre de ese año, Marcelino Moreno, de un consorcio, expuso su interés por segunda ocasión a través de una carta cuya propuesta ascendía a $11 millones, sin respuesta. Meses después lo buscaron para revenderle el edificio, afirmó un agente de bienes raíces que lo asesoró en su momento.

Lo que debes saber

• Los buses urbanos empezaron a operar desde las 08:00 y no desde las 05:30 como era habitual.
• Cerca de 120.000 usuarios utilizan diariamente el transporte público en Ambato.
• La medida se mantendrá mientras los transportistas esperan una definición sobre la revisión de tarifas.

A las cinco de la mañana, cuando normalmente ya escucha el ruido de los buses pasando por el barrio Techo Propio, Jéssica Gutiérrez supo que la jornada sería diferente.

Necesitaba llegar al Mercado Mayorista para enviar mercadería, pero las unidades urbanas no aparecieron ayer. Sin otra alternativa, contrató una camioneta y pagó 3,50 dólares por una carrera que en bus le habría costado apenas unos centavos.

La mujer cumplió con su diligencia, pero el problema llegó después. Como no tenía dinero para regresar nuevamente en transporte particular, permaneció cerca de dos horas esperando que se restableciera el servicio. Recién cuando comenzaron a circular algunas unidades pudo volver a su hogar.

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“Cinco centavos que suban está bien porque nos ayudamos todos, pero diez centavos es mucho. También deberían mejorar las rutas para los sectores alejados”, comentó mientras aguardaba en una parada.

La escena se repitió en distintos sectores de Ambato durante el primer día de racionamiento del transporte urbano. Desde ayer, varias cooperativas comenzaron a operar únicamente entre las 08:00 hasta las 14:00 como medida de presión para exigir una revisión de la tarifa del pasaje.

José Mendoza fue uno de los afectados. Aunque había escuchado sobre la decisión de los transportistas, pensó que no se aplicaría. A las 07:00 seguía esperando un bus en Techo Propio, pero nunca llegó. Entonces desempolvó su bicicleta y recorrió cerca de 40 minutos hasta su trabajo.

“Está pésima esta medida. Si exigen un aumento también deberían mejorar el trato a los usuarios, especialmente a los adultos mayores”, reclamó.

Ecuador

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Yadira Illescas

Según datos municipales, más de 120 mil usuarios utilizan diariamente el transporte público urbano en Ambato. Muchos de ellos llegaron a las paradas sin conocer el nuevo horario y se encontraron con largas esperas, incertidumbre y dificultades para movilizarse.

La congestión fue evidente en varios puntos de la ciudad. Taxis, chivas, camionetas y vehículos particulares tuvieron una mayor demanda. Algunos ciudadanos compartieron automóviles con familiares y amigos, mientras otros optaron por largas caminatas para llegar a trabajar o estudiar.

“Todos necesitamos trabajar, no solo ellos. Los taxistas y camioneros también aprovechan cuando se paraliza el servicio”, manifestó Carlota Chasig, quien acudió al Mercado Mayorista por la tradicional feria de los lunes.

Las críticas también llegaron desde los barrios. El dirigente Felipe Bonilla recordó que el transporte público es un servicio esencial y cuestionó que la ciudadanía sea la principal afectada.

“Primero deben realizarse los análisis técnicos, sociales y económicos. No se puede trasladar todo el problema al usuario”, expresó.

Mientras tanto, el Municipio activó un plan de contingencia con cooperativas rurales e interparroquiales para cubrir parte de la demanda.

Sin embargo, varios ciudadanos señalaron que la medida se cumplió solo parcialmente y que algunos conductores desconocían las rutas temporales habilitadas.

Por ahora, el conflicto entre transportistas y autoridades continúa. Pero ayer, quienes sintieron el peso de la disputa fueron los miles de ambateños que tuvieron que buscar cualquier alternativa para movilizarse en una ciudad que, por varias horas, amaneció prácticamente a pie.

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Lo que debes saber

• Partidos adelantan su democracia interna por cambios urgentes en el calendario electoral.
• Reformas a la Ley Electoral complican el sistema de alianzas y desincentivan los acuerdos.
• Organizaciones políticas corren contra el reloj para cumplir cuotas de jóvenes y mujeres.

Con la llegada de junio, las seccionales se ponen en marcha. Para mediados de este mes, las organizaciones políticas habilitadas deberán cumplir con uno de los hitos más esenciales de los comicios: los procesos de democracia interna.

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Este proceso, en el que los partidos políticos escogerán de forma orgánica a sus precandidatos, es un hito electoral indispensable para que posteriormente las organizaciones puedan formalizar sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

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Calendario electoral y adelanto de la democracia interna

De acuerdo con el calendario electoral actualizado debido a la alerta por el fuerte invierno previsto para inicios de 2027, los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 18 de junio y el 2 de julio de este año, 43 días antes de lo originalmente planteado para los partidos.

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Y es que en el calendario original, aprobado en febrero de 2026, el periodo para los procesos de democracia interna estaba previsto del 31 de julio al 14 de agosto. Aunque el número de días (15) para realizar este hito electoral se mantuvo, el adelanto generó complicaciones para los dirigentes de los partidos y movimientos políticos.

Reformas a la Ley Electoral y el sistema de alianzas

Además de los problemas logísticos que implica organizarse en todo el país en menos tiempo, el asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, menciona que las complicaciones se agravan con las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en 2025.

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Serrano se refiere específicamente a las reformas al sistema de alianzas. Antes de los cambios a la Ley Electoral, el sistema incentivaba las alianzas con un 20 % adicional para la promoción electoral, así como con una distribución equivalente en el cómputo de la votación entre todos los partidos de la alianza si un candidato superaba el 15 % de los votos.

Sin embargo, el sistema ahora dispone que para dicho cálculo se dividirán en partes iguales la totalidad de dignidades electas o el porcentaje de votación obtenido. Eso, según Serrano, ha desincentivado la búsqueda de alianzas y, por ende, complicado el cumplimiento del porcentaje obligatorio de jóvenes y mujeres en las listas.

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Desafíos de los partidos políticos para las elecciones 2026

En el caso del PSC, Serrano explica que en provincias como Esmeraldas, que tiene 57 juntas parroquiales, para el partido ya no será sencillo buscar alianzas en zonas donde no tiene muchos candidatos. Por ello, admite que están contra el reloj intentando completar los espacios destinados a jóvenes y mujeres.

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La situación del Partido Social Cristiano es muy similar a la de Avanza, comenta su presidente, Javier Orti. Aunque dice que no están teniendo inconvenientes para cumplir la cuota de mujeres, señala que alcanzar el número mínimo de jóvenes constituye un reto. Sostiene que aunque no descarta la posibilidad de no presentar candidatos en algunos cantones,  debido a estas complicaciones, intentan cumplir con todos los requisitos.

Esta es la misma realidad de otras organizaciones políticas, como el Partido Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Ecuatoriano y Pachakutik, que también ven dificultades para cumplir las nuevas reglas electorales en un plazo más corto. 

No obstante, todas aseguran que su objetivo es alcanzar a presentar candidaturas en todo el país, a pesar de las dificultades de la carrera electoral de noviembre de 2026.

Violencia sacude norte Quito

• Asalto armado en supermercado de El Inca deja un trabajador fallecido en Quito el domingo 31 de mayo.
• Moradores de Iñaquito y El Inca denuncian inseguridad, falta de patrullajes y presencia de motos sospechosas.
• Policía investiga el hecho y analiza patrón delictivo en corredor norte de Quito con alta incidencia criminal.

La violencia volvió a sacudir al norte de Quito y dejó una sensación de temor e incertidumbre entre moradores, comerciantes y trabajadores. 

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La noche del domingo 31 de mayo, un empleado de 27 años murió durante un asalto armado en un supermercado ubicado en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y El Inca, un hecho que reavivó las preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad en una de las zonas comerciales más transitadas de la capital.

La tragedia ocurrió alrededor de las 18:00, en plena hora pico, cuando el movimiento de clientes y vehículos era intenso. Según los primeros reportes, seis hombres vestidos de negro ingresaron al establecimiento y amenazaron a trabajadores y compradores para cometer el robo.

“Uno de ellos estaba armado y comenzó a intimidarnos”, relató un testigo a la Policía Nacional. Durante el atraco, uno de los empleados fue atacado mortalmente. Su fallecimiento convirtió este caso en el tercer hecho violento de alto impacto registrado en Quito durante el último fin de semana.

A pocas horas del crimen, el ambiente en los alrededores del supermercado seguía marcado por la consternación. Aunque la actividad comercial continuaba, el temor era evidente entre quienes trabajan y viven en el sector.

Vecinos de El Inca e Iñaquito viven con creciente temor

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, varios vecinos y propietarios de negocios expresaron sentirse desprotegidos frente al incremento de la delincuencia. Muchos prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, pero coincidieron en señalar la falta de presencia policial.

“¿Dónde están los patrullajes?, ¿Dónde está la seguridad de la que tanto hablan?”, cuestionó un comerciante mientras observaba el flujo habitual de personas en la zona.

Los moradores aseguran que los robos y hechos sospechosos se han vuelto cada vez más frecuentes. Algunos incluso afirman que los delincuentes operan con mayor audacia, aprovechando la gran afluencia de personas que circulan diariamente por este corredor comercial. 

“Hay motocicletas rondando constantemente los locales. Como esta es una vía principal, no sabemos quiénes son usuarios honestos y quiénes podrían estar vigilando para robar”, relató otro comerciante.

La propietaria de una panadería cercana recordó que recientemente se reportó un robo en el chat comunitario del sector y que, según los vecinos, la respuesta policial tardó en llegar. “Faltan uniformados, falta más control. Es desesperante ver en lo que se está convirtiendo la ciudad”, expresó.

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Policía investiga serie de asaltos en el norte de Quito

La preocupación ciudadana se produce en medio de una serie de episodios violentos registrados en el norte de Quito durante las últimas semanas. Frente a ello, la Policía Nacional sostiene que mantiene un análisis permanente de los patrones delictivos que se presentan en esta zona de la ciudad.

El mayor Jorge Pástor, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Eugenio Espejo, explicó que los casos recientes reflejan cambios en las modalidades utilizadas por los delincuentes.

Entre los hechos analizados por la institución figura el asalto que terminó con la muerte del trabajador en El Inca y otro robo armado ocurrido días atrás en un local comercial ubicado en la avenida 6 de Diciembre e Irlanda.

Según el oficial, este último caso llamó la atención de los investigadores por la conducta del sospechoso, quien ingresó y abandonó el establecimiento caminando, utilizó un arma de fuego sin reparo alguno y disparó apenas entró al negocio.

“Por fortuna no tuvimos víctimas mortales en ese caso. El delincuente realizó dos disparos dentro del local y el arma, aparentemente un revólver, presentó una falla mecánica. De no haber ocurrido eso, hoy estaríamos lamentando otra muerte”, señaló.

Policía refuerza análisis tras asaltos en Quito norte

Pastor recordó además que días antes se registró otro episodio violento en una gasolinera ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Gaspar de Villarroel. A criterio de la Policía, estos acontecimientos evidencian que existe un corredor del norte de Quito que está siendo impactado por distintos hechos delictivos. No obstante, aclaró que las investigaciones todavía no permiten concluir que todos los casos estén vinculados a organizaciones criminales estructuradas.

“No necesariamente hablamos de grupos de delincuencia organizada en cada uno de estos eventos. Son fenómenos distintos que están siendo analizados por los equipos investigativos”, indicó.

El oficial advirtió además que la delincuencia ha evolucionado en los últimos años y que tanto las bandas criminales como los delincuentes comunes modifican constantemente sus estrategias para evadir los controles policiales.

Datos de la Policía Judicial señalan que entre el 1 de enero y el 21 de marzo de 2026 se registraron 2.580 denuncias de delitos en Quito, una reducción del 26 % respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, el distrito Eugenio Espejo continúa concentrando la mayor incidencia delictiva de la capital, con 990 denuncias, equivalentes a cuatro de cada diez delitos reportados.

La Policía atribuye esta realidad a la intensa actividad comercial y a la alta población flotante que circula por el sector. 

Lo que debes saber 

• La tuberculosis ya no preocupa solo dentro de las cárceles de Ecuador.
• Trabajadores penitenciarios y personal de salud alertan sobre contagios y falta de control epidemiológico.
• Médicos advierten que el problema se extiende fuera de los centros de reclusión, mientras aumentan las hospitalizaciones y los casos vinculados al sistema penitenciario.

Escuchar una tos persistente o un estornudo dentro de la Penitenciaría del Litoral ya no es un hecho cualquiera. Para algunos trabajadores del sistema penitenciario, esos sonidos despiertan una preocupación que les recuerda los días más difíciles de la pandemia de covid-19. Solo que esta vez el temor no gira alrededor de un nuevo virus, sino de una enfermedad antigua que sigue propagándose: la tuberculosis.

Política

Tuberculosis en cárceles de Ecuador: hacinamiento y falta de atención preocupan a familiares

Redacción Expreso

Un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, asegura que la inquietud es constante entre quienes laboran en el centro carcelario más grande del país. “Hay algunos que están tosiendo feo. Ya nos mandaron a hacer exámenes en enero, el año pasado también. Yo he salido negativo, gracias a Dios. Pero algunos se agitan, tosen... Es complicado”, cuenta.

Según su testimonio, el riesgo se siente especialmente durante los traslados de internos enfermos hacia hospitales. Los guías penitenciarios y conductores deben acompañarlos en ambulancias o vehículos cerrados. “Van estornudando, botando sangre. Uno tiene que ir ahí”, admite.

Tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral preocupa a trabajadores

La preocupación ha llegado al punto de que algunos trabajadores han solicitado cambios de centro o han preferido abandonar sus funciones. Quienes permanecen intentan protegerse como pueden. El funcionario afirma que las mascarillas y el alcohol antiséptico forman parte de sus gastos habituales porque, según sostiene, esos implementos no les son proporcionados de manera regular.

Pero el temor no se limita a los trabajadores penitenciarios.

El riesgo de contagio se extiende fuera de las cárceles

El 24 de enero de 2026, EXPRESO publicó el caso de una médica legista de Guayaquil que permanecía hospitalizada y que, según fuentes consultadas, habría desarrollado tuberculosis tras manipular cadáveres provenientes de cárceles donde existían internos infectados.

Este episodio mostró que el riesgo no se limita a los internos. También alcanza a profesionales que, por su trabajo, mantienen contacto frecuente con pacientes o con cuerpos provenientes del sistema penitenciario.

Un médico neumólogo de un hospital del Ministerio de Salud Pública (MSP), entrevistado bajo reserva para este reportaje, dice que el caso de la médica legista no sería un hecho aislado. “Nosotros tenemos cinco casos de tuberculosis en los últimos dos años de personal de salud”, afirma.

Política

Tuberculosis en las cárceles de Ecuador: la epidemia que el Gobierno se niega a reconocer

Roberto Aguilar

Personal médico también reporta casos de tuberculosis

Dice que forma parte de un comité zonal relacionado con tuberculosis y que existen más contagios entre trabajadores sanitarios. “No puedo decir un número exacto de funcionarios del Ministerio de Salud que se han infectado, pero son muchísimos. Si usted se pone a escarbar más, créame que se va a ir para atrás”.

Aunque no aporta cifras oficiales, su testimonio revela la preocupación existente.

Cómo se transmite la tuberculosis y quiénes están en riesgo

El especialista explica que cualquier persona puede contagiarse. “La transmisión es netamente respiratoria”, precisa.

Por ello, el riesgo alcanza no solo a internos, sino también a médicos, enfermeros, personal administrativo, guías penitenciarios, policías, militares, conductores de ambulancia, personal forense, visitantes y familiares.

La protección más efectiva, explica, es el uso de mascarillas y otras barreras respiratorias. Sin embargo, “aquí el gran problema es que en las cárceles del país, sobre todo en Guayaquil, no hay control”, menciona.

Falta de control epidemiológico agrava la situación

Recalca que la falta de control epidemiológico permite que la enfermedad siga circulando. “No hay control en quién sale, quién entra, quién visita. No hay realmente un cerco epidemiológico”.

Para el neumólogo, esto genera un riesgo que no se queda únicamente tras los muros. “El problema que se ve en las penitenciarías empieza a reflejarse en toda la ciudad”, advierte.

Pacientes privados de libertad interrumpen tratamientos

Otra de las preocupaciones del especialista está relacionada con la continuidad de los tratamientos. El médico explica que en consulta externa recibe constantemente personas privadas de libertad para controles por tuberculosis.

Según su experiencia, gran parte de esos pacientes llegan después de haber interrumpido la medicación. “En el 80 por ciento de los casos los abandonaron porque no les dieron las pastillas adentro”.

También asegura que alrededor del 70 % de los pacientes con tuberculosis que atiende en hospitalización corresponden a personas privadas de libertad. A su criterio, la situación se ha agravado en los últimos años.

Justicia

Crisis en la Cárcel del Encuentro: tuberculosis sigue expandiéndose

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Hospitalizaciones por tuberculosis muestran tendencia al alza

Detalla que en el centro médico donde labora se registraron aproximadamente 350 hospitalizaciones por tuberculosis durante 2023, más de 400 en 2024 y más de 450 en 2025.

Aunque aclara que se trata de datos de su casa de salud, considera que reflejan una tendencia sostenida al alza.

Por otro lado, las cifras nacionales del Ministerio de Salud Pública muestran igualmente incrementos en varias provincias durante el período 2023-2025, especialmente en zonas costeras y territorios con presencia de centros penitenciarios (ver infografía).

Lo que debes saber

• Colombia anunció que derogaría sus aranceles a los productos ecuatorianos, pero hasta el 1 de junio no había publicado ningún decreto ejecutivo en su Diario Oficial, el único instrumento con efecto jurídico real.
  
• La Secretaría General de la Comunidad Andina ordenó a Ecuador reabrir el paso de San Miguel en el mismo plazo que tenía para retirar la tasa; al 1 de junio ese paso seguía cerrado sin ningún acto administrativo que lo acredite.
  
• La tasa fue declarada ilegal desde febrero, cuando se creó al 30%, no desde mayo cuando llegó al 100%, lo que amplía el periodo exigible y eleva el monto que Ecuador tendría que devolver a los importadores.
  
• El oleoducto y la electricidad quedaron fuera de la derogación y sin dictamen de la Comunidad Andina; su resolución depende del resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio.

La derogación de la tasa de seguridad era la demanda central del conflicto comercial con Colombia y, con su retiro, ese frente quedó resuelto. Pero no es el único.

Detrás de la Resolución 2582 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Sgcan), que ordenó retirar el gravamen, quedan cinco pendientes que también pesan sobre la normalización del comercio bilateral. Algunos tienen plazos vencidos.

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¿Colombia ya cumplió?

El pendiente más inmediato está del lado colombiano. Bogotá anunció que derogaría sus aranceles, de hasta el 75%, impuestos sobre cerca de 190 productos ecuatorianos. Pero anunciar no es derogar. Hasta el 1 de junio no había publicado ningún decreto ejecutivo en su Diario Oficial, el único instrumento con efecto jurídico real.

Mientras ese decreto no exista, los aranceles colombianos siguen técnicamente vigentes, las exportaciones ecuatorianas no tienen certeza formal de tarifa cero y los operadores no pueden comprometer volúmenes ni planificar despachos.

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) —que agrupa a cerca de 2.700 empresas que exportan al mercado ecuatoriano— pidió al gobierno de Gustavo Petro aprovechar la derogación ecuatoriana para restablecer plenamente las condiciones de libre comercio.

Ecuador pasó de ser el segundo al cuarto destino de las exportaciones no minero energéticas colombianas durante el primer trimestre de 2026. Carlos Bastidas, de la cadena logística de Carchi, fue directo: la actividad comercial no puede seguir anclada al capricho político.

¿Qué pasa con los pasos fronterizos?

Pero Colombia no es el único que tiene obligaciones pendientes. La Resolución 2581 de la Sgcan ordenó a Ecuador reabrir los pasos de San Miguel —en Sucumbíos—, Tufiño y El Carmelo, todos cerrados desde el 24 de diciembre de 2025, en el mismo plazo de diez días.

Al 1 de junio, el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) San Miguel seguía sin reabrirse. De los otros dos pasos tampoco había ningún acto oficial.

La opacidad en torno a esos pasos es llamativa. Francisco Ballén, exministro de Comercio, advirtió que no existe ningún acto administrativo que acredite si están abiertos o cerrados: la propia Sgcan tuvo que hacer una inspección presencial para comprobarlo.

El gobierno ecuatoriano podría argumentar presencia de grupos armados en la zona, pero Ballén advierte que ese riesgo es controlable con más seguridad en la vía, no con el cierre. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, confirmó que de los tres pasos no había ninguna información oficial y están cerrados.

Olivia Diezgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, fue tajante: Ecuador tiene que desmontar las restricciones y permitir la movilidad humana y el libre comercio por esos pasos. Diezgranados, explicó,  que Colombia podría estar esperando ese desmonte esta medida para dar por completo cumplida la reciprocidad.

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Edwin Vásquez, exsubsecretario de negociaciones comerciales, agregó un matiz: no sabe si en el recurso de reconsideración que Ecuador presentó ante la Sgcan está incluido el tema de los pasos. Si no lo está, la obligación de reabrirlos es autónoma.

Caso contrario, Colombia puede presentar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN) un pronunciamiento de incumplimiento con posibles sanciones.

Ballén recuerda además que San Miguel ofrece ventajas operativas en tiempos de tránsito muy superiores a Rumichaca. Mientras los tres sigan cerrados, todo el comercio terrestre bilateral depende de un único punto.

¿Ecuador va a devolver lo cobrado?

El frente más complejo en términos jurídicos es el de las devoluciones. La Sgcan declaró ilegal la tasa no desde mayo, cuando llegó al 100%, sino desde febrero, cuando se creó al 30%. Eso amplía el periodo exigible.

Ballén fue categórico: las empresas formales —las que declaran impuestos, presentan declaraciones aduaneras y nacionalizan cumpliendo todas las formalidades— son las que pagan las consecuencias, y Ecuador va a tener que devolver lo cobrado indebidamente.

Marcelo Bodero, abogado especialista en derecho supranacional andino, fue más directo: reclamaría inmediatamente, porque cada día sin iniciar el proceso es un día en que la cuenta crece con intereses. Para Bodero, las resoluciones de la CAN son de efecto inmediato y ningún recurso suspende el derecho a reclamar.

Vásquez precisó que al retirar la medida antes de que el TJCAN emitiera sentencia directa, Ecuador evitó la vía más fuerte: esa sentencia habría tenido carácter obligatorio. Ahora el camino pasa por los jueces nacionales.

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El antecedente de 2018 no es alentador. Ecuador retiró una tasa similar sin devolver lo cobrado. Bodero recuerda ese caso: la resolución final ordenó la devolución, pero Ecuador no la ejecutó.

La deuda, calculada sobre $121,5 millones recaudados entre febrero y abril, crece con intereses. El proceso implicará solicitud ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), probable negativa y escalada al Tribunal Contencioso Tributario. El gobierno no se ha pronunciado sobre qué pasará con ese dinero.

¿Qué pasa con el oleoducto y la luz?

Ecuador subió de $3 a $30 por barril el precio del transporte del crudo de Ecopetrol. Colombia cortó la interconexión eléctrica desde el inicio de la disputa; Ecuador depende de esa energía, en un mercado todavía deficitario.

Ballén señaló que sobre el oleoducto la Sgcan no ha emitido ningún dictamen. Vásquez fue preciso: esos temas quedarán pendientes del resultado de la segunda vuelta colombiana del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El daño acumulado no espera ese resultado. Las importaciones desde Colombia cayeron un 66% en febrero y un 58% en marzo, según el Banco Central del Ecuador. 

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¿Gustavo Petro está pensando en renunciar a la Presidencia para apoyar a Iván Cepeda?

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Las exportaciones no petroleras a Colombia bajaron un 3,9% en el primer trimestre de 2026, mientras las importaciones cayeron un 32%, según el Ministerio de Producción.

Álvaro Lucero, presidente del gremio de depósitos temporales aduaneros de Carchi, fue claro: lo perdido en estos meses ya no se recupera, pero las relaciones comerciales entre los dos países deben restablecerse cuanto antes.