Lo que debes saber

• Denuncias: Gremios de juristas y organizaciones advierten que jueces en Ecuador enfrentan hostigamiento, ataques y presiones desde el poder político e institucional, incluyendo acciones de la Contraloría, Fiscalía y campañas en redes.
  
• Debate: Expertos señalan que estas acciones podrían derivar en una captura del sistema judicial con fines antidemocráticos.

Los gremios que representan a los juristas del país, organizaciones y abogados han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de “ataques”, “hostigamiento” y “presión” por las resoluciones adversas a las autoridades de turno.

Las reacciones comenzaron cuando se conoció que Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general, Carlos Alarcón. La acción de control ocurre en momentos en los que el Alto Tribunal ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

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Gremios alertan sobre hostigamiento a jueces

En aquel momento, se advertía una afectación a la institucionalidad y se instaba a respetar el orden democrático. Sin embargo, la alerta subió de tono tras conocerse las acciones en el ámbito administrativo y legal que presentó el fiscal en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

Las acciones de Fiscalía estuvieron acompañadas por una campaña en las redes sociales, en donde se atacaba a los jueces. Estas han sido cuestionadas debido a que la inconformidad hacia los fallos deben “ser rebatidas única y exclusivamente en el marco del debido proceso y del contradictorio” para no incidir en la independencia judicial, recordó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

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Si bien la política y la justicia convergen en el sistema judicial de un país, “estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o para realizar controles en juicios políticos en contra de autoridades judiciales”, dice Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). No obstante, el problema se genera “cuando esa interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En ese caso, la justicia se vuelve un botín y actúa aprovechando esa posición. Pero cuando pierde ese poder político, la utilizan como una especie de trinchera para mantener privilegios, impunidad o incluso para negociar con la oposición o perseguir voces disidentes”, explica.

Acciones de Contraloría y Fiscalía intensifican

La directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, señala que estas arremetidas “no son un tema de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia que va a terminar en que los jueces no tengan la capacidad de tomar su decisiones de manera independiente e imparcial. Si se sienten hostigados y no pueden decidir en consonancia con lo que dicta la ley ni ejercer su función como contrapeso del poder, difícilmente podremos tener un sistema de justicia independiente y tendremos uno que se va a convertir en más autoritario”, observa.

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Según Indacochea, el impacto va más allá. Cree que la arremetida no se queda solo en la persecución, como ya se ha visto en otros países de la región, pues sostiene que esos fallos suelen ser “el detonante o la excusa. La justicia se vuelve selectiva y hasta se la utiliza para dar un cascarón de legalidad a ciertas políticas públicas que pueden no serlo, como las políticas de seguridad. Eso lo vimos en El Salvador, donde, para poder aprobar los regímenes de excepción de Nayib Bukele, primero se tuvo que destruir la independencia del sistema de justicia. De otro modo no hubiese sido posible que se detenga a más de 90.000 personas sin ningún tipo de evidencia”, asegura.

Riesgo de captura del sistema judicial

Miño coincide. Menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante muchos años, “los matices que han cobrado últimamente, como las campañas de desprestigio, estigmatización y mecanismos de sanción, a nivel de la Judicatura, o la instrumentalización de la Contraloría, sí son preocupantes. Evidentemente, en Ecuador ya comienza a verse algo, que a nivel regional o global, ya se ha observado como algo peligroso para la democracia: los intentos de captura del sistema de justicia”, agrega.

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Aunque se alerta que estos casos inciden en el sistema de justicia, el abogado y exlegislador, Andrés Páez, opina que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. Considera que en el caso de la CC, sus magistrados “no hacen justicia constitucional, tienen una agenda política que ha convertido a la Corte en el último reducto del correísmo. Lo único que afecta a la independencia judicial es que los jueces tengan una agenda política, porque ellos pueden tener ideas políticas, pero no pueden practicar su ideología”, concluye.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Lo que debe saber

• Quito: AMT sanciona 2.408 conductores en 2026 por infracciones en transporte público.
• Informe revela más de 5.200 citaciones entre 2025 y 2026 por puertas abiertas y paradas ilegales.
• Controles aumentan tras siniestro en Mariscal Sucre y por riesgos en seguridad vial. 

Correteos entre unidades, exceso de velocidad, circulación con puertas abiertas y pasajeros embarcados o desembarcados en plena vía son parte del retrato cotidiano que enfrenta el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito. 

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encendió nuevamente las alertas al revelar que, en lo que va del año, 2.408 conductores han sido sancionados por diversas contravenciones, tras un análisis a las cooperativas que operan en la capital.

Más de 2.408 sanciones en Quito

El informe no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la recurrencia de ciertas prácticas que se repiten en el sistema. Según la AMT, el objetivo del estudio fue identificar las infracciones más frecuentes para fortalecer los controles en calle y mejorar la calidad del servicio. La preocupación se intensificó tras el siniestro registrado el pasado 2 de abril en la avenida Mariscal Sucre, hecho que motivó el incremento de operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 se han emitido 5.235 boletas de citación al transporte público. Solo en 2026, la cifra alcanza 2.408 sanciones. “Se ha intensificado el control en todas las operadoras, especialmente en aquellas que presentan reincidencia”, señaló la funcionaria.

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El ranking de infracciones ubica a varias cooperativas con altos niveles de sanción. En 2025, Transporsel encabezó la lista con 312 citaciones, seguida de Paquisha, Carcelén-Tarqui, Transperiféricos y Alborada. Para 2026, la tendencia se mantiene con variaciones: Transplaneta lidera con 146 sanciones, seguida de Transporsel con 137, Paquisha con 134, Alborada con 118 y Vencedores de Pichincha con 106.

Las infracciones más recurrentes ayudan a entender el comportamiento en las vías. Conducir con puertas abiertas representa una de las principales faltas, con 849 casos registrados. Le siguen no utilizar cinturón de seguridad (291), recoger o dejar pasajeros en lugares no autorizados (286), desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito (219) e invadir carriles exclusivos del transporte público (169).

Infracciones frecuentes en transporte público Quito

Estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionadas con multas que van desde el 5% hasta el 30% del salario básico unificado, dependiendo de la infracción. Sin embargo, la AMT reconoce que no todas las faltas pueden ser sancionadas con la misma intensidad. 

El exceso de velocidad, por ejemplo, aún no se sanciona de forma operativa debido a un vacío normativo relacionado con la calibración de cinemómetros, aunque sí se realizan controles preventivos y reportes a la Secretaría de Movilidad.

“Sí hemos identificado excesos de velocidad, pero por ahora se notifican para generar conciencia mientras se ajusta la normativa”, explicó Morocho, al tiempo que recalcó que los operativos son diarios y se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

Las consecuencias de estas prácticas no se limitan a sanciones económicas. La AMT advierte que muchas de estas infracciones están directamente relacionadas con siniestros de tránsito, especialmente caídas de pasajeros por apertura indebida de puertas o frenazos bruscos en movimiento. 

El exceso de velocidad se detecta pero aún no se sanciona operativamente por limitaciones técnicas
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT

Conductores sancionados por malas prácticas

El tema también ha generado reacciones políticas. Concejales del Municipio de Quito han cuestionado el accionar de algunas operadoras y han planteado medidas más severas, como la posible reversión de permisos. Desde la Secretaría de Movilidad, en cambio, se anunció el inicio de acciones administrativas y procesos de verificación sobre el funcionamiento de las cooperativas.

Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes defienden su postura. El gerente de Transplaneta, Joselito Rodríguez, aseguró que la empresa ha iniciado procesos de capacitación interna y busca reforzarlos mediante convenios educativos. Sin embargo, señaló una dificultad: no cuentan con el detalle individual de las sanciones, lo que limita el seguimiento caso por caso.

En la misma línea, el representante de Vencedores de Pichincha, Cristian Lara, reconoció la existencia de infracciones, pero atribuyó parte del problema a la falta de señalización adecuada en paradas y a la presión operativa del sistema.

Estamos aplicando sanciones internas para corregir malas prácticas en nuestros conductores.Cristian Lara, gerente de la coop. Vencedores de Pichincha

La cooperativa, dijo, ya aplica sanciones internas y programas de formación, aunque admitió que el informe de la AMT obliga a reforzar los controles. Pese a los cuestionamientos por las infracciones de tránsito registradas en el transporte público, el gremio del sector señala que la operación atraviesa también una fuerte presión económica. 

Los dirigentes atribuyen parte de las dificultades al incremento del precio del diésel, que afecta directamente la sostenibilidad del servicio. El dirigente Carlos Brunis señala que el alza del diésel y la eliminación del subsidio han afectado gravemente la operación de las cooperativas. Afirma que la prestación del servicio ya no puede sostenerse al 100% debido a los mayores costos de combustible e insumos.

“Nosotros criamos en la casa y venimos a vender cada semana. Ahora no podemos traerlos y nos quedamos sin ingresos”, cuenta Rosa Llumiquinga, productora de Quisapincha. Explica que, en una buena jornada, lograba hasta 50 dólares, con cuyes que se venden entre 5 y 6 dólares, según la demanda.

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Una situación similar enfrenta Luis Tenelema, de Pasa. “También tenemos conejos. Esos se venden hasta en 10 dólares sin pelar. Pero si no hay feria, no hay cómo vender”, lamenta.

Desde la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) se informó que la decisión responde a una alerta sanitaria en evaluación. Mary Isabel Trujillo, directora distrital, indicó que se han registrado muertes de conejos en las últimas semanas y, más recientemente, reportes en cuyes.

“Se han tomado muestras que están siendo analizadas en Quito. Mientras tanto, algunas granjas se mantienen en cuarentena”, explicó.

En la misma línea, Gabriel Andino, coordinador general de Sanidad Animal, señaló que la restricción del ingreso de cuyes y conejos a ferias es una medida preventiva.

“No existe evidencia de riesgo de transmisión a humanos. Se trata de proteger a las especies mientras se determina el origen del problema”, puntualizó.

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Más de 10 mil animales por jornada

Solo el Mercado América, ubicado en la avenida Bolivariana y El Cóndor, concentra entre 500 y 800 comerciantes en cada jornada de animales menores y aves.

De acuerdo con datos municipales, en este espacio se comercializan más de 15.000 cuyes y 300 conejos por día de feria, provenientes principalmente de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo.

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Con la restricción, se estima que esa cantidad de animales menores —entre cuyes y conejos— deja de venderse cada semana, lo que impacta directamente en la economía de cientos de familias rurales.

Luis Jerez, directivo del Mercado Intercultural Chibuleo, mencionó que también deben acatar la medida y evitar la venta de estos animales mientras se mantenga la prohibición. 

Mientras Guadalupe Pérez, presidenta del centro de comercio de animales menores en el Mercado América, indicó que hace tres semanas se presentó la novedad y tomaron todas las medidas de desinfección.

El Municipio de Ambato, a través del director encargado de Servicios Públicos, Juan Tenorio, aclaró que las ferias de animales menores no han sido suspendidas en su totalidad.

“La actividad continúa en espacios autorizados como el Mercado América, Chibuleo, Pachano, Quisapincha y Pasa. Sin embargo, se activaron protocolos sanitarios tras la alerta en cuyes y conejos”, indicó.

El funcionario añadió que existe coordinación con Agrocalidad y la Gobernación para monitorear la situación y brindar información clara tanto a comerciantes como a la ciudadanía.

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Mientras se esperan los resultados oficiales de laboratorio, los productores mantienen la expectativa de retomar la venta con normalidad. Por ahora, la prioridad es prevenir y evitar una posible propagación entre los animales, recalcó Tenorio.

Lo que debes saber

• Falta de agua potable afecta a Tola Chica 3, en Tumbaco, por red saturada y suministro intermitente.
• Moradores denuncian cortes de hasta cuatro días y gastos extra por tanqueros privados.
• Epmaps atribuye fallas a aire en la red y reconoce problemas similares en Cumbayá y Puembo.

La falta de agua potable genera malestar en la parroquia de Tumbaco, nororiente de Quito. En el sector de Tola Chica 3, abrir una llave se ha convertido en un acto de incertidumbre, ya que el líquido vital puede no llegar o hacerlo apenas como un goteo insuficiente. 

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Durante un recorrido realizado por EXPRESO junto a los moradores, se constató una realidad que se repite en varias viviendas: el suministro es intermitente y, en muchos casos, no alcanza para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse o limpiar.

La escena cotidiana refleja una contradicción. Mientras el sector crece a un ritmo acelerado, la infraestructura no logra acompañar esa expansión.

Los residentes coinciden en que el aumento de urbanizaciones, conjuntos habitacionales y nuevas construcciones ha desbordado la capacidad de la red de agua potable. “El crecimiento es evidente, pero los servicios siguen siendo los mismos”, comentan con preocupación, al señalar que el desarrollo urbano no ha ido de la mano con una planificación adecuada.

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Denuncian días sin una gota de agua

Marco Veintimilla, presidente del barrio, describe con cifras la magnitud del problema. Según sus estimaciones, en Tola Chica 3 viven alrededor de 4.500 personas, sin incluir a la población flotante vinculada a instituciones educativas cercanas. 

“Hay sectores que pasan tres o cuatro días sin agua; otros solo la reciben durante la noche. Incluso hay zonas donde el servicio no llega desde el viernes”, explica. Aunque asegura que mantienen contacto constante con la empresa municipal, advierte que las soluciones suelen ser temporales. “Cuando se insiste, envían ayuda, pero no es una respuesta definitiva”, agrega.

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Para muchas familias, la escasez implica gastos adicionales y condiciones de vida más difíciles. Silvana Zambrano, residente de un conjunto de 28 viviendas, relata que, pese a contar con cisterna, el almacenamiento no es suficiente frente a cortes prolongados. 

“Nos vemos obligados a comprar agua en tanqueros privados. Es un gasto extra y no siempre hay garantía de calidad”, afirma. En su entorno viven adultos mayores y personas con enfermedades, lo que agrava la falta del servicio básico.

Dudan de la distribución del agua

La situación también evidencia problemas estructurales. Rodrigo Aguilar, quien ha vivido más de 40 años en el sector, recuerda que el sistema de abastecimiento original, proveniente de El Inga, ha quedado rebasado.

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“Antes alcanzaba, pero ahora, con tantas construcciones, el caudal se reparte entre más viviendas y ya no es suficiente”, señala. Además, considera que existe una distribución desigual que deja a ciertos sectores sin acceso durante días, mientras otros reciben el servicio de manera parcial.

Las quejas aumentan. Mariela Villalva asegura que desde la pandemia el problema se ha intensificado. 

“Hemos pedido soluciones, pero solo vienen a hacer revisiones temporales. Abren y cierran válvulas, mencionan posibles daños, pero nunca hay una reparación definitiva”, explica. 

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En medio de esta incertidumbre, los habitantes han tenido que adaptar su rutina: recolectar agua en recipientes, reducir su consumo y destinar dinero a la compra de bidones. “Lo más frustrante es que las planillas llegan puntuales, aunque el servicio falle”, enfatiza.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) se informó que no se habían registrado reportes continuos en el sector. No obstante, la entidad reconoció que durante el último fin de semana se produjeron interrupciones. 

Según el informe, se detectó la presencia de aire en varios puntos de la red, lo que afectó la distribución. Como respuesta, realizaron trabajos de desfogue de hidrantes y se instaló un nuevo punto para facilitar el mantenimiento.

Falta de agua aqueja a otras zonas del valle

La problemática no se limita a Tumbaco. En Cumbayá, usuarios reportaron recientemente una disminución en la presión del servicio tras un corte de energía en San Patricio Alto. 

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La empresa confirmó un daño en la estación de bombeo San Francisco Medio, lo que afectó a varios sectores. A este escenario se suman las quejas en Puembo, en donde también se registran fallas constantes, con cortes y baja presión. 

Aunque Epmaps asegura que trabaja en proyectos a mediano y largo plazo para mejorar la cobertura, estas promesas no logran disipar la preocupación ciudadana. Los moradores cuestionan que se otorguen permisos de construcción mientras el sistema de servicios básicos muestra signos de saturación.

La realidad de abandono también golpea con fuerza al sistema educativo en el norte de Manabí. En cantones como Sucre y San Vicente, la reconstrucción de unidades educativas sigue siendo una tarea pendiente, con espacios destruidos, estructuras inconclusas y estudiantes que aún reciben clases en condiciones inadecuadas.

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En la Unidad Educativa William Fletcher Paraguay, ubicada en la parroquia Canoa, del cantón San Vicente, el terremoto arrasó con gran parte de su infraestructura. “Aquí había dos bloques en forma de L. Uno se perdió completamente, se llevó todo el terremoto”, explica Douglas Bayona, un dirigente ciudadano. El otro bloque quedó a medio construir y, con el paso del tiempo, sin mantenimiento, se ha deteriorado aún más, convirtiéndose en un espacio vacío y desaprovechado.

Bayona también cuestiona la falta de intervención estatal en estos años. “Es cuestión del gobierno de turno que no lo ha hecho. Desde el terremoto no ha habido una respuesta clara para poder reconstruir este espacio”. Recuerda que, tras la emergencia, los estudiantes fueron reubicados en instalaciones provisionales, una medida que debía ser temporal, pero que se ha extendido por una década. “Se han hecho gestiones, se ha solicitado, pero no ha habido respuesta”.

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A esta problemática se suma el impacto de la reubicación. Narcisa Hernández señala que juntar a estudiantes de escuela y colegio en un mismo espacio ha sido perjudicial. La comunidad educativa fue trasladada a la Unidad Educativa Elías Cedeño Jerves, donde reciben clases en contenedores. Lo que inició como una solución provisional terminó convirtiéndose en una realidad permanente durante diez años, generando incomodidades, hacinamiento y dificultades en el proceso de aprendizaje.

No hubo prioridad para la educación

Para el exconcejal de San Vicente, Leonel Kuonqui, la situación es reflejo de una deuda estructural. Asegura que la infraestructura educativa es una de las más afectadas tras el terremoto y que, hasta ahora, no ha sido atendida como prioridad. “No tenemos lugares adecuados donde los estudiantes puedan aprender. Siguen en aulas provisionales, que son contenedores donde hace mucho calor, donde no se pueden concentrar y donde hay demasiados alumnos por paralelo”.

El problema se repite en varias instituciones. En la Unidad Educativa Fiscal San Vicente, por ejemplo, el terreno permanece cubierto de monte, con escombros aún visibles. Además, los cerramientos de las aulas provisionales están deteriorados y los contenedores que funcionan como salones ya presentan daños en sus estructuras, evidenciando el desgaste de una solución que nunca debió prolongarse por tanto tiempo.

Otro de los casos más impactantes se encuentra en el cantón Sucre, en la Unidad Educativa Eloy Alfaro. Allí, la escena parece detenida en el tiempo: paredes destruidas, fisuras profundas y restos de escombros que dan la impresión de que el terremoto hubiera ocurrido recientemente. Para los habitantes del sector, esta imagen refleja un abandono prolongado y una reconstrucción que nunca llegó.

Kuonqui insiste en que, pese a contar con terrenos y espacios disponibles, no se ha concretado una intervención real. “Con tantos recursos que hubo para la reconstrucción, lo principal debió ser la educación. Si no se invierte en eso, es difícil construir futuro”.

Diez años después del desastre, las fisuras siguen marcando no solo paredes y estructuras, sino también la vida de comunidades enteras que continúan esperando respuestas. Entre estaciones de bomberos colapsadas y escuelas a medio reconstruir, la reconstrucción en el norte de Manabí sigue siendo una promesa inconclusa.

Lo que debes saber

• En Quito, las mañanas soleadas contrastan con tardes de fuertes lluvias que han provocado decenas de emergencias. 
• El COE MEtropolitano atendió 14 eventos en un día: inundaciones, caídas de árboles y colapsos estructurales en la ciudad
• Expertos advierten fallas estructurales como el alcantarillado combinado, colectores antiguos y crecimiento urbano desordenado

Aunque las mañanas soleadas y con niveles extremos de radiación solar marcan el inicio de la jornada en Quito, las tardes continúan dominadas por intensas precipitaciones que han provocado diversas emergencias en distintos sectores.

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Solo el 14 de abril de 2026, el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) atendió 14 eventos adversos provocados por las lluvias. 

Las afectaciones se registraron tanto en el sur como en el norte y los valles de la ciudad, con reportes de inundaciones, colapsos estructurales y caída de árboles.

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La mayor incidencia se concentró en la Administración Zonal Eloy Alfaro (sur). En este sector se reportaron tres inundaciones, dos en Chilibulo y una en el barrio Vencedores, además de un colapso estructural en la misma zona y otro en la Unidad Educativa Cotopaxi, en la calle Chimborazo. A esto se suma una inundación en el barrio La Santiago, por la saturación del sistema de drenaje.

Más al sur también hubo afectaciones. Entre ellas un colapso estructural en San Juan de Turubamba, inundaciones en el barrio Bellavista y daños en estructuras en Ecuador del Futuro y el parque Padre Inocencio, en Venecia 2.

La Bota, uno de los sectores más golpeados

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados con lluvias. Febrero fue el mes más complejo, con 196 emergencias, es decir, el 61% del total trimestral, mientras que en enero se reportaron 74 y en marzo una cifra similar.

Uno de los puntos más críticos se ubica en La Bota, en el norte. Desde febrero, en la zona han ocurrido deslizamientos de tierra que han afectado al menos a seis viviendas.

Germania Lite, presidenta del Comité de Seguridad, asegura que el problema no es reciente. Desde 2025 ha solicitado la realización de estudios técnicos en las cunetas de la avenida De La Bota y la Carlos Fortines, donde existen fisuras visibles en la mesa asfáltica.

Lite señala que estas grietas permiten la filtración de agua, debilitando el terreno y provocando deslizamientos. 

Recuerda que en mayo de 2024 se registró un evento grave cuando un poste cayó cerca de una vivienda y material lodoso ingresó al inmueble. Aunque en su momento se ofreció un plazo de cuatro meses para realizar estudios, hasta la fecha no hay respuestas. “Actualmente, un cuarto de la vía está en mal estado y cada lluvia agrava la situación”, sostiene.

Más lluvias, menos emergencias 

Desde el Municipio, la directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, considera que el número de eventos no es elevado si se toma en cuenta la intensidad de las precipitaciones. Atribuye esta relativa contención a los trabajos preventivos ejecutados en distintos puntos de la ciudad, como limpieza de quebradas, alcantarillas y sumideros, así como el mantenimiento de estructuras de captación y la vigilancia de taludes.

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La temporada lluviosa se extenderá al menos hasta mayo, según los pronósticos. Para hacer frente a sus efectos, el Municipio ha destinado $ 48,2 millones dentro del Plan de Eventos Climáticos 2025-2026, enfocado en mitigación y respuesta.

Colectores que cumplieron su vida útil

Sin embargo, especialistas advierten que los problemas de fondo persisten. Fabricio Yépez, experto en gestión de riesgos, señala que las lluvias actuales no son atípicas, sino parte del comportamiento esperado. “Quito está preparado para lluvias normales, pero la pregunta es qué pasará si se presentan eventos más intensos”, plantea.

El experto identifica al menos seis problemas estructurales en la ciudad. Entre ellos, el sistema de alcantarillado combinado, donde se mezclan aguas lluvias y servidas, que colapsa ante grandes volúmenes de agua. También menciona la falta de redes en ciertos barrios, donde las descargas se realizan directamente en quebradas, incrementando el riesgo de deslizamientos.

A esto se suma el deterioro de colectores antiguos, especialmente en el centro y sur de la ciudad, que han superado su vida útil y presentan menor capacidad de evacuación. Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) reconoce esta situación, asegura que se ha construido colectores de alivio.

Entre ellos están el Habas Corral, Carretas (en dos tramos), Eloy Alfaro y Granados, que suman aproximadamente siete kilómetros.

El colector Eloy Alfaro, ubicado en El Inca y con un 71% de avance, contempla dos ramales tipo túnel que se integran en la calle Isla Marchena, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y reducir la presión sobre las redes existentes.

Lo que debes saber

• Guayas concentra la disputa política rumbo a seccionales 2026 por vacíos de poder en Guayaquil, Durán y la Prefectura.
• Procesos judiciales y posibles renuncias activan pugna en Guayas, con señales del Gobierno y la Asamblea.
• Pichincha y Azuay muestran menor tensión electoral previa, sin candidaturas fuertes definidas del oficialismo.

¿Guayas es el centro de la disputa política de cara a las seccionales de 2026? La pugna por alcaldías y prefecturas avanza a ritmos distintos en las principales provincias del Ecuador. Mientras en Guayas hay enfrentamientos directos, Pichincha se mantiene al margen del debate más intenso, un fenómeno que puede explicarse a partir de tres elementos.

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La evidencia de la disputa se refleja en procesos judiciales contra autoridades en funciones, anuncios de renuncia y la reaparición de antiguos liderazgos. La incertidumbre pesa y, según la consultora y máster en comunicación política, Pamela León Andriuoli, el escenario configura un vacío político.

¿Por qué es importante Guayas?

“Guayas no solo es clave por su peso electoral, sino porque está entrando al ciclo preelectoral en una condición anómala: sin liderazgos fuertes en ejercicio”, señala. Cita la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva; la eventual renuncia de la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga, y la ausencia del alcalde de Durán, Luis Chonillo.

“Ese vacío tiene implicaciones profundas. Cuando no hay conducción clara en los principales centros de poder, la elección pasa a ser una disputa por quién logra reconstruir autoridad”, explica la experta.

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El alcance de esta pugna también se mide por la participación del Gobierno de Daniel Noboa y de la Asamblea Nacional. Por un lado, el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, coquetea con la posibilidad de una candidatura a la Prefectura. “Nada ha sido decidido todavía. Son tiempos políticos y empiezan los rumores, pero siempre vamos a estar dispuestos a trabajar donde el presidente Noboa lo decida”, dijo.

El traslado de la Asamblea a Guayas

En paralelo, el Legislativo salió de Quito para sesionar en Guayas. En menos de un mes, Niels Olsen dispuso en dos ocasiones el traslado. A esto se suma que Noboa, en el último mes, ha mencionado la posibilidad de que su madre y asambleísta, Anabella Azín, se postule a la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es la situación en Quito?

En Pichincha, el escenario es distinto. Aunque el Gobierno mantiene tensiones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y con la prefecta Paola Pabón, la contienda se perfila entre Muñoz y Jorge Yunda.

El oficialismo no ha impulsado hasta ahora una figura fuerte. El propio Noboa señaló recientemente que las candidaturas de ADN están definidas en un 80%, sin detallar una estrategia clara para Quito.

En Azuay, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y mantiene un enfrentamiento político con el Gobierno. Aun así, en esa provincia tampoco se evidencian candidaturas definidas por parte de ADN ni una disputa abierta previa al proceso electoral.

La estrategia para las elecciones

Un tercer elemento tiene que ver con la estrategia. Para la catedrática de la Universidad del Azuay, Caroline Ávila, en lo que respecta a las seccionales de 2026, pesará más la agenda estratégica que la temática.

“Adelantar elecciones va en la línea de lo estratégico electoral. Entre los principales beneficiarios estarán aquellos nombres ya posicionados entre asambleístas y ministros”.

Ávila también analiza el escenario en Azuay. Considera que, si el actual alcalde queda fuera de la papeleta, se abrirán opciones para otras candidaturas. 

Aun así, esto no implica necesariamente una ventaja para el oficialismo. “En Azuay, la idea de cualquiera menos Noboa puede imperar por los problemas de ADN en la provincia”, explica.

Nebot reaparece con discurso

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reapareció el fin de semana pasado en una conferencia. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo. 

Sin embargo, sí envió algunas señales políticas. Habló de la seguridad y la justicia. Con esto, reaparece el PSC en Guayas.

Sin embargo, para la experta Pamela León, Nebot no reaparece como candidato, sino como factor de orden en un escenario desordenado. “Eso, en este contexto de ausencia de liderazgos en funciones, es incluso más relevante”. 

Agregó que, cuando una provincia entra a elecciones con vacíos simultáneos en sus principales liderazgos, el sistema político tiende a buscar referencias conocidas que puedan ayudar a estructurar el tablero.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto en Ecuador, persisten fallas en control de construcciones en Manabí.
• Ingenieros advierten que edificaciones en Manabí siguen vulnerables por débil fiscalización estatal.
• Falta de control en obras aumenta riesgos ante un nuevo sismo en la costa ecuatoriana.

El terremoto de Manabí de 2016 fue un sismo de magnitud 7,8 que ocurrió el 16 de abril y tuvo su epicentro entre Pedernales y Cojimíes, en la costa norte del Ecuador. El evento dejó más de 670 fallecidos, miles de heridos y graves daños en las provincias de Manabí y Esmeraldas, especialmente en cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Jama. Considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente del país, el terremoto evidenció falencias estructurales, institucionales y sociales, cuyas secuelas en infraestructura, vivienda y servicios de emergencia aún persisten una década después.

A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, el balance sobre la reconstrucción en Manabí no puede limitarse a obras ejecutadas ni a cifras oficiales. 

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Para Leandro Josué Briones Rivera, ingeniero civil, ex presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo y ex titular de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, el análisis real exige una mirada crítica sobre lo que se corrigió y, sobre todo, sobre lo que sigue fallando en el control de las edificaciones.

Desde su experiencia técnica y gremial, Briones advierte que el desastre no fue solo consecuencia de la magnitud del sismo, sino también del incumplimiento sistemático de normas de construcción durante décadas, una deuda estructural que dejó expuesta a la provincia.

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Más normas después del terremoto, pero controles todavía frágiles

El terremoto de 2016 evidenció una realidad incómoda: gran parte de las viviendas y edificaciones en Manabí se levantaron sin apego a la normativa técnica vigente. 

El colapso de estructuras públicas y privadas —incluidas edificaciones destinadas a la atención ciudadana— demostró la ausencia de criterios adecuados de seguridad estructural.

"El terremoto destruyó aproximadamente 40 años de esfuerzo de las familias manabitas", afirma Briones, al recordar el impacto no solo material, sino también social de la tragedia.

Tras el sismo, varios municipios, con Portoviejo a la cabeza, implementaron normativas más estrictas para la aprobación de nuevas construcciones. Actualmente, explica, existe un primer filtro más riguroso que exige planos estructurales, memorias de cálculo y diseños sismorresistentes.

Briones identifica un vacío crítico en el control del proceso constructivo: edificaciones que cumplen con la normativa en el papel, pero que se levantan sin una supervisión técnica constante en obra.

"El papel aguanta todo, pero al momento de construir se pueden omitir aspectos clave, como el acero o la calidad del hormigón", advierte.

Ese desfase entre el diseño aprobado y la ejecución real mantiene un nivel de vulnerabilidad que podría volver a evidenciarse ante un nuevo evento sísmico.

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Prevención y control: la diferencia entre el daño y la tragedia

Briones es enfático: un nuevo evento sísmico generará pérdidas. La diferencia estará en el rigor con el que se cumplan las normas, en la eficacia del control durante la construcción y en la capacidad de mantener la prevención como una prioridad permanente.

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Porque —advierte— los procedimientos que a menudo se consideran excesivos o innecesarios son, en realidad, los que marcan la diferencia entre el daño estructural y una tragedia humana cuando la tierra vuelve a temblar.

Lo que debes saber

• Durante el sábado 11 y domingo 12 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil se reportaron apagones.
• En primera instancia, la ministra Inés Manzano aseguró que los cortes se debían a trabajos programados en la subestación Dos Cerritos, , que abastece de energía a sectores del norte de Guayaquil y a cantones como Samborondón, Santa Lucía y Pedro Carbo. 
• Horas más tarde, el mismo lunes 14 de abril de 2026, la ministra Manzano indicó que se suspendían todos los trabajos de mantenimiento en todo el país.

Desde el jueves 14 de abril de 2026, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que el Gobierno prohibió todos los mantenimientos programados en la región Costa. La medida respondió a las quejas ciudadanas por cortes de energía eléctrica sin previo aviso.

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Expertos cuestionan decisión

Sin embargo, expertos del sector eléctrico advierten que esta medida resulta inadecuada. El ingeniero Rodrigo Quezada, director y fundador de Arqo Projects Partners, sostiene que la decisión puede ser políticamente favorable, pero carece de sustento técnico.

Quezada explica que las decisiones políticas suelen diferir de los criterios técnicos que rigen la operación del sistema eléctrico. Señala que la alta demanda, impulsada por la ola de calor que se registra en la Costa, presiona aún más una red que no ha incorporado nueva capacidad en los últimos años.

Además, el especialista indica que la suspensión de mantenimientos implica paralizar trabajos programados para garantizar la continuidad del servicio. Precisa que estas intervenciones forman parte de una planificación técnica que busca evitar fallas mayores.

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Riesgos a mediano plazo

En ese contexto, el ingeniero advierte que la medida podría generar más problemas a mediano plazo. Explica que la falta de mantenimiento preventivo aumenta el riesgo de fallas en centrales y equipos.

Quezada también menciona posibles implicaciones contractuales por la paralización de trabajos en curso. Señala que las empresas encargadas del mantenimiento deberán reprogramar actividades sin claridad sobre los plazos.

No hacer el mantenimiento a tiempo trae en consecuencias funestas.
Carlos Sigcha, ingeniero eléctrico

Equipos antiguos y vulnerables

Desde otra perspectiva, el ingeniero eléctrico Carlos Sigcha coincide en que suspender los mantenimientos eléctricos implica riesgos. Señala que gran parte de las subestaciones del país tiene entre 40 y 50 años de antigüedad, por lo que exige revisiones constantes.

Sigcha advierte que omitir estos procesos puede derivar en daños graves a los equipos. Manifiesta que transformadores y otros sistemas podrían incluso incendiarse o explotar si no reciben el mantenimiento adecuado, de acuerdo con las planificaciones técnicas.

El especialista explica que esas fallas podrían generar interrupciones más prolongadas del servicio eléctrico. Añade que el incumplimiento de los tiempos de mantenimiento incrementa de que luego haya la probabilidad de cortes imprevistos, debido a los daños.

Asimismo, alerta sobre los riesgos para el personal técnico que opera en las instalaciones. Explica que la falta de mantenimiento preventivo eleva la probabilidad de fallas súbitas -como explosiones o incendios- que pueden poner en peligro a los trabajadores.

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Falta de inversión estructural

Los expertos Quezada y Sigcha coinciden en que la medida tomada por el régimen responde a una coyuntura inmediata. Insisten en que el país requiere inversión en nuevos proyectos de generación para garantizar un suministro estable a largo plazo. Además, los ingenieros subrayan que el mantenimiento preventivo resulta más eficaz que el correctivo para evitar fallas.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debes saber

• El regreso a clases en la Costa en este 2026 arranca en medio de inseguridad, extorsiones y miedo en las aulas.
• Docentes advierten que, además de la violencia, el uso intensivo del celular y redes sociales está agravando problemas de conducta, ansiedad y aprendizaje en estudiantes.
• Piden al Ministerio de Educación mejores planes para preservar la integridad de docentes.

El inicio de un nuevo año lectivo en la Costa en este 2026 ya no solo implica el regreso a las aulas, la compra de útiles o la planificación académica. Hoy, los docentes enfrentan un escenario más complejo, marcado por el avance de la violencia en varios sectores y su impacto directo en la comunidad educativa.

La inseguridad, que antes parecía ajena al entorno escolar, ahora condiciona rutinas, genera temor y obliga a replantear la forma en que se enseña y se convive dentro y fuera de las instituciones.

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Pero no es el único problema. Los docentes suman desafíos que nacen en el entorno digital. El acceso cada vez más temprano a redes sociales, videojuegos en línea y el uso intensivo del celular expone a niños y adolescentes a riesgos que también llegan al aula: distracción, conflictos, problemas de conducta e incluso situaciones de acoso.

En medio de estas tensiones, docentes de entidades académicas en la Costa hablan a EXPRESO sobre los desafíos en este nuevo año escolar.

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Dos profesores, quienes pidieron no ser identificados por seguridad, señalaron que las condiciones aún no son las adecuadas para volver a dar clases, aunque, por su profesionalismo, siguen acudiendo.

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Es el caso de Adriana, docente de una escuela en la cooperativa San Francisco. “Ya me han recibido delincuentes en moto, hace tres semanas, preguntando a dónde voy, que debo pagar porque no hay clases, y me recriminan qué voy a hacer en la escuela si están en vacaciones”.

Fernando, profesor en una zona del noroeste, ve con preocupación las actitudes que empiezan a tomar niños y jóvenes que asisten a la escuela en la que labora.

“El año pasado fui testigo, con horror, de un juego macabro que realizaron algunos niños, de 10 años incluso. Ellos dicen que son la mafia, que tienen que hacer ‘vueltas’, qué armas quieren usar o a quiénes van a matar. Como docente, mi deber también es rescatarlos de ese ambiente en el que están creciendo”, expuso.

Él sigue pidiendo protección a la Policía y que el Ministerio de Educación pueda intervenir con programas integrales en entidades educativas en zonas conflictivas de Guayaquil.

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UNE denuncia daños en infraestructura de escuelas y colegios en la Costa

Pero hay otros inconvenientes. Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), señaló que la cartera de Estado está pidiendo a los docentes que realicen mingas en las instituciones antes del inicio de clases.

“El problema no es la minga; es que con eso se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad”, expuso.

El dirigente gremial también indicó que “de las aproximadamente 7.414 instituciones fiscales del régimen Costa-Galápagos, 6.587 requieren algún tipo de reparación”.

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La UNE señaló que los salarios de los docentes en instituciones fiscales permanecen congelados desde hace 14 años y que, al menos, 40 mil profesores trabajan bajo contratos o nombramientos provisionales.

Se busca esconder la pésima realidad de la infraestructura de varios planteles educativos, donde incluso ya no existen conserjes, bibliotecarios, secretarias suficientes ni guardias de seguridad.Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Inicio de clases en la Costa: Desafío de los docentes en las aulas

Estas condiciones, finalmente, influyen en la formación de la niñez y la adolescencia.

Jorge Balseca, vicerrector de la Unidad Educativa Ecomundo, advirtió que los desafíos actuales para los docentes deben leerse desde varias dimensiones: seguridad y bienestar, tecnología y educación y ejes pedagógicos, enmarcadas en la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad.

“La inseguridad es un tema bastante preocupante”, dijo de forma tajante, especialmente en zonas golpeadas por la violencia. Frente a ello, plantea la necesidad de reforzar medidas tanto a nivel institucional como estatal, desde “cámaras de seguridad, presencia policial y aplicaciones móviles” para reportar incidentes.

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Pero señaló que la seguridad no solo se mide por agentes externos, sino también por el autocuidado y el bienestar mental de estudiantes y docentes, un aspecto que, según indicó, resulta determinante en el ambiente educativo.

Para la psicóloga Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador, la realidad en Guayaquil y otras zonas de Guayas impacta directamente en el desarrollo emocional, conductual y académico de los estudiantes.

“El reto ya no se limita únicamente a garantizar aprendizajes curriculares; hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros”, expresó.

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Cano contó que, en la actualidad, hay niños y jóvenes que llegan al aula —en diversas zonas— con altos niveles de ansiedad, dificultades de autorregulación, problemas de atención o conductas agresivas. Y puso sobre la mesa otra problemática.

“Son reflejo de lo que viven fuera de ella. Casi siempre estas realidades son producto del uso prolongado del celular y la exposición temprana a contenidos inadecuados en redes sociales, que afectan la capacidad de concentración, el sueño, la convivencia y la construcción de identidad”, explicó.

Balseca coincidió en este punto con la psicóloga y agregó que el rol de la familia es clave para cada niño y adolescente. “Lo que se hace en el colegio no sirve de nada si no se refuerza en el hogar”, manifestó.

Hoy también debemos convertirnos en un espacio protector, capaz de detectar señales de alerta, contener emocionalmente y generar entornos seguros.Jemmy Cano, directora del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del colegio El Libertador.

Cano sugirió fortalecer estrategias de educación socioemocional, alfabetización digital, prevención de riesgos psicosociales y trabajar articuladamente con las familias.

Lo que debes saber

• A 10 años del terremoto 2016, la zona cero de Tarqui, en Manta, sigue sin reconstrucción integral.
• De 35 hoteles en Tarqui antes del sismo, hoy operan 17 por dispersión comercial post terremoto.
• Autoridades prometieron reactivación, pero 10 años después la zona cero mantiene edificios abandonados y un gran terreno vacío.

En Manta, el tiempo parece haberse detenido en algunos rincones de Tarqui. A una década del terremoto del 16 de abril de 2016, la llamada “zona cero” del sismo no solo carga con estructuras a medio caer, sino con una herida abierta que aún no termina de cicatrizar.

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Donde antes latía el corazón comercial de la ciudad, hoy sobreviven edificios vacíos, otros ocupados de manera informal y calles que ya no tienen el mismo pulso. 

El cambio radical en Tarqui

Tarqui fue, durante años, el eje económico de Manta: hoteles, comercio, empresas pesqueras y una intensa vida urbana que reunía a propios y visitantes. Era, como recuerdan sus habitantes, el punto donde todo confluía.

José Julio Barrezueta, un tarquense y empresario que vio caer su hotel en aquella época, lo resume con claridad: Tarqui movía todo. Aquí estaba la zona hotelera principal, el comercio más dinámico, el flujo constante de una ciudad que giraba en torno a este sector. Pero el terremoto no solo derrumbó estructuras, también fragmentó esa centralidad.

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Tras el desastre, la vida comercial se dispersó. Muchos propietarios optaron por trasladarse a sus barrios, donde levantaron pequeños negocios en la planta baja de sus viviendas. Así, lo que antes estaba concentrado en Tarqui se multiplicó en distintos puntos de la ciudad. El resultado fue una reconfiguración urbana que, si bien dinamizó otros sectores, dejó al antiguo corazón en abandono.

Los números reflejan esa caída. De aproximadamente 35 hoteles que operaban en la zona, hoy quedan apenas 17. Los nombres que marcaron época -como Las Rocas, Las Gaviotas o el Panorama- desaparecieron o nunca volvieron a levantarse. En su lugar, sobreviven edificaciones improvisadas que difícilmente conservan el estándar de lo que alguna vez fue la oferta hotelera del sector.

La promesa de la reconstrucción 

La reconstrucción, según los testimonios, nunca llegó de forma integral. Barrezueta sostiene que sí hubo apoyo para remover escombros, pero no para reconstruir lo que se perdió, y que los créditos ofrecidos resultaron insuficientes frente a la magnitud de la tragedia. Reconstruir un edificio con montos limitados y bajo condiciones poco accesibles dejó a muchos fuera del proceso.

En medio de ese escenario, algunos decidieron quedarse, reinvertir, reconstruir por partes, adaptarse. Levantar nuevamente paredes donde antes hubo ruinas. Apostar por seguir, incluso cuando el entorno no acompañaba. No todos podían trasladar su actividad; un hotel, como bien se señala, no se puede mover de lugar.

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En ese intento por no desaparecer, el caso de Barrezueta refleja la dimensión del esfuerzo. Tras perder parte de su infraestructura, decidió reconstruir y levantar dos pisos para poder continuar con su actividad hotelera. No fue un proceso inmediato ni sencillo: tomó tiempo, sacrificio, endeudamiento y una apuesta constante por mantenerse en pie en una zona que ya no tenía el mismo movimiento. Cada pared levantada fue también una forma de resistencia frente al abandono.

Pero Tarqui no solo enfrenta el peso del pasado. También convive con nuevas dinámicas que evidencian su deterioro. En algunos edificios, aún con escombros acumulados y profundas rasgaduras en sus paredes, se observan personas extranjeras asomándose desde las ventanas. 

El movimiento de Tarqui desapareció

Son espacios que hoy sirven de refugio improvisado: algunos ocupados de manera informal, otros alquilados por sus propietarios, quienes, ante la falta de movimiento y dinamismo en la zona, optan por obtener ingresos mínimos cediendo estos inmuebles. En varios casos, se trata de personas en condición de calle que han encontrado en estas estructuras deterioradas un lugar donde permanecer.

A la par, ciertas esquinas de Tarqui han sido tomadas por trabajadoras sexuales que buscan clientes en medio de un entorno venido a menos. A estos los conducen hacia vetustos hostales que aún se mantienen en pie, resistiendo más por inercia que por actividad económica, en una zona donde el flujo de visitantes ya no es el de antes.

Un terreno baldío donde había proyectos

A Tarqui incluso se le prometió un mercado como parte de su reactivación. Sin embargo, ese proyecto nunca se concretó. Hoy, en medio de la denominada zona cero, permanece un espacio gigantesco sin ocupar: un terreno vacío que se extiende como una cicatriz urbana, convertido en el reflejo más evidente de un hueco profundo del olvido.

Plutarco Bowen, vinculado al sector hotelero y a la historia reciente del lugar, habla desde la nostalgia. Tarqui, dice, se puso de rodillas ante el sismo. Se perdieron vidas, amistades, una forma de vivir la ciudad. Sin embargo, insiste en que la resiliencia recae en quienes permanecen, en los hijos de Manta que se niegan a dejar morir su historia.

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Recuerda que Tarqui siempre fue tierra de migrantes. Ese mismo empuje, asegura, es el que hoy intenta sostener lo que queda en pie. Pero también reconoce que faltaron políticas claras y una hoja de ruta que orientara la reconstrucción.

Diez años después, la sensación es clara: Tarqui resiste, pero no ha vuelto a ser lo que fue. Entre la nostalgia, el esfuerzo privado y la ausencia de una intervención estructural, la zona cero de Manta sigue esperando algo más que el paso del tiempo. Sigue esperando una oportunidad real de volver a latir.

Los puntos claves

• El malecón de Salinas ha registrado dos hechos violentos en menos de 15 días, lo que ha encendido las alertas entre residentes y visitantes.
• Habitantes del sector cuestionan la falta de presencia policial y militar constante en uno de los principales espacios turísticos de Santa Elena, pese a la cercanía de instalaciones militares.
• Expertos advierten que la violencia en espacios turísticos puede impactar directamente en la imagen del destino y en su actividad económica. 

El malecón de Salinas -uno de los principales espacios turísticos del cantón- se ha convertido en escenario de ataques armados. Y eso no solo alarma: entristece y golpea a una ciudadanía que empieza a dejar de verlo como un lugar seguro.

En menos de 15 días, dos hechos violentos dejaron dos personas fallecidas y siete heridas en un sector donde residentes y visitantes coinciden en algo: la inseguridad ya no es una percepción aislada, sino una realidad que se repite, sin una respuesta visible ni sostenida por parte del Estado o de las autoridades locales.

“No es la seguridad que merecemos”, reclaman habitantes

“El malecón es uno de los sitios más importantes de la provincia. Aquí llegan familias, hay historia, hay turismo, hay nostalgia… pero hoy parece un espacio abandonado. No en infraestructura, sino en cuidado”, cuestiona Irma Palacios, residente del sector. A su criterio, la falta de presencia policial y militar agrava la situación. “Dos hechos violentos en tan poco tiempo y no se ve el control que urge. Los metropolitanos, que son a quienes sí vemos, no tienen armas y también son vulnerables. La gente vive con miedo y con dudas. No es la seguridad que merecemos”, agrega.

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Las críticas se intensificaron tras el último ataque, registrado la madrugada del domingo, con nuevos cuestionamientos a la falta de reacción de las autoridades. A pocas cuadras de bases militares y de una UPC policial, los residentes aseguran que no hubo intervención oportuna ni operativos visibles a la fecha.

“Siguen los ataques armados en el malecón y nadie dice qué está pasando. Estamos cerca de instalaciones militares y no se ve a los agentes en las calles. Salinas, la provincia de Santa Elena en sí, debería ser un sitio extremadamente seguro y no lo es. ¿Entonces qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay respuestas?”, reclama Fernando Vargas Alarcón, habitante del balneario.

Residentes denuncian ausencia de control y patrullaje

A esto se suman los reclamos por la falta de control previo en el espacio público. Ciudadanos advierten que situaciones como el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en horarios nocturnos, no son intervenidas a tiempo, lo que -según sostienen- termina escalando en hechos más graves.

“Lo que se sabe es que las víctimas estaban bebiendo en la vía pública y no hubo control. Eso ya era una contravención. Después vino la balacera, incluso cerca de presencia militar. Hay desorden y nadie responde”, lamentó la ciudadana Paola Coppel en redes sociales, donde la noticia se ha viralizado y ha generado reacciones de salinenses que hoy viven fuera del país.

El impacto en el turismo: miedo, cambios de comportamiento y pérdidas

La preocupación también se replica en quienes miran a Salinas desde el extranjero. “Tengo los mejores recuerdos de Salinas. Para mí no hay mejor lugar. Ahí crecí, ahí me casé, ahí viven mis padres, y ahí regresaré cuando me jubile. Ver ahora hechos violentos me preocupa y me duele”, comenta Andrés Rendón, quien reside en Miami desde hace 17 años.

Para quienes viven cerca del malecón, el problema no es solo la violencia puntual, sino la ausencia de acciones. “Se está disparando en la cara más visible de Salinas y no hay un solo pronunciamiento claro. Hace poco veíamos imágenes de turismo y celebración, un concierto que dio la vuelta al país. Ahora lo que circula son escenas de violencia, pero nadie está exigiendo en mensajes públicos un escudo para este balneario”, señala Lucía Santillán, guayaquileña que reside a pocos metros de la playa.

A Salinas le urge un plan de seguridad y que las autoridades se unan para exigir control militar permanente.
Xavier Tomalá presidente del Comité Cívico de Salinas

La residente también cuestiona el silencio de los concejales: “¿Esto va a llegar al Concejo Cantonal o se va a seguir evitando el tema? ¿Por qué el presidente Daniel Noboa, que recorre la provincia con frecuencia, no dice nada? ¿Por qué no hay una respuesta clara? Nosotros votamos por concejales para que prioricen los problemas. Y a la fecha no siento que me hayan defendido, pero aún representado”, añade.

Expertos advierten efectos en la imagen del destino

El impacto, advierten expertos, podría ir más allá de la seguridad inmediata. El urbanista y especialista en turismo Diego Sandoya, habitante de La Milina y guayaquileño, señala que la repetición de hechos violentos en espacios como el malecón no solo golpea la percepción de seguridad, sino que altera el funcionamiento del destino turístico.

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Explica que cuando un balneario pierde la sensación de control en sus espacios públicos, el visitante cambia su comportamiento: reduce su estadía, evita horarios nocturnos, limita el consumo en restaurantes y empieza a elegir destinos percibidos como más seguros.

Como ejemplo, menciona lo ocurrido en General Villamil Playas (Guayas), donde -según indica- la inseguridad ya ha dejado efectos visibles. Cada vez más visitantes optan por viajes de ida y vuelta en lugar de pernoctar, lo que ha reducido la ocupación hotelera y ha impactado a negocios formales e informales vinculados al turismo.

Con bases militares tan cerca, Salinas debería ser muy segura, pero la violencia golpea al turismo. A todo.Alfonso Ortíz presidente de la Junta Cívica Provincial

Para Sandoya, el riesgo es acumulativo y puede escalar rápidamente si no hay intervención. “El daño no se mide solo en el hecho violento, sino en la percepción que se instala en redes, noticias y recomendaciones. Cuando un destino deja de asociarse con descanso y empieza a vincularse con inseguridad, la recuperación es lenta y costosa”, advierte.

Hoy, Salinas sigue siendo un lugar atractivo. Pero ya no es el mismo. Las alertas están encendidas y la confianza empieza a resquebrajarse, piensa.

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“Por eso, más allá de cámaras o de reactivar el espacio público -algo necesario-, se requiere presencia real. Las autoridades locales deben exigir al Gobierno y al gobernador operativos en territorio, trabajo de inteligencia. Es necesario que el personal policial y militar recupere las calles de este balneario. La provincia está sufriendo. Es pequeña, sigue siendo hermosa, pero ya no hay rincón libre de violencia”, alega.

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Los primeros reportes establecen que los ataques no estarían siendo perpetrados contra ciudadanos locales, sino contra individuos que llegan desde otras ciudades, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que convierte su presencia en un riesgo latente que, hasta ahora, no ha sido contenido.

El coronel Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial de Santa Elena, confirmó que los siete heridos del último ataque arribaron desde Guayaquil. Además, reveló que uno de ellos tenía antecedentes penales. “Existe ya una línea de investigación en curso”, precisó el oficial, sin detallar plazos ni avances concretos.

La preocupación también fue expresada por el gobernador Xavier Negrete, quien, en una entrevista radial, advirtió sobre la gravedad de los hechos. “Se ha informado ya al ministro del Interior, John Reimberg, para que se adopten medidas urgentes y se logre contener esta situación”, señaló. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado acciones específicas ni resultados visibles en territorio.

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Ante el incremento de la violencia, Negrete anunció el refuerzo de los controles de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. “Se han dispuesto operativos permanentes”, aseguró, en un contexto en el que ciudadanos cuestionan la falta de presencia sostenida en el malecón.

Desde el sector turístico, la inquietud también es evidente. José Berh, director municipal de Turismo de Salinas, indicó que los empresarios han decidido involucrarse en la solución ante la falta de garantías suficientes. “Se ha ofrecido hospedaje y alimentación para facilitar la llegada de más uniformados. Este planteamiento será presentado a la Policía y esperamos una respuesta favorable”, manifestó.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El edil Valentín Soriano cuestionó la efectividad del sistema de videovigilancia implementado por el Municipio. A su criterio, resulta inadmisible que continúen los hechos violentos pese a la inversión realizada, sin que exista claridad sobre su funcionamiento.

“Se supone que todo el malecón está cubierto por cámaras. He solicitado en reiteradas ocasiones información sobre su ubicación y funcionamiento, pero no he recibido respuestas”, denunció; al hacer hincapié en que el tema, como lo exige la ciudadanía, será tratado en la próxima sesión de Concejo, a fin de crear una hoja de ruta que no permita que se pierda el malecón y la identidad de Salinas.

Lo que debes saber

• Luis Almeida evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en 2026 ante vacío de poder actual.
• El exasambleísta busca respaldo político y afirma que movimientos sociales impulsan su candidatura.
• Almeida suena para el sillón de Olmedo junto a otras cinco personas más.

El exconcejal y exasambleísta Luis Almeida revela, en entrevista con Diario EXPRESO, que evalúa postularse a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Aunque el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC), organización política que lo respaldó durante varios años, no está definido, asegura que su eventual candidatura responde al pedido de movimientos sociales.

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Luis Almeida quiere "servir" a Guayaquil

De acuerdo con Almeida, su trayectoria y preparación académica lo ubican como uno de los "verdaderos políticos" que pueden asumir las riendas de Guayaquil, en especial tras el vacío de poder que ha dejado la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez por los casos judiciales en su contra y la inexperiencia política de la vicealcaldesa Tatiana Coronel.

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"Yo estoy preparado para servir a Guayaquil. En política nacional y en política de la ciudad; en empresa privada y no empresa privada; y, sobre todo, con un amor grandioso hacia el pueblo guayaquileño y ecuatoriano", comentó, e indicó que es el momento de "escoger a los mejores, de la gente que ame realmente a su pueblo, de la gente que sienta a este Guayaquil profundo (...)".

La relación con el PSC y Jaime Nebot

Aunque tiene la intención de ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil, el exasambleísta Luis Almeida confiesa que aún no tiene un partido político que lo cobije. "Hay movimientos sociales que están planteando, grupos de partidos políticos extraños al Partido Social Cristiano y de otras tendencias, que me han dicho que yo debería ir", señaló.

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Al ser consultado sobre si el PSC, organización política que lo cobijó por varios años, lo respaldará, Luis Almeida indicó que eso depende únicamente de los líderes políticos, aunque considera que el partido "debería considerarlo". Incluso afirmó que mantiene una "excelente relación" con el líder socialcristiano Jaime Nebot, pero que aún no han conversado sobre un eventual apoyo a su candidatura a la Alcaldía.

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Los nombres que suenan para la Alcaldía

La carrera por el sillón de Olmedo empieza a tomar forma con figuras del actual Gobierno y exfuncionarios que ya realizan actividades proselitistas en redes sociales. Almeida se suma a un escenario donde la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y el ascenso de la vicealcaldesa Tatiana Coronel han acelerado los tiempos electorales.

Algunos nombres que suenan para la Alcaldía de Guayaquil son:

Lo que debes saber 

• Desde abril, usuarios del Metro han reportado demoras de los trenes en horas pico entre 8 y 10 minutos, provocando aglomeraciones en las estaciones
• Se atribuye las variaciones en la frecuencia a trabajos de mantenimiento preventivo, como el perfilamiento de ruedas. No se ha precisado el tiempo que durarán las afectaciones
• Concejales cuestionan la falta de un contrato integral de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura y electromecánicos

En los últimas semanas, los usuarios del Metro de Quito han reportado demoras inusuales en la llegada de los trenes, especialmente en horas pico. La espera, que habitualmente ronda los cinco minutos, ha superado los ocho e incluso diez minutos, provocando aglomeraciones en las estaciones.

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Pero en estos días el malestar se ha multiplicado. Christian Páez relató que durante dos días consecutivos se registraron problemas en el servicio, con estaciones llenas y trenes cada ocho minutos, lo que incluso obligaba a retener a usuarios en las boleterías. 

Luis Alberto Sánchez Salazar calificó la situación como “todo un caos en hora pico”.

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El 13 de abril, Mariela Díaz llegó a las 08:30 a la estación El Labrador, en el norte. Dos minutos después arribó un tren, pero únicamente descendieron pasajeros y no se permitió el ingreso de quienes aguardaban en ese andén. 

Ocho minutos más tarde llegó otra unidad. Aunque asegura que usualmente no tiene problemas con el sistema, señala que en las últimas semanas estas situaciones se han vuelto frecuentes. Su principal reclamo apunta a la falta de información oportuna para los usuarios.

¿Qué dijo Metro sobre la demora?

Ante las constantes alertas, el 9 de abril la Empresa Metro de Quito emitió un comunicado oficial en el que explicó que se están ejecutando trabajos especializados como parte del mantenimiento preventivo programado, específicamente el perfilamiento de ruedas de los trenes, tras un reciente reperfilamiento de la vía.

La entidad reconoció que estas labores pueden generar variaciones temporales en la frecuencia del servicio, sobre todo en horarios de alta demanda.

Sin embargo, la empresa no detalló cuánto tiempo durarán estas afectaciones. Se limitó a señalar que obedece a una situación temporal y recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación mientras concluyen los trabajos.

¿Menos trenes en operación?

A este panorama se suman otras interrogantes. Por ejemplo, el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez (ADN) aseguró que siete trenes estarían fuera de operación, lo que explicaría las demoras. EXPRESO consultó a la Empresa Metro de Quito si dichas unidades se encuentran en mantenimiento, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un pronunciamiento.

Cuestionamientos de concejales

Desde el Concejo Metropolitano también han surgido cuestionamientos. Tres ediles coinciden en que el problema está relacionado con la falta de un contrato integral de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones de la primera línea.

El concejal Fidel Chamba recordó que es la cuarta ocasión en que la empresa publica el proceso de mantenimiento en el Sercop. Además, indicó que se ha iniciado un proceso de fiscalización sobre este contrato.

También enfatizó que, según la normativa, el Metro de Quito debe informar a los usuarios sobre las demoras y, en caso de retrasos superiores a 30 minutos, se debería reembolsar el pasaje. “¿Se ha hecho eso? ¿Se ha comunicado a los usuarios? ¿No es esto un maltrato?”, cuestionó.

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Asimismo, Chamba puso sobre la mesa el alto costo del proyecto: más de $ 2.000 millones de inversión, sumados a contratos de operación y asignaciones municipales anuales. “¿Qué está pasando con un sistema de esta magnitud?”, insistió. Además, planteó dudas sobre la capacitación del personal de la empresa encargado de los mantenimientos y la relación entre las demoras y la ausencia de un contrato integral.

"Efectos visibles de la falta de mantenimiento"

El edil Andrés Campaña también sostiene que muchos de los problemas recientes responden a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en componentes fundamentales del sistema. Recordó que el proceso para adjudicar este servicio ha fracasado en tres ocasiones y que, aunque según el gerente del metro en marzo ya se contaría con el contrato, todavía no se concreta.

Campaña explicó que uno de los efectos visibles de la ausencia del mantenimiento preventivo y correctivo es el desgaste acelerado de las ruedas de los trenes, lo que obliga a reducir la velocidad de operación para evitar daños mayores. 

Esto, a su vez, impacta directamente en la frecuencia del servicio. Añadió que, si bien existen diez tipos de mantenimiento, el más importante, relacionado con la estructura, superestructura y electromecánicos, aún no está contratado. Este proceso supera los $ 73 millones más IVA.

Según indicó, ya existe una recomendación para adjudicar el contrato a un consorcio, pero aún deben cumplirse las etapas legales para concretar la asignación.

Debilidad en áreas de compras públicas

El concejal Wilson Merino, en cambio, apuntó a problemas de fondo en la gestión pública. Señaló que la caída reiterada de los procesos evidencia debilidades en las áreas de compras públicas y falta de personal técnico capacitado en las empresas municipales. “Se están apagando incendios”, afirmó y cuestionó la falta de transparencia y control.

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Merino también criticó la inacción de entidades de control como Quito Honesto, que cuenta con un presupuesto cercano a los $ 2 millones, que no ha iniciado ningún proceso pese a las múltiples alertas que han realizado los ediles en su rol de fiscalizadores. “Los platos rotos los terminan pagando los usuarios”, concluyó.

De acuerdo con la entidad, en el actual concurso se recibieron cuatro propuestas dentro del plazo establecido: dos empresas mexicanas, una china y un consorcio francés-panameño. El contrato tiene un presupuesto referencial de $ 73,9 millones y una vigencia hasta 2031. Si se cumplen los plazos, se adjudicaría en estos días.

Lo que debes saber

• Ecuador inició en marzo de 2026 bombardeos antidrogas con apoyo militar de Estados Unidos
  
  
• Gobierno de Noboa impulsa ofensiva contra redes transnacionales en frontera con Colombia
  
  
• Investigaciones revelan dudas sobre inteligencia usada en ataques aéreos en Sucumbíos
  
  

Desde marzo de 2026, Ecuador puso en marcha una nueva fase de la lucha antidrogas con bombardeos aéreos y cooperación militar con Estados Unidos, una estrategia impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado transnacional. La ofensiva busca debilitar redes de narcotráfico en zonas fronterizas, pero ha generado cuestionamientos por la opacidad de las operaciones, posibles fallas de inteligencia y el riesgo de repetir un modelo regional que, según analistas, no ha logrado reducir de forma sostenida la violencia ni el negocio de las drogas.

Por años, la política antidrogas en Ecuador se ha movido entre operativos policiales, estados de excepción y promesas de control territorial. Hoy, el país entra en una fase distinta: bombardeos aéreos, cooperación militar con Estados Unidos y una ofensiva simultánea contra redes transnacionales.

El giro, impulsado por el gobierno de Daniel Noboa, plantea una pregunta clave: ¿se trata de una estrategia eficaz o del inicio de un conflicto con más riesgos que resultados? 

El punto de quiebre llegó en marzo de 2026.

Ecuador, con apoyo estadounidense, ejecutó ataques aéreos contra lo que describió como campamentos de narcotráfico en la frontera con Colombia. La operación (parte de una escalada regional que redefine la lucha antidrogas)  fue presentada como un golpe directo a estructuras vinculadas a disidencias de las FARC. 

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Sin embargo, investigaciones periodísticas internacionales revelaron que uno de los objetivos bombardeados en Sucumbíos habría sido, en realidad, una finca ganadera y no un centro de entrenamiento criminal. 

La falta de información oficial detallada, sumada al carácter reservado de los operativos, ha alimentado dudas sobre la calidad de la inteligencia utilizada y los protocolos aplicados.

Para analistas en seguridad, este episodio expone el principal riesgo de la nueva estrategia: la opacidad. “Cuando las operaciones militares se sostienen en información clasificada, sin control civil efectivo, el margen de error aumenta y, con él, las consecuencias políticas y sociales”, advierte el politólogo Francisco Puerta. 

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La participación de Estados Unidos no es menor.

Desde 2025, Washington ha intensificado su política de combate al narcotráfico en América Latina bajo una lógica que equipara a los carteles con organizaciones terroristas y habilita el uso de fuerza letal. 

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En Ecuador, esta cooperación incluye inteligencia, entrenamiento y respaldo logístico, e incluso ha derivado en operaciones conjuntas en territorio nacional. 

El analista en conflictos armados Néstor Rosanía advierte sobre los riesgos de una cooperación mal gestionada: “Cuando comenzó el Plan Colombia en 1998, había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más de 230.000.

Eso demuestra que la cooperación en seguridad, por sí sola, no es la solución. Pueden llegar millones de dólares, equipos, armamento e inteligencia, pero si no se abordan los problemas estructurales, el conflicto persiste”. Y agrega, citando al expresidente Juan Manuel Santos: “Estamos en una bicicleta estática: pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos”.

Rosanía también advierte que detrás de estas alianzas existe un mercado lucrativo: “La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas no solo ofrecen cooperación, sino que también venden servicios y equipos. Son las más interesadas en mantener esta dinámica”.

Para el Gobierno ecuatoriano, la alianza responde a una realidad: el crimen organizado se ha vuelto transnacional y altamente sofisticado. En esa línea, la cooperación con Europa apunta a otro frente. 

En marzo, una operación conjunta permitió desarticular redes vinculadas al envío de al menos nueve toneladas de cocaína hacia ese continente, con la participación de mafias locales y extranjeras. 

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El consultor en seguridad mexicano David Saucedo plantea otra lectura: “Estados Unidos no apunta necesariamente a reducir homicidios, extorsiones o robos. Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio”.

Según explica, se trata de una lógica que responde a intereses estratégicos de Washington. “Lo que tenemos es un esquema injerencista para que los países de América Latina secunden a Estados Unidos en este combate hemisférico contra las drogas”. En el fondo, el debate no es nuevo. 

La llamada “guerra contra las drogas” ha sido cuestionada durante décadas por su eficacia limitada. “Lo que tenemos es un esquema injerencista de Estados Unidos para que los demás países de América Latina secunden a los norteamericanos en este combate hemisférico contra las drogas, pero persiguiendo objetivos que responden a los intereses de Washington. 

No hay, como tal, una incorporación de los intereses de Argentina, Ecuador, México u otros países que firmaron esta iniciativa de las Américas”, asegura Saucedo.

Hoy, Ecuador ensaya una versión intensificada de ese modelo, con mayor participación extranjera y herramientas militares más agresivas. En ese contexto, el internacionalista y académico Esteban Santos plantea la necesidad de equilibrar la estrategia. 

“Esto también se enfrenta con cooperación, pero sobre todo con reducción de la pobreza, emprendimiento y políticas que atiendan la desigualdad social. El ascensor social está roto en muchas partes del país”.    

No obstante, matiza: “La mano dura también es necesaria; no hay espacio para negociar con el crimen organizado, que debe enfrentar todo el peso de la ley”. 

Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio.David Saucedo, consultor en seguridad

La incógnita, entonces, no es solo si esta nueva fase funcionará, sino a qué costo. Sin transparencia, control institucional y una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, el riesgo es repetir un ciclo conocido: más violencia, mayor fragmentación criminal y resultados parciales.  

“Ecuador debe entender que la cooperación es válida y necesaria, pero dentro de un marco jurídico claro”, concluye Santos. “Al mismo tiempo, necesita implementar políticas sociales. Solo así se podrá enfrentar totalmente el problema”.

Lo que debes saber

• Aunque los caudales se recuperan, los apagones vuelven a golpear a Ecuador. El calor extremo dispara el consumo, satura la red y provoca apagones inesperados.
• La ola de calor eleva el consumo eléctrico a niveles récord y deja al descubierto una red débil y un déficit energético. 
• Expertos advierten que el problema no es solo climático, sino estructural, y que sin inversión urgente en generación y distribución, los cortes seguirán repitiéndose.

Los bajos caudales que, hace una semana, preocupaban en el país parecen ser un tema superado. No obstante, las inclemencias del clima siguen poniendo en aprietos al sistema eléctrico nacional. Las temperaturas, que en los últimos días han trepado hasta los 35 grados, están disparando el consumo de energía, desbordando una débil red de distribución y generando cortes que el gobierno prefiere llamar “focalizados”, aunque los apagones ya se sienten con fuerza en ciertos lugares de Quito y Guayaquil.

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Para el analista Ernesto Albán, los problemas eléctricos del país no responden solo a los estiajes o sequías, que merman la capacidad de generar energía hidroeléctrica, sino a un problema más estructural: no estar repotenciando la oferta para cubrir una demanda que viene creciendo en los últimos años y que repunta en coyunturas como la actual. Citando cifras del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), menciona que la demanda máxima de energía pasó de unos 3.800 megavatios (MW) en 2015 a más de 5.100 MW en 2025 (34,2 % más). La capacidad instalada, en cambio, subió de alrededor de 7.200 MW en 2015 a poco más de 8.400 MW, apenas un 16 %.

Ángel Recalde, quien tiene un PhD en Ingeniería Eléctrica de una universidad del Reino Unido, explica que esa demanda ha venido creciendo de la mano del consumo doméstico y una mayor expansión del sector productivo. Y hoy, el desafío no solo es lograr cubrirla, sino enfrentarse a una débil infraestructura que no es capaz de absorber los picos de consumo de electricidad que, en medio de una ola de calor, se generan en cada hogar.

Redes con sobrecarga eléctrica

Esos picos de demanda generan sobrecarga en las redes eléctricas, más allá de lo que pueden soportar. En algunas líneas, dice, esa sobrecarga debe ser temporal. “Hay un tiempo muy corto, 15 o 20 minutos es lo que puede aguantar, dependiendo de la subestación o del equipo. Pero cuando esa sobrecarga supera ese tiempo, es cuando ya no se puede operar. Entonces, ahí es donde entran también estos cortes imprevistos. De lo contrario, se estaría comprometiendo realmente la seguridad de la red”.

Según Cenace, el pasado viernes 10 de abril, la demanda alcanzó su mayor pico del año, al llegar a los 5.305 megavatios. Ese alto requerimiento, añade Recalde, “es mucho más de la capacidad que se tiene. En la práctica, significa que hay equipos que ya están funcionando a tope, a los que hay que repotenciar y hacerles nuevos cambios”.

De esos cambios hablaba la ministra de Energía, Inés Manzano, el sábado pasado, cuando, tardíamente, trataba de explicar el porqué de los “cortes programados”, que no fueron advertidos con tiempo a los habitantes de Guayaquil, Daule y Samborondón.

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“La desconexión de hoy (sábado), programada, fue para mejorar la distribución (en la subestación Dos Cerritos), que ha estado fallando por la ola de calor que nos está golpeando, en la Costa sobre todo”, dijo la funcionaria en su cuenta oficial de X.

José Alvear, experto eléctrico, cree que las condiciones podrían mejorar de aquí a unos días. Cita los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), según los cuales las lluvias podrían regresar en las próximas 48 a 90 horas, garantizando un mejor nivel de caudales para el funcionamiento de las hidroeléctricas y menores temperaturas para amortiguar la demanda de energía.

Una señal de esto último, dice Ricardo Buitrón, experto eléctrico, podría reflejarse en el mejor nivel de caudales que reporta Cenace. Ayer, Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, capaz de generar hasta un 30 % de la electricidad, mejoró su oferta. “Hasta las 12:00, Coca Codo estaba generando 870 MW, por encima de los 650 MW que llegó a generar la semana anterior”, dijo.

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Hay que transformar la oferta energética

No obstante, los expertos recalcan que la solución no debe estar supeditada al clima. Eventos como el actual deberían ser una lección para las autoridades, a fin de acelerar la inversión en la repotenciación del sistema, tanto en generación como en distribución eléctrica.

Recalde señala que, lamentablemente, la construcción de nuevas subestaciones y líneas eléctricas es un proceso que demora. “Acordémonos de que el aparato público tiene su proceso de licitación y diseño, que toman tiempo. Hablamos de 4 a 8 meses, sobre todo si son subestaciones nuevas que involucran transformadores más grandes”, sostiene.

Alvear agrega que, para evitar más apagones, las soluciones inmediatas deberían estar atadas, por ahora, a la renta de energía y a la compra de generadores eléctricos, pero con empresas serias. No obstante, aclara que lo clave es pensar en una generación real y sostenible. “El Gobierno podrá decir lo que quiera, pero hay un déficit de 1.500 megavatios que no han podido suplir”.

Sigue siendo un pendiente “abrir las puertas a los privados para que puedan venir con capital fresco y que, en un promedio de cinco años, dejemos de ser un país que renta energía y volvamos a ser un país que la genera, porque esta solución no es inmediata”, concluyó.

Lo que debes saber

• Otto Sonnenholzner evaluó hoy en EXPRESO la gestión de Daniel Noboa en seguridad y economía.
  
  
• El exvicepresidente cuestionó riesgos a la independencia de funciones y el adelanto electoral de seccionales.
  
  
• Sonnenholzner aclaró rumores sobre su futuro político y descartó candidatura en Guayaquil.
  
  

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner conversa con Diario EXPRESO sobre la gestión del presidente Daniel Noboa, los cuestionamientos a la independencia de funciones, el cambio de fecha de las seccionales y su futuro político.

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- En 2024, usted señalaba en entrevista con EXPRESO que el presidente Daniel Noboa tenía un reto enorme y complejo. Dos años después, ¿cómo evalúa su gestión?

En lo económico hay decisiones difíciles que ha logrado implementar. Sin embargo, el desafío siempre es que esas decisiones se traduzcan en bienestar, más allá de la sostenibilidad fiscal. 

Ese es un terreno un poco más complejo, porque el bienestar depende de otros factores como la seguridad, la atención en salud y la gestión pública; es ahí donde el Gobierno ha tenido más dificultades.

- 2025 cerró como el año más violento del país...

Veo que arrancan este año anunciando mejoras en los indicadores de seguridad. Espero que, a diferencia de 2024 —año en el que también lograron mejorar las cifras de inseguridad, pero luego tuvimos un rebote muy fuerte en 2025—, en esta ocasión sean resultados definitivos.

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- ¿Cree que la cercanía con Estados Unidos ayudará, incluso con programas como el Escudo de las Américas, o el país queda expuesto a nuevas amenazas?

No hay que mezclar las cosas. Países como Irán, que hoy enfrentan un conflicto bélico con Estados Unidos, tienen otros objetivos prioritarios antes que Ecuador.

Dicho esto, esa asociación puede ser muy positiva en el objetivo principal: combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Pero también hay otros aliados importantes como Colombia y México, que son países donde también operan estas organizaciones criminales.

- Sin embargo, el presidente Noboa mantiene un frente abierto con Gustavo Petro que ha derivado en una guerra arancelaria. ¿Cuáles son los riesgos de esta actitud?

Fue el presidente Petro quien inició el deterioro de la relación. Empezó a hacer comentarios sobre temas internos del Ecuador, vino a la posesión del presidente Noboa y se convirtió en un altavoz de la oposición del Gobierno. 

Sin embargo, esas diferencias, más allá de un reclamo formal, no deberían trascender ni afectar el comercio o el flujo de la cooperación en materia energética.

- El presidente también tiene frentes internos abiertos. Uno de ellos es el de Aquiles Álvarez. ¿Cree que es un perseguido político?

No conozco a detalle ese proceso judicial, pero sin duda diera la impresión de que, cuando menos, hay excesos en materia de medidas cautelares. 

Independientemente de si es el alcalde de Guayaquil o no, cuando una persona está siendo juzgada por un acto, por más grave que sea, debe cumplir una condena una vez que se ha probado su culpabilidad, y para eso hay que ir a juicio. 

Si una persona no representa un riesgo de seguridad real —es decir, no es un asesino, un sicario, un vacunador ni un violador—, las medidas cautelares excesivas pueden interpretarse como temas políticos.

Independencia de funciones

- La Corte Constitucional también ha estado en la mira. Hay jueces bajo la lupa de la Contraloría y Fiscalía. ¿Está en riesgo la independencia de funciones?

Los informes de Contraloría son muy comunes cuando uno es funcionario público. Lo que sí sería grave —y es algo que el país debe superar si realmente deseamos vivir en una democracia civilizada— es que se continúen instrumentalizando los organismos de control como mecanismos de presión política.

Esta ruptura (entre Ecuador y Colombia) no nos ayuda a resolver ninguno de nuestros problemas como países.Otto Sonnenholzner

- El adelanto de las seccionales también ha sido visto como una decisión más política que técnica. ¿Cree que es una medida que beneficia directamente a ADN?

- ¿Tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para fijar la fecha de elecciones? Sí. Evidentemente es raro que se lo haga con tanta anticipación respecto a la posesión de las autoridades y eso genera algunas dudas. Me pregunto en qué le beneficiaría al Gobierno, porque vienen de perder la consulta popular. 

A mí me preocupa más el hecho de que haya autoridades electas en noviembre de 2026 que no van a entrar en funciones hasta mayo de 2027; entonces, las autoridades en funciones que no han sido reelectas pierden prácticamente cualquier autoridad sobre la institución que administran.

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- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana le quita legitimidad al proceso?

Se presta para cuestionamientos, pero ellos no van a tener dificultades en encontrar un partido que les abra las puertas. De hecho, lo han tenido en otras ocasiones. Ellos, como marca política o producto electoral, van a encontrar un espacio y van a poder participar. Les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar de participar.

- En las últimas semanas surgió el rumor de una posible candidatura suya para las seccionales. ¿Tiene conversaciones para ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano?

Yo estoy lejos de la vida pública y de la política electoral hace ya tres años. Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no.

(La suspensión) les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar (a la Revolución Ciudadana) de participar.Otto Sonnenholzner

- Es decir que sí se lo han propuesto...

Siempre hay gente que con mucha gentileza considera que puedo representar una alternativa y, evidentemente, yo tengo siempre un interés porque el país y la ciudad estén bien. Nunca me he alejado de aportar con ideas u opiniones en espacios como este.

- ¿Es definitivo o de qué depende que se anime a participar?

No está en mis planes. Definitiva solo es la muerte en la vida. A todos quienes me han ofrecido esas alternativas les he agradecido por su generosidad, pero no he aceptado ninguna invitación.

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El gobierno lo niega y multiplica sus dichos y contradichos, mentiras y medias verdades sobre el sistema de distribución y transmisión; se escuda en el mantenimiento de las líneas; pone como pretexto la ola de calor; aviva teorías de la conspiración como ya hizo en la primera crisis del año 24, cuando acusó de boicot a la ministra Andrea Arrobo sin prueba alguna… Lo que sea con tal de no admitir la verdad.

Esta semana, la Asamblea Nacional rizó el rizo del encubrimiento. En declaraciones ofrecidas a la salida de una rara sesión del Pleno celebrada en su sede de Quito (lo normal ahora es que se reúnan en cualquier provincia en la que necesiten reforzar la campaña electoral con viáticos costeados por el contribuyente) la legisladora oficialista Valentina Centeno (una de las que instruyen a los integrantes de su bancada sobre cómo deben pensar, pues normalmente no lo saben) hizo suyas las explicaciones de la ministra Inés Manzano, secundó la teoría de la conspiración y sugirió que alguna de las comisiones en las que el gobierno tiene mayoría iniciaría lo que llamó “un proceso de fiscalización”, pero que de fiscalización no tendrá nada.

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Lo que el Gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema eléctrico nacional 

La verdad que oculta esta campaña de desinformación que la Asamblea pretende consagrar, sin embargo, está al alcance de cualquiera. Nomás hay que hacer números. Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios.

De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.

Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares. Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones. Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.

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Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. 

Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.

Esta es la estrategia del Gobierno ante los apagones

Lo que está haciendo la ministra Inés Manzano, secundada por sus trolls, falsos medios y medios comprados (comprados literalmente, es decir: medios de comunicación por los que alguien pagó no poco dinero para poner al servicio del gobierno) es disfrazar la diferencia, que equivale más o menos a 350 megavatios, bajo el pretexto de los mantenimientos. En realidad resulta insólito que haya periodistas experimentados que se lo crean. 

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Lo que Manzano está diciendo sin que se le mueve un músculo del rostro es que los mantenimientos del sistema de transmisión eléctrica producen apagones. Afirmación que conduce a las siguientes conclusiones: primero, los apagones deberían ser comunes en todos los sistemas eléctricos del mundo, pues todos necesitan ser mantenidos tarde o temprano; segundo, hay que suponer que los últimos 15 años antes de la gran crisis eléctrica de 2023 no hubo mantenimiento alguno del sistema de transmisión ecuatoriano pues durante todo ese tiempo no se produjeron apagones.

Esto último es lo que prácticamente sostiene la ministra: “estamos haciendo lo que no se ha hecho en los últimos dos gobiernos y medio”, dijo esta semana en una entrevista en uno de los medios comprados por o para el gobierno, que para el caso es lo mismo. 

Cualquier técnico del sector sabe que esto es una gran mentira: el sistema ha entrado normalmente en mantenimiento en función de sus horas de servicio, así como los carros entran a revisión cada cierto kilometraje. No es verdad que las líneas de distribución y transmisión hayan estado abandonadas desde hace ocho años. Si así fuera, hace mucho que se habrían fundido.

El hecho es que el mantenimiento de las líneas de transmisión produce apagones (como los está produciendo) solamente cuando no hay generación eléctrica suficiente para amortiguar los cortes que el mantenimiento implica. Los estándares técnicos internacionales determinan que la generación debe ser un diez por ciento superior a la demanda para cubrir esos baches. 

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Esa reserva sirve para no interrumpir el servicio cuando una parte del sistema tiene que ser apagado para entrar en mantenimiento. En resumen: si el mantenimiento de las líneas produce apagones, como ha venido sucediendo en las últimas semanas en el Ecuador, se debe a que no hay generación suficiente para amortiguar esa demanda. Y eso que todavía no entramos en los meses de verdadero estiaje, que en la zona del austro son septiembre y octubre.

En otras palabras: Inés Manzano miente (no es ninguna novedad) y sus periodistas le creen.

Todo lo cual no estaría ocurriendo si el Ecuador no hubiera roto relaciones comerciales con Colombia. Porque decretar aranceles del 100 por ciento o subir la tarifa de uso del oleoducto en un 900 por ciento es una ruptura de relaciones comerciales.

En resumen: toda la narrativa inventada por el gobierno para justificar los apagones (narrativa que empieza por no reconocer que se trata de apagones) está diseñada para disimular dos cosas: el gran escándalo de corrupción de Progen y ATM, que involucra a su cuadros más altos, y el gran fracaso político de la guerra comercial contra Colombia. Para disimular semejantes rabos de paja, es necesario desviar el debate de la generación a la transmisión. Todo se trata, en el fondo, de un gran operativo de encubrimiento.

Las claves del caso

• La reforma incorpora a los alojamientos tipo Airbnb y reabre el debate sobre el uso de los fondos recaudados para promocionar a Guayaquil
• La propuesta de crear un fideicomiso surge como alternativa para transparentar el uso de los fondos
• La recaudación anual de esta tasa bordearía el millón de dólares

Dormir en un hotel o alojamiento turístico en Guayaquil implica pagar una tasa municipal desde 2014, pero ahora la reforma aprobada por el Concejo Cantonal amplía el cobro a inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb. Aunque el Municipio defiende la medida, gremios hoteleros y turísticos cuestionan la falta de claridad sobre el uso de los recursos.

Para dormir en un hospedaje en Guayaquil hay que pagar. Aunque suena redundante y obvio, no lo es, porque existe una tasa municipal de pernoctación que, si bien no es nueva, fue modificada ayer por el Concejo Cantonal y ha generado cuestionamientos en gremios, sobre todo en el hotelero y turístico.

Este jueves 16 de abril, en el Concejo, mientras algunos ediles aprobaban temas relevantes y otros se lanzaban críticas, aplaudían o defendían su gestión, se aprobó la reforma a la ordenanza que regula la Tasa Municipal de Pernoctación, vigente desde 2014.

La principal novedad es que ahora incorpora a los alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales (como los ofertados a través de plataformas como Airbnb), con una tarifa de un dólar por noche y por habitación. Sin embargo, hay inquietudes, pese a que la directora municipal Tahis Panus ha defendido que esta actualización es fruto de meses de trabajo.

Guayaquil amplía la tasa de pernoctación y abre debate en el sector turístico

Las críticas llegan incluso desde el interior del Municipio. Nelly Pullas, concejala del PSC, indicó a EXPRESO que le generó dudas el proceso de socialización. Este ha sido un factor que ha sido criticado no solo en esta administración, sino también en las anteriores.

“Debería venir de una iniciativa y manejo privado, porque son ellos quienes tienen el conocimiento. Podríamos pensar, a futuro, en un fideicomiso para que sea manejado por quienes realmente conocen el sector y así generar un plan para el uso de esos recursos”, dijo.

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Cabe recordar que esta tasa nació durante la administración de Jaime Nebot, en 2014, cuando existía la Empresa Pública de Turismo, cuya figura más visible era Gloria Gallardo. Actualmente, esa entidad ya no existe. Está liquidada.

¿Entonces por qué no eliminar también la tasa? Al respecto, Pullas, quien también pertenece al sector turístico, considera que no debería desaparecer.

“No, yo creo que sería una pésima decisión. El problema no es la tasa, el problema es el manejo de los fondos. Los hoteleros están de acuerdo con que exista esta tasa, siempre que vaya directamente a la promoción de la ciudad. Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares”, sostuvo.

La concejala insistió en que no está de acuerdo con el manejo que se ha dado a esos recursos.

“Esa tasa iba dentro de todo el presupuesto de la empresa pública y no se manejaba exclusivamente para la promoción de la ciudad. Ahí se mezclaban conceptos de difusión cívica. La pregunta no es si debe o no existir la tasa, sino cómo manejar estos fondos. Creería que, a futuro, lo más práctico es a través de un fideicomiso”, añadió.

Por su parte, Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, admitió que la tasa es importante y que Guayaquil necesita promocionarse.

“Es verdad que no es menos importante la planificación y saber qué se va a hacer con esa tasa. Coincidimos con algunas autoridades a nivel nacional en que a veces no se apunta a las ferias correctas. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Qué vamos a promocionar?”, dijo.

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Muñetón considera que, desde una visión empresarial, el dinero que se recauda sigue siendo insuficiente.

“Para una promoción se necesitan más fondos, pero para mí es importante saber hacia dónde queremos ir, para sumarnos a esa lucha, si queremos traer turistas o impulsar la realización de películas”, manifestó.

Consultado sobre si las autoridades ya conocen estas preocupaciones, indicó que se debe trabajar con eficiencia.

“Repito: el día que sepamos cuál es la planificación y hacia dónde se quiere ir, podremos entender mejor el objetivo. El turismo es bastante dinámico. No tenemos mucho dinero y debemos saber en qué lo vamos a gastar. Debe existir una gobernanza entre el sector público y el privado, incluido el Gobierno nacional. No puede ser que Guayaquil vaya por un camino, Ecuador por otro y Quito por otro”, cuestionó el también presidente de la Cámara de Turismo del Guayas.

EXPRESO también se contactó con Alberto Hidalgo, quien tiene alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales. Según comentó, los temas recaudatorios son complejos si no existe un beneficio claro para quienes pagan.

“Los temas recaudatorios son complejos porque perjudican a la economía si no se tiene un plan que beneficie a las personas o empresas que están pagando estos impuestos. Ocurre igual con la patente municipal que cobran a las personas naturales: no hay ningún beneficio o retribución”, señaló.

Municipio de Guayaquil justifica la tasa

En oficios del Municipio se deja en claro que los recursos provenientes de la tasa de pernoctación ingresarán a una cuenta habilitada por la Municipalidad de Guayaquil. Entre esas actividades constan la información turística en oficinas y puntos de atención, la entrega de mapas, rutas y folletos, la atención de quejas y reclamos de turistas, y el apoyo para la realización de congresos y convenciones, a través del Buró de Convenciones y Eventos de Guayaquil.

EXPRESO buscó conocer más detalles sobre la tasa y la forma en que se ejecutará la promoción de la ciudad. Para ello, solicitó una entrevista al Municipio. Para este viernes 17 de abril, la institución fijó la entrevista con Tahiz Panus.

Lo que debes saber

• Denuncias: Gremios de juristas y organizaciones advierten que jueces en Ecuador enfrentan hostigamiento, ataques y presiones desde el poder político e institucional, incluyendo acciones de la Contraloría, Fiscalía y campañas en redes.
  
• Debate: Expertos señalan que estas acciones podrían derivar en una captura del sistema judicial con fines antidemocráticos.

Los gremios que representan a los juristas del país, organizaciones y abogados han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de “ataques”, “hostigamiento” y “presión” por las resoluciones adversas a las autoridades de turno.

Las reacciones comenzaron cuando se conoció que Contraloría analizaba los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional (CC), Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general, Carlos Alarcón. La acción de control ocurre en momentos en los que el Alto Tribunal ha recibido otras demandas de inconstitucionalidad contra las recientes leyes impulsadas por el Ejecutivo.

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Gremios alertan sobre hostigamiento a jueces

En aquel momento, se advertía una afectación a la institucionalidad y se instaba a respetar el orden democrático. Sin embargo, la alerta subió de tono tras conocerse las acciones en el ámbito administrativo y legal que presentó el fiscal en contra del Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada.

Las acciones de Fiscalía estuvieron acompañadas por una campaña en las redes sociales, en donde se atacaba a los jueces. Estas han sido cuestionadas debido a que la inconformidad hacia los fallos deben “ser rebatidas única y exclusivamente en el marco del debido proceso y del contradictorio” para no incidir en la independencia judicial, recordó la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.

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Si bien la política y la justicia convergen en el sistema judicial de un país, “estas formas pueden ser saludables cuando están reguladas y se activan en mecanismos de selección de autoridades o para realizar controles en juicios políticos en contra de autoridades judiciales”, dice Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés). No obstante, el problema se genera “cuando esa interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En ese caso, la justicia se vuelve un botín y actúa aprovechando esa posición. Pero cuando pierde ese poder político, la utilizan como una especie de trinchera para mantener privilegios, impunidad o incluso para negociar con la oposición o perseguir voces disidentes”, explica.

Acciones de Contraloría y Fiscalía intensifican

La directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), María Dolores Miño, señala que estas arremetidas “no son un tema de antipatías, sino de control y captura del sistema de justicia que va a terminar en que los jueces no tengan la capacidad de tomar su decisiones de manera independiente e imparcial. Si se sienten hostigados y no pueden decidir en consonancia con lo que dicta la ley ni ejercer su función como contrapeso del poder, difícilmente podremos tener un sistema de justicia independiente y tendremos uno que se va a convertir en más autoritario”, observa.

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Según Indacochea, el impacto va más allá. Cree que la arremetida no se queda solo en la persecución, como ya se ha visto en otros países de la región, pues sostiene que esos fallos suelen ser “el detonante o la excusa. La justicia se vuelve selectiva y hasta se la utiliza para dar un cascarón de legalidad a ciertas políticas públicas que pueden no serlo, como las políticas de seguridad. Eso lo vimos en El Salvador, donde, para poder aprobar los regímenes de excepción de Nayib Bukele, primero se tuvo que destruir la independencia del sistema de justicia. De otro modo no hubiese sido posible que se detenga a más de 90.000 personas sin ningún tipo de evidencia”, asegura.

Riesgo de captura del sistema judicial

Miño coincide. Menciona que aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante muchos años, “los matices que han cobrado últimamente, como las campañas de desprestigio, estigmatización y mecanismos de sanción, a nivel de la Judicatura, o la instrumentalización de la Contraloría, sí son preocupantes. Evidentemente, en Ecuador ya comienza a verse algo, que a nivel regional o global, ya se ha observado como algo peligroso para la democracia: los intentos de captura del sistema de justicia”, agrega.

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Aunque se alerta que estos casos inciden en el sistema de justicia, el abogado y exlegislador, Andrés Páez, opina que lo que realmente afecta es la agenda política de los jueces. Considera que en el caso de la CC, sus magistrados “no hacen justicia constitucional, tienen una agenda política que ha convertido a la Corte en el último reducto del correísmo. Lo único que afecta a la independencia judicial es que los jueces tengan una agenda política, porque ellos pueden tener ideas políticas, pero no pueden practicar su ideología”, concluye.

Lo que debes saber

• Simulación: La disculpa del Ministerio del Trabajo se presenta como un acto vacío y forzado, a través en video precario solo busca evitar sanciones internacionales.
• Conspiración: El Ministerio del Trabajo mantuvo el impedimento falso hasta que Alexandra Villacís se vio obligada a renunciar.

Hay disculpas con las que, en realidad, no se ofrecen disculpas y que, más bien, son ofensas no solo al sujeto ofendido, sino también insultos a la decencia y a la dignidad pública. Es esto lo que hizo el Ministerio de Trabajo al pedir disculpas públicas a Alexandra Villacís por haber mantenido vigente un impedimento falso e inventado para impedir que asuma el cargo que le correspondía, porque así lo disponen la ley y la Constitución: la presidencia del Consejo de la Judicatura.

El cinismo de un video de 18 segundos

En el caso de la disculpa de marras, hay varios agravantes que hacen de dicho gesto algo nauseabundo y escandaloso: no solo porque todos los antecedentes han sido pletóricos de abusos, de trampas, de ilegalidades y de groseras zancadillas en las que fueron cómplices casi todos los poderes del Estado (en especial el Ejecutivo) para impedir que Villacís asuma el cargo, sino también por la forma en que se expresó ese pedido de disculpas. Fue en un video grosero que apenas duró 18 segundos, en el que aparecía un funcionario cualquiera del Ministerio de Trabajo (ni siquiera se dignaron a identificarlo) que leyó una escuálida oración redactada con el más pavoroso espíritu de una burocracia abusiva y tramposa.

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En el texto leído por el anodino burócrata se hacía referencia a que ese ministerio no había cumplido con la sentencia de una jueza constitucional que había ordenado que, una vez comprobada la trampa, se posesionara a Villacís. “Dado el cumplimiento de la referida sentencia, esta cartera de Estado ofrece disculpas públicas al accionante en los términos dispuestos por la autoridad jurisdiccional, dejando constancia de su respeto al orden constitucional, a las decisiones judiciales y a la obligación de adecuar su actuación institucional a lo resuelto dentro de la presente causa”, leyó el funcionario en tono monótono, como bien pudo haberlo hecho cualquier aplicación de inteligencia artificial.

La trampa del impedimento y la renuncia forzada

Era evidente que quienes decidieron hacer el video lo hicieron calculando que, eventualmente, el Estado ecuatoriano podría ser procesado por algún organismo internacional. Lo cierto es que el video fue un ofrecimiento de disculpas formulado a la fuerza, sin convencimiento y como si hubiera sido hecho para cumplir con una formalidad legal: un insulto, pues, a la inteligencia y a la decencia pública.

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La supuesta y falsaria disculpa se produjo el mismo día, lunes 13 de abril, pocas horas después de que el Ministerio de Trabajo emitiera un documento en el que se señalaba que Villacís no tenía impedimento legal para ser presidenta del Consejo de la Judicatura, algo que todos sabían pero que los involucrados se negaban a reconocer. El documento en el que finalmente se decía lo evidente -que Villacís no tenía ningún impedimento- fue emitido el lunes 13 de abril, es decir, una semana después de que Villacís renunciara a su derecho de ser la suplente de Godoy.

En otras palabras, lo que ocurrió es que esperaron a que Villacís renunciara para levantarle el supuesto impedimento. En realidad, la historia detrás de este acto de falsa contrición, hecho en alguna descuidada y fría oficina del Ministerio de Trabajo, está tan llena de ilegalidades y abusos que, cualquiera que hubiera sido la forma, el resultado habría sido el mismo: una vergüenza.

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Un complot institucional con repercusión internacional

Básicamente, Alexandra Villacís no gozaba de la confianza de los poderes mafiosos que, tras la salida de la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) del abogado de narcotraficantes Mario Godoy, se complotaron para dar lo que constituye un auténtico golpe de Estado, si se considera cómo se rompió toda legalidad y la vigencia del imperio de la ley. En ese golpe institucional estuvieron involucrados varios organismos del Estado, evidentemente aupados por el Ejecutivo, que quiere seguir manipulando a jueces y fiscales como en la época de Godoy.

En ese grupo de la indignidad estuvo, para comenzar, Harold Burbano, triste ministro del Trabajo, que fabricó el impedimento, que era una falsa deuda que supuestamente Villacís no había pagado al SRI; el propio SRI, que se prestó para montar la trampa; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que desacató la orden de la jueza constitucional que había destapado la maniobra y envió una terna ilegítima para reemplazarla; el Consejo de la Judicatura, que tampoco cumplió con la orden de la jueza; y el Consejo de Participación y Control Social, que, bajo la presidencia del nuevo millonario Andrés Fantoni, también desoyó la orden. Todo un operativo de conspiración contra la legalidad, coordinado y concertado por los involucrados para sacar del camino a Villacís.

Lo ocurrido con Villacís no solo es una vergüenza y un acto de impúdica ilegalidad cometido por el Estado. También puede derivar en un proceso de sanción ante algún tribunal internacional, como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, porque está claro que, para cuando Villacís renunció, agobiada y exhausta, ya existía una sentencia que disponía levantar el impedimento. Se trata, pues, de una violación del artículo 25, literal c, de la Convención Americana y, más allá de eso, también de una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

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Y no solo eso: también hay la violación de una serie de normas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas de administración de justicia y la independencia de las autoridades judiciales, incluso de aquellas que no tienen función jurisdiccional, sino de dirección o conducción administrativa.

Lo que debe saber

• Quito: AMT sanciona 2.408 conductores en 2026 por infracciones en transporte público.
• Informe revela más de 5.200 citaciones entre 2025 y 2026 por puertas abiertas y paradas ilegales.
• Controles aumentan tras siniestro en Mariscal Sucre y por riesgos en seguridad vial. 

Correteos entre unidades, exceso de velocidad, circulación con puertas abiertas y pasajeros embarcados o desembarcados en plena vía son parte del retrato cotidiano que enfrenta el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito. 

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La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) encendió nuevamente las alertas al revelar que, en lo que va del año, 2.408 conductores han sido sancionados por diversas contravenciones, tras un análisis a las cooperativas que operan en la capital.

Más de 2.408 sanciones en Quito

El informe no solo evidencia la magnitud del problema, sino también la recurrencia de ciertas prácticas que se repiten en el sistema. Según la AMT, el objetivo del estudio fue identificar las infracciones más frecuentes para fortalecer los controles en calle y mejorar la calidad del servicio. La preocupación se intensificó tras el siniestro registrado el pasado 2 de abril en la avenida Mariscal Sucre, hecho que motivó el incremento de operativos en distintos puntos de la ciudad.

En ese contexto, Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, detalló que entre 2025 y lo que va de 2026 se han emitido 5.235 boletas de citación al transporte público. Solo en 2026, la cifra alcanza 2.408 sanciones. “Se ha intensificado el control en todas las operadoras, especialmente en aquellas que presentan reincidencia”, señaló la funcionaria.

Quito

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El ranking de infracciones ubica a varias cooperativas con altos niveles de sanción. En 2025, Transporsel encabezó la lista con 312 citaciones, seguida de Paquisha, Carcelén-Tarqui, Transperiféricos y Alborada. Para 2026, la tendencia se mantiene con variaciones: Transplaneta lidera con 146 sanciones, seguida de Transporsel con 137, Paquisha con 134, Alborada con 118 y Vencedores de Pichincha con 106.

Las infracciones más recurrentes ayudan a entender el comportamiento en las vías. Conducir con puertas abiertas representa una de las principales faltas, con 849 casos registrados. Le siguen no utilizar cinturón de seguridad (291), recoger o dejar pasajeros en lugares no autorizados (286), desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito (219) e invadir carriles exclusivos del transporte público (169).

Infracciones frecuentes en transporte público Quito

Estas conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionadas con multas que van desde el 5% hasta el 30% del salario básico unificado, dependiendo de la infracción. Sin embargo, la AMT reconoce que no todas las faltas pueden ser sancionadas con la misma intensidad. 

El exceso de velocidad, por ejemplo, aún no se sanciona de forma operativa debido a un vacío normativo relacionado con la calibración de cinemómetros, aunque sí se realizan controles preventivos y reportes a la Secretaría de Movilidad.

“Sí hemos identificado excesos de velocidad, pero por ahora se notifican para generar conciencia mientras se ajusta la normativa”, explicó Morocho, al tiempo que recalcó que los operativos son diarios y se ejecutan en distintos sectores de la ciudad.

Las consecuencias de estas prácticas no se limitan a sanciones económicas. La AMT advierte que muchas de estas infracciones están directamente relacionadas con siniestros de tránsito, especialmente caídas de pasajeros por apertura indebida de puertas o frenazos bruscos en movimiento. 

El exceso de velocidad se detecta pero aún no se sanciona operativamente por limitaciones técnicas
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT

Conductores sancionados por malas prácticas

El tema también ha generado reacciones políticas. Concejales del Municipio de Quito han cuestionado el accionar de algunas operadoras y han planteado medidas más severas, como la posible reversión de permisos. Desde la Secretaría de Movilidad, en cambio, se anunció el inicio de acciones administrativas y procesos de verificación sobre el funcionamiento de las cooperativas.

Mientras tanto, desde el sector del transporte, los dirigentes defienden su postura. El gerente de Transplaneta, Joselito Rodríguez, aseguró que la empresa ha iniciado procesos de capacitación interna y busca reforzarlos mediante convenios educativos. Sin embargo, señaló una dificultad: no cuentan con el detalle individual de las sanciones, lo que limita el seguimiento caso por caso.

En la misma línea, el representante de Vencedores de Pichincha, Cristian Lara, reconoció la existencia de infracciones, pero atribuyó parte del problema a la falta de señalización adecuada en paradas y a la presión operativa del sistema.

Estamos aplicando sanciones internas para corregir malas prácticas en nuestros conductores.Cristian Lara, gerente de la coop. Vencedores de Pichincha

La cooperativa, dijo, ya aplica sanciones internas y programas de formación, aunque admitió que el informe de la AMT obliga a reforzar los controles. Pese a los cuestionamientos por las infracciones de tránsito registradas en el transporte público, el gremio del sector señala que la operación atraviesa también una fuerte presión económica. 

Los dirigentes atribuyen parte de las dificultades al incremento del precio del diésel, que afecta directamente la sostenibilidad del servicio. El dirigente Carlos Brunis señala que el alza del diésel y la eliminación del subsidio han afectado gravemente la operación de las cooperativas. Afirma que la prestación del servicio ya no puede sostenerse al 100% debido a los mayores costos de combustible e insumos.