Las claves que debes saber

• Caso Progen: difusión de documento por José Julio Neira complica litigio de Celec en Florida.
• Progen busca acceso a estrategia legal del Estado tras divulgación de memorando el 17 de junio.
• Tribunal de EE. UU. decidirá si se perdió confidencialidad en demanda por más de 100 millones de dólares.

La insidia, la vanidad y la carencia de escrúpulos de José Julio Neira están a punto de salirle caras al país en el caso Progen. En su desesperación por encubrir la responsabilidad del Gobierno en la compra de generadores de electricidad inútiles y por insinuar, con perversidad, que detrás del negociado están Ecuavisa y EXPRESO, Neira apareció en un video de cinco minutos mostrando documentos que tenían carácter reservado dentro del juicio que Celec le entabló a Progen en Florida para recuperar el dinero.

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Lo que pretendía ser un golpe político del Gobierno para sostener que ya había identificado a los supuestos beneficiarios del millonario contrato de Progen, terminó convirtiéndose en un problema para la propia estrategia judicial de Celec en Estados Unidos. 

En un acto de gigantesca irresponsabilidad, Neira divulgó información que los abogados de la empresa pública consideran confidencial y que ahora la defensa de Progen pretende utilizar para acceder a toda la estrategia legal del Estado ecuatoriano.

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Neira difundió parte de documento confidencial

El episodio comenzó el 17 de junio, cuando Neira publicó un video en el que explicaba la denominada “ruta del dinero” del caso Progen. Para sustentar sus afirmaciones mostró parte de un memorando elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, contratado por Celec para demandar a Progen en una Corte Federal de Estados Unidos y recuperar cerca de 104 millones de dólares relacionados con los contratos para la instalación de generación eléctrica.

Y aunque el documento, denominado Financial Tracing Strategy, no era un informe cualquiera, Neira lo aventó al público. Se trataba de un memorando preparado por los abogados de Celec para definir la estrategia destinada a rastrear el destino del dinero pagado a Progen. La irresponsable y maliciosa publicación de Neira abrió, entonces, una oportunidad para Progen que nadie había previsto.

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Progen aprovecha la exposición del documento

Los abogados de la empresa sostuvieron ante el juez que si el propio cliente (Celec, a través de un alto funcionario del Gobierno) hizo público el documento, entonces renunció voluntariamente a esa protección legal.

Sobre esa base solicitaron que el tribunal ordene la entrega íntegra del memorando y de otros documentos relacionados con la estrategia jurídica del Estado ecuatoriano. En otras palabras, Progen busca convertir el error político de Neira en una ventaja procesal.

Los abogados de Celec reaccionaron notificando de inmediato al juez que la difusión del memorando nunca fue autorizada por el equipo legal y pidieron limitar las consecuencias de esa publicación. 

Sin embargo, el tribunal todavía deberá resolver si esa divulgación implica o no la pérdida del privilegio que protege las comunicaciones entre abogado y cliente. En otras palabras, el eventual éxito de la demanda de Celec podría verse seriamente comprometido.

Los escenarios del pedido de Progen

Si el juez acepta la tesis de Progen, la empresa demandada podría acceder a información sensible sobre la estrategia jurídica de Celec, incluidos análisis de riesgos, hipótesis legales y planes para rastrear activos. Eso no significaría automáticamente la derrota del Estado ecuatoriano en el juicio, pero sí supondría una ventaja importante para la defensa de Progen en uno de los litigios internacionales más relevantes que enfrenta actualmente el Ecuador.

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La responsabilidad de Neira

La responsabilidad de Neira es inmensa y tiene tres dimensiones: política, administrativa y procesal.

La responsabilidad política es, probablemente, la más evidente. Neira decidió utilizar un documento elaborado por los abogados de Celec como parte de una estrategia de comunicación del Gobierno para aparecer como si ya hubieran descubierto quién se quedó con el dinero, algo que es falso. 

Esa decisión transformó una herramienta jurídica concebida para un litigio en un instrumento de propaganda política. Si esa divulgación termina debilitando la posición de Celec en el juicio, la responsabilidad política recaerá sobre Neira.

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En el plano administrativo, habría que establecer si Neira tenía autorización para divulgar un documento preparado por abogados externos para un litigio en curso. 

Si el memorando estaba sujeto a confidencialidad (como sostienen los abogados de Celec), la pregunta es quién autorizó su entrega al secretario de la Administración y con qué fundamento legal pudo difundirlo públicamente. Esa es una cuestión que podría dar lugar a investigaciones internas sobre el manejo de información reservada.

Pero donde el tema adquiere mayor relevancia es en la responsabilidad procesal. En el sistema judicial estadounidense, el privilegio abogado-cliente y la protección del ‘work product’ existen precisamente para impedir que la contraparte conozca la estrategia jurídica de quien demanda. 

¿Neira creó ventaja para Progen?

La defensa de Progen sostiene que la publicación realizada por Neira constituye una renuncia voluntaria a esa protección. Si el juez acepta ese argumento, el perjuicio no provendría únicamente de haber mostrado algunas páginas del memorando, sino de haber abierto la puerta para que Progen solicite acceso a un conjunto mucho más amplio de comunicaciones y análisis estratégicos.

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Si bien eso no significa que Neira sea jurídicamente responsable de una eventual derrota de Celec, el secretario de la Administración habría facilitado la tarea de un adversario del Estado ecuatoriano en un litigio de más de 100 millones de dólares. 

Neira creó un riesgo procesal que antes no existía: proporcionó a la defensa de Progen un argumento para intentar levantar la confidencialidad de documentos que, de otro modo, probablemente habrían permanecido protegidos.

Paradójicamente, en su afán por obtener un rédito político inmediato, Neira pudo haber entregado a la defensa de Progen la herramienta más valiosa que podía recibir: una oportunidad para conocer y cuestionar la estrategia jurídica del propio Estado ecuatoriano.

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Lo que debes saber

• La velocidad sigue siendo una de las principales causas de muerte en las vías.
• Expertos sostienen que el urbanismo táctico ha demostrado ser una herramienta eficaz para calmar el tránsito y reducir los siniestros, pero advierten que el reto es convertir estas intervenciones en permanentes.

Reducir la velocidad. La recomendación se repite siempre que hay un siniestro vial, pero las campañas parecen insuficientes para sacar a la rapidez en el desplazamiento de los vehículos de la lista de las principales causas de muerte en las vías.

“Cuando se conduce a velocidad excesiva, aumenta la probabilidad de que el conductor pierda el control del vehículo, ya que tiene menos capacidad para anticipar los peligros. También impide que otros usuarios de la vía pública puedan prever adecuadamente el comportamiento del auto”, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Pero cuándo se considera que hay un exceso en la velocidad a la que se conduce? Se podría interpretar que ocurre cuando se maneja a más de 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, lo que en nuestras vías son considerados límites apropiados, suelen esconder consecuencias peligrosas.

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“Si un niño cruza frente a un automóvil a 13 metros de distancia, cuando el automóvil transita a 30 kilómetros por hora, este puede detenerse justo antes de atropellar al niño. Pero si la velocidad del auto es 50 km/h o más, el niño será atropellado y las posibilidades de que sobreviva serán pocas”, sentencia la OMS.

En la vía Perimetral, la de mayor siniestralidad según el Observatorio de Movilidad, de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el límite es 90 km/h. En la vía a la costa, donde los incidentes ocurren casi a diario, es 80 km/h.

Durante un operativo preventivo que realizó la ATM hace un mes, se detectaron vehículos que superaron los 100 km/h en esta vía rodeada de urbanizaciones y comercios.

“Convencer a los conductores de que manejen dentro de los límites de velocidad permitidos no siempre es fácil, pero es un desafío que debe enfrentarse, pues se ha comprobado que las velocidades elevadas aumentan el número de siniestros viales y, por lo tanto, de lesionados y fallecidos; mientras que la disminución de la velocidad los reduce”, insiste la OMS.

¿Cuál es el fin de estas intervenciones?

Cambiar la infraestructura para forzar esta reducción y recuperar espacios para las personas, es uno de los objetivos de las intervenciones de urbanismo táctico que se han realizado en sectores del noroeste, sur y centro de la ciudad.

En 2022, la administración de Cynthia Viteri intervino la zona de la avenida Mariana Argudo Chejín, desde Domingo Comín hasta Alberto Spencer, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo.

Desde entonces, las calles dejaron de ser sinónimo de velocidad. Con maceteros, bolardos y pintura se pacificó la vía.

“Antes eran casi el 40 % de los vehículos que excedían la velocidad estipulada en el diseño de la calle, de 50 km/h. Ahora vemos que no pasan del 16% los vehículos que exceden la velocidad. Con el diseño puedes regular justamente eso”, explica Fernando de la Torre, gerente de programas de la Iniciativa Global de Diseño de Ciudades (GDCI), organización que asesora al Municipio en este tipo de intervenciones.

Este proyecto llevó incluso a que GDCI incluya a Guayaquil, en 2025, en el programa ‘Streets for Kids Leadership Accelerator’, por haber ejecutado 47 intervenciones en los alrededores de centros educativos, en los últimos dos años, para reducir los límites de velocidad a 20 km/h.

Las intervenciones se han realizado en sitios como Colombia y la 39, en el sector de Cristo Rey, y afuera de la escuela Jorge Enrique Adoum, en la cooperativa Juan Montalvo.

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“Esto sí cubre bastante para que no haya muchos siniestros con los niñitos que salen. Estuvo muy bien, pero se necesita que sea un poquito más cerradito (el paso), porque hay motos lineales que se cruzan”, dice Marcia Ollague, madre de familia.

Paola Coello, otra representante de esta escuela, señala que en otra zona de la misma cooperativa hay planteles donde los carros, incluidos expresos, circulan a exceso de velocidad, pese a que son calles empinadas. Por eso cree que este tipo de obras deben ampliarse a otros sectores.

A ese desafío se suma el hecho de hacer que las intervenciones, que son temporales, pasen a ser definitivas tras un tiempo de evaluación. Así lo considera Alberto Hidalgo, magíster en Urbanismo y especialista en movilidad activa y seguridad vial.

“Si no hay una estrategia de que esto sea permanente, simplemente luego se pierde. De hecho, es contraproducente porque se dañan las macetas o incluso hay más gasto para el mantenimiento de la pintura”, explica el especialista, quien señala que la temporalidad no debería ser mayor a seis meses.

Otro punto intervenido fue el tramo norte del bulevar 9 de Octubre, entre Quito y Machala. Ahí, las personas aprovechan para sentarse a conversar bajo la sombra de árboles, pese a que los motociclistas ingresan y se estacionan incluso en el espacio del cicloparqueo.

Hidalgo cree que ahí podrían crearse más espacios para descanso y recreación. Incluso, menciona el caso de parques en Quito donde se han creado zonas de cuidado para madres con sus niños. Así se brinda un “espacio público mucho más habitable para las personas”.

Para De la Torre, que se ejecuten más intervenciones depende de la voluntad política, porque suele ser un tema que al inicio genera resistencia, pero que termina convenciendo a las personas, al darse cuenta de los beneficios generados.

“Se tiene que dar ese salto para que las personas que tienen un poco más de poder político o de decisión tomen justamente estas opciones, que son mucho más rentables que dejarle a la ciudad con la misma dinámica que existe”, señala.

Por eso, masificar las intervenciones para cambiar el diseño vial y hacerlas permanentes, es el desafío que tiene la ciudad para reducir no solo la velocidad en las vías, sino las muertes por siniestros de tránsito.

Lo que debes saber:

• Las Casas Quito crece como ruta gastronómica; desde 2012, Junior Córdova impulsa locales y atrae comensales de toda la ciudad.
• Vecinos y dueños residentes sostienen equilibrio en el barrio; evitan discotecas y priorizan convivencia y seguridad comunitaria.
• Córdova alerta riesgo de expansión sin control; teme repetir caso La Mariscal por uso de suelo y presión inmobiliaria.

Nació en Baños, en Tungurahua, pero desde hace 14 años Junior Córdova se instaló en Las Casas, en el centro-norte de Quito, y sin proponérselo terminó por iniciar con el primero de varios locales que le inyectaron nueva vida. 

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El sector conserva un ritmo de barrio: algunos de los vecinos que se saludan crecieron juntos (fueron niños, luego jóvenes y hoy son abuelos). Se los ve caminando lento, apoyados en el brazo de enfermeras o hijos.

A ese latido, que solo proporcionan los residentes a un barrio, a diario se suman rostros que lo mantienen en movimiento y en la mira de quienes incluso llegan de los valles. Las Casas se ha ido convirtiendo en una parada obligada para quienes buscan una ruta gastronómica distinta, alejada de la oferta de los centros comerciales.

Lo especial y probablemente lo que ha permitido que todavía no lleguen locales estruendosos con combos de cerveza, ruido y más problemas, es que buena parte de los propietarios también son residentes.

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Así llegó la gastronomía a Las Casas

Uno de ellos es Junior Córdova. No cierra Shibumi para marcharse a descansar a otra zona, sino que reside en la misma casa donde funciona su restaurante especializado en sushi. 

Tal vez por eso, y por la lógica comunitaria que aún persiste, Las Casas mantiene una suerte de equilibrio, una atmósfera que parece preservada. No es un punto donde lleguen miles, hay árboles, lugares para parquear, aire de comunidad.

Córdova, convertido en una de las voces más activas del colectivo que dinamiza la zona, no oculta su preocupación. Ese encanto podría diluirse si no se controla el uso de suelo y la expansión comercial se desborda. Eso pasó en La Mariscal, donde un lugar bohemio, pensado como zona rosa, se salió de control, por lo que gran parte de vecinos se mudaron.

“La Mariscal fue un barrio súper bonito. En mi juventud lo disfruté, pero se dio una degradación después del año 2000. No hubo coordinación, simplemente se permitió que todos los que quieran vayan”, reflexiona.

El temor de que todo se salga de control

El hecho de ser vistos como una zona gastronómica en Quito es un imán. Incluso los vecinos cuentan que hace unos meses, el Municipio llegó para ubicar un espacio de zona azul. Pero el barrio y los locales los detuvieron, les hicieron ver que las aceras estaban destruidas, así que tuvieron que repararlas.

El ritmo de vecindad en el barrio

Esa percepción de seguridad se sostiene en gestos cotidianos: un guardia que acompaña a una vecina hasta su casa por la noche, al notar que acaba de salir del gimnasio, mientras otro cubre su puesto. 

O las bancas de madera junto a algunos locales, donde adultos mayores descansan unos minutos acompañados por sus cuidadoras. Escenas que dan la idea de comunidad, de calma, de un buen lugar para ir a comer algo rico.

Córdova llegó al sitio tras casarse con Soledad, residente del lugar. Creció entre bares y restaurantes en Baños, emigró a Dinamarca y allí un chef japonés le enseñó a preparar sushi. De ese recorrido nació Shibumi, un nombre que alude a la belleza de lo simple, sin artificios, explica.

En Las Casas no hay discotecas ni cervecerías de gran formato, sino un bar pequeño, así como propuestas cuidadas y precios que se ajustan a la oferta especializada, explica Córdova. Se puede acudir a Broz, tostaduría y cafetería; Plural, casa de bebidas; Chulpi Urbano, un restaurante de comida ecuatoriana; la pastelería Miel & Chocolate; Blum Heladería; comer platos lojanos, etc.

La convivencia entre negocios, rememora, ha sido posible gracias al diálogo. Si llega un local masivo, concentrado en la venta de licor o una discoteca, habría problemas. Él mismo, si eventualmente un local permanece abierto más allá de las 23:00, no puede dormir. 

No necesariamente por el ruido que cinco personas en la calle hagan, sino por temor a lo que podría pasar, porque están más expuestos.

Las ferias en Las Casas

Pero entre restaurantes pequeños es manejable: se conversa y se coordina, afirma. Bajo esa premisa han hecho posible que iniciativas colectivas como ‘Salsa en la calle’ llegue a Las Casas. Con el apoyo de los restaurantes y más locales se concretaron dos ediciones en febrero y junio 2026, en el parque Italia, que combinaron gastronomía, arte y música.

Ahora el colectivo de restaurantes, que incluso cuenta con un chat comunitario, se ha propuesto preparar una nueva feria de forma independiente. Esta vez no piensan en una fiesta, sino en un enfoque más familiar y concentrado específicamente en lo gastronómico, quizá con un DJ y un cantautor. Será en agosto, aprovechando que es el Mes de las Artes.

Para esta y otras iniciativas, el colectivo de restauranteros se comunica con la Administración Zonal La Mariscal. Quieren ayuda para tener carpas y electricidad.

Durante las ferias, los organizadores asumen la logística: seguridad para los vehículos, limpieza del parque y coordinación con la Zonal. El esfuerzo es compartido. “Cada uno aporta desde lo que sabe hacer: redes sociales, organización, contactos. No es algo impuesto, sino construido entre todos”.

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Las Casas se consolida como un enclave donde conviven emprendimientos gastronómicos y alma de barrio. El desafío, coinciden, es sostener ese equilibrio y que el éxito que le da vida, no lo desdibuje.

Todos los barrios, San Juan o La Gasca, deberían tener unos cuatro locales, por lo menos.Junior Córdova

Cadenas se interesan por Las Casas

Una cadena colombiana de restaurantes que vende crepés ya compró una casa antigua. Estiman que quizá construyan el próximo año. 

Lo que debes saber

• El litigio de Progen vs Celes en Estados Unidos contiene una falsedad jurídica, ya que la lobista Karla Saud y el exgerente de Celec, Fabián Calero, no tienen ningún vínculo familiar.
  
• Los documentos confirman que el parentesco real de Karla Saud es con el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira.
• Al comprobarse que no existe el parentesco, Celec enfrenta el riesgo de que su acusación de fraude corporativo pierda credibilidad.

Celec y Progen le han mentido a la justicia norteamericana. Desde el 15 de diciembre de 2025, cuando la empresa pública presentó su demanda contra Progen en una corte de Florida, ha sostenido de manera reiterada que Karla Saud, lobista de Progen, es pariente de Fabián Calero, exgerente general de Celec, y que esa relación familiar fue un elemento clave para ejecutar una conspiración millonaria (de 104 millones de dólares) por dos centrales termoeléctricas que no han generado ni un solo megavatio.

Sin embargo, los documentos del Registro Civil muestran otra realidad: Karla Saud y Fabián Calero no son familiares. Quien sí tiene un vínculo de parentesco con Saud es el actual secretario de la Administración Pública, José Julio Neira. Se trata de una relación lejana. El padre de Karla Saud, Carlos Eduardo Saud Saud, es primo hermano de Julio Hanze Saud, abuelo de Julio José Neira, según consta en el Registro Civil. Ambas pertenecen a la familia Saud Chamex, de origen libanés, que se estableció inicialmente en Esmeraldas.

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¿Qué implica ese parentesco?

Hasta ahora, ni en el proceso civil que Celec impulsa en Florida ni en la investigación penal por peculado en Ecuador, esa relación familiar ha sido considerada un elemento relevante, probablemente debido a su lejanía.

Lo que sí resulta llamativo es que el litigio en Estados Unidos se sostiene, en parte, sobre un parentesco que no existe entre Karla Saud y Fabián Calero.

En su defensa, Progen también ha utilizado ese supuesto vínculo para intentar debilitar la posición de Celec. Ha sostenido que la empresa pública “sabía o debía haber sabido”, al momento de invitar a Progen a participar en la licitación y adjudicarle dos contratos, “que Saud mantenía una relación familiar con Fabián Calero, entonces gerente general de Celec”. En un escrito al juez Sean P. Flynn agregó que, que de haber conocido esa relación, “Progen habría entendido que Saud no actuaba como un intermediario independiente en Ecuador, sino como una persona vinculada familiarmente con la entidad que adjudicaba los contratos”.

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En esa corte federal, la tesis del parentesco también ha servido para respaldar uno de los elementos de su caso: sostener que la contratación no respondió a una transacción legítima de mercado, sino que estuvo influenciada por intereses familiares.

Bajo la Ley RICO o ley antimafia, Celec debe demostrar un fraude corporativo. Es decir, que hubo acciones poco éticas o delictivas que se emplearon para un beneficio económico. En ese punto, Celec afirma que Fabián Calero habría utilizado su cargo para direccionar la contratación y facilitar pagos a favor de una contratista vinculada con un familiar, lo que permitió la malversación de fondos públicos.

Sin embargo, EXPRESO revisó los informes oficiales de filiación de Karla Saud y Fabián Calero. No comparten ascendientes comunes, ni cercanos ni lejanos. Quien sí aparece como familiar directo de Karla Saud es Alex Patricio Dueñas Calero. Ambos son medio hermanos por parte de madre.

José Antonio Saud Sacoto también fue identificado como hermano por parte de padre de Karla Saud y fue contratado por Celec en septiembre de 2025. Estuvo tres días, lo desvincularon y mandaron su caso a la Secretaría de Integridad, dirigida por Neira. Ellos tampoco son hermanos. La confusión se dio porque José Antonio Saud Sacoto llevó el apellido del padre de la lobista de Progen sin ser hijo biológico. En 2014 registró a su progenitor, que consta en su cédula actual. A este Diario le explicó que no ha tenido ninguna relación familiar con la representante de Progen y que en los pocos días en el cargo no revisó ninguno de los contratos.

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¿Cómo afecta el falso parentesco en el juicio de EE.UU.?

Fabián Calero y Karla Saud ya informaron al juez Sean P. Flynn que no tienen ningún vínculo familiar. Y ambos entregaron documentación para respaldar sus afirmaciones.

Ahora será el juez quien determine si ese dato erróneo afecta la credibilidad de la demanda presentada por Celec.

En el sistema judicial estadounidense, especialmente en acciones civiles por fraude y bajo la Ley RICO, los hechos deben presentarse con un alto grado de precisión. La Regla Federal de Procedimiento Civil 9(b) exige que las alegaciones de fraude se expongan con particularidad, lo que implica que los hechos relevantes deben haber sido verificados mediante una investigación razonable antes de ser incorporados a la demanda.

A esto se suma que Celec enfrenta otro riesgo. La empresa pública quedó expuesta tras la filtración que hizo José Julio Neira de un informe confidencial elaborado por el estudio jurídico Greenberg Traurig, sobre la estrategia para rastrear la ruta del dinero y recuperar los recursos desviados.

Progen sostiene que esa filtración constituye una actuación de mala fe procesal y ha solicitado sanciones. El magistrado aún no se pronuncia.

Si el argumento del supuesto parentesco entre Karla Saud y Fabián Calero termina descartándose, la empresa contratista podría reforzar otra de sus líneas de defensa: que Celec incluyó un hecho material falso que pudo inducir a error a una corte federal estadounidense.

Progen pide memorando confidencial

Progen pidió a una Corte Federal de Florida que obligue a Celec a entregar íntegro un memorando confidencial del estudio jurídico Greenberg Traurig, luego de que Neira difundió parte del documento en la red X.

Según Progen, hizo pública información protegida por el privilegio abogado-cliente. La firma sostiene que el Gobierno utilizó ese material con fines políticos, mientras intentaba impedir su acceso en el litigio. El juez aún no se pronuncia.

Opinión

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Martin Pallares

Lo que debes saber

• Al menos 18 legisladores dejarán su curul para buscar una dignidad seccionales en cada una de sus provincias.
• ADN será el bloque legislativo que mayores bajas experimentará y que deberá reemplazar con suplentes. 
• La salida de un integrante del CAL podría originar una nueva disputa entre ADN y el correísmo

Poco más de 13 meses después de la instalación de la actual Asamblea Nacional, varios legisladores buscan un cargo de elección local. Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), las principales fuerzas políticas del Legislativo, recurrirán a sus asambleístas para disputar alcaldías y prefecturas, lo que obligará a una reconfiguración.

Ecuador

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Tras concluir el plazo para el desarrollo de las primarias, al menos 18 asambleístas apuntan a competir por una dignidad seccional. Y para entrar en la contienda electoral tendrán que renunciar a la Asamblea.

Aunque los nombres ya fueron definidos en los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, el plazo para registrar alianzas electorales vence el próximo 18 de julio, por lo que aún podrían producirse cambios.

ADN sufrirá la mayor cantidad de salidas

ADN será el bloque legislativo que enfrentará el mayor remezón. Del oficialismo saldrán nueve legisladores para buscar alcaldías y prefecturas. Entre ellos figuran presidentes y vicepresidentes de comisiones.

Por ejemplo, Ana Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, fue nominada para buscar la Prefectura de Napo. El nombre de Lucía Pozo, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, también fue considerado para participar en las seccionales.

Uno de los casos más relevantes en cuanto a cambios será el de la Comisión de Fiscalización. De sus diez integrantes, tres dejarían la mesa para competir por una dignidad local. Además de Tapia, Jeaneth Bustos y Fricson George, de la Revolución Ciudadana, son precandidatos por el movimiento Amigo, que auspiciará al correísmo en las seccionales.

Para ADN, la Comisión de Fiscalización ha sido estratégica, ya que desde esa instancia se bloquearon procesos de juicio político contra ministros del presidente Daniel Noboa. También se impulsaron investigaciones, como las relacionadas con la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.

Una vacante en el CAL está en disputa

Pero el cambio más sensible podría darse en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Allí, el oficialismo mantiene el control con cuatro vocales propios y tres aliados, entre ellos Steven Ordóñez.

Él buscará la Prefectura de El Oro y su eventual salida abriría una vacante en el CAL que, en teoría, podría reclamar la Revolución Ciudadana. Al inicio del actual periodo legislativo, ADN logró ocupar todas las vocalías y, en representación del correísmo, fue designada Mónica Salazar, quien ya se había distanciado de la Revolución Ciudadana antes de la instalación de la Asamblea.

Política

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Sobre ese escenario, el asambleísta de ADN Andrés Castillo declaró a fines de junio: “Cuando renuncien se hará la reestructuración. Si eso sucede, habrá que conversar con los aliados y llegar a un acuerdo”.

El reto de mantener la mayoría

A la reconfiguración del CAL y de las comisiones se suma el reto de preservar la mayoría. ADN ha logrado consolidar al menos 84 votos, aunque, dependiendo del tema que se debate en el Pleno, ese respaldo se ha reducido hasta el mínimo de 77 votos.

Tanto para la Revolución Ciudadana como para ADN, el objetivo será garantizar que los asambleístas suplentes que se principalicen permanezcan en sus respectivas bancadas. La jefa del bloque correísta, Patricia Núñez, aseguró que su organización mantiene la tranquilidad porque quienes asumirían las curules “son compañeros y militantes”.

Lo que debes saber:

• Quito: estudiantes de arquitectura recorren la ciudad, como parte de su proceso de formación.
• El taller "Con lo que hay", de la PUCE, pasa de las maquetas a las obras reales, en la capital y en otras zonas, como Salcedo, etc.
• En la Universidad Central, un profesor de arquitectura y sus alumnos tienen un proyecto para transformar el campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo.

Los estudiantes de las facultades de arquitectura recorren Quito y ensayan intervenciones que, en su mayoría, se quedan en maquetas o en proyectos premiados dentro del ámbito académico. ¿Cuánto de ese trabajo puede traducirse en transformaciones para la capital?

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Para el arquitecto Martín Real, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la formación está diseñada para abordar proyectos de distinta escala —desde vivienda unifamiliar hasta urbanismo— con un aumento progresivo de complejidad. 

En su taller de “escenarios alternos” les ha propuesto pensar en soluciones frente al vaciamiento urbano. El ejercicio parte de elegir zonas de intervención —como el Centro Histórico, el eje de la 10 de Agosto o el entorno de El Ejido— y replantear sus formas de ocupación.

Muchos estudiantes apenas las conocen y enfrentan temor al recorrerlas o interactuar con sus habitantes. Ese impacto, sin embargo, forma parte del aprendizaje.

A partir de ese diagnóstico, los alumnos simulan intervenciones arquitectónicas: proponen nuevos usos, incorporan vivienda o equipamientos culturales y proyectan escenarios posibles. Aunque se trata de ejercicios académicos, el énfasis está en comprender la ciudad, hablar con sus usuarios.

Con sus alumnos desarrollaron un ejercicio puntual en una cuadra cercana a la Prefectura de Pichincha, sobre la 10 de Agosto. El objetivo fue entrenar a los estudiantes en un escenario ficticio de intervención arquitectónica. 

El punto de partida consistió en seleccionar una edificación susceptible de rehabilitación y asumir, como hipótesis de trabajo, que los lotes perimetrales estaban vacíos para ampliar las posibilidades de exploración.

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Los estudiantes se involucran y construyen, hay más riesgos

Una lógica distinta guía el trabajo de Enrique Villacís y Cynthia Ayarza, impulsores del taller “Con lo que hay”, que desde hace 15 años combina diseño participativo y construcción comunitaria. En él, los estudiantes no solo diseñan: trabajan con un barrio o colectivo y ejecutan, junto a ellos, una obra concreta.

El enfoque busca evitar el asistencialismo. Más que entregar soluciones, promueve procesos de colaboración y corresponsabilidad: la comunidad se involucra y aporta, mientras la academia contribuye con diseño y metodología. Frente a experiencias efímeras o simbólicas, su apuesta es dejar herramientas replicables y fortalecer la autonomía local.

La experiencia de estudiantes de arquitectura

Los estudiantes destacan el enfoque poco convencional. Brigitte Uvidia, de séptimo semestre, resalta que el taller trasciende la maqueta: diseñaron y construyeron un juego infantil en la Fundación Jardín del Edén, en Salcedo, con acompañamiento técnico. Considera que este tipo de proyectos puede replicarse en otros espacios públicos, al promover usos abiertos y exploratorios.

La mirada de los universitarios cambia, luego del taller

Sebastián Guarderas subraya que el taller permite “materializar” ideas y vincular la formación con la realidad social: una experiencia de cocreación que convierte a la academia en herramienta de transformación. 

El estudiante mira oportunidades para trabajar con espacios para los comerciantes informales, con mobiliario temporal o no, que podría usarse en ferias, más allá de carpas o quioscos.

Marcelo Pila, por su parte, apunta que salir al territorio cambia la forma de observar la ciudad: permite detectar problemas, pero también oportunidades, como la reutilización de edificaciones abandonadas.

En la Universidad Central se busca que el campus sea un laboratorio de sostenibilidad

En la Universidad Central, el arquitecto Diego Hurtado trabajó con sus alumnos en un proyectos para transformar al campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo. 

La propuesta incluye metas al 2040: 

En el planteamiento también se observa los efectos del cerramiento universitario, que puede generar espacios degradados en su entorno e inseguridad. 

Frente a ello, se proponen bordes activos, integración urbana y nuevas dinámicas de uso, con vivienda más económica, cuyas rentas podrían costear un préstamo, por ejemplo del Banco del Estado. La idea es avanzar hacia un modelo de “barrio de 15 minutos”, con menos desplazamientos y mayor vida de ciudad.

Entre maquetas, intervenciones reales y laboratorios urbanos, la arquitectura universitaria ensaya respuestas. El desafío sigue siendo que esas ideas no se queden en el aula.

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Lo que buscan esas intervenciones

Para Martín Real, la academia debe asumir un rol activo en la generación de ciudad. Cita, por ejemplo, la experiencia de la Universidad Indoamérica en Ambato, que junto al Municipio levantó un proyecto que comenzó como ejercicio académico y terminó convertido en un recorrido peatonal público: Las Escalinatas, que hoy conectan dos plataformas mediante escaleras eléctricas. 

La iniciativa articuló a la academia, la institución pública y la empresa privada hasta concretarse.

En el taller de Villacís y Ayarza, en la PUCE, el objetivo es “llevar la arquitectura a territorios poco atendidos, más allá de zonas como la República del Salvador o Quitumbe, para reconocer necesidades reales y sembrar inquietudes que impulsen procesos sostenidos”.

LO QUE DEBES SABER

• La reforma al mercado extrabursátil abrió una división en la Asamblea, incluso dentro de la Comisión de Régimen Económico, por la incorporación de cambios al Libro II del COMYF que no estaban en los proyectos originales.
• El oficialismo defiende que el Estado tenga una plataforma propia para reducir el pago de comisiones a casas de valores privadas y ordenar las operaciones entre entidades públicas.
• La oposición y gremios bursátiles advierten riesgos de menor transparencia, dispersión de operaciones, pérdida de precios públicos de referencia y posible competencia desigual si la banca privada asume funciones de intermediación.

La reforma al mercado extrabursátil dividió al pleno de la Asamblea Nacional. 

En el primer debate del jueves 2 de julio, el bloque oficialista defendió que el Estado deje de pagar comisiones millonarias a las casas de valores privadas, mientras Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) denunciaron que las reformas al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) responden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El debate se centró en analizar los pro y contra de permitir que los títulos públicos, como los bonos estatales que hoy se negocian en el mercado bursátil, migren a un circuito paralelo conocido como mercado extrabursátil, un sistema donde se tranzan instrumentos financieros directamente, sin intermediación de una bolsa de valores.

Reforma al COMYF abre debate sobre mercado extrabursátil

La ponente Nathaly Farinango, presidenta de la comisión, defendió que los artículos 3, 4 y 60 del Libro II fortalecen el mercado bursátil. 

Afirmó que la reforma "amplía y precisa las modalidades de mercado extrabursátil y privado", reconoce a las entidades del sector financiero privado como intermediarios de valores e incorpora el principio de entrega contrapago para reducir riesgos de contraparte.

Desde la propia comisión, la asambleísta Mónica Alemán (PSC) rechazó el proceso. 

Explicó que la mesa incorporó "17 disposiciones ajenas al proyecto original, entre ellas 12 reformas al capítulo de mercado de valores, mandatos de inversión tecnológica al Banco Central y una modificación al régimen de inversión de bonos del Estado". 

Advirtió que esas reformas debieron tramitarse en un proyecto especializado y pidió públicamente al asambleísta Carlos Villacrés retirar las observaciones al Libro II que introdujo en la comisión.

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Villacrés, también integrante de la mesa y de Alianza Democrática Nacional (ADN), había defendido su aporte en el pleno. 

Afirmó que "modernizar el mercado de valores" lo vuelve "más ordenado, más seguro, más competitivo" y precisó que "modernizar significa regular, no quitar controles, sino más bien fortalecerlos con mayor transparencia".

El asambleísta José Luis Vallejo, también integrante de la comisión pero de la Revolución Ciudadana, respaldó la crítica. Precisó que los cuatro proyectos unificados solo modificaban el Libro I y propuso retirar del informe el artículo 2, que contiene las reformas al Libro II. Afirmó que las modificaciones al mercado de valores "aparecen ya dentro de la ruta de los compromisos que tiene el país con el FMI".

Oficialismo defiende menor costo para el Estado

El oficialismo respondió con un argumento económico. Sergio Peña explicó que hoy el Estado depende de plataformas privadas de las casas de valores para realizar operaciones y que estas "cobran comisiones millonarias". 

Aseguró que la reforma busca "que el Estado tenga su propia plataforma que no le cueste" y precisó: "No se busca descontrol, se busca optimizar recursos de los ecuatorianos".

El asambleísta Hernán Zapata, también de la comisión, aportó cifras del sistema financiero: 

Aseguró que "el mercado de valores bursátil no se está topando en lo absoluto" y que la reforma solo abre plataformas de negociación entre entidades públicas.

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A un día del debate, la BVG alerta riesgos en la reforma al mercado de valores

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Oposición alerta riesgos en operaciones extrabursátiles

El asambleísta Alfredo Serrano expresó dudas técnicas. "

Recordó dos precedentes: el caso Isspol, "una de las estafas más grandes de este país", con más de $600 millones perdidos, y la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, "a consecuencia justamente del mercado extrabursátil que no estaba debidamente regulado".

La legisladora Mireya Pazmiño (RC) fue más allá. Advirtió que trasladar operaciones estatales al extrabursátil abre "una autopista para el lavado de activos" en un mercado que "no supera el 11 % del PIB" y que resulta "extremadamente atractivo para la movilización ilícita de capitales de dudosa procedencia".

Mariana Yumbay (Pachakutik) coincidió en que las reformas al Libro II "no formaban parte de los proyectos originales y merecen un debate específico". 

Aseguró que el proyecto se está convirtiendo en "un vehículo para introducir reformas vinculadas a la liberalización y flexibilización de los mercados financieros" impulsadas por el FMI.

Farinango defiende unidad de materia y controles antilavado

Farinango replicó en su segundo turno. Citó las sentencias 028-12-SIN-CC y 32-21-IN/21 de la Corte Constitucional para defender la unidad de materia y precisó que el análisis constitucional "debe evitar dos extremos: criterios demasiado laxos y criterios excesivamente rígidos". 

Aseguró además que la reforma incorpora controles antilavado en el artículo 208 y en la disposición general tercera.

Al término del debate, el pleno dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Régimen Económico para la elaboración del informe de segundo debate. 

Farinango invitó a los asambleístas a presentar sus observaciones por escrito y aseguró que el equipo técnico "ha tomado nota de cada una" de las intervenciones.

Bolsas y casas de valores piden reglas iguales y precios visibles

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval) coinciden en que la reforma al mercado de valores necesita ajustes antes de avanzar en la Asamblea. 

Los gremios no rechazan la modernización del sistema, pero advierten que el texto puede dispersar las operaciones en varios canales de negociación.

Una de sus principales preocupaciones es que, si parte de las transacciones sale de los mecanismos bursátiles tradicionales, el mercado pierda una referencia pública de precios. 

Eso dificultaría saber cuánto vale realmente un título, comparar operaciones similares y verificar si una negociación se hizo con información visible para todos los participantes.

Otro punto sensible es el rol que podría asumir la banca privada. BVG, BVQ y Asocaval advierten que permitir que los bancos participen como intermediarios de valores exige reglas equivalentes a las que cumplen las casas de valores, para evitar competencia desigual, conflictos de interés y mayor concentración de operaciones.

Por eso, los gremios piden que cualquier cambio preserve la trazabilidad de las operaciones en tiempo real. También plantean una referencia pública de precios, reportes diarios, datos abiertos y estándares iguales para bancos, casas de valores y demás participantes.

Los puntos clave

• Especialistas y gremios sociales plantean una hoja de ruta urgente para la próxima administración de Guayaquil, ante una crisis institucional y urbana marcada por el deterioro y el vacío de liderazgo.
• La seguridad y la reconstrucción del tejido social aparecen como prioridades centrales, con énfasis en educación, empleo y recuperación del espacio público.
• La movilidad y el sistema de transporte público son señalados como ejes críticos que requieren una reestructuración profunda para mejorar el servicio ciudadano.

Guayaquil cruza los dedos a oscuras. La ciudad que históricamente se forjó contra incendios, pestes y piratas enfrenta hoy una de sus crisis institucionales más críticas, marcada por el vacío, el miedo y el mutismo. Con un alcalde electo, Aquiles Álvarez, bajo prisión preventiva, las riendas del principal puerto del país han quedado en manos de una alcaldía subrogante cuya gestión ha sido cuestionada. Mientras la violencia criminal no da tregua —marcada por postales de terror como el reciente asesinato en pleno aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo a manos de sicarios adolescentes—, el sillón municipal parece haber optado por el repliegue.

Ante este panorama, EXPRESO habló con líderes, representantes políticos y actores sociales para construir una radiografía de las prioridades urgentes que, de cara a las elecciones seccionales, debería atender la próxima administración. El consenso apunta a una hoja de ruta técnica que llene “el vacío municipal actual”.

Seguridad, barrios y tejido social: la ciudad que pide volver a ser habitada

Para César Poveda, abogado y excoordinador jurídico del Municipio, la ciudad atraviesa un sismo político doble marcado por la audacia de las bandas criminales en zonas teóricamente blindadas y una arremetida centralista desde la Asamblea Nacional que “vulnera las autonomías locales al intentar fiscalizar entidades como Segura EP”. Frente a ambos frentes, critica, la respuesta oficial ha sido el silencio.

“Hoy, la interna de Segura EP, por citar solo un caso, parece estar atrapada en distractores mediáticos. El gerente habla de supuestas grabaciones y de nuevos inventos que lo único que hacen es desviar la atención pública de los focos realmente importantes. Esta falta de postura es la que engulle al Municipio en la inercia (...). La ciudad se cae a pedazos y hay una orfandad de voces”, dice Poveda, al cuestionar la “espiral del silencio” de la administración subrogante.

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Para salir del bache, el jurista plantea tres ejes urgentes que deberán priorizarse en la administración que venga: seguridad integral, empleo formal conectado a la movilidad y la recuperación del centro. Una de sus propuestas apunta a que el Municipio solicite la competencia en educación para crear una red de colegios municipales y fiscomisionales en sectores vulnerables. “Si permitimos a más familias acceder a educación de calidad, vamos a generar trabajo y a ocupar espacios públicos, generamos tranquilidad, que le urge a la ciudad”, argumenta.

Un barrio cobra vida cuando ofrece espacios seguros, verdes, activos y caminables, donde las personas puedan convivir, hacer deporte, acceder a servicios y desarrollar actividades culturales y comerciales. Guayaquil hoy está lejos de esa realidad. En general, los barrios no tienen otra opción que vivir encerrados.Mariana Delgada, residente de la Pradera 3

Alfredo Carrasco, miembro del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advierte que este quiebre responde a decisiones políticas. Poveda coincide y denuncia que, bajo la actual gestión de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel —a quien EXPRESO le solicitó una entrevista sin obtener respuesta—, los presupuestos para deporte y cultura sufrieron un hachazo drástico.

“Y si usted se desvincula de esa arista, que va directamente conectada a la reestructuración del tejido social, lo único que va a generar es juventud que se pierde, tanto en vicios como en bandas organizadas. El tema de seguridad no se puede componer únicamente con balas”, piensa.

Roberto Cajamarca, dirigente barrial del norte de Guayaquil, desconoce si ese recorte de presupuesto es real porque —advierte— jamás ha sentido un cambio integral en el espacio público en esta y otras administraciones.

“Para mí no solo el norte, sino todos los barrios de Guayaquil han sido desatendidos históricamente. Les falta canchas, árboles, sombra, buenas veredas y espacios para el adulto mayor, solo para enumerar algunas carencias. No tenemos puntos de encuentro, con o sin presupuesto no sentimos que se cubra esa necesidad existente. Tener un espacio público amigable no es un lujo, es una necesidad y eso debe tenerlo claro quien ocupe el Sillón de Olmedo en la siguiente administración”, alega.

Carrasco coincide con este reclamo y apunta a la urgencia de descentralizar la gestión y mirar hacia las bases. “La administración que venga debe trabajar con los barrios y sus líderes porque ellos conocen las problemáticas. Con ellos hay que gestionar proyectos, campeonatos, cultura. Hay que dotarlos de cámaras, murales, color y agentes metropolitanos o policías que controlen las zonas”, piensa.

Movilidad: una ciudad que no despega sin transporte digno

El segundo eje de la crisis guayaquileña, coinciden los especialistas, se centra en la movilidad y las falencias en el transporte público. Para Poveda, reactivar el empleo formal —lo que considera una necesidad— es imposible sin un sistema de transporte masivo que dignifique al usuario, lo que deja a la Metrovía en la mira técnica. Al evaluar ese servicio, Carrasco asegura que Guayaquil viaja a la deriva.

“Si recorremos el parque automotor de la Metrovía, veremos que sigue siendo una ‘metro sardina’ con carros completamente dañados. Llevamos años así y hoy no hay autoridad a quien reclamarle. A la ciudad le urge una reestructuración; hay que cambiar incluso la estructura de la ATM y hay que hacerla cumplir su rol. Aquí nadie actúa y no les importa”, sentencia Carrasco, al cuestionar además la reciente alza del pasaje aprobada en segundo debate y sin la “debida socialización”. “Nadie escuchó al usuario”, se queja.

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Para Daniela Pino, residente de la Alborada y activista social, Guayaquil debe mejorar por completo este servicio, darle un nuevo uso a la Aerovía y recuperar la vida en el río.

“Los guayaquileños, desde los gremios, la academia, las voces de líderes y sociales, incansablemente, llevan años pidiendo no dejar estancada su identidad fluvial. Todo, sin embargo, ha quedado en promesas. ¿Qué hacer? Actuar”, precisa.

Para Pino, también ecologista, lo ideal sería crear rutas de transporte fluvial que conecten el centro con Posorja, Puná, Samborondón y otros sectores ribereños, integradas con la Metrovía y el resto del sistema de transporte mediante una tarifa única. Sin embargo, dice, si esa alternativa no resulta viable de forma inmediata por la sedimentación del río o los costos que implica, el primer paso debería ser recuperar las riberas del estero Salado con parques lineales, ciclovías y espacios públicos.

En una ciudad tan caliente, sueño con poder caminar por los barrios y encontrar fuentes, espejos de agua y riberas recuperadas. No es una idea estética: es una necesidad para los ciudadanos, el turismo y la identidad de Guayaquil.Marcia Carpio. residente de la ciudadela Guayacanes

“Además, en estas riberas se podrían construir nuevos malecones de barrio, muelles comunitarios, plazas, mercados y espacios culturales que vuelvan a acercar a los guayaquileños al río”, aseguró.

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Recuperar el centro y escuchar a la ciudadanía

Pero para Pino, al igual que el resto de consultados, otra de las prioridades pasa por la recuperación del centro de Guayaquil, un sector donde —como ha documentado EXPRESO en los últimos años— se concentra una de las heridas urbanas más profundas de la ciudad.

“El centro ya se cayó. Es un páramo peligroso, sin vida ni turismo. Y si no nos preocupamos por recuperarlo de una forma adecuada, ordenada y sistemática, vamos a generar la muerte entera de la ciudad”, advirtió Poveda.

Carrasco coincide en el diagnóstico y sostiene que el deterioro refleja un retroceso de décadas. “El centro está completamente desordenado; ha vuelto a los años 90, repleto de informales a los que, claro, no hay que reprimir, sino ordenar, pero hay que hacerlo ya”, afirmó.

Para Poveda, la recuperación del centro exige mirar experiencias exitosas de regeneración, como Puerto Madero, en Buenos Aires, potenciando el transporte fluvial y apostando por un modelo de uso mixto en las zonas regeneradas.

“La crisis no es solo de cemento, es de identidad. Se han perdido campañas de civismo”, añade Poveda, quien propone una “re-guayaquileñización” basada en seguridad y orgullo.

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Pero cualquier plan, advierte Carrasco, difícilmente prosperará mientras el Municipio no abra espacios para la participación ciudadana. Él denuncia jamás ser escuchados.

“Nuestra entidad ha hecho peticiones para ocupar la Silla Vacía, pero no se nos toma en cuenta. No hay apertura para la gente. Y quien venga deberá escuchar, no alejar, integrar...”, plantea.

Auditar la deuda interna, otra urgencia 

El riesgo de colapso de edificios patrimoniales es otro de los desafíos por atender

Pero no solo la movilidad y la reconstrucción integral de los barrios son las necesidades que el próximo alcalde debe priorizar. Para Gelacio Mora, líder comunitario y representante de Tejido Social Guayaquil, el Puerto Principal tiene una bomba de tiempo en el centro y sur, donde se concentra el 80% de las edificaciones con riesgo de colapso. Es una crisis estructural que genera más de 300 inspecciones anuales por caída de mampostería, con alertas tan reales como los desmoronamientos en la Febres Cordero o en la Casa Tola en abril de 2026, alega.

Para Mora, el problema sigue estancado por un “limbo legal entre el Cabildo y los dueños, el millonario costo de rehabilitar inmuebles patrimoniales de 1930 y un drenaje obsoleto que debilita las paredes con cada lluvia, mientras la inseguridad se desborda y la Metrovía se hunde en deudas”.

Frente a esto, plantea una hoja de ruta para los primeros 100 días de gestión: auditar la deuda interna, sincerar el presupuesto real, reactivar el bacheo y retomar la recolección nocturna de basura. La seguridad barrial inmediata, agrega, debe apoyarse en el fortalecimiento de Segura EP y sus 125 comités de convivencia, conectándolos con la Policía.

En lo físico, Mora urge a intervenir de inmediato las 10 edificaciones con mayor peligro de desplome y reforzar con hormigón armado el carril de la Metrovía en la calle Rumichaca, afectado por el colapso de las aguas servidas.

“La obra pública no puede ser un reparto a dedo”. Por eso exige activar un presupuesto participativo de 20 millones de dólares mediante plataformas digitales, dejando que los propios vecinos elijan si necesitan parques, escalinatas o asfalto. Esta inversión debe cruzarse con las 19 Áreas de Gestión Administrativa (AGA) ya aprobadas para que la ayuda llegue de forma equitativa.

“El próximo alcalde no tiene que inventar un modelo desde cero, sino dar continuidad a herramientas técnicas que ya existen como el PDOT y el PUGS, potenciando la “ciudad de 15 minutos” y eliminando el gasto de fundaciones paralelas, tal como se hizo al absorber la Fundación Siglo XXI.

El rescate definitivo exige, hace énfasis, decisiones firmes en el casco central, como “expropiar solares abandonados para apostar por una verticalización planificada que combine vivienda, comercio y cultura, algo que debió hacerse hace ya mucho tiempo”. Además, propone ampliar hasta junio de 2026 el plazo de regularización masiva para casas barriales de hasta tres pisos, dando seguridad jurídica a las familias que viven en la informalidad. DSZ

Lo que debes saber

• El CPCCS, pese a ser la institución con mayor desaprobación ciudadana, registra un número récord de postulantes, lo que refleja el interés por un organismo con amplias facultades para designar autoridades de control del Estado.
  
• Desde su creación, el Consejo ha estado marcado por escándalos, investigaciones y retrasos en concursos clave.
  
• Los intentos por eliminar o reformar el CPCCS han fracasado porque controlar esta institución significa influir en el sistema de designación de los principales organismos de fiscalización del país.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene 17 años de existencia, desde que la Constitución de Montecristi lo creó en 2008 y comenzó a operar en 2009. En ese tiempo ha acumulado un 71% de desaprobación ciudadana, según Click Report, hasta abril del 2026, la peor calificación entre ocho instituciones del Estado medidas. Sin embargo, 309 personas se inscribieron este año para disputarse sus siete vocalías: más del doble que en 2019 y casi el triple que en 2023. La institución menos confiable del país es, al mismo tiempo, la más codiciada.

Te invitamos a leer: Rostros conocidos y actuales consejeros buscarán la reelección en el CPCCS en noviembre de 2026

El CPCCS no llegó al mundo como un árbitro neutral. La prueba más grotesca se vio con su presidente: José Carlos Tuárez. El ‘cura Tuárez’ llegó al cargo presentándose como un religioso sin pasado político y usó luego su investidura para vender puestos públicos en al menos siete instituciones: Aviación Civil, Aduanas, Petroecuador, hospitales del Estado, a cambio de dinero, esmeraldas y hasta barras de oro, según determinó la Fiscalía. Fue destituido y sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita. El ‘quinto poder’ ideado para combatir la corrupción tuvo, en su propia cúpula, una red que la comercializaba al por mayor.

Diecisiete años después, el patrón se repite con otros nombres. El CPCCS designó en 2025 a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, tras desechar impugnaciones y descalificar a un postulante rival de la terna. Hoy Godoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. El ‘ciudadano incontaminado’ que imaginó Montecristi para el CPCCS terminó, otra vez, señalado de mover fichas dentro del sistema que debía controlar.

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A la par, la demora en designar autoridades ha sido crónica. El CPCCS mantiene paralizados seis concursos públicos esenciales, entre ellos la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso se retrotrajo por fallos técnicos, y la designación del nuevo fiscal general del Estado, estancada por falta de votos en el pleno; un escenario de bloqueo institucional que obliga a los vocales electorales a operar bajo funciones prorrogadas desde el fin de su mandato regular, en noviembre de 2024.

Ese es, quizá, el efecto más corrosivo del CPCCS, institución que no solo decide autoridades, también administra los tiempos del poder. Al atrasar concursos, bloquear ternas o estancar designaciones entre impugnaciones, informes técnicos y mayorías cambiantes, no solo el país entra en pausa, sino sus instituciones que, además, quedan sometidas a una provisionalidad conveniente.

Los intentos de eliminar al CPCCS

Lo llamativo es que, pese a todo esto, el CPCCS ha sobrevivido a tres intentos formales de eliminación en apenas 17 años. En 2019, el movimiento Ahora y un comité ciudadano con más de 200.000 firmas llevaron la propuesta a la Corte Constitucional. En 2021 la Asamblea la rechazó, con el bloque correísta votando en contra de disolver la institución. En 2023, Guillermo Lasso sometió a consulta popular quitarle al Consejo la facultad de nombrar autoridades. El No ganó con más del 57%. Ninguno de los tres intentos prosperó.

Ahí está la clave que ni el escándalo ni el fastidio ciudadano explican del todo. El CPCCS no sobrevive pese a su mala fama, sino gracias a lo que representa. Es la llave que abre 17 instituciones de control del Estado. Del cura que cobraba en oro al presidente investigado por su elección en la Judicatura, la historia de este organismo se repite en cada década. Quien lo captura, controla el aparato entero de fiscalización del país. Esa disputa sigue abierta hoy mismo.

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Los candidatos al CPCCS

Los 309 postulantes inscritos este año (récord frente a los 201 de 2019 y los 182 de 2023) compiten por un cargo que, en paralelo, vuelve a estar bajo la lupa, con una nueva propuesta de reforma constitucional que evalúa transferir sus facultades de designación a otras funciones del Estado.

La evidencia de estos 17 años sugiere que el problema es la ficción que sostiene al organismo desde su origen: creer que una institución elegida en medio de intereses políticos podía repartir el poder de control como si estuviera por fuera de la política.

Lo que debes saber

• Urdesa central concentra cerca de 260 establecimientos gastronómicos y busca consolidarse como un distrito gastronómico.
• Empresarios y comensales plantean mejoras en seguridad, movilidad, estacionamientos y promoción turística.
• El Municipio mantiene conversaciones sobre el proyecto, aunque reconoce que su ejecución no sería inmediata.

Entre avenidas arboladas y viviendas residenciales, Urdesa central se ha transformado en el principal corredor gastronómico de Guayaquil, con cientos de restaurantes que conviven entre la vida barrial y el movimiento nocturno.

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De ciudadela residencial a polo gastronómico

Con el paso de los años, esta ciudadela se consolidó como un punto de encuentro para celebrar desde un partido de fútbol hasta una salida en torno a la comida.

María del Cisne Montes, jefa de Gestión de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, explica que Urdesa nació como un proyecto urbanístico en el norte de la urbe en 1955. Sin embargo, fue en la década de 1990 que empezó a perfilarse como un polo gastronómico, con la apertura del primer restaurante de comida libanesa, ubicado en la esquina de las calles Guayacanes y Víctor Emilio Estrada.

Actualmente, en el perímetro de Urdesa central funcionan cerca de 260 establecimientos gastronómicos, según Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest). De acuerdo con datos del Municipio de Guayaquil, la ciudadela está conformada por alrededor de 199 manzanas, equivalentes a más de 200 hectáreas.

La ciudadela limita al norte con la salida hacia la avenida Las Aguas y Lomas de Urdesa; al sur con el estero Salado y la avenida Circunvalación Sur; al este con las ciudadelas Kennedy y Miraflores; y al oeste con la avenida Carlos Julio Arosemena. Esta ubicación la ha convertido en uno de los principales corredores gastronómicos del norte de la urbe porteña.

Un crecimiento que aún enfrenta desafíos

No obstante, Barrezueta advierte que no todos los establecimientos cumplen con las obligaciones legales para operar. Montes señala que apenas 100 locales constan en el registro de la Dirección de Turismo del Municipio: 77 restaurantes, 22 cafeterías y un bar.

Para Edmundo Aguilar, quien frecuenta los restaurantes de Urdesa central, esta ciudadela es el lugar más práctico para reunirse con sus amigos. Como unos viven en la Alborada, otros en Los Ceibos y otros en el centro de Guayaquil, prefieren encontrarse en un restaurante urdesino antes que en plazas o centros comerciales. “Aquí lo complicado es el parqueo, pero sientes que la ciudad está viva, porque estacionas el carro y entras al local sin desconectarte del entorno”, comenta.

Aguilar y su amigo Alfredo Torres suelen recorrer los restaurantes de la calle Las Monjas. Ambos prefieren las terrazas de los locales, por la vista que tienen hacia los árboles, la arquitectura moderna de las viviendas y el ambiente al aire libre. “Aquí deberían apostar por sembrar más árboles nativos. Por las noches es fresco y, con más vegetación, sería una delicia también durante las tardes”, sugiere Torres.

Aquí deberían apostar por sembrar más árboles. Con más vegetación, serían una delicia las tardes.Alfredo Torres, visitante de Urdesa central

La apuesta por un distrito gastronómico

A criterio de Barrezueta, el siguiente paso es que Urdesa central deje de ser vista solo como un corredor gastronómico y obtenga la declaratoria oficial de distrito gastronómico. Considera que ese reconocimiento permitiría planificar inversiones, fortalecer la identidad del sector y articular esfuerzos entre el Cabildo, el sector privado y otras entidades.

El dirigente pone como referencia a Miraflores, en Lima, capital de Perú, donde la figura de distrito ha servido para integrar la gastronomía con el turismo, la cultura y el comercio. A su criterio, un modelo similar permitiría que Urdesa central no solo atraiga comensales, sino también visitantes nacionales y extranjeros que permanezcan más tiempo en la urbe.

Pero el reconocimiento, advierte, debe ir acompañado de acciones concretas, como campañas de promoción, una estrategia conjunta de comunicación y la regularización de los establecimientos que aún operan sin cumplir todos los requisitos legales.

Seguridad, movilidad y promoción: las tareas pendientes

Los dueños de restaurantes coinciden en que la seguridad y la movilidad son otros desafíos pendientes. Denisse Escobar, gerente general del restaurante Lo Nuestro, propone patrullajes policiales en bicicleta para prevenir el robo de accesorios de vehículos. Y menciona la construcción de un parqueadero vertical para aliviar la falta de espacios de estacionamiento.

Asimismo, es necesario reforzar la promoción turística de la zona, expresa Fernando Nieto, de Pan de Ambato.

Entre las propuestas, Jorge Franco, encargado de Fritamoro, plantea la creación de una aplicación o plataforma municipal que reúna la oferta gastronómica del sector, los platos emblemáticos y la ubicación de cada restaurante, con mapas e información en varios idiomas para facilitar el recorrido de los visitantes.

Nieto cree que el paisaje urbano también puede convertirse en un atractivo. Por ello, sugiere evitar la poda excesiva de las copas de los árboles, para conservar la sombra, favorecer la presencia de aves y ofrecer una experiencia más agradable tanto a turistas locales como extranjeros. Y coincide con Escobar en que el parquímetro debería ser gratuito en la zona los sábados.

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El Cabildo analiza la viabilidad de los proyectos

El Municipio de Guayaquil no descarta las ideas planteadas por empresarios y comensales, aunque su ejecución dependerá de estudios técnicos y de la disponibilidad presupuestaria. María del Cisne Montes sostiene que iniciativas como un parqueadero vertical o una nueva denominación para Urdesa requieren mesas de trabajo entre las distintas dependencias municipales y el sector privado.

Respecto a la aspiración de convertir a Urdesa en un distrito gastronómico, Montes señala que ya existen conversaciones con Asorest y concejales del Cabildo. Sin embargo, reconoce que, por los tiempos administrativos, es poco probable que el proyecto se concrete durante la actual gestión, aunque asegura que el proceso ya está en marcha.

Más allá de las obras que aún están en discusión, los empresarios coinciden en un pedido: que Urdesa central sea promocionada como un destino gastronómico dentro y fuera del país. Están convencidos de que una estrategia conjunta entre el Municipio, el Gobierno y el sector privado bastaría para que la ciudadela deje de ser un secreto a voces entre los guayaquileños y se convierta en una parada obligatoria para los visitantes.

Lo que debe saber

• Caso Progen y juicio a Inés Manzano avanzan en paralelo en la Comisión de Fiscalización, pero seguirán caminos distintos.
• ADN y el correísmo impulsan estrategias opuestas en la Comisión de Fiscalización. Mientras el oficialismo apunta a la ruta del dinero de Progen, la Revolución Ciudadana busca la censura política
• La Comisión de Fiscalización activó dos procesos clave por los contratos eléctricos fallidos.

En la Comisión de Fiscalización se juega el futuro de dos procesos derivados de los contratos fallidos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). ADN y el correísmo impulsan desde orillas distintas dos iniciativas, pero todo quedará en manos de la mayoría que controla la mesa legislativa.

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La fiscalización de la ruta del dinero entregado a Progen y el juicio político a la exministra de Energía Inés Manzano avanzan en paralelo, aunque a ritmos diferentes. Hoy está previsto que la comisión presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) avoque conocimiento de la resolución del Pleno sobre el inicio del proceso para investigar la ruta del dinero entregado a Progen. El viernes pasado, esa misma mesa legislativa dio paso al juicio contra Manzano.

Es decir, desde esta semana ambos procesos arrancarán formalmente. En el caso del juicio político, los plazos ya están en marcha. Por ejemplo, ya corre el plazo de 15 días para que Manzano presente su respuesta. Según Álvarez, hasta ayer la exministra no había emitido ningún pronunciamiento, aunque recordó que ese plazo vence el próximo 17 de julio. La Comisión de Fiscalización prevé que el informe final con su recomendación sobre el juicio esté listo hasta el 31 de julio.

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En paralelo, el proceso sobre la ruta del dinero de Progen tiene un único plazo. El Pleno de la Asamblea otorgó a la comisión 30 días para presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones. Es decir, ese documento también podría presentarse a finales de julio o a inicios de agosto.

Dos procesos sin posibilidad de unificarlos

Más allá de que ambos procesos avancen de manera simultánea, cada uno sigue su propio curso y no habrá forma de unificarlos. Por ejemplo, los hallazgos que se obtengan en la investigación sobre la ruta del dinero de Progen no serán considerados dentro del juicio político contra Manzano.

Álvarez dijo que con la calificación de la solicitud de juicio quedaron anunciadas las pruebas, por lo que cualquier elemento que surja posteriormente de la investigación sobre Progen ya no podrá incorporarse.

Las apuestas del correísmo y ADN

En ese escenario, las motivaciones detrás de ambos procesos responden a intereses distintos. El correísmo busca la censura política de una exfuncionaria del gobierno de Daniel Noboa, en medio de la disputa política dentro de la Asamblea. 

La legisladora del correísmo Ana Herrera afirmó que no solo es importante determinar la ruta del dinero, sino también establecer quién dio la orden para entregar los recursos.

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Por su parte, el oficialismo busca que el foco del caso Progen se desplace del Gobierno hacia los actores privados. Dicho proceso de fiscalización se anunció luego de que el secretario de la Administración Pública, José Neira, expuso hallazgos que son parte del proceso legal en Estados Unidos.

Ana Belén Tapia (ADN), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, lo insinuó en su moción para que se investigue la ruta del dinero de Progen: “Se necesita una fiscalización técnica. Ustedes (integrantes del bloque correísta) a toda costa quieren crucificar a una persona sin que ni siquiera haya sido llamada a la Fiscalía”.

Lo que debes saber

• Retiro de cajas de cristal en La Mariscal vence el 22 de agosto y alarma a negocios.
• Propietarios denuncian falta de socialización y alertan pérdidas por desmontaje obligatorio.
• Municipio defiende recuperación patrimonial y prepara norma técnica para septiembre.

Con la cuenta regresiva en marcha para retirar la “cajas de cristal” instaladas en los retiros frontales de inmuebles patrimoniales, dueños de negocios de La Mariscal advierten que la medida podría representar un fuerte golpe económico para decenas de negocios que invirtieron en estas estructuras para ampliar sus espacios de atención.

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Cuenta regresiva en La Mariscal por retiro de estructuras

La disposición consta en la Ordenanza 081-2024 sobre bienes inmuebles patrimoniales, que establece que todas las estructuras temporales autorizadas en los retiros de este tipo de edificaciones deberán ser desmontadas en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. El límite vence el próximo 22 de agosto.

Aunque el plazo está por cumplirse, varios propietarios aseguran que desconocían el alcance de la medida y que no existió socialización sobre los cambios que deberán realizar.

Las cajas de cristal son estructuras desmontables elaboradas con vidrio y metal que fueron instaladas principalmente en los retiros frontales de restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos para ampliar el área destinada a clientes. 

Su uso se extendió especialmente en La Mariscal desde 2008, cuando una normativa permitió este tipo de ocupaciones temporales para dinamizar la actividad económica del sector.

Ahora, la obligación de desmontarlas genera incertidumbre entre quienes realizaron importantes inversiones.

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Inversiones en riesgo y malestar de comerciantes

Juliana Benítez, propietaria de un establecimiento ubicado en la Pinto y Mariscal Foch, asegura que conoció la disposición por información difundida en medios de comunicación.

“Gran parte del funcionamiento del negocio ocurre en ese espacio. La inversión que se hizo fue muy fuerte y retirar la estructura significa perder clientes y dinero”, afirma. A su criterio, la medida contradice los esfuerzos por impulsar la reactivación económica de un sector que con los años ha perdido su brillo.

Andrés Bustamante administra desde hace seis meses un negocio de hospedaje en la Reina Victoria y Juan Rodríguez. Explica que uno de los aspectos que más le atrajo del inmueble fue precisamente la caja de cristal, donde actualmente funciona una sala de lectura para los huéspedes.

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Su proyecto contemplaba incorporar una cafetería y realizar pequeños eventos en ese espacio, pero ahora desconoce si podrá concretarlo. “Nos tocaría reorganizar todo el negocio. Es un gasto adicional porque habría que rediseñar completamente el lugar”, comenta.

La inquietud también es compartida por representantes del sector. Andrés Groner, presidente de La Mariscal Legado Cultural, señala que la organización realizó un levantamiento fotográfico para identificar las diferentes situaciones existentes en el barrio.

El diagnóstico incluye cajas de cristal que cumplen con las características originales de la normativa, estructuras modificadas, ocupaciones de retiros tanto en inmuebles patrimoniales como no patrimoniales y edificaciones cuya arquitectura permanece oculta por cerramientos que desvirtúan su valor histórico.

Para Groner, la eliminación indiscriminada de todas las estructuras tendría consecuencias económicas y sociales importantes. Explica, por ejemplo, que en su restaurante, Achiote, ubicado en la Juan Rodríguez, la caja de cristal fue diseñada respetando la visibilidad de la vivienda patrimonial. Si debe retirarla, asegura que tendría que reducir significativamente el área de atención.

“Nos tocaría meter el restaurante dentro de la casa, donde el espacio es muy reducido. Incluso podríamos quebrar”, sostiene. Añade que existen establecimientos que mantienen estas estructuras desde hace cerca de dos décadas y que realizaron inversiones importantes bajo las condiciones permitidas en su momento.

Municipio defiende recuperación del patrimonio urbano

Por ello, la propuesta apunta a que el Municipio establezca una clasificación técnica que diferencie las estructuras que respetan el patrimonio de aquellas que efectivamente afectan la imagen urbana.

“Hay casos exitosos donde la caja de cristal permite observar completamente la edificación desde la calle. Lo que pedimos es que se autoricen las que cumplen esos criterios y que exista un plan económico o algún tipo de asistencia para quienes sí deban retirar ocupaciones ilegales”, señala.

Desde el Municipio insisten en que la disposición responde a la necesidad de recuperar el valor arquitectónico de los inmuebles históricos. Mauricio Marín, director de Ordenamiento Territorial, explica que la ordenanza distingue entre las construcciones que fueron incorporadas legalmente al diseño original mediante licencia de construcción mayor y aquellas que solo contaban con autorizaciones temporales.

Hacia una nueva norma técnica para La Mariscal

Las primeras podrán mantenerse porque forman parte de la edificación autorizada. En cambio, las segundas deberán retirarse al concluir el plazo establecido.

“Quien obtuvo un permiso temporal sabía que esa autorización tenía una duración determinada y que eventualmente debía liberar el retiro”, señala.

Marín recuerda que la normativa de 2008 permitió ocupar estos espacios con estructuras de cristal precisamente para mantener visible la arquitectura patrimonial. Sin embargo, sostiene que con el paso del tiempo muchas fueron modificadas con materiales opacos o cerramientos que terminaron ocultando completamente las fachadas.

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Frente a las preocupaciones, Marín señaló que están trabajando en una norma técnica que busca definir qué elementos podrán permanecer en los retiros sin afectar el patrimonio. La propuesta establecería condiciones sobre materiales, porcentajes de transparencia, mobiliario y cerramientos permitidos.

La intención, según el funcionario, no es eliminar la actividad comercial, sino encontrar alternativas que permitan utilizar los retiros con mesas, sillas, parasoles u otros elementos no permanentes, manteniendo visible la arquitectura histórica.

La norma técnica se prevé para septiembre y servirá como referencia durante los procesos de control de la AMC, permitiendo que los propietarios adecuen sus espacios antes de recibir sanciones.

Asiste a las 'Rodas de samba'

• El colectivo Guayaquil de Janeiro realiza encuentros de música brasileña cada martes.
• Los interesados deben llenar el formulario fijado en el perfil del colectivo en Instagram (@ecuabrasil)
• Los asistentes participan cantando o tocando instrumentos guiados por un cancionero al que se puede acceder en el celular

En Guayaquil se está gestando una comunidad que late al ritmo de Brasil. Ya en redes se viralizó la íntima tertulia en un patio domiciliario de Urdesa, que albergó las primeras sesiones de las ruedas de samba, mentalizadas por el músico Ricardo Miño y el productor Marcelo López. Esto aumentó la demanda por sumarse al colectivo e invitó a que su siguiente edición se trasladara hasta el corazón de la urbe, en La Cueva Jazz Bar, del callejón Numa Pompilio.

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Una idea importada 

Fue precisamente López quien importó la idea tras un viaje a Argentina, donde su formación musical lo llevó a participar en sesiones similares. Buscando innovar en su productora TRPCL Records, se juntó con Miño para cristalizar la idea. “Me enamoré, más que de la música, del sentido de comunidad que se forja en las tocadas. Es bellísimo que la gente se sume con sus variados instrumentos o, si no tienen, con las palmas, cantando o bailando”, le contó el productor a EXPRESO mientras alistaba la velada.

“El único requisito es tener ganas de pasarla bien. En la repetición, aprendes incluso a hablar portugués”, añadió entre risas.

La Cueva es un lugar muy cómplice para estas iniciativas, por su acústica, locación y variedad de coctelería, que hasta vuelve políglotas a los más tímidos. Este martes 30 de junio los músicos se instalaron bajo las tenues luces del bar pasadas las 20:00, listos para imponer una fiesta que el fútbol de la selección, por fortuna, no arruinó a pesar de su resultado.

Miño afinaba su cavaquinho (pequeño pariente luso del ukelele y la guitarra) mientras saludaba a los músicos que lo acompañarían ese día. La alineación fue un lujo: teclado, guitarra, panderetas, violines y percusiones. “Cuando esto empezó, éramos solo cuatro. Gracias al boca a boca, se hizo grande. Queremos que se unan más: instrumentos de viento, acordeones… todo lo que haga comunidad”, comentó, y añadió que ha bautizado al colectivo como Guayaquil de Janeiro.

Cantar en portugués, a pesar de la timidez

Al empezar la roda, ese nombre calzó más. Al cerrar los ojos, el cerro Santa Ana pasaba a ser el Corcovado, y al abrirlos, el sitio estaba colmado de asistentes que cantaban tímidos ante la barrera idiomática. Allí la tecnología fue la solución. María Fernanda Lara, gestora cultural y asistente de producción de la roda, pasaba de mesa en mesa exhibiendo un código QR que contenía la letra del repertorio y hasta los acordes, para los profesionales que se animaran a tocar.

Ya pasadas las horas y las copas, entre las melodías cariocas y paulistas (de Adoniran Barbosa hasta Chico Buarque), los pies del público se empezaban a mover cual regates de Pelé y Garrincha, con la alegría de quien danza disfrutando una novedad cultural en Guayaquil.

Un canto alegre

Y aunque Ecuador perdió, al unísono se cantó que “a vida vai melhorar”, lo que se debe entender como que la vida mejora, dejando la tristeza a un lado. También hubo espacio para tonadas más modernas, como ‘Várias queixas’, popularizada entre los jóvenes por las redes sociales.

“Yo vine porque lo vi en redes sociales, y como también iban a proyectar el partido de Ecuador, lo vi como una oportunidad. Pero estoy fascinada, es un plan único que jamás imaginé vivir, al menos no sin tomar un avión”, confiesa María Pincay, que se animó a cantar en portugués.

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El paso lo marcaba el baterista argentino Agustín Gómez, quien describió la roda de samba como una “simbiosis”. “Es una experiencia muy enriquecedora. No se trata de saber tocar o saber hablar el idioma, sino de la conexión que se genera y la cohesión social entre todos”, comenta, resaltando la satisfacción que le da el sentir cómo las voces se hacen una sola a medida que avanza una presentación.

La Cueva será la sede los últimos martes de cada mes, pero la sede variará los demás martes. Así ha sido durante los últimos tres meses, y por eso sigue cautivando a los guayaquileños.

Para asistir, los interesados deben registrarse en el formulario fijado en el perfil del colectivo Guayaquil de Janeiro (@ecuabrasil en Instagram).

Una obra que genera pérdidas económicas 

• Obra en calle García Moreno supera cuatro meses y genera malestar en Cumbayá.
• Comerciantes reportan pérdidas superiores a 60 mil dólares por cierre y baja de clientes.
• Municipio asegura que la rehabilitación vial concluirá en aproximadamente dos semanas en Cumbayá.

Calles cubiertas de polvo, cintas amarillas que advierten del peligro, tuberías expuestas y zanjas abiertas forman parte del paisaje diario en la calle García Moreno, en el barrio San Marcos, parroquia de Cumbayá. 

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Lo que debía ser una intervención de apenas dos meses para rehabilitar una de las principales arterias comerciales y patrimoniales del sector hoy supera los cuatro meses de ejecución, provocando molestias entre los moradores, pérdidas económicas para los comerciantes y afectaciones a la salud de quienes habitan la zona.

Retrasos en obra generan malestar ciudadano

El malestar ciudadano quedó en evidencia durante un plantón protagonizado por vecinos y propietarios de negocios, quienes exigieron a las autoridades municipales acelerar los trabajos y cumplir con los plazos anunciados.

Los habitantes aseguran que el proyecto ha estado marcado por constantes retrasos. Primero, el cambio de la red de alcantarillado tomó mucho más tiempo del previsto y, posteriormente, durante los trabajos para la rehabilitación vial, se registraron roturas de tuberías de agua potable que prolongaron aún más la intervención.

Como consecuencia, más de 70 establecimientos comerciales han visto reducidas sus ventas. Según los vecinos y dueños de negocios, las pérdidas económicas ya superarían los 60.000 dólares, debido a la disminución de clientes, el pago de arriendos, salarios y otros gastos fijos que continúan acumulándose mientras las calles permanecen cerradas.

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Juan Carlos Valdivieso, morador del barrio, recuerda que los problemas comenzaron desde el inicio de la obra, cuando la maquinaria levantó la calzada en las calles García Moreno y Eloy Alfaro. 

Cuando empezaron a abrir las calles rompieron las tuberías de agua potable. Incluso quisieron reemplazarlas con tubos de media pulgada, cuando toda la red era de tres cuartos. Nosotros no lo permitimos porque aquí existen viviendas de varios pisos y con ese diámetro no existía la presión suficiente para abastecer a todas las familias”, relató.

Sin embargo, asegura que en algunos inmuebles donde los propietarios no reclamaron sí fueron instaladas tuberías de menor diámetro. Además, cuestiona la escasa presencia de las autoridades y de los fiscalizadores durante la ejecución del proyecto.

Protesta vecinal exige acelerar trabajos municipales

Obra vial afecta movilidad en San Marcos

“En más de cuatro meses apenas hemos visto una o dos veces a las autoridades. Los contratistas llegan, inspeccionan el lugar y luego se retiran sin que se observe un avance importante”, afirmó.

Nos dijeron que no había material y la obra quedó abandonada. Mientras tanto, los negocios seguimos cerrando o sobreviviendo con entregas a domicilio.
Nelson Astra, morador barrio San Marcos

La falta de accesos se ha convertido en uno de los principales problemas para los negocios ubicados en la calle García Moreno. Las zanjas, desniveles y maquinaria impiden el ingreso de vehículos y desmotivan la llegada de clientes.

Carlos Vela, propietario del local de empanadas La Cocina de Papú, cuenta que las afectaciones comenzaron hace varios meses y aún no encuentran una solución.

“Primero cerraron la vía por el cambio de tuberías del alcantarillado, que demoró más de un mes. Luego, cuando iban a asfaltar, rompieron las tuberías de agua y nuevamente llevamos más de un mes con las calles cerradas. Son tres cuadras donde los clientes simplemente ya no pueden ingresar”, explicó.

El comerciante asegura que varios negocios del sector ya tuvieron que cerrar sus puertas porque las ventas prácticamente desaparecieron.

Afectaciones económicas 

“Nosotros atendíamos de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ahora sobrevivimos porque nuestro producto puede venderse mediante entregas a domicilio, pero los clientes que normalmente venían desde Cumbayá o de barrios cercanos ya no llegan. Las ventas han caído totalmente”, lamentó.

Una situación similar enfrenta Nelson Astra, representante de un restaurante ubicado entre las calles García Moreno y Manabí, quien calificó la intervención como un “desastre” y criticó la falta de fiscalización durante la ejecución de la obra. 

Con la llegada del verano, el escenario cambió, pero las molestias continúan. Ahora una densa capa de polvo ingresa permanentemente a viviendas y locales comerciales cada vez que circulan vehículos o sopla el viento.

Los moradores aseguran que esta situación ya está generando afectaciones respiratorias entre quienes viven y trabajan en el sector.

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“Aquí vivimos adultos mayores, niños y familias enteras. Antes teníamos que caminar entre el lodo y ahora respiramos polvo todo el día. Muchos ya tenemos irritación en la garganta y cuadros gripales”, manifestó Valdivieso.

Zoila Tenorio, de 77 años, recorre diariamente el sector apoyándose en un bastón. Para ella, las obras inconclusas representan un riesgo permanente.

La adulta mayor explica que el desnivel existente entre la acera y la calzada obliga a realizar un descenso pronunciado que dificulta su movilidad y aumenta el riesgo de caídas.

Municipio promete culminar obra en semanas

El presidente del GAD Parroquial de Cumbayá, Pedro Tapia, reconoció el malestar ciudadano y explicó que la obra es ejecutada directamente por el Municipio de Quito, por lo que la Junta Parroquial no tiene competencia sobre su desarrollo, aunque ha solicitado reiteradamente que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible.

Nosotros hemos solicitado que se aceleren los trabajos porque el malestar ciudadano crece, pero la competencia directa de ejecución es municipal.
Pedro Tapia, presidente del GAD de Cumbayá

Tras la protesta, el administrador zonal de Tumbaco, Julio Valdiviezo, acudió al lugar para dialogar con los moradores. Explicó que el proyecto inició el pasado 20 de abril con el reemplazo de una antigua red de alcantarillado de asbesto cemento y posteriormente fue necesario ejecutar el cambio de redes de agua potable y realizar las respectivas reconexiones domiciliarias junto con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).

El funcionario aseguró que la rehabilitación integral de la calle García Moreno concluirá en aproximadamente dos semanas.

Lo que debes saber

• El Gobierno busca quitar el control de RETO a Aquiles Álvarez para frenar su influencia.
• La pugna interna enfrenta a la facción de David López contra el ala de Christian Trepaud.
• El control de RETO y las elecciones seccionales se definirán en el Tribunal Contencioso Electoral.

El gobierno de Daniel Noboa está empeñado en aniquilar hasta la última capacidad política de Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil que permanece preso en la Cárcel del Encuentro. Los operadores políticos del Gobierno, que, según el entorno de Álvarez, lograron que el alcalde fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad y permaneciera prácticamente incomunicado tras un proceso judicial que consideran inusitadamente rápido, ahora trabajan para asegurarse de que no compita directamente en las próximas elecciones seccionales o, en su defecto, a través de una persona de su confianza.

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La apuesta, según dirigentes de RETO, ya no consiste únicamente en impedir que Aquiles Álvarez sea candidato. El objetivo sería también evitar que conserve el control político suficiente para designar a quien lo represente. En esa estrategia se inscribiría la disputa por el control de RETO, el movimiento político al que pertenece el alcalde.

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¿Qué están haciendo? Según dirigentes de RETO consultados para este artículo, los operadores políticos de Carondelet buscan que el movimiento deje de estar bajo la influencia de Aquiles Álvarez y pase a manos de personas cercanas al Gobierno. Esto porque no quieren que el alcalde pueda designar como candidato a la Alcaldía a alguien de su confianza, en el casi seguro caso de que él no pueda postularse personalmente. Según ese cálculo, un candidato respaldado por Álvarez podría capitalizar su patrimonio político y poner en riesgo las posibilidades de ADN, el movimiento del presidente Noboa.

En ese contexto, el martes 30 de junio se produjo una asonada dentro de RETO. Un abogado de bajísimo perfil que, según dirigentes del movimiento, mantiene estrechos vínculos con el Gobierno, David López, pretendió aparecer como el nuevo presidente de la organización.

Christian Trepaud y la disputa por la dirigencia del partido

La intentona fracasó, al menos por ahora. Minutos después del anuncio de López, RETO eligió como presidente a Christian Trepaud, hombre de confianza de Raúl Chávez y de Aquiles Álvarez. Pero la historia de lo que ocurre dentro de RETO y de esta asonada es larga y compleja.

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RETO es el movimiento al que Aquiles Álvarez se adhirió después de ganar la Alcaldía de Guayaquil, cargo al que llegó como candidato de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Álvarez asumió la Alcaldía en mayo de 2023 y, un año más tarde, se incorporó a RETO, un movimiento fundado por Paúl Carrasco, pero cuya presidencia ya estaba en manos de Raúl Chávez, amigo suyo y hombre de su entera confianza.

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El origen de la crisis a la interna de RETO

La relación entre Álvarez y RETO se profundizó durante 2025 y 2026, cuando ese movimiento se convirtió en uno de los principales aliados del correísmo. En ese contexto, Chávez ratificó que Aquiles Álvarez sería el candidato de RETO para buscar la reelección en la Alcaldía de Guayaquil, aun cuando permanece en prisión preventiva.

Tiempo después de asumir la Alcaldía, sin embargo, Álvarez fue procesado por presunto tráfico ilícito de combustibles y terminó recluido en la Cárcel del Encuentro. Sus allegados sostienen que el proceso judicial fue extraordinariamente rápido y que respondió a una estrategia política del Gobierno para neutralizar al alcalde.

Durante todo ese tiempo, el presidente de RETO había sido su amigo Raúl Chávez. Sin embargo, Chávez también recibió una orden de prisión preventiva por sus vínculos empresariales con Álvarez dentro de la investigación por la presunta comercialización irregular de combustibles. Como Chávez se encuentra ahora en la clandestinidad, RETO quedó sin una dirigencia presente y en una situación de incertidumbre.

Y es ahí que, según la dirigencia del movimiento, comienza el intento por cambiar el control de RETO.

Acciones de David López y el futuro legal ante el Tribunal Contencioso Electoral

David López, un militante casi desconocido de la organización y que, según los dirigentes leales a Chávez, mantiene vínculos con el Gobierno (actualmente es funcionario público), consiguió que se convocara a una supuesta Asamblea Nacional Extraordinaria que lo eligió como presidente, sin que exista constancia pública de cómo se desarrolló ese proceso. Esto ocurrió la tarde del martes 30 de junio.

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Horas después, todo cambió. A las 20:45, la facción leal a Chávez publicó un comunicado en el que desconocía la elección de López y aseguraba que la legítima Asamblea Nacional del movimiento había elegido a Christian Trepaud como nuevo presidente de RETO. En ese mismo comunicado, el movimiento sostuvo que la proclamación de López respondía a un intento del Gobierno de tomarse la organización.

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Cinco minutos más tarde, Raúl Chávez publicó en sus redes sociales un video grabado desde la clandestinidad en el que afirmó que la supuesta asamblea que eligió a López nunca existió y que todo era apenas “un chisme”.

¿Qué hechos alimentan la sospecha, entre dirigentes de RETO, de que David López actúa en favor de los intereses del Gobierno?

El nexo con el pedido de remoción contra Aquiles Álvarez

López fue quien presentó, en abril de 2026, el pedido de remoción de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil. Según argumentó, la ausencia del alcalde no había sido debidamente justificada y ya superaba los cinco días, sin que hubiera informado si extendería su licencia sin sueldo o sus vacaciones. El Concejo Municipal rechazó ese pedido.

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Pero no solo eso. El 28 de junio, apenas dos días antes de que fuera proclamado presidente de RETO por su propio grupo, López presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de tráfico de influencias en el Municipio de Guayaquil. La acusación involucra a funcionarios del Cabildo y a dirigentes de esa organización política.

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De acuerdo con una fuente vinculada al movimiento y cercana a Aquiles Álvarez, actualmente existen dos bandos dentro de RETO y el Gobierno estaría impulsando al sector contrario al alcalde, con el objetivo de controlar a la organización política. “No solo quieren impedir que Aquiles sea candidato, sino que buscan que él tampoco pueda poner un candidato”, aseguró la fuente.

Si bien la presidencia de RETO quedó, por ahora, ratificada en manos de Christian Trepaud, no puede descartarse que David López presente una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dirigentes del movimiento creen que esa instancia podría convertirse en el escenario donde finalmente se defina el control del partido, pues sostienen que el Gobierno busca impedir no solo que Aquiles Álvarez sea candidato, sino también que conserve la capacidad política de decidir quién podría reemplazarlo en la contienda electoral. La historia continuará.

Las claves que debes saber

• Las autoridades emitieron la alerta Emilia por 8 niños desaparecidos en Casa Hogar de Conocoto, Quito.
• Policía halló 6 menores hasta lunes; 2 niños venezolanos, de 10 y 12 años, siguen sin aparecer.
  
• Defensores de derechos humanos cuestionan al Estado por falta de protección y posibles consecuencias legales y políticas.

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se cumplen cuatro días de la alerta Emilia que emitió la Fiscalía, el sábado 27, por la desaparición de ocho niños que salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en Quito. 

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Según reportó la Policía Nacional, seis menores fueron localizados hasta la noche del lunes. Sin embargo, dos niños: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana, seguían desaparecidos hasta el martes.

El caso ha conmocionado a la opinión pública y genera dudas sobre la protección que las autoridades brindan a los menores en ese tipo de centros, como el de Conocoto, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Mientras se espera que todos los menores sean localizados a la brevedad posible, activistas y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de protección del Estado para las personas que están bajo su cuidado institucional, no solo en este caso, sino en hechos recientes como los fallecimientos de presos en las cárceles o los decesos de pacientes por falta de medicinas en hospitales públicos.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ), dice que el Estado “tiene la obligación de prevenir posibles riesgos o situaciones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo su protección". 

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"En este caso se ve, se siente un descuido generalizado hacia ciertos sectores de lo social: en el ámbito de las medicinas, en educación hay abandono estatal. El caso de los niños evidencia que no hubo un cuidado diligente para evitar que ellos se expongan a situaciones de riesgo”, resalta.

Sybel Martínez, de la Alianza de Derechos Humanos, coincide con ese criterio. “Cuando alguien -sea adulto o niño- está a cargo del Estado, es él quien debe garantizar sus derechos. No puede actuar como un tercer observador, sin sentir que tiene responsabilidad. Debe garantizar que no haya violaciones ni vulneraciones, sino su vida digna”, manifiesta.

Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez, atribuye la situación a “las políticas de ajuste, que han debilitado de forma muy fuerte la política social, con cambios institucionales basados en austeridad, cuando debería haber inversión y protección social”.

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Las implicaciones de la falta de protección

Los defensores de derechos humanos sostienen que ignorar estos cuestionamientos podría provocar consecuencias.

“Es terrible lo que está pasando. La falta de protocolos de atención del Estado afecta a la comunidad, a las personas que tienen enfermedades, esto se va a desbordar. Se hizo recomendaciones, pero el no tomarnos en cuenta hará que se incrementen los casos como los de tuberculosis”, opina Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles.

Aparte de las consecuencias sociales y sanitarias, Miño menciona las implicaciones legales. 

“Cuando esto pasa, las personas recurren a medios que no son adecuados para subsistir, es allí donde se ve que el crimen organizado se infiltra más para incidir. Además, la desatención del Estado genera el caos en cárceles, el caos social de estar buscando a los niños y, en el ámbito legal, el Estado deberá responder por las consecuencias nacionales e internacionales”, indica.

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Sybel Martínez, en cambio, habla de los efectos políticos y judiciales. “Se debe buscar responsabilidad, la Asamblea debería fiscalizar la actuación del Ministerio, que podría devenir en un juicio político". 

"Hay que analizar las responsabilidades de los equipos técnicos que están a cargo de los centros, los casos podrían derivar a Fiscalía y hasta denuncias contra el Estado ante tribunales internacionales. También debería actuar la Defensoría del Pueblo, pero no entiendo por qué no lo ha hecho en estos casos”, cuestiona.

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Pese a ello, desde el sector privado y la academia había voces levantando su opinión, no solo en medios.

Hoy se siente el silencio también en la sociedad civil, academia y profesionales, salvo algunas excepciones, en temas relevantes como el ataque a voces disidentes, la toma de la justicia y de instituciones públicas, y el uso de estas para amedrentar. 

¿Qué pasa con la voz de los ciudadanos? Para intentar responder esa pregunta, este medio consultó a académicos y actores de la sociedad civil.

No se valoran valores abstractos como las libertades

Farith Simon, abogado y catedrático de la USFQ, sostiene que se ha instalado una idea colectiva: la seguridad es el objetivo prioritario.

“Parece que todo vale”, dice. Cuestionar al poder en nombre de los derechos o de las libertades se interpreta como una crítica a la lucha contra la inseguridad. 

En esa línea, lo concreto (el miedo cotidiano) se impone sobre lo que muchos ven como abstracto: la defensa de la libertad de prensa o el rechazo al autoritarismo.

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A ese fenómeno se suma la fragmentación de las reivindicaciones sociales. “Los movimientos que antes representaban agendas amplias se han debilitado. Hoy predominan demandas dispersas y sectoriales”, explica. 

En su opinión, también hay una fatiga acumulada tras años de movilizaciones sin resultados claros y sensación de haber sido instrumentalizados políticamente.

Industriales han sido golpeados también

Manuel Salgado, exdiputado y exprofesor de la Universidad Central, sostiene que el país atraviesa una crisis ideológico-política de años, cuyos efectos se han manifestado con retraso. 

“El desarrollo industrial es incipiente y ha sido golpeado por políticas del actual gobierno. No hubo una gran reacción ni por la guerra comercial con Colombia. Actores sociales tradicionales que representaban pensamiento alternativo mantienen representación, pero no poder de movilización”.

La situación de las organizaciones de la sociedad civil

Humberto Salazar, de Fundación Esquel, que en 2021 promovió Diálogos Nacionales: Pacto Nacional por Ecuador, comenta que ellos trabajan contra la desnutrición infantil. Cree que se debería armar una agenda, pero no solo desde la sociedad civil. 

Señala el impacto que han tenido los cambios en el sistema de cooperación internacional. ¿Cómo ven el declive democrático? 

“Hay organizaciones que podrían tener mucho interés en tomar una posición más directa sobre algunos temas, pero como que la energía se divide. Velan y trabajan por sostenibilidad y no logran abrir otro tipo de espacios de incidencia, de diálogo con el sector público”.

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Se adelantaron las elecciones, un alcalde está preso sin sentencia, GRANASA está intervenida y defensores de derechos se sienten amenazados.

Las claves que debes saber 

• En Quito, nueve precandidatos Alcaldía se inscriben elecciones 29 noviembre tras democracia interna, revisión CNE.
• Figuran Pabel Muñoz, Jorge Yunda y otros candidatos en disputa por Alcaldía de Quito con énfasis en seguridad y empleo.

A un día de que concluya el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen sus procesos de democracia interna, nueve precandidatos ya oficializaron su intención de participar en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, mientras otras organizaciones aún mantienen expectativa sobre quiénes serán sus cartas para la capital.

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Y aunque el plazo para escoger oficialmente a sus postulantes vence mañana, las precandidaturas todavía deberán superar la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo después de ese proceso se conocerá la lista definitiva de aspirantes, prevista para el 9 de noviembre.

Sin embargo, los nombres ya empiezan a instalarse en el debate. La eventual reelección del actual alcalde, el retorno de un exburgomaestre, la aparición de nuevas figuras y la apuesta por candidaturas ciudadanas perfilan una contienda que, por ahora, reúne experiencias políticas diversas.

CNE revisa precandidaturas antes de lista oficial de aspirantes

El primero en confirmar su intención de buscar un nuevo período fue Pabel Muñoz. Aunque desde hace varios meses ha manifestado su interés en la reelección, recientemente oficializó que participará como precandidato por el movimiento Amigo, debido a que la Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una suspensión de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral.

La ciudadanía me pidió que resuelva problemas y así lo hemos hecho. Por eso la gente ha valorado que vuelva a participar.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito 

Muñoz calificó esa situación como una irregularidad y sostuvo que la RC ha tenido que postularse bajo distintas organizaciones por lo que considera procesos de persecución y proscripción política. Ayer dijo que ya no volverá a pronunciarse sobre su precandidatura hasta que concluya el proceso de primarias e inscripción oficial.

También dejó abierta la posibilidad de concretar alianzas para Quito, aunque dijo que ello dependerá de la decisión que adopte la dirigencia nacional del movimiento.

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Yunda vuelve a la contienda con propuestas de seguridad

En la contienda también está un conocido del electorado capitalino. Jorge Yunda buscará nuevamente la Alcaldía bajo el movimiento Avanza. El exalcalde considera que la elevada cantidad de postulantes forma parte del ejercicio democrático, aunque planteó que se debería contar con una segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad de la autoridad electa.

Quito enfrenta una pandemia de inseguridad y combatirla será nuestra prioridad, junto con el desempleo.
Jorge Yunda, exalcade de Quito

Su discurso se centra en dos ejes: seguridad y empleo. Propone fortalecer la videovigilancia mediante inteligencia artificial, incorporar tecnología en los accesos a la ciudad y coordinar acciones con el Gobierno y la Policía para enfrentar la inseguridad, fenómeno que identifica como la principal preocupación de los quiteños.

Otra candidatura que busca posicionarse como alternativa es la de Cristina Cachaguay, escogida por Unidad Popular. La docente universitaria y activista feminista sostiene que el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y los recortes presupuestarios a los municipios obligan a replantear el rumbo de la ciudad.

Tenemos una propuesta innovadora, nos juntamos jóvenes profesionales y de los barrios de Quito y asumimos el reto.
Cristina Cachaguay, Unidad Popular

Sin mencionar nombres, cuestionó tanto a quienes ya administraron Quito como a quienes buscan la reelección. Presenta su candidatura como una propuesta generacional, integrada por jóvenes profesionales y dirigentes barriales, con el objetivo de incorporar mayor participación ciudadana en las decisiones municipales. Adelantó que en los próximos días presentará oficialmente a su equipo de concejales.

La búsqueda de una opción ciudadana también marca la propuesta del actual concejal Wilson Merino, proclamado por el movimiento Imparables. Bajo el lema “Quito decide”, el edil asegura que su candidatura surge desde el trabajo comunitario más que desde la política tradicional.

Nuestra ciudad enfrenta grandes desafíos, pero también una gran fortaleza, que es su gente. El futuro se lo construye entre todos.
Wilson Merino, movimiento Imparables

Su propuesta gira alrededor de la recuperación de los barrios, el espacio público, la movilidad y el impulso al emprendimiento. El movimiento sostiene que su principal factor diferencial radica en construir un modelo de gestión basado en escuchar a los barrios antes de tomar decisiones.

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Mujeres y nuevas opciones políticas

Desde otra orilla política aparece Carla Larrea, quien tras integrar el binomio presidencial de Henry Cucalón, ahora representa al partido CREO en la disputa por la capital. Su objetivo es convertirse en la primera mujer electa alcaldesa de Quito.

Ha sido un proceso de preparación amplio y técnico. La capital debe cobrar su relevancia como una ciudad de oportunidades.
Carla Larrea, movimiento CREO

Larrea afirma que su candidatura responde a una preparación técnica de varios años y plantea una propuesta enfocada en seguridad, generación de empleo y recuperación del protagonismo económico y productivo de la ciudad. Agrega que ya conformó el equipo de concejales que la acompañarán en el proceso electoral.

A la lista se suma Juan Esteban Guarderas, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y le confirmó a EXPRESO su precandidatura por la Izquierda Democrática, organización que busca recuperar presencia política en la capital.

Panorama final electoral

En los procesos de democracia interna también oficializaron sus aspiraciones Linda Romero, por el Partido Social Cristiano, y Galo Almeida, por Centro Democrático, ampliando un abanico de candidaturas que reúne figuras con trayectoria política y también nuevos nombres que buscan abrirse espacio en el escenario electoral.

El Partido Socialista Ecuatoriano, en cambio, designó a Jorge Cueva como precandidato. Gustavo Vallejo, presidente del partido, señaló que cuenta con experiencia en gestión pública, desarrollo territorial y administración municipal.

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Mientras tanto, la principal incógnita permanece en el oficialismo. Acción Democrática Nacional (ADN) tiene previsto realizar hoy sus elecciones primarias para definir a su precandidato.

Hace un mes, ADN difundió una lista preliminar de posibles aspirantes, entre ellos la entonces canciller Gabriela Sommerfeld y la actual directora del Seguro Social Campesino, Giovanna Ubidia. Pero hasta el cierre de esta publicación el movimiento no ha oficializado una decisión.

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Las claves que debes saber

• Los Sao Box dejaron amenazas en Quito y El Oro entre el 13 y 29 de junio.
• Panfletos hallados tras explosivos en Arcom y Complejo Judicial Norte de Quito.
• Mensajes apuntan a mineros y jueces por disputa minera.

Las amenazas presuntamente emitidas por la organización criminal Los Sao Box ya no se limitan a la provincia de El Oro, en la Costa de Ecuador. En las últimas semanas, los mensajes intimidatorios atribuidos a este grupo también han aparecido en instituciones públicas y operadores de justicia de Quito.

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Desde mediados de junio, las autoridades han localizado cuatro panfletos relacionados con esta estructura delictiva. Dos fueron encontrados en Machala y Zaruma, en contextos vinculados a la actividad minera ilegal, mientras que los otros aparecieron en la capital, luego de las explosiones ocurridas en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en la amenaza en los exteriores del Complejo Judicial Norte.

El primer caso se registró el 13 de junio en Machala. Ese día, tras la detonación de un explosivo en las afueras de las oficinas de la Arcom, fue encontrado un panfleto en el que se lanzaban amenazas contra personas vinculadas al sector minero. 

En el documento se mencionaban presuntas extorsiones y cobros irregulares relacionados con esta actividad económica.

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La amenaza en Zaruma

La escalada continuó el 28 de junio en Zaruma. En esa ciudad orense apareció otro escrito intimidatorio dirigido a supuestos colaboradores de una organización rival dentro de la disputa por el control de zonas mineras. El mensaje incluía fotografías de vehículos y determinados objetivos.

El hallazgo generó conmoción entre la población debido a que junto al panfleto fue encontrada un cráneo humano. Tanto el documento como los demás indicios quedaron bajo custodia policial como parte de las investigaciones en curso.

Las amenazas llegaron a la capital

Sin embargo, antes del caso registrado en Zaruma, la presencia de estos mensajes ya se había detectado en Quito. El 25 de junio, la Policía realizó una detonación controlada de un objeto sospechoso abandonado frente al Complejo Judicial Norte.

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Junto a una caja de cartón fue hallado un panfleto que contenía amenazas dirigidas a jueces por los fallos judiciales.

Aunque inicialmente las autoridades evitaron identificar públicamente al grupo responsable, una imagen del documento permitió establecer que la misiva habría sido firmada por Los Sao Box. El escrito también estaría relacionado con el abandono del artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial.

Nuevo atentado contra la Arcom en Quito

Cuatro días después, la Arcom volvió a convertirse en objetivo. Tras un atentado con explosivos contra su edificio ubicado en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, los investigadores encontraron otro panfleto con características similares a los detectados previamente en El Oro.

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Hasta este 1 de julio de 2026, las autoridades no han confirmado de manera oficial la autoría del documento. No obstante, el contenido mantiene un tono similar: amenazas y referencias al conflicto por el control de la minería.

La secuencia de estos cuatro casos revela un patrón común. Los panfletos comparten lenguaje intimidatorio, amenazas de muerte y mensajes dirigidos tanto a actores relacionados con la actividad minera como a funcionarios públicos y jueces, lo que refleja una extensión de las amenazas desde El Oro hacia la capital del país.

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En la calle Simón Plata Torres, en Quinindé, donde dio sus primeras gambetas detrás de un balón desgastado, se vive con una mezcla de nervios, orgullo y esperanza la cuenta regresiva para el duelo de hoy, a las 20:00, frente a México, por los dieciseisavos de final del Mundial.

La casa donde Angulo pasó su infancia permanece casi intacta. En su interior, las paredes guardan camisetas de la selección ecuatoriana, uniformes de los clubes por los que ha pasado, medallas obtenidas desde sus primeros torneos infantiles y fotografías que recorren una historia construida con sacrificio.

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Cada objeto es un recordatorio de que el camino hacia el fútbol de élite comenzó mucho antes de los reflectores, cuando el pequeño Nilson regresaba a casa después de largas jornadas jugando en la calle con sus amigos. 

Su hermano, Giancarlo Angulo, en conversación con EXPRESO recuerda que el balón siempre fue parte de la rutina familiar. Cuenta que desde muy pequeño pasaba horas jugando y que era común verlo volver a casa entrada la noche, agotado pero feliz. 

Dice que nunca dejó de apoyarlo y que incluso cuando las oportunidades parecían lejanas, siempre creyó que podía llegar lejos. Solo así se puede entender que el gol frente a Alemania haya sido la recompensa a un sueño que Nilson persiguió desde niño, dice Giancarlo. De ahí que ese momento hizo estallar de emoción a toda la familia.

El barrio y su ídolo

A pocos metros de la vivienda familiar, los vecinos señalan la cancha improvisada y la misma calle donde el hoy seleccionado nacional aprendió a desafiar rivales. Allí todavía se escucha una frase que se repite entre quienes compartieron con él aquellas tardes interminables de fútbol: “Nilson siempre encaraba”.

Sus amigos recuerdan que era atrevido, rápido y que nunca tenía miedo de enfrentarse a jugadores mayores. “Era gambeteador, encarador y muy habilidoso”, resume uno de sus primos, sin despegar la mirada del espacio donde tantas veces improvisaron arcos con piedras.

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El orgullo es compartido por todo el sector. Los vecinos cuentan que cada vez que la selección juega, las casas se llenan de banderas, y los televisores se convierten en punto de encuentro para seguir los partidos. El último jueves, después del triunfo ante Alemania, la celebración se extendió por toda la cuadra. 

Hubo abrazos, gritos y lágrimas de emoción entre quienes vieron crecer al joven futbolista y hoy sienten que una parte del barrio también está representando al país en la Copa del Mundo. 

Hoy la expectativa vuelve a crecer. Incluso desde el fin de semana, varias familias ya organizaban reuniones para observar el compromiso frente a México.

Algunos preparan parlantes, otros afinan la logística para reunirse desde temprano y no faltan quienes prometen vestir la camiseta amarilla que han usado durante todo el torneo, como una especie de cábala. En cada conversación aparece el mismo deseo: ver otra vez a Nilson celebrando un gol decisivo.

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Para la gente de la calle Simón Plata Torres, el partido de este martes trasciende lo deportivo. Será otra oportunidad para acompañar al muchacho que alguna vez corrió descalzo por esas veredas y que hoy hace vibrar a millones de ecuatorianos.

Mientras la selección se prepara para disputar un lugar entre los 16 mejores del mundo, en Quinindé ya está todo listo para alentar a Nilson. En ese rincón de Esmeraldas están convencidos de que los grandes sueños pueden comenzar en cualquier esquina y que la historia de Angulo apenas empieza a escribirse.

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