Lo que debes saber:

• Quito: estudiantes de arquitectura recorren la ciudad, como parte de su proceso de formación.
• El taller "Con lo que hay", de la PUCE, pasa de las maquetas a las obras reales, en la capital y en otras zonas, como Salcedo, etc.
• En la Universidad Central, un profesor de arquitectura y sus alumnos tienen un proyecto para transformar el campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo.

Los estudiantes de las facultades de arquitectura recorren Quito y ensayan intervenciones que, en su mayoría, se quedan en maquetas o en proyectos premiados dentro del ámbito académico. ¿Cuánto de ese trabajo puede traducirse en transformaciones para la capital?

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Para el arquitecto Martín Real, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la formación está diseñada para abordar proyectos de distinta escala —desde vivienda unifamiliar hasta urbanismo— con un aumento progresivo de complejidad. 

En su taller de “escenarios alternos” les ha propuesto pensar en soluciones frente al vaciamiento urbano. El ejercicio parte de elegir zonas de intervención —como el Centro Histórico, el eje de la 10 de Agosto o el entorno de El Ejido— y replantear sus formas de ocupación.

Muchos estudiantes apenas las conocen y enfrentan temor al recorrerlas o interactuar con sus habitantes. Ese impacto, sin embargo, forma parte del aprendizaje.

A partir de ese diagnóstico, los alumnos simulan intervenciones arquitectónicas: proponen nuevos usos, incorporan vivienda o equipamientos culturales y proyectan escenarios posibles. Aunque se trata de ejercicios académicos, el énfasis está en comprender la ciudad, hablar con sus usuarios.

Con sus alumnos desarrollaron un ejercicio puntual en una cuadra cercana a la Prefectura de Pichincha, sobre la 10 de Agosto. El objetivo fue entrenar a los estudiantes en un escenario ficticio de intervención arquitectónica. 

El punto de partida consistió en seleccionar una edificación susceptible de rehabilitación y asumir, como hipótesis de trabajo, que los lotes perimetrales estaban vacíos para ampliar las posibilidades de exploración.

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Los estudiantes se involucran y construyen, hay más riesgos

Una lógica distinta guía el trabajo de Enrique Villacís y Cynthia Ayarza, impulsores del taller “Con lo que hay”, que desde hace 15 años combina diseño participativo y construcción comunitaria. En él, los estudiantes no solo diseñan: trabajan con un barrio o colectivo y ejecutan, junto a ellos, una obra concreta.

El enfoque busca evitar el asistencialismo. Más que entregar soluciones, promueve procesos de colaboración y corresponsabilidad: la comunidad se involucra y aporta, mientras la academia contribuye con diseño y metodología. Frente a experiencias efímeras o simbólicas, su apuesta es dejar herramientas replicables y fortalecer la autonomía local.

La experiencia de estudiantes de arquitectura

Los estudiantes destacan el enfoque poco convencional. Brigitte Uvidia, de séptimo semestre, resalta que el taller trasciende la maqueta: diseñaron y construyeron un juego infantil en la Fundación Jardín del Edén, en Salcedo, con acompañamiento técnico. Considera que este tipo de proyectos puede replicarse en otros espacios públicos, al promover usos abiertos y exploratorios.

La mirada de los universitarios cambia, luego del taller

Sebastián Guarderas subraya que el taller permite “materializar” ideas y vincular la formación con la realidad social: una experiencia de cocreación que convierte a la academia en herramienta de transformación. 

El estudiante mira oportunidades para trabajar con espacios para los comerciantes informales, con mobiliario temporal o no, que podría usarse en ferias, más allá de carpas o quioscos.

Marcelo Pila, por su parte, apunta que salir al territorio cambia la forma de observar la ciudad: permite detectar problemas, pero también oportunidades, como la reutilización de edificaciones abandonadas.

En la Universidad Central se busca que el campus sea un laboratorio de sostenibilidad

En la Universidad Central, el arquitecto Diego Hurtado trabajó con sus alumnos en un proyectos para transformar al campus en un laboratorio de sostenibilidad y urbanismo. 

La propuesta incluye metas al 2040: 

En el planteamiento también se observa los efectos del cerramiento universitario, que puede generar espacios degradados en su entorno e inseguridad. 

Frente a ello, se proponen bordes activos, integración urbana y nuevas dinámicas de uso, con vivienda más económica, cuyas rentas podrían costear un préstamo, por ejemplo del Banco del Estado. La idea es avanzar hacia un modelo de “barrio de 15 minutos”, con menos desplazamientos y mayor vida de ciudad.

Entre maquetas, intervenciones reales y laboratorios urbanos, la arquitectura universitaria ensaya respuestas. El desafío sigue siendo que esas ideas no se queden en el aula.

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Lo que buscan esas intervenciones

Para Martín Real, la academia debe asumir un rol activo en la generación de ciudad. Cita, por ejemplo, la experiencia de la Universidad Indoamérica en Ambato, que junto al Municipio levantó un proyecto que comenzó como ejercicio académico y terminó convertido en un recorrido peatonal público: Las Escalinatas, que hoy conectan dos plataformas mediante escaleras eléctricas. 

La iniciativa articuló a la academia, la institución pública y la empresa privada hasta concretarse.

En el taller de Villacís y Ayarza, en la PUCE, el objetivo es “llevar la arquitectura a territorios poco atendidos, más allá de zonas como la República del Salvador o Quitumbe, para reconocer necesidades reales y sembrar inquietudes que impulsen procesos sostenidos”.

LO QUE DEBES SABER

• La reforma al mercado extrabursátil abrió una división en la Asamblea, incluso dentro de la Comisión de Régimen Económico, por la incorporación de cambios al Libro II del COMYF que no estaban en los proyectos originales.
• El oficialismo defiende que el Estado tenga una plataforma propia para reducir el pago de comisiones a casas de valores privadas y ordenar las operaciones entre entidades públicas.
• La oposición y gremios bursátiles advierten riesgos de menor transparencia, dispersión de operaciones, pérdida de precios públicos de referencia y posible competencia desigual si la banca privada asume funciones de intermediación.

La reforma al mercado extrabursátil dividió al pleno de la Asamblea Nacional. 

En el primer debate del jueves 2 de julio, el bloque oficialista defendió que el Estado deje de pagar comisiones millonarias a las casas de valores privadas, mientras Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC) denunciaron que las reformas al Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) responden a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El debate se centró en analizar los pro y contra de permitir que los títulos públicos, como los bonos estatales que hoy se negocian en el mercado bursátil, migren a un circuito paralelo conocido como mercado extrabursátil, un sistema donde se tranzan instrumentos financieros directamente, sin intermediación de una bolsa de valores.

Reforma al COMYF abre debate sobre mercado extrabursátil

La ponente Nathaly Farinango, presidenta de la comisión, defendió que los artículos 3, 4 y 60 del Libro II fortalecen el mercado bursátil. 

Afirmó que la reforma "amplía y precisa las modalidades de mercado extrabursátil y privado", reconoce a las entidades del sector financiero privado como intermediarios de valores e incorpora el principio de entrega contrapago para reducir riesgos de contraparte.

Desde la propia comisión, la asambleísta Mónica Alemán (PSC) rechazó el proceso. 

Explicó que la mesa incorporó "17 disposiciones ajenas al proyecto original, entre ellas 12 reformas al capítulo de mercado de valores, mandatos de inversión tecnológica al Banco Central y una modificación al régimen de inversión de bonos del Estado". 

Advirtió que esas reformas debieron tramitarse en un proyecto especializado y pidió públicamente al asambleísta Carlos Villacrés retirar las observaciones al Libro II que introdujo en la comisión.

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Villacrés, también integrante de la mesa y de Alianza Democrática Nacional (ADN), había defendido su aporte en el pleno. 

Afirmó que "modernizar el mercado de valores" lo vuelve "más ordenado, más seguro, más competitivo" y precisó que "modernizar significa regular, no quitar controles, sino más bien fortalecerlos con mayor transparencia".

El asambleísta José Luis Vallejo, también integrante de la comisión pero de la Revolución Ciudadana, respaldó la crítica. Precisó que los cuatro proyectos unificados solo modificaban el Libro I y propuso retirar del informe el artículo 2, que contiene las reformas al Libro II. Afirmó que las modificaciones al mercado de valores "aparecen ya dentro de la ruta de los compromisos que tiene el país con el FMI".

Oficialismo defiende menor costo para el Estado

El oficialismo respondió con un argumento económico. Sergio Peña explicó que hoy el Estado depende de plataformas privadas de las casas de valores para realizar operaciones y que estas "cobran comisiones millonarias". 

Aseguró que la reforma busca "que el Estado tenga su propia plataforma que no le cueste" y precisó: "No se busca descontrol, se busca optimizar recursos de los ecuatorianos".

El asambleísta Hernán Zapata, también de la comisión, aportó cifras del sistema financiero: 

Aseguró que "el mercado de valores bursátil no se está topando en lo absoluto" y que la reforma solo abre plataformas de negociación entre entidades públicas.

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A un día del debate, la BVG alerta riesgos en la reforma al mercado de valores

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Oposición alerta riesgos en operaciones extrabursátiles

El asambleísta Alfredo Serrano expresó dudas técnicas. "

Recordó dos precedentes: el caso Isspol, "una de las estafas más grandes de este país", con más de $600 millones perdidos, y la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, "a consecuencia justamente del mercado extrabursátil que no estaba debidamente regulado".

La legisladora Mireya Pazmiño (RC) fue más allá. Advirtió que trasladar operaciones estatales al extrabursátil abre "una autopista para el lavado de activos" en un mercado que "no supera el 11 % del PIB" y que resulta "extremadamente atractivo para la movilización ilícita de capitales de dudosa procedencia".

Mariana Yumbay (Pachakutik) coincidió en que las reformas al Libro II "no formaban parte de los proyectos originales y merecen un debate específico". 

Aseguró que el proyecto se está convirtiendo en "un vehículo para introducir reformas vinculadas a la liberalización y flexibilización de los mercados financieros" impulsadas por el FMI.

Farinango defiende unidad de materia y controles antilavado

Farinango replicó en su segundo turno. Citó las sentencias 028-12-SIN-CC y 32-21-IN/21 de la Corte Constitucional para defender la unidad de materia y precisó que el análisis constitucional "debe evitar dos extremos: criterios demasiado laxos y criterios excesivamente rígidos". 

Aseguró además que la reforma incorpora controles antilavado en el artículo 208 y en la disposición general tercera.

Al término del debate, el pleno dispuso el retorno del proyecto a la Comisión de Régimen Económico para la elaboración del informe de segundo debate. 

Farinango invitó a los asambleístas a presentar sus observaciones por escrito y aseguró que el equipo técnico "ha tomado nota de cada una" de las intervenciones.

Bolsas y casas de valores piden reglas iguales y precios visibles

La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval) coinciden en que la reforma al mercado de valores necesita ajustes antes de avanzar en la Asamblea. 

Los gremios no rechazan la modernización del sistema, pero advierten que el texto puede dispersar las operaciones en varios canales de negociación.

Una de sus principales preocupaciones es que, si parte de las transacciones sale de los mecanismos bursátiles tradicionales, el mercado pierda una referencia pública de precios. 

Eso dificultaría saber cuánto vale realmente un título, comparar operaciones similares y verificar si una negociación se hizo con información visible para todos los participantes.

Otro punto sensible es el rol que podría asumir la banca privada. BVG, BVQ y Asocaval advierten que permitir que los bancos participen como intermediarios de valores exige reglas equivalentes a las que cumplen las casas de valores, para evitar competencia desigual, conflictos de interés y mayor concentración de operaciones.

Por eso, los gremios piden que cualquier cambio preserve la trazabilidad de las operaciones en tiempo real. También plantean una referencia pública de precios, reportes diarios, datos abiertos y estándares iguales para bancos, casas de valores y demás participantes.

Los puntos clave

• Especialistas y gremios sociales plantean una hoja de ruta urgente para la próxima administración de Guayaquil, ante una crisis institucional y urbana marcada por el deterioro y el vacío de liderazgo.
• La seguridad y la reconstrucción del tejido social aparecen como prioridades centrales, con énfasis en educación, empleo y recuperación del espacio público.
• La movilidad y el sistema de transporte público son señalados como ejes críticos que requieren una reestructuración profunda para mejorar el servicio ciudadano.

Guayaquil cruza los dedos a oscuras. La ciudad que históricamente se forjó contra incendios, pestes y piratas enfrenta hoy una de sus crisis institucionales más críticas, marcada por el vacío, el miedo y el mutismo. Con un alcalde electo, Aquiles Álvarez, bajo prisión preventiva, las riendas del principal puerto del país han quedado en manos de una alcaldía subrogante cuya gestión ha sido cuestionada. Mientras la violencia criminal no da tregua —marcada por postales de terror como el reciente asesinato en pleno aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo a manos de sicarios adolescentes—, el sillón municipal parece haber optado por el repliegue.

Ante este panorama, EXPRESO habló con líderes, representantes políticos y actores sociales para construir una radiografía de las prioridades urgentes que, de cara a las elecciones seccionales, debería atender la próxima administración. El consenso apunta a una hoja de ruta técnica que llene “el vacío municipal actual”.

Seguridad, barrios y tejido social: la ciudad que pide volver a ser habitada

Para César Poveda, abogado y excoordinador jurídico del Municipio, la ciudad atraviesa un sismo político doble marcado por la audacia de las bandas criminales en zonas teóricamente blindadas y una arremetida centralista desde la Asamblea Nacional que “vulnera las autonomías locales al intentar fiscalizar entidades como Segura EP”. Frente a ambos frentes, critica, la respuesta oficial ha sido el silencio.

“Hoy, la interna de Segura EP, por citar solo un caso, parece estar atrapada en distractores mediáticos. El gerente habla de supuestas grabaciones y de nuevos inventos que lo único que hacen es desviar la atención pública de los focos realmente importantes. Esta falta de postura es la que engulle al Municipio en la inercia (...). La ciudad se cae a pedazos y hay una orfandad de voces”, dice Poveda, al cuestionar la “espiral del silencio” de la administración subrogante.

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Para salir del bache, el jurista plantea tres ejes urgentes que deberán priorizarse en la administración que venga: seguridad integral, empleo formal conectado a la movilidad y la recuperación del centro. Una de sus propuestas apunta a que el Municipio solicite la competencia en educación para crear una red de colegios municipales y fiscomisionales en sectores vulnerables. “Si permitimos a más familias acceder a educación de calidad, vamos a generar trabajo y a ocupar espacios públicos, generamos tranquilidad, que le urge a la ciudad”, argumenta.

Un barrio cobra vida cuando ofrece espacios seguros, verdes, activos y caminables, donde las personas puedan convivir, hacer deporte, acceder a servicios y desarrollar actividades culturales y comerciales. Guayaquil hoy está lejos de esa realidad. En general, los barrios no tienen otra opción que vivir encerrados.Mariana Delgada, residente de la Pradera 3

Alfredo Carrasco, miembro del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, advierte que este quiebre responde a decisiones políticas. Poveda coincide y denuncia que, bajo la actual gestión de la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel —a quien EXPRESO le solicitó una entrevista sin obtener respuesta—, los presupuestos para deporte y cultura sufrieron un hachazo drástico.

“Y si usted se desvincula de esa arista, que va directamente conectada a la reestructuración del tejido social, lo único que va a generar es juventud que se pierde, tanto en vicios como en bandas organizadas. El tema de seguridad no se puede componer únicamente con balas”, piensa.

Roberto Cajamarca, dirigente barrial del norte de Guayaquil, desconoce si ese recorte de presupuesto es real porque —advierte— jamás ha sentido un cambio integral en el espacio público en esta y otras administraciones.

“Para mí no solo el norte, sino todos los barrios de Guayaquil han sido desatendidos históricamente. Les falta canchas, árboles, sombra, buenas veredas y espacios para el adulto mayor, solo para enumerar algunas carencias. No tenemos puntos de encuentro, con o sin presupuesto no sentimos que se cubra esa necesidad existente. Tener un espacio público amigable no es un lujo, es una necesidad y eso debe tenerlo claro quien ocupe el Sillón de Olmedo en la siguiente administración”, alega.

Carrasco coincide con este reclamo y apunta a la urgencia de descentralizar la gestión y mirar hacia las bases. “La administración que venga debe trabajar con los barrios y sus líderes porque ellos conocen las problemáticas. Con ellos hay que gestionar proyectos, campeonatos, cultura. Hay que dotarlos de cámaras, murales, color y agentes metropolitanos o policías que controlen las zonas”, piensa.

Movilidad: una ciudad que no despega sin transporte digno

El segundo eje de la crisis guayaquileña, coinciden los especialistas, se centra en la movilidad y las falencias en el transporte público. Para Poveda, reactivar el empleo formal —lo que considera una necesidad— es imposible sin un sistema de transporte masivo que dignifique al usuario, lo que deja a la Metrovía en la mira técnica. Al evaluar ese servicio, Carrasco asegura que Guayaquil viaja a la deriva.

“Si recorremos el parque automotor de la Metrovía, veremos que sigue siendo una ‘metro sardina’ con carros completamente dañados. Llevamos años así y hoy no hay autoridad a quien reclamarle. A la ciudad le urge una reestructuración; hay que cambiar incluso la estructura de la ATM y hay que hacerla cumplir su rol. Aquí nadie actúa y no les importa”, sentencia Carrasco, al cuestionar además la reciente alza del pasaje aprobada en segundo debate y sin la “debida socialización”. “Nadie escuchó al usuario”, se queja.

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Para Daniela Pino, residente de la Alborada y activista social, Guayaquil debe mejorar por completo este servicio, darle un nuevo uso a la Aerovía y recuperar la vida en el río.

“Los guayaquileños, desde los gremios, la academia, las voces de líderes y sociales, incansablemente, llevan años pidiendo no dejar estancada su identidad fluvial. Todo, sin embargo, ha quedado en promesas. ¿Qué hacer? Actuar”, precisa.

Para Pino, también ecologista, lo ideal sería crear rutas de transporte fluvial que conecten el centro con Posorja, Puná, Samborondón y otros sectores ribereños, integradas con la Metrovía y el resto del sistema de transporte mediante una tarifa única. Sin embargo, dice, si esa alternativa no resulta viable de forma inmediata por la sedimentación del río o los costos que implica, el primer paso debería ser recuperar las riberas del estero Salado con parques lineales, ciclovías y espacios públicos.

En una ciudad tan caliente, sueño con poder caminar por los barrios y encontrar fuentes, espejos de agua y riberas recuperadas. No es una idea estética: es una necesidad para los ciudadanos, el turismo y la identidad de Guayaquil.Marcia Carpio. residente de la ciudadela Guayacanes

“Además, en estas riberas se podrían construir nuevos malecones de barrio, muelles comunitarios, plazas, mercados y espacios culturales que vuelvan a acercar a los guayaquileños al río”, aseguró.

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Recuperar el centro y escuchar a la ciudadanía

Pero para Pino, al igual que el resto de consultados, otra de las prioridades pasa por la recuperación del centro de Guayaquil, un sector donde —como ha documentado EXPRESO en los últimos años— se concentra una de las heridas urbanas más profundas de la ciudad.

“El centro ya se cayó. Es un páramo peligroso, sin vida ni turismo. Y si no nos preocupamos por recuperarlo de una forma adecuada, ordenada y sistemática, vamos a generar la muerte entera de la ciudad”, advirtió Poveda.

Carrasco coincide en el diagnóstico y sostiene que el deterioro refleja un retroceso de décadas. “El centro está completamente desordenado; ha vuelto a los años 90, repleto de informales a los que, claro, no hay que reprimir, sino ordenar, pero hay que hacerlo ya”, afirmó.

Para Poveda, la recuperación del centro exige mirar experiencias exitosas de regeneración, como Puerto Madero, en Buenos Aires, potenciando el transporte fluvial y apostando por un modelo de uso mixto en las zonas regeneradas.

“La crisis no es solo de cemento, es de identidad. Se han perdido campañas de civismo”, añade Poveda, quien propone una “re-guayaquileñización” basada en seguridad y orgullo.

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Pero cualquier plan, advierte Carrasco, difícilmente prosperará mientras el Municipio no abra espacios para la participación ciudadana. Él denuncia jamás ser escuchados.

“Nuestra entidad ha hecho peticiones para ocupar la Silla Vacía, pero no se nos toma en cuenta. No hay apertura para la gente. Y quien venga deberá escuchar, no alejar, integrar...”, plantea.

Auditar la deuda interna, otra urgencia 

El riesgo de colapso de edificios patrimoniales es otro de los desafíos por atender

Pero no solo la movilidad y la reconstrucción integral de los barrios son las necesidades que el próximo alcalde debe priorizar. Para Gelacio Mora, líder comunitario y representante de Tejido Social Guayaquil, el Puerto Principal tiene una bomba de tiempo en el centro y sur, donde se concentra el 80% de las edificaciones con riesgo de colapso. Es una crisis estructural que genera más de 300 inspecciones anuales por caída de mampostería, con alertas tan reales como los desmoronamientos en la Febres Cordero o en la Casa Tola en abril de 2026, alega.

Para Mora, el problema sigue estancado por un “limbo legal entre el Cabildo y los dueños, el millonario costo de rehabilitar inmuebles patrimoniales de 1930 y un drenaje obsoleto que debilita las paredes con cada lluvia, mientras la inseguridad se desborda y la Metrovía se hunde en deudas”.

Frente a esto, plantea una hoja de ruta para los primeros 100 días de gestión: auditar la deuda interna, sincerar el presupuesto real, reactivar el bacheo y retomar la recolección nocturna de basura. La seguridad barrial inmediata, agrega, debe apoyarse en el fortalecimiento de Segura EP y sus 125 comités de convivencia, conectándolos con la Policía.

En lo físico, Mora urge a intervenir de inmediato las 10 edificaciones con mayor peligro de desplome y reforzar con hormigón armado el carril de la Metrovía en la calle Rumichaca, afectado por el colapso de las aguas servidas.

“La obra pública no puede ser un reparto a dedo”. Por eso exige activar un presupuesto participativo de 20 millones de dólares mediante plataformas digitales, dejando que los propios vecinos elijan si necesitan parques, escalinatas o asfalto. Esta inversión debe cruzarse con las 19 Áreas de Gestión Administrativa (AGA) ya aprobadas para que la ayuda llegue de forma equitativa.

“El próximo alcalde no tiene que inventar un modelo desde cero, sino dar continuidad a herramientas técnicas que ya existen como el PDOT y el PUGS, potenciando la “ciudad de 15 minutos” y eliminando el gasto de fundaciones paralelas, tal como se hizo al absorber la Fundación Siglo XXI.

El rescate definitivo exige, hace énfasis, decisiones firmes en el casco central, como “expropiar solares abandonados para apostar por una verticalización planificada que combine vivienda, comercio y cultura, algo que debió hacerse hace ya mucho tiempo”. Además, propone ampliar hasta junio de 2026 el plazo de regularización masiva para casas barriales de hasta tres pisos, dando seguridad jurídica a las familias que viven en la informalidad. DSZ

Lo que debes saber

• El CPCCS, pese a ser la institución con mayor desaprobación ciudadana, registra un número récord de postulantes, lo que refleja el interés por un organismo con amplias facultades para designar autoridades de control del Estado.
  
• Desde su creación, el Consejo ha estado marcado por escándalos, investigaciones y retrasos en concursos clave.
  
• Los intentos por eliminar o reformar el CPCCS han fracasado porque controlar esta institución significa influir en el sistema de designación de los principales organismos de fiscalización del país.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene 17 años de existencia, desde que la Constitución de Montecristi lo creó en 2008 y comenzó a operar en 2009. En ese tiempo ha acumulado un 71% de desaprobación ciudadana, según Click Report, hasta abril del 2026, la peor calificación entre ocho instituciones del Estado medidas. Sin embargo, 309 personas se inscribieron este año para disputarse sus siete vocalías: más del doble que en 2019 y casi el triple que en 2023. La institución menos confiable del país es, al mismo tiempo, la más codiciada.

Te invitamos a leer: Rostros conocidos y actuales consejeros buscarán la reelección en el CPCCS en noviembre de 2026

El CPCCS no llegó al mundo como un árbitro neutral. La prueba más grotesca se vio con su presidente: José Carlos Tuárez. El ‘cura Tuárez’ llegó al cargo presentándose como un religioso sin pasado político y usó luego su investidura para vender puestos públicos en al menos siete instituciones: Aviación Civil, Aduanas, Petroecuador, hospitales del Estado, a cambio de dinero, esmeraldas y hasta barras de oro, según determinó la Fiscalía. Fue destituido y sentenciado a cinco años de cárcel por asociación ilícita. El ‘quinto poder’ ideado para combatir la corrupción tuvo, en su propia cúpula, una red que la comercializaba al por mayor.

Diecisiete años después, el patrón se repite con otros nombres. El CPCCS designó en 2025 a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, tras desechar impugnaciones y descalificar a un postulante rival de la terna. Hoy Godoy enfrenta una investigación de la Fiscalía por delincuencia organizada, fraude procesal y tráfico de influencias. El ‘ciudadano incontaminado’ que imaginó Montecristi para el CPCCS terminó, otra vez, señalado de mover fichas dentro del sistema que debía controlar.

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A la par, la demora en designar autoridades ha sido crónica. El CPCCS mantiene paralizados seis concursos públicos esenciales, entre ellos la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo proceso se retrotrajo por fallos técnicos, y la designación del nuevo fiscal general del Estado, estancada por falta de votos en el pleno; un escenario de bloqueo institucional que obliga a los vocales electorales a operar bajo funciones prorrogadas desde el fin de su mandato regular, en noviembre de 2024.

Ese es, quizá, el efecto más corrosivo del CPCCS, institución que no solo decide autoridades, también administra los tiempos del poder. Al atrasar concursos, bloquear ternas o estancar designaciones entre impugnaciones, informes técnicos y mayorías cambiantes, no solo el país entra en pausa, sino sus instituciones que, además, quedan sometidas a una provisionalidad conveniente.

Los intentos de eliminar al CPCCS

Lo llamativo es que, pese a todo esto, el CPCCS ha sobrevivido a tres intentos formales de eliminación en apenas 17 años. En 2019, el movimiento Ahora y un comité ciudadano con más de 200.000 firmas llevaron la propuesta a la Corte Constitucional. En 2021 la Asamblea la rechazó, con el bloque correísta votando en contra de disolver la institución. En 2023, Guillermo Lasso sometió a consulta popular quitarle al Consejo la facultad de nombrar autoridades. El No ganó con más del 57%. Ninguno de los tres intentos prosperó.

Ahí está la clave que ni el escándalo ni el fastidio ciudadano explican del todo. El CPCCS no sobrevive pese a su mala fama, sino gracias a lo que representa. Es la llave que abre 17 instituciones de control del Estado. Del cura que cobraba en oro al presidente investigado por su elección en la Judicatura, la historia de este organismo se repite en cada década. Quien lo captura, controla el aparato entero de fiscalización del país. Esa disputa sigue abierta hoy mismo.

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Los 309 postulantes inscritos este año (récord frente a los 201 de 2019 y los 182 de 2023) compiten por un cargo que, en paralelo, vuelve a estar bajo la lupa, con una nueva propuesta de reforma constitucional que evalúa transferir sus facultades de designación a otras funciones del Estado.

La evidencia de estos 17 años sugiere que el problema es la ficción que sostiene al organismo desde su origen: creer que una institución elegida en medio de intereses políticos podía repartir el poder de control como si estuviera por fuera de la política.

Lo que debes saber

• Urdesa central concentra cerca de 260 establecimientos gastronómicos y busca consolidarse como un distrito gastronómico.
• Empresarios y comensales plantean mejoras en seguridad, movilidad, estacionamientos y promoción turística.
• El Municipio mantiene conversaciones sobre el proyecto, aunque reconoce que su ejecución no sería inmediata.

Entre avenidas arboladas y viviendas residenciales, Urdesa central se ha transformado en el principal corredor gastronómico de Guayaquil, con cientos de restaurantes que conviven entre la vida barrial y el movimiento nocturno.

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De ciudadela residencial a polo gastronómico

Con el paso de los años, esta ciudadela se consolidó como un punto de encuentro para celebrar desde un partido de fútbol hasta una salida en torno a la comida.

María del Cisne Montes, jefa de Gestión de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, explica que Urdesa nació como un proyecto urbanístico en el norte de la urbe en 1955. Sin embargo, fue en la década de 1990 que empezó a perfilarse como un polo gastronómico, con la apertura del primer restaurante de comida libanesa, ubicado en la esquina de las calles Guayacanes y Víctor Emilio Estrada.

Actualmente, en el perímetro de Urdesa central funcionan cerca de 260 establecimientos gastronómicos, según Carlos Barrezueta, presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas (Asorest). De acuerdo con datos del Municipio de Guayaquil, la ciudadela está conformada por alrededor de 199 manzanas, equivalentes a más de 200 hectáreas.

La ciudadela limita al norte con la salida hacia la avenida Las Aguas y Lomas de Urdesa; al sur con el estero Salado y la avenida Circunvalación Sur; al este con las ciudadelas Kennedy y Miraflores; y al oeste con la avenida Carlos Julio Arosemena. Esta ubicación la ha convertido en uno de los principales corredores gastronómicos del norte de la urbe porteña.

Un crecimiento que aún enfrenta desafíos

No obstante, Barrezueta advierte que no todos los establecimientos cumplen con las obligaciones legales para operar. Montes señala que apenas 100 locales constan en el registro de la Dirección de Turismo del Municipio: 77 restaurantes, 22 cafeterías y un bar.

Para Edmundo Aguilar, quien frecuenta los restaurantes de Urdesa central, esta ciudadela es el lugar más práctico para reunirse con sus amigos. Como unos viven en la Alborada, otros en Los Ceibos y otros en el centro de Guayaquil, prefieren encontrarse en un restaurante urdesino antes que en plazas o centros comerciales. “Aquí lo complicado es el parqueo, pero sientes que la ciudad está viva, porque estacionas el carro y entras al local sin desconectarte del entorno”, comenta.

Aguilar y su amigo Alfredo Torres suelen recorrer los restaurantes de la calle Las Monjas. Ambos prefieren las terrazas de los locales, por la vista que tienen hacia los árboles, la arquitectura moderna de las viviendas y el ambiente al aire libre. “Aquí deberían apostar por sembrar más árboles nativos. Por las noches es fresco y, con más vegetación, sería una delicia también durante las tardes”, sugiere Torres.

Aquí deberían apostar por sembrar más árboles. Con más vegetación, serían una delicia las tardes.Alfredo Torres, visitante de Urdesa central

La apuesta por un distrito gastronómico

A criterio de Barrezueta, el siguiente paso es que Urdesa central deje de ser vista solo como un corredor gastronómico y obtenga la declaratoria oficial de distrito gastronómico. Considera que ese reconocimiento permitiría planificar inversiones, fortalecer la identidad del sector y articular esfuerzos entre el Cabildo, el sector privado y otras entidades.

El dirigente pone como referencia a Miraflores, en Lima, capital de Perú, donde la figura de distrito ha servido para integrar la gastronomía con el turismo, la cultura y el comercio. A su criterio, un modelo similar permitiría que Urdesa central no solo atraiga comensales, sino también visitantes nacionales y extranjeros que permanezcan más tiempo en la urbe.

Pero el reconocimiento, advierte, debe ir acompañado de acciones concretas, como campañas de promoción, una estrategia conjunta de comunicación y la regularización de los establecimientos que aún operan sin cumplir todos los requisitos legales.

Seguridad, movilidad y promoción: las tareas pendientes

Los dueños de restaurantes coinciden en que la seguridad y la movilidad son otros desafíos pendientes. Denisse Escobar, gerente general del restaurante Lo Nuestro, propone patrullajes policiales en bicicleta para prevenir el robo de accesorios de vehículos. Y menciona la construcción de un parqueadero vertical para aliviar la falta de espacios de estacionamiento.

Asimismo, es necesario reforzar la promoción turística de la zona, expresa Fernando Nieto, de Pan de Ambato.

Entre las propuestas, Jorge Franco, encargado de Fritamoro, plantea la creación de una aplicación o plataforma municipal que reúna la oferta gastronómica del sector, los platos emblemáticos y la ubicación de cada restaurante, con mapas e información en varios idiomas para facilitar el recorrido de los visitantes.

Nieto cree que el paisaje urbano también puede convertirse en un atractivo. Por ello, sugiere evitar la poda excesiva de las copas de los árboles, para conservar la sombra, favorecer la presencia de aves y ofrecer una experiencia más agradable tanto a turistas locales como extranjeros. Y coincide con Escobar en que el parquímetro debería ser gratuito en la zona los sábados.

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El Cabildo analiza la viabilidad de los proyectos

El Municipio de Guayaquil no descarta las ideas planteadas por empresarios y comensales, aunque su ejecución dependerá de estudios técnicos y de la disponibilidad presupuestaria. María del Cisne Montes sostiene que iniciativas como un parqueadero vertical o una nueva denominación para Urdesa requieren mesas de trabajo entre las distintas dependencias municipales y el sector privado.

Respecto a la aspiración de convertir a Urdesa en un distrito gastronómico, Montes señala que ya existen conversaciones con Asorest y concejales del Cabildo. Sin embargo, reconoce que, por los tiempos administrativos, es poco probable que el proyecto se concrete durante la actual gestión, aunque asegura que el proceso ya está en marcha.

Más allá de las obras que aún están en discusión, los empresarios coinciden en un pedido: que Urdesa central sea promocionada como un destino gastronómico dentro y fuera del país. Están convencidos de que una estrategia conjunta entre el Municipio, el Gobierno y el sector privado bastaría para que la ciudadela deje de ser un secreto a voces entre los guayaquileños y se convierta en una parada obligatoria para los visitantes.

Lo que debe saber

• Caso Progen y juicio a Inés Manzano avanzan en paralelo en la Comisión de Fiscalización, pero seguirán caminos distintos.
• ADN y el correísmo impulsan estrategias opuestas en la Comisión de Fiscalización. Mientras el oficialismo apunta a la ruta del dinero de Progen, la Revolución Ciudadana busca la censura política
• La Comisión de Fiscalización activó dos procesos clave por los contratos eléctricos fallidos.

En la Comisión de Fiscalización se juega el futuro de dos procesos derivados de los contratos fallidos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM). ADN y el correísmo impulsan desde orillas distintas dos iniciativas, pero todo quedará en manos de la mayoría que controla la mesa legislativa.

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La fiscalización de la ruta del dinero entregado a Progen y el juicio político a la exministra de Energía Inés Manzano avanzan en paralelo, aunque a ritmos diferentes. Hoy está previsto que la comisión presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) avoque conocimiento de la resolución del Pleno sobre el inicio del proceso para investigar la ruta del dinero entregado a Progen. El viernes pasado, esa misma mesa legislativa dio paso al juicio contra Manzano.

Es decir, desde esta semana ambos procesos arrancarán formalmente. En el caso del juicio político, los plazos ya están en marcha. Por ejemplo, ya corre el plazo de 15 días para que Manzano presente su respuesta. Según Álvarez, hasta ayer la exministra no había emitido ningún pronunciamiento, aunque recordó que ese plazo vence el próximo 17 de julio. La Comisión de Fiscalización prevé que el informe final con su recomendación sobre el juicio esté listo hasta el 31 de julio.

"¿Han escuchado de parte de la bancada e ADN que no ha pasado nada? Ha existido un caso de corrupción y el Gobierno interpuso una acción en Estados Unidos".Ferdinan Álvarez, ADN

En paralelo, el proceso sobre la ruta del dinero de Progen tiene un único plazo. El Pleno de la Asamblea otorgó a la comisión 30 días para presentar un informe con las conclusiones y recomendaciones. Es decir, ese documento también podría presentarse a finales de julio o a inicios de agosto.

Dos procesos sin posibilidad de unificarlos

Más allá de que ambos procesos avancen de manera simultánea, cada uno sigue su propio curso y no habrá forma de unificarlos. Por ejemplo, los hallazgos que se obtengan en la investigación sobre la ruta del dinero de Progen no serán considerados dentro del juicio político contra Manzano.

Álvarez dijo que con la calificación de la solicitud de juicio quedaron anunciadas las pruebas, por lo que cualquier elemento que surja posteriormente de la investigación sobre Progen ya no podrá incorporarse.

Las apuestas del correísmo y ADN

En ese escenario, las motivaciones detrás de ambos procesos responden a intereses distintos. El correísmo busca la censura política de una exfuncionaria del gobierno de Daniel Noboa, en medio de la disputa política dentro de la Asamblea. 

La legisladora del correísmo Ana Herrera afirmó que no solo es importante determinar la ruta del dinero, sino también establecer quién dio la orden para entregar los recursos.

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Por su parte, el oficialismo busca que el foco del caso Progen se desplace del Gobierno hacia los actores privados. Dicho proceso de fiscalización se anunció luego de que el secretario de la Administración Pública, José Neira, expuso hallazgos que son parte del proceso legal en Estados Unidos.

Ana Belén Tapia (ADN), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, lo insinuó en su moción para que se investigue la ruta del dinero de Progen: “Se necesita una fiscalización técnica. Ustedes (integrantes del bloque correísta) a toda costa quieren crucificar a una persona sin que ni siquiera haya sido llamada a la Fiscalía”.

Lo que debes saber

• Retiro de cajas de cristal en La Mariscal vence el 22 de agosto y alarma a negocios.
• Propietarios denuncian falta de socialización y alertan pérdidas por desmontaje obligatorio.
• Municipio defiende recuperación patrimonial y prepara norma técnica para septiembre.

Con la cuenta regresiva en marcha para retirar la “cajas de cristal” instaladas en los retiros frontales de inmuebles patrimoniales, dueños de negocios de La Mariscal advierten que la medida podría representar un fuerte golpe económico para decenas de negocios que invirtieron en estas estructuras para ampliar sus espacios de atención.

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Cuenta regresiva en La Mariscal por retiro de estructuras

La disposición consta en la Ordenanza 081-2024 sobre bienes inmuebles patrimoniales, que establece que todas las estructuras temporales autorizadas en los retiros de este tipo de edificaciones deberán ser desmontadas en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma. El límite vence el próximo 22 de agosto.

Aunque el plazo está por cumplirse, varios propietarios aseguran que desconocían el alcance de la medida y que no existió socialización sobre los cambios que deberán realizar.

Las cajas de cristal son estructuras desmontables elaboradas con vidrio y metal que fueron instaladas principalmente en los retiros frontales de restaurantes, cafeterías, bares y otros establecimientos para ampliar el área destinada a clientes. 

Su uso se extendió especialmente en La Mariscal desde 2008, cuando una normativa permitió este tipo de ocupaciones temporales para dinamizar la actividad económica del sector.

Ahora, la obligación de desmontarlas genera incertidumbre entre quienes realizaron importantes inversiones.

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Inversiones en riesgo y malestar de comerciantes

Juliana Benítez, propietaria de un establecimiento ubicado en la Pinto y Mariscal Foch, asegura que conoció la disposición por información difundida en medios de comunicación.

“Gran parte del funcionamiento del negocio ocurre en ese espacio. La inversión que se hizo fue muy fuerte y retirar la estructura significa perder clientes y dinero”, afirma. A su criterio, la medida contradice los esfuerzos por impulsar la reactivación económica de un sector que con los años ha perdido su brillo.

Andrés Bustamante administra desde hace seis meses un negocio de hospedaje en la Reina Victoria y Juan Rodríguez. Explica que uno de los aspectos que más le atrajo del inmueble fue precisamente la caja de cristal, donde actualmente funciona una sala de lectura para los huéspedes.

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Su proyecto contemplaba incorporar una cafetería y realizar pequeños eventos en ese espacio, pero ahora desconoce si podrá concretarlo. “Nos tocaría reorganizar todo el negocio. Es un gasto adicional porque habría que rediseñar completamente el lugar”, comenta.

La inquietud también es compartida por representantes del sector. Andrés Groner, presidente de La Mariscal Legado Cultural, señala que la organización realizó un levantamiento fotográfico para identificar las diferentes situaciones existentes en el barrio.

El diagnóstico incluye cajas de cristal que cumplen con las características originales de la normativa, estructuras modificadas, ocupaciones de retiros tanto en inmuebles patrimoniales como no patrimoniales y edificaciones cuya arquitectura permanece oculta por cerramientos que desvirtúan su valor histórico.

Para Groner, la eliminación indiscriminada de todas las estructuras tendría consecuencias económicas y sociales importantes. Explica, por ejemplo, que en su restaurante, Achiote, ubicado en la Juan Rodríguez, la caja de cristal fue diseñada respetando la visibilidad de la vivienda patrimonial. Si debe retirarla, asegura que tendría que reducir significativamente el área de atención.

“Nos tocaría meter el restaurante dentro de la casa, donde el espacio es muy reducido. Incluso podríamos quebrar”, sostiene. Añade que existen establecimientos que mantienen estas estructuras desde hace cerca de dos décadas y que realizaron inversiones importantes bajo las condiciones permitidas en su momento.

Municipio defiende recuperación del patrimonio urbano

Por ello, la propuesta apunta a que el Municipio establezca una clasificación técnica que diferencie las estructuras que respetan el patrimonio de aquellas que efectivamente afectan la imagen urbana.

“Hay casos exitosos donde la caja de cristal permite observar completamente la edificación desde la calle. Lo que pedimos es que se autoricen las que cumplen esos criterios y que exista un plan económico o algún tipo de asistencia para quienes sí deban retirar ocupaciones ilegales”, señala.

Desde el Municipio insisten en que la disposición responde a la necesidad de recuperar el valor arquitectónico de los inmuebles históricos. Mauricio Marín, director de Ordenamiento Territorial, explica que la ordenanza distingue entre las construcciones que fueron incorporadas legalmente al diseño original mediante licencia de construcción mayor y aquellas que solo contaban con autorizaciones temporales.

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Las primeras podrán mantenerse porque forman parte de la edificación autorizada. En cambio, las segundas deberán retirarse al concluir el plazo establecido.

“Quien obtuvo un permiso temporal sabía que esa autorización tenía una duración determinada y que eventualmente debía liberar el retiro”, señala.

Marín recuerda que la normativa de 2008 permitió ocupar estos espacios con estructuras de cristal precisamente para mantener visible la arquitectura patrimonial. Sin embargo, sostiene que con el paso del tiempo muchas fueron modificadas con materiales opacos o cerramientos que terminaron ocultando completamente las fachadas.

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Frente a las preocupaciones, Marín señaló que están trabajando en una norma técnica que busca definir qué elementos podrán permanecer en los retiros sin afectar el patrimonio. La propuesta establecería condiciones sobre materiales, porcentajes de transparencia, mobiliario y cerramientos permitidos.

La intención, según el funcionario, no es eliminar la actividad comercial, sino encontrar alternativas que permitan utilizar los retiros con mesas, sillas, parasoles u otros elementos no permanentes, manteniendo visible la arquitectura histórica.

La norma técnica se prevé para septiembre y servirá como referencia durante los procesos de control de la AMC, permitiendo que los propietarios adecuen sus espacios antes de recibir sanciones.

Asiste a las 'Rodas de samba'

• El colectivo Guayaquil de Janeiro realiza encuentros de música brasileña cada martes.
• Los interesados deben llenar el formulario fijado en el perfil del colectivo en Instagram (@ecuabrasil)
• Los asistentes participan cantando o tocando instrumentos guiados por un cancionero al que se puede acceder en el celular

En Guayaquil se está gestando una comunidad que late al ritmo de Brasil. Ya en redes se viralizó la íntima tertulia en un patio domiciliario de Urdesa, que albergó las primeras sesiones de las ruedas de samba, mentalizadas por el músico Ricardo Miño y el productor Marcelo López. Esto aumentó la demanda por sumarse al colectivo e invitó a que su siguiente edición se trasladara hasta el corazón de la urbe, en La Cueva Jazz Bar, del callejón Numa Pompilio.

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Una idea importada 

Fue precisamente López quien importó la idea tras un viaje a Argentina, donde su formación musical lo llevó a participar en sesiones similares. Buscando innovar en su productora TRPCL Records, se juntó con Miño para cristalizar la idea. “Me enamoré, más que de la música, del sentido de comunidad que se forja en las tocadas. Es bellísimo que la gente se sume con sus variados instrumentos o, si no tienen, con las palmas, cantando o bailando”, le contó el productor a EXPRESO mientras alistaba la velada.

“El único requisito es tener ganas de pasarla bien. En la repetición, aprendes incluso a hablar portugués”, añadió entre risas.

La Cueva es un lugar muy cómplice para estas iniciativas, por su acústica, locación y variedad de coctelería, que hasta vuelve políglotas a los más tímidos. Este martes 30 de junio los músicos se instalaron bajo las tenues luces del bar pasadas las 20:00, listos para imponer una fiesta que el fútbol de la selección, por fortuna, no arruinó a pesar de su resultado.

Miño afinaba su cavaquinho (pequeño pariente luso del ukelele y la guitarra) mientras saludaba a los músicos que lo acompañarían ese día. La alineación fue un lujo: teclado, guitarra, panderetas, violines y percusiones. “Cuando esto empezó, éramos solo cuatro. Gracias al boca a boca, se hizo grande. Queremos que se unan más: instrumentos de viento, acordeones… todo lo que haga comunidad”, comentó, y añadió que ha bautizado al colectivo como Guayaquil de Janeiro.

Cantar en portugués, a pesar de la timidez

Al empezar la roda, ese nombre calzó más. Al cerrar los ojos, el cerro Santa Ana pasaba a ser el Corcovado, y al abrirlos, el sitio estaba colmado de asistentes que cantaban tímidos ante la barrera idiomática. Allí la tecnología fue la solución. María Fernanda Lara, gestora cultural y asistente de producción de la roda, pasaba de mesa en mesa exhibiendo un código QR que contenía la letra del repertorio y hasta los acordes, para los profesionales que se animaran a tocar.

Ya pasadas las horas y las copas, entre las melodías cariocas y paulistas (de Adoniran Barbosa hasta Chico Buarque), los pies del público se empezaban a mover cual regates de Pelé y Garrincha, con la alegría de quien danza disfrutando una novedad cultural en Guayaquil.

Un canto alegre

Y aunque Ecuador perdió, al unísono se cantó que “a vida vai melhorar”, lo que se debe entender como que la vida mejora, dejando la tristeza a un lado. También hubo espacio para tonadas más modernas, como ‘Várias queixas’, popularizada entre los jóvenes por las redes sociales.

“Yo vine porque lo vi en redes sociales, y como también iban a proyectar el partido de Ecuador, lo vi como una oportunidad. Pero estoy fascinada, es un plan único que jamás imaginé vivir, al menos no sin tomar un avión”, confiesa María Pincay, que se animó a cantar en portugués.

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El paso lo marcaba el baterista argentino Agustín Gómez, quien describió la roda de samba como una “simbiosis”. “Es una experiencia muy enriquecedora. No se trata de saber tocar o saber hablar el idioma, sino de la conexión que se genera y la cohesión social entre todos”, comenta, resaltando la satisfacción que le da el sentir cómo las voces se hacen una sola a medida que avanza una presentación.

La Cueva será la sede los últimos martes de cada mes, pero la sede variará los demás martes. Así ha sido durante los últimos tres meses, y por eso sigue cautivando a los guayaquileños.

Para asistir, los interesados deben registrarse en el formulario fijado en el perfil del colectivo Guayaquil de Janeiro (@ecuabrasil en Instagram).

Una obra que genera pérdidas económicas 

• Obra en calle García Moreno supera cuatro meses y genera malestar en Cumbayá.
• Comerciantes reportan pérdidas superiores a 60 mil dólares por cierre y baja de clientes.
• Municipio asegura que la rehabilitación vial concluirá en aproximadamente dos semanas en Cumbayá.

Calles cubiertas de polvo, cintas amarillas que advierten del peligro, tuberías expuestas y zanjas abiertas forman parte del paisaje diario en la calle García Moreno, en el barrio San Marcos, parroquia de Cumbayá. 

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Lo que debía ser una intervención de apenas dos meses para rehabilitar una de las principales arterias comerciales y patrimoniales del sector hoy supera los cuatro meses de ejecución, provocando molestias entre los moradores, pérdidas económicas para los comerciantes y afectaciones a la salud de quienes habitan la zona.

Retrasos en obra generan malestar ciudadano

El malestar ciudadano quedó en evidencia durante un plantón protagonizado por vecinos y propietarios de negocios, quienes exigieron a las autoridades municipales acelerar los trabajos y cumplir con los plazos anunciados.

Los habitantes aseguran que el proyecto ha estado marcado por constantes retrasos. Primero, el cambio de la red de alcantarillado tomó mucho más tiempo del previsto y, posteriormente, durante los trabajos para la rehabilitación vial, se registraron roturas de tuberías de agua potable que prolongaron aún más la intervención.

Como consecuencia, más de 70 establecimientos comerciales han visto reducidas sus ventas. Según los vecinos y dueños de negocios, las pérdidas económicas ya superarían los 60.000 dólares, debido a la disminución de clientes, el pago de arriendos, salarios y otros gastos fijos que continúan acumulándose mientras las calles permanecen cerradas.

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Juan Carlos Valdivieso, morador del barrio, recuerda que los problemas comenzaron desde el inicio de la obra, cuando la maquinaria levantó la calzada en las calles García Moreno y Eloy Alfaro. 

Cuando empezaron a abrir las calles rompieron las tuberías de agua potable. Incluso quisieron reemplazarlas con tubos de media pulgada, cuando toda la red era de tres cuartos. Nosotros no lo permitimos porque aquí existen viviendas de varios pisos y con ese diámetro no existía la presión suficiente para abastecer a todas las familias”, relató.

Sin embargo, asegura que en algunos inmuebles donde los propietarios no reclamaron sí fueron instaladas tuberías de menor diámetro. Además, cuestiona la escasa presencia de las autoridades y de los fiscalizadores durante la ejecución del proyecto.

Protesta vecinal exige acelerar trabajos municipales

Obra vial afecta movilidad en San Marcos

“En más de cuatro meses apenas hemos visto una o dos veces a las autoridades. Los contratistas llegan, inspeccionan el lugar y luego se retiran sin que se observe un avance importante”, afirmó.

Nos dijeron que no había material y la obra quedó abandonada. Mientras tanto, los negocios seguimos cerrando o sobreviviendo con entregas a domicilio.
Nelson Astra, morador barrio San Marcos

La falta de accesos se ha convertido en uno de los principales problemas para los negocios ubicados en la calle García Moreno. Las zanjas, desniveles y maquinaria impiden el ingreso de vehículos y desmotivan la llegada de clientes.

Carlos Vela, propietario del local de empanadas La Cocina de Papú, cuenta que las afectaciones comenzaron hace varios meses y aún no encuentran una solución.

“Primero cerraron la vía por el cambio de tuberías del alcantarillado, que demoró más de un mes. Luego, cuando iban a asfaltar, rompieron las tuberías de agua y nuevamente llevamos más de un mes con las calles cerradas. Son tres cuadras donde los clientes simplemente ya no pueden ingresar”, explicó.

El comerciante asegura que varios negocios del sector ya tuvieron que cerrar sus puertas porque las ventas prácticamente desaparecieron.

Afectaciones económicas 

“Nosotros atendíamos de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ahora sobrevivimos porque nuestro producto puede venderse mediante entregas a domicilio, pero los clientes que normalmente venían desde Cumbayá o de barrios cercanos ya no llegan. Las ventas han caído totalmente”, lamentó.

Una situación similar enfrenta Nelson Astra, representante de un restaurante ubicado entre las calles García Moreno y Manabí, quien calificó la intervención como un “desastre” y criticó la falta de fiscalización durante la ejecución de la obra. 

Con la llegada del verano, el escenario cambió, pero las molestias continúan. Ahora una densa capa de polvo ingresa permanentemente a viviendas y locales comerciales cada vez que circulan vehículos o sopla el viento.

Los moradores aseguran que esta situación ya está generando afectaciones respiratorias entre quienes viven y trabajan en el sector.

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“Aquí vivimos adultos mayores, niños y familias enteras. Antes teníamos que caminar entre el lodo y ahora respiramos polvo todo el día. Muchos ya tenemos irritación en la garganta y cuadros gripales”, manifestó Valdivieso.

Zoila Tenorio, de 77 años, recorre diariamente el sector apoyándose en un bastón. Para ella, las obras inconclusas representan un riesgo permanente.

La adulta mayor explica que el desnivel existente entre la acera y la calzada obliga a realizar un descenso pronunciado que dificulta su movilidad y aumenta el riesgo de caídas.

Municipio promete culminar obra en semanas

El presidente del GAD Parroquial de Cumbayá, Pedro Tapia, reconoció el malestar ciudadano y explicó que la obra es ejecutada directamente por el Municipio de Quito, por lo que la Junta Parroquial no tiene competencia sobre su desarrollo, aunque ha solicitado reiteradamente que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible.

Nosotros hemos solicitado que se aceleren los trabajos porque el malestar ciudadano crece, pero la competencia directa de ejecución es municipal.
Pedro Tapia, presidente del GAD de Cumbayá

Tras la protesta, el administrador zonal de Tumbaco, Julio Valdiviezo, acudió al lugar para dialogar con los moradores. Explicó que el proyecto inició el pasado 20 de abril con el reemplazo de una antigua red de alcantarillado de asbesto cemento y posteriormente fue necesario ejecutar el cambio de redes de agua potable y realizar las respectivas reconexiones domiciliarias junto con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).

El funcionario aseguró que la rehabilitación integral de la calle García Moreno concluirá en aproximadamente dos semanas.

Lo que debes saber

• El Gobierno busca quitar el control de RETO a Aquiles Álvarez para frenar su influencia.
• La pugna interna enfrenta a la facción de David López contra el ala de Christian Trepaud.
• El control de RETO y las elecciones seccionales se definirán en el Tribunal Contencioso Electoral.

El gobierno de Daniel Noboa está empeñado en aniquilar hasta la última capacidad política de Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil que permanece preso en la Cárcel del Encuentro. Los operadores políticos del Gobierno, que, según el entorno de Álvarez, lograron que el alcalde fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad y permaneciera prácticamente incomunicado tras un proceso judicial que consideran inusitadamente rápido, ahora trabajan para asegurarse de que no compita directamente en las próximas elecciones seccionales o, en su defecto, a través de una persona de su confianza.

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La apuesta, según dirigentes de RETO, ya no consiste únicamente en impedir que Aquiles Álvarez sea candidato. El objetivo sería también evitar que conserve el control político suficiente para designar a quien lo represente. En esa estrategia se inscribiría la disputa por el control de RETO, el movimiento político al que pertenece el alcalde.

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¿Qué están haciendo? Según dirigentes de RETO consultados para este artículo, los operadores políticos de Carondelet buscan que el movimiento deje de estar bajo la influencia de Aquiles Álvarez y pase a manos de personas cercanas al Gobierno. Esto porque no quieren que el alcalde pueda designar como candidato a la Alcaldía a alguien de su confianza, en el casi seguro caso de que él no pueda postularse personalmente. Según ese cálculo, un candidato respaldado por Álvarez podría capitalizar su patrimonio político y poner en riesgo las posibilidades de ADN, el movimiento del presidente Noboa.

En ese contexto, el martes 30 de junio se produjo una asonada dentro de RETO. Un abogado de bajísimo perfil que, según dirigentes del movimiento, mantiene estrechos vínculos con el Gobierno, David López, pretendió aparecer como el nuevo presidente de la organización.

Christian Trepaud y la disputa por la dirigencia del partido

La intentona fracasó, al menos por ahora. Minutos después del anuncio de López, RETO eligió como presidente a Christian Trepaud, hombre de confianza de Raúl Chávez y de Aquiles Álvarez. Pero la historia de lo que ocurre dentro de RETO y de esta asonada es larga y compleja.

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RETO es el movimiento al que Aquiles Álvarez se adhirió después de ganar la Alcaldía de Guayaquil, cargo al que llegó como candidato de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Álvarez asumió la Alcaldía en mayo de 2023 y, un año más tarde, se incorporó a RETO, un movimiento fundado por Paúl Carrasco, pero cuya presidencia ya estaba en manos de Raúl Chávez, amigo suyo y hombre de su entera confianza.

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El origen de la crisis a la interna de RETO

La relación entre Álvarez y RETO se profundizó durante 2025 y 2026, cuando ese movimiento se convirtió en uno de los principales aliados del correísmo. En ese contexto, Chávez ratificó que Aquiles Álvarez sería el candidato de RETO para buscar la reelección en la Alcaldía de Guayaquil, aun cuando permanece en prisión preventiva.

Tiempo después de asumir la Alcaldía, sin embargo, Álvarez fue procesado por presunto tráfico ilícito de combustibles y terminó recluido en la Cárcel del Encuentro. Sus allegados sostienen que el proceso judicial fue extraordinariamente rápido y que respondió a una estrategia política del Gobierno para neutralizar al alcalde.

Durante todo ese tiempo, el presidente de RETO había sido su amigo Raúl Chávez. Sin embargo, Chávez también recibió una orden de prisión preventiva por sus vínculos empresariales con Álvarez dentro de la investigación por la presunta comercialización irregular de combustibles. Como Chávez se encuentra ahora en la clandestinidad, RETO quedó sin una dirigencia presente y en una situación de incertidumbre.

Y es ahí que, según la dirigencia del movimiento, comienza el intento por cambiar el control de RETO.

Acciones de David López y el futuro legal ante el Tribunal Contencioso Electoral

David López, un militante casi desconocido de la organización y que, según los dirigentes leales a Chávez, mantiene vínculos con el Gobierno (actualmente es funcionario público), consiguió que se convocara a una supuesta Asamblea Nacional Extraordinaria que lo eligió como presidente, sin que exista constancia pública de cómo se desarrolló ese proceso. Esto ocurrió la tarde del martes 30 de junio.

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Horas después, todo cambió. A las 20:45, la facción leal a Chávez publicó un comunicado en el que desconocía la elección de López y aseguraba que la legítima Asamblea Nacional del movimiento había elegido a Christian Trepaud como nuevo presidente de RETO. En ese mismo comunicado, el movimiento sostuvo que la proclamación de López respondía a un intento del Gobierno de tomarse la organización.

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Cinco minutos más tarde, Raúl Chávez publicó en sus redes sociales un video grabado desde la clandestinidad en el que afirmó que la supuesta asamblea que eligió a López nunca existió y que todo era apenas “un chisme”.

¿Qué hechos alimentan la sospecha, entre dirigentes de RETO, de que David López actúa en favor de los intereses del Gobierno?

El nexo con el pedido de remoción contra Aquiles Álvarez

López fue quien presentó, en abril de 2026, el pedido de remoción de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil. Según argumentó, la ausencia del alcalde no había sido debidamente justificada y ya superaba los cinco días, sin que hubiera informado si extendería su licencia sin sueldo o sus vacaciones. El Concejo Municipal rechazó ese pedido.

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Pero no solo eso. El 28 de junio, apenas dos días antes de que fuera proclamado presidente de RETO por su propio grupo, López presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de tráfico de influencias en el Municipio de Guayaquil. La acusación involucra a funcionarios del Cabildo y a dirigentes de esa organización política.

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De acuerdo con una fuente vinculada al movimiento y cercana a Aquiles Álvarez, actualmente existen dos bandos dentro de RETO y el Gobierno estaría impulsando al sector contrario al alcalde, con el objetivo de controlar a la organización política. “No solo quieren impedir que Aquiles sea candidato, sino que buscan que él tampoco pueda poner un candidato”, aseguró la fuente.

Si bien la presidencia de RETO quedó, por ahora, ratificada en manos de Christian Trepaud, no puede descartarse que David López presente una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Dirigentes del movimiento creen que esa instancia podría convertirse en el escenario donde finalmente se defina el control del partido, pues sostienen que el Gobierno busca impedir no solo que Aquiles Álvarez sea candidato, sino también que conserve la capacidad política de decidir quién podría reemplazarlo en la contienda electoral. La historia continuará.

Las claves que debes saber

• Las autoridades emitieron la alerta Emilia por 8 niños desaparecidos en Casa Hogar de Conocoto, Quito.
• Policía halló 6 menores hasta lunes; 2 niños venezolanos, de 10 y 12 años, siguen sin aparecer.
  
• Defensores de derechos humanos cuestionan al Estado por falta de protección y posibles consecuencias legales y políticas.

Hoy, miércoles 1 de julio de 2026, se cumplen cuatro días de la alerta Emilia que emitió la Fiscalía, el sábado 27, por la desaparición de ocho niños que salieron de la Casa Hogar María Campi de Yoder, ubicada en Conocoto, en Quito. 

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Según reportó la Policía Nacional, seis menores fueron localizados hasta la noche del lunes. Sin embargo, dos niños: Darianyelis Valeria Rosales, de 12 años, y Luis Eduardo Torres Ojito, de 10, ambos de nacionalidad venezolana, seguían desaparecidos hasta el martes.

El caso ha conmocionado a la opinión pública y genera dudas sobre la protección que las autoridades brindan a los menores en ese tipo de centros, como el de Conocoto, que es administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Mientras se espera que todos los menores sean localizados a la brevedad posible, activistas y defensores de derechos humanos han cuestionado la falta de protección del Estado para las personas que están bajo su cuidado institucional, no solo en este caso, sino en hechos recientes como los fallecimientos de presos en las cárceles o los decesos de pacientes por falta de medicinas en hospitales públicos.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (ODJ), dice que el Estado “tiene la obligación de prevenir posibles riesgos o situaciones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos de las personas que están bajo su protección". 

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"En este caso se ve, se siente un descuido generalizado hacia ciertos sectores de lo social: en el ámbito de las medicinas, en educación hay abandono estatal. El caso de los niños evidencia que no hubo un cuidado diligente para evitar que ellos se expongan a situaciones de riesgo”, resalta.

Sybel Martínez, de la Alianza de Derechos Humanos, coincide con ese criterio. “Cuando alguien -sea adulto o niño- está a cargo del Estado, es él quien debe garantizar sus derechos. No puede actuar como un tercer observador, sin sentir que tiene responsabilidad. Debe garantizar que no haya violaciones ni vulneraciones, sino su vida digna”, manifiesta.

Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez, atribuye la situación a “las políticas de ajuste, que han debilitado de forma muy fuerte la política social, con cambios institucionales basados en austeridad, cuando debería haber inversión y protección social”.

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Las implicaciones de la falta de protección

Los defensores de derechos humanos sostienen que ignorar estos cuestionamientos podría provocar consecuencias.

“Es terrible lo que está pasando. La falta de protocolos de atención del Estado afecta a la comunidad, a las personas que tienen enfermedades, esto se va a desbordar. Se hizo recomendaciones, pero el no tomarnos en cuenta hará que se incrementen los casos como los de tuberculosis”, opina Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles.

Aparte de las consecuencias sociales y sanitarias, Miño menciona las implicaciones legales. 

“Cuando esto pasa, las personas recurren a medios que no son adecuados para subsistir, es allí donde se ve que el crimen organizado se infiltra más para incidir. Además, la desatención del Estado genera el caos en cárceles, el caos social de estar buscando a los niños y, en el ámbito legal, el Estado deberá responder por las consecuencias nacionales e internacionales”, indica.

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Sybel Martínez, en cambio, habla de los efectos políticos y judiciales. “Se debe buscar responsabilidad, la Asamblea debería fiscalizar la actuación del Ministerio, que podría devenir en un juicio político". 

"Hay que analizar las responsabilidades de los equipos técnicos que están a cargo de los centros, los casos podrían derivar a Fiscalía y hasta denuncias contra el Estado ante tribunales internacionales. También debería actuar la Defensoría del Pueblo, pero no entiendo por qué no lo ha hecho en estos casos”, cuestiona.

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Pese a ello, desde el sector privado y la academia había voces levantando su opinión, no solo en medios.

Hoy se siente el silencio también en la sociedad civil, academia y profesionales, salvo algunas excepciones, en temas relevantes como el ataque a voces disidentes, la toma de la justicia y de instituciones públicas, y el uso de estas para amedrentar. 

¿Qué pasa con la voz de los ciudadanos? Para intentar responder esa pregunta, este medio consultó a académicos y actores de la sociedad civil.

No se valoran valores abstractos como las libertades

Farith Simon, abogado y catedrático de la USFQ, sostiene que se ha instalado una idea colectiva: la seguridad es el objetivo prioritario.

“Parece que todo vale”, dice. Cuestionar al poder en nombre de los derechos o de las libertades se interpreta como una crítica a la lucha contra la inseguridad. 

En esa línea, lo concreto (el miedo cotidiano) se impone sobre lo que muchos ven como abstracto: la defensa de la libertad de prensa o el rechazo al autoritarismo.

Política

“El ecuatoriano no halla respuesta en la democracia”: Farith Simon

Rosero Mariela

A ese fenómeno se suma la fragmentación de las reivindicaciones sociales. “Los movimientos que antes representaban agendas amplias se han debilitado. Hoy predominan demandas dispersas y sectoriales”, explica. 

En su opinión, también hay una fatiga acumulada tras años de movilizaciones sin resultados claros y sensación de haber sido instrumentalizados políticamente.

Industriales han sido golpeados también

Manuel Salgado, exdiputado y exprofesor de la Universidad Central, sostiene que el país atraviesa una crisis ideológico-política de años, cuyos efectos se han manifestado con retraso. 

“El desarrollo industrial es incipiente y ha sido golpeado por políticas del actual gobierno. No hubo una gran reacción ni por la guerra comercial con Colombia. Actores sociales tradicionales que representaban pensamiento alternativo mantienen representación, pero no poder de movilización”.

La situación de las organizaciones de la sociedad civil

Humberto Salazar, de Fundación Esquel, que en 2021 promovió Diálogos Nacionales: Pacto Nacional por Ecuador, comenta que ellos trabajan contra la desnutrición infantil. Cree que se debería armar una agenda, pero no solo desde la sociedad civil. 

Señala el impacto que han tenido los cambios en el sistema de cooperación internacional. ¿Cómo ven el declive democrático? 

“Hay organizaciones que podrían tener mucho interés en tomar una posición más directa sobre algunos temas, pero como que la energía se divide. Velan y trabajan por sostenibilidad y no logran abrir otro tipo de espacios de incidencia, de diálogo con el sector público”.

Contexto en Ecuador

Se adelantaron las elecciones, un alcalde está preso sin sentencia, GRANASA está intervenida y defensores de derechos se sienten amenazados.

Las claves que debes saber 

• En Quito, nueve precandidatos Alcaldía se inscriben elecciones 29 noviembre tras democracia interna, revisión CNE.
• Figuran Pabel Muñoz, Jorge Yunda y otros candidatos en disputa por Alcaldía de Quito con énfasis en seguridad y empleo.

A un día de que concluya el plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen sus procesos de democracia interna, nueve precandidatos ya oficializaron su intención de participar en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, mientras otras organizaciones aún mantienen expectativa sobre quiénes serán sus cartas para la capital.

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Y aunque el plazo para escoger oficialmente a sus postulantes vence mañana, las precandidaturas todavía deberán superar la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE). Solo después de ese proceso se conocerá la lista definitiva de aspirantes, prevista para el 9 de noviembre.

Sin embargo, los nombres ya empiezan a instalarse en el debate. La eventual reelección del actual alcalde, el retorno de un exburgomaestre, la aparición de nuevas figuras y la apuesta por candidaturas ciudadanas perfilan una contienda que, por ahora, reúne experiencias políticas diversas.

CNE revisa precandidaturas antes de lista oficial de aspirantes

El primero en confirmar su intención de buscar un nuevo período fue Pabel Muñoz. Aunque desde hace varios meses ha manifestado su interés en la reelección, recientemente oficializó que participará como precandidato por el movimiento Amigo, debido a que la Revolución Ciudadana (RC) enfrenta una suspensión de nueve meses impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral.

La ciudadanía me pidió que resuelva problemas y así lo hemos hecho. Por eso la gente ha valorado que vuelva a participar.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito 

Muñoz calificó esa situación como una irregularidad y sostuvo que la RC ha tenido que postularse bajo distintas organizaciones por lo que considera procesos de persecución y proscripción política. Ayer dijo que ya no volverá a pronunciarse sobre su precandidatura hasta que concluya el proceso de primarias e inscripción oficial.

También dejó abierta la posibilidad de concretar alianzas para Quito, aunque dijo que ello dependerá de la decisión que adopte la dirigencia nacional del movimiento.

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SARA OÑATE

Yunda vuelve a la contienda con propuestas de seguridad

En la contienda también está un conocido del electorado capitalino. Jorge Yunda buscará nuevamente la Alcaldía bajo el movimiento Avanza. El exalcalde considera que la elevada cantidad de postulantes forma parte del ejercicio democrático, aunque planteó que se debería contar con una segunda vuelta electoral para fortalecer la legitimidad de la autoridad electa.

Quito enfrenta una pandemia de inseguridad y combatirla será nuestra prioridad, junto con el desempleo.
Jorge Yunda, exalcade de Quito

Su discurso se centra en dos ejes: seguridad y empleo. Propone fortalecer la videovigilancia mediante inteligencia artificial, incorporar tecnología en los accesos a la ciudad y coordinar acciones con el Gobierno y la Policía para enfrentar la inseguridad, fenómeno que identifica como la principal preocupación de los quiteños.

Otra candidatura que busca posicionarse como alternativa es la de Cristina Cachaguay, escogida por Unidad Popular. La docente universitaria y activista feminista sostiene que el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y los recortes presupuestarios a los municipios obligan a replantear el rumbo de la ciudad.

Tenemos una propuesta innovadora, nos juntamos jóvenes profesionales y de los barrios de Quito y asumimos el reto.
Cristina Cachaguay, Unidad Popular

Sin mencionar nombres, cuestionó tanto a quienes ya administraron Quito como a quienes buscan la reelección. Presenta su candidatura como una propuesta generacional, integrada por jóvenes profesionales y dirigentes barriales, con el objetivo de incorporar mayor participación ciudadana en las decisiones municipales. Adelantó que en los próximos días presentará oficialmente a su equipo de concejales.

La búsqueda de una opción ciudadana también marca la propuesta del actual concejal Wilson Merino, proclamado por el movimiento Imparables. Bajo el lema “Quito decide”, el edil asegura que su candidatura surge desde el trabajo comunitario más que desde la política tradicional.

Nuestra ciudad enfrenta grandes desafíos, pero también una gran fortaleza, que es su gente. El futuro se lo construye entre todos.
Wilson Merino, movimiento Imparables

Su propuesta gira alrededor de la recuperación de los barrios, el espacio público, la movilidad y el impulso al emprendimiento. El movimiento sostiene que su principal factor diferencial radica en construir un modelo de gestión basado en escuchar a los barrios antes de tomar decisiones.

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SARA OÑATE

Mujeres y nuevas opciones políticas

Desde otra orilla política aparece Carla Larrea, quien tras integrar el binomio presidencial de Henry Cucalón, ahora representa al partido CREO en la disputa por la capital. Su objetivo es convertirse en la primera mujer electa alcaldesa de Quito.

Ha sido un proceso de preparación amplio y técnico. La capital debe cobrar su relevancia como una ciudad de oportunidades.
Carla Larrea, movimiento CREO

Larrea afirma que su candidatura responde a una preparación técnica de varios años y plantea una propuesta enfocada en seguridad, generación de empleo y recuperación del protagonismo económico y productivo de la ciudad. Agrega que ya conformó el equipo de concejales que la acompañarán en el proceso electoral.

A la lista se suma Juan Esteban Guarderas, quien fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana y le confirmó a EXPRESO su precandidatura por la Izquierda Democrática, organización que busca recuperar presencia política en la capital.

Panorama final electoral

En los procesos de democracia interna también oficializaron sus aspiraciones Linda Romero, por el Partido Social Cristiano, y Galo Almeida, por Centro Democrático, ampliando un abanico de candidaturas que reúne figuras con trayectoria política y también nuevos nombres que buscan abrirse espacio en el escenario electoral.

El Partido Socialista Ecuatoriano, en cambio, designó a Jorge Cueva como precandidato. Gustavo Vallejo, presidente del partido, señaló que cuenta con experiencia en gestión pública, desarrollo territorial y administración municipal.

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Mientras tanto, la principal incógnita permanece en el oficialismo. Acción Democrática Nacional (ADN) tiene previsto realizar hoy sus elecciones primarias para definir a su precandidato.

Hace un mes, ADN difundió una lista preliminar de posibles aspirantes, entre ellos la entonces canciller Gabriela Sommerfeld y la actual directora del Seguro Social Campesino, Giovanna Ubidia. Pero hasta el cierre de esta publicación el movimiento no ha oficializado una decisión.

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Sara Ortiz

Las claves que debes saber

• Los Sao Box dejaron amenazas en Quito y El Oro entre el 13 y 29 de junio.
• Panfletos hallados tras explosivos en Arcom y Complejo Judicial Norte de Quito.
• Mensajes apuntan a mineros y jueces por disputa minera.

Las amenazas presuntamente emitidas por la organización criminal Los Sao Box ya no se limitan a la provincia de El Oro, en la Costa de Ecuador. En las últimas semanas, los mensajes intimidatorios atribuidos a este grupo también han aparecido en instituciones públicas y operadores de justicia de Quito.

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Desde mediados de junio, las autoridades han localizado cuatro panfletos relacionados con esta estructura delictiva. Dos fueron encontrados en Machala y Zaruma, en contextos vinculados a la actividad minera ilegal, mientras que los otros aparecieron en la capital, luego de las explosiones ocurridas en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en la amenaza en los exteriores del Complejo Judicial Norte.

El primer caso se registró el 13 de junio en Machala. Ese día, tras la detonación de un explosivo en las afueras de las oficinas de la Arcom, fue encontrado un panfleto en el que se lanzaban amenazas contra personas vinculadas al sector minero. 

En el documento se mencionaban presuntas extorsiones y cobros irregulares relacionados con esta actividad económica.

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IVONNE MANTILLA

La amenaza en Zaruma

La escalada continuó el 28 de junio en Zaruma. En esa ciudad orense apareció otro escrito intimidatorio dirigido a supuestos colaboradores de una organización rival dentro de la disputa por el control de zonas mineras. El mensaje incluía fotografías de vehículos y determinados objetivos.

El hallazgo generó conmoción entre la población debido a que junto al panfleto fue encontrada un cráneo humano. Tanto el documento como los demás indicios quedaron bajo custodia policial como parte de las investigaciones en curso.

Las amenazas llegaron a la capital

Sin embargo, antes del caso registrado en Zaruma, la presencia de estos mensajes ya se había detectado en Quito. El 25 de junio, la Policía realizó una detonación controlada de un objeto sospechoso abandonado frente al Complejo Judicial Norte.

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Junto a una caja de cartón fue hallado un panfleto que contenía amenazas dirigidas a jueces por los fallos judiciales.

Aunque inicialmente las autoridades evitaron identificar públicamente al grupo responsable, una imagen del documento permitió establecer que la misiva habría sido firmada por Los Sao Box. El escrito también estaría relacionado con el abandono del artefacto explosivo en los exteriores del Complejo Judicial.

Nuevo atentado contra la Arcom en Quito

Cuatro días después, la Arcom volvió a convertirse en objetivo. Tras un atentado con explosivos contra su edificio ubicado en el sector de La Pradera, en el norte de Quito, los investigadores encontraron otro panfleto con características similares a los detectados previamente en El Oro.

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Hasta este 1 de julio de 2026, las autoridades no han confirmado de manera oficial la autoría del documento. No obstante, el contenido mantiene un tono similar: amenazas y referencias al conflicto por el control de la minería.

La secuencia de estos cuatro casos revela un patrón común. Los panfletos comparten lenguaje intimidatorio, amenazas de muerte y mensajes dirigidos tanto a actores relacionados con la actividad minera como a funcionarios públicos y jueces, lo que refleja una extensión de las amenazas desde El Oro hacia la capital del país.

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SARA OÑATE

En la calle Simón Plata Torres, en Quinindé, donde dio sus primeras gambetas detrás de un balón desgastado, se vive con una mezcla de nervios, orgullo y esperanza la cuenta regresiva para el duelo de hoy, a las 20:00, frente a México, por los dieciseisavos de final del Mundial.

La casa donde Angulo pasó su infancia permanece casi intacta. En su interior, las paredes guardan camisetas de la selección ecuatoriana, uniformes de los clubes por los que ha pasado, medallas obtenidas desde sus primeros torneos infantiles y fotografías que recorren una historia construida con sacrificio.

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Cada objeto es un recordatorio de que el camino hacia el fútbol de élite comenzó mucho antes de los reflectores, cuando el pequeño Nilson regresaba a casa después de largas jornadas jugando en la calle con sus amigos. 

Su hermano, Giancarlo Angulo, en conversación con EXPRESO recuerda que el balón siempre fue parte de la rutina familiar. Cuenta que desde muy pequeño pasaba horas jugando y que era común verlo volver a casa entrada la noche, agotado pero feliz. 

Dice que nunca dejó de apoyarlo y que incluso cuando las oportunidades parecían lejanas, siempre creyó que podía llegar lejos. Solo así se puede entender que el gol frente a Alemania haya sido la recompensa a un sueño que Nilson persiguió desde niño, dice Giancarlo. De ahí que ese momento hizo estallar de emoción a toda la familia.

El barrio y su ídolo

A pocos metros de la vivienda familiar, los vecinos señalan la cancha improvisada y la misma calle donde el hoy seleccionado nacional aprendió a desafiar rivales. Allí todavía se escucha una frase que se repite entre quienes compartieron con él aquellas tardes interminables de fútbol: “Nilson siempre encaraba”.

Sus amigos recuerdan que era atrevido, rápido y que nunca tenía miedo de enfrentarse a jugadores mayores. “Era gambeteador, encarador y muy habilidoso”, resume uno de sus primos, sin despegar la mirada del espacio donde tantas veces improvisaron arcos con piedras.

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El orgullo es compartido por todo el sector. Los vecinos cuentan que cada vez que la selección juega, las casas se llenan de banderas, y los televisores se convierten en punto de encuentro para seguir los partidos. El último jueves, después del triunfo ante Alemania, la celebración se extendió por toda la cuadra. 

Hubo abrazos, gritos y lágrimas de emoción entre quienes vieron crecer al joven futbolista y hoy sienten que una parte del barrio también está representando al país en la Copa del Mundo. 

Hoy la expectativa vuelve a crecer. Incluso desde el fin de semana, varias familias ya organizaban reuniones para observar el compromiso frente a México.

Algunos preparan parlantes, otros afinan la logística para reunirse desde temprano y no faltan quienes prometen vestir la camiseta amarilla que han usado durante todo el torneo, como una especie de cábala. En cada conversación aparece el mismo deseo: ver otra vez a Nilson celebrando un gol decisivo.

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Para la gente de la calle Simón Plata Torres, el partido de este martes trasciende lo deportivo. Será otra oportunidad para acompañar al muchacho que alguna vez corrió descalzo por esas veredas y que hoy hace vibrar a millones de ecuatorianos.

Mientras la selección se prepara para disputar un lugar entre los 16 mejores del mundo, en Quinindé ya está todo listo para alentar a Nilson. En ese rincón de Esmeraldas están convencidos de que los grandes sueños pueden comenzar en cualquier esquina y que la historia de Angulo apenas empieza a escribirse.

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Las claves del caso

• Bandas criminales reclutan adolescentes desde los 12 años en Guayas, Manabí y Pichincha.
• Menores son usados para sicariatos y extorsiones por grupos como Los Lobos y Los Choneros.
• Expertos alertan que el abandono estatal facilita el reclutamiento de menores por bandas.

Las organizaciones criminales ya no esperan que los adolescentes alcancen la mayoría de edad para incorporarlos a sus filas. La evidencia recopilada por la Policía Nacional muestra que el proceso de captación comienza desde los 12 años y que, en pocos meses, los menores pueden pasar de vigilar una esquina a ejecutar homicidios.

Los territorios donde más adolescentes son captados

Los casos registrados durante el último año revelan un patrón: la mayoría de los adolescentes reclutados tienen entre 12 y 17 años y provienen de sectores con altos índices de pobreza, abandono estatal y una presencia permanente de organizaciones criminales. 

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Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil; Manta, Montecristi y Jaramijó, en Manabí; y, más recientemente, Quito y otros cantones de Pichincha figuran entre los territorios donde el fenómeno se ha vuelto más evidente.

En Manabí, por ejemplo, entre enero y comienzos de mayo de 2026, la Policía aisló a 108 adolescentes por distintos delitos. Los procedimientos muestran que los menores ya no participan únicamente en robos o receptación. También son utilizados para transportar armas, custodiar cargamentos de droga, cobrar extorsiones y ejecutar sicariatos.

Aunque el fenómeno se ha extendido hacia la Sierra, la Costa continúa concentrando la mayor preocupación. Manabí y Guayas son actualmente dos de los principales focos de captación de menores, debido a la fuerte presencia de estructuras como Los Lobos, Los Choneros y sus grupos aliados.

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En Nueva Prosperina, según investigaciones policiales, los adolescentes son incorporados desde los 12 años mediante un proceso de adoctrinamiento progresivo. 

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EXPRESO se contactó con el departamento de comunicación de la Policía. Sin embargo, el personal remitió el requerimiento a otra persona para coordinar la entrevista y, finalmente, no hubo respuesta sobre las acciones que realiza el Estado.

El modelo de captación se expande hacia Quito

Ese modelo de captación de menores que inicialmente se observaba en sectores del Litoral, ya empieza a replicarse en Quito. La captura de Jordan y Ángel, dos adolescentes vinculados a Los Lobos e investigados por al menos cinco homicidios cometidos en la capital y otros cantones de Pichincha, confirmó que las organizaciones criminales también están formando menores delincuentes fuera de la Costa.

Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), ambos habían sido entrenados en el uso de armas de fuego y actuaban con extrema violencia. 

Ante este escenario, las acciones estatales se han concentrado principalmente en el ámbito policial. Sin embargo, especialistas sostienen que la respuesta debe ir mucho más allá de los operativos de seguridad. 

Para Michelle Maffei, experta en crimen organizado, una de las estrategias más efectivas consiste en intervenir antes de que las organizaciones criminales consoliden el reclutamiento.

La prevención comunitaria como estrategia

La especialista explica que actualmente se desarrollan proyectos comunitarios dirigidos a niños, adolescentes y familias en barrios guayaquileños de alta conflictividad, donde las bandas mantienen una fuerte presencia. 

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“Lo que hacemos es evitar el reclutamiento de niños y personas de la comunidad en sectores como Sergio Toral, isla Trinitaria y otros barrios periféricos de Guayaquil. Estamos implementando ese proyecto directamente en las comunidades”.

Según Maffei, la apuesta consiste en fortalecer el tejido social desde los propios barrios donde operan las organizaciones criminales, mediante centros comunitarios y programas de prevención que generen alternativas para niños y adolescentes antes de que sean captados por las bandas. Su planteamiento parte de una premisa: la respuesta no puede ser únicamente policial.

Los operativos golpean las estructuras, pero no frenan el reclutamiento

Los operativos buscan capturar a menores involucrados en delitos, destruir centros de entrenamiento y desarticular organizaciones criminales.

Uno de los casos más representativos ocurrió en junio de 2024, cuando el Grupo de Operaciones Especiales destruyó con explosivos varias viviendas utilizadas como ‘escuelas de sicarios’ en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en Nueva Prosperina.

Según la Policía, esos inmuebles eran utilizados para entrenar a adolescentes reclutados por estructuras vinculadas con Los Choneros. Sin embargo, especialistas coinciden en que estas intervenciones, aunque necesarias, atacan únicamente las consecuencias del problema. La gran interrogante sigue siendo qué ocurre con los adolescentes que ya fueron captados por las bandas y cómo lograr que salgan de ellas.

Se busca la manera de apartar a los niños del crimen por medio de becas de estudios.Javier Gutiérrez

Especialistas advierten sobre la ausencia del Estado

Para Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, la respuesta pasa por reconocer una realidad incómoda: el Estado ha perdido presencia en muchos de los territorios donde hoy ejercen control las organizaciones criminales.

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“La ausencia del Estado es un factor fundamental. La carencia de políticas sociales fuertes, capaces de actuar de forma sostenida en las condiciones actuales del país, está influyendo para que las bandas criminales recluten adolescentes”. 

La exfuncionaria insiste en que el fenómeno no puede analizarse responsabilizando únicamente a los menores. “No son los chicos los que promueven el reclutamiento. Son las bandas criminales las que utilizan mano de obra barata”, recalca.

Los proyectos sociales buscan reducir los factores de riesgo

En esa misma línea, el sociólogo Javier Gutiérrez, director de Misión Alianza Noruega, explica que la organización desarrolla proyectos enfocados en reducir los factores de riesgo.

El primero es el programa Desarrollo Comunitario (DECO), financiado por la Cooperación Noruega, cuyo objetivo es intervenir en las principales carencias que enfrentan niños y adolescentes en barrios vulnerables. “Lo que busca este proyecto es realizar actividades de prevención. Actuamos sobre las ausencias que tienen los jóvenes: la falta de espacios para el deporte, el arte, la cultura, el refuerzo escolar y la interacción con otros jóvenes”. El segundo proyecto trabaja en conjunto con las iglesias para educar a los jóvenes.

Lo que debes saber

• Gremios de Ecuador guardan silencio ante la falta de independencia estatal y acoso a la prensa.
• Líderes gremiales defienden la cautela y priorizan el diálogo institucional sobre la queja.
• Casos de corrupción como Progen generan consternación y llamados a respetar la Constitución.

Ante los cada vez más recurrentes cuestionamientos sobre la falta de independencia entre las instituciones del Estado, las presuntas irregularidades en la administración pública y el acoso a la prensa, el sector empresarial ecuatoriano mantiene un importante silencio.

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Ese silencio resulta más notorio porque situaciones muy similares durante el gobierno del expresidente Rafael Correa habrían motivado sendos pronunciamientos, entrevistas y ruedas de prensa en defensa de la institucionalidad y de la libertad de expresión de los medios de comunicación críticos del régimen.

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El espejismo de los empresarios

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¿Por qué el empresariado ahora prefiere mantenerse al margen? EXPRESO trasladó esa pregunta a gremios como la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cámara Nacional de Acuacultura, sin que hasta el cierre de esta edición se haya obtenido una respuesta.

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Desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), su director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, se excusó señalando que solamente respondería sobre temas relacionados con el banano, y que cualquier otra consulta debía ser dirigida al Comité Empresarial Ecuatoriano, que tampoco respondió hasta el cierre de esta edición.

Postura de los gremios empresariales y el diálogo institucional

Galo Salamea, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, sí se animó a responder. Para el dirigente, no es cierto que el empresariado se desentienda de la coyuntura, sino que considera que existen otras formas de abordarla.

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“Cada organización escoge la forma y el momento de expresar sus posiciones. Nosotros hemos privilegiado el diálogo institucional porque creemos que construye más que la confrontación. Ello no significa silencio ni indiferencia; significa actuar con responsabilidad, independencia y firmeza en la defensa de los valores democráticos”, comenta.

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Salamea también enfatiza que las cámaras de comercio del Ecuador defienden principios y no intereses políticos del momento. Agrega que el compromiso histórico del empresariado ha sido con el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la independencia de las funciones del Estado, la libertad de empresa, la propiedad privada y la libertad de expresión, porque “sin instituciones sólidas no hay inversión, empleo ni desarrollo”.

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Xavier Durán, expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, coincide en ello. El exdirigente empresarial sostiene que los empresarios están permanentemente atentos a la coyuntura nacional, pero que eso no implica salir a lanzar acusaciones o cuestionamientos sin contar con pruebas suficientes que sustenten un pronunciamiento de ese tipo. “Hay que tener mucho tino”, dice el expresidente de la Cámara.

El impacto del caso Progen y la crisis eléctrica en el sector empresarial

El caso Progen es un ejemplo de ello, señala. Según Durán, el anuncio de la contratación de la empresa estadounidense para la generación eléctrica generó mucho entusiasmo en el empresariado, que confiaba en las gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, reconoce que las presuntas irregularidades han causado consternación, pero que, en lugar de lanzar acusaciones, considera que el tema debe llegar “hasta las últimas consecuencias”.

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El caso Progen es actualmente objeto de una investigación penal en Ecuador por presunto peculado. En el denominado caso Apagón hay 21 personas procesadas, entre ellas el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, por su presunta participación en un delito sancionado con hasta 13 años de prisión.

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Durán también descarta que la postura del sector empresarial responda al temor por posibles represalias del gobierno de turno, porque “cuando uno no tiene rabo de paja, no se tiene ningún temor”. El expresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil insiste en que la cautela responde a la necesidad de no adelantar conclusiones, sino de apostar por el diálogo.

Salamea, por otro lado, prefiere pasar la página y enviar un mensaje a todos los actores políticos y sociales de cara a un nuevo proceso electoral. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador señala que el principal llamado debe ser el de respetar la Constitución, la voluntad ciudadana y la institucionalidad.

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Asimismo, hace hincapié en que Ecuador necesita confianza, estabilidad y reglas claras para seguir avanzando, y que las cámaras de comercio del país “seguiremos defendiendo estos principios con independencia y responsabilidad, convencidos de que solo una democracia fuerte garantiza un desarrollo económico sostenible y oportunidades para todos”.

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Empresariado prefiere la prudencia

Por otro lado, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que no considera que el empresariado no tenga posturas porque "siempre defiende los principios básicos de un Estado de Derecho: la integridad, la democracia, la institucionalidad, independencia de poderes, la libertad de expresión, entre otros.

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En ese sentido, señala que los empresarios se han pronunciado en diversas ocasiones e incluso iniciado acciones legales contra medidas implementadas por los distintos gobiernos, incluyendo el gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, precisa que eso no está relacionado con emitir juicios de valor ni anticipar conclusiones.

"Incluso en casos de empresas privadas, es nuestro deber permitir que las instancias correspondientes actúen. Nuestro rol es exigir, apoyar y respetar el debido proceso, garantizando que toda investigación se desarrolle dentro del marco institucional y con apego a la ley", comentó y expresó su apoyo a esfuerzos similares, como el de la prensa. "Estamos atentos a lo que sucede, y buscamos actuar con la prudencia que amerita el país. Hoy el país vive un alto nivel de confrontación, generando división e inestabilidad. Queremos abonar al diálogo y al consenso, no a la división", concluyó.

Las claves que debes saber

• Elecciones de noviembre avanzan sin debate sobre democracia, corrupción y derechos humanos en Ecuador.
• Analistas y opositores atribuyen la baja participación política al temor a sanciones e investigaciones.
• Movimientos y candidatos priorizan sobrevivir electoralmente mientras crece la discusión sobre controles.

Se avecina un proceso electoral y, en el Ecuador, nadie está hablando de los grandes temas que afectan a la democracia. Ni la concentración de poder, ni las violaciones a los derechos humanos, ni el acoso a la prensa independiente, ni la cooptación de los organismos de control o de la justicia son asuntos que animen a los partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones de noviembre. 

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Ni siquiera se debate sobre los proyectos de ciudad o de región. En otras palabras, el debate y la discusión política están ausentes de la arena electoral. El país está adormecido.

Pero no solo el debate sobre los grandes temas de la política nacional está en estado de hibernación; también lo está la participación política. Muchos actores que normalmente intervienen en procesos electorales como el de noviembre están, y seguirán estando, ausentes. 

Los casos de Álvarez y Aguiñaga

Sobran los ejemplos: figuras con gran proyección electoral regional e incluso nacional, como Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga, no estarán presentes en estas elecciones. Álvarez está preso, sin haber sido condenado, en una cárcel de máxima seguridad y enfrenta procesos judiciales que generan incertidumbre sobre una eventual candidatura, aunque no ha sido excluido por una sanción electoral. 

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Otros dirigentes correístas, incluidos alcaldes y prefectos, también se encuentran condicionados por investigaciones o procesos que podrían derivar en futuras inhabilidades.

¿Qué les sucede a los políticos de Ecuador?

¿Qué es lo que tiene al Ecuador en semejante estado de aletargamiento político? Básicamente, el miedo. Un miedo cuyo origen, según esta lectura, está en la concentración por parte del Gobierno del control sobre los organismos de fiscalización y sobre la administración de justicia.

¿Quién, aparte de la prensa independiente o de un puñado de líderes de opinión, pone en debate el tema de la corrupción? ¿Quién, fuera de un reducido grupo de periodistas, está denunciando casos como el de Progen o el tráfico de tierras en Santa Elena? ¿Quién, además de algunos colectivos de derechos humanos, se ha embanderado con la causa de Monika Silva, la activista asesinada en Montañita?

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Todas estas preguntas apuntan a una misma explicación: los partidos, los movimientos y los posibles candidatos no quieren hablar de estos temas porque temen recibir sanciones de organismos que consideran controlados por el Gobierno. 

Quien tenga aspiraciones electorales y no pertenezca al oficialismo corre el riesgo de que, por ejemplo, la Contraloría -sobre cuya dependencia del Ejecutivo muchos sostienen que existen dudas razonables- le practique un examen especial a su gestión o a su declaración patrimonial. 

O de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuya independencia también es cuestionada por distintos sectores políticos, le inicie un proceso disciplinario sin garantías de un juicio justo. Es lo que, según sus críticos, ocurrió con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien actualmente está suspendido del cargo y no podrá participar en las próximas elecciones tras haber llamado “fulana”, entre otros calificativos, a una concejala de su ciudad.

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Lo mismo ocurre con los movimientos políticos. La Revolución Ciudadana, que sigue siendo la fuerza electoral de oposición del país, no podrá participar en las elecciones con su propia lista debido a una sanción relacionada con el manejo de su financiamiento. 

Esa suspensión ha obligado a decenas de precandidatos correístas a buscar otras organizaciones políticas para postularse. Precisamente en las últimas horas se conoció que el correísmo participará bajo las listas del movimiento Amigo.

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El movimiento Construye, por su parte, fue retirado del registro de organizaciones habilitadas por incumplimientos relacionados con los requisitos legales para conservar su personería jurídica. Unidad Popular también fue excluida inicialmente del registro; sin embargo, posteriormente el TCE dejó sin efecto esa decisión y el partido recuperó su personería jurídica, por lo que podrá participar si la resolución queda ejecutoriada.

Autoridades congelan hasta cuentas de opositores

En una reciente entrevista, el dirigente de Unidad Popular, Geovanny Atarihuana, sostuvo que incluso dirigentes sociales están siendo víctimas del acoso gubernamental. Según afirmó, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) tienen sus cuentas congeladas, situación que, dijo, también afecta a la dirigente indígena Pacha Terán, quien -según Atarihuana- no puede disponer de su dinero ni siquiera para alimentar a su familia. 

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El miedo, entonces, ha paralizado la voluntad de participar en política y, con ello, ha paralizado también el debate público.

Existen, pues, varios factores que alimentan ese miedo: el temor a las sanciones electorales, a la judicialización de las decisiones administrativas, a la exposición patrimonial y hasta a ser asesinado, como les ocurrió al periodista Robinson del Pezo o a la activista Monika Silva.

¿Y qué pasa, entonces, con el debate sobre la erosión democrática, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos? Muy pocos se atreven a plantearlo y quienes lo hacen -los correístas, principalmente- carecen, para muchos, de autoridad moral para liderar esa discusión. En suma, nadie quiere hablar de los temas que más incomodan al poder.

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La vía se vio afectada el pasado 9 de junio por una cadena de macrodeslizamientos que taponaron por completo el paso entre los kilómetros 76 y 105. Según datos del Ministerio de Infraestructura, cayeron sobre la calzada más de 40.000 metros cúbicos de material rocoso.

Las tareas de limpieza se desarrollan desde el primer día; sin embargo, los taludes permanecen activos y la caída de material es constante. Por ejemplo, el jueves pasado volvió a registrarse un derrumbe de grandes proporciones en el ingreso al túnel de la represa Minas-San Francisco, que quedó taponado con más de 4.000 metros cúbicos de material, lo que aumenta el plazo para una posible habilitación de la ruta.

Sector industrial afectado 

Esta situación genera los primeros inconvenientes y aumenta la preocupación entre los usuarios frecuentes de la carretera. Sofía Arce, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem), indicó que el cierre de la carretera impacta de forma directa al sector industrial de Cuenca, principalmente a las industrias que utilizan esta vía para transportar sus cargas desde y hacia el puerto de Yilport, en la Terminal Marítima de Puerto Bolívar.

Cuenca

Vía Cuenca- Girón- Pasaje: se agrava condición por nuevo derrumbe

Claudia Pazán

También apuntó que las industrias de cerámica plana, línea blanca y plásticos son doblemente afectadas, pues se encuentran entre las principales que transportan gas natural para su producción utilizando la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Así, Arce explicó que el cierre de la carretera impacta de forma directa en los costos logísticos del sector.

Impacto en la transportación

Otro sector afectado es el de la transportación de pasajeros. Denis Machuca, gerente de la Cooperativa Azuay (que cubre las rutas Cuenca-Pasaje-Machala y Cuenca-Chiclayo), detalló que actualmente utilizan la vía Cuenca-Molleturo, lo que implica dos horas adicionales de viaje y los obliga a reducir sus frecuencias y aumentar sus costos operativos, debido al mayor consumo de combustible.

Según cifras de la cooperativa, han reducido en un 40 % sus frecuencias: antes del cierre de la vía operaban 50 frecuencias y hoy solo mantienen activas 30. También disminuyó el número de pasajeros: antes movilizaban hasta 900 usuarios por día; ahora apenas llegan a 400.

El impacto en los costos de operación también es evidente para los transportistas. Machuca explicó que cada viaje entre Cuenca y Machala consumía aproximadamente 160 dólares en diésel y que, con el desvío por Molleturo, el gasto supera los 200 dólares. "Son alrededor de 40 dólares adicionales por viaje, sin contar peajes y otros costos operativos", puntualizó.

Cuenca

Cuenca, sin control ni orden en materia de arrendamientos

Claudia Pazán

Para el transportista, la solución que se dé a la carretera debe ser definitiva. Aseguró que, debido al constante mal estado de la vía, la compañía ha realizado trabajos de mantenimiento en ciertos tramos por cuenta propia. Solo en 2025 habrían ejecutado unas seis intervenciones, invirtiendo un promedio de 1.000 dólares en cada una. "Hemos puesto nuestro dinero para dar mantenimiento porque realmente necesitábamos que nuestras unidades circulen con seguridad", dijo.

El malestar entre los viajeros también es evidente. EXPRESO dialogó con algunos de ellos durante un recorrido realizado el pasado viernes por las cooperativas que ofrecen el servicio desde la Terminal Terrestre de Cuenca.

El descontento es generalizado. Algunos ciudadanos consultados, residentes permanentes en Cuenca que viajan para visitar a sus familias, comentaron que decidieron viajar a Machala únicamente por el feriado decretado, ya que el mayor tiempo de traslado les deja menos horas para compartir con sus seres queridos.

Natalia Piña relató que, entre ida y vuelta, el viaje supera las 12 horas, lo que la obliga a pensar dos veces antes de desplazarse para pasar únicamente el fin de semana en la casa de sus padres. "Hoy viajé porque es un día extra de descanso; esto me da la oportunidad de compartir más con mis padres y mi familia", puntualizó.

Cuenca

Vía Cuenca-Girón-Pasaje permanece cerrada indefinidamente por deslizamientos

Nadia Larco Bravo

¿Qué dice el MIT sobre la recuperación de la vía?

Paolo Carpio, ministro subrogante de Infraestructura, informó que las tareas de limpieza tomarán alrededor de tres semanas más, aunque advirtió que ese plazo dependerá de que no se produzcan nuevos deslizamientos de gran magnitud. Además, detalló que las peores afectaciones se registran entre los kilómetros 82 y 105. 

Recordó que previamente la cartera de Estado mantenía un contrato activo para la recuperación del kilómetro 50 y que, tras la emergencia, se activó un segundo contrato para intervenir toda la zona afectada por la cadena de derrumbes.

Sobre la intervención integral de la vía, Carpio recordó un contrato anunciado en 2024, mediante el cual se realizó un estudio detallado de la carretera. Aseguró que los resultados ya fueron entregados y actualmente se encuentran en análisis para iniciar su ejecución. 

Los estudios técnicos identificaron más de 40 puntos críticos que requieren intervención e, incluso, la corrección de su geometría. El presupuesto de esta obra asciende a 55 millones de dólares.

El ministro subrogante recalcó que no se construirá una vía alterna y que prevén iniciar la intervención a finales de este año. Las obras tendrían una duración de 18 meses.

Cuenca

Arriendos en Cuenca: altos costos y dificultad de acceso

Claudia Pazán

Necesidad de una nueva vía

La apertura de la vía Cuenca- Girón- Pasaje representa apenas el primer paso para recuperar la circulación vehicular. Así lo explicó el ingeniero civil y experto en vialidad y conservación vial, Esteban Ortega.

El especialista señaló que una vez que se retire el material será indispensable evaluar la estabilidad de los taludes, ya que algunos podrían permanecer inestables tras los derrumbes registrados por las intensas lluvias.

Precisó que la mayor concentración de deslizamientos se registra desde el kilómetro 70 hacia la ciudad de Pasaje, debido a las características geológicas del sector, donde predominan taludes rocosos de gran altura y fuertes pendientes. A esto, dijo, se suma la saturación del suelo por las lluvias y la falta de intervenciones permanentes para controlar las condiciones de estabilidad.

Cuenca

40 mil metros cúbicos de material obstaculizan la vía Cuenca-Girón-Pasaje

Claudia Pazán

El experto recordó que la carretera fue construida en la década de 1950 y que, aunque ha recibido mejoras a lo largo de los años, la última intervención integral se ejecutó mediante un contrato adjudicado en 2014. “Ese proyecto permitió mejorar el nivel de servicio entre 2016 y 2018, con una inversión cercana a los 33 millones de dólares”.

Así, Ortega concluyó que la ruta Azuay- El Oro requiere una carretera con mejores características geométricas, mayor capacidad y velocidades de circulación superiores y que su planificación debe iniciarse de manera paralea a los proyectos de recuperación que ejecuta el MIT. 

Explicó que los volúmenes de tránsito ya justifican esa necesidad. “Entre el acceso sur de Cuenca y el sector de Narancay circulan alrededor de 30.000 vehículos diarios; entre Cuenca y Santa Isabel, cerca de 14.000; y desde Santa Isabel hacia Pasaje, entre 7.000 y 8.000 vehículos al día”, sostuvo.

Un ataque que alarma a los quiteños

• Policía confirma dos explosiones en La Pradera, Quito, durante madrugada del lunes 29 junio 2026.
• Policía Nacional confirma que artefactos fueron abandonados frente a ARCOM y causaron daños.
• Policía investiga responsables; revisa cámaras y posible vínculo con vehículo incinerado

Un estruendo sacudió la madrugada y cambió la calma habitual del sector de La Pradera, en el norte de Quito. 

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Explosiones en La Pradera durante la madrugada en Quito

Eran cerca de las 03:00 de ayer cuando una potente explosión despertó sobresaltados a decenas de moradores, quienes, aún sin comprender lo ocurrido, acudieron de inmediato a los chats barriales y a las redes sociales para averiguar el origen del ruido que estremeció sus viviendas.

Minutos después se confirmó el peor escenario. Dos explosiones, provocadas con artefactos explosivos abandonados frente a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), marcaron un nuevo episodio de violencia en la capital.

El atentado dejó daños materiales en esa institución y afectó también la fachada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), además de herir a guardias de seguridad, quienes fueron trasladados a una casa de salud, donde recibieron atención médica. Su estado de salud no reviste gravedad.

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IVONNE MANTILLA

Atentados y casos de inseguridad en Quito

El ataque ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde durante el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 2.778 asesinatos. Aunque para los habitantes de La Pradera este hecho no tiene precedentes, Quito ya ha sido escenario de atentados con explosivos y amenazas de bomba en los últimos años, una realidad que evidencia que la violencia ligada al crimen organizado también alcanza a la capital.

Las primeras indagaciones señalan que varios sujetos llegaron en un vehículo hasta la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la calle San Salvador, donde abandonaron dos maletas cargadas con explosivos afuera de la Arcom. La detonación provocó daños en la infraestructura de ambas entidades estatales y generó momentos de pánico entre quienes viven y trabajan en la zona.

La Pradera es uno de los sectores más activos del norte de Quito. En sus calles funcionan instituciones públicas y privadas, hoteles, cafeterías, restaurantes, bares y alojamientos que reciben diariamente a quiteños, turistas nacionales y visitantes extranjeros. Por ello, vecinos y empresarios coinciden en que un atentado de esta magnitud no solo altera la tranquilidad del barrio, sino que también afecta la imagen de una ciudad que enfrenta una creciente percepción de inseguridad.

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IVONNE MANTILLA

El atentado preocupa a la ciudadanía 

Germania Arboleda, quien reside desde hace una década en el sector, relató que el estruendo la despertó de inmediato. “Con el sonido se nos fue el sueño. Fue un susto muy grande porque en este sector casi nunca ocurre algo así. Para nosotros es algo completamente nuevo, pero también muy preocupante por toda la inseguridad que vivimos actualmente”, comentó.

La ciudadanía exige respuestas más firmes del Estado para evitar atentados. Se necesita una estrategia integral de seguridad que enfrente a las organizaciones criminales 
Juan Solano, opinión ciudadana

La vecina recordó que siguió por televisión los atentados registrados en distintas ciudades del país durante 2023, pero nunca imaginó que un hecho similar pudiera ocurrir cerca de su vivienda. “Hay que tomar cartas en el asunto para que esto no siga empeorando. Les pedimos a las autoridades que controlen la delincuencia porque ahora cualquiera siente temor al salir de casa”, agregó.

Miguel Naranjo, otro residente de La Pradera, considera que la inseguridad dejó de ser un problema concentrado en otras provincias y ahora golpea con fuerza a la urbe. “Me preocupa muchísimo la seguridad del país. No solo son estos atentados; todos los días escuchamos de robos, secuestros y asesinatos. Ahora una bomba estalla en una de las zonas con más bares y restaurantes de Quito”, manifestó. A su juicio, las consecuencias trascienden los daños materiales.

Durante un recorrido realizado por este Diario, varios propietarios de bares, cafeterías y restaurantes prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Sin embargo, coincidieron en que la violencia ya comienza a afectar la actividad económica del sector.

Los comerciantes aseguraron que algunos clientes habituales han expresado preocupación por acudir a la zona y temen que la inseguridad provoque una disminución en la afluencia de visitantes, especialmente durante las noches y los fines de semana. También creen que hechos de esta naturaleza deterioran la imagen turística de Quito y generan incertidumbre entre quienes dependen del comercio y la gastronomía.

Policía confirma atentado con artefactos explosivos en ARCOM

El jefe del circuito Iñaquito de la Policía Nacional, Richard Cevallos, confirmó que las explosiones fueron provocadas por artefactos colocados frente a las instalaciones de la Arcom. Indicó que los daños se concentran principalmente en esa entidad y en la parte frontal de Agricultura, mientras que los heridos fueron los guardias, afectados por la onda expansiva.

Aquí llegan muchos turistas para conocer restaurantes y vida nocturna, pero un atentado así afecta negocios, genera miedo y daña la imagen de la ciudad.
Miguel Naranjo, morador de
La Pradera

El oficial explicó que las investigaciones continúan bajo reserva. Entre las diligencias se analiza el material de las cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por los sospechosos y determinar si existe alguna relación con el vehículo que apareció incinerado ayer en el túnel Guayasamín.

Además, confirmó que junto a los explosivos fueron encontrados varios panfletos contra la Arcom, aunque evitó profundizar en su contenido.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció tras el atentado y aseguró que el Estado no se dejará intimidar. “Pretenden sembrarnos miedo, pero a quienes hoy intentaron hacerlo les responderemos con contundencia: la cárcel o el infierno”, afirmó.

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College, este tipo de atentados podría ser una respuesta del crimen organizado frente a la presión que ejercen las autoridades. Según explicó, estas organizaciones buscan demostrar que aún conservan capacidad operativa para sembrar miedo entre la población y desafiar al Estado.

Por su parte, Max Campos, del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Humana, sostuvo que el combate a estas estructuras no puede depender únicamente de operativos policiales. 

A su criterio, el Estado debe fortalecer las políticas de prevención, impulsar programas sociales, promover la participación ciudadana y consolidar el trabajo de los gobiernos locales para reducir las condiciones que favorecen la expansión del crimen organizado y evitar que atentados como el ocurrido en La Pradera vuelvan a repetirse.