Lo que debes saber

• Metro de Quito se suspendió 7 horas el lunes en Quito; Bernardo Abad habló con gerente y señala manipulación en Quitumbe.
• Abad habla de intereses políticos, económicos y electorales. Señala a Jorge Yunda y a transportistas.
• Desmiente al alcalde, quien ha dicho que contrataron a cien técnicos de Acciona para el mantenimiento; el exgerente le confirmó que los especialistas están trabajando con él en Brasil.

El concejal Bernardo Abad es usuario frecuente del metro de Quito. Fue parte del Directorio de la empresa a cargo, por lo que en la entrevista describe detalles de la operación. El lunes 20 de abril del 2026, cuando por unas siete horas el sistema se suspendió, estuvo en contacto con el gerente, dice. Sostiene que hay “intereses” detrás de la falla, por lo que se abrió el debate en el Concejo.

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¿Quién es el responsable político del metro?

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, porque todas las empresas metropolitanas lo tienen como presidente de sus directorios. Además los secretarios de Planificación del área; en el caso del metro, el secretario de Movilidad. 

Antes de esta administración, los concejales integrábamos los directorios. Pero el alcalde con su mayoría de correístas y afines decidió que no estemos. Antes podíamos saber lo que ocurría y fiscalizar.

El alcalde pidió no politizar y ser técnicos. Pero al final de la sesión dijo: “Sigan ladrando”.

Es una expresión vulgar, chabacana. Ahí un concejal afín (Gabriel Noroña, ganó con el apoyo de Jorge Yunda) dijo que quienes estuvimos en el directorio nos repartimos contratos. Estoy orgulloso de haber estado. 

El señor Yunda no logró contratar al operador. Muéstreme algo raro que diga Contraloría, algo chueco, (no hay) nada. Reclama porque se llegó a un acuerdo con un banco. El costo es cero en transacciones.

En la sesión, usted afirmó que hay intereses para que el metro no funcione. ¿A quiénes se refiere?

El metro ha tenido detractores desde el inicio porque afecta a alguien. ¿A quiénes afecta directamente la operación?

¿Al transporte urbano?

Usted lo ha dicho. Cuando hay 200 mil viajes diarios y no hay más quiteños, se dejó de usar un sistema para usar otro. También está el tema político y electoral. Siempre hay personas que han querido que fracase, para decir que no se debía construir, pero que llegarán y lo mejorarán. 

No soy afín al alcalde, pero nos une el bienestar de Quito. No puedo, por diferencias políticas e ideológicas, ir en contra de la obra más grande de movilidad.

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Veo a concejales como Andrés Campaña, más que nada, Wilson Merino y Michael Aulestia pedir cambios del orden del día para cuestionar el manejo del metro y contratos, desde hace más de un año.

Claro, es nuestra labor fiscalizar (hace un recuento de los contratos de mantenimiento; corrige al alcalde, que ha dicho que son llantas y el metro tiene ruedas; recuerda que hay desgaste natural y por eso se hace reperfilado de rieles).

La cuarta fue la vencida para contratar en este mes el mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, superestructura, electromecánicos y telecomunicaciones. ¿Pudo haber causado el problema?

El gerente y el alcalde dijeron que han estado haciendo el mantenimiento con 100 técnicos que trabajaron en Acciona. Ayer (miércoles 22 de abril) me encontré con Manuel Méndez, exgerente de Acciona. Le pregunté si eran buenos sus técnicos. 

Y me contestó: “Mis técnicos, mis especialistas, están trabajando conmigo en Sao Paulo, Brasil”. Le repregunté: ¿No son los tuyos? Me contestó lo mismo. ¿A quiénes contrataron? A obreros, sin menospreciar.

¿No pudo fallar eso?

Me parece que estuvieron haciendo un mantenimiento ‘ligth’. Pero lo que falló el lunes fueron las telecomunicaciones, un switch, en la estación uno, en Quitumbe (sur). Una persona manipuló, según dijeron. Si lo hizo, fue con algún interés.

Dicen que me volví Pabelista. Nada que ver, no lo he dicho por Pabel. No nos pusimos de acuerdo. Nada que ver.Bernardo Abad/ concejal de Quito

 ¿Había cámaras?

No. Lo vio una señora. Esa persona que entró sabía en dónde está la vulnerabilidad, aplastó la tecla. Desaparece la telecomunicación que lleva todos los datos hasta el PCC (Puesto de Control Central), el cerebro del sistema, y desconecta las pantallas, que quedan en negro. Me mandaron foto. ¿Cómo operas? Podrían haber aplastado y operar en automático, pero era riesgoso.

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¿Y la alerta de Motorola?

No tiene nada qué ver. (Andrés) Campaña tergiversa o no sabe muy bien; no fue falla en la radiocomunicación. Se contrató a una empresa rival a Motorola. El sistema está controlado, está hecho para que no puedan chocar los trenes.

¿No se solucionarían a tiempo todas las inquietudes de los concejales de oposición, como Campaña o Merino, si el alcalde y su mayoría permitieran la fiscalización en el Concejo?

Lo que pasa es que también hay que ver que el concejal Merino está en una onda de joder y joder.

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Pero los concejales del correísmo compararon al metro de Quito con los de Madrid o Nueva York, que tienen cien años de operación.

No hay cómo comparar. Pero el metro de Quito es más bonito, más nuevo también, con altos estándares. A la parada de San Francisco podemos compararla con una de Madrid.

A ver, volvamos a su tesis de que hay “intereses” detrás de esa falla de operación. A Merino le acusan de estar con ADN, pero él ha dicho que es de Imparables. ¿Duda del Gobierno?

No.

Campaña incluso está lejos de su partido, el Socialista, que dijo ser el plan B de Pabel Muñoz. ¿Interés de quién? ¿Yunda?

Alguien que todavía mantenga adentro gente para que haga eso. Es hilar fino pero, según dijeron, hubo una manipulación de un aparato chiquito, esa persona habría sabido cómo dejar el metro en caos. Lo dije: qué intereses políticos, económicos, electorales están en juego.

¿Se metería en un problemón? ¿Debería ir preso?

Debería.

¿Error humano?

Curiosamente el error humano en ese preciso momento, solo el experto sabe. Está puesto en Fiscalía el caso. 

El metro es la forma más segura de movilizarse en esta ciudad, todos los días hay siniestros en los buses; el trole es ‘chamán’.Bernardo Abad/ concejal de Quito

Sobre su defensa al metro 

Abad dice que defiende al metro porque cree que no debe haber sombras sobre él. Reitera que con Mauricio Rodas se avanzó hasta el 97 % para ponerlo en marcha y que el contrato de operación estableció que el 1 de diciembre del 2023 funcionaría. Dice que Pabel Muñoz sacó el tema de los medios para que se crea que con él arrancó.

¿Quién es Bernardo Abad?

Es cuencano y no ha perdido el acento, pero dice amar a la capital. Va por su segundo período como concejal del Distrito Metropolitano de Quito, lleva siete años en el cargo. Hizo carrera en el periodismo, fue reportero y presentador de televisión. Ejerció la profesión desde los 19 y tiene 61 años. En la entrevista aclaró que no tiene interés en un nuevo cargo de elección popular.

Lo que debe saber

• Reprogramaciones complejas: Bodas, quinceañeras y eventos corporativos deben cambiar de fecha u horario, pero hacerlo no es sencillo por la disponibilidad limitada de locales, proveedores y agendas ya coordinadas con meses de anticipación.
• Pérdidas económicas significativas: Unos 35 negocios del sector de eventos dejan de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares semanales en Guayas, con caídas de hasta el 70 % en sus ingresos habituales durante el periodo del toque de queda.
• Afectación en toda la cadena: No solo pierden los organizadores, sino también fotógrafos, músicos, floristas, transporte y otros servicios vinculados, en una industria donde cada evento activa a múltiples proveedores.

El nuevo toque de queda vuelve a alterar la agenda de celebraciones en Ecuador. Matrimonios, quinceañeras y otros eventos previstos entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, en horario nocturno, deberán cambiar de fecha o adelantarse a la tarde, una decisión que no siempre es viable por la disponibilidad de locales y proveedores.

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“Ahora, al organizar eventos, hay que considerar que en cualquier momento se pueden establecer restricciones de movilidad”, explicó a Diario EXPRESO Margarita Rugel, organizadora de la feria ExpoBoda. Como ejemplo, señaló que su evento, previsto para el 26 de abril de 2026 en el Mall del Sol, fue planificado desde el inicio en horario de 10:00 a 20:00, anticipando posibles medidas.

Rugel reconoce la necesidad de reforzar la seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa, pero advierte que el impacto económico es inevitable si no se construyen acuerdos con el sector productivo. “Lo ideal sería evitar perjuicios económicos, pero para eso debe haber diálogo”, señaló.

Uno de los grupos más afectados será el de los mariachis y músicos, especialmente en fechas clave como el Día de la Madre, cuando suelen trabajar sin descanso. Este año, la restricción limitará significativamente sus ingresos en una de las jornadas más importantes, destacó Rugel.

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Las pérdidas económicas en cifras

El golpe no es menor. El sector de eventos, que depende en gran medida de la noche, ya reporta pérdidas importantes. En Guayas, 35 empresas del rubro estiman que dejarán de percibir entre 60.000 y 70.000 dólares por semana. Cada negocio calcula pérdidas de alrededor de 2.500 dólares semanales, lo que representa cerca del 70 % de sus ingresos habituales, según indicó Milton Casanova, vicepresidente de la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg).

Además, el impacto se extiende a toda la cadena: por cada evento cancelado o reprogramado, al menos diez proveedores dejan de trabajar, entre ellos fotógrafos, floristas, transporte, seguridad, disc jockey e iluminación. Solo dentro de este grupo, se estima que unos 70 eventos semanales se ven afectados, según Casanova.

La situación se agrava por la dificultad de reprogramar. Muchos eventos se organizan con meses de anticipación y dependen de la coordinación de múltiples actores. Cambiar fechas no solo implica complicaciones logísticas, sino también pérdidas económicas definitivas.

Pese a ello, el sector intenta adaptarse. Algunos eventos han sido trasladados a horarios vespertinos, aunque con menor asistencia y rentabilidad. En muchos casos, el objetivo ya no es generar ganancias, sino recuperar parte de la inversión.

Hay locales que tienen ganancia

Para toda situación de la vida hay que aprender a adaptarse y con esa visión hay negocios que estiman que en tiempo de toque de queda hasta ganancias pueden tener. Juana Chiquito, administradora de Estilo y Puntada, dijo a EXPRESO que la ropa para una boda o una quinceañera se hace con tiempo, entonces ella ofrece la opción de poder ajustar la ropa al nuevo horario en que será la fiesta.

"No es lo mismo la ropa para una fiesta en la noche que en el día, y no todos tienen para comprar otra traje a última hora; entonces lo mejor es adaptarlo", señaló Chiquito.

Reveló que tiene ya varios pedidos para adaptar la ropa de la fiesta al nuevo horario y se ha preparado para que su taller de costura pueda atender a todos los clientes que lleguen, mencionó. 

Piden horarios flexibles

En medio de este escenario, los gremios insisten en la necesidad de ser escuchados. Plantean alternativas como flexibilizar horarios en ciertos días o aplicar medidas diferenciadas, buscando un equilibrio entre seguridad y actividad económica. Casanova dijo que se puede ser flexible los fines de semana, que es cuando se dan más fiestas. Un matrimonio es organizado mínimo con seis meses de anticipación.

El sector productivo plantea ajustes urgentes al toque de queda en Ecuador. Aunque respalda las medidas de seguridad, advierte que, sin criterios técnicos, el impacto económico seguirá profundizándose.

La Cámara de Comercio de Quito propone una optimización basada en dos ejes. El primero es la semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, que permitiría aplicar restricciones diferenciadas según indicadores objetivos de seguridad, evitando así medidas uniformes en territorios con realidades distintas. El segundo plantea extender los horarios durante fines de semana, al menos una hora adicional los viernes y sábados, para sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento, que concentran su mayor actividad en esas franjas.

Mientras tanto, la incertidumbre marca el ritmo de un sector que, una vez más, enfrenta semanas sin poder operar en su horario clave.

Lo que debes saber

• El 22 de noviembre de 2023, Guillermo Lasso le entrega la competencia del proyecto al Municipio de Guayaquil.
• Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial No. 29, deroga el traspaso de la competencia; un día después de asumir el cargo.
• Entre los terrenos que deben expropiar están los que pertenecen a la familia del presidente Noboa; el Gobierno no revela la cifra a pagar.

Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), dialogó con EXPRESO sobre los avances del Quinto Puente.

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- ¿Ahora que en mayo habrá nuevas autoridades en la Prefectura del Guayas, la asignación de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso al Quinto Puente volverá a esa entidad?

- La respuesta es bastante rotunda dentro de la administración del ministro (Roberto) Luque: no. O sea, ya tuvieron la oportunidad de trabajar con nosotros dentro del convenio. Actualmente se está liquidando el proyecto. Dentro de esa liquidación vemos que el avance, de hecho, es mucho menor al que la prefecta (del Guayas, Marcela Aguiñaga) en su momento reportaba.

- ¿De cuánto?

- Un avance del 30 % básicamente. El Ministerio tiene capacidad de hacerlo y lo va a hacer. Todo lo que engloba el Quinto Puente no puede esperar a que una autoridad quiera hacerlo, se tiene que hacer.

- ¿Qué porcentaje debió haber estado ejecutado para la fecha?

- Para la fecha, 60 o 70 %. Ahorita deberíamos estar viendo puentes, deberíamos tener la vía avanzada en temas de poder declarar (de) utilidad pública ciertos predios; (en) las expropiaciones estamos bastante atrasados.

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- ¿Por qué expropiaron cuando estaban construyendo y no antes?

- Dentro del convenio, los tres primeros meses eran para expropiar.

- El ministro Luque dijo que en el primer semestre de 2026 iban a expropiar fuera de Guayaquil. ¿Se mantiene el cronograma?

- Estamos trabajando en dos tramos ahorita, como para acelerar el paso.

- ¿En qué tramos?

- El primero, el tramo 1A, corresponde a la (avenida) Cacique Tomalá. Y el segundo, el tramo 4 y el 5, (pero) una vez (que) se liquide con la Prefectura, (que) se llegue al acuerdo económico de los valores que ellos van a tener que devolver, porque ejecutaron mucho menos de lo que nosotros hemos devengado como Ministerio.

Cuando se les notificó el inicio de la terminación unilateral, y como tenían 15 días, avanzaron, en teoría, bastante.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto tendrá que devolver la Prefectura?

- No podríamos dar un valor exacto hasta que no se firme el acta de liquidación.

- En el tramo 1A, las declaraciones de utilidad pública se hicieron a finales en diciembre de 2025, ¿por qué recién en 2025 y no en 2024?

El anuncio del proyecto se generó en el 2025, junto con ello viene la declaratoria de utilidad pública y comienzan las negociaciones. Todavía no podemos entrar a expropiar todos. Ya hemos tenido negociaciones con algunos y algunos han aceptado.

- ¿Cuántos?

- Unas cuatro carpetas de las muchas que hay.

- ¿Cuántas casas serían expropiadas?

- Hay un tema que sí quisiera señalar, que es una responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Ellos deberían tener actualizados una serie de datos. Hay predios o solares que tienen una vivienda o una más chiquita al lado, entonces eso complica este tipo de procesos expropiatorios.

- ¿Y cuántos lotes serán expropiados?

- Entre lotes de vivienda y los que tienen actividad económica, aproximadamente 110.

- ¿A estas personas tienen planificado reubicarlas?

- Sí, se les está buscando una solución de vivienda, planteada por el viceministro de Vivienda, Daniel Elmir. Pretendemos darles un catálogo de opciones para financiar algún tipo de vivienda, con un descuento bastante especial.

Estamos haciendo las cosas bien, pero estamos ‘volando’. Ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos antes.Fernando Stay Medina, director distrital de Guayas del Ministerio de Infraestructura y Transporte

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- ¿Cuánto el Estado va a pagar por las expropiaciones de los terrenos de la familia del presidente Daniel Noboa, la Cartonera y Blasti?

- Hasta el momento no tengo la cifra exacta de cuál será el valor que se va a pagar.

- ¿Y por las camaroneras del Holding Sola & Sola?

- Son predios que tienen actividad económica. Estamos en la fase de negociación.

- ¿Qué tiempo tomará?

- Alrededor de 15 días aproximadamente o un poco más.

Las claves del caso

• La Silla Vacía, creada para fomentar la participación ciudadana en Guayaquil, enfrenta trabas administrativas que limitan su uso y generan críticas por falta de transparencia
• Trámites, filtros y demoras marcan el acceso a la Silla Vacía en el Concejo Cantonal, un mecanismo que ciudadanos y activistas consideran restringido en la práctica
• ¿Pero qué es la Silla Vacía? Es una herramienta constitucional que permite a los ciudadanos intervenir directamente en el debate de los gobiernos locales.

La Silla Vacía en el Municipio de Guayaquil, pensada para la participación ciudadana, presenta barreras como trámites y filtros que han impedido su uso efectivo desde su reactivación en 2025.

Aunque fue concebida como un mecanismo para que los ciudadanos participen en las sesiones del Concejo Cantonal, en la práctica sentarse en ella resulta complejo y desgastante.

No se trata de dinero, sino de trámites, autorizaciones y filtros impuestos por el propio Municipio. Para intervenir, los ciudadanos deben presentar oficios, justificar su pedido y esperar una aprobación que muchas veces llega tarde.

Aunque el Municipio asegura que reactivó este recurso a finales de 2025, desde entonces muy pocas personas han logrado ocuparla. Para activistas y representantes ciudadanos, la Silla Vacía sigue siendo solo un símbolo o un adorno, más que un mecanismo real de participación.

Caso de activista que no entró al Concejo

Un caso reciente ocurrió durante la sesión del 16 de abril, cuando César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, quiso expresar su postura frente al aumento de la tarifa de la Aerovía. Sin embargo, cuando intentó ingresar a la sesión, un guardia se lo impidió. “Yo cumplo órdenes”, le dijo el agente, mientras le explicaba que “solo los que están en la lista entran”.

El episodio dejó contrariado a Cárdenas. Asegura que presentó el oficio dos días antes, pero al no recibir confirmación decidió esperar fuera del Municipio, pero finalmente no ingresó.

“Las sesiones son públicas. Llegué a mi casa a las 17:00 y recibí el oficio con la aprobación cuando la tarifa ya había sido aprobada, ya era un hecho consumado. Violan su mismo reglamento”, sostiene Cárdenas, quien cuestionó, en un artículo reciente de este Diario, la gestión que hoy lidera Tatiana Coronel.

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Para él, esta situación refleja una de las principales deudas del Municipio en las últimas administraciones: la participación ciudadana.

En la respuesta municipal, suscrita por Jaime Tejada, secretario del Concejo, se señala que “se verifica que no se ha cumplido con los requisitos de rigor (...) entre estos, la exposición de motivos suficientes y acreditar la existencia de representatividad de alguna organización”.

Cárdenas lamenta que esta fue la segunda vez que no logra ingresar al Concejo para usar la Silla Vacía. Aun así, insiste en que este mecanismo debería ser ocupado y aprovechado por más ciudadanos.

La respuesta del Municipio a EXPRESO

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio para conocer, entre otros puntos, cuántas personas han ocupado la Silla Vacía y cuántos oficios se han presentado. Desde el área de Comunicación se indicó que la solicitud fue recibida y que “cuando tengamos la información se la remitiremos”.

Esta falta de información, sumada a lo ocurrido con César Cárdenas, no solo evidencia una deficiente transparencia en el Municipio, sino también las dificultades que enfrentan quienes buscan tomar la palabra y expresar su postura frente a las decisiones que se toman en la ciudad.

Esto ocurre, además, en sesiones donde sí se ha visto la presencia de ciudadanos con mensajes de respaldo al alcalde.

En la urbe, gremios, activistas y ciudadanos coinciden en que muchas personas desconocen este recurso. Pero quienes conocen casos como el de Cárdenas terminan resignándose a esperar cambios o, al menos, a que la administración de Aquiles Álvarez mejore la participación ciudadana, tanto dentro del Municipio como en las sesiones y asambleas.

Ciudadanos se expresan ante la Silla Vacía

Fernando Alburquerque, activista ciudadano, tiene una postura clara sobre lo que ha implicado este recurso. “Unos compañeros la han solicitado, pero es más fácil conversar afuera con los concejales que hacer uso de ella”, asevera.

Además, cuestiona la forma en que se presenta este mecanismo. “En la publicación de la concejal Shirley Aldás sobre la Silla Vacía hay un mensaje más profundo de lo que parece: una silla vacía alejada de la mesa no representa inclusión, sino distancia entre la ciudadanía y el poder. Es una metáfora clara de cómo, en la práctica, este mecanismo ha sido relegado a un rol periférico”, argumenta.

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Para Alburquerque, si la silla está lejos de la mesa, el mensaje es preocupante. “La ciudadanía sigue siendo espectadora, no protagonista. Y ese no fue el espíritu con el que se creó este mecanismo”, analiza.

Por su parte, Gelacio Mora, representante de la organización Tejido Social de Guayaquil, subraya la importancia de este mecanismo de participación ciudadana, pero lamenta que la Municipalidad no lo respete.

Mora recuerda el caso de Billy Navarrete, quien ocupó la Silla Vacía a finales de 2025. En aquella ocasión, el Cabildo sí acogió su intervención.

“Existe selectividad por parte de la autoridad municipal. Se nota en las sesiones la participación de adeptos al movimiento que administra la ciudad. Las propuestas de líderes barriales o representantes de organizaciones sociales no pueden ni deben estar condicionadas por creencias religiosas, mucho menos por ideologías políticas”, manifiesta.

La Silla Vacía no es un simple espacio simbólico dentro del Concejo. Más allá de si se la ha solicitado o no, lo fundamental es entender que su valor radica en la capacidad de las autoridades de saber escuchar.
Carolina Pincay, tecnóloga, lideresa y activista de la Martha de Roldós

De hecho, la última vez que se conoció públicamente el uso de la Silla Vacía fue a fines de 2025, cuando justamente la ocupó Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

En esa sesión, Navarrete intervino sobre la denominación de ‘Los Cuatro Niños de Las Malvinas’ para el espacio público del parque de la Coviem.

• El SRI registró $46 millones recaudados por la tasa de control aduanero cobrada a Colombia en febrero y marzo, el doble de lo que anunció el presidente Noboa en marzo, cuando ese mes aún no cerraba.
• Si la Secretaría General de la CAN declara la tasa contraria al derecho andino, Ecuador deberá dejarla de cobrar de inmediato y los importadores podrán reclamar la devolución ante el SRI.
• Históricamente, el Estado paga en notas de crédito, no en efectivo.

Cuarenta y seis millones de dólares recaudó Ecuador en apenas dos meses con la tasa de control aduanero cobrada a Colombia, según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI): 

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La cifra duplica los $20 millones que el presidente Daniel Noboa había anunciado el 9 de marzo en Radio Sucre, cuando ese mes aún no cerraba.

Ese dinero ingresó a la cuenta única del Tesoro Nacional y su destino es una incógnita jurídica: si la Comunidad Andina de Naciones (CAN) determina que la medida viola el Acuerdo de Cartagena, los importadores podrían reclamar lo pagado. 

El proceso no sería ni automático, ni sencillo, ni necesariamente en efectivo.

El impacto de la tasa

La tasa entró en vigor el 1 de febrero al 30% sobre el valor en aduana, subió al 50% el 1 de marzo y el 1 de mayo llega al 100%, cifra que los expertos califican como prohibitiva. 

El argumento oficial fue que Colombia incurre en una omisión sistemática en sus controles de salida, lo que traslada costos operativos al Estado ecuatoriano.

Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran el impacto con precisión. 

Pese a eso, marzo casi duplicó la recaudación de febrero porque el 50% encareció cada importación que sí se realizó: menos volumen, pero más caro por unidad. 

Andrés Albuja, economista que impulsó una solicitud ante la CAN para dejar sin efecto la tasa, lo resume con dureza: mientras el gobierno celebra los $46 millones recaudados, las pérdidas diarias estimadas bordean los $5,5 millones".

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Las pérdidas registradas

Frente a los $46 millones recaudados por el SRI, la afectación al comercio es cuantiosa:

En tres meses de disputa, el perjuicio bordea los $800 millones.

Daniel Legarda, exministro y experto en comercio exterior, considera alta la probabilidad de un fallo adverso para Ecuador: una tasa debe estar vinculada a un servicio directo al operador, y el control aduanero es una función del Estado financiada con su propio presupuesto, no un beneficio adicional al importador.

Francisco Ballén, exviceministro de Comercio Exterior, coincide: la medida es violatoria de los compromisos andinos y espera un dictamen de incumplimiento en los próximos días, lo que obligaría a Ecuador a retirar la tasa en un mes. 

Si no lo hace, Colombia o cualquier importador afectado puede iniciar una acción de incumplimiento, aunque antes debe agotar una fase prejudicial ante la propia Secretaría General.

Ecuador también puede recurrir al Tribunal Andino para pedir la nulidad de la resolución. 

Ballén advierte que esa vía extendería el conflicto por años y abre la posibilidad de que Colombia solicite suspender beneficios comerciales a exportaciones ecuatorianas. 

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Terminarían afectándose sectores como la línea blanca, los jugos o las conservas por defender una tasa que, en el marco andino, es muy difícil de sostener jurídicamente.

El escenario jurídico

Marcelo Bodero, abogado experto en derecho comunitario y socio de Bodero y Asociados, explica por qué el escenario jurídico es más complejo de lo que parece. 

El derecho andino es supranacional: está jerárquicamente por encima de cualquier ley o decisión ecuatoriana. 

Tiene dos efectos clave. 

No hace falta que el Comex diga "acepto la decisión". Decide la Secretaría y se deja de cobrar, así de simple, explica Bodero.

En materia de libre circulación de bienes, precisa Bodero, Ecuador cedió soberanía a la CAN. 

Eso significa que no puede imponer aranceles ni medidas de efecto equivalente, que son aquellas que, sin llamarse arancel, tienen el mismo efecto económico. 

Si la Secretaría General determina que la tasa tiene ese carácter, Ecuador deberá dejar de cobrarla de inmediato y devolver todo lo recaudado desde el primer día.

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Lo que dicen los precedentes

El precedente más cercano data de 2018. Ecuador aplicó una Tasa de Servicio de Control Aduanero (TSCA) a todas las importaciones, recaudó $28,1 millones en siete meses y la eliminó en menos de 15 días tras el fallo de la CAN, que la calificó como un gravamen incompatible con el programa de liberación comercial andino.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, agrega el antecedente de 2015: una salvaguardia cambiaria aplicada por el gobierno de Rafael Correa contra Colombia y Perú el 31 de diciembre de 2014 llegó al Tribunal de Justicia de la CAN y tardó varios años en resolverse. 

Bodero recuerda ese mismo caso: Ecuador no pidió autorización previa a la Secretaría General, el estudio económico no logró demostrar lo que el país afirmaba, y la resolución final ordenó devolver lo indebidamente cobrado. 

Ese episodio le costó al país entre $50 y $60 millones.

¿Qué pasaría con las devoluciones?

Ballén precisa que la devolución no sería automática: los importadores tendrían que presentar solicitudes individuales por pago indebido ante el Senae o el SRI y, si el reclamo les es negado, acudir al Tribunal Contencioso Fiscal. El Estado históricamente entrega notas de crédito tributario en lugar de efectivo. 

Bodero, sin embargo, tiene una lectura distinta sobre los tiempos: si la Secretaría General declara la tasa contraria al derecho andino, las empresas podrían ir al SRI a pedir la devolución de forma inmediata. 

El trámite, dice, no debería demorar más de 15 a 30 días.

Legarda añade una complicación nueva que no estuvo presente en 2018: entonces el cobro lo gestionaba la Aduana directamente vía Ecuapass; ahora el pago se canaliza por el SRI, lo que introduce un paso burocrático adicional cuyo procedimiento de devolución aún no está definido en la normativa.

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Sobre la posibilidad de que Ecuador opte por salirse de la CAN para eludir sus obligaciones, Bodero es categórico: no es tan simple. 

Según el propio Acuerdo Andino, las obligaciones permanecen vigentes por dos años tras la salida, y tanto países como empresas y personas pueden seguir exigiendo cuentas durante ese período.

Además, si Ecuador no devuelve lo recaudado, podría enfrentar repercusiones económicas serias, aunque Bodero aclara que nunca ha llegado a ese extremo en la historia de la CAN. 

Albuja añade otra dimensión: además de devolver lo recaudado, Ecuador enfrentaría multas por violar convenios internacionales y sanciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), dado que una sobretasa del 100% excede lo permitido a nivel internacional.

Con el 100% en puerta, la recaudación tiene los días contados. Rivadeneira es directo: con esa tarifa, las importaciones desde Colombia dejan de ser viables. 

En los días previos al cambio, fuentes del sector ya reportan un flujo intenso en la frontera para adelantar importaciones, aunque sin alcanzar niveles previos al conflicto.  

Ante el encarecimiento, los importadores han buscado distintas salidas:

Ninguna será sostenible con el 100%. Legarda lo resume: el 100% hace todo inviable.

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A las 09:45 del lunes 20 de abril del 2026, en el parque La Alameda, a unos pasos de El Churo y frente a la iglesia de El Belén, tres hombres comparten una botella y una manta. Uno sostiene una tijera; otro, la empuñadura de lo que parece un arma.

Algunas mujeres jóvenes que pasan junto a ellos los observan. El resto también los evita, se cambia de acera, aunque en general los residentes dicen que ya no les resultan extraños.

Los dormitorios sin techo

Cerca, frente a la entrada principal de la Asamblea Nacional, comerciantes aseguran que unas 16 personas (todos hombres y una mujer) duermen en la calle. A veces se desplazan unos metros, hasta los alrededores del Hospital Eugenio Espejo, y al día siguiente se dispersan.

Al mediodía, un hombre con el cabello, el rostro, las manos y la ropa visiblemente sucios se acerca a un local donde una mujer fríe empanadas y pide que le regalen una. La dependiente a veces accede, pero “no cuando vienen alterados o con perros”.

Lo que opinan los ciudadanos sobre personas sin hogar

El abogado Manuel Valarezo relata que todos los días, antes de las 08:00, se puede observar a personas que han dormido en la parte baja del edificio Parlamento y otros de los alrededores de la avenida 6 de Diciembre y Hermanos Pazmiño. Otros grupos se ‘alojan’ en Santa Prisca.

“No pido que se los desaloje. No tienen donde dormir. Ojalá el Municipio o el Ministerio de Desarrollo Humano pudieran hacer algo”, comenta.

El Patronato los ha identificado

Carlos Villavicencio, jefe de la Unidad de Servicios de Protección Social del Patronato Municipal, dice que ellos han definido tres tipos de habitantes de calle, como se define a las personas sin techo: 

¿Cómo saber si tienen problemas de salud mental?

A quienes tienen esos perfiles los identifican porque no saben cómo se llaman, en qué día o año están, se lanzan a los vehículos en movimiento, exhiben sus partes íntimas, gritan...

Algunos de estos últimos casos han sido referidos a los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano desde enero. Se trata de dos mujeres: una de unos 40 años que pasa en la Plaza del Teatro y otra de alrededor de 65 años en Puembo. No les han respondido.

EXPRESO solicitó información a los dos ministerios sobre acciones para esta población. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En la av. 10 de Agosto, cerca de la matriz del IESS, un joven arrastra un costal y se sienta apoyándose en la pared de un local. Estudiantes del colegio Mejía y jubilados que caminan por la zona lo miran. 

Vecinos aseguran conocerlo desde niño y recuerdan que agentes de la Dinapen se lo llevaban junto a otros chicos, años atrás. Dicen haberlo visto consumir una sustancia. Permanece en silencio, ajeno a su alrededor; viste una chaqueta y zapatos de suela. Tiene los pantalones abajo de las rodillas. A unos les causa temor; a otros, pena.

Datos sobre habitantes de calle en la capital

Jacques Ramírez, secretario de Inclusión del Cabildo, brinda detalles del diagnóstico: 

¿Son peligrosos?

¿Es un peligro para las personas? Villavicencio responde que representa un riesgo para sus propias vidas. “Hay un riesgo social por la falta de políticas de protección especial en temas de salud mental. Ellos son la punta del iceberg. Debajo hay consumo problemático de sustancias, casos de depresión, aislamiento, ansiedad, etc.”.

De 05:30 a 23:00, equipos del Patronato, con apoyo de los agentes de control, recorren la ciudad. Al ubicar a personas sin techo, les ofrecen llevarlas a los albergues. Si no acceden, no los obligan, ya que podrían acusarlos de rapto, explica el Patronato. 

No se acercan si hay armas o casos de microtráfico. “Son delitos y eso le corresponde a la Policía Nacional”, aclara. Asimismo hacen que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se encargue de quienes liban en el espacio público, incluyendo a indigentes.

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Un vecino dice:

“No me han hecho daño. En la mañana se les ve cargando bultos de ropa, cartones y botellas. Son unos 12 y una mujer. Tienen perros y huelen mal, se nota que beben mucho”, dice un comerciante que se ubica cerca de la Escuela Fiscal Espejo y prefiere no identificarse.

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La opinión de dos especialistas

Berenice Cordero, exministra de Inclusión, ve “un vacío enorme” frente a casos de adicciones, alcoholismo y salud mental, lo que ha causado que muchos sean expulsados de sus núcleos familiares y estén en las calles. 

Le parece que estos temas los maneja la Vicepresidencia, además del Ministerio de Salud. En su período se coordinó con el Municipio.

Cree que hay que “protegerles en las épocas frías, llevarlos a albergues, que tengan lugares para asearse, comer y dormir”.

El psiquiatra Fernando Cornejo recuerda que hace más de una década se cerró el Hospital Psiquiátrico San Lázaro de la capital. Aunque sostiene que lugares tipo manicomio ya no deben existir, cree que hacen falta opciones para estabilizar a quienes no tienen hogar y necesitan protección social.

Por eso lamenta que la eliminación del centro haya sido radical y abrupta. “Hay personas sin comida, sin techo, que deben soportar el frío y que requieren atención en salud”.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que se sabe

• Antecedente. El pasado 16 de abril, Alias Frenillo murió al caer del noveno piso de uno de los edificios ubicados en Puerto Santa Ana.
• Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma.
• Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. Sino se ha convertido en no saber quién habita el mismo edificio

Puerto Santa Ana, un sector que durante los últimos años ha sido símbolo de modernidad, desarrollo urbano y plusvalía en Guayaquil, hoy enfrenta una problemática que se reaviva por la inseguridad entre sus residentes y visitantes, tras la muerte de alias Frenillo, cabecilla de una organización criminal.

Tal como lo ha contado EXPRESO en reportajes anteriores, las constantes denuncias de irregularidades en esta zona han trastocado silenciosamente la convivencia en el sector. La alta rotación de inquilinos y el aumento de los alquileres temporales por medio de la plataforma digital Airbnb provocan incertidumbre.

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El miedo se incrementa en Puerto Santa Ana

"Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Antes uno conoció a sus vecinos; ahora cada semana hay gente distinta por la aplicación Airbnb", comenta Verónica Pedreros, residente de uno de los edificios del sector. Su preocupación no se centra únicamente en las molestias cotidianas, sino en la falta de control sobre quién ingresa y permanece en los departamentos. “No es solo el ruido o las fiestas, es no saber con quién estás compartiendo espacio”, explica.

Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma. "Sigo viviendo aquí porque me gusta el lugar, pero ya no me siento tan seguro como antes . Es una sensación constante de alerta", señala otro residente que prefirió no identificarse.

Expertos en seguridad se refieren al tema

Expertos en seguridad y urbanismo advierten que lo que ocurre en Puerto Santa Ana no es un caso aislado, sino el resultado de cambios en la dinámica de ocupación de los espacios urbanos.

El criminólogo John Garaycoa comentó al respecto: “La seguridad nunca es absoluta… nada es 100 % seguro”. Y va más allá: “Si alguien se propone vulnerar un sistema, es cuestión de tiempo y estrategia”.

Garaycoa insiste en que muchas de las medidas que hoy generan sensación de seguridad (cámaras, accesorios electrónicos, guardias) funcionan tanto para quienes buscan protegerse como para quienes buscan ocultarse. “Los elementos de seguridad benefician al bueno y al malo… no hay que sorprenderse por eso”.

En la práctica, esto significa que incluso con videovigilancia, accesos electrónicos y personal de seguridad , resulta complejo verificar la identidad y antecedentes de quienes ingresan. "Los controles existen, pero tienen vacíos. Si alguien tiene acceso autorizado, puede (hacer) ingresar a terceros sin mayor verificación", sostiene.

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Propietarios que alquilan dan su postura

A esta dinámica se suma otro actor clave: los propietarios que han invertido en el sector como parte de su patrimonio , pero que no residen en el país. Muchos de ellos ponen en alquiler sus departamentos como una fuente de ingresos, delegando la administración a familiares o terceros.

"Yo compré un departamento como inversión familiar , pero vivo fuera del país. Mi hermano es quien se encarga de administrarlo y alquilarlo con Airbnb", señala Andrés Mite. “Nosotros no tenemos ninguna relación con actividades ilícitas, simplemente es un negocio como cualquier otro”.

Otros propietarios coinciden en esta postura. "Es injusto que se generalice. Nosotros alquilamos de manera legal y transparente. No tenemos control total sobre lo que haga cada inquilino, pero tampoco somos responsables de los problemas de seguridad del sector", argumenta María Fernanda Roca, quien reside en Estados Unidos.

Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Cada semana hay gente nueva y eso da miedo.
Verónica pedreros
Moradora

Por su parte, administradores de edificios en Puerto Santa Ana reconocen que, aunque existen protocolos de registro, estos no siempre son suficientes. “Pedimos datos, cédulas, información básica, pero si alguien compra o arrienda a nombre de otra persona por la aplicación, es difícil verificar quién vive realmente”, explica uno de ellos.

Además, hay un factor que condiciona la gestión: el miedo. "Muchas veces se detectan situaciones sospechosas, pero no todos quieren denunciar. No se sabe con quién se está tratando", admite.

Casos recientes han reforzado esta preocupación. Operativos policiales en zonas residenciales han evidenciado la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas dentro de departamentos, lo que ha incrementado la percepción de vulnerabilidad. “Se han visto todos los allamientos, situaciones que antes parecían impensables en este sector”, agrega el administrador.

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Residentes y especialistas sugieren soluciones

Los especialistas concuerdan en que la solución no depende únicamente de los residentes o administradores. La regulación del alquiler temporal, la verificación de la identidad de los ocupantes y el control sobre el uso de las propiedades requieren un marco legal más sólido.

“Se necesita una intervención coordinada entre el Estado, los municipios y el sector privado”, plantea un experto en seguridad. Sin este respaldo, los esfuerzos internos de los edificios resultan limitados.

Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. La inquietud es más profunda y cotidiana: no saber quién habita el mismo edificio, quién entra, quién sale ni con qué propósito. " Se deben realizar operativos y más controles. Hay pisos enteros dedicados a alquileres momentáneos . Eso debe investigarlo y ver qué ocurre adentro", pidió un residente de este sector, resumiendo la incomodidad ciudadana.

Lo que debe saber

• Golpe a la economía nocturna: El toque de queda afectará hasta un 40 % de los ingresos en negocios que dependen de la noche, como bares, cangrejales, mariachis y eventos.
• Temporada alta en riesgo: Mayo, clave por el Día de la Madre, concentra hasta el 70 % u 80 % de ingresos para sectores como mariachis y catering, ahora seriamente comprometidos.
• Seguridad vs. sostenibilidad: Gremios respaldan la medida, pero piden equilibrio y alivios económicos ante pérdidas que podrían ser irreversibles.

Volver a tener seguridad no será gratis para nadie en Ecuador: ese parece ser el mensaje del nuevo toque de queda, debido a la afectación en los ingresos de los negocios que dependen económicamente de la noche. Mariachis, cangrejales, bares y discotecas forman parte del 35 % de las empresas en Guayaquil que operan en turnos nocturnos y concentran la mayor parte de sus ventas en ese horario.

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El nuevo toque de queda regirá desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo, de 23:00 a 05:00, en nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Hay restaurantes, como los cangrejales, que registran sus mayores ventas a partir de las 22:00. “En el último toque de queda mis ingresos bajaron un 40 %, porque trabajo de 14:00 a 01:00, pero la mayor venta es a partir de las 22:00”, le dijo a Diario EXPRESO Xavier Cuesta, dueño de El Cangrejón D’Xavier. Agregó que estima una pérdida económica similar con esta nueva medida tomada por el Gobierno en la lucha contra la inseguridad.

Los mariachis entre los más afectados

Otro sector que indicó que tendrá una alta pérdida económica es el de los mariachis, debido a que mayo es el mes en el que tienen más serenatas. “Cantar en mayo para nosotros representa el 80 % de todos los ingresos que tenemos en el año. En el Día de la Madre tengo que trabajar con tres o cuatro grupos para cubrir la demanda”, señaló Fabián Mendoza, director del mariachi Caballo Blanco.

La situación preocupa también a Gema Delgado, cantante que migró de Manabí a Guayas en busca de trabajo en mariachis. “No hay trabajo en Manabí y migré con la intención de aprovechar la temporada alta de presentaciones, que es en mayo por la celebración del Día de la Madre. Para mí, esta fecha representaba el 70 % de todos los ingresos del año y era cuando aprovechaba para pagar deudas. Ahora no sé qué hacer”, contó.

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Piden excepción para fines de semana

Para la Asociación de Organizadores de Catering y Eventos del Guayas (Asoceg), sus mayores ingresos se concentran en los fines de semana y representan el 70 %. Su vicepresidente, Milton Casanova, planteó al Gobierno que existan excepciones de jueves a viernes. Agregó que los miembros de este gremio necesitan tener ingresos mínimos de 10.000 dólares al mes solo para no quebrar y poder pagar sueldos, alquiler del local y servicios básicos.

Casanova también mencionó que hay presentaciones de artistas internacionales que deberán realizarse más temprano y no en la noche. “Esto quizá no deje ganancias; pero se espera que por lo menos se recupere lo invertido”, comentó.

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El comercio internacional también afectado

Para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el golpe económico promedio será de entre el 30 % y el 40 % en las ventas durante el periodo de toque de queda. En esta cifra hay que tomar en cuenta la logística de exportación e importación, que moviliza contenedores y mercadería en horarios nocturnos. “Y obviamente, el no poder circular es un golpe fuerte también para ellos”, reconoció Miguel González, presidente de la CCG.

González enfatizó en que es importante garantizar la seguridad, pero que también es fundamental encontrar un equilibrio para que las medidas no impliquen pérdidas económicas para los negocios.

En Quito hacen una propuesta al Gobierno

Asimismo, en Quito se estima que la implementación del toque de queda causará una reducción de alrededor del 40 % en las ventas, comentó María Cristina Mora, presidenta de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi).

Pichincha cuenta con al menos 20.000 restaurantes registrados formalmente y 120 gastropubs solo en la capital, y todos están preocupados por las pérdidas económicas durante la celebración del Día de la Madre.

Nelson Calle, director de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador, agregó que las pérdidas serán irrecuperables. “Lamentablemente, el toque de queda no viene acompañado de medidas de alivio económico”, expresó.

Desde la Cámara de Comercio de Quito se propone una semaforización por ciudad y nivel de peligrosidad, así como la extensión de los horarios de trabajo durante los fines de semana para los sectores de comercio, gastronomía y entretenimiento.

Lo que debes saber

• En Guayaquil, ciudadanos dicen que toque de queda no reduce inseguridad y delito se mantiene.
• Jóvenes en Ecuador cuestionan la medida: piden más operativos en zonas conflictivas y control real.
• Adultos mayores en Guayaquil afirman que toque de queda mejora seguridad en sus barrios.

El toque de queda en Ecuador no convence a gran parte de la ciudadanía porque, según testimonios recogidos en Guayaquil, no ha reducido de forma perceptible la inseguridad. Mientras jóvenes y trabajadores señalan falta de control efectivo y desplazamiento del delito, algunos adultos mayores perciben una leve mejora en la seguridad en sus barrios.

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El sol cae sin tregua sobre el centro de Guayaquil. Es un calor espeso, que se pega a la piel y obliga a caminar más lento, como si la ciudad misma pesara.

En la avenida 9 de Octubre, el ruido no descansa: bocinas que suenan una tras otra, vendedores que alzan la voz para hacerse oír y pasos apurados que se entrecruzan sin detenerse. La escena es caótica, viva, intensa.

Aquí, en medio de ese pulso cotidiano, el debate sobre el toque de queda no se siente en discursos oficiales, sino en la voz directa de quienes caminan la ciudad.    

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¿Qué opina el ciudadano de a pie?

En un recorrido por el centro, este Diario conversó con diez ciudadanos de distintas edades. La mayoría coincide en algo: no perciben cambios tras el primer toque de queda y no esperan resultados distintos con el nuevo anuncio. Sin embargo, entre los adultos mayores surge una lectura diferente, más optimista, que habla de una leve mejora en la seguridad.

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Jazmín Avilés camina por la 9 de Octubre como quien espera a alguien, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando se le pregunta si la medida ha tenido algún efecto, responde sin titubeos: “El país sigue igual. Las ciudades con el toque de queda siguen igual. La inseguridad está horrible. Salimos con miedo y agradecemos a Dios cuando regresamos sanos y salvos”.

No cree que el nuevo periodo de restricción cambie el panorama. “En los toques de queda anteriores no ha pasado nada. Entonces no pasará nada ahora. No entiendo por qué la medida si seguimos en lo mismo”, añade.

Adultos mayores apuestan por el toque de queda

A pocas cuadras, en la Plaza San Francisco, el ritmo es otro. Entre quienes descansan en las bancas y quienes cruzan está Francisco Pilay, de 80 años. Camina por salud, dice, y se toma su tiempo para responder. 

Para él, el escenario sí ha mejorado: “Ha servido la medida. Ha bajado la inseguridad. Estábamos mal y ahora ha cambiado bastante el asunto”. La percepción de Pilay se repite en otros adultos mayores. Fátima, ama de casa, sale de la iglesia con paso pausado y una funda pequeña en la mano.

Vivo en uno de los sectores más peligrosos del país y, aunque en ocasiones hay intervenciones policiales y militares, la situación no mejora. El Gobierno debería definir estrategias más efectivas.Steven Borrero

Dice que en su barrio la situación es distinta a la que se escucha en las noticias. “Para mi sector sí ha servido. Tenemos bastante vigilancia porque es una zona comercial. Aunque pasan cosas, la reacción de la Policía es buena”, asevera.

Acerca del nuevo toque de queda, su expectativa no está en cifras ni operativos, sino en algo más simple: “Que haya mejores resultados y se acabe la maldad. Yo le pido a Dios que ayude al presidente para que termine la violencia”.

Los jóvenes esperan más acciones

Pero esa visión no es la dominante. Erik, un joven que avanza rápido con varias fundas de compras, se detiene apenas unos segundos. Su respuesta es directa: “No sirve de mucho porque hay personas que no respetan la ley. Y las autoridades no hacen nada”. 

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Cree que el problema no está en restringir horarios, sino en dónde y cómo se actúa. “Las operaciones deberían hacerse en zonas conflictivas que ya se conocen. Que lleven a las Fuerzas Armadas y hagan intervenciones que realmente bajen la delincuencia”, sostiene antes de seguir su camino.

El contraste se vuelve más marcado con la opinión de Esteban Narváez, comunicador que por trabajo se mueve constantemente. Para él, la situación tiene dos caras. “No siento que sirva, la verdad. Las mafias siguen, el peligro en la calle sigue. A veces detienen a personas que no son los verdaderos responsables, mientras los que cometen delitos siguen afuera”, afirma.

Narváez también apunta a los efectos colaterales de la medida. Habla de retrasos en operaciones laborales, de sanciones económicas y de limitaciones para movilizarse. “Esto afecta a empresas, a trabajadores. Hay gente que ha sido multada porque no llega a tiempo. Y quienes viajan también se ven perjudicados. Si uno llega tarde, puede tener problemas. Es complicado”, explica. Su conclusión es tajante: “Se siente más como una medida de apariencia que una solución real”.

A esta apreciación se suma Carlos Cordovez, gestor cultural, quien mantiene un vínculo activo con el arte y la cultura de la ciudad y considera necesario evaluar el impacto del toque de queda. “En lo personal no me afecta porque no salgo mucho, pero la vida nocturna sí se ve golpeada por la medida. La inseguridad aún se percibe en las calles y las autoridades deben seguir trabajando en ello”, señaló.

Lo que debes saber

• Metro de Quito se paralizó más de seis horas por falla en comunicaciones del Puesto Central de Control.
• Gerente y alcalde explicaron en el Concejo fallo ocurrido el lunes; se descartó intrusión informática.
• Concejales cuestionan mantenimiento y demora en reportar incidente que prolongó suspensión.

La explicación en el Concejo Metropolitano sobre la paralización por más de seis horas del Metro de Quito, lejos de despejar las dudas, dejó más interrogantes.  

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Tras la suspensión del servicio, varios ediles solicitaron la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra, que se concretó desde la mañana hasta la tarde del martes 21 de abril de 2026. En su intervención detalló lo ocurrido el lunes 20, cuando todas las estaciones amanecieron cerradas.

El funcionario explicó que la falla se originó en el sistema de comunicaciones del Puesto Central de Control (PCC), considerado el ‘cerebro’ de la operación. Según dijo, la imposibilidad de mantener enlace con la estación Quitumbe hizo inviable garantizar la seguridad del sistema.

“La seguridad no es negociable”, sostuvo Parra, al recalcar que sin una visibilidad completa de los sistemas en el PCC, no era posible autorizar la operación del metro.

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El propio alcalde, Pabel Muñoz, intentó complementar la explicación asegurando que se trató de un evento aislado y que no hubo fallas en los trenes, en la vía, en el sistema de señalización, ni en las plataformas principales de comunicación. Señaló que el problema se concentró en un ‘switch’, uno de los más de 200 que existen en el metro, cuya falla provocó la pérdida de comunicación entre estaciones.

Según Muñoz, este tipo de eventos activa protocolos automáticos de seguridad que bloquean la operación cuando las estaciones no están interconectadas. 

Aunque el alcalde también dejó abierta la posibilidad de un acto intencional. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, manifestó el mismo día de la suspensión.

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Esa hipótesis, sin embargo, perdió fuerza tras las declaraciones de Parra, quien señaló que, de manera preliminar, se descartó una intrusión informática o amenaza externa. 

Indicó que el dispositivo afectado no se apagó, pero quedó en estado de ‘stand-by’, sin transmitir datos, lo que generó un efecto en cadena que bloqueó otros puntos de comunicación del sistema.

Para el alcalde, también resulta sospechoso que entre la medianoche y las 02:00 del lunes se ejecutó un procedimiento relacionado con el equipo que falló, pero esa intervención no fue reportada de inmediato. De hecho, se conoció recién cerca de las 18:00 de ese día, varias horas después de que el servicio ya fue suspendido.

“Si se hubiera informado, se habría empezado por ahí”, cuestionó Muñoz, quien advirtió que esta omisión impactó directamente en la capacidad de respuesta y prolongó la paralización del sistema.

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Tanto Muñoz como Parra recalcaron que sí se realizan todos los mantenimientos y que lo ocurrido el lunes se trató de un evento aislado.

Concejales cuestionan la versión de la Alcaldía

En el Concejo Metropolitano, las explicaciones no convencieron. El edil Andrés Campaña cuestionó la falta de claridad y pidió al alcalde sustentar sus afirmaciones sobre un posible sabotaje. 

Además, recordó que desde hace más de dos años se ha advertido la necesidad de contar con contratos efectivos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Asimismo, mencionó informes recientes de la CAF (constructora de los trenes) que alertan sobre el desgaste “anormal” de las ruedas de los trenes, cuya sustitución tiene que realizarse este año para evitar problemas mayores. 

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“Ojalá no se produzca un daño a futuro. Y si hay alguna novedad, ojalá la respuesta no sea que hubo un sabotaje”, dijo.

Por su parte, el concejal Wilson Merino acusó al alcalde de especular sin pruebas. Señaló que las declaraciones sobre sabotaje contradicen la versión técnica del gerente y advirtió que esta falta de coherencia debilita la confianza en el proyecto de infraestructura más importante y más costoso del Ecuador.

A estas preocupaciones se sumó la concejala Estefanía Grunauer, quien atribuyó lo ocurrido a la ausencia de un mantenimiento integral desde el inicio del proyecto. También cuestionó la falta de un plan de contingencia efectivo.

Durante la suspensión, agregó, la ciudad enfrentó un colapso en el Trolebús y la Ecovía, evidenciando la dependencia del sistema como eje del transporte urbano. “El metro es la columna vertebral, pero no hay rutas ni frecuencias alternativas claras”, advirtió.

Piden separación de funcionarios

El edil Fidel Chamba, en cambio, pidió que la investigación continúe con total transparencia y que, en caso de confirmarse un sabotaje, se identifique a los responsables. 

Incluso planteó que se separe a los funcionarios vinculados con el mantenimiento y la comunicación del sistema. Y advirtió que de no adoptarse estas medidas, el gerente también deberá asumir responsabilidad por lo ocurrido.

Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) no se descarta ninguna posibilidad. El concejal Adrián Ibarra mencionó que todas las hipótesis siguen abiertas, incluyendo la de un error provocado, y planteó la necesidad de realizar peritajes forenses y pruebas de confianza.

Asimismo, propuso reforzar los sistemas de seguridad mediante un mayor monitoreo y la implementación de mecanismos de redundancia en las telecomunicaciones.

Lo que debes saber

• La Corte Constitucional (CC) aprobó, el 7 de febrero de 2024, el acceso a la muerte digna, tras la demanda de Paola Roldán.
• Hasta la fecha, el Ministerio de Salud Pública ha recibido 13 solicitudes de eutanasia en el país; desde 2024, solo una ha sido aprobada. Además, se registran tres pedidos de información.
• En la sesión No. 080-AN-2025-2029, del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional realizó el primer debate del informe del proyecto de ‘Ley Orgánica de la Eutanasia '.

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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Cuestionamientos al origen de la ley

En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

La eutanasia evidencia que todos hemos fallado. ¿Cómo hablar de ella con tanta ligereza en un país donde ni siquiera se garantizan medicamentos básicos? Tengo 14 años en cuidados paliativos y la mayoría de pacientes no quiere morir, sino dejar de sufrir. Con esta ley, el Estado podría reducir costos al dejar de atender ciertos casos.Diego Jimbo, fundador de Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas

Una historia personal que marca el debate

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó el punto de quiebre. “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”, rememora Gavilanes que le dijo su hijo; una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que, 20 días después, lo llevó a despertar. Desde entonces, sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

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Déficit en cuidados paliativos

Además, añade Jimbo, es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025. El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, Martha Cecilia Villafuerte asevera que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos, pese a su relevancia. Dice que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves, advierte.

Lo que estamos viendo es falta de coherencia jurídica y legislativa. Los asambleístas terminan siguiendo agendas impuestas, en lugar de asumir una postura firme en la defensa de derechos fundamentales. Se ha desviado la atención hacia debates secundarios, cuando lo urgente es garantizar atención en salud, medicamentos y cuidados paliativos.Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador

La vida como prioridad del Estado

En ese contexto, Gavilanes insiste en que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes.

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

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Coincidencias en condiciones para su aplicación

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXPRESO coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo detalla que la normativa debería establecer requisitos técnicos estrictos. Señala que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de al menos tres meses y contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar esta opción. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Antes de tomar decisiones de esta magnitud, el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a tratamientos, cuidados paliativos y un sistema de salud oportuno y humano. No se puede hablar de eutanasia sin asegurar primero condiciones dignas de atención médica. Nosotros luchamos por la vida de nuestros hijos.Edwin Gavilanes, fundador de la organización Ariel Chicho Gavilanes

Dudas sobre la efectividad de los controles

Villafuerte advierte que, aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes, como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.

Lo que debes saber

• Noboa aplica toque de queda en marzo 2026 en la Costa; bajan homicidios nocturnos por restricción de movilidad
• Expertos dicen que el crimen se desplaza tras la medida en Ecuador; no cae por falta de control territorial
• Tras fin del toque de queda en Manabí y El Oro, vuelven ataques por reacomodo de bandas criminales

El toque de queda impulsado por el presidente Daniel Noboa logró reducir homicidios en horarios nocturnos, pero expertos advierten que no disminuye el crimen de forma estructural, sino que lo desplaza hacia otros territorios y momentos. Mientras el Gobierno destaca capturas y control temporal, analistas señalan que, sin inteligencia sostenida y políticas integrales, la medida puede generar solo una sensación momentánea de seguridad.

El presidente Daniel Noboa volvió a apostar por el toque de queda como eje de la “segunda fase de seguridad”. La medida se presenta como respuesta a los resultados obtenidos entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, cuando el Gobierno reportó descensos en indicadores de violencia, especialmente en zonas de la Costa bajo estado de excepción.

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Durante ese periodo, datos oficiales mostraron una reducción de homicidios en horarios nocturnos y una aparente recuperación del control territorial. Sin embargo, el levantamiento de la medida fue seguido por una serie de hechos violentos de alto impacto que pusieron en duda esos resultados.

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia, el problema es metodológico. Asegura que el toque de queda no desarticuló estructuras criminales, sino que provocó su desplazamiento hacia otras zonas del país.

Según su análisis, la reducción de violencia en la Costa responde a la ausencia temporal de los delincuentes, no a una disminución estructural del delito.

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Violencia tras el fin de la medida

Pazmiño advierte que, tras el levantamiento del toque de queda, se registraron nuevas masacres en provincias como Manabí y El Oro. Esto evidenciaría el retorno de organizaciones criminales a territorios previamente controlados, lo que cuestiona la efectividad real de la medida en el mediano plazo.

El experto en seguridad Daniel Pontón ofrece una lectura distinta. Reconoce que en Guayaquil hubo una caída de hasta el 70 % en homicidios durante las horas restringidas.

No obstante, señala que esa reducción se compensó con incrementos en otros horarios, lo que impide una disminución sostenida en la cifra total de muertes violentas.

¿Éxito político más que resultado en seguridad?

Pontón plantea que el Gobierno podría estar midiendo el éxito del toque de queda en función de indicadores políticos, como la credibilidad o el respaldo ciudadano, más que en la reducción efectiva del crimen.

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Desde la academia, Diego Pérez cuestiona la vigencia de la medida. Sostiene que el toque de queda ha perdido su capacidad disuasiva por su uso reiterado y que ya no resulta efectivo en el contexto actual.

Las estadísticas actuales no son reales y una evaluación seria solo podría hacerse entre 6 y 8 meses después de aplicada la medida, cuando se sostenga el control del territorio.Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College

Pérez advierte que anunciar con anticipación estas medidas permite a las economías criminales adaptarse, reorganizarse y moverse antes de su aplicación, reduciendo aún más su impacto.

Resultados operativos: capturas clave

Entre los resultados reportados por el Gobierno se encuentra la captura de un objetivo de alto valor, alias Wiwi o Teniente, así como la detención de integrantes de Los Choneros, incluidos alias Pelado Kevin, Picoaza, Chucho, Abogado, Manteco, Barbie y Muñeca.

Tal vez (para el Gobierno) la valoración no sea solo en reducción del crimen, sino en indicadores como credibilidad o aceptación presidencial y mejorar la imagen.Daniel Pontón, experto en seguridad

Lo ocurrido sugiere que, sin control territorial sostenido, inteligencia operativa y políticas complementarias, el toque de queda puede generar solo una sensación temporal de calma, mientras el crimen se reorganiza y reaparece en otros espacios o momentos.

Los puntos claves

• En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas cuestiona a la ATM y plantea que todos quienes la integran deben renunciar, en medio de críticas a la gestión del transporte en Guayaquil.
• El especialista también asegura que en Monte Sinaí,  el Municipio no está presente y, por ello, servicios básicos como el agua son controlados por bandas criminales.
• Advierte que el sistema de transporte en Guayaquil está colapsado, califica a la Metrovía como “terrible” y señala que la Aerovía es un mal negocio que, sin cambios urgentes, se volverá insostenible.

En entrevista con EXPRESO, César Cárdenas describe un escenario crítico en Guayaquil y apunta a problemas en la administración municipal, la gestión de la ATM y el rol de la alcaldesa subrogante, además de fallas en el sistema de transporte público.

La Aerovía, desde el inicio, fue un mal negocio para la ciudad porque el Municipio aporta el 85 % y no recibe ningún retorno. No ha devuelto absolutamente nada. La justificación para subir la tarifa se basa en que el contrato permite “ajustar” el valor, pero ajustar no significa subirlo. Ni la Real Academia lo define así. Esa interpretación es una excusa, una justificación tonta que responde a la intención de perjudicar al pueblo. Incluso la ATM no ha tomado buenas decisiones, y en el Concejo se ha planteado implementar un sistema de taxis desde Durán hasta El Recreo, lo que encarece aún más el servicio. ¿Qué hacer? Analizar la medida, echarse para atrás y ampliar la ruta para captar usuarios: llevarla al sur hasta la Playita y al norte hasta la terminal terrestre. Solo así podría ganar miles de usuarios. Si no se hace, el sistema, como está, va a colapsar y será insostenible.

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En todo. Es un bonito servicio. Claro, con plata ajena se pueden hacer muy bien las cosas. Es cómodo y agradable a la vista, pero no va a resistir. Yo espero que las autoridades cambien de parecer, planifiquen como debe ser. La Aerovía es un mal negocio y el error viene de todos lados: de las autoridades que la propusieron y de las actuales que no han decidido generar un cambio. Los ciudadanos hemos venido advirtiendo las fallas, pero no escuchan. No tienen la capacidad de escuchar. Y no quiero decirles ‘sordas’ porque insulto a los sordos. Lo único que les interesa es quedar bien con quienes tienen plata, con quienes tienen negocio. No les importa quedar mal con la ciudad y su gente.

La Metrovía es terrible (...). La solución es que el Municipio compre buses para el sistema y compita de igual a igual con los operadores privados, que también presentan fallas. He conversado con transportistas y hoy es imposible, por ejemplo, poner aire acondicionado. Tienen deudas y la tarifa no se ha revisado en años, por eso piden un ajuste justo. Yo estaría de acuerdo con los 40 centavos que solicitan. Incluso como Observatorio sabemos que apoyar una subida genera rechazo, pero es lo responsable porque los problemas del transporte se sienten todos los días. Y repito: nadie hace nada. La ATM no escucha a nadie. Y si una autoridad no sabe servir al público, debería renunciar.

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Creemos que toda la ATM debería irse a su casa. Toda. Y elegir, mediante concursos, a profesionales de los colegios y gremios para administrar el transporte público en Guayaquil. El problema no es solo ahí. El tránsito es caótico, no hay agentes suficientes, la señalética no es efectiva, la semaforización es bastante irreal… y todos esos problemas los sentimos en la cotidianidad. Por eso insisto: la ATM tiene que irse.

No creo que se haya desencadenado una crisis. Lo que tenemos hoy es una alcaldesa que no está preparada para ser alcaldesa. Ese es el problema. Ella debe ser reemplazada de inmediato. O sea, tanto Aquiles como la alcaldesa (s) deben ser reemplazadas de inmediato conforme lo estipula la ley del Cootad.

En el caso de Aquiles Álvarez, cualquier ciudadano, alcalde, presidente o quien sea, debe ser sometido a la justicia; si es inocente, que lo declaren inocente, pero si es culpable, debe pagar conforme a la ley. Pero, en cualquiera de los casos —y esto es importante—, no deben jamás usarse recursos municipales para defender al individuo.”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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En Guayaquil los agentes están, pero no actúan

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En que ella nunca ha administrado nada. Si no has administrado ni una tienda, ¿cómo va a administrar una ciudad? Y si alguien no tiene capacidad para administrar, no debería aceptar un cargo. Guayaquil tiene inundaciones, calles dañadas y problemas de alcantarillado que no se resuelven. Hay recursos de demandas ganadas que deberían usarse en obras, pero no se hace. Y lo que se ejecuta hoy es lo visible, no lo urgente. Lo que se necesita es que los concejales definan quién tiene capacidad para administrar la ciudad.

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Nadie. Pero ya falta poco para elegir otro alcalde o alcaldesa. Mientras tanto, tocará aguantar a una autoridad que no sabe administrar y a concejales que no permiten ni impulsan la participación ciudadana. Las sesiones del Concejo se han convertido en un cónclave. Por ejemplo, solo entra quien está en lista. Siendo públicas, eso no debería ocurrir. Toda la administración municipal está mal y hay deudas históricas con la ciudad que deben saldarse.

Más que una crisis coyuntural, lo que evidencia Guayaquil es una falta de capacidad en la administración municipal, que se refleja en la ausencia de respuestas concretas a los problemas estructurales.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

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Con la privatización del agua y el alcantarillado, que fue un mal negocio. No se debe permitir que Interagua busque extender el contrato por 30 años más sin un nuevo proceso de licitación en igualdad de condiciones.

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En que hace lo que le da la gana. Solo le interesa el negocio, no el interés ciudadano. Invierten poco, no escuchan. No entienden que el servicio debe ir de la mano con la ciudadanía.

Corregir la concesión del agua potable y alcantarillado es lo primero: fue un mal negocio desde su origen”César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. 

El agua. En invierno el problema del alcantarillado es grave. El norte y el suburbio se inundan. Y cuando hay lluvia y marea alta, la gente camina en el agua. Yo no sé por qué todavía, por ejemplo, los ciudadanos no demandan al Municipio, a Interagua y a Emapag, por la pérdida y los daños que tiene la gente. Nos da miedo litigar con los grandes. Pero creo que ya es hora de que los ciudadanos piensen realmente en activar los mecanismos legales para lograr que haya una compensación por los daños que ocasionan las inundaciones.

Interagua se escuda en un contrato para hacer desastre. Dicen que el corte será de 23 horas, por ejemplo, pero en la práctica pasan más, a veces días  sin agua en varios sectores y nadie hace nada. ¿Sabe por qué? Porque la gente no reclama sus derechos porque tiene miedo de litigar contra los grandes.César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

- ¿Ese problema se limita al agua?

- No. Es general. Pero un caso extremo es Monte Sinaí, donde viven cerca de 50.000 familias y el Estado prácticamente no existe. Ahí grupos de delincuencia organizada manejan el agua: cobran por conexiones y por el servicio diario. Lo hemos denunciado, pero no pasa nada. Las autoridades no actúan. Las leyes no están hechas para garantizar derechos, sino que terminan perjudicando a la gente.

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Asimismo. Interagua capta agua del río Daule, ya contaminado, la trata y la vuelve potable, pero los químicos y metales pesados del proceso son devueltos al mismo río, lo que vuelve a contaminarlo. Pese a conocerlo, no toman medidas para remediarlo. Por eso impulsamos una acción de protección que busca remediación, no dinero, y que esperamos ganar. Los guayaquileños estamos en indefensión. Es la realidad y la razón de nuestra eterna lucha. 

Es más importante invertir en alcantarillado y agua que en obras estéticas; una jardinera, lo que se ha hecho en Guayarte que, sí, puede estar bonito, no puede estar por encima de un servicio básico. Por citar solo un caso, en Guayaquil a diario se pierden 600 millones de litros de agua al día por tuberías sin reemplazo. No se invierte en lo prioritario. César Cárdenas, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.

Esto es lo que debe saber:

• La nueva resolución de la Junta redefine cómo se protege el dinero de los clientes: la Cosede  intervendrá como última opción y se priorizarán soluciones de mercado antes de usar el seguro.
• Cosede asegura que el cambio permitirá que los depositantes puedan acceder a sus recursos de manera más ágil, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos.
• Además, se fija un orden obligatorio de pagos en caso de cierre: primero trabajadores, luego pequeños depositantes y grupos vulnerables, y finalmente el resto.

La cobertura del seguro sobre los depósitos de clientes de bancos y cooperativas tiene nuevas reglas de juego. La Cosede, entidad encargada de proteger estos recursos, actuará como última instancia para su devolución. Y en caso de cierre de instituciones, los fondos deberán entregarse según un orden de prelación.

Economía y negocios

La Superintendencia defiende solidez del sistema y aclara los motivos de liquidación de cooperativas

Lisbeth Zumba

La reforma consta en una resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), emitida el pasado 3 de abril, que aclara los pasos a seguir en el proceso de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP), el    mecanismo que permite, antes de la liquidación de una entidad financiera, trasladar los depósitos de los clientes (junto con los activos que los respaldan) a una institución sana. Según la norma, la Cosede podrá aportar recursos para facilitar esta transferencia, pero siempre y cuando    dicho aporte no supere el costo que implicaría el pago del seguro individual.

La Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) explicó a EXPRESO que la facultad de participar con recursos en el ETAP no es nueva, pues ya está contemplada en el artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero. No obstante, la    novedad ahora es el orden en que debe seguirse este proceso. Antes de aplicar este mecanismo, primero se deberán evaluar las soluciones disponibles en el mercado. Si estas alternativas no son viables o no cubren a todos los depositantes, la Cosede, solo en ese caso, intervendrá garantizando el pago del seguro.

Los procesos de liquidación de cooperativas registrados son casos particulares y específicos.Comunicado de la SEPS

La entidad aclara que este enfoque “responde a una gestión prudente y alineada a buenas prácticas internacionales”, y permite que “los depositantes accedan a sus recursos de manera más ágil y continua, sin necesidad de esperar el proceso de pago del seguro de depósitos”.

Para el experto financiero Carlos Rodríguez, los cambios son significativos, porque antes de esta resolución “las autoridades no analizaban otras opciones; la salida más fácil era que la Cosede liquide y punto”. Ahora, añade, en un contexto en el que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) continúa con un proceso de depuración de cooperativas con problemas, esto también cobra mayor valor, pues la Junta estaría buscando salvaguardar los niveles de liquidez del fondo.

¿Qué cooperativas están en proceso de liquidación?

Hasta febrero de este año, dice, el Seguro de Depósitos Popular y Solidario contaba con 1.243 millones de dólares, recursos que serían insuficientes para cubrir los depósitos de las cooperativas más grandes en caso de una eventual quiebra.

Solo en los dos últimos años, debido a problemas de gestión o solvencia, la Superintendencia ha ordenado la liquidación de al menos cuatro cooperativas: Cámara de Comercio de Ambato, CREA, Incoop y Cariamanga.

Economía y negocios

Estas son las cooperativas en liquidación forzosa, en el último año en Ecuador

Lisbeth Zumba

La resolución de la Junta encendió las alarmas en redes sociales sobre posibles nuevos cierres. Sin embargo, el pasado lunes, mediante un comunicado, la SEPS aclaró que las liquidaciones registradas hasta ahora responden a problemas puntuales dentro de un sistema cooperativo que, aseguró, “se mantiene fuerte, sólido y sostenible”.

La entidad de control enfatizó que los cierres recientes se derivan de fallas propias de cada institución, “producto de una corresponsabilidad directa de sus órganos de gobierno” y de la incapacidad para superar los procesos de supervisión.

Los pagos deberán seguir un orden prioritario

Pero este no es el único cambio. La resolución de la Junta también establece que el administrador temporal de una entidad en cierre deberá ahora cumplir un orden de prelación estricto y obligatorio para la transferencia de pasivos, en función de los activos disponibles. Así, antes de cualquier transferencia, deberán reservarse recursos líquidos para cubrir, en primer lugar, los compromisos laborales.

En segundo lugar se priorizará a los depositantes cuyos montos no superen el límite de cobertura vigente, sin incluir intereses. Posteriormente, se atenderán los depósitos que excedan dicha cobertura, pertenecientes a personas de grupos de atención prioritaria. Y finalmente al resto de depositantes.

La norma, dice el experto, establece tiempos, para que los procesos de devolución no puedan tardar más allá de los 20 días que, por norma, la Cosede fijó para devolver estos recursos.

De ahí que es necesario que en el proceso de ETAP no solo se realicen procesos de valoración minuciosos y transparentes, sino ágiles, para no afectar ni a empresas ni a depositantes. Antes de la resolución, la Cosede llegaba a tardar entre 9 y 10 días en hacer las devoluciones, la mitad del tiempo límite permitido.

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Sobre este mercado

Reforma. La Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP) es un mecanismo mediante el cual, antes de la liquidación de una entidad financiera, se busca trasladar los depósitos de los clientes, junto con activos que los respaldan, a una entidad financiera sana. La norma fija cuándo la Cosede debe actuar.

Desembolsos: La Cosede ha cancelado en los últimos cinco años $180 millones, correspondientes a 37 entidades en procesos de liquidación. Según la entidad,    los procesos implementados han permitido fortalecer la capacidad operativa del seguro, incluyendo mecanismos más ágiles de pago, como transferencias a cuentas de los beneficiarios.

Salud del sistema: Según la Superintendencia de Economía Popular, este sector, en su conjunto, suma un total de $32.675 millones en activos, tiene un índice de solvencia del 16,32 % y una liquidez del 38,16 %. Estos indicadores, según el ente, superan los mínimos legales y reflejan una estructura “sólida y sostenible”.

Lo que debes saber

• Beret confirma concierto en Quito el 8 de mayo en la Casa de la Cultura
• El artista explica cómo la tristeza impulsa la creación de sus canciones
• Su nueva etapa musical se basa en el concepto japonés kintsugi

El cantante español Beret atraviesa una nueva etapa artística marcada por la reconstrucción emocional, concepto central de su gira Lo más bello y lo roto. En entrevista con EXPRESIONES, el artista reflexiona sobre su presente, el rol de la tristeza en su música y su conexión con el público, mientras se prepara para su concierto en Quito en mayo de 2026.

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La conversión se dio entre Guayaquil y Sevilla, en una distancia que no se sintió pese a los kilómetros que nos separaban del artista. A través de una pantalla de Zoom, Beret aparece relajado, risueño y con un tono cercano que rompe rápido la formalidad. Bromea, se ríe con facilidad y, en medio del calor que marca la ciudad, se sopla con un abanico blanco mientras responde. La escena, cercana y espontánea, contrasta con la intensidad de su agenda. No hay prisa en sus palabras, aunque su calendario diga lo contrario.

Su más reciente etapa artística se construye desde una idea clara: aceptar las grietas. Inspirado en el kintsugi, el arte japonés que repara lo roto con oro, su último disco convierte la fragilidad en discurso. No es solo una referencia estética, es una forma de entender lo que escribe y lo que vive. Lo bello y lo roto, como también se titula su gira, funciona como un mapa emocional que conecta con una audiencia que ha crecido con sus canciones.

En esta entrevista con EXPRESIONES, el artista español habla desde ese lugar. Entre conciertos, viajes y nuevas canciones, reflexiona sobre la música, la tristeza como motor creativo y el momento personal que atraviesa al borde de una nueva década.

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Más allá del artista y el trabajo, ¿cómo está usted en este momento?

Estoy en un momento muy bonito porque tengo la mente completamente en mayo, que tengo 17 conciertos en 30 días. Se dice rápido, pero es una locura. Estoy muy feliz porque voy a hacer muchos conciertos en países muy diferentes y se han llenado casi todos. Para mí, que vivo en el sur de España, que a 1000 km se llenen conciertos me parece un premio brutal. Personalmente también estoy contento. Soy una persona bastante positiva, aunque mi letra parezca lo contrario.

Se le nota muy emocionado al hablar de esto. Además, usted tiene varios hobbies. Ha aprendido incluso a usar patinetas con los dedos. Esto lo vinculo con el concepto del kintsugi en su disco. ¿Le gustaría profundizar en ese arte de reparar piezas?

Sí. De hecho, me pasó hace poco que en una entrevista en España me regalaron un pack de kintsugi, con pegamento dorado para unir piezas. En la propia entrevista rompí un jarrón y lo arreglé. Me parece que todo lo que engloba el kintsugi tiene un mensaje muy resiliente, muy bonito.

¿Se animaría a profundizar más en ese tipo de prácticas o por ahora es solo un hobby?

Creo que desde hace bastante tiempo todo lo que sea resiliencia, psicología y paz mental lo investigo. Así que sí, puede ser.

Esta búsqueda personal, ¿cree que se ha intensificado ahora que está cerca de los 30 años?

Justo hace 20 minutos hablaba con un amigo de eso. Creo que con 30 años empieza cierta prisa por algunas cosas. Te das cuenta de que cuando tenías 15 o 20 años veías a los de 30 como mayores y ahora eres tú. Yo empecé con la música a los 17 y tuve la suerte de encontrar lo que quería hace tiempo. Sé que he venido a transmitir un mensaje mío, que por casualidad a la gente le gusta y le ayuda. Con 30 años, lo que busco es vivir al menos 30 más. Me quedan muchas cosas por conocer, pero la base para tener estabilidad mental la he conseguido y eso me da paz.

¿Su base seguirá siendo España o contempla mudarse a ciudades como Miami o Ciudad de México?

No vivo en ningún sitio realmente. Siempre digo que las cartas me llegan a Sevilla, pero nada más. Estoy viajando constantemente: vengo de Dublín, estuve en París, ahora voy a México, luego Ecuador. Desde pequeño aprendí que mi casa soy yo.

En su música hay una presencia constante de la tristeza. ¿Es su mejor aliada para crear?

Más que mi mejor amiga, es mi motor. Cuando estoy contento no me apetece hacer canciones, quiero estar con amigos. Cuando estoy mal, necesito desahogarme escribiendo. Por eso la gente conecta tanto con mi música triste.

¿Tiene canciones alegres dentro de su repertorio actual?

Sí, claro. Tengo Si por mí fuera, Porfa no te vayas y Cupido Pero entiendo que la gente me identifique con lo triste porque hay baladas mías con muchísimas reproducciones. Es como el Big Mac de McDonald’s: es lo más conocido, pero hay mucho más. En mis conciertos se ve que soy de todo menos triste.

Usted recientemente colaboró con Dulce María en una nueva versión de Ojalá. ¿Cómo surge esta colaboración?

La conozco desde hace años. Cantamos juntos en el Teatro Metropolitan en Ciudad de México en 2023. Nos conocimos por redes. Yo la conocía porque mi hermana era fan de Rebelde. Cuando me escribió, me sorprendió mucho. Sentí que la historia de la canción encajaba con ella y que debía ser la protagonista del videoclip. El remix fue increíble. Lo cantamos en la Arena Ciudad de México.

Para sus shows en Ecuador, ¿planea invitar a algún artista local?

Me gustaría. De hecho, la próxima semana quiero investigar artistas que hayan hecho covers de mis canciones. Me encantaría invitar a alguien, aunque a veces por logística no se puede.

Con una agenda tan intensa, ¿cómo hace para disfrutar las ciudades que visita?

Después de tantos años, he aprendido a organizarme. Doy el concierto, descanso y al día siguiente hago turismo. Si tengo poco tiempo, intento salir antes de la prueba de sonido. En Ecuador creo que tendré algo de tiempo libre, así que intentaré conocer.

Finalmente, Hablo de ti, su última canción, no forma parte de su último disco. ¿Es el inicio de una nueva etapa?

Es un sencillo que tenía ganas de compartir. Probablemente forme parte del siguiente disco.

¿Algún mensaje para su público en Ecuador?

A toda mi familia de Ecuador, tengo muchas ganas de veros, de quitaros de redes y daros un abrazo. Os espero en el show.

Ecuador lo espera en Mayo

El cantautor español Beret incluye a Ecuador en su gira Lo más bello y lo roto con un único concierto en Quito. La presentación será el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en un formato pensado para espacios cerrados y conexión directa con el público.

Las entradas están disponibles a través de TicketShow. Los precios van desde $ 40 en Luneta Alta hasta $ 90 en Beret Box. El show forma parte de una gira que recorre Latinoamérica y Europa, y que se basa en el concepto de reconstrucción emocional presente en su más reciente trabajo.

Lo que se sabe

• El barrio Chamanal de Obrapía cumplirá 100 años de fundado, en 2027
• Sus habitantes organizan mingas y acciones colectivas para mejorar el entorno
• El Municipio de Loja no respondió a una solicitud de EXPRESO para entrevista

En el occidente de Loja, el barrio Chamanal de Obrapía no solo enfrenta problemas estructurales, sino también una lucha diaria por mantener la dignidad en medio del abandono. 

Sus calles, sin asfalto y deterioradas por el paso del tiempo y la falta de intervención, son el escenario donde vecinos conviven con el riesgo, pero también con la solidaridad.

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Caminando entre piedras en el barrio lojano

Caminar por el sector es encontrarse con piedras sueltas, zanjas y desniveles que dificultan el paso. Cuando llueve, el panorama se vuelve aún más complejo: el lodo cubre todo y transforma las calles en verdaderas trampas. 

Sin embargo, para quienes viven allí, no hay alternativa; deben salir, trabajar y continuar con sus actividades, pese a los obstáculos.

Manuel Armijos, uno de los moradores, describe esta realidad con claridad. Cuenta que no es un problema reciente, sino una situación que se ha arrastrado durante años. 

A pesar de la cercanía con el centro de la ciudad, siente que el barrio ha sido dejado de lado. Aun así, recalca que la comunidad no pierde la esperanza de ser escuchada.

El barrio Chamanal de Obrapía está cerca del centro de Loja

Preocupación por perros abandonados

Pero el deterioro de las calles no es el único desafío. La presencia de perros callejeros se ha convertido en una preocupación constante. Los vecinos aseguran que los animales recorren el barrio en grupos y sin control. 

A pesar del panorama adverso, en Chamanal de Obrapía la comunidad intenta sostenerse a través de la organización y la colaboración. Andrea Elizabeth Castillo explica que los vecinos han propuesto mingas y acciones colectivas para mejorar su entorno. 

Aunque los esfuerzos no han sido suficientes, reflejan el compromiso de quienes viven en el sector por no dejar caer su barrio.

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En Guayaquil hay "desconexión total" de la ciudad con la naturaleza: Rodrigo Junco

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Basura en las calles del barrio Chamanal de Obrapía

Uno de los problemas que más golpea la convivencia es la acumulación de basura en la entrada del barrio. Según los moradores, personas ajenas llegan a dejar desechos, lo que ha convertido el lugar en un foco de contaminación. Esta situación no solo genera malos olores, sino que también atrae a los animales que suelen escarbar entre los desechos.

Alcira Alcívar, quien ha vivido más de quince años en el sector, observa con tristeza cómo los lotes baldíos se han transformado en botaderos improvisados. 

Para ella, el problema también pasa por la falta de conciencia ciudadana. Aun así, insiste en que la comunidad necesita apoyo para poder enfrentar esta situación de manera efectiva.

La historia de Deisy Masache refleja el impacto directo de estas condiciones en la vida diaria. Madre soltera de cuatro hijos, cuenta que cada vez que llueve, teme salir de casa. 

En dos ocasiones ha sufrido caídas mientras cargaba a su hijo pequeño, debido al lodo en las calles. Su testimonio evidencia cómo el abandono no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de las familias de este barrio.

A esto se suma la preocupación por la inseguridad. Minio Sarmiento, quien ha vivido más de sesenta años en el barrio, asegura que la falta de atención ha permitido que la delincuencia comience a ganar espacio.

Según relata, en horas de la mañana y la noche se han registrado robos, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

El desorden vial en la avenida Villonaco es otro de los puntos críticos. Los moradores denuncian que buses urbanos se estacionan sin control, generando congestión y riesgos constantes. 

Carlos Andrés Riofrío considera que esta situación requiere regulación urgente, ya que pone en peligro tanto a los peatones como a los conductores de vehículos.

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A pesar de todo, en Chamanal de Obrapía aún se percibe un fuerte sentido de comunidad. Los vecinos se conocen, se apoyan y buscan soluciones dentro de sus posibilidades. 

Las mingas, las conversaciones entre moradores y el deseo de mejorar su entorno son señales de una comunidad que no se rinde ante el abandono.

Sin embargo, coinciden en que el esfuerzo comunitario no es suficiente frente a problemas estructurales que requieren intervención. La falta de respuesta ha generado frustración, pero también ha fortalecido la unión entre quienes habitan el sector.

EXPRESO buscó una respuesta por parte de las autoridades municipales, sin obtener pronunciamiento hasta el cierre de este reportaje.

Mientras tanto, en Chamanal de Obrapía la vida continúa entre calles deterioradas, basura acumulada y preocupación constante. Pero también sigue viva la voluntad de sus habitantes, que no dejan de insistir en algo básico: ser escuchados.

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Lo que debes saber

• Corte Nacional de Justicia aprobó el 13 de abril norma sobre firmas de sentencias tras ausencia definitiva de jueces.
• La resolución permite a jueces sucesores firmar o revocar fallos si no comparten criterio anunciado en audiencia.
• Abogados alertan riesgos para seguridad jurídica y cosa juzgada por posibles manipulaciones judiciales.

En un país donde la justicia está entregada al gobierno y/o a las mafias, cualquier modificación en su administración huele a podrido. Hasta los cambios que pueden ser buenos huelen a podrido y, cuando las cosas son así, sospechar se convierte en la única actitud cívica posible. 

Te invitamos a leer| Así disciplina el gobierno de Daniel Noboa a los jueces

Ese es el precio que debe pagar un país donde el poder, ya sea el político o el de las mafias, se ha apoderado casi totalmente de cortes, tribunales, jueces, fiscales y fiscalías, y ciertamente, del Consejo de la Judicatura que desde hace ya algunos años responde a intereses oscuros: unas veces políticos y otras mafiosos.

Es lo que pasa con la resolución de la Corte Nacional de Justicia adoptada por el pleno de ese organismo el 13 de abril. La resolución establece que, si un juez, luego de dictar su sentencia oral, se ausenta definitivamente, el juez que lo suceda deberá firmar la sentencia escrita “siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por quienes intervinieron en la audiencia y anunciaron dicha decisión”. 

¿La razón para tanta sospecha y tanta condena, de abogados honestos y de trayectoria límpida? Básicamente, porque aparece como una ventana -o ventanota- para las más horrendas manipulaciones legales.

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Esta es la resolución de la Corte

En su parte medular, lo resuelto por los jueces dice: “Cuando se designe un juez o jueza unipersonal, o uno o más juzgadores para integrar o completar un tribunal que ya hubiere pronunciado decisión oral, el nuevo juez o jueza unipersonal, o el tribunal con la nueva conformación, reducirá a escrito la sentencia, siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por aquel que intervino en audiencia y anunció la decisión oral”. 

En principio, el texto suena a una medida sensata para agilitar los trámites legales en caso de que un juez se ausente luego de dictar la sentencia.

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Una patología amenaza a tres jueces

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El problema aparece en varios puntos, y uno de ellos es que se abre la posibilidad de que ese juez no comparta el criterio de su antecesor y no firme la sentencia. ¿Y entonces qué pasa? 

“El nuevo juez puede decidir si firma o no, y, si no quiere hacerlo, podría revocarla y abrir otro caso”, sostiene el abogado Gonzalo Muñoz. Es decir, estaría destruyendo el principio de la cosa juzgada y los derechos que una sentencia genera.

El peligro de la resolución

Por ejemplo, si el juez, que luego se ausenta definitivamente, haya declarado inocente a una persona en su sentencia oral. Como dijo en redes sociales el abogado Joffre Campaña, se ha inaugurado con esta resolución la “tercera instancia”. 

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Para el penalista Pablo Encalada, la decisión de la Corte es, por lo bajo, peligrosa. Según él, en este país es perfectamente posible que el Consejo de la Judicatura, si no le ha gustado un fallo, destituya al juez que dio la sentencia oral o que algún mafioso lo asesine. 

Encalada cree que es demasiado sospechoso que todos los jueces de la Corte Nacional no se hayan percatado de este vacío que se genera con su resolución.

Así podría darse el cambio de sentencias

De acuerdo con la decisión de la Corte, los pasos para que se cumpla la resolución son los siguientes:

Corte tomó un fallo de la Constitucional

Para tomar la decisión, en todo caso, la Corte se sustentó en principios que están en la Constitución: el artículo 75, que habla de tutela judicial efectiva, inmediatez y celeridad; y el 169, que establece que la justicia no se sacrifica por meras formalidades. 

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La Corte Nacional no está inventando, en todo caso, la rueda. Se apoya en un precedente de la mismísima Corte Constitucional, la sentencia 344-16-EP-21, según la cual un rígido acatamiento del principio de inmediatez podría comprometer otros principios procesales como el de celeridad. 

El mensaje central de la resolución es que la Corte está poniendo los principios de celeridad y de inmediación en una balanza y prefiere el primero.

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¿Qué es el principio de inmediación, entonces? Que quien juzga es alguien que ha seguido todo el caso, que ha visto las pruebas y escuchado a las partes. 

Y que eso no haya ocurrido produce algunas dudas: ¿puede el nuevo juez, que no estuvo ahí, que no vio las caras, que no escuchó el tono de los testigos, realmente captar al 100 % el criterio decisional original? Es una solución pragmática, sí, pero plantea la posibilidad de que se cometan los más horrendos actos.

Los riesgos con funcionarios cuestionados

De acuerdo con Pablo Encalada, en la práctica podrían ocurrir cosas como esta: qué tal que, dictada la sentencia que no le gusta al gobierno, un ministro -por ejemplo, el de Trabajo, Harold Burbano- le inventa a los jueces un impedimento para ejercer el cargo, como hizo con Alexandra Villacís para que no presida la Judicatura. Por eso, dice, la seguridad jurídica se reduce a cero absoluto.

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Anteriormente, es decir hasta antes del 13 de abril, si un juez luego de dictar su sentencia oral desaparecía del mapa, su sucesor tenía que firmarla tal y como había quedado. Es decir, el reemplazo hacía simplemente el papel de notario. 

¿Había otra solución? Claro que sí: de acuerdo a penalistas consultados, el problema se generó cuando los jueces empezaron a redactar larguísimas sentencia con citas académicas, entre otras. Por eso, se podría obligar a los jueces a dictar sentencias orales mucho más cortas y firmarlas al mismo tiempo en que dictan la decisión oral.

Las claves del caso

• Exconsejero del CPCCS busca anular su censura mediante medida cautelar de la CIDH.
• Tras su destitución, el exfuncionario no descarta una candidatura para las elecciones seccionales.
• Denuncia presiones del oficialismo y advierte falta de transparencia en el concurso de la Fiscalía.

Tras siete meses de su destitución mediante juicio político, el exconsejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, ha retomado sus actividades en la cátedra y la consultoría. Sin embargo, la reciente decisión de la CIDH de admitir su caso genera expectativas sobre una posible medida cautelar. Según Albán, si la Comisión actúa a tiempo, se podría suspender su inhabilidad para ejercer cargos públicos, permitiéndole asumir nuevos retos en la administración pública.

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El caso de Gonzalo Albán llegó a la CIDH

- Se cumplirán siete meses de su destitución, ¿cómo ha llevado este tiempo?

He regresado a mis actividades convencionales, como la cátedra y la consultoría.

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- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite su caso. ¿Qué espera conseguir de la Comisión?

Para mí, lo importante es que no permanezcan estos precedentes nefastos como los que pasaron en mi juicio político.

La expectativa de regresar al servicio público

- ¿Hay la posibilidad de que se suspenda su censura para ser funcionario público?

Podría darse que la CIDH acepte una medida cautelar para que, durante el tiempo que se estudia el caso, se levante la inhabilidad. Veamos si la Comisión logra analizar esto en el tiempo concerniente y, de ser así, por qué no asumir un reto para poder llegar a aspirar a un cargo público.

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- ¿Quiere regresar al servicio público pese a lo que denunció como consejero?

Si estamos en la línea de la administración pública, por qué no ser también candidatos y representar esas voces que, a lo mejor, puedan verse guiadas por una potencial candidatura. Hay una intención de cambiar el país, pero no se asume el riesgo de ser candidato o de tomar la batuta.

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Albán y las seccionales de 2026

- ¿Hay la posibilidad de que participe en las seccionales de 2026?

No lo sabemos; son condiciones de la misma Comisión, que tiene sus tiempos. Soy respetuoso de cómo la Comisión actúe frente a ello.

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- ¿Intentaría regresar al CPCCS?

No es una posibilidad. El Consejo, desde mi experiencia, no cumple su objetivo en materia de designación de autoridades de control; adicionalmente, sí creo que podría fortalecerse por otras vías, pero no es algo que por ahora esté en mi campo de acción.

- ¿Quiere ser asambleísta, alcalde o prefecto?

Hay que analizar bien para qué se podría estar mejor calificado. Mi formación en administración pública me permite aspirar a algunos espacios, pero no es algo que por el momento haya estudiado.

CPCCS no logró cumplir su objetivo

- Una propuesta de enmienda del Ejecutivo plantea trasladar la designación de autoridades a la Asamblea. ¿Cree que eso soluciona los problemas que denunció cuando fue consejero?

Es volver al modelo original que existía previamente, pero que también tenía cuestionamientos por la politización de las autoridades de control. El CPCCS fue un experimento para intentar resolver esa problemática, pero no lo logró. Volver al Parlamento no resuelve el problema, pero al menos transparenta quién respalda a quién.

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- ¿Cree que en el caso de Alexandra Villacís sucedió eso, de que nadie parecía tener la responsabilidad? ¿Se actuó de forma correcta?

Quien llevó a cabo el proceso de designación del Consejo de la Judicatura fue el mismo CPCCS y un cuerpo colegiado de consejeros. Lo que debía haber hecho el Consejo fue velar por que lo que este había trabajado y cumplido se respete. La posesión de Villacís de manera inmediata era lo que cabía.

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La presión del oficialismo en el CPCCS

- ¿Cree que hubo influencia del oficialismo? ¿Usted fue testigo de presiones cuando fue consejero?

Esto es algo a lo que ha estado expuesto el CPCCS siempre, donde la cooptación de instituciones va a primar. Una incidencia para que alguien no pueda posesionarse sí despierta alertas.

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- ¿El oficialismo tiene control sobre el CPCCS?

Fui consejero y tuve la presión de un juicio político de la bancada oficialista. No tuve una llamada directa, pero fue un mensaje claro.

- ¿Cree que el concurso de Fiscal General también terminará siendo cuestionado por las alertas de la veeduría ciudadana?

El proceso ha demostrado algunas falencias. La legitimidad se gana también en la opinión de la ciudadanía.

Lo que debes saber

• El presidente informó que habrá un subsidio para los hogares que consuman hasta 180 kWh.
• Analistas señalan que los cortes eléctricos se deben a falta de inversión en transmisión y distribución, no a un fenómeno solar.
• Analistas alertan que el subsidio profundizará el déficit del sector eléctrico, estimado en unos 598 millones de dólares.

El presidente del país, Daniel Noboa, anunció el 20 de abril que el Gobierno subsidiará el costo de la planilla de luz de hasta 180 kWh por hogar, para las familias afectadas por la tormenta solar.

“Para las familias ecuatorianas, he ordenado un alivio en la planilla de luz en las zonas afectadas por la tormenta solar: hasta 180 kWh por hogar. Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, indicó el mandatario como parte de un anuncio de medidas que incluyó, en medio de un cambio de liderazgo en el ámbito energético. 

La tormenta solar a la que Noboa se refirió es a las altas temperaturas que azota a la costa ecuatoriana y que comenzaron el 13 de abril de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), con temperaturas de 33 a 35 °C y sensaciones térmicas cercanas a 40 °C.

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Altas temperaturas elevaron el consumo de electricidad

Según las declaraciones en los últimos días del presidente, así como de la ministra de Energía, Inés Manzanos, las altas temperaturas empujaron a un mayor consumo de aires acondicionados en los hogares que se reflejaron en un costo elevado en la planilla de luz.

No obstante, este subsidio es anunciado después de cientos de quejas ciudadanas por frecuentes apagones en ciudades como Guayaquil, Manta y Santa Elena.

Más gasto para el Estado

El analista experto en energía, Darío Dávalos, menciona a EXPRESO que este nuevo subsidio (si bien beneficia a la ciudadanía), ahondará también el hueco financiero para el sector eléctrico, ya que según lo estableció la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) el año pasado, el déficit para este 2026 es de alrededor de 598 millones de dólares. “Eso debe cubrir el presupuesto general del Estado”.

Y es que el experto indica que, si bien hay una ola de calor, no existe una “tormenta solar”, como lo indica el presidente y a la que ha señalado como una de las culpables de los últimos cortes eléctricos.

“Hay un informe del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) del mes de marzo de este año, advirtiendo de estos eventos (cortes de energía) por la falta de un plan de inversión agresivo en la expansión de la transmisión y distribución. Si hace falta, es una cuestión de gestión del sector, no de una tormenta solar”, indica.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), el costo medio nacional del servicio eléctrico para este año es 12,83 centavos de dólar por kWh, lo que quiere decir que 180 kWh representa alrededor de 23 dólares al mes. 

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Consumo típico de un hogar

Esta cantidad de energía al mes es el consumo típico de un hogar ecuatoriano donde viven entre 2 y 4 personas, sin aire acondicionado permanente. Con este nuevo alivio financiero, quienes consuman hasta los 180 kWh no pagarán por la planilla, y quienes consuman más, pagarán el excedente.

Para el analista económico, Jorge Calderón, el alza de las planillas por aumento de consumo en los aires acondicionado, es un nuevo indicador que le grita al Estado que avance en la diversificación de la matriz energética, para que pueda evitarse este tipo de compensaciones porque, coincide, se genera una presión en el gasto público.

“Este tipo de eventos climáticos se volverán más recurrentes, por lo que estas compensaciones no serán medidas que se puedan aplicar a cada rato”, añade el analista.

No sería la primera vez que el presidente Daniel Noboa dispone este alivio en las planillas de energía. Ya lo hizo para los meses de diciembre de 2024 y de enero y febrero de 2025, asimismo con una gratuidad para las tarifas de hasta 180 kWh.

En este alivio de 2025, más de 5 millones de usuarios residenciales se beneficiaron del descuento y según la Arconel, esta ayuda, por esos tres meses, tuvo un costo de $131,20 millones para el Estado.

Lo que debes saber

• Lluvias y falta de energía amenazan la transparencia y participación en las próximas seccionales.
• El rechazo ciudadano al mandatario y la crisis de seguridad debilitan las opciones del oficialismo.
• La percepción de persecución en Quito y los procesos judiciales en Guayaquil definirán los votos.

El estratega político y electoral Antonio Tramontana conversa con EXPRESO para analizar el panorama de las elecciones seccionales de 2026. El también consultor político alerta sobre posibles apagones el día de las votaciones, así como cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre ADN, el movimiento de Daniel Noboa, señala que una eventual candidatura de Annabella Azín a la Alcaldía de Guayaquil podría ser contraproducente, aunque considera que no debería presentar candidatos en todo el país. También sostiene que el Gobierno atraviesa una crisis de comunicación que debe empezar a resolverse con la salida de la secretaria Irene Vélez.

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Posibles apagones y un Daniel Noboa desgastado

- Toque de queda, crisis en salud y seguridad, cortes de energía y más. ¿Hay tiempo para pensar en las elecciones seccionales?

La premisa fundamental para adelantar las seccionales es la probabilidad del 60 % de lluvias de un fenómeno de El Niño. El temor es que se inunden los recintos y que la gente no salga a votar. Termina la elección, se hace la auditoría de cuántos votos hay y empieza el conteo; pero si en la noche no hay luz, ¿cómo se transmite la información? A la lluvia le corremos, ¿pero y a la luz? Ya en 2024 nos fastidió el que no haya luz.

- Encuestas recientes muestran un mayor desgaste del presidente Daniel Noboa. ¿Eso podría afectar a los candidatos del oficialismo?

Las organizaciones políticas tienen bases, estructuras y militantes. Eso lo tienen partidos que tienen sus problemas; otros que, teniéndolo, perdieron su hegemonía. Aquí no hay que decir que hay victoria, a no ser que existan candidatos camuflados. No lo sé, dejemos que ocurra.

Revolución Ciudadana y una alerta de tiranía

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana cambia el panorama electoral?

Es una marca (la Revolución Ciudadana), hay que reconocerlo. Es un reloaded. Lo único que yo defiendo es que dentro de la democracia no se inocule el veneno DDT (dictadura democrática totalitaria). Para ejercerla basta un personaje, un político, un prototipo de hombre PASA (prepotencia, abuso, soberbia y autoritarismo). ¿A dónde va todo esto? A la tiranía.

- ¿Estamos en ese punto?

Incipientemente germina.

- ¿Cómo evitar que florezca y que Ecuador entre en tiempos oscuros?

Mantengamos el secreto porque para eso nunca se dice cómo se actúa. Esto posiblemente lo calificamos de ineptitud. Hemos definido un marco en el cual es bonito que la cancha esté delineada, pero con árbitro en contra, cancha inclinada... eso no es un partido.

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Las posibilidades de Jorge Yunda, Aquiles Álvarez y Annabella Azín

- En Quito, ¿cree que Jorge Yunda podría desequilibrar la elección para alcalde?

En política hay revanchas. Al señor le hicieron cargamontón en su momento y resultó que la justicia lo declaró inocente. Si la gente interpreta que en algún momento le hicieron el cargamontón, la elección está ganada.

- ¿La prisión preventiva de Aquiles Álvarez deja abierta la elección para la Alcaldía de Guayaquil?

Una cosa es Álvarez como persona, otra es él como alcalde, otra es el Municipio de Guayaquil y otra son los guayaquileños. En comunicación política debe señalarse que esos cuatro elementos conforman las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tiene que hacer el GAD? Sostener las cosas. Si se llevó lo que se llevó, que es algo que está siendo probado, la pregunta es qué le quitó al que debió haber aprovechado ese dinero para hacer una casa, una carretera, para tener salud, seguridad. ¡Expliquen las cosas, señores del Gobierno!

- El presidente ha lanzado el nombre de su mamá, la asambleísta Annabella Azín, como posible candidata a la Alcaldía. ¿Acierto o error?

Hablemos de hipótesis. Ella gana la Alcaldía, pero el señor Noboa tiene que ir a la reelección en dos años. Si pierde la reelección, ella queda desamparada. Ella es una médica, ¿pero qué sucede con el sistema sanitario, con la atención médica en el país? No pregunto nada más.

- Si la política da revanchas, ¿esta elección puede ser la del Partido Social Cristiano?

Depende de Jaime Nebot. Tiene que saber a quién va a jugar, pero intuyo porque estuvo la señora María Gloria Alarcón, que fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Sin embargo, así como Guayaquil será un bastión de pelea de voto a voto, Samborondón va a ser otro bastión de una consolidación de alguna tendencia política.

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ADN no debería presentar candidatos en 2026

- ¿Cuál sería el mejor resultado que pueda obtener en oficialismo en las seccionales?

Cuando Alianza PAIS decidió lanzar al expresidente Rafael Correa y no asambleístas, fue algo genial porque se sabía a dónde iba. (Lo mejor sería) No tener candidatos. Eso se llama inteligencia política. Para eso se necesita consomé de avispa tierna. Hay que saber jugar. Solo se trata de tener la sensibilidad del ciudadano de la calle, ese que no tiene el dólar para comer, pero sí el dólar para pagar la ‘vacuna’.

- ¿El oficialismo se expone a una nueva derrota?

El oficialismo, si no se da cuenta que cuando el mandatario pasó en el vehículo y alguien le gritó lo que le gritó, no está en nada. Ese grito es de coraje, ira, rabia, rechazo y la ‘r’ que me gusta mucho: de rebelión. Y eso se puede ver reflejado en noviembre.

Cambio de ministros y el mensaje oculto de Pinto

- ¿Cree que el nuevo toque de queda y los cambios ministeriales responden a un intento de aliviar ese enojo?

Solo es un refresh. Y vienen más porque la fuerza centrífuga expulsa a la gente. Él tiene que tomar decisiones que le van a hacer bien, y el bien de él es el bien del país.

- ¿Los cuestionamientos a la vicepresidenta María José Pinto empeoran el panorama?

Ni le suma ni le resta. Ella hizo una jugada muy interesante. El columpio significó “yo quiero estar en paz”. Ella tiene la sutileza de hacer las cosas a su estilo y con su comunicación.

Irene Vélez debe dejar la comunicación del Gobierno

- Si el Gobierno quiere dar un giro, ¿por dónde debería empezar?

Lo que es emergente, urgente, prioritario, necesario, importante y permanente es... (hace un gesto de despedida con la mano). La comunicación contamina el problema.

- ¿La secretaria Irene Vélez debe salir del Gobierno?

A buscar skincare, sí.

Lo que se sabe

• Antecedente. El pasado 16 de abril, Alias Frenillo murió al caer del noveno piso de uno de los edificios ubicados en Puerto Santa Ana.
• Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma.
• Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. Sino se ha convertido en no saber quién habita el mismo edificio

Puerto Santa Ana, un sector que durante los últimos años ha sido símbolo de modernidad, desarrollo urbano y plusvalía en Guayaquil, hoy enfrenta una problemática que se reaviva por la inseguridad entre sus residentes y visitantes, tras la muerte de alias Frenillo, cabecilla de una organización criminal.

Tal como lo ha contado EXPRESO en reportajes anteriores, las constantes denuncias de irregularidades en esta zona han trastocado silenciosamente la convivencia en el sector. La alta rotación de inquilinos y el aumento de los alquileres temporales por medio de la plataforma digital Airbnb provocan incertidumbre.

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Diana Sotomayor

El miedo se incrementa en Puerto Santa Ana

"Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Antes uno conoció a sus vecinos; ahora cada semana hay gente distinta por la aplicación Airbnb", comenta Verónica Pedreros, residente de uno de los edificios del sector. Su preocupación no se centra únicamente en las molestias cotidianas, sino en la falta de control sobre quién ingresa y permanece en los departamentos. “No es solo el ruido o las fiestas, es no saber con quién estás compartiendo espacio”, explica.

Esta situación ha impactado directamente en la percepción de seguridad. Varios moradores coinciden en que, aunque el sector mantiene infraestructura moderna y sistemas de vigilancia, la tranquilidad ya no es la misma. "Sigo viviendo aquí porque me gusta el lugar, pero ya no me siento tan seguro como antes . Es una sensación constante de alerta", señala otro residente que prefirió no identificarse.

Expertos en seguridad se refieren al tema

Expertos en seguridad y urbanismo advierten que lo que ocurre en Puerto Santa Ana no es un caso aislado, sino el resultado de cambios en la dinámica de ocupación de los espacios urbanos.

El criminólogo John Garaycoa comentó al respecto: “La seguridad nunca es absoluta… nada es 100 % seguro”. Y va más allá: “Si alguien se propone vulnerar un sistema, es cuestión de tiempo y estrategia”.

Garaycoa insiste en que muchas de las medidas que hoy generan sensación de seguridad (cámaras, accesorios electrónicos, guardias) funcionan tanto para quienes buscan protegerse como para quienes buscan ocultarse. “Los elementos de seguridad benefician al bueno y al malo… no hay que sorprenderse por eso”.

En la práctica, esto significa que incluso con videovigilancia, accesos electrónicos y personal de seguridad , resulta complejo verificar la identidad y antecedentes de quienes ingresan. "Los controles existen, pero tienen vacíos. Si alguien tiene acceso autorizado, puede (hacer) ingresar a terceros sin mayor verificación", sostiene.

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Propietarios que alquilan dan su postura

A esta dinámica se suma otro actor clave: los propietarios que han invertido en el sector como parte de su patrimonio , pero que no residen en el país. Muchos de ellos ponen en alquiler sus departamentos como una fuente de ingresos, delegando la administración a familiares o terceros.

"Yo compré un departamento como inversión familiar , pero vivo fuera del país. Mi hermano es quien se encarga de administrarlo y alquilarlo con Airbnb", señala Andrés Mite. “Nosotros no tenemos ninguna relación con actividades ilícitas, simplemente es un negocio como cualquier otro”.

Otros propietarios coinciden en esta postura. "Es injusto que se generalice. Nosotros alquilamos de manera legal y transparente. No tenemos control total sobre lo que haga cada inquilino, pero tampoco somos responsables de los problemas de seguridad del sector", argumenta María Fernanda Roca, quien reside en Estados Unidos.

Ya no sabemos quién vive al lado o quién nos visita. Cada semana hay gente nueva y eso da miedo.
Verónica pedreros
Moradora

Por su parte, administradores de edificios en Puerto Santa Ana reconocen que, aunque existen protocolos de registro, estos no siempre son suficientes. “Pedimos datos, cédulas, información básica, pero si alguien compra o arrienda a nombre de otra persona por la aplicación, es difícil verificar quién vive realmente”, explica uno de ellos.

Además, hay un factor que condiciona la gestión: el miedo. "Muchas veces se detectan situaciones sospechosas, pero no todos quieren denunciar. No se sabe con quién se está tratando", admite.

Casos recientes han reforzado esta preocupación. Operativos policiales en zonas residenciales han evidenciado la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas dentro de departamentos, lo que ha incrementado la percepción de vulnerabilidad. “Se han visto todos los allamientos, situaciones que antes parecían impensables en este sector”, agrega el administrador.

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Residentes y especialistas sugieren soluciones

Los especialistas concuerdan en que la solución no depende únicamente de los residentes o administradores. La regulación del alquiler temporal, la verificación de la identidad de los ocupantes y el control sobre el uso de las propiedades requieren un marco legal más sólido.

“Se necesita una intervención coordinada entre el Estado, los municipios y el sector privado”, plantea un experto en seguridad. Sin este respaldo, los esfuerzos internos de los edificios resultan limitados.

Para muchos residentes, la preocupación ya no gira únicamente en torno a robos o hechos violentos puntuales. La inquietud es más profunda y cotidiana: no saber quién habita el mismo edificio, quién entra, quién sale ni con qué propósito. " Se deben realizar operativos y más controles. Hay pisos enteros dedicados a alquileres momentáneos . Eso debe investigarlo y ver qué ocurre adentro", pidió un residente de este sector, resumiendo la incomodidad ciudadana.

Lo que debes saber

• Corte Nacional de Justicia aprobó el 13 de abril norma sobre firmas de sentencias tras ausencia definitiva de jueces.
• La resolución permite a jueces sucesores firmar o revocar fallos si no comparten criterio anunciado en audiencia.
• Abogados alertan riesgos para seguridad jurídica y cosa juzgada por posibles manipulaciones judiciales.

En un país donde la justicia está entregada al gobierno y/o a las mafias, cualquier modificación en su administración huele a podrido. Hasta los cambios que pueden ser buenos huelen a podrido y, cuando las cosas son así, sospechar se convierte en la única actitud cívica posible. 

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Es lo que pasa con la resolución de la Corte Nacional de Justicia adoptada por el pleno de ese organismo el 13 de abril. La resolución establece que, si un juez, luego de dictar su sentencia oral, se ausenta definitivamente, el juez que lo suceda deberá firmar la sentencia escrita “siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por quienes intervinieron en la audiencia y anunciaron dicha decisión”. 

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En su parte medular, lo resuelto por los jueces dice: “Cuando se designe un juez o jueza unipersonal, o uno o más juzgadores para integrar o completar un tribunal que ya hubiere pronunciado decisión oral, el nuevo juez o jueza unipersonal, o el tribunal con la nueva conformación, reducirá a escrito la sentencia, siempre que comparta el criterio decisional previamente adoptado por aquel que intervino en audiencia y anunció la decisión oral”. 

En principio, el texto suena a una medida sensata para agilitar los trámites legales en caso de que un juez se ausente luego de dictar la sentencia.

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Martin Pallares

El problema aparece en varios puntos, y uno de ellos es que se abre la posibilidad de que ese juez no comparta el criterio de su antecesor y no firme la sentencia. ¿Y entonces qué pasa? 

“El nuevo juez puede decidir si firma o no, y, si no quiere hacerlo, podría revocarla y abrir otro caso”, sostiene el abogado Gonzalo Muñoz. Es decir, estaría destruyendo el principio de la cosa juzgada y los derechos que una sentencia genera.

El peligro de la resolución

Por ejemplo, si el juez, que luego se ausenta definitivamente, haya declarado inocente a una persona en su sentencia oral. Como dijo en redes sociales el abogado Joffre Campaña, se ha inaugurado con esta resolución la “tercera instancia”. 

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Para el penalista Pablo Encalada, la decisión de la Corte es, por lo bajo, peligrosa. Según él, en este país es perfectamente posible que el Consejo de la Judicatura, si no le ha gustado un fallo, destituya al juez que dio la sentencia oral o que algún mafioso lo asesine. 

Encalada cree que es demasiado sospechoso que todos los jueces de la Corte Nacional no se hayan percatado de este vacío que se genera con su resolución.

Así podría darse el cambio de sentencias

De acuerdo con la decisión de la Corte, los pasos para que se cumpla la resolución son los siguientes:

Corte tomó un fallo de la Constitucional

Para tomar la decisión, en todo caso, la Corte se sustentó en principios que están en la Constitución: el artículo 75, que habla de tutela judicial efectiva, inmediatez y celeridad; y el 169, que establece que la justicia no se sacrifica por meras formalidades. 

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La Corte Nacional no está inventando, en todo caso, la rueda. Se apoya en un precedente de la mismísima Corte Constitucional, la sentencia 344-16-EP-21, según la cual un rígido acatamiento del principio de inmediatez podría comprometer otros principios procesales como el de celeridad. 

El mensaje central de la resolución es que la Corte está poniendo los principios de celeridad y de inmediación en una balanza y prefiere el primero.

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¿Qué es el principio de inmediación, entonces? Que quien juzga es alguien que ha seguido todo el caso, que ha visto las pruebas y escuchado a las partes. 

Y que eso no haya ocurrido produce algunas dudas: ¿puede el nuevo juez, que no estuvo ahí, que no vio las caras, que no escuchó el tono de los testigos, realmente captar al 100 % el criterio decisional original? Es una solución pragmática, sí, pero plantea la posibilidad de que se cometan los más horrendos actos.

Los riesgos con funcionarios cuestionados

De acuerdo con Pablo Encalada, en la práctica podrían ocurrir cosas como esta: qué tal que, dictada la sentencia que no le gusta al gobierno, un ministro -por ejemplo, el de Trabajo, Harold Burbano- le inventa a los jueces un impedimento para ejercer el cargo, como hizo con Alexandra Villacís para que no presida la Judicatura. Por eso, dice, la seguridad jurídica se reduce a cero absoluto.

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Anteriormente, es decir hasta antes del 13 de abril, si un juez luego de dictar su sentencia oral desaparecía del mapa, su sucesor tenía que firmarla tal y como había quedado. Es decir, el reemplazo hacía simplemente el papel de notario. 

¿Había otra solución? Claro que sí: de acuerdo a penalistas consultados, el problema se generó cuando los jueces empezaron a redactar larguísimas sentencia con citas académicas, entre otras. Por eso, se podría obligar a los jueces a dictar sentencias orales mucho más cortas y firmarlas al mismo tiempo en que dictan la decisión oral.

Lo que debes saber

• En Guayaquil, ciudadanos dicen que toque de queda no reduce inseguridad y delito se mantiene.
• Jóvenes en Ecuador cuestionan la medida: piden más operativos en zonas conflictivas y control real.
• Adultos mayores en Guayaquil afirman que toque de queda mejora seguridad en sus barrios.

El toque de queda en Ecuador no convence a gran parte de la ciudadanía porque, según testimonios recogidos en Guayaquil, no ha reducido de forma perceptible la inseguridad. Mientras jóvenes y trabajadores señalan falta de control efectivo y desplazamiento del delito, algunos adultos mayores perciben una leve mejora en la seguridad en sus barrios.

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El sol cae sin tregua sobre el centro de Guayaquil. Es un calor espeso, que se pega a la piel y obliga a caminar más lento, como si la ciudad misma pesara.

En la avenida 9 de Octubre, el ruido no descansa: bocinas que suenan una tras otra, vendedores que alzan la voz para hacerse oír y pasos apurados que se entrecruzan sin detenerse. La escena es caótica, viva, intensa.

Aquí, en medio de ese pulso cotidiano, el debate sobre el toque de queda no se siente en discursos oficiales, sino en la voz directa de quienes caminan la ciudad.    

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¿Qué opina el ciudadano de a pie?

En un recorrido por el centro, este Diario conversó con diez ciudadanos de distintas edades. La mayoría coincide en algo: no perciben cambios tras el primer toque de queda y no esperan resultados distintos con el nuevo anuncio. Sin embargo, entre los adultos mayores surge una lectura diferente, más optimista, que habla de una leve mejora en la seguridad.

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Jazmín Avilés camina por la 9 de Octubre como quien espera a alguien, mirando de vez en cuando su teléfono. Cuando se le pregunta si la medida ha tenido algún efecto, responde sin titubeos: “El país sigue igual. Las ciudades con el toque de queda siguen igual. La inseguridad está horrible. Salimos con miedo y agradecemos a Dios cuando regresamos sanos y salvos”.

No cree que el nuevo periodo de restricción cambie el panorama. “En los toques de queda anteriores no ha pasado nada. Entonces no pasará nada ahora. No entiendo por qué la medida si seguimos en lo mismo”, añade.

Adultos mayores apuestan por el toque de queda

A pocas cuadras, en la Plaza San Francisco, el ritmo es otro. Entre quienes descansan en las bancas y quienes cruzan está Francisco Pilay, de 80 años. Camina por salud, dice, y se toma su tiempo para responder. 

Para él, el escenario sí ha mejorado: “Ha servido la medida. Ha bajado la inseguridad. Estábamos mal y ahora ha cambiado bastante el asunto”. La percepción de Pilay se repite en otros adultos mayores. Fátima, ama de casa, sale de la iglesia con paso pausado y una funda pequeña en la mano.

Vivo en uno de los sectores más peligrosos del país y, aunque en ocasiones hay intervenciones policiales y militares, la situación no mejora. El Gobierno debería definir estrategias más efectivas.Steven Borrero

Dice que en su barrio la situación es distinta a la que se escucha en las noticias. “Para mi sector sí ha servido. Tenemos bastante vigilancia porque es una zona comercial. Aunque pasan cosas, la reacción de la Policía es buena”, asevera.

Acerca del nuevo toque de queda, su expectativa no está en cifras ni operativos, sino en algo más simple: “Que haya mejores resultados y se acabe la maldad. Yo le pido a Dios que ayude al presidente para que termine la violencia”.

Los jóvenes esperan más acciones

Pero esa visión no es la dominante. Erik, un joven que avanza rápido con varias fundas de compras, se detiene apenas unos segundos. Su respuesta es directa: “No sirve de mucho porque hay personas que no respetan la ley. Y las autoridades no hacen nada”. 

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Cree que el problema no está en restringir horarios, sino en dónde y cómo se actúa. “Las operaciones deberían hacerse en zonas conflictivas que ya se conocen. Que lleven a las Fuerzas Armadas y hagan intervenciones que realmente bajen la delincuencia”, sostiene antes de seguir su camino.

El contraste se vuelve más marcado con la opinión de Esteban Narváez, comunicador que por trabajo se mueve constantemente. Para él, la situación tiene dos caras. “No siento que sirva, la verdad. Las mafias siguen, el peligro en la calle sigue. A veces detienen a personas que no son los verdaderos responsables, mientras los que cometen delitos siguen afuera”, afirma.

Narváez también apunta a los efectos colaterales de la medida. Habla de retrasos en operaciones laborales, de sanciones económicas y de limitaciones para movilizarse. “Esto afecta a empresas, a trabajadores. Hay gente que ha sido multada porque no llega a tiempo. Y quienes viajan también se ven perjudicados. Si uno llega tarde, puede tener problemas. Es complicado”, explica. Su conclusión es tajante: “Se siente más como una medida de apariencia que una solución real”.

A esta apreciación se suma Carlos Cordovez, gestor cultural, quien mantiene un vínculo activo con el arte y la cultura de la ciudad y considera necesario evaluar el impacto del toque de queda. “En lo personal no me afecta porque no salgo mucho, pero la vida nocturna sí se ve golpeada por la medida. La inseguridad aún se percibe en las calles y las autoridades deben seguir trabajando en ello”, señaló.

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A las 09:45 del lunes 20 de abril del 2026, en el parque La Alameda, a unos pasos de El Churo y frente a la iglesia de El Belén, tres hombres comparten una botella y una manta. Uno sostiene una tijera; otro, la empuñadura de lo que parece un arma.

Algunas mujeres jóvenes que pasan junto a ellos los observan. El resto también los evita, se cambia de acera, aunque en general los residentes dicen que ya no les resultan extraños.

Los dormitorios sin techo

Cerca, frente a la entrada principal de la Asamblea Nacional, comerciantes aseguran que unas 16 personas (todos hombres y una mujer) duermen en la calle. A veces se desplazan unos metros, hasta los alrededores del Hospital Eugenio Espejo, y al día siguiente se dispersan.

Al mediodía, un hombre con el cabello, el rostro, las manos y la ropa visiblemente sucios se acerca a un local donde una mujer fríe empanadas y pide que le regalen una. La dependiente a veces accede, pero “no cuando vienen alterados o con perros”.

Lo que opinan los ciudadanos sobre personas sin hogar

El abogado Manuel Valarezo relata que todos los días, antes de las 08:00, se puede observar a personas que han dormido en la parte baja del edificio Parlamento y otros de los alrededores de la avenida 6 de Diciembre y Hermanos Pazmiño. Otros grupos se ‘alojan’ en Santa Prisca.

“No pido que se los desaloje. No tienen donde dormir. Ojalá el Municipio o el Ministerio de Desarrollo Humano pudieran hacer algo”, comenta.

El Patronato los ha identificado

Carlos Villavicencio, jefe de la Unidad de Servicios de Protección Social del Patronato Municipal, dice que ellos han definido tres tipos de habitantes de calle, como se define a las personas sin techo: 

¿Cómo saber si tienen problemas de salud mental?

A quienes tienen esos perfiles los identifican porque no saben cómo se llaman, en qué día o año están, se lanzan a los vehículos en movimiento, exhiben sus partes íntimas, gritan...

Algunos de estos últimos casos han sido referidos a los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano desde enero. Se trata de dos mujeres: una de unos 40 años que pasa en la Plaza del Teatro y otra de alrededor de 65 años en Puembo. No les han respondido.

EXPRESO solicitó información a los dos ministerios sobre acciones para esta población. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En la av. 10 de Agosto, cerca de la matriz del IESS, un joven arrastra un costal y se sienta apoyándose en la pared de un local. Estudiantes del colegio Mejía y jubilados que caminan por la zona lo miran. 

Vecinos aseguran conocerlo desde niño y recuerdan que agentes de la Dinapen se lo llevaban junto a otros chicos, años atrás. Dicen haberlo visto consumir una sustancia. Permanece en silencio, ajeno a su alrededor; viste una chaqueta y zapatos de suela. Tiene los pantalones abajo de las rodillas. A unos les causa temor; a otros, pena.

Datos sobre habitantes de calle en la capital

Jacques Ramírez, secretario de Inclusión del Cabildo, brinda detalles del diagnóstico: 

¿Son peligrosos?

¿Es un peligro para las personas? Villavicencio responde que representa un riesgo para sus propias vidas. “Hay un riesgo social por la falta de políticas de protección especial en temas de salud mental. Ellos son la punta del iceberg. Debajo hay consumo problemático de sustancias, casos de depresión, aislamiento, ansiedad, etc.”.

De 05:30 a 23:00, equipos del Patronato, con apoyo de los agentes de control, recorren la ciudad. Al ubicar a personas sin techo, les ofrecen llevarlas a los albergues. Si no acceden, no los obligan, ya que podrían acusarlos de rapto, explica el Patronato. 

No se acercan si hay armas o casos de microtráfico. “Son delitos y eso le corresponde a la Policía Nacional”, aclara. Asimismo hacen que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) se encargue de quienes liban en el espacio público, incluyendo a indigentes.

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Un vecino dice:

“No me han hecho daño. En la mañana se les ve cargando bultos de ropa, cartones y botellas. Son unos 12 y una mujer. Tienen perros y huelen mal, se nota que beben mucho”, dice un comerciante que se ubica cerca de la Escuela Fiscal Espejo y prefiere no identificarse.

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La opinión de dos especialistas

Berenice Cordero, exministra de Inclusión, ve “un vacío enorme” frente a casos de adicciones, alcoholismo y salud mental, lo que ha causado que muchos sean expulsados de sus núcleos familiares y estén en las calles. 

Le parece que estos temas los maneja la Vicepresidencia, además del Ministerio de Salud. En su período se coordinó con el Municipio.

Cree que hay que “protegerles en las épocas frías, llevarlos a albergues, que tengan lugares para asearse, comer y dormir”.

El psiquiatra Fernando Cornejo recuerda que hace más de una década se cerró el Hospital Psiquiátrico San Lázaro de la capital. Aunque sostiene que lugares tipo manicomio ya no deben existir, cree que hacen falta opciones para estabilizar a quienes no tienen hogar y necesitan protección social.

Por eso lamenta que la eliminación del centro haya sido radical y abrupta. “Hay personas sin comida, sin techo, que deben soportar el frío y que requieren atención en salud”.