Lo que debes saber 

• GRANASA no está quebrada y que cuenta con activos listos para la venta por un valor mínimo de 17,3 millones de dólares.
• Entre los bienes disponibles figuran tres edificios, cuatro terrenos y dos lotes.
• El problema no es la falta de recursos, sino la actuación de la intervención de la Superintendencia de Compañías y de Inmobiliar.

La realidad es que Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, es una empresa capaz de responder ante sus responsabilidades laborales. No está quebrada como se quiere posicionar en las redes sociales, espacio donde la información veraz convive con la desinformación maliciosa. 

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Aquí podrán encontrar información sobre los activos de propiedad de la empresa que esperan la aprobación de la Junta General de Accionistas, del próximo 13 de octubre, para su inmediata venta y cumplir con las obligaciones laborales, con los proveedores y accionistas.

Queda claro que el obstáculo no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad de la intervención de la Superintendencia de Compañías que, en lugar de precautelar los intereses de todos los accionistas y los empleados, cierra filas a favor de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), accionista minoritario del 2.56 %, dependiente del Ejecutivo.

Los activos que posee GRANASA y están listos para su venta suman en total 17,3 millones de dólares, como valor mínimo de venta, entre los que figuran tres edificios (dos en Guayaquil y uno en Quito), cuatro terrenos y dos lotes. Los pasivos corrientes y laborales a agosto del 2026, según los registros contables internos, suman cerca de 7 millones de dólares. A diferencia de la realidad de otras empresas, GRANASA no tiene pasivos bancarios, es decir no tiene deudas con instituciones financieras.

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Las cifras desmontan todo argumento de una supuesta quiebra de la empresa, que seguirá produciendo los ejemplares impresos de EXTRA y administrando las versiones digitales de ambos diarios.

La resolución de la próxima Junta de Accionistas será crucial para la tranquilidad de los empleados de EXPRESO y el normal flujo de los siguientes pasos administrativos internos. Pero más crucial será la decisión que tome la interventora Flor María García Ocaña y la secretaria de Inmobiliar, Marissa Péndola. ¿Respetarán la decisión de la mayoría de la Junta General de Accionistas o seguirán siendo un obstáculo para el desenvolvimiento de GRANASA?

Lo que se sabe

• Un sicariato, un ataque armado, robos a urbanizaciones y problemas en la dotación del agua potable han ocurrido en el último año
• Cerca de 40 % del suelo de esta parroquia aún se puede urbanizar
• Dotar de infraestructura peatonal y ciclista, ampliar el transporte público y crear espacios verdes están entre los retos de La Puntilla

Un femicidio cometido el 4 de octubre de 2011 en el sector de Lomas de Urdesa motivó que Cecilia Jaramillo dejara su casa y se mudara a Samborondón.

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“Tuve que poner rejas en la casa. Ya tenía miedo cuando llegaba de noche. No me gustaba mucho Samborondón, pero me vine por la seguridad. Es más tranquilo por acá”, afirma.

Ahora reside en La Puntilla, una de las dos parroquias urbanas del cantón. A lo largo de diez kilómetros hay más de 200 ciudadelas, ‘malls’ y una veintena de plazas comerciales. Es una zona en crecimiento donde la inseguridad, las fallas en la movilidad e incluso las falencias en la dotación de agua potable no han frenado el interés por habitarla.

Hechos violentos que han marcado a La Puntilla

Hace casi un año, el 26 de noviembre anterior, la avenida Samborondón fue escenario de un sicariato en el que fue asesinado Bryan Alejandro Soria, de 32 años. En pleno día, los criminales lo interceptaron cuando conducía su vehículo.

A inicios de este 2026, la noche del 7 de enero, sicarios vestidos de policías y militares, armados con fusiles y pistolas, atacaron a los guardias e ingresaron a Isla Mocolí para asesinar a Stalin Rolando Olivero Vargas (alias el Marino), Jefferson Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara, quienes jugaban en una cancha.

Al mes siguiente, en una de las urbanizaciones que están al inicio de la vía, ingresaron delincuentes y robaron en dos viviendas. EXPRESO también ha recogido casos de robos a vehículos en los alrededores del parque Bicentenario.

Y un operativo realizado el 24 de septiembre pasado en tres provincias dejó la captura de un presunto líder y un supuesto financista de una estructura de narcotráfico con vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, también en Mocolí.

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'Burbuja' de seguridad y desarrollo comercial en La Puntilla

“Hay narcos que viven en todos lados, hasta en los lugares más lujosos, porque también quieren la seguridad”, admite Mónica Reynoso, quien reside desde hace más de 20 años en La Puntilla.

Pese a los eventos descritos, ella se refiere así a lo que considera lo más valioso del sector: la seguridad que se vive en las urbanizaciones en comparación con sectores urbanos de Guayaquil, Daule y Durán.

“Pagamos altas cuotas de expensas (un promedio de $450 mensuales) porque tenemos seguridad acá, tenemos guardias, las urbanizaciones son cerradas. Entonces nos sentimos seguros”, comenta Byron San Miguel, residente y experto en seguridad.

Y es que, comparado con el nivel de inseguridad que hay en cantones vecinos, la situación en Samborondón (sobre todo en La Puntilla) aún no escala a escenarios más críticos.

“Aun con los problemas que han surgido, hay que recordar que a esta zona justamente todo el mundo migró por seguridad. Todavía resulta atractivo, a pesar de estar amurallado, pero da esa sensación de seguridad, de estar seguro tras esa garita”, explica el arquitecto e historiador Javier Castillo.

Pese al tráfico y a que hay narcos en ciertas partes, resulta atractivo, por esa sensación de seguridad".
Javier Castillo, arquitecto e historiador

Él menciona que otro de los atractivos es el desarrollo comercial, que ofrece una gran diversidad de servicios hoy. Por ello, los residentes no necesitan ya cruzar a Guayaquil. 

“Es lo que ha ocasionado este malestar en cuanto a tránsito (congestión), porque hay una sobrepoblación de comercios, pero irónicamente eso es lo que le gusta al ciudadano: que todo está a la mano”, dice.

Así lo cree Jaramillo, quien destaca que tiene cerca centros educativos, iglesias, supermercados, cine y demás establecimientos, a los que llega en carro e incluso a pie, aunque la infraestructura peatonal sea ineficiente o prácticamente nula en la avenida Samborondón. 

“Están los cruces con paso cebra, pero aquí no se respeta. Eso sí se nota aquí. Esa parte del tránsito es la que a veces no me gusta”, reconoce.

Ángeles Pincay vive y trabaja en el sector, por lo que suele desplazarse a pie, pero advierte que el diseño de los cruces a nivel de vía y las grandes distancias entre ellos hacen casi imposible ese desplazamiento. 

Hay que estar con cuidado, no tanto de la inseguridad sino de los carros, porque no es tan seguro para caminar".
Ángeles Pincay, residente

Aunque en las urbanizaciones hay áreas verdes, ella recuerda que no ocurre lo mismo al exterior, en el espacio público. “Parques al aire libre o lugares de recreación familiar gratis hay muy pocos”, alega.

“Se necesitan soluciones estructurales”, menciona el residente Fernando Huamán, quien señala las ciclovías y los espacios seguros para peatones y deportistas. 

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“Muchas de estas soluciones han sido anunciadas o prometidas, pero todavía no vemos que el problema haya sido resuelto de manera integral”, cuestiona.

Él recuerda que hay otras necesidades, como mejorar el alcantarillado y la dotación de agua potable, para evitar que se tenga que depender de tanqueros, como ha ocurrido en Isla Mocolí y Ciudad Celeste.

“No me cabe en la cabeza que debamos recibir agua por tanquero. En pleno siglo XXI y pagando tanto por una casa. Eso me parece horrible... Sin embargo, la seguridad sigue pesando. Que exijo mejores servicios, sí, siempre lo haré. Pero pese a todo, a la rabia por esas carencias, sigo sintiéndome más segura aquí”, asegura Raquel González, residente de Ciudad Celeste.

Pese a esos desafíos, el atractivo de La Puntilla se mantiene, según cree la corredora de bienes raíces Eliana Crespo. Para ella, “toca vivir en una especie de burbuja para tratar de no morir por una balacera”.

Así se investiga a los nuevos residentes de La Puntilla

Revisar la información de quienes buscan comprar o alquilar propiedades, en instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI), están entre las acciones que realizan corredores de bienes raíces.

Eliana Crespo, quien tiene 40 años en esta profesión, comenta que esa es, entre otras, la medida que aplican para ver el perfil de quién busca residir en La Puntilla.

“Hacemos una investigación de a quién se le va a alquilar, pero hay personas que a veces no les importa con tal de alquilar y ganarse una comisión, no les importa a quién le alquilan”, lamenta Crespo.

Ella asegura que lo mismo ocurre cuando hay personas interesadas en comprar propiedades. “Hay poca gente, pero sí hay casos en que no les importa a veces coger (dinero) en efectivo con tal de vender las propiedades, pero tarde o temprano eso termina mal”.

Sin embargo, ella destaca que haya urbanizaciones que exijan en su normativa la investigación a nuevos propietarios e inquilinos.

EXPRESO accedió a la normativa de seguridad de una de estas urbanizaciones, emitida en febrero del 2025, en la que se recomienda a los propietarios que, antes de firmar un contrato de arrendamiento, revisen los antecedentes penales del arrendatario y otros datos.

El propietario del inmueble es responsable de recopilar y verificar la información del arrendatario u ocupante, esto es la identidad, procedencia y antecedentes de estas personas, así como su actividad económica, referencias bancarias y comerciales y los recursos de donde provienen sus ingresos”.Normativa de urbanización privada en La Puntilla

Para el experto en seguridad, Byron San Miguel, estas disposiciones deben elevarse a nivel de ordenanza para todo el cantón y así garantizar que haya un control más estricto.

“Ese es el el filtro que yo siempre he dicho que falta. Los reglamentos internos tienen que ser más rígidos en las urbanizaciones para no permitir que ingresen este tipo de personas que están ligadas al narcotráfico”, afirma San Miguel.

Él destaca la iniciativa de un grupo de dirigentes de urbanizaciones que están elaborando un proyecto de ordenanza para entregar a las próximas autoridades de Samborondón.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa aseguró que no habría apagones en los hogares, pero la promesa quedó en entredicho.
• Industrias y barrios residenciales de Quito y Guayaquil reportan cortes prolongados de energía.
• La falta de información oficial sobre la crisis eléctrica profundiza el malestar ciudadano.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”. Así lo prometió el presidente de la República, flanqueado por su jefe de gabinete y enteramente a gusto con lo que tenía al frente. Noboa se aventuró a ir más allá, advirtiendo que “por más que sueñen los odiadores que haya cortes, no va a haber cortes”. Esa es un promesa incumplida desde antes de haber sido pronunciada.

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Racionamiento energético en el sector productivo

Primero, porque las industrias vienen ya varios días padeciendo de apagones, que han crecido en su alcance y duración: 24, 48, 72 horas. Quito, Durán, Ambato, luego otras ciudades. Encima, les subieron la tarifa eléctrica. Pero al menos les cayó un premio de consuelo: finalmente los recibieron para dialogar, dialogar y dialogar, como pedía un dirigente empresarial del Guayas. También se ofreció café.

Cortes de energía en el sector residencial

Las industrias, claro, no son las familias ecuatorianas. Las alimentan, las visten, les equipan la casa, al menos en parte. A muchos les dan un salario. Pero no son las familias ecuatorianas en sus hogares. Esa es otra cosa, el sector residencial, doméstico. Pasa que ellos también han sido afectados por apagones. La cuestión es que, y ahí hay otro juego semántico, el Gobierno y sus voceros oficiales y extraoficiales no los llaman como tales. De hecho, prefieren pretender que nunca ocurrieron.

Reportes de apagones en Quito y Guayaquil

Gracias al cielo y su favor que no se agota, aunque también nos reviente a gotas, existe la prensa, y ella ha puesto en evidencia la ocurrencia de esos cortes de luz. Diversos medios de comunicación han reportado desde la semana pasada cortes en Quito y Guayaquil, mientras que a lo largo de la avenidas de los suburbios de los más privilegiados, las ciudadelas y centros comerciales reciben sendas cartas de la Empresa Eléctrica solicitando desconexiones voluntarias o adelantando apagones.

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Testimonios en barrios de la urbe porteña

Ecuavisa, Teleamazonas y este Diario han publicado notas y reportajes realizados con base en visitas al terreno, al mítico territorio donde el jefe de gabinete del Gobierno dice que se encuentran ocupados los ministros, en las que han entrevistado a moradores de Mapasingue, del Guasmo, de la Kennedy y de otros barrios al oeste, al sur y al norte de la urbe porteña, todos diciendo que pasaron horas y hasta días enteros sin luz. Los equipos de televisión hasta mostraron con sus cámaras los hogares y locales desconectados.

Esto no es nuevo. A lo largo del año, los apagones han ocurrido una y otra vez. A veces el Gobierno ha dicho que se deben a problemas ajenos a la generación, es decir, han sido cosa de la transmisión y distribución. Pero todo eso le corresponde también al Gobierno y a las empresas públicas, por supuesto. En otras ocasiones no han dicho nada. Por ahí salió hace poco una publicación en redes de una cuenta oficial apuntando a un posible daño a una subestación, pero no mucho más.

Responsabilidad estatal y transparencia informativa

Sea lo que sea, sobredemanda, poca generación, falta de mantenimiento o una zarigüeya, el Estado y quienes lo administran son responsables de evitarlo, repararlo, pero sobre todo de informarlo. La ciudadanía, que paga sus impuestos y que trabaja todos los días para sacar al país adelante, merece y también necesita saber cuándo y por qué les van a cortar la luz.

Si el Gobierno teme a la reacción impaciente de la gente, se puede equivocar jugando con su credulidad. Pero aunque no sea así, aunque el margen de tolerancia de la ciudadanía exceda todo, como parece que ocurre con los ilustres patricios y empresarios, este país no debe basarse en la lógica de lo popular y lo expedito para los políticos.

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El camino al desarrollo y la preservación de la democracia solo puede ser transitado por una sociedad en la que la transparencia sea la regla. Y es posible, creíble y antes que nada demostrable que el pueblo sabe aceptar las explicaciones de una autoridad que se presenta ante ellos con humildad y honestidad durante la crisis.

Los apagones ya están aquí, aunque no sean tantos como en el 2024. Sin embargo, parece que el país opera todavía con la luz apagada. Y en esa oscuridad, crece el silencio.

Ocho meses de tasa de basura

• Tras ocho meses, vecinos de Quito reportan aumentos de más de $20 en la tasa de basura.
• Emaseo registra 32.000 atenciones entre febrero y agosto por consultas y reclamos sobre el cobro.
• - Los mayores valores aparecen en edificios con medidores compartidos, según usuarios y Emaseo.

En Solanda, Rosario López, presidenta del Comité Central Promejoras, tiene las planillas sobre la mesa. Las revisa una por una y cuenta los casos de moradores que han acudido al comité para mostrar el incremento de la tasa de recolección de basura, cobrada desde febrero de 2026 a través de la factura de consumo de agua.

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¿Quién paga más por basura?

El malestar, asegura, no ha desaparecido ocho meses después de la aplicación del nuevo esquema. Entre los documentos acumulados aparecen vecinos que reportan aumentos de más de $20 mensuales en sus pagos. También hay casos de familias que, según López, aseguran no contar con los recursos suficientes para cancelar sus planillas.

La dirigente cuestiona que el incremento no vaya acompañado de una mejora visible en el servicio. En algunos sectores de Solanda, relata, los recolectores no pasan determinados días y los residuos permanecen acumulados en los contenedores. Los moradores deben entonces comunicarse con las autoridades para solicitar el retiro de la basura.

La percepción recogida en este sector contrasta con las cifras de Emaseo. La empresa sostiene que el sistema tiene una recuperación promedio del 98 % y que los reclamos formales por valores elevados representan una proporción mínima frente al universo de usuarios.

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Entre febrero y agosto, Emaseo registra unas 32.000 atenciones ciudadanas, equivalentes al 0,6 % de los abonados mensuales. De ese total, el 94 % corresponde a consultas relacionadas con la metodología de cálculo y el desglose de los valores, mientras que el 6 % se refiere a reclamos formales por cobros considerados altos.

La tasa genera una determinación mensual promedio de alrededor de $6,5 millones, correspondiente a unos 718.000 suministros de agua potable. Para la empresa, estos datos muestran que la mayoría de inquietudes se relaciona con la comprensión del mecanismo de cobro y no necesariamente con errores en la fórmula.

Medidores compartidos elevan el cobro de la tasa de basura 

Sin embargo, los testimonios recogidos por EXPRESO evidencian que, para algunos usuarios, el problema va más allá de entender cómo se calcula la tasa. Uno de los puntos de conflicto está en los edificios que tienen un solo medidor para varias viviendas. Allí, el consumo de decenas o incluso cientos de personas puede concentrarse en una misma planilla.

Andrés Silva, administrador de varios edificios, recuerda el caso de Terrazas del Dorado. Antes de la aplicación del nuevo esquema, el conjunto recibía cuatro facturas de aproximadamente $3.000 cada una. Con la incorporación de la tasa, el valor llegó a unos $6.000 por factura.

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Emaseo explica que las planillas con consumos elevados corresponden principalmente a medidores compartidos por numerosas viviendas. La entidad sostiene que, al dividir el valor entre los hogares, el promedio es similar al del resto de la ciudad. Para reducir el efecto de los consumos colectivos, mantiene junto con Epmaps un plan de individualización de medidores.

Para Silva, ese proceso también representa un problema. La instalación de medidores individuales requiere la participación de todos los propietarios y puede complicarse cuando existen departamentos arrendados, dueños que viven fuera del país o documentación pendiente de regularización.

Una situación similar se registra en el edificio El Girón, en La Mariscal. Silvia Vinueza, administradora del inmueble, asegura que antes del cambio pagaban alrededor de $2.000 mensuales por agua entre sus dos torres. Desde la incorporación de la tasa, han pagado unos $12.000 únicamente por el servicio de recolección de basura, afirma.

Tasa de basura: Emaseo defiende el cálculo y exconcejal plantea una reforma

Emaseo niega que existan cobros residenciales extraordinarios derivados de errores en la fórmula. Según la empresa, los valores elevados responden a consumos altos o a la acumulación de valores pendientes de ciclos anteriores. Cuando Epmaps realiza una regulación del consumo de agua, agrega, el ajuste de la tasa se refleja automáticamente en las planillas posteriores.

El exconcejal Wilson Merino cuestionó el impacto de la tasa sobre la economía familiar, por lo que propuso reformar la ordenanza y replantear el método de cálculo. Su argumento era que el consumo de agua no necesariamente guarda relación con la cantidad de basura que genera un hogar.

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Merino planteó considerar otros parámetros, vinculados con los costos de barrido, recolección y disposición final de residuos, además de facilitar la individualización de medidores. Sin embargo, su propuesta no avanzó y, según el exconcejal, quedó sin una solución concreta.

Para Merino, el problema sigue abierto porque los ciudadanos pagan una tasa que, desde su perspectiva, no siempre corresponde con el servicio que reciben. “Lo que se ha hecho es afectar la economía familiar, una metida de mano al bolsillo”, sostiene.

Lo que debe saber

• 55 millones de dólares: Es la proyección de ingresos turísticos para el feriado de octubre, un 10 % más que los 50 millones de dólares de 2025.
• Más ocupación: Azuay espera elevar su ocupación hotelera del 60,5 % registrado en 2025 al 70 % este año.
• 70.000 visitantes: Azuay proyecta recibir al menos esta cantidad de turistas, apoyado en campañas para distribuir el flujo hacia sus 15 cantones.

La industria turística ecuatoriana mira con optimismo el feriado por la Independencia de Guayaquil. El sector espera que los ingresos generados durante los días de descanso aumenten 10 % frente al mismo feriado de 2025, cuando el movimiento económico alcanzó los 50 millones de dólares a escala nacional.

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Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, explicó a Diario EXPRESO que la proyección para este año es prudente. De cumplirse, los ingresos bordearían los 55 millones de dólares.

El crecimiento esperado, sin embargo, es menor al registrado entre 2024 y 2025. En ese período, los ingresos turísticos del feriado aumentaron 47 %.

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Santa Elena espera más reservas

Las playas de Santa Elena son uno de los destinos que esperan un repunte en los próximos días. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de esa provincia, señaló a EXPRESO que hasta el martes 6 de octubre las reservas hoteleras llegaban al 10 %.

El sector confía en que las reservaciones aumenten conforme se acerque el feriado, que este año permitirá un descanso desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre.

El comportamiento de las reservas será clave para determinar el nivel de ocupación que finalmente alcanzarán los establecimientos turísticos de la provincia.

Azuay apunta a 70 % de ocupación

Azuay también espera superar los resultados del feriado de octubre de 2025. En esa ocasión, la provincia registró una ocupación hotelera del 60,5 %, una de las más altas del país.

Para este año, la expectativa es llegar aproximadamente al 70 % de ocupación hotelera, según Cecilia Vicuña, responsable de Turismo de la Prefectura del Azuay.

La provincia también proyecta recibir al menos 70.000 turistas, por encima de los 62.265 visitantes contabilizados durante el feriado de 2025.

La promoción busca llevar turistas a los 15 cantones

Para atraer visitantes, Cuenca y la Prefectura del Azuay impulsan la campaña “El Plan Perfecto” y mantienen la promoción turística de la provincia a través de la plataforma Visit Azuay.

La estrategia busca que los visitantes no se concentren únicamente en Cuenca, sino que recorran los 15 cantones de la provincia.

Visit Azuay reúne información sobre atractivos y servicios turísticos. Hasta ahora cuenta con 15 rutas temáticas, información de alrededor de 300 atractivos y más de 70 artículos con recomendaciones para viajar por la provincia.

Lo que debes saber

• El Gobierno busca que las seccionales sean un juicio al correísmo y no una evaluación de la gestión de Daniel Noboa.
  
• La ofensiva contra Correa también intenta frenar la idea de que Noboa se convirtió en una versión del expresidente.

Entre las estrategias del Gobierno para conseguir buenos resultados en las venideras elecciones seccionales hay una que es particularmente llamativa: la de posicionarse como la única y auténtica fuerza política que combate al correísmo.

Se trata de una estrategia que se visualiza en varios factores y cuya cronología no es muy difícil de identificar. El 28 de agosto, después de que José Serrano fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, Noboa no se limitó a anunciar el traslado. Lo presentó como la llegada de un “ministro del Interior de Correa” y añadió, dirigiéndose directamente al expresidente: “Ya mismo te toca a ti”.

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El 11 de septiembre, John Reimberg llevó el mensaje un paso más lejos: dijo que en la Cárcel del Encuentro había una cama para Correa y que era “cuestión de tiempo” para que quienes, según él, habían causado la crisis de seguridad respondieran ante la justicia.

Y el 30 de septiembre, justamente en el aniversario del 30S, José Julio Neira publicó un video de más de seis minutos en el que conectó a José Serrano con el episodio del 30S y con otros hechos del período correísta, para terminar hablando de los prófugos y de que sus “días de lujo y rabietas” estaban por terminar.

El Gobierno desplaza el debate de lo importante

¿Por qué, entonces, este operativo precisamente cuando se acercan las elecciones? Las posibilidades son varias y ninguna es necesariamente excluyente de las otras.

Una de ellas es que, frente a las críticas y frustraciones del electorado, el Gobierno quiere colocar a los votantes ante una disyuntiva que le haga olvidar el presente para que vuelva al pasado. La idea es desplazar la discusión desde cuestiones sobre las cuales el Gobierno puede ser evaluado (economía, empleo, seguridad, servicios públicos, déficit, energía, medicinas) hacia otro terreno más relacionado con el pasado.

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El Gobierno quiere, entonces, desplazar la pregunta ‘¿Cómo está gobernando Noboa?’ a ‘¿Queremos que vuelva el correísmo?’. En otras palabras, mientras la oposición quiere que estas elecciones sean un juicio sobre Noboa, el Gobierno hace lo necesario para que se conviertan en un juicio sobre Rafael Correa.

La strategia busca blindar a Noboa de las comparaciones con Correa

Otra estrategia es aniquilar, en redes sociales y en la opinión pública, cualquier posibilidad de que se equipare a Correa con Noboa, cosa que ha estado ocurriendo, en especial, desde hace un par de semanas. Al Gobierno no le resulta cómodo el tema que se ha instalado en redes sociales, que sin duda son un reflejo de la opinión pública: que Noboa es igual o peor que Correa porque ha demostrado ser autoritario (persigue a los medios y a los potenciales adversarios electorales), con el agravante de que ha fracasado a la hora de solucionar los grandes problemas de la sociedad, como el déficit de medicinas o de energía eléctrica.

¿Cómo desterrar de la conversación esa equivalencia entre Correa y Noboa? Sencillo: atacar a Correa nuevamente y a todo lo que representa. Lo del anuncio (figurado, claro) de que hay una cama lista en la Cárcel del Encuentro para Correa y el video de Neira sobre el 30S y José Serrano son ejemplos de un esfuerzo por conseguir que no se compare a Noboa con Correa, cuando existe el temor de que a los candidatos correístas les pueda ir bien en las elecciones.

No hay que perder de vista que esta equiparación de Noboa con Correa, que ha aparecido recientemente en la conversación nacional, tiene un enorme potencial electoral para la oposición, porque ataca uno de los activos políticos fundamentales con los que Noboa llegó al poder: precisamente la promesa de evitar el retorno del correísmo.

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Noboa, antes de llegar al Gobierno e incluso antes de sus campañas electorales, es decir cuando era asambleísta de Santa Elena o incluso antes, cuando era un ciudadano cualquiera, jamás se mostró como un anticorreísta. Todo lo contrario: mantuvo silencio ante los atropellos del correísmo. Entonces, cuando empieza a circular una idea como ‘nos prometieron que Noboa evitaría el autoritarismo y ahora Noboa se parece a Correa’, se amenaza una parte importante de la justificación política del noboísmo.

Miedo al pasado y promesas de futuro

Noboa necesita que la identidad política siga siendo que él no es igual a Correa. Por eso, la respuesta ‘Noboa no es Correa’ tiene una función política mucho más profunda que una simple discusión histórica. Es un mecanismo de defensa identitaria.

Por eso, cuando comenzó a instalarse en redes y en sectores de opinión la idea de que Noboa podía estar convirtiéndose en una versión de Correa, desde el entorno oficialista, que incluye las cuentas de redes sociales empáticas con el Gobierno, apareció con fuerza la contranarrativa de que Noboa no es Correa.

Aquí se puede incluir el anuncio de Noboa de que aumentará de 150.000 a 700.000 los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Puede ser que la decisión no tenga ni un solo asidero presupuestario, pero cumple una función complementaria a la de la campaña anticorreísta: es una fórmula políticamente rentable que recuerda a los electores aquello de lo que deben tener miedo del pasado y, al mismo tiempo, les muestra aquello que pueden esperar.

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El pasado funciona como amenaza y el futuro como promesa. En otras palabras, volver al pasado para revivir el fantasma de Correa y abrir, al mismo tiempo, una ventana al futuro: miedo a lo que puede volver y promesa de lo que está por venir.

El Gobierno mira simultáneamente por el retrovisor y por el parabrisas: en el retrovisor, Correa; por el parabrisas, 800 dólares para 700.000 jóvenes.

Lo que debes saber

• Alexandro Tonello busca retener la Prefectura de Pichincha, bastión clave para el correísmo.
• Sin la Revolución Ciudadana en la papeleta, Tonello compite bajo la Alianza Ciudadana.
• El exviceprefecto enfrenta el reto de la continuidad y el escrutinio a su patrimonio.

Alexandro Tonello, la carta del correísmo para la Prefectura de Pichincha, no solo carga con el reto de mantener la continuidad del proyecto de la actual prefecta, Paola Pabón. En el actual tablero político, Pichincha podría convertirse en el último bastión que el correísmo puede disputar.

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Suspensión de la Revolución Ciudadana y el caso Caja Chica

Tonello llega sin partido propio, al menos en lo que tiene que ver con la lista que auspicia su candidatura. La Revolución Ciudadana fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado. Lo que se conoce de esa investigación es que está relacionada con el denominado caso Caja Chica, que indaga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo en 2023.

Eso obligó a la Revolución Ciudadana a buscar el auspicio de otros movimientos. Uno de ellos fue Amigo que también fue suspendido por el TCE.

El respaldo de la Alianza Ciudadana tras los bloqueos electorales

Los candidatos del correísmo optaron entonces por alianzas con diferentes movimientos. Lograron acercarse a quienes antes fueron algunos de sus críticos más fuertes desde la misma izquierda y a quienes cuestionaron durante y después del gobierno de Rafael Correa.

Tonello busca ahora la Prefectura de Pichincha de la mano de la denominada Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular, antes conocido como MPD.

El reto no es menor. La situación electoral del correísmo y el rol protagónico de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE derivaron, por ejemplo, en la negativa a calificar a Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí de la mano de Pachakutik. Esa provincia, desde que el correísmo llegó al poder, ha sido uno de sus principales bastiones. En estas elecciones, la Revolución Ciudadana no tendrá allí candidato.

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Pichincha: el bastión histórico del correísmo y la figura de Tonello

El otro bastión que el correísmo ha mantenido bajo su control desde la época de Alianza PAIS y, posteriormente, de la Revolución Ciudadana es la Prefectura de Pichincha. De ahí la trascendencia de estas elecciones para este movimiento político.

Tonello debutó en un cargo de elección popular como viceprefecto. Acompañó a Paola Pabón durante sus dos períodos. Su candidatura tiene, por eso, una carga política mayor que la de un simple relevo administrativo. Tonello no llega a la contienda para marcar distancia con la gestión de Pabón. Su trayectoria está ligada a ella.

Perfil empresarial, patrimonio declarado e impuestos del candidato

El aspirante a la Prefectura es ingeniero agrónomo por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En la Superintendencia de Compañías registra actividad como accionista en Corporación La Favorita y en Tonello Soluciones Integrales. En esta última empresa tiene un capital de 450.000 dólares.

En el ámbito empresarial, únicamente registra actividad como gerente de Tonello Soluciones. Asimismo, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), el año en que más pagó por Impuesto a la Renta fue 2022, cuando canceló 5.716,51 dólares.

Su patrimonio, según la Contraloría General del Estado, asciende a 3.202.367,38 dólares. Si se toma como referencia su ingreso al servicio público como viceprefecto, en 2019, el patrimonio declarado se ha reducido. Ese año reportó 4.507.329 dólares.

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Evaluación técnica y el impacto de la conversación digital

Para Diego Cevallos, integrante de GobernanzaEC y dedicado al estudio de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Tonello tiene, después de siete años en la Prefectura, la ventaja de conocer la situación institucional y la realidad de la provincia.

Sin embargo, lo que está en juego, según el experto, es “ver sus cualidades como líder, como gestor político, para hacer que la planificación se cumpla y que existan los consensos mínimos en el legislativo provincial que permita materializar la aprobación de proyectos de interés para la provincia”.

Huella digital y el desafío electoral frente al oficialismo

Su experiencia en el cargo y su vinculación con la actual administración también pueden convertirse en un contrapunto para su candidatura. La consultora política digital Alondra Enríquez señaló que Tonello también está asociado a las críticas que recibe la actual Prefectura.

Su análisis parte de la conversación digital. Enríquez señaló que, al menos en el ámbito de las redes sociales, la incidencia de Tonello es baja. Esto, si se toma en cuenta, por ejemplo, casos como el de Pabel Muñoz, alcalde y candidato a la reelección, quien mantiene una alta participación en el entorno digital.

“Dentro de la comunicación en redes sociales, Tonello viene de una conversación negativa en un 40%”, señaló la experta. En ese escenario, Tonello busca mantener el último de los bastiones del correísmo frente al oficialismo.

Lo que debes saber

• Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial.
• El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial. El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

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- Usted ha formado parte de Democracia Sí y de SUMA. Ahora busca la Alcaldía con Sociedad Patriótica. ¿Qué motivó esos cambios de organizaciones políticas?

Si bien es cierto los partidos trascienden muchas veces las candidaturas, pienso que las propuestas, sobre todo las ciudadanas, deben trascender a los partidos (...) Ellos (PSP) me hicieron una invitación muy gentil para poder presentar una propuesta para Guayaquil en función de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Esta invitación me la hacen sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de condicionamiento, únicamente que se pueda construir (la propuesta) en conjunto con las distintas instancias, equipos y niveles de la sociedad guayaquileña.

- Usted ocupó varios cargos durante el correísmo. ¿Por qué no decidió buscar el respaldo de una organización política vinculada a esa corriente?

Porque mi intervención en la función pública ha estado siempre ligada con el servicio (...) Mi participación (en ese gobierno) nunca fue política como tal, fue siempre técnica, profesional.

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- ¿Cuál será su estrategia concreta para enfrentar la inseguridad en Guayaquil? ¿Qué papel va a tener Segura EP, actualmente manejada por el Gobierno central?

- Más allá de las competencias en seguridad, que están bien definidas en la ley, lo que va a hacer el Municipio es apoyar en las tareas y obligaciones ineludibles que son de manera preventiva: el monitoreo virtual permanente a través de sistemas que estén apoyados en inteligencia artificial predictiva, articulado con los sistemas del ECU-911 y de la Policía Nacional. Vamos a implementar 25.000 nuevas luminarias con tecnología led y telegestión, para poder eliminar todos esos puntos ciegos en mercados, corredores y vías estratégicas que son utilizados por la delincuencia. Vamos a apostar (por) la conformación de comités de seguridad barrial, que estén equipados con botones de pánico y que tengan alarmas...

- Usted habla de ‘generar oportunidades para los guayaquileños’. ¿A qué se refiere concretamente?

Vamos a formalizar por lo menos a 15.000 comerciantes a través de la construcción de espacios (como) centros de comercio popular y puntos de venta itinerante donde se los pueda reubicar. Vamos a crear un capital de inversión semilla, en alianza estratégica con la banca pública, específicamente la Conafips, para que puedan ser sujetos de créditos con tasas preferenciales; (vamos a crear) ventanas digitales para que todos los trámites y los requisitos que se pidan al microempresario, al pequeño emprendedor, puedan ser más fáciles.

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- Usted habla de formalizar a 15.000 comerciantes. ¿Cómo va a garantizar que esa propuesta se cumpla?

Cuando existe voluntad política, cuando existe capacidad de gestión dentro de una planificación estructurada y técnica, todo es posible. (...) Yo le aseguro que esta administración tendrá la suficiente capacidad a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel operativo, para poder solventar todos esos costos. El Municipio de Guayaquil tiene una capacidad de autogestión ya probada y robusta, proyectada más o menos en 430 millones de dólares al año. ¿Eso qué nos va a permitir? Presentar proyectos, por ejemplo, para poder acceder a créditos de líneas multilaterales.

- La actual administración municipal habla de trabas por parte del Sercop a los procesos de contratación de obras. ¿De qué manera va a garantizar que se cumplan las obras que ofrece? ¿Llegando a un acuerdo con el Gobierno central?

El acuerdo debe ser siempre trabajar en función de los intereses ciudadanos, del bienestar colectivo. No pueden interponerse trabas o intereses políticos en el desarrollo de la gente y sus ciudades. Nuestra postura va a ser que si existe algún tipo de problema a nivel político, eso no detenga el desarrollo de las ciudades. Nuestra postura va a ser permanentemente trabajar en conjunto (con el Gobierno).

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- En la Bahía existe el problema del bodegaje sin control. ¿Cómo su administración municipal va a controlar aquello?

Justamente lo que le decía respecto al proyecto de formalización de los comerciantes. Contempla también que puntos críticos como la Bahía de Guayaquil pasen a tener un mejor manejo, mucho más formal, mucho más controlado y podamos evaluar inclusive medidas de seguridad permanentes para poder evitar tragedias.

- ¿Plantearía mover el bodegaje del centro de Guayaquil hacia otro sitio de la ciudad?

Eso tendría que obedecer a un estudio técnico.

- ¿Cómo mejorará el centro para que se vuelva un punto turístico clave de Guayaquil?

Esto es un círculo que debemos romper, porque pasa por la inseguridad, (...) a través de un plan que puede ser modelo, para luego implementarlo en otros sectores que requieren una intervención integral, no solamente en seguridad, iluminación, atención de puntos críticos de basura, rehabilitar áreas verdes, sino también en una campaña permanente de concientización y de fortalecimiento a la ciudadanía a nivel de cultura, a nivel del manejo de sus costumbres, de sus hábitos y poder impulsar un comercio responsable.

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- El tránsito es un problema creciente en Guayaquil. ¿Cómo actuará?

Proponemos un diagnóstico técnico, que lo haremos durante los primeros seis meses de gestión, para ver cuáles son los distintos puntos críticos y de congestión donde se pierde más tiempo. Vamos a implementar tres niveles de intervención. (Primero) Sincronización de semáforos, reingeniería en señalización (...) Un segundo nivel, con solución de corredores, rehabilitación vial y posicionamiento de políticas de seguridad vial e intervención peatonal, transportación pública. Y un tercer nivel de solución de infraestructuras mayores. Tiene que venir de la mano con una depuración, una reestructuración de la Agencia de Tránsito Municipal.

- En su eventual administración, ¿mantendrá la idea de construir un aeropuerto en Daular, en la congestionada vía a la costa? ¿O cree, como el Gobierno central, que debe construirse un aeropuerto en Taura?

Eso tiene que responder nuevamente a un levantamiento técnico profesional que se haga sobre el tema.

Lo que debes saber:

• La candidata a la Prefectura de Pichincha por ADN, Giovanna Ubidia, fue Directora del Seguro Social Campesino.
• Intentó ganar una curul, pero no llegó. Ahora tiene 34 años, pero desde los 23 años inició en el servicio público, como Directora Nacional de Comunicación del CNE. Trabajó en la administración Yunda.
• Su reto será ganarle la Prefectura de Pichincha al correísmo, que la ha tenido durante 20 años.

Giovanna Ubidia pasó de ser la opción de ADN para la Alcaldía de Quito, un cargo a todas luces con mayor peso político, a buscar la Prefectura de Pichincha. El recambio ocurrió en medio de los ajustes que hizo el oficialismo en varias provincias para definir las inscripciones y, aunque no tiene una carrera política prolífica, el sector público no le es ajeno.

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“Lo único que hemos hecho es invertir los roles”, dijo Harold Burbano, hoy candidato a la Alcaldía de Quito. Él fue la primera opción de ADN para buscar la Prefectura de Pichincha y así justificó la decisión de su movimiento.

En la práctica, Burbano tenía mayor exposición pública, ya que fue ministro de Desarrollo Humano primero y del Trabajo después. Ubidia, a partir de su anuncio como candidata a la Alcaldía de Quito, hizo fuerte su presencia en la capital, sobre todo desde su rol como directora del Seguro Social Campesino.

Su trayectoria en el sector público es de larga data. Tiene 34 años y, con apenas 23, inició como directora de Comunicación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2015, según se detalla en el histórico de declaraciones patrimoniales de la Contraloría General del Estado.

También ha pasado por el Municipio de Quito. En 2019 ingresó como servidora pública 10. En ese momento, el alcalde de Quito era Jorge Yunda. Durante esa misma administración municipal, Ubidia llegó a ser funcionaria directiva 7 en la Secretaría de Salud, aunque el fin de su gestión en esa entidad se registró durante la Alcaldía de Santiago Guarderas, quien asumió el cargo después de la remoción de Yunda.

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Su vinculación con el Gobierno de Daniel Noboa

De ahí en adelante se vinculó al Gobierno central. Ha sido subsecretaria de Desarrollo Infantil, asesora de Presidencia y directora del Seguro Social Campesino. Todos estos cargos los ejerció durante el gobierno de Daniel Noboa.

La candidata a la Prefectura también registra actividad privada. Ha tenido participación como accionista en tres empresas. De ellas, una se mantiene activa, según consta en el portal de la Superintendencia de Compañías. Se trata de Empresa Publicitaria y de Marketing BigBang Empumab S.A.

Ubidia buscó ser asambleísta

Hasta ahora, Ubidia no ha logrado un cargo de representación popular, pero lo ha intentado. En las últimas elecciones generales, cuando se escogió presidente, vicepresidente y asambleístas, estuvo a punto de lograr un escaño. Mantuvo una pugna directa con el ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana Luis Fernando Molina.

Ubidia llevó su protesta incluso al Consejo Nacional Electoral para intentar lograr un escaño que, en la posterior conformación de la mayoría legislativa de ADN, hubiese sido clave. Al final, Molina alcanzó esa curul.

Su presencia en redes sociales es otro tema a considerar. El analista político y experto en comunicación digital Andrés Jaramillo explicó que quien más ha influenciado en la conversación digital sobre la candidata ha sido el presidente de la República Daniel Noboa. A él se han sumado otros portales identificados por su cercanía con el actual régimen.

El analista también señaló que es una candidata que no provoca rechazo y a la que le está ayudando la estructura del Gobierno para hacerse visible ante las audiencias. “Pero aún genera poca conversación, con respecto a otros candidatos que ya son conocidos y tienen recorrido”, indicó Jaramillo.

¿Le quitará este bastión de Pichincha al correísmo?

Ubidia tiene el reto de lograr un cargo que ha sido ocupado por el correísmo desde hace 20 años. Primero con Alianza PAIS y luego con la Revolución Ciudadana, la Prefectura ha sido una de las trincheras de esa organización política.

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El tema no es menor. Las seccionales de 2026 serán las primeras elecciones locales que enfrentará el movimiento oficialista que, en los dos últimos años, ha mantenido un enfrentamiento directo con los gobiernos descentralizados en donde actúa la oposición.

Pichincha y Quito son dos instancias de poder local a las que ADN apunta llegar. En ese propósito se ha sumado incluso Noboa. El pasado 30 de septiembre, Ubidia publicó una fotografía junto al primer mandatario y su compañero Harold Burbano. Este último hizo lo mismo bajo un mensaje: “Se vienen grandes cosas para Quito y Pichincha”.

Para el analista político Esteban Ron, la figura de Ubidia fue mediática desde su rol en el Seguro Social Campesino. Ese podría tomarse como un elemento que determinó el cambio de su postulación para la Alcaldía de Quito por la Prefectura. Es decir, su cercanía con zonas más rurales y que rebasan los límites de la capital.

Sobre el reto de enfrentar a un bastión correísta, Ron señaló que la fuerza de la Revolución Ciudadana podría no ser la misma que en años anteriores. Eso abriría la posibilidad para un perfil distinto en las próximas seccionales. 

Lo que debes saber

• Quito tiene cerca de $1 millón para parte de la agenda tradicional, frente a los $3 millones destinados a las fiestas en 2025
• El proceso electoral y cambios al Cootad complican contrataciones y convenios. La Comisión de Turismo fiscaliza presupuestos y cronogramas para evitar retrasos
• Unas 20 actividades de la agenda colaborativa y varios festivales barriales no podrían realizarse bajo las condiciones actuales

A Quito le faltan pocas semanas para volver a encender sus fiestas, pero la celebración por sus 492 años de fundación todavía se arma pieza por pieza. Mientras noviembre se acerca con pregones, desfiles, conciertos y actividades culturales, persisten dudas sobre las contrataciones, los artistas y parte de una agenda que tradicionalmente moviliza a miles de personas hasta el 6 de diciembre.

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Una revisión realizada por EXPRESO en el portal de contratación pública no evidenció, al momento de la consulta, procesos vigentes directamente relacionados con las Fiestas de Quito. El escenario ocurre en un año marcado por restricciones para contratar, cambios en la normativa nacional y un calendario electoral que incide en la planificación municipal.

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El factor electoral complica las contrataciones

Desde el Concejo Metropolitano aseguran que existen recursos identificados para sostener parte de la programación tradicional. Joselyn Mayorga, presidenta de la Comisión de Turismo y Fiestas, explica que el factor electoral tiene un peso particular en las decisiones. 

Aunque las autoridades que resulten electas en noviembre asumirán sus funciones en mayo, el proceso electoral reduce, según la edil, el margen para comprometer determinadas contrataciones, principalmente de artistas nacionales e internacionales.

Ante este escenario, la Comisión inició hace aproximadamente un mes y medio un proceso de fiscalización. Sus integrantes participan, mediante delegados, en mesas técnicas donde revisan presupuestos, cronogramas y procesos de contratación. La intención, según la concejal Mayorga, es identificar con anticipación los obstáculos y evitar que la organización se concentre en las últimas semanas.

Un millón para sostener la agenda tradicional

Por ahora, la edil señala que existe cerca de $1 millón destinado a garantizar parte de la programación tradicional. En esa planificación constan el Festival Chispa Quiteña, la Serenata Quiteña, el Festival de Pasacalles, el homenaje a Benítez y Valencia, además de los pregones y los desfiles de la Confraternidad.

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El monto representa una diferencia frente al presupuesto utilizado el año anterior. Mayorga calcula que en 2025 se destinaron alrededor de $3 millones para las fiestas. Los recursos actualmente identificados para los eventos tradicionales equivalen, de acuerdo con esa estimación, a aproximadamente un tercio de aquella cifra.

El Cootad suma nuevas restricciones

A las restricciones presupuestarias se suma la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Mayorga, los cambios dificultan la transferencia de recursos y la suscripción de convenios que anteriormente permitían sostener determinados festivales y actividades culturales.

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Uno de los eventos cuya realización permanece en incertidumbre es QuitoFest. Su continuidad dependerá también de la capacidad de gestión de la Corporación Música Joven, entidad privada encargada de organizar el festival. Este diario consultó a la organización sobre la realización del evento y desde la entidad señalaron que, una vez que la agenda esté definida, los detalles serán comunicados públicamente.

Menos actividades para los barrios

Las restricciones alcanzan además a una programación que durante años se extendió hacia barrios y parroquias. Mayorga señala que alrededor de 20 actividades de la agenda colaborativa, que involucraban a gestores culturales territoriales, no podrán realizarse bajo las condiciones actuales. A esto se suman pequeños festivales previstos en distintos sectores de la capital.

La Comisión de Turismo y Fiestas prevé convocar a las administraciones zonales para analizar alternativas que permitan sostener parte de esa programación y mantener actividades culturales en los territorios. Mientras se define ese componente, otras entidades municipales preparan propuestas para complementar la agenda.

Quito Turismo trabaja en el Festival Gastronómico Chispa Quiteña y el Municipio espera incorporar el MAPI a la programación, siempre que el proyecto esté listo. Estas iniciativas se suman a los eventos que ya cuentan con recursos identificados y a los que todavía dependen de procesos administrativos.

Concejales discrepan sobre las demoras

En el Concejo también existen otras lecturas sobre las demoras. El concejal Michael Aulestia atribuye parte del escenario a una revisión más rigurosa del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Considera que las observaciones buscan evitar procesos dirigidos a proveedores específicos y sostiene que una suspensión no necesariamente responde a razones políticas.

Bernardo Abad coincide en que los procesos deben cumplir las exigencias legales. Además, cuestiona que las observaciones sean interpretadas automáticamente como decisiones políticas y plantea revisar el contenido de los espectáculos financiados con recursos públicos, así como preservar los espacios patrimoniales.

La Secretaría de Cultura aún no detalla la planificación

Mientras estas posiciones se discuten en el Concejo, la Secretaría de Cultura no ha detallado públicamente el avance concreto de las contrataciones. EXPRESO solicitó en tres ocasiones información sobre la planificación de las fiestas y recibió como respuesta que los detalles serán comunicados cuando estén disponibles. 

Lo que se sabe

• La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario aprobó unificar el proyecto cacaotero con otras iniciativas y llevarlo al texto que avanza hacia segundo debate.
• Tres asociaciones consultadas señalan que no han participado en la construcción del proyecto ni recibido una invitación formal al tratamiento en comisión.
• El sector plantea que la nueva ley defina mejor la representación territorial, fortalezca al INIAP y permita que calidad, origen y sostenibilidad se traduzcan en mejores ingresos para el productor.

La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero aprobó, el martes 15 de septiembre de 2026, unificar el Proyecto de Ley para el Fomento e Innovación del Sector Cacaotero Ecuatoriano -presentado por la asambleísta Esperanza Rogel el 27 de mayo- con el texto único que agrupa a otras seis iniciativas agropecuarias, ya en fase previa al informe para segundo debate. La decisión, tomada apenas en la primera sesión en que se trató el proyecto, avanzó con 6 votos a favor.

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La propuesta según Rogel busca producir más, transformar mejor y vender con mayor valor el cacao ecuatoriano. Para ello plantea crear los Lineamientos Estratégicos Nacionales del Cacao (LENCE), una Mesa Técnica del Cacao con representantes del sector y del Estado, y un rol reforzado del INIAP en investigación. Pero al consultar a tres asociaciones del sector, surgieron posturas y matices que hasta ahora no constan en el debate legislativo, pues ninguna ha sido considerada en la construcción de la nueva ley.

Iván Ontaneda, quien al momento de la entrevista, realizada el 22 de septiembre, presidía la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), defendió el modelo actual: sostiene que el libre mercado ha permitido que el productor ecuatoriano capture gran parte del precio internacional, y pone como ejemplo que, mientras el cacao ecuatoriano recibió precios altos en los últimos dos años, productores de países africanos con precios regulados percibieron menos de la mitad. Por eso, pide que la ley “se convierta en una herramienta de incentivo y facilitación” y advierte sobre la fijación de precios por decreto: “cuando el precio es manipulado, es complicado. Y ahí hay una línea muy fina que se puede confundir entre manipulación de un precio y politización de un precio”.

Para Fernando Crespo, presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), el análisis del precio también debe partir de la posición del productor. Recuerda que el precio de referencia del cacao se define en las bolsas de Nueva York y Londres, “donde intervienen la oferta y la demanda, la industria, los comerciantes, los fondos de inversión, los especuladores y muchos otros participantes”, mientras que los productores que enfrentan el clima, las plagas y el trabajo diario en la finca “pocas veces tienen una participación proporcional al valor que generan”. Su postura es que el origen, la calidad y la sostenibilidad del cacao ecuatoriano se traduzcan en mejores ingresos para el productor, algo que hoy no ve reflejado en el proyecto: lo describe como un conjunto de “generalidades” y pregunta directamente cuál sería el mecanismo para lograrlo.

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El sector cuestiona su participación

La discusión también llega a la representación territorial. Telmo Macías, presidente de la Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba Esmeraldas (UOPRICAE), cuestiona que el proyecto se construya sin suficiente participación de los agricultores y con desconocimiento de los planes de desarrollo cantonales y parroquiales. Para Macías, estos planes, por su cercanía con los territorios, deberían servir de base para construir desde abajo los lineamientos nacionales que propone la ley.

Sobre la Mesa Técnica del Cacao, pide que la representación no sea solo una persona por región -Costa, Sierra y Amazonía-, sino un delegado por provincia, dado que la realidad productiva varía incluso dentro de una misma región.

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Los tres líderes gremiales dijeron a EXPRESO que se enteraron del proyecto de ley por redes sociales, cuando el tema tomó fuerza pública, y ninguno ha recibido hasta ahora una invitación formal para participar en el tratamiento en comisión, aunque esperan que ocurra en las próximas semanas.

Ontaneda fue enfático en que el proyecto aún debe recoger los aportes de quienes integran la cadena productiva antes de avanzar hacia el segundo debate. A su criterio, la comisión y la Asamblea Nacional no están frente a una carrera contra el tiempo y deben priorizar una propuesta que refleje la dinámica real del sector cacaotero ecuatoriano. De lo contrario, advirtió, el resultado podría ser “un disparo en el pie”.

“Lo más importante es que se recoja y que se entienda de manera clara la dinámica real que tiene el sector productivo de cacao en el Ecuador”.Iván Ontaneda, presidente de Anecacao

En paralelo a las entrevistas con las tres asociaciones, este medio solicitó una entrevista con la presidenta de la comisión Janina Rizzo, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

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¿Cómo se unificó el proyecto?

La moción para unificar el proyecto cacaotero con el texto que reúne otras seis iniciativas agropecuarias fue presentada por el vicepresidente de la comisión, Juan Gonzaga, quien sustentó su pedido en la seguridad jurídica y en la necesidad de consolidar en un solo cuerpo normativo las propuestas afines. Recordó que, mediante ese mismo mecanismo, ya se habían incorporado iniciativas sobre el plátano, el café, la crianza de cuyes, el precio mínimo de sustentación de la papa y la apicultura.

La iniciativa fue respaldada por la asambleísta Marjorie Rosado y aprobada con 6 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, de un total de 10 asambleístas presentes.

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Gonzaga pidió después reconsiderar la votación, pero la moción no prosperó: obtuvo 4 votos a favor y 6 en contra (incluido el de Gonzaga). Así, se mantuvo la decisión de incorporar el proyecto de fomento e innovación del sector cacaotero al texto que avanza hacia el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La investigación, entre las prioridades que plantea el sector

Crespo también puso el foco en dos temas técnicos que, dice, deberían guiar la investigación que promete la ley: ajustar los niveles permitidos de cadmio en el cacao “a la realidad, no a los intereses de ciertas industrias chocolateras”, y desarrollar variedades resistentes a plagas, ante el riesgo de que una enfermedad afecte de forma masiva al CCN-51, la variedad que hoy domina buena parte de la producción nacional. Reconoce que el INIAP “hace un buen trabajo”, pero advierte que sus avances en genética no se difunden entre los productores por falta de fondos.

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En esa línea, Ontaneda también considera necesario: “Seguir investigando e invirtiendo en genética, en tecnología. En mejorar no solamente las prácticas agrícolas sino las prácticas industriales”, señala. Para el dirigente, el sector debe enfocarse en las variables que sí puede controlar: “calidad, productividad y genética”.

Los puntos claves

• EXPRESO consultó a los candidatos a la Alcaldía sobre sus propuestas concretas para reducir el tráfico en Guayaquil.
• La mayoría de los candidatos en firme respondió el cuestionario y detalló las medidas que aplicaría si llega al Municipio.
• La movilidad es el tercer problema que más afecta la calidad de vida en Guayaquil, según Guayaquil Cómo Vamos 2025.
• Las propuestas incluyen transporte integrado y fluvial, buses eléctricos, obras viales, semáforos inteligentes y sistemas ferroviarios.

Guayaquil volverá a las urnas y el próximo alcalde recibirá una ciudad con problemas que no empezaron con la campaña electoral y que tampoco se resolverán con una sola obra. Hace unos días, EXPRESO recogió la voz de los guayaquileños para identificar los cinco problemas que, a su juicio, deben ser atendidos sí o sí por la próxima administración. Entre ellos, uno aparece todos los días en la vida de la ciudad: el tráfico.

La movilidad es, además, el tercer problema que más afecta la calidad de vida en Guayaquil, según la encuesta Guayaquil Cómo Vamos 2025. El 63 % de los ciudadanos está insatisfecho con la gestión actual de la ATM. Los trayectos de más de 46 minutos son cada vez más comunes por la falta de integración de rutas y los horarios poco fiables, mientras el 63 % de los guayaquileños gasta más de 20 dólares mensuales solo en movilizarse.

La congestión se ha convertido en parte de la rutina de miles de guayaquileños. Llegar al trabajo, llevar a los hijos al colegio, cruzar de un sector a otro o simplemente atravesar uno de los principales corredores viales puede significar perder buena parte del día en el camino. Y el problema no se explica únicamente por la cantidad de vehículos. También intervienen un transporte público que todavía no logra conectar de manera eficiente a toda la ciudad, sistemas de movilidad que funcionan de forma fragmentada, una red de ciclovías que aún es insuficiente y una expansión urbana que ha aumentado las distancias y la presión sobre las vías existentes.

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El guayaquileño pierde horas en el tráfico 

El problema tampoco es nuevo. El Global Traffic Scorecard 2022, elaborado por la firma de análisis INRIX y publicado en enero de 2023, ya calculaba que los guayaquileños pasaban 54 horas al año atascados en el tráfico, algo más de dos días. Hoy, ciudadanos consultados por EXPRESO consideran que esa cifra podría ser todavía mayor.

La Metrovía y la Aerovía son parte de la oferta de transporte de Guayaquil, pero no han conseguido convertirse en una red plenamente integrada. Para muchos ciudadanos, movilizarse implica combinar distintos medios y, en algunos casos, asumir más de un pago. Mientras tanto, parte de la flota de la Metrovía requiere renovación y la inseguridad sigue siendo una preocupación para quienes utilizan el sistema.

El resultado es una ciudad en la que el vehículo particular continúa teniendo un peso importante y en la que los embotellamientos forman parte del paisaje cotidiano. Por eso, resolver la movilidad no pasa solamente por abrir más carriles o construir pasos elevados. También implica decidir cómo se organizará el transporte público, cómo se conectarán sus distintos sistemas, qué papel tendrán las bicicletas y los peatones y qué medidas permitirán que desplazarse por Guayaquil tome menos tiempo.

¿Qué plantean los candidatos a la Alcaldía? 

Frente a este problema, EXPRESO preguntó a los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil cuál es su propuesta concreta para reducir el tráfico, qué medidas priorizarán, qué puntos intervendrán y en qué plazo esperan resultados. Las mismas preguntas fueron enviadas a todos los candidatos, para que los ciudadanos puedan conocer y comparar sus planteamientos frente a uno de los problemas que la próxima administración tendrá que enfrentar desde el primer día.

Pregunta planteada: 

Guayaquil enfrenta una congestión que cada día consume tiempo a miles de guayaquileños. ¿Cuál es su propuesta concreta para reducir el tráfico de la ciudad? Señale las medidas prioritarias, los puntos que intervendrá y en qué plazo espera resultados.

Mónica Luzárraga, por Unidad Popular y Pachakutik

Propongo un sistema de transporte público integrado y seguro, con un solo pasaje para buses, Metrovía, Aerovía y transporte fluvial, que lo reactivaremos. Así buscamos sacar a los carros de las calles.

Más carriles no resuelven el problema. Guayaquil tiene más de 863.000 vehículos y la cifra crece entre 5 % y 7 % cada año. La gente usa el carro porque el bus es caro, fragmentado e inseguro. Por eso planteo integrar a las cerca de 2.500 cooperativas de buses con la Metrovía y la Aerovía mediante una tarifa única, con un solo pago y transferencias. La integración también contempla buses con GPS, cobro electrónico y cámaras conectadas al C5, además de 150 buses eléctricos y más alimentadores para la Troncal 4.

El transporte fluvial será parte de esta red, con movilización por los ríos Guayas, Daule y Babahoyo y la misma tarjeta, para conectar el sur, centro y norte de Guayaquil con Durán, Samborondón y Daule.

Propongo un sistema de transporte público integrado y seguro, con un solo pasaje para buses, Metrovía, Aerovía y transporte fluvial, que lo reactivaremos. Así buscamos sacar a los carros de las calles. La gente usa el carro porque el bus es caro, fragmentado e inseguro.Mónica Luzárraga,
Unidad Popular y Pachakutik

Ordenaré el transporte de carga pesada mediante horarios y rutas obligatorias y utilizaremos el Anillo Vial Perimetral para sacar los camiones de los barrios. En movilidad activa, propongo una red de ciclovías conectada, y no tramos aislados, que una barrios, universidades, mercados, parques y estaciones de transporte.

El primer año se aplicarán la ordenanza para el transporte pesado y la tarifa integrada; el segundo comenzará la primera etapa del transporte fluvial. La meta al cuarto año es reducir en 20 % la congestión en los principales corredores norte-sur y puentes.

Antonio García, por el Partido Sociedad Patriótica

Guayaquil necesita una política de movilidad que no se limite a construir más vías. El objetivo es que las personas pasen menos tiempo trasladándose entre su casa, el trabajo, los centros educativos y los servicios. Por eso proponemos un “Programa Integral de Movilidad y Conectividad 2027–2031” que combine vialidad, gestión del tránsito, transporte público, seguridad vial y accesibilidad.

Durante los primeros seis meses elaboraremos un mapa de congestión de Guayaquil, con datos de flujo vehicular, tiempos de viaje, siniestralidad, transporte público, semáforos y estado de las vías, para identificar dónde se pierde tiempo. A partir de ese diagnóstico habrá tres niveles de intervención.

Guayaquil necesita una política de movilidad que no se limite a construir más vías. El objetivo es que las personas pasen menos tiempo trasladándose entre su casa, el trabajo, los centros educativos y los servicios. Por eso proponemos un Programa Integral de Movilidad y Conectividad 2027–2031.Antonio García, 
Partido Sociedad Patriótica

El primero contempla soluciones rápidas, como modernización de semáforos, cambios de sentido, eliminación de giros conflictivos, recuperación de carriles, vías alternas y control de estacionamiento. El segundo incluye soluciones de corredor, con rehabilitación vial, intersecciones, transporte público, accesibilidad peatonal, drenaje y seguridad vial. El tercero será infraestructura mayor, como ampliaciones, pasos elevados, distribuidores, nuevas conexiones viales o incluso un sistema ferroviario subterráneo, si los estudios determinan su viabilidad.

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Paralelamente, revisaremos integralmente el Estatuto Orgánico Funcional de la ATM e intervendremos sus escuelas formativas, fortaleciendo los controles y elevando los estándares de formación y evaluación del personal.

Pedro Medina, por PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

Guayaquil necesita dejar de administrar la congestión solamente cuando ya se produce. Mi propuesta es trabajar con un Plan de Movilidad de Respuesta Rápida, basado en datos y con intervención por corredores. La prioridad será identificar los mayores cuellos de botella, revisar semáforos y tiempos de cruce, ordenar paradas y giros, mejorar la señalización y coordinar la operación del transporte público. La ATM tiene la competencia para gestionar el tránsito y el transporte terrestre, por lo que la Alcaldía debe exigir resultados medibles.

En los primeros 100 días plantearía un diagnóstico operativo de los principales corredores y una intervención inicial en los puntos de mayor congestión, con monitoreo en tiempo real y publicación de indicadores. No se trata solamente de construir más vías: hay que hacer que las existentes funcionen mejor.

La movilidad no puede medirse por la cantidad de obras anunciadas, sino por el tiempo que una madre, un trabajador o un estudiante recupera cada día. Las primeras intervenciones deberán mostrar resultados durante el primer año y consolidarse con un plan de cuatro años.Pedro Medina, 
alianza PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

También impulsaría corredores seguros para peatones, una mejor conexión entre barrios y transporte público, y soluciones para intersecciones donde el bloqueo de un solo punto paraliza sectores completos. Cuando una obra vial sea necesaria, deberá justificarse por su impacto en tiempos de viaje, seguridad y conectividad.

La meta será reducir progresivamente los tiempos de desplazamiento en los corredores intervenidos y publicar trimestralmente los resultados. El ciudadano debe saber qué punto se intervino, cuánto costó, qué problema se encontró y qué resultado produjo. La movilidad no puede medirse por la cantidad de obras anunciadas, sino por el tiempo que una madre, un trabajador o un estudiante recupera cada día. Las primeras intervenciones deberán mostrar resultados durante el primer año y consolidarse con un plan de cuatro años.

Andrés Roche, por el Partido Social Cristiano

La ciudad necesita recuperar el orden y la fluidez en sus calles. Mi prioridad será que el guayaquileño pierda menos tiempo movilizándose.

Vamos a recuperar el orden, la comodidad y la seguridad en la Metrovía y los buses convencionales. Integraremos las estaciones de la Metrovía con otros modos de transporte, como buses urbanos y taxis, para facilitar la conexión y reducir los tiempos de viaje. Impulsaremos la renovación progresiva hacia buses eléctricos con aire acondicionado, con apoyo de la banca y del Gobierno Nacional. Ya lo hicimos con los primeros 20 buses eléctricos y lo volveremos a hacer.

Cuando dirigí la ATM dejamos estudiados ocho distribuidores de tráfico; solo se ejecutaron dos. Retomaremos los seis pendientes para eliminar conflictos en las intersecciones y agilizar el tránsito.

Guayaquil

La propuesta para hacer más caminable la avenida Juan Tanca Marengo

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Como la movilidad es dinámica, actualizaremos anualmente los planes semafóricos y monitorearemos el tráfico en tiempo real mediante sensores y cámaras de conteo, para ajustar la operación de los semáforos a la realidad de cada vía y cada hora.

Guayaquil necesita recuperar el orden y la fluidez en sus calles. Mi prioridad será que el guayaquileño pierda menos tiempo movilizándose. Vamos a recuperar el orden, la comodidad y la seguridad en la Metrovía y los buses convencionales. Andrés Roche, 
Partido Social Cristiano

En la avenida Francisco de Orellana, por ejemplo, construiremos pasos elevados en las principales intersecciones para desarrollar un corredor vial continuo, sin interrupciones, que permita a los ciudadanos del norte de la ciudad conectarse más rápido con el centro y el sur. En vía a la costa construiremos un retorno elevado cerca de Puerto Azul, para que el flujo del tráfico sea continuo y seguro, y cuatro pasos peatonales seguros, iluminados y con ascensor.

En la avenida del Bombero ampliaremos en dos carriles por lado el cuello de botella en el cruce con la avenida Rodríguez Bonín y estudiaremos una solución definitiva al conflicto vial con la Carlos Julio Arosemena.

Cynthia Viteri, por ADN 

EXPRESO solicitó un espacio de entrevista con la candidata Cynthia Viteri y, al igual que al resto de postulantes, le envió un cuestionario sobre las problemáticas que enfrenta Guayaquil, a fin de conocer las soluciones que propone si llegara a la Alcaldía. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fiorella Ycaza, por el Partido Socialista Ecuatoriano

La ciudad necesita moverse mejor, y eso no se resuelve con una sola obra. Tenemos que seguir mejorando las vías, el transporte público y la forma en que organizamos el tránsito. Mi plan contempla actuar en los puntos donde hoy se forman los mayores problemas, mientras avanzamos con las obras que requieren estudios y ejecución por etapas. Vía a la costa es una prioridad. El plan incluye una solución vial con pasos a desnivel, ampliación de vías, un túnel, ciclovía y mejores aceras, para atender de manera integral los problemas de movilidad y no únicamente con intervenciones aisladas.

También planteamos ampliar y mejorar las troncales de la Metrovía y modernizar los buses de transporte masivo. A esto se suma un ordenamiento de la circulación del transporte pesado y de las operaciones de carga y descarga por zonas. Usaremos tecnología para identificar los puntos de conflicto y responder con mayor rapidez. Esto resulta urgente.

La ciudad necesita moverse mejor, y eso no se resuelve con una sola obra. Tenemos que seguir mejorando las vías, el transporte público y la forma en que organizamos el tránsito. Mi plan contempla actuar en los puntos donde hoy se forman los mayores problemas.Fiorella Ycaza
Partido Socialista Ecuatoriano

Hay medidas de gestión que pueden empezar desde el inicio de la administración, mientras las obras más grandes avanzarán por fases durante el período 2027-2031. Nuestro objetivo es que los guayaquileños sientan que recuperan tiempo y que no permanecen atascados en las vías de la ciudad.

Mi compromiso es con una gestión que mida resultados, corrija lo que no funciona y actúe primero donde el problema es más fuerte.

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Susana Santistevan, por CREO

Mi plan bandera es implementar un Tren Eléctrico Sostenible, un sistema de tren ligero urbano financiado y alimentado energéticamente mediante una planta de valorización de residuos sólidos (Waste-to-Energy). Convertiré la basura que genera la ciudad en energía limpia para movilizar a los guayaquileños, reduciendo el costo operativo y ambiental del transporte.

La propuesta incluye una red de buses alimentadores eléctricos. Reestructuraremos progresivamente la flota de transporte urbano para sustituir los buses tradicionales por alimentadores 100 % eléctricos, que conecten de forma rápida y limpia los barrios y cooperativas con los ejes del Tren Eléctrico y la Metrovía.

Mi plan bandera es implementar un Tren Eléctrico Sostenible, un sistema de tren ligero urbano financiado y alimentado energéticamente mediante una planta de valorización de residuos sólidos. Convertiré la basura que genera la ciudad en energía limpia para movilizar a los guayaquileños.Susana Santistevan, 
CREO

También implementaremos una semaforización inteligente, sincronizada en tiempo real mediante sensores de tráfico para crear “olas verdes”, con cero tolerancia al bloqueo de cruces en horas pico. A esto se sumará un reordenamiento de la carga pesada, con una regulación estricta de los horarios de abastecimiento comercial y del tránsito pesado en la vía Perimetral y los principales accesos.

Este reordenamiento incluye el cambio de uso de suelo en vía a la costa a residencial y comercial. Además, propondremos al Gobierno central y a la Prefectura una alianza para ejecutar una nueva ruta Guayaquil-Progreso-Posorja.

Lo que debes saber

• Señalan al Ministerio de Energía por manejar y revisar los contratos de emergencia.
• Identifican a José Manuel de Oliveira como operador clave en el seguimiento contractual.
• El exfuncionario denuncia presiones de Inés Manzano y un asalto para sustraerle información.

Tras el cierre de la investigación del caso Progen y el sobreseimiento del exministro Antonio Gonçalves, la Fiscalía General del Estado señala exclusivamente a técnicos de Celec dentro del proceso por el fraude $104 millones. Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, señala al Ministerio de Energía como eje de las contrataciones e identifica al excoordinador jurídico José Manuel de Oliveira como un operador.

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Karla Salud y los roles de Roberto Luque e Inés Manzano con Progen

- En los últimos días reapareció Karla Saud, representante de Progen en Ecuador. ¿Qué opinión tiene?

Me parece importante que haya aparecido. Creo que es vital que pueda comparecer ante Fiscalía para aclarar todo lo que ha sucedido: cómo llega Progen a Ecuador, desde cuándo llega y cómo se realizaron las negociaciones. En EE. UU. se ha identificado cómo se dieron estos contratos y cómo las negociaciones ocurrieron mucho antes de que se declarara la emergencia en Celec. Hay funcionarios del Gobierno que, pese a todo lo que se ha encontrado, han quedado fuera del caso.

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- Karla Saud ha señalado directamente a Roberto Luque e Inés Manzano... ¿Qué pudo observar?

Desde el inicio de los procesos de contratación, quien los manejaba era el Ministerio de Energía. Las versiones de varios funcionarios que trabajaron antes de mi llegada como gerente encargado de la Unidad de Negocios Termopichincha identifican que el Ministerio solicitaba que toda la información se cargara en un enlace para revisarla, cotejarla y hacer sus ajustes y apreciaciones. Después de todo lo que hemos vivido, podemos ver demasiadas coincidencias entre los contratos de emergencia: Las similitudes en los documentos preparatorios, en las cláusulas, en las formas de pago, en los hitos y en los plazos muestran que había una estructura institucional.

De Oliveira, el "operador" del Ministerio de Energía

- ¿Quién era el funcionario del Ministerio que hacía ese seguimiento?

Quien estaba encargado desde el Ministerio, de acuerdo con un acuerdo ministerial, era José Manuel de Oliveira. Llamaba constantemente para solicitar información sobre los avances, los informes y las actuaciones. No solamente de Termopichincha, sino de todas las unidades de negocio.

- ¿A usted lo llamaba?

Mi canal regular era inicialmente con la máxima autoridad de Celec, el gerente general. Sin embargo, dada la insistencia del señor De Oliveira, desde la propia gerencia general me indicaron que le trasladara la documentación que solicitara, siempre que estuviera sumida, verificada y suscrita. La condición era: si De Oliveira tenía la competencia entregada por el Ministerio para ejercer ese control, podía hacerlo, pero no interferir.

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- ¿Qué ocurrió entonces?

Hoy sabemos que no hacía falta una interferencia directa. La contratista siempre tuvo información privilegiada.

- En su versión usted menciona que Karla Saud tenía contacto directo con funcionarios del Ministerio de Energía. ¿Quiénes?

Antes del inicio de la ejecución contractual yo no conocía a ninguno de los funcionarios de Progen. Durante la ejecución sí hubo momentos en los que la señora Saud decía que iba a hablar con ‘Roberto’, con ‘José Manuel’ o con ‘Arturo’. Entiendo que se refería a los funcionarios del gobierno.

El rol de Inés Manzano en la adenda solicitada por Progen

- ¿Cuál fue el rol de Manzano en la adenda?

Progen aducía un desequilibro financiero. Solicitó una adenda y yo revisé. No tenía ningún sustento. (En Celec) teníamos una posición clara: negarle. Entonces empezaron las llamadas del Ministerio.

- ¿De quién?

De la ministra Inés Manzano y sus asesores. Preguntaban que por qué no puede hacer (la firma de la adenda).

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- ¿Preguntar u ordenar?

Después de haber tenido varias reuniones donde le explicamos que esa adenda no era procedente, el 16 de diciembre me llama (Inés Manzano) para decirme que ya sabe por qué no quiero firmar y cuáles son mis intereses, que ella ha hablado con la contratista. Ahí le dije que si prefería confiar en una empresa que estaba incumpliendo antes que a su propio equipo yo no podía ser parte de ese equipo.

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- Hay versiones de técnicos de Celec que hablan de presiones y amenazas durante las inspecciones en EE. UU. Incluso lo señalan a usted. ¿Qué responde?

Existen serios indicios de inconsistencias. Hay versiones que no coinciden entre sí. Incluso se ha pretendido fabricar testigos estrella para orientar la investigación hacia donde más le convenga al sistema judicial. La realidad de la inspección es que los funcionarios que estuvieron allá gozaron de libertad al punto que después de la inspección fueron a un centro de diversión nocturna y a hacer compras.

El informe y las advertencias de Celso Sánchez

- Hablemos del informe de Celso Sánchez. Él sostiene que advirtió por escrito que las unidades eran viejas y que sus observaciones fueron ignoradas. ¿Qué pasó?

Ese informe, que se menciona fue remitido solo entre los miembros de la Comisión y se copió al subgerente de Producción. Sin embargo, el 23 de septiembre existe un correo de Sánchez dirigido a Marlon Casilla, administrador del contrato, en el que solicita que se pida a la contratista la documentación faltante. El 24 de septiembre circuló un borrador de informe en el que recién ahí fui copiado. En ese documento no se advertía que todo estuviera mal. Por el contrario, se hablaba de que la inspección se había cumplido y se solicitaba información faltante. El 25 de septiembre, Sánchez volvió a solicitar la documentación porque estaban elaborando el informe.

- ¿Cómo interpreta?

Ahí está la contradicción. ¿Cómo se puede decir que el 23 de septiembre se entregó un informe en el que todo estaba mal y que el proceso era insalvable, si el 25 de septiembre Sánchez decía que todavía necesitaba información para terminar el informe?

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Las amenazas contra los señalados en Progen

- Los técnicos Paúl Flores y Celso Peña, el exgerente Fabián Calero y ahora Saud dicen que han recibido amenazas. ¿Qué piensa usted?

Es importante que la señora Saud identifique quién le está amenazando. Casualmente un día antes de la versión del señor De Oliveira, en 2025, llegando a mi domicilio me interceptaron, me escopolaminaron y se llevaron mis dispositivos, donde tenía información relevante cómo llegó Progen a Ecuador. No estamos hablando solo de técnicos o gerentes amenazados, sino de los contratistas. ¿Quién tiene el poder para amenazarnos?

Lo que debes saber: 

• Adultos mayores en Ecuador: 1,5 millones enfrentan realidades distintas al llegar a los 65 años.
• Así viven los adultos mayores en Ecuador: pensiones, salud, vivienda y apoyo familiar.
• Una defensora de derechos de esta población habla de las diferencia entre quienes están solos, sin jubilación y otro sector que recibe una pensión, tiene ahorros, una red de apoyo, etc.

En Ecuador, la experiencia de envejecer está condicionada por factores como tener una pensión jubilar, contar con una red de apoyo familiar, ser autónomo y acceder a servicios de salud y vivienda. Así lo explica Sonia Andrade Tafur, defensora de los derechos de las personas mayores.

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Una mañana en el Parque Inglés, al norte de Quito, permite observar algunas de las distintas formas de vivir la vejez en Ecuador. El 9% de la población tiene 65 años o más.

En uno de los espacios del parque, un grupo de mujeres de distintas edades y condiciones participa en una jornada de zumba dirigida por el profesor Alexis González. 

Entre ellas está Marianita de Medina, de 84 años, quien vive en el sector de Andalucía y acude al grupo de martes a viernes. Es enfermera jubilada. Trabajó en el Hospital Carlos Andrade Marín. Tiene cuatro hijos y siete nietos. Los lunes no asiste al parque porque es ministra de la eucaristía y ayuda a llevar la comunión a personas enfermas.

En el mismo grupo está Alba Mosquera, de 75 años, también residente en Andalucía; madre de dos hijos de 52 y 53 años y abuela de cuatro nietos. Lleva 11 años participando en las actividades físicas del parque, aunque comenzó a ejercitarse allí hace dos décadas. Es guayaquileña y llegó a Quito hace 20 años. Tuvo un restaurante.

Nunca se afilió al IESS. Le molestan sus várices, una dolencia que se relaciona con los años que trabajó de pie; se atiende con un médico particular. Dice sentirse satisfecha con su vida y valora especialmente el tiempo que ahora puede dedicar a sí misma.

No es la única. Gina Villacís, quien cumplirá 60 años en este mes, dice: "El grupo me quitó el miedo a seguir avanzando en edad. Me gusta ver que todas se mantienen con salud, vigorosas; todas se amarran los cordones solas". Con el profesor Alexis practican taichí, yoga, aeróbicos y zumba.

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Adultos mayores deben contribuir para sostener gastos familiares

A pocos metros, Teresa Mora, de 67 años, espera a que su nieto suba al transporte escolar. Vive con él y con su hija. Con su pensión, de algo más de 300 dólares al mes, contribuye a sostener los gastos de la familia. Reúna el dinero para cubrir el pago de una vivienda que todavía está hipotecada. 

Mora no ha podido acudir a la oftalmóloga porque el dinero no alcanza y tampoco ha conseguido una cita en el IESS.

El contraste entre estas historias muestra que llegar a los 65 años no representa lo mismo para todas las personas. Para algunas, supone disponer de tiempo después de décadas de trabajo; para otras, el ingreso mensual apenas alcanza para cubrir sus propias necesidades y, al mismo tiempo, contribuir a la economía familiar.

De los 1,5 millones de adultos mayores que hay en Ecuador, 803.392 son pensionistas.

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Andrade recuerda que las pensiones también cumplen una función dentro de los hogares. Incluso cuando los hijos ya están en edad productiva, señala, el ingreso de los jubilados contribuye a cubrir los gastos de hijos y nietos.

Este aporte, apunta, permanece poco visible y debería considerarse en el diseño de políticas públicas. La precarización del empleo formal y las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a ingresos suficientes pueden aumentar la dependencia económica dentro de las familias, sostiene.

"Mi jubilación e permite vivir con dignidad y tranquilidad"

Cecilia Suárez, de 66 años, es una de las personas que sí cuenta con una jubilación. Desde 2021 disfruta de una nueva etapa que, según cuenta, le ha permitido dedicar más tiempo a la lectura, a la música, a su familia ya viajar.

Trabajó durante 42 años en la Universidad de Cuenca, donde llegó a ser decana de la Facultad de Artes. También fue directora de Cultura del Municipio de Cuenca. 

“Le dediqué toda mi vida a la docencia, investigación y servicio público”, cuenta. Para ella, jubilarse no fue una experiencia difícil, sino una transición esperada.

"Jubilarse no fue difícil, todo lo contrario, fue muy placentero, tengo tiempo para mí, para mi familia. Como que se cumplieron mis metas y tenía que venir esta otra etapa", relata.

Tiene tres hijos y tres nietos, de 10, 7 años y dos meses.

Su jubilación, explica, le permite vivir con tranquilidad y cubrir sus necesidades.

"Yo diría que tengo una comodidad, una tranquilidad que me ofrece una vida digna. No poseo riquezas ni capitales, mucho menos, pero el tiempo para mí es la mayor recompensa que tengo", afirma.

Ha viajado y conocido lugares que antes no había podido visitar, entre ellos Nueva York y las Islas Galápagos. Se siente agradecida por esas experiencias.

Sin embargo, reconoce que su situación no representa la realidad de la mayoría de las personas mayores en Ecuador.

“Desafortunadamente, pertenezco a un porcentaje pequeñito que tiene el privilegio de disponer de una jubilación”, dice.

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No tener pensión ni ahorros

Sonia Andrade, defensora de derechos de personas mayores, coincide en que la vejez en Ecuador está atravesada por profundas diferencias económicas y sociales. La precarización del trabajo formal, señala, deja a un número importante de personas sin una pensión para afrontar esta etapa de la vida.

“Vivir la vejez es absolutamente desigual: unos tienen jubilación, vivienda propia y apoyo familiar; otros están sin pensión, sin ahorros”, sostiene.

Las historias de quienes se reúnen en un parque de Quito muestran esa diferencia. Para algunos, la vejez puede significar tiempo libre, actividad física, viajes y una mayor autonomía. Para otros, la pensión -cuando existe- ayuda a cubrir las necesidades de hijos y nietos.

Lo que debes saber

• La cultura del miedo puede derivar en autocensura.
• Los entrevistados advierten riesgos para el pluralismo democrático.
• El debate y los contrapesos son claves para la democracia.

El silencio empieza a convertirse en una señal incómoda de la política ecuatoriana. Periodistas que cuestionan, indagan y exponen; empresarios que advierten y figuras públicas que discrepan aparecen cada vez más expuestos a campañas de descrédito, presiones o aislamiento mediático.

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El miedo como herramienta de poder

El patrón preocupa porque no necesita de una orden explícita del poder para producir resultados. Pero, basta con que alguien vea lo ocurrido con otros y empiece a preguntarse cuánto le costaría decir lo que piensa.

El exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que detrás de estas prácticas existe un intento de frenar la crítica cuando esta comienza a crecer. A su criterio, el Gobierno de Daniel Noboa recurre a instituciones que deberían actuar con independencia y que, según afirma, terminan convertidas en instrumentos de poder.

Peñafiel menciona entre los casos que, desde su perspectiva, evidencian esa dinámica al expresidente Oswaldo Hurtado, María Paz Jervis, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, y medios como EXPRESO y Ecuavisa. Sobre este último, señala que impedir la presencia de funcionarios en entrevistas constituye también un problema para la transparencia y la rendición de cuentas.

La consecuencia más delicada, según Peñafiel, es que el poder comienza a ejercerse mediante el miedo. Cuando una persona observa que cuestionar tiene consecuencias, la discusión deja de ser sobre si tiene razón y pasa a ser sobre cuánto está dispuesta a arriesgar.

Precisamente allí, el exministro de Gobierno Henry Cucalón identifica uno de los mayores peligros: la autocensura. La define como “una forma de silencio” que aparece cuando las personas dejan de hablar antes incluso de que alguien tenga que ordenarles callar.

El caso del periodista Hernán Higuera que dejó de investigar el caso Progen después de denunciar consecuencias que alcanzaron a su familia, ilustra para Cucalón hasta dónde puede extenderse ese temor. El problema, sostiene, ya no es únicamente la afectación individual, sino el mensaje que recibe el resto de la sociedad ecuatoriana.

Cucalón advierte que la autocensura es otra forma de silencio y que el miedo puede terminar condicionando la manera en que periodistas, empresarios y ciudadanos expresan sus posiciones. Por lo que el efecto puede producirse de manera indirecta, hasta instalarse como una conducta cotidiana.

No obstante, Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, explica que cuando estas acciones parten de funcionarios o instituciones públicas dejan de ser simplemente una “funa” (un linchamiento virtual para destruir la reputación social de una persona) en redes sociales. A su juicio, estas pueden convertirse en “coacción institucional” y en una forma indirecta de censura.

Delgado describe mecanismos que, según su análisis, pueden combinar presión administrativa, estigmatización y desgaste profesional. Entre ellos menciona el retiro selectivo de publicidad a los medios, auditorías, utilización de herramientas legales y campañas que presentan a los críticos como enemigos o desinformadores.

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Cuando disentir tiene un costo

El resultado, subraya, es que algunos periodistas dejan de hablar, otros abandonan el país y otros cambian los temas que investigan. “Al estrangular o silenciar las voces críticas, la ciudadanía también pierde acceso a información plural contrastada”, sostiene el antropólogo.

Cucalón considera que una de las causas de este fenómeno es la polarización permanente. “Si tú criticas al Gobierno, entonces eres correísta”, resume al explicar una lógica que, según él, convierte cualquier divergencia en una identidad política y reduce el espacio para una crítica independiente.

El antropólogo coincide en que el debate público se ha vuelto binario. Bajo esa lógica, cuestionar una decisión oficial puede ser interpretado como estar “del otro lado”, una simplificación que termina sustituyendo la discusión sobre los argumentos por la descalificación de quien los plantea.

Sin embargo, ¿por qué resulta más fácil atacar que escuchar? Peñafiel responde que el diálogo exige amplitud, escucha y capacidad para aceptar verdades incómodas, mientras que “el proceso de imposición es la decisión del manda más”.

El exministro de Gobierno plantea una diferencia que se debe analizar: un Gobierno puede ejercer un liderazgo firme frente al crimen organizado y, al mismo tiempo, respetar las libertades individuales. “Firmeza sí, dureza, pero por supuesto, un liderazgo fuerte”, afirma, pero advierte que eso no debe confundirse con sectarismo, intolerancia o arbitrariedad.

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El riesgo para la democracia

¿Quién debería poner límites? Jorge Peñafiel apunta primero a la Asamblea Nacional, porque considera que ese poder tiene herramientas constitucionales para ejercer contrapesos; pero cuestiona que el Legislativo cumpla esa función cuando actúa alineado con el Ejecutivo.

Por su parte, Henry Cucalón amplía la responsabilidad a la sociedad y a las instituciones que deben funcionar como contrapesos. “No hay que dejarlos solos”, dice al referirse a quienes son atacados por pensar diferente, y reclama una ciudadanía capaz de defender la libertad, aunque la persona afectada no pertenezca a su sector.

El antropólogo Florencio Delgado sostiene que el riesgo final de esta cultura del silencio no es que desaparezcan todas las voces críticas de un día para otro. Es algo más silencioso: que cada vez haya menos personas dispuestas a levantar la voz, hasta que la sociedad termine acostumbrándose a que discrepar tiene un precio alto.

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El miedo debilita el pluralismo

La “pulverización” de las voces críticas tiene una consecuencia que va más allá del periodismo. Para el antropólogo Florencio Delgado, Ecuador puede convertirse en un lugar inseguro para la disidencia cuando el poder utiliza el miedo como una herramienta para condicionar la expresión pública.

El antropólogo considera que esa política del miedo termina debilitando el espacio público. Si las voces críticas son “pulverizadas”, dice, la ciudadanía pierde la posibilidad de contrastar posiciones y queda expuesta a una narrativa con menos cuestionamientos.

Henry Cucalón ubica el fenómeno en otra dimensión y lo relaciona con una práctica propia del populismo. Para el exministro, convertir la discrepancia en una amenaza y dividir a la sociedad entre quienes están con el poder y quienes están contra él responde a una lógica de confrontación que deteriora el pluralismo.

Jorge Peñafiel lleva la comparación hacia otros gobiernos de la región. El exasambleísta sostiene que el uso del miedo como mecanismo de poder ha sido empleado por gobiernos como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los hermanos Castro. Para el exlegislador, la contradicción es clara: un sistema puede mantener elecciones e instituciones, pero debilitar, a la vez, la democracia al concentrar el poder y limitar a quienes lo cuestionan.

Quito fuera de la postal

• Tres películas ecuatorianas recientes han desplazado la cámara del Centro Histórico y el Panecillo hacia casas de barrio, universidades, bares, antiguos cines, zonas industriales y parroquias rurales del Distrito Metropolitano.
• Nosotros, mi papá y el perro, Buenos Amigos y El niño probeta encuentran en esos escenarios cotidianos el entorno que necesitan sus personajes y las historias que cuentan.

Desde que la industria cinematográfica empezó a desarrollarse en Ecuador, Quito ha sido quizá una de las ciudades más fáciles de reconocer en la pantalla. Bastaban una toma del Panecillo, las fachadas del Centro Histórico o alguna de sus iglesias para situar la historia.

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Ocurrió en filmes emblemáticos del cine nacional como A tus espaldas, que convirtió a la Virgen del Panecillo en un eje de su relato, o Ratas, ratones, rateros, que llevó parte de su acción hasta la antigua terminal de Cumandá.

Esa geografía, sin embargo, aparece cada vez menos en los estrenos nacionales recientes rodados en la capital. La cámara se ha desplazado hacia otros rincones de Quito y sus alrededores, menos asociados con la postal turística y más vinculados con la cotidianidad de sus personajes.

El recorrido ahora pasa por una casa de los años setenta en la Granda Centeno, los corredores de la Universidad Central, un antiguo cine para adultos, un edificio en Cumbayá, los bares de la Shyris o las bucólica calles de la parroquia Nono, en el nororiente de la urbe.

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Nosotros, mi papá y el perro, de Pablo Arturo Suárez; El niño probeta, de Carolina Hernández; y Buenos Amigos, de Dwight Gregorich, tienen poco en común si se mira únicamente sus argumentos. La primera es una comedia familiar sobre un hombre de 45 años cuya vida empieza a desarmarse; la segunda recurre a la ciencia ficción para hablar del racismo; y la tercera se mueve entre el thriller y la acción después de que un grupo de jóvenes roba una computadora y una cámara que pertenecen a una organización criminal.

Pero las tres comparten algo: son historias profundamente atravesadas por Quito. La ciudad no aparece únicamente como el lugar donde ocurren los hechos. Sus barrios, edificios y espacios cotidianos ayudan a definir a quienes los habitan y, en buena medida, explican por qué estas películas han buscado otros escenarios para contarla.

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Una ciudad detenida en el tiempo

La elección de esos espacios empieza, en buena medida, por los personajes. Para Pablo Arturo Suárez, Sebastián, protagonista de Nosotros, mi papá y el perro, no podía habitar un Quito de postal. Es un profesor universitario de clase media que pierde su trabajo y que, mientras intenta recomponer su vida, debe lidiar con un hijo adolescente, un padre jubilado, un matrimonio en crisis y el regreso inesperado de su hermano.

Ese mundo cotidiano comienza en una casa de la Granda Centeno. Suárez buscaba una vivienda de los años setenta u ochenta, una de esas casas familiares por las que han pasado varias generaciones y que todavía sobreviven entre los edificios que han transformado el sector. El espacio debía acompañar también el momento que atraviesa Sebastián: mientras su vida cambia a toda velocidad, él parece haberse quedado unos pasos atrás.

“Quería que la ciudad también se sienta como una ciudad quedada en el tiempo, que no se sienta ni moderna ni vieja, ni colonial ni supermodernizada, sino como esta ciudad que sigue conviviéndose y viviéndose”, señala el director.

La misma lógica llevó el rodaje hasta la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central y, más adelante, a uno de los escenarios más singulares de la película: el Cine América. El antiguo teatro, hoy dedicado al cine para adultos, es frecuentado por Rodrigo, el padre de Sebastián. En la película, además de revelar una faceta del personaje, termina convirtiéndose en un lugar de encuentro y conversación entre padre e hijo.

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“Es un lugar que todos sabemos que existe, pero al que el 99 % de las personas nunca hemos entrado o no sabemos cómo es. Me parecía interesante hablar de ese otro mundo y construir una microhistoria alrededor de este espacio”, cuenta Suárez.

Quito, cuando cae la noche

Una búsqueda similar, aunque desde otro género, atraviesa Buenos Amigos. La película de Dwight Gregorich sigue a Isabel, una adolescente que empieza a frecuentar a un grupo de jóvenes que comete pequeños delitos para financiar sus salidas. Una noche roban una computadora y una cámara del vehículo equivocado: los objetos pertenecen a una organización criminal y el juego de estos chicos termina convirtiéndose en una persecución. En paralelo, la historia sigue la tirante relación de Isabel con Tatiana, su madrastra

Para construir ese universo, la producción se desplazó entre Quito y Cumbayá y buscó espacios asociados con la vida urbana de sus personajes. La avenida Shyris y sus bares y el Metro de Quito, forman parte de ese recorrido. A ellos se suma una locación industrial que la producción utilizó durante buena parte del rodaje y donde transcurre parte de la acción.

La intención, explica Karen Montero, productora y protagonista del filme, era retratar el ambiente nocturno en el que se mueven estos jóvenes y lugares de encuentro, desplazamiento y ocio que se visibilizan cuando empiezan a cruzar los límites que pone en marcha el thriller.

Más allá del paisaje

En El niño probeta, la cámara se aleja todavía más del núcleo urbano. Carolina Hernández llevó cuatro de las cinco semanas de filmación a Nono, parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito. Allí convirtió sus calles y casas en San Fernando, el pueblo ficticio donde Susana y Miguel recurren a un tratamiento genético para escoger las características de su hijo: piel clara, cabello rubio y ojos claros.

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La ciencia ficción sirve como punto de partida para una historia atravesada por prejuicios raciales y sociales. Para contarla, Hernández buscaba una comunidad donde mestizos e indígenas convivieran de cerca y donde la llegada del primer “niño probeta” pudiera alterar las relaciones de un pueblo en el que las familias se conocen, las noticias circulan rápido y la apariencia del recién llegado despierta preguntas entre sus habitantes.

La elección de ese entorno también tenía una raíz personal. Hernández nació en Guayaquil y creció en Huaquillas, pero sus padres son serranos y durante su infancia pasó temporadas en la Sierra. Situar la historia allí le permitía reunir en un mismo espacio las diferencias y prejuicios sobre los que quería indagar. También incorporar otro elemento que consideraba inseparable de la vida cotidiana de muchas comunidades ecuatorianas: la religión. En San Fernando, el cura aprovecha sus sermones dominicales para hablar de aquello que considera normal o anormal ante los ojos de Dios.

Nono, además, no funcionó únicamente como escenario. Cerca del 90 % del equipo se instaló en la parroquia durante la filmación y, antes de encender las cámaras, la producción realizó un proceso de socialización con la comunidad e incorporó a varios de sus habitantes al rodaje.

“Más allá de que toco temas que me hacen reflexionar o me motivan a preguntarme cosas y a intentar encontrarles respuestas, siempre hago películas pensando en el público, en que las vea el público”, ha explicado la cineasta.

Lo que debes saber

• Mandatarios piden reformar la ONU y centrar esfuerzos contra el crimen organizado transnacional.
• Analistas señalan que el derecho a veto en el Consejo de Seguridad bloquea reformas institucionales.
• La falta de consenso multilateral expone a naciones como Ecuador a depender de superpotencias.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), líderes internacionales como los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Javier Milei (Argentina) y Donald Trump (Estados Unidos) demandaron transformar el organismo multilateral. Los mandatarios coincidieron en que el sistema global debe dejar atrás los esquemas de la Segunda Guerra Mundial y responder con eficacia a crisis contemporáneas como las guerras y el crimen organizado transnacional.

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Las demandas de los mandatarios en el 81.º período de sesiones

En la sede de las Naciones Unidas, las críticas hacia el funcionamiento del organismo multilateral fueron un eje recurrente entre diferentes delegaciones.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, demandó acciones inmediatas y prioritarias frente a la delincuencia transnacional:

Por su parte, el mandatario argentino, Javier Milei, calificó de "inútil" a la entidad por la falta de cumplimiento en la resolución sobre Malvinas y señaló: “Una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante, su autoridad”, agregando que “Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura”.

A su vez, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, encabezó los cuestionamientos al afirmar: “Parece que lo único que hacen es escribir una carta con un tono muy enérgico y luego no darle seguimiento. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra”, tras lo cual adelantó que recurrirá a su poderío militar para resguardar sus intereses.

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El derecho a veto: el nudo crítico del Consejo de Seguridad

De acuerdo con analistas consultados por EXPRESO, el principal obstáculo institucional para transformar el organismo radica en el Consejo de Seguridad y en el privilegio de veto que mantienen sus cinco miembros permanentes:

El internacionalista Esteban Santos advierte que este esquema mantiene atado de manos al multilateralismo ante los conflictos bélicos: “No puedes tener una resolución sobre Ucrania como no la tendrás en Palestina y posiblemente no la tengas jamás sobre Taiwán”. Para Santos, este bloqueo sistemático alimenta focos de tensión en enclaves estratégicos como Medio Oriente o el estrecho de Ormuz.

La falta de representatividad regional

El excanciller Patricio Zuquilanda destacó que la marginación de continentes enteros resta legitimidad a la estructura global: “Por el lado latinoamericano, hemos venido desde hace mucho tiempo pensando que un país grande de nuestro subcontinente podría representarnos... Brasil pueda representar a nuestra región”.

Sin embargo, cualquier enmienda a la Carta de la ONU exige la aprobación de los mismos cinco integrantes con derecho a veto. Frente a este panorama, Santiago Pérez, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL, sostuvo que mientras no cambie esa potestad, cualquier reforma anunciada representará solo una “medida parche”.

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Del multilateralismo al auge del "minilateralismo"

Ante el estancamiento burocrático, la diplomacia internacional transita hacia coaliciones flexibles encabezadas por liderazgos personalistas que privilegian acuerdos transaccionales.

Entre estas plataformas destacan:

Pérez precisó que este tipo de alianzas reducidas persiguen resultados inmediatos frente a coyunturas específicas, pero advirtió sobre sus desventajas: “Son más rápidas, pero menos legítimas y menos inclusivas también”. Asimismo, Zuquilanda indicó que los discursos que tildan de inútil a la entidad y recortan su financiamiento coinciden con una “hipertrofia interna” marcada por “una burocratización exagerada que ha causado gravísimos problemas al presupuesto de la organización”.

Las consecuencias directas para Ecuador y la región

El repliegue del sistema global afecta de manera crítica a países pequeños y medianos como Ecuador en el combate al narcotráfico y a las bandas transnacionales. La falta de mecanismos globales deja desprotegidos a los Estados, dado que ningún territorio posee el músculo financiero ni militar suficiente de forma aislada.

Zuquilanda alertó que la parálisis de la organización internacional orilla a resoluciones unilaterales que comprometen la soberanía estatal:

“Estamos cediendo la decisión no solamente de la prevención, sino de la represión a un solo país, a una potencia mundial”, concluyó el excanciller.

Lo que debes saber

• La extorsión se ha extendido a viviendas, negocios y trabajadores de distintos sectores de Guayaquil, con cobros que van desde 2,50 dólares semanales a viviendas, hasta $ 5.000 dólares o más a establecimientos comerciales.
• Los testimonios recogidos por EXPRESO muestran que repartidores, técnicos, comerciantes y familias deben pagar para trabajar, mantener sus negocios abiertos o ingresar a determinados barrios.
• Los cobros están acompañados de amenazas y reflejan el control territorial que ejercen grupos delincuenciales en diferentes zonas de la ciudad.

La amenaza puede llegar en forma de una nota dejada durante la noche, de dos hombres que se acercan a conversar como si fueran conocidos o de alguien que espera en la entrada de un barrio para cobrar por dejar pasar un vehículo.

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En distintos sectores de Guayaquil, residentes y comerciantes cuentan que la extorsión se ha incorporado a actividades tan cotidianas como abrir un local, entregar mercadería o simplemente vivir en una casa. El valor tampoco es el mismo para todos: cambia según el sector, el inmueble y el tipo de actividad.

Extorsiones en Guayaquil: los pagos empiezan con 2,50 dólares semanales a viviendas en el noroeste

En Flor de Bastión, en el noroeste de la ciudad, Arturo, residente de uno de los bloques, cuenta que los cobros a las viviendas pueden comenzar en $ 2,50 semanales. Los hombres que llegan a exigir el dinero hablan de una supuesta protección.

“Ellos te dicen que es protección, pero son ellos mismos los que cobran para no hacerte nada”, relata.

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El monto, según su testimonio, aumenta dependiendo de lo que tenga cada familia. Si la casa tiene dos pisos, el valor sube; si hay un vehículo, se suma otro cobro, por lo que pueden terminar pagando más de $ 10 cada semana.

Para quienes tienen un negocio, la exigencia es diferente. En los establecimientos comerciales, Arturo señala que se puede pedir entre $ 1.500 y $ 2.000 como pago inicial, además de cuotas mensuales que van desde $ 50 hasta $ 300.

La presión no termina con la entrega del dinero. “No les cumples una semana y ya al siguiente día te van a amenazar”, afirma Arturo. El vecino asegura que una vivienda cercana a la suya fue baleada después de que sus ocupantes se negaran a pagar la denominada vacuna.

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Extorsiones en Guayaquil: problemas por control territorial

En Flor de Bastión, además, el cobro está atravesado por el control territorial de grupos delincuenciales. Raúl, otro vecino, explica que las zonas pueden estar divididas por calles o manzanas: una organización cobra hasta determinado punto y, al cruzar la calle, comienza el territorio de otra.

Según explicó, las disputas por esos cobros han provocado enfrentamientos y muertes.

En Monte Sinaí, otros residentes consultados por EXPRESO describen una modalidad distinta para las viviendas. Allí, los cobros pueden partir de $ 2 diarios. Aunque se trata de una cantidad aparentemente menor, la frecuencia convierte la exigencia en un pago constante para las familias que son sometidas a estas presiones.

“No exagero, pero con 2 dólares al día comen algunas familias aquí. Es un problema bravo el que tenemos”, dice Mariuxi, vecina de una cooperativa.

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Extorsiones en Guayaquil: Cierre de establecimientos por amenazas

En el sur, Carla, comerciante de la ciudadela La Floresta terminó cerrando su local de venta de cervezas y otros licores después de ser extorsionada.

El primer contacto ocurrió en 2024, cuando dejaron una nota en el establecimiento. Después llegaron dos hombres que le exigieron $ 200 mensuales bajo el argumento de que la protegerían de otras bandas. También amenazaron con secuestrar a su esposo.

La mujer comenzó a pagar, pero el valor fue aumentando: primero fueron $ 200, luego $ 500 y finalmente llegó a entregar cerca de $ 1.000 cada mes.

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Los cobros también incluían productos. Durante la Navidad de ese año, recuerda, le exigieron más de 12 cajas de cerveza. Ella las dejó afuera del local y los hombres las cargaron en una camioneta.

Dos meses después decidió cerrar, luego de que las amenazas alcanzaran a ella y a otros familiares al negarse a pagarles un aumento en la “tarifa” a $ 1.500.

Belén es propietaria de una picantería en el suroeste de la ciudad. Cuenta a EXPRESO que hace dos años la extorsionaron. Sujetos llegaron a su local para pedir un pago único de $ 5.000, cuyo objetivo era brindar un supuesto servicio de protección. Ella decidió pagar ese monto.

“No me han vuelto a molestar desde esa época”, señaló. Sin embargo, teme que en cualquier momento se aparezcan para pedir nuevamente un rubro fuerte.

El impacto alcanza también a quienes recorren los barrios para abastecer a las tiendas.

Mario, dueño de un establecimiento en Mapasingue oeste, explica que los repartidores han tenido que modificar sus recorridos, además de las extorsiones, por los robos que sufren en ese sector.

En lugar de ingresar con los camiones, los repartidores utilizan camionetas y avanzan hasta donde el acceso es permitido. Según su testimonio, deben pagar entre $ 10 y $ 20 para entrar al barrio, entregar la mercadería en las tiendas y salir del sector.

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La extorsión, sin embargo, no se limita a quienes distribuyen productos.

Una situación similar enfrentan los técnicos de empresas de tecnología que realizan trabajos de campo en el noroeste. Diego, uno de ellos, confirmó que los trabajadores deben llevar entre $ 10 y $ 20 por persona en efectivo, entregado por la misma compañía para que laboren, con el fin de ingresar a determinados sectores y evitar represalias.

“¿Sabe por qué hay gente que se queja que no tiene ciertos servicios durante días? Porque hay técnicos que no pueden entrar a esos sectores, por la peligrosidad”, comentó.

La primera vez que ingresó a Guerreros del Fortín, hace tres años, le robaron cables y herramientas al negarse a entregar dinero.

Decidí cerrar, porque comenzaron a amenazarme a mí, a mi familia, para que les pague más. Era una sensación tan indignante, no podía ni dormir.Carla, laboraba en La Floresta

En sectores como Pascuales, Mucho Lote 2 y Guayacanes, entre otros puntos del norte, propietarios de tiendas, ferreterías y panaderías deben pagar entre $ 50 y $ 300 mensuales, bajo amenazas de los extorsionadores, según contaron a EXPRESO.

Denuncias de extorsiones en cementerio municipal

Pero la extorsión también ha alcanzado otros espacios. Ciudadanos denunciaron supuestos cobros irregulares en el cementerio municipal Ángel María Canals, ubicado en el Suburbio porteño.

Las denuncias apuntan a exigencias de entre $ 200 y $ 500 para acceder a una bóveda dentro del camposanto, cuando los servicios en este espacio son gratuitos. Esta situación se encuentra bajo investigación de las autoridades.

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El costo de la extorsión va más allá del dinero: vidas perdidas, negocios que cierran y familias que se ven obligadas a abandonar viviendas adquiridas con el esfuerzo de toda una vida.

Los cobros siguen extendiéndose a nuevos sectores y actividades, y el desafío para las autoridades es contener un delito que continúa condicionando la vida cotidiana de los guayaquileños.

Lo que debe saber

• Guayaquil: El quintal pasó de $27 en julio a $37,50 en septiembre, según el SIPA.
• Octubre: El arroz Conejo se vende alrededor de $41,95, Oso Flor en $46,50 y el envejecido llega a $49,50 en algunas bodegas.
• La discusión: Comerciantes atribuyen el alza a la menor disponibilidad tras la cosecha, mientras agricultores piden transparentar las existencias nacionales.

El precio del arroz sigue subiendo y la escalada ya se siente en las bodegas y en el bolsillo de los consumidores. Agricultores, comerciantes y clientes finales coinciden en que el valor del grano mantiene una curva ascendente, aunque existen distintas explicaciones sobre las causas.

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Las cifras del Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA) muestran el cambio. En Guayaquil, el quintal de arroz pasó de $27 en julio de 2026 a $37,50 en septiembre. En Quito, en cambio, el precio pasó de $54,33 a $55 durante el mismo período.

En octubre, los comerciantes reportan nuevos incrementos.

De $29 a casi $50 en pocas semanas

José Luis Unda, experto en distribución y comercialización de alimentos de Prolimentos, explicó a Diario EXPRESO que en los primeros días de octubre el precio de algunas variedades continúa subiendo.

El arroz Conejo se comercializa en $41,95, mientras que el Oso Flor llega a $46,50 y el envejecido bordea los $49,50. Unda señala que esos valores corresponden a cargas que lograron conseguir a un precio relativamente menor.

En las piladoras, el Conejo ya se cotiza en alrededor de $44, el Oso Flor en $48 y el envejecido en $52.

El salto es considerable. Hace unas tres semanas, según Unda, esas mismas variedades se vendían aproximadamente en $29, $32 y $38,50, respectivamente.

El incremento ocurre después de que terminó la cosecha de arroz de verano, una de las principales del año.

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Agricultores cuestionan que el alza llegue al productor

José Luis García, coordinador de Defensa de los Agricultores, explicó que hace unos 15 días terminó la cosecha de verano en Guayas y Los Ríos. En ese ciclo se habrían cosechado alrededor de 400.000 toneladas de arroz en cáscara.

Durante la cosecha, la saca llegó a pagarse hasta en $25. García sostiene que, una vez que disminuyó el volumen de arroz disponible inmediatamente después del pico de producción, comenzó el incremento del precio.

Sin embargo, cuestiona que este aumento esté beneficiando de manera general a los agricultores.

Según su explicación, buena parte del arroz ya había pasado a manos de intermediarios, por lo tanto el agricultor no se beneficia de los altos precios.

García también señala que las lluvias y las inundaciones en zonas tradicionalmente afectadas durante el invierno han generado preocupación entre comerciantes y consumidores. A su juicio, esa situación ha alimentado la percepción de que existe una escasez generalizada.

El dirigente sostiene que se debería transparentar cuánto arroz existe en el país y cuáles son las reservas disponibles. Según sus cifras, Ecuador consume unas 740.000 toneladas de arroz pilado al año, mientras que la producción nacional llegaría a unas 900.000 toneladas.

También señala que unas 10.000 hectáreas se han perdido por afectaciones climáticas, frente a unas 300.000 hectáreas que se siembran en el país, por lo que considera que la pérdida representa cerca del 3 % del área cultivada.

EXPRESO consultó a los gremios de industriales arroceros para conocer si las desconexiones eléctricas aplicadas a las industrias podrían estar incidiendo en el nuevo incremento del precio. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Según García las piladoras no trabajan los días en que deben tener generación electrica propia.

Lo que debes saber

• La anulación de la candidatura se resolvió durante un fin de semana sin derecho a la defensa.
• El fallo se fundamenta en una destitución de 2023 por negarse a designar a Wilman Terán.
• Se denuncia un trato diferenciado del TCE frente al caso de la exconsejera Rosa Chalá.

La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, cuestiona el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que anuló su candidatura, alegando vulneraciones al debido proceso y al derecho a la defensa. Sostiene que la impugnación sobre su probidad notoria carece de sustento jurídico, defiende su negativa previa a designar a Wilman Terán y denuncia un trato desigual respecto a otros aspirantes, anticipando acciones ante instancias internacionales y alertando sobre presiones políticas para controlar la designación de autoridades.

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- El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó su candidatura, pero el TCE resolvió anularla por una denuncia electoral en su contra. ¿Por qué es improcedente?

Las actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral están en contra de la democracia. Se me ha descalificado en un fin de semana en el que no se me permitió el debido derecho a la defensa. Nunca comparecí. No solamente afecta mis derechos y mi dignidad, porque se cuestiona mi probidad notoria, sino también los derechos de la ciudadanía a poder elegir de manera libre.

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- La denuncia en su contra cuestiona su probidad por la destitución que ordenó la Corte Constitucional en 2023. ¿Es argumento suficiente para descalificarla?

La probidad notoria tiene que ver con la conducta debida, con la trayectoria, con la honestidad. Nunca he tenido una responsabilidad penal, civil, ni siquiera una responsabilidad administrativa. Esa destitución, que fue dada por un supuesto incumplimiento de funciones, la denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue admitida porque revisaron algunos puntos a considerarse, en los que prácticamente a mí se me destituyó por no designar a Wilman Terán.

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- ¿Todo se remonta a ese momento?

En un contexto en el que mis excompañeros estaban ya destituidos por la Asamblea Nacional, ya había sido una pelea durante meses por designar al presidente en la que demostré que quise designar; pero luego llega la terna donde estaba Wilman Terán y yo me opuse a elegirlo. Me destituyen por no elegir a Wilman Terán y ahora se cuestiona mi probidad notoria por no elegir a un hombre que está preso e involucrado en algunas acciones penales y civiles.

- ¿El TCE ha fallado diferente con otros candidatos?

Es contradictorio el fallo. Más allá de que se saltaron procedimientos, hay algunos candidatos cuyas impugnaciones, bajo las mismas causales y las mismas figuras, fueron rechazadas, y la mía fue aceptada. Es el caso de la exconsejera Rosa Chalá, con la que se actuó en derecho porque ella fue destituida también por la Asamblea Nacional y a ella también se le estaba impugnando la probidad notoria; en ese contexto, a ella se le da a favor y a mí se me da en contra. Aquí hay un direccionamiento claro en mi contra por parte del TCE.

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- ¿Queda algún recurso que pueda presentar para estar en la papeleta electoral?

No me aferro a una candidatura. A lo que sí me aferro es a la honestidad, a la transparencia, a la dignidad humana y a la posibilidad de que la gente pueda elegir libremente. No quiero que esto cree un precedente. Iré a las instancias nacionales e internacionales para que se haga justicia.

- ¿Qué o quién está detrás de estos movimientos?

Lo indiqué en la ocasión en que fui presidenta: había presiones políticas para designar a las altas autoridades del Estado a conveniencia de ciertos grupos de interés. Lo denuncié en su momento y ahora lo sigo denunciando, porque es evidente que ese es el meollo del asunto. Nunca he dado pie a luchar a ultranza la designación de autoridades por parte del CPCCS porque he visto las presiones que tienen y cómo estos grupos tratan de apoderarse —y lamentablemente veo que lo han hecho— de las instituciones públicas.

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- ¿Cree que quitando la facultad de designación de autoridades termine ese interés político?

La democracia es lo que tiene que primar y la ciudadanía es la que tiene que decidir sobre si debe designar o no a las autoridades del Estado. En lo personal, he defendido la democracia y eso es lo que hay que respetar. Mientras el CPCCS tenga la atribución de designar autoridades, tiene que cumplirla a cabalidad porque así está en la Constitución.