Lo que debes saber

• Frente al drástico incremento de la violencia y el uso de menores por parte del crimen organizado, la Asamblea Nacional impulsa un proyecto de ley.
  
• El proyecto se enfoca en endurecer las penas contra los reclutadores y obligar a diversas instituciones a implementar medidas de prevención.
• Especialistas y legisladores coinciden en que el éxito de la propuesta no depende de la creación de más leyes, sino de superar falta de institucionalidad.

 Cada vez más niños y adolescentes son captados por organizaciones criminales en Ecuador, mientras las cifras reflejan una violencia que no deja de escalar. Entre 2019 y 2024, los homicidios de menores aumentaron un 627,5 %, según UNICEF Ecuador; en ese mismo período, la Fiscalía procesó a 1.278 adolescentes por distintos delitos y, solo en 2025, fueron retenidos 2.812 menores. Frente a este escenario, la discusión ya no se centra únicamente en cómo castigar a quienes los reclutan, sino en si el Estado tiene la capacidad de evitar que ese primer contacto ocurra.

Con ese objetivo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional impulsa el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de 64 artículos que plantea endurecer las sanciones y obliga a ministerios, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y otras instituciones a implementar políticas de prevención, sistemas de alerta temprana, atención psicológica y procesos de reintegración para menores en riesgo o víctimas.

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Los desafíos más allá del papel

Sin embargo, el verdadero desafío no es aprobar una nueva ley, sino hacerla cumplir. Especialistas y legisladores coinciden en que Ecuador mantiene una débil coordinación institucional, escasos protocolos preventivos y poca capacidad para intervenir en los territorios donde el crimen organizado recluta niños y adolescentes. La discusión de fondo es si el Estado tiene recursos y voluntad para pasar del castigo a la prevención.

EXPRESO solicitó entrevistas a los ministerios del Interior, Educación y Salud, instituciones que tendrían un rol clave en la aplicación de esta reforma. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta, por lo que el análisis se construyó con los aportes de un integrante de la comisión legislativa y especialistas en seguridad y salud mental.

Para el asambleísta Jorge Chamba, la propuesta convierte a los GAD en actores clave mediante programas sociales, deportivos y recreativos dirigidos a menores. Aseguró que esas competencias podrán ejecutarse con los recursos actuales. “No hay recorte en lo económico, en lo absoluto, no hay, no hay”, afirmó. Además, sostuvo que la prevención debe extenderse al entorno digital, donde las organizaciones criminales captan menores mediante videojuegos e internet. Por ello, el proyecto plantea bloquear contenidos vinculados al reclutamiento y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales. “Cuando se vean estos temas, inmediatamente la señal deba cortarse”, señaló.

No existe una planificación adecuada sobre el manejo del reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico. Las bandas consideran a los niños como material desechable.Mario Pazmiño, Exdirector de Inteligencia

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Incremento de penas para los reclutadores

La iniciativa también incrementa las penas para quienes recluten o utilicen menores en actividades delictivas, con sanciones de entre 22 y 26 años de prisión. A la par, propone reforzar la prevención desde las aulas con la participación permanente de la Policía Nacional. “Los policías deben ser instructores o capacitadores de estos temas como una materia más”, dijo Chamba.

Desde la seguridad, el exdirector de Inteligencia Mario Pazmiño considera que el problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de planificación. “No existe una planificación adecuada sobre el manejo de lo que es reclutamiento de menores ni lo que es microtráfico”, afirmó. Explicó que las bandas criminales utilizan a los menores como “material desechable” para vigilancia, transporte de drogas, extorsiones e incluso sicariato. Alertó que el reclutamiento inicia con pequeños incentivos económicos y luego deriva en amenazas que impiden a los adolescentes abandonar esas estructuras. Incluso, advirtió que, en algunos casos, “se convirtió esto en un negocio también por parte de padres de familia”.

Para Pazmiño, la prioridad debe ser fortalecer la prevención mediante capacitación a docentes, padres y estudiantes, protocolos de seguridad, vigilancia digital y planes específicos para las escuelas más vulnerables. También cuestionó que algunos municipios limiten su participación en seguridad pese a recaudar recursos destinados a ese fin.

Aspectos más profundos del problema

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La psicóloga clínica Paola Cercado advirtió que la mayor vulnerabilidad no siempre está en la pobreza, sino en la falta de vínculos afectivos. “Cuando los niños se sienten desprotegidos, se sienten desvalorados, se sienten no amados, van a buscar alguien que les dé esa contención o ese calor de hogar”, explicó. A su juicio, una ley no cambiará la realidad si no va acompañada de políticas permanentes de educación, deporte, arte y salud mental. “Si no educamos y no cuidamos a la infancia, no nos podemos estar quejando tanto del adulto”, afirmó.

Respecto a quienes ya fueron captados por organizaciones criminales, Cercado sostuvo que la reinserción exige procesos reales de rehabilitación con acompañamiento psicológico, educación emocional y seguimiento familiar. “Los niños deberían tener una etiqueta que diga: ‘Tratar con cuidado porque puede romperse’”, expresó. Para la especialista, la principal barrera frente al reclutamiento sigue siendo una infancia acompañada, protegida y atendida antes de que el crimen organizado ocupe ese espacio.

Los GAD podrán asumir las nuevas responsabilidades de esta ley con los recursos actuales. La Policía debe capacitar sobre reclutamiento como una materia más en las escuelas.Jorge Chamba, asambleísta e integrante de la Comisión de Salud

Lo que debes saber

• Juan Carlos González explica por qué decidió entrar por primera vez en la política.
• El precandidato expone sus prioridades para la Prefectura del Guayas, con énfasis en vialidad y seguridad.
• También se pronuncia sobre su paso por el Municipio de Guayaquil y la situación que atraviesa el PSC.

Juan Carlos González, médico emergenciólogo y precandidato a la Prefectura del Guayas por el Partido Social Cristiano (PSC), conversó con EXPRESO sobre su incursión en la política, las prioridades que plantea para la provincia y su visión sobre el momento que atraviesa la organización política que impulsa su candidatura.

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- Usted es médico emergenciólogo y nunca ha ocupado un cargo de elección popular. ¿Por qué decidió dar el salto a la política en este momento?

- Como médico emergenciólogo, toda la vida he escuchado las necesidades de la gente; un emergenciólogo tiene una característica: escucha, diagnostica y actúa rápido sobre presión, y es lo que yo creo que necesita la Prefectura, alguien que actúe realmente sobre presión, sabiendo hacer las cosas, priorizando, que es lo más importante y haciendo protocolos para hacer bien las cosas. Uno no sabe todo, pero si tienes un buen equipo, que cada uno tenga su rol y su papel, y tú eres un buen líder, todo va a salir muy bien, especialmente para la provincia.

- ¿Ya tiene el equipo?

- Tenemos el equipo. Tenemos ingenieros agrónomos, hidráulicos, estructurales; con todos ellos estamos formando el plan para la provincia. Estamos diagnosticando, con eso podemos tratar y actuar.

- ¿Cuál es el diagnóstico de la de la provincia de Guayas?

- Son varios los problemas que tiene la provincia: salud, seguridad, viabilidad, producción, ya sea agrícola, ganadera o pesquera, y comunicación.

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- ¿Cuáles serán las prioridades que tendrá usted en la Prefectura?

- Primero, vialidad, especialmente la vialidad rural para que la persona pueda sacar sus productos a tiempo, por ende, disminuirá los costos. No solo sacas los productos, conectas a la provincia, das generación de empleo, y algo importante, una buena vía salvavidas. No es lo mismo una mujer que está dando a luz llegue a un sitio en 45 minutos que en 15 minutos, esos 15 minutos pueden salvar la vida de alguien. Entonces, la primera prioridad será los caminos rurales.

- ¿Ya se han identificado estas zonas?

- En este momento, estamos levantando la identificación. Incluso la Prefectura también tiene levantado esos datos; unimos los datos y vamos a trabajar como se debe trabajar.

- Luego de la vialidad, ¿cuáles serían los otros proyectos en los que se enfocaría?

- Seguridad es importante. Hay que seguir con el trabajo del tejido social. Vamos a hacer corredores seguros, iluminados, con puestos de descansos para los transportistas y con zonas de respuesta rápida. Vamos a reactivar los puestos de trabajo de los policías y militares para que sean espacios agradables porque se los han abandonado; vamos a trabajar con el Gobierno nacional.

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- Con el Gobierno nacional, ¿cómo van a trabajar?

- La seguridad hay que trabajarlo junto con el Gobierno Nacional, junto con la Policía y los militares. Yo no soy partidista, no tengo un partido político. Toda mi vida he sido médico, toda mi vida he servido a la gente y eso es lo que yo quiero hacer. Si me tengo que sentar a conversar con un alguien de otro partido, nos sentaremos. Al Guayas ya no hay que manejarlo como un partido político, hay que manejarlo como un paciente.

- Usted ha trabajado para la administración municipal encabezada por Revolución Ciudadana y RETO. ¿Cómo explica ahora su candidatura por el PSC?

- Si usted es buena en su trabajo y es llamada a trabajar en algún sitio, usted lo hace por amor, porque quiere hacerlo; no por partidista. A mí, el alcalde Aquiles Álvarez me llamó, como llama a alguien con experiencia; hice mi trabajo en la Dirección de Salud (del Municipio de Guayaquil), están los resultados visibles de cómo mejoramos la salud de Guayaquil y ahora tengo otro llamado. Pueden investigar, yo tengo ninguna afiliación política.

- ¿Ni al PSC?

- Ni al PSC. Yo tengo capacidad, liderazgo y ganas de trabajar y amor a lo que hace.

Si llevas un buen liderazgo y control, y pides exámenes a Contraloría, con eso bajas bastante la corrupción.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Ha conversado con el alcalde Aquiles Álvarez sobre el reto que iba a tomar?

- No he podido conversar con él por la situación que tiene; pero él lo deberá entender.

- ¿Cómo interpreta las recientes salidas de dirigentes históricos del PSC?

- Bueno, eso tendrán que evaluarlo los dirigentes del partido. Tendremos que conversar con ellos.

- ¿Han conversado al respecto?

- En este momento, yo no conversado con ellos porque me he dedicado a hacer la planificación de lo que se va a hacer.

- ¿Cree que afectará a las votaciones?

- Cuando venga la campaña tendrán que escuchar lo que les tengo que decir y lo que les quiero prometer. Nunca voy a prometer algo que no pueda cumplir y eso lo he demostrado en mi vida privada y en mi vida pública.

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- ¿No afectará?

- Bueno, tendrán que regresar cuando vean las propuestas que tengo y ellos decidirán, si vuelven; decidirán si quieren, en este caso, que la provincia cambie, que tenga un liderazgo no político, sino realmente (de) ganas de trabajar.

- ¿Su candidatura tuvo algo que ver con estas salidas?

- No, mi candidatura no ha tenido nada que ver.

- ¿Cómo evaluaría la gestión de la última Prefectura?

- Tenemos dos prefecturas, la de Marcela Aguiñaga y la de Carlos Encalada. Yo creo que ellos han hecho bien su labor. Lo que nosotros debemos hacer es continuar lo que se ha hecho bien, reformar lo que no está tan bien. Lo peor que puedes hacer es sentarte y desbaratar toda una estructura que tal vez ya está. Mira, nosotros no venimos a improvisar, venimos a trabajar de verdad.

Quiero dejar un legado; así como he podido ayudar en Guayaquil, creo que también puedo hacerlo en Guayas.Juan Carlos González, precandidato a la Prefectura del Guayas

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- ¿Qué va a mantener?

- Por ejemplo, lo de las semillas certificadas.

- El dragado del río Guayas ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos años. ¿Cuál es su posición sobre este proyecto y qué acciones impulsaría?

- Si no tengo profundidad, no tengo drenaje, por eso es por lo que a veces ciertas zonas aledañas a los ríos Guayas y Daule hay inundaciones. Debemos enfocarnos en que sea algo perenne, no solamente por invierno. Dentro de nuestro proyecto estamos visualizando también el transporte fluvial y la atención médica fluvial.

Lo que debes saber

• Los ecuatorianos buscan cada vez más invertir en bienes raíces en el exterior para generar ingresos por alquiler y obtener plusvalía a largo plazo.
  
• Florida continúa siendo el principal destino, mientras Dubái gana atractivo por sus menores precios de entrada y su mayor potencial de rentabilidad.
  
• Los expertos recomiendan analizar el mercado, la demanda y las opciones de financiamiento antes de comprar, para evitar fraudes y maximizar el retorno de la inversión.

Cada vez más ecuatorianos están poniendo la mirada fuera del país cuando piensan en invertir en bienes raíces. Ya no se trata únicamente de comprar una casa para vivir, sino de adquirir un activo que genere ingresos y aumente su valor con el tiempo.

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En diálogo con Diario EXPRESO, el arquitecto, urbanista y desarrollador inmobiliario David Chonillo explica que la inversión inmobiliaria en el exterior se ha convertido en una alternativa para quienes buscan rendimientos superiores a los de instrumentos financieros tradicionales.

“La inversión en bienes raíces puede generar un rendimiento anual de entre el 8% y el 12%, además de la apreciación del inmueble”, precisa.

El destino preferido por los ecuatorianos sigue siendo Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, Dubái ha comenzado a captar el interés de inversionistas, porque ofrece proyectos con precios de entrada más bajos y una alta rentabilidad.

La oferta en Dubái y Florida

El especialista afirma que en Dubái es posible encontrar departamentos desde 150.000 dólares dentro de proyectos de preconstrucción. El comprador no necesita desembolsar el valor total de inmediato, ya que generalmente cancela el 50% durante la construcción y financia el saldo cuando recibe la propiedad mediante un crédito hipotecario internacional.

En Florida, especialmente en Orlando, existen departamentos desde unos 300.000 dólares, también con esquemas de financiamiento similares que permiten ingresar al mercado sin disponer del valor completo desde el inicio.

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Chonillo advierte que uno de los errores más frecuentes es comprar únicamente por el precio o dejarse llevar por una oferta encontrada en internet.

Los riesgos están presentes

Explica que existen riesgos de fraude inmobiliario y que una propiedad aparentemente atractiva puede no ser la mejor opción en términos de rentabilidad o valorización.

Por ello recomienda realizar un análisis previo del mercado, estudiar la oferta y demanda de cada sector y determinar si la inversión responde realmente a los objetivos del comprador, ya sea obtener ingresos por alquiler, preservar un patrimonio o generar plusvalía.

“La mejor propiedad no es la más barata, sino la que mejor responde a las necesidades y al perfil financiero del inversionista”, sostiene.

¿Dubái o Florida?

Desde el punto de vista financiero, Chonillo considera que Dubái ofrece actualmente uno de los mayores retornos para inversionistas extranjeros, debido al dinamismo de su mercado inmobiliario.

No obstante, destaca que Florida atraviesa un momento atractivo para ingresar, luego de que los precios se estabilizaron tras el fuerte incremento registrado en la pandemia.

A su criterio, el crecimiento poblacional, la llegada de empresas tecnológicas y la realización de grandes eventos internacionales podrían impulsar nuevamente la demanda inmobiliaria en ese estado.

Para el especialista, la clave no está en seguir la tendencia cuando los precios ya alcanzaron su máximo, sino en identificar mercados que se encuentren en una etapa de consolidación antes de un nuevo ciclo de crecimiento.

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Financiamiento

Para Ricardo Loor, gerente de Banca Internacional Preferencial de International Finance Bank (IFB), Ecuador se ha consolidado como uno de los mercados latinoamericanos más importantes para la entidad.

“Los ecuatorianos representan aproximadamente el 25% de nuestros clientes internacionales que solicitan créditos hipotecarios”, comenta Loor. Se trata de una participación significativa si se considera que el banco también atiende a inversionistas de países como Argentina, Chile, Perú, México y Venezuela.

El ejecutivo atribuye este interés a varios factores. Uno de ellos es que Ecuador y Estados Unidos comparten el dólar como moneda oficial, lo que elimina el riesgo cambiario al momento de invertir.

A ello se suma la percepción de mayor estabilidad política y económica de Estados Unidos frente a otros mercados de la región. Y contrario a la creencia de que solo ciudadanos o residentes estadounidenses pueden acceder a financiamiento, Loor aclara que existen productos diseñados específicamente para compradores internacionales.

“Ser extranjero no es una limitante para acceder a un crédito hipotecario en Estados Unidos. Lo importante es trabajar con un banco que conozca las necesidades del inversionista internacional y pueda acompañarlo durante todo el proceso”, argumenta.

Loor indica que actualmente los bancos prefieren financiar viviendas unifamiliares antes que departamentos o condominios.

El precio de una casa depende de la ciudad y la ubicación, pero para Loor, más allá del valor monetario, lo fundamental es contar con una adecuada asesoría financiera y legal.

Así, la inversión inmobiliaria internacional deja de ser una alternativa exclusiva para grandes patrimonios y comienza a ganar espacio entre ecuatorianos que buscan proteger su capital y generar ingresos a largo plazo. La clave, coinciden los expertos, está en comprar con información, no por impulso.

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¿Qué sueldo debe tener el comprador?

Un aspecto que impulsa este tipo de inversiones es que algunos bancos internacionales otorgan financiamiento a compradores extranjeros sin exigir historial crediticio en el país donde se adquiere el inmueble. Las entidades evalúan la situación financiera del país de origen del solicitante.

No existe un ingreso mínimo fijo para acceder a este tipo de financiamiento. Lo determinante es la capacidad real de pago después de cubrir los gastos personales y familiares.

Los puntos claves de este análisis

• El juicio político como escenario convierte a periodistas en protagonistas y, según el análisis, erosiona la independencia y la credibilidad de la prensa.
  
• Los casos de Andersson Boscán y Álvaro Espinosa evidencian un patrón creciente: investigaciones periodísticas que terminan influyendo o formando parte de procesos políticos en la Asamblea.
  
• El artículo advierte que, cuando los periodistas pasan de investigar al poder a intervenir en juicios políticos, se desdibujan los límites entre prensa, política y justicia, con riesgos para la democracia.

Que los periodistas se conviertan en protagonistas de las audiencias de un juicio político es una pésima idea. Al menos para el periodismo, porque para los políticos siempre será un excelente negocio: ellos casi siempre saldrán airosos, sean los interpelados o los interpelantes. 

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Quien termina gravemente lesionado es el periodismo, que pierde credibilidad al trastocar los papeles que le corresponden. Esta modalidad de periodistas convertidos en inspiradores de los políticos durante los juicios políticos empieza a aparecer en el Ecuador y, tarde o temprano, podría convertirse en un peligroso precedente para el periodismo independiente. 

Y cuando el periodismo independiente corre riesgos, también los corre la democracia.

Los dos casos de periodistas en busca de protagonismo

Por ahora hay dos casos notorios. El primero es el de Andersson Boscán, quien fue un animador importantísimo del juicio político contra Guillermo Lasso, proceso que desembocó en la muerte cruzada, antecedente directo de la actual circunstancia política. 

A inicios de 2023, Boscán compareció ante la Asamblea y, desde su programa en La Posta, impulsó el juicio político apoyado en su investigación sobre El Gran Padrino, según la cual el gobierno de Lasso mantenía vínculos con la mafia albanesa.

“A Lasso no hay que enjuiciarlo por peculado. Hay que enjuiciarlo por traición a la patria”, dijo Boscán en uno de sus programas, prácticamente sugiriendo a los asambleístas la causal del juicio político que buscaban. 

Finalmente, Lasso fue enjuiciado por un supuesto peculado relacionado con un contrato entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, suscrito durante un gobierno anterior. 

Ese caso fue posteriormente archivado por la justicia al no encontrarse indicios suficientes. Sin embargo, la actuación de Boscán fue determinante en el clima político que condujo a la salida de Lasso.

El caso Apagón, también conocido como Progen

El segundo caso es el del periodista Álvaro Espinosa. A inicios de esta semana compareció ante la Comisión de Fiscalización para explicar una investigación periodística sobre el caso Progen, durante la sustanciación del juicio político contra la exministra Inés Manzano. 

Su participación terminó siendo, sobre todo, útil para los abogados de la exfuncionaria, que lo interrogaron como si fuera un perito y no un periodista. ¿Quiénes sacaron provecho de la escena? Precisamente los abogados de Manzano.

Ambos casos forman parte de un fenómeno que crece en un ecosistema mediático donde algunos periodistas empiezan a parecerse más a los influencers que a periodistas. Y, si no se parecen, al menos parecen querer serlo.

En países con sistemas democráticos sólidos existe una tradición que procura evitar que los periodistas se conviertan, voluntaria o involuntariamente, en herramientas de los políticos. Hay varias razones, tanto deontológicas como institucionales, por las que se considera inconveniente que los periodistas se transformen en protagonistas de un juicio político.

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La independencia para sortear cualquier relacionamiento

La primera es la independencia. La idea de que el periodista debe fiscalizar al poder y no integrarse a él es un principio irrenunciable. Si comparece para respaldar la acusación o la defensa de un funcionario, deja de ser percibido como un observador independiente y pasa a ser visto como un actor del proceso político.

Cuando un periodista se convierte en la punta de lanza de un juicio político, una de las primeras víctimas es la credibilidad. La credibilidad del periodismo depende tanto de la independencia real como de la apariencia de independencia. Si aparece en una sesión de la Comisión de Fiscalización indicando a los legisladores cuál debe ser la causal para una censura, tanto el periodista como el periodismo pierden mucho.

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El periodista no es el fiscal de su investigación

Otro problema tiene que ver con la naturaleza de la prueba, y este es uno de los aspectos más importantes. El trabajo del periodista consiste en descubrir información, contrastarla y hacerla pública. Una vez publicada, corresponde a las instituciones del Estado obtener las pruebas originales, citar a los testigos directos y establecer responsabilidades. 

Si el periodista termina convirtiéndose en la pieza central de la acusación, existe el riesgo de que el debate político se desplace de los hechos hacia el medio de comunicación.

También existe un problema de confusión de roles. En una democracia, el periodista investiga; el fiscal acusa; el legislador ejerce control político; y el juez decide. Cuando esas funciones se mezclan, se debilita la separación entre la prensa y las instituciones del Estado. El periodista puede terminar siendo percibido como un auxiliar de una facción política o de un órgano estatal.

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Ser y parecer periodista para proteger las fuentes

Otro aspecto importante es la protección de las fuentes. Si los periodistas se convierten habitualmente en testigos de procesos políticos, aumentará la presión para que revelen cómo obtuvieron la información o quién se la proporcionó. Eso puede desalentar a futuros informantes y debilitar la función de vigilancia que cumple la prensa.

Por eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se consolidó una práctica institucional: el periodismo puede desencadenar un juicio político, pero no debe sustituirlo ni protagonizarlo. 

El ejemplo clásico es Watergate. Las investigaciones de Bob Woodward y Carl Bernstein fueron decisivas para revelar el escándalo, pero el proceso de impeachment se construyó sobre testimonios de funcionarios, documentos oficiales y las grabaciones de la Casa Blanca, no sobre la declaración de los periodistas. Esa separación permitió preservar tanto la independencia de la prensa como la legitimidad del procedimiento político.

En Ecuador estamos haciendo exactamente lo contrario.

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Lo que debes saber

• El TLC entre Ecuador y Canadá fue firmado, pero aún debe superar los procesos de ratificación en ambos países antes de entrar en vigor.
  
• Cuando se aplique, alrededor de 600 productos ecuatorianos podrán ingresar al mercado canadiense con arancel cero, lo que fortalecerá la competitividad de las exportaciones.
  
• El acuerdo también facilitará la importación de materias primas, bienes de capital e insumos desde Canadá, mientras protege 227 productos agrícolas sensibles.

Un año y medio después del cierre de negociaciones del acuerdo comercial con Canadá, en enero de 2025, el Ecuador firmó este 24 de julio de 2026, en Ottawa, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá. Este acuerdo busca abrir las puertas para la oferta exportable ecuatoriana y la importación de bienes en mejores condiciones. Pero aún hay trámites pendientes.

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Xavier Rosero, presidente ejecutivo de Fedexpor, señala que este acuerdo es una “noticia histórica para el sector exportador ecuatoriano. Nos permite cerrar una brecha de competitividad frente a Chile, Perú y Colombia -que ya tienen acceso preferencial- , y abre la puerta a un mercado de alto poder adquisitivo”.

Canadá es la décima economía más grande del mundo y la segunda del continente americano, solo por detrás de EE.UU., con un tamaño similar a Brasil. Además, sus consumidores tienen un ingreso promedio cercano a $55.000, aproximadamente nueve veces superior al de uno de Ecuador, refiere Fedexpor.

La firma del acuerdo, sin embargo, no implica su implementación inmediata. Antes este instrumento debe contar con el aval de la Corte Constitucional. Luego, el Ejecutivo remitirá este documento -si cabe- a la Asamblea Nacional para su aprobación, refiere José X. Orellana Giler, socio de Andes Legacy Advisors.

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Cumplidos estos procedimientos; el presidente Daniel Noboa deberá emitir un Decreto Ejecutivo para formalizarlo.

Los trámites pendientes

Además, para que este tratado comercial entre en vigor es necesario que Canadá cumpla también con sus procedimientos internos. Una vez que ambos países intercambien las notas diplomáticas que certifiquen el cumplimiento de esos requisitos, se acordará la fecha en que comenzará a aplicarse.

En función del tiempo que demandan estos procedimientos, Fedexpor estima que podrían culminar en 2026 o a inicios de 2027.

Por su parte, Daniel Legarda, exministro de Producción, estima que el TLC entre Ecuador y Canadá “no entrará en vigencia en 2026 (…) los tiempos son extensos a menos que se haga una buena gestión para acelerarlos”, mencionó y recordó que el acuerdo negociado con Corea del Sur ha tomado un tiempo considerable y aún no entra en vigor. Y el de Emiratos Árabes Unidos aún no va a la Corte Constitucional ni a la Asamblea.

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Una vez que el tratado entre en vigencia, el 99,6 % de la oferta exportable ecuatoriana, alrededor de 600 productos, podrá ingresar a Canadá con arancel cero, informó ayer el Ministerio de Producción.

Entre ellos están: banano, cacao y sus derivados, camarón, frutas tropicales. También se abren oportunidades para sectores que actualmente enfrentan aranceles, como flores, chocolates, confites, conservas y preparaciones de atún, jugos de frutas, aceite de palma y agua mineral. 

A estos se suman textiles, confecciones, cerámicas, muebles, productos de madera, autopartes, neumáticos, calzado y cosméticos que tendrán acceso preferencial a un mercado de cerca de 40 millones de consumidores.

Beneficios para el sector productivo

El tratado permitirá, además, que las empresas ecuatorianas accedan en mejores condiciones a materias primas, bienes de capital e insumos provenientes del país norteamericano.

Para Orellana Giler el acceso a estos equipos permitirá reducir los costos de producción e impulsar la modernización tecnológica del aparato productivo, “atacando de frente la brecha de productividad de $ 6,6 por hora vs. los $ 9,1, que maneja la región”, enfatiza.

El TLC contempla también la protección de 227 productos agrícolas. Entre ellos están rubros relacionados con el arroz, maíz, leche, carnes y azúcar. Asimismo, se mantiene la prohibición de importar ropa usada y se incorporan mecanismos de cooperación bilateral y de atención de alertas comerciales.

Relación comercial Ecuador-Canadá

En el 2025, Canadá fue el noveno mercado de destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador. Entre los principales envíos están cacao, mineral y camarón. Mientras tanto, en las importaciones predominan trigo, abonos y otros producto agrícolas (ver gráfico).

En 2025, el comercio no petrolero entre Canadá y Ecuador dejó un saldo favorable de $84 millones, en donde las exportaciones tuvieron mayor preponderancia que las importaciones. En el caso de las exportaciones, estas alcanzaron $563 millones en 2025, lo que significó un aumento de 91 % en relación a 2024.

Una apuesta por la música tropical

• David Guerrero presenta Donde quiera que vayas, su primera bachata romántica, con la que busca transmitir un mensaje de amor, acompañamiento y esperanza.
• El cantante guayaquileño repasa además el camino que lo llevó de los coros y la docencia a construir una carrera como solista.

En un hospital, una pareja recibe una noticia devastadora. Frente a un diagnóstico que altera sus planes y pone a prueba su relación, ambos deciden afrontar juntos lo inevitable. Mientras la historia avanza, los primeros versos de David Guerrero empiezan a sonar al ritmo de una bachata: “Tú y yo, un amor, y de testigo la luna que nos abrigó…”.

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Así comienza Donde quiera que vayas, el tema más reciente del cantante guayaquileño. Su letra romántica se traslada a un videoclip en el que la enfermedad, el cuidado y el acompañamiento adquieren un rostro concreto a través de la experiencia de una paciente oncológica y de su esposo.

La canción marca un giro dentro de su repertorio. Después de varios sencillos de corte tropical y bailable, Guerrero decidió explorar un registro más íntimo con esta composición escrita por George Polanco y producida por Roberto Guerrero. El tema forma parte de Latino Soy, el álbum que ha ido construyendo durante casi una década y del que ya ha presentado cuatro canciones.

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En apenas unas semanas desde su lanzamiento, asegura, el videoclip se acercó a las 50.000 reproducciones y le abrió nuevas oportunidades fuera del país, entre ellas una nominación en República Dominicana.

“Esta es mi primera canción romántica. Mis tres temas anteriores son bailables, pero este era un tema necesario, uno que venía buscando como artista para mostrar la versatilidad interpretativa que tengo”, explica.

Música con propósito

El videoclip también funciona como una vitrina de distintos paisajes del Ecuador. El equipo grabó varias escenas en el volcán Chimborazo, una experiencia que el músico recuerda con humor debido a las dificultades de filmar a más de 5.000 metros de altura.

“Como nosotros somos costeños, tuvimos que grabar el videoclip, tomar fotografías y cambiarnos de ropa en 50 minutos. Ya no aguantábamos la presión”, cuenta entre risas.

Más allá de la anécdota, Guerrero explica que la decisión de trabajar con una paciente oncológica real respondió a una convicción personal. “Quiero que esta canción sirva de acompañamiento emocional para las personas que puedan estar atravesando procesos duros”, afirma.

Esa intención atraviesa buena parte de su trabajo. “Me gusta crear música con propósito. Creo que los artistas ecuatorianos tenemos la tarea, además de sacar un ritmo contagioso, de dar un mensaje a la sociedad”.

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Una vida marcada por el arte

Su historia con la música comenzó mucho antes de convertirse en solista. Fue su madre quien lo llevó desde niño a participar en los coros de la iglesia y en obras de teatro. En ese entonces, reconoce, el interés era más de ella que suyo.

“Siempre estuvo bastante dispuesta para que yo me inclinara por el arte, a pesar de que a mí no me gustaba mucho”, recuerda. Sin embargo, la situación cambió durante la adolescencia. A los 15 años ingresó al Conservatorio Antonio Neumane, donde estudió canto clásico durante una década, y posteriormente integró el coro de la Casa de la Cultura, experiencia que lo llevó a representar al Ecuador en escenarios de México, Argentina, Panamá y otros países.

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Después de varios años cantando en agrupaciones y orquestas, sintió que era momento de construir un proyecto propio. En 2016 escribió Latino Soy, una canción que define como un “autoconsejo” en una etapa en la que pensaba abandonar la música.

“Tocaba puertas y no se me abrían. Como no era un artista conocido, nadie me decía que sí. Un día, decepcionado, agarré mi guitarra y me puse a escribir”, recuerda.

Desde entonces, mientras desarrollaba su carrera, también concluyó sus estudios como ingeniero audiovisual y más tarde obtuvo una maestría en Educación. Durante varios años combinó la música con la docencia, impartiendo clases de arte y, actualmente, de canto.

El camino también estuvo marcado por la pérdida de su madre, un episodio que transformó la manera en que interpreta sus canciones. Antes de grabar Si yo te amo, tercer sencillo del álbum, atravesó el duelo por su fallecimiento.

“Yo tuve la bendición de verla irse”, relata. Cada vez que interpreta el verso “Yo necesito de ti para vivir”, dice, vuelve a ese instante. “Era lo que mi corazón sentía. Le decía: ‘Mamá, yo necesito de ti para vivir. ¿Por qué te vas?’”. Añade, no obstante, que en la música también halló un espacio para procesar el dolor. “La música ha sido ese aliciente, ese consuelo que he tenido para continuar con la vida”.

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Hoy, con once años de trayectoria como solista, David Guerrero mira hacia el exterior.

En las próximas semanas viajará a República Dominicana para recibir un reconocimiento relacionado con Donde quiera que vayas y cumplir una gira de medios, antes de continuar con actividades en Colombia.

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También prepara el lanzamiento de Fallaste, un nuevo merengue con el que planea regresar al sonido tropical que, asegura, mejor refleja su identidad artística. “Cuando canto mis temas movidos siento que ese soy yo. Me inyectan energía y es lo que puedo transmitir al público”, concluye.

Lo que debes saber 

• La izquierda ecuatoriana no ha sido un bloque homogéneo, sino un conjunto de corrientes con orígenes, bases sociales y proyectos políticos distintos.
  
• Las principales diferencias entre el correísmo, Pachakutik y las organizaciones tradicionales de izquierda surgieron por sus visiones contrapuestas sobre el modelo económico, el extractivismo y la representación política.
  
• Como resultado, la izquierda llega nuevamente a un proceso electoral fragmentada, con presencia territorial y capacidad de movilización, pero sin una articulación que le permita actuar como un solo bloque.

El principal adversario histórico de la izquierda ecuatoriana nunca fue la derecha. Fue otra izquierda.

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En Ecuador ha habido un partido socialista desde 1926 y un partido comunista desde 1931, un movimiento indígena capaz de derribar presidentes, una corriente insurgente urbana en los ochenta y un gobierno de una década que se llamó a sí mismo Socialismo del Siglo XXI. ¿Existe realmente una izquierda en este país, o solo una sucesión de proyectos que se llamaron de izquierda sin lograr nunca sumarse entre sí?

Han existido al menos tres tipos de izquierda. 

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Conviene, sin embargo, no confundir esa historia de desencuentros con una ausencia lisa y llana. Decir que en Ecuador ‘no hay izquierda’ es tan impreciso como decir que está unificada. Lo que hay es una izquierda atomizada, repartida en organizaciones que siguen vivas.

En términos de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, esas corrientes nunca respondieron al mismo clivaje social. Unas se organizaron alrededor del conflicto capital-trabajo, mientras otras surgieron desde identidades territoriales y étnicas que obedecían a una lógica distinta.

Durante el siglo XX coexistieron distintas tradiciones de izquierda: la socialista (PSE), la comunista (PCE), la maoísta (MPD, hoy Unidad Popular) y la insurgente (¡Alfaro Vive, Carajo!, luego incorporada a la política legal).

Y cuando la izquierda finalmente llegó a Carondelet, en 2007, no lo hizo de la mano de ninguno de estos partidos. Llegó con un ‘outsider’ tecnocrático, Rafael Correa, que construyó su proyecto en buena medida marginando a esa tradición partidaria centenaria.

La izquierda ecuatoriana en la actualidad

La única fuerza de izquierda que hoy conserva arraigo territorial sostenido es Pachakutik. Su base no es la clase obrera, sino las comunidades indígenas y campesinas, lo que demuestra que la izquierda con mayor capacidad de movilización terminó siendo la más distante de la tradición de izquierda clásica.

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Pero que Pachakutik haya sobrevivido tampoco resolvió el problema central. Más bien hizo visible que cada izquierda nació para representar un clivaje social distinto.

El proyecto de Rafael Correa financió la expansión del Estado mediante la renta petrolera y minera, mientras Pachakutik construía su identidad política sobre la defensa de los territorios donde esa explotación ocurría.

Esa contradicción se expresó en conflictos como el Yasuní-ITT y la expansión de la megaminería. El correísmo y Pachakutik se distanciaron porque el modelo económico del primero chocaba materialmente contra la base social del segundo.

Ese distanciamiento no explica por sí solo la imposibilidad de unir a las izquierdas. Más bien, vuelve visible un problema mucho más antiguo. Desde el FADI hasta el acuerdo entre Pachakutik y Revolución Ciudadana en 2025, los distintos intentos de unidad han tropezado con el obstáculo de reunir corrientes que, aunque compartan una identidad de izquierda, nacieron para representar distinciones, incluso contradictorias.

En ese contexto, la unión de las izquierdas se volvió todavía más compleja. El correísmo no solo mantuvo profundas diferencias con Pachakutik alrededor del extractivismo; también gobernó enfrentado a organizaciones históricas de la izquierda como el MPD, la UNE y otros sectores sindicales que habían formado parte de esa tradición política.

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Para unos, representó un proyecto de capitalismo de Estado; para otros, una izquierda que terminó reproduciendo prácticas que antes cuestionaba. Así, la corriente que durante años concentró el mayor caudal electoral de la izquierda nunca terminó de ser reconocida como el eje articulador del resto.

De hecho, la única ocasión en que pudo hablarse de una izquierda relativamente unificada en Ecuador fue, paradójicamente, en oposición al correísmo. En 2012, la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por más de catorce organizaciones, postuló a Alberto Acosta, fundador de la hoy suspendida RC y luego uno de sus principales críticos. La convergencia de esas fuerzas no se construyó alrededor del correísmo, sino alrededor de su ruptura con él.

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No sorprende, entonces, que las seccionales encuentren a la izquierda en su peor momento de dispersión. Es, otra vez, la fotografía de una izquierda que existe, que compite y que incluso conserva fuerza en distintos territorios, pero que llega a cada cita electoral como un archipiélago y no como un bloque.

Lo que debes saber

• La violencia en Ecuador opera bajo coerción local y abuso del poder público.
• Caída de costos del sicariato y armas facilita el uso delictivo de la fuerza.
• Desconfianza institucional e infiltración policial frenan las denuncias ciudadanas.

Las estadísticas del Ministerio del Interior muestran que el Ecuador pasó de 4.085 homicidios intencionales entre enero y mayo de 2025 a 3.485 durante el mismo período de 2026, una disminución cercana al 15%. Sin embargo, ese resultado lo convierte en el segundo inicio de año más violento de la historia reciente del país.

Luis Córdova, director del programa de investigaciones Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), hace un análisis sobre si los ecuatorianos han normalizado la violencia, así como del deterioro de las instituciones, la expansión del mercado ilegal de armas y la disponibilidad de mano de obra joven han reducido los costos de usar la fuerza para resolver conflictos.

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¿Los ecuatorianos han normalizado la violencia o están aprendiendo a convivir con ella?

Yo haría una distinción importante. Hablar de que la violencia se ha ‘normalizado’ puede resultar impreciso. Hay sectores del país, especialmente en el Litoral y en algunas zonas de la Amazonía, donde operan economías ilegales como la minería, que llevan años viviendo bajo regímenes locales de violencia organizada. Allí las personas no aceptan voluntariamente esa realidad, sino que están sometidas a dinámicas de coerción que condicionan su vida cotidiana.

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¿Cuándo una sociedad empieza realmente a incorporar la violencia como parte de su comportamiento cotidiano?

El problema se vuelve mucho más profundo cuando la violencia deja de ser exclusiva de las organizaciones criminales y también es ejercida desde el poder público. Cuando quienes deberían garantizar la legalidad actúan al margen de la institucionalidad, utilizan la violencia bajo el argumento de combatir el crimen organizado o instrumentalizan las instituciones para obtener beneficios políticos, el Estado comienza a construir un nuevo patrón moral. El Estado existe porque genera consenso alrededor de reglas compartidas. Si esas reglas pasan a justificar abusos de poder o el uso arbitrario de la fuerza, entonces la violencia organizada y el abuso institucional empiezan a convertirse en referentes aceptables. Ese es un cambio extremadamente peligroso porque modifica la forma en que la sociedad entiende la resolución de los conflictos.

¿Qué consecuencias tiene para la seguridad del país que las extorsiones, los atentados o los sicariatos formen parte de la rutina cotidiana?

El primer impacto es que disminuye el costo de utilizar la violencia para resolver conflictos. Hoy conseguir armas resulta más sencillo y contratar sicarios también es mucho más barato que hace algunos años. Esto ocurre porque el mercado ilegal de armas se ha expandido y porque existe una gran cantidad de jóvenes sin empleo ni oportunidades que terminan convirtiéndose en mano de obra disponible para estas actividades criminales. Cuando las instituciones dejan de ser vistas como mecanismos eficaces para resolver disputas y la violencia aparece como una alternativa rápida y accesible, aumenta el riesgo de que cada vez más personas recurran a esos mecanismos.

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¿Qué efectos tiene este contexto sobre las nuevas generaciones?

El impacto es enorme porque modifica la manera en que niños y adolescentes se relacionan con su entorno. Cuando predomina una percepción constante de inseguridad, las familias limitan la presencia de los menores en parques, calles o espacios públicos y trasladan su socialización hacia espacios cerrados como las viviendas o centros comerciales. Además, muchos jóvenes comienzan a desarrollar una lógica permanente de autoprotección y defensa personal frente a una realidad que perciben como amenazante. Es decir, la violencia no solo cambia las estadísticas del delito; también cambia la manera en que una generación aprende a convivir con el mundo.

Más allá de la seguridad ciudadana, ¿qué implicaciones políticas tiene vivir bajo un clima permanente de violencia?

La violencia genera dos emociones muy poderosas: incertidumbre y miedo. Cuando una sociedad vive bajo esos estados emocionales, resulta mucho más fácil imponer decisiones públicas sin deliberación, aprobar reformas sin suficiente debate o fortalecer prácticas autoritarias. Por eso el problema no es únicamente la criminalidad. También debemos analizar cómo el miedo puede convertirse en un recurso político para gobernar.

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¿La aparente disminución de la reacción ciudadana frente a hechos violentos puede desalentar las denuncias?

Lo que realmente inhibe la denuncia no es que las personas se acostumbren a la violencia, sino la profunda desconfianza hacia las instituciones de seguridad. En Ecuador, especialmente en zonas de Guayaquil afectadas por la extorsión, muchas víctimas prefieren no denunciar porque consideran que existen policías vinculados con las propias redes criminales.

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¿Qué indicadores deberían preocupar al Estado para evitar que esta violencia se convierta en una conducta socialmente aceptada?

La verdadera pregunta es si existe voluntad política para modificar este escenario o si resulta más rentable gobernar en un contexto dominado por el miedo y la incertidumbre. Si realmente se quisiera revertir esta situación, el primer paso sería recuperar la confianza ciudadana mediante una reforma profunda de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, depurando a las instituciones infiltradas por el crimen y sancionando los abusos cometidos por sus propios integrantes.

Las claves que debes saber

• Concejo suspendió debate en Quito por falta de cuórum este miércoles.
• Proyecto busca subir pasaje urbano de 35 a 40 centavos desde enero 2027 con modernización.
• Alcalde Muñoz y ediles chocan por reforma; críticas apuntan a impacto en rutas rurales y tarifa preferencial.

La discusión sobre el incremento de la tarifa del transporte público en Quito terminó abruptamente este jueves, luego de que la sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano fue suspendida por falta de cuórum.  

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La salida de varios concejales impidió continuar el primer debate del proyecto de ordenanza que propone elevar el pasaje urbano de 35 a 40 centavos a partir de enero de 2027, siempre que se cumplan los procesos de modernización previstos para el sistema de transporte.

La suspensión desató un nuevo enfrentamiento político entre el alcalde Pabel Muñoz y parte del Concejo. Visiblemente molesto, el burgomaestre calificó como una “falta de respeto a la ciudad” el abandono del pleno y cuestionó que algunos ediles critiquen una iniciativa que, según dijo, ni siquiera permitieron debatir.

“Luego los que no son nuestros están criticando lo que ni siquiera debaten”, reclamó tras levantarse la sesión, cuando solo permanecían 10 concejales en la sala. La jornada había iniciado pasadas las 10:30 y contemplaba la participación de 13 representantes ciudadanos mediante la figura de la silla vacía.

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Antes de la suspensión, el Municipio defendió que el incremento tarifario no responde únicamente a una necesidad económica, sino que forma parte de una transformación integral del transporte público. 

El presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido, explicó que el proyecto fue analizado durante 53 días en mesas técnicas y que la tarifa de 40 centavos entraría en vigencia recién desde el 1 de enero de 2027. Hasta entonces se mantendría el valor actual de 35 centavos.

Muñoz aseguró que su administración recibió un sistema de movilidad “caótico” y sostuvo que el objetivo es dejar atrás un modelo que lleva tres décadas sin cambios estructurales. 

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Según indicó, este año se espera alcanzar cerca del 70% de modernización del sistema mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el servicio y fortalecer el control sobre las operadoras privadas.

El pago a transportistas estaría condicionado

El nuevo modelo plantea que los transportistas dejen de ser remunerados exclusivamente por el número de pasajeros movilizados y pasen a recibir pagos en función de los kilómetros recorridos y del cumplimiento de indicadores de calidad. 

Para ello se implementarán tres plataformas tecnológicas: el Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que permitirá pagar con Cuenta Ciudad y otros medios electrónicos; el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), para monitorear en tiempo real rutas, velocidades y paradas; y el Sistema de Información al Usuario (SIU), que ofrecerá datos de recorridos y tiempos estimados de llegada de las unidades.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el SAE y el SIU tienen plazo para estar operativos hasta el 31 de diciembre de este año, mientras que el Sistema Integrado de Recaudo contará con un plazo adicional de ocho meses tras la aprobación de la ordenanza, debido a la importación de los equipos necesarios. 

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13 operadoras realizan pruebas

Añadió que el Municipio ya realiza pruebas con 13 de las 60 operadoras y que la plataforma tecnológica es de propiedad municipal, lo que permitirá centralizar la información y garantizar el monitoreo permanente del servicio.

Desde el sector transportista también hubo respaldo a la propuesta. Jorge Yánez afirmó que esta es la primera vez que el debate tarifario se sustenta en criterios técnicos y no únicamente políticos. Señaló que el gremio ha participado en las mesas de trabajo y que la reforma constituye un paso para reemplazar un modelo “anacrónico” por otro basado en tecnología, control y calidad del servicio.

El dirigente explicó que todas las unidades de transporte ya cuentan con equipos GPS instalados desde 2021 y que la siguiente etapa será integrar esa información con la plataforma municipal, para transmitir datos en tiempo real. 

Y añadió que aún será necesario instalar validadores para aceptar pagos con la Tarjeta Ciudad, tarjetas bancarias y otros medios electrónicos, una inversión que oscilaría entre 5.000 y 7.000 dólares por unidad.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta cuestionamientos. El edil Andrés Campaña calificó como “vergonzoso” que el Concejo no haya podido debatir un tema de alto impacto para la ciudadanía, aunque insistió en que su mayor preocupación es el contenido de la ordenanza.

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A su juicio, la iniciativa representa “una nueva metida de mano en los bolsillos de las familias” y modifica una normativa aprobada apenas en marzo para ampliar los plazos de implementación de la reestructuración de rutas y de los indicadores de calidad, lo que evidenciaría que las mejoras prometidas aún no están garantizadas.

Preocupación por aumento del pasaje en zona rural

Campaña advirtió además que algunas rutas urbano-rurales registrarían incrementos superiores al 20%. Y expresó su preocupación por la eliminación de la tarifa preferencial de 10 centavos para personas con discapacidad, un beneficio que, recordó, está contemplado en el Código Municipal.

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En la misma línea, Johnny Hernández, representante de la silla vacía por las personas con discapacidad y grupos vulnerables, dijo que la propuesta prioriza criterios financieros sobre un enfoque de derechos. Y advirtió que retirar ese beneficio constituiría un retroceso incompatible con la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades.

En representación de la sociedad civil, Rocío Bastidas lamentó la suspensión del debate y aseguró que la falta de cuórum refleja la ausencia de consensos sobre la reforma tarifaria. Cuestionó que el proceso carezca de transparencia y sostuvo que el Municipio no ha demostrado técnicamente por qué la tarifa debe subir a 40 centavos, ni el impacto que tendrá en las zonas rurales.

Las claves que debes saber

• PSC pierde candidaturas clave en Samborondón y Daule tras renuncias sin explicación en plena campaña.
• Andrés Roche vincula las salidas a presuntas presiones de organismos estatales durante el proceso electoral.
• Renuncias benefician a rivales del oficialismo y reavivan dudas sobre la transparencia de las elecciones seccionales.

¿Qué origina la ola de renuncias de los candidatos socialcristianos para estas elecciones seccionales? La semana pasada, sin dar mayores explicaciones, Belén Yúnez depuso su candidatura a la Alcaldía de Samborondón, a pesar de tenerla prácticamente ganada. Este miércoles 22 de julio de 2026, la exasambleísta Zolanda Plúas, esposa del alcalde de Daule, Wilson Cañizares, y aspirante a primera concejal por ese cantón, renunció también a sus pretensiones electorales dejando un vacío difícil de llenar en la lista socialcristiana.  

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Ayer, el propio candidato a alcalde de Daule, Oswaldo Pantaleón, se retiró de la contienda. A estos casos, el candidato a alcalde de Guayaquil, Andrés Roche, añade uno más: el de Jan Topic, que debería estar ocupando su lugar pero se abstuvo de participar: “Una serie de hechos -describió Roche en un video que publicó ayer en sus redes sociales- que por su coincidencia con época electoral generan graves inquietudes”. 

No necesita decir más: nadie duda de que la mano del gobierno se esconde tras esta deserciones.

El impacto para el PSC

Lo de Samborondón fue un golpe irreparable para el PSC. “Un terremoto”, dijeron los principales cuadros del partido. Con Belén Yúnez, el socialcristianismo aspiraba a prolongar por cuatro años más su control político sobre el cantón, que se extiende ya por tres decenios. Ella es hermana de Juan José Yúnez, el actual alcalde que se encuentra por terminar su segundo mandato. 

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Ambos son hijos de José Miguel, que gobernó la ciudad durante cinco períodos consecutivos desde 1996. Sin embargo, a los pocos días de conocida la postulación de Niels Olsen para ese mismo cargo en representación del oficialismo, Belén Yúlez presentó inexplicablemente su renuncia a la candidatura. ¿Coincidencia?

El caso es rarísimo: Yúnez se había sometido a demasiados pasos para la selección, calificación e inscripción de su candidatura, con la dedicación y el empeño que tal procedimiento exige y los compromisos que acarrea ante la estructura de su partido, como para que un buen día decida, simplemente, “poner una pausa”. Así, sin más. 

Lo dijo en la carta que dirigió al Tribunal Provincial Electoral del Guayas para anunciar su voluntad de deponer su candidatura: había pasado por lo más difícil del proceso, estaba a punto de participar en las elecciones y ganarlas pero, de pronto, decidió “poner una pausa”. Que no había sido una decisión sencilla, dijo. 

Las excusas de los candidatos del PSC

En realidad, se trata de una decisión no ya difícil sino inverosímil. En cuanto a Plúas y Pantaleón, de Daule, más de lo mismo: ambos se limitan a pretextar “motivos de índole personal” (“estrictamente personal”, dice Plúas, apostando vanamente por el énfasis), como si las consecuencias de su decisión lo fueran. Explicaciones que nada explican.

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“¿Qué está sucediendo?”, se pregunta Andrés Roche en su video, transmitiendo la sensación de que conoce la respuesta. “¿No merecen ustedes explicaciones claras cuando coinciden injerencias, investigaciones reservadas, operativos o actuaciones institucionales que terminan eliminando o absorbiendo candidaturas y afectando el normal desarrollo del proceso electoral? 

Las instituciones del Estado no deben ni pueden ser utilizadas para resolver un problema de votos, eliminando otras candidaturas”. Una curiosidad: cuando publicó ese video eran las 6 de la mañana del jueves, Pantaleón no había anunciado todavía su renuncia a la candidatura para la alcaldía de Daule pero Roche se adelantaba ya al desenlace y hablaba de “la situación que está enfrentando”.

Las presiones del Gobierno

¿Qué situación es esa? Está clarísimo: presiones de las instituciones del Estado. No es difícil adivinar cuáles: el SRI y los organismos de control.

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“Casi todos los saben, muchos lo comentan pero pocos se atreven a decirlo en voz alta”, empieza diciendo Roche, que tampoco se atreve. Estamos ante el uso sistemático de los organismos del Estado que se encuentran bajo el férreo (e ilegítimo) control del Ejecutivo, para intervenir directamente en las elecciones y allanar el camino de los candidatos del oficialismo a fuerza de sacar del medio a sus oponentes o… Absorberlos, como dice Roche. 

¿No es precisamente una absorción lo que acaba de ocurrir en la provincia de El Oro? Clemente Bravo, prefecto aspirante a la reelección por el movimiento provincial Sur, ha sido cooptado por ADN, ha cambiado de camiseta de la noche a la mañana y este miércoles estaba inaugurando obras (obras de su propia prefectura) de la mano del presidente de la República, que se llevaba la mitad del crédito.

Se suponía que las reformas que permiten el reemplazo de candidatos estaban pensadas para situaciones extraordinarias. Pero con el uso electoral de los organismos de control que está haciendo este gobierno, se han convertido en la clave de una estrategia para tumbar candidaturas. 

Ahora se hacen primarias para dar paso a un auténtico juego de las sillas en el que los participantes salen eliminados “por estrictas razones personales”. Aquí ni siquiera hay quien se atreva a denunciar la manipulación de la que fue víctima. 

El gobierno ha encontrado la fórmula para sacar provecho de la feria de rabos de paja que son las elecciones y los partidos no parecen tener antídoto contra eso. Es el control electoral en la república de los truhanes.

Lo que debes saber:

• MuNa: ‘Estratos Vivos’ fue escogida, decanos de Arquitectura y un vicerrector académico opinan al respecto.
• Decanos recuerdan que se trata de un anteproyecto y esperan que el estudio japonés, asociado a los arquitectos ecuatorianos, escuchen críticas.
• Decano señala que este proyecto, pese a cuestionamientos, fue ubicado en el tercer lugar del concurso original, del Colegio de Arquitectos.

En la última fase, incorporada por el Gobierno, del concurso para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) se impuso ‘Estratos Vivos’, del equipo SANAA-A0-CPA-JHS, integrado por arquitectos ecuatorianos y también por el estudio japonés Sejima and Nishizawa and Associates, fundado por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker.

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Ese resultado, sin embargo, no ha cerrado el debate. En círculos culturales y académicos persisten cuestionamientos sobre el proceso, que en su etapa inicial fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. 

El antecedente ocurrió el 6 de julio, cuando se reconoció como ganador a Campo Baeza más Maoda. En la ceremonia participaron ministras como la de Educación, Cultura y Deportes, Gilda Alcívar; así como la vicepresidenta de la República, María José Pinto.

EXPRESO recabó criterios en la academia a partir de lo señalado por el arquitecto español Alejandro Zaera-Polo, miembro del jurado original. En el pódcast ‘Politizados’ explicó que el SANAA fue descartado por problemas estructurales que comprometían su viabilidad.

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Según detalló, las columnas propuestas no tenían continuidad con la estructura inferior del edificio. 

Además, el diseño contemplaba fachadas de vidrio, terrazas transitables sobre las salas de exhibición y cubiertas de uso público, elementos que, a su juicio, incrementaban el riesgo de filtraciones, problemas térmicos y vulnerabilidades de seguridad para una colección patrimonial.

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Sobre una cirugía no se opina en redes, tampoco se debería opinar sobre una decisión técnica de arquitectos

Desde la academia, Mauricio González, decano de Arquitectura de la Universidad Central, señala que este proceso obliga a una revisión interna. Considera que ni el Gobierno ni el gremio convocaron a las universidades, cuando -dice- debieron ser un actor clave en la discusión técnica. A su criterio, la academia debe repensar su papel como fuente de análisis y asesoramiento.

Para González, el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos fue bien llevado, pero el siguiente no. “Fue como si en redes sociales se juzgara sobre una operación de corazón abierto. La arquitectura debe ser juzgada por técnicos”.

No obstante, el decano manifestó que al ser la arquitectura un producto cultural, es subjetiva y susceptible a la crítica abierta y generalizada, que puede llegar incluso al escarnio público. 

Más aún en realidades como la actual, debido a la fuerza de las redes sociales, opinó. “Por eso es importante defender y reforzar el papel del concurso y de los jurados expertos que validan a la arquitectura dentro del campo al que se pertenece, y con ello el papel de los edificios para la sociedad”.

En la misma línea, Ricardo Sandoya Lara, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, identifica dos problemas. 

El primero, la escasa vinculación con la sociedad en el diseño del proyecto. Sostiene que los procesos de esta escala deberían incorporar a la comunidad desde las bases del concurso y no limitarse a una relación entre promotor e instituciones.

El segundo problema, la débil valoración del rol profesional del arquitecto, en un contexto donde la normativa vigente resulta desactualizada, dice.

Sandoya plantea la necesidad de tener una legislación para que proyectos emblemáticos se desarrollen mediante concursos públicos regulados, como ocurre en otros países.

El arquitecto Florencio Compte, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, considera que las observaciones de Zaera-Polo deben ser tomadas en cuenta, dada su trayectoria en la arquitectura contemporánea. 

Le parece que el tema de fondo fue la falta de seriedad, ya que no se respetó lo que determinó el jurado inicial. El jurado de la última fase tuvo 48 horas para evaluar a los finalistas.

Este medio contactó a decanos de la UTE, PUCE y Uisek, pero no estuvieron disponibles.

El papel de Pamela Cortés

Pamela Cortés, viceministra de Cultura, no ha estado activa en el proceso de selección. Ese lugar lo tomó Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

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Lo que debes saber:

• Terremotos en Venezuela colapsan 800 edificios; expertos alertan riesgo similar en Quito por construcciones irregulares.
• Quito sobre falla geológica: ingenieros advierten colapsos por mala calidad estructural y falta de controles en obra.
• Municipio sin datos de riesgo sísmico; expertos piden reforzar viviendas y mejorar normas de construcción en Quito.

Los recientes terremotos en Venezuela dejaron más de 800 edificios colapsados. Según reportes citados por la BBC, una de las causas fueron las construcciones irregulares. El antecedente preocupa a especialistas en Ecuador. Quito está asentado sobre la falla geológica que lleva su nombre, y expertos en ingeniería y vulcanología advierten que lo ocurrido en países vecinos es una alerta.

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“Todo lo que no se invierte al construir edificios y viviendas se convierte en vulnerabilidad, que aflora con un fiscalizador implacable: el terremoto”, alerta el geofísico Hugo Yepes. En su explicación, el sismo “delata” fallas: mezclas deficientes de hormigón, acero o varillas inadecuadas, que pueden derivar en colapsos y tragedias.

Yepes cita al geofísico Roger Bilham, quien ha advertido que los edificios mal construidos en zonas sísmicas son “armas de destrucción masiva”. Pide ver lo ocurrido en La Guaira.

Amenaza, vulnerabilidad y exposición en la capital versus lo que pasó en Venezuela

José Salvador, ingeniero de la Entidad Colaboradora de Proyectos (ECP) del Colegio de Arquitectos de Pichincha, recuerda que Quito vive bajo una amenaza permanente. 

La ciudad, dice, comparte características geológicas con zonas afectadas en Venezuela y podría enfrentar un terremoto destructivo, pese a los periodos de aparente silencio sísmico. Subraya que los desastres no dependen solo de la naturaleza, sino también de la calidad de las construcciones. La vulnerabilidad y la exposición son determinantes.

Francisco del Salto, director metropolitano de Gestión Territorial, reconoce que no existe un estudio sobre edificaciones que podrían sufrir daños graves, moderados o leves ante un sismo. Añade que la ciudad ha resistido a eventos importantes en el pasado, pero admite que hay edificaciones levantadas de manera informal, sobre todo de baja altura.

En Ecuador sí existe una norma de construcción

Desde 2015 rige la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). Según Salvador, trae estándares mínimos para evitar el colapso: ante un sismo leve, las edificaciones no deberían presentar daños relevantes, mientras que ante uno severo deberían permitir la evacuación y preservar la vida. 

Pero ese enfoque no incorpora el costo de demoler. En países altamente sísmicos como México, Perú, Chile, Japón y Nueva Zelanda, la ley es más exigente, para evitar la demolición.

Esa es la base de la filosofía sismorresistente: invertir más en la calidad estructural para que, tras un sismo fuerte, los daños sean reparables (como ventanas o elementos no estructurales). 

Un vacío por el que no se inspecciona durante la construcción

El ingeniero Salvador explica que es obligatorio obtener una licencia de construcción para intervenciones superiores a 40 m2. Los promotores deben presentar ante la ECP los planos arquitectónicos y estructurales, cumplir requisitos y pagar la tasa.

Ve un vacío: la verificación en obra. Hoy los controles se realizan de forma aleatoria y, en muchos casos, cuando la construcción ya ha concluido.

Del Salto sabe que lo óptimo sería inspeccionar antes de iniciar la obra, durante su ejecución y al finalizarla. Pero “implicaría costos adicionales que debería asumir el administrado, podría generar resistencia. No es una decisión local. La creación de nuevos trámites depende de Loeta (Ley de Optimización de Trámites Administrativos), Cootad (Código de Ordenamiento Territorial) y Lotus (Ley de Uso y Gestión del Suelo), que obligarían a eliminar otros procesos”.

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La experiencia de reforzar en La Roldós, contada por el ingeniero Placencia

El ingeniero Patricio Placencia apunta que no es posible afirmar que determinados barrios de Quito tengan edificios seguros o inseguros frente a un sismo. 

Depende principalmente de la tipología estructural. Cuenta que él mismo pasó un año buscando un departamento que tuviera suficientes muros de hormigón, característica clave para mejorar el comportamiento estructural.

El ingeniero Placencia explica que en el caso de viviendas informales, se cree que son las más vulnerables, al tener sus columnas y vigas con mal hormigón y estribos con ganchos pequeños y poco hierro longitudinal. 

“Son de llorar”. Pero no serían las primeras en caerse. Existen viviendas más vulnerables: las de paredes sin confinar y sin armar, solo de ladrillos o bloques, cruzadas en las esquinas, pero sin cadenas ni vigas ni columnas de amarre. 

Esas, con un buen sacudón, se desarman completamente. De este tipo peligroso hay en el centro, La Mariscal, San Juan, Las Casas, Manuel Larrea y muchos otros sectores.

Salvador lamenta que constructoras y compradores se preocupen por la estética y los acabados y no pregunten por la seguridad. Dice que en Quito ya se construye con disipadores de energía, por ejemplo.

Urge un plan de rehabilitación y reforzamiento estructural.José Salvador, ingeniero

Hugo Yepes insiste en que hay que trabajar en un programa de reforzamiento, entre Municipio, propietarios e ingenieros, y quizá ir descontando el costo al ciudadano en los impuestos.

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Mientras el pago llega, hay sueldos y material que no esperan. Por eso marca el mismo número: el de un prestamista informal.

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El 71,8 % de los créditos del chulco corresponde a préstamos de menos de $ 500

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Como ella, apenas 3 de cada 10 ecuatorianos acceden a financiamiento formal, según el Banco Central. El resto se financia fuera del sistema.

Mariana ni tuvo que buscarlo. En calles y mercados, los prestamistas dejan tarjetas en las puertas de los locales: un celular y dinero en el día, sin buró. Después llega la visita, con vendedores que recorren los negocios, explicó Joaquín Dávalos, CEO de PayJoy en Ecuador.

El costo de la rapidez: cuatro veces más caro

Ella pide al menos $100.000, a un interés de entre 2% y 4% mensual. La tasa depende de quién presta, porque familiares y conocidos cobran menos, y del monto: mientras más alta es la cifra, más baja es.

Al 4%, ese piso genera $4.000 al mes. Como cancela al terminar la obra, tres o cuatro meses después, paga entre $12.000 y $16.000 solo de intereses.

En un banco le tocaría crédito productivo para pymes, con un techo de 11,83% anual: esos $100.000 a cuatro meses le costarían unos $3.943. En el chulco paga cuatro veces más.

Lo sabe y aun así llama. "Primero voy al banco, pero como no tengo respuesta, aparte de que se demora", explicó. 

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Su resumen de la banca es más duro: "Cuando usted tiene dinero, usted es importante para ellos; pero cuando no tiene dinero, no le paran bola".

Del microempresario a la tienda de barrio

Un caso así habría sido raro hace unos años. Fidel Durán, presidente del directorio de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), afirmó que el principal cliente del chulco es el microempresario.

El catedrático de la Universidad Andina David Castellanos fue más lejos: el chulco ya no golpea solo a las personas, sino a negocios formalizados que venden menos de $100.000 al año. Tiendas, llanteras, vulcanizadoras.

Y los montos crecieron. Cuando se hizo el estudio el promedio era $500; hoy ronda los $700 o $1.000, y en algunos casos llega a $200.000, precisó.

¿Por qué el banco no les presta?

Durán explicó que fallan tres cosas: 

Esa barrera es el techo a las tasas vigente desde 2007. Al impedir que la tasa refleje el riesgo de cada cliente, sostiene la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), la regulación terminó dejando gente fuera en lugar de abaratar el crédito.

"Sí existen más préstamos, pero menos personas", afirmó Durán. A eso se suma un filtro que expulsa a los pequeños: sin balances al día, el banco evalúa a la empresa como si fuera una persona, explicó Castellanos.

Su conclusión del estudio del chulco fue que la gente busca acceso más que precio: "No hay crédito más caro que el que no existe". 

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La ilusión de la cuenta bancaria

Mariana está convencida de que su préstamo es lícito: "Con las personas que yo me manejo, ellos sí hacen transferencias, porque sí es dinero lícito", explicó.

Los expertos dicen lo contrario. El economista Santiago García Álvarez, profesor de la Universidad Central, recordó que solo bancos, cooperativas, mutualistas y ONG calificadas pueden prestar. "No existe otra opción".

Castellanos fue tajante: que el dinero pase por el banco no lo vuelve lícito, porque hay que probar el origen de los fondos. 

Sin esa verificación, advirtió, quien recibe puede terminar sin saberlo en el lavado.

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El rostro femenino de la exclusión

Si las empresas pequeñas son el nuevo objetivo del chulco, las mujeres son su víctima histórica: el 52,7% de quienes recurren al préstamo informal son mujeres, según el estudio de Castellanos.

La exclusión que las empuja ahí también tiene rostro femenino. Asobanca calcula que son el 58,2% de la población bancarizable que queda fuera del crédito de consumo: unos 4,2 millones.

Bajo esa cifra caben mundos distintos. En un extremo, empresarias como Mariana, que mueven cifras de seis dígitos y aun así no consiguen que un banco les responda a tiempo.

En el otro está Rosa (nombre protegido), dueña de una verdulería en el sur de Quito, que una vez estuvo a punto de cerrar porque no tenía ni $500 para reponer la mercadería.

A las dos les dijeron que no en el banco, aunque pedían cosas muy distintas. Y encontraron obstáculos que los hombres no tienen: "Los bienes están a nombre del marido, pese a que son de los dos", explicó Durán.

Las entidades exigen además la firma del cónyuge, que muchas no quieren pedir. 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) mide el resultado: el 28% de ellas tiene crédito, frente al 30% de los hombres.

Aun así pagan mejor. En PayJoy, el 56% de las clientas son madres solteras y el 84% trabaja en la economía informal, pero su mora es más baja que la de los hombres, precisó Dávalos.

La emergencia que empuja al poste

En el caso de Rosa fue una emergencia doméstica. Su hija se enfermó, los exámenes médicos consumieron el dinero del negocio y para el martes ya no tenía con qué comprar verduras en el Mercado Mayorista.

"Pedí prestado a amigos, a familiares, pero nadie podía ayudarme", contó. El chulco no fue su primera opción, sino la última. 

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Ese orden se repite: el préstamo informal se destina sobre todo a mercadería, un 41,84%, y a gastos básicos del hogar, un 30,93%.

Rosa tampoco salió a buscarlo. Vio un papel pegado en un poste con un número de teléfono, llamó y esa misma noche tenía el dinero.

Al banco nunca fue. "No entiendo bien cómo se hace. Dicen que piden un montón de papeles y yo ni sé dónde conseguir todo eso", explicó. No comparó tasas, comparó trámites.

$15 diarios: el costo que no se ve

Rosa,por precaución pidió solo $300. El prestamista le puso una condición sencilla: $15 diarios durante 30 días.

Esa cuota suma $450 en el mes. Es decir, devolvió los $300 y pagó $150 de interés: la mitad de lo que pidió. Por ese mismo préstamo, un microcrédito minorista le habría costado unos $7.

El mecanismo es el mismo en todas partes. "Te dicen: págame cinco diarios hasta finales de mes, y terminan pagando 150", describió Dávalos. El cobro diario disuelve el interés hasta volverlo invisible.

Por eso el 64,56% de los usuarios cree pagar 20% mensual, cuando el promedio real es 103%. Rosa sigue llamando al mismo número: "Ya nos conocemos".

Y el riesgo ya no es solo económico. "Los principales usureros son las propias mafias", advirtió Durán, que se estima que la usura dejaría $3.000 millones al año, sin embargo no es una cifra exacta que se pueda calcular.

¿La reforma puede alejarlas del chulco?

La Asamblea debate una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) que encarga a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria crear un régimen especial de tasas para quienes no tienen historial.

Asobanca respalda esa vía: un segmento de inclusión que incorpore temporalmente a quienes no califican, para que construyan historial y accedan después a mejores condiciones.

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El proyecto no fija ese nivel ni elimina los techos: deja la decisión en la Junta y limita esos créditos a 36 meses. 

La RFD cuenta 1,26 millones de personas ya expulsadas del sistema. Durán va más lejos y pide eliminar los techos.

Castellanos advierte el reverso: sin educación financiera, abrir crédito a quien nunca lo tuvo puede terminar en una nueva ola de morosidad.

Nadie sabe aún a qué tasa se prestará ni cuándo. Mientras se decide, Mariana seguirá llamando al mismo número, y Rosa también: el banco tarda tres meses; el chulco, un día

Las claves que debes saber

• Correísmo critica a Ortega en 2026, tras denunciar exclusión electoral contra sus movimientos en Ecuador.
• Comunicado rechaza prohibir opositores en Nicaragua mientras crece disputa electoral con Daniel Noboa.
• Acciones de Ortega en 2021 se comparan con medidas que afectan al correísmo en Ecuador.

Únicamente cuando fueron víctimas del autoritarismo de Daniel Noboa se decidieron a condenar el autoritarismo de sus amigos y aliados ideológicos. Eso es lo que ha ocurrido con el correísmo. 

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El 21 de julio de 2026, la directiva de la Revolución Ciudadana publicó un comunicado en contra del anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de eliminar las elecciones en su país. Pero hay un detalle imposible de ignorar: solo lo hicieron cuando Noboa está a punto de dejarlos fuera de los procesos electorales mediante leguleyadas y el control de los organismos electorales.

Ya sacó del registro electoral a la Revolución Ciudadana por un tema de cuentas supuestamente mal llevadas y al movimiento Amigo en el que iban a correr los correístas para las elecciones venideras, alegando que existe un documento reservado de Fiscalía sobre lavado de activos.

La hipocresía del correísmo

Resulta evidente que el comunicado de los correístas llega únicamente cuando ellos mismos se convirtieron en víctimas, pese a que Ortega gobierna desde hace casi veinte años, junto con su esposa Rosario Murillo, como un dictador cualquiera y de la peor especie.

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“La Revolución Ciudadana expresa su rechazo a las pretensiones del Gobierno de Nicaragua, manifestadas por su copresidente Daniel Ortega, de impulsar legislación que impida la participación electoral de partidos y sectores de oposición”, dice el comunicado. 

Y añade una frase que expone la hipocresía del correísmo: “Ningún gobierno puede decidir quién tiene derecho a participar ni utilizar las instituciones para proscribir movimientos opositores”, dice el comunicado.

Hipocresía, populismo y oportunismo en estado puro. Desde 2018, el régimen de Ortega ha utilizado las estrategias más perversas para sacar del sistema electoral a sus adversarios -como hoy hace Daniel Noboa, según denuncian sus críticos- y el correísmo jamás dijo esta boca es mía.

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Y termina el comunicado con esta oración: “Rechazamos estas prácticas en Nicaragua y también en Ecuador, donde las decisiones del Gobierno evidencian persecución y proscripción”.

Ortega atacó años atrás la democracia y la RC calló

El operativo antidemocrático de Ortega alcanzó su punto más alto en 2021 cuando, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, arrestó a siete aspirantes, entre ellos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. 

Además, como controlaba la justicia, canceló la personería jurídica de varios partidos opositores, entre ellos Ciudadanos por la Libertad (CxL), la principal plataforma electoral de la oposición nicaragüense.

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Es decir, una fórmula parecida a la que hoy aplica Daniel Noboa contra la Revolución Ciudadana: ya suspendió ese partido político y recientemente hizo lo mismo con el movimiento Amigo, donde iban a inscribirse los candidatos del correísmo.

En Nicaragua, la mayoría de los precandidatos fueron acusados con base en la llamada Ley 1055, bajo cargos como “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o delitos relacionados con financiamiento extranjero. Esas acusaciones sirvieron para detenerlos e impedir legalmente la inscripción de sus candidaturas.

Así llegó Ortega a las elecciones de noviembre de 2021: sin rivales competitivos. La Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea concluyeron que las detenciones, las inhabilitaciones y la cancelación de partidos habían eliminado la competencia electoral y restado legitimidad al proceso.

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Así Correa defendió a Ortega

¿Y qué dijeron los correístas? ¿Qué dijo Rafael Correa? Nada, absolutamente nada. Cuando comenzaron las detenciones de precandidatos, en junio de 2021, Correa cuestionó lo que calificó como una “doble moral” de la comunidad internacional y sostuvo que Nicaragua era víctima de una campaña de desestabilización. 

No condenó los arrestos. Tampoco hizo la menor crítica a Ortega por haber eliminado de la competencia electoral a sus principales rivales mediante detenciones, inhabilitaciones y la cancelación de partidos.

Mientras la OEA, la CIDH, la Unión Europea y la ONU denunciaban que las elecciones de noviembre de 2021 carecían de competencia real, ni Correa ni los dirigentes del correísmo se sumaron a esas críticas. Más aún, en entrevistas posteriores evitó romper políticamente con Ortega.

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Criticó las sanciones internacionales e insistió en que existía una narrativa internacional sesgada contra los gobiernos de izquierda.

Exfuncionarios correístas se codeaban con Ortega

Quizá una de las máximas expresiones de esa hipocresía ocurrió en enero de 2022, cuando la excanciller correísta María Fernanda Espinosa viajó a Nicaragua para participar en una celebración del sandinismo, en momentos en que las condenas internacionales al autoritarismo de Ortega ocupaban los titulares del mundo. 

La acompañó el también correísta Ricardo Patiño, exministro de Defensa. Ambos habían salido del gobierno de Lenín Moreno tras la ruptura entre el presidente y Rafael Correa. Durante esa visita, Espinosa pronunció un discurso que se hizo célebre por las elogiosas palabras dedicadas a Rosario Murillo, esposa de Ortega y figura clave del sistema autoritario nicaragüense.

El parecido entre el régimen de Ortega y Noboa

Hay muchos parecidos, aunque también diferencias, entre lo que Ortega hizo durante la última década en Nicaragua y lo que hoy ocurre en Ecuador. 

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El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) identifica cuatro rasgos del régimen nicaragüense: exclusión de organizaciones políticas, procesos penales contra figuras opositoras, uso del sistema judicial para apartar a potenciales rivales y eliminación progresiva de la competencia electoral.

¿Coincidencias con el caso ecuatoriano? Quizá el correísmo tenga algo que decir.

Los puntos claves

• Un grupo de 45 estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil convirtió un ejercicio académico en un módulo construido que ya usa la comunidad universitaria.
• La Organización Modular Lineal (OML) fue diseñada para aprovechar una estructura existente sin dañarla y crear nuevos espacios para descansar, estudiar o trabajar.
• La arquitectura parasitaria propone reutilizar edificios, terrazas y espacios desaprovechados para crecer dentro de la ciudad sin ocupar nuevos terrenos.
• Docentes del proyecto consideran que este modelo podría aplicarse en Guayaquil para recuperar espacios urbanos subutilizados y transformar edificaciones existentes.

A simple vista parece una banca de madera más. Sin embargo, basta observar cómo se sostiene para descubrir que no descansa sobre el suelo, sino que se abraza a un edificio sin alterar su estructura. Esa es la esencia de la arquitectura parasitaria o parásita, un concepto poco conocido en Ecuador que un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil decidió sacar del papel para demostrar que también puede convertirse en una herramienta para repensar la ciudad.

Del aula a la ciudad: una estructura que dejó de ser maqueta

Todo comenzó con planos, maquetas y largas jornadas de diseño. Pero en lugar de quedarse como un ejercicio académico, la propuesta terminó convertida en un módulo de madera denominado Organización Modular Lineal (OML), una estructura que hoy ya es utilizada por la comunidad universitaria para descansar, estudiar o elaborar maquetas y que, además, abre el debate sobre una forma distinta de aprovechar los espacios urbanos.

El proyecto forma parte de la materia Proyecto 6, dedicada a la experimentación arquitectónica. Cerca de 45 estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Arquitectura, distribuidos en 13 grupos, trabajaron durante todo el semestre bajo la guía de los arquitectos y catedráticos Sebastián Almeida y Aimee Delgado, quienes decidieron convertir la asignatura en un ejercicio que fuera más allá del diseño y enfrentara a los alumnos a los desafíos de una obra real.

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“No queríamos que el prototipo se quedara en un dibujo o un ‘render’. La idea era construirlo y que los estudiantes vivieran todo el proceso. Y eso ha sido lo más gratificante”, le detalla a EXPRESO Almeida, quien además es parte del Grupo de Arquitectura Parasitaria (GAP) y líder del Laboratorio de Construcción de Materiales (COMA).

Durante varias semanas, cada equipo desarrolló una propuesta bajo un mismo desafío: crear una intervención capaz de aprovechar una estructura existente sin dañarla. Las ideas fueron sometidas a sesiones de crítica con docentes, arquitectos invitados e incluso un ingeniero calculista que evaluó su viabilidad estructural. Finalmente, un jurado eligió el proyecto que sería construido por el equipo ganador, integrado por Valeria Rosado, Juan Alarcón, Adriana Mejía y Alessia Madrid, autores de la propuesta; y Jesús Zúñiga, quien se encargó de guiar el proceso constructivo. Aunque ellos lideraron la ejecución, la etapa de montaje involucró a alumnos de los tres cursos de Proyecto 6.

Cuando una banca se convierte en una idea de ciudad

El resultado fue la Organización Modular Lineal (OML), un módulo pensado para responder a una necesidad cotidiana dentro del campus. “Queríamos tener más espacios dentro de la universidad para realizar actividades, era un ganar-ganar. Este nuevo artefacto beneficiaba mucho a la comunidad universitaria, además de que estéticamente se ve lindo. Es funcional”, explica Madrid, quien anhela ver replicadas estas estructuras en la urbe.

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Qué es la arquitectura parasitaria y cómo funciona

Aunque el nombre pueda sonar extraño, la arquitectura parasitaria no busca invadir ni reemplazar edificios existentes. Su principio, explican los docentes, se centra en aprovechar estructuras ya construidas, para incorporar nuevos espacios funcionales sin alterar la edificación principal y a costos más bajos.

“No se trata de construir de cero, sino de reutilizar el potencial de edificios que ya forman parte de la ciudad. Casas, oficinas o espacios comunitarios pueden levantarse sobre, entre o junto a construcciones existentes, aprovechando infraestructura ya instalada y evitando seguir ocupando nuevos terrenos”, resume Almeida.

Este trabajo nos hace ver que en Guayaquil existen muchos espacios para aprovechar, para hacerlos verdes, habitables y funcionales, con vida.
Adriana Mejía
Autora del proyecto

El docente explica que el término proviene de la biología, aunque en arquitectura la relación se acerca más a la simbiosis que al parasitismo. “El edificio aporta la estructura donde el nuevo elemento puede sujetarse, pero sin dañarlo. Si mañana nos dicen que retiremos el módulo, puede desmontarse y el edificio queda intacto”, aclara.

Para Delgado, el concepto también representa una alternativa para construir de forma más sostenible. “Al apoyarse en una estructura existente, se reducen el consumo de materiales y el impacto ambiental de nuevas construcciones. Es una estrategia que impulsa una ocupación más eficiente y sostenible del entorno urbano”, especifica.

Ambos coinciden en que este modelo cobra relevancia en ciudades donde el suelo disponible es cada vez más escaso y costoso. En lugar de expandir constantemente la mancha urbana, plantea reutilizar azoteas, terrazas, patios o edificaciones parcialmente desocupadas para responder a nuevas necesidades habitacionales o comunitarias.

Más que una corriente arquitectónica, consideran que se trata de una nueva manera de entender el crecimiento de las ciudades: reutilizar antes que demoler y adaptar antes que expandir.

Quito ya puso a prueba una vivienda sobre un edificio existente

Aunque el concepto todavía resulta novedoso en el país, ya existe un antecedente que demuestra su viabilidad.

En 2019, el estudio quiteño El Sindicato Arquitectura construyó la denominada Casa Parásito, una vivienda de apenas 12 metros cuadrados instalada sobre la terraza de un edificio del barrio San Juan, en Quito. El proyecto, publicado entonces por la BBC, incorporó cocina, baño, dormitorio, almacenamiento y un área para trabajar o socializar. La propuesta demostró que las estructuras existentes también pueden convertirse en nuevas oportunidades de ocupación urbana y nació precisamente para evidenciar que muchas ciudades no tienen un problema de falta de espacio, sino de cómo utilizan el que ya poseen.

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¿Puede funcionar en Guayaquil? Para Almeida, la respuesta es sí. Durante el desarrollo del proyecto universitario, el grupo de investigación analizó casos como las Casas Colectivas de la Gómez Rendón y otros conjuntos habitacionales de Guayaquil para estudiar cómo la arquitectura parásita podría convertirse en una alternativa para recuperar espacios hoy desaprovechados.

“Guayaquil podría aprovechar mucho este tipo de arquitectura. Hay espacios pequeños que requieren transformaciones. Si se hace de manera planificada, incluso podrían incorporarse fachadas verdes y recuperar sectores deteriorados”, plantea.

El docente reconoce, sin embargo, que el desafío no depende únicamente del diseño. También requiere estudios estructurales, cambios normativos y un trabajo conjunto con las comunidades que habitan esos espacios.

Delgado coincide y considera que este tipo de propuestas podrían representar una oportunidad para ciudades con edificaciones en desuso. “La propuesta plantea una relación de coexistencia entre lo antiguo y lo nuevo, donde ambas partes se complementan. Hoy la idea es aprender dentro del campus y luego, con apoyo de instituciones públicas y privadas, llevar este tipo de proyectos hacia otros espacios urbanos. Sería lo ideal”.

El desafío detrás del prototipo

Pero el aprendizaje no estuvo únicamente en el diseño. El reto, aseguran los estudiantes, apareció cuando la propuesta dejó la maqueta y pasó a convertirse en una estructura real.

Muchos nunca habían utilizado herramientas de construcción ni participado en una obra. Durante las últimas semanas del semestre (aproximadamente seis, tras la selección del proyecto ganador) aprendieron sobre cimentación, niveles, ensambles, presupuestos y organización del trabajo. Aunque la propuesta fue elegida entre los proyectos desarrollados por la clase, la etapa de construcción involucró a estudiantes de los tres cursos de Proyecto 6, no solo a los integrantes del equipo ganador.

e linda y todo, pero ya cuando la llevas a la obra es diferente. El desafío es muy grande; pero el aprendizaje, aún mayor. Fue increíble.

Alessia Madrid
Autora del prototipo

La estructura, elaborada principalmente con madera de laurel y caracolillo, permitió probar un sistema modular de uniones y conexiones entre piezas, con apoyo de elementos de fijación entregados por una empresa privada.

Quienes ya tenían experiencia en construcción, como el estudiante Jesús Zúñiga, ayudaron a orientar al resto del equipo durante el montaje. En el proceso surgieron desafíos como ajustar medidas, corregir niveles y lograr que la estructura quedara estable.

La diferencia entre dibujar una idea y construirla terminó siendo una de las principales lecciones del semestre, aseguró Juan Alarcón, uno de los autores del prototipo. “Una cosa era lo que decía la maqueta y otra muy distinta fue llevarla a la realidad”, reconoció.

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El simple hecho de manipular herramientas y llevar lo que estoy proponiendo en maqueta a la realidad fue un gran reto. Un gran salto.
Valeria Rosado
Autora del proyecto

La estructura finalmente quedó instalada dentro del campus, en una de las edificaciones que apuntan a ser reconocidas como patrimoniales. Su sistema modular y desmontable permite adaptarla a otros espacios con condiciones similares, sin intervenir de manera permanente en la construcción que la recibe.  

Los puntos claves de este artículo

• En menos de dos años, cinco episodios políticos y judiciales reconfiguraron el tablero electoral de Guayaquil y redujeron el número de actores con opciones de disputar la Alcaldía.
• La salida de potenciales candidatos, las investigaciones contra Aquiles Álvarez, la suspensión de movimientos políticos y la renuncia de Marcela Aguiñaga modificaron el escenario previo a las elecciones seccionales.
• Mientras la ciudad era escenario de esos episodios, ADN ajustó su estrategia y terminó apostando por Cynthia Viteri -exalcaldesa que enfrenta investigaciones por presunta corrupción-, para intentar conquistar uno de los principales bastiones electorales del país.

En los últimos dos años han ocurrido varios hechos que si se los ve de forma dispersa parecerían que han sido casuales, propios de un ecosistema político improvisado o desconectado. Sin embargo, las implicaciones de cada episodio han tenido un efecto directo o indirecto en los intereses del poder de turno si se los mira en conjunto.

De tal forma, varios de los eventos se han convertido en una suerte de maniobra estratégica para allanar el camino de Daniel Noboa, a través de los colores de ADN y de su carta política al gobierno local más importante de la provincia del Guayas.

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Primer episodio: Andrea González, de candidata a embajadora

Tras el fallido gobierno de Guillermo Lasso en 2023, la elección de Daniel Noboa como presidente de la República y poco más de un año de su primer mandato, corría la campaña para las elecciones generales de 2025 y entre los candidatos de ese proceso emerge la figura de Andrea González Nader.

La guayaquileña, activista ambiental y empresaria interesó a una parte del electorado por su imagen fresca y un discurso frontal contra el narcotráfico y la corrupción, bajo los colores del Partido Sociedad Patriótica. Era su segunda experiencia como candidata. En 2023 fue el binomio de Fernando Villavicencio (+).

En dichas elecciones, González quedó en el cuarto puesto de dieciséis postulantes, con 275.376 votos, detrás de Noboa, Luisa González y Leonidas Iza. Las dos campañas electorales, sus declaraciones críticas a obras de la administración de Aquiles Álvarez, como el paso elevado en la avenida del Bombero, hicieron familiar su rostro para los guayaquileños. Tanto fue así que la misma Andrea González consideró abiertamente buscar la Alcaldía de Guayaquil.

"Hemos sido claros desde el inicio. Tenemos el anhelo de transformar Guayaquil en una ciudad sostenible, dinámica, vibrante y para todos (…). Estamos en conversaciones con sectores políticos, sociales y económicos porque creemos que es el momento de un relevo generacional", dijo la ambientalista a Ecuavisa en julio de 2025.

No obstante, seis meses después, González sorprendió al aceptar el encargo de Daniel Noboa como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Reino de Bélgica.

Esa se podría decir fue primera baja de quienes aspiraban llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

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Segundo episodio: el encarcelamiento de Aquiles Álvarez

La versión más caótica de la relación política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene sus inicios en 2023. El 9 de octubre de ese año, Álvarez criticó que Noboa, entonces candidato a la Presidencia, no asistiera a la sesión solemne de la ciudad y que realizara un acto proselitista cerca del evento del cabildo.

Al año siguiente, la Fiscalía inició las investigaciones por un presunto desvío y comercialización ilegal de combustibles subsidiados, por parte de empresas relacionadas con Álvarez, que posteriormente se conocería como caso Triple A, tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).

El 9 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos en contra de Álvarez y pidió la vinculación de 10 personas más. La defensa del alcalde había logrado sortear los pedidos de prisión preventiva del Ministerio Público en esa y otras instancias hasta el 10 de febrero de 2026. Ese día, la Policía lo detiene en el allanamiento de su casa. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel del Encuentro. Álvarez también enfrenta otra investigación, denominada caso Goleada, que se deriva de Triple A.

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Mientras el alcalde ha enfrentado esas investigaciones, el Concejo Cantonal atendió un pedido de remoción del cargo, que no prosperó porque, se argumentó, su ausencia estaba justificada por estar detenido.

En la cancha electoral, Álvarez también ha realizado un movimiento que busca mantener en vigencia su mano sobre la ciudad: ante la evidente imposibilidad de correr por la reelección escogió a uno de sus abogados para que busque la alcaldía: David Norero. Así lo dijo el letrado tras haber conversado con el alcalde encarcelado.

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Tercer episodio: la RC y Amigo, suspendidos por nueve meses

Dos organizaciones políticas también han sido parte de los episodios de esta historia de poder. Los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) fueron suspendidos de la vida política por nueve meses.

Las suspensiones se derivan de los fallos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tras recibir la denuncia de la Fiscalía en torno a casos de presunto lavado de activos.

La RC fue sancionada por el denominado caso Caja Chica el 6 de marzo de 2026; y, Amigo, el 17 de julio pasado. La organización correísta había definido la participación de sus cuadros bajo los colores de la lista 16, como el vehículo electoral para sortear la primera sanción.

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Cuarto episodio: la renuncia sorpresiva de Marcela Aguiñaga

La renuncia de Marcela Aguiñaga a la Prefectura del Guayas tiene también un peso político importante en el tablero político, ya que la abogada que surgió de las filas correístas se había posicionado como una opción para buscar la reelección, otra dignidad local o nacional.

El 14 de mayo, Aguiñaga presentó su renuncia de forma oficial y presidió un acto de rendición de cuentas de su gestión. Días atrás, ella había indicado que tomaba la decisión de dejar ese cargo público para dedicarse al cuidado de su esposo.

En el acto de rendición de cuentas, ella indicó: “No vengo solo a rendir cuentas (…). Es un acto con sabor a despedida, pero es solo un hasta pronto”.

En la administración de Aguiñaga como prefecta del Guayas se vivieron altas y bajas en su relación con el Ejecutivo. El 22 de julio de 2024, Noboa y Aguiñaga participaron de un acto oficial. El Gobierno central entregó una garantía soberana por 50 millones de dólares, para programas de riego, vías y vivienda en Guayas.

Se fotografiaron. Ambos, sonrientes, sostuvieron una orquídea morada en una tarima.

Sin embargo, la falta de cumplimiento de compromisos generó fricciones. "En 2025 debían entregarnos 50 millones de dólares, pero recibimos cero. Recién en febrero de 2026 acreditaron 10 millones para pago de planillas”, dijo Aguiñaga a inicios de este año. También ha sido notoria su posición frente a la situación que atraviesa el alcalde Aquiles Álvarez.

Quinto episodio: la curiosa elección de Cynthia Viteri

Se cierra el círculo. El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) movió sus fichas en el proceso de perfilar a la mejor carta que convenza al electorado guayaquileño: Niels Olsen, hombre de confianza de Noboa, quien se había desempeñado como presidente de la Asamblea Nacional, renunció a ese cargo para ponerse la camiseta de futuro candidato.

El exministro de Turismo de Guillermo Lasso y Daniel Noboa usó sus redes sociales para promocionar su precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil. “Guayaquil es la ciudad donde nací, donde crecí, donde están creciendo mis hijos”, dijo en un video el empresario, que está empadronado en Samborondón.

Sin embargo, el 16 de julio, ADN cambió de opinión: la futura candidata a la Alcaldía de Guayaquil será Cynthia Viteri, política que hizo su carrera en la vida pública de la mano del socialcristianismo. Fue alcaldesa de Guayaquil del 2019 al 2023. Buscó la reelección, pero perdió frente a Aquiles Álvarez.

La elección de Viteri fue sorpresiva y generó suspicacias porque previo al anuncio de ADN ocurrieron dos cosas. 

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La sorpresiva selección de Viteri reconfigura el tablero político local. Se trata de uno de los movimientos más arriesgados del oficialismo para captar el Municipio de Guayaquil, teniendo en cuenta que Viteri, como alcaldesa, hizo de su administración un proyecto personalísimo, distante al de sus antecesores y marcado por denuncias de corrupción.

Las claves que debes saber

• Precandidato de Izquierda Democrática explica por qué busca la Alcaldía de Quito tras su salida del CPCCS.
• Propone priorizar seguridad, movilidad y desarrollo social para Quito y recuperar instituciones municipales.
• Cuestiona gestión de Pabel Muñoz y plantea investigar la AMT sin subir el pasaje en 2027.

El precandidato por Izquierda Democrática (ID), Juan Esteban Guarderas, habla sobre las razones que lo llevaron a aceptar la precandidatura a la Alcaldía de Quito, explica por qué eligió ese movimiento político, plantea sus principales propuestas para la capital y cuestiona la administración del alcalde Pabel Muñoz.

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¿Por qué decidió postularse a la Alcaldía de Quito y por qué considera que este es el momento adecuado?

Mi candidatura nace de un contexto muy particular. Después de mi destitución del Consejo de Participación Ciudadana se hicieron públicos chats que, a mi criterio, demostraban que yo era un obstáculo para quienes buscaban controlar instituciones del Estado. 

Eso hizo que muchos líderes barriales y ciudadanos me pidieran asumir este reto. Analicé si existían las condiciones para construir un proyecto serio y concluí que había una responsabilidad con quienes confiaban en mí.

Usted anunció su intención de ser candidato antes de tener un movimiento político. ¿Por qué eligió finalmente a la Izquierda Democrática?

Porque soy una persona de izquierda democrática. Creo en un Estado que garantice salud, educación y oportunidades con dignidad, pero rechazo los modelos autoritarios. Además, es el único partido en el que he militado y regresar era una decisión coherente. 

Finalmente, mi principal bandera es la lucha contra la corrupción y considero que la Izquierda Democrática no arrastra grandes casos de corrupción que hayan marcado su historia.

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¿Cuál considera que es el principal problema que enfrenta Quito?

El principal problema es que el crimen organizado ha ganado espacio tanto en territorios como en instituciones públicas. Eso limita la capacidad del Municipio para responder a las necesidades de los ciudadanos. Recuperar esas instituciones será prioridad.

¿Cuál sería su primera decisión si llega a la Alcaldía?

Solicitar la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Considero que es una institución que necesita ser investigada y recuperada para devolverle la confianza a la ciudadanía.

¿Qué evaluación hace de la administración del alcalde Pabel Muñoz?

Creo que el Municipio ha sido utilizado más como una plataforma política que como una institución enfocada en resolver los problemas de la ciudad. 

Quito necesita una administración técnica, con profesionales especializados y decisiones orientadas al bienestar ciudadano.

La propuesta de Juan Esteban Guarderas

¿Cuáles serán sus tres principales ejes de gobierno para Quito?

El primer eje será la seguridad. Mi diagnóstico es que Quito ha perdido control sobre parte de sus instituciones y de su territorio, por lo que el Municipio debe recuperar su capacidad de gestión y coordinación para enfrentar la delincuencia. 

El segundo eje será la movilidad, porque una ciudad donde las personas no pueden desplazarse con facilidad termina fragmentándose. El tercero será el desarrollo social, con especial atención a grupos vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia.

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¿Cómo enfrentará la inseguridad si las competencias municipales en seguridad son limitadas?

La seguridad también depende del ordenamiento territorial, de la planificación urbana y de la recuperación del espacio público. Además, propongo crear una Fiscalía Municipal que complemente el trabajo de la Fiscalía General del Estado. 

No tendría funciones para reemplazarla, sino para investigar, presentar denuncias y apoyar procesos relacionados con delitos que afectan directamente a Quito, como las extorsiones, la delincuencia organizada y las invasiones de tierras.

¿Qué medidas impulsará para reactivar la economía y apoyar a los emprendedores?

Uno de mis proyectos es crear incubadoras municipales para artesanos y pequeños productores. Estos espacios ofrecerían infraestructura, servicios básicos y condiciones adecuadas para que puedan desarrollar sus actividades sin asumir costos que muchas veces hacen inviables sus emprendimientos.

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Gran parte de su trayectoria pública ha estado ligada a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo garantizará que esa bandera se traduzca en una administración transparente?

Creo que varias entidades municipales no han cumplido su función. Por eso planteo una reestructuración institucional que permita reducir burocracia, fortalecer los mecanismos de control y devolver competencias a instancias que puedan ejercer una fiscalización más efectiva.

Considero que Quito Honesto no ha dado los resultados esperados en materia de prevención de la corrupción. Mi propuesta es eliminar esa entidad y redistribuir sus competencias para que existan mecanismos de control más eficientes.

También planteo eliminar la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y devolver las funciones de fiscalización a las administraciones zonales. Ellas conocen de primera mano la planificación de cada sector y pueden ejercer un control más cercano sobre el territorio.

¿Está de acuerdo con un incremento del pasaje del transporte urbano en 2027?

No. Estoy convencido de que es posible mejorar el servicio sin aumentar la tarifa. El problema del transporte público no pasa solo por el valor del pasaje, sino por una mala planificación de las rutas. 

Existen barrios con alta demanda que no cuentan con suficiente cobertura, mientras otros recorridos atraviesan zonas donde su operación resulta poco eficiente. Reorganizando el sistema se puede mejorar el servicio y mantener la tarifa actual.

¿Quién es Juan Esteban Guarderas?

Construyó su carrera pública desde la fiscalización y la defensa de la institucionalidad democrática. Abogado y activista anticorrupción, fue vocal del CPCCS y fundador de la Fundación Lucha Anticorrupción. Ahora aspira a la Alcaldía de Quito por Izquierda Democrática (ID) con propuestas para fortalecer la seguridad, la movilidad y la transparencia municipal.

Las claves que debes saber

• Gobierno de Noboa ratifica diseño de Sanaa para Museo Nacional tras dos concursos en Quito.
• Exjurado cuestiona el proyecto por riesgos técnicos, costos y conservación del patrimonio cultural.
• Polémica crece por presuntas irregularidades, conflictos de interés y cambio del ganador original.

Pudieron ahorrarse plata, tiempo y bochorno: finalmente, al cabo de un escándalo y dos concursos (uno legítimo, con un jurado internacional de primer nivel que deliberó durante más de un mes; otro de juguete, con una apresurada reunión de amigos que no tuvieron inconveniente en prestarse para la manipulación y sacar un veredicto en poco más de un día), el proyecto arquitectónico elegido para convertirse en la sede del nuevo Museo Nacional del Ecuador fue exactamente el mismo que el gobierno de Daniel Noboa había designado a dedo desde el principio. 

(Te invitamos a leer| Jurado original del nuevo Museo Nacional del Ecuador advierte riesgos del diseño ganador)

¿Alguien podía creer que ocurriría de otra forma? Se trata de “Estratos vivos”, diseño del estudio japonés Sanaa, de la arquitecta Kazuyo Sejima, con sus socios ecuatorianos A0, de Ana María Durán Calisto, entre otros. 

Es el proyecto que, durante el primer concurso, el verdadero, el gobierno quiso imponer como segundo premio con la evidente intención de reemplazar con él al que resultara ganador. El jurado no admitió las presiones y premió al que consideró mejor. Lo demás es historia.

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¿Por qué el jurado inicial no escogió al nuevo ganador?

El español Alejandro Zaera Polo, miembro de ese primer jurado de calificación (arquitecto por la Politécnica de Madrid, postgraduado en Harvard, exdecano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Princeton…), ha explicado con argumentos técnicos que no han sido rebatidos por nadie hasta la fecha las razones por las cuales el proyecto de Sanaa, elegido no por nadie más sino por el gobierno, era uno de los peores del concurso. 

Si le dieron una mención, explicó en el podcast Politizados, de este Diario, fue para manejar las presiones políticas.

Salas poco o nada flexibles, más bien pequeñas y delimitadas por grandes ventanales de vidrio curvo, que prácticamente no ofrecen ninguna posibilidad de juego museográfico; sobre ellas, una secuencia de terrazas que hará de las filtraciones un problema permanente; un acceso constante del público desde el exterior a todos los niveles, incompatible con las exigencias de seguridad de los tesoros que ahí se guardan; archivos y reserva instalados en el subsuelo, en una zona (la de la vieja laguna de Iñaquito) conocida por su altísimo nivel freático, es decir, la profundidad a la que se encuentra la parte superior del acuífero subterráneo, el punto donde la tierra está completamente saturada de agua. En otras palabras: espacios inundables. 

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Sin contar con el permanente riesgo sísmico de Quito, que se cuenta entre los más altos del mundo. Por eso, una de las consideraciones del primer jurado fue que el subsuelo era el lugar más irresponsable para situar la reserva del museo.

Eso es el proyecto ganador por voluntad del gobierno: un proyecto irresponsable. Peor aún: un anteproyecto. Ahora viene un concurso público para adjudicar la construcción, etapa en la que se descubrirá que los desafíos del diseño de Kazuyo Sejima obligarán a ajustar los presupuestos (los cien millones de dólares ya asignados serán insuficientes, según Zaera Polo) o introducir variaciones para abaratar el diseño y que terminarán convirtiéndolo en un esperpento.

Luque evade plan inmobiliario y el conflicto de interés

Roberto Luque, el ministro a cargo de este nuevo proyecto casi tan caro como Progen, no responde a ninguna de estas críticas. Le basta con el argumento de la supuesta voluntad popular, que no es otra cosa que la razón populista. 

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El museo, dice, debe ser un punto de encuentro en el que los ciudadanos se reconozcan y con el que se identifiquen. Como si el extraordinario patrimonio histórico y cultura que se va a exhibir ahí no tuviera el suficiente poder de convocatoria y la suficiente capacidad de generar identidad y encuentro.

Por lo demás, el ministro no sabe ni contesta. No se ha enterado, así dice, de ningún proyecto inmobiliario en las inmediaciones, aunque hasta la exviceministra de Cultura habló de las cinco torres en el terreno adyacente y el propio Alberto Campo Baeza, arquitecto del proyecto que ganó el primer concurso y fue desconocido por voluntad del gobierno, las incluyó en sus planos tridimensionales. 

Tampoco sabe nada Roberto Luque sobre los conflictos de interés de los miembros del jurado de juguete que nombraron para el simulacro de concurso con el que se completó el proyecto. 

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Que el Grupo Nobis, para quien trabaja uno de ellos, el arquitecto Christian Wiese, a cargo del desarrollo inmobiliario de otro de los lotes circundantes, no es del presidente sino de la tía, explica, y cuesta creer que está hablando en serio. 

El Gobierno olvida el significado del Museo Nacional

¿Y en cuanto a los líos jurídicos que provocará el hecho de haberle quitado el primer premio a su legítimo ganador? “Ese es un problema del Colegio de Arquitectos”, se lava las manos el ministro de Progen. 

Porque proclamaron al ganador sin consultar con la empresa pública a cargo del proyecto. O sea que el jurado internacional que tomó su decisión estaba ahí de adorno: al final era la empresa pública la que tenía la última palabra.

El caso es que no habrá en el Ecuador un auténtico museo nacional digno de ese nombre mientras dure el gobierno de Daniel Noboa. 

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Y no lo habrá porque la burocracia a cargo, esa argolla de especuladores enchufados que tuvieron la audacia de desprenderse de los especialistas (la viceministra de Cultura Romina Muñoz y su equipo técnico, incluido el director del Museo), esos funcionarios como el ministro de Progen, gente sin densidad intelectual ni profundidad espiritual para comprender lo que aquí está en juego, no son ni remotamente capaces de entender la dimensión del patrimonio cultural e histórico de la nación en aquello que tiene de intangible, si es que acaso la palabra “nación” les dice algo.

Para ellos nomás existe el gobierno como oportunidad de hacer negocios. Lo mejor que puede pasar en esas circunstancias es que el Museo Nacional no se construya.

Lo que debes saber

• Las utilidades empresariales crecieron 34 % en 2025 y alcanzaron un récord de $10.017 millones, pero el 87 % se concentró en las grandes empresas.
  
• Las microempresas continuaron registrando pérdidas por cuarto año consecutivo, pese a una leve reducción de los números rojos.
  
• Analistas atribuyen esta brecha a la falta de financiamiento, la inseguridad, la competencia informal y la ausencia de una ley específica para las pymes.

El 2025 dejó una fotografía aparentemente positiva para la economía ecuatoriana. Las utilidades empresariales alcanzaron niveles récord, en medio de un año de crecimiento económico. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconde una realidad menos alentadora: las empresas más pequeñas, que constituyen la base del tejido productivo nacional, continuaron acumulando pérdidas.

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De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías (Supercías), de las 149.495 empresas que presentaron sus estados financieros (el último ejercicio económico del 2025) a junio de este año, solo 68.423 registraron utilidades, lo que equivale al 46% del total de empresas.

Estos valores, según un estudio elaborado por la Universidad Politécnica Salesiana, pasaron de 7.463 millones de dólares en 2024 a 10.017 millones en 2025, un incremento de 2.554 millones o del 34%.

No obstante, ese crecimiento no se distribuyó de manera uniforme.

Las grandes empresas elevaron sus ganancias

Mientras las grandes empresas elevaron sus ganancias de 6.569 millones a 8.682 millones de dólares (un aumento del 32%) y concentraron el 87% de todas las utilidades generadas en 2025, las microempresas siguieron en números rojos.

Aunque sus pérdidas se redujeron de 292 millones de dólares en 2024 a 231 millones en 2025, continúan registrando resultados negativos de manera consecutiva desde 2022.

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Más ganancias, más desigualdad

De acuerdo con este estudio, al que accedió EXPRESO, las “actividades financieras y de seguros” fueron las que concentraron las mayores utilidades el año pasado. Este sector obtuvo ganancias por 2.406 millones de dólares, equivalentes al 24,02% del total nacional, tras registrar un crecimiento del 41% respecto al año anterior.

Para Luis Bayardo, director de la carrera de Economía de la Salesiana, estos resultados son un reflejo de que el crecimiento económico no está llegando a todos los segmentos empresariales por igual. “Cada vez más gente tiene menos y menos gente tiene más”, sostiene.

El académico respalda su afirmación con datos del Banco Mundial. Según explica, el organismo divide a la población en cinco quintiles de ingreso. En 2024, el quintil más rico concentraba el 50% de todos los ingresos del país. En 2025 esa participación subió al 51%, una señal de que la distribución de la riqueza tiende a concentrarse.

Esa lógica, dice, se refleja en el sector empresarial: mientras los segmentos más grandes acumulan utilidades crecientes, miles de pequeños negocios luchan por sobrevivir.

Negocios de subsistencia

Para Christian Cisneros, representante de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (Canape), el problema comienza incluso antes de que las empresas entren al mercado.

Explica que el 95% del tejido empresarial ecuatoriano está compuesto por microempresas, pero gran parte de ellas surgen por necesidad económica o desempleo, y no como respuesta a una demanda específica del mercado.

La consecuencia de esto, señalan los expertos, es que terminan operando en un mercado donde numerosos negocios compiten entre sí por los mismos clientes, muchas veces en condiciones de informalidad y sin planificación suficiente para crecer hacia categorías superiores.

Héctor Delgado, analista económico y expresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), dice que a ello se suman factores como la inseguridad, la falta de liquidez y las dificultades para acceder al financiamiento formal, que obligan a muchos emprendedores a recurrir al crédito informal o al denominado ‘chulco’, con tasas de interés que, según un reciente estudio de Equifax, alcanzan en promedio el 1.238% anual.

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A ese escenario “se suma la dificultad que tienen los pequeños negocios para incorporar tecnología y con ello mejorar su productividad, además de acceder a procesos de capacitación que les permitan ser más competitivos”, en un mercado donde además compiten cada vez más productos importados y la fuerte oferta de plataformas de comercio electrónico.

Según Cisneros, rubros como el textil y el calzado han registrado caídas de entre el 30% y el 40% en sus volúmenes de ventas formales desde el año 2023, debido a una mayor oferta foránea.

Los analistas coinciden en que existe una deuda histórica en materia de políticas públicas para las pequeñas empresas. “Tenemos una Ley de Economía Popular y Solidaria, pero no hay ninguna ley de pymes”, advierte Cisneros.

A su juicio, la ausencia de un marco legal específico impide desarrollar instrumentos que permitan fortalecer a un sector que representa a la inmensa mayoría del aparato productivo nacional.

El acceso a créditos es diferenciado

Entre sus propuestas figuran la incorporación de sistemas de gestión y calidad como política de Estado, mecanismos que faciliten la asociatividad empresarial para exportar de manera conjunta y, sobre todo, soluciones para el acceso al financiamiento.

Mientras las grandes compañías acceden a créditos productivos con tasas relativamente bajas, las micro y pequeñas empresas suelen enfrentar intereses de entre el 21% y el 27% en el sistema cooperativo, debido a que muchas veces son evaluadas bajo esquemas similares a los del crédito de consumo.

Por ello, Canape plantea que la banca pública implemente sistemas de garantías o fideicomisos que respalden a las pequeñas empresas cuando no cuentan con suficientes activos para cubrir las exigencias de los bancos.

Gremios más debilitados

La situación ya muestra efectos visibles. Según Canape, varias cámaras provinciales de la pequeña industria, como las de Tungurahua e Imbabura, desaparecieron tras ser absorbidas por organizaciones empresariales más grandes.

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Esto debido a un menor número de afiliados. Gremios que antes del período 2019-2021 reunían entre 2.000 y 5.000 socios, hoy apenas mantienen entre 300 y 400 miembros.

La propia Canape funciona como una cámara de gremios que agrupa a 17 organizaciones provinciales y nacionales.

Lo que debes saber

• Daniel Noboa reemplazó el Plan Fénix en 2026 con un Plan Nacional de Seguridad con metas e indicadores.
• Expertos analizan por qué el Plan Fénix nunca pudo evaluarse durante el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
• El nuevo Plan Nacional de Seguridad busca enfrentar el crimen organizado con una estrategia integral hasta 2029.

Durante casi dos años, el Gobierno de Daniel Noboa defendió el denominado Plan Fénix como el eje de su política de seguridad. Sin embargo, ese plan estuvo rodeado de un permanente cuestionamiento: nunca fue publicado, sus objetivos permanecieron reservados y jamás se conocieron indicadores que permitieran evaluar si estaba cumpliendo o no sus propósitos. Su existencia terminó convirtiéndose en un debate político más que en una política pública verificable.

Con la expedición del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, el Ejecutivo cambia de rumbo. El nuevo documento, de más de un centenar de páginas, reemplaza oficialmente al Plan Fénix y, por primera vez desde la llegada de Noboa al poder, establece objetivos institucionales, líneas estratégicas y resultados esperados para las entidades encargadas de la seguridad.

El giro también representa un reconocimiento implícito de una de las principales críticas que acompañó al Gobierno: la ausencia de una hoja de ruta pública.

Un vacío que se extendió por varios gobiernos

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el problema no comenzó con el Plan Fénix. Ecuador arrastra varios años sin un instrumento formal de planificación estratégica.

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"El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se elaboró un Plan Nacional de Seguridad Integral en 2022, pero nunca llegó a consolidarse ni publicarse. Con el gobierno de Noboa tampoco existió un plan hasta ahora", explica.

A su juicio, la importancia del nuevo documento radica precisamente en que recupera una obligación establecida en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que dispone la existencia de un Plan Nacional de Seguridad Integral como instrumento rector de la política pública. En ese sentido, sostiene que es el primer plan oficialmente vigente desde el publicado en 2021 y que se ubica en el nivel político-estratégico del Estado.

El contraste con el Plan Fénix es evidente. Mientras aquel permaneció bajo reserva y sin parámetros públicos de evaluación, el nuevo documento identifica amenazas, asigna responsabilidades institucionales y plantea resultados que, al menos en teoría, podrán ser medidos.

Del secreto a la planificación

Entre los principales cambios figura una visión más amplia de la seguridad. La estrategia ya no se limita exclusivamente al accionar militar y policial. El documento incorpora a instituciones como el SNAI, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Centro Nacional de Inteligencia, además de mantener la participación de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios hasta 2027.

También reconoce amenazas que van desde el crimen organizado transnacional y la minería ilegal hasta los delitos ambientales, la corrupción y los riesgos derivados de la ciberseguridad. 

El enfoque busca integrar prevención, inteligencia, fortalecimiento institucional y cooperación internacional. No obstante, especialistas advierten que el verdadero desafío comienza después de la publicación del documento.

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Un plan que aún debe aterrizar

El exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, considera que el plan llega con retraso y todavía requiere convertirse en acciones concretas.

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"Este plan debió presentarse el año pasado. Está en el nivel político-estratégico; no es todavía un instrumento táctico con indicadores específicos", señala.

Para Bravo, el mayor acierto es que plantea una política pública con una visión integral, dejando atrás una estrategia exclusivamente coercitiva basada en el Bloque de Seguridad. Sin embargo, cree que su principal limitación es el horizonte temporal.

"Me hubiera gustado que fuera una política de Estado y no únicamente de Gobierno. Se fija hasta 2029, cuando debería trascender cualquier administración. La violencia no terminará en seis meses ni en un año; esto requerirá entre diez y quince años fortaleciendo las capacidades del Estado frente a las mafias", sostiene.

Las cifras que marcaron el cambio

El relevo entre el Plan Fénix y el nuevo Plan Nacional ocurre en un contexto complejo. Aunque el Gobierno ha destacado reducciones en determinados indicadores de violencia durante 2026, Ecuador continúa figurando entre los países con mayor incidencia del crimen organizado en la región y mantiene altos niveles de homicidios registrados desde el inicio del conflicto armado interno.

Esa realidad alimentó los cuestionamientos sobre la efectividad del Plan Fénix, precisamente porque nunca existieron metas públicas contra las cuales contrastar los resultados obtenidos.

Las alertas desde los derechos humanos

No todos observan con optimismo el nuevo documento. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, advierte que algunos conceptos incluidos en el plan pueden abrir espacios para interpretaciones amplias que afecten derechos fundamentales.

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"Nos preocupa profundamente la referencia al extremismo violento porque allí podría caber cualquier forma de disidencia u oposición. Eso puede afectar el derecho a la protesta y desconoce principios como la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidos por la Constitución", afirma.

Idrovo también cuestiona que el cambio de documento no implica necesariamente una transformación del modelo de seguridad. "Es una vieja receta que ya fracasó. Con el Plan Fénix Ecuador alcanzó posiciones críticas en los índices internacionales de crimen organizado y registró los mayores niveles de muertes violentas de su historia", sostiene.

Las observaciones coinciden con recientes llamados de organismos internacionales para que la cooperación en seguridad, incluida la que mantiene Ecuador con Estados Unidos, incorpore mecanismos de transparencia y respeto a los derechos humanos.

El Ecuador no ha tenido un plan de seguridad desde 2023. Las soluciones a los varios problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel.Diego Pérez, Docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN

Del papel a los resultados

Para Diego Pérez, el nuevo plan constituye apenas el punto de partida. "Las soluciones a los problemas de seguridad no van a llegar rápido, ni fácil, ni en 120 páginas de papel", advierte.

El académico insiste en que la recuperación de la seguridad exigirá políticas sostenidas durante varios años, articulación institucional y capacidad para convertir la planificación en resultados verificables.

En ese sentido, el principal reto del Gobierno ya no será explicar la existencia de un plan, sino demostrar que las metas plasmadas en él pueden traducirse en una reducción sostenida de la violencia. Si el Plan Fénix quedó marcado por la imposibilidad de medirlo, el nuevo Plan Nacional enfrentará una prueba distinta: ser evaluado por objetivos que ahora sí quedaron escritos.