Lo que debes saber

• Ecuador tendría entre 41.000 y 80.000 integrantes ligados al crimen organizado.
• Los Lobos y Los Choneros sumarían 23.000 miembros, según estimaciones analizadas.
• Economías criminales causarían pérdidas de hasta USD 12.000 millones al año en Ecuador.

Durante años, las organizaciones criminales dejaron de ser pequeñas bandas dedicadas al robo o al microtráfico y se convirtieron en redes capaces de controlar barrios, cárceles, rutas marítimas y actividades económicas. Ecuador enfrenta ahora una estructura que, según datos analizados durante el debate de la Ley Antimafias, tendría entre 41.000 y 80.000 integrantes armados.

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La primera cifra corresponde a una identificación realizada por el Ministerio del Interior hasta 2025. La segunda es una proyección gubernamental sobre la expansión de los grupos en zonas urbanas y rurales. 

En el extremo más conservador, el número de integrantes supera los aproximadamente 36.000 miembros de las Fuerzas Armadas y se acerca a los 57.000 servidores policiales. Pero el tamaño de las bandas explica solo una parte del fenómeno.

La economía paralela detrás de las estructuras criminales

Detrás de los hombres armados existe una red que recluta, transporta drogas, lava dinero, infiltra instituciones, vende información, almacena armas y administra territorios. Es una economía paralela que genera ganancias para unos y pérdidas para millones.

Ese crecimiento no ocurrió de la noche a la mañana. Ecuador pasó de ser un territorio de tránsito a convertirse en un eslabón estratégico de la cadena internacional de cocaína. Sus puertos, carreteras, fronteras y sistema financiero fueron aprovechados por organizaciones ecuatorianas que establecieron alianzas con el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, redes balcánicas y la ‘Ndrangheta italiana.

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De bandas locales a aliados de carteles internacionales

Las bandas locales aportaron conocimiento territorial, contactos y capacidad logística. A cambio recibieron armas, dinero y participación en cargamentos.

Las cárceles funcionaron como centros de coordinación y reclutamiento. Tras el asesinato de cabecillas y la ruptura de alianzas, las organizaciones se fragmentaron y comenzaron a disputar rutas, prisiones y barrios. En 2024, el Estado identificó 22 grupos como organizaciones terroristas.

No obstante, con el monitoreo de incidentes difundidos se llegó a mencionar a 48 estructuras entre enero de 2025 y marzo de 2026. Los Lobos y su principal brazo armado tendrían unos 11.000 miembros, mientras que Los Choneros y sus aliados sumarían alrededor de 12.000.

Las razones detrás de la expansión criminal

Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, la expansión fue favorecida por la falta de planificación y el debilitamiento institucional.

“No tuvimos estadistas o gobernantes que nos pudieran decir qué iba a suceder. Se fueron haciendo gobiernos y, de una u otra manera, fue creciendo la delincuencia”, lamenta.

Bravo sostiene que la eliminación del antiguo sistema de seguridad nacional durante el gobierno de Rafael Correa debilitó la capacidad de anticipación estatal. A ello añade el incremento de los cultivos de coca en los países vecinos y la diversificación de actividades como minería ilegal, tráfico de personas y contrabando.

La fragmentación multiplicó los grupos

La captura de líderes tampoco desarticuló siempre las redes. En algunos casos abrió espacio para nuevos mandos. “Cuando se captura a los líderes, en lugar de tener cuatro cabezas y 22 grupos, ahora tenemos cerca de 48”.

Su estimación va más allá de los integrantes armados. Si se suman colaboradores, proveedores, informantes y personas que reciben ingresos de las economías ilícitas, la red podría involucrar directa o indirectamente a unas 250.000 personas, calcula Bravo. Esta última cifra corresponde a una apreciación del experto y no a un registro oficial.

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El costo económico del crimen organizado

La Academia de Ciencias Policiales calcula que la violencia y las economías criminales ocasionan pérdidas de entre 10.000 millones y 12.000 millones de dólares al año, alrededor del 10 % del producto interno bruto. La proporción supera ampliamente el impacto regional del crimen organizado estimado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El perjuicio no se limita a mercancías robadas. Incluye empresas cerradas, inversiones aplazadas, gastos en seguridad, caída de ventas, extorsiones, daños a infraestructura, menor recaudación tributaria y restricciones de movilidad.

¿Cómo afecta la inseguridad a negocios y consumidores?

Cada negocio que modifica su horario, instala cámaras, contrata guardias o paga una ‘vacuna’ incorpora un costo que puede terminar trasladado al consumidor.

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Christian Idrovo, analista económico, describe el impacto como “directo y asimétrico”. El pequeño comerciante y el trabajador informal tienen menos margen para absorber una caída de ingresos.

“La demanda se contrae por la incertidumbre. Las personas comienzan a limitar sus salidas y consumos, y en ocasiones readecúan su presupuesto”.

Idrovo añade que las restricciones de movilidad ralentizan la actividad económica, especialmente en un país donde cerca de la mitad de la población trabaja informalmente. La afectación puede ser mayor cuando las medidas de seguridad coinciden con los meses de mayor movimiento comercial.

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Minería ilegal, contrabando y lavado de dinero

Las pérdidas también provienen de mercados específicos. La minería ilegal movería cerca de $1.300 millones al año. En 2025, la UAFE detectó operaciones sospechosas por más de $1.200 millones. El contrabando desviaría más de $500 millones anuales. Y el robo de hidrocarburos ocasionó alrededor de $166 millones en pérdidas durante el último año analizado.

“La Ley Antimafias busca atacar el patrimonio, la logística y la liquidez de las estructuras. Entre sus propuestas constan sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, elevar las penas por delincuencia organizada y facilitar la incautación y venta anticipada de bienes”, analiza Gabriel Prada, experto en crimen organizado.

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Margarita Rugel conoce ese mundo desde antes de crear ExpoBoda. Su experiencia comenzó trabajando en grandes almacenes de Guayaquil, donde manejaba el denominado Plan Novios, donde aprendió a relacionarse con las parejas, sus familias y una extensa lista de invitados. En esa época tenía 25 años de edad.

Ese Plan Novios consistía en que la pareja junto a sus padres separaban los artículos que los invitados pagaban. A veces los recién casados tenían que pagar la diferencia.

“En esa época las madres de los novios intervenían con voz y voto en todo. A veces se imponían a los deseos de la pareja y me tocaba ser la intermediaria”, recuerda mientras muestra una amplia sonrisa, que al parecer era una de sus armas para conseguir acuerdos entre consuegras, entre yerno y nuera.

Con el tiempo Margarita también administró una tienda de vestidos de novia. Allí terminó de conocer los gustos, tendencias y necesidades de quienes estaban a punto de casarse.

Mujer no tengas miedo de emprender. No siempre va a depender de tener dinero, sino de un plan bien estructurado.

Una feria para simplificar el estrés

En 2007 nació ExpoBoda. La primera feria se realizó en Salinas, en el Hotel Barceló, y ese mismo año llegó a Guayaquil, al Palacio de Cristal.

La idea era sencilla: reunir en un mismo espacio a los proveedores que una pareja necesita para organizar su boda. Para Margarita, una feria permite que los clientes hablen directamente con los propietarios de las marcas y encuentren respuestas que muchas veces no están en una revista o en un catálogo.

“Las novias van a una feria y simplifican todo ese estrés de encontrar desde el anillo hasta la luna de miel”, explica.

Durante estos 19 años, ExpoBoda se ha realizado en distintos espacios de Guayaquil y también ha llegado a Manabí y Loja. En 2019 alcanzó 118 expositores, antes de que la pandemia modificara la estructura del sector.

El negocio también tuvo que reinventarse

La pandemia cambió a muchos proveedores. Algunos negocios desaparecieron, otros cambiaron de actividad y varias personas salieron del país. Margarita reconoce que ExpoBoda también sintió ese golpe y que, después del COVID-19, el negocio todavía busca recuperar su nivel.

Por eso decidió cambiar el formato. Los tres días tradicionales de feria ahora se distribuyen en diferentes espacios, lugares y fechas. En 2026 nació ExpoBodas Express, con jornadas que ya se dio en Mall del Sol, Avalon Plaza y una nueva edición que está prevista para octubre.

La apuesta también busca acercarse a las parejas según la zona donde viven y ofrecer experiencias más puntuales.

El siguiente paso es “Guayaquil está de boda”, una experiencia prevista para el 29 de octubre en el Mall de Sol que busca llevar al público a una boda real: comida, cócteles, mesa de dulces, música, DJ, orquesta y pista de baile. Más que mirar proveedores, la propuesta busca que los asistentes vivan lo que podría ser su propia celebración. 

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Guayaquil como destino de romance

Para Margarita, la industria de bodas también puede convertirse en una oportunidad para Guayaquil como destino de romance. Su visión es que la ciudad pueda ser considerada como un destino para celebrar matrimonios, aprovechando sus espacios urbanos, el río y las zonas cercanas a la playa.

Después de 19 años, su historia empresarial tiene una idea que repite como consejo para quienes quieren emprender: no tener miedo.

“Emprender no tiene edad”, sostiene Margarita, quien a sus 62 años asegura que todavía quiere seguir creando ferias.

Desde su experiencia dice que para emprender basta con desarrollar un plan bien estructurado y que siempre la honradez, la puntualidad y la responsabilidad sean las tarjetas de presentación.

Margarita se define como una mujer de fe y por ello agradece a ser superior la bendición de que la feria siga pese al terremoto, pandemia, apagones y toques de queda. Su fórmula es siempre pedir sabiduría a Dios y con creatividad encontrar las opciones para seguir adelante.

Para ella, ExpoBoda nació de una idea, pero sobrevivió gracias a la confianza construida durante años con proveedores y clientes. Detrás de cada “sí, acepto”, dice, también existe una industria que trabaja para que ese momento quede en la memoria.

Lo que debes saber

• El Embarcadero nace como un centro cultural flotante en el río San Pablo para recuperar la relación histórica de Babahoyo con sus ríos.
• El espacio ofrecerá actividades culturales gratuitas, como lectura, poesía, música, talleres y gastronomía, con propuestas como la Bibliocanoa.

El río San Pablo vuelve a convertirse en un punto de encuentro para el arte y las tradiciones del cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. En sus aguas abrió las puertas El Embarcadero, un nuevo centro cultural flotante que se integra al barrio regenerado por la agrupación Natura Futura y que propone recuperar la relación histórica de los babahoyenses con el río a través de la lectura, la música, la poesía, los saberes populares, las técnicas artesanales y la gastronomía.

La iniciativa comenzó a tomar forma hace aproximadamente un año. Detrás del proyecto existe una propuesta que va más allá de levantar una estructura sobre el agua: sus mentalizadores buscan crear un espacio donde diferentes generaciones puedan encontrarse y conocer cómo se desarrollaba antiguamente la vida de Babahoyo alrededor de sus ríos.

José Francisco Gómez es el arquitecto del proyecto y explicó que la propuesta pretende “embarcar el conocimiento” para que niños y jóvenes se acerquen a la memoria de la ciudad. Para ello, se plantean talleres, actividades artísticas, recuperación de técnicas artesanales y diferentes experiencias vinculadas con el patrimonio local.

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Una de las propuestas que destaca es la ‘Bibliocanoa’, concebida como un recorrido de lectura en canoa que permitirá acercar los libros y las historias al propio escenario natural que ha acompañado durante generaciones a las comunidades ribereñas. El proyecto contempla, además, una biblioteca flotante con más de 400 ejemplares y espacios acogedores para la ciudadanía.

Un espacio para recordar de dónde viene Babahoyo

El Embarcadero se incorpora a un sector que busca recuperar elementos de aquella ciudad estrechamente relacionada con el agua. Antes de que las carreteras dominaran la movilidad, los ríos eran rutas de transporte, comercio y comunicación, y en sus orillas se desarrollaba buena parte de la vida cotidiana. Precisamente, esa memoria inspira propuestas como El Trumo, orientada a recordar cómo era el Babahoyo de otras épocas y transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones.

Lincoln Meza, encargado del área administrativa y de la gestión cultural, señaló que el espacio está pensado para que puedan converger diferentes manifestaciones culturales. No se trata únicamente de realizar espectáculos, sino de abrir las puertas a artistas, gestores, escritores y ciudadanos que tengan algo que contar, enseñar o compartir.

Entre quienes participaron en la inauguración estuvo Ana Arias, exponente de la cultura local, poeta y cantante. Para ella, la apertura de un escenario de estas características representa una oportunidad para fortalecer la identidad cultural de Babahoyo.

Arias destacó especialmente que El Embarcadero haya nacido sobre el río San Pablo, un lugar estrechamente relacionado con su propia historia y con la de la parroquia Barreiro.

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Según explicó, cada semana se prevé desarrollar actividades culturales gratuitas a las que podrá acudir la ciudadanía. Estos encuentros permitirán hablar de la historia del cantón, pero también de aquello que muchas veces no está escrito en los libros: la oralidad de sus habitantes, las costumbres transmitidas entre generaciones, las fiestas patronales y cívicas, la música, las historias familiares y las tradiciones vinculadas al río. La intención es que artistas consagrados y nuevos talentos encuentren allí un escenario abierto para la poesía, el canto y otras expresiones.

La Balsanera expondrá su comida típica

La experiencia tendrá, además, un componente gastronómico. Durante cuatro días a la semana funcionará en este espacio el restaurante La Balsanera, una propuesta que también nació vinculada al río San Pablo. De esta manera, quienes lleguen al centro cultural podrán participar en las actividades y, al mismo tiempo, acercarse a sabores relacionados con la identidad local.

Uno de los principales componentes de El Embarcadero es el acceso gratuito a las actividades culturales. La intención es facilitar que familias, estudiantes, jóvenes y adultos mayores puedan acercarse al lugar y participar en las actividades.

Lo que debes saber

• Noboa pedirá licencia para apoyar a candidatos de ADN en las elecciones de 2026.
• Analistas advierten que su figura puede sumar votos o trasladar el desgaste gubernamental.
• El impacto variará según el contexto territorial y las prioridades de cada localidad.

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 17 de septiembre durante una entrevista radial que prevé solicitar entre cuatro y cinco días de licencia para participar activamente en la campaña electoral de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Su objetivo es respaldar en territorio a los postulantes de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), en una contienda oficial que se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre, una estrategia que analistas políticos califican como un arma de doble filo para el oficialismo.

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La estrategia de Daniel Noboa y el calendario electoral

El pronunciamiento del mandatario marca el inicio del debate sobre el rol del Ejecutivo en los comicios seccionales. La planificación temporal y los plazos clave de este proceso comprenden:

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Analistas consultados por EXPRESO coinciden en que la incursión directa del mandatario generará dos posibles efectos para los cuadros oficialistas: apuntalar a figuras con bajo perfil o transferirles el costo político de la administración central.

El consultor político Gustavo Isch considera que la intervención de Noboa deja en evidencia debilidades estructurales dentro del movimiento oficialista:

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“Las candidaturas del oficialismo son débiles. Quien tiene el mayor capital político para promover esas candidaturas es el primer mandatario, sin duda”.

No obstante, Isch advierte sobre el peligro de trasladar la valoración negativa del régimen a los territorios:

“En los puntos delicados, el oficialismo no tiene capacidad de hacer campaña, porque no hay discurso que le calce a la gente que no tiene empleo o salud”.

El factor territorial y las dinámicas locales

Para Tatiana Larrea, consultora política y cofundadora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), el endoso electoral no opera de forma lineal ni garantizada.

Larrea explica que la transferencia de apoyo popular está sujeta a tres variables indispensables:

“La transferencia positiva o negativa dependerá mucho de quiénes son los demás candidatos, de qué tan eficientes son las candidaturas oficialistas y, por supuesto, de las prioridades de cada población”, sintetiza la especialista.

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El caso de Cuenca y el voto antioficialista

Debido a estas particularidades, Larrea recomienda que las visitas de Noboa sean “medidas y puntuales”. Señala que Cuenca, por ejemplo, podría convertirse en un escenario donde predomine la polarización nacional por encima del debate local, derivando en un voto antioficialista.

“Esto porque el debate ciudadano podría estar enfocado más en los problemas nacionales que en los locales”, puntualiza la analista, citando como muestra el agua: un recurso de alto interés comunitario cuyo tratamiento ha alcanzado trascendencia en la agenda de todo el país. Por el contrario, en jurisdicciones donde la imagen del mandatario sea favorable, su presencia impulsará a las listas de Acción Democrática Nacional.

Sucesos externos y el impacto en la opinión pública

Por su parte, el estratega y docente de Comunicación Andrés Jaramillo añade que la valoración del gobernante también responde a factores coyunturales y mediáticos.

Entre los hechos que han incidido en la percepción ciudadana sobre Noboa se encuentran:

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De acuerdo con Jaramillo, estos eventos han contribuido a mejorar la imagen del mandatario ante la opinión pública. Respecto a la estrategia de cara a los comicios, concluye:

“En la medida en que pueda mantener los golpes de efecto que combinen acciones para seducir al anticorreísmo, especialmente en la Sierra y Quito, y que además aliente las dádivas a escala nacional, se puede pensar que no le irá del todo mal”.

Lo que debes saber:

• Emma Lagla mantiene en San Roque una tradición de cuatro generaciones basada en plantas medicinales y limpias.
• Desde hace 40 años, personas de Quito acuden a Emma por limpias, “mal aire” y problemas de ánimo.
• El saber familiar llegó desde La Magdalena y hoy continúa en un pequeño local del Centro de Quito. Acuden desde madres con bebés en brazos, jóvenes y adultos. 

Lilia González tiene 67 años y lleva cuatro décadas buscando a Emma Lagla y a sus hermanas. El martes 22 de septiembre del 2026 volvió a hacerlo. Esperaba mientras Emma “curaba” a su nieta, una niña de 2 años y tres meses a la que, según su abuela, le ha dado “mal aire”: se asusta, grita de repente y, algunas noches, se despierta llorando.

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La madre de la niña, Yadira, tiene 43 años y es médica. No cree en esta tradición, cuenta Lilia. Pero incluso ella, cuando era pequeña, fue “paciente” de la mujer, de 69 años.

El lugar huele a plantas medicinales mezcladas con alcohol. Está en las calles Rocafuerte y Cuenca, en pleno Centro de Quito, y lleva un nombre que anuncia lo que ocurre adentro: ‘El secreto de las plantas medicinales y los baños energéticos’.

A primera vista, podría parecer que son pocos quienes llegan hasta allí. Sin embargo, basta quedarse apenas unos minutos para comprobar lo contrario. En el pequeño local hay bancas para unas seis personas, que esperan su turno. Cuando están ocupadas, los clientes se quedan afuera, en una acera estrecha y transitada, donde también se instalan vendedoras de frutas y verduras.

En su espacio en San Roque, Emma recibe a madres que llegan con bebés en brazos, a quienes debe “curar del espanto”, jóvenes hombres y mujeres que no consiguen trabajo o adultos que están deprimidos o con mal ánimo. Escuchar sus historias hace confirmar que esta práctica transmitida desde la abuela Mercedes Chinchín, se mantendrá.

Ahora mismo hasta el nieto ayuda en el local. Las plantas, los baños, los aceites y las limpias forman parte de una tradición popular que todavía encuentra su lugar en la capital.

La herencia vino de la abuela Mercedes

Mientras Emma pasaba las plantas por el cuerpo de la niña para quitarle aquello que su abuela identifica como “mal aire”, una mujer llegó apresurada. Quería hablar con ella, pero vio que estaba ocupada. Solo pidió un saludo para una candidata a la Alcaldía de Quito, Linda Romero, a quien le deseó buena suerte.

La escena duró pocos segundos. Después, Emma volvió a concentrarse en la pequeña y Lilia, como tantas otras veces durante estos 40 años, esperó.

En ese pequeño local del Centro de Quito, las protagonistas no son solo las plantas ni las creencias. Son también esas mujeres y hombres que, como Emma y sus hermanas, han convertido un saber transmitido entre generaciones. 

En este oficio todavía confían personas que buscan una respuesta cuando la medicina no les ayuda, por tradición o cuando buscan otro camino.

Emma resalta que el conocimiento llega desde su bisabuela. Pero a quien más recuerda es a su abuela Mercedes, quien en la casa de La Magdalena, sur de Quito, atendía a las personas usando las hierbas, pero también el huevo y el cuy. 

“Con mis hermanas Mercedes y Rosario somos la cuarta generación. Seguimos los pasos de mi madre Rosa Correa, quien trabajó hasta sus 87 años”.

Le tiene fe a las plantas, la salvaron...

Cuando era adolescente, Emma no creía en el poder curativo de las plantas. Hasta que una experiencia que vivió, le hizo cambiar de opinión. ¿Qué pasó? Le gustaba salir con sus primos a recoger catzos (escarabajos) en los potreros. Madrugaban, a veces desde las 03:00 y hasta llevaban una guitarra. En una de esas salidas, Emma se metió en una especie de piscina.

Dos días después comenzó a decaer. Se sentía mal y el médico no daba con el diagnóstico. Su mamá, que ya practicaba este oficio, le dijo que se estaba “secando” y decidió llevarla a la 24 de Mayo, en donde hacía limpias con trago. 

“Me dio sueño y dormí. Me levanté con poco apetito. Me hizo la limpia unas tres veces y me puse bien. Comencé a creer”, aseguró.

Desde entonces empezó a mirar de otra manera a este oficio. Recuerda, por ejemplo, los chímbalos, unas bolitas que se colocan como formando un collar. Los encontraba en las quebradas y cerca del parque donde sus hermanos jugaban vóley.

“Arriba había una cancha de vóley. Mis hermanos jugaban y yo cogía eso y las moras de Castilla para comer”.

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Lo que buscan de las limpias y baños

Una familia, abuela, hija, yerno y nieta con una muñeca, llegaron al local de San Roque. Simplemente quieren limpias para todos. En el caso de la niña, de menos de 5 años, Emma detecta que es muy “consentida” y le pregunta por qué no duerme, por qué no come. 

Ella dice que tiene miedo. ¿Miedo de qué?, repregunta la mujer. “De que me quiten el celular”. Le pasa las plantas, le coloca el collar de chímbalos.

”Le paso ortiga también, para regular la energía y que ‘se le bajen un poco los humos’ tan altos. A veces los niños se ponen malcriados por ser muy consentidas. Dios me brinda la sabiduría para ayudarles”.

En una de las bancas esperan una madre, su hermana y dos adolescentes, que dicen sentir una “presencia” extraña en la casa que arriendan.

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“Acá vienen desde recién nacidos hasta adultos; los jóvenes buscan trabajo, no hacemos milagros. Solo uso las plantas para limpiarles, nos cargamos de energía negativa, algunos creen que les han hecho una maldad y se bloquean. Acá uso la energía natural que Dios nos dio. A veces lloran, en medio de una conversación íntima, padres tienen mucho dolor en su corazón por sus hijos, otros por bienes materiales”.

En un estante tiene las hierbas, algunas acomodadas como escobas ‘saca sal’, con plantas amargas, santa maría, ortiga, chilca, marco, ruda... Con esas empieza la limpia para quitar la mala energía o toxinas. Luego aplica las dulces: esencia de rosa, manzanilla, eneldo romero, hoja de níspero...

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Paco Moncayo gobernó dos periodos seguidos entre 2000 y 2009; Augusto Barrera llegó en 2009 con el 43 % y Mauricio Rodas ganó en 2014 con el 58 %. En 2019 eso se rompió. Jorge Yunda ganó con el 21,4 % entre 18 candidatos. En 2023 Pabel Muñoz lo hizo con el 25,2 % entre 12 aspirantes.

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Una hipótesis para explicar esa dispersión es que desapareció lo que antes ordenaba el voto. El periodista Fabricio Vela dice que no hay un partido fuerte que represente de manera sólida al quiteño. Recuerda que la Democracia Popular de Rodrigo Paz y Jamil Mahuad, y después la Izquierda Democrática de Moncayo, no solo ganaban elecciones, sino legitimidad. Es posible que estos partidos lograran codificar una idea de ciudad y disciplinaran el voto alrededor de la capital.

Con los partidos se fueron las voces. Vela reconoce nombres como el de Moncayo, César Montúfar, Luisa Maldonado, Roque Sevilla. Lo llamativo no es que esos nombres hayan salido de escena, sino que detrás de ellos quedó un desierto. El politólogo Gustavo Isch lo resume desde el poder afirmando que después de Moncayo, ningún alcalde ha podido recuperar la autoridad.

Los temas que preocupan

Ese vacío dejó espacio para clivajes que no son propiamente quiteños. Vela sostiene que el eje correísmo-anticorreísmo sigue siendo uno de los grandes ordenadores del voto. Ese eje está lejos de apagarse, sobre todo si la coyuntura judicial lo reactiva. La socióloga Alondra Enríquez explica que pese a que en redes sociales hay descontento con el Gobierno central por hospitales, salud y seguridad, los sectores anticorreístas celebran el avance judicial contra el correísmo, a propósito de la deportación de José Serrano y su reclusión en la Cárcel del Encuentro, mientras avanza el caso Magnicidio FV.

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Y el correísmo llega a esta elección tensionado también por dentro. En noviembre de 2025, Rafael Correa escribió que se opondría públicamente a “cualquier candidato tibio y con innobles contemporizaciones”, en alusión a la intención de Muñoz de buscar la reelección. Meses después, el alcalde aseguró contar con su respaldo. Ahora, con la Revolución Ciudadana suspendida, Muñoz compite auspiciado por Unidad Popular, un partido históricamente enfrentado con Correa.

Si los partidos no ordenan y los ejes se definen lejos de la ciudad, el votante busca otra brújula. De ahí nace la conducta que Isch llama pragmatismo ante el colapso. El votante se pregunta qué le resuelve el candidato. Y tiene de donde escoger. Los homicidios en el DMQ subieron de 248 en 2024 a 264 en 2025, y la violencia vinculada al crimen organizado pasó de 179 a 204 muertes. El pasaje subirá de 35 a 40 centavos desde enero.

Pichincha está entre las ocho provincias bajo estado de excepción desde el 15 de septiembre. Unos colapsos dependen del Municipio y otros del Estado central, pero todos se votarán el 29 de noviembre.

Los candidatos para Quito

Con eso en mente, la papeleta se entiende mejor preguntando qué voto disputa cada uno. Muñoz defiende, principalmente, el voto correísta duro. En 2019, con Luisa Maldonado como candidata de Fuerza Compromiso Social, ese electorado marcó el 18,4 %, con su mayor peso en el sur y en Calderón.

Yunda disputa ese mismo territorio desde lo personalista. En 2019 obtuvo el 27,6 % en la circunscripción sur y apenas el 16 % en el norte. Harold Burbano compite por el voto oficialista y por la estructura territorial que dejó su paso por el área social. Merino va por la clase media urbana del norte y de los valles, hoy huérfana. Es el electorado que en 2019 llevó a César Montúfar al 24,3 % en el norte, frente al 10,8 % en el sur, y que en 2023 se repartió entre Pedro Freile y Andrés Páez.

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Así, el voto contrario a Muñoz queda repartido entre al menos tres candidaturas que buscan ser su principal retador. La elección puede volver a producir un alcalde con una legitimidad electoral muy reducida porque la oposición al incumbente está fragmentada.

Esa minoría de votos de los últimos años también condiciona el escenario en el que se gobierna después, considerando que esa debilidad de origen tiene consecuencias que la ciudad ya conoce. La primera es que la autoridad se vuelve frágil. Yunda fue removido por el Concejo en 2021, y el interinato de Santiago Guarderas terminó administrando el aluvión de La Gasca, con 28 muertos.

Sin proyecto de ciudad

La segunda tiene que ver con la continuidad, y el metro lo ejemplifica. La primera piedra se puso en marzo de 2013 con Barrera y la operación comercial arrancó el 1 de diciembre de 2023, cinco alcaldes después. Pasaron exactamente 129 meses entre ese primer hito y el viaje inaugural con pasajeros.

El 29 de noviembre se define si alguna de estas candidaturas empieza a reconstruir un proyecto de ciudad con nombre propio, o si Quito vuelve a elegir a un administrador de su propia orfandad.

Lo que debes saber

• Mayi Gómez creó la Librería Circular de Guayaquil, una iniciativa en la que entrega libros en forma gratuita a la comunidad.
• Un domingo al mes, Gómez acude al parque de Urdesa para entregar gratuitamente un libro a cada persona que asiste.
• El proyecto comenzó en marzo de 2026. Desde entonces, Gómez ha recibido cerca de 6.900 libros en donación y ha entregado gratuitamente 5.700.

En una ciudad donde un gesto desinteresado puede despertar sospechas, Mayi Gómez decidió hacer algo tan sencillo como inusual: regalar libros. Así nació Librería Circular de Guayaquil, una iniciativa que comenzó con unas pocas donaciones y que ahora recibe miles de ejemplares para entregarlos gratuitamente a lectores en el Parque de Urdesa.

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Para Gómez, quien es logoterapeuta, la idea es que los libros circulen, pero también que la generosidad vuelva a encontrar un espacio entre desconocidos.

Cuenta que su relación con los libros fue el punto de partida. “Para mí los libros son el mejor hobby que alguien puede tener. Los libros han sido mis terapeutas, mis compañeros”.

Su experiencia profesional también reforzó esa percepción. Durante su trabajo como terapeuta los utilizaba para acompañar a personas que atravesaban momentos difíciles.

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Para ella, un libro puede ser incluso un primer paso para reconocer que algo no está bien.

“Son un gran paso para aceptar que, de pronto, necesitas terapia. Son un gran paso para reconocer tus emociones”, explica. También recuerda que encontrarse con una historia parecida a la propia puede ayudar a mirar una situación desde otra perspectiva.

Con esa convicción decidió hacer algo con los libros, pero descartó la idea de venderlos. “Como a mí me encanta siempre ayudar a las personas, dije: ‘bueno, voy a regalarlos’”.

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Convocó a amigos y conocidos para conseguir ejemplares y comenzó a comunicar la iniciativa en grupos de madres, vecinos y otros espacios.

La desconfianza, un problema inesperado

Al comienzo tenía apenas unas decenas de libros. Una amiga le entregó cerca de 80 y el número empezó a crecer. Sin embargo, apareció un problema inesperado: algunas personas no creían que realmente los estuviera regalando.

“Pensaban que era estafa. ‘No, tú me quieres hacer algo’, me decían”, recuerda. La desconfianza, lejos de detenerla, terminó convirtiéndose en una de las reflexiones que acompañan el proyecto.

Según Gómez, cuando las personas comprobaron que los libros eran realmente gratuitos, comenzaron a pedirlos y, al mismo tiempo, aumentaron las donaciones. “El problema nunca ha sido que no tenga libros para dar, sino que nos cuesta creer que alguien pueda hacer algún gesto bondadoso desinteresadamente”, comenta.

El parque de Urdesa, un espacio público para distribuir los libros en forma gratuita

Con el crecimiento de la iniciativa cambió también el alcance. Ya no eran solamente personas de su barrio las que solicitaban ejemplares. Algunos necesitaban que los libros fueran enviados y no tenían dinero para pagar el servicio de entrega. Gómez tampoco podía asumir el costo de mantener un local, por lo que buscó una alternativa gratuita: el espacio público.

Así llegó al Parque de Urdesa. Allí llevó sus libros, convocó a quienes habían mostrado interés y comenzó a entregarlos. La actividad permitió que los donantes y los lectores comprobaran directamente cómo funciona la iniciativa.

Librería Circular no tiene fines de lucro y, según Gómez, los gastos salen de ella y de su familia. La entrega en el parque se convirtió en una actividad mensual y, con cada edición, aumenta tanto la cantidad de libros como el número de personas que acuden a buscarlos.

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La Feria del Libro vuelve a ser el espacio donde Guayaquil coincide

Carlos Isaac Pino

Más de 5.000 libros entregados en cinco meses

Las cifras muestran el crecimiento de la iniciativa. Gómez calcula que desde que comenzó ha recibido alrededor de 6.900 libros y ha entregado aproximadamente 5.700.

El resto no permanece necesariamente inactivo. En un local prestado todavía tiene entre 2.000 y 3.000 ejemplares almacenados, mientras las donaciones continúan llegando.

“Son tan generosos los ecuatorianos, que llegan cajas con cientos de libros”, asegura.

Esa generosidad, sin embargo, también le plantea un desafío logístico. Debe recibir, almacenar, clasificar y publicar en redes sociales los ejemplares para conseguir que vuelvan a circular.

Para Gómez, esa circulación de libros también puede ser una manera de recuperar vínculos en una sociedad marcada por la desconfianza. A eso suma el aislamiento producido por la tecnología y la costumbre de caminar pendientes del teléfono.

Librería Circular de Guayaquil: domingo 27 de septiembre, cuarta jornada de entrega de libros

Su siguiente objetivo es ampliar la experiencia en el parque. La cuarta edición de Librería Circular está prevista para este domingo 27, de 14:00 a 17:00, en el Parque de Urdesa.

Los asistentes podrán hacer fila y escoger el ejemplar que quieran llevarse. “Yo quiero que tú escojas, quiero que te enamores del libro y te vayas contento”, dice Gómez.

“El problema nunca ha sido que no tenga libros para dar, sino que nos cuesta creer que alguien pueda hacer algún gesto bondadoso desinteresadamenteMayi Gómez, creadora de la Librería Circular de Guayaquil

Pero el proyecto no quiere quedarse en la entrega gratuita de ejemplares. Su sueño es convertir esas jornadas en una especie de fiesta de la lectura, con música, actividades para niños y participación de marcas que ayuden a hacer más agradable la espera.

Su intención es que las familias no solo acudan por un libro, sino que permanezcan en el parque y lean juntas.

Por eso, Librería Circular termina siendo algo más que un lugar (o una jornada) para conseguir libros gratis. Es el intento de Gómez de hacer que los ejemplares guardados en una estantería vuelvan a tener lectores y, de paso, demostrar que todavía es posible dar algo a un desconocido sin esperar nada a cambio.

“Ese es el mejor acto amoroso que podemos demostrar los ecuatorianos: dar para que otro esté mejor”, resume.

Lo que debes saber:

• Metro de Quito: Typsa reubicó 43 metros la estación Andalucía para evitar afectación a edificio.
• El Labrador-La Ofelia: el tramo tiene 5,3 kilómetros y cuatro estaciones; estudio de Typsa permite licitar la construcción; tiene vigencia de cinco años.
• Expropiaciones: Metro de Quito y Typsa señalan que como el trazado es mayoritariamente subterráneo, hay contadas expropiaciones.

En octubre 2026, la empresa española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) debe entregar el estudio definitivo para la extensión del Metro de Quito, desde El Labrador hasta La Ofelia. En la consultoría se introdujeron ajustes al estudio inicial. 

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Uno es la reubicación de una estación que debía levantarse en la subida de la calle Fernández Salvador, en la zona del Parque Inglés, en San Carlos.

Con esta decisión se buscó evitar el riesgo para un edificio y reducir la necesidad de expropiaciones en ese sector, indicó Bruno León, gerente de Mantenimiento del Metro de Quito.

En entrevista con EXPRESO, Manuel Romero, representante de Typsa, explicó que reubicaron la estación Andalucía. Partieron del estudio inicial que había, que se llama ingeniería básica. Y detectaron que se podían hacer mínimas alteraciones en el trazado.

“Prácticamente no en planta, todas han sido en altura y precisamente por ese factor de seguridad”.

Cuando el trazado avanza en cercanías de edificios altos, detalló Romero, con una cimentación que no llega a la rasante de su infraestructura, ven la forma de alterarlo o de que la edificación urbana sufra la menor afectación posible. 

“En Andalucía nos movimos 42 o 43 metros para salvaguardar el patrimonio urbano”, anotó y comentó también que no fue el único caso.

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¿Cuál es la demanda en el tramo El Labrador- La Ofelia?

La extensión del metro comprende un tramo de 5,3 kilómetros entre El Labrador y La Ofelia, con cuatro estaciones: Bicentenario, Andalucía, Rosario y Ofelia. 

Según las proyecciones, beneficiaría a unos 70 barrios y a unas 500.000 personas. La previsión es que movilice a unos 120.000 usuarios diarios, indicó Bruno León.

Aunque sobre ese último punto, Romero no adelantó una cifra. Contestó que la demanda del metro siempre es creciente, ya que al momento el sistema se encuentra en la denominada “curva de rampa” pues el usuario empieza a ver las ventajas. Cree que es correcto pensar en expandir la línea, anticipándose al tiempo. 

“No se puede esperar a que esté colapsado”. Han estudiado las preferencias declaradas de usuarios, a través de encuestas, les preguntan por qué viajan en metro y cada vez más, comenta, se impone tiempo a precio.

Al momento, el metro mueve a 210.000 personas diarias, según el vocero. En el boletín mensual de cifras se lee que en agosto, en promedio se trasportaron 178.076 en ese sistema. Aunque en algunos meses se han registrado días con más de 200 mil pasajeros.

¿Es económicamente viable pensar en extender el metro a La Ofelia?

Para Andrés Campaña, concejal que ha fiscalizado el metro, esa es la principal preocupación: inicialmente se habló de 400.000 pasajeros diarios, en la primera línea. 

Aunque, en una entrevista anterior, el gerente, Juan Carlos Parra, precisó que “se ha tomado la capacidad de carga como dato meta” y en noviembre pasado dijo que el sistema está en un proceso de estabilización de la demanda.

“Hay que tomar en cuenta que los capitalinos deben pagar alrededor de 900 millones de dólares hasta el 2042”, comentó Campaña. Este medio preguntó cuál es la cifra actualizada de deuda, pero el Metro contestó que ese dato correspondía a la administración municipal. Hace casi un año se hizo la misma pregunta a la alcaldía y no hubo respuesta.

En todo caso, más allá de eso, hay respaldo de multilaterales, ha insistido la administración. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un aporte de cooperación no reembolsable por 100 mil dólares, para desarrollar una revisión técnica externa a los estudios definitivos de la extensión a La Ofelia.

También, el CAF se compromete a dar un crédito de $ 80 millones, para la construcción de ese nuevo tramo.

Sin embargo, desde finales del 2024, el alcalde Pabel Muñoz solicitó formalmente el aval soberano al presidente Daniel Noboa, para acceder a créditos de organismos internacionales. Hasta ahora no hay respuesta. En julio, el mandatario afirmó que quiere llevar al metro hasta Calderón, por otra vía, no por La Ofelia.

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El recorrido del Labrador a La Ofelia actualmente puede tomar unos 48 minutos, con la ruta propuesta. En metro se reduciría a unos ocho minutos.

Sobre más expropiaciones y la vigencia del estudio de Typsa:

Según Typsa no ha variado mayormente la ruta inicial, con cuatro estaciones. 

“Las expropiaciones no tienen un volumen importante pues es una infraestructura subrerránea y lo único en superficie son zonas de estaciones, puestos de ventilación y salidas de emergencia”, dijo Romero. 

Y cuando uno de ellos pudiera estar ubicado en un estacionamiento o en zonas privadas, se necesitará expropiar, pero insistió en que “las afectaciones serán pequeñas, ya que el trazado mayormente va por La Prensa”.

El representante de Typsa dijo que al tratarse de una infraestructura subtenerránea, salvo que en un futuro muy lejano cambiase la configuración de ciudad, con nuevas edificaciones, con alteraciones urbanísticas importantes, el estudio estará vigente “por mucho tiempo”. 

En cuanto a los costos calculados de toda la obra, que son parte de la consultoría, Romero dijo que: “está sujeta, como todo en el mundo, al devenir de la propia economía, al incremento de los precios al consumo que suelen tener, está sujeto a una actualización en caso de que no se piense en acometer obras en un período más allá de cinco años”.

Lo que debes saber

• ONU califica de ejecuciones extrajudiciales ataques de EE. UU. y Ecuador a pesqueros.
• Informe documenta 68 ataques marítimos con 223 muertos sin pruebas previas de narcotráfico.
• Expertos advierten riesgo de acusaciones por crímenes de lesa humanidad para autoridades.

Frente a los ataques armados contra barcos pesqueros ecuatorianos sospechosos de participar en operaciones de narcotráfico y frente a la desaparición de sus tripulantes, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador parecen esperar de la sociedad un acto de fe. Si se destruyen barcos y desaparecen tripulantes mientras otros son detenidos y maltratados, debe ser porque son narcotraficantes. Las evidencias pasan a un segundo plano: lo que se exige es confiar ciegamente en el criterio de los agentes estatales que participaron en los operativos.

Ese es uno de los cuestionamientos centrales del informe de Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Saul coloca estos hechos entre los más graves de los operativos conjuntos de EE. UU. y Ecuador.

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Según el informe, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Estados Unidos atacó 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, entre ellas las ecuatorianas, con un saldo de al menos 223 personas muertas.

Para las autoridades de Estados Unidos y Ecuador, entre ellas el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, parece bastar con confiar en la información de los militares. Para Saul, eso no es suficiente. Su conclusión es tajante: considera que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales en serie” y sostiene que violan el derecho a la vida.

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La gravedad de la conclusión es enorme. Tanto que los hechos podrían terminar generando, en el futuro, acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra autoridades involucradas en los operativos. El informe señala que no se ha hecho pública evidencia suficiente que demuestre que las personas atacadas constituían una amenaza inminente o que las embarcaciones estuvieran efectivamente transportando drogas. Saul argumenta que el narcotráfico, por sí solo, no equivale a un ataque armado que permita responder militarmente.

Y recuerda algo elemental: antes de matar, el Estado debe demostrar por qué una persona podía ser legítimamente convertida en un blanco.

Documentación de ataques y la falta de interdicción marítima

En Ecuador, la pregunta resulta todavía más incómoda. Investigaciones de Human Rights Watch documentaron los ataques contra tres barcos pesqueros entre enero y marzo y revisaron registros de navegación, fotografías, videos, documentos judiciales y datos de monitoreo marítimo. En al menos uno de los casos, sobrevivientes y familiares sostuvieron que eran pescadores y no narcotraficantes.

Pero hay una pregunta que el informe de Saul deja flotando y que resulta difícil de esquivar: si existían pruebas suficientes para identificar a esas embarcaciones como objetivos del narcotráfico, ¿por qué no se las interceptó, abordó y registró antes de destruirlas?

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El relator cuestiona precisamente que los ataques fueran una medida de último recurso y señala que existían alternativas como la interdicción y el abordaje.

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Eso obliga a invertir la pregunta oficial. Ya no basta con decir que eran “narcos”, “terroristas” o “embarcaciones sospechosas”. La sospecha no es una prueba. Y una etiqueta no convierte a un pescador en combatiente.

Hay algo más: destruir el barco puede destruir también la evidencia que permitiría saber qué llevaba realmente, quiénes eran sus tripulantes y qué ocurrió a bordo. Por eso, la pregunta central del informe de Saul es demoledora: ¿qué pruebas tenía el Estado antes de disparar y quién las verificó?

Casos de embarcaciones atacadas y el rol de la cooperación militar

En el caso ecuatoriano, Saul analiza la desaparición del Fiorella y los ataques contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026 frente a las costas de Ecuador y Galápagos.

Aquí aparece otro problema de fondo. El informe señala que la naturaleza, el alcance y el fundamento jurídico de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos no están suficientemente esclarecidos.

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La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si hubo inteligencia ecuatoriana, participación ecuatoriana, apoyo logístico o coordinación con Estados Unidos, ¿qué información aportó Ecuador para identificar a esos barcos como objetivos?

Y si Ecuador no participó, la pregunta es distinta pero igual de incómoda: ¿por qué un país extranjero pudo operar de esa manera en el entorno marítimo ecuatoriano y qué sabía el Gobierno de Ecuador?

Implicaciones penales e investigaciones por crímenes de lesa humanidad

Hay además un dato especialmente grave. El informe menciona el asesinato de la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo, quien estaba vinculada a la investigación sobre la desaparición del Fiorella. Saul incorpora este hecho en el contexto de las preguntas aún no resueltas alrededor de esos casos.

Durante meses, estos ataques han sido tratados por algunos periodistas y medios simpatizantes con el Gobierno casi como un acto de fe: si el Gobierno y los Estados Unidos dicen que eran narcotraficantes, hay que creerles.

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El informe de un relator de la ONU plantea exactamente la pregunta contraria: ¿Qué pruebas había antes de disparar? ¿Quién las verificó? Las respuestas a esas preguntas determinarán algo mucho más grave que la suerte de una operación militar. Determinarán si lo ocurrido fue una operación legítima contra el narcotráfico o una serie de ejecuciones extrajudiciales.

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Y si las investigaciones posteriores establecen que hubo ataques ilegales y sistemáticos contra civiles, las responsabilidades podrían llegar mucho más lejos de lo que hoy están dispuestos a admitir quienes ordenaron o ejecutaron esos operativos. Que las autoridades no olviden que los crímenes no se olvidan y que en el futuro pueden llegar a ser procesados por ellos.

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Usando el habitual mandil blanco, el scrub o casaca médica, el doctor recorre junto con su compañera de fórmula, la expresentadora de televisión, exdiputada, exviceprefecta y exconcejala de Guayaquil Luzmilla Nicolalde, varios cantones de la provincia. Juntos esperan superar el 25,6 % que alcanzó en los anteriores comicios Susana González, entonces carta del PSC a la Prefectura, quien logró el segundo lugar por encima de Andrés Guschmer, entonces candidatos de RETO y ahora aspirante por el oficialismo.

¿Quién es Juan Carlos González Alcívar?

Más allá del nombre, ¿quién es Juan Carlos González Alcívar? El aspirante registra dos títulos en el sistema de consultas de títulos universitarios. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (registrado en 2007) y máster en Emergencias Médicas por la Universidad de Guayaquil (registrado en el 2016).

Registra un considerable tributo por impuesto a la renta entre 2019 y 2025, según el portal del Servicio de Rentas Internas, siendo el 2024 el año que más tributó, con un poco más de 17.000 dólares, y el 2021, en el que menos tributó, con un poco más de 5.000 dólares.

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En su última declaración juramentada de bienes de fin de gestión como director general de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, registra activos por más de 546.000 dólares, sobre todo en bienes inmuebles, y pasivos por un poco más de 89.000 dólares, por deudas contraídas.

Es actualmente accionista en la empresa Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. y no registra denuncias en su contra en el sistema de la Función Judicial.

Pero ser médico, bombero voluntario y arrastrar todo este pasado y presente, ¿le alcanzará a González para devolverle al PSC el puesto que ostentó durante largo tiempo, perdió y recuperó para volverlo a perder? El consultor político Rafael Silva considera que, con González, el socialcristianismo en Guayas está buscando una forma de superar una crisis de renovación.

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“Desde mi punto de vista, existe un solo aspecto positivo en la apuesta que hace el partido por González: el hecho de que esa un ‘outsider’ en la política. Estamos hablando de un médico y exbombero que proyecta una especie de empatía y cuidado a la ciudadanía. Esos aspectos son bastante rentables en un escenario político en el que la salud pública y la credibilidad en los políticos tradicionales está bastante deteriorada”, analiza.

Sería un desafío para González alcanzar o superar el mismo ritmo de Marcela Aguiñaga en cuanto a obras e infraestructura, que llegaron a un 82 % de ejecución presupuestaria.Rafael Silva, consultor político. 

Sin embargo, no todo es positivo. A criterio de Silva, la postulación de González enfrenta algunos aspectos negativos o desafíos, como el mismo peso que le genera el partido que lo patrocina.

“Esto se vuelve más complejo considerando que este es el debut de González en política. Arranca con indicadores muy bajos de conocimiento frente a sus contendores. Y en un contexto de elecciones anticipadas, es clave ser popular o muy conocido, porque no hay tiempo para hacer una campaña de conocimiento”, comenta Silva.

A eso suma el reto clave de demostrar que, como médico, tiene las credenciales para administrar una Prefectura con competencias en ruralidad, agricultura, gestión productiva, medio ambiente y vialidad.

El también consultor político Pablo Jaramillo ubica, así mismo, su lupa en las credenciales y conocimiento sobre la administración pública que podría tener el médico para liderar una provincia como Guayas.

“Si bien su trayectoria como médico y su desempeño en la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil son respetables, liderar la Prefectura del Guayas demanda un exhaustivo conocimiento de la función pública, así como el manejo de competencias técnicas como vialidad, riego, drenaje y fomento a la productividad”, recalca. “El prefecto debe tener una clara comprensión de la amplia gama de problemáticas territoriales, que evidentemente sobrepasan el ámbito urbano de Guayaquil”.

Sorprende que una organización como el PSC apueste por una figura con nula experiencia política y una trayectoria limitada a la salud pública cantonal.Pablo Jaramillo, consultor político.

Frente a este escenario, Jaramillo considera que esta candidatura parece responder a una estrategia política. ¿Cuál? “Presentar un candidato no confrontativo que evite dividir la votación a sus adversarios directos, principalmente a Andrés Guschmer, quien fue concejal precisamente del Partido Social Cristiano. Queda sobre la mesa la pregunta de si este partido histórico renunció de entrada a pelear por la Prefectura o si simplemente se quedó sin cuadros con peso provincial”.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud Pública y la CNT usaron la figura de Régimen Especial para adjudicar de forma directa un contrato de $240,26 millones de dólares.
• MPS y CNT mantienen bajo reserva los detalles y la figura legal con la que participará la firma multinacional Dedalus Group.
• Al tratarse de una empresa extranjera no domiciliada en Ecuador y mantenerse el acuerdo en secreto, se desconoce si la participación de Dedalus se dará mediante subcontratación, alianza o giro del negocio.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) optó por la modalidad de Régimen Especial para la adjudicación directa de un contrato interadministrativo con la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La elección de esta vía de contratación resulta clave para comprender cómo el proyecto llega a manos de Dedalus Group. Según los pocos datos que el Gobierno ha entregado, Dedalus aportará el software especializado de gestión hospitalaria, el cual abarca la historia clínica electrónica, el sistema RIS/PACS, el agendamiento y la farmacia.

Dinero público, pero sin transparencia

“Estamos trabajando en una transformación tecnológica del sistema público de salud, que permita conectar progresivamente los establecimientos del Ministerio y mejorar la forma en la que atendemos a los pacientes”, afirmó Ronald Spina, gerente de CNT, en un video promocional sobre el contrato.

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El objetivo, según los documentos de la contratación, es la provisión de un servicio integral que incluye la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, junto con la infraestructura tecnológica y la conectividad requeridas para la red pública.

El proceso contractual abarca un periodo de ejecución de más de siete años (2.649 días exactos) y contempla una inversión total de 240,26 millones de dólares sin impuestos. La transferencia de recursos se efectuará mediante pagos trimestrales contra la entrega y verificación formal de los servicios prestados en cada etapa.

En todo este proceso, el Gobierno decidió contar con el apoyo de Dedalus, pero se desconoce la figura de contratación utilizada. ¿Es un aliado estratégico, una subcontratación o se aplica el giro específico del negocio?

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“Para cada vía hay mecanismos claros que señala la contratación pública. Por ejemplo, si Dedalus entra por subcontratación, la ley permite subcontratar solo un porcentaje del monto total. Si es giro específico del negocio y el proyecto dura más de seis meses, la ley manda a que la empresa se nacionalice”, explica Luis Alberto Andrade Polanco, docente universitario y experto en contratación pública.

La regla general de la Ley de Contratación Pública establece que un contratista no puede subcontratar la totalidad del contrato. Para elegir un subcontratista o un socio estratégico, la empresa pública contratada (en este caso CNT EP) debe contar con la capacidad técnica e infraestructura para ejecutar el objeto contractual por sí misma y justificar el componente tecnológico de valor agregado que aportan terceros como Dedalus.

Sin embargo, esa información permanece oculta. CNT determinó que, al igual que ocurrió con HealthBird, mantendrá el acuerdo con Dedalus bajo reserva. “La falta de transparencia impide conocer los detalles del acuerdo y analizar si se cumplen principios de contratación pública como el mejor valor por dinero, la concurrencia y la participación justa con criterios de calidad y eficiencia”, señala Andrade.

El contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la CNT asigna el volumen financiero principal a la Plataforma Integrada de Información en Salud. Con una inversión de $140,4 millones, este componente representa el 58,44 % del presupuesto global de la adjudicación.

Su ejecución abarca el licenciamiento, despliegue y soporte de la historia clínica electrónica, el sistema de agendamiento, la gestión de farmacia, los laboratorios y el almacenamiento de imágenes médicas para toda la red hospitalaria estatal.

¿Este es el rubro que estará a cargo de Dedalus? Ninguna de las instituciones ha entregado información detallada sobre el empleo de estos recursos públicos. Por ahora, solo la Comisión Nacional Anticorrupción busca acceder a los detalles a través de una demanda de habeas data.

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Empresa sin oficinas en Ecuador

Uno de los puntos en común entre Dedalus y Progen o ATM, por ejemplo, es que las entidades públicas han elegido contratar empresas extranjeras que no se han domiciliado: no tienen oficinas, patrimonio ni operaciones comerciales en el país.

En los ya famosos casos de las contrataciones energéticas, esto ha influido en que el Estado no pueda recuperar el dinero entregado por servicios no cumplidos. Con Dedalus se desconocen las condiciones de contratación.

Lo que debe saber

• El grano corto escasea. Comerciantes de Guayaquil aseguran que es difícil encontrarlo y que el grano largo pasó de unos 30 a entre 38 y 40 dólares por quintal en ocho días.
• Hay versiones distintas sobre la causa. Agricultores niegan haber sembrado más grano largo. Los industriales señalan que esta variedad es más resistente al clima y que las exportaciones a Colombia están dentro de los volúmenes habituales.
• El clima es el factor de mayor incertidumbre. Las lluvias ya afectan zonas arroceras y existe preocupación por cultivos que podrían no ser cosechados. Los productores, además, temen un aumento del contrabando desde Perú si los precios internos continúan elevados.

Comerciantes de Guayaquil reportan dificultades para conseguir arroz de grano corto y un fuerte incremento del grano largo. Agricultores e industriales difieren sobre las causas: mientras unos apuntan a la producción y las exportaciones, los productores aseguran que existe suficiente arroz y que hay especulación.

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En los mercados de Guayaquil encontrar arroz de grano corto se ha convertido en una tarea difícil para los consumidores, tal como lo comprobó Diario EXPRESO en un recorrido por los principales mercados de la ciudad. Comerciantes de distintos puntos de venta aseguran que la oferta se redujo y que, en cambio, el grano largo es el que domina actualmente las perchas. “Solicité 20 quintal, pero solo me trajeron 10”, indicó Luis Mendoza, comerciante en la calle Pedro Pablo Gómez.

El problema no termina en la disponibilidad. El precio también se ha movido con fuerza. Comerciantes aseguran que hace ocho días el quintal de grano largo costaba alrededor de 30 dólares y ahora se comercializa entre 38 y 40 dólares.

Según el Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador el quintal del grano se debe vender a 32 dólares en Guayaquil; 45,67 dólares, en Cuenca y 54,55 dólares, en Quito. Pero estos no son los precios que hay en los mercados, por una aparente escasez.

¿ Por qué? En el mercado circulan tres explicaciones: que los agricultores sembraron más variedades de grano largo por su resistencia al clima; que las exportaciones hacia Colombia redujeron la disponibilidad interna de grano corto; y que las lluvias han afectado parte de la producción.

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Agricultores niegan que hayan cambiado la siembra

Los productores consultados desmienten que hayan sembrado más arroz de grano largo. José Luis García, defensor de los agricultores, explicó a Diario EXPRESO que, por el contrario, los productores han optado por sembrar más grano corto porque requiere menor inversión y puede cosecharse en unos 90 días, mientras el largo necesita 120 días.

A los agricultores les preocupa ahora otro escenario: que el precio elevado del arroz en Ecuador incentive el ingreso de producto desde Perú mediante contrabando.

Para Jorge Suárez, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía (Fosag-SL), la situación responde más a una especulación que a una escasez real. Sostiene que existe y habrá suficiente arroz y que algunos intermediarios estarían reteniendo producto ante las expectativas por la llegada del fenómeno de El Niño.

El clima, sin embargo, sí genera incertidumbre. Las lluvias ya han afectado zonas productoras y existe preocupación por los cultivos que podrían no llegar a cosecharse.

Industriales: exportaciones ayudaron al agricultor

Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, reconoce que el país retomó las exportaciones hacia Colombia desde finales de julio, después de varios meses en los que los precios internos y externos dificultaron las ventas al vecino país.

Según explicó a EXPRESO, hasta agosto se estimaban unas 45.000 toneladas exportadas en el acumulado del año, un volumen que considera dentro de los niveles habituales de Ecuador, que en los últimos años ha enviado entre 60.000 y 80.000 toneladas a Colombia.

Zúñiga sostiene que esas exportaciones permitieron reducir los inventarios acumulados desde 2025 y el primer semestre de 2026 y contribuyeron a mejorar el precio recibido por los agricultores.

El industrial también rechaza que las exportaciones sean la causa de la actual falta de grano corto. .

El mercado queda atrapado entre versiones. Los comerciantes hablan de escasez y mayores precios; los agricultores aseguran que habrá suficiente producción, mientras los industriales consideran que las exportaciones se mantienen dentro de niveles normales. La evolución de las lluvias y de la cosecha será clave para determinar si la actual presión sobre el arroz es temporal o se profundiza.

Lo que debes saber

• Progen, Austral y otras bajas de generación restaron 1.016 MW de disponibilidad al sistema eléctrico de Ecuador.
  
• Los 241 MW contratados con Progen y Austral no ingresaron al sistema, pese a que el Estado pagó más de $178 millones por los proyectos.
  
• La menor disponibilidad de generación obligó a utilizar las reservas de Mazar, mientras el Gobierno busca reducir temporalmente la demanda de las industrias AV1 y AV2.

Los proyectos fallidos de Progen y Austral Technical Management (ATM) contratados en 2024, la pugna con Colombia por la tasa de seguridad, las demoras en la renovación de las barcazas alquiladas y hasta el incendio de Esmeraldas I pasan factura al sistema eléctrico. Ecuador enfrenta actualmente un alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad, que el Gobierno busca aplacar con cortes de energía a 185 industrias de los segmentos AV1 y AV2.

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La salida de operación de los grandes consumidores de Alto Voltaje 1 y 2, oficializada en la noche del 22 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), apunta a reducir temporalmente la demanda en alrededor de 1.000 MW, según indicó inicialmente la cartera de Estado. 

Esta cifra representa el 22 % de la demanda promedio diaria (4.500 MW), de acuerdo con datos disponibles del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Para lograr este “ahorro”, la entidad plantea que los grandes consumidores apliquen mecanismos como:

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Esta medida se mantendrá “mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran”, refiere el MAE.

¿Por qué se corta la luz en las industrias?

Pero ¿por qué se deben aplicar cortes de energía a una parte del sector industrial, más aún cuando el Estado debe garantizar la provisión de este servicio público, según la Constitución?

Ecuador enfrenta desde 2023 una crisis eléctrica por la falta de inversiones en el sector, que se ha acentuado ante el aumento de la demanda. 

Aunque incide también el fracaso en la incorporación de energía contratada con Progen y Austral, demoras en la renovación de los contratos de dos barcazas alquiladas, la pugna con Colombia que derivó en la suspensión de las ventas de energía por casi siete meses, en respuesta a la aplicación de la tasa de seguridad; y hasta un incendio en la central térmica Esmeraldas I, que representa más de 1.000 MW, refieren especialistas consultados por Diario EXPRESO (ver gráfico).

Progen y Austral dejaron un vacío de 241 MW

Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, subraya que más allá de los “anuncios continuos del Gobierno”, los únicos proyectos de generación térmica propia, impulsados por el Régimen actual, son los Progen y Austral (241 MW) “y de eso no se tiene nada”.

La falta de este suministro ocurre, pese a que el país canceló ya más de $178 millones para que se cumpla con la instalación de tres plantas de generación térmica. Estas centrales debían empezar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025. Pero hasta la fecha no han ingresado ni un solo MW al sistema eléctrico nacional.

Actualmente, Ecuador impulsa una demanda en EE.UU. contra Progen por presunto fraude. Mientras tanto, con ATM se busca terminar unilateral el contrato. “Los 241 MW hubiesen permitido que se realice un mejor manejo del sistema”, enfatiza Acuña.

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La falta de importaciones presionó las reservas de Mazar

A la falta de generación de estos proyectos fallidos, se suma, la restricción en la venta de electricidad desde Colombia (450 MW) durante seis meses y medio de 2026, tras la aplicación de la tasa de seguridad por parte del presidente Daniel Noboa. Esta realidad obligó a Ecuador a utilizar las reservas de energía de Mazar para cubrir la demanda nacional de electricidad, refiere Luis Ordóñez, consultor energético.

Este manejo se produjo pese a que, usualmente, las reservas energéticas de Mazar se deben preservar para entrar al estiaje con el embalse lleno (2.153 msnm) y garantizar la cobertura de la demanda eléctrica..

Los intercambios de electricidad con Colombia se retomaron el 5 de agosto pasado, pero un mes después el país vecino activó el período de riesgo de desabastecimiento eléctrico, ante la menor disponibilidad de agua para generar hidroelectricidad y el fenómeno de El Niño 2026-2027; y volvió a limitar la venta de hasta 450 MW. 

“Estamos caminando siempre al filo de la navaja, no contamos con opciones para cubrir de forma inmediata la demanda, cuando se acentúe el estiaje”, advierte Ordóñez.

Barcazas y Esmeraldas I sumaron nuevas bajas

Las demoras en la renegociación de dos barcazas (200 MW), cuyos contratos terminaron en mayo pasado, y la salida de operación de Esmeraldas I (125 MW), tras un incendio en junio de 2026, representaron otra baja para el sistema eléctrico nacional y obligaron a recurrir al embalse Mazar, la principal reserva energética de Ecuador, para atender la demanda de electricidad.

“La renegociación de las barcazas se debió hacer a tiempo para reducir el consumo de las reservas de Mazar”, señala una fuente del sector eléctrico que ha desempeñado altos cargos en el sector público.

Mazar pierde reservas antes de que se acentúe el estiaje

Todas estas condiciones, sumadas a la escasez de lluvias en el Austro, provocaron que la cota de Mazar, que alimenta al complejo Paute Integral (1.757 MW), bajé hasta este 23 de septiembre de 2026 ya 16,26 metros desde finales de julio pasado, y ponga en riesgo aún más la capacidad del país para cubrir la demanda incluso antes de que se acentúe el estiaje.

El Cenace advirtió ya a mediados de septiembre de 2026 al Ministerio de Ambiente y Energía que Ecuador enfrenta un “alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad”. 

Ante este escenario, el Gobierno “habilitó” a Elecaustro para ofertar 200 megavatios (MW) adicionales de generación de dos barcazas, cuyos procesos de renovación no prosperaron en los últimos meses.

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Además, desde este 22 de septiembre se dispuso que 185 industrias del segmento AV1 y AV2 se desconecten temporalmente de la red eléctrica para reducir "1.000 megavatios hora (MWh) diarios", según informó el ente rector.

Esta desconexión "voluntaria" y "sin precedentes" de las empresas marca el inicio de una restricción "importante" del servicio de energía eléctrica para el sector industrial, que representa el 25 % de la demanda nacional, precisa la fuente del sector eléctrico.

"Recién estamos empezando al estiaje y si se prolonga, como usualmente sucede, y no mejoran drásticamente las condiciones de los caudales en el Paute, a principios de noviembre podría haber cortes de energía parecidos a los que hubo en 2024", anticipa. 

Lo que debes saber

• Las organizaciones criminales en Ecuador (especialmente en zonas pesqueras de Manabí) reclutan activamente a menores de edad.
• Los adolescentes se inician en labores menores como vigilantes ('ojos') o transportistas de droga ('vuelteros') y pueden llegar a escalar hasta el sicariato.

Entre las distintas alertas que el coronel William Calle ha escuchado en Manabí hay una que resume hasta dónde puede llegar la influencia del narcotráfico sobre los menores. “Especialmente en estos sectores pesqueros, muchos niñitos quieren ser ‘vuelteros’”, contó el comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.

En ese entorno, ‘vueltero’ es el término utilizado para quien transporta droga. Calle explica que algunos menores observan a personas que pasan de tener lo básico a exhibir casas grandes o vehículos nuevos, y ellos terminan tomando como referencia ese estilo de vida. “Están cogiendo el ejemplo de los capos”, lamentó.

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Menores dentro

La preocupación policial no se limita a comentarios escuchados en los barrios. Calle aseguró que de aproximadamente 30 organizaciones delictivas intervenidas por la Policía en su jurisdicción, en unas 16 o 17 se había detectado la presencia de menores de edad.

Sus funciones tampoco son siempre las mismas. Según el comandante, pueden empezar como ‘ojos’ de una organización, realizar tareas menores y luego escalar dentro de la estructura. Otros son utilizados para entregar panfletos extorsivos, incendiar vehículos o cometer asesinatos.

Al ser consultado sobre 28 presuntos sicarios detenidos durante el período al que se refería en la entrevista, Calle calculó que del 8 % al 10 % eran menores. Aclaró, sin embargo, que el uso de adolescentes va más allá del sicariato.

Una encuesta

El fenómeno también aparece en los datos. Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó 2.965 encuestas anónimas a adolescentes de entre 12 y 17 años en nueve ciudades del país, entre ellas Manta y Portoviejo. El levantamiento se efectuó entre octubre y diciembre de 2024 y es el más reciente de la entidad a la fecha.

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De los encuestados, 122 respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si pertenecían a una banda delictiva. Equivalían al 4,11 % de la muestra.

El propio estudio advierte que esos 122 casos no representan el universo de menores vinculados a grupos criminales del país. Además, al tratarse de respuestas de los propios adolescentes, pueden existir casos no declarados o respuestas condicionadas por el entorno.

Más jóvenes en Manabí

Al separar los resultados de Manabí, el estudio encontró una particularidad: entre los adolescentes encuestados en la provincia que declararon pertenecer a una organización delictiva, el 66,6 % tenía entre 12 y 14 años.

La encuesta también preguntó por el primer acercamiento de los adolescentes a las organizaciones. Las opciones eran cuatro: recibir ayuda de un amigo, sentirse atraído por el líder de la banda, ser contactado mediante una red social o ingresar bajo amenaza u obligación.

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El mecanismo mencionado con mayor frecuencia fue la ayuda de un amigo. Después aparecieron la atracción por el líder, el contacto mediante redes sociales y finalmente la amenaza o la obligación.

Las redes tienen mayor presencia entre los más pequeños. El 16,7 % de los adolescentes de 13 años que reportaron un primer acercamiento a mafias, señalaron las redes sociales; entre los de 14 años fue el 10 %; y entre quienes tenían 16 y 17 años, el porcentaje conjunto bajaba al 7,35 %.

También aparece la coerción. Entre los adolescentes vinculados, el 8,3 % de los de 13 años y el 7,5 % de los de 14 señalaron haber sido amenazados u obligados. Entre quienes tenían de 15 a 17 años, la proporción fue del 3,05 %.

El hogar pesa

La investigación encontró asociaciones importantes dentro del entorno familiar. Entre quienes percibían su hogar como inseguro, la vinculación a un grupo de delincuencia organizada se asociaba con un incremento del 47,1 %. Haber sufrido humillaciones dentro de casa aparecía asociado con un 20,5 % más.

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Tener un familiar dentro de una organización también marcaba diferencia: la probabilidad de vinculación era 19,55 puntos porcentuales mayor. Tener conocidos integrantes de una banda se asociaba con 11,5 puntos porcentuales adicionales.

Calle ha visto esa relación en terreno. Mencionó casos en los que las actividades criminales alcanzan a distintas generaciones de una misma familia y dijo que en determinados sectores existe un fuerte reclutamiento de menores.

Ser el ‘capo’

El estudio encontró otro factor: la aspiración. Por cada punto que aumentaba la percepción de que ingresar en el futuro a una organización criminal era posible, la asociación con pertenecer a uno de estos grupos aumentaba 42,8 %.

La relación era todavía mayor entre quienes imaginaban convertirse en líderes: esa aspiración se asociaba con un incremento del 46,6 % en la probabilidad de pertenecer a una organización. El informe vincula esos resultados con la idealización de estilos de vida que ofrecen reconocimiento o elevados ingresos económicos.

Es precisamente el fenómeno que Calle describe cuando habla de los ‘vuelteros’: menores que observan el cambio económico de quienes entran al negocio ilícito, por lo cual terminan viendo a los capos como referentes.

Armas para el respeto

Muchos niñitos quieren ser ‘vuelteros’ (...), porque ven a gente con lo básico y luego ‘asoma’ con una casa.William Calle, comandante de la Zona 4

La vinculación también se refleja en el uso de armas. De los adolescentes encuestados que reconocieron pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, el 34,4 % (42 menores) afirmó haber portado un arma para protegerse o para sentirse respetado.

El análisis estadístico encontró que quienes dijeron haber portado un arma con esos fines presentaban una asociación 23,8 % mayor con la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada.

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El dato adquiere otra dimensión frente a la violencia que golpea a los menores. El boletín anual de homicidios del OECO reporta que en 2025 el 91,2 % de los homicidios de niños y adolescentes fue cometido con armas de fuego.

Ese mismo año, el 96 % de las muertes violentas de menores estuvo asociado a actividades criminales. En el año 2020 esa proporción había sido del 42,34 %.

Calle describe el recorrido que ha encontrado la Policía en algunos casos: menores que comienzan haciendo trabajos pequeños, después reciben dinero y escalan posiciones dentro de las organizaciones mafiosas. Algunos, asevera, llegan al sicariato desde la adolescencia. Y muchos terminan convertidos también en víctimas de la misma violencia.

Las familias (suelen) tener muy pocos recursos para sobrellevar la captación de un adolescente.Emilio Carrillo, docente

Lo que debes saber

• El consumo de gasolina súper cayó 50,1 % entre marzo y julio de 2026, mientras su precio aumentó y algunos conductores buscaron alternativas más económicas.
  
• Cambiar de súper a extra o ecopaís depende del octanaje que requiere el motor y de las especificaciones del fabricante.
  
• Usar un combustible de menor octanaje al recomendado puede reducir la eficiencia y, con el tiempo, aumentar el desgaste del motor.

El alza del precio de la gasolina súper en Ecuador está cambiando los hábitos de algunos conductores. A medida que el galón se encareció en lo que va de 2026, su consumo bajó, pero creció el de otras gasolinas, según datos de Petroecuador.

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Después de alcanzar 205.251 barriles en marzo de 2026, el despacho de la súper descendió de manera sostenida hasta acumular una caída del 50,1 % hasta julio (ver gráfico).

Esta realidad responde a que ciertos consumidores buscan reducir el gasto. Pero, ¿se puede dejar de usar súper y comenzar a tanquear con extra o ecopaís?

La respuesta depende del vehículo. Cambiar de gasolina solo porque cuesta menos puede terminar afectando al motor y generar un gasto mayor en el futuro, explica Fabricio Corrales, ingeniero automotriz y exdocente universitario.

El octanaje depende del motor

La clave está en el octanaje, que es la capacidad de la gasolina para resistir una detonación antes de tiempo dentro del motor. Mientras mayores sean las exigencias del motor, mayor suele ser el octanaje requerido.

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Corrales explica que los motores de baja compresión y sin turbo pueden usar combustibles de menor octanaje, si el fabricante lo permita. En cambio, los motores de alta compresión y, especialmente, “todo vehículo que tenga turbo necesita una gasolina de buen octanaje”.

Revise qué gasolina necesita su carro

Así, para decidir qué gasolina utilizar, no basta con conocer la marca, el año o el tamaño del automóvil, incluso un mismo modelo puede comercializarse con motores diferentes.

Por ello, antes de migrar de súper a extra o ecopaís, Corrales recomienda revisar el manual, la ficha técnica, las especificaciones del fabricante o “hasta consultar a la IA”.

Si un vehículo diseñado para funcionar con mayor octanaje utiliza una gasolina inferior, el problema no necesariamente será inmediato.

El especialista refiere que el combustible puede detonar antes del momento adecuado y provocar el conocido “cascabeleo”. Con el tiempo, estas condiciones pueden aumentar el desgaste del motor.

El ahorro tampoco depende únicamente de cuánto cuesta el galón porque un motor que trabaja con un combustible inadecuado puede perder eficiencia y consumir más, por lo que el menor precio al momento de tanquear no necesariamente representa el mismo ahorro durante el recorrido.

Mezclar gasolinas no garantiza el octanaje

Además, cargar una parte de súper y otra de extra o ecopaís, o alternar en el uso de estos derivados, tampoco funciona. El especialista advierte que estas prácticas no garantizan que el motor reciba el octanaje requerido, porque los productos no se mezclan. “Es como internar combinar agua y aceite”.

Tampoco recomienda recurrir a aditivos como sustitutos habituales del combustible especificado por el fabricante.

Ahorre al conducir

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Por esta razón, si su auto requiere súper y su precio pesa en su presupuesto, el especialista plantea buscar el ahorro en la conducción.

Evite aceleraciones y frenadas bruscas y maneje dentro del rango adecuado de revoluciones para bajar el consumo. “La decisión de bajar de gasolina solo por su precio puede convertir el ahorro de hoy en un gasto posterior”.

Perfil 

Fabricio Corrales es ingeniero automotriz. Tiene más de 35 años de experiencia. Trabajó con marcas alemanas y estadounidenses, fue docente de la Universidad Internacional del Ecuador. También se desempeñó como gerente de varias empresas automotrices.

Lo que debes saber

• Hay periodistas sin acceso a funcionarios, investigaciones suspendidas y profesionales obligados a abandonar su trabajo se han convertido en parte del paisaje.
• Periodistas y medios serían silenciados mediante persecución directa, ostracismo, presiones económicas o exclusión.
• Los ciudadanos deben poder escuchar a sus autoridades siendo interrogadas desde distintas perspectivas y los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas también ante medios y sectores críticos.

Periodistas dirigiéndose a entrevistados ausentes; periodistas mirando fijamente a la cámara para enumerar los días que llevan sin haber recibido a un funcionario como invitado; periodistas contando cómo tuvieron que dejar su trabajo o suspender una investigación. Ya casi que nada de eso es noticia (aunque no lo crean, pocas cosas le gustan menos a un periodista que ser noticia).

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Al igual que la violencia y que ciertos actos de corrupción, el retroceso de la libertad de prensa en este país se ha vuelto poco más que ruido de fondo. Una nueva normalidad para el Nuevo Ecuador.

Y no es que la bronca de los políticos con la prensa sea nueva. José María Velasco Ibarra cerraba medios por deporte. León Febres-Cordero vivía en una riña constante y personal con algunas dinastías periodísticas. Con Abdalá Bucaram tuvimos funcionarios que frecuentemente agredían a los reporteros. Y Rafael Correa prácticamente le declaró la guerra a todos los anteriores. Lo que ahora sucede es novedoso por la facilidad con la que ocurre. Nunca un presidente había encontrado a un gremio tan dividido y a una sociedad tan apática. Parte de la razón detrás de eso está en la polarización.

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Hay un segmento importante de la población, el correísmo puro y duro, que ve a la prensa como al enemigo de su líder, padre y redentor y, por ende, de la patria misma. Y en contraposición a ellos hay otra barra brava que ha celebrado la erosión de los derechos civiles cuando las víctimas de la persecución han sido (o les han dicho que son) correístas. Todavía existe una mayoría que no pertenece a ninguna de esas hinchadas, pero gran parte de ellos terminan teniendo que escoger cuál de esos dos odios validar en las urnas.

Como después de ir a votar, la política le deja de importar a medio país (inclusive o quizá sobre todo a los prohombres), nuestro destino queda sellado por unos años hasta que el ciclo se repite. Y hasta eso los ganadores pueden decir que sus críticos son del otro bando para ganarse un aplauso al perseguirlos.

Otra razón, tal vez la más importante, es que la sociedad se ha olvidado de sí misma, hipnotizada por las pantallas. Muchas personas se sienten satisfechas con poder opinar desde una cuenta anónima, muchas veces hablándole al vacío, sin ninguna influencia. Las redes sociales son, de esa forma, una herramienta terapéutica al servicio del poder. La ciudadanía permanece contenta con un mecanismo de descompresión para sus opiniones y de distracción para su curiosidad.

Lo mejor, no les cuesta un centavo, aunque no es gratis, porque el precio de entrada lo paga con sus datos. Mientras tanto, quienes se esfuerzan por obtener, verificar y presentar la información de calidad que muchas veces se disemina por las redes, abriéndose paso entre lo falso y lo manipulado, son acallados uno por uno mediante la persecución directa o el ostracismo aplicado de manera estratégica.

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Eso último, el ostracismo, es una de las herramientas de los insidiosos políticos que saben que deben fingir su inocencia. Ya no es aceptable ser jefe supremo y cerrar diarios, revistas y estaciones en nombre del orden público. Ahora hay que ser un presidente de mano dura o un jefe de Estado en toda regla y encima de todos los poderes, y actuar de forma raposa, detrás de velos administrativos y empresariales o con excusas demagógicas. Un telefonazo al auspiciante, quizá una visita del publicano. El acoso directo de las autoridades. O una campaña de exclusión concertada por un par de funcionarios y asesores.

Esa campaña ha sido defendida, ayer y hoy, con un par de excusas fáciles de desmontar. Para Rafael Correa, era decir que él y su gobierno informaban cada semana a la gente: ruedas de prensa, sabatinas, todo de libre difusión. Claro, y muchas veces de difusión obligatoria también. Siempre que querían lo hacían desde su comodidad, dando y quitando la palabra o dedicándose al monólogo. Y cuando finalmente decidían visitar a la prensa, lo hacían con tono altisonante, dando clases de ética y estilo más que una rendición de cuentas.

Para José Julio Neira, las agendas oficiales de los funcionarios “en territorio” son suficiente como estrategia de comunicación. Tal vez lo sean, pero hay un problema: la gente tiene derecho a escuchar, ver o leer a sus políticos siendo interpelados desde una diversidad de perspectivas, para así poder formar su propia opinión en libertad. La propaganda gubernamental, emitida directamente a través de las entidades públicas o de los medios afines al poder, no es suficiente. Más bien, por sí sola es una afrenta a la inteligencia y la dignidad del país. Se requiere de balance, de tiempo y espacio para todas las tendencias y todas las regiones.

Los miembros del Gobierno (y sus amigos en las otras funciones del Estado) no tienen por qué aceptar cada entrevista o responder todas las preguntas, pero su obligación con el Ecuador entero, con sus adeptos, con los escépticos y también con sus opositores, es dar la cara y no esconderse miedosamente detrás de sus aduladores.

Lo que debes saber

• La época seca en Quito ha dejado 1.300 hectáreas afectadas por incendios forestales, según el Municipio
• Si bien las áreas afectadas son menores que 2024, especialistas señalan que la ciudad todavía debe trabajar en temas de prevención
• Se plantea, por ejemplo, una estrategia diferenciada para las zonas urbanas y rurales, además de campañas más cercanas a la comunidad

Después de cinco días de trabajo, el incendio forestal en el cerro Casitagua fue controlado, aunque las labores de liquidación continúan. El fuego afectó unas 300 hectáreas en el sector del noroccidente de Quito.

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La emergencia ocurre en una temporada seca que, hasta la fecha, deja casi 1.300 hectáreas afectadas por incendios forestales en la capital, según el Municipio. 

La superficie es 26 % menor a la registrada en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1.800 hectáreas. El Municipio aclaró que 2025 no se utiliza como referencia porque las lluvias durante el verano impidieron que se produjera una época seca comparable.

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Pero una menor superficie quemada no necesariamente significa que la ciudad haya resuelto sus problemas en cuanto a prevención. Para el especialista en gestión de riesgos Cristian Rivera, Quito todavía tiene tareas pendientes para pasar de una respuesta centrada en apagar incendios a una estrategia que permita anticiparse al fuego y reducir sus impactos.

Estas son cinco razones que, desde esa perspectiva, debilitan el combate contra los incendios forestales.

Para Rivera, prevenir no significa únicamente evitar que se produzca un incendio. También implica reducir las posibilidades de que una emergencia se convierta en un evento de grandes proporciones.

Considera que Quito necesita una estrategia diferenciada para las zonas urbanas y rurales. En el campo, por ejemplo, persisten prácticas como la quema de residuos agrícolas o de terrenos para preparar nuevas áreas de cultivo o asentamiento. A esto se suma la quema de basura en sectores rurales donde el servicio de recolección no siempre tiene las mismas condiciones de acceso que en las zonas urbanas.

Rivera plantea que el Municipio debería buscar alternativas de recolección para sectores donde los vehículos convencionales no pueden ingresar, mediante unidades más pequeñas o vehículos con capacidad para circular por vías de difícil acceso.

El problema también aparece en las quebradas vulnerables a incendios. Advierte sobre la presencia de personas en situación de calle que utilizan fuego para cocinar o para quemar cables, así como sobre quemas vinculadas al consumo de drogas.

Otro episodio que puso a prueba la capacidad de respuesta fue el incendio en La Vicentina y El Dorado. Rivera menciona que algunos hidrantes no tenían la presión necesaria durante la emergencia. Recalca que no se puede esperar a que comience la temporada seca para revisar una infraestructura de respuesta ante incendios.

La Empresa Pública de Agua Potable señala que Quito dispone de más de 12.500 hidrantes, que son sometidos a un mantenimiento preventivo semestral. Los que presentan inactividad o requieren trabajos correctivos son incorporados a un cronograma específico. EXPRESO consultó cuántos necesitan esa intervención, pero no se dio el detalle.

La infraestructura de agua no solo es fundamental para los incendios forestales. También es parte de la capacidad de respuesta frente a incendios estructurales.

En Quito, una parte importante del riesgo está relacionada con las actividades humanas. La quema de basura, maleza o residuos agrícolas puede convertirse rápidamente en un incendio bajo ciertas condiciones de viento, vegetación seca y baja humedad.

En 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha iniciado cientos de procedimientos relacionados con quemas a cielo abierto. Hasta el 16 de septiembre hubo 244 actos de inicio de sanción. No obstante, sancionar después de una quema no necesariamente cambia una conducta.

Por ello, se plantea reforzar la educación directamente en los territorios donde existe mayor riesgo. Eso implica trabajar con barrios, comunidades rurales, agricultores y organizaciones locales.

Otra debilidad está relacionada con la alerta temprana. El especialista propone fortalecer la presencia de guardaparques, guardabosques y personas que conozcan bien el territorio. No solo para vigilar, sino para identificar rápidamente una columna de humo, conocer los accesos y comunicar la emergencia.

Unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre una quema controlable y un incendio que requiere cientos de personas, vehículos y aeronaves, lo que implica más recursos. 

Por ejemplo, solo la atención a una emergencia de tres días tendría un costo aproximado de $390.000 ya se requiere del despliegue de personal, aeronaves y su tripulación, alimentación, hidratación, equipos de protección, entre otros. Rivera detalla que solo cada hora de vuelo de un helicóptero cuesta $2.500.

La capital tiene una ordenanza con un régimen de sanciones que alcanzan cifras importantes. La quema de residuos a cielo abierto puede generar una multa de $241, mientras que las infracciones relacionadas con incendios forestales ascienden hasta los $36.150, dependiendo de la gravedad y las consecuencias. Además, algunos casos pueden pasar al ámbito penal.

El problema no es únicamente cuánto establece la multa, sino la capacidad real de que la sanción sea efectiva y disuasoria. En determinados casos, por ejemplo, una persona que realiza una quema puede no tener capacidad económica para pagar una multa elevada, o encontrarse en una situación que requiere otro tipo de intervención. Por eso, es necesario combinar control y sanción con prevención, educación y presencia territorial, dice Rivera.

Rivera recuerda que los incendios forestales que han golpeado a Quito durante la última década han sido devastadores y señala que la ciudad no ha aprendido de esas experiencias. 

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Menciona que los incendios continúan registrándose en zonas donde ya ocurrieron eventos similares, sin que se haya establecido un mapa de riesgo adecuado que permita identificar y priorizar los sectores que requieren mayor atención.

“Estamos respondiendo, respondiendo y respondiendo”, dice. Asimismo, recalca que la falta de prevención no solo genera daños ambientales y de salud, sino que también afecta a la economía de una ciudad, de una provincia o de un país.

Lo que debes saber

• Los cortes de energía y cambios de jornada para las industrias buscan reducir entre 600 y 1.000 MW de demanda.
  
• Cenace advirtió que Ecuador enfrenta un escenario complejo y de alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad.
  
• El sector camaronero alerta que las interrupciones pueden afectar procesos continuos, provocar mortalidad y comprometer meses de producción.

Los cortes de energía y cambios de jornada para las industrias del segmento Alto Voltaje 1 (AV1) y AV2 arrancan. Estas iniciativas coinciden con el “alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad”, que atraviesa el país, según advirtió el 15 de septiembre el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

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“Mañana arrancamos con esa medida durante, al menos, esta semana y vamos a ir evaluando semana a semana”, informó el lunes pasado Javier Medina, viceministro de Electricidad, en el portal digital Altavoz.

Hasta las 12:30 de ayer, sin embargo, no se advirtieron cambios mayores. La demanda promedio se ubicó en 4.474 megavatios (MW), que se encuentra dentro de la media mensual (4.500 MW), según datos del Cenace.

Diario EXPRESO conoció que el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) tenía previsto emitir en la tarde del 22 de septiembre el comunicado que oficializaría estos racionamientos, planteados inicialmente como voluntarios. El comunicado se publicó en redes sociales pasadas las 20:30 y amplió la medida para las industrias AV2 (acereras, mineras y Petroecuador).

Con estas acciones se apunta a gestionar la demanda para garantizar la cobertura del suministro, en los sectores residencial, comercial, hospitales, escuelas y más. Además, se busca preservar las reservas de energía del embalse Mazar, que han caído de manera sostenida desde el 26 de julio pasado, detalla Celec Sur.

Los cortes buscan reducir hasta 1.000 MW de demanda

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El Gobierno estima que con estas iniciativas se podría aliviar entre 600 y 1.000 MW de demanda, según cuántos consumidores participen. El segmento AV1 y AV2 está conformado por 185 empresas.

Frente a esta propuesta, que se prevé discutir este 23 de septiembre en una reunión en Guayaquil, Medina adelantó que hubo “una respuesta positiva” y que algunas industrias plantearon cambios en función de sus procesos productivos.

Mientras tanto, este 22 de septiembre el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, se reunió con los representantes de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Quito.

El sector camaronero alerta por los cortes de energía

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), tiene una visión diferente y la expuso el 21 de septiembre en sus redes sociales.

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¿Servirá desconectar a industrias AV1 para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico de Ecuador?

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“La producción camaronera depende de procesos biológicos continuos”, señaló Camposano. Y añadió que el bombeo y la aireación mantienen las condiciones del agua necesarias para la supervivencia de los animales. “Estas funciones no pueden suspenderse por una jornada ni recuperarse trasladando las horas de trabajo a otro día”.

El dirigente alertó, además, que “una interrupción que exceda la capacidad de respaldo puede provocar mortalidades y comprometer la producción acumulada durante meses” del camarón, que es el principal producto de exportación de Ecuador.

Cenace advierte un alto riesgo para cubrir la demanda

Las acciones tomadas por el Gobierno ocurren días después de la alerta que el Cenace emitió el 15 de septiembre tras analizar las reservas energéticas, disponibilidad de generación y perspectivas para atender la demanda. 

Tras este análisis, se identificó “un escenario complejo y de alto riesgo” para cubrir la demanda de electricidad y planteó medidas urgentes para preservar las reservas y administrar la generación, según consta en un oficio del Ministerio de Ambiente y Energía, suscrito el 18 de septiembre de 2026 por el viceministro de Electricidad Medina.

Por ello, incluso el Ministerio resolvió habilitar a Elecaustro para que oferte 200 MW a partir del 20 de septiembre. Esta medida tiene carácter excepcional y temporal y estará vigente mientras persistan las condiciones operativas que la motivaron.

La disponibilidad de esta generación -que corresponde con la potencia total de las barcazas Emre Bey y Erin Sultan- ocurre después de varios intentos de Elecaustro durante 2026 para asegurar la continuidad de tres barcazas, contratadas desde agosto de 2024, para enfrentar el déficit eléctrico.

Ante este panorama, Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, subraya que “ya comenzamos los apagones” en Ecuador por la falta de nueva generación propia. “No hay nada”, enfatiza.

LO QUE DEBES SABER

• Necesidades para 2027: El sector público no financiero requeriría $7.077 millones brutos en 2027, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que $1.500 millones podrían provenir de bonos.
  
• Liquidez local: Los depósitos en el sistema financiero sumaron $82.414 millones en julio de 2026, un 10,9 % más que un año antes, según el BCE, y el economista Francisco Borja no prevé alzas de tasas locales en el corto plazo.
  
• Exportaciones: Un dólar más fuerte encarecería productos como el camarón, el banano y las flores frente a los de Colombia y Perú, advirtió el analista José Abel DeFina.
  

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó el 16 de septiembre de 2026 su tasa de referencia en 25 puntos básicos, a un rango de entre 3,75 % y 4 %. 

Ese día, el bono del Tesoro a 10 años, una referencia para el costo del financiamiento soberano, rindió 5,01 %, frente a 4,79 % el 1 de septiembre, según el Departamento del Tesoro.

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La decisión fue unánime y responde a una inflación que la FED calificó de “elevada”: el índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 3,4 % interanual en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Por eso, para Santiago Mosquera, analista económico, la subida “ya se veía venir” y los inversionistas ya la tenían descontada: busca encarecer el crédito y reducir la demanda en Estados Unidos para acercar la inflación a la meta del 2 %, explicó.

Las tasas, además, permanecerían altas: la mediana de las proyecciones de los miembros de la FED ubica la tasa en 4,1 % al cierre de 2026 y de 2027, y en 3,9 % en 2028.

¿Cómo afecta la subida de tasas de la FED a la deuda de Ecuador?

Ese horizonte llega a Ecuador a través de su deuda: el riesgo país mide cuántos puntos paga el país por encima del bono del Tesoro, por lo que si sube ese bono sube también la tasa total del Estado, explicó Mosquera.

Mosquera lo ilustró con un ejemplo hipotético: con el bono del Tesoro al 5 % y un riesgo país de 400 puntos básicos, Ecuador se financia al 9 %. Si el bono sube a 5,5 % y el riesgo país no cambia, el Estado posiblemente tendría que financiarse al 9,5 %.

Ese riesgo país ha bajado, según el Banco Central del Ecuador (BCE): llegó a 1.908 puntos el 10 de abril de 2025, estuvo por debajo de 400 entre el 3 y el 17 de junio de 2026 y marcó 419 puntos el 3 de septiembre, último dato disponible.

Aun así, “no es que no nos afecta porque el riesgo país ha bajado”, advirtió Mosquera: la subida no se traslada directamente a ese indicador, pero sí a la tasa total a la que se financia un gobierno, y eso aplica también para Ecuador, explicó.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, coincide con Mosquera: se encarecen los posibles préstamos que quiera conseguir el Estado en el exterior, como nuevas emisiones de bonos, porque estos toman en cuenta las tasas de la FED y de los bonos del Tesoro, dijo.

José Abel DeFina, analista económico, matizó el punto del riesgo país: para él, la subida sí “afecta un poco el riesgo país” y lo hace subir, aunque “no es que afecta mucho”.

DeFina advirtió además que, con tasas más altas en Estados Unidos, los inversionistas que habían prestado a países como Ecuador retiran ese dinero y lo regresan allá, por lo que “se vuelve más difícil no solamente pedir dinero prestado, sino también traer más inversión al Ecuador”.

¿Cuánto necesitará financiar Ecuador en 2027?

El efecto se sentiría en las nuevas emisiones: Ecuador volvió a los mercados internacionales en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con bonos por $4.000 millones que incluyeron una recompra de deuda por $3.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ecuador “no es un país que se financia de manera agresiva en mercados internacionales”, dijo Mosquera, pero el próximo año “seguramente” deberá regresar por sus necesidades de financiamiento.

Esas necesidades tienen cifra: el sector público no financiero requeriría $7.077 millones brutos en 2027 y colocaría $1.500 millones en bonos, según el informe de la quinta revisión del FMI.

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Lisbeth Zumba

¿Qué pasa con los bancos y las empresas que se financian afuera?

El encarecimiento también alcanza a los privados que buscan recursos en el exterior, “especialmente bancos y algunas corporaciones ecuatorianas que se financian en el exterior, pero no son muchos”, precisó Mosquera.

Francisco Borja, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), precisó que parte del fondeo de los bancos ecuatorianos proviene de préstamos en Estados Unidos, por lo que ese costo sube con la tasa de la FED y conseguir recursos afuera les resultará más caro.

Para ese grupo, la liquidez interna funciona como amortiguador. “El Ecuador hoy goza de mucha liquidez en el mercado interno y eso de cierta manera blinda a aquellos agentes tomadores de fondos”, explicó Mosquera, porque acceden a tasas locales muy por debajo de las internacionales.

¿Cuánta liquidez tiene el sistema financiero ecuatoriano?

Las cifras del BCE muestran esa liquidez: los depósitos en el sistema financiero sumaron $82.414 millones en julio de 2026, un 10,9 % más que en julio de 2025, y la liquidez total de la economía llegó a $104.207 millones, un 9,4 % más en el mismo período.

Con esos recursos, el crédito a empresas y hogares alcanzó $78.384 millones en julio, un 11 % más que un año antes, mientras la tasa activa referencial bajó de 8 % en septiembre de 2025 a 7,03 % en septiembre de 2026, según el BCE.

¿Subirán las tasas de los créditos y las pólizas en Ecuador?

Por esa liquidez, Borja no prevé en el corto plazo alzas en las tasas activas ni pasivas: los bancos buscan colocar más créditos porque tienen “demasiadas reservas” y, si las tasas se mueven, “va a ser muy chiquitita la cantidad”, explicó.

La otra cara está en los hogares que ahorran: la tasa pasiva referencial, que pagan las entidades por los depósitos, se ubicó en 4,99 % en septiembre de 2026, frente a 5,73 % un año antes, según el BCE, y Borja descartó volver a tasas “como el 10 %” que llegó a tener el país.

Ese panorama cambiaría si la FED mantiene tasas altas por dos o tres años más, advirtió Borja: en ese caso subirían el costo de fondeo y las tasas activas y pasivas, algo que él prevé porque no cree que la inflación estadounidense baje “tan rápido”.

¿Cómo afectaría un dólar más fuerte a las exportaciones de Ecuador?

La decisión también podría llegar al comercio exterior a través del dólar: cuando suben las tasas en un país, invertir allí se vuelve más rentable y la tendencia es que su moneda se fortalezca frente a otras, explicó Borja.

Si eso ocurre, lo que Ecuador vende afuera, como camarón, banano o flores, se encarecería frente a lo que Colombia y Perú producen en su moneda, advirtió DeFina. 

Rivadeneira coincidió en que eso restaría competitividad, más aún si otros países devalúan, como casi siempre lo hace Colombia.

En ese país, el dólar pasó de 3.100 a 3.193 pesos entre el 16 y el 19 de septiembre, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Si el peso se deprecia, Ecuador le vendería menos y le compraría más, dijo DeFina, mientras Borja prevé un efecto “moderado” en los precios del camarón y el banano.

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En efecto, el presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista, formuló este razonamiento para explicar la falta de medicinas: si para una dolencia existen tres medicamentos (A, B y C) y el C está agotado, “hay ciertos doctores que le recetan la medicina C para fregar”. Luego aseguró que “ciertos malos doctores y ciertos malos funcionarios” saben qué medicamentos no hay y los prescriben deliberadamente “para presionar a que se compre esa medicina de ese laboratorio específico”, que supuestamente “lo ‘timbra’ al doctor para el negociado”.

El razonamiento de Noboa tiene un problema gigante: ¿qué proporción de las recetas tendría que ser deliberadamente fraudulenta para que esa práctica explique una parte significativa del desabastecimiento?

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No es correcto asumir que si el Gobierno dice que existe un 60% de abastecimiento, los médicos tendrían que ser responsables del 40% restante. Son magnitudes distintas. El porcentaje de abastecimiento mide disponibilidad de medicamentos; el porcentaje de médicos involucrados mediría personas.

La acusación presidencial necesita otra clase de pruebas: saber cuántos médicos estarían involucrados, cuántas recetas emitieron, qué medicamentos prescribieron, qué stock había cuando lo hicieron, qué alternativas terapéuticas tenían y, sobre todo, qué compras posteriores generaron esas recetas.

Porque si la tesis es que una red de médicos está provocando el desabastecimiento, el Gobierno debería poder demostrar la cadena completa: médico, receta, medicamento sin stock, conocimiento del faltante, compra posterior y laboratorio beneficiado. Mientras esa cadena no aparezca, lo que existe es una acusación de corrupción. Lo que no está demostrado es que esa corrupción explique el desabastecimiento.

Y aquí aparece una coincidencia que merece atención. Tres días después de las declaraciones de Noboa, la Policía y la Fiscalía realizaron once allanamientos en Quito, Guayaquil y Morona Santiago y detuvieron a ocho personas, siete de ellas médicos del Ministerio de Salud Pública y un funcionario del SNAI.

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La proximidad temporal es llamativa y, desde el punto de vista mediático, el operativo reforzó la imagen de que dentro del sistema de salud existen médicos corruptos. Pero hay una precisión fundamental: el operativo no estaba relacionado, según la información pública disponible, con la acusación de Noboa sobre médicos que direccionarían recetas y compras de fármacos.

La pregunta de fondo sigue intacta. Si el Gobierno sostiene que los médicos están detrás de una parte sustancial de la falta de medicinas, tiene que mostrar los números. ¿Cuántos son? ¿Cuántas recetas emitieron? ¿Qué medicamentos estaban agotados? ¿Cuántas veces los prescribieron pese a conocer el faltante? ¿Qué compras provocaron? ¿Qué laboratorios resultaron beneficiados?

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Porque una cosa es demostrar que hay corrupción en el sistema de salud y otra, mucho más ambiciosa, es demostrar que esa corrupción explica que falten medicinas.

Hay además un problema elemental en la explicación presidencial: confunde al médico que prescribe con quien administra el stock y con quien compra los medicamentos.

El propio diseño del sistema de medicamentos del Ministerio de Salud contempla que prescribir un fármaco y disponer de él son procesos diferentes. El médico prescribe según las necesidades clínicas del paciente; después la farmacia verifica la disponibilidad y registra la dispensación. Si no existe stock, el problema pasa a la cadena de abastecimiento y finalmente a los procesos de adquisición.

Dicho de otra manera: un médico puede recetar una medicina que la farmacia no tiene, sin haber provocado que la farmacia no lo tenga.

Y el propio sistema tecnológico del MSP contempla la posibilidad de que exista una diferencia entre lo prescrito y lo efectivamente dispensado. Que una receta no pueda ser atendida no es, por sí mismo, una anomalía creada por el médico: es precisamente una de las situaciones que el sistema de abastecimiento debe detectar y resolver.

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¿Dónde esta la responsabilidad del Estado?

La pregunta, entonces, cambia por completo. No es ‘¿por qué el médico recetó algo que no había?’, sino ‘¿por qué el Estado no tenía lo que sus propios médicos estaban prescribiendo?’.

Si el Gobierno afirma que los médicos conocen de antemano el stock y utilizan esa información para provocar compras, debería mostrar la trazabilidad: quién consultó qué inventario, cuándo lo hizo, qué alternativas tenía, qué receta emitió y qué proveedor terminó beneficiándose.

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Sin esa evidencia, la acusación da un salto gigantesco: convierte la consecuencia visible de un sistema de abastecimiento fallido en la supuesta causa del problema.

Una receta no fabrica medicamentos. Y un médico que encuentra una farmacia vacía no puede ser convertido en el responsable de haberla dejado vacía.

Y queda una pregunta adicional: si la explicación de la crisis son ahora los médicos que prescriben fármacos inexistentes, ¿cómo explica el Gobierno la enorme inestabilidad en la conducción del Ministerio encargado de resolver el desabastecimiento?