Lo que debes saber

• ONU califica de ejecuciones extrajudiciales ataques de EE. UU. y Ecuador a pesqueros.
• Informe documenta 68 ataques marítimos con 223 muertos sin pruebas previas de narcotráfico.
• Expertos advierten riesgo de acusaciones por crímenes de lesa humanidad para autoridades.

Frente a los ataques armados contra barcos pesqueros ecuatorianos sospechosos de participar en operaciones de narcotráfico y frente a la desaparición de sus tripulantes, los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador parecen esperar de la sociedad un acto de fe. Si se destruyen barcos y desaparecen tripulantes mientras otros son detenidos y maltratados, debe ser porque son narcotraficantes. Las evidencias pasan a un segundo plano: lo que se exige es confiar ciegamente en el criterio de los agentes estatales que participaron en los operativos.

Ese es uno de los cuestionamientos centrales del informe de Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Saul coloca estos hechos entre los más graves de los operativos conjuntos de EE. UU. y Ecuador.

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Según el informe, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Estados Unidos atacó 68 embarcaciones fuera de las aguas territoriales de cualquier Estado, entre ellas las ecuatorianas, con un saldo de al menos 223 personas muertas.

Para las autoridades de Estados Unidos y Ecuador, entre ellas el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, parece bastar con confiar en la información de los militares. Para Saul, eso no es suficiente. Su conclusión es tajante: considera que los ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales en serie” y sostiene que violan el derecho a la vida.

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La gravedad de la conclusión es enorme. Tanto que los hechos podrían terminar generando, en el futuro, acusaciones por crímenes de lesa humanidad contra autoridades involucradas en los operativos. El informe señala que no se ha hecho pública evidencia suficiente que demuestre que las personas atacadas constituían una amenaza inminente o que las embarcaciones estuvieran efectivamente transportando drogas. Saul argumenta que el narcotráfico, por sí solo, no equivale a un ataque armado que permita responder militarmente.

Y recuerda algo elemental: antes de matar, el Estado debe demostrar por qué una persona podía ser legítimamente convertida en un blanco.

Documentación de ataques y la falta de interdicción marítima

En Ecuador, la pregunta resulta todavía más incómoda. Investigaciones de Human Rights Watch documentaron los ataques contra tres barcos pesqueros entre enero y marzo y revisaron registros de navegación, fotografías, videos, documentos judiciales y datos de monitoreo marítimo. En al menos uno de los casos, sobrevivientes y familiares sostuvieron que eran pescadores y no narcotraficantes.

Pero hay una pregunta que el informe de Saul deja flotando y que resulta difícil de esquivar: si existían pruebas suficientes para identificar a esas embarcaciones como objetivos del narcotráfico, ¿por qué no se las interceptó, abordó y registró antes de destruirlas?

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El relator cuestiona precisamente que los ataques fueran una medida de último recurso y señala que existían alternativas como la interdicción y el abordaje.

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Eso obliga a invertir la pregunta oficial. Ya no basta con decir que eran “narcos”, “terroristas” o “embarcaciones sospechosas”. La sospecha no es una prueba. Y una etiqueta no convierte a un pescador en combatiente.

Hay algo más: destruir el barco puede destruir también la evidencia que permitiría saber qué llevaba realmente, quiénes eran sus tripulantes y qué ocurrió a bordo. Por eso, la pregunta central del informe de Saul es demoledora: ¿qué pruebas tenía el Estado antes de disparar y quién las verificó?

Casos de embarcaciones atacadas y el rol de la cooperación militar

En el caso ecuatoriano, Saul analiza la desaparición del Fiorella y los ataques contra La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, ocurridos entre enero y marzo de 2026 frente a las costas de Ecuador y Galápagos.

Aquí aparece otro problema de fondo. El informe señala que la naturaleza, el alcance y el fundamento jurídico de la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos no están suficientemente esclarecidos.

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La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si hubo inteligencia ecuatoriana, participación ecuatoriana, apoyo logístico o coordinación con Estados Unidos, ¿qué información aportó Ecuador para identificar a esos barcos como objetivos?

Y si Ecuador no participó, la pregunta es distinta pero igual de incómoda: ¿por qué un país extranjero pudo operar de esa manera en el entorno marítimo ecuatoriano y qué sabía el Gobierno de Ecuador?

Implicaciones penales e investigaciones por crímenes de lesa humanidad

Hay además un dato especialmente grave. El informe menciona el asesinato de la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo, quien estaba vinculada a la investigación sobre la desaparición del Fiorella. Saul incorpora este hecho en el contexto de las preguntas aún no resueltas alrededor de esos casos.

Durante meses, estos ataques han sido tratados por algunos periodistas y medios simpatizantes con el Gobierno casi como un acto de fe: si el Gobierno y los Estados Unidos dicen que eran narcotraficantes, hay que creerles.

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El informe de un relator de la ONU plantea exactamente la pregunta contraria: ¿Qué pruebas había antes de disparar? ¿Quién las verificó? Las respuestas a esas preguntas determinarán algo mucho más grave que la suerte de una operación militar. Determinarán si lo ocurrido fue una operación legítima contra el narcotráfico o una serie de ejecuciones extrajudiciales.

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Y si las investigaciones posteriores establecen que hubo ataques ilegales y sistemáticos contra civiles, las responsabilidades podrían llegar mucho más lejos de lo que hoy están dispuestos a admitir quienes ordenaron o ejecutaron esos operativos. Que las autoridades no olviden que los crímenes no se olvidan y que en el futuro pueden llegar a ser procesados por ellos.

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Usando el habitual mandil blanco, el scrub o casaca médica, el doctor recorre junto con su compañera de fórmula, la expresentadora de televisión, exdiputada, exviceprefecta y exconcejala de Guayaquil Luzmilla Nicolalde, varios cantones de la provincia. Juntos esperan superar el 25,6 % que alcanzó en los anteriores comicios Susana González, entonces carta del PSC a la Prefectura, quien logró el segundo lugar por encima de Andrés Guschmer, entonces candidatos de RETO y ahora aspirante por el oficialismo.

¿Quién es Juan Carlos González Alcívar?

Más allá del nombre, ¿quién es Juan Carlos González Alcívar? El aspirante registra dos títulos en el sistema de consultas de títulos universitarios. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (registrado en 2007) y máster en Emergencias Médicas por la Universidad de Guayaquil (registrado en el 2016).

Registra un considerable tributo por impuesto a la renta entre 2019 y 2025, según el portal del Servicio de Rentas Internas, siendo el 2024 el año que más tributó, con un poco más de 17.000 dólares, y el 2021, en el que menos tributó, con un poco más de 5.000 dólares.

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En su última declaración juramentada de bienes de fin de gestión como director general de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil, registra activos por más de 546.000 dólares, sobre todo en bienes inmuebles, y pasivos por un poco más de 89.000 dólares, por deudas contraídas.

Es actualmente accionista en la empresa Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. y no registra denuncias en su contra en el sistema de la Función Judicial.

Pero ser médico, bombero voluntario y arrastrar todo este pasado y presente, ¿le alcanzará a González para devolverle al PSC el puesto que ostentó durante largo tiempo, perdió y recuperó para volverlo a perder? El consultor político Rafael Silva considera que, con González, el socialcristianismo en Guayas está buscando una forma de superar una crisis de renovación.

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“Desde mi punto de vista, existe un solo aspecto positivo en la apuesta que hace el partido por González: el hecho de que esa un ‘outsider’ en la política. Estamos hablando de un médico y exbombero que proyecta una especie de empatía y cuidado a la ciudadanía. Esos aspectos son bastante rentables en un escenario político en el que la salud pública y la credibilidad en los políticos tradicionales está bastante deteriorada”, analiza.

Sería un desafío para González alcanzar o superar el mismo ritmo de Marcela Aguiñaga en cuanto a obras e infraestructura, que llegaron a un 82 % de ejecución presupuestaria.Rafael Silva, consultor político. 

Sin embargo, no todo es positivo. A criterio de Silva, la postulación de González enfrenta algunos aspectos negativos o desafíos, como el mismo peso que le genera el partido que lo patrocina.

“Esto se vuelve más complejo considerando que este es el debut de González en política. Arranca con indicadores muy bajos de conocimiento frente a sus contendores. Y en un contexto de elecciones anticipadas, es clave ser popular o muy conocido, porque no hay tiempo para hacer una campaña de conocimiento”, comenta Silva.

A eso suma el reto clave de demostrar que, como médico, tiene las credenciales para administrar una Prefectura con competencias en ruralidad, agricultura, gestión productiva, medio ambiente y vialidad.

El también consultor político Pablo Jaramillo ubica, así mismo, su lupa en las credenciales y conocimiento sobre la administración pública que podría tener el médico para liderar una provincia como Guayas.

“Si bien su trayectoria como médico y su desempeño en la Dirección de Salud del Municipio de Guayaquil son respetables, liderar la Prefectura del Guayas demanda un exhaustivo conocimiento de la función pública, así como el manejo de competencias técnicas como vialidad, riego, drenaje y fomento a la productividad”, recalca. “El prefecto debe tener una clara comprensión de la amplia gama de problemáticas territoriales, que evidentemente sobrepasan el ámbito urbano de Guayaquil”.

Sorprende que una organización como el PSC apueste por una figura con nula experiencia política y una trayectoria limitada a la salud pública cantonal.Pablo Jaramillo, consultor político.

Frente a este escenario, Jaramillo considera que esta candidatura parece responder a una estrategia política. ¿Cuál? “Presentar un candidato no confrontativo que evite dividir la votación a sus adversarios directos, principalmente a Andrés Guschmer, quien fue concejal precisamente del Partido Social Cristiano. Queda sobre la mesa la pregunta de si este partido histórico renunció de entrada a pelear por la Prefectura o si simplemente se quedó sin cuadros con peso provincial”.

Lo que debes saber

• El Ministerio de Salud Pública y la CNT usaron la figura de Régimen Especial para adjudicar de forma directa un contrato de $240,26 millones de dólares.
• MPS y CNT mantienen bajo reserva los detalles y la figura legal con la que participará la firma multinacional Dedalus Group.
• Al tratarse de una empresa extranjera no domiciliada en Ecuador y mantenerse el acuerdo en secreto, se desconoce si la participación de Dedalus se dará mediante subcontratación, alianza o giro del negocio.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) optó por la modalidad de Régimen Especial para la adjudicación directa de un contrato interadministrativo con la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).

La elección de esta vía de contratación resulta clave para comprender cómo el proyecto llega a manos de Dedalus Group. Según los pocos datos que el Gobierno ha entregado, Dedalus aportará el software especializado de gestión hospitalaria, el cual abarca la historia clínica electrónica, el sistema RIS/PACS, el agendamiento y la farmacia.

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“Estamos trabajando en una transformación tecnológica del sistema público de salud, que permita conectar progresivamente los establecimientos del Ministerio y mejorar la forma en la que atendemos a los pacientes”, afirmó Ronald Spina, gerente de CNT, en un video promocional sobre el contrato.

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El objetivo, según los documentos de la contratación, es la provisión de un servicio integral que incluye la implementación, operación y soporte de una plataforma nacional interoperable de información y atención digital en salud, junto con la infraestructura tecnológica y la conectividad requeridas para la red pública.

El proceso contractual abarca un periodo de ejecución de más de siete años (2.649 días exactos) y contempla una inversión total de 240,26 millones de dólares sin impuestos. La transferencia de recursos se efectuará mediante pagos trimestrales contra la entrega y verificación formal de los servicios prestados en cada etapa.

En todo este proceso, el Gobierno decidió contar con el apoyo de Dedalus, pero se desconoce la figura de contratación utilizada. ¿Es un aliado estratégico, una subcontratación o se aplica el giro específico del negocio?

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“Para cada vía hay mecanismos claros que señala la contratación pública. Por ejemplo, si Dedalus entra por subcontratación, la ley permite subcontratar solo un porcentaje del monto total. Si es giro específico del negocio y el proyecto dura más de seis meses, la ley manda a que la empresa se nacionalice”, explica Luis Alberto Andrade Polanco, docente universitario y experto en contratación pública.

La regla general de la Ley de Contratación Pública establece que un contratista no puede subcontratar la totalidad del contrato. Para elegir un subcontratista o un socio estratégico, la empresa pública contratada (en este caso CNT EP) debe contar con la capacidad técnica e infraestructura para ejecutar el objeto contractual por sí misma y justificar el componente tecnológico de valor agregado que aportan terceros como Dedalus.

Sin embargo, esa información permanece oculta. CNT determinó que, al igual que ocurrió con HealthBird, mantendrá el acuerdo con Dedalus bajo reserva. “La falta de transparencia impide conocer los detalles del acuerdo y analizar si se cumplen principios de contratación pública como el mejor valor por dinero, la concurrencia y la participación justa con criterios de calidad y eficiencia”, señala Andrade.

El contrato suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y la CNT asigna el volumen financiero principal a la Plataforma Integrada de Información en Salud. Con una inversión de $140,4 millones, este componente representa el 58,44 % del presupuesto global de la adjudicación.

Su ejecución abarca el licenciamiento, despliegue y soporte de la historia clínica electrónica, el sistema de agendamiento, la gestión de farmacia, los laboratorios y el almacenamiento de imágenes médicas para toda la red hospitalaria estatal.

¿Este es el rubro que estará a cargo de Dedalus? Ninguna de las instituciones ha entregado información detallada sobre el empleo de estos recursos públicos. Por ahora, solo la Comisión Nacional Anticorrupción busca acceder a los detalles a través de una demanda de habeas data.

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Uno de los puntos en común entre Dedalus y Progen o ATM, por ejemplo, es que las entidades públicas han elegido contratar empresas extranjeras que no se han domiciliado: no tienen oficinas, patrimonio ni operaciones comerciales en el país.

En los ya famosos casos de las contrataciones energéticas, esto ha influido en que el Estado no pueda recuperar el dinero entregado por servicios no cumplidos. Con Dedalus se desconocen las condiciones de contratación.

Lo que debe saber

• El grano corto escasea. Comerciantes de Guayaquil aseguran que es difícil encontrarlo y que el grano largo pasó de unos 30 a entre 38 y 40 dólares por quintal en ocho días.
• Hay versiones distintas sobre la causa. Agricultores niegan haber sembrado más grano largo. Los industriales señalan que esta variedad es más resistente al clima y que las exportaciones a Colombia están dentro de los volúmenes habituales.
• El clima es el factor de mayor incertidumbre. Las lluvias ya afectan zonas arroceras y existe preocupación por cultivos que podrían no ser cosechados. Los productores, además, temen un aumento del contrabando desde Perú si los precios internos continúan elevados.

Comerciantes de Guayaquil reportan dificultades para conseguir arroz de grano corto y un fuerte incremento del grano largo. Agricultores e industriales difieren sobre las causas: mientras unos apuntan a la producción y las exportaciones, los productores aseguran que existe suficiente arroz y que hay especulación.

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En los mercados de Guayaquil encontrar arroz de grano corto se ha convertido en una tarea difícil para los consumidores, tal como lo comprobó Diario EXPRESO en un recorrido por los principales mercados de la ciudad. Comerciantes de distintos puntos de venta aseguran que la oferta se redujo y que, en cambio, el grano largo es el que domina actualmente las perchas. “Solicité 20 quintal, pero solo me trajeron 10”, indicó Luis Mendoza, comerciante en la calle Pedro Pablo Gómez.

El problema no termina en la disponibilidad. El precio también se ha movido con fuerza. Comerciantes aseguran que hace ocho días el quintal de grano largo costaba alrededor de 30 dólares y ahora se comercializa entre 38 y 40 dólares.

Según el Sistema de Información Pública Agropecuaria del Ecuador el quintal del grano se debe vender a 32 dólares en Guayaquil; 45,67 dólares, en Cuenca y 54,55 dólares, en Quito. Pero estos no son los precios que hay en los mercados, por una aparente escasez.

¿ Por qué? En el mercado circulan tres explicaciones: que los agricultores sembraron más variedades de grano largo por su resistencia al clima; que las exportaciones hacia Colombia redujeron la disponibilidad interna de grano corto; y que las lluvias han afectado parte de la producción.

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Agricultores niegan que hayan cambiado la siembra

Los productores consultados desmienten que hayan sembrado más arroz de grano largo. José Luis García, defensor de los agricultores, explicó a Diario EXPRESO que, por el contrario, los productores han optado por sembrar más grano corto porque requiere menor inversión y puede cosecharse en unos 90 días, mientras el largo necesita 120 días.

A los agricultores les preocupa ahora otro escenario: que el precio elevado del arroz en Ecuador incentive el ingreso de producto desde Perú mediante contrabando.

Para Jorge Suárez, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía (Fosag-SL), la situación responde más a una especulación que a una escasez real. Sostiene que existe y habrá suficiente arroz y que algunos intermediarios estarían reteniendo producto ante las expectativas por la llegada del fenómeno de El Niño.

El clima, sin embargo, sí genera incertidumbre. Las lluvias ya han afectado zonas productoras y existe preocupación por los cultivos que podrían no llegar a cosecharse.

Industriales: exportaciones ayudaron al agricultor

Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador, reconoce que el país retomó las exportaciones hacia Colombia desde finales de julio, después de varios meses en los que los precios internos y externos dificultaron las ventas al vecino país.

Según explicó a EXPRESO, hasta agosto se estimaban unas 45.000 toneladas exportadas en el acumulado del año, un volumen que considera dentro de los niveles habituales de Ecuador, que en los últimos años ha enviado entre 60.000 y 80.000 toneladas a Colombia.

Zúñiga sostiene que esas exportaciones permitieron reducir los inventarios acumulados desde 2025 y el primer semestre de 2026 y contribuyeron a mejorar el precio recibido por los agricultores.

El industrial también rechaza que las exportaciones sean la causa de la actual falta de grano corto. .

El mercado queda atrapado entre versiones. Los comerciantes hablan de escasez y mayores precios; los agricultores aseguran que habrá suficiente producción, mientras los industriales consideran que las exportaciones se mantienen dentro de niveles normales. La evolución de las lluvias y de la cosecha será clave para determinar si la actual presión sobre el arroz es temporal o se profundiza.

Lo que debes saber

• Progen, Austral y otras bajas de generación restaron 1.016 MW de disponibilidad al sistema eléctrico de Ecuador.
  
• Los 241 MW contratados con Progen y Austral no ingresaron al sistema, pese a que el Estado pagó más de $178 millones por los proyectos.
  
• La menor disponibilidad de generación obligó a utilizar las reservas de Mazar, mientras el Gobierno busca reducir temporalmente la demanda de las industrias AV1 y AV2.

Los proyectos fallidos de Progen y Austral Technical Management (ATM) contratados en 2024, la pugna con Colombia por la tasa de seguridad, las demoras en la renovación de las barcazas alquiladas y hasta el incendio de Esmeraldas I pasan factura al sistema eléctrico. Ecuador enfrenta actualmente un alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad, que el Gobierno busca aplacar con cortes de energía a 185 industrias de los segmentos AV1 y AV2.

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La salida de operación de los grandes consumidores de Alto Voltaje 1 y 2, oficializada en la noche del 22 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), apunta a reducir temporalmente la demanda en alrededor de 1.000 MW, según indicó inicialmente la cartera de Estado. 

Esta cifra representa el 22 % de la demanda promedio diaria (4.500 MW), de acuerdo con datos disponibles del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Para lograr este “ahorro”, la entidad plantea que los grandes consumidores apliquen mecanismos como:

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Esta medida se mantendrá “mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran”, refiere el MAE.

¿Por qué se corta la luz en las industrias?

Pero ¿por qué se deben aplicar cortes de energía a una parte del sector industrial, más aún cuando el Estado debe garantizar la provisión de este servicio público, según la Constitución?

Ecuador enfrenta desde 2023 una crisis eléctrica por la falta de inversiones en el sector, que se ha acentuado ante el aumento de la demanda. 

Aunque incide también el fracaso en la incorporación de energía contratada con Progen y Austral, demoras en la renovación de los contratos de dos barcazas alquiladas, la pugna con Colombia que derivó en la suspensión de las ventas de energía por casi siete meses, en respuesta a la aplicación de la tasa de seguridad; y hasta un incendio en la central térmica Esmeraldas I, que representa más de 1.000 MW, refieren especialistas consultados por Diario EXPRESO (ver gráfico).

Progen y Austral dejaron un vacío de 241 MW

Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, subraya que más allá de los “anuncios continuos del Gobierno”, los únicos proyectos de generación térmica propia, impulsados por el Régimen actual, son los Progen y Austral (241 MW) “y de eso no se tiene nada”.

La falta de este suministro ocurre, pese a que el país canceló ya más de $178 millones para que se cumpla con la instalación de tres plantas de generación térmica. Estas centrales debían empezar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025. Pero hasta la fecha no han ingresado ni un solo MW al sistema eléctrico nacional.

Actualmente, Ecuador impulsa una demanda en EE.UU. contra Progen por presunto fraude. Mientras tanto, con ATM se busca terminar unilateral el contrato. “Los 241 MW hubiesen permitido que se realice un mejor manejo del sistema”, enfatiza Acuña.

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La falta de importaciones presionó las reservas de Mazar

A la falta de generación de estos proyectos fallidos, se suma, la restricción en la venta de electricidad desde Colombia (450 MW) durante seis meses y medio de 2026, tras la aplicación de la tasa de seguridad por parte del presidente Daniel Noboa. Esta realidad obligó a Ecuador a utilizar las reservas de energía de Mazar para cubrir la demanda nacional de electricidad, refiere Luis Ordóñez, consultor energético.

Este manejo se produjo pese a que, usualmente, las reservas energéticas de Mazar se deben preservar para entrar al estiaje con el embalse lleno (2.153 msnm) y garantizar la cobertura de la demanda eléctrica..

Los intercambios de electricidad con Colombia se retomaron el 5 de agosto pasado, pero un mes después el país vecino activó el período de riesgo de desabastecimiento eléctrico, ante la menor disponibilidad de agua para generar hidroelectricidad y el fenómeno de El Niño 2026-2027; y volvió a limitar la venta de hasta 450 MW. 

“Estamos caminando siempre al filo de la navaja, no contamos con opciones para cubrir de forma inmediata la demanda, cuando se acentúe el estiaje”, advierte Ordóñez.

Barcazas y Esmeraldas I sumaron nuevas bajas

Las demoras en la renegociación de dos barcazas (200 MW), cuyos contratos terminaron en mayo pasado, y la salida de operación de Esmeraldas I (125 MW), tras un incendio en junio de 2026, representaron otra baja para el sistema eléctrico nacional y obligaron a recurrir al embalse Mazar, la principal reserva energética de Ecuador, para atender la demanda de electricidad.

“La renegociación de las barcazas se debió hacer a tiempo para reducir el consumo de las reservas de Mazar”, señala una fuente del sector eléctrico que ha desempeñado altos cargos en el sector público.

Mazar pierde reservas antes de que se acentúe el estiaje

Todas estas condiciones, sumadas a la escasez de lluvias en el Austro, provocaron que la cota de Mazar, que alimenta al complejo Paute Integral (1.757 MW), bajé hasta este 23 de septiembre de 2026 ya 16,26 metros desde finales de julio pasado, y ponga en riesgo aún más la capacidad del país para cubrir la demanda incluso antes de que se acentúe el estiaje.

El Cenace advirtió ya a mediados de septiembre de 2026 al Ministerio de Ambiente y Energía que Ecuador enfrenta un “alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad”. 

Ante este escenario, el Gobierno “habilitó” a Elecaustro para ofertar 200 megavatios (MW) adicionales de generación de dos barcazas, cuyos procesos de renovación no prosperaron en los últimos meses.

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Además, desde este 22 de septiembre se dispuso que 185 industrias del segmento AV1 y AV2 se desconecten temporalmente de la red eléctrica para reducir "1.000 megavatios hora (MWh) diarios", según informó el ente rector.

Esta desconexión "voluntaria" y "sin precedentes" de las empresas marca el inicio de una restricción "importante" del servicio de energía eléctrica para el sector industrial, que representa el 25 % de la demanda nacional, precisa la fuente del sector eléctrico.

"Recién estamos empezando al estiaje y si se prolonga, como usualmente sucede, y no mejoran drásticamente las condiciones de los caudales en el Paute, a principios de noviembre podría haber cortes de energía parecidos a los que hubo en 2024", anticipa. 

Lo que debes saber

• Las organizaciones criminales en Ecuador (especialmente en zonas pesqueras de Manabí) reclutan activamente a menores de edad.
• Los adolescentes se inician en labores menores como vigilantes ('ojos') o transportistas de droga ('vuelteros') y pueden llegar a escalar hasta el sicariato.

Entre las distintas alertas que el coronel William Calle ha escuchado en Manabí hay una que resume hasta dónde puede llegar la influencia del narcotráfico sobre los menores. “Especialmente en estos sectores pesqueros, muchos niñitos quieren ser ‘vuelteros’”, contó el comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.

En ese entorno, ‘vueltero’ es el término utilizado para quien transporta droga. Calle explica que algunos menores observan a personas que pasan de tener lo básico a exhibir casas grandes o vehículos nuevos, y ellos terminan tomando como referencia ese estilo de vida. “Están cogiendo el ejemplo de los capos”, lamentó.

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Menores dentro

La preocupación policial no se limita a comentarios escuchados en los barrios. Calle aseguró que de aproximadamente 30 organizaciones delictivas intervenidas por la Policía en su jurisdicción, en unas 16 o 17 se había detectado la presencia de menores de edad.

Sus funciones tampoco son siempre las mismas. Según el comandante, pueden empezar como ‘ojos’ de una organización, realizar tareas menores y luego escalar dentro de la estructura. Otros son utilizados para entregar panfletos extorsivos, incendiar vehículos o cometer asesinatos.

Al ser consultado sobre 28 presuntos sicarios detenidos durante el período al que se refería en la entrevista, Calle calculó que del 8 % al 10 % eran menores. Aclaró, sin embargo, que el uso de adolescentes va más allá del sicariato.

Una encuesta

El fenómeno también aparece en los datos. Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó 2.965 encuestas anónimas a adolescentes de entre 12 y 17 años en nueve ciudades del país, entre ellas Manta y Portoviejo. El levantamiento se efectuó entre octubre y diciembre de 2024 y es el más reciente de la entidad a la fecha.

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De los encuestados, 122 respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si pertenecían a una banda delictiva. Equivalían al 4,11 % de la muestra.

El propio estudio advierte que esos 122 casos no representan el universo de menores vinculados a grupos criminales del país. Además, al tratarse de respuestas de los propios adolescentes, pueden existir casos no declarados o respuestas condicionadas por el entorno.

Más jóvenes en Manabí

Al separar los resultados de Manabí, el estudio encontró una particularidad: entre los adolescentes encuestados en la provincia que declararon pertenecer a una organización delictiva, el 66,6 % tenía entre 12 y 14 años.

La encuesta también preguntó por el primer acercamiento de los adolescentes a las organizaciones. Las opciones eran cuatro: recibir ayuda de un amigo, sentirse atraído por el líder de la banda, ser contactado mediante una red social o ingresar bajo amenaza u obligación.

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El mecanismo mencionado con mayor frecuencia fue la ayuda de un amigo. Después aparecieron la atracción por el líder, el contacto mediante redes sociales y finalmente la amenaza o la obligación.

Las redes tienen mayor presencia entre los más pequeños. El 16,7 % de los adolescentes de 13 años que reportaron un primer acercamiento a mafias, señalaron las redes sociales; entre los de 14 años fue el 10 %; y entre quienes tenían 16 y 17 años, el porcentaje conjunto bajaba al 7,35 %.

También aparece la coerción. Entre los adolescentes vinculados, el 8,3 % de los de 13 años y el 7,5 % de los de 14 señalaron haber sido amenazados u obligados. Entre quienes tenían de 15 a 17 años, la proporción fue del 3,05 %.

El hogar pesa

La investigación encontró asociaciones importantes dentro del entorno familiar. Entre quienes percibían su hogar como inseguro, la vinculación a un grupo de delincuencia organizada se asociaba con un incremento del 47,1 %. Haber sufrido humillaciones dentro de casa aparecía asociado con un 20,5 % más.

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Tener un familiar dentro de una organización también marcaba diferencia: la probabilidad de vinculación era 19,55 puntos porcentuales mayor. Tener conocidos integrantes de una banda se asociaba con 11,5 puntos porcentuales adicionales.

Calle ha visto esa relación en terreno. Mencionó casos en los que las actividades criminales alcanzan a distintas generaciones de una misma familia y dijo que en determinados sectores existe un fuerte reclutamiento de menores.

Ser el ‘capo’

El estudio encontró otro factor: la aspiración. Por cada punto que aumentaba la percepción de que ingresar en el futuro a una organización criminal era posible, la asociación con pertenecer a uno de estos grupos aumentaba 42,8 %.

La relación era todavía mayor entre quienes imaginaban convertirse en líderes: esa aspiración se asociaba con un incremento del 46,6 % en la probabilidad de pertenecer a una organización. El informe vincula esos resultados con la idealización de estilos de vida que ofrecen reconocimiento o elevados ingresos económicos.

Es precisamente el fenómeno que Calle describe cuando habla de los ‘vuelteros’: menores que observan el cambio económico de quienes entran al negocio ilícito, por lo cual terminan viendo a los capos como referentes.

Armas para el respeto

Muchos niñitos quieren ser ‘vuelteros’ (...), porque ven a gente con lo básico y luego ‘asoma’ con una casa.William Calle, comandante de la Zona 4

La vinculación también se refleja en el uso de armas. De los adolescentes encuestados que reconocieron pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, el 34,4 % (42 menores) afirmó haber portado un arma para protegerse o para sentirse respetado.

El análisis estadístico encontró que quienes dijeron haber portado un arma con esos fines presentaban una asociación 23,8 % mayor con la pertenencia a un grupo de delincuencia organizada.

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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

El dato adquiere otra dimensión frente a la violencia que golpea a los menores. El boletín anual de homicidios del OECO reporta que en 2025 el 91,2 % de los homicidios de niños y adolescentes fue cometido con armas de fuego.

Ese mismo año, el 96 % de las muertes violentas de menores estuvo asociado a actividades criminales. En el año 2020 esa proporción había sido del 42,34 %.

Calle describe el recorrido que ha encontrado la Policía en algunos casos: menores que comienzan haciendo trabajos pequeños, después reciben dinero y escalan posiciones dentro de las organizaciones mafiosas. Algunos, asevera, llegan al sicariato desde la adolescencia. Y muchos terminan convertidos también en víctimas de la misma violencia.

Las familias (suelen) tener muy pocos recursos para sobrellevar la captación de un adolescente.Emilio Carrillo, docente

Lo que debes saber

• El consumo de gasolina súper cayó 50,1 % entre marzo y julio de 2026, mientras su precio aumentó y algunos conductores buscaron alternativas más económicas.
  
• Cambiar de súper a extra o ecopaís depende del octanaje que requiere el motor y de las especificaciones del fabricante.
  
• Usar un combustible de menor octanaje al recomendado puede reducir la eficiencia y, con el tiempo, aumentar el desgaste del motor.

El alza del precio de la gasolina súper en Ecuador está cambiando los hábitos de algunos conductores. A medida que el galón se encareció en lo que va de 2026, su consumo bajó, pero creció el de otras gasolinas, según datos de Petroecuador.

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Después de alcanzar 205.251 barriles en marzo de 2026, el despacho de la súper descendió de manera sostenida hasta acumular una caída del 50,1 % hasta julio (ver gráfico).

Esta realidad responde a que ciertos consumidores buscan reducir el gasto. Pero, ¿se puede dejar de usar súper y comenzar a tanquear con extra o ecopaís?

La respuesta depende del vehículo. Cambiar de gasolina solo porque cuesta menos puede terminar afectando al motor y generar un gasto mayor en el futuro, explica Fabricio Corrales, ingeniero automotriz y exdocente universitario.

El octanaje depende del motor

La clave está en el octanaje, que es la capacidad de la gasolina para resistir una detonación antes de tiempo dentro del motor. Mientras mayores sean las exigencias del motor, mayor suele ser el octanaje requerido.

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Corrales explica que los motores de baja compresión y sin turbo pueden usar combustibles de menor octanaje, si el fabricante lo permita. En cambio, los motores de alta compresión y, especialmente, “todo vehículo que tenga turbo necesita una gasolina de buen octanaje”.

Revise qué gasolina necesita su carro

Así, para decidir qué gasolina utilizar, no basta con conocer la marca, el año o el tamaño del automóvil, incluso un mismo modelo puede comercializarse con motores diferentes.

Por ello, antes de migrar de súper a extra o ecopaís, Corrales recomienda revisar el manual, la ficha técnica, las especificaciones del fabricante o “hasta consultar a la IA”.

Si un vehículo diseñado para funcionar con mayor octanaje utiliza una gasolina inferior, el problema no necesariamente será inmediato.

El especialista refiere que el combustible puede detonar antes del momento adecuado y provocar el conocido “cascabeleo”. Con el tiempo, estas condiciones pueden aumentar el desgaste del motor.

El ahorro tampoco depende únicamente de cuánto cuesta el galón porque un motor que trabaja con un combustible inadecuado puede perder eficiencia y consumir más, por lo que el menor precio al momento de tanquear no necesariamente representa el mismo ahorro durante el recorrido.

Mezclar gasolinas no garantiza el octanaje

Además, cargar una parte de súper y otra de extra o ecopaís, o alternar en el uso de estos derivados, tampoco funciona. El especialista advierte que estas prácticas no garantizan que el motor reciba el octanaje requerido, porque los productos no se mezclan. “Es como internar combinar agua y aceite”.

Tampoco recomienda recurrir a aditivos como sustitutos habituales del combustible especificado por el fabricante.

Ahorre al conducir

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Por esta razón, si su auto requiere súper y su precio pesa en su presupuesto, el especialista plantea buscar el ahorro en la conducción.

Evite aceleraciones y frenadas bruscas y maneje dentro del rango adecuado de revoluciones para bajar el consumo. “La decisión de bajar de gasolina solo por su precio puede convertir el ahorro de hoy en un gasto posterior”.

Perfil 

Fabricio Corrales es ingeniero automotriz. Tiene más de 35 años de experiencia. Trabajó con marcas alemanas y estadounidenses, fue docente de la Universidad Internacional del Ecuador. También se desempeñó como gerente de varias empresas automotrices.

Lo que debes saber

• Hay periodistas sin acceso a funcionarios, investigaciones suspendidas y profesionales obligados a abandonar su trabajo se han convertido en parte del paisaje.
• Periodistas y medios serían silenciados mediante persecución directa, ostracismo, presiones económicas o exclusión.
• Los ciudadanos deben poder escuchar a sus autoridades siendo interrogadas desde distintas perspectivas y los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas también ante medios y sectores críticos.

Periodistas dirigiéndose a entrevistados ausentes; periodistas mirando fijamente a la cámara para enumerar los días que llevan sin haber recibido a un funcionario como invitado; periodistas contando cómo tuvieron que dejar su trabajo o suspender una investigación. Ya casi que nada de eso es noticia (aunque no lo crean, pocas cosas le gustan menos a un periodista que ser noticia).

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Al igual que la violencia y que ciertos actos de corrupción, el retroceso de la libertad de prensa en este país se ha vuelto poco más que ruido de fondo. Una nueva normalidad para el Nuevo Ecuador.

Y no es que la bronca de los políticos con la prensa sea nueva. José María Velasco Ibarra cerraba medios por deporte. León Febres-Cordero vivía en una riña constante y personal con algunas dinastías periodísticas. Con Abdalá Bucaram tuvimos funcionarios que frecuentemente agredían a los reporteros. Y Rafael Correa prácticamente le declaró la guerra a todos los anteriores. Lo que ahora sucede es novedoso por la facilidad con la que ocurre. Nunca un presidente había encontrado a un gremio tan dividido y a una sociedad tan apática. Parte de la razón detrás de eso está en la polarización.

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Hay un segmento importante de la población, el correísmo puro y duro, que ve a la prensa como al enemigo de su líder, padre y redentor y, por ende, de la patria misma. Y en contraposición a ellos hay otra barra brava que ha celebrado la erosión de los derechos civiles cuando las víctimas de la persecución han sido (o les han dicho que son) correístas. Todavía existe una mayoría que no pertenece a ninguna de esas hinchadas, pero gran parte de ellos terminan teniendo que escoger cuál de esos dos odios validar en las urnas.

Como después de ir a votar, la política le deja de importar a medio país (inclusive o quizá sobre todo a los prohombres), nuestro destino queda sellado por unos años hasta que el ciclo se repite. Y hasta eso los ganadores pueden decir que sus críticos son del otro bando para ganarse un aplauso al perseguirlos.

Otra razón, tal vez la más importante, es que la sociedad se ha olvidado de sí misma, hipnotizada por las pantallas. Muchas personas se sienten satisfechas con poder opinar desde una cuenta anónima, muchas veces hablándole al vacío, sin ninguna influencia. Las redes sociales son, de esa forma, una herramienta terapéutica al servicio del poder. La ciudadanía permanece contenta con un mecanismo de descompresión para sus opiniones y de distracción para su curiosidad.

Lo mejor, no les cuesta un centavo, aunque no es gratis, porque el precio de entrada lo paga con sus datos. Mientras tanto, quienes se esfuerzan por obtener, verificar y presentar la información de calidad que muchas veces se disemina por las redes, abriéndose paso entre lo falso y lo manipulado, son acallados uno por uno mediante la persecución directa o el ostracismo aplicado de manera estratégica.

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Eso último, el ostracismo, es una de las herramientas de los insidiosos políticos que saben que deben fingir su inocencia. Ya no es aceptable ser jefe supremo y cerrar diarios, revistas y estaciones en nombre del orden público. Ahora hay que ser un presidente de mano dura o un jefe de Estado en toda regla y encima de todos los poderes, y actuar de forma raposa, detrás de velos administrativos y empresariales o con excusas demagógicas. Un telefonazo al auspiciante, quizá una visita del publicano. El acoso directo de las autoridades. O una campaña de exclusión concertada por un par de funcionarios y asesores.

Esa campaña ha sido defendida, ayer y hoy, con un par de excusas fáciles de desmontar. Para Rafael Correa, era decir que él y su gobierno informaban cada semana a la gente: ruedas de prensa, sabatinas, todo de libre difusión. Claro, y muchas veces de difusión obligatoria también. Siempre que querían lo hacían desde su comodidad, dando y quitando la palabra o dedicándose al monólogo. Y cuando finalmente decidían visitar a la prensa, lo hacían con tono altisonante, dando clases de ética y estilo más que una rendición de cuentas.

Para José Julio Neira, las agendas oficiales de los funcionarios “en territorio” son suficiente como estrategia de comunicación. Tal vez lo sean, pero hay un problema: la gente tiene derecho a escuchar, ver o leer a sus políticos siendo interpelados desde una diversidad de perspectivas, para así poder formar su propia opinión en libertad. La propaganda gubernamental, emitida directamente a través de las entidades públicas o de los medios afines al poder, no es suficiente. Más bien, por sí sola es una afrenta a la inteligencia y la dignidad del país. Se requiere de balance, de tiempo y espacio para todas las tendencias y todas las regiones.

Los miembros del Gobierno (y sus amigos en las otras funciones del Estado) no tienen por qué aceptar cada entrevista o responder todas las preguntas, pero su obligación con el Ecuador entero, con sus adeptos, con los escépticos y también con sus opositores, es dar la cara y no esconderse miedosamente detrás de sus aduladores.

Lo que debes saber

• La época seca en Quito ha dejado 1.300 hectáreas afectadas por incendios forestales, según el Municipio
• Si bien las áreas afectadas son menores que 2024, especialistas señalan que la ciudad todavía debe trabajar en temas de prevención
• Se plantea, por ejemplo, una estrategia diferenciada para las zonas urbanas y rurales, además de campañas más cercanas a la comunidad

Después de cinco días de trabajo, el incendio forestal en el cerro Casitagua fue controlado, aunque las labores de liquidación continúan. El fuego afectó unas 300 hectáreas en el sector del noroccidente de Quito.

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La emergencia ocurre en una temporada seca que, hasta la fecha, deja casi 1.300 hectáreas afectadas por incendios forestales en la capital, según el Municipio. 

La superficie es 26 % menor a la registrada en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1.800 hectáreas. El Municipio aclaró que 2025 no se utiliza como referencia porque las lluvias durante el verano impidieron que se produjera una época seca comparable.

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Pero una menor superficie quemada no necesariamente significa que la ciudad haya resuelto sus problemas en cuanto a prevención. Para el especialista en gestión de riesgos Cristian Rivera, Quito todavía tiene tareas pendientes para pasar de una respuesta centrada en apagar incendios a una estrategia que permita anticiparse al fuego y reducir sus impactos.

Estas son cinco razones que, desde esa perspectiva, debilitan el combate contra los incendios forestales.

Para Rivera, prevenir no significa únicamente evitar que se produzca un incendio. También implica reducir las posibilidades de que una emergencia se convierta en un evento de grandes proporciones.

Considera que Quito necesita una estrategia diferenciada para las zonas urbanas y rurales. En el campo, por ejemplo, persisten prácticas como la quema de residuos agrícolas o de terrenos para preparar nuevas áreas de cultivo o asentamiento. A esto se suma la quema de basura en sectores rurales donde el servicio de recolección no siempre tiene las mismas condiciones de acceso que en las zonas urbanas.

Rivera plantea que el Municipio debería buscar alternativas de recolección para sectores donde los vehículos convencionales no pueden ingresar, mediante unidades más pequeñas o vehículos con capacidad para circular por vías de difícil acceso.

El problema también aparece en las quebradas vulnerables a incendios. Advierte sobre la presencia de personas en situación de calle que utilizan fuego para cocinar o para quemar cables, así como sobre quemas vinculadas al consumo de drogas.

Otro episodio que puso a prueba la capacidad de respuesta fue el incendio en La Vicentina y El Dorado. Rivera menciona que algunos hidrantes no tenían la presión necesaria durante la emergencia. Recalca que no se puede esperar a que comience la temporada seca para revisar una infraestructura de respuesta ante incendios.

La Empresa Pública de Agua Potable señala que Quito dispone de más de 12.500 hidrantes, que son sometidos a un mantenimiento preventivo semestral. Los que presentan inactividad o requieren trabajos correctivos son incorporados a un cronograma específico. EXPRESO consultó cuántos necesitan esa intervención, pero no se dio el detalle.

La infraestructura de agua no solo es fundamental para los incendios forestales. También es parte de la capacidad de respuesta frente a incendios estructurales.

En Quito, una parte importante del riesgo está relacionada con las actividades humanas. La quema de basura, maleza o residuos agrícolas puede convertirse rápidamente en un incendio bajo ciertas condiciones de viento, vegetación seca y baja humedad.

En 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha iniciado cientos de procedimientos relacionados con quemas a cielo abierto. Hasta el 16 de septiembre hubo 244 actos de inicio de sanción. No obstante, sancionar después de una quema no necesariamente cambia una conducta.

Por ello, se plantea reforzar la educación directamente en los territorios donde existe mayor riesgo. Eso implica trabajar con barrios, comunidades rurales, agricultores y organizaciones locales.

Otra debilidad está relacionada con la alerta temprana. El especialista propone fortalecer la presencia de guardaparques, guardabosques y personas que conozcan bien el territorio. No solo para vigilar, sino para identificar rápidamente una columna de humo, conocer los accesos y comunicar la emergencia.

Unos pocos minutos pueden marcar la diferencia entre una quema controlable y un incendio que requiere cientos de personas, vehículos y aeronaves, lo que implica más recursos. 

Por ejemplo, solo la atención a una emergencia de tres días tendría un costo aproximado de $390.000 ya se requiere del despliegue de personal, aeronaves y su tripulación, alimentación, hidratación, equipos de protección, entre otros. Rivera detalla que solo cada hora de vuelo de un helicóptero cuesta $2.500.

La capital tiene una ordenanza con un régimen de sanciones que alcanzan cifras importantes. La quema de residuos a cielo abierto puede generar una multa de $241, mientras que las infracciones relacionadas con incendios forestales ascienden hasta los $36.150, dependiendo de la gravedad y las consecuencias. Además, algunos casos pueden pasar al ámbito penal.

El problema no es únicamente cuánto establece la multa, sino la capacidad real de que la sanción sea efectiva y disuasoria. En determinados casos, por ejemplo, una persona que realiza una quema puede no tener capacidad económica para pagar una multa elevada, o encontrarse en una situación que requiere otro tipo de intervención. Por eso, es necesario combinar control y sanción con prevención, educación y presencia territorial, dice Rivera.

Rivera recuerda que los incendios forestales que han golpeado a Quito durante la última década han sido devastadores y señala que la ciudad no ha aprendido de esas experiencias. 

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Menciona que los incendios continúan registrándose en zonas donde ya ocurrieron eventos similares, sin que se haya establecido un mapa de riesgo adecuado que permita identificar y priorizar los sectores que requieren mayor atención.

“Estamos respondiendo, respondiendo y respondiendo”, dice. Asimismo, recalca que la falta de prevención no solo genera daños ambientales y de salud, sino que también afecta a la economía de una ciudad, de una provincia o de un país.

Lo que debes saber

• Los cortes de energía y cambios de jornada para las industrias buscan reducir entre 600 y 1.000 MW de demanda.
  
• Cenace advirtió que Ecuador enfrenta un escenario complejo y de alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad.
  
• El sector camaronero alerta que las interrupciones pueden afectar procesos continuos, provocar mortalidad y comprometer meses de producción.

Los cortes de energía y cambios de jornada para las industrias del segmento Alto Voltaje 1 (AV1) y AV2 arrancan. Estas iniciativas coinciden con el “alto riesgo para cubrir la demanda de electricidad”, que atraviesa el país, según advirtió el 15 de septiembre el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

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Cenace alerta alto riesgo para cubrir demanda de energía en Ecuador y Gobierno habilita 2 barcazas

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“Mañana arrancamos con esa medida durante, al menos, esta semana y vamos a ir evaluando semana a semana”, informó el lunes pasado Javier Medina, viceministro de Electricidad, en el portal digital Altavoz.

Hasta las 12:30 de ayer, sin embargo, no se advirtieron cambios mayores. La demanda promedio se ubicó en 4.474 megavatios (MW), que se encuentra dentro de la media mensual (4.500 MW), según datos del Cenace.

Diario EXPRESO conoció que el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) tenía previsto emitir en la tarde del 22 de septiembre el comunicado que oficializaría estos racionamientos, planteados inicialmente como voluntarios. El comunicado se publicó en redes sociales pasadas las 20:30 y amplió la medida para las industrias AV2 (acereras, mineras y Petroecuador).

Con estas acciones se apunta a gestionar la demanda para garantizar la cobertura del suministro, en los sectores residencial, comercial, hospitales, escuelas y más. Además, se busca preservar las reservas de energía del embalse Mazar, que han caído de manera sostenida desde el 26 de julio pasado, detalla Celec Sur.

Los cortes buscan reducir hasta 1.000 MW de demanda

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Gobierno oficializa reducción de consumo eléctrico para 185 empresas AV1 y AV2 en Ecuador

Mayra Pacheco Pazmiño

El Gobierno estima que con estas iniciativas se podría aliviar entre 600 y 1.000 MW de demanda, según cuántos consumidores participen. El segmento AV1 y AV2 está conformado por 185 empresas.

Frente a esta propuesta, que se prevé discutir este 23 de septiembre en una reunión en Guayaquil, Medina adelantó que hubo “una respuesta positiva” y que algunas industrias plantearon cambios en función de sus procesos productivos.

Mientras tanto, este 22 de septiembre el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, se reunió con los representantes de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Quito.

El sector camaronero alerta por los cortes de energía

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), tiene una visión diferente y la expuso el 21 de septiembre en sus redes sociales.

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¿Servirá desconectar a industrias AV1 para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico de Ecuador?

Mayra Pacheco Pazmiño

“La producción camaronera depende de procesos biológicos continuos”, señaló Camposano. Y añadió que el bombeo y la aireación mantienen las condiciones del agua necesarias para la supervivencia de los animales. “Estas funciones no pueden suspenderse por una jornada ni recuperarse trasladando las horas de trabajo a otro día”.

El dirigente alertó, además, que “una interrupción que exceda la capacidad de respaldo puede provocar mortalidades y comprometer la producción acumulada durante meses” del camarón, que es el principal producto de exportación de Ecuador.

Cenace advierte un alto riesgo para cubrir la demanda

Las acciones tomadas por el Gobierno ocurren días después de la alerta que el Cenace emitió el 15 de septiembre tras analizar las reservas energéticas, disponibilidad de generación y perspectivas para atender la demanda. 

Tras este análisis, se identificó “un escenario complejo y de alto riesgo” para cubrir la demanda de electricidad y planteó medidas urgentes para preservar las reservas y administrar la generación, según consta en un oficio del Ministerio de Ambiente y Energía, suscrito el 18 de septiembre de 2026 por el viceministro de Electricidad Medina.

Por ello, incluso el Ministerio resolvió habilitar a Elecaustro para que oferte 200 MW a partir del 20 de septiembre. Esta medida tiene carácter excepcional y temporal y estará vigente mientras persistan las condiciones operativas que la motivaron.

La disponibilidad de esta generación -que corresponde con la potencia total de las barcazas Emre Bey y Erin Sultan- ocurre después de varios intentos de Elecaustro durante 2026 para asegurar la continuidad de tres barcazas, contratadas desde agosto de 2024, para enfrentar el déficit eléctrico.

Ante este panorama, Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, subraya que “ya comenzamos los apagones” en Ecuador por la falta de nueva generación propia. “No hay nada”, enfatiza.

LO QUE DEBES SABER

• Necesidades para 2027: El sector público no financiero requeriría $7.077 millones brutos en 2027, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que $1.500 millones podrían provenir de bonos.
  
• Liquidez local: Los depósitos en el sistema financiero sumaron $82.414 millones en julio de 2026, un 10,9 % más que un año antes, según el BCE, y el economista Francisco Borja no prevé alzas de tasas locales en el corto plazo.
  
• Exportaciones: Un dólar más fuerte encarecería productos como el camarón, el banano y las flores frente a los de Colombia y Perú, advirtió el analista José Abel DeFina.
  

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó el 16 de septiembre de 2026 su tasa de referencia en 25 puntos básicos, a un rango de entre 3,75 % y 4 %. 

Ese día, el bono del Tesoro a 10 años, una referencia para el costo del financiamiento soberano, rindió 5,01 %, frente a 4,79 % el 1 de septiembre, según el Departamento del Tesoro.

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La decisión fue unánime y responde a una inflación que la FED calificó de “elevada”: el índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 3,4 % interanual en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Por eso, para Santiago Mosquera, analista económico, la subida “ya se veía venir” y los inversionistas ya la tenían descontada: busca encarecer el crédito y reducir la demanda en Estados Unidos para acercar la inflación a la meta del 2 %, explicó.

Las tasas, además, permanecerían altas: la mediana de las proyecciones de los miembros de la FED ubica la tasa en 4,1 % al cierre de 2026 y de 2027, y en 3,9 % en 2028.

¿Cómo afecta la subida de tasas de la FED a la deuda de Ecuador?

Ese horizonte llega a Ecuador a través de su deuda: el riesgo país mide cuántos puntos paga el país por encima del bono del Tesoro, por lo que si sube ese bono sube también la tasa total del Estado, explicó Mosquera.

Mosquera lo ilustró con un ejemplo hipotético: con el bono del Tesoro al 5 % y un riesgo país de 400 puntos básicos, Ecuador se financia al 9 %. Si el bono sube a 5,5 % y el riesgo país no cambia, el Estado posiblemente tendría que financiarse al 9,5 %.

Ese riesgo país ha bajado, según el Banco Central del Ecuador (BCE): llegó a 1.908 puntos el 10 de abril de 2025, estuvo por debajo de 400 entre el 3 y el 17 de junio de 2026 y marcó 419 puntos el 3 de septiembre, último dato disponible.

Aun así, “no es que no nos afecta porque el riesgo país ha bajado”, advirtió Mosquera: la subida no se traslada directamente a ese indicador, pero sí a la tasa total a la que se financia un gobierno, y eso aplica también para Ecuador, explicó.

Francisco Rivadeneira, exministro de Comercio Exterior, coincide con Mosquera: se encarecen los posibles préstamos que quiera conseguir el Estado en el exterior, como nuevas emisiones de bonos, porque estos toman en cuenta las tasas de la FED y de los bonos del Tesoro, dijo.

José Abel DeFina, analista económico, matizó el punto del riesgo país: para él, la subida sí “afecta un poco el riesgo país” y lo hace subir, aunque “no es que afecta mucho”.

DeFina advirtió además que, con tasas más altas en Estados Unidos, los inversionistas que habían prestado a países como Ecuador retiran ese dinero y lo regresan allá, por lo que “se vuelve más difícil no solamente pedir dinero prestado, sino también traer más inversión al Ecuador”.

¿Cuánto necesitará financiar Ecuador en 2027?

El efecto se sentiría en las nuevas emisiones: Ecuador volvió a los mercados internacionales en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con bonos por $4.000 millones que incluyeron una recompra de deuda por $3.000 millones, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ecuador “no es un país que se financia de manera agresiva en mercados internacionales”, dijo Mosquera, pero el próximo año “seguramente” deberá regresar por sus necesidades de financiamiento.

Esas necesidades tienen cifra: el sector público no financiero requeriría $7.077 millones brutos en 2027 y colocaría $1.500 millones en bonos, según el informe de la quinta revisión del FMI.

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¿Qué pasa con los bancos y las empresas que se financian afuera?

El encarecimiento también alcanza a los privados que buscan recursos en el exterior, “especialmente bancos y algunas corporaciones ecuatorianas que se financian en el exterior, pero no son muchos”, precisó Mosquera.

Francisco Borja, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), precisó que parte del fondeo de los bancos ecuatorianos proviene de préstamos en Estados Unidos, por lo que ese costo sube con la tasa de la FED y conseguir recursos afuera les resultará más caro.

Para ese grupo, la liquidez interna funciona como amortiguador. “El Ecuador hoy goza de mucha liquidez en el mercado interno y eso de cierta manera blinda a aquellos agentes tomadores de fondos”, explicó Mosquera, porque acceden a tasas locales muy por debajo de las internacionales.

¿Cuánta liquidez tiene el sistema financiero ecuatoriano?

Las cifras del BCE muestran esa liquidez: los depósitos en el sistema financiero sumaron $82.414 millones en julio de 2026, un 10,9 % más que en julio de 2025, y la liquidez total de la economía llegó a $104.207 millones, un 9,4 % más en el mismo período.

Con esos recursos, el crédito a empresas y hogares alcanzó $78.384 millones en julio, un 11 % más que un año antes, mientras la tasa activa referencial bajó de 8 % en septiembre de 2025 a 7,03 % en septiembre de 2026, según el BCE.

¿Subirán las tasas de los créditos y las pólizas en Ecuador?

Por esa liquidez, Borja no prevé en el corto plazo alzas en las tasas activas ni pasivas: los bancos buscan colocar más créditos porque tienen “demasiadas reservas” y, si las tasas se mueven, “va a ser muy chiquitita la cantidad”, explicó.

La otra cara está en los hogares que ahorran: la tasa pasiva referencial, que pagan las entidades por los depósitos, se ubicó en 4,99 % en septiembre de 2026, frente a 5,73 % un año antes, según el BCE, y Borja descartó volver a tasas “como el 10 %” que llegó a tener el país.

Ese panorama cambiaría si la FED mantiene tasas altas por dos o tres años más, advirtió Borja: en ese caso subirían el costo de fondeo y las tasas activas y pasivas, algo que él prevé porque no cree que la inflación estadounidense baje “tan rápido”.

¿Cómo afectaría un dólar más fuerte a las exportaciones de Ecuador?

La decisión también podría llegar al comercio exterior a través del dólar: cuando suben las tasas en un país, invertir allí se vuelve más rentable y la tendencia es que su moneda se fortalezca frente a otras, explicó Borja.

Si eso ocurre, lo que Ecuador vende afuera, como camarón, banano o flores, se encarecería frente a lo que Colombia y Perú producen en su moneda, advirtió DeFina. 

Rivadeneira coincidió en que eso restaría competitividad, más aún si otros países devalúan, como casi siempre lo hace Colombia.

En ese país, el dólar pasó de 3.100 a 3.193 pesos entre el 16 y el 19 de septiembre, según la Superintendencia Financiera de Colombia. Si el peso se deprecia, Ecuador le vendería menos y le compraría más, dijo DeFina, mientras Borja prevé un efecto “moderado” en los precios del camarón y el banano.

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En efecto, el presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista, formuló este razonamiento para explicar la falta de medicinas: si para una dolencia existen tres medicamentos (A, B y C) y el C está agotado, “hay ciertos doctores que le recetan la medicina C para fregar”. Luego aseguró que “ciertos malos doctores y ciertos malos funcionarios” saben qué medicamentos no hay y los prescriben deliberadamente “para presionar a que se compre esa medicina de ese laboratorio específico”, que supuestamente “lo ‘timbra’ al doctor para el negociado”.

El razonamiento de Noboa tiene un problema gigante: ¿qué proporción de las recetas tendría que ser deliberadamente fraudulenta para que esa práctica explique una parte significativa del desabastecimiento?

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No es correcto asumir que si el Gobierno dice que existe un 60% de abastecimiento, los médicos tendrían que ser responsables del 40% restante. Son magnitudes distintas. El porcentaje de abastecimiento mide disponibilidad de medicamentos; el porcentaje de médicos involucrados mediría personas.

La acusación presidencial necesita otra clase de pruebas: saber cuántos médicos estarían involucrados, cuántas recetas emitieron, qué medicamentos prescribieron, qué stock había cuando lo hicieron, qué alternativas terapéuticas tenían y, sobre todo, qué compras posteriores generaron esas recetas.

Porque si la tesis es que una red de médicos está provocando el desabastecimiento, el Gobierno debería poder demostrar la cadena completa: médico, receta, medicamento sin stock, conocimiento del faltante, compra posterior y laboratorio beneficiado. Mientras esa cadena no aparezca, lo que existe es una acusación de corrupción. Lo que no está demostrado es que esa corrupción explique el desabastecimiento.

Y aquí aparece una coincidencia que merece atención. Tres días después de las declaraciones de Noboa, la Policía y la Fiscalía realizaron once allanamientos en Quito, Guayaquil y Morona Santiago y detuvieron a ocho personas, siete de ellas médicos del Ministerio de Salud Pública y un funcionario del SNAI.

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La proximidad temporal es llamativa y, desde el punto de vista mediático, el operativo reforzó la imagen de que dentro del sistema de salud existen médicos corruptos. Pero hay una precisión fundamental: el operativo no estaba relacionado, según la información pública disponible, con la acusación de Noboa sobre médicos que direccionarían recetas y compras de fármacos.

La pregunta de fondo sigue intacta. Si el Gobierno sostiene que los médicos están detrás de una parte sustancial de la falta de medicinas, tiene que mostrar los números. ¿Cuántos son? ¿Cuántas recetas emitieron? ¿Qué medicamentos estaban agotados? ¿Cuántas veces los prescribieron pese a conocer el faltante? ¿Qué compras provocaron? ¿Qué laboratorios resultaron beneficiados?

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Porque una cosa es demostrar que hay corrupción en el sistema de salud y otra, mucho más ambiciosa, es demostrar que esa corrupción explica que falten medicinas.

Hay además un problema elemental en la explicación presidencial: confunde al médico que prescribe con quien administra el stock y con quien compra los medicamentos.

El propio diseño del sistema de medicamentos del Ministerio de Salud contempla que prescribir un fármaco y disponer de él son procesos diferentes. El médico prescribe según las necesidades clínicas del paciente; después la farmacia verifica la disponibilidad y registra la dispensación. Si no existe stock, el problema pasa a la cadena de abastecimiento y finalmente a los procesos de adquisición.

Dicho de otra manera: un médico puede recetar una medicina que la farmacia no tiene, sin haber provocado que la farmacia no lo tenga.

Y el propio sistema tecnológico del MSP contempla la posibilidad de que exista una diferencia entre lo prescrito y lo efectivamente dispensado. Que una receta no pueda ser atendida no es, por sí mismo, una anomalía creada por el médico: es precisamente una de las situaciones que el sistema de abastecimiento debe detectar y resolver.

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¿Dónde esta la responsabilidad del Estado?

La pregunta, entonces, cambia por completo. No es ‘¿por qué el médico recetó algo que no había?’, sino ‘¿por qué el Estado no tenía lo que sus propios médicos estaban prescribiendo?’.

Si el Gobierno afirma que los médicos conocen de antemano el stock y utilizan esa información para provocar compras, debería mostrar la trazabilidad: quién consultó qué inventario, cuándo lo hizo, qué alternativas tenía, qué receta emitió y qué proveedor terminó beneficiándose.

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Sin esa evidencia, la acusación da un salto gigantesco: convierte la consecuencia visible de un sistema de abastecimiento fallido en la supuesta causa del problema.

Una receta no fabrica medicamentos. Y un médico que encuentra una farmacia vacía no puede ser convertido en el responsable de haberla dejado vacía.

Y queda una pregunta adicional: si la explicación de la crisis son ahora los médicos que prescriben fármacos inexistentes, ¿cómo explica el Gobierno la enorme inestabilidad en la conducción del Ministerio encargado de resolver el desabastecimiento?

Lo que debe saber

• El exasambleísta, exministro y exconcejal intentará nuevamente llegar al cargo tras obtener el 11,44 % de los votos en 2023.
• Su trayectoria política, empresarial y sus registros tributarios marcan el perfil del candidato oficialista.
• Busca un nuevo cargo después de renunciar a la Asamblea Nacional tras poco más de un año en su curul.

Andrés Guschmer Tamariz volverá a intentar lo que no consiguió en 2023: llegar a la Prefectura del Guayas. Esta vez lo hará bajo la bandera de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento oficialista que, para sus primeras seccionales, apuesta por un candidato de perfil mediático y una corta trayectoria política.

Antes de llegar a la política, Guschmer construyó su carrera en la comunicación. Desde entonces, su hoja de vida ha transitado por los medios, el sector empresarial y distintos espacios de la función pública: fue concejal, ministro del Deporte y asambleísta por Guayas. En cada caso, sin embargo, su permanencia en el cargo terminó antes de que concluyera el respectivo ciclo político.

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Ahora, tras renunciar a la Asamblea Nacional, vuelve a poner su nombre en la papeleta para la Prefectura, un cargo que ya intentó alcanzar hace tres años y para el que obtuvo entonces el 11,44 % de los votos.

La trayectoria de Guschmer fuera de la política

La trayectoria de Guschmer no se limita a la política y la comunicación. También ha mantenido actividad empresarial. Según registros de la Superintendencia de Compañías, el candidato a prefecto del Guayas aparece como accionista de las empresas Once-Eleven S.A.S. (de la que también fue gerente general) y Agencorpsa S.A. (de la que fue gerente general y presidente).

Once-Eleven S.A.S., constituida en 2020, está registrada para actividades relacionadas con periodistas independientes, consorcios y agencias de noticias. También contempla la creación de programas completos para cadenas de televisión, desde la adquisición de sus componentes, según la información de la Superintendencia.

Agencorpsa S.A., constituida en 2011, tiene un giro distinto. En los registros públicos consta como una empresa dedicada a la comercialización, importación, exportación, fabricación e industrialización de bebidas no alcohólicas.

Su actividad profesional y empresarial también aparece reflejada en sus declaraciones tributarias. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en el período de cinco años analizado Guschmer ha declarado más de 5.000 dólares en impuesto a la renta como persona natural. El 2024 fue el año que registró el mayor pago.

El registro también muestra variaciones entre un año y otro. En 2023 el candidato de ADN declaró cero dólares de impuesto a la renta. En 2022 reportó un pago de 998,29 dólares. Y en 2025, de 2.040,83 dólares, según la información pública del SRI.

Su paso por la política

Su incursión política comenzó mientras todavía desarrollaba su carrera en los medios. En 2019 Guschmer trabajó como presentador de televisión para los medios públicos del Estado, según registros de la Contraloría General del Estado.

Ese mismo año dio el primer paso hacia la política electoral. Se postuló como candidato a concejal por la circunscripción urbana 3 de Guayaquil, bajo la lista de Cynthia Viteri, entonces aspirante a la Alcaldía por el Partido Social Cristiano (PSC).

Guschmer resultó electo, al igual que Viteri. Sin embargo, en 2022 renunció al cargo para buscar por primera vez la Prefectura del Guayas, como postulante del movimiento Renovación Total (RETO), antes de que Raúl Chávez asumiera la dirección.

El resultado fue distinto al obtenido en Guayaquil. Guschmer consiguió el 11,44 % de los votos en su primer intento por llegar a la Prefectura, por debajo de Marcela Aguiñaga, entonces candidata de la Revolución Ciudadana (RC), y Susana González, del Partido Social Cristiano.

Tras esa derrota, Guschmer volvió a la función pública. En 2023 atendió el llamado del recién electo presidente Daniel Noboa y asumió el Ministerio del Deporte.

Pero su paso por esa cartera de Estado también sería breve. En 2024 renunció al cargo para participar en otro proceso electoral, esta vez como aspirante a asambleísta por Guayas.

Auspiciado por ADN, en 2025 consiguió una curul para el actual período legislativo. Un año después, no obstante, volvió a dejar un cargo de elección popular. Renunció a la Asamblea Nacional para, junto con el movimiento oficialista, intentar por segunda ocasión alcanzar la Prefectura del Guayas.

¿Ese recorrido puede traducirse en una estructura electoral capaz de llevarlo a la Prefectura?

Para analistas consultados por EXPRESO, Guschmer tiene un perfil pragmático y de corta experiencia política, por lo que enfrenta el reto de apalancarse en el oficialismo y en los liderazgos territoriales de la provincia.

Desde una mirada externa a Guayas, el analista político Alfredo Espinosa opina que la elección de Guschmer como candidato, al igual que la de Viteri en Guayaquil, evidencia que el Gobierno es de “mesa corta” y que ADN recircula los cuadros con los que ya cuenta.

“El sector público se convierte en esta especie de semillero de potenciales cuadros políticos, un laboratorio de nuevos cuadros que se van creando entre caídas y levantadas”, comenta Espinosa. A su juicio, el mensaje que se envía es que “se puede hacer gestión en tanto y en cuanto haya subordinación (al Gobierno)”.

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Por otra parte, el analista político César Febres-Cordero pone el foco en el desafío territorial. Considera que Guschmer debe ser consciente de sus limitaciones de conocimiento fuera de Guayaquil y “entender sobre cómo apoyarse del voto de los candidatos cantonales y crecer a partir de eso”.

También señala que el antecedente de una campaña perdida para la Prefectura no necesariamente lo define. “El haber perdido antes no tiene por qué ser un lastre terrible: (Sixto) Durán-Ballén, (Rodrigo) Borja y (Abdalá) Bucaram llegaron a la Presidencia después de varios intentos fallidos”, compara.

Lo que debes saber

• Jóvenes de Manabí enfrentan desempleo mientras bandas disputan territorios para narcotráfico.
• En Pozo de la Sabana, mujeres ganan hasta USD 2 por jornada cuando llega pescado.
• El OECO alerta que pobreza y exclusión educativa favorecen riesgos de criminalidad.

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones no aparecen únicamente en expedientes policiales. El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, el más reciente del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), señala que estas estructuras compiten por territorios, especialmente en zonas costeras, y funcionan como proveedores logísticos para redes internacionales de narcotráfico.

En esos mismos territorios existen comunidades donde conseguir un ingreso estable puede ser difícil. El OECO advierte que la situación socioeconómica debe formar parte de las políticas de prevención y pide priorizar a jóvenes, desempleados, personas en situación de pobreza y menores que han quedado fuera del sistema educativo.

Trabajo por días

En Pozo de la Sabana, entre Montecristi y Jaramijó, Wendy Delgado cuenta que una de las pocas actividades disponibles para algunas mujeres depende de la llegada de camiones cargados de pescado. Por limpiar una gaveta de pinchagua reciben $2; si es botella, $1,50.

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Con tres camiones, una trabajadora podría completar unas seis gavetas. Pero eso no ocurre todos los días. “A veces pasan semanas enteras sin trabajo”, dice Delgado. Cuando llega un solo vehículo, el ingreso puede quedarse en apenas $2 o $3.

El problema laboral trasciende a Manabí. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) Anual 2024, publicados por el INEC en 2025 y recogidos por el OECO, alrededor del 35 % de la población tenía empleo adecuado y el 21 % estaba en el subempleo.

Además, el 52,4 % de las personas ocupadas trabajaban en la informalidad. Y en el área rural, esa proporción llegaba al 73 %.

La pesca tampoco garantiza ingresos permanentes. Lorgio Muñoz tiene 77 años y comenzó a trabajar en el mar cuando apenas tenía 14. Más de seis décadas después, resume la situación actual así: “Por el lado del pescador, está mala la cosa. Bien difícil”.

Explica que cuando hay producto, el dinero no queda únicamente en manos de quien sale en la lancha. También venden las tiendas, los pequeños comercios y los ambulantes. Cuando escasea, ese movimiento también se detiene. La gasolina se consume igual y los equipos continúan desgastándose, aunque la faena no produzca.

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Deudas y robos

Para quienes financiaron sus herramientas con préstamos, el problema se agrava. Muñoz sostiene que existen pescadores que comprometen terrenos o viviendas para acceder a créditos y luego deben cubrir las cuotas aunque la pesca no responda.

A esa carga se suma la inseguridad. “Aquí se han llevado (robado) motores como usted no se imagina”, admite el pescador. Hugo Alfredo Sabando Santana, habitante de Jaramijó y servidor del gobierno local, coincide con él y relata que los trabajadores se endeudan para comprar sus implementos y después pueden perderlos por robos.

La provincia cerró 2025 con 1.271 homicidios intencionales, de acuerdo con el boletín anual del OECO. Manabí concentró el 13,79 % de las muertes violentas del país y alcanzó una tasa de 74,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Además, la Zona 4, que comprende Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, fue la zona de planificación con el mayor incremento de homicidios entre 2024 y 2025: pasó de 938 a 1.427 víctimas, un aumento del 52,1 %.

Pocas opciones

Sabando pone el foco directamente sobre los jóvenes. Según él, la mayoría busca “un trabajo digno”, pero la falta de empleo y la inseguridad les dificultan encontrar una ocupación estable en Jaramijó.

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Cuando durante la entrevista se le pregunta si la falta de oportunidades podía empujar a los muchachos hacia actividades ilícitas, responde que precisamente se necesitan empleos y seguridad para que las nuevas generaciones “no cojan ese mal camino”.

La advertencia de Sabando concuerda con el enfoque preventivo del OECO. El organismo no sostiene que el desempleo convierta automáticamente a una persona en delincuente, pero sí identifica la falta de trabajo, la pobreza y la exclusión educativa como condiciones que deben atenderse para impedir que la criminalidad siga expandiéndose.

Estudiar afuera

En Pozo de la Sabana, esas limitaciones comienzan desde la escuela. Delgado señala que el plantel de la comunidad llega solamente hasta séptimo año. Quienes quieren continuar sus estudios deben salir hacia otros sectores.

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La comunidad tampoco cuenta con un servicio regular de transporte para los estudiantes. Doris Quijije explica que para cursar la universidad, unos deben desplazarse hasta Jaramijó, otros a Montecristi y algunos jóvenes a Manta. Los propios padres coordinan y pagan a los transportistas y vehículos que llevan a sus hijos.

Ni siquiera terminar una carrera asegura una oportunidad cercana. Delgado afirma que existen habitantes con títulos universitarios que no han podido ejercer su profesión porque no consiguen empleo.

A eso se suma que, según la misma habitante, alrededor de Pozo de la Sabana no existen empresas. El bus que circula por la zona transporta únicamente a trabajadores y no funciona como servicio regular para la comunidad.

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La movilidad también representa un gasto para quienes deben salir. Delgado señala que una mototaxi cobra $1 por persona para ir desde la comunidad hasta Jaramijó y hasta $2 para regresar.

Ese último valor equivale a lo que algunas mujeres reciben por limpiar una gaveta completa de pinchagua.

Lo que debes saber

• La pugna por la Unidad Anticorrupción llega a la Corte Constitucional.
• Dos jueces de la extinta unidad anticorrupción buscan suspender su traspaso a juzgados ordinarios.

Los jueces Renán Andrade y Karol Zambrano, de la extinta Unidad Anticorrupción, acudieron a la Corte Constitucional para frenar su traspaso a otras dependencias judiciales.

A través de una acción de incumplimiento de la sentencia 9-22-IN/22, los magistrados buscan detener la reestructuración impulsada por el Consejo de la Judicatura.

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El problema surgió tras la emisión de la Resolución 187-2026, con la cual el organismo administrativo eliminó los juzgados especializados en el combate a la corrupción y delincuencia organizada.

Según la demanda, la decisión del organismo incurre en varias violaciones legales directas. En primer lugar, la Judicatura fijó en la nueva norma una lista de delitos que los juzgados deben tramitar, una atribución que le corresponde solo a la Asamblea por reserva de ley.

Además, las autoridades derogaron la Resolución 190-2021, que regulaba la solución de conflictos entre despachos, lo que dejó un vacío legal sobre las competencias operativas en causas complejas.

Los accionantes advirtieron también sobre la reducción del alcance territorial. Los magistrados pasaron de administrar justicia a escala nacional a laborar solo en sectores parroquiales de Pichincha, como Tumbaco o Quitumbe. Esta modificación expone los procesos a eventuales nulidades e incrementa el riesgo para la integridad de los jueces.

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El cambio afectó el perfil profesional asignado mediante concurso de méritos. La Judicatura reubicó a la jueza Zambrano en la Unidad de Violencia contra la Mujer de Tumbaco, una materia ajena a la rama penal. Mabel Tapia, quien era jueza de la Sala Anticorrupción, también fue sacada de su especialidad y enviada como miembro de la Sala Civil.

Por su parte, el Consejo ejecutó la medida contra el juez Andrade sin considerar su tratamiento médico por una enfermedad catastrófica. Ante este escenario, ambos solicitaron la suspensión urgente del acto administrativo.

Presidente de la Corte defiende los cambios

En la acera opuesta, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, respaldó la reorganización institucional que lleva a cabo la Judicatura. En una entrevista con Vistazo, el magistrado calificó la medida como un paso acertado para dotar de “mayor eficiencia” al sistema.

A su criterio, la decisión del Consejo busca “optimizar el combate a la criminalidad”. El titular del tribunal destacó que la cobertura de estos delitos no disminuye sino que se expande, al pasar de 19 a 50 jueces con competencia para investigar casos de corrupción y crimen organizado.

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Sobre las dudas alrededor de la capacitación en los juzgados penales ordinarios, Rodríguez descartó cualquier improvisación. Explicó que los magistrados poseen maestrías y diplomados en derecho penal, por lo que el proceso solo requiere una subespecialización complementaria dentro de la misma rama.

El principal argumento de Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura, para ordenar la supresión de la Unidad Anticorrupción radica en una supuesta “baja carga procesal” de los despachos especializados, frente a la alta saturación de los juzgados penales ordinarios, que ahora también asumirán las causas complejas.

Justicia que se paraliza en Quito

Las causas que pertenecían a la Unidad Anticorrupción aún siguen paralizadas, tras los cambios ejecutados por el Consejo de la Judicatura. Hay recursos que no se han despachado, como los pedidos de revisión de los hermanos David Aarón y Farid Antuan Dieb Bergher. Están también pendientes los recursos de los abogados de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. También en el caso de Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez.

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Lo que debes saber

• El Gobierno busca que el embalse Mazar conserve suficiente agua hasta diciembre mediante la reducción del consumo de unos 150 grandes usuarios AV1.
  
• Las empresas AV1 podrían desconectarse de la red un día a la semana y modificar sus jornadas para reducir la demanda eléctrica.
  
• Desde el punto de vista técnico, existen dudas sobre si las medidas reducirán el consumo promedio, mientras Mazar acumula más de 50 días de descenso.

Tras más de 50 días de descenso de la cota del embalse Mazar -clave para la generación eléctrica de Ecuador- y ante la cercanía del estiaje y el fenómeno de El Niño, el gobierno busca frenar esta caída. La medida apunta a desconectar de la red pública un día a la semana a las industrias del segmento Alto Voltaje 1 (AV1) y modificar su jornada laboral.

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Las desconexiones comenzarían esta semana

Al ser consultado sobre cuándo comenzarán las desconexiones, Juan Carlos Blum, titular del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), respondió el 18 de septiembre de 2026 en una rueda de prensa con ciertos medios de comunicación, en Guayaquil: “La próxima semana”, que arranca este 21 de septiembre. “La idea es empezar ya”, enfatizó el funcionario.

Más allá de estas declaraciones, hasta el 19 de septiembre el sector productivo desconocía detalles de este mecanismo. 

“Cualquier disposición tiene que salir y regularizarse a través de un instrumento jurídico que esperamos firmemente sea consensuado previamente con el sector privado”, subraya Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

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El MAE, por su parte, adelantó que las empresas distribuidoras ya estaban contactando a estos usuarios para coordinar cómo se aplicará la medida.

Unas 150 empresas están en el segmento AV1

Las gestiones se ejecutan principalmente en Guayaquil (Guayas), Los Ríos, Manabí, Quito. El segmento AV1 está conformado por unas 150 empresas, de las cuales alrededor del 90 % se concentra en Guayaquil y Durán, precisó el ministro Blum.

En estas industrias, aparte de las desconexiones, se analiza también cambiar las jornadas para que unas empresas trabajen de martes a sábado y otras de domingo a jueves, aprovechando los días de menor demanda eléctrica.

El ministro calcula que estas medidas permitirían aliviar entre 600 y 1.000 megavatios (MW) la demanda, según cuántos consumidores participen.

Estas acciones, según el MAE, permitirían usar menos agua de Mazar, ubicado en el Austro, y recuperar parte de las reservas de su embalse en los períodos de menor consumo industrial.

“Al paso que vamos, si no hacemos lo de los AV1 podríamos llegar a mediados de octubre, quizás a la tercera semana de octubre. La idea es con estos cortes manejarlo para llegar a diciembre”, advirtió Blum.

Al paso que vamos, si no hacemos lo de los AV1 podríamos llegar a mediados de octubre, quizás a la tercera semana de octubre. La idea es con estos cortes manejarlo para llegar a diciembre”.Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía.

Ante este panorama, Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía del Ecuador, señala que “el país no tiene otra opción” porque no se cuenta con el aporte de Colombia (450 MW), en condiciones favorables.

Colombia activó el 7 de septiembre de 2026 el período de riesgo de desabastecimiento eléctrico por los bajos niveles de agua en los embalses y la posible llegada del fenómeno de El Niño, con el fin de evitar apagones locales y asegurar la energía del país.

Actualmente, el país vecino oferta el kilovatio hora (kWh) en 92 centavos, mientras la tarifa promedio en Ecuador es de alrededor de 9,9 centavos el kWh. “Resulta incomprable”, dice Aspiazu y señala que se debe promover también programas de ahorro de energía en el país.

¿Las medidas reducirán realmente la demanda?

Las medidas planteadas por el gobierno, sin embargo, no alivian la presión sobre el sistema eléctrico nacional, advierte Ricardo Buitrón, exfuncionario del Inecel y consultor privado. 

La razón, explica, es que Ecuador tiene problemas para generar energía (potencia disponible), ante los bajos niveles de agua, en el Austro. “No para cubrir el pico actual de la demanda diaria”, subraya.

“Si cambio a una empresa para que no trabaje los días laborables y lo haga el fin de semana, ese consumo se trasladará a los días no laborables. El consumo promedio no se reducirá”, advierte el especialista.

Si cambio a una empresa para que no trabaje los días laborables y lo haga el fin de semana, ese consumo se trasladará a los días no laborables. El consumo promedio no se reducirá”-Ricardo Buitrón, exfuncionario del Inecel y consultor privado.

Actualmente, la demanda nacional promedio asciende a 4.500 MW, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). De ellos, el complejo Paute Integral, que se alimenta del embalse Mazar, puede cubrir -con sus 1.757 MW- hasta el 40 % de la demanda total del país.

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Mazar acumula más de 50 días a la baja

La cota de Mazar, sin embargo, sigue a la baja. Desde que alcanzó su último nivel máximo (2.153,32 msnm), el 26 de julio pasado, el embalse ha perdido casi 14 metros, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

El ministro de Energía atribuyó la reducción a la falta de lluvias y al aumento de la demanda, especialmente en la Costa por las altas temperaturas. “Sí llueve, pero llueve poco y toma mucho más tiempo recuperarse”, señaló.

Por ello, la meta del gobierno es preservar suficiente agua para llegar a diciembre, cuando se espera el inicio de las lluvias y la llegada de una nueva barcaza (260 MW), que funcionará con gas natural, aunque el ministro advirtió que este escenario dependerá de la evolución de El Niño.

Gómez de la Torre reiteró la disposición del sector privado a dialogar para evitar mayores afectaciones. “Tenemos que proteger la energía, el empleo y la producción y eso se hace llegando a consensos, no con imposiciones”.

Lo que debes saber

• El consumo de huevos en Ecuador aumentó 8,16 % entre 2020 y 2025 y llega a 212 unidades por persona al año.
  
• Los huevos criollos y los producidos en granjas avícolas no presentan diferencias significativas en macronutrientes.
  
• La alimentación de las gallinas puede influir en el color de la yema y en componentes como las vitaminas A, D y E y el omega 3.

El consumo de huevos en Ecuador creció un 8,16 % entre 2020 y 2025, según las estadísticas del gremio de avicultores. “El huevo está en todo” es una frase que la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) ha difundido en sus promociones para motivar a los ecuatorianos a consumir más de esta proteína.

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El consumo per cápita en Ecuador es de 212 huevos al año, pero puede ser mayor. En Argentina supera las 390 unidades anuales por persona, mientras que en los Estados Unidos llega a 273,7 huevos.

El consumo de huevos crece en Ecuador

Los ecuatorianos mantienen un consumo importante de este alimento, pero la cifra podría aumentar. “Se ha cambiado la mala imagen del huevo. Ahora los doctores lo recomiendan y estimo que el consumo este año terminará en 250 unidades por persona”, manifestó a Diario EXPRESO Cristian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat).

Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor final, el precio también influye en comer más. En julio de 2026, la cubeta que se vende en mercados y tiendas de barrio pasó de costar 3,50 a 4,10 dólares. Es decir, el precio por unidad pasó de 0,11 a 0,13 dólares, un incremento de un 17,14 %.

La oferta

Indaves

La Carolina

Prolimento

Yerba Buena

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¿Por qué algunos huevos cuestan más?

Los precios actuales se acercan a los de algunas marcas comerciales. Y aquí surge una primera pregunta: ¿por qué el huevo de marca cuesta más?

Una de las razones es que algunas marcas pueden garantizar la frescura del producto mediante el registro de la fecha de consumo. Otras, además, utilizan empaques ecológicos.

Hay consumidores dispuestos a pagar hasta un 100 % más por huevos que pueden asegurar de que son frescos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el precio también depende del establecimiento donde se adquiere. Algunos negocios venden más caro que otros. Por eso, para ahorrar, es fundamental identificar dónde se pueden conseguir a precios razonables.

Pero más allá del precio, surge otra pregunta: ¿un huevo criollo o de “gallinas felices” es diferente al que producen las avícolas de gallinas que pasan en corrales?

¿Qué diferencia a un huevo criollo de uno industrial?

A simple vista, un huevo criollo y uno producido en una granja avícola pueden parecer iguales. Sin embargo, detrás de la cáscara existen diferencias relacionadas principalmente con la alimentación de las gallinas, el ambiente en el que se crían y las condiciones de higiene, explicó a EXPRESO la nutricionista Silvia Alejandro.

Agregó que el huevo de gallina es considerado un alimento de alto valor nutricional. Su proteína es utilizada como referencia por su alto valor biológico y su buena disponibilidad para el organismo.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el color de la cáscara. Los huevos pueden ser blancos, gris claro o presentar otras tonalidades, pero este factor depende de la genética de la gallina ponedora y no determina su calidad, sabor, valor nutricional ni grosor, enfatizó Alejandro.

En los huevos criollos también puede variar la intensidad del color de la cáscara durante el día. Los primeros huevos puestos pueden presentar una tonalidad más oscura, mientras que los producidos posteriormente tienden a ser más claros. Además, la intensidad del color puede disminuir con la edad de la gallina.

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La alimentación sí marca algunas diferencias. Las gallinas criollas suelen consumir una combinación de insectos, granos y plantas, mientras que en las avícolas reciben alimentos concentrados formulados para cubrir sus requerimientos nutricionales.

Esto puede reflejarse principalmente en el color de la yema. Una alimentación con mayor presencia de carotenoides puede producir yemas de tonalidad más intensa, incluso naranja.

En cuanto al valor nutricional, las diferencias en macronutrientes no son significativas. Sin embargo, la composición de la dieta y la exposición al sol pueden influir en determinados componentes, como las vitaminas A y D, la vitamina E y los ácidos grasos omega 3, precisó la especialista en nutrición.

Otro punto de diferencia está en la higiene. En la crianza de campo, el huevo puede permanecer más tiempo en contacto con el suelo, el nido u otras superficies, lo que incrementa el riesgo de contaminación. En las explotaciones avícolas, generalmente existen áreas específicas para la postura y procesos de recolección más inmediatos.

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Por eso, más que el color de la cáscara o de la yema, las condiciones de crianza, la alimentación, la manipulación y las prácticas de higiene son factores que deben considerarse al comparar un huevo criollo con uno producido industrialmente, remarcó Alejandro.

El bienestar animal también pesa en la compra

Según expertos, actualmente quienes compran un huevo criollo pueden hacerlo por una razón diferente al valor nutricional: el bienestar animal.

“El consumo de huevos criollos en los últimos tres años creció un 40 % en nuestros locales”, dijo Franklin Herbozo, supervisor de Nelson Market.

En definitiva, no todo lo que cambia entre un huevo criollo y uno industrial está en su valor nutricional. La alimentación, las condiciones de crianza, la frescura y la higiene son factores que pueden marcar diferencias, mientras que el bienestar animal también empieza a pesar en la decisión de compra. 

Dos pruebas para saber si un huevo está fresco

Para quienes quieren comprar huevos sin marca, es importante aprender a determinar cuándo están frescos. Para ello, hay que considerar que los huevos producidos en la región Sierra pueden durar más tiempo, hasta 15 días. “Esto es porque tienen el cascarón más grueso. Los huevos de la Costa recomiendo consumirlos en ocho días”, dijo a Diario EXPRESO José Unda, experto en distribución y comercialización de alimentos de Prolimentos.

También se puede realizar la prueba del agua. Si al colocar el huevo en un recipiente con agua se hunde y queda acostado de lado, significa que está fresco.

Otra prueba es la del sonido: un huevo fresco no produce ruido cuando se lo agita.

El tamaño también determina el precio

Sobre la diferencia de precios, Unda destacó que esta se debe principalmente al tamaño. Los más pequeños corresponden a gallinas que recién empiezan a poner huevos, son los más económicos se encuentran de 3,50 dólares.

Los más caros son los huevos jumbo, que pesan más de 78 gramos. En este tipo de huevo, la clara representa alrededor del 60 % de su peso. Los jumbos son más demandados por panaderías y pastelerías porque su mayor tamaño les permite obtener un mayor rendimiento en los productos que elaboran. Su precio por cubeta es de más de 6 dólares.

¿Qué más influye en el precio de los huevos?

El precio también depende de si el huevo tiene marca o no y del establecimiento donde se lo compra, ya sea supermercado, tienda o distribuidor. “Para ofrecer un buen precio, lo mejor es eliminar a los intermediarios. Nosotros compramos directamente a las granjas productoras”, explicó Unda.

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También hay que tomar en cuenta el sistema de crianza. Los huevos provenientes de granjas donde las gallinas están libres tienen características diferentes a los de aves criadas encerradas en corrales. Estas últimas ponen más huevos, por lo que su producción tiene un menor costo.

En cuanto al consumo, este está creciendo de manera general desde que el huevo empezó a ser considerado una proteína recomendada. “En nuestro caso, aquí vienen personas que van a los gimnasios porque comer huevos les ayuda a desarrollar músculos de forma saludable”, señaló.

Hay más o menos 310 granjas dedicadas a la producción de huevo de mesa. El 60 % de la producción se concentra en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave).

La producción nacional abastece la demanda de la población ecuatoriana.

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El precio de un huevo no depende únicamente de si tiene marca. Su tamaño, frescura, sistema de crianza, lugar de compra y la cantidad de intermediarios que participan en su comercialización también influyen en cuánto paga el consumidor.

Lo que debes saber

• Las brechas educativas no aparecen únicamente al momento de rendir una prueba.
• El ingreso a una carrera puede evidenciar diferencias en las capacidades de los estudiantes.
• La respuesta involucra al sistema educativo, las universidades y las familias.

El problema que hoy muestran las aulas de bachillerato podría no terminar al graduarse los estudiantes. Las dificultades para comprender textos, razonar, resolver problemas y argumentar, que muestra la edición 2025 del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), pueden convertirse en un desafío para las universidades y, posteriormente, para el desempeño profesional.

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Adrián Bonilla, exsecretario nacional de Educación Superior, advierte que los resultados de PISA plantean para las universidades la posibilidad de recibir, en pocos años, estudiantes con un nivel académico elemental. Según explica, las dificultades aparecen en lectura, comprensión, matemáticas y pensamiento abstracto, capacidades indispensables para enfrentar una carrera.

Y es que el problema no se reduce a memorizar contenidos. Daniel Calderón, exministro de Educación, identifica riesgos en la capacidad de interpretar una lectura, articular ideas complejas y relacionar conocimientos de distintas áreas.

Por lo que el impacto comenzaría desde el ingreso a la educación superior. Bonilla señala que, si las evaluaciones de admisión fueran rigurosas, una parte de esos bachilleres tendría dificultades para acceder porque no contaría con las habilidades vitales.

No obstante, ese déficit se trasladaría directamente a las aulas universitarias. Calderón ejemplifica que un futuro profesional debe ser capaz de conectar saberes y comprender cómo diferentes disciplinas se relacionan entre sí para resolver situaciones de su campo.

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Las dificultades que ya observan las universidades

Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador, desde ya observa dificultades en los estudiantes que ingresan a las aulas universitarias. Entre ellas menciona problemas para desarrollar pensamiento crítico, comprender lo leído, comunicarse y trabajar en equipo con otras personas.

La experta también identifica debilidades en los niveles de análisis. Según señala, los jóvenes pueden quedarse en la descripción de una situación sin avanzar hacia la interpretación, la búsqueda de alternativas y la elaboración de conclusiones.

Además, los resultados en el área de las ciencias plantean otra dificultad. El exministro advierte que este bajo desempeño también revela problemas para argumentar utilizando fuentes y para determinar si la información empleada es verificable y confiable.

A esto, Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec, agrega que muchos de los jóvenes que ingresan al sistema de educación superior presentan deficiencias en lectura y escritura. Por ello, advierte que, sin una adecuada nivelación, podrían enfrentar dificultades para culminar sus estudios y convertirse en profesionales con una formación deficiente.

Por otro lado, recalca que el problema viene de años atrás y que las recientes evaluaciones vuelven a mostrar las dificultades en los aprendizajes fundamentales. A criterio de Passailaigue, llegar a la universidad sin competencias básicas condiciona el desempeño posterior en las carreras.

El docente universitario tiene ahora el reto de actualizarse y desarrollar nuevas competencias para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas.Mariana Rivera, experta en Educación de la Universidad Internacional del Ecuador

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El reto de nivelar sin bajar el rigor

Es por esto por lo que las universidades ahora deben asumir un esfuerzo adicional. Rivera señala que los docentes necesitan actualizar sus competencias y sus metodologías para acompañar a estudiantes que llegan con necesidades formativas diferentes.

Este escenario, además, abre un dilema para las instituciones. De acuerdo con Bonilla, los centros universitarios podrían rechazar a quienes no alcancen los estándares requeridos o admitirlos y enfrentar la presión social de reducir sus exigencias académicas.

Ese segundo camino tendría consecuencias sobre la formación profesional. El exsecretario nacional de Educación Superior sostiene que disminuir el rigor para incorporar estudiantes que no llegan preparados terminaría afectando la calidad de los profesionales que al final egresen del sistema.

Sin embargo, la respuesta universitaria no debería consistir en reducir las exigencias. Calderón sostiene que bajar el rigor académico comprometería el desarrollo humano y social de quienes cursan la educación superior, cuando el objetivo debería ser formar mejores profesionales e investigadores.

El Consejo Nacional de Educación debería convocarse para llegar a un acuerdo nacional que defina qué país queremos y qué tipo de ciudadano se debe formar.Roberto Passailaigue, exministro de Educación y canciller de la Universidad Ecotec

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Una respuesta que debe empezar antes de la universidad

Passailaigue sostiene que las universidades no deberían reducir su rigor académico para compensar las deficiencias con las que llegan los bachilleres. A su criterio, la educación superior debe mantener su papel de formar profesionales con competencias y valores, mientras la responsabilidad de corregir las falencias de aprendizaje corresponde al sistema educativo previo y al Estado.

Una alternativa es fortalecer la articulación entre bachillerato y universidad. Calderón plantea que ambos niveles se sienten a definir cuáles son las expectativas de aprendizaje y cómo enfrentar las brechas sin trasladar todo el problema al siguiente ciclo educativo.

Passailaigue plantea definir qué país quiere construir Ecuador y, a partir de ello, qué ciudadano y profesional necesita formar; lo que implicaría revisar la preparación del docente y la inversión educativa. A su juicio, así se evitaría que las deficiencias educativas terminen afectando la calidad y competitividad del país en la región.

Mientras tanto, Rivera señala que la UIDE ya aplica, desde 2023, cinco materias obligatorias para nivelar competencias, como comprensión lectora y pensamiento crítico, una experiencia que podría ser emulada por otras universidades.

Lo que debes saber

• Puembo tiene 17 unidades educativas y cerca de 7.000 estudiantes se movilizan a diario, lo que intensifica el tráfico en zonas escolares
• La AMT destinó dos agentes a la avenida De Los Conquistadores y capacitó a guardias de colegios privados para apoyar el control vehicular
• El urbanista John Dunn plantea que el Municipio anticipe dónde se necesitarán nuevos colegios y evalúe su impacto en la movilidad antes de autorizar su instalación

La llegada de nuevas unidades educativas privadas a Puembo, en la parroquia de Tumbaco, está cambiando la dinámica de esta zona. Con el inicio del año lectivo, el movimiento de estudiantes, vehículos particulares, buses escolares y personal de los planteles ha hecho más evidente un problema que los moradores ya conocen: pocas vías de acceso y desfogue.

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Según el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en la parroquia funcionan 17 unidades educativas y alrededor de 7.000 estudiantes se movilizan diariamente. La situación es más compleja en sectores donde existen planteles ubicados muy cerca uno del otro.

Al inicio del año lectivo, la AMT destinó dos agentes de tránsito para apoyar la circulación en el sector de la av. De Los Conquistadores. Sin embargo, la propia entidad reconoce que este número no es suficiente. Como medida de apoyo, se capacitó a guardias de seguridad de las instituciones para que colaboren en el control del flujo vehicular.

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EXPRESO realizó un recorrido por la avenida De Los Conquistadores y se evidenció la congestión desde las 08:00. En este sector funcionan dos unidades educativas privadas y los guardias de los establecimientos intentan ordenar el ingreso y salida de vehículos para evitar que el tráfico se detenga por completo.

Obras reducen aún más las alternativas

Para los moradores, el problema no es solo en los horarios de entrada y salida de los colegios. Las obras de infraestructura y la falta de vías alternas también contribuyen a complicar la circulación.

Galo Borja, vecino de Puembo, explica que actualmente los trabajos de instalación de tuberías en el ingreso principal, desde la Y hasta el parque central, han reducido aún más las opciones de movilidad.

El recorrido en ese tramo, que normalmente se realiza en 10 minutos en automóvil, puede tomar hasta 40 minutos durante las horas de mayor congestión.

Borja considera que una de las soluciones pasa por dar mayor difusión a las pocas rutas alternas. Una de ellas conecta desde el parque central, por la vía San José, con la Ruta Viva, pero, agrega, no todos los conductores conocen esta opción.

También plantea que la calle 24 de Mayo sea rehabilitada y se mantenga en buenas condiciones, debido a que es la principal vía de ingreso a la parroquia.

Los buses escolares también ocupan espacio vial

A esto se suma el problema relacionado con las unidades educativas. Según Borja, en los alrededores, las busetas escolares permanecen en las vías desde las 11:00, lo que reduce el espacio para la circulación y genera nuevos puntos de congestión.

Joy Carrera, propietaria de la cafetería-restaurante Doublé, ubicada junto al parque central de Puembo, coincide en que el crecimiento de la zona no ha ido de la mano de la infraestructura vial, que prácticamente no ha cambiado.

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Carrera explica que la calle 24 de Mayo es el principal acceso a la parroquia y conecta directamente con la Y de Puembo. Existe otra salida hacia la Panamericana, pero su utilidad es mayor para quienes se dirigen hacia el aeropuerto.

“No tenemos vías de desfogue. Si llegan más urbanizaciones y más instituciones educativas, el tránsito será mucho más complicado”, señala.

Planificar antes de autorizar nuevos colegios

Para el arquitecto y urbanista John Dunn, docente de la Universidad San Francisco de Quito, la llegada de instituciones educativas a los valles forma parte de un proceso más amplio de expansión suburbana de Quito.

Dunn explica que décadas atrás el crecimiento de las instituciones educativas se concentraba en otras zonas de la ciudad. En la primera mitad del siglo XX, muchas se ubicaban en el hipercentro y posteriormente se produjo un desplazamiento hacia el norte. Ahora, los valles, particularmente el de Tumbaco, se han convertido en uno de los espacios de expansión.

Menciona que el problema aparece cuando este crecimiento se produce sin una planificación urbana que anticipe sus efectos. “Es una forma orgánica de desplazamiento”, sostiene Dunn. Agrega que la entrega de permisos para nuevas infraestructuras debería estar acompañada de medidas que prevean sus impactos sobre la movilidad y otros servicios.

El urbanista considera que debería existir un proceso de consulta y planificación previo al traslado o instalación de colegios. Una alternativa, plantea, sería que el Municipio establezca directrices sobre dónde pueden ubicarse nuevas instituciones educativas, considerando variables como la cantidad de habitantes y la distancia entre establecimientos.

Esto implicaría, entre otras medidas, que el Municipio ejerza un mayor control sobre los lotes destinados a este tipo de infraestructura y que la planificación educativa se incorpore a la planificación territorial.

Ampliar las vías no es la única solución

Ante la congestión, una de las respuestas habituales es ampliar las vías. Sin embargo, para Dunn, esta medida por sí sola no soluciona el problema en Puembo.

El especialista recuerda el principio de demanda inducida, según el cual el aumento de capacidad vial puede incentivar un mayor uso del automóvil. En ese escenario, una ampliación podría aliviar temporalmente la congestión, pero generar nuevamente presión sobre la vía después de un período.

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Por las características de Puembo, además, ampliar determinadas vías podría resultar complejo y costoso. En lugar de concentrar la respuesta únicamente en aumentar carriles, Dunn plantea estudiar medidas específicas en los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. 

Entre ellas restricciones para el transporte pesado durante esas franjas horarias y la necesidad de contar con áreas adecuadas de estacionamiento para el transporte escolar.

El debate, para el urbanista, va más allá de resolver la congestión que actualmente se registra en las zonas escolares. Uno de los retos del Municipio sería anticipar el crecimiento de la demanda educativa y evitar que la expansión de nuevos planteles hacia los valles avance sin una planificación adecuada. 

También plantea explorar mecanismos de colaboración entre instituciones educativas privadas y públicas.

Lo que debes saber

• Redes narco ofrecen hasta $100.000 a pescadores de Manabí por apoyo logístico en alta mar.
• EE. UU. y OECO alertan sobre el uso de barcos pesqueros y tráfico de combustible hacia altamar.
• El Comando Sur de EE. UU. ejecutó ocho interdicciones marítimas mientras familias en Manta claman inocencia.

Hasta 100.000 dólares pueden llegar a ofrecer las redes del narcotráfico a pescadores para que participen en operaciones marítimas. La cifra la dio el coronel William Calle, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional, durante una entrevista realizada para esta investigación sobre la actuación del crimen organizado en las comunidades costeras de Manabí.

El oficial sostuvo que algunos pescadores son buscados por sus conocimientos del mar y la navegación. Incluso hizo una distinción: no todos necesariamente integrarían un grupo criminal. “Yo sé que ellos no son de ninguna organización”, señaló antes de mencionar pagos de 100.000 y 80.000 dólares. Para quienes colaboran llevando combustible, dijo, la oferta puede llegar a 50.000 dólares.

Según el jefe policial, estas personas pueden ser reclutadas para trasladar droga hacia Centroamérica o abastecer a otras embarcaciones en altamar. Al hablar de esta problemática mencionó sectores pesqueros como San Mateo, Jaramijó, Puerto López, Jama, Camarones y Bahía.

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Una red investigada en Estados Unidos

El uso de pesqueros dentro de estas rutas también consta en información oficial de Estados Unidos. El 20 de agosto de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, publicó sanciones contra ocho personas y siete empresas radicadas en Ecuador, además de identificar diez embarcaciones como bienes bloqueados.

Según el comunicado publicado en el portal del Tesoro, una red asentada cerca de Manta utilizaba empresas y embarcaciones vinculadas a la pesca para transportar cocaína y brindar apoyo a lanchas rápidas que continuaban hacia Centroamérica y México.

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Entre los sancionados aparecen operadores de embarcaciones, propietarios de empresas relacionadas con la pesca y personas a quienes Washington atribuye tareas de transporte o reabastecimiento. El Tesoro vincula a algunos de ellos con Los Choneros y Los Lobos. Sin embargo, no se trata de la lista de pescadores entregados posteriormente a Ecuador durante las recientes interdicciones.

El documento señala además que ciertas embarcaciones suministraban combustible, alimentos y asistencia médica a lanchas cargadas con cocaína. También les atribuye labores de vigilancia para alertar sobre la presencia de unidades policiales o militares.

Las rutas del narcotráfico están documentadas

Esta modalidad ya había sido advertida antes de las recientes operaciones estadounidenses. El Informe de Caracterización del Crimen Organizado en Ecuador 2025, el más reciente elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), identifica embarcaciones pesqueras, artesanales y lanchas pequeñas como posibles medios utilizados dentro de la cadena del narcotráfico.

De acuerdo con testimonios recogidos para ese estudio, estas naves ofrecen ventajas por su facilidad para salir a altamar, su menor capacidad de detección y la posibilidad de conectarse con embarcaciones de mayor autonomía.

El informe describe también lanchas go-fast (rápidas), con capacidad para transportar hasta 700 kilos por viaje, y barcos pesqueros utilizados para mover cargamentos entre embarcaciones o conectarse con rutas de mayor distancia.

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El combustible: el eslabón clave en el mar

El combustible constituye otro eslabón. El OECO documentó el traslado de diésel y gasolina desde Manabí, Guayas y Santa Elena hacia altamar, en lanchas de fibra de vidrio de tipo pesquero, para abastecer embarcaciones mayores.

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El mismo informe recoge una estimación de unas 5.000 embarcaciones pesqueras en la salida costera de Manabí. El estudio considera que ese intenso movimiento marítimo puede ser aprovechado para camuflar actividades ilegales entre las faenas habituales.

El tráfico ilícito de combustibles tampoco es un fenómeno aislado. El OECO registró que las noticias de delito (denuncias en Fiscalía) relacionadas con hidrocarburos pasaron de 160 en 2020 a 652 en 2024, un incremento del 308 %. Manabí figura entre las provincias con mayor número de incidentes registrados durante ese último año.

Los pescadores están en la mita de EE. UU.

A finales de agosto, esa logística apareció también en operaciones reconocidas públicamente por Estados Unidos. El 28 de agosto, el Comando Sur (SOUTHCOM) informó que había interceptado en el Pacífico Oriental una embarcación que, según su inteligencia, funcionaba como estación flotante de reabastecimiento y apoyaba a Los Choneros. Sus ocupantes fueron retirados y la nave fue hundida.

El procedimiento se repitió el 2 y 3 de septiembre. SOUTHCOM volvió a señalar que las embarcaciones abastecían operaciones vinculadas con Los Choneros y que sus tripulantes serían entregados a las autoridades ecuatorianas antes del hundimiento.

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El 5 de septiembre fue intervenida una estación flotante compuesta por varias embarcaciones. Estados Unidos hundió la nave principal y sus barcos de apoyo luego de desembarcar a los ocupantes. Nuevas operaciones fueron reportadas el 7 y 8 de septiembre.

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Los procedimientos continuaron el 15 y 16 de septiembre. En ambos casos, SOUTHCOM aseguró que las naves funcionaban como puntos de reabastecimiento para el narcotráfico y estaban vinculadas con Los Choneros. Los tripulantes fueron retirados antes de que las embarcaciones fueran hundidas.

Así, entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre, el Comando Sur reportó ocho intervenciones de este tipo en el Pacífico Oriental. A diferencia de los ataques letales ejecutados por Estados Unidos contra otras embarcaciones sospechosas de narcotráfico, en estos procedimientos los ocupantes fueron retirados antes de la destrucción de las naves.

Las consecuencias de la "guerra" en altamar

Mientras Estados Unidos vinculaba esas naves con la logística del narcotráfico, familiares de los tripulantes exigían información en Manta. El 4 de septiembre, EXPRESO publicó que allegados de pescadores del OM2 y Conquista 2 acudieron a la Capitanía del Puerto para conocer dónde estaban y cuál era su situación.

Ernestina Alvarado, madre de Efraín López, tripulante del OM2, relató que los hombres habían salido a trabajar y negó que su hijo estuviera realizando una actividad ilegal. Las familias también reclamaron por la pérdida de embarcaciones y equipos de pesca.

Un día después, 28 pescadores del OM2 y Conquista 2 fueron llevados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Manta mientras se resolvía su situación jurídica. Posteriormente recuperaron la libertad.