Lo que debes saber

• Crédito desde $500: BanEcuador presta de $500 a $5.000 con el Crédito 1x30, a tasa fija de 1 % anual para determinados beneficiarios, hasta 30 años y sin garante hasta $3.000.
  
• No todo es deuda: Un inversionista ángel puede aportar $100.000 y recibir entre 10 % y 15 % del negocio, según la valoración acordada, sin que el emprendedor pague intereses.
  
• La puerta bursátil sigue estrecha: El Registro Especial Bursátil libera a las pequeñas del informe de riesgo y de la auditoría externa, pero el monto que colocan sigue siendo bajo.

Un negocio que arranca en Ecuador puede financiarse con un crédito desde $500, con un socio que compre parte de la empresa o con una emisión en la bolsa. La dificultad no está en la lista de opciones, sino en saber cuál le corresponde y en calificar para ella.

"El principal desafío del emprendedor no es únicamente conseguir financiamiento, sino conseguir el financiamiento correcto", dice Gabriel Rovayo, presidente de la consultora Roadmak Solutions. No es lo mismo financiar una idea, capital de trabajo, maquinaria o una expansión.

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Su regla: el crédito sirve cuando hay capacidad de pagarlo; el inversionista, cuando hay oportunidad de crecer.

¿Dónde está el crédito más barato?

Para quien empieza, la puerta más barata es la banca pública, explica. BanEcuador presta de $500 a $5.000 con el Crédito 1x30, a tasa fija de 1 % anual para determinados beneficiarios, hasta 30 años y sin garante hasta $3.000. Desde $5.001 opera el Crédito Productivo Pymes, entre 9,7 % y 11 % anual.

La tasa del Crédito Productivo Pymes es referencial y se ajusta cada mes según el segmento de crédito del Banco Central del Ecuador (BCE), aclara; la del 1x30 se mantiene fija.

Cuando el negocio ya factura, se abre la banca privada. Banco Pichincha financia capital de trabajo hasta 18 meses y activo fijo hasta 84 meses; Banco Guayaquil pide ventas anuales desde $100.000, y Cooprogreso presta de $600 a $80.000, de 12 a 72 meses.

Lo que decide el acceso suele ser el modelo de negocio, dice Vanessa Gallardo, coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). 

Para trabajarlo hay incubadoras, aceleradoras y convocatorias públicas, como las de Conquito. Y el crédito bancario solo se abre con el negocio formalizado y facturando.

Rovayo pide mirar más allá de la tasa: importan el plazo, las garantías y que la cuota calce con el flujo de caja. Y alerta que la urgencia no debe empujar al crédito informal: antes de aceptar dinero hay que verificar que la entidad esté regulada.

¿Qué opciones no implican deuda?

Endeudarse tampoco es la única vía. El emprendedor puede obtener capital semilla, recurrir a un inversionista ángel o venture capital —donde se cede participación—, o ir al crowdfunding, donde HazVaca y Acolítame cobran de 12 % a 15 % de lo recaudado.

¿Cómo se entra a la bolsa?

Otra puerta es el mercado de valores. El instrumento depende del destino del dinero, explica Catalina Pazos, directora ejecutiva de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval). 

Para capital de trabajo corresponde un papel comercial; para mediano y largo plazo, una emisión de obligaciones, y si hay flujo continuo, una titularización.

Ahí hay que distinguir dos necesidades, precisa César Robalino, gerente general de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ): el emprendedor busca capital inicial y la pyme, financiamiento. Y aunque las tasas se parezcan, hay inversionistas que sí asumen riesgos que la banca no toma.

El trámite pasa siempre por una casa de valores autorizada, agrega: ella estructura la operación, la tramita ante el regulador y busca a los inversionistas.

Para las más pequeñas está el Registro Especial Bursátil (REB), que alivia dos exigencias. 

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Al emisor regular se le piden informe de planificación de riesgo y auditoría externa; en el REB no se exige ninguna de las dos, precisa Pazos. 

Los demás requisitos siguen en pie: balances, garantía general e inscripción previa en la Superintendencia de Compañías.

Por esa vía salió Waykana, la primera pyme ecuatoriana que emitió acciones con ese registro.

Aun así, la puerta es estrecha. Los productos existen —los ofrecen BanEcuador, la banca privada y las cooperativas—, pero el crédito no está llegando a las más pequeñas, afirma Pazos. 

Por el techo de la tasa activa, dice, las instituciones financieras no lo están entregando, y el monto que esas empresas colocan en la bolsa también es bajo.

Por eso Asocaval planteó a la Asamblea Nacional un proceso simplificado para que las pymes accedan al mercado de valores.

¿Cuándo conviene pedir y cuándo no?

Conviene pedir cuando el negocio está formalizado, separa sus cuentas y muestra con números para qué usará el dinero. No conviene sin saber qué capital necesita. Las opciones existen; el acceso, todavía no para todos.

La voz de los expertos

Lo que debes saber

• La designación del nuevo fiscal general en Ecuador se posterga para finales de diciembre de 2026.
• La Fiscalía General del Estado cumplirá casi dos años sin una autoridad titular designada.
• Analistas advierten que las demoras responden a intereses políticos y procesos electorales en curso.

La Fiscalía General del Estado se encamina a cumplir dos años sin una autoridad titular en Ecuador, luego de que la Comisión Ciudadana de Selección actualizó el cronograma del concurso y postergó la designación del nuevo fiscal general del Estado para finales de diciembre de 2026. La dilatación responde a demoras administrativas dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sumadas a posibles recursos legales, en un contexto marcado por advertencias de analistas sobre intereses políticos y la cercanía de nuevos comicios.

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Las postergaciones en el cronograma de designación

El proceso a cargo de la Comisión Ciudadana de Selección ha modificado sus fechas tentativas de culminación en reiteradas ocasiones:

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A pesar de este nuevo cronograma, los propios comisionados advirtieron que no existen garantías de cumplimiento debido a imprevistos administrativos o la interposición de recursos legales. En particular, señalaron que la demora más reciente ocurrió porque el Pleno del CPCCS tardó casi un mes en conocer el informe final de calificación de méritos.

Factores de riesgo e impacto institucional

La falta de titularidad data desde abril de 2025, fecha en la que concluía formalmente el período de Diana Salazar, quien presentó su renuncia al cargo un mes después. Actualmente, la institución se encuentra bajo la gestión de Carlos Alarcón, quien ejerce como titular encargado y además participa como postulante en el concurso.

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Advertencias sobre intereses políticos

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, alertó que la prolongación del proceso genera riesgos evidentes en la operatividad institucional:

“Los riesgos son tener una autoridad al servicio del poder para mantenerse el mayor tiempo posible o para gestionar su nombramiento definitivo”.Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo

El directivo sostuvo que, más allá de la negligencia o la incompetencia administrativa, tras estas demoras operan intereses de distintos sectores políticos.

La postura oficial del CPCCS y el escenario electoral

Frente a las críticas, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que todas las gestiones respetan el debido proceso. Fantoni contrastó este proceso con el concurso del Consejo Nacional Electoral (CNE) —el cual registra más de cuatro años de retraso en su renovación parcial por consultas reglamentarias— y afirmó que el marco normativo actual es claro:

“Podemos garantizar a la ciudadanía un resultado dentro de los tiempos establecidos”.Andrés Fantoni, presidente del CPCCS

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Por su parte, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Internacional SEK, sostuvo que la falta de celeridad responde a varios factores del contexto nacional:

Lo que debes saber

• Durán enfrenta cinco problemas que afectan de manera directa la calidad de vida de sus habitantes: inseguridad, falta de agua potable, inundaciones, movilidad y acumulación de basura.
  
• El crecimiento del cantón no ha estado acompañado por una planificación e infraestructura capaces de responder a las necesidades de su población.
  
• Resolver estas dificultades será uno de los principales desafíos de la próxima administración municipal, que deberá apostar por soluciones de fondo y no por respuestas temporales.

Basta recorrer algunos de sus barrios para comprender la magnitud de los desafíos que arrastra Durán. Miles de habitantes continúan enfrentando problemas cotidianos: desde abrir la llave y no encontrar agua potable hasta convivir con el temor a la violencia, las extorsiones y las inundaciones que cada invierno vuelven a golpear la ciudad.

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El reto del próximo alcalde será reconstruir la confianza de una ciudad que lleva décadas acumulando deudas.

Con más de 300.000 habitantes, Durán dejó hace mucho de ser una ciudad dormitorio. Hoy es un polo industrial, logístico y comercial estratégico para el país, pero ese crecimiento no estuvo acompañado de una planificación urbana suficiente.

Cooperativas enteras nacieron sin servicios básicos, las vías quedaron rezagadas frente a la expansión poblacional, y el espacio público perdió terreno ante el desarrollo desordenado.

Entre todos los desafíos, la inseguridad aparece como la preocupación más urgente. El cantón se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia criminal en Ecuador, donde los asesinatos, las extorsiones y las disputas entre organizaciones delictivas han alterado la vida de comerciantes, transportistas y familias enteras.

El segundo gran problema sigue siendo el acceso al agua potable. En numerosos sectores, los cortes son frecuentes y el abastecimiento mediante tanqueros continúa siendo parte de la rutina de miles de hogares. A ello se suma un sistema de alcantarillado que todavía no alcanza a buena parte de la urbe, una carencia que deriva en aguas estancadas, contaminación y riesgos sanitarios en cada temporada invernal.

La movilidad constituye otro cuello de botella histórico. La Aerovía tiene baja afluencia y los accesos al cantón registran atolladeros a diario.

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La gestión de desechos es otro de los problemas que enfrenta este cantón del Guayas. En distintos sectores es frecuente encontrar acumulaciones de basura en esquinas, calles y tramos viales.

Inseguridad en Durán: vivir con el miedo como rutina

Durán dejó de ser hace años un cantón golpeado ocasionalmente por la delincuencia. La violencia se instaló en sus calles y modificó la forma en que sus habitantes trabajan, comercian y se movilizan. Asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques armados forman parte de una realidad que ha convertido varios sectores en territorios disputados por organizaciones criminales.

La extorsión se convirtió en una amenaza constante para comerciantes y pequeños negocios. Hay propietarios que deben pagar para poder abrir sus puertas, y familias que prefieren no denunciar por temor a represalias. A esto se suman robos y hechos violentos en calles y espacios públicos. Incluso hay menores de edad que son reclutados para integrar bandas criminales.

Depuración y fortalecimiento de la videovigilancia en Durán

Si bien la seguridad no es competencia directa del Cabildo, John Garaycoa, experto en seguridad, destaca que el alcalde debe asumir una postura firme contra la corrupción y establecer controles sobre el personal vinculado a las tareas de seguridad.

Explica que cualquier estrategia puede fracasar si no existe supervisión sobre quienes forman parte de las instituciones encargadas de ejecutarla.

Garaycoa considera necesario destinar recursos para fortalecer la videovigilancia y determinar con qué infraestructura cuenta actualmente el Municipio.

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La instalación de cámaras y la creación de un centro de monitoreo municipal, articulado con la Policía Nacional, permitirían mejorar la capacidad de respuesta y aportar información para prevenir o investigar delitos.

El agua potable, una deuda histórica en Durán

En Durán, abrir una llave no siempre significa tener agua. El acceso al líquido vital continúa siendo una de las principales deudas de la urbe y obliga a miles de familias a organizar su vida alrededor de los horarios de abastecimiento.

En algunos sectores, los cortes pueden prolongarse y los tanqueros terminan convirtiéndose en una alternativa habitual para quienes necesitan llenar sus cisternas y almacenar agua.

El problema golpea con mayor fuerza en los sectores periféricos y en zonas donde la infraestructura no ha acompañado el crecimiento de la población.

La falta de un suministro continuo afecta la higiene, la preparación de alimentos, los negocios y las actividades escolares y laborales.

Planificar red de agua para evitar nuevas crisis

Expertos consultados por EXPRESO han advertido que no basta con reemplazar una tubería cuando falla. Es necesario contar con un catastro actualizado de la red, identificar los tramos críticos y trabajar por sectores para evitar que una avería deje sin servicio a buena parte de la ciudad.

Durán depende históricamente de los pozos de El Chobo, en Milagro, pero el agua extraída de allí requiere un tratamiento adecuado antes de ser distribuida. Hay proyectos de una nueva captación superficial y una planta modular de potabilización que produciría más de 3.000 metros cúbicos.

La prioridad del próximo alcalde debería ser convertir esos proyectos en una solución ejecutada, con financiamiento y cronograma, y no volver a empezar los estudios en cada administración.

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Las inundaciones complican a Durán en invierno

Cuando llega el invierno, Durán vuelve a enfrentarse a una escena conocida: calles convertidas en ríos, barrios anegados, vehículos que tienen dificultades para avanzar y casas expuestas al agua.

Las lluvias, además de poner a prueba el sistema de drenaje, dejan al descubierto años de crecimiento urbano sin una infraestructura suficiente para soportarlo. En varios sectores, una precipitación intensa basta para convertir una vía transitable en un obstáculo.

El problema se agrava en una ciudad donde existen calles sin pavimentar, y canales y sistemas de evacuación que requieren mantenimiento. El agua acumulada también deteriora las vías y crea condiciones favorables para la proliferación de mosquitos y otros problemas sanitarios.

Implementar el modelo de “ciudad esponja”

Expertos en planificación urbana e hidrología consultados por EXPRESO han cuestionado durante años que los municipios enfrenten el problema de manera aislada. Por ello han planteado soluciones que combinen infraestructura tradicional con medidas que permitan retener y absorber el agua.

Una de esas alternativas es el concepto de “ciudad esponja”, que busca aprovechar áreas verdes, superficies permeables, jardines y otros espacios para retener parte del agua lluvia y reducir la presión sobre los sistemas de drenaje.

También deben ejecutarse obras convencionales, como mantenimiento y ampliación de canales, sistemas de bombeo y drenaje en los puntos donde sean técnicamente necesarios.

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Una Aerovía que no termina de convencer

Para miles de duraneños, llegar a Guayaquil forma parte de la rutina diaria. El problema aparece cuando todos intentan hacerlo al mismo tiempo. Los accesos al cantón y los puentes que conectan ambas localidades soportan una enorme presión vehicular, lo que se traduce en congestiones recurrentes.

La baja afluencia de pasajeros en la Aerovía es otro de los inconvenientes. El sistema no ha logrado convertirse en una alternativa de transporte masivo para los habitantes de Durán, en parte por su limitada conexión con otros sectores y rutas del cantón.

También hay calles deterioradas, entre ellas las avenidas Nicolás Lapentti, Samuel Cisneros y Jaime Nebot, así como numerosas vías que aún permanecen sin pavimentar. El mal estado de estas arterias dificulta la movilidad interna.

Enlazar rutas de buses urbanos con movilidad alterna

La movilidad requiere dejar de pensar en Durán como una ciudad separada de Guayaquil. Para especialistas, un sistema de transporte debe estar conectado con las actividades de sus usuarios. La solución, entonces, pasa por reorganizar las rutas y crear una verdadera red de transporte.

Los buses urbanos deberían funcionar como alimentadores de los sistemas de transporte masivo, con conexiones eficientes hacia la Aerovía y los principales corredores de Durán.

También será necesario mejorar las calles internas, las paradas y la infraestructura para peatones, especialmente en los sectores donde los habitantes deben caminar largas distancias para acceder al transporte, y ofrecer seguridad a los conductores.

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Los desechos también forman parte del paisaje

“Durán está sucio porque no hay recolección normal, no hay un compromiso para mantener limpia la ciudad”, reclama Alfredo Carrasco, líder del Comité de Usuarios de Servicios Básicos del cantón.

En distintos sectores de Durán, la basura dejó de ser un problema puntual para convertirse en parte del paisaje urbano. Montañas de desperdicios aparecen en esquinas, calles, terrenos vacíos y tramos viales, mientras algunos puntos terminan convertidos en botaderos improvisados.

El problema no solo afecta la imagen del cantón. Los desechos acumulados generan malos olores, atraen animales y ya comienzan a convertirse en focos de contaminación y enfermedades.

Control, sanciones y estabilidad del servicio

Ciudadanos y expertos en temas ambientales sugieren que el Municipio debe combinar rutas de recolección adecuadas, vigilancia, sanciones para quienes arrojen basura en sitios prohibidos y recuperación de los terrenos que se han convertido en botaderos.

Además, los canales y sistemas de drenaje deberían recibir atención prioritaria, pues la basura acumulada puede agravar las inundaciones.

El problema también exige estabilidad en el servicio. En junio de 2026, el consorcio encargado de la recolección suspendió sus operaciones, alegando una deuda municipal.

El próximo alcalde deberá garantizar un contrato sostenible, con mecanismos de control y contingencia para evitar que una disputa administrativa vuelva a dejar a toda una ciudad sumida en desperdicios.

Lo que debes saber 

• El debate entre León Febres-Cordero y Rodrigo Borja de 1984 estuvo marcado por la confrontación, pero también por el contenido, frente a los actuales, donde predominan el espectáculo, los insultos y los memes.
• La obligación de debatir solo alcanza a los cantones con más de 100.000 electores. Algunos encuentros pueden realizarse apenas 72 horas antes de las elecciones.
• Ecuador multiplicó los debates sin garantizar que los electores reciban información suficiente para decidir su voto.

“Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada”, le decía León Febres-Cordero a Rodrigo Borja una noche de abril de 1984, en uno de los debates más recordados de la política ecuatoriana. Esa misma noche le lanzó a Borja 132 insultos y recibió 95 de vuelta. Los contó Vistazo en su edición 399: comunista, oligarca, socialista solapado. El vocabulario de la Guerra Fría como munición de campaña.

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Dos horas. Siete canales y cuatrocientas radios. El país entero oyendo lo mismo. Los dos llegaron a la Presidencia: Febres-Cordero ese año y Borja en 1988. El debate de 1984 prueba que la agresividad y el contenido no son necesariamente excluyentes. Aquella pelea tenía esqueleto.

Cuarenta y dos años después conservamos el ruido y perdimos el esqueleto. Antes había pelea con contenido y hoy no hay ni una cosa ni la otra. Hay protocolo.

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Elecciones seccionales 2026: el poco tiempo que tendrán los electores para conocer candidatos

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Lo que vino después parece una historia nacional del desvío. En 2021, Juan Fernando Velasco cerró recitando ‘Yo nací aquí’. Giovanny Andrade dedicó su minuto final al cumpleaños de su esposa y después culpó de su desempeño a un café en el que, dijo, lo drogaron.

Dos años después, Bolívar Armijos pidió tantas veces que le repitieran la pregunta que fue meme antes de acabar. En 2025, la competencia se mudó al vestuario. Víctor Araus llegó con casaca de húsar, Juan Iván Cueva con máscara de Anonymous y un “yo también estoy arrecho de todo esto”. La inteligencia artificial fue mencionada por tantos y explicada por ninguno que en redes terminó siendo la ganadora.

Dos meses después, tuvimos el careo entre Daniel Noboa y Luisa González. Él la llamó Rana René y le ofreció una beca de economía para después del 13 de abril. Ella le decía “majadero”.

Culpar a los candidatos sería cómodo. Habermas llamó “esfera pública” al espacio donde los asuntos comunes pueden someterse a discusión racional. Un debate electoral debería hacer eso: obligar a propuestas y candidatos a pasar por la contradicción. El diseño ecuatoriano reduce esa contradicción y termina produciendo transmisión sin verdadero escrutinio.

Hoy esa deliberación ocurre en dos escenarios: el debate que organiza el CNE, con moderador, cronómetro y reglamento; y el debate público que continúa en redes, donde el moderador es el algoritmo. El primero dura unas horas; el segundo puede durar días. Y precisamente porque uno alimenta al otro, importa qué produce el debate oficial antes de entregárselo al algoritmo.

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¿Dónde está el problema de los debates actuales?

El problema está en tres decisiones: quién controla la pregunta, a qué territorios alcanza y cuándo llega al elector.

En los 45 debates de noviembre, dos de los cuatro ejes se llenan con preguntas de los propios candidatos. Media entrevista queda en manos del entrevistado. El examinado ayuda a redactar el examen y después nos sorprendemos de que nadie pregunte de dónde saldrá la plata.

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El artículo 202.2 del Código de la Democracia solo obliga a debatir donde hay más de cien mil electores. Solo 24 de más de 220 cantones cumplen con ese requisito. Los casi doscientos que quedan fuera son los pequeños, donde la prensa local apenas respira, la alcaldía puede ser el mayor empleador y el clientelismo tiene menos testigos.

El calendario remata la faena. La lista definitiva de candidatos sale el 9 de noviembre y los debates se estiran hasta el 26. El último careo puede caer a 72 horas del voto.

Nada de esto vuelve inútil el instrumento. El debate puede romper la ventaja del conocimiento previo y poner frente a millones a candidaturas que hasta entonces apenas existían fuera de la papeleta.

Antes del debate de 2023, Noboa no llegaba al 5 % de intención de voto y salió de ahí convertido en una opción. Si el debate puede alterar quién entra en la conversación electoral, su diseño y, sobre todo, el momento en que ocurre, son parte de las condiciones para un voto informado.

Ecuador multiplicó los debates, pero no necesariamente multiplicó la deliberación. Tenemos más escenarios, más reglas y más transmisión, pero un diseño que todavía protege al candidato de las preguntas que realmente importan.

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Arreglarlo no exige una reforma constitucional, sino dejar de diseñar el debate para cumplir y empezar a diseñarlo para someter a escrutinio. Eso supone revisar el umbral de obligatoriedad, quién pregunta, cuándo se debate y lograr que evadir una pregunta cueste más que un meme.

Ahora vienen 45 debates, media entrevista escrita por los entrevistados, nueve de cada diez cantones sin una sola pregunta y todo apretado en los quince días de campaña que quedaron al adelantar los comicios 75 días por el fenómeno de El Niño.

Ahora, quien necesita que le repitan la pregunta son los 13 millones de electores que el 29 de noviembre marcarán una papeleta sin que el sistema que obligó a debatir haya conseguido explicarles qué están decidiendo.

Lo que debes saber

• Plan de Protección de Quito cumple un mes con 9.986 operativos y 727 detenidos.
• Policía reporta 15 % menos violencia y 14 % menos delincuencia en Quito.
• Expertos y dirigentes barriales cuestionan medir la seguridad solo por operativos y detenciones.

Casi 10.000 operativos en un mes ponen a prueba la estrategia de seguridad desplegada en la capital. El Plan de Protección de Quito tiene su primer balance, con 9.986 intervenciones y una reducción de los índices de violencia y delincuencia, logro que las autoridades atribuyen al refuerzo policial y militar.

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Plan de Protección cumple un mes

La estrategia arrancó el 3 de agosto, luego de que el presidente Daniel Noboa anunció la incorporación de 2.000 policías y 2.000 militares para reforzar la seguridad. Desde entonces, patrullajes, controles y detenciones se han multiplicado en distintos sectores, con especial atención en las zonas identificadas por la Policía como de mayor incidencia delictiva.

Para la Policía Nacional, el despliegue ya refleja una reducción de los niveles de violencia y delincuencia. El coronel Patricio Almendáriz, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que el trabajo se ejecuta de manera coordinada con varias instituciones y bajo los lineamientos del Ministerio del Interior.

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Policía reporta menos violencia en Quito

Según el oficial, la violencia disminuyó 15 %, mientras que la delincuencia bajó al menos 14 %. Esto, aseguró, representa unos 1.500 eventos menos en todo el Distrito Metropolitano.

El balance policial incluye 59 armas de fuego decomisadas, 727 personas detenidas y 344 cartuchos incautados. También se reportó el hallazgo de 10.411,67 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 22 aparatos explosivos y 1.182 armas blancas.

En materia vehicular, fueron recuperados 68 automotores y retenidos otros 116. A ello se suman 51 motocicletas recuperadas y 134 retenidas para investigaciones.

La Policía sostiene que estos resultados forman parte de una estrategia destinada a mantener presencia permanente en Quito. Aunque las autoridades aseguran que no se ha estigmatizado ningún territorio, reconocen un refuerzo en distritos con mayor concentración de delitos.

Eloy Alfaro concentra mayores controles

Eloy Alfaro es uno de los sectores priorizados. Allí se encuentran barrios como La Ferroviaria y Solanda. También se incrementaron los controles en Quitumbe e Iñaquito, incluidas zonas como La Carolina y La Pradera.

Almendáriz explicó que la presencia de agentes se intensificó en puntos donde existe concentración y circulación de personas.

Operativo Pandora intervino La Magdalena

En ese contexto, el ministro John Reimberg encabezó el operativo Pandora en La Magdalena, uno de los sectores considerados calientes del distrito Eloy Alfaro.

Durante la intervención se recuperaron tres motocicletas y se retuvieron siete. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, 17 armas blancas y 155 litros de licor artesanal, junto con 32 cajas de cigarrillos de contrabando.

Cuatro personas fueron detenidas por distintos motivos, entre ellas dos por presunta receptación, mientras 17 ciudadanos extranjeros quedaron a órdenes de las autoridades para verificar el procedimiento migratorio correspondiente.

Policía investiga estructuras criminales

La desarticulación de estructuras criminales constituye otro eje. El comandante afirmó que se han asestado “golpes importantes” mediante la captura de cabecillas que permanecen privados de libertad.

Sin embargo, las indagaciones continúan para identificar a otros integrantes y reunir evidencias que permitan sostener procesos ante la Fiscalía y los jueces.

Actualmente existen 12 investigaciones previas que podrían arrojar resultados en los próximos días. Almendáriz indicó que estos casos requieren recopilación de información, identificación de indicios y procedimientos que permitan convertir las evidencias en elementos útiles dentro de una causa judicial.

Expertos cuestionan resultados del plan

El balance oficial, sin embargo, es recibido con cautela por especialistas. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, cuestiona que el número de operativos y detenidos sea utilizado como principal referencia para medir el éxito de la estrategia.

A su criterio, una captura demuestra eficiencia operativa, pero no necesariamente un impacto sobre la criminalidad. Por ello, considera indispensable conocer qué ocurrió posteriormente con las personas aprehendidas: cuántas fueron liberadas, cuántas permanecen procesadas y cuántas recibieron una sentencia.

Pinto también considera prematuro sacar conclusiones después de apenas 30 días. Una reducción temporal no garantiza una tendencia sostenida, por lo que plantea esperar al menos seis meses para establecer si existe una disminución significativa y permanente de los delitos.

Otro punto de preocupación es la coordinación entre el Gobierno y el Municipio. El especialista sostiene que las acciones no deberían ejecutarse de manera aislada, pues una intervención conjunta podría generar mejores resultados.

Barrios piden prevención contra delincuencia

Desde las organizaciones barriales también existen reparos. Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, asegura que la delincuencia no ha disminuido y considera insuficiente medir la seguridad por la cantidad de uniformados desplegados.

Para Vargas, la respuesta debe incluir empleo, educación, salud y oportunidades para emprendimientos. En su análisis, la falta de alternativas puede favorecer la incorporación de personas a grupos delictivos.

La dirigente señala que Quito registra un desempleo de 8,9 % y sostiene que robos, homicidios y extorsiones continúan pese a los controles.

Además, considera necesario reforzar la prevención frente al inicio del año escolar, debido al expendio de sustancias ilegales en los alrededores y, según advierte, dentro de instituciones educativas.

Vargas también alerta sobre la deserción vinculada con la pobreza y la captación de menores por parte de organizaciones criminales. Por ello, plantea que la educación y la generación de empleo formen parte de una política integral de seguridad.

Crimen organizado requiere acciones integrales

Willans Basantes, expresidente de la Federación de Barrios, coincide en que la respuesta al crimen organizado debe superar las detenciones de quienes ejecutan los delitos.

A su juicio, es necesario desmantelar las estructuras que los ordenan, financian y reemplazan.

Eso implica investigar el lavado de activos, el financiamiento de las bandas y sus cúpulas de mando. Basantes sostiene que el Estado enfrenta una deuda grave en esta materia y advierte que la lucha contra el narcotráfico requiere independencia, firmeza y transparencia.

Ecuador

Guayas invertirá $ 66 millones en obras hídricas ante posibles efectos de El Niño

Thais Urdánigo Núñez

- Cuando se habla de El Niño siempre se piensa en los efectos económicos-financieros. Sin embargo, poco se habla de la crisis reputacional que pueden sufrir las empresas.    ¿Por qué habría que preocuparse de eso?

- Cuando un evento afecta a las empresas de manera insospechada o inesperada, se lo conoce como un cisne negro. Un cisne negro fue El Niño que tuvimos en el 97, un cisne negro fue el COVID-19, nadie lo esperaba y generó un impacto tremendo en las empresas. Pero este Niño jamás va a poder ser llamado un cisne negro porque está perfectamente anunciado.    Nadie puede garantizar qué tan intenso será, pero seguramente la posibilidad de riesgo para las empresas es muy alta. Y cada que converso con empresarios veo que muchos están preocupados de lo material, por arreglar cubiertas, desagües, incluso fortificar sus bodegas o parte de su cadena logística. Pero no se preocupan de lo que no pueden controlar: daños en caminos, cortes de energía eléctrica, problemas en los puertos, que pueden hacer que su operación pueda fallar. ¿Cómo va a explicar a sus clientes que no puede despachar? ¿Cómo va a explicar a sus clientes que no pudo producir porque su proveedor no avanzó a llegar a tiempo? Entonces, cuando pensamos en todo lo que puede producir un Niño intenso, el riesgo reputacional de las empresas debe ser considerado.

"Hay que comunicar antes de que ocurra o cuando ocurre, pero no esperar a que alguien informe sobre la crisis"

- Y cómo diferenciar ese riesgo reputacional del riesgo financiero. ¿Cómo deben prepararse las empresas?

- El riesgo reputacional ocurre cuando yo debo comunicar algo y no sé hacerlo bien o cuando no digo la verdad completa o cuando no la dice quién debe decirla o cuando no se la dice a quién hay que decírsela. Porque lo peor que puede ocurrir es que ante la ausencia de un mensaje claro emitido en primera persona por la empresa, alguien cuente lo que ocurre con la empresa...Por eso, en conjunto con la agencia de relaciones públicas, Treparole, que preside Eduardo Bonilla, hemos diseñado un producto para poder justamente colaborar con las empresas, ayudándolas a identificar sus riesgos, a establecer protocolos de comunicación de crisis que los ayuden a mitigar los posibles riesgos que padezcan si El Niño llega a afectar su operación. Si como empresa yo detecto que voy a tener problemas de abastecimiento, de distribución, de atención al cliente, que son factores que me pueden afectar mi imagen, yo debo entender en qué momento yo tengo que empezar a comunicar esto al cliente para que no    tenga un impacto. El parámetro fundamental en manejo de crisis es anticiparse a la crisis. Pensar en que no comunicar a tiempo es lo correcto es un error. Lo ideal es anticipar a los clientes los riesgos a los que posiblemente podríamos estarnos enfrentando y cómo van a ser mitigados. No se trata solamente de dar una voz de alarma, sino de decir qué estamos haciendo para prevenir o corregirlo.

- Comunicar qué tipo de escenarios, por ejemplo.

- Comunicar que hemos planificado tener más bodegas en diferentes puntos del país para que la distribución de nuestros productos se mantenga. Que hemos podido diseñar un programa de distribución por vía fluvial de las mercancías para que puedan llegar a las ciudades donde probablemente las inundaciones afectarán las carreteras. Hay que comunicar antes de que ocurra o cuando está ocurriendo, pero no esperar a que la situación nos sobrepase o esperar que alguien, un tercero, informe sobre la crisis.

- ¿Y qué tan frecuente es caer en este error?

- A lo largo de los años que he acompañado a empresas en procesos de crisis, nunca he encontrado una empresa ecuatoriana local que tenga un plan de real manejo. Todas tienen un plan para saber qué hacer si hay un terremoto,    incendio,    un asalto y algunas cosas más, pero cómo comunicarlo, sobre eso no se trabaja.

- Cada vez más se habla sobre los efectos del fenómeno de El Niño. ¿Están a tiempo las empresas para tomar acciones en este tema?

- Yo creo que aún están a tiempo,    no solamente para prepararse en cuanto a lo físico, sino para trabajar casa adentro en la preparación de la defensa de la reputación.

"Es uno de los activos más importantes de una empresa. ¿Cuánto vale una marca? Vale lo que vale su reputación."

- ¿Qué factores relevantes debe tener este plan de comunicación?

- No todos los riesgos reputacionales son iguales para todas las empresas, entonces, hay que partir del análisis de    la probabilidad de que un riesgo ocurra. Por otra parte,    es clave preparar los mensajes para enfrentar cada uno de esos riesgos basados en un FODA. Hay que saber cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades de una empresa para poder calzar un mensaje que sea creíble. ¿Qué más? Tener identificado claramente a todos sus stakeholders, para saber cómo comunicar a cada uno de ellos lo que corresponde. Es clave también tener un comité de crisis. Cuando ocurre una crisis no debe solo enfrentarla el top management o la gerencia de comunicaciones, deben estar involucradas las áreas operativas de la empresa y debería también estar involucrado un abogado, porque va    a haber que tomar decisiones que probablemente tengan que ver con situaciones legales. Cada empresa tendrá que ir formando su comité de acuerdo al tamaño de la empresa y al tipo de riesgos.

- ¿Cuánto le puede llegar a costar a una empresa el no estar preparada para una posible crisis como esta?

- Es difícil estimar un porcentaje de afectación. Lo que sí estoy convencido es de que esta vez a ningún stakeholder    una empresa le podrá decir, “Es que yo no sabía que esto iba a ocurrir y por eso no tomé las precauciones para que esto no ocurra”. Inclusive los riesgos legales de las empresas o los riesgos frente a las empresas de seguros, que esta vez no van a aceptar un caso de fuerza mayor.    El riesgo de pérdida de valor de una marca, de afectación al negocio puede ser muy grande. ¿Cuánto vale una marca? Vale lo que vale su reputación. 

Su perfil: 

Horacio Chavarría es experto en Consultoría Estratégica y Manejo de Crisis. Tras más de 40 años de trayectoria, hoy es el presidente Ejecutivo alterno y gerente General de OI Comunicaciones. Ha liderado estrategias de comunicación y campañas para grandes empresas y entidades públicas. Fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP).

Lo que debes saber

• Ecuador, Colombia y EE. UU. analizan base fronteriza tras avance del crimen organizado en Tumaco y San Lorenzo.
• Disidencias FARC y bandas ecuatorianas controlan rutas entre Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos para mover droga.
• Expertos alertan que tensiones comerciales reactivan trochas usadas por narcotráfico, armas y contrabando.

La línea que divide a Ecuador y Colombia sigue apareciendo en los mapas. En el terreno, sin embargo, hace tiempo que dejó de ser una barrera para las organizaciones criminales. Disidencias de las FARC, bandas ecuatorianas, traficantes de armas, redes de contrabando y estructuras dedicadas a la minería ilegal operan hoy bajo una misma lógica: aprovechar una frontera porosa que les permite mover cocaína, explosivos, dinero y personas de un lado a otro con rapidez.

Ese escenario explica por qué Ecuador, Colombia y Estados Unidos analizan la creación de una base binacional en la frontera norte. La propuesta surgió durante reuniones realizadas en Tumaco y San Lorenzo, con la participación de autoridades de los tres países, dentro de la denominada Coalición de las Américas contra los Carteles del narcotráfico.

Aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una ubicación establecida, el objetivo es fortalecer el intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas contra estructuras criminales transnacionales. La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: los grupos ilegales ya no respetan límites territoriales.

El corredor criminal que conecta a grupos de Ecuador y Colombia

La frontera norte ecuatoriana se ha transformado en un corredor estratégico donde convergen disidencias de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra y Comandos de la Frontera, con organizaciones ecuatorianas como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones. Estas alianzas buscan controlar puertos, rutas fluviales y pasos irregulares utilizados para exportar droga hacia Centroamérica y Europa.

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Los efectos de esa disputa son visibles en los indicadores de violencia. Durante los últimos tres años, Esmeraldas se ha mantenido como uno de los principales epicentros de homicidios del país y una de las provincias más golpeadas por las economías criminales.

Sucumbíos también ha registrado un crecimiento sostenido de asesinatos vinculados al narcotráfico. Mientras que Carchi, pese a presentar cifras menores, se ha consolidado como un territorio clave para el tránsito de estupefacientes y armas hacia el interior del Ecuador. La violencia no se expresa únicamente en homicidios. Las autoridades han reportado un aumento de extorsiones, secuestros, tráfico de armas, desplazamientos internos y enfrentamientos entre grupos rivales.

En varias zonas fronterizas también se han detectado campamentos clandestinos, laboratorios de procesamiento de droga y actividades de minería ilegal vinculadas a grupos armados. Las preocupaciones aumentaron este año debido a las tensiones comerciales entre Quito y Bogotá durante el mandato de Gustavo Petro.

Expertos alertan sobre el impacto de las tensiones bilaterales

Para el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia y actual director para América Latina del Security College, cuando el comercio legal se encarece, los mercados ilegales llenan ese vacío.

“El conflicto arancelario que tuvo Ecuador y Colombia no benefició a ninguno de los dos países. El más perjudicado siempre será Ecuador, que hoy enfrenta directamente al crimen organizado. Esta disputa va a reactivar trochas, pasos ilegales y corredores logísticos para droga, armas, minería ilegal y contrabando”, advierte.

Pazmiño recuerda además que Colombia concentra más de 270.000 hectáreas de cultivos de coca y una producción superior a las 3.000 toneladas anuales. Según su análisis, cerca del 75 % de esa producción termina atravesando territorio ecuatoriano antes de dirigirse hacia mercados internacionales. Menciona que una eventual reducción de la cooperación binacional aceleraría el crecimiento del ecosistema criminal en la frontera norte.

Desde una perspectiva operativa, Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública, coincide en que el contrabando forma parte de la dinámica histórica de las zonas limítrofes. Sin embargo, alerta que las restricciones al tránsito formal amplían el espacio de acción de las organizaciones ilegales.

“Cuando se cierran pasos legales, incluso quienes operaban dentro de la legalidad empiezan a buscar rutas clandestinas. Eso fortalece a grupos irregulares”, sostiene.

También alerta sobre la paralización de las llamadas “operaciones espejo”, mecanismos mediante los cuales fuerzas de ambos países ejecutan acciones coordinadas a cada lado de la frontera. Sin esa coordinación aparece un “limbo operativo” que favorece la aparición de nuevas estructuras criminales.

Tumaco y San Lorenzo, puntos clave de la ruta del narcotráfico

La importancia de Tumaco y San Lorenzo dentro del tablero del narcotráfico explica buena parte del interés por una mayor cooperación. Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, es reconocido como uno de los principales puntos de salida de cocaína hacia el Pacífico.

Por su parte, San Lorenzo, en Esmeraldas, se conecta mediante esteros, manglares y rutas marítimas que facilitan el flujo de cargamentos hacia aguas internacionales. Ambos territorios funcionan como puertas complementarias de una misma cadena logística criminal.

La profesionalización de los servicios criminales

A ello se suma un fenómeno menos visible: la profesionalización del crimen. Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Colombia, señala que en el vecino país existe una especie de mercado de servicios criminales.

“Los delincuentes se han especializado en ofrecer servicios a distintas bandas, bajo un modelo de ‘outsourcing’ (subcontratación) delincuencial. Aquí se puede contratar cualquier tipo de servicio criminal, con altos niveles de profesionalización y a costos muy competitivos”, indica. Según el experto, migrantes haitianos y venezolanos terminan siendo captados por estos grupos debido a la vulnerabilidad económica.

Lo que debes saber

• La periodista Gisella Bayona se retira del periodismo tras sufrir una brutal campaña digital con más de 900 cuentas coordinadas.
• La verificación de Lupa Media expone la creciente presión autoritaria sobre las voces críticas en Ecuador.
• Los señalamientos del presidente Noboa sobre los presuntos vínculos con "mafias eléctricas" del esposo de Bayona tendrán un efecto.

“Señor presidente, usted ganó”. Con esa frase, Gisella Bayona anunció su decisión de retirarse del periodismo luego de haber soportado una violenta y perversa campaña en su contra, en la que se la tachó, a ella y a su esposo, José Alvear Campodónico, de corruptos. El anuncio sacudió las redes sociales y, probablemente, le costará popularidad al Gobierno, a tal punto que quizá la que salga finalmente ganando sea Bayona y no el presidente. Esto, porque se trata de un caso más de desaparición de voces críticas en el periodismo por presiones autoritarias ejercidas desde el poder, cuando el Gobierno ya está siendo percibido como autoritario y muy poco democrático.

El operativo en contra de la periodista fue burdo y cobarde: casi 900 cuentas de redes sociales publicaron supuestas noticias en las que el esposo de Bayona aparecía como una persona corrupta y llena de denuncias en su contra en la Fiscalía. Todas esas acusaciones fueron desmentidas por la verificadora de noticias Lupa Media, que demostró que habían sido falsificadas y presentadas a la opinión pública de forma fraudulenta. La campaña fue gigante: Lupa Media identificó a 907 usuarios involucrados, más de 1.300 publicaciones coordinadas, 76.100 interacciones generadas y una audiencia potencial superior a 2 millones de personas.

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El origen del ataque: un señalamiento desde el poder

La alusión de Bayona al presidente tiene una explicación. El operativo arrancó con una entrevista a Daniel Noboa en Radio Centro Digital, de clara orientación progubernamental. Noboa no mencionó el nombre de Bayona ni el de su esposo, que fue el mayor blanco del operativo, pero lo que ahí dijo sobre “una periodista” fue inmediatamente replicado con violencia inusitada, mostrando a la periodista y a su esposo con nombre y apellido en las cuentas de redes sociales que trabajan para amplificar la agenda del Gobierno.

“Hay también hasta periodistas que ahora tienen medios digitales y aparte que insultan todos los días al Gobierno, son proveedores del sistema de salud ecuatoriano, ¿cómo puedes salir a criticar? Si eres proveedora de salud del sistema ecuatoriano y, al mismo tiempo, tu pareja está en todas las mafias eléctricas de hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas”, soltó Noboa, quien luego remató con este anuncio: “La investigación está lista”.

Desinformación masiva: el operativo al descubierto

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Pasaron apenas minutos cuando se lanzó la ofensiva digital en contra de Bayona: se empezaron a difundir imágenes y afirmaciones que apuntaban a que el esposo de Bayona, José Alvear Campodónico, es corrupto. Plataformas alineadas al Gobierno, como La Data, Contraluz, Contraplano y La Calle, difundieron acusaciones contra Alvear relacionadas con falsificación informática y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En la mayor parte de estas publicaciones acusaron a Bayona de “encubrir” a su esposo, hablaron de “doble moral” y cuestionaron que una periodista pudiera desconocer los antecedentes de la persona con la que se casó. El mensaje era: Bayona es corrupta porque su esposo es corrupto.

Bayona se pronunció pasado el mediodía del miércoles 2 de septiembre, en un video que publicó en sus redes sociales. Lo hizo de forma pausada y negó la veracidad de las acusaciones que se le hicieron a su esposo y también las alusiones que hizo el presidente Noboa de que hacía negocios con el sistema de salud pública.

"Yo elijo a mi familia": el impacto de una renuncia incómoda

“Nunca he sido proveedora del Estado. He hecho periodismo toda mi vida. Cuando reclamo porque faltan medicamentos no defiendo un negocio, defiendo a la gente, a los ecuatorianos que llegan a un hospital público y no encuentran lo que necesitan, a esas familias desesperadas porque una medicina no llega”, dijo. Y agregó: “Pero ahora, para desacreditarme, atacan también a mi esposo, a mi familia. Hablan de supuestas investigaciones contra mi esposo por apropiación fraudulenta, falsificación informática y uso de documento falso. Es tan simple como revisar los expedientes judiciales. En esos procesos, mi esposo fue quien denunció a su exsocio. Fue él la víctima, no el acusado. (…) También lo acusan de ser parte de mafias del sector eléctrico, cuando jamás ha tenido contratos ni relaciones comerciales con el sector eléctrico del Ecuador, y llegan incluso a llamarlo testaferro de Glas. Se fundamentan en un artículo que el mismo medio que lo publicó hace años tuvo que desmentirlo. Y entonces me pregunto: ¿soy yo realmente el problema? ¿Por qué invertir tanta energía en quien piensa distinto? ¿Por qué no mejor invertirla en conseguir esas medicinas que todavía faltan en los hospitales públicos? ¿Por qué no invertirla en combatir a los delincuentes que extorsionan y matan a los ecuatorianos?”.

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Al final del video es cuando hace el anuncio de su decisión de retirarse: “Por eso hoy doy un paso al costado en el ejercicio periodístico. Me duele por las personas que alguna vez vieron en mí una voz que podía reclamar lo que ellos no podían reclamar, por quienes me buscaron porque faltaban medicinas, porque sufrían una injusticia o porque necesitaban que alguien preguntara. Pero hoy yo elijo mi familia. Y quizá lo verdaderamente preocupante no sea que una periodista decida dejar de cuestionar, sino que siente que tiene que hacerlo para proteger a los que ama. Yo hice mi elección. Yo elijo a mi familia y al país le dejo una pregunta: ¿en qué momento llegamos a esto? Eso, ahora sí, nada más”.

La rendición de Bayona trae a colación una frase de Montaigne: “Hay pérdidas triunfantes que envidian las victorias”. Quizá quien ganó no fue Noboa, sino Bayona.

Lo que debes saber

• Grupos de deportistas salen después de las 18:00 para correr, jugar fútbol y pedalear por distintos sectores de la ciudad
• El trail running crece en parque Metropolitano Guangüiltagua. The Club Running Team reúne a 25 o 30 corredores los martes
• En La Carolina, la iluminación, los controles y la presencia de policías y guardaparques generan mayor confianza entre los usuarios

Cuando cae la noche en Quito, muchos prefieren regresar a casa. La inseguridad ha cambiado las rutinas de los habitantes y salir a practicar deporte después de las 18:00 puede parecer, a primera vista, una decisión arriesgada.

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Sin embargo, en distintos sectores de la ciudad hay quienes decidieron no renunciar a la actividad física. Se organizan, salen en grupo, llevan linternas, se acompañan y convierten parques y calles en escenarios para disfrutar del ejercicio.

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El trail running gana espacio en el Metropolitano

El Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el norte, es uno de los puntos para quienes practican trail running. Entre senderos, árboles y pendientes, los corredores entrenan cuando ya oscureció, guiados por la luz de sus linternas.

Adrián Roldán comenzó entrenando solo. Primero veía videos de corredores de asfalto y, posteriormente, descubrió el mundo de las carreras de montaña. Buscó grupos en redes sociales y así llegó al Guangüiltagua. La pandemia interrumpió la actividad, pero en 2024 decidió impulsar los entrenamientos y convocar a más personas.

El primer encuentro reunió apenas a cinco corredores. Roldán comenzó a publicar videos en redes sociales y, poco a poco, el grupo creció. Aunque al inicio podía ser extraño correr de noche en medio del bosque con una linterna, a la final se convirtió en una alternativa para romper la rutina y conectar con la naturaleza.

En la actualidad, a los entrenamientos en The Club Running Team acuden entre 25 y 30 personas. También hay otros ocho clubes que practican trail en ese espacio.

La rutina empieza a las 18:30. Después de 10 minutos de calentamiento, emprenden la ruta establecida y recorren entre cuatro y siete kilómetros. Al finalizar vuelven a calentar y, como parte obligatoria del ritual, llega la fotografía grupal.

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Roldán destaca que el parque ofrece condiciones que les permiten entrenar con mayor tranquilidad. Los senderos están señalizados, hay pancartas a lo largo de las rutas, además de que estacas verdes y rojas ayudan a identificar el camino. También hay guardaparques que recorren el lugar en motocicleta y vigilancia durante todo el día.

Para quienes integran estos grupos, la presencia de más deportistas también ha contribuido a disminuir el temor. Lo importante es no correr solos, permanecer juntos y cuidarse entre todos.

Correr acompañados es parte de la seguridad

Carmen Hernández fue una de las primeras en unirse al grupo. Es montañista y llegó en 2024 junto con unos amigos. El trail la atrajo por las rutas y por el ambiente que se genera durante los entrenamientos.

Asegura que son recorridos accesibles y que existe una dinámica de seguridad interna: antes de comenzar se enumeran y durante el trayecto hay una persona que encabeza el grupo y otra que permanece al final.

Diana Cordero, quien se incorporó al club en abril, destaca precisamente la posibilidad de encontrar diferentes niveles de dificultad. Hay rutas para principiantes y otras más exigentes. Además del Metropolitano, ha entrenado en el Chaquiñán, las Antenas y el Ilaló.

Alonso Sarango llegó al trail con una motivación más competitiva. Comenzó en 2023 y participó en la Cóndor Trail, una carrera de 10 kilómetros alrededor del cráter del Quilotoa, donde consiguió el segundo lugar en el podio. 

Desde entonces, su preparación se volvió más estructurada. En Quito, entre sus recorridos están las rutas desde el Vulcano Park hasta Cruz Loma y otra que conecta San Juan con Cruz Loma.

La Carolina mantiene actividad deportiva después de las 18:00

La actividad nocturna también se concentra en el parque La Carolina. Allí el escenario cambia: en lugar de senderos de montaña, predominan el asfalto y la pista.

William Lechón tiene 20 años de experiencia en carreras de larga distancia y organiza entrenamientos los lunes, miércoles y viernes. La jornada comienza a las 18:30 y termina a las 20:00. Primero se realiza el calentamiento, luego un trote y después el trabajo de carrera.

Alrededor de 30 personas participan en las sesiones nocturnas. Algunos se preparan para una competencia y otros buscan mantenerse saludables.

La seguridad, explica, depende también de la organización colectiva. La pista está iluminada y en el sector hay policías y guardaparques.

Byron López vive en Ponceano y desde hace tres meses va dos veces por semana a La Carolina. Llega a las 18:30 y se queda hasta las 20:00. Menciona que la pista y su entorno son espacios iluminados y con mayor presencia de personas, pero sectores cercanos a las avenidas Eloy Alfaro y República tienen espacios oscuros que considera peligrosos.

En el parque, en las noches también se practica básquet, vóley y fútbol. En una de las canchas entrena la academia de fútbol femenino Milla Extra.

Juan Carlos Rodríguez lleva 12 años como entrenador y desde hace tres trabaja con su academia en La Carolina. Entre 18 y 20 mujeres participan en los encuentros, que se realizan de lunes a jueves, desde las 18:00 hasta las 20:00 o 21:00. Los jueves el parque suele estar repleto, asegura.

Rodríguez menciona que la seguridad ha mejorado con los años. En el parque hay policías, guardias privados, guardaparques e incluso drones. Al principio existía temor por entrenar de noche en un espacio público, pero la presencia de usuarios y los controles han generado mayor confianza.

Las bicicletas también salen de noche

En el sur, los ciclistas también se toman las calles. Willie Velasco, del colectivo G8 Aventura Bike, organiza desde 2021 rodadas nocturnas de ciclismo urbano e inclusivo.

Al principio eran encuentros principalmente familiares. Unas 40 personas, entre adultos y niños, se reunían en la Ajaví, donde existe un parqueadero y un punto de auxilio mecánico que funciona como lugar de salida.

Hoy las cifras son distintas. Los miércoles pueden acudir entre 70 y 80 ciclistas, dependiendo de la ruta. Se reúnen a las 19:45 y parten a las 20:00. También ruedan los viernes y domingos.

Las rutas se han diversificado. Algunas son sencillas y otras exigen mayor preparación. El grupo recorre sectores como El Panecillo, el Centro Histórico y distintos puntos del sur. Las jornadas pueden extenderse hasta las 22:30.

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Para Velasco, hay una razón práctica para entrenar durante la noche: la mayor parte de las personas trabajan durante el día y solo disponen de ese horario. Además, menciona que durante los años de actividad no han tenido problemas de seguridad.

La estrategia vuelve a ser colectiva. Rodar en grupos grandes, mantenerse juntos y regresar al punto de encuentro son parte de las reglas.

Lo que debes saber

• Con 95,48 % de votos, GRANASA aprobó vender terreno en Durán, pero la firma interventora frena el trámite.
• Inmobiliar se opone con el 2,56 % mientras la interventora suma pedidos y posterga la venta del predio.
• La Ley de Compañías limita a la interventora: no puede anular sin resolución lo votado por la junta.

El 17 de agosto de 2026, los accionistas de Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA) se reunieron en junta general y aprobaron la venta de un terreno de la empresa en Durán. Votó a favor el 95,48 % del capital.

En esa reunión estuvo Flor María García Ocaña, la interventora que la Superintendencia de Compañías designó en la empresa.

Han pasado quince días. La venta no se ha hecho. Falta su firma.

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Lo que ocurrió en esas dos semanas

Un solo accionista votó en contra: Inmobiliar, que tiene el 2,56 % de las acciones. Ese paquete, además, está en disputa en los tribunales.

Antes de la junta, Inmobiliar pidió información sobre la venta. GRANASA se la entregó el 14 de agosto, tres días antes de la reunión.

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Después de la junta volvió a solicitar información. Y luego pidió a la Superintendencia que suspendiera lo que se había resuelto.

La interventora, que ya había presenciado la junta, también pidió información entre el 24 y el 28 de agosto, la cual le fue entregada. El 31 de agosto pidió más: esta vez, documentos que corresponden a la revisión que hace el comprador antes de hacer la adquisición, no la empresa que vende.

Y así, un pedido detrás de otro, pero la firma no llega.

Qué puede y qué no puede hacer una interventora

La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de una compañía. Así lo dice la Ley de Compañías.

La interventora vigila, revisa, pide cuentas e informa. No reemplaza a la junta ni decide en su lugar.

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Si la Superintendencia considera que esa venta no debe hacerse, tiene que indicarlo con una resolución escrita y motivada, que la empresa pueda impugnar. Eso no ha ocurrido.

Lo que hay es una decisión aprobada por los accionistas que no se ejecuta porque nadie firma y nadie explica por qué.

El artículo 233 de la Constitución es claro: ningún funcionario público está libre de responsabilidad por lo que hace ni por lo que deja de hacer.

Lo que se sabe

• En el parque se realiza observación de aves y hay especies endémicas
• Su gestor pide al Municipio que realice mejoras para potenciarlo
• Especialista destaca la importancia de este tipo de espacios naturales

En medio de edificios y calles abarrotadas de vehículos, cerca de los centros comerciales, negocios y oficinas, un pulmón urbano se aferra a mantenerse en pie, como las raíces de sus más de 100 especies arbóreas.

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Un túnel de vegetación recibe a quienes visitan el parque Antonio Neumane, ubicado en la ciudadela Guayaquil, en el norte de la ciudad. Un letrero indica que este espacio es distinto a otros parques de la urbe.

“Observación de aves” se lee en el cartel, que menciona uno de los atractivos de este lugar: la diversidad que alberga y que ha sido detallada, desde 2012, por Rodrigo Sangolquí, quien fue guía naturalista en las islas Galápagos y reside en este sector desde hace casi 30 años.

“Es un minijardín botánico dentro de la ciudad. También puede ser considerado como un bosque porque tiene más de 100 especies, 70 % aproximadamente entre nativas del bosque seco tropical de Ecuador y otras del norte de Sudamérica. El resto son de otros continentes. Tiene aproximadamente 48 especies de aves registradas hasta la fecha”, destaca.

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Como miembro de la directiva barrial, Sangolquí se encargó de “sembrar cada planta nueva que se ve ahí en el parque”. Al ser del bosque seco tropical no necesitan agua para su mantenimiento, lo que también implica ahorro de este recurso, resalta el residente.

“Nosotros recibimos aquí a turistas extranjeros. Algunos de ellos son personas que están muy interesadas en ver aves y este sector tiene un potencial muy grande en la provincia del Guayas”, asegura Sangolquí, quien menciona que hay especies consideradas endémicas.

Entre ellas están el perico de cachete gris o periquito macareño, palomas tierreras o la tortolita ecuatoriana, matinga de cabeza roja o aratinga de Guayaquil, y el pájaro brujo de Galápagos, que incluso está plasmado en un mural que Sangolquí elaboró en una de las paredes del parque.

Este parque es el único lugar donde Stuart Montoya ha visto ejemplares del pájaro brujo, con su característico color rojo, en los cinco años que lleva viviendo en el sector. “El parque tiene mucha diversidad”.

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Parque de ciudadela Guayaquil necesita mantenimiento

Sin embargo, él identifica algunas necesidades del espacio, como la reparación de tramos del piso que están levantados, el arreglo de las mallas de los arcos y los aros de básquet en las dos canchas, que se usan sobre todo los fines de semana. Además hay cables de energía eléctrica que están salidos de los postes, entre otras necesidades.

“Lo que pasa es que este parque ya no tiene el mantenimiento que tenía antes”, lamenta Sangolquí. “Espero principalmente del Municipio que le dé valor a este parque”.

EXPRESO pidió a la Alcaldía una entrevista para conocer cuál es el plan de mantenimiento del parque y si existe algún proyecto para fomentar ecoturismo en el lugar, pero no hubo respuesta.

Sangolquí explica que se necesita reponer los letreros que él puso para identificar las especies de árboles (hoy los rótulos están desgastados), tener guardianía especializada en el cuidado del medioambiente e implementar un estanque con oxigenación del agua y peces para que funcione como una trampa natural de mosquitos.

Pedimos un plan de acción anual porque, en época de lluvia, el monte sube bastante y en ese tiempo viene (el Municipio), pero el resto del año queda olvidado".
Stuart Montoya, residente de la ciudadela Guayaquil

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¿Cuál es el aporte de los parques con biodiversidad?

Tener espacios así “ayuda a reducir la isla de calor y nos ayuda a capturar el agua de lluvia. Todo esto también tiene el beneficio, si lo manejamos de la manera correcta, de apoyar a sustentar la biodiversidad que el cambio climático está afectando”, indica Carlos Calzadilla, docente e investigador en soluciones basadas en la naturaleza y resiliencia urbana.

“Los espacios verdes, y esto pasa mucho en Guayaquil, se diseñan y se les hace un mantenimiento que no favorece la biodiversidad. No hay biodiversidad en el césped. El mismo árbol sembrado infinidad de veces no favorece la biodiversidad”, advierte el experto.

Por eso, Calzadilla cree que se debe trabajar en concientizar a la ciudadanía para que valore los parques donde la biodiversidad crece y favorece el entorno.

Como menciona Sangolquí, vivir junto al “pequeño bosque” provoca felicidad y satisfacción.

Podría funcionar como parque temático, pero es muy importante que el Municipio ponga guardianes y dé los mantenimientos técnicos que corresponden".
Rodrigo Sangolquí, gestor del parque Antonio Neumane

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Lo que debes saber

• Peluquerías, call centers, bares y hostales han sido intervenidos por permisos irregulares, actividades no autorizadas o indicios de delitos
  
• La AMC verifica licencias y actividades autorizadas, pero investigar posibles estructuras criminales corresponde a Policía y Fiscalía
• Hasta julio, la AMC realizó más de 7.800 operativos. Hubo 36 clausuras en centros de tolerancia y 17 en hostales por distintas irregularidades

Un letrero de peluquería, los cubículos de un call center, la recepción de un hostal o las mesas de un bar pueden esconder una realidad distinta a la que muestran sus puertas. 

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En los últimos operativos realizados en Quito han aparecido negocios con permisos irregulares, actividades distintas a las autorizadas y establecimientos donde se han encontrado indicios relacionados con drogas, extorsiones, contrabando y otros delitos.

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El caso de una peluquería en La Pradera ilustra cómo una actividad aparentemente cotidiana puede convertirse en una fachada. Durante un operativo conjunto de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía se encontró una balanza digital, varias fundas plásticas pequeñas y un recipiente con bloques de una sustancia blanquecina. 

Los elementos, según las autoridades, presuntamente habrían servido para pesar, dosificar y empaquetar sustancias sujetas a fiscalización. Cuatro personas fueron aprehendidas.

Pero este no es un fenómeno que pueda explicarse únicamente por la falta de permisos. Para Wilson Góyez, director de la Escuela de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), las organizaciones criminales pueden crear o adquirir negocios para introducir dinero ilícito en la economía formal. Para ello recurrirían incluso a testaferros que aparecen como propietarios o administradores.

Negocios con dinero ilícito

El negocio, explica Góyez, permite “licuar” el dinero sucio y darle una apariencia legal. Puede tratarse de una tienda, un negocio automotriz, una empresa de construcción u otro establecimiento. La fachada, sin embargo, puede tener una segunda función: servir como punto de reunión o guarida para planificar extorsiones, robos, secuestros o sicariatos. También puede convertirse en un lugar para almacenar y desmantelar vehículos robados.

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La explicación del experto encuentra un correlato en los controles municipales. Luis Barrionuevo, supervisor (s) de la AMC, señala que la entidad no investiga por sí sola la existencia de estructuras criminales, pero sí verifica que los establecimientos tengan permisos y hagan un uso adecuado de sus licencias. Cuando aparecen indicios de delitos, la intervención corresponde a la Policía Nacional y la Fiscalía.

Hasta julio de 2026, la AMC había realizado más de 7.800 operativos. En 2025 fueron 13.733 y entre 2023 y 2025 se contabilizaron 35.564 intervenciones.

Un call center para extorsionar

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Iñaquito, una de las principales zonas financieras y comerciales. Allí la AMC clausuró un call center presuntamente utilizado para extorsionar a ciudadanos de distintas nacionalidades.

En el interior fueron localizadas 96 personas trabajando en cubículos, además de computadoras portátiles, celulares, chips de diferentes operadoras y otros dispositivos tecnológicos. En los equipos se encontraron archivos con datos personales, números telefónicos y registros de ciudadanos contactados mediante aplicaciones de mensajería.

Las conversaciones incluían referencias a supuestas deudas, pagos pendientes y exigencias de dinero. La AMC clausuró el establecimiento por el mal uso de la licencia comercial e inició un procedimiento administrativo sancionador. Al tratarse de una actividad de categoría II, el responsable podría enfrentar una multa de entre $2.410 y $3.856.

Fachada de economías ilegales

El caso muestra una frontera difícil de distinguir: la que separa una infracción administrativa de una posible operación criminal. Mientras la AMC actúa sobre el incumplimiento de la normativa, determinar si el establecimiento formaba parte de una estructura dedicada a extorsionar corresponde a la investigación penal.

Max Campos, coronel de servicio pasivo y coordinador nacional del Observatorio Ciudadano a la Política de Seguridad Humana, considera que esa diferencia es fundamental. A su criterio, las fachadas pueden esconder delitos de receptación, lavado de activos y contrabando.

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Un local que recibe celulares robados y los vuelve a comercializar, por ejemplo, puede convertirse en un eslabón de la economía ilegal. Lo mismo ocurre con establecimientos que mantienen mercadería sin documentación mientras exhiben productos debidamente facturados.

Por eso Campos sostiene que revisar únicamente los permisos municipales resulta insuficiente. Se debe conocer cuánto factura un negocio, qué almacena, qué vende y si sus ingresos corresponden con la actividad declarada.

Negocios nocturnos que son atractivos

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, pone el foco en otro elemento: el dinero en efectivo y la actividad nocturna.

Discotecas, bares, night clubs y hostales resultan atractivos porque permiten manejar efectivo y, en algunos casos, integrarse fácilmente a circuitos nocturnos donde resulta más complejo distinguir una actividad lícita de otra ilegal. 

En los hostales, además, advierte sobre riesgos vinculados con explotación y tráfico sexual, incluso de mujeres y menores de edad. Pero Pinto identifica otro problema, el detectar cuándo un establecimiento legal está siendo utilizado para camuflar el delito.

La responsabilidad también alcanza a los propietarios de los inmuebles. Según el experto, algunos priorizan el pago del arriendo y no indagan sobre lo que ocurre dentro del local. “Los dueños miran a otra parte siempre y cuando el dinero sea en efectivo y por adelantado”, sostiene.

Los controles municipales reflejan parte de esta problemática. Entre enero y el 19 de julio de 2026 se registraron 39 inicios de sanción y 36 clausuras en centros de tolerancia. De ellos, 17 estuvieron relacionados con prostitución clandestina. En hostales, hasta agosto, hubo 17 clausuras por problemas que incluyeron insalubridad, plagas y casos relacionados con drogas y prostitución clandestina.

También se contabilizaron 82 procedimientos en bares hasta junio y 17 procedimientos, con 14 clausuras, en centros de rehabilitación clandestinos hasta julio. Los expertos coinciden en que las estructuras criminales buscan lugares donde puedan mezclarse con la actividad cotidiana. 

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Campos menciona Iñaquito, Quitumbe y La Mariscal como zonas de alta concentración comercial y poblacional. Góyez agrega sectores cercanos a universidades, bares, discotecas y determinados puntos del Centro Histórico.

Campos advierte incluso que las organizaciones pueden instalar cámaras para vigilar los movimientos del barrio y alertar sobre la presencia policial.

La respuesta, entonces, no pasa únicamente por cerrar locales. Los especialistas plantean intervenciones integrales que involucren al Municipio, Policía, SRI, Bomberos, autoridades de turismo, salud y Fiscalía.

Lo que debes saber

• En Ecuador, los datos privados están expuestos mientras la información pública suele ocultarse.
• La falta de reserva en empresas y el secretismo oficial distorsionan la transparencia en el país.
• La Contraloría y el Gobierno limitan el acceso público mientras datos sensibles quedan libres.

Todo ciudadano tiene derecho a la privacidad, sobre todo en tiempos en los que la filtración de la información personal puede significar no solo un perjuicio económico sino la exposición a los grupos delincuenciales, que siempre están a la caza de una nueva presa fácil y carnuda. De esa preocupación deriva la queja de muchos quienes creen que la información privada de las personas naturales y jurídicas no está bien protegida en el Ecuador.

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Entre los reclamos de estos críticos destaca que, a diferencia de lo que pasa en países como los Estados Unidos, aquí la información que las empresas reportan a las autoridades de control termina frecuentemente subida a portales de libre acceso, aunque estas no coticen en bolsa y sean únicamente de capital privado. Tal es el caso de la información que termina en la página de la Superintendencia de Compañías, donde se puede encontrar, sin tener que pasar por mayor trámite, la nómina de accionistas, los correos de contacto, los balances, estados financieros y un sinfín de datos de las empresas ecuatorianas, cosas que difícilmente pueden ser catalogadas como de interés público. Sí, ese es más o menos el estándar de transparencia de otros países de la región y el de los europeos, pero es difícil encontrar un beneficio para ese nivel de apertura fuera de la oportunidad de inteligenciar mejor a los actores del mercado, algo que aunque no deja de ser positivo, debe ser sopesado con las preocupaciones antes mencionadas en torno a la seguridad.

Secretismo estatal: leyes y trabas al acceso a declaraciones patrimoniales

Como esto es el Ecuador, este debate no ha llegado a los altos sitiales del poder público, donde más bien la preocupación de las autoridades es otra: cuidarse a ellas mismas. Por ejemplo, el año pasado ya quisieron los legisladores de la mayoría oficialista regresarnos al pasado noventero con la Ley de Inteligencia, todavía parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, la cual incluía en su articulado la disposición de que la Contraloría General revisase e incinerase periódicamente los documentos relacionados a los “gastos especiales” (léase “reservados” y viájese a esa época accidentada y frenética).

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El principio de transparencia frente a los funcionarios públicos

Es esa misma Contraloría la que este año ha pretendido que la ciudadanía tenga que ingresar sus datos para poder revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, lo que muchos percibieron como una forma de amedrentamiento (aunque definitivamente eso se prestaba para alguna broma, imagínese ingresar algún nombre que usted quisiera que ellos lean), pero que sin duda fue un paso en la dirección contraria de la Constitución y la ley, que están atravesadas por un principio de transparencia. Ese principio no es ninguna innovación criolla. En todas partes se entiende que el escoger asumir una responsabilidad dentro del Estado conlleva a renunciar parcialmente a la privacidad en pro de garantizar que el ejercicio del poder que se adquiere pueda ser controlado por otros funcionarios y valorado por la ciudadanía, desincentivando, al menos en teoría, el enriquecimiento ilegítimo a costas de lo público.

El bloqueo temporal a las declaraciones del presidente Daniel Noboa

Pero la última (hasta ahora) ha sido la más tenaz. Hace unos días se hizo público que la Contraloría bloqueó el acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente Daniel Noboa, justificándolo con una supuesta “solicitud de uno de los Subsistemas del Sistema Nacional de Inteligencia”. Cuesta mucho entender cuál podría ser una razón legítima para aquello. Todos sabemos que el presidente es muy rico. El alcance de su grupo familiar es conspicuo. La publicidad de sus movimientos económicos no lo exponen a un riesgo adicional al que no se haya expuesto ya.

Al final, el Gobierno mismo les dio la razón a quienes reclamaron y publicó las declaraciones patrimoniales, reculando sin ahondar en el supuesto argumento de la seguridad del Estado.

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Con eso, un capítulo queda cerrado, pero sería ingenuo pensar que la tendencia de las autoridades por esconder la información que debería ser pública vaya a revertirse pronto. El tema no solo alcanza ámbitos personales o del gasto confidencial en seguridad estatal. Cifras laborales y de antecedentes penales entre las víctimas de homicidio llegan tarde o no lo hacen nunca, dejando a expertos y analistas a ciegas y debilitando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Por ahora, parece que lo público no lo es tanto y lo privado tampoco. El Ecuador, como siempre, en la mitad del mundo y un mundo al revés.

Lo que debe saber

• Cinco plantones: Los adultos mayores aseguran que han protestado en varias ocasiones por los retrasos en las devoluciones.
• Devolución pendiente: Adela Toledo reclama el reembolso del IVA correspondiente al último trimestre de 2024, todo 2025 y de enero a julio de 2026.
• Compromiso: El SRI ofreció revisar los casos y capacitar a los beneficiarios para evitar errores en las solicitudes.

Los adultos mayores han realizado alrededor de cinco plantones entre 2025 y 2026 para reclamar al Servicio de Rentas Internas (SRI) por los retrasos en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para este jueves 3 de septiembre habían organizado una sexta movilización, esta vez para exigir el reembolso correspondiente a los meses de enero a julio de 2026.

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Sin embargo, la medida fue suspendida luego de que el director del SRI de la zona 8, Diego Valenzuela, los convocara ayer a una reunión para analizar la situación de cada uno de los afectados.

Casos de devoluciones pendientes

Uno de los casos presentados fue el de Adela Toledo, a quien se le adeuda la devolución correspondiente al último trimestre de 2024, todo 2025 y el período de enero a julio de 2026. En un caso hipotético, si el SRI reconoce el monto máximo de devolución para un adulto mayor, que es de $ 144,60 mensuales, el valor acumulado que la entidad debería reembolsar a Toledo sería hasta $ 3.000, en el supuesto de alcanzar la devolución máxima por mes.

“Aquí está la resolución del SRI donde se señala que mi solicitud había sido aceptada, pero no me han devuelto desde octubre de 2024 hasta julio de 2026, son 21 meses”, indicó Toledo.

Cristóbal Tigua, Betty Argüello, Juan Cabrera, Elvis Cárdenas y Carlos Morocho son otros de los adultos mayores que demostraron que tienen pendientes devoluciones del IVA correspondientes a lo que va de 2026.

“No es posible que tengamos que hacer marchas con frecuencia para recibir un derecho que tenemos, que es la devolución del impuesto al valor agregado. Pero, por la atención que recibimos de Valenzuela, vamos a suspender el plantón, esperando que el reembolso se haga a tiempo”, indicó Harry Valarezo, líder de los adultos mayores.

El dirigente agregó que el caso de Toledo sorprendió al director del SRI, quien, tras reconocer la situación y ofrecer disculpas, solicitó a sus colaboradores que busquen una solución hasta este viernes 4 de septiembre de 2026.

Durante la reunión también se evidenció que a algunos beneficiarios se les ha devuelto el IVA únicamente hasta abril de 2026, por lo que todavía tienen pendientes los meses siguientes, que son cinco.

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Nuevas reuniones y capacitación

Valarezo se comprometió a organizar una reunión en la Unión Nacional de Periodistas (UNP) el miércoles 9 de septiembre, a las 10:00, para que los adultos mayores y las personas con discapacidad presenten los documentos de aprobación emitidos por el SRI que acrediten que sus solicitudes de devolución fueron aceptadas.

El viernes 11 de septiembre, el dirigente prevé presentar ante la entidad estas otras pruebas que demostrarían los retrasos en las devoluciones.

En la reunión, Valenzuela también se comprometió a impulsar jornadas de capacitación para explicar cómo solicitar correctamente la devolución del IVA. Estas se realizarán los días 22, 24 y 29 de septiembre. El SRI se encargará de informar posteriormente la hora y el lugar.

La capacitación resulta relevante debido a que existen errores en la presentación de las facturas que pueden afectar el trámite. Por ejemplo, si en una factura de alimentos consta también una botella de licor, toda la factura puede ser anulada para efectos de la devolución del impuesto.

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Además, no todos los ciudadanos conocen que la devolución del IVA no aplica para gastos relacionados con comunicación, cultura, deporte, transporte, movilidad y combustible.

En cambio, sí contempla consumos relacionados con vestimenta, vivienda, salud, alimentación y educación, siempre de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente del SRI.

La suspensión del sexto plantón abre un nuevo plazo para que el SRI cumpla con los compromisos asumidos y atienda los casos pendientes. 

Lo que debes saber

• John Manning, CEO de Progen, viajó a Ecuador para renegociar adendas, evitar multas y asegurar pagos a Progen pese a retrasos.
• Realizó intervenciones públicas, como su entrevista del 13 de diciembre de 2024 en Radio Centro, donde defendió los contratos.
• Pese a liderar las maniobras para salvar a Progen, la Fiscalía dejó a Manning fuera del caso.

Sostener la farsa sobre los generadores “marca Progen” era tan importante que su propio CEO o presidente del directorio, John Manning, llegó a Ecuador en noviembre de 2024 para evitar que los contratos se cayeran por los incumplimientos.

En juego estaban el contrato de Quevedo, valorado en $49,7 millones, y el de Salitral, por $99,4 millones. Ambos habían sido suscritos el 2 de agosto de 2024 con un plazo original de ejecución de 95 días calendario para Quevedo y 120 días para Salitral, contados desde el 3 de septiembre de 2024, cuando se protocolizaron.

Impulsó y logró la firma de una adenda clave

Para la fecha de la visita de Manning, del 10 al 14 de noviembre de 2024, ambas obras ya acumulaban retrasos. El 14 , Manning se reunió en Cuenca con la entonces ministra de Energía, Inés Manzano. El objetivo principal del directivo era evitar la terminación unilateral, esquivar las multas contractuales de $ 2.000 diarios por retraso y lograr una adenda que permitiera a Progen seguir recibiendo desembolsos de Celec.

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Esto último se concretó con la firma del contrato complementario TPI-CON-0001-25 para Quevedo, suscrito el 11 de enero de 2025 por el entonces gerente de Termopichincha, Gonzalo Guerrón, puesto en ese cargo por Manzano, según la declaración de Fabián Calero, exgerente de Celec. Un señalamiento que la exministra no ha desmentido.

Además, Byron Orozco, antecesor de Guerrón, declaró que su salida de Termopichincha se debió precisamente a su negativa a firmar dicha adenda.

El nuevo acuerdo modificó las condiciones del contrato original de Quevedo. En lugar de exigir a la contratista inspecciones en fábrica de la totalidad de los generadores para liberar el primer desembolso del 70 %, la adenda dividió el hito de pago en cinco embarques prorrateados del 14 % cada uno, lo que significó un tanque de oxígeno financiero a Progen sin haber entregado un solo kilovatio al país, en plena crisis.

Mantivo reuniones de alto nivel político

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Para Manning, la reunión de noviembre con Manzano dejó fricciones. La exministra llegó a asegurar que el directivo le mentía y cambiaba tanto sus justificaciones que parecía poco serio, según reveló el periodista Carlos Vera en Radio Centro. De hecho, el propio Manning fue entrevistado en ese espacio el 13 de diciembre de 2024. “Dentro de los logros de Manning consta el haber posicionado a Progen dentro de EE. UU. como una empresa aliada del sector estratégico del gobierno”, señaló Vera en su presentación a Manning.

En la entrevista, el CEO de Progen admitió sin rodeos que voló a Ecuador “con la única intención de estar presente en la modificación del contrato y hacerlo viable”.

Manning tuvo un manejo mediático 

Además, demostró un dominio al detalle del negocio: habló de plazos, inspecciones de técnicos de Celec, reprogramación de cronogramas y la firma verificadora. Para justificar las demoras, argumentó huelgas y los efectos de los huracanes Helene y Milton en Florida.

En Quevedo, el administrador del contrato autorizó prórrogas que estiraron el plazo original hasta el 11 de enero de 2025, mientras que en Salitral se tramitaban extensiones por 57 días adicionales para mover el límite al 27 de febrero de 2025.

Manning sabía perfectamente que si vencían esos plazos sin entregar las centrales en funcionamiento, se activarían las cláusulas de terminación unilateral, lo que finalmente ocurrió.

Recibió parte de  los 104 millones de dólares

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Pero como los $ 104 millones se pagaron sin garantías, una parte del monto fue a parar en los gastos personales de Manning, según el juicio en la Florida, sin que hasta la fecha se haya recuperado un dólar.

Pese a la evidencia de su gestión directa y su rol en las renegociaciones, el fiscal Carlos Alarcón decidió no presentar cargos en su contra dentro de la causa que investiga.

Vinculación. Con la última imputación, la Fiscalía investiga a 31 personas, la mayoría funcionarios de nivel técnico de Celec. Manning no es investigado.

Manning también chateó con Roberto Luque y Arturo Félix Wong

El exministro Roberto Luque y el exsecretario Arturo Félix Wong han aceptado que chatearon con John Manning, pues era quien estaba al frente de los contratos.

Para Leonardo Stagg, abogado del exministro Antonio Gonçalves, “Manning no fue un actor distante: participó en inspecciones, intervino en comunicaciones y estuvo presente en momentos relevantes de la ejecución contractual. Ha sido mencionado por personas vinculadas a la propia Progen y, de acuerdo con la información conocida sobre la ruta de los aproximadamente $ 104 millones pagados, aparece como uno de los principales beneficiarios”.

Lo que se sabe

• María Fernanda López, conocida como Mafo, es una de las artistas que contó su experiencia a EXPRESO
• Creadores de otras ciudades, e incluso de Colombia, han dejado ahí sus obras
• Estructura del edificio sigue causando riesgo a moradores y comerciantes

A Mafo le dan miedo las alturas. Aun así, hace unas tres semanas subió unos siete pisos entre los escombros del edificio Multicomercio, en el centro de Guayaquil, para pintar su placa.

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“Mi mamá se molestó. Soy una señora que pasa los 40 años”, contó entre risas María Fernanda López, conocida como Mafo, al recordar con EXPRESO aquella noche de intervención urbana en la estructura, afectada por un incendio hace seis meses.

Mafo es curadora, docente e investigadora de la Universidad de las Artes y madre de dos hijos. También tiene siete gatos.

Y aunque subir hasta las partes altas del edificio no era precisamente un paseo, decidió hacerlo como parte de un proceso de investigación sobre la cultura urbana.

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Adentro no hay luz. Por las noches, el viento sopla con fuerza. En el piso se encuentran vidrios, clavos y objetos que alguna vez tuvieron dueño, pero quedaron atrapados entre los escombros.

Pero ahora hay letras, símbolos y piezas de colores que trepan por las paredes de las torres.

Durante aquella intervención, los escritores urbanos se movieron entre los restos del edificio utilizando cuerdas, rapel y líneas de vida verticales. Mafo los observaba y, aunque reconoce que sintió miedo, también quedó admirada.

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Artistas de Ecuador y Colombia pintan en el Multicomercio

“Haber subido a este edificio requiere una valentía particular”, afirmó.

Con el paso de las semanas, Mafo ha regresado al Multicomercio para completar su pieza o realizar entrevistas. En esas visitas se ha encontrado con consumidores de sustancias y chamberos que frecuentan el lugar. Ya los reconoce e incluso los saluda: les dice ‘veci’.

Para ella, el edificio terminó convirtiéndose en una especie de “museo al aire libre”, por las obras que dejaron allí sus colegas y amigos.

En la intervención participaron cerca de 40 personas, según su estimación. Llegaron escritores y artistas urbanos de Durán, Ibarra, Quito y Babahoyo, además de un participante de Colombia. También estuvieron licenciados de la UArtes.

Entre ellos había unas seis mujeres: Amy, Neat, Livy, Gracias y Kira, además de Mafo, quien también habló de las dificultades que aún enfrentan las mujeres dentro de la cultura urbana.

La intervención no tuvo un líder, fue autoconvocada. Cada escritor urbano decidió acudir por su cuenta y llevó sus propios materiales e implementos para subir al edificio. Todo salió de sus bolsillos.

Las escenas de las que provienen también son diversas: hip hop, house, merengue, cumbia, punk, espacios universitarios, entre otras.

“No se trata de GDO (Grupos de Delincuencia Organizada) ni de demarcaciones territoriales. Este es un despliegue de la cultura urbana”, sostuvo Mafo.

Para ella, el Multicomercio resulta emblemático precisamente por ser una estructura en ruinas, abandonada y sin tratamiento por parte de una empresa privada, sus propietarios o alguna entidad. A eso se suma su visibilidad y, sobre todo, las condiciones de inseguridad que presenta.

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Su propia intervención, explica, está ligada a su profesión y forma parte de un proceso de investigación.

El día siguiente a la intervención, surgieron muchos comentarios que la calificaban como vandalismo.

Mafo reconoce que el tema es complejo. El grafiti, explica, siempre tendrá un componente ilegal, anónimo y efímero. Sin embargo, cuestiona que cuando un artista urbano llega a una galería o a un museo pueda perder, en el imaginario colectivo, esa condición de autenticidad que tiene en la calle.

A su criterio, espacios como el Multicomercio permiten estudiar y comprender mejor la cultura urbana, especialmente entre las nuevas generaciones.

En otros países, señala, existen investigaciones y hasta museos dedicados al grafiti. En Ecuador, en cambio, el debate suele quedarse en el “chismerío” y los ataques.

“Estas conversaciones en otros países tienen otro nivel”, sostuvo.

Para Mafo, el edificio se ha convertido en un punto de confluencia que podría servir incluso para discutir temas como la represión en la calle y desmontar el estereotipo de que quienes practican estas expresiones son simplemente vándalos.

“Aquí hay gente que es licenciada en Artes, que estudia, que trabaja. Hay padres de familia, obreros, estudiantes”, afirmó.

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Infraestructura del Multicomercio sigue cediendo

Desde el día en que ella subió, la estructura ha cedido aún más. Las columnas de las torres ahora parecen dobladas. “Así no estaba cuando yo vine”, dijo, asombrada.

Aun con el deterioro, los escritores urbanos siguen acudiendo al lugar para dejar su huella, mientras por dentro, habitantes en situación de calle continúan retirando cimientos de la estructura.

Durante el recorrido de EXPRESO todavía se observaba a personas retirando objetos de entre los escombros.

Uno de los habitantes del lugar contó que, en una zona donde el cemento se vino abajo, suelen acudir skaters para hacer maniobras con sus patinetas.

Mafo aseguró que en una de sus visitas los vio.

“Aquí (está) la cultura urbana en pleno”, aseveró.

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Lo que debes saber

• La deportación de José Serrano y los avances judiciales en los casos Sinohydro y Aquiles Álvarez sirvieron como distracciones.
• El Gobierno trata de desviar la atención pública de problemas incómodos (como la inseguridad y la falta de medicinas) de cara a las próximas elecciones.

Coincidencia o no, lo cierto es que la semana anterior se produjeron tres hechos muy potentes mediáticamente que redujeron a un segundo plano en la opinión pública temas incómodos para el Gobierno. Esto, de cara a las elecciones de autoridades municipales y provinciales que se realizarán en noviembre y que son consideradas como un termómetro de la popularidad del Gobierno.

Entre esos temas está el del escandaloso robo en el caso Progen, la inseguridad ciudadana, que sigue tan fuerte como antes en el país, y la escasez de medicinas, a pesar de los anuncios oficiales de que se las van a traer de la India. Estos tres temas, entre otros que han sido menos mediatizados, como el posible advenimiento de más apagones, han sido desplazados de la atención ciudadana por tres hechos: la llegada de José Serrano, deportado por el Gobierno de los EE. UU., y los fallos judiciales en dos casos: uno que ya es histórico y que se viene arrastrando desde hace años, como es Sinohydro; y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ha sido particularmente mal tratado durante el proceso por interés del Gobierno de Daniel Noboa.

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El efecto José Serrano

Sin duda, el hecho que con mayor potencia se instaló en la conversación pública y opacó cualquier otro que pueda resultarle incómodo al Gobierno durante los últimos días de la semana anterior y, particularmente, el fin de semana, fue el de la llegada de José Serrano, exministro de Seguridad del Gobierno de Rafael Correa. Serrano fue deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, donde estaba en prisión por no cumplir con las normas de migración en ese país. Serrano es visto por la opinión pública como el arquitecto de todo un sistema de terror, amedrentamiento y persecución política que reinó durante el Gobierno de Rafael Correa, y era requerido por la justicia ecuatoriana porque está sindicado como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Luego están otras dos noticias que han ayudado a ocultar los problemas que ponen aún en más riesgo la popularidad del Gobierno: las definiciones judiciales en el caso Sinohydro y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Si bien en el primer caso no ha sido evidente que el Gobierno haya estado presionando a la justicia para que condene al exvicepresidente Lenín Moreno y otras personas por cohecho, lo cierto es que el aparato de comunicación del régimen ha posicionado ese caso como un supuesto resultado de su decisión de combatir la corrupción, aunque los dos mayores gestores de la construcción de la presa hidroeléctrica Coca Codo hayan quedado por fuera del juicio: Rafael Correa y Jorge Glas.

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El caso de Aquiles Álvarez, si bien también copó la atención de parte de la población, es distinto al de Sinohydro: en él sí ha sido evidente y notorio el trabajo de los operadores del Gobierno por acorralar a Álvarez, usando su poder en la Fiscalía y en el sistema de justicia. En este caso, el sistema de comunicación del régimen también hizo todo lo posible por posicionar la idea de que el Gobierno está luchando en contra de la corrupción. Además, claro, de algo que es obvio: sacando del medio a Álvarez, crecen las posibilidades de que un candidato oficialista pueda ganar las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es el tema que el Gobierno más necesita tapar?

¿Pero cuál es el tema que el Gobierno más necesitaba que se tape con estos tres golpes comunicacionales? Sin duda, más que el de la falta de medicinas y el de la inseguridad, es el de Progen. ¿Por qué? Porque en los últimos días ese asunto se le ha complicado al Gobierno. Por un lado está lo penal: inicialmente la Fiscalía había procesado a 21 personas por presunto peculado y ordenado prisión preventiva para 19. Pero el 24 de agosto ocurrió algo incómodo para Carondelet: la Fiscalía vinculó a 10 personas adicionales, por lo que ahora hay 31 procesados. Esa vinculación, además, extendió por 30 días la instrucción fiscal.

En esa ampliación entraron dos personajes (que inexplicablemente no habían sido sindicados) muy sensibles para las evidentes intenciones del Gobierno de proteger a los más altos funcionarios, que son el ministro de Energía, Roberto Luque, y la exministra Inés Manzano: José Manuel de Oliveira Allu y Peter Dreher Pozo. El primero fue coordinador general jurídico del Ministerio de Energía y posteriormente asesor de Roberto Luque. Está fuera del país y se solicitó prisión preventiva y localización internacional. Dreher fue asesor del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque. También está fuera de Ecuador. Según la Fiscalía, tuvo participación en el proceso relacionado con la compra de los generadores y llegó incluso a viajar a Estados Unidos invitado por Progen para conocer sus instalaciones.

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La tarea del oficialismo de proteger a los ministros

Pero esto no es todo: en la Asamblea se aprobó algo escandaloso que, si no hubiera sido por lo de Serrano, estaría incendiando las redes sociales: el Pleno aprobó, con 80 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones, el informe de fiscalización sobre Progen y Austral Technical Management. Ahí se descarta responsabilidad política de los ministros del Gobierno de Noboa. La Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, había sostenido que la Contraloría no encontró responsabilidades en los ministros.

Es decir, el frente político del caso Progen acaba de recibir un importante alivio para el Gobierno, que habría sido impensable conseguir sin que el tema de Serrano hubiera estado en el candelero. Si no hubiera sido por la llegada de Serrano, que se tomó todos los espacios públicos de comunicación, la tarea de la Asamblea de proteger a los ministros del Gobierno hubiera sido impensable.

Lo que debes saber

• La deportación de José Serrano no alteraría el resultado de las próximas elecciones seccionales.
• Analistas señalan que la polarización entre correísmo y anticorreísmo ya está consolidada.
• Factores como la gestión gubernamental y otros casos judiciales incidirán más en el voto.

La deportación de José Serrano y su traslado a la Cárcel del Encuentro en Ecuador, tras años de proyectar una imagen de intocabilidad por su rol en el gobierno de Rafael Correa, tendrán un impacto electoral limitado en las próximas elecciones seccionales de noviembre de 2026. Analistas y exlegisladores coinciden en que este acontecimiento político no otorgará una ventaja decisiva a los candidatos del oficialismo, debido a que las prioridades ciudadanas se centran en la economía del día a día y a que el clivaje político se encuentra fuertemente polarizado a tres meses de los comicios.

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El peso simbólico del retorno y las prioridades de los votantes

Para el exasambleísta Andrés Páez, la relevancia política del retorno de José Serrano radica en que durante años el exministro proyectó una imagen de ser intocable, pese a los señalamientos en su contra y a su papel protagónico durante el correísmo.

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Sin embargo, Páez sostiene que su reclusión en la Cárcel del Encuentro no representará una ventaja significativa para los postulantes del oficialismo en las elecciones seccionales:

"El grueso de la gente está en otra cosa, está viviendo con lo del día a día, está buscando parar la olla".Andrés Páez, exasambleísta

El voto anticorreísta y los electores indecisos

El retorno del exfuncionario podría funcionar únicamente como un elemento de validación para quienes ya simpatizan con el régimen:

Según Páez, "el voto anticorreísta es sólido. Está consolidado. El voto anticorreísta tiene una consigna muy clara y contundente, pero no necesariamente contagia a otros estamentos de la sociedad".

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Polarización política y neutralización del correísmo

Por su parte, el consultor político y exsecretario de Comunicación Gustavo Isch coincide en que el suceso tendrá una incidencia marginal en las urnas. A su criterio, la expulsión del exministro no altera de forma sustancial la división política nacional.

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"Los niveles de polarización están tan establecidos que difícilmente va a cambiar algún porcentaje o algún sector de la ciudadanía, bien sea a favor o en contra", explicó Isch. Además, puntualizó que las acciones orientadas a neutralizar al movimiento del expresidente Rafael Correa no se traducen de manera automática en un cambio en la intención de voto.

Factores clave que incidirán en las elecciones seccionales

El exlegislador Héctor Muñoz remarcó que la deportación no definirá los resultados por sí sola, en particular porque ocurre con tres meses de anticipación a la jornada de votación. No obstante, identificó variables que sí podrían alterar el tablero político:

El episodio refuerza posturas previas en el electorado, pero no cuenta con la fuerza suficiente para reconfigurar por sí solo el escenario electoral ecuatoriano.

Lo que debes saber:

• El regreso a clases en Quito aumentará el tráfico y cambiará las rutinas familiares desde septiembre.
• 6.500 buses escolares volverán a operar en Quito para trasladar a estudiantes desde distintos sectores.
• Familias y estudiantes adelantan sus horarios para enfrentar tráfico, buses llenos y recorridos más largos.

La rutina de Rebeca Colcha, de 13 años, cambia drásticamente en septiembre 2026, con la vuelta a clases. También la de sus padres, Lorena Maroto y Carlos, que deben reorganizar sus horarios para llevarla y recogerla en un colegio del centro. 

Lo que ocurre en esta familia se repite en los hogares de por lo menos medio millón de estudiantes y termina repercutiendo en toda la ciudad: cambian el tráfico, los horarios laborales y las actividades cotidianas.

En julio y agosto, en las vacaciones escolares, todos en casa de Rebeca duermen un poco más. Ella solía despertarse a las 08:00. Desde hace unos días comenzó a acostarse a las 20:00, en lugar de las 22:00, para descansar lo suficiente y acostumbrarse de nuevo al ritmo.

Para ir a clases planeaba levantarse a las 05:00, el martes 1 de septiembre. Así tiene tiempo para ducharse y desayunar con tranquilidad lo que prepara su padre. A las 06:00 sale de su vivienda, en San Juan, para dirigirse al Centro Histórico. Toman un bus de la ruta Bellavista hasta la Plaza de San Francisco y caminan hasta el colegio.

Su madre explica que prefieren madrugar para “ir algo más cómodas en el bus. Yo o mi esposo la acompañamos y llegamos unos 20 minutos antes de las 07:00”, dice Lorena. Cuando comienzan las clases, todo se complica, apunta la auxiliar de contabilidad. 

"La ciudad se mueve, hay más chicos en las calles y más tráfico”. Su esposo, que tiene un negocio propio, dispone de mayor flexibilidad para recoger a su hija.

Quito

Quito se alista para el regreso a clases: habrá controles en 166 unidades educativas

Sara Oñate

“Ya no solo me apuro yo, también mis padres, que en ocasiones incluso me preparan algo para llevar para el recreo. Si nos demoramos, los buses van repletos. Hay más gente en el perímetro del colegio; padres y madres son parte de brigadas de seguridad”, dice Rebeca.

Desde el 2010, Quito aplica un plan que se llamaba Vamos seguros a clases, para el ingreso escalonado según el nivel educativo. El fin: que fluyan mejor el trole, ecovía y más buses, hoy el metro y los autos.

6.500 buses escolares se suman al tráfico de Quito

Pero el regreso a clases no solo mueve al transporte público convencional. Edwin Guerra, presidente de la Unión Provincial de Transporte Escolar e Institucional de Pichincha, anota que en el Distrito Metropolitano hay 6.500 unidades dedicadas a este servicio.

Una de las empresas que presta el servicio a ese colegio, ubicado en Iñaquito, cubre sectores como Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Calderón, Guamaní y el valle de los Chillos, por ejemplo.

Javier Pozo, gerente de Furgoplanta, que presta servicio a 10 planteles, explica que los recorridos se organizan de acuerdo con las necesidades de las familias, con mínimo 13 estudiantes. 

“El 90 % de compañeros de sus 250 unidades se para en julio y agosto; viven con el pago de 10 meses, cuando funcionan los colegios”.

La inseguridad y el tráfico también han obligado a las empresas a incorporar tecnología. Furgoplanta tiene una app de georreferenciación que permite a los padres saber cuándo los buses salen de la institución y cuándo están próximos a llegar a sus hogares.

Uno de los conductores es Samir Sotomayor, quien trabaja con el Colegio San Francisco de Sales, en las calles Colón y Tamayo, en el centro norte. 

A las 05:50 recoge a una estudiante que vive en Nueva Aurora, en Guamaní, en el sur de Quito. Llegan a las 07:15. “Es una hora de recorrido”, cuenta. La jornada de regreso comienza a las 14:00 y la estudiante llega a su domicilio a las 15:10.

El tráfico es más intenso en la av. Velasco Ibarra, a la altura de El Trébol, y en la Villa Flora, hacia El Recreo, señala.

Todos madrugan más por las escuelas

Para las familias, el regreso a clases trae cambios en las rutinas. Mónica Miño es madre de tres hijos: Ariel, de 16 años; Camilo, de 13; y Édgar, de 7. Cuando los tres estudiaban en el colegio en el que ella trabaja, La Dolorosa, sus horarios implicaban madrugadas que incluso provocaban quejas.

“Por qué estudio en la noche”, le reclamaba Édgar. En realidad, se refería a que debían levantarse demasiado temprano, a las 04:30, cuando todavía no había amanecido.

En vacaciones, los tres se dormían entre las 22:00 y las 01:00. Desde ayer planeaban recostarse a las 21:30 máximo.

Ahora los tres estudian en un colegio del valle de los Chillos y el mayor incluso tiene horario vespertino. Aun así, en este mes se trastoca la dinámica de todos. 

“Mi esposo sale a las 07:00 y yo a las 06:00. Todo cambia, el tráfico es más pesado. Yo tengo que levantarme más temprano porque hay cola para ducharse en casa y les sirvo el desayuno antes de salir”.

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Las panaderías y tiendas también modifican su horario. En los alrededores de los colegios vuelven los puestos de venta informal de todo tipo.

Lo que debes saber

• Mapa inesperado: Sucumbíos lidera en proporción de buenos pagadores con 83,1 %, mientras Pichincha y Guayas quedan fuera de los cinco primeros lugares del país.
• Acceso estancado: De 11,6 millones de personas con algún servicio financiero, solo 3,7 millones acceden a un crédito, una proporción que casi no varía desde 2021.
• Brecha de género: Con el mismo nivel de riesgo bajo, las mujeres recibieron una mediana de $4.135 frente a $5.497 de los hombres, una diferencia del 25 %.

Sucumbíos, Azuay y Morona Santiago encabezan la lista de provincias con mayor proporción de buenos pagadores en Ecuador, con 83,1 %, 82,9 % y 82,7 % respectivamente.

Pichincha y Guayas, que concentran la mayor actividad económica del país, quedaron fuera de los cinco primeros lugares entre abril y junio de 2026, según el Monitor del Crédito de Aval Buró.

El mapa se repite en el puntaje promedio provincial, donde Azuay lidera por tercer trimestre consecutivo. 

Cañar saltó del puesto 10 al 2 en apenas dos trimestres y Cotopaxi se ubicó tercera, mientras Pichincha quedó novena y Guayas apenas entró al décimo lugar.

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¿Qué mide realmente el ranking provincial?

Ese orden no significa que en Quito y Guayaquil se pague peor, advirtió Santiago García Álvarez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. "Mide cómo se concedió el crédito por provincias en función del nivel de score bancario de los que recibieron el crédito", explicó.

Dicho de otro modo, el ranking no registra quién cumple con sus deudas, sino dónde el sistema se animó a prestar y a qué perfil. 

En las provincias pequeñas la colocación se concentra en riesgo bajo y medio; en las grandes, con más demanda, la cartera incorpora clientes más diversos.

Patricio Chanabá, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, aportó otra explicación. Quito y Guayaquil se han vuelto polos de migración interna desde zonas con menos empleo formal, y esa llegada satura el mercado, eleva el fracaso de los emprendimientos y deja a más gente sin capacidad de pago.

Sobre el desempeño amazónico, García sumó otro factor: "Hay que recordar que en estas provincias está involucrado mucho la minería", por la actividad legal que opera en Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

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¿A quién está dejando fuera el sistema financiero?

De las 659.000 personas que recibieron un préstamo en el trimestre, el 40 % tiene riesgo bajo, otro 40 % riesgo medio, el 14 % riesgo alto y el 6 % ni siquiera tiene puntaje. 

En tres trimestres seguidos el grupo de riesgo bajo pasó del 38 % al 39 % y luego al 40 %, mientras el de riesgo alto bajó del 15 % al 14 %.

La banca colocó $6.805 millones, un 10 % más que el año anterior, y el puntaje promedio del país llegó a 916 puntos, su mejor cierre desde 2025. 

Pero ese crecimiento se reparte entre los mismos clientes: el sistema afina la cartera que ya tiene en lugar de sumar gente nueva.

De los 11,6 millones de ecuatorianos con algún servicio financiero, apenas 3,7 millones logran un crédito. Es el 29 %, una proporción estancada desde hace cinco años, según el análisis de García con datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

La inclusión financiera suele medirse por otra vía: cuántos adultos tienen una cuenta. Con ese indicador, el país llegó al 92 % en 2025. Casi todos tienen dónde guardar su dinero, pero pocos consiguen que se lo presten.

Las exclusiones tienen edad y género. El 9 % de los jóvenes que obtuvieron crédito no tiene puntaje, frente al 4 % de los adultos mayores y al 3 % de las mujeres.

¿Por qué las mujeres reciben menos con el mismo riesgo?

Entre quienes sí entran, el trato tampoco es igual: con el mismo riesgo bajo, la mediana prestada a mujeres fue $4.135 y a hombres $5.497. "Los hombres recibimos más crédito. No hay vueltas", afirmó García sobre esa diferencia del 25 %, y la atribuyó a que el emprendimiento y el nivel educativo aún favorecen levemente a los hombres.

¿Qué papel juegan los techos de tasas?

Para Chanabá, la causa de fondo está en el esquema de tasas máximas vigente desde 2007. "Hay una competencia un poco descarnada de todos querer llegar al buen pagador", afirmó.

El techo impide que cada entidad cobre según el riesgo que asume y, con eso, deja fuera a quienes no encajan en el perfil seguro. "Si me pones un precio artificial o político, yo dejo de dar el crédito", dijo Chanabá, y advirtió que quedan sin financiamiento emprendedores con proyectos viables pero historial corto.

El gremio bancario llegó a la misma conclusión. Marco Antonio Rodríguez Proaño, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), escribió en un mensaje de Linkedin que un sistema de tasas más flexible permitiría valorar mejor el riesgo: "Mantener techos que limitan esa diferenciación deja fuera precisamente a quienes tienen menos historial crediticio".

El efecto se ve en el microcrédito —el crédito de los emprendimientos más pequeños, que mueve $10.795 millones y representa el 15 % de la cartera del sistema—, el único segmento que se deterioró. Los beneficiarios con riesgo alto subieron del 14 % al 17 %, mientras en comercial bajaron al 12 %, en consumo al 13 % y en vivienda al 7 %.

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¿Alcanza la reforma que discute la Asamblea?

La Asamblea Nacional discute una salida. La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), que espera segundo debate, encarga a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria crear un régimen especial de tasas para quienes no constan en las centrales de riesgo, por un máximo de 36 meses.

García advirtió que esa disposición no fija plazo de implementación y que quedó fuera del articulado, en una disposición general. Chanabá fue más lejos: "Se inserta como un parche dentro del gran problema que significa el control de precios artificiales", afirmó.

Mientras el debate avanza, una reforma ya vigente suma al historial crediticio el pago de servicios básicos, impuestos y telecomunicaciones. Rodríguez la respaldó, pero apuntó al pendiente: "Vuelve más urgente la reforma del sistema de tasas de interés".