Lo que debes saber

• La confirmación del primer caso de mpox Clado Ib en Ecuador reactivó las alertas sanitarias y expuso dudas sobre la capacidad de prevención del país. 
• Aunque el sistema respondió con protocolos, expertos advierten fallas en controles fronterizos y vigilancia epidemiológica. La nueva variante, más transmisible, plantea un desafío clave: si Ecuador está realmente preparado o vuelve a reaccionar tarde ante una amenaza sanitaria.

El virus volvió a cruzar la frontera sin hacer ruido, pero dejó preguntas que aún no tienen respuesta. El 2 de abril de 2026, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el primer caso importado de mpox de la variante Clado Ib, una cepa más transmisible de la viruela del mono que encendió las alertas nacionales.

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La detección, realizada por el laboratorio de referencia, activó protocolos epidemiológicos y reavivó recuerdos recientes de crisis sanitarias. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la noticia abre un debate incómodo sobre si el país llegó tarde otra vez.

La reacción institucional fue inmediata en el papel: alerta epidemiológica, refuerzo de controles y coordinación con organismos internacionales. Pero la rapidez del protocolo contrasta con una duda clave: ¿el sistema actuó a tiempo o simplemente respondió cuando el riesgo ya estaba dentro? En un contexto donde la prevención debería ser prioridad, la aparición de este caso pone en cuestión los controles en aeropuertos y fronteras. La historia parece repetirse, con un Estado que reacciona más de lo que anticipa.

El problema de la frontera ha sido una debilidad histórica del sistema. Al momento no existen controles epidemiológicos efectivos en los puntos de entrada al país.Mario Paredes, epidemiólogo de la Armada del Ecuador

Controles fronterizos en duda tras llegada de nueva variante de mpox

En un sistema de salud que aún arrastra limitaciones estructurales, la llegada de una variante más contagiosa plantea interrogantes más profundos. ¿Existen suficientes recursos, personal y capacidad para contener un posible brote? A esto se suma el desafío de comunicar sin generar pánico, pero con la claridad necesaria para evitar la desinformación. Tras la experiencia del COVID-19, la verdadera incógnita no es solo el virus, sino si el país aprendió lo suficiente para enfrentarlo mejor esta vez.

Ante este escenario, se solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública para dialogar con María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada del MSP. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta al pedido, por lo que se consultó a expertos en la materia.

El epidemiólogo de la Armada del Ecuador, Mario Paredes, advirtió que el país enfrenta un escenario distinto al de 2022. “Fue con la variante Clado 2B… la que tenemos ahora es la Clado 1B”, explicó, al señalar que antes se trataba de una transmisión “de tipo sexual en grupos de adultos”, mientras que ahora “hay la probabilidad de que la transmisión se dé también en otro contexto… de tipo pediátrico y no necesariamente ligado a transmisión sexual, sino a contacto directo”. Esto, sostuvo, cambia el enfoque de prevención.

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Sistema de salud frente al desafío de una variante más transmisible

Sobre los controles sanitarios, fue crítico: “El problema de la frontera siempre ha sido una de las patas cojas del Ministerio de Salud Pública”. Añadió que en aeropuertos y pasos fronterizos “existe una ausencia total de un departamento de epidemiología o de control del viajero”, lo que deja espacios vulnerables. Además, advirtió que los controles básicos son insuficientes, ya que “la incubación dura entre 5 y 21 días”, lo que permitiría que personas potencialmente infectadas ingresen y se movilicen sin detección.

En cuanto a la respuesta del sistema, indicó que “el sistema sanitario tiene una capacidad sólida diagnóstica”, pero alertó que “la vigilancia epidemiológica en campo es el problema”. Señaló también la necesidad de descentralizar el diagnóstico y reforzar puntos clave como aeropuertos y fronteras. Finalmente, subrayó que “no sería lo lógico” aplicar vacunación masiva, sino focalizada, y que debe fortalecerse “una comunicación de riesgo mucho más adecuada”, junto con medidas como lavado de manos, identificación temprana de lesiones y aislamiento oportuno.

El infectólogo Washington Alemán sostuvo que la detección del caso evidencia avances en el país: “cuando se usan medidas y técnicas diagnósticas modernas, como la medicina molecular coordinada con la parte epidemiológica, se pueden obtener resultados adecuados”. No obstante, advirtió que estas capacidades requieren fortalecerse, ya que “lo que se necesita es respaldo y presupuesto” para sostener una vigilancia molecular efectiva y continua.

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Diagnóstico molecular y respuesta sanitaria ante el mpox en Ecuador

En esa línea, enfatizó la importancia de la rapidez en el diagnóstico: “las técnicas moleculares son rápidas, con una alta sensibilidad y especificidad”, lo que permite respuestas más precisas frente a nuevos casos. Además, insistió en que este enfoque no debe limitarse al mpox, sino ampliarse a otras enfermedades, señalando que “toda la vigilancia relacionada con diagnósticos moleculares debería mantener las mismas características”.

La medicina molecular, coordinada con la epidemiología, permite obtener resultados adecuados en la detección temprana...Pero necesita respaldo y presupuesto.Washington Alemán, infectólogo

Sobre la variante actual, explicó que “aparentemente… es más transmisible que las anteriores”, lo que justifica la alerta epidemiológica y la necesidad de mayor vigilancia. Sin embargo, llamó a la calma: “lo primero es no generar alarma”, ya que “no tiene una capacidad de propagarse como una epidemia o una pandemia”. Recomendó educación, prevención y atención oportuna: “enterarse de cómo son las manifestaciones clínicas… lavado de manos… acudir a buscar ayuda médica y estar atento ante cualquier eventualidad”.

Lo que debes saber

• La Feria del Libro de Quito se realiza en medio de una tensión entre el Municipio y el Gobierno por las reformas al Cootad. 
  
• Ahora, la organización está a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro y la entrada tendrá un costo de un dólar.

La organización de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la capital, la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ), se ha convertido en el más reciente escenario de pugna entre el Municipio y el Gobierno.

Te invitamos a leer: La Feria Internacional del Libro de Quito ya tiene fecha y precio de entrada

Desde el Municipio se advirtió que con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se limita la ejecución de actividades consideradas “no prioritarias”, lo que incidió en la decisión de la Secretaría de Cultura de suspender la FILQ para este año.

Sin embargo, pocos días después del anuncio, el Viceministerio de Cultura, liderado por Romina Muñoz, aseguró que el evento sí se realizará, aunque bajo una nueva organización.

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La Cámara del Libro entra en escena 

Así, la respuesta formal del Ejecutivo no tardó en tomar forma. Ayer, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, afirmó que el Gobierno no permitirá que Quito se quede sin su feria del libro. “No íbamos a permitir que se pierda este espacio. Es uno de los encuentros culturales más importantes del país y debe mantenerse con la altura que la ciudad merece”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno acompañará la organización junto a la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Alcívar también hizo un llamado a despolitizar la cultura. “La FILQ es un espacio emblemático que no puede fragmentarse ni estar sujeto a disputas. Debe garantizarse su acceso a toda la ciudadanía”, enfatizó, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que el Municipio se reincorpore al proceso organizativo.

Mesas de trabajo con el sector

Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, reconoció que asumir nuevamente la organización implica “un reto importante”. Recordó que el gremio ya ha liderado 13 ferias entre 2008 y 2021, y adelantó que la edición 2026 buscará ser “diversa, inclusiva y representativa de todo el sector”.

Según explicó, ya se iniciaron mesas de trabajo con más de diez sectores vinculados al sector del libro y la cultura, incluyendo librerías independientes y editoriales. El objetivo es construir una feria más técnica, con datos claros sobre asistencia y perfil de visitantes, además de garantizar la participación de cerca de 190 expositores en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados.

Para los espacios hay una gratuidad de 9 m2, si requieren más, tendrá un valorFabián Luzuriaga, presidente Cámara Ecuatoriana del Libro

Sin embargo, algunas decisiones han generado inquietud. Entre ellas, el cobro de una entrada de un dólar y la falta de definición de una agenda consolidada. “La gratuidad limita el crecimiento de la feria”, argumentó Luzuriaga, al señalar que eventos similares en la región también contemplan costos de ingreso.

Presupuesto detinado a la FILQ

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, confirmó que el presupuesto destinado bordea el medio millón de dólares, con recursos adicionales que serán gestionados desde la Cámara del Libro mediante alianzas con el sector privado. Destacó, además, el reciente reconocimiento internacional del país como invitado de honor en la Feria del Libro de Lima, lo que, según dijo, refleja un trabajo sostenido con el sector editorial.

Cuestionamientos de la Asamblea del Libro

Pero desde las librerías independientes hay cuestionamientos. Pamela Ríos, integrante de la Asamblea del Libro, que agrupa a 124 librerías de todo el país, advirtió que el proceso actual podría significar un retroceso frente a los avances logrados en los últimos años.

Recordó que en 2021, tras la transición de la organización de la feria desde el entonces Ministerio de Cultura al Municipio, se implementaron mesas técnicas que permitieron una participación más equitativa, con espacios gratuitos para librerías independientes. “Ese año fue exitoso, con alta afluencia de personas y buenas ventas”, señala.

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Para Ríos, el principal problema radica en que se está “empezando de cero” en la conceptualización de la feria, pese a cinco años de trabajo sostenido. También cuestionó la falta de socialización de decisiones clave como la fecha (un mes antes de elecciones), el costo de la entrada y el lugar del evento a un sector menos accesible de la ciudad.

“El acceso al libro es un derecho. Cobrar entrada y alejar la feria del centro urbano limita la participación”, advirtió. Además, expresó su preocupación por lo que considera una “privatización” del evento, que podría excluir a sectores fundamentales del ecosistema cultural.

En un comunicado, luego de que se confirmó que la FILQ tendrá un costo, la Asamblea señaló que “cobrar entrada no es una medida menor. Es el inicio de un modelo excluyente que limita el acceso a la lectura y contradice el carácter público de la feria”.

La posible censura de autores y restricciones en la participación es otro tema de preocupación ante dudas sobre si se priorizaría a voces alineadas con el Gobierno. Sin embargo, Ríos aseguró que Luzuriaga les garantizó que no habrá ningún tipo de censura. Aun así, insistió en que lo más adecuado sería realizar convocatorias públicas.

Invitación al alcalde de Quito

Por su parte, Mateo Luzuriaga, librero independiente, lamentó la politización de la feria y sus posibles consecuencias. “El perjudicado es el lector. Estos espacios deberían estar gestionados por estructuras técnicas y no convertirse en escenarios ideológicos”, afirmó. Asimismo subrayó la necesidad de revisar políticas como los aranceles a la importación de libros.

Desde la Cámara Ecuatoriana del Libro se aseguró que en estos días invitarán formalmente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y al Secretario de Cultura, Jorge Cisneros, a sumarse a la organización, en un intento por tender puentes y garantizar la realización del evento.

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Lo que debes saber

• Ecuador mantiene el uso de barcazas alquiladas como solución al déficit eléctrico ante la falta de nueva generación propia.
• La generación térmica flotante (300 MW) que se contrató por la crisis en 2024 ahora se extenderá hasta 2028.
  
• Firmar nuevos contratos para alquilar tres barcazas no aumenta la generación térmica del país. Solo se mantiene los 300 MW.

Las tres barcazas de generación térmica contratadas durante la crisis eléctrica en Ecuador pasaron de ser una solución emergente a convertirse casi en activos fijos. El gobierno actual, a través de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro), apuesta por mantener estas embarcaciones hasta mediados de 2028 para cubrir, en parte, el déficit eléctrico del país.

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La iniciativa de mantener la generación flotante fue dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía, que solicitó el 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio MAE-VEER-2025-0381-OF a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro realizar “las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”, detalla el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

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Así, para seguir contando con estas soluciones, que según los plazos tenían vencimientos entre enero y julio de 2026, Elecaustro realiza desde febrero pasado procesos de contratación especiales (bajo la modalidad Giro Específico del Negocio) para mantener entre 280 y 290 megavatios (MW) de energía térmica, pero a un plazo mayor, hasta 2028. Esto significa que los nuevos convenios se firmarán por 800 u 820 días incluida la movilización.

Contratación bajo régimen especial

La justificación para aplicar esta modalidad, aparte de lo dispuesto por el ministerio, responde a la dependencia del sistema eléctrico nacional de “factores imprevisibles como los eventos naturales, que no pueden estimarse con exactitud”. Por esta razón, Elecaustro afirma “no poder planificar sus contrataciones para hacer frente a este tipo de eventos y reducir el tiempo de indisponibilidad del sistema energético”, según el Oficio Sercop-Sercop-2025-0253-OF de 10 de julio de 2025, al que accedió EXPRESO.

En este documento, firmado por su director general encargado, Julio José Neira, se autoriza a Elecaustro a hacer las adquisiciones y otorga un año de plazo para usar esta figura. Es decir, hasta julio de 2026.

Procesos y contratos en curso

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Para cumplir con lo dispuesto por el ente rector, Elecaustro publicó entre febrero y el 6 de abril de 2026 cuatro procesos relacionados con el “alquiler, operación de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda nacional”, en su página web. De ellos, uno está adjudicado (Esclusas IV), uno desierto (Ecuagran II), que luego se volvió a presentar con el mismo nombre y ahora está en curso junto con Esclusas VI.

Diario EXPRESO buscó detalles de estos procesos el 5, 6 y 7 de abril de 2026 en el Sercop, pero no hubo resultados ni utilizando los códigos asignados. Sin embargo, la información de estas “nuevas” adquisiciones se expone en la web de Elecaustro, aunque ciertos documentos, como Ofertas de Esclusas IV, no son accesibles.

Lo que sí detalla es que la contratación de estas soluciones se extenderá hasta por 820 días, que a Karpowership se le adjudicó ya un nuevo contrato por más de $131 millones para mantener 100 MW mediante generación térmica con Esclusas IV, antes conocida como Murat Bey, que tuvo ya dos convenios previos (ver gráfico).

Cuestionamientos legales y técnicos

La contratación reiterada de estas embarcaciones ocurre pese a que Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que la renovación de contratos solo cabe para bienes inmuebles y por una sola ocasión.

“Si la necesidad persiste se deben realizar procesos abiertos para garantizar la mayor participación de oferentes y así obtener mejores precios y condiciones para el Estado”, refiere el catedrático.

Elecaustro, por su parte, en los informes que justifican estos procesos sostiene que la incorporación de esta generación permite sostener la continuidad del servicio público de electricidad ante incrementos de demanda, mantenimientos del parque generador y posibles escenarios de baja disponibilidad hídrica (de agua), mientras se ejecutan proyectos permanentes de generación térmica.

Falta de generación propia

Más allá de garantizar el suministro eléctrico, las acciones del Estado -mediante Elecaustro- apuntan a suplir la falta de proyectos de generación propios, pese a que el Cenace ha señalado de manera reiterada la necesidad de incorporar soluciones que aseguren energía firme.

“Llevamos ya casi dos años y no se ve plantas de generación térmica en tierra propias o privadas”, refiere Gabriel Secaira, consultor energético.

La falta de proyectos propios preocupa porque si se logra mantener los 300 MW de las barcazas eso no representa nueva generación. Es decir, si se concretan las tres contrataciones Ecuador seguiría disponiendo de aproximadamente 1.300 MW de generación térmica (incluido barcazas y centrales), subraya Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.

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Mientras tanto, el déficit eléctrico (aproximadamente 900 MW) puede ir en aumento porque la demanda nacional crece en alrededor de 300 MW cada año.

Costos y subsidios de la generación térmica flotante

Elecaustro, en cambio, dice que evaluando costos de importación principalmente de Colombia durante 2024. Pero no precisa que ese año se adquirió energía térmica, que es más costosa que la hidroeléctrica, por el estiaje severo. También indica que el estimado de no tener suministro asciende a $1,53 el kilovatio hora (kWh). Por esta razón, concluye que conviene más alquilar térmicas flotantes, cuya tarifa promedio de generación es 12,85 centavos el kWh.

Acuña precisa que la tarifa referida no refleja los valores reales porque el suministro de combustibles le corresponde al Estado. Además, los derivados que usan en el sector eléctrico reciben subsidios, por parte del Fisco. “El valor total de la generación con barcazas alquiladas es más alta de lo que consta en los contratos”.

Según, el último informe de Petroecuador los valores hasta el 11 de abril de 2026 son:

Bajo el argumento de que alquilar generación térmica flotante es más económico, Ecuador tiene previsto destinar más de $500 millones para alquilar barcazas hasta 2028 -según contratos firmados, adjudicados y montos referenciales-. Este valor es mayor al establecido para los proyectos fallidos de Austral y Progen, que tenían un costo total de $231 millones.

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Un problema estructural

“Si cada año vamos a seguir contratando generación flotante, significa que no tenemos la capacidad institucional para solventar el suministro de electricidad con generación propia en tierra (…) ¿Por qué de 2023 a 2026 no hay un proyecto propio para satisfacer la demanda?”, se pregunta Andrade.

Secaira estima que con los recursos destinados para los contratos ejecutados, adjudicados y en proceso de adquisición de barcazas alquiladas, Ecuador pudo haber contratado la puesta en marcha de una central térmica propia en tierra de 400 MW. Este tipo de procesos, sin embargo, requieren de una planificación minuciosa.

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EXPRESO solicitó este 7 de abril de 2026 información a Elecaustro y Karpowership sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

Te invitamos a leer| ¿Para qué querrían que el CPCCS pierda su facultad de elección?

Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

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¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

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Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Marcela Aguiñaga deja la Prefectura: quién es Carlos Serrano, su reemplazo

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Lo que debes saber

• La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad urgente. Francesca Escala, directora de Sostenibilidad de la Universidad Ecotec, analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta el país, así como el papel clave de la economía circular.

En términos generales, ¿qué comprende la sostenibilidad en un país como Ecuador?

La sostenibilidad es un concepto integral que abarca tres dimensiones fundamentales: la ambiental, la social y la económica. No se trata únicamente de cuidar el medio ambiente, sino de garantizar que las actividades productivas sean viables en el tiempo, que generen beneficios para la sociedad y que se desarrollen de manera equitativa. En un país como Ecuador, con gran biodiversidad y riqueza natural, la sostenibilidad implica encontrar ese equilibrio entre aprovechar los recursos y preservarlos para las futuras generaciones.

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Se habla mucho de economía circular. ¿En qué consiste y por qué es importante?

La economía circular es un modelo que busca transformar la forma en que producimos y consumimos. A diferencia del modelo tradicional, que es lineal —extraer, producir y desechar—, la economía circular propone mantener los recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible. Esto significa reutilizar, reciclar, reparar y rediseñar productos para reducir la generación de residuos. Su importancia radica en que nos permite disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que abre oportunidades económicas.

¿Qué problema genera el modelo actual de consumo?

El modelo lineal que hemos mantenido durante décadas genera una sobreexplotación de los recursos naturales y una acumulación de desechos que el ambiente no puede procesar. Muchos de estos residuos, como los plásticos, tardan cientos de años en degradarse. Además, este modelo no considera que los recursos son finitos, lo que pone en riesgo la disponibilidad de materias primas en el futuro. Esto no solo afecta al ambiente, sino también a la sostenibilidad económica de los países.

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¿Qué avances existen en Ecuador en este ámbito?

Ecuador ha dado pasos importantes en materia normativa. Actualmente contamos con la Ley Orgánica de Economía Circular, su reglamento y una estrategia nacional proyectada hasta el 2035. Estos instrumentos buscan articular a todos los actores: empresas, gobiernos locales, academia y ciudadanía. La clave está en la implementación, en lograr que estas políticas se traduzcan en acciones concretas que transformen los procesos productivos y los hábitos de consumo.

Desde su experiencia, ¿qué ejemplos de economía circular se pueden aplicar en el país?

Existen múltiples ejemplos. Uno muy claro es el tratamiento de aguas residuales, donde los residuos sólidos pueden transformarse en biogás para generar energía. También está el reciclaje de plásticos, que permite reincorporar materiales al ciclo productivo y reducir la importación de materia prima. Otro caso es la llamada simbiosis industrial, donde los desechos de una empresa se convierten en insumos para otra, optimizando recursos y reduciendo impactos. Son prácticas que ya existen, pero que deben fortalecerse y escalarse.

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¿Qué tan grave es el problema de residuos en Ecuador?

Es un problema significativo. En el país se generan aproximadamente 14.100 toneladas de residuos diarios, y cerca del 77% no se separa adecuadamente. Esto implica que una gran cantidad de materiales que podrían ser reutilizados o reciclados terminan en rellenos sanitarios o botaderos. Lo preocupante es que entre el 60% y 70% de esos residuos tiene potencial de ser valorizado, lo que evidencia una gran oportunidad de mejora.

¿Qué rol cumple la academia en este proceso?

La academia tiene un rol fundamental porque es la encargada de formar profesionales con conocimientos técnicos y conciencia ambiental. Además, impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesos productivos. La vinculación entre universidad e industria es clave para generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos ambientales actuales.

"El modelo lineal de extraer, producir y desechar ha demostrado ser insostenible, porque no podemos seguir considerando los recursos naturales como infinitos"Francesca Escala

En ese sentido, ¿qué caracteriza a la carrera de Ingeniería Ambiental en ECOTEC?

Es una carrera técnica que combina ciencias básicas con herramientas tecnológicas. Los estudiantes reciben formación en áreas como química, física, matemáticas, biología y geología, lo que les permite comprender los sistemas ambientales de manera integral. Luego, se especializan en el diseño y aplicación de tecnologías para el tratamiento de agua, aire y suelo, así como en la gestión ambiental en distintos sectores productivos.

Finalmente,  ¿cómo ve el futuro del Ecuador en materia de sostenibilidad?

El futuro del país está en fortalecer su sector agrícola y aprovechar su biodiversidad de manera responsable. Ecuador tiene el potencial de convertirse en una potencia agrícola, pero esto solo será posible si cuidamos nuestros recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. No podemos depender únicamente del petróleo o la minería; debemos diversificar nuestra economía hacia actividades sostenibles.

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Te invitamos a leer: CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

Cambio de domicilio electoral en Ecuador: requisitos y fecha límite

- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Raúl Iván González, presidente de Construye, dialogó con EXPRESO sobre la participación del movimiento en las próximas elecciones y la cancelación de la tienda política.

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- ¿Cómo recibe el argumento del Consejo Nacional Electoral para cancelar al movimiento Construye?

- Lo tomamos como un acto en el cual, la administración pareciera desconocer el proceso histórico que ha tenido el movimiento. Según el informe técnico, hecho por la Dirección de Organizaciones Políticas, dice que nuestra organización política tiene cero adherentes permanentes; esto significaría que ni los miembros directivos de la organización están adheridos a ella.

El CNE nos ha acompañado en las primarias y en elecciones de directivas; un requisito es el padrón.-

- ¿Ustedes recibieron correos donde les indicaban quiénes se desafiliaban?

- Nosotros, desde 2018, cuando retomamos nuestra personería jurídica, jamás hemos sido notificados de una sola desafiliación. El CNE no nos ha informado.

- ¿Han consultado al CNE por qué no le han notificado las desafiliaciones?

- Sí, hemos hecho un pedido de información, el 23 de marzo de este año, solicitándoles que nos envíe las notificaciones o, al menos, las copias certificadas de todas las solicitudes de desafiliación del movimiento.

- ¿Han recibido respuesta?

- No, no hemos recibido ninguna respuesta.

- Desde su perspectiva, ¿este proceso responde a criterios técnicos o políticos?

- Para nosotros, esto es un problema político porque se vio la insistencia de la presidente del Consejo en tomar esta resolución. (Pero) Si es un tema político, la defensa se vuelve compleja; si es un tema jurídico, nosotros en derecho nos podremos defender.

- ¿Ustedes creen que les devolverán la personería jurídica, como en 2018, luego de las seccionales?

- Nosotros agotaremos todos los recursos como lo hicimos anteriormente.

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- ¿Cómo evalúa el cambio del calendario electoral?

- Es para favorecer a un jugador.

Siempre debería parecernos terrible que se cambien las reglas de juego para intentar favorecer a una fuerza política.-

- ¿Esa decisión a ustedes lo perjudica o no?

- Siempre vamos a plantear alternativas; siempre vamos a discutir posibilidades de alianzas, como lo hemos hecho siempre en la participación política. A veces tenemos un resultado bueno y a veces no.

- En el caso de que no tengan la personería jurídica, ¿ustedes piensan participarán en alianza con alguna organización política?

- Cuando decidimos formar una organización política, decidimos formarla porque no coincidíamos del todo con las otras organizaciones políticas. A nuestros compañeros, quienes aspiran y esperan ser candidatos en distintas localidades del país, están liberados; eso es lo que les digo, a diferencia de los señores de otros movimientos que están llamando a desafiliarse, a nosotros nos han dado desafiliando a todos.

- Es decir, ¿todos los cuadros de Construye podrán participar con otras tiendas políticas?

- Claro, porque no han estado afiliados nunca, según el CNE. Ellos no estarían impedidos de participar por ninguna organización política, si así lo quisieran hacer. Pero en sí, el movimiento no estaría buscando alianzas para participar con el nombre de Construye; pero si se mantiene en la papeleta, lo hará e impulsará los procesos de alianza que correspondan con la mayor cantidad de organizaciones políticas en los que podamos confluir en una tendencia para confrontar el autoritarismo.

- ¿Por qué?

- Porque lo que está en juego en el país es la democracia, cuando se cooptan instituciones, cuando se busca controlar todos los poderes del Estado, se pone en riesgo la democracia; eso es algo en lo que nosotros creemos y lo defenderemos si es que así llega a pasar. Si se actúa en derecho eso debería ocurrir, pero lamentablemente estamos en un momento político en el que el derecho no es la herramienta fundamental con la que se está actuando.

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Bastan pocos ejemplos: mientras el 2025 cerraba como el año más violento en la historia del país, una nueva crisis institucional emergía en la Judicatura a raíz del juicio político a Mario Godoy. Simultáneamente, mientras el desabastecimiento de medicinas persiste, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales y los jueces de la Corte Constitucional (CC) han sido puestos bajo la lupa.

El rol del Ejecutivo: ¿revocatoria del mandato?

Aunque la inestabilidad no es un fenómeno nuevo, la posibilidad de superar esta multiplicidad de problemas depende, en primera instancia, de reconocer que existe un interés del Ejecutivo por incidir en cada espacio de la institucionalidad. Así lo sostiene el expresidente de la Asamblea Constituyente de 2008, Alberto Acosta Espinosa.

Para ello, Acosta propone una salida drástica: la revocatoria del mandato. “Dentro del marco institucional, apegados a la Constitución y la ley, hay que desplegar acciones para frenar las pretensiones dictatoriales de Noboa”, afirma, aunque reconoce su desconfianza hacia el CNE y admite que este es un camino sumamente complejo.

Este Diario intentó contactar a la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y a varios asambleístas de la bancada de ADN para conocer su postura ante el posible inicio de un proceso de revocatoria contra el presidente Daniel Noboa; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Problemas de instituciones se luchas con más institucionalidad

Por su parte, el constitucionalista José Chalco recuerda que no todos los líos son recientes y no todos dependen del Ejecutivo. Además, hace hincapié en que las soluciones aún reposan en la institucionalidad y la Carta Magna. De hecho, identifica a la Corte Constitucional como el órgano clave para garantizar que las decisiones estatales no sean excesivas y se mantenga el orden jurídico.

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“Hay que entender que no se trata de defender un texto constitucional en abstracto, sino un orden constitucional. Un respeto a instituciones y a mínimos jurídicos. Es una cuestión de defensa al Estado Constitucional. El país requiere servidores y funcionarios públicos con talla de Estado”, comenta Chalco.

Corte Constitucional, ejemplo del riesgo existente

No obstante, la autoridad de la Corte ha sido cuestionada recientemente tras conocerse que varios magistrados están en la mira de la Contraloría General del Estado e incluso podrían ser investigados por la Fiscalía General, acciones que diversos sectores han calificado como “acoso institucional”.

En contraste, el exasambleísta Andrés Páez sostiene que las observaciones a los jueces no tienen relación con el Ejecutivo y son, por el contrario, una muestra del funcionamiento institucional, al ser un procedimiento estándar aplicado a todo servidor público.

El poder ciudadano como última frontera

Para Acosta, la lectura es opuesta: considera que la Corte Constitucional es el último espacio de resistencia frente al Gobierno. Ante la erosión de la confianza en las instituciones, sostiene que al país solo le queda la resistencia ciudadana, ejercida en las calles y en las urnas.

“No solo hay la revocatoria del mandato o la destituidos a través de la Asamblea Nacional, sino la resistencia popular que podría forzar la renuncia de Daniel Noboa. Todo, menos la dictadura, como decía Eloy Alfaro”, comenta, enfatizando que estos problemas solo se acabarán con la “Constitución y la ley en la mano”.

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EXPRESO ha enviado más de 60 pedidos de información sobre compras públicas, stock, presupuesto y planes de contingencia, muchos sin respuesta o con datos incompletos. También se han solicitado detalles sobre deudas a proveedores, cambios de gerentes y modelos de gestión. La constante ha sido la ausencia de información verificable. El hermetismo oficial, lejos de aliviar la crisis, profundiza las dudas ciudadanas.

En este contexto, EXPRESO consultó al MSP y al IESS por qué se mantiene este silencio oficial y solicitó entrevistas con sus máximas autoridades. Hasta el cierre de esta nota, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta.

Ecuador

Gobierno de Daniel Noboa: los silencios del 2025 que llegan al 2026

"La solución no siempre está en sus manos", dicen los expertos

Por su parte, el exministro de Salud, Antonio Naranjo, sostuvo que el silencio del MSP y del IESS frente al desabastecimiento puede responder a que la solución no siempre está en sus manos. “Muchas veces, la solución del problema está fuera del alcance de las instituciones. Entonces, en vez de generar una sensación de preocupación en la ciudadanía, buscan la solución antes de dar un comunicado oficial”, afirmó.

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Asimismo, Naranjo explicó que el Ministerio cuenta con un sistema que mide en tiempo real el abastecimiento y que, en promedio, suele ubicarse en 85 %. Sin embargo, advirtió que el porcentaje general no refleja faltantes específicos: “A veces hay ciertos medicamentos que se agotan más rápido que otros”, como antihipertensivos y antidiabéticos, debido a su alta rotación y a que las compras se realizan por lote.

Además, señaló que la centralización de compras responde a una lógica de control y ahorro, aunque reconoció que la logística es compleja y depende del presupuesto disponible. “No es tan fácil resolver las cosas”, dijo, al añadir que existen históricos de consumo que permiten proyectar necesidades, pero que factores como el envejecimiento poblacional y la migración incrementan la demanda de medicamentos en el sistema público.

En la misma línea, Francisco Andino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sostuvo que no puede atribuir directamente el silencio del MSP o del IESS, pero advirtió que “definitivamente algo está pasando” si ni los ministros ni la vicepresidenta logran resultados. A su criterio, la responsabilidad recae en el Ejecutivo: “Creo que cae principalmente sobre las funciones del primer personero de la República”.

Como hipótesis, planteó que el problema estaría ligado a restricciones económicas. “Para mí, sigue siendo el torpedeo de los recursos económicos”, afirmó, al señalar que se prioriza “la consolidación económica antes que la propia salud y vida de la gente”. Añadió que, aunque los recursos consten en el papel, “en la práctica no se ve”, lo que impacta directamente en la gestión sanitaria.

Muchas veces el silencio se da porque la solución está fuera del alcance inmediato
de las instituciones; entonces prefieren resolver antes de
dar un comunicado oficial.Antonio Naranjo - exministro de Salud

De igual manera, Andino cuestionó las limitaciones internas y posibles cláusulas de reserva que impedirían hablar abiertamente. “Es un equívoco no poder conversar con la gente los problemas y buscar soluciones en conjunto”, señaló. Y agregó que existen “cláusulas de reserva y de no hablar… es decir, trabajo en condiciones paupérrimas y, encima, no tengo el derecho ciudadano que me brinda la Constitución de poder decirlo”, calificando esa situación como “verdaderamente lesiva”.

A su vez, Wilson Tenorio, vicepresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló que el gremio mantiene una postura de apertura ante el silencio del MSP y del IESS. “Nosotros nos hemos declarado siempre en una constante espera de establecer un diálogo constructivo, un diálogo de aporte”, afirmó, al indicar que incluso han puesto a disposición un comité de expertos y enviado documentos a las autoridades sin obtener respuesta.

Respecto a los anuncios de adquisición de fármacos, cuestionó que no se detalle el alcance real y advirtió que la situación en hospitales públicos es crítica. “Son insuficientes, no se logra abastecer verdaderamente”, dijo, al relatar que reciben reclamos de médicos en provincias donde “verdaderamente muchos de ellos no tienen anestesia”, lo que calificó como una realidad “lacerante” en las unidades operativas.

Finalmente, Tenorio expresó expectativa frente a la eliminación de coordinaciones zonales y el retorno a direcciones provinciales. “Tenemos esperanzas de que quienes están dentro de sus propias provincias puedan hacer hincapié en lo más inmediato de las necesidades sanitarias”, sostuvo.

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En paralelo, desde la Asamblea Nacional, iniciativas como la reforma al Cootad, más la Ley Lootugs, entre otras, apuntan a un rediseño del alcance de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Eso ha reavivado el debate sobre los límites de la autonomía local frente al poder central.

En esa línea, Juan José Illingworth, defensor de la descentralización, dice que le parece preocupante, “una orientación hacia acumular más poder y a debilitar el poder local”. Lo leo —apunta— a través de distintas iniciativas. En la que se aprobó (Lootugs, de Ordenamiento Territorial) se interviene en la potestad municipal de decidir sobre el uso del suelo”.

A su criterio eso afecta la autonomía de los municipios. También en la reforma al Cootad, que habla de eficiencia en el uso de recursos. “La veo como un intento de debilitar las finanzas de los GAD para cubrir falencias financieras del Gobierno central”.

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De lo contrario, precisa, “no se habría colocado una penalidad, para quitarle la plata, 35 % de asignaciones, sino en premiar a los que cumplen. En los considerandos se reconoce que los GAD en su conjunto destinan 40 % de todo su presupuesto a inversión y el Gobierno central, solo 4 %”.

¿Qué acciones ha hecho el Ejecutivo sobre GAD?

Illingorwth identifica acciones que van en detrimento de la autonomía de los GAD. Menciona las intervenciones a Segura EP de Guayaquil, a la Empresa de Tránsito de Samborondón, el intento de tomar el control de la Autoridad Portuaria, con una reorganización del directorio.

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Sobre la aprobación de leyes como la Lootugs

En contraste, el arquitecto Handel Guayasamín, expresidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, anota que hay un “total abandono de las responsabilidades del Estado en salud y educación”. Por lo que no le parece que el Ejecutivo “se inmiscuya en competencias que no son suyas, zapatero a tus zapatos”.

Eso en relación a la aprobación de leyes como la Lootugs y otra que está en trámite para supuestamente incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

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“Debe haber coordinación en políticas macro, existían instituciones como el Ministerio de Vivienda (se integró al de Transporte y Obras Públicas)”.

En una de sus columnas en EXPRESO, el analista Xavier Flores advirtió que al aprobar la Ley Lootugs se vulneraron competencias exclusivas de los municipios, para planificar el desarrollo cantonal y ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo.

“Uno de los objetivos es evadir el control de los municipios y facilitar la expansión de las zonas urbanas, con un procedimiento especial aprobado desde la Presidencia”.

Sobre descentralización y corrupción

La analista Gabriela Calderón ha subrayado que defender la autonomía y la descentralización no es defender la corrupción y el despilfarro. Así tampoco defender el centralismo es defender la austeridad y la buena administración pública.

“El gobierno central concentra la mayor parte de recursos y competencias y protagoniza mayores escándalos de corrupción y despilfarro”, dijo.

Algunos GAD no usan bien la autonomía, pero el intento de centralizar el poder no es democrático.Wladimir Sierra - Analista político

La disputa por el poder político: Wladimir Sierra

Para el analista Wladimir Sierra, todo se enmarca en una disputa por el poder político. Cada grupo busca absorber la capacidad de acción en la mayor parte del territorio nacional. Al presidente Daniel Noboa, dice, le restan tres años en el cargo; busca apropiarse de esas capacidades locales.

Pese a eso, Sierra asegura que hay que reconocer que algunas alcaldías llevan adelante estrategias de bloqueo a políticas del Ejecutivo. Pero sostiene que al movimiento oficialista ADN le mueven los intereses de grupos económicos.

En torno a las preocupaciones por el debilitamiento de la autonomía, Wladimir Sierra opina que el nivel de descentralización es un indicador de democracias maduras, lo que se está minando en el país.

El sociólogo Sierra plantea que hay algunos gobiernos locales que no usan correctamente esta autonomía e incluso se han involucrado en actos de corrupción, al estar por fuera de control estatal. Sin embargo considera no solo un retroceso sino un acto antidemocrático, que se debilite la autonomía de los GAD.

“Mientras más se desconcentra la toma de decisiones y la ejecución de obras, más fortalecida estará la democracia”, reitera.

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Acciones frente a la reforma al Cootad

La UNE, alcaldías como la de Quito y prefecturas como la de Pichincha y partidos como el Socialista han demandado la inconstitucionalidad de la reforma al Cootad.

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Quito

Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

-Si bien los rige el Código Orgánico Administrativo (COA), ¿por qué pareciera que su reacción es lenta?

Actuamos en el marco de lo que establece el COA, el control se encamina a cumplir ordenanzas y seguimos el debido proceso. Actuamos frente a denuncias ciudadanas, pero tenemos una programación propia, derivaciones de otras instituciones, emergencias previstas por el ECU 911 y debemos responder según los recursos que tenemos.

-¿Por qué no actúan de oficio ante infracciones?

Lo hacemos, en el Código Municipal hay infracciones que se pueden verificar en flagrancia (consumo de alcohol en la acera o usar la calle como baño público); pero otras faltas son ordinarias; en el caso de construcciones, la ordenanza pide sancionar en función del metraje de una edificación, no es la misma multa para quien construyó un baño de 40 m2 o un edificio de 500 m2, pero hay que hacer mediciones o, según el caso, vuelos con dron, fotografías aéreas; además dar con el dueño de la edificación, buscando a nombre de quién está el predio.

Quito

"Abandono en el control del espacio público de Quito genera caos": Daniela Valarezo

-En el caso de la concesionaria de autos que invadió la acera, ¿pesó más la presión ciudadana?

La ciudadanía es nuestra mayor aliada, el vecino que alerta nos ayuda. En ese caso puntual, hubo todo un proceso, suspendimos la obra y pese a eso, se abrió el local. Se verificó que no tenía licencia para eso y clausuramos. A la marca por reputación no le convenía ese sello y corrigió, pero la mayoría no lo hace.

-¿Qué pasa en la mayoría?

El COA obliga a seguir un proceso hasta multar y no pagan, impugnan. Para tramitar la ejecución del cobro tengo 15 personas. Hay 170 mil expedientes, algunos pendientes desde antes de que se creó la AMC, en la época de las comisarías, hace 16 años. Cada funcionario tiene nueve mil expedientes para cubrir.

-Incluso para el concejal de oposición, Michael Aulestia, la AMC está saturada y con poca capacidad de respuesta. ¿Cuánta gente tiene?

Son 356 funcionarios. En todo el distrito hay 37 inspectores notificadores para controlar a limpiaparabrisas, comercio autónomo, libadores, etc.

Quito

Michael Aulestia critica a Pabel Muñoz: “Hay tibieza y falta de decisiones”

Además, 16, para construcciones, movimiento de tierras y lotizaciones en 10 administraciones zonales; 12, para quebradas, vallas publicitarias, aceras y cierre de vías, arrojo de aguas servidas; 14 sustanciadores, que elaboran informes, etc. Tengo más apoyo en trabajo comunitario (1.600 personas), que personal.

-¿Qué tantos casos resuelve la AMC cada año?

En 2022 se resolvieron 6.349 casos; en 2025 cerramos con 15.826 y ya en este año estamos en 4.345. Optimizamos procesos, incorporamos drones, interconexión con otras instituciones, para intercambio de datos, reuniones de seguimiento, le metemos presión al funcionario. Tenemos 25 camionetas y choferes que trabajan en turnos.

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-En Quito pareciera que no hay Dios ni ley, por las incivilidades. ¿No ha pedido más manos?

Habíamos coordinado con el alcalde pasar de 356 a 665. Se requieren $8 millones para implementar la estructura. Y el Cootad nos puso límites.

-Daniela Valarezo, exintendenta, proponía sumar a los policías metropolitanos.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público limita porque podrían actuar solo como complemento a acciones de seguridad.

El alcalde Pabel Muñoz les iba a transferir funciones para que apoyen en espacio público, pero si me apoyan 1.200 funcionarios y tengo 15 sustanciadores, en la AMC se creará un embudo.

-¿Qué se hace en otros países? ¿Hay más respeto?

La cultura de cumplimiento de la norma está más interiorizada. Acá las multas no son bajas, en construcciones podemos llegar a cien salarios básicos, más de $40.000, por construir al filo de quebrada o en ribera de un río. Si es una tienda, $ 400.

-¿Cómo actúan los infractores con la AMC?

A nuestros funcionarios los golpean y amenazan. Se consiguen su número y les dicen que saben dónde viven y que tienen hijos. En los últimos dos meses registramos tres casos; uno luego de una inspección en una discoteca por la Universidad Central y otro, en galleras por el Chocó Andino, le dijeron que le cortarían la cabeza.

A la abogada a cargo de denunciar a un agente metropolitano, que se hacía pasar por inspector de la AMC, en cuya vivienda encontramos sellos e identificación adulterados, le llegó la amenaza al teléfono, le dieron tres días para renunciar. La jueza de este último caso lo dejó en libertad, no calificó el hecho flagrante descubierto en articulación con la Policía.

Las tareas a cargo de la AMC de Quito

La AMC debe sancionar a quien saca la basura a horas indebidas, a las construcciones ilegales, son 400 tipos de infracciones. Y debe ejecutar lo que dice el Código Orgánico Administrativo. Por eso con el alcalde trabajan en una propuesta de reforma y esperan que algún legislador la impulse para reducir tramitología.

¿Quién es Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC de Quito?

Es supervisor de la AMC desde marzo del 2025 (cumplió un año en el cargo). Trabajó en la Corte Constitucional. Es docente universitario. Es abogado, graduado en la Universidad San Francisco de Quito; maestría en Derecho penal y constitucional, en la Universidad Andina. Fue asesor legislativo, trabajó en la construcción del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de Procesos y Código Administrativo.

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Economía y negocios

Esta es la lista de alimentos que se mantienen con 0 % de IVA en Ecuador

Lisbeth Zumba

Cerca de 60 productos que se comercializaban sin ese impuesto ahora deberán aplicarlo. La medida llega cuando la canasta básica familiar cerró enero de 2026 en $821,80, frente a un salario básico de $482.

El presidente Daniel Noboa, en entrevista con Diario El Mercurio, defendió la solidez del consumo interno. Afrimó que el primer trimestre de 2026 registra las ventas locales más altas de la historia del Ecuador.

Definió los productos sin IVA como alimentos, medicinas y transporte, y sostuvo que el país consume a doble dígito más que antes. "Hemos hecho ajustes sin afectar el consumo", dijo.

Economía y negocios

Tensión por el IVA: leche y pan pueden encarecerse por tributo

Lina Zambrano

Los gremios piden derogar la circular

Los gremios productivos cuestionan esa interpretación. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) fue la más directa y solicitó que se derogue la circular, al considerar que introduce elementos de interpretación que no están previstos en la ley y que debilitan la seguridad jurídica.

En una entrevista con Expreso la Cámara explicó que si los contribuyentes comercializaron productos con tarifa 0% es porque la ley los ampara, y que esa decisión responde a análisis técnicos serios. Advirtió además que cualquier intento de interpretación que exceda el marco legal del artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) desnaturaliza el principio de legalidad tributaria.

Por su parte la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) también advirtieron en un oficio al SRI que la circular genera inseguridad jurídica al introducir diferenciaciones sobre lácteos y pan que no constan en el artículo 55 de la LORTI, y que el alza de costos terminará en el bolsillo del consumidor final.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) reconoció que no se trata de una nueva carga tributaria, pero advirtió al Gobierno de Daniel Noboa sobre impactos operativos inmediatos en la cadena de suministro y planteó la conformación de una mesa técnica para analizar la medida.

Aunque los gremios difieren en el tono, coinciden en que la medida genera incertidumbre en el mercado. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) proyecta un alza del 2% en la canasta básica y advierte efectos indirectos en toda la cadena productiva, por el encarecimiento de insumos y ajustes operativos que terminan trasladándose a precios.

¿Puede una circular cambiar la ley?

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, advirtió que la circular abre la puerta a cobros retroactivos de hasta cuatro años y que el golpe recorre toda la cadena: consumidor, comercio, industria y productor primario.

Economía y negocios

IVA del 15% a alimentos: lista completa de lo que ahora te costará más

Edison Andrés García Yépez

Víctor Serrano, experto tributario, respaldó ese argumento en el plano legal: el Código Tributario establece en sus artículos 7 y 11.1 que las circulares del SRI no pueden cambiar el sentido de la ley ni ampliar su alcance, criterio ratificado por la Corte Constitucional en la sentencia 2-21-IN/24 del 28 de febrero de 2024.

Gómez de la Torre fue más gráfico: permitir que el SRI modifique la ley por circular es como si la Agencia Nacional de Tránsito emitiera un oficio autorizando pasarse un semáforo en rojo. "Pueden escribir lo que quieran, no tiene valor jurídico", dijo. "Si quieren cambiar la ley, que lo hagan en la Asamblea", afirmó. La CCG, en la misma línea, señaló que analiza el alcance de la disposición para definir las acciones legales a seguir en defensa de sus afiliados.

Un golpe a la producción nacional

Christian Walli, de la Cámara de Alimentos y Bebidas, coincidió con Gómez de la Torre en el impacto sobre la producción y fue más enfático en sus críticas. Señaló que resulta contradictorio que Ecuador exporte más de $20.000 millones en productos agrícolas, con una balanza comercial positiva, mientras se afecta a productos procesados como yogures, pulpas y jugos, considerados parte de una oferta saludable y de un sector declarado prioritario para el país.

También advirtió una posible asimetría frente a los tratados internacionales. En categorías como el atún, explicó, el 15% recae únicamente sobre el producto importado y no sobre el nacional. “El productor no puede absorber ese aumento. Lo pagará el consumidor”, afirmó.

Gómez de la Torre detalló el efecto encadenado en la cadena láctea: entre el 25% y el 30% del procesamiento industrial corresponde a las variedades deslactosada, descremada y semidescremada, exactamente las que ya debían gravarse según el SRI.

Si el consumo cae, la industria reduce la compra al productor primario y este pierde mercado. El economista Jonathan Baez reforzó ese diagnóstico con datos que contradicen la postura gubernamental: el atún y los fideos forman parte de los 15 principales gastos del decil más pobre de la población, por lo que la aplicación de la tarifa golpeará directamente la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

¿Qué pasa con la lonchera escolar?

La circular también impacta la lonchera escolar, en un país que bordea el 20% de desnutrición infantil. Productos de consumo cotidiano como el pan, el jamón, los yogures saborizados y las leches endulzadas —que los niños llevan a clases— pasarían a pagar el 15% de IVA, según la interpretación del SRI. En la práctica, esto encarece uno de los gastos más recurrentes de los hogares ecuatorianos.

“¿Cómo voy a hacer la lonchera? ¿Voy a poner yogures sin sabor, sin endulzante?”, cuestionó Walli.

¿Qué pasa con los productos para pacientes con diabetes y enfermedades crónicas?

Economía y negocios

IVA en alimentos: Empresarios alertan impactos operativos y de costos

Lisbeth Zumba

El impacto es más agudo en poblaciones con enfermedades crónicas. Lucía Mantilla, directora ejecutiva de la Fundación Diabetes Juvenil del Ecuador, planteó una paradoja que el Gobierno no ha respondido: el azúcar tributa 0% de IVA por ser producto de primera necesidad, pero es el elemento más dañino para los diabéticos, mientras que los edulcorantes saludables ya debían pagar el 15% según la circular.

Walli ve más a futuro y advirtió que con esta medida toda una gama de productos sin azúcar simplemente saldrá del mercado, golpeando directamente a quienes los necesitan por prescripción médica.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), en Ecuador hay cerca de 17.000 pacientes con diabetes tipo 1 y más de medio millón con diabetes tipo 2.

La enfermedad está entre las primeras causas de muerte en el país, atribuible al 12,4% de los fallecimientos. El tratamiento puede costar entre $500 y $600 mensuales en diabetes tipo 1, y más de $2.300 anuales en diabetes tipo 2, sin contar complicaciones.

"No son solo 70 u 90 centavos más. Sumados al día, al mes y de por vida, ya es un impuesto terrible", afirmó Mantilla. La CCG reconoció esta dimensión y manifestó disposición a trabajar con fundaciones de pacientes para construir soluciones con tratamiento diferenciado.

¿Derogación o reforma legal?

Los gremios exigen que el SRI derogue la circular y, de necesitar mayor recaudación, el Gobierno lo haga mediante reforma legal en la Asamblea Nacional.

Economía y negocios

Corte dictamina constitucional el acuerdo Ecuador-Emiratos con condición clave

Marco Rivera

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también rechazó la medida: "Comer en Ecuador ahora será más caro. Un regalo de Semana Santa por parte del Gobierno", señaló. La pregunta que queda abierta, y que el Gobierno no ha respondido, es si quienes facturaron con tarifa 0% durante años deberán presentar declaraciones sustitutivas y pagar el impuesto con intereses y multas retroactivos, un escenario que los gremios califican como devastador para la economía del país.

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Economía y negocios

Pan con IVA en Ecuador: estos son los que pagarán 15 % y los que no

Mayra Pacheco Pazmiño

Este valor es el más alto desde junio de 2022 ($104,40 el barril), de acuerdo con datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE). Además, este monto está por encima del precio referencial del crudo ecuatoriano ($53,50) fijado en el Presupuesto General del Estado 2026. Pero, ¿por qué sube el precio de esta materia prima?

El aumento en el precio del petróleo ecuatoriano ocurre debido al alza del West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el hidrocarburo de Ecuador. El WTI cerró este 1 de abril de 2026 en $100,12 el barril, según la Agencia EFE.

¿Por qué sube el precio del crudo ecuatoriano?

Oswaldo Erazo, analista petrolero, explica que solo entre febrero y marzo de 2026, el precio promedio del barril de WTI aumentó un 41,6 %. Pasó de $64,51 a $91,38.

Economía y negocios

Gasolinas y diésel subirían otra vez hasta 5 % en Ecuador este 12 de abril

Mayra Pacheco Pazmiño

Este incremento responde al conflicto en Irán, activo desde el 28 de febrero, que ha afectado infraestructura energética en Medio Oriente. También influye el riesgo sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo del planeta, además de 27 % del gas natural y 33 % de fertilizantes y combustibles refinados.

En Ecuador, el alza del WTI genera actualmente una diferencia de $36,71 entre cada barril exportado frente a lo previsto en el Presupuesto. Esto significa, que el Fisco recibirá mayores ingresos.

En promedio, cada dólar adicional sobre el precio presupuestado representa entre $105 millones y $110 millones extra, según el volumen de exportación previsto para 2026. Aunque la producción de crudo en Ecuador se encuentra contraída. El país, actualmente, produce 458.621,83 barriles por día, según el reporte del 31 de marzo de 2026 de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

El gobierno de Ecuador apunta a depender menos del petróleo

En medio del alza de precio del crudo ecuatoriano, Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, informó el 24 de marzo de 2026 en radio Centro, que en marzo habrá un beneficio. “En promedio, se estima unos $50 millones en ingresos petroleros”, indicó.

La ministra Moya, sin embargo, señaló que en los últimos dos años el gobierno busca reducir la dependencia petrolera. Para ello, destacó el crecimiento de cerca del 20 % en las exportaciones no petroleras en 2025 y el plan de contratar un seguro para proteger los ingresos ante caídas del precio. “No podemos seguir siendo un país dependiente del petróleo, tenemos que ser más resilientes”.

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Además, la funcionaria añadió que se fijó en el Presupuesto un precio de “$52 por barril” y una producción conservadora de 460.000 barriles diarios para evitar “huecos” fiscales.

Los efectos del alza del crudo ecuatoriano

Fernando Reyes, consultor petrolero, menciona que para establecer con detalle los ingresos que tendrá el país por la mejora en el precio del hidrocarburo se debe conocer el volumen exportado, Aunque precisa que debido a que la Refinería Esmeraldas no opera al 100 %, estima que hay un aumento de la oferta.

En este sentido, el especialista menciona que ante la bonanza actual, el gobierno debería destinar parte de los recursos de la exportación petrolera para mejorar la infraestructura de los complejos refinadores, porque al no poder producir “nuestros propios derivados” el país “pierde dinero. Es más barato producir, que refinar”.

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Por ejemplo, un barril de diésel importado puede llegar a costar hasta $150. Esto implica que Ecuador no solo recibe mayores ingresos, sino que también enfrenta mayores costos por la importación de derivados, lo que impacta directamente en los precios de los combustibles

El precio de gasolinas y diésel subiría otra vez hasta un 5 %

Además de una mejora en los ingresos, los efectos del conflicto en Irán se sentirán también en el bolsillo de los ecuatorianos. El 12 de abril de 2026, Ecuador enfrentaría un nuevo ajuste al alza en los precios de gasolinas y diésel. El aumento podría llegar nuevamente al 5 %, que es el tope que establece el sistema de bandas.

La previsión de este aumento responde a que el costo internacional del WTI supera ya los $100 por barril. Solo entre febrero y marzo de 2026, subió en un 41,6 %, advierte Erazo.

Ante este escenario, si se consideran parámetros técnicos y se busca mantener una reducción en la asignación de subsidios, Erazo estima que el 11 de abril en el ajuste de precios se aplique el monto máximo del sistema de bandas, 5 %.

Aunque, si se modifica el reglamento de fijación de precios de combustibles -como ocurrió en diciembre de 2025- puede haber ajustes en los porcentajes referidos.

El sistema de bandas establece que el precio de la extra, ecopaís y diésel prémium pueden subir hasta un máximo de 5 % mensual o bajar hasta 10 %, si los costos internacionales del crudo y derivados cambian.

De esta manera, las variaciones del mercado no se trasladan en su totalidad al consumidor. Pero, si los precios externos son altos, el Estado podría asumir parte del costo mediante subsidios.

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Actualmente, el galón de gasolina extra y ecopaís se comercializa en $2,89. El diésel prémium está en $2,82 y tiene un subsidio del Estado de 3,7 centavos por galón. Mientras tanto, la gasolina súper (que no se sujeta al sistema de bandas) tiene un precio refencial de $3,41 por galón. Estos valores se mantendrán hasta el próximo 11 de abril de de 2026.

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El pasado 19 de marzo, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, abrió una investigación previa contra Lozada. El monto observado por la Contraloría asciende a $25.732. La entidad sostiene que los documentos de descargo presentados no explican con suficiencia el origen de estos recursos.

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Lozada entregó facturas para justificar. Por ejemplo, del monto total, $18.805,05 provienen de sus actividades académicas en la Universidad de O’Higgins de Chile. Otros $1.382,90 corresponden a pagos de un plan de seguridad social privado, que es obligatorio tenerlo en ese país debido a las retenciones para fondos de pensiones.

El informe también señala como inconsistencia una cuenta no declarada en el Banco Internacional; sin embargo, un certificado bancario aclara que dicha cuenta se abrió en 2001, tiene saldo cero y no registra movimientos en los últimos cinco años.

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Juez Terán y las observaciones de la Contraloría

En cuanto al juez Terán, el monto que la Contraloría considera no justificado es de $ 70.794. Según el informe filtrado al diario El Universo, las principales observaciones se centran en la recepción de $ 54.304 en cuatro cuentas bancarias locales sin el respaldo documental necesario, además de pagos a tarjetas de crédito por $13.576. Terán también remitió documentos de descargo alegando que los fondos provienen de su ejercicio profesional libre, pero la auditoría mantiene sus conclusiones.

Ninguno de los dos jueces ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el inicio de la investigación penal. El proceso se adelanta en el despacho de Alarcón, quien actualmente concursa para la titularidad de la Fiscalía y delegó las diligencias investigativas a la agente Judith Bonilla Estrada.

Nadie se hace responsable por la filtración

A través de la red social X, Alí Lozada cuestionó la filtración de un informe que goza de reserva legal y que aún no recibe formalmente. “Exijan al señor Contralor (...) que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto, en cualquier país decente, es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución”, fustigó el magistrado.

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Sobre el fondo del examen, Lozada calificó los montos y argumentos de la CGE como “ridículos”. Aseguró que la nota de prensa evidencia que justificó todo documentalmente, pero que a la Contraloría “le faltan papeles o sellos”.

Terán, en cambio, ha optado por el silencio. Sin embargo, este Diario conoció que recién la tarde de este 1 de abril de 2026, la Fiscalía le notificó con el inicio de la investigación, mientras que la Contraloría aún no le notifica con el resultado del examen a sus declaraciones patrimoniales.

Contraloría dice que no filtró información reservada

La Contraloría emitió un comunicado en el cual asegura que no entregó información a la prensa y que desconoce el origen de la filtración. “La labor de la entidad no se rige por ningún tipo de presión ni conflictividad política”, reza el documento. No obstante, el organismo no desmintió la existencia de las investigaciones ni las determinaciones contra los jueces.

EXPRESO solicitó a la Fiscalía información sobre si investigará la difusión de información de circulación restringida incluso desde sus propias oficinas, pero la institución no respondió. Este delito está tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), penas de uno a tres años de cárcel.

Otros jueces en la mira

El cerco a la Corte Constitucional no se detiene aquí. La Contraloría avanza con la aprobación de informes patrimoniales de otros magistrados: Claudia Salgado, Karla Andrade y el actual presidente de la CC, Jhoel Escudero Soliz.

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Tras hacerse público estos hechos, la Corte Constitucional emitió un comunicado en el que advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025, que podría afectar la autonomía judicial.

El organismo enfatiza que toda actuación de control patrimonial debe realizarse con estricto apego a la ley, garantizando el debido proceso y la independencia de funciones. Subraya que los jueces han atendido todos los requerimientos institucionales, pero exige que estas acciones de control se conduzcan con “el más alto rigor técnico” y respeto a las competencias constitucionales.

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Corte Constitucional en la mira del Gobierno de Ecuador: ¿qué está en juego?

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Andrés Albuja Batallas presentó la tarde del lunes 31 de marzo de 2026 la acción ante la Corte Constitucional (CC.

El demandante considera que la modificación de la fecha, con la cual se estableció que las votaciones se realizarán el 29 de noviembre de este año y no el 14 de febrero de 2027, como estaba previsto, “impide que los sujetos políticos y la ciudadanía adecúen su conducta a reglas claras y preestablecidas, (...) el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva”.

Por ese motivo, Albuja solicitó que la CC suspenda temporalmente la resolución del CNE “para evitar un daño irreversible al sistema democrático y el gasto innecesario de fondos públicos en un calendario viciado”, señala la demanda.

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Una acción de este tipo ya se preveía desde que el CNE cambió la fecha en la polémica sesión del viernes. Desde entonces se ha cuestionado que la ni presidenta del Consejo, Diana Atamaint, ni el vicepresidente, Enrique Pita, han podido explicar el sustento legal para modificar la fecha de las elecciones, en varias entrevistas.

El debate gira en torno al posible control constitucional y el alcance de las sentencias que ya ha emitido la CC en años anteriores en época electoral. Atamaint está consciente de ello. El lunes reconoció ese escenario y dijo que “en período electoral, la máxima autoridad es la Función Electoral”.

¿Las decisiones anteriores marcan precedente?

Pero más allá de las fechas, la constitucionalista Verónica Hernández recuerda que la CC sí se ha pronunciado durante procesos electorales, aunque en otros temas, que no han marcado un antecedente sobre la decisión del cambio del día del sufragio.

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“No se puede decir que en este caso pasaría ‘x’ cuestión porque no ha llegado a su conocimiento un caso igual, o un precedente en sentido estricto. Ha brindado criterios sobre artículos, sin embargo, en esta demanda se debe mirar si la decisión administrativa del CNE es susceptible de ser impugnada vía acción de inconstitucionalidad, porque las que se pueden objetar son las leyes aprobadas por la Asamblea”, indica.

El constitucionalista André Santos discrepa. Antes, la CC “ya ha establecido que, de ninguna manera, podría interrumpir la continuidad y desarrollo de los actos del proceso electoral, peor aún las decisiones relativas a la organización del proceso eleccionario, como en este caso".

Lo que sí puede hacer es revisar una multa contra un político o un acto sancionatorio por vulneración del debido proceso porque no alteran el proceso organizativo. La Ley sanciona con destitución a quien quiera intervenir porque, de lo contrario puede dar paso a una pugna infinita”, observa.

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Si bien existen límites, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK, explica su alcance. “La Corte tiene plenas atribuciones para pronunciarse sobre esto. De hecho, las pocas restricciones que existen en período electoral no tienen que ver con funciones de otras entidades porque no están interrumpiendo el normal curso del proceso electoral. Ya ha resuelto demandas de inconstitucionalidad, como en el tema de los celulares y será facultativo de la CC resolver”.

En ese sentido, el catedrático recuerda que una eventual resolución tiene dos momentos: “Debe pasar el requisito de admisibilidad y después debe pronunciarse sobre las medidas cautelares antes de pronunciarse sobre el fondo”.

En ese punto coincide Hernández. “Es un tema complejo, pero la CC solo podría conocer sobre el adelanto de las elecciones si llega a aceptar esa demanda y no siempre hay celeridad”, observa la experta.

Aunque el tiempo es determinante en este tipo de recursos, Ron recuerda que en la Corte “no hay presiones políticas, es argumentación pura y dura. Se debe mirar si el argumento de la demanda es suficientemente fuerte para sostener” la acción, concluye.

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Pero la cifra es engañosa. El país sigue viviendo el segundo inicio de año más violento de su historia, solo por detrás de 2025, el año récord. En las calles, la percepción no ha cambiado: en promedio, 24 personas son asesinadas cada día. La violencia no desaparece, se transforma.

La reducción nacional responde, en parte, a operativos militares y a la presión estatal en territorios históricamente violentos. Guayaquil, por ejemplo, registra una caída del 17,6 % en homicidios. Sin embargo, este descenso no implica una recuperación estructural de la seguridad.

El analista en seguridad y crimen organizado Fernando Camacho ha advertido en distintos estudios que las cifras agregadas pueden ocultar dinámicas territoriales más complejas. “La violencia no desaparece, se redistribuye”, alerta. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

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Mientras la Costa muestra descensos relativos, la violencia comienza a escalar en zonas que históricamente se consideraban más seguras. Por ejemplo, Quito registra un incremento del 33,3 % en homicidios en el primer bimestre de 2026. El dato, más que estadístico, es simbólico porque marca la expansión de las economías criminales hacia nuevos territorios urbanos.

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Expertos en seguridad consultados coinciden en tres factores: desplazamiento de bandas tras presión militar en la Costa; expansión de economías ilegales (microtráfico, extorsión); y fragmentación de estructuras criminales, lo que genera violencia más dispersa.

Para el criminólogo ecuatoriano Manuel Durango, esto responde a un fenómeno regional: “Cuando se presiona un territorio, el crimen no se elimina, se adapta y se mueve”. El dato más revelador está en el detalle territorial. Aunque el promedio nacional baja, 61 cantones registran más homicidios que en 2025.

Hay casos extremos: Montalvo (Los Ríos), más del 800 %; San Vicente (Manabí), más del 600 %; El Triunfo (Guayas), más del 500 %. Otros cantones, como Jaramijó, Ventanas o San Lorenzo, también presentan aumentos de entre el 300 % y 400 %. Esto evidencia un fenómeno clave: la violencia ya no está concentrada, sino atomizada.

Los territorios intervenidos no siempre coincide con los más violentos

Frente a esta crisis, el Gobierno ha sostenido una política de estado de excepción y toques de queda en cuatro provincias, que culminó ayer, 30 de marzo de 2026. Sin embargo, los propios datos cuestionan su efectividad: los territorios intervenidos no siempre coinciden con los más violentos ni con aquellos donde más crecen los homicidios. Para Durango, el problema es estructural: “El estado de excepción es una medida de contención, no una política de seguridad. Sirve para bajar picos, pero no transforma las causas”. Eso se evidencia en varios niveles.

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El primero es la fragmentación de las estructuras criminales. Las grandes organizaciones que antes concentraban poder y control han comenzado a dividirse en células más pequeñas, con menor jerarquía y mayor autonomía. Lejos de reducir la violencia, esta atomización ha provocado enfrentamientos constantes, disputas internas y conflictos localizados que elevan el riesgo para la población.

El segundo cambio es la diversificación del delito. El narcotráfico dejó de ser el único eje financiero. Hoy las bandas amplían su portafolio criminal: extorsiones a comercios y transporte, secuestros exprés y selectivos, explotación de minería ilegal y control territorial en barrios urbanos.

Estas actividades no solo generan ingresos paralelos, sino que permiten a las organizaciones mantener presencia permanente y someter a comunidades enteras mediante el miedo. El tercer desplazamiento es geográfico

La violencia ya no se concentra exclusivamente en los grandes puertos o ciudades más pobladas. El crimen se mueve hacia cantones intermedios y localidades que antes figuraban fuera del mapa del conflicto, donde la presencia estatal es más débil y la capacidad de reacción, limitada.

Finalmente está la profesionalización armada. Más del 90 % de los homicidios se cometen con armas de fuego, muchas de ellas de alto calibre. Ese dato refleja no solo mayor acceso a armamento, sino una escalada en la letalidad y en la disposición de las bandas para imponer control.

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Uno de los casos es el de DASE EP, donde Virgilio Pesantes dejó la gerencia y fue reemplazado por Cynthia Andrea Cruz Madero, quien previamente se desempeñó como directora de Enlace Territorial y luego como asesora 1 en la misma entidad.

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Municipio de Guayaquil cambia director de Comunicación: llega Xavier Morán

Juan Ponce Merchán

Otro ejemplo es el de Luis Alfonso Saltos, quien ingresó como especialista en Planificación Urbanística y ha ocupado varias direcciones, entre ellas Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones. Actualmente es asesor de la Alcaldía y fue designado recientemente como miembro principal del directorio de Segura EP. En esa empresa pública también hubo cambios en su directorio. Fernando Cornejo dejó la presidencia y fue reemplazado por Evelyn Cárdenas, quien ocupa el cargo de coordinadora general 2 en la entidad.

A esto se suma el caso de Pablo Ramírez, quien pasó de dirigir la comunicación de la ATM a asumir esa misma función en el Municipio. Sin embargo, según registros de la Contraloría, permaneció en el cargo solo del 5 al 11 de marzo. Posteriormente, el 17 de marzo ya consta como director de dicha dependencia Xavier Morán Quinde, quien previamente, a inicios de año, figuraba como especialista 5 en el Municipio.

"Hay una distribución del poder que se mantiene"

Para el analista político Esteban Ron, este tipo de movimientos responde a dos posibles escenarios. El primero es un “reciclaje” no accidental, de carácter político y estratégico, vinculado a la permanencia de círculos de confianza dentro de la administración. “Hay una distribución del poder que se mantiene, incluso en ausencia de la autoridad principal”, explica.

El segundo escenario, añade, responde a una reconfiguración forzada producto de una crisis no planificada, lo que podría derivar en decisiones institucionales más débiles. “No es algo ajeno a lo que ocurre en otros cantones o incluso a nivel del Gobierno central”, señala.

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Municipio de Guayaquil: concejala exige a Coronel detalles de nuevos nombramientos

Juan Ponce Merchán

Sobre el rol de la alcaldesa subrogante, el también experto en Derecho considera que enfrenta el reto de consolidar su equipo en un contexto complejo. “Armar un equipo en una institución en crisis no es sencillo. Si ratifica o cambia a funcionarios cercanos a Aquiles Álvarez, genera nuevos niveles de confianza y fidelización”, sostiene.

Por su parte, la concejala Cinthya García, del Partido Social Cristiano (PSC), afirmó que la designación de funcionarios de confianza es potestad de la alcaldesa subrogante. A su criterio, Coronel estaría consolidando su propio equipo. “Mi lectura es que sabe que Aquiles no regresará pronto y ya está marcando distancia con su entorno cercano. No sería sorprendente que existan más cambios”, indicó.

En cuanto a la fiscalización, García señaló que el Concejo puede vigilar los perfiles contratados y su desempeño. Sin embargo, reconoció desconocer la trayectoria de la mayoría de los nuevos funcionarios. “Quiero pensar que son profesionales altamente calificados para asumir la administración de la ciudad más grande del Ecuador. Estas designaciones son de exclusiva responsabilidad de la alcaldesa subrogante”, agregó.

Consultada sobre la posibilidad de un reparto interno de cargos, la edil afirmó no tener información, aunque advirtió que este tipo de situaciones suelen hacerse visibles con el tiempo. “No fui ni quise ser parte del equipo cercano de Aquiles Álvarez, ni mantengo cercanía con Tatiana Coronel”, puntualizó.

En paralelo, EXPRESO solicitó una entrevista con la Dirección de Recursos Humanos del Municipio para conocer los criterios y procedimientos de contratación, así como los mecanismos de control frente a posibles relaciones de parentesco entre funcionarios. El fin es conocer la gestión del talento humano en medio de esta reconfiguración administrativa. No obstante, hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta por parte del equipo de comunicación del Municipio.

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Concejala exige detalle de cargos en el Municipio

La concejala Ana Chóez solicitó formalmente a la alcaldesa subrogante información detallada sobre los perfiles técnicos y las designaciones de directores y gerentes municipales realizadas en las últimas semanas. En el oficio, enviado el pasado martes, la edil del Partido Social Cristiano (PSC) argumenta que su pedido se ampara en las atribuciones de legislación y fiscalización establecidas en el Cootad. El objetivo es verificar el cumplimiento de principios como legalidad, mérito e idoneidad técnica en los cargos públicos. Chóez subrayó que estos requerimientos buscan garantizar la transparencia en la gestión y la estabilidad institucional dentro del Municipio.

Entre los principales requerimientos planteados por la concejala figura el listado actualizado de directores y gerentes municipales, el perfil del puesto correspondiente a cada cargo directivo, el informe técnico y/o jurídico que sustente las designaciones realizadas, de existir. “La información permitirá verificar la adecuada gestión administrativa y la correcta prestación de servicios municipales”, señala el documento.

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El pasado 19 de marzo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) presentó un informe que indicaba que el comercio mundial experimentará una marcada desaceleración a finales de este año, aumentando el volumen del comercio de mercancías apenas en un 1.9% frente al 4.6% registrado en 2025, si los precios del petróleo se mantienen elevados.

Los precios de los combustibles siguen al alza (esta semana el barril de WTI alcanzó los $ 100), tras el bloqueo de embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. Irán ha amenazado con bombardear los barcos que se atrevan a pasar por el canal, después de que Estados Unidos e Israel lo atacaran hace un mes. Esto ha hecho que los traslados del petróleo busquen alternativas y amplíen los costos de su logística, que a la vez ha encarecido su precio.

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Mónica Rojas, decana del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), explica que dicho conflicto ha dejado entrever lo mucho que dependen países como Ecuador de los combustibles fósiles para mantener de pie su sistema energético y que hoy está en riesgo de desmayo.

“Nosotros aún somos un país que depende mucho de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas (a base de petróleo y gas), y si tenemos este 2026 un mal año de lluvias, sumado a este problema de combustibles, vamos a estar complicados”, advierte la experta.

El sistema eléctrico de Ecuador depende de hasta un 71 % de las hidroeléctricas, un 26 % de la termoeléctrica, un 0,5% es eólica, un 0,1% solar y 0,6% viene de otras fuentes, según datos del Ministerio de Energía.

Aunque dicha cartera de Estado ha indicado que el fantasma de los apagones en el país está lejos de regresar, porque cuenta con suficiente respaldo del sistema eléctrico para atender la demanda, la semana pasada el Gobierno pidió a las empresas que operen con su propia generación hasta por 14 horas al día.

Además, actualmente, Ecuador, que no puede comprar energía a Colombia (tras el conflicto arancelario), reporta un sistema termoeléctrico marcado por contratos fallidos y motores sin funcionamiento y sus hidroeléctricas están operando por debajo de su capacidad, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

De acuerdo con el informe de la OMC, el cierre del estrecho de Ormuz también ha perturbado los suministros de fertilizantes, que son esenciales para la agricultura mundial, ya que alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales de abonos pasan normalmente por esta vía de navegación.

Aquello encarecerá, prevé Rojas, los costos de producción y los precios finales de los productos para los consumidores y su movilización. “Va a encarecer los costos de producción de distintas áreas, especialmente la agrícola”.

“Y en la competitividad exportadora, porque el costo por hectárea se incrementa, el costo por caja o quintal exportado se incrementa y los rubros más afectados serán de productos como banano, maíz y flores”, añade el experto en macroeconomía, Juan Manuel Domínguez, quien indica que el bloqueo del Estrecho de Ormuz no solo encarece el precio del petróleo y los fertilizantes, sino también al seguro marítimo.

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Ecuador es exportador de petróleo, por lo que un aumento del precio intermedio de Texas (WTI), que hasta el pasado viernes subía a los 99,64 dólares por barril, podría beneficiarle. No obstante, señalan los analistas, esa misma alza también presiona el costo fiscal de los derivados que el Estado importa para el abastecimiento interno.

Para ir atenuando el impacto de la elevación del precio del petróleo, organismos como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han recomendado reducir el consumo de los derivados, fomentando el teletrabajo e impulsando el transporte público con medidas como pico y placa. Pero los expertos en Ecuador indican que esta medida es difícil para el país, ya que generaría menor producción que, si no se ajusta a la demanda, generará inflación. Además de que la mayoría de ciudades no están preparadas para incentivar el uso del transporte público, por capacidad, seguridad y comodidad.

Alternativas para mitigar el impacto

Rojas señala que una alternativa para Ecuador es empezar desde el Gobierno focalizando subsidios, fortaleciendo la parte fiscal y manteniéndose neutral en este conflicto internacional. “Ecuador va a tener que mantenerse en un punto neutral, ya que dependemos del mercado estadounidense pero también del mercado chino y ponernos en contra de alguno (de los dos grupos en conflicto) sería limitar nuestro mercado”, dice Rojas.

Con ella coincide Domínguez: “lo que podemos hacer es atender las vulnerabilidades que existen en la economía, como en el refinamiento de petróleo y en evitar problemas constantes en la principal refinería del país. También deberíamos estar trabajando en una estrategia de abastecimiento de fertilizantes”, advierte.

El informe de la OMC indica que también en este año, por dicho conflicto, el comercio de servicios crecería 4.8%, ligeramente por debajo del 5.3% del año anterior.

A pesar de estos riesgos, dice la Organización, el comercio relacionado con tecnologías de inteligencia artificial podría impulsar el crecimiento global, ya que prevé que se normalizará tras el incremento de la compraventa de productos relacionados con la IA.

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Lo que debes saber

• El lunes, Marcela Aguiñaga anuncia retiro político y no buscará reelección en Guayas por tragedia familiar.
• Fiscalía cita a Aguiñaga por el caso Caja Chica el mismo día del anuncio, generando cuestionamientos.
• Salida ocurre antes de elecciones clave y en contexto de investigaciones y debate sobre financiamiento político en Ecuador.

El motivo que aduce Marcela Aguiñaga para retirarse de la política (porque dejar la prefectura y renunciar a la reelección implica nada menos que eso) es irrebatible: una tragedia familiar que la ha llevado a replantearse el orden de sus prioridades. ¿Quién puede discutir algo así? Aun considerando la posibilidad de que se trate de un retiro temporal, cualquier razón que no fuera tan profundamente personal habría sido insuficiente. 

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Con un pasado correísta no menos impresentable que el de cualquier otro cuadro de ese partido, la prefecta del Guayas es, sin embargo, dueña de un capital político levantado a pulso con trabajo, presencia pública, decisiones oportunas y exitosos golpes de efecto.

Abandonó el correísmo a tiempo, cuando su corrupto líder máximo perdió completamente la chaveta y empezó a urdir delirantes conspiraciones de tintas voladoras mientras convertía a su partido en un grupúsculo de recalcitrante extrema izquierda chavista. 

La exposición de Marcela Aguiñaga

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¿Qué pasará con las obras de la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga?

Freddy Josue Andrade Andrade

Esto la colocó, de pronto, entre los rostros políticos visibles de lo que ha dado en llamarse “la tercera vía”. Renunciar a todo eso en las puertas de una elección decisiva que tenía prácticamente ganada de antemano no es cualquier cosa. De ahí el escepticismo con el que la opinión pública ha tomado su retiro: incapaces de cuestionar sus motivos (pues son incuestionables), muchos han elegido no creérselos.

Fiscalía convocó a Aguiñaga

Todas las sospechas apuntan en una misma dirección: Marcela Aguiñaga deja la política no porque la aqueje un dolor profundo sino porque tiene un rabo de paja de aquí a Roma. No la ayudó el hecho de que ese mismo día (el lunes de esta semana), horas después de que anunciara su retiro en un video de cuatro minutos en el que explicó sus razones con la voz entrecortada, la Fiscalía la llamara a rendir su testimonio en el caso Caja Chica. 

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¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

La investigación sobre la plata sucia que la dictadura venezolana transfirió presuntamente a la campaña electoral de Luisa González, candidata de pocas luces y no precisamente muy intensas, no puede sino salpicarla. 

El pasado de Aguiñaga en el correísmo

¿Alguien tiene la menor duda de que el correísmo fue financiado por los tiranos de Venezuela? Pues Marcela Aguiñaga era presidenta del partido cuando esas cosas ocurrían: sería muy raro que no se hubiera enterado de algo así.

La teoría del rabo de paja ha sido impulsada, sobre todo, por los trolls y las cuentas basura del noboísmo. Falsos medios como The Verdugo.ec, financiados con fondos públicos por la oficina oscura que tiene su sede junto a una piscina de Samborondón, acusan a Marcela Aguiñaga de oscuros actos de corrupción no relacionados con el correísmo sino con su gestión al frente de la prefectura. 

Asegura The Verdugo.ec que “la verdadera razón” por la que Aguiñaga deja la política es que “la Contraloría la investiga por dejar perder 40 millones en multas más intereses a favor de concesionarias incumplidas”. En ese negocio, se entiende, la prefecta ganaría una tajada.

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Ahora bien: si la Contraloría ya la está investigando, como aseguran los trolls del noboísmo, ¿qué más le da a Marcela Aguiñaga irse o quedarse? ¿Acaso renunciando a la prefectura y a la reelección conseguiría evadir responsabilidades? Desde luego que no, si las cosas funcionaran rectamente. 

¿Una salida negociada?

Pero es evidente que es el caso. Lo que The Verdugo.ec y otros medios del gobierno están dando a entender (sin entenderlo ellos mismos, al fin y al cabo los trolls no se caracterizan precisamente por su inteligencia) es que Marcela Aguiñaga está negociando su salida (tan conveniente para las aspiraciones electorales del partido de gobierno) a cambio de que la Contraloría le evapore todo motivo de sospecha y desvanezca toda investigación en su contra. 

Lo que Carlos Pólit hacía por dinero (y lo condujo directamente a una cárcel del condado de Miami Dade), Mauricio Torres lo estaría haciendo por intereses políticos y electorales del gobierno: evaporar investigaciones. Para el caso es lo mismo.

Esa es la piedra angular de todas la teorías sobre el rabo de paja de Marcela Aguiñaga, sea que se concentren en el caso Caja Chica o sea que atribuyan a la prefecta del Guayas otros actos de corrupción (un turbio manejo de las concesiones viales, por ejemplo). 

¿Gobierno ofrece impunidad?

El hecho es que todas esas teorías apuntan a que Aguiñaga ha negociado su salida con el gobierno a cambio de que la dejen tranquila. En otras palabras: lo que los trolls noboístas están admitiendo sin siquiera darse cuenta es que el gobierno resulta ser tan corrupto como los políticos a los cuales ofrece impunidad a cambio de obtener ventajas electorales.

De tratos como este está pavimentada la vía del oficialismo hacia las elecciones. Los organismos de control y hasta el Derecho penal son, para el gobierno, herramientas habituales de lucha política. 

El caso de Marcela Aguiñaga es la última muestra de ello. Salvo que sus dolorosas razones personales sean la explicación real por la cual un verdadero animal político como ella decide abandonar la carrera cuando se encuentra en la recta final y tiene la victoria asegurada.

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Daniel Alejandro Romero Páez

Política

Contraloría anuncia 59 acciones a gobiernos locales; Pichincha y Guayas concentran procesos

Daniel Alejandro Romero Páez

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- Los informes de Contraloría contra jueces de la Corte Constitucional, considerada el último espacio de contrapoder a Daniel Noboa, es otro frente abierto. ¿Es un síntoma de autoritarismo o de que la institucionalidad está funcionando?

- La Contraloría actúa en el marco de sus competencias. Yo tuve que pasar por decenas de esas investigaciones durante el correato, porque en esa dictadura me investigaban de mañana, tarde y noche, porque los contralores estaban al servicio de (Rafael) Correa. En el caso del juez Alí Lozada, no se trata de 20.000 dólares, como dice, sino de que en las cuentas de él y de sus parientes aparecen dos millones de dólares depositados. Espero que no se amparen en la muletilla de que esto es una persecución.

- El oficialismo ha sido crítico con las decisiones de la Corte e incluso ha participado en marchas en contra de sus jueces. ¿No es suficiente para pensar que esta es otra forma de atacar a la Corte?

- No creo que el conflicto sea entre el gobierno y la Corte Constitucional. Creo que es la Corte contra el país. Los jueces de la Corte no le rinden cuentas a nadie. El diseño claramente chavista ha permitido que esta Corte vuele debajo del radar durante los 10 años del correísmo porque estaban al servicio de Correa. Hay jueces cuya postura es absolutamente correísta, como el exjuez Ramiro Ávila, y los jueces Jhoel Escudero, Richard Ortiz y Alejandra Cárdenas. Acabemos con los prejuicios. Aquí hay una Corte actuando en contra del país con una agenda política. Los jueces son activistas con toga que actúan en contra de los intereses del país.

- El debate por la independencia de poderes se reactivó también por el adelanto de las seccionales, ya que se cuestiona que habría sido una decisión política en beneficio del oficialismo...

- Nos tomó de sorpresa a todos porque adelantar o retrasar las elecciones siempre será polémico. ¿Quiénes van a ser candidatos del correísmo? Los que están ahorita de alcaldes y prefectos. Ellos ya están en campaña desde tiempo atrás; ellos están posicionados. Su trayecto de campaña es mucho más fácil que el de cualquier otro candidato que tiene que hacerse conocer. Con el adelanto de las elecciones va a haber menos tiempo para los nuevos candidatos. Entonces, el adelanto de las elecciones claramente favorece a los candidatos del correísmo.

- Sin embargo, es muy probable que en las seccionales se mantenga la suspensión de la Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del Gobierno. ¿Es legítimo participar en esas condiciones, donde también hay partidos en proceso de cancelación?

- Construye no tiene ninguna presencia electoral, nunca la tuvo. El correísmo va a estar en las elecciones en alianzas o con otros grupos, pero van a estar. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvieron la disputa interna con Lenín Moreno? Dejaron de ser (la lista) 35. Se fueron a la lista 1 y mantuvieron su capital electoral. Salieron de ahí y se tomaron la lista 5 y han tenido un capital electoral considerable. ¿Por qué? Porque el votante correísta está fanatizado. No les importa el número. Me parece que es un error que algunas personas piensen que porque el partido está suspendido, ya con eso el correísmo va a perder su potencial electoral.

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- ¿Se lanzará para la Alcaldía de Quito? ¿Tal vez ADN ha conversado con usted?

- Las propuestas que tengo son innumerables y del más distinto calibre. Eso me satisface porque yo soy uno de los pocos sobrevivientes al correísmo; de los que no fueron arrasados por el correísmo. No conozco a nadie de ADN, no hemos tenido ningún diálogo. Soy un político profesional, eso significa que más allá del resultado electoral, uno siempre tiene que estar a merced de la posibilidad de participar en un proceso electoral.

- ¿De qué depende que se decida su participación?

- De que yo no me voy a prestar a fraccionar. Aquí hay un objetivo fundamental: erradicar la presencia de autoridades correístas. Para hacerlo hay que tener una gran plataforma en donde, sin olfatos refinados, puedan coincidir algunos sectores, no todos. Tenemos que unirnos entre todos, hacer una medición, ver quién tiene los mejores números y todos volcarnos a apoyar a esa persona.

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Lo que debes saber

• Ecuador mantiene el uso de barcazas alquiladas como solución al déficit eléctrico ante la falta de nueva generación propia.
• La generación térmica flotante (300 MW) que se contrató por la crisis en 2024 ahora se extenderá hasta 2028.
  
• Firmar nuevos contratos para alquilar tres barcazas no aumenta la generación térmica del país. Solo se mantiene los 300 MW.

Las tres barcazas de generación térmica contratadas durante la crisis eléctrica en Ecuador pasaron de ser una solución emergente a convertirse casi en activos fijos. El gobierno actual, a través de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro), apuesta por mantener estas embarcaciones hasta mediados de 2028 para cubrir, en parte, el déficit eléctrico del país.

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La iniciativa de mantener la generación flotante fue dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía, que solicitó el 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio MAE-VEER-2025-0381-OF a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro realizar “las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”, detalla el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

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Así, para seguir contando con estas soluciones, que según los plazos tenían vencimientos entre enero y julio de 2026, Elecaustro realiza desde febrero pasado procesos de contratación especiales (bajo la modalidad Giro Específico del Negocio) para mantener entre 280 y 290 megavatios (MW) de energía térmica, pero a un plazo mayor, hasta 2028. Esto significa que los nuevos convenios se firmarán por 800 u 820 días incluida la movilización.

Contratación bajo régimen especial

La justificación para aplicar esta modalidad, aparte de lo dispuesto por el ministerio, responde a la dependencia del sistema eléctrico nacional de “factores imprevisibles como los eventos naturales, que no pueden estimarse con exactitud”. Por esta razón, Elecaustro afirma “no poder planificar sus contrataciones para hacer frente a este tipo de eventos y reducir el tiempo de indisponibilidad del sistema energético”, según el Oficio Sercop-Sercop-2025-0253-OF de 10 de julio de 2025, al que accedió EXPRESO.

En este documento, firmado por su director general encargado, Julio José Neira, se autoriza a Elecaustro a hacer las adquisiciones y otorga un año de plazo para usar esta figura. Es decir, hasta julio de 2026.

Procesos y contratos en curso

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Para cumplir con lo dispuesto por el ente rector, Elecaustro publicó entre febrero y el 6 de abril de 2026 cuatro procesos relacionados con el “alquiler, operación de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda nacional”, en su página web. De ellos, uno está adjudicado (Esclusas IV), uno desierto (Ecuagran II), que luego se volvió a presentar con el mismo nombre y ahora está en curso junto con Esclusas VI.

Diario EXPRESO buscó detalles de estos procesos el 5, 6 y 7 de abril de 2026 en el Sercop, pero no hubo resultados ni utilizando los códigos asignados. Sin embargo, la información de estas “nuevas” adquisiciones se expone en la web de Elecaustro, aunque ciertos documentos, como Ofertas de Esclusas IV, no son accesibles.

Lo que sí detalla es que la contratación de estas soluciones se extenderá hasta por 820 días, que a Karpowership se le adjudicó ya un nuevo contrato por más de $131 millones para mantener 100 MW mediante generación térmica con Esclusas IV, antes conocida como Murat Bey, que tuvo ya dos convenios previos (ver gráfico).

Cuestionamientos legales y técnicos

La contratación reiterada de estas embarcaciones ocurre pese a que Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que la renovación de contratos solo cabe para bienes inmuebles y por una sola ocasión.

“Si la necesidad persiste se deben realizar procesos abiertos para garantizar la mayor participación de oferentes y así obtener mejores precios y condiciones para el Estado”, refiere el catedrático.

Elecaustro, por su parte, en los informes que justifican estos procesos sostiene que la incorporación de esta generación permite sostener la continuidad del servicio público de electricidad ante incrementos de demanda, mantenimientos del parque generador y posibles escenarios de baja disponibilidad hídrica (de agua), mientras se ejecutan proyectos permanentes de generación térmica.

Falta de generación propia

Más allá de garantizar el suministro eléctrico, las acciones del Estado -mediante Elecaustro- apuntan a suplir la falta de proyectos de generación propios, pese a que el Cenace ha señalado de manera reiterada la necesidad de incorporar soluciones que aseguren energía firme.

“Llevamos ya casi dos años y no se ve plantas de generación térmica en tierra propias o privadas”, refiere Gabriel Secaira, consultor energético.

La falta de proyectos propios preocupa porque si se logra mantener los 300 MW de las barcazas eso no representa nueva generación. Es decir, si se concretan las tres contrataciones Ecuador seguiría disponiendo de aproximadamente 1.300 MW de generación térmica (incluido barcazas y centrales), subraya Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.

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Mientras tanto, el déficit eléctrico (aproximadamente 900 MW) puede ir en aumento porque la demanda nacional crece en alrededor de 300 MW cada año.

Costos y subsidios de la generación térmica flotante

Elecaustro, en cambio, dice que evaluando costos de importación principalmente de Colombia durante 2024. Pero no precisa que ese año se adquirió energía térmica, que es más costosa que la hidroeléctrica, por el estiaje severo. También indica que el estimado de no tener suministro asciende a $1,53 el kilovatio hora (kWh). Por esta razón, concluye que conviene más alquilar térmicas flotantes, cuya tarifa promedio de generación es 12,85 centavos el kWh.

Acuña precisa que la tarifa referida no refleja los valores reales porque el suministro de combustibles le corresponde al Estado. Además, los derivados que usan en el sector eléctrico reciben subsidios, por parte del Fisco. “El valor total de la generación con barcazas alquiladas es más alta de lo que consta en los contratos”.

Según, el último informe de Petroecuador los valores hasta el 11 de abril de 2026 son:

Bajo el argumento de que alquilar generación térmica flotante es más económico, Ecuador tiene previsto destinar más de $500 millones para alquilar barcazas hasta 2028 -según contratos firmados, adjudicados y montos referenciales-. Este valor es mayor al establecido para los proyectos fallidos de Austral y Progen, que tenían un costo total de $231 millones.

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Un problema estructural

“Si cada año vamos a seguir contratando generación flotante, significa que no tenemos la capacidad institucional para solventar el suministro de electricidad con generación propia en tierra (…) ¿Por qué de 2023 a 2026 no hay un proyecto propio para satisfacer la demanda?”, se pregunta Andrade.

Secaira estima que con los recursos destinados para los contratos ejecutados, adjudicados y en proceso de adquisición de barcazas alquiladas, Ecuador pudo haber contratado la puesta en marcha de una central térmica propia en tierra de 400 MW. Este tipo de procesos, sin embargo, requieren de una planificación minuciosa.

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EXPRESO solicitó este 7 de abril de 2026 información a Elecaustro y Karpowership sobre este tema y está a la espera de su respuesta.

Lo que debes saber

• La Feria del Libro de Quito se realiza en medio de una tensión entre el Municipio y el Gobierno por las reformas al Cootad. 
  
• Ahora, la organización está a cargo de la Cámara Ecuatoriana del Libro y la entrada tendrá un costo de un dólar.

La organización de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la capital, la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ), se ha convertido en el más reciente escenario de pugna entre el Municipio y el Gobierno.

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Desde el Municipio se advirtió que con la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se limita la ejecución de actividades consideradas “no prioritarias”, lo que incidió en la decisión de la Secretaría de Cultura de suspender la FILQ para este año.

Sin embargo, pocos días después del anuncio, el Viceministerio de Cultura, liderado por Romina Muñoz, aseguró que el evento sí se realizará, aunque bajo una nueva organización.

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La Cámara del Libro entra en escena 

Así, la respuesta formal del Ejecutivo no tardó en tomar forma. Ayer, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, afirmó que el Gobierno no permitirá que Quito se quede sin su feria del libro. “No íbamos a permitir que se pierda este espacio. Es uno de los encuentros culturales más importantes del país y debe mantenerse con la altura que la ciudad merece”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que el Gobierno acompañará la organización junto a la Cámara Ecuatoriana del Libro y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.

Alcívar también hizo un llamado a despolitizar la cultura. “La FILQ es un espacio emblemático que no puede fragmentarse ni estar sujeto a disputas. Debe garantizarse su acceso a toda la ciudadanía”, enfatizó, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de que el Municipio se reincorpore al proceso organizativo.

Mesas de trabajo con el sector

Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, reconoció que asumir nuevamente la organización implica “un reto importante”. Recordó que el gremio ya ha liderado 13 ferias entre 2008 y 2021, y adelantó que la edición 2026 buscará ser “diversa, inclusiva y representativa de todo el sector”.

Según explicó, ya se iniciaron mesas de trabajo con más de diez sectores vinculados al sector del libro y la cultura, incluyendo librerías independientes y editoriales. El objetivo es construir una feria más técnica, con datos claros sobre asistencia y perfil de visitantes, además de garantizar la participación de cerca de 190 expositores en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados.

Para los espacios hay una gratuidad de 9 m2, si requieren más, tendrá un valorFabián Luzuriaga, presidente Cámara Ecuatoriana del Libro

Sin embargo, algunas decisiones han generado inquietud. Entre ellas, el cobro de una entrada de un dólar y la falta de definición de una agenda consolidada. “La gratuidad limita el crecimiento de la feria”, argumentó Luzuriaga, al señalar que eventos similares en la región también contemplan costos de ingreso.

Presupuesto detinado a la FILQ

La viceministra de Cultura, Romina Muñoz, confirmó que el presupuesto destinado bordea el medio millón de dólares, con recursos adicionales que serán gestionados desde la Cámara del Libro mediante alianzas con el sector privado. Destacó, además, el reciente reconocimiento internacional del país como invitado de honor en la Feria del Libro de Lima, lo que, según dijo, refleja un trabajo sostenido con el sector editorial.

Cuestionamientos de la Asamblea del Libro

Pero desde las librerías independientes hay cuestionamientos. Pamela Ríos, integrante de la Asamblea del Libro, que agrupa a 124 librerías de todo el país, advirtió que el proceso actual podría significar un retroceso frente a los avances logrados en los últimos años.

Recordó que en 2021, tras la transición de la organización de la feria desde el entonces Ministerio de Cultura al Municipio, se implementaron mesas técnicas que permitieron una participación más equitativa, con espacios gratuitos para librerías independientes. “Ese año fue exitoso, con alta afluencia de personas y buenas ventas”, señala.

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Para Ríos, el principal problema radica en que se está “empezando de cero” en la conceptualización de la feria, pese a cinco años de trabajo sostenido. También cuestionó la falta de socialización de decisiones clave como la fecha (un mes antes de elecciones), el costo de la entrada y el lugar del evento a un sector menos accesible de la ciudad.

“El acceso al libro es un derecho. Cobrar entrada y alejar la feria del centro urbano limita la participación”, advirtió. Además, expresó su preocupación por lo que considera una “privatización” del evento, que podría excluir a sectores fundamentales del ecosistema cultural.

En un comunicado, luego de que se confirmó que la FILQ tendrá un costo, la Asamblea señaló que “cobrar entrada no es una medida menor. Es el inicio de un modelo excluyente que limita el acceso a la lectura y contradice el carácter público de la feria”.

La posible censura de autores y restricciones en la participación es otro tema de preocupación ante dudas sobre si se priorizaría a voces alineadas con el Gobierno. Sin embargo, Ríos aseguró que Luzuriaga les garantizó que no habrá ningún tipo de censura. Aun así, insistió en que lo más adecuado sería realizar convocatorias públicas.

Invitación al alcalde de Quito

Por su parte, Mateo Luzuriaga, librero independiente, lamentó la politización de la feria y sus posibles consecuencias. “El perjudicado es el lector. Estos espacios deberían estar gestionados por estructuras técnicas y no convertirse en escenarios ideológicos”, afirmó. Asimismo subrayó la necesidad de revisar políticas como los aranceles a la importación de libros.

Desde la Cámara Ecuatoriana del Libro se aseguró que en estos días invitarán formalmente al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y al Secretario de Cultura, Jorge Cisneros, a sumarse a la organización, en un intento por tender puentes y garantizar la realización del evento.

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Lo que debes saber

• La confirmación del primer caso de mpox Clado Ib en Ecuador reactivó las alertas sanitarias y expuso dudas sobre la capacidad de prevención del país. 
• Aunque el sistema respondió con protocolos, expertos advierten fallas en controles fronterizos y vigilancia epidemiológica. La nueva variante, más transmisible, plantea un desafío clave: si Ecuador está realmente preparado o vuelve a reaccionar tarde ante una amenaza sanitaria.

El virus volvió a cruzar la frontera sin hacer ruido, pero dejó preguntas que aún no tienen respuesta. El 2 de abril de 2026, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador confirmó el primer caso importado de mpox de la variante Clado Ib, una cepa más transmisible de la viruela del mono que encendió las alertas nacionales.

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La detección, realizada por el laboratorio de referencia, activó protocolos epidemiológicos y reavivó recuerdos recientes de crisis sanitarias. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, la noticia abre un debate incómodo sobre si el país llegó tarde otra vez.

La reacción institucional fue inmediata en el papel: alerta epidemiológica, refuerzo de controles y coordinación con organismos internacionales. Pero la rapidez del protocolo contrasta con una duda clave: ¿el sistema actuó a tiempo o simplemente respondió cuando el riesgo ya estaba dentro? En un contexto donde la prevención debería ser prioridad, la aparición de este caso pone en cuestión los controles en aeropuertos y fronteras. La historia parece repetirse, con un Estado que reacciona más de lo que anticipa.

El problema de la frontera ha sido una debilidad histórica del sistema. Al momento no existen controles epidemiológicos efectivos en los puntos de entrada al país.Mario Paredes, epidemiólogo de la Armada del Ecuador

Controles fronterizos en duda tras llegada de nueva variante de mpox

En un sistema de salud que aún arrastra limitaciones estructurales, la llegada de una variante más contagiosa plantea interrogantes más profundos. ¿Existen suficientes recursos, personal y capacidad para contener un posible brote? A esto se suma el desafío de comunicar sin generar pánico, pero con la claridad necesaria para evitar la desinformación. Tras la experiencia del COVID-19, la verdadera incógnita no es solo el virus, sino si el país aprendió lo suficiente para enfrentarlo mejor esta vez.

Ante este escenario, se solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública para dialogar con María José Pinto, vicepresidenta de la República y encargada del MSP. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta al pedido, por lo que se consultó a expertos en la materia.

El epidemiólogo de la Armada del Ecuador, Mario Paredes, advirtió que el país enfrenta un escenario distinto al de 2022. “Fue con la variante Clado 2B… la que tenemos ahora es la Clado 1B”, explicó, al señalar que antes se trataba de una transmisión “de tipo sexual en grupos de adultos”, mientras que ahora “hay la probabilidad de que la transmisión se dé también en otro contexto… de tipo pediátrico y no necesariamente ligado a transmisión sexual, sino a contacto directo”. Esto, sostuvo, cambia el enfoque de prevención.

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Sistema de salud frente al desafío de una variante más transmisible

Sobre los controles sanitarios, fue crítico: “El problema de la frontera siempre ha sido una de las patas cojas del Ministerio de Salud Pública”. Añadió que en aeropuertos y pasos fronterizos “existe una ausencia total de un departamento de epidemiología o de control del viajero”, lo que deja espacios vulnerables. Además, advirtió que los controles básicos son insuficientes, ya que “la incubación dura entre 5 y 21 días”, lo que permitiría que personas potencialmente infectadas ingresen y se movilicen sin detección.

En cuanto a la respuesta del sistema, indicó que “el sistema sanitario tiene una capacidad sólida diagnóstica”, pero alertó que “la vigilancia epidemiológica en campo es el problema”. Señaló también la necesidad de descentralizar el diagnóstico y reforzar puntos clave como aeropuertos y fronteras. Finalmente, subrayó que “no sería lo lógico” aplicar vacunación masiva, sino focalizada, y que debe fortalecerse “una comunicación de riesgo mucho más adecuada”, junto con medidas como lavado de manos, identificación temprana de lesiones y aislamiento oportuno.

El infectólogo Washington Alemán sostuvo que la detección del caso evidencia avances en el país: “cuando se usan medidas y técnicas diagnósticas modernas, como la medicina molecular coordinada con la parte epidemiológica, se pueden obtener resultados adecuados”. No obstante, advirtió que estas capacidades requieren fortalecerse, ya que “lo que se necesita es respaldo y presupuesto” para sostener una vigilancia molecular efectiva y continua.

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Diagnóstico molecular y respuesta sanitaria ante el mpox en Ecuador

En esa línea, enfatizó la importancia de la rapidez en el diagnóstico: “las técnicas moleculares son rápidas, con una alta sensibilidad y especificidad”, lo que permite respuestas más precisas frente a nuevos casos. Además, insistió en que este enfoque no debe limitarse al mpox, sino ampliarse a otras enfermedades, señalando que “toda la vigilancia relacionada con diagnósticos moleculares debería mantener las mismas características”.

La medicina molecular, coordinada con la epidemiología, permite obtener resultados adecuados en la detección temprana...Pero necesita respaldo y presupuesto.Washington Alemán, infectólogo

Sobre la variante actual, explicó que “aparentemente… es más transmisible que las anteriores”, lo que justifica la alerta epidemiológica y la necesidad de mayor vigilancia. Sin embargo, llamó a la calma: “lo primero es no generar alarma”, ya que “no tiene una capacidad de propagarse como una epidemia o una pandemia”. Recomendó educación, prevención y atención oportuna: “enterarse de cómo son las manifestaciones clínicas… lavado de manos… acudir a buscar ayuda médica y estar atento ante cualquier eventualidad”.