Lo que debes saber

• UNODC: Ecuador fue clave en 2024 para el tráfico marítimo de cocaína por sus puertos y ubicación estratégica.
• Las mafias contaminan contenedores de banano en Ecuador para enviar cocaína a Europa, Norteamérica y Oceanía.
• Expertos: la cooperación internacional avanza, pero los resultados contra el narcotráfico en Ecuador tomarán años.

La cocaína nunca había circulado en volúmenes tan altos como ahora. El Informe Mundial sobre las Drogas 2026, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revela que la producción mundial de cocaína pura alcanzó un récord de 4.100 toneladas en 2024, impulsada por la expansión de los cultivos ilícitos en Colombia, Perú y Bolivia.

En ese escenario, Ecuador aparece como una pieza clave del rompecabezas. No es un gran productor, pero sí una plataforma logística indispensable para el tráfico marítimo hacia Europa, Norteamérica y Oceanía.

El informe confirma que el país se ha consolidado como una ruta estratégica e ineludible para las organizaciones criminales transnacionales. Su ubicación geográfica, la cercanía con los mayores productores de cocaína del mundo y el intenso movimiento de mercancías en sus puertos han convertido a la infraestructura comercial ecuatoriana en un activo codiciado por las mafias.

¿Cómo operan las mafias para sacar cocaína desde los puertos de Ecuador?

La radiografía de la UNODC evidencia un fenómeno que va más allá del incremento de la producción. Las redes criminales han logrado incrustarse en la economía formal, al aprovechar la cadena logística del comercio exterior para movilizar droga sin interrumpir el flujo de exportaciones.

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Uno de los métodos más utilizados sigue siendo la contaminación de cargamentos legales de banano. La cocaína es introducida en los contenedores durante el traslado terrestre hacia los puertos o en zonas logísticas intermedias, sin alterar la documentación del exportador.

Según la UNODC, se trata de una modalidad híbrida entre el ocultamiento tradicional y el sistema rip-on/rip-off, mediante el cual la droga se incorpora y se retira del contenedor sin que el propietario legal de la carga tenga, necesariamente, conocimiento de la operación.

A esta modalidad se suman compartimentos ocultos en contenedores, modificaciones en unidades refrigeradas, paquetes adheridos al casco de embarcaciones y operaciones de buzos tanto en puertos nacionales como en los de destino. Australia y Nueva Zelanda figuran entre los mercados más rentables, debido al elevado precio que alcanza la cocaína.

Rutas clandestinas y corredores del narcotráfico en Ecuador

Sin embargo, el tráfico no se limita a las rutas marítimas. También existen pistas clandestinas en provincias como Santa Elena, Napo y Esmeraldas, desde donde se envía droga por vía aérea hacia México y Centroamérica.

En tierra, cantones como El Empalme (Guayas) y Quevedo (Los Ríos) se han convertido en centros de acopio conocidos como "bodegas narco", que almacenan cargamentos antes de su salida.

Una fuente cercana al manejo territorial en El Empalme indica que el grupo criminal Los Lobos ha logrado establecer presencia en varios sectores, intensificando la disputa con Los Choneros, organización que estaría perdiendo control en la zona. El cantón cuenta con rutas estratégicas que facilitan el tráfico ilícito, entre ellas vías fluviales con escasa vigilancia.

"La represa de Abel Peripa representa un tramo extenso de agua represada que puede ser utilizado como una vía de transporte alterna para evadir controles. Esta ruta de agua dulce permite conectar con zonas cercanas a la costa, como la represa La Esperanza, ubicada en las proximidades de Calceta, y desde allí hacia San Antonio y la vía San Vicente-Canoa", especifica la fuente.

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"Ecuador es una plataforma de exportación de cocaína"

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, el informe no hace más que confirmar una transformación que se viene consolidando desde hace varios años. A su juicio, las organizaciones criminales modifican constantemente sus rutas y aprovechan las debilidades institucionales de los Estados.

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"Ecuador viene teniendo una mutación permanente y es considerado, a nivel global, una de las principales plataformas de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico, sin ser un país productor", sostiene.

Según Pazmiño, por la frontera ecuatoriana ingresarían anualmente alrededor de 1.650 toneladas de cocaína desde Colombia y unas 200 toneladas desde Perú, lo que convierte al país en un centro logístico para el almacenamiento y posterior envío hacia otros continentes.

La gobernanza criminal solo se rompe cuando el Estado muestra presencia institucional. Somos un país cercano a los centros de producción, con puertos muy vulnerables.Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia

El experto considera que el desplazamiento de las rutas tradicionales del Caribe y Centroamérica hacia el Pacífico ecuatoriano responde a una combinación de factores.

"Somos un país cercano a los centros de producción, con puertos altamente vulnerables. A eso se suma una justicia permeada por la corrupción y una economía dolarizada que facilita el lavado de activos. Reunimos muchas de las condiciones que el crimen organizado necesita para prosperar", analiza.

Para Pazmiño, la respuesta estatal tampoco puede recaer exclusivamente en policías y militares. Considera que recuperar los territorios donde operan las organizaciones criminales exige la presencia permanente de instituciones como los ministerios de Educación, Salud, Transporte e Inclusión Social.

"La gobernanza criminal solo se rompe cuando el Estado vuelve a ocupar esos espacios con servicios públicos y presencia institucional", asevera.

Cooperación internacional contra el narcotráfico: resultados a largo plazo

En cuanto a la cooperación internacional, el analista en seguridad Jean Paul Pinto coincide en que el diagnóstico de la UNODC explica por qué Ecuador necesita mantener una estrecha colaboración con agencias extranjeras.

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"El informe justifica plenamente la colaboración con Estados Unidos y otros países. Somos una ruta privilegiada para el narcotráfico mundial y eso vuelve indispensable ese trabajo conjunto", señala.

No obstante, advierte que los resultados no deben evaluarse en el corto plazo. "Es un proceso largo. Los efectos de esa cooperación se verán en varios años y no de manera inmediata", concluye.

Las claves que debes saber

• Cristhian, adolescente con autismo, lleva más de 100 días hospitalizado en Guayaquil por complicaciones graves.
• Desde febrero de 2025, el menor ha sido operado 13 veces por peritonitis e infecciones abdominales.
• La familia denuncia falta de insumos médicos y enfrenta deudas por tratamientos durante la hospitalización.

Más de 100 días hospitalizado, 13 cirugías y una lucha contra severas complicaciones médicas marcan la historia de Cristhian, un adolescente de Guayaquil cuya familia enfrenta una crisis económica para sostener su tratamiento.

Estefanía Castillo aprieta una carpeta con documentos médicos mientras espera en los exteriores del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en el centro-sur de Guayaquil. 

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Habla despacio, con la voz desgastada por noches sin dormir y por una rutina que ya supera los 100 días entre pasillos, salas de hospitalización y quirófanos. Dice que cada mañana llega con la esperanza de escuchar una buena noticia sobre su hijo Cristhian, de 14 años. Pero aquello no ocurre.

En una foto, el adolescente permanece sentado en una habitación de hospital. Mantiene la mirada hacia abajo y las manos sobre el torso, como si buscara protegerse. Parece asustado. Atrás está su madre, sujetándole las manos con firmeza, intentando transmitirle algo que no necesita palabras: que ella sigue ahí y que no piensa abandonarlo. “Yo solo quiero que mejore”, expresa mientras mira hacia el edificio donde su hijo está internado.

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Con una sonrisa recuerda que cuando su hijo nació pesaba 4,13 kilogramos. “Era el niño más gordito de la sala”, rememora. Ahora esa imagen parece pertenecer a otra vida. Cristhian apenas supera los 33 kilos y su cuerpo tiene demasiadas cicatrices de cirugías.

El diagnóstico inicial del adolescente

El adolescente, diagnosticado desde pequeño con autismo, enfrenta además un cuadro médico extremadamente complejo.

Durante los últimos meses, Cristhian ha sido sometido a más de 13 cirugías y permanece hospitalizado por graves complicaciones abdominales que derivaron en infecciones severas, adherencias intestinales, un vólvulo y otras afecciones digestivas.

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A ello se suman problemas urinarios, epilepsia, úlceras por presión y una desnutrición crónica que debilita aún más su organismo y dificulta su recuperación.

Las noches son las más difíciles. “Antes de dormir comienza a gritar, porque le duele el abdomen”, relata su madre.

Lamentable cronología

“El 6 de febrero de 2025 empezó con diarrea, vómitos y malestar. Le hicieron exámenes y me dijeron que eran gases en el colon. Al día siguiente, como a las diez de la mañana, comenzó a vomitar una y otra vez. Fueron como 30 vómitos. Se estaba ahogando, estaba morado”, explica.

Así llegaron de emergencia al Hospital Francisco de Icaza Bustamante.

Según su testimonio, durante varios días sintió que nadie entendía la gravedad del cuadro. “Nos decían que era una infección leve. Nosotros, con mi esposo, lo cargábamos para llevarlo al baño. Después ya ni siquiera podía levantarse”.

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Cuatro días después, asegura, finalmente fue intervenido. El diagnóstico era mucho más grave de lo que imaginaban: una peritonitis provocada por una perforación intestinal que puso en riesgo su vida. “Esa noche pensé que lo perdía. Lloré durante toda la cirugía”, cuenta. 

Pasó cerca de tres meses hospitalizado. Sin embargo, las complicaciones posteriores obligaron a nuevos ingresos hospitalarios y nuevas intervenciones quirúrgicas, por lo que hace más de tres meses volvió a ser ingresado.

Desde entonces, la vida de toda la familia quedó suspendida. Ni Estefanía ni su esposo han podido retomar sus trabajos de manera estable. Los cuidados permanentes que requiere Cristhian los mantienen prácticamente a tiempo completo en el hospital o pendientes de sus tratamientos.

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“Estamos en la quiebra. Nos endeudamos para comprar medicinas, insumos y todo lo que mandan a adquirir por fuera. Aquí casi no hay nada y todo tenemos que conseguirlo nosotros”, lamenta.

Investigación sigue igual

Por una presunta negligencia médica, Estefanía Castillo presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Dice que la investigación no ha mostrado avances. EXPRESO se contactó con la casa de salud, pero no hubo respuesta. 

Un cambio de piel

• Un antiguo trolebús retirado del sistema de transporte de Quito fue transformado en un mercado permanente en Puembo, donde decenas de emprendedores locales comercializan sus productos.
• La iniciativa busca impulsar la economía comunitaria y fortalecer el turismo en la parroquia rural.

El pasillo estrecho, los pasamanos metálicos suspendidos del techo y las puertas de entrada y salida conservan la esencia de una unidad de trolebús.

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Pero donde antes había filas de asientos, hoy se levantan estanterías de madera repletas de chocolates artesanales, salsas, granolas, cosméticos, peluches inspirados en la fauna ecuatoriana, y recuerdos elaborados por artesanos locales.

Y es que el vehículo que durante más de dos décadas recorrió las calles de Quito, ya no transporta pasajeros. Frente al parque central de Puembo comenzó una segunda vida, convertido en un mercado permanente para los emprendedores de la parroquia.

El espacio forma parte de Mercado Local Ecuador, una iniciativa que desde hace más de un año organiza ferias para impulsar pequeños negocios y que ahora cuenta con un punto fijo de comercialización.

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El proyecto reúne actualmente a más de 400 emprendedores, de los cuales cerca del 80% son mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar.

La historia comenzó con Belén Baquero, fundadora de Mercado Local Ecuador, quien llevaba más de quince años trabajando con emprendedores cuando identificó un problema que se repetía una y otra vez.

“El mayor obstáculo que tienen los emprendedores es la falta de espacios. Muchos intentan crecer por su cuenta, buscando dónde y cómo abrirse un lugar. Mercado Local nació con la idea de crecer juntos, convivir en un mismo espacio y construir un ecosistema que los fortalezca y consolide”, explica.

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Un espacio propio

Ese propósito dio origen a las primeras ferias al aire libre organizadas en Puembo, concebidas para ofrecer un punto de encuentro que permitiera a artesanos y pequeños productores generar ingresos de manera constante.

Con el paso de los meses, la iniciativa fue ganando acogida.

Cada semana más visitantes llegaban para adquirir productos orgánicos, artesanías y alimentos. Ese crecimiento llevó a Baquero y a su equipo a pensar en un espacio permanente.

Así nació la idea de recuperar uno de los trolebuses retirados del sistema de transporte de Quito y transformarlo en un mercado fijo, una propuesta que se concretó a través del programa “Una Segunda Vida”, impulsado por la Empresa de Pasajeros del Municipio de Quito y que ha entregado veintiún unidades descartadas a los gobiernos parroquiales para su reconversión.

Para Gabriel Tinajero, presidente del GAD parroquial de Puembo, el proyecto busca no solo dinamizar la economía local, sino también fortalecer el turismo de la parroquia. Explica que el mercado fue concebido pensando en quienes visitan el sector y buscan llevarse un recuerdo elaborado por productores locales.

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“Con este proyecto buscamos fortalecer el eje turístico de Puembo. Queríamos que todos los visitantes tengan un lugar atractivo por conocer, donde puedan llevarse un souvenir de la parroquia, elaborado aquí”, señala.

La instalación del trolebús representó uno de los mayores desafíos del proyecto. Baquero recuerda que trasladar el vehículo hasta el parque parecía una tarea imposible.

“Ver al trole volar doce metros sostenido por tres grúas fue impresionante. Incluso tuvimos que suspender el servicio eléctrico en una parte de Puembo para poder instalarlo. Fuimos superando obstáculo tras obstáculo, pero hoy vemos que valió la pena porque este espacio demuestra que es posible innovar y crear oportunidades para toda una comunidad”, afirma.

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El interior del vehículo fue completamente adecuado para albergar los productos de los emprendedores. Las antiguas filas de asientos dieron paso a muebles y estanterías fabricados con tableros decorativos donados por Pelíkano, marca que también articuló la participación de otros aliados durante el acondicionamiento del espacio.

"Nosotros tenemos, como marca, un compromiso con el desarrollo de las comunidades y el apoyo a emprendedores", explica Pamela Delgado, jefe de marca de Pelíkano.

Destacar lo propio

El mercado tiene capacidad para albergar entre 70 y 75 emprendimientos de manera permanente y complementará las ferias que ya se realizan en la parroquia.

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Entre quienes forman parte del proyecto desde sus inicios está Hipatia Balseca, productora de alimentos orgánicos. Desde hace un año y medio participa cada viernes en las ferias y asegura que la clientela ha ido creciendo de forma constante.

“Todo lo que cultivamos sale de nuestras casas y la gente viene porque sabe que encuentra productos sin químicos y de buena calidad. Es importante que la gente conozca todo lo que Puembo tiene para ofrecer”, comenta.

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Las demás unidades del trolebús entregadas por el Municipio también han encontrado una segunda vida o se encuentran en proceso de transformación.

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En Pomasqui, por ejemplo, uno de los articulados abrió sus puertas en el parque central de la parroquia convertido en la Troleteca, una biblioteca con área infantil y servicio de préstamo de libros que atiende de viernes a domingo. 

Mientras tanto, en la parroquia Atahualpa, ubicada en la Ruta Escondida, otra de las unidades está siendo adaptada para convertirse en un museo que exhibirá la historia de la localidad.

Un encuentro con la comunidad

• El proyecto comunitario La Plaza y su Territorio ofrece talleres gratuitos para fortalecer el tejido social y fomentar la apropiación de la Plaza del Teatro.
• La iniciativa reúne a vecinos, comerciantes, niños y adultos mayores en actividades artísticas que buscan transformar la percepción de un espacio.

Los ovillos de lana pasan de mano en mano mientras las agujas se introducen con un ritmo pausado. Una mujer interviene una fotografía para reproducir la forma con hilos de colores; otra intenta dominar los primeros puntos de un tejido; una niña contempla con curiosidad el trabajo de las adultas mayores antes de tomar también una madeja.

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Entre puntada y puntada se entrelazan conversaciones sobre la semana, recuerdos del pasado y escenas de la vida cotidiana. Hay risas, bromas y consejos que circulan con la misma naturalidad que las lanas. Es viernes y, desde las 10:00, el grupo se reúne bajo una carpa instalada en la Plaza del Teatro.

La escena rompe con la imagen que durante años ha acompañado a este rincón del Centro Histórico de Quito. Aunque cada día recibe a cientos de transeúntes, está rodeado de comercios y forma parte de uno de los sectores más transitados de la urbe, la Plaza del Teatro también ha estado marcada por la violencia y la inseguridad.

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Sin embargo, durante varias horas a la semana el lugar adquiere otro ritmo. Personas de distintas edades y oficios ocupan las mesas para crear, conversar y compartir. Esa transformación forma parte de La Plaza y su Territorio, un proyecto comunitario impulsado por la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) que busca fortalecer el tejido social mediante actividades artísticas y procesos de mediación cultural.

La iniciativa nació en 2024 como una fase piloto y, desde entonces, ha evolucionado hasta consolidar una metodología basada en el trabajo sostenido con quienes habitan, trabajan o transitan por el sector. El proyecto plantea un proceso a largo plazo para reconocer los saberes del territorio y convertir al sitio en un espacio de articulación comunitaria.

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Darle vida a la plaza

Verónica Castillo, mediadora del proyecto, explica que la apuesta responde a una realidad: los espacios públicos no se activan sin una oferta palpable y continua.

“La gente responde a los espacios vivos, a las propuestas donde pueden interactuar con sus vecinos y ser parte del barrio. Esa búsqueda por construir comunidad va más allá de la violencia o de la inseguridad que se cree que hay en la plaza. Si bien estamos en un momento complicado, la respuesta de la gente ha sido la apropiación, el venir, sumarse a estos talleres y ser una parte activa de ellos”, asegura.

Esa apropiación se refleja especialmente en el taller de Tejido y Memoria, que originalmente, estaba dirigido a adultos mayores.

Sin embargo, con el paso de las semanas comenzaron a sumarse niños, niñas, hombres jóvenes, comerciantes informales, y más, hasta convertirlo en un punto de encuentro para distintos grupos del sector. “Se habla mucho de la ruptura del tejido social, pero también hay un tejido de afectos y de cuidado que estamos viendo”, añade Castillo.

Entre quienes llegan cada viernes está Alexandra Meneses. Hace apenas tres semanas pasaba por la plaza cuando una de las facilitadoras la invitó a sentarse. Nunca había tejido.

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“Yo pasaba por aquí y de pronto me dijeron: 'Siéntese ahí, señora. Entré y me quedé porque me gustó mucho. Es algo bonito que den esta oportunidad para aprender y hacer algo nuevo, conocer gente. A veces uno cree que no puede, y resulta que sí. Estoy aprendiendo”, cuenta.

Conoce la agenda

Actualmente, además del taller de Tejido y Memoria, que se realiza de 10:00 a 12:00 los días viernes, La Plaza y su Territorio, también ofrece otros tres talleres.

El coro comunitario infantil Voces de la Plaza, se lleva a cabo todos los miércoles, de 10:00 a 12:00. El taller de dibujo animados y stop motion ¡Anímate!, dirigido a adolescentes, se realiza los miércoles de 15:00 a 17:00, mientras que el taller de origami Figuras de papel se realiza los viernes de 15:00 a 17:00.

La propuesta, que se lleva a cabo por ciclos, se extenderá hasta noviembre.  

LO QUE DEBES SABER

• El TLC con Canadá podría generar entre $404,4 y $600 millones adicionales de comercio bilateral hacia 2030 y hasta $65 millones más de PIB anual para Ecuador, según un estudio del gobierno canadiense.
• Ecuador envía 150 productos a Canadá, pero los 10 primeros concentran casi todas las ventas. Los 140 restantes, con aranceles de entre 7 % y 18 %, son los que más ganarán con el acuerdo.
• Colombia, Perú y Chile llevan entre 10 y 15 años con preferencias en Canadá. La relación comercial cercana entre Ecuador y ese país apenas tiene cinco años.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, firmado el 24 de julio en Ottawa, podría generar entre $404,4 y $600 millones adicionales de comercio bilateral hacia 2030, y entre $49,3 y $65 millones más de PIB anual para Ecuador, según un estudio oficial del gobierno canadiense. 

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El impacto real dependerá de la capacidad del país para desarrollar nuevos productos y atraer inversión, afirmó Gabriel Rovayo, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Canadiense.

En el corto plazo, Daniel Legarda, exministro de Producción, calculó que el incremento de exportaciones podría alcanzar unos $90 millones, basándose únicamente en lo que Ecuador ya envía a ese mercado. 

"El acuerdo aporta al crecimiento del PIB en 0,3 puntos", precisó, citando los modelos estadísticos que respaldan este tipo de negociaciones.

Oportunidades arancelarias para la diversificación de exportaciones

El dato más revelador no está en los productos que ya se exportan, sino en los que apenas asoman. 

Xavier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), precisó que Ecuador envía alrededor de 150 productos a Canadá, pero los 10 primeros concentran prácticamente la totalidad de las ventas.

Los 140 restantes representan apenas entre el 3 % y el 4 % del total. Es en ese grupo donde el TLC podría marcar la diferencia, porque muchos enfrentan aranceles de entre 7 % y 18 % que el acuerdo eliminará.

Lecciones de los acuerdos comerciales con China y Corea del Sur

La experiencia con China ofrece una referencia concreta.

El TLC con Beijing, vigente desde el 1 de mayo de 2024, arrojó resultados en el primer año: las exportaciones crecieron 10,1 % entre mayo y diciembre de ese año, según la Oficina Nacional de Estadísticas de China. En el primer semestre de 2025 el avance alcanzó 11,6 % en valor.

El comercio bilateral cerró ese año en $17.330 millones, un 24 % más, según cifras del consulado chino en Guayaquil. El camarón fue el producto estrella, con un récord de $8.400 millones. 

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Pero el déficit también creció: el saldo negativo con China pasó de $73 a $524,7 millones en el primer semestre de 2025. Esa es una señal de que los acuerdos dinamizan las importaciones al mismo tiempo que las exportaciones, un factor que Ecuador deberá gestionar también con Canadá.

Con Corea del Sur, el panorama sirve como advertencia. El Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) fue firmado el 2 de septiembre de 2025 y Ecuador completó su ratificación el 15 de abril de 2026. 

Pero Corea aún no finaliza su proceso interno, por lo que más de 10 meses después de la firma, el acuerdo no genera un solo beneficio arancelario.

Rosero advirtió que Fedexpor espera que la ratificación del TLC con Canadá se complete en el último trimestre de este año para activar el proceso parlamentario canadiense. El acuerdo, explicó, responde a un objetivo estratégico de diversificación ante la volatilidad del mercado estadounidense.

El potencial del mercado canadiense para productos no tradicionales

El mercado canadiense tiene 40 millones de consumidores con un ingreso per cápita cercano a $55.000. 

Legarda coincidió en que el consumidor canadiense comparte condiciones similares al estadounidense, lo que facilita la entrada de productos ecuatorianos.

En 2025, las exportaciones a ese destino alcanzaron $563 millones, casi el doble de los $294 millones de 2024, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Los productos no tradicionales son los que más ganarán. Legarda identificó flores, conservas de atún, madera, alimentos procesados, cerámica, línea blanca, acero, plástico y caucho. 

Rosero añadió derivados de cacao, muebles, metalmecánica, berries, aguacate, brócoli, snacks y elaborados de frutas. 

En flores, el acuerdo equiparará a Ecuador con Colombia, que ha tenido preferencias por más de una década.

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Retos de competitividad e inversión para el sector privado

Abrir mercados, sin embargo, no basta.Legarda explicó que sin instituciones eficientes y aduanas ágiles, el acuerdo queda en el papel. Rosero coincidió: la estructura de costos del Ecuador es pesada frente a competidores de la región y del sudeste asiático, que cuentan con mayor flexibilidad laboral, financiera y logística.

Para Rovayo, lo que cambia con este TLC es el marco jurídico y la confianza para invertir. 

El acuerdo tiene 29 capítulos que incluyen inversión, servicios, contratación pública y economía digital, a diferencia del TLC con China, más concentrado en bienes a gran escala.

Rosero agregó que antes del acuerdo con la Unión Europea (UE), vigente desde 2017, solo el 25 % de las exportaciones estaba cubierto por acuerdos comerciales. 

Hoy esa cifra llega al 65 %. Pero Colombia, Perú y Chile llevan entre 10 y 15 años con preferencias en el mercado canadiense, una ventaja que Ecuador recién empieza a cerrar.

Rovayo afirmó que Canadá no debe ser destino para exportar materias primas. "Debemos verlo como una plataforma para que Ecuador exporte productos con mayor valor agregado", dijo. 

El comercio bilateral alcanzó en 2025 unos 2.000 millones en dólares canadienses, precisó.

Rosero coincidió: el 92 % de lo que Ecuador importa de ese país son bienes de capital y materias primas que tecnifican la producción. Legarda reconoció que el camino es largo: la relación cercana entre ambos países apenas tiene cinco años y el sector privado necesita invertir en ferias y misiones comerciales con potenciales socios canadienses.

Lo que debes saber:

• Israel Celi alerta, a propósito de Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, sobre presión política en la justicia en Ecuador.
• 18% confía en el sistema judicial en Ecuador, advierte Israel Celi por falta de independencia.
• Caso Aquiles Álvarez refleja uso de justicia contra rivales políticos, dice Israel Celi.

Desde el miércoles 29 y hasta el 30 de julio del 2026 se desarrolla el I Congreso de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas, titulado Independencia Judicial y Constitucionalismo en América Latina. En la primera jornada se abordaron temas como el autoritarismo, los desafíos emergentes a la independencia judicial en Ecuador desde una perspectiva de derechos humanos y el contexto de la crisis democrática.

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Para la segunda jornada estaba previsto el análisis del nuevo constitucionalismo latinoamericano, con énfasis en sus avances y retrocesos. El presidente del gremio, Israel Celi, lidera el encuentro.

- ¿Qué tan pertinente es hablar de independencia judicial en Ecuador y la región en este momento?

- Es pertinente. Varios países de América Latina atraviesan crisis profundas en materia de independencia judicial; uno de los casos más llamativos es Ecuador, que en los últimos años ha descendido en los rankings sobre esta materia.

- ¿A qué se debe?

- Existen varios factores que inciden en eso. Entre los más relevantes destacan el impacto del crimen organizado, la presión del poder político sobre jueces y un tercer elemento: el debilitamiento institucional del sistema judicial.

- ¿Cómo va la región y Ecuador?

- Podríamos mencionar países claramente autoritarios como El Salvador, Nicaragua o Venezuela. Pero el caso ecuatoriano también es grave, por lo que hemos descendido en los últimos informes del World Justice Project.

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- ¿Qué tan grave es que el ciudadano no crea en la justicia porque espera años para que avance una demanda, mientras casos políticos se mueven en días?

- Es gravísimo porque el ejercicio de la ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia. Si la mayoría o quienes están vinculados a ámbitos políticos y de libertad de expresión no tiene certeza de que sus derechos serán protegidos, eso erosiona ese funcionamiento. 

Apenas el 18 % de la población confía en el sistema de justicia; no existe confianza, se produce anomia social, falta de participación política.

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- En ese marco, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil?

- En la práctica, hay organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa que promueven la participación para demandar políticas públicas y expresar desacuerdos, como en cualquier país civilizado. 

Pero si las organizaciones temen que se suspendan fondos de sus cuentas y los medios, la posibilidad de seguir publicando, y los ciudadanos temen que un hábeas corpus no tenga una solución justa, el miedo es paralizante.

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- ¿Ustedes, los abogados, están identificando miedo en el ciudadano?

- Ese miedo restringe la participación y la protesta. Hay un fuerte vínculo entre independencia judicial y participación ciudadana: si no participan es porque saben que, en un conflicto, va a perder el ciudadano, que no tiene garantías de salir libre, de que no se suspendan sus fondos o cuentas y de no ser perseguido a través del Estado, no solo en lo administrativo, sino también en el sistema de justicia.

- ¿Al tener al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, preso en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, envía un mensaje?

- Por supuesto. El hecho de que se utilice el sistema de justicia para perseguir a rivales políticos, de una forma inconstitucional e ilegal más allá de toda duda razonable, genera más dudas. 

En el caso de Álvarez, el mero hecho de que esté privado de libertad, en un centro de reclusión para criminales graves, sin fórmula de juicio, da cuenta de persecución política. Y no es solo este caso; vemos, por ejemplo, que se utiliza la justicia electoral para eliminar prácticamente a opositores, y desde una perspectiva jurídica se recurre a argumentos espurios y sanciones desproporcionadas.

Un problema serio con el presidencialismo es que depende de su alianza con las FF.AA., garantes de la democracia.Israel Celi/ Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas.

- ¿Cómo ve la posición de la Corte Constitucional?

- No es un total contrapeso. Me parece que el Ejecutivo a través de hostigamiento ha logrado debilitar su independencia, no se pronuncia sobre el Cootad, el adelanto de elecciones.

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¿Quién es Israel Celi?

Abogado por la Universidad Técnica Participar de Loja (UTPL). Maestría en Derecho Constitucional, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesor a tiempo completo de la UTPL. Director de su maestría en Derecho Constitucional. Doctorando en Ciencia Política en la Universidad de Río Grande en Brasil.

Sobre el Congreso

La Asociación Ecuatoriana de Constitucionalistas desarrolla su Congreso para hablar en torno a la independencia judicial. Participaron, entre otros, Ramiro Ávila, María Dolores Miño, Emma Tapia, Agustín Grijalva. Israel Celi remarca que el ejercicio de ciudadanía en un Estado depende en gran medida del acceso a la justicia.

Lo que debes saber

• Fernando Camposano, candidato de la Lista 1, defiende una propuesta basada en cambios institucionales y de infraestructura.
• Es abogado, mediador, consultor político, liquidador de compañías. Fue gerente general de Emapag EP.
• Las elecciones se desarrollarán el domingo 16 de agosto de 2026.

La contienda por la presidencia del Guayaquil Tenis Club entra en su recta decisiva. Fernando Camposano, candidato de la Lista 1, asegura que su postulación nació del descontento de un grupo de socios frente al rumbo de la institución. Cuestiona la judicialización del proceso, plantea una reforma integral del estatuto y promete recuperar las sedes.

¿Qué lo motivó a postularse a la presidencia del Guayaquil Tenis Club?

En las elecciones anteriores, con un grupo de compañeros y socios analizamos e identificamos problemáticas que no se resolvieron en el Guayaquil Tenis Club. Uno de mis amigos me dijo: “¿Por qué no dejamos de quejarnos y somos parte de la solución?”. Le dije que tenía razón y tratamos de conformar una lista en la elección anterior. No lo logramos, pero para estas elecciones consolidamos una lista de socios que queremos que las cosas cambien y que vayan bien. Voy con María Cecilia Massuh de vicepresidenta.

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Juan Ponce Merchán

Hoy vemos que en medio de las elecciones hay una acción de protección. ¿Qué lectura tiene sobre esto?

Sí. Lamentablemente el candidato de la Lista 3, hoy calificado, sintió que sus derechos se habían vulnerado y planteó una acción de protección en la justicia ordinaria. Ya fue resuelta y dispone que vuelvan al estado de la calificación e incluyan al candidato Bohrer como tercero en la lista. Ahora, si me preguntas como socio, pienso que es un nefasto precedente activar la justicia ordinaria cuando eres socio de un club que tiene su reglamentación interna, un estatuto que respetar. Ahora, el estatuto es ambiguo, sí, es ambiguo. Entonces la administración actual debió actualizarlo. ¿Qué propongo? Que todas las controversias que se deriven del tribunal electoral sean sustanciadas en arbritraje y mediación.

Al inicio de la entrevista decía que busca cambiar molestias que tiene como socio. ¿Cuáles?

¿Qué veíamos en el club? Que integraban alguna infraestructura nueva y no guardaba ninguna simetría con el resto del diseño del club. Entonces yo decía que este era el club parche. No nos atendían la parte del gimnasio; no actualizaban las máquinas, un día un compañero se partió la cabeza; no había atención, un médico (que esté) todo el tiempo operando en el club; la comida había bajado la calidad; la atención al socio. Entonces el socio comenzó a dejar de ir. Incluso los hijos del socio, cuando cumplían los 18 años, ya no querían que los papás los hagan socios. Otra falencia en Samborondón es el parqueo. No hay.

El Anexo tiene esa tónica. ¿Qué propone?

Desde el comienzo, porque yo sí tengo mi plan estratégico de trabajo; no digo que los otros no tengan, no he visto el de los demás; es más, muchas cosas que he planteado me las han copiado. Mi plan es hacer un edificio de parqueo. Por ejemplo, vas un fin de semana y tus hijos te dicen: “¿Y yo qué voy a hacer ahí, papá, aparte de estar en la piscina? Nos aburrimos”. Queremos implementar un gimnasio de niños pequeños, para adolescentes, una sala de gamers y un pequeño parquecito acuático tanto en la sede centro como en Samborondón.

Me llama la atención la reforma del estatuto. Como abogado, le consulto: un artículo puede interpretarse de distintas maneras y generar controversias.

Primero, en el artículo 1 del estatuto te dice que eres una IRP, una institución recreativa privada autónoma. En cambio, en el artículo 2 del mismo cuerpo legal te dice que se rige a la Constitución, a la Ley del Deporte, al estatuto interno y demás normativas internacionales del deporte. Eso hay que retirar.

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¿Que no esté inscrito al ministerio?

No es necesario porque es una IRP. La ley anterior lo facultaba, pero hay que tener una autonomía real. Entonces me vas a decir: “¿Quieren ser una isla?”. Pero bueno, somos un club privado. Si no, vámonos a jugar a Fedeguayas, que es público.

¿Cómo le gustaría ver al club en los próximos cuatro años?

Mi idea, si me favorecen con los votos los socios, es contratar un ‘máster plan’ de aquí a 15 años, a dónde tiene que ir el Guayaquil Tenis Club, y este tampoco es una camisa de fuerza. Puede ser revisado cada cinco años, porque todo cambia.

¿Cuáles son sus propuestas para la sede centro?

Está bastante abandonada, (con) la pintura descascarada, rejas oxidadas, no hay mayor movimiento y acuérdate de que se hacían grandes fiestas. Es bodega el salón de eventos, bodega de mesas y sillas, y da lástima ver cómo han permitido que el club caiga en ese estado. Hay que tener ingresos, tratar de volver a activar el club, necesitas ampliar el gimnasio, las máquinas son antiguas. Vamos a techar canchas, mejorar la gastronomía y hacer eventos segmentados.

¿Y cómo recuperarla?

Atraer a la familia. Tú vas a decir: “Después de estas elecciones, todos van a quedar peleados”. Puede ser. Pero el deporte une a la gente y todos somos amigos, socios, todos nos conocemos; pero siento que esta elección nos ha distanciado.

Lo que debes saber:

• El río Machángara en Quito es escenario de violencia y búsquedas de personas desaparecidas, no solo de alta contaminación.
• Bomberos buscan a Lizeth Bunshi en el Machángara con equipos especiales por caudal, lluvias y riesgo sanitario. Hay más casos.
• A dos años de la sentencia, Quito no ejecuta PTAR y colectivos alertan retrasos en descontaminación y seguridad.

Desde el domingo 19 de julio del 2026, hace más de dos semanas, el río Machángara volvió a ocupar titulares. No por avances en su recuperación (como ordenó la sentencia de agosto de 2024), sino por su vínculo recurrente con hechos de violencia. 

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Se ha convertido en un cauce altamente contaminado, receptor de aguas residuales y escenario de búsquedas de personas desaparecidas.

Juan Carlos Ganchala, del Cuerpo de Bomberos de Quito, explica que la unidad especializada de rescate acuático lidera la búsqueda de Lizeth Bunshi. 

Para estas operaciones utilizan trajes secos, sondas y botes. “Este río no es navegable ni apto para buceo por su nivel de contaminación”. 

Por ello emplean equipos de rastreo que emiten ondas para detectar irregularidades en la superficie y en zonas profundas, con alcances de hasta 50 metros.

Las búsquedas combinan inspección visual, recorridos ribereños y verificación de cavidades y pozas. El caudal (que aumenta con las lluvias) puede arrastrar cuerpos a lo largo de varios kilómetros. “Hemos tenido hallazgos después de semanas”, indica Ganchala.

La recuperación debe incluir componente de seguridad ciudadana

Para María Elena Rodríguez, integrante del Cabildo Cívico de Quito, estos hechos reflejan el cumplimiento mínimo de una sentencia que ordena al Municipio no solo descontaminar el agua, sino ejecutar una reparación integral de las riberas. 

“Esta recuperación debe incluir un componente de seguridad ciudadana, pues en sus quebradas, orillas y laderas aumentan los casos de violencia extrema: asesinatos, violencia sexual, muchos contra niñas y mujeres”.

El 24 de agosto se cumplirán dos años de la sentencia que responsabiliza al Municipio por la situación del Machángara y establece 27 medidas obligatorias. 

Entre ellas constan la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el control de descargas, la recuperación del espacio público, programas de educación ambiental y la restauración ecológica de las riberas.

Sin embargo, la implementación ha sido lenta y, según colectivos ciudadanos, incompleta. El diagnóstico inicial, que debía elaborarse en seis meses, tardó más de un año y medio y, de acuerdo con observaciones técnicas, omitió aspectos claves como la medición de metales pesados. 

“Se han hecho intervenciones puntuales, pero todavía no existe una estrategia integral que responda a la magnitud del problema”, señala.

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No habrá planta de tratamiento Quito en esta alcaldía

Rosa Fonseca, directora de Regulación, Control y Seguimiento de la Secretaría de Ambiente, afirma que las acciones vienen desde antes de que se emitió la sentencia, con una estrategia de descontaminación de ríos y construcción de PTAR. 

Explica que estas obras requieren estudios y permisos, por lo que la PTAR Quito podría ejecutarse en la siguiente administración y la de Tumbaco en 2027.

La funcionaria añade que existen 27 medidas de corto, mediano y largo plazo vinculadas a planes como el de acción climática y el de ríos y quebradas. Destaca intervenciones como la limpieza de 397.000 m², instalación de más de 10.000 metros de cercado y más de 60 mingas comunitarias. 

Finalmente, Fonseca aclara que el mantenimiento de cercados no depende de Ambiente, sino de Seguridad, en un contexto nacional de inseguridad.

En este río se bañaban los quiteños y lavaban la ropa

Nicolás Cuvi, profesor investigador de la Flacso y presidente de la Academia de Ciencias, lamenta que varias generaciones hayan crecido pensando que el Machángara es un vertedero de aguas servidas, negras, grises y residuos ambientales. Pero no siempre fue así, según sus trabajos. 

Diferencias entre Quito, Cuenca y Guayaquil en tratamiento de aguas residuales

“El alcalde habla de una estrategia de descontaminación, pero en casi cuatro años no ha construido ninguna planta de tratamiento. Es decir, empezó su administración con un 2,7 % de tratamiento y cierra con el mismo porcentaje. Incluso ha dicho que la descontaminación de ríos será un eje de su reelección, pero se requiere más acción que promesas”, cuestiona María Elena Rodríguez.

En Cuenca, apunta, se limpian los ríos desde hace cuarenta años. Y Guayaquil tiene proyectado pasar del 60 % al 90% de tratamiento de aguas residuales.

La activista está preocupada porque “se necesitan varias plantas en distintos puntos y aún no hay avances claros”. Añade que aunque hay intervenciones puntuales, estas son aisladas y no reflejan una política integral. Consideran que la Secretaría de Seguridad debe involucrarse más.

Lo que debes saber

• Zamora Chinchipe se convirtió en la tercera provincia que más impuestos recauda en Ecuador, impulsada por el auge de la minería y el alza de los precios internacionales de los minerales.
  
• La recaudación tributaria del sector minero casi se duplicó en el primer semestre de 2026, al pasar de $773 millones a $1.397,4 millones.
  
• Las exportaciones mineras crecieron 47 %, consolidando a los minerales como el segundo producto no petrolero de exportación y fortaleciendo los ingresos fiscales del país.

Los altos precios internacionales de los minerales impulsaron la minería y modificaron el mapa de la recaudación tributaria en Ecuador. Durante el primer semestre de 2026, Zamora Chinchipe desplazó a Azuay y se convirtió en la tercera provincia que más impuestos aporta al Estado, solo por detrás de Pichincha y Guayas.

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Entre enero y junio de este año, Zamora Chinchipe recaudó $758,15 millones, un crecimiento del 75,5 % (el más alto de todas las provincias) frente a lo obtenido en el mismo período de 2025. Con ese resultado superó a Azuay ($561,38 millones), según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Este salto coincide con el mejor desempeño de la minería y los altos precios de los commodities en el mercado internacional. Además, en esta provincia operan las dos minas a gran escala que tiene Ecuador: Fruta del Norte y Mirador, refiere María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME).

Este crecimiento en la recaudación de impuestos, se traduce no solo en más ingresos para el Estado, sino también en crecimiento económico en zonas como Zamora Chinchipe porque el 60 % de las regalías que se generan por esta actividad deben volver al área de influencia. “Estos resultados dan cuenta de que la gente está viviendo mejor en Zamora”, refiere la CME.

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El impacto de la minería en Zamora Chinchipe

Silva sostiene también que aparte de la mayor recaudación, en esta provincia oriental se ha reducido también la pobreza, “de 2019 a 2021 bajó 13 puntos y se mantiene la tendencia”.

Además, la gente cuenta con un empleo pleno, aumentó el nivel de escolaridad, más de 400 jóvenes de la zona de influencia, que es rural, cursa estudios superiores; y no buscan migrar porque en esta localidad hay oportunidades de trabajo.

Al ser consultado sobre el aporte de Zamora Chinchipe en la recaudación de impuestos, el presidente Daniel Noboa informó el 27 de julio en radio Sucre que “Zamora se está volviendo hoy en día entre la quinta y sexta provincia”. 

Y a la vez, señaló que El Oro y otras han tenido también un crecimiento signficativo. “Si generas incentivos para formalizar hay mucho mejor control y hay mayores ingresos para el Estado”, señaló el presidente Noboa.

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A escala nacional, la actividad minera es una de las ramas que más impuestos aportó durante el semestre. Estos resultados coinciden con el aumento de los precios internacionales del oro, el cobre y otros minerales en el mercado internacional. La onza troy de oro, por ejemplo, superó los $5.300 en enero de 2026, según Investing.com.

El aporte de la minería en la recaudación

De acuerdo con el SRI, la actividad Explotación de minas y canteras -sin incluir extracción de crudo y gas- generó $1.397,4 millones en recaudación en el primer semestre de 2026. Es decir, casi el doble de lo obtenido en el mismo periodo de 2025 ($773 millones).

La mayor parte de estos ingresos del primer semestre provino de la extracción de minerales metálicos (oro, plata, cobre y otros), que aportó $886,8 millones, equivalente al 63,4 % del total del sector.

Le siguieron las actividades de apoyo para la explotación de minas y canteras, explotación de otras minas y canteras, y extracción de carbón y lignito.

Estos resultados coinciden con el crecimiento de la exportación de minerales. Según las últimas cifras disponibles del Banco Central del Ecuador (BCE), Ecuador exportó $2.220,73 millones en productos mineros entre enero y mayo de 2026. Es decir, aumentó 47 % frente al mismo lapso de 2025.

Además, en este mismo periodo los productos mineros se consolidaron como el segundo rubro de exportación no petrolera de Ecuador y el tercero entre las exportaciones totales, precisa la CME.

De acuerdo con el Banco Central, los productos mineros representaron aproximadamente el 13,6 % de todas las exportaciones ecuatorianas, que alcanzaron en total $16.288 millones durante los primeros cinco meses de 2026.

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Más allá de Zamora Chinchipe, Pichincha se mantuvo como la principal fuente de ingresos tributarios del país, con $5.957,89 millones, seguida de Guayas, con $3.839,30 millones, cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El tercer lugar pasó a manos de Zamora Chinchipe, mientras que Azuay descendió a la cuarta posición. El Oro ocupó el quinto lugar.

A continuación están Manabí, Tungurahua, Cotopaxi y otras que conforman el grupo de las 10 jurisdicciones que más aportaron al Estado.

Lo que debes saber

• La Alianza por los Derechos Humanos habla de una "autocratización" en Ecuador.
• Advierte que la suspensión de movimientos políticos afecta la democracia.
• Pide a organismos internacionales vigilar el proceso electoral.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos alertó la semana pasada sobre un supuesto proceso de “autocratización” en Ecuador, tras la suspensión de movimientos políticos de oposición. En entrevista con EXPRESO, su coordinadora, Vivian Idrovo, explica por qué considera que el país atraviesa un acelerado deterioro democrático.

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- ¿Cuáles son los indicios que les hacen pensar que Ecuador podría pasar de una democracia electoral a una autocracia electoral?

- Lo que ha pasado en Ecuador no son hechos aislados. Los acontecimientos son de conocimiento público, como la exclusión de los principales actores de oposición en los comicios, que han sido adelantados sin, a nuestro juicio, razones que lo justifiquen. Entonces, tomar decisiones que eliminan de las posibilidades de ser elegidos al principal partido de oposición (Revolución Ciudadana) y a otros movimientos (Construye y Amigo), consolida ese proceso acelerado de deterioro democrático.

- ¿Qué mecanismos legales cree que debieron aplicarse antes de adoptar una medida de suspensión a un movimiento político?

- El tema es cuándo se hace esta suspensión: antes de las elecciones. Pero además, ¿qué tipo de fundamentos existen? Es una aplicación mecánica de una norma. Un órgano del Estado pide la suspensión y el tribunal, sin hacer ningún tipo de análisis de cómo se garantiza el debido proceso, lo ejecuta. Lo que deviene en que el fiscal general tiene la atribución para suspender partidos políticos cuando a bien lo tenga en gana, sin ningún tipo de contrapeso.

- ¿Cuál es el principal riesgo para una democracia cuando una parte importante de la oposición queda fuera de una contienda electoral?

- El tema es que no hay democracia. Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado no solamente en Ecuador; se denunció en los países donde efectivamente no hay posibilidad de elecciones libres.

Ojalá la OEA, la CIDH y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre lo que pasa en Ecuador.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Ve similitudes entre lo que ocurre en Ecuador y procesos vividos en otros países de la región?

- Ustedes ven lo que pasa en Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que él ya no va a permitir más elecciones. Pero Ecuador, en términos de leyes que restringen a la sociedad civil, se parece a Venezuela, se parece a El Salvador, se parece a Nicaragua. Entonces, lo que va a pasar es que no vamos a tener democracia.

- ¿Qué impacto tiene una eventual autocracia electoral sobre la libertad de expresión y la protesta social?

- Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado con el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo. Están las denuncias de Fundamedios, de Periodistas Sin Cadenas. También está ese proceso de cooptar y comprar medios de comunicación que en su momento fueron críticos e independientes. Vemos el hostigamiento que, por ejemplo, ha denunciado el periodista Hernán Higuera, sobre sus investigaciones en relación con la corrupción. O el asesinato de la activista anticorrupción (Monika Silva). También están los elementos de persecución a las organizaciones de la sociedad civil y a los disidentes; el bloqueo de cuentas como una herramienta de asfixia económica.

Una democracia no se consolida sobre un partido único y eso se ha denunciado en Ecuador y otros países.Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador

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- ¿Qué es lo que se viene?

- A mi juicio, se viene un escenario muy peligroso. Poco a poco nos convertimos en estos países en los que teníamos miedo de convertirnos: Nicaragua, Venezuela, El Salvador.

- ¿En qué momento cree que se cruzaría un punto de no retorno para la democracia ecuatoriana?

- Yo creo que ya estamos cruzando el punto de no retorno. Creo que las elecciones de noviembre sí son una línea roja.

- ¿Qué organismo o quién deberían actuar ya?

- El tema es que aquí no tenemos un sistema de pesos y contrapesos nacionales. La Corte Constitucional ha dicho que no puede interferir en el proceso electoral y ha dejado vigente esta aberración jurídica. La Corte ya se ha callado. Lo que queda es seguir denunciando internacionalmente lo que está pasando. Ojalá la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las organizaciones de los Estados democráticos pongan una alerta sobre el Ecuador, porque lo que estamos viendo es que nos convertimos, de forma acelerada, en un país donde el cierre del espacio cívico es completo.

Lo que debes saber: 

• Gabriela Panchana enfrenta una sentencia por injurias: 30 días de prisión, tras publicaciones en la red social X.
• La activista registra ya cuatro denuncias penales en su contra, desde diciembre 2025, cuando habló sobre la esposa de Mario Godoy, expresidente de la Judicatura.
• Abogados advierten en Ecuador que uso de derecho penal y condena por injuria puede limitar libertad de expresión.

El lunes 27 de julio del 2026, un juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón condenó a Gabriela Panchana a 30 días de prisión y a ofrecer disculpas públicas por el delito de injuria, contravención de cuarta clase, según el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

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Todo empezó por una interacción en la red social X con otro usuario que intervino, sin ser citado en sus mensajes.

Para la comunicadora y activista, el proceso no puede entenderse como una situación aislada. Lo ve como parte de una cadena de hechos que empezaron:

Según Luis De Guzmán, la honra es un derecho

Panchana ya contabiliza cuatro denuncias penales en su contra, contando con dos de Luis De Guzmán, quien ha dicho en X que “la honra es un derecho” y que defiende la libertad de expresión, pero que ningún tratado ni corte nacional o internacional señala que ese derecho incluye “imputar delitos sin pruebas”.

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El impacto para la familia de Panchana

“La sentencia es dura, sobre todo por el impacto en mi familia. Hay miedo, angustia. Ahora toca esperar la notificación escrita para presentar los recursos que contempla la ley”, señaló. “Aspiro a que, en la apelación, el tribunal actúe con independencia y aplique el derecho sin presiones”, concluyó.

La opinión de dos abogados sobre sentencia por injurias

Al respecto, la abogada constitucionalista María Dolores Miño dijo que “quien denuncia es una persona afín al Gobierno, eso de entrada y en este contexto ya pone la cancha inclinada". 

Además, Miño resalta que "Gabriela responde a una provocación. Eso jamás se toma en cuenta a la hora de medir el grado de afectación de sus expresiones. En estos casos, el estándar convencional exige ver si el discurso ha causado un daño demostrable a la presunta víctima. La ofensa por sí sola no es suficiente para activar un castigo. Ese análisis no se hizo. En materia de derecho al honor, la vía penal siempre es excesiva”.

Y añadió: “En este caso, si se hubiera demostrado una afectación real derivada de las declaraciones, lo procedente era daño moral en civil, pero para estos casos la reparación adecuada es la disculpa pública. La cárcel, medida de última ratio, jamás puede ser proporcional para un caso de una expresión que ocurre en el contexto de un intercambio en redes producto de una provocación del supuesto afectado”.

El también constitucionalista Farith Simon considera que el problema en este caso es el uso del derecho penal para desincentivar la crítica pública y la denuncia sobre el funcionamiento irregular de instituciones.

“Cuando una persona acusa de corrupción, infiltración del crimen organizado o violación de derechos y termina condenada a prisión por sus expresiones públicas, la sanción penal deja de proteger bienes jurídicos relevantes para una democracia y se convierte en herramienta de represión”.

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Farith Simon indicó que el derecho a la libertad de expresión incluye la posibilidad de que los ciudadanos pueden llegar a exagerar o ser imprecisos en sus afirmaciones públicas en asuntos de interés social. Y castigarlos penalmente genera un efecto disuasorio. 

“Que alguien sea condenado a privación de la libertad por el delito de injurias por sus expresiones públicas, debe ser tomado como una alarma en democracia. El recurso a pena privativa de libertad por injurias deja en claro que se busca silenciar voces incómodas”.

Lo que debes saber

• Con la promesa de recuperar la sede centro, construir un edificio de parqueos en Samborondón y frenar el crecimiento indiscriminado de socios, Bohrer busca regresar a la dirigencia del Guayaquil Tenis Club.
• El candidato sostiene que existieron irregularidades en su descalificación y asegura que su lista representa una alternativa de renovación para la institución.
• Las elecciones se desarrollarán el domingo 16 de agosto de 2026.

A menos de un mes de las elecciones del Guayaquil Tenis Club (GTC), Bohrer sostiene que la intervención de la justicia permitió restituir su participación y la de su lista en un proceso que, asegura, estuvo marcado por la vulneración de derechos. Defiende su propuesta de cambio, cuestiona el manejo de los estatutos y plantea un plan de obras que incluye un nuevo edificio de parqueo.

¿Qué lo llevó a acudir a la justicia? Es un hecho sin precedentes en los más de 100 años de historia del Tenis Club.

Efectivamente, es inédita. Actuamos con buena fe. Tanto así, que este mismo tribunal electoral, en la elección del 2022, nos permitió correr como candidatos y esta vez, por la misma causa, nos dice que no. Envié una carta a los miembros del tribunal y les dije: “Me hago a un costado, pero permitan a la lista participar”, lo cual fue negado. Impugnan mi candidatura el 20 de mayo y contestamos el 21 de mayo. La fecha límite para inscribir las lista era el 25 de mayo. Imagínese, si sabían que yo no debía competir, ¿por qué no me notifican antes del 25 de mayo y esperaron al 5 de junio para hacerlo y descalifican a toda la lista que quiere un cambio en el club? Hay un sinnúmero de socios que quieren que haya elecciones libres y transparentes. En vista de que no teníamos eco en el tribunal electoral del GTC, le dimos la oportunidad al presidente del directorio: 719 socios que, en 72 horas, conseguimos las firmas de acuerdo con el artículo 37 del estatuto, pero nos contestan diciendo “adjunten las cédulas”. Esta burla no la podemos permitir. Entre vulnerar nuestros derechos, tuvieron que recurrir 13 socios.

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¿Ellos respaldan su candidatura?

Respaldan (y llevan el caso) a una instancia superior y esa instancia hoy les permite a los socios escoger entre tres listas. Nuestra lista es una lista probada. Hace 24 años construimos el anexo campestre Samborondón. Casi todo lo que existe en el anexo lo hicimos junto a un grupo de amigos que hoy queremos volver porque queremos hacer nuevas obras. A los socios se les ofreció en Samborondón un edificio de parqueo.

Ese es uno de los principales problemas: la falta de estacionamiento ahí.

No lo vemos y no hay donde estacionar. Nuestro proyecto es hacer un edificio de parqueo, mínimo 250 parqueos; ampliar el gimnasio, embellecer nuestro club, darle al socio buena calidad de alimentos a precios razonables y no seguir incrementando sin medida gran cantidad de socios, porque ya mismo no entramos.

¿Considera que este conflicto debió resolverse puertas adentro? ¿Cree que estos estatutos podrían generar preocupación entre otros socios que podrían verse reflejados?

Fue el Guayaquil Tenis Club, este directorio el que decidió en su reforma de estatuto del 2025 someterse a la Ley del Deporte, tanto es así que se somete que ellos mismos vienen inscribiendo sus estatutos y directorio al Ministerio del Deporte. Entonces el artículo 37 del estatuto dice que con el 5% de las firmas hay que convocar una asamblea extraordinaria. Presentamos más del doble de las firmas y no convocaron. Era la forma ideal para que los socios tratemos nuestras diferencias casa adentro. Entonces, entre que vulneren tus derechos y dejarte atropellar, 13 socios recurrieron a una instancia superior que nos dio la razón a nosotros. Aparte, dos ministros del Deporte dijeron que Leonardo Bohrer podía ser candidato.

Ahora queda menos de un mes para las elecciones. ¿Qué le diría al socio que aún tiene incertidumbre?

Al socio le diría que somos gente de experiencia y probada. Y que no te cumplieron; el que te miente una vez, te miente dos. Ya hicimos muchas obras hace 24 años, por eso esta lista de aquí promueve un cambio. Ya no entran los socios en el gimnasio, en la sede centro, hoy la tienen abandonada, que fue la cuna donde nació el tenis ecuatoriano. Queremos darles descuentos adicionales a los jubilados para que asistan, tenemos lindas ideas. Pero haber caído en lo que usted dice no obedece a nosotros. Siempre hemos actuado con responsabilidad.

Hablemos de su lista. ¿Quiénes la conforman?

Nuestra lista está conformada por socios probados. Roberto Calderón, Patricia Avilés, Diego Crespo, mucha gente joven con ganas de trabajar por el club. La hemos hecho con mucha conciencia de servicio. Roberto Calderón es muy querido en la sede del centro y pasa gran parte de su tiempo en la sede. De esa manera vamos a dividirnos: que él sea el responsable de manejar esa sede junto a algunos directores. Y en mi caso, que vivimos en la zona de Samborondón, trabajamos en la zona. Dos administraciones a beneficio del socio.

Las claves que debes saber

• ID presenta candidata a Prefectura de Pichincha; propone recuperar liderazgo con Municipio y Prefectura
• Prioriza la vía Quito-Santo Domingo y viaductos en la General Rumiñahui con inversión internacional
• Impulsa alianza academia-GAD, riego preventivo y reformas para evitar dependencia política de recurso

El próximo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir, entre otras autoridades, a los prefectos provinciales. Pichincha, desde al menos 20 años, ha estado bajo la dirección de perfiles del correísmo y es una de las provincias claves. En los dos últimos periodos ha estado al frente Paola Pabón.

(Lea también| Juez del TCE tramita impugnación sobre revocatoria del presidente Daniel Noboa)

La Izquierda Democrática (ID) tiene su carta para la Prefectura de Pichincha: Jaime Ruiz. Considera que la unión entre academia y GAD es fundamental para el desarrollo.

¿Cuál considera o identifica como el principal problema de Pichincha actualmente?

Quito y Pichincha han perdido el liderazgo que tradicionalmente mantenían. El Municipio de Quito y la Prefectura, más allá de las diferencias ideológicas, deben armar un eje de recuperación del liderazgo. 

Pichincha tiene 3,3 millones de habitantes. Es la segunda provincia con mayor población y no tiene una comunicación directa, mediante una buena vía, hacia los puertos del país. 

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La vía Loja-Santo Domingo, por donde circula lo más importante de la economía del Ecuador, es la vía de la muerte. De la misma manera, podríamos decir que tiene problemas graves en la ciudad que tienen que ver con la Prefectura. Por ejemplo, el acceso de la autopista General Rumiñahui y de toda la población del valle de los Chillos y los cantones aledaños. Sobre cosas como estas se tiene que asumir la responsabilidad de un plan vial.

Las vías que serán prioridad

¿Qué vías de la provincia son las que priorizará y con qué criterios se harán las obras en ellas?

La primera vía, la más importante, es el recorrido logístico vial de Quito hacia Santo Domingo. ¿Y recursos? Pero si son vías que se concesionan. Si en el mundo lo que más existe son capitales de inversión. 

Hoy el Gobierno Nacional está hablando de que tiene un plan al 2040 y que el BID está generando cerca de 10.000 millones de dólares para desarrollar la inversión. 

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Pero esa inversión vale la pena hacerla si es que se atrae también inversión internacional porque, si no, hay que confrontar con el nivel de deuda que tenemos. Hay que salir atrayendo inversión internacional que amplíe el aparato productivo, que genere empleo, que dinamice la economía. 

Las vías tienen que articular las zonas productivas con los corredores centrales y también el turismo y, obviamente, el apoyo a la gente que vive en esas zonas. Ese es el concepto vial que debe tener la provincia.

Autopista General Rumiñahui

¿Mantendrá el mismo modelo de gestión de la autopista General Rumiñahui?

La propuesta es cambiar. Si es que en la autopista General Rumiñahui nosotros logramos hacer los viaductos que evitarían todo ese tráfico que tenemos desde la curva de Monjas hasta el coliseo Rumiñahui, hasta la Patria, y pasamos al peaje central, los peajes ahí se trasladan para financiar la obra que se realiza: los viaductos. 

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Eso tiene estudios desde hace 15 años. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no logra construirse un entendimiento con los gobiernos centrales y no logran poner sobre la mesa la garantía soberana que se necesita para una concesión; obviamente, de un capital internacional que viene a financiar eso, porque no hay presupuesto para hacerlo. 

Pero con garantía soberana y justificando una corrida financiera que, en un periodo de 10 a 15 años, se paga, gana la inversión, gana la ciudad y gana la gente.

¿Cómo vincular las propuestas con otros sectores?

Necesitamos a la academia. El Estado gasta en las universidades muchísimos recursos, pero las universidades van por un lado, de espaldas al aparato productivo, generalmente. 

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Hay pocas universidades privadas que están buscando la educación dual, vincularse con el aparato productivo. Pero eso debería ser una política pública que integre a las universidades públicas. Hacer investigaciones en el campo y en todos los aspectos.

La Prefectura también tiene como competencia el riego y el fomento productivo. ¿Cuáles son sus planes en esas materias?

Por muchos años se peleó por el canal de riego que salía de Cayambe a Pedro Moncayo, Tabacundo, que se sufrió mucho y ahí tiene sus inconsistencias. Pero gran cantidad de los cultivos de la Sierra, incluso las plantaciones frutales, las nuevas plantaciones de espárragos y de productos para la exportación, necesitan del riego que viene generalmente de los páramos. 

Y ese sistema de riego a veces se contamina en los traslados, en la trayectoria de los canales de riego, y eso tiene que mantenerse. Tiene que haber una política no de sanación posterior, sino una de prevención, porque también eso es prevenir en la política de riesgos que debe tener el Consejo Provincial: prevenir que se mantengan los canales de riego siempre limpios y siempre abastecidos de agua. 

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Es decir, eso significará tal vez hacer zonas de reserva para los lugares donde, en ciertas épocas, no llegue el riego y se sufra por escasez de agua.

Parecería que ahora hay una división entre los GAD que están alineados con el Gobierno y los de oposición. ¿Cuál es su visión del actual escenario político?

Ese es un error al que aquí ya estamos acostumbrados: si yo no tengo alineamiento con el Gobierno, no recibo recursos. Hay que hacer reformas constitucionales. Creo firmemente en que hay que respetar las respectivas instancias. Hay que mejorar la democracia representativa. Nuestra democracia no puede ser lo que está ocurriendo ahora.

¿Quién es Jaime Ruiz?

Es un economista y doctor en Economía con una trayectoria de más de 40 años en el servicio público, la política y el deporte. Su perfil combina formación académica en Gobierno y Administración Pública con experiencia en cargos de representación como concejal de Quito, asambleísta constituyente y legislador nacional. Ahora busca la Prefectura de Pichincha con el partido Izquierda Democrática (ID).

Lo que debes saber

• La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 plantea un nuevo modelo económico en el que el sector privado asuma un papel protagónico para impulsar el crecimiento de largo plazo.
  
• El Gobierno propone reformas para fortalecer la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal, la competitividad y la dolarización, con el fin de atraer inversión.
  
• Analistas advierten que la Agenda define objetivos y lineamientos, pero deja dudas sobre cómo se ejecutarán las reformas y con qué recursos.

Tras casi tres años en el poder, el Gobierno del presidente Daniel Noboa presentó la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 (ACE 2040). Este documento, de 130 páginas, traza un nuevo modelo económico para impulsar un crecimiento sostenido en el largo plazo con apoyo del sector privado. Sin embargo, según especialistas consultados por Diario EXPRESO, no se precisa cómo llegar a ese fin.

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La ACE 2040 parte de la referencia que Ecuador ofrece “bases sólidas para una nueva etapa de crecimiento”. La razón es que entre 2024 y 2025, el país demostró “que con orden macrofiscal, es capaz de atraer inversión, diversificar su matriz exportadora, aumentar los niveles de inversión privada, reducir significativamente su exposición de riesgo”.

Estas condiciones, según el insumo, permitieron que la economía ecuatoriana registrará en 2025 “una expansión consistente del 3,7 %”, impulsada principalmente por el buen desempeño del sector privado.

El ACE 2040 no considera que este resultado responde a un rebote del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, luego de que en 2024 se contrajera un 2 %, debido a la crisis eléctrica que provocó apagones de hasta 14 horas en el país, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Por este motivo, Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, refiere que tomar los datos de 2025 como prueba de que se va por buen camino dista de la realidad. “En el 2025 volvimos a tener el PIB per cápita de 2023. Es rebote. Mal podemos decir que vamos bien”.

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Un nuevo rol para el Estado y el sector privado

Pese a esta puntualización, la ACE sostiene que el PIB de 2025 superó la trayectoria de la década 2014-2023, en la que el PIB anual creció en promedio del 1,9 %. Es decir, por debajo de las media registrada en América Latina.

Para sostener una senda de crecimiento promedio del 2,7 % a mediano plazo (hasta 2029), la ACE propone desarrollar cuatro pilares:

Spurrier sostiene que si la meta es crecer a menos de 3 %, no habrá cambios estructurales. “Si no hay un crecimiento fuerte no se genera empleo”.

Bajo este esquema se busca que el Estado asuma un nuevo rol. En lugar de ser el principal ejecutor de la actividad económica, se plantea convertirlo en un facilitador que genere reglas claras, seguridad jurídica y condiciones para atraer capital privado (ver gráfico).

Entre las acciones planteadas para alcanzar estos propósitos constan: simplificar trámites, fortalecer las APP, modernizar los contratos de inversión, reformar el sistema tributario, ampliar el acceso al financiamiento y desarrollar el mercado de valores. En el ámbito laboral, propone adecuar las modalidades de contratación, fortalecer la formación técnica, certificar las competencias laborales y más.

Las dudas sobre la ejecución del plan

Para Spurrier los puntos expuestos se quedan en "declaraciones" de hacia donde irá el país y no se detalla con precisión cómo se lograrán esos objetivos, metas ni montos de inversión para crear esas nuevas condiciones. “Decir que hay que generar apertura para atraer inversiones es bastante evidente”, subraya.

Bernardo Chiriboga, analista económico y profesor de Business School la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide en que se tratan de ideas generales, que deberán irse puliendo.

Los sectores que el Gobierno prioriza

La ACE 2040 identifica a la minería, hidrocarburos, electricidad, agroindustria, manufactura, turismo y comercio exterior como sectores prioritarios. En ellos se busca modernizar la infraestructura, mejorar la logística, fortalecer el comercio, impulsar la innovación, desarrollar corredores multimodales y más.

Y aunque la ACE 2040 reconoce la relevancia del sector minero, por ejemplo, Spurrier recuerda que pese a que el Gobierno anunció en junio de 2025 la apertura del catastro, este tipo de solicitudes se mantienen cerradas para la minería metálica hasta ahora.

La productividad, el principal desafío

Para José X. Orellana Giler, socio de Andes Legacy Advisors, el verdadero desafío para lograr crecimiento en el largo plazo es la productividad. Explica que un trabajador ecuatoriano necesita 53 horas para generar $1.000 de valor; uno en Luxemburgo lo hace en 16. 

“Esa brecha no se cierra con deuda pública. Se cierra con tecnología, automatización, y mejor asignación de capital privado”, refiere Orellana Giler.

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Por ello, en su criterio la ACE 2040 no es un plan de gasto público, sino un manual de instrucciones para que el sector privado identifique las fallas geológicas de valor y dónde están los retornos. “La viabilidad no está en duda. La única pregunta es si el Estado tendrá la disciplina de ejecutar las reformas -seguridad jurídica, estabilidad fiscal, apertura sectorial- que el capital privado exige para comprometer sus dólares”.

Por su parte, Chiriboga menciona que el desafío de esta iniciativa es que se mantenga en el largo plazo y que este y los próximos gobiernos ofrezcan apertura y brinden la seguridad jurídica para atraer inversiones.

Lo que debes saber:

• Quito: alcalde ganó con 25% en 2023; debate crece ante seccionales de noviembre 2026 por legitimidad y gobernabilidad.
• Analistas en Ecuador señalan: 25% limita fuerza política; gestión y hace que el liderazgo sea débil; no se pueden hacer cambios importantes.
• Fragmentación electoral en Quito con 12 candidatos se complica gobernar; concejos diversos obligan pactos y afectan decisiones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ganó los comicios de febrero de 2023 con el 25,18 % de los votos, en una contienda con 12 candidatos. Es decir, obtuvo el respaldo de una cuarta parte del electorado. Sus antecesores —con excepción de Jorge Yunda— llegaron al Municipio con apoyos cercanos al 60 %.

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Con las elecciones seccionales de noviembre 2026 en el horizonte, el debate sobre la legitimidad y la capacidad de gobernar toma fuerza. ¿Puede un alcalde tomar decisiones de alto impacto cuando tres de cada cuatro votantes no lo respaldaron en las urnas?

El exdiputado y analista político, Juan Manuel Fuertes, ve necesario diferenciar entre la legitimidad de origen —la que proviene de las urnas— y la legitimidad de ejercicio, vinculada a la calidad de la gestión.

A su criterio, la legitimidad de origen no depende únicamente del porcentaje de votos. También inciden factores como el proyecto político y de la trayectoria. “No es lo mismo llegar con el 20 % de votos y provenir de una estructura política consolidada que hacerlo como un outsider sin partido”, explica.

Ese respaldo organizativo —precisa— se evidencia en la capacidad de reacción si la autoridad enfrenta conflictos, ya sea a través de estructuras partidarias o redes digitales que respaldan o cuestionan su gestión. 

“No es solo el resultado electoral lo que define la legitimidad inicial, sino también la personalidad y el recorrido político del elegido”, señala.

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Fuertes aclara que no se puede esperar lo mismo de un liderazgo con trayectoria que de uno emergente. “No es igual un alcalde con historia política que alguien que aparece como un ‘NN’ en una elección”, dice.

En cuanto a la legitimidad de ejercicio, sostiene que esta se construye de forma permanente. “El gobernante necesita relegitimarse todos los días a través de su gestión. No gobierna en soledad: tiene aliados y opositores, algunos que buscan corregir errores y otros que intentan su salida”.

Esa estabilidad —afirma— depende del capital político, que se sostiene en resultados, liderazgo, programa de gobierno y equipo de trabajo.

No tenemos líderes, por eso no hay cambios estructurales: Jorge Peñafiel

El exlegislador Jorge Peñafiel vincula este escenario con la crisis de representación política, especialmente en la Sierra centro. El sistema, cree, permite que “la minoría más numerosa” acceda a cargos como alcaldías o prefecturas, lo que deriva en liderazgos débiles.

“No tenemos líderes y, por tanto, tampoco cambios estructurales. Lo que hay es un reemplazo de figuras, pero las condiciones se mantienen”, sostiene.

Peñafiel añade que esta situación también responde al estado de ánimo de la ciudadanía, más enfocada en resolver problemas económicos, laborales y de seguridad que en la política. “La gente quiere sobrevivir; la política ha pasado a un segundo plano”, afirma.

No hay cálculo político desde la RC: Adrián Ibarra

Desde el oficialismo, el concejal de la Revolución Ciudadana, Adrián Ibarra, descarta que exista un cálculo político, de cara a la intención de reelegirse, en las decisiones del alcalde. Pide ver el escenario: fragmentación y posterior polarización.

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Los partidos no han logrado articular las múltiples demandas sociales —ambientales, animalistas y de otros sectores— en propuestas integrales, señala. Además, advierte que alcaldes electos con entre el 24 % y 25 % enfrentan grandes desafíos de gobernabilidad.

Según Ibarra, esto obliga a construir acuerdos en concejos diversos. “Hemos logrado alianzas con concejales de distintos partidos. Más del 90 % de la normativa se ha aprobado por unanimidad, sin restar importancia a una oposición constructiva”, resume.

Antes era posible llegar a acuerdos entre dos fuerzas políticas más importantes: Paco Moncayo

El exalcalde Paco Moncayo coincide en que el problema se agrava por la fragmentación. Recuerda que en la época en la que terció por la alcaldía, en las elecciones, el respaldo estaba más concentrado entre dos fuerzas políticas, lo que facilitaba acuerdos. 

Actualmente, no solo que el alcalde llega con un nivel bajo de respaldo inicial, sino que la dispersión electoral —con 11 o 12 partidos y movimientos compitiendo por votaciones cercanas al 5 %— deriva en concejos altamente fragmentados, analiza.

“En contraste, en las elecciones en las que participé, alrededor de la mitad del electorado me respaldaba y entre el 30 % y 35 % apoyaba al segundo candidato, Roque Sevilla o Rodrigo Paz”, respectivamente, ya que fue reelegido. 

Eso permitía que, al llegar a la administración, se construyeran acuerdos con mayor facilidad sobre temas de ciudad. Se hacía entre dos fuerzas políticas estructuradas que concentraban cerca del 85 % del Concejo. Los partidos pequeños tenían una representación marginal.

Hoy, en cambio, un alcalde puede llegar con apenas el 25 % de apoyo real y tener que negociar con múltiples actores que representan fracciones reducidas del electorado.

La opinión de Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico de Quito:

Rocío Bastidas, del Cabildo Cívico de Quito, dice que la factura la pagan los ciudadanos, que lidian con inoperancia, traducida en falta de soluciones a los problemas de la ciudad o la estrategia de evitar conflictuarse para no enfrentar a quienes podrían ‘molestar’.

Una estrategia es dejar hacer y pasar y simular, con publicidad, como el señor Muñoz.Rocío Bastidas/ Integrante Cabildo Cívico de Quito

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Es importante recordar que la nueva tarifa de 40 centavos fue aprobada en diciembre de 2025 por el Concejo Cantonal de Cuenca. En esa instancia se establecieron varias exigencias tanto para poner en marcha el incremento como para que los usuarios sean beneficiarios del subsidio de 10 centavos.

La normativa vigente determina, por ejemplo, la obligación de las compañías de transporte de mejorar su servicio, crear nuevas rutas, extender los recorridos, entre otras medidas. También establece la exigencia de personalizar las tarjetas —único método de pago del transporte urbano en Cuenca— para que el beneficio del subsidio sea personal e intransferible.

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¿Cómo funcionarán las tarjetas de pago?

Berenice Cubides, directora subrogante de Gestión de Movilidad, detalló que el beneficio del subsidio será efectivo únicamente en la primera validación de la tarjeta. Si se realiza una segunda validación de forma inmediata, el sistema debitará el valor completo del pasaje, sin subsidio, es decir, 40 centavos.

Para volver a acceder al beneficio, los usuarios deberán esperar al menos 10 minutos y validar su tarjeta en otra unidad de bus. El tiempo de espera entre viaje y viaje se habría estipulado con base a los estudios técnicos realizados que determinaron que un mismo usuario se demora un promedio de 10 minutos en realizar el trasbordo entre unidades para llegar a su destino final.

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Dudas en la ciudadanía 

Es justamente este requisito el que ha generado descontento entre los usuarios. Explican que, en ocasiones, hay personas que se quedan sin saldo en sus tarjetas y, al no existir centros de recarga cercanos, suelen prestarse la tarjeta para realizar el viaje.

Magaly Pillajo, estudiante universitaria, comentó que en ocasiones se prestan la tarjeta entre compañeros porque alguno se queda sin saldo. Sin embargo, explicó que esto ya no será posible porque deberán pagar la tarifa completa, lo que los afectará. "Esta es una forma indirecta de incrementar la tarifa del pasaje; no se trata del incremento del subsidio, sino del alza de la tarifa", señaló la joven.

Otros usuarios, como Manuel Alvarado, manifestaron que existen limitaciones al momento de recargar las tarjetas debido a los horarios de atención de los establecimientos donde se ofrece este servicio. "Generalmente se trata de negocios privados y, por ejemplo, los estudiantes acuden a sus actividades mucho antes de que estos lugares abran. Creo que esto generará conflictos cuando se produzca el regreso a clases", puntualizó.

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¿Por qué se deberá personalizar la tarjeta?

Alfredo Aguilar, coordinador de Movilidad del Municipio de Cuenca, dio a conocer que la personalización de las tarjetas se ha realizado de forma gradual a lo largo del primer semestre de este 2026 y que se registra un 92 % de cumplimiento. Sin embargo, datos de la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) revelan que aún restan unos 32.000 usuarios por personalizar sus tarjetas.

Además, explicó que la exigencia de personalización se enmarca en el proyecto de interoperabilidad entre los sistemas de transporte (buses, tranvía y bicicleta pública), con el que se pretende establecer una única forma de pago para todos ellos. 

"Los usuarios podrán utilizar, ya sea la tarjeta del tranvía o la del bus, en cualquiera de los sistemas de transporte y, al final del día, deberemos (Municipio y Cámara de Transporte) hacer un cruce de usuarios para realizar los correspondientes pagos. Sin la personalización de la tarjeta de bus será imposible", detalló Aguilar.

Lo que debes saber

• Un chat dirigido a Roberto Luque evidencia que el CEO de Progen buscó agilizar $69,5 millones sin garantías técnicas, en septiembre de 2024.
  
• Técnicos exigieron pruebas FAT para evitar recibir chatarra, desatando una fuerte discusión con Progen.
  
• Tras las quejas de la contratista, el conflicto escaló a Carondelet y el pago se ejecutó el 1 de octubre.

Un mensaje de Whatsapp al que tuvo acceso este Diario evidencia la gestión del máximo ejecutivo de la empresa Progen para acelerar el primer desembolso de $ 69,5 millones, sin garantías, por el contrato de la central termoeléctrica Salitral (100 MW).

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, época en la que Roberto Luque ya no ejercía como ministro (e) de Energía. De hecho, dejó el cargo dos meses antes, en junio, cuando asumió el que fuera su asesor, Antonio Gonçalves.

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Chat para quejarse del control de Celec

La noche del 25 de septiembre de 2024, tras una reunión virtual con técnicos de la Unidad de Negocios Termopichincha de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), el CEO de Progen, John B. Manning, redactó un extenso mensaje que, que según él, iba dirigido a Roberto Luque.

“Buenas noches, Roberto. Espero que todo esté bien contigo y los tuyos. Me disculpo de antemano por la extensión de este texto. No estoy exactamente seguro de si contactarte sea lo más sensato que deba hacer en este momento, pero creo que tal vez quieras saber lo que ha estado ocurriendo en las últimas dos semanas respecto a las inspecciones de los generadores del proyecto Salitral y lo que acaba de suceder esta noche durante una reunión con Byron (Orozco) y una nueva persona llamada José Vega”, escribió.

En esa comunicación, el ejecutivo expuso su malestar por los controles de Celec. Según él, las exigencias de “nueva documentación” constituían “interrupciones infundadas que no están motivadas por la buena fe” y tenían como único propósito “entorpecer el proyecto”.

Justicia

José Manrique, el contratista incumplido y socio de Saud en los millonarios contratos de Progen

Sara Ortiz

Tensión tras una reunión del 25 de septiembre de 2024

La queja de Progen se dio luego la caldeada reunión telemática mantenida esa misma noche. Según testimonios de varios participantes, el encuentro ocurrió a solicitud de Progen, que había sido contactada por el jefe de la comisión de verificación, Celso Sánchez. Este técnico había solicitado al administrador del contrato la entrega formal de documentación técnica antes de entregar el informe y dar un aval.

En la sesión virtual participaron, por parte de Celec, Byron Orozco, gerente de Termopichincha; Gabriela Toazo y Carlos Villacís, técnicos del área; Marlon Casilla, administrador del contrato, y Jorge Vega, en calidad de traductor (a quien Manning confundió en su chat con “José Vega”). En cambio, por parte de la contratista asistieron Manning, José Manrique y Karla Saud.

Durante el encuentro, los técnicos de Celec mantuvieron la obligatoriedad de contar con los respaldos de las pruebas de carga de fábrica (pruebas FAT) de los equipos. Estos ensayos resultaban cruciales, pues permitían medir la potencia máxima, la estabilidad de voltaje y la seguridad de los generadores antes del despacho; es decir, eran los únicos documentos que confirmaban si los equipos funcionaban o si el Estado estaba a punto de recibir “chatarra”. Para Celec, esos informes constituían el requisito indispensable para firmar el acta de inspección y autorizar el pago de los $ 69,5 millones.

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“Se pedían las pruebas FAT, una patente y otros requerimientos para el pago. Se empezaron a exaltar, hubo una discusión porque Progen decía que no estaba de acuerdo con esos requerimientos, pero cualquier empresa seria habría tenido esa documentación lista”, recordó, bajo reserva, uno de los técnicos presentes.

La firmeza técnica molestó a la delegación de Progen, que no solo acusó a los funcionarios de “poner trabas”, sino que Karla Saud, según testigos, aseguró que tales exigencias jugaban en contra de la administración del presidente Daniel Noboa, en momentos en que el país atravesaba severos racionamientos eléctricos de hasta 12 horas diarias.

La controversia escala a la Presidencia

Las quejas surtieron efecto inmediato en la alta burocracia. Técnicos de Celec aseguran que asesores del Ministerio de Energía los citaron a una reunión virtual el 27 de septiembre de 2024, en la que solicitaron un informe detallado sobre el estado de los contratos. Era un pedido con carácter urgente pues había una reunión prevista ese mismo día en la Presidencia de la República. Aunque para ese entonces ya habían rumores sobre los equipos de Progen, no está claro si en dicha reunión se destrabó el pago. Lo que sí se sabe es que el 1 de octubre Progen recibió $ 69,5 millones.

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En los mismos días en que Progen presionaba por el millonario pago eludiendo la entrega de documentos técnicos ocurrieron dos hechos extraños que hasta ahora no han sido aclarados. El 26 de septiembre de 2024, el técnico Paúl Flores, uno de los miembros de la comisión que viajó a Estados Unidos para verificar los equipos de la contratista, recibió una amenaza de muerte. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado. Un día después, el 27 de septiembre, otro técnico, Celso Sánchez, desapareció de forma intempestiva. No se presentó en la oficina. El suceso ocurrió el mismo día previsto para la reunión en la Presidencia de la República y en la fecha límite fijada para la entrega del informe clave de inspección.

Lo que debes saber

• El Consejo Nacional Electoral permitió o no supervisó adecuadamente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas durante la selección de precandidaturas.
  
• Hay una falta de transparencia en la publicación de alianzas y listas de candidatos, al considerar que el silencio de la mayoría de organizaciones y la ausencia de información oficial debilitan la confianza en el proceso electoral.
  
• La Función Electoral ha perdido su papel como garante de la integridad de las elecciones y hay que preservar la institucionalidad democrática frente a decisiones que favorecen al poder de turno.

El artículo 345 del Código de la Democracia reza: “Para el desarrollo de sus procesos electorales internos, las organizaciones políticas contarán con el apoyo, la asistencia técnica y la supervisión del Consejo Nacional Electoral, en una o en todas las etapas del proceso electoral. El Consejo nombrará veedores en los procesos en los que no participe”. 

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De toda la letra muerta que la ley contiene, esta es la que resulta más ofensiva, porque implica que todo lo que hemos visto ocurrir en estas semanas -precandidaturas que pasan de un cantón o de un partido a otro, líderes políticos admitiendo que son ellos o los directores provinciales los que arman las listas y la congregación de montones de alzamanos- ha tomado lugar frente a los ojos de los funcionarios del CNE y ha sido sacramentado por ellos. 

O bien eso, que hayan consentido con su “supervisión” y “asistencia” los supuestos procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, o bien simplemente no asistieron, lo que hubiera resultado en la misma cosa.

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Pero lo que ha venido ocurriendo después, habiendo fenecido los plazos para la celebración de las internas el 2 de julio y para el registro de las alianzas el 18, es todavía peor. Tanto periodistas como meros observadores han señalado que esta es una elección bastante inusual, dado que muchas organizaciones políticas, en vez de entregarse de lleno a las precampañas (de por sí ilegales) con sus precandidatos, guardan silencio sobre sus listas y esconden sus cartas hasta el último momento. 

Aunque muchos saben, por ejemplo, que el Partido Socialista es por ahora el nuevo albergue del correísmo, sus dirigentes se niegan a confirmar esa decisión, mientras que el Partido Social Cristiano evita anunciar quiénes serían los reemplazos de los precandidatos que renunciaron en Daule y Samborondón. 

El contraste con el movimiento oficialista ADN es claro. La lista morada, a diferencia de prácticamente la totalidad del resto de partidos y movimientos, es la única que ha lanzado comunicados o publicaciones en redes proclamando sus principales precandidaturas en todo el país y a todo color.

La responsabilidad de la Función Electoral 

Esta política del silencio, al igual que la farsa de las primarias, también es responsabilidad de la Función Electoral. ¿Por qué tanto miedo, si el Consejo Nacional y el Tribunal Contencioso electorales velan sobre el proceso? Además, ¿no deberían estar disponibles ya los nombres de las alianzas y precandidaturas debidamente ingresadas en el CNE? ¿Por qué no los conoce en detalle la prensa, como en anteriores períodos? Se podría decir que algo huele a podrido, pero esta vez no en Dinamarca, sino tan solo a un par de cuadras de la calle Noruega. Dicho de forma más directa: algo anda mal en nuestra democracia.

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Es extraño que esto sea así en un país en el que existen cinco funciones o poderes del Estado, uno de ellos enteramente dedicado al control de los procesos electorales. Aunque algunas personas relacionan esta inflación estructural con el intento de refundar el país en Montecristi, ya desde las épocas de Velasco Ibarra se hablaba de un organismo electoral independiente de las tres ramas tradicionales del poder público. 

En un país controlado por más de un siglo a través del fraude, la compra de votos y conciencias y el ruido de sables, la idea de erigir un institución que tuviese el mismo estatus que el gobierno, el parlamento y las cortes tenía mucho sentido. De ese esfuerzo por garantizar la independencia de la Función Electoral, con el tiempo nació la idea de que sus funcionarios se convierten en la autoridad suprema de la República durante las elecciones, algo así como una especia de tribunos sacrosantos.

Te invitamos a leer: Organizaciones políticas de América Latina alertan por el proceso electoral en Ecuador: ¿qué piden?

Pero ese poder, en vez de servir para proteger la sacralidad de los procesos electorales e infundir respeto por las normas en los políticos, más bien ha sido usado para sacramentar las decisiones del poder de turno. 

Recordemos, por ejemplo, como en el 2007 el Tribunal Supremo Electoral se prestó para destituir a 57 diputados gracias al voto, entre otros, de una vocal roldosista cuyo líder y hermano confesó que tranzó su apoyo a cambio de una amnistía que nunca llegó. O como, en esta misma elección, la fecha del sufragio se adelantó en una decisión sin ningún precedente y con muy poco sustento técnico (El Niño bien que puede llegar o no, y si lo hace podría asomarse en pleno noviembre, cosa que ya hizo en el pasado).

La marcha hacia estas elecciones empezó hace largo tiempo. Velemos por que no sean los últimos pasos de nuestro sistema, por más imperfecto que sea.

Lo que debes saber

• La propuesta del Consejo de la Judicatura para designar jueces temporales sin concurso público genera cuestionamientos de gremios y expertos.
• Advierten riesgos para la independencia judicial, la transparencia y la estabilidad de los magistrados, mientras ya se analiza una posible demanda de inconstitucionalidad.

La próxima emisión del reglamento para la selección de jueces temporales mantiene en expectativa a los gremios de abogados y magistrados. El documento deberá ser aprobado por el Consejo de la Judicatura (CJ) como parte de las medidas contempladas en la declaratoria de emergencia judicial.

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La iniciativa busca atender el déficit de 729 jueces que existe a escala nacional. Para ello, el organismo plantea un proceso interno de selección de 222 magistrados que serán promovidos mediante ascensos para ocupar distintas instancias judiciales, con énfasis en ocho provincias priorizadas.

Aunque el CJ sostiene que la medida permitirá enfrentar la falta de operadores de justicia, la propuesta despierta cuestionamientos. Las críticas se centran en la posibilidad de que el procedimiento derive en nombramientos discrecionales de los llamados ‘jueces golondrina’, término con el que se identifica a magistrados designados sin concurso público para conocer casos de alta relevancia.

Jueces temporales generan dudas por la eliminación del concurso público

La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha defendido la iniciativa y sostiene que responde a una necesidad urgente del sistema. “No es un mecanismo para sustituir los concursos públicos ni para afectar la carrera judicial, sino una medida excepcional, porque al país le faltan jueces y esa falta retrasa audiencias, acumula causas y eso afecta a la ciudadanía”.

Sin embargo, los reparos persisten. El presidente del Colegio de Abogados del Guayas, Jorge Yánez, dice que el principal problema radica en la eliminación del concurso abierto como mecanismo de selección.

“La temporalidad, así como la supresión del concurso, causa inestabilidad en el funcionario y la posibilidad de que sea influenciable, porque en cualquier momento se podría remover esa misma temporalidad. Esto hace que sean susceptibles a presiones; les podrían condicionar que, si no hacen lo que se les dice, regresan a sus puestos”, explica.

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Gremios y expertos advierten riesgos para la independencia judicial

Yánez también plantea interrogantes sobre el futuro laboral de los funcionarios que sean promovidos temporalmente. A su criterio, no está claro qué ocurrirá con las plazas que dejarán vacantes mientras ocupen cargos superiores. “¿Van a mantener la partida de ese cargo?”, se pregunta.

A las dudas sobre el procedimiento se suma la desconfianza respecto al momento en que se adoptó la medida. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, considera que la premura con la que se emitió la declaratoria puede desviar la atención de otros procesos clave dentro de la Función Judicial. A su juicio, existe la posibilidad de que el proceso de emergencia “sea un elemento distractor de algo que es fundamental, como es el proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional”.

Las observaciones también provienen de organizaciones especializadas en justicia. Úrsula Indacochea, abogada peruana de la Fundación para el Debido Proceso (DPL), advierte que prescindir de un concurso público “afecta la legitimidad, la cual se logra con méritos e integridad”.

Organizaciones plantean cambios al reglamento de jueces temporales

Como integrante de la iniciativa que respalda a la Misión de Observación Internacional (MIO), Indacochea recalca que los jueces deben acreditar sus capacidades mediante procesos competitivos y transparentes. En ese sentido, señala que estas autoridades “deben superar los filtros previos de los concursos para garantizar que sus fallos no estarán influenciados ni responderán a presiones”.

Una postura similar mantiene el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ). Su directora, María Dolores Miño, menciona que la experiencia regional en países como Venezuela “ha evidenciado que a veces esa temporalidad se usa como mecanismo de control mediante la inestabilidad del juez en el cargo. Esto porque cuando el magistrado sabe que podría ser removido sin mayor requisito o rigor, puede ser más influenciable a presiones externas. De ahí que los estándares internacionales siempre adviertan que la temporalidad puede ser un factor de erosión de esa independencia”.

Frente a estos riesgos, las organizaciones plantean recomendaciones para fortalecer el procedimiento. La DPL propone que toda selección de autoridades judiciales mantenga criterios técnicos, transparentes y con participación ciudadana. Por su parte, el ODJ considera necesario que cualquier designación temporal tenga límites definidos “hasta que se haga el concurso y se designe a los titulares, de tal forma que no se queden años ahí, que la naturaleza de la temporalidad no sea riesgosa para la independencia judicial”, insiste.

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Gremios analizan una demanda de inconstitucionalidad

Mientras se espera la publicación del reglamento, ya se analizan posibles acciones legales. Yánez sostiene que, de concretarse los nombramientos temporales en los términos anunciados, “será una solución parche que vulnera la Constitución. Veremos que poco o nada van a hacer para organizar los concursos para llenar los cargos con titulares”.

Por ese motivo, el dirigente anticipa que los gremios evaluarán la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el proceso.

Lo que debes saber

• Ecuador llegará a las elecciones seccionales de 2026 con alcaldes procesados y partidos suspendidos en medio de cuestionamientos políticos y jurídicos.
• El jurista André Santos sostiene que las acciones de control buscan evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales.
• Santos defiende la aplicación de medidas cautelares antes de una sentencia y asegura que existen herramientas legales para estos casos.

Ecuador llega a las elecciones seccionales de noviembre de 2026 con un ambiente atípico por el apresamiento o inhabilitación de alcaldes con posibilidades electorales y organizaciones políticas suspendidas. El jurista André Santos analiza en EXPRESO la posible judicialización de los comicios y defiende las acciones de las autoridades de control.

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- Alcaldes con posibilidades electorales presos y organizaciones políticas suspendidas a vísperas de las seccionales. ¿Son las elecciones más judicializadas que ha tenido Ecuador?

- Luego de que el Gobierno empezó a intervenir las cámaras de varios municipios, no solo el de Guayaquil, y se empezó a investigar las salas espejo y que los grupos de delincuencia organizada tienen acceso directo a ellas, el Gobierno emprendió una cacería total. Cuando se descubren indicios fuertes, porque no hay sentencia ejecutoriada, sino que son procesos penales en curso, se empieza a demostrar la penetración del crimen organizado. Este antecedente ha motivado que el Gobierno impulse medidas para evitar que candidatos vinculados al crimen organizado puedan tener la potestad de participar en una elección política.

- Las principales críticas son por la oportunidad con que se ha inhabilitado o suspendido políticos y partidos. ¿No se trata de procesos con dedicatoria, parcializados?

- En el caso de Aquiles Álvarez, por ejemplo, más allá de que la justicia aún no lo ha juzgado y no hay una sentencia, lo que es objetivo es que hay un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares. Ese caso inició en 2023 y es normal que un proceso penal evolucione. Además, una exposición pública naturalmente va a traer mayor enfoque en tus investigaciones, porque las autoridades de control están sujetas a juicio político y obedecen en cierta manera al vaivén de la opinión pública. Hay otros casos como el del alcalde de Esmeraldas y la de Jipijapa en los que se han encontrado graves indicios de vínculos con bandas de grupos criminales. De pronto parece algo hecho a conveniencia, pero a mí más me preocupa la penetración del crimen organizado en los municipios.

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- En el caso de Revolución Ciudadana y Amigo, la suspensión responde a un informe reservado de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. ¿Se debe aceptar que es suficiente un informe reservado para una medida así?

- Eso hay que preguntarle a los que aprobaron la ley. ¿Quiénes aprobaron el Código de la Democracia? Fue el correísmo. No es que el fiscal general y el Tribunal Contencioso Electoral se han inventado. Además, no hay que olvidar que es de público conocimiento que Revolución Ciudadana es un partido con vínculos al crimen en todos los niveles y que Amigo fue fundado con el dinero del reparto de los hospitales. No hay derecho electoral para el crimen organizado. Ellos no tienen derechos; el mal no tiene derechos.

-Expertos en materia electoral sostienen que la suspensión de las organizaciones debió ser luego de que se supere todo el proceso.

- Ese es un punto de vista con conveniencia. Es verdad que el artículo 374 del Código de la Democracia señala que el juez podrá sancionar a una organización política con hasta 24 meses de suspensión en los casos que incumplan ciertas actividades de capacitación e incumplan ciertas obligaciones. Sin embargo, esos numerales aplican cuando se trata de una denuncia ciudadana o del propio CNE. Pero el tercer numeral tiene una lógica distinta: la petición del fiscal general, cuando exista una investigación en curso de lavado de activos, cambia el artículo a una naturaleza cautelar. Es verdad que podría estar mejor redactado, pero dentro de una interpretación jurídica recta, esa disposición del numeral tres cambia todo el articulado.

Lo que están haciendo (en el Gobierno) es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley.André Santos, director de Firmes

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- ¿Y en dónde queda el principio y garantía constitucional de la inocencia? Incluso el ministro John Reimberg ha dicho que “nadie ha podido desmentir la culpabilidad de los alcaldes detenidos”.

- El ministro es especialista en seguridad, no abogado. Creo que debió decir que no se ha hecho ningún descargo a las pruebas que apuntan a que estos señores han tenido una participación en delitos de corrupción y crimen organizado. Por lo otro, es obvio que son inocentes hasta una sentencia ejecutoriada. No se trata de sanciones definitivas. Cuando dictan prisión preventiva contra una persona, no están diciendo que ella ya es culpable; es una medida cautelar. Son actos previos y preventivos para evitar que se destruyan pruebas o, en el caso electoral, evitar que un partido político pueda participar.

- Sin embargo, la sensación es que se le está impidiendo al electorado votar libremente. ¿Eso puede garantizar legitimidad?

- Hay partidos políticos que no los han tocado. Está el Partido Social Cristiano (PSC), CREO, Pachakutik. Yo creo que lo que están haciendo es usar las herramientas legales. Escandaloso fuera si hicieran algo fuera de la ley. Se le está haciendo a quienes han participado en actos graves de corrupción y cuyos miembros están involucrados en asesinatos selectivos, algo sumamente grave. Esa gente no tiene derecho a participar en las elecciones.

La suspensión de partidos no es un tema de gustos. En el deporte, si un atleta está dopado y se comprueba, es descalificado.André Santos, director de Firmes