Lo que debes saber

• GRANASA suspende la edición impresa de Diario EXPRESO tras meses de presiones estatales.
• Informes del SRI y la UAFE presentaron graves inconsistencias numéricas y procesales.
• La intervención de la 'Súper' de Compañías e Inmobiliar cercó financieramente a la firma.

La casa editora Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) confirmó la suspensión definitiva de la edición impresa de Diario EXPRESO en Ecuador, como desenlace de una prolongada ofensiva institucional y judicial impulsada desde el aparato gubernamental. A lo largo de 2025 y 2026, la empresa enfrentó fiscalizaciones con distorsiones contables del Servicio de Rentas Internas (SRI), indagaciones de la Fiscalía General del Estado, la UAFE y una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías promovida por Inmobiliar, medidas que asfixiaron sus operaciones mercantiles.

Justicia

Caso GRANASA explicado: cronología del intento de toma de las acciones de la empresa

Richard Josue Jimenez Mora

El origen del conflicto: informes tributarios y fallas contables en el SRI

El hostigamiento administrativo inició formalmente el 8 de septiembre de 2025. En esa fecha, la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió tres informes dirigidos a distribuidores de periódicos de la empresa editora:

El análisis técnico de las notificaciones evidenció graves vicios de cálculo. En el caso del contribuyente Franklin Villamar, la administración tributaria registró una facturación de $160.365,58 y dedujo $21.514,69 por devoluciones, fijando una compra neta de $138.850,89. Sobre esta base estimó un margen de utilidad presunta del 17,67 % ($24.534,95). Sin embargo, en lugar de restar los costos de venta y gastos deducibles, la funcionaria sumó a la ganancia presunta el valor total pagado a GRANASA, elevando artificialmente el ingreso fiscal a $163.385,84.

Pese a que el SRI negó formalmente estos expedientes a la empresa editora, vulnerando su derecho a la defensa, la documentación fue filtrada a medios afines y al portal digital La Posta. Esta última plataforma pertenecía a Levascan, firma vendida previamente por un millón de dólares a Galamedios (vinculada al asambleísta alterno oficialista Luis Alvarado Campi) y traspasada luego a una compañía panameña representada por Álvaro Guivernau, cónyuge de la presidenta de la Asamblea Nacional.

Escalada policial, penal y demanda contra José Julio Neira

La ofensiva se aceleró en las semanas posteriores con la intervención de diversas entidades del Ejecutivo:

Frente a estas acciones, GRANASA interpuso una demanda por daño moral contra José Julio Neira Hanze, exigiendo disculpas públicas, retractación y una indemnización de un millón de dólares por el agravio reputacional ocasionado.

Justicia

"Intentan ahogar a GRANASA": abogado Eduardo Carmigniani denuncia hostigamiento legal y financiero

Richard Josue Jimenez Mora

La Fiscalía General del Estado y el uso penal de las instituciones

A la par de las presiones fiscales, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por presunta defraudación tributaria y un supuesto delito de lavado de activos. Pese a las reiteradas revisiones de la contabilidad de la casa editorial, los peritajes no hallaron indicios ni sustento técnico de irregularidades.

El presidente ejecutivo de GRANASA, Galo Martínez Leisker, compareció voluntariamente ante la Fiscalía en Quito para rendir su versión libre, ratificando la solvencia y pulcritud de las operaciones. El procurador judicial de la firma, Eduardo Carmigniani, denunció públicamente la existencia de un "hostigamiento legal y financiero" orquestado para intimidar a los anunciantes, entorpecer transacciones comerciales y forzar una toma hostil de la compañía. Entidades internacionales como Bloomberg manifestaron su preocupación por el precedente de persecución indirecta contra la prensa libre.

La trama de Veranera S.A. y el bloqueo accionario

El frente societario se concentró en la disputa mercantil en torno al 40 % del paquete accionario de la compañía:

Como acto de protesta pública y resistencia editorial frente a estos atropellos, la redacción de Diario EXPRESO circuló en todo el país con una histórica portada en blanco.

Ecuador

Portada en blanco de EXPRESO genera respaldo ciudadano y debate por la libertad de expresión

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

Intervención administrativa de la 'Súper' de Compañías y el rol de Inmobiliar

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros resolvió intervenir administrativamente a GRANASA. La medida fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), entidad adscrita a la Presidencia de la República que ostenta únicamente el 2,56 % de las acciones y mantiene litigios judiciales pendientes.

Acciones de bloqueo y obstáculos operativos

Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios alertaron que las medidas de supervisión estatal encubren mecanismos de censura y asfixia financiera.

Tras ocho meses de intervención y continuo bloqueo administrativo, la Junta General de Accionistas del próximo 13 de octubre definirá los pasos a seguir tras la forzada eliminación de la edición impresa de Diario EXPRESO.

Lo que debo saber

• Los 100 dólares pierden poder de compra. El encarecimiento de productos básicos, como el pollo, los huevos y el arroz, obliga a las familias a priorizar gastos y dejar fuera de sus compras otros alimentos y artículos de limpieza.
• La baja inflación no garantiza que el dinero alcance. Aunque Ecuador cerró 2025 con una inflación anual del 1,91 %, el bajo crecimiento económico y los ingresos insuficientes limitan la capacidad de compra. Según los expertos citados, la informalidad laboral agrava el problema.
• Más costos presionan los precios y el presupuesto familiar. El aumento del IVA, los ajustes en los combustibles, los cortes de luz y los problemas climáticos han incidido en los costos de producción, transporte y comercialización.

La percepción del consumidor ecuatoriano sobre el costo de vida es clara: con 100 dólares hoy compra menos que hace un año.

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Aunque se tome como referencia la proteína más económica, el dinero ya no alcanza. Margarita Cedeño lo comprueba mientras hace mercado en Sauces IX. “Antes compraba cuatro pollos medianos por 28 dólares. Ahora tengo que pagar 34”, comenta. Y ahí empieza el problema. Si a los pollos se suma una cubeta de huevos, que cuesta alrededor de 4 dólares, y un quintal de arroz, cuyo precio llega a 46 dólares en Guayaquil, no hay sueldo que alcance.

Con ese dinero, dice Margarita, hay que comprar aceite y algunas frutas. “El presupuesto se me acaba antes de llegar a las legumbres y a los productos de limpieza”.

Economía y negocios

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Mayra Pacheco Pazmiño

La inflación reduce el poder adquisitivo

Para el economista y exministro de Finanzas Fausto Ortiz, lo que ocurre tiene una explicación: la inflación reduce el poder adquisitivo del consumidor. Es decir, aunque el billete siga teniendo el mismo valor nominal, permite comprar menos.

Ecuador cerró 2025 con una inflación anual de 1,91 %. En la última década, fue la tercera más alta en el país, después del 1,94 % de 2021 y del 3,74 % de 2022. En la década anterior, el promedio de inflación era de 4,2 %.

Pero hay otro dato que completa el panorama. Entre 2016 y 2025, la economía ecuatoriana mostró señales de estancamiento, con un crecimiento anual promedio de apenas 1,8 %, una cifra que poco supera el crecimiento de la población.

El nivel inflacionario y el bajo crecimiento, entonces, guardan una estrecha relación.

En enero de 2026, la inflación anual, es decir la variación de precios frente a enero de 2025, fue de 2,4 %. “Eso quiere decir que el promedio de la canasta de bienes y servicios utilizada por el consumidor urbano, de un año a otro, se incrementó 2,4 %”, explica Ortiz.

¿Por qué las cosas cuestan más? El analista económico Larry Yumibanda considera que uno de los factores es el incremento del precio de los combustibles, que a su vez está relacionado con el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El problema no está en la inflación

Es verdad que Ecuador sigue teniendo una de las inflaciones más bajas de la región, pero para el economista Santiago García, el problema no tiene su origen allí. Él explica a EXPRESO que si bien la inflación implica una pérdida en la capacidad de compra, este no es el único factor que se debe medir.

“El problema no solo está en la inflación, sino en los bajos ingresos que tiene una mayoría de ecuatorianos”.

Y es que el 52 % de los ecuatorianos trabajan en la informalidad, con sueldos precarios e ingresos insuficientes. “Allí está el problema, más que en la inflación, porque, reitero, el país tiene una baja inflación comparado con otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina hace dos años tuvo un indicador de 240 % y actualmente registra un 33,5 %”, remarca García.

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, Edgar Sarango, está de acuerdo con esa lectura de coyuntura que hace el economista García.

“El desempleo y el subempleo están llegando ya a 7 millones de personas en el país. De un ‘ejército’ de nueve millones, tenemos solamente cerca de 1’300.000 con empleo pleno. Ahí es donde el Gobierno debe mirar para dar una solución”.

¿Suben más de lo que se anuncia?

Incluso la percepción de quienes trabajan la tierra es diferente de lo que muestran las cifras. “Da la impresión de que los productos que compramos suben más que lo que se anuncia en la inflación del país”, señala José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Si bien el costo de una canasta básica, no se puede comparar de un año a otro, debido al incremento de productos en la lista, los registros del INEC evidencian cómo esta se viene encareciendo. En agosto de 2023 la canasta básica costó 785,47 dólares, frente a los 828,06 dólares de agosto de 2026.

Otro analista económico, José David Riviera, considera que aunque la inflación sea baja, algunas decisiones políticas sí han influido en su comportamiento, porque no se puede negar que toda acción tiene un efecto.

Riviera explica que aunque es normal que en cualquier economía exista cierto nivel de inflación con el paso del tiempo, en el caso ecuatoriano varios sucesos y decisiones políticas aceleraron ese incremento.

Por un lado, medidas como la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % y los ajustes en el precio de los combustibles encarecieron de forma directa los servicios, los insumos y el transporte de mercaderías entre provincias.

A esto se sumaron los cortes de luz, que obligaron a negocios y productores a incurrir en gastos extras para operar plantas eléctricas y evitar pérdidas en sus cadenas de frío.

En el campo, las sequías y las lluvias intensas golpearon las cosechas, mientras que insumos básicos como los fertilizantes importados mantuvieron precios elevados. Todo este panorama de incertidumbre terminó alimentando la especulación en los mercados, donde el temor a la escasez o a nuevos aumentos hizo que varios productos esenciales subieran de precio más de lo que sus costos reales de producción justificaban.

En Ecuador, el problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto alcanza el ingreso para cubrir las necesidades del hogar. Con una inflación relativamente baja, pero con ingresos insuficientes, el consumidor pierde capacidad de compra y esto obliga a las familias a priorizar, recortar gastos y dejar productos fuera de su canasta.

Lo que debes saber

• La renovación parcial del CNE se aplaza hasta enero de 2027 tras cuatro años de retraso.
• Expertos proponen que la Asamblea designe autoridades o unificar el concurso para 5 vocales.
• El CPCCS y el CNE superan el 61 % de desaprobación ciudadana, según Click Research.

La renovación de dos de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador sufrirá una nueva postergación hasta enero de 2027, tras una modificación del cronograma resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección. El proceso, pendiente desde noviembre de 2021, mantiene a los cinco consejeros principales en funciones prorrogadas desde noviembre de 2024, una situación que retrasa también la designación de los otros tres vocales y reactiva el debate sobre reformas urgentes al mecanismo de elección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Retraso crítico en el calendario del Consejo Nacional Electoral

Más de cuatro años después de la fecha en que debió ejecutarse la sustitución de autoridades electorales, el concurso público sigue inconcluso. La ampliación de los plazos posterga el desenlace institucional:

Tres propuestas para destrabar la designación de vocales electorales

Frente a la parálisis institucional, juristas y expresidentes electorales plantean alternativas para evitar que la renovación quede atrapada en disputas administrativas o políticas.

1. Trasladar la facultad de designación a la Asamblea Nacional

Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sostiene que la solución estructural radica en retirar al CPCCS la potestad de designar a determinadas autoridades del Estado y devolverla a la Asamblea Nacional.

A su juicio, el mecanismo parlamentario agilizaría las designaciones, aunque advierte la necesidad de contrapesos para impedir la concentración partidista. Aguinaga coincide con la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa, pero aclara que no debe someterse a votación en la elección del 29 de noviembre porque "se va a tornar en un referéndum de aprobación a Noboa". En su lugar, sugiere una consulta independiente:

Hay que hacer un referéndum independiente con esta y otras preguntas que tengan que ver con la reingeniería de los partidos políticos, un nuevo sistema de partidos y el tema de quitarle esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

2. Unificar el concurso para renovar a los cinco consejeros

Por su parte, Esteban Ron, constitucionalista, experto electoral y decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, plantea ejecutar un solo concurso integral avalado jurídicamente por la Procuraduría General del Estado:

Esta opción fue anunciada en mayo de 2024 por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, e impulsada por el entonces consejero Juan Esteban Guarderas, quien propuso un calendario con nuevos requisitos manteniendo la veeduría y la comisión. No obstante, la moción fue revertida internamente. Para Ron, la traba no es legal: "Lo más sano sería reunificar y hacer un cambio de los cinco consejeros", apuntando a que el estancamiento responde a conveniencias y pactos políticos internos.

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3. Sanciones y destitución por incumplimiento de plazos

La tercera alternativa apunta a establecer responsabilidades legales para frenar demoras reiteradas. Aguinaga propone castigos severos para las autoridades del órgano nominador:

Debería haber sanciones fuertes de destitución para aquellos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no cumplen los plazos dentro de lo que debe cumplirse de conformidad con la Constitución de Montecristi, porque de ahí nació todo.Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Factores detrás del bloqueo: pugnas políticas y recursos judiciales

Las causas de la dilatación del proceso generan versiones encontradas entre analistas y autoridades:

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Impacto en la credibilidad democrática y cifras de desaprobación

Para Aguinaga, extender el mandato prorrogado mina la certeza del sistema: "No podemos tener procesos electorales íntegros, claros, transparentes", lo que incrementa el descrédito ciudadano.

Este desgaste institucional se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de Click Research, realizada entre el 18 y el 23 de septiembre de 2026 a 3.800 personas en diez ciudades del país, los índices de rechazo son mayoritarios:

Lo que debes saber

• El Concejo de Guayaquil tiene 22 comisiones legislativas, pero no todas mantienen la misma actividad. 
• Una de ellas solo ha sesionado una vez desde 2023, mientras que ediles reconocen que hay mesas de trabajo que no han vuelto a ser convocadas.

Aunque son desconocidas para muchos, el Concejo de Guayaquil cuenta con 22 comisiones legislativas que, entre otras funciones, tienen como objetivo emitir conclusiones y recomendaciones. Estas pueden ser permanentes, especiales u ocasionales y, en resumen, constituyen mesas de trabajo que sirven de base para la toma de decisiones de la ciudad.

Sin embargo, durante la actual administración municipal, que empezó en 2023 con Aquiles Álvarez, existe un caso particular: hay comisiones que han sesionado una sola vez y otras que no han vuelto a ser convocadas durante períodos. Los propios ediles reconocen que, en algunos casos, desconocen las razones.

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Es el caso de la concejala Ana Chóez, exintegrante del Partido Social Cristiano (PSC). La Comisión de Acción Social, de la que forma parte junto con Blanca López y Emily Vera, ha sesionado una sola vez durante la actual administración, según la edil.

“Es un dato que preocupa y que debe transparentarse. Pero también hay que explicar por qué una comisión del Concejo puede llegar a ese nivel de inactividad. Como concejal de oposición, he encontrado dificultades para ejercer plenamente las funciones de fiscalización y control que establece la ley”, argumenta Chóez ante la consulta de EXPRESO.

Una comisión solo ha sesionado una vez, dice edila

La concejala revela que la última sesión de esta comisión se realizó en 2023 y que, desde entonces, no se ha vuelto a convocar. En aquella reunión se abordaron temas correspondientes a la comisión, aunque Chóez sostiene que posteriormente no se han generado nuevos espacios formales de trabajo.

Ante la consulta sobre si considera que existe alguna comisión con poca o nula actividad y a qué podría deberse esta situación, Chóez respondió que sí. A su criterio, las comisiones no pueden existir únicamente en el papel. “Son herramientas fundamentales para que el Concejo pueda legislar y fiscalizar”, dice.

“En mi caso, además, existe un componente político que no podemos desconocer. Al ser parte de la oposición, hemos enfrentado dificultades para desarrollar nuestra tarea fiscalizadora, particularmente cuando solicitamos información o pretendemos hacer seguimiento al uso de recursos públicos. Lo digo con claridad: la oposición no está para aplaudir a la administración de turno; está para controlar, preguntar y exigir cuentas. Y cuando se dificulta ese trabajo, no se perjudica a una concejal ni a un bloque político: se perjudica a los ciudadanos”, acota.

Chóez no es la única que advierte sobre la poca actividad de algunas comisiones

Nelly Pullas, su excompañera de bancada y actual concejala por el PSC, señala que uno de los principales objetivos de estas mesas es trabajar en propuestas de ordenanzas. Remarca, además, que deben estar integradas por quienes tengan conocimientos en torno a los temas que se analizan y deciden.

La concejala forma parte de varias comisiones y explica que su trabajo más reciente ha estado relacionado con temas de turismo. “(Para) Las otras, no hemos sido convocados. Las razones las desconozco”, comenta.

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Pullas añade que la última comisión en la que participó sesionó la semana anterior y estuvo relacionada con el análisis de un futuro monumento a la mujer guayaquileña.

Blanca López responde a EXPRESO

Por su parte, la exvicealcaldesa Blanca López, actual concejala por la Revolución Ciudadana, le indicó a este Diario que desde el inicio de la actual gestión municipal, ha formado parte de ocho comisiones legislativas. Según López, entre 2023 y 2026 se registran 32 convocatorias a sesiones de las comisiones de las que forma parte.

“El detalle anual es el siguiente: diez convocatorias en 2023, diez en 2024, siete en 2025 y cinco en 2026. Estas cifras corresponden a las convocatorias registradas en las comisiones en las que participo, ya sea como presidenta o como integrante”, especifica.

De acuerdo con la edil, la mayor actividad se concentra en la Comisión de Planificación y Presupuesto, que registra 21 convocatorias durante esta administración. La última sesión registrada, antes de la sesión de la Comisión de Ambiente convocada para el 8 de octubre de 2026, fue para la Comisión Legislativa de Planificación y Presupuesto, realizada el 28 de septiembre de 2026, precisa López.

A la consulta sobre si considera que hay alguna comisión con poca o nula actividad y a qué se debe, López reconoce que, según las cifras, existen comisiones que han tenido pocas convocatorias durante determinados períodos.

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“Considero, sin embargo, que el número de sesiones por sí solo no determina necesariamente el nivel de trabajo de una comisión. La actividad legislativa depende de la existencia de proyectos, ordenanzas, informes o asuntos que correspondan a las competencias específicas de cada comisión y que requieran conocimiento, análisis o resolución por parte de sus integrantes”, aclara.

También considera importante señalar que una parte del trabajo de los concejales se desarrolla mediante el seguimiento de información, solicitudes de informes, reuniones de trabajo, mesas técnicas y procesos de socialización, los cuales no necesariamente se traducen en una convocatoria formal de comisión.

"Las comisiones deben mantener una actividad acorde"

“Dicho esto, considero que las comisiones legislativas deben mantener una actividad acorde con las necesidades de la ciudad y con las competencias que tienen asignadas. Cuando existen asuntos pendientes o temas que requieren tratamiento legislativo, corresponde impulsar las convocatorias y generar los espacios necesarios para su análisis”, explica.

Para este artículo, EXPRESO consultó a los 14 ediles. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, únicamente tres respondieron: Ana Chóez, Nelly Pullas y Blanca López.

Los demás concejales, entre ellos Fabián Espín, Emily vera, Cinthia García, no atendieron las consultas efectuadas por este Diario.

A mi mensaje respondió un empresario quiteño con este comentario: “Yo dejé de leer Expreso hace más de un año, cuando los editorialistas estrella se dedicaron a hacer periodismo político de oposición, cero imparcialidad. Nada que ver con intervención del Gobierno. Mala estrategia del periódico, pensó que ponerse en la oposición le daba más ventas, ¿no?”.

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Flor Layedra Torres

Lo primero que pensé al leer este comentario fue: este señor no tiene idea de lo que es periodismo. Y se lo dije. Para él, criticar es hacer oposición, cuando la oposición es un ejercicio en el cual una persona o un grupo pretende tomar el poder. En el periodismo, la crítica se hace sin ese propósito: se critica o se disiente, dos verbos que, junto al de la tolerancia, son pilares básicos de cualquier sistema democrático con el fin de enriquecer el debate público.

En el comentario que le hice le mencioné el caso del Wall Street Journal, que, siendo un medio de derecha que no tiene el más mínimo interés en derrocar a Donald Trump, es profundamente crítico con el presidente de los EE. UU. También mencioné a The New York Times, considerado más de izquierda. ¿A qué demócrata se le puede ocurrir la peregrina idea de que el WSJ o el NYT le hacen oposición a Trump?

Terreno fértil para el poder de turno

Luego de responder, sin embargo, llegué a otra conclusión: en el razonamiento de este empresario se evidencia que mentes como la suya resultaron ser el terreno más fértil para la germinación y crecimiento de la doctrina de Rafael Correa, según la cual el periodista crítico, es decir el que hace su trabajo, es opositor y busca su derrocamiento: el viejo y manido recurso de los populistas del tercer mundo según el cual o estás con el poder o estás en contra de la patria. Correa lo repitió cientos de veces y, como se ve, sus palabras no cayeron en balde, sino en tierra fértil.

Pero, pasadas las horas, me asaltó un nuevo razonamiento, del que estoy convencido: el factor que terminó por aniquilar a EXPRESO es que varios empresarios como este no creen en la democracia. Dicen ser demócratas y defender los principios de la democracia cuando el caudillo de turno pone en riesgo sus bolsillos, y se pasan por el forro esos principios (entre los que está la libertad de expresión) cuando el caudillo es uno de los suyos. No son demócratas ni por asomo, porque en la democracia liberal tienen que competir para ser los mejores y el caudillo mercantilista, el que les gusta, es parte de su tribu y ayuda a sus negocios.

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Organización internacional Media Defence presenta amicus curiae a favor de GRANASA

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Este es el factor que, a más del hostigamiento del gobierno, terminó por aniquilar a EXPRESO. Empresarios que pautaban en el periódico, entre otras razones porque decían creer en la democracia liberal, que no existiría sin periodismo crítico, prefirieron comprar indulgencias del caudillo mercantilista y retiraron su pauta del diario. Algunos, incluso, precisamente para comprar más indulgencias, pasaron esas pautas a medios que han sido comprados por el Gobierno (con fondos reservados o quién sabe con qué otros recursos) para congraciarse con los dueños del poder.

Ellos saben, los supuestamente muy demócratas, que ayudando a capitalizar esos medios fraudulentos, cuyos ingresos Dios sabrá a dónde van, se ganarán las simpatías de las superintendencias y del Servicio de Rentas Internas. En otras palabras, sobornan con caché y sin pasar por el Código Penal.

Expreso cierra un capítulo

EXPRESO cierra hoy una trayectoria impecable de ejercicio periodístico en su edición impresa: ha sido crítico durante 53 años con todos los gobiernos porque esa es, precisamente, la esencia del periodismo. Muchos de esos gobiernos habrían querido verlo en su situación actual. El autoritarismo cleptocrático del correísmo habría estado feliz de llegar a este punto, pero su perversidad no alcanzó.

Ahora resulta que el autoritarismo cleptocrático del Nuevo Ecuador fue más eficiente y usó las más inverosímiles estrategias para su decapitación. Desde el deshonesto lanzamiento de acusaciones, sin prueba alguna, de evasión tributaria y lavado de activos, hasta la intervención de una Superintendencia de Compañías de bolsillo que, gracias a piruetas ilegales, llegó al no-va-más de la perversidad y bloqueó los pagos a los abogados que debían defenderlo del acoso; hasta la prohibición de la venta de un terreno que le habría dado, al menos, algo de oxígeno.

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Martín Pallares pidió permitir la venta de inmuebles de Granasa para pagar a trabajadores

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El Gobierno de Daniel Noboa no solo quiso ver silenciado a EXPRESO por ser un medio por donde circula el pensamiento crítico. Lo destruye porque sabe que, sin el periodismo que ejerce, no volverán a salir a la luz los negociados que ha destapado el periodismo que no está comprado. Sin un periodismo libre y auténtico, ahora el Gobierno no estaría sufriendo por casos de corrupción como Progen, o no habría temblado por el de Healthbird.

Y qué decir del caso Porsche, las ventas chuecas de tierras en la Península, el proyecto inmobiliario de su familia en Olón, la aparente evaporación de las deudas tributarias del grupo Noboa o incluso el asesinato de Mónika Silva, que su ministro estrella quiso, canallescamente, hacer pasar por un suicidio.

EXPRESO ha sido castigado por hacer su trabajo. Ese fue su gran pecado, pero también es su mayor legado.

Todo lo que ha ocurrido desde el 12 de febrero, cuando se abrió el concurso, ha sido pensado y articulado para que Carlos Alarcón, el fiscal de bolsillo del Gobierno de Daniel Noboa, permanezca en el cargo al que llegó de forma ilegal porque, en realidad, es el suplente del suplente y fue ratificado para instalarse en el cargo por el Consejo de la Judicatura, que no tiene la facultad para hacerlo. 

Justicia

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Legalmente, el organismo que podía nombrarlo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre las demandas en contra de ese nombramiento durante ya casi un año, tiempo durante el cual el presidente Noboa ha estado inmensamente complacido.

Todo lo que ha hecho Alarcón desde el 3 de octubre de 2025, cuando asumió el cargo tras la renuncia de Wilson Toainga (suplente de Diana Salazar, ahora embajadora en Buenos Aires), ha estado en perfecta consonancia con la agenda política del Ejecutivo. Desde que asumió el cargo, Alarcón se inclinó a favor de los intereses de Noboa. Lo hizo en el caso Nene, que fue para perjudicar al hijo de su exvicepresidenta y adversaria Verónica Abad. 

Un fiscal inclinado a las causas del Gobierno

Lo hizo en el caso de Seguros de Petroecuador, para perseguir y destruir financieramente a la familia de su exesposa, Gabriela Goldbaum. Lo hizo en el caso Triple A, para perjudicar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y lo hizo con el archivo exprés de la denuncia de Yaku Pérez según la cual Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, estaban devolviendo favores a la empresa minera Dundee Precious Metals. 

Pero a esta ya tenebrosa lista de favores hay que agregar que nunca investigó las terribles denuncias en contra de Mario Godoy, el expresidente del Consejo de la Judicatura que lo nombró, dentro del caso de las amenazas de un narcotraficante serbio al juez anticorrupción Carlos Serrano. Y, como si fuera poco, también dejó convenientemente fuera de la acusación fiscal por el negociado de Progen a los dos exministros de Energía que perfeccionaron el escándalo: Roberto Luque e Inés Manzano.

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El último episodio que hace que el concurso para nombrar fiscal que lleva adelante el CPCCS huela a trampa y fraude es la reciente y sospechosísima descalificación de las dos candidatas que tenían mejores calificaciones que él: Daniella Camacho, que obtuvo 48 de 50 puntos, e Inés Romero, que tuvo 47,5 de 50 puntos. Alarcón, que según quienes han seguido sus actuaciones es un fiscal al que le cuesta muelas sostener una acusación coherente, tenía 46,5, aunque realmente debería haber tenido apenas 40, pero subió de calificación por una decisión por demás curiosa e inédita de la comisión evaluadora, que le otorgó un ‘bono’ de 6,5 puntos. Ni con esa ayuda le alcanzaba a Alarcón para ser el mejor puntuado.

Y como no alcanzaba, esta recalificación fue seguida por una segunda anomalía: el concurso se estancó durante meses. La falta de acuerdo en el CPCCS y los cuestionamientos a las recalificaciones impidieron avanzar con normalidad, y esa demora tuvo una consecuencia concreta: Alarcón permaneció como fiscal general encargado, trabajando a tiempo completo en beneficio del Gobierno.

Pero el giro definitivo ocurrió en octubre. Antes de las impugnaciones, Camacho e Inés Romero ocupaban los dos primeros lugares y Alarcón era tercero. Después de la fase de impugnaciones, Camacho y Romero quedaron fuera. También salió Walter Macías, que estaba entre los cuatro mejor puntuados. Alarcón, para sorpresa de nadie, siguió dentro del concurso.

Para colmo, la impugnación que hubo en su contra terminó, ¡oh, sorpresa!, archivada. Ahora quedan solamente cinco aspirantes, y Alarcón encabeza provisionalmente la lista con sus 46,5 puntos. La decisión, sin embargo, todavía no es definitiva porque las candidatas descalificadas pueden apelar ante el Pleno del CPCCS, aunque ese organismo está cooptado por el Gobierno y hará lo que este le pida.

Prohibido olvidar: hay al menos cinco momentos que demuestran que si Alarcón es nombrado finalmente fiscal, es porque todo estuvo organizado para que él gane, porque eso le conviene al Gobierno. Veamos los cinco momentos.

Primer momento

Una calificación de méritos extraordinariamente alta que una veeduría independiente cuestionó por 6,5 puntos.

Segundo momento

Un concurso que se retrasó durante meses, mientras Alarcón permaneció como fiscal encargado. Aquí entra la Corte Constitucional, que se ha tomado un tiempo extraordinario y sospechosamente largo para tratar una demanda en contra del nombramiento del fiscal encargado.

Tercer momento

Un sistema de impugnaciones que terminó sacando del camino a quienes ocupaban los dos primeros lugares: Daniella Camacho e Inés Romero.

Cuarto momento

La situación particular de Alarcón, cuya única impugnación admitida terminó archivándose por una oportunísima inasistencia del impugnante.

Quinto momento

El resultado final, pues de los cuatro candidatos que inicialmente encabezaban la tabla de méritos, tres quedaron fuera y uno (Alarcón) permanece en carrera y pasó a encabezarla.

Entonces, si se parece a un pato, camina como un pato y hace como un pato, ¿acaso no es un pato?

Un hito patrimonial se renueva

• Tras tres meses de trabajos para reparar las filtraciones de agua y restaurar las pinturas afectadas por la humedad, la Capilla del Rosario, en la iglesia de Santo Domingo de Quito, se prepara para su reapertura oficial. 
• La intervención permitió conservar los murales de este espacio colonial, vinculado a los orígenes de la Escuela Quiteña, que mantiene su función religiosa después de cuatro siglos.

Al levantar la mirada hacia las cúpulas de la Capilla del Rosario, el color domina la escena. Sobre fondos celestes y verdes se despliegan hojas, volutas, líneas ocres, querubines y ángeles, ofreciendo una ventana al Quito colonial y a los albores de la Escuela Quiteña.

Quito

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Sara Oñate

Pero hace apenas unos meses, la escena era otra. Manchas blanquecinas cubrían las pinturas y el color comenzaba a desprenderse. El agua había atravesado las cubiertas y la humedad hacía su trabajo en silencio. En algunos puntos, recuerda el párroco Jonny Zozoranga, fragmentos de la pintura amenazaban con desprenderse. El temor era que alguno terminara sobre los fieles que acudían a la capilla.

La historia de esas superficies se remonta varios siglos. El complejo de Santo Domingo comenzó a levantarse en el siglo dieciséis, y la Capilla del Rosario quedó ligada a la cofradía impulsada por fray Pedro Bedón. 

Para mediados del diecisiete, esta ya formaba parte del conjunto dominicano. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los espacios más reconocibles de la iglesia de Santo Domingo, donde permanece hasta hoy.

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Una ardua intervención

Pero cuatro siglos después, el agua volvió urgente una intervención. Los trabajos arrancaron aproximadamente en julio y concluyeron a finales de septiembre, explica Ramiro Endara, director de Fundación Conservartecuador, a cargo de la restauración. El orden era claro: primero había que detener el ingreso de agua; solo entonces sería posible trabajar sobre lo que la humedad había dejado en el interior y las huella sobre los históricos murales.

“En las juntas, el mortero que se había colocado ya tenía más de 20 años que no había sido intervenido, entonces se estaba pulverizando”, cuenta Endara. En las cubiertas se retiraron los materiales deteriorados, se trataron fisuras y juntas y se aplicaron sistemas impermeabilizantes.

Durante cerca de tres meses, cinco restauradores y tres auxiliares se movieron entre las cubiertas exteriores y las bóvedas.

La intervención prolonga, además, una apuesta continua por restaurar los iconos patrimomiales del templo. A lo lago de dos décadas, se han llevado a cabo trabajos en la Capilla de la Virgen de la Escalera, la Capilla del Santísimo, la Biblioteca Fray Ignacio de Quesada y el archivo histórico del convento.

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Para Zozoranga, el mantenimiento nunca termina: “Es una lucha constante contra el estropicio, para poder conservar estos hitos de la fe”.

Una capilla que retrata la fe

Para el religioso, la restauración no puede entenderse solo desde el patrimonio. La capilla, como otros espacios del convento recuperados con los años, fue concebida para el culto y, cuatro siglos después, esa función sigue marcando su vida cotidiana. 

“Su importancia histórica debe recalcarse, sí, pero para nosotros este sigue siendo, sobretodo un espacio de fe, de culto. Su finalidad es que los ecuatorianos tengan un lugar para venerar a nuestra Madre Santísima en la advocación de Nuestra Señora del Rosario”, dice.

De ahí que el sacerdote defina su interior como una “catequesis visual”. Basta recorrerlo con la mirada. La Trinidad abre ese relato y luego aparecen la Virgen, escenas ligadas al Rosario, el Cordero de Dios, ángeles y santos como Domingo, Francisco, Joaquín, Ana y José. En el centro del retablo está la Virgen del Rosario, una escultura española que llegó a Quito en el siglo XVI y alrededor de la cual se articuló buena parte de la historia de la capilla.

Con las cubiertas y pinturas intervenidas, la capilla tendrá su reapertura oficial este sábado 10 de octubre, en el marco de la celebración de la Virgen del Rosario. Después volverá a su dinámica habitual. Los sábados abre para la Eucaristía; entre semana, las celebraciones se realizan en la nave principal.

Lo que debes saber

• GRANASA enfrenta una crisis de liquidez mientras continúa bajo intervención de la SuperCías.
• La empresa busca vender nueve inmuebles para obtener recursos y cubrir obligaciones con sus trabajadores.
• Los expertos analizan qué puede hacer la interventora y qué vías existen si las operaciones son rechazadas.

La intervención de una compañía no debería significar que sus trabajadores queden atrapados en medio de una disputa societaria o de una crisis de liquidez. En el caso de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de EXPRESO y EXTRA, la discusión adquiere un rostro especialmente sensible: detrás de cada liquidación hay personas, familias y años de trabajo que esperan recibir lo que por ley les corresponde.

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La intervención y el rol de la interventora

GRANASA sigue intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCías) desde el 18 de febrero de 2026, tras un pedido de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), accionista minoritario con el 2,56 % de participación. La firma enfrenta ahora una falta de liquidez que ha obligado a tomar decisiones dolorosas, entre ellas el paso de EXPRESO a una operación netamente digital y el consecuente recorte de personal.

Para César Drouet, abogado y expresidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, la primera precisión es fundamental: la intervención es una medida excepcional y temporal que busca corregir una situación irregular. “El interventor no es un coadministrador de la compañía”, sostiene, por lo que su función no debería confundirse con la administración ordinaria ni con las decisiones que corresponden a la junta general de accionistas.

Teniendo en cuenta eso, Drouet explica que el interventor tiene una misión concreta: corregir las irregularidades que provocaron su designación, impedir que se dilapide el patrimonio y evitar perjuicios a accionistas o terceros. Desde esa perspectiva, señala que la intervención no debería convertirse en una barrera para una operación legítima que permita a la empresa obtener recursos y cumplir obligaciones laborales.

El punto adquiere especial importancia cuando la compañía tiene activos que podrían convertirse en liquidez. Si la junta general decide disponer de determinados bienes y esa operación tiene como finalidad enfrentar obligaciones derivadas de la reducción de personal, Drouet sostiene que impedirla sin una razón jurídica suficiente podría desnaturalizar el propósito de la intervención.

En GRANASA, la falta de liquidez no implica que la compañía esté en liquidación societaria. La empresa busca vender nueve inmuebles para obtener recursos y cubrir, entre otras obligaciones, las liquidaciones de trabajadores y el fondo global de jubilación patronal.

El objetivo de la SuperCías es siempre tratar de salvar la mayor cantidad de empleos, no cerrar firmas.Marco López, exsuperintendente

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Los derechos laborales siguen vigentes

Oswaldo Santos, abogado societario y docente de la Universidad San Francisco de Quito, remarca que la intervención de una empresa no elimina ni reduce los derechos de sus trabajadores. “Los derechos de los trabajadores no se ven afectados por el hecho de que la firma sea intervenida”, afirma.

En GRANASA, la venta de determinados inmuebles permitiría obtener liquidez para cumplir las obligaciones laborales y, a su vez, permitiría mantener operativa la parte de la empresa que continuará funcionando. Ante esto, Santos considera que, si la operación está debidamente sustentada, “sí debería” autorizarse.

El abogado advierte incluso que una negativa injustificada podría tener consecuencias para quien ejerce la intervención: Flor María García Ocaña. “Parecería ser una negativa arbitraria”, señala, y considera que eso sustentaría su remoción.

Y es que, si existen activos que pueden ser vendidos, pero no se permite convertirlos en liquidez, la empresa quedaría con un patrimonio inmovilizado mientras tiene obligaciones que debe pagar. Marco López, exsuperintendente de Compañías, sostiene que, en ese escenario, la negativa del interventor podría terminar cerrando el camino para obtener recursos destinados precisamente a cumplir con los trabajadores.

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¿Qué pasa si se niega la venta de los inmuebles?

Pero ¿qué ocurre si la interventora no autoriza las operaciones? López indica que primero se debe acudir administrativamente ante la SuperCías, pues el interventor actúa como delegado del superintendente (Luis Alberto Cabezas-Klaere), mientras que Santos considera que también podría analizarse una eventual responsabilidad por los daños que produzca una negativa injustificada.

Los expertos también identifican vías judiciales si la respuesta administrativa no resuelve el problema. Santos menciona la posibilidad de acudir ante los jueces de lo Contencioso Administrativo para impugnar determinadas actuaciones y, si se demuestra una vulneración de derechos constitucionales, plantea que podría existir además una acción de protección ante un juez constitucional de primera instancia.

En el caso de los trabajadores, el camino sería diferente y más directo si llega el momento del despido y no se pagan los valores correspondientes. López señala que los trabajadores podrían reclamar laboralmente contra la compañía y acudir al Ministerio del Trabajo y a los jueces laborales para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Pero hay algo más profundo detrás de esta discusión jurídica: los trabajadores no son activos que puedan esperar indefinidamente a que se resuelva una controversia societaria. Son personas que durante años pusieron su tiempo, su esfuerzo y, en muchos casos, buena parte de su vida al servicio de una empresa que hoy atraviesa una de sus etapas más difíciles.

López recuerda que una intervención debería ser ágil y orientada a encontrar soluciones, mientras Drouet advierte que sería contrario a normas de obligatorio cumplimiento que un interventor negara su firma cuando corresponde el pago de valores laborales por la terminación de relaciones de trabajo.

No habría justificación para impedir una venta que permita pagar las obligaciones laborales.Oswaldo Santos, docente de la USFQ

Los puntos claves

• Guayaquil enfrenta un déficit de áreas verdes y falta de sombra en avenidas, aceras y paradas de transporte público.
• El centro de Guayaquil es una de las zonas donde el calor se siente con mayor intensidad debido a la escasez de árboles.
• Consultados por EXPRESO, los candidatos plantean sembrar hasta un millón de árboles, construir parques metropolitanos, recuperar espacios barriales y crear corredores verdes para combatir el calor y la falta de sombra.

Guayaquil tiene una deuda que se siente cada vez que el sol obliga a buscar sombra. La ciudad creció y multiplicó sus avenidas y superficies de cemento, pero los árboles y espacios verdes no avanzaron al mismo ritmo. Hoy, caminar, esperar un bus o cruzar una avenida puede significar hacerlo bajo el sol y con una sensación térmica que supera los 38 °C.

Una ciudad que creció de espaldas al verde

EXPRESO ha mostrado cómo esa falta de sombra se siente en corredores como las avenidas Francisco de Orellana y 25 de Julio, pero también en paraderos, veredas y otros lugares de uso cotidiano. El centro de Guayaquil es otra de las zonas donde los visitantes reportan mayor sensación de calor. Allí, como en otros sectores, la ausencia de árboles no solo afecta la experiencia de quienes caminan por la ciudad, sino que también limita las posibilidades de permanecer y usar el espacio público.

A esto se suma el estado de algunos espacios que ya existen. Hay parques lineales y áreas públicas junto al estero Salado que muestran deterioro, mientras el río Guayas, los esteros y el manglar enfrentan contaminación.

El problema no es únicamente cuánto verde tiene Guayaquil, sino qué tan cuidado está, dónde se concentra y qué tan cerca queda de los barrios y de la vida de sus habitantes.

La bióloga Natalia Molina, docente de la Universidad Espíritu Santo, ha planteado a EXPRESO que no basta con sembrar árboles. Hay que llevarlos donde hacen falta, desde paraderos y estaciones de Metrovía hasta veredas y grandes avenidas. También propone recuperar los ramales del estero Salado para integrarlos nuevamente a la ciudad y a sus zonas de uso ciudadano.

Guillermo Peñalosa, fundador y presidente de 8 80 Cities y embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos, plantea otra referencia para medir qué tan cerca está el verde de la vida diaria. Su propuesta contempla tres árboles frente a cada casa, al menos 30 % del espacio del barrio ocupado por árboles y una distancia máxima de 300 metros entre una vivienda y un parque. Para Peñalosa, los parques tienen relación con la salud, la convivencia y la reducción de la temperatura.

El próximo alcalde heredará una deuda verde

El próximo alcalde o alcaldesa tendrá que decidir cómo traducir esas necesidades en obras y políticas que puedan sostenerse en el tiempo. No se trata únicamente de sumar parques al inventario de la urbe. También deberá definir qué sectores requieren intervención, qué lugares necesitan recuperación, cómo aumentar la sombra en zonas de alta circulación y qué hacer con los cuerpos de agua que forman parte del paisaje urbano de Guayaquil.

“Tenemos cuerpos de agua inutilizados, zonas para el peatón que podrían ser unos corredores maravillosos, pero están a la intemperie. Guayaquil, por ser una ciudad tan caliente, debería estar repleta de sombra y brisa. Tenemos varios, al menos 10 canales de aguas lluvias que podrían ser ecosistemas vivos, con malecones y árboles que incluso den color a determinado sector”, señala Arturo Calderón, arquitecto guayaquileño que hace énfasis en la necesidad de que exista voluntad política para hacer de Guayaquil un territorio más amigable.

“En Samanes 5, Las Orquídeas y Los Vergeles existen estos espacios y hace falta intervenirlos. Pero aquí no ha habido jamás una planificación”, añade.

Frente a este escenario, EXPRESO preguntó a los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil cuál es su propuesta para ampliar y recuperar las áreas verdes, cuántos parques nuevos plantean crear, qué sectores priorizarán, cómo incorporarán más árboles y sombra y cuánto invertirán. Las mismas preguntas fueron enviadas a todos los candidatos, para que los ciudadanos puedan conocer y comparar sus planteamientos frente a una de las tareas que la próxima administración tendrá que asumir desde el primer día.

¿Qué plantean los candidatos a la Alcaldía?

Pregunta: 

Guayaquil es una ciudad con pocos espacios verdes y con barrios donde caminar, descansar o encontrarse en el espacio público puede ser difícil, especialmente por la falta de sombra y de lugares adecuados para la convivencia. ¿Cuál es su propuesta para hacer que los barrios tengan espacios públicos más amigables y accesibles? 

Mónica Luzárraga, por Unidad Popular y Pachakutik

Guayaquil tiene unos 66.000 árboles urbanos cuando necesitaría al menos 500.000, y en la avenida 9 de Octubre se han medido más de cinco grados de isla de calor. Con el Plan Reverdecer sembraremos un millón de árboles en cuatro años: 250.000 en aceras, parterres, paradas, escuelas y parques, con mantenimiento garantizado, y otros 750.000 en cerros, manglares y riberas.

Crearemos corredores verdes como los de Medellín, donde la temperatura ha bajado hasta cinco grados en las avenidas más arborizadas, empezando por la avenida 9 de Octubre y los ejes del sur y del noroeste. También construiremos dos parques metropolitanos similares al Samanes, uno en la vía a la costa y otro en el sur, además de una red de parques de barrio para que ninguna familia viva a más de 300 metros de un área verde. Estos espacios tendrán iluminación y vigilancia.

Priorizaremos el Suburbio, Guasmo, Isla Trinitaria, Bastión Popular, Monte Sinaí, Pascuales y Portete. Pero el espacio público no es solo parque, también debe ser un lugar de encuentro. En una primera etapa construiremos 20 Centros de Cultura de Paz distribuidos en las Áreas de Gestión Administrativa de la ciudad, al menos uno en cada una, con biblioteca, deporte, talleres y artes. Las casas comunales dejarán de estar cerradas y tendrán programación permanente y presupuesto propio para actividades culturales y artísticas.

Con el Plan Reverdecer sembraremos un millón de árboles en cuatro años: 250.000 en aceras, parterres, paradas, escuelas y parques, con mantenimiento garantizado, y otros 750.000 en cerros, manglares y riberas. Crearemos corredores verdes como los de Medellín, donde la temperatura ha bajado hasta cinco grados en las avenidas más arborizadas, empezando por la avenida 9 de Octubre y los ejes del sur y del noroeste.Mónica Luzárraga, 
Unidad Popular y Pachakutik

Invertiremos alrededor de 50 millones de dólares en arborización y corredores verdes, 32 millones en 120 kilómetros de ciclovías con sombra y 70 millones en los Centros de Cultura de Paz. La propuesta busca que árboles, parques, ciclovías y espacios comunitarios formen una red de espacios públicos accesibles en los barrios.

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Antonio García, por el Partido Sociedad Patriótica

Guayaquil necesita una política de espacio público que cierre brechas y no se mida únicamente por la cantidad de parques inaugurados. Hoy las áreas verdes no están distribuidas de manera homogénea. Por eso propongo crear un índice de acceso verde por barrio que mida los metros cuadrados de área verde por habitante, la distancia caminable al espacio público más cercano y las condiciones en las que este se encuentra. Con esos datos identificaremos los sectores con mayor déficit y priorizaremos allí la inversión.

La intervención tendrá tres ejes: recuperar los parques existentes, crear nuevos espacios verdes donde realmente hagan falta y convertir calles, aceras y espacios de espera en corredores con sombra y vegetación. La meta durante el período será recuperar al menos 100 parques y espacios públicos de proximidad. La cantidad de parques nuevos se definirá después de determinar dónde existe déficit y suelo técnicamente viable.

También priorizaremos las rutas hacia escuelas, mercados, centros de salud, paradas de transporte y zonas comerciales. Allí incorporaremos árboles adecuados para Guayaquil, jardines e infraestructura verde, además de soluciones de sombra en aquellos lugares donde no sea posible plantar. Cada intervención deberá contemplar recursos para su construcción y mantenimiento.

"Guayaquil necesita una política de espacio público que cierre brechas y no se mida únicamente por la cantidad de parques inaugurados. Hoy las áreas verdes no están distribuidas de manera homogénea. Por eso propongo crear un índice de acceso verde por barrio que mida los metros cuadrados de área verde por habitante, la distancia caminable al espacio público más cercano y las condiciones en las que este se encuentra".Antonio García
Partido Sociedad Patriótica

Comenzaremos por las periferias y zonas rurales. No planteo todavía una cifra de inversión porque primero se requiere conocer el inventario, las áreas disponibles y los costos. Durante el primer año publicaremos una cartera de proyectos con ubicación, presupuesto, cronograma y metas.

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La meta será reducir cada año el déficit de áreas verdes y aumentar el acceso a espacios públicos de calidad, comenzando por las periferias y zonas rurales.

Pedro Medina, por PID, Izquierda Democrática y Futuro 20

Quiero una Guayaquil donde un parque pequeño de barrio tenga tanta importancia para su comunidad como los grandes parques de la ciudad. La política de espacio público debe acercarse a donde vive la gente, con parques de bolsillo, canchas, juegos infantiles, zonas para adultos mayores, iluminación, arborización, sombra y lugares seguros para caminar y encontrarse.

No se trata solamente de inaugurar espacios, sino de mantenerlos vivos y útiles durante todo el año. Por eso propongo un Programa de Barrios Verdes y Activos que permita identificar, sector por sector, terrenos municipales y espacios deteriorados que puedan convertirse en áreas de encuentro para las comunidades.

La prioridad será crear y recuperar espacios cerca de escuelas, centros de salud, mercados y zonas residenciales. Incorporaremos especies adecuadas al clima de Guayaquil y árboles que aporten sombra. También impulsaremos corredores verdes y la arborización de calles y aceras donde técnicamente sea posible.

“Quiero una Guayaquil donde un parque pequeño de barrio tenga tanta importancia para su comunidad como los grandes parques de la ciudad. La política de espacio público debe acercarse a donde vive la gente, con parques de bolsillo, canchas, juegos infantiles, zonas para adultos mayores, iluminación, arborización, sombra y lugares seguros para caminar y encontrarse”.Pedro Medina, por PID
 Izquierda Democrática y Futuro 20

Cada parque tendrá un plan de mantenimiento, iluminación, seguridad y participación comunitaria. Como meta de gestión, planteo recuperar o crear al menos 100 espacios públicos de escala barrial durante el período municipal, priorizando aquellos sectores que actualmente tienen menor acceso a áreas de recreación.

Esta cifra deberá ajustarse al inventario técnico y a la disponibilidad presupuestaria, pero el principio es que ningún barrio quede fuera. Guayaquil ya cuenta con grandes espacios como Samanes; el siguiente paso será llevar esa calidad de espacio público hasta los barrios y acercarla a las familias. La ciudad debe crecer con más árboles, más sombra y más lugares para convivir.

Andrés Roche, por el Partido Social Cristiano

Queremos que las familias vuelvan a tener parques seguros, con sombra y espacios para encontrarse y disfrutar. Propongo construir tres parques lineales en Batallón del Suburbio, Trinitaria y el sector de La Playita, en el Guasmo. Tendrán arborización, sombra, pérgolas para reuniones familiares, iluminación y seguridad integrada a Guayaquil de Acero.

Estos parques también tendrán muelles para paseos en canoa y actividades que conecten a las familias con los esteros y manglares y generen turismo urbano. Además, planteamos un gran parque ecológico frente al río, como parte del Nuevo Guayaquil, junto a Arena Guayaquil, un escenario para eventos internacionales, y GuayaKids, una ciudad a escala infantil orientada al aprendizaje cívico y ético junto al Parque Samanes. Estos proyectos, dentro del desarrollo de la Nueva Ciudad del Río, se plantean sin costo para los contribuyentes. El parque tendrá árboles y vegetación nativa para caminar, descansar y compartir en familia.

“Queremos que las familias vuelvan a tener parques seguros, con sombra y espacios para encontrarse y disfrutar. Propongo construir tres parques lineales en Batallón del Suburbio, Trinitaria y el sector de La Playita, en el Guasmo. Tendrán arborización, sombra, pérgolas para reuniones familiares, iluminación y seguridad integrada a Guayaquil de Acero”.Andrés Roche,
Partido Social Cristiano

No basta con sembrar árboles y recuperar parques; también hay que mantenerlos. Sectorizaremos el mantenimiento de parques y áreas verdes mediante concursos con empresas especializadas y costos auditables. También incorporaremos a las comunidades en la administración y cuidado de los parques de sus barrios para fortalecer el sentido de pertenencia.

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En los grandes parques, cafeterías, servicios, mobiliario urbano, publicidad y patrocinios podrán contribuir a financiar el mantenimiento, la iluminación y la seguridad permanente. Pondremos orden en las finanzas municipales y estableceremos un cronograma público, concreto y auditable con inversión, etapas y plazos de ejecución.

Cynthia Viteri, por ADN 

EXPRESO solicitó un espacio de entrevista con la candidata Cynthia Viteri y, al igual que al resto de postulantes, le envió un cuestionario sobre las problemáticas que enfrenta Guayaquil, a fin de conocer las soluciones que propone si llegara a la Alcaldía. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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Fiorella Ycaza, por el Partido Socialista Ecuatoriano

Queremos una ciudad verde, ecológica y llena de sombra, no de cemento, repleta de vida. No se trata solo de construir nuevos parques, sino de recuperar y transformar los espacios que ya tenemos, incorporando más árboles, vegetación, cuerpos de agua y lugares para caminar, encontrarnos y hacer deporte. La ciudad necesita ser caminable, amigable y habitable.

Mi plan contempla Corredores Verdes, Bosques Urbanos Nativos y nuevos parques que conecten avenidas, plazas y espacios comunitarios. También llevaremos más vegetación a escuelas, paradas de transporte, aceras y mercados. Para la arborización priorizaremos especies propias del bosque seco tropical, adaptadas a las condiciones de Guayaquil y que contribuyan a reducir el calor, que es lo que le urge a la ciudad.

“Queremos una ciudad verde, ecológica y llena de sombra, no de cemento, repleta de vida. No se trata solo de construir nuevos parques, sino de recuperar y transformar los espacios que ya tenemos, incorporando más árboles, vegetación, cuerpos de agua y lugares para caminar, encontrarnos y hacer deporte. La ciudad necesita ser caminable, amigable y habitable”.Fiorella Ycaza,
Partido Socialista Ecuatoriano

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Comenzaremos por los sectores que actualmente tienen menos áreas verdes, menor presencia de árboles y una mayor exposición al calor. Las intervenciones también incorporarán accesibilidad, iluminación y espacios destinados a la actividad física.

Para el período 2027-2031 tenemos una dirección: más árboles, más sombra y mejores espacios públicos donde realmente hacen falta. La cantidad de nuevos parques, las metas específicas y la inversión se definirán técnicamente a partir de estudios, inventarios y del presupuesto disponible.

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Susana Santistevan, por CREO

Planteo crear y recuperar integralmente 50 nuevos parques bioclimáticos y plazas comunales durante la gestión, distribuidos en sectores históricamente olvidados. La intervención buscará llevar espacios verdes y de encuentro hacia barrios donde actualmente existe una menor presencia de vegetación y espacio público.

Priorizaremos Monte Sinaí, Ladrillera, Pascuales, Ciudad de Dios, Socio Vivienda, Mucho Lote 2 y Bastión Popular, en el norte y noroeste; Isla Trinitaria, Guasmo Norte, Central y Sur y Suburbio Oeste, en el sur; además de parroquias urbanas densas como Febres Cordero, Letamendi y Ximena, donde el cemento ha desplazado la vegetación.

También ejecutaremos una arborización urbana masiva mediante Corredores de Sombra, con la siembra e integración de 100.000 árboles nativos, entre ellos guayacanes y acacias, en avenidas, calles y aceras. Estos árboles actuarán como parasoles naturales para reducir la temperatura urbana hasta en 3 °C en los sectores más calurosos.

“Planteo crear y recuperar integralmente 50 nuevos parques bioclimáticos y plazas comunales durante la gestión, distribuidos en sectores históricamente olvidados. La intervención buscará llevar espacios verdes y de encuentro hacia barrios donde actualmente existe una menor presencia de vegetación y espacio público”.Susana Santistevan,
CREO

Reconstruiremos aceras bajo un estándar de accesibilidad universal, con bordillos de máximo 12 centímetros, rampas suaves en los cruces, una franja peatonal libre de obstáculos y superficies de adoquín u hormigón microtexturizado antideslizante para reducir el riesgo de caídas. En las plazas y parques de mayor concurrencia instalaremos contenedores de basura subterráneos para evitar botaderos en las esquinas.

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Destinaré 35 millones de dólares durante la gestión para parques, arborización masiva, aceras antideslizantes y contenedores subterráneos comunitarios. El financiamiento provendrá de la optimización del presupuesto municipal de obras públicas, alianzas con la empresa privada y fondos internacionales destinados a mitigación del cambio climático y resiliencia urbana.

Con la empresa privada impulsaremos incentivos tributarios para el apadrinamiento de parques mediante el programa “Adopta un Parque Bioclimático”. La propuesta busca incorporar recursos privados al mantenimiento y recuperación de estos espacios públicos.

Ahora, Zapata regresa a la papeleta como ficha del movimiento provincial Imparables, lista 79. Su candidatura fue calificada para las elecciones seccionales de noviembre.

En su segundo intento a la Prefectura, su trayectoria es distinta a la de 2019. Ha sumado el haber sido director general del ECU-911, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso.

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Su regreso a la política electoral ocurre, además, después de un episodio que marcó su trayectoria: en mayo de 2024, la Asamblea Nacional, de mayoría correísta, censuró su gestión como ministro del Interior y le impuso una prohibición de ejercer cargos públicos durante dos años.

De ‘Capi Zapata’ a candidato a prefecto

La imagen pública de Zapata comenzó mucho antes de sus cargos políticos. Ingresó a la Policía Nacional en 1989 y permaneció más de dos décadas en la institución. Llegó al grado de teniente coronel y desarrolló buena parte de su carrera en áreas vinculadas con tránsito y seguridad vial.

En 2004, cuando era capitán y ocupaba la Dirección de Señalización Vial de la Dirección Nacional de Tránsito, impulsó la campaña Corazones Azules. La iniciativa colocaba corazones azules en los lugares donde una persona había muerto en un accidente de tránsito, con el objetivo de generar conciencia sobre la siniestralidad vial. La campaña convirtió a Zapata en un rostro conocido y le dio el apodo de ‘Capi Zapata’.

Paco Moncayo, quien fue su compañero de fórmula en 2019 con la alianza entre Izquierda Democrática, Democracia Sí y Vive, recuerda esa etapa como uno de los principales atributos de Zapata. “Él fue un oficial de Policía que realmente destacó entre todos, con grandes iniciativas en beneficio de la comunidad”, recuerda Moncayo. A su juicio, Zapata consiguió integrarse con la ciudadanía y ganarse su reconocimiento.

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Moncayo lo describe como una persona competente, capacitada y de “ánimo sereno”.

Su formación también estuvo vinculada con la seguridad y el tránsito. Es ingeniero en Tránsito y Transporte por la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Además, cuenta con especializaciones en seguridad pública y privada, un diploma en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de Chile.

De la Policía Nacional a la carrera política

En 2013, Zapata dejó el servicio activo. Ese mismo año dio el salto a la administración pública, cuando el entonces alcalde Mauricio Rodas lo designó secretario general de Seguridad y Gestión de Siniestros del Municipio de Quito. Permaneció cerca de seis años en ese cargo.

Para Santiago Basabe, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la campaña Corazones Azules constituye uno de los principales logros de la trayectoria pública de Zapata.

Basabe considera que Zapata construyó buena parte de su capital público desde el ámbito técnico, pero que ese recorrido no se tradujo con la misma fuerza al terreno político-electoral. “Nunca alcanzó a dimensionar el espacio que podía ocupar. Pudo ser un gran funcionario desde la parte técnica, que es su área. En la elección o en la parte político-electoral tiene debilidades”, analiza.

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A juicio del politólogo, esa dificultad explica por qué está lejos de llegar a la Prefectura. Considera que es una lástima, porque acumuló “capital simbólico y político” durante su etapa en la Policía, un activo que, según su análisis, se ha ido diluyendo. Basabe identifica varias dificultades en su trayectoria electoral: falta de carisma, una capacidad de comunicación limitada y la ausencia de una posición ideológica claramente definida.

“Con él no se sabe si es un socialdemócrata, si es de centro-derecha”, sostiene Basabe, quien también destaca que Zapata ha ocupado espacios en administraciones de distinto signo político. En 2019, el entonces presidente Moreno lo designó director general del ECU-911. El cargo le dio una plataforma nacional y con la llegada de la pandemia de covid-19, el ECU-911 tuvo un papel central en la coordinación de emergencias.

Zapata se convirtió en uno de los funcionarios que aparecían con mayor frecuencia para comunicar decisiones sobre restricciones, movilidad, etc.

Guillermo Lasso durante su periodo como presidente lo escogió en 2022 para reemplazar a Patricio Carrillo como ministro del Interior, después del femicidio de María Belén Bernal por su esposo policía. En su posesión habló de recuperar la confianza ciudadana en la Policía y de una reestructuración de la institución, además de mayor inversión para mejorar la seguridad en el país.

Sin embargo, su año de gestión en el ministerio coincidió con una escalada de la violencia y el deterioro de la seguridad a escala nacional, pues el año 2023 terminó con un registro de 8.248 homicidios, frente a los 4.603 de 2022.

Lo que debes saber 

• GRANASA no está quebrada y que cuenta con activos listos para la venta por un valor mínimo de 17,3 millones de dólares.
• Entre los bienes disponibles figuran tres edificios, cuatro terrenos y dos lotes.
• El problema no es la falta de recursos, sino la actuación de la intervención de la Superintendencia de Compañías y de Inmobiliar.

La realidad es que Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, es una empresa capaz de responder ante sus responsabilidades laborales. No está quebrada como se quiere posicionar en las redes sociales, espacio donde la información veraz convive con la desinformación maliciosa. 

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Aquí podrán encontrar información sobre los activos de propiedad de la empresa que esperan la aprobación de la Junta General de Accionistas, del próximo 13 de octubre, para su inmediata venta y cumplir con las obligaciones laborales, con los proveedores y accionistas.

Queda claro que el obstáculo no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad de la intervención de la Superintendencia de Compañías que, en lugar de precautelar los intereses de todos los accionistas y los empleados, cierra filas a favor de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), accionista minoritario del 2.56 %, dependiente del Ejecutivo.

Los activos que posee GRANASA y están listos para su venta suman en total 17,3 millones de dólares, como valor mínimo de venta, entre los que figuran tres edificios (dos en Guayaquil y uno en Quito), cuatro terrenos y dos lotes. Los pasivos corrientes y laborales a agosto del 2026, según los registros contables internos, suman cerca de 7 millones de dólares. A diferencia de la realidad de otras empresas, GRANASA no tiene pasivos bancarios, es decir no tiene deudas con instituciones financieras.

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Las cifras desmontan todo argumento de una supuesta quiebra de la empresa, que seguirá produciendo los ejemplares impresos de EXTRA y administrando las versiones digitales de ambos diarios.

La resolución de la próxima Junta de Accionistas será crucial para la tranquilidad de los empleados de EXPRESO y el normal flujo de los siguientes pasos administrativos internos. Pero más crucial será la decisión que tome la interventora Flor María García Ocaña y la secretaria de Inmobiliar, Marissa Péndola. ¿Respetarán la decisión de la mayoría de la Junta General de Accionistas o seguirán siendo un obstáculo para el desenvolvimiento de GRANASA?

Lo que debes saber

• Daniel Noboa aseguró que no habría apagones en los hogares, pero la promesa quedó en entredicho.
• Industrias y barrios residenciales de Quito y Guayaquil reportan cortes prolongados de energía.
• La falta de información oficial sobre la crisis eléctrica profundiza el malestar ciudadano.

“Ninguna familia ecuatoriana va a tener algún corte de luz”. Así lo prometió el presidente de la República, flanqueado por su jefe de gabinete y enteramente a gusto con lo que tenía al frente. Noboa se aventuró a ir más allá, advirtiendo que “por más que sueñen los odiadores que haya cortes, no va a haber cortes”. Esa es un promesa incumplida desde antes de haber sido pronunciada.

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Racionamiento energético en el sector productivo

Primero, porque las industrias vienen ya varios días padeciendo de apagones, que han crecido en su alcance y duración: 24, 48, 72 horas. Quito, Durán, Ambato, luego otras ciudades. Encima, les subieron la tarifa eléctrica. Pero al menos les cayó un premio de consuelo: finalmente los recibieron para dialogar, dialogar y dialogar, como pedía un dirigente empresarial del Guayas. También se ofreció café.

Cortes de energía en el sector residencial

Las industrias, claro, no son las familias ecuatorianas. Las alimentan, las visten, les equipan la casa, al menos en parte. A muchos les dan un salario. Pero no son las familias ecuatorianas en sus hogares. Esa es otra cosa, el sector residencial, doméstico. Pasa que ellos también han sido afectados por apagones. La cuestión es que, y ahí hay otro juego semántico, el Gobierno y sus voceros oficiales y extraoficiales no los llaman como tales. De hecho, prefieren pretender que nunca ocurrieron.

Reportes de apagones en Quito y Guayaquil

Gracias al cielo y su favor que no se agota, aunque también nos reviente a gotas, existe la prensa, y ella ha puesto en evidencia la ocurrencia de esos cortes de luz. Diversos medios de comunicación han reportado desde la semana pasada cortes en Quito y Guayaquil, mientras que a lo largo de la avenidas de los suburbios de los más privilegiados, las ciudadelas y centros comerciales reciben sendas cartas de la Empresa Eléctrica solicitando desconexiones voluntarias o adelantando apagones.

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Testimonios en barrios de la urbe porteña

Ecuavisa, Teleamazonas y este Diario han publicado notas y reportajes realizados con base en visitas al terreno, al mítico territorio donde el jefe de gabinete del Gobierno dice que se encuentran ocupados los ministros, en las que han entrevistado a moradores de Mapasingue, del Guasmo, de la Kennedy y de otros barrios al oeste, al sur y al norte de la urbe porteña, todos diciendo que pasaron horas y hasta días enteros sin luz. Los equipos de televisión hasta mostraron con sus cámaras los hogares y locales desconectados.

Esto no es nuevo. A lo largo del año, los apagones han ocurrido una y otra vez. A veces el Gobierno ha dicho que se deben a problemas ajenos a la generación, es decir, han sido cosa de la transmisión y distribución. Pero todo eso le corresponde también al Gobierno y a las empresas públicas, por supuesto. En otras ocasiones no han dicho nada. Por ahí salió hace poco una publicación en redes de una cuenta oficial apuntando a un posible daño a una subestación, pero no mucho más.

Responsabilidad estatal y transparencia informativa

Sea lo que sea, sobredemanda, poca generación, falta de mantenimiento o una zarigüeya, el Estado y quienes lo administran son responsables de evitarlo, repararlo, pero sobre todo de informarlo. La ciudadanía, que paga sus impuestos y que trabaja todos los días para sacar al país adelante, merece y también necesita saber cuándo y por qué les van a cortar la luz.

Si el Gobierno teme a la reacción impaciente de la gente, se puede equivocar jugando con su credulidad. Pero aunque no sea así, aunque el margen de tolerancia de la ciudadanía exceda todo, como parece que ocurre con los ilustres patricios y empresarios, este país no debe basarse en la lógica de lo popular y lo expedito para los políticos.

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El camino al desarrollo y la preservación de la democracia solo puede ser transitado por una sociedad en la que la transparencia sea la regla. Y es posible, creíble y antes que nada demostrable que el pueblo sabe aceptar las explicaciones de una autoridad que se presenta ante ellos con humildad y honestidad durante la crisis.

Los apagones ya están aquí, aunque no sean tantos como en el 2024. Sin embargo, parece que el país opera todavía con la luz apagada. Y en esa oscuridad, crece el silencio.

Ocho meses de tasa de basura

• Tras ocho meses, vecinos de Quito reportan aumentos de más de $20 en la tasa de basura.
• Emaseo registra 32.000 atenciones entre febrero y agosto por consultas y reclamos sobre el cobro.
• - Los mayores valores aparecen en edificios con medidores compartidos, según usuarios y Emaseo.

En Solanda, Rosario López, presidenta del Comité Central Promejoras, tiene las planillas sobre la mesa. Las revisa una por una y cuenta los casos de moradores que han acudido al comité para mostrar el incremento de la tasa de recolección de basura, cobrada desde febrero de 2026 a través de la factura de consumo de agua.

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¿Quién paga más por basura?

El malestar, asegura, no ha desaparecido ocho meses después de la aplicación del nuevo esquema. Entre los documentos acumulados aparecen vecinos que reportan aumentos de más de $20 mensuales en sus pagos. También hay casos de familias que, según López, aseguran no contar con los recursos suficientes para cancelar sus planillas.

La dirigente cuestiona que el incremento no vaya acompañado de una mejora visible en el servicio. En algunos sectores de Solanda, relata, los recolectores no pasan determinados días y los residuos permanecen acumulados en los contenedores. Los moradores deben entonces comunicarse con las autoridades para solicitar el retiro de la basura.

La percepción recogida en este sector contrasta con las cifras de Emaseo. La empresa sostiene que el sistema tiene una recuperación promedio del 98 % y que los reclamos formales por valores elevados representan una proporción mínima frente al universo de usuarios.

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Entre febrero y agosto, Emaseo registra unas 32.000 atenciones ciudadanas, equivalentes al 0,6 % de los abonados mensuales. De ese total, el 94 % corresponde a consultas relacionadas con la metodología de cálculo y el desglose de los valores, mientras que el 6 % se refiere a reclamos formales por cobros considerados altos.

La tasa genera una determinación mensual promedio de alrededor de $6,5 millones, correspondiente a unos 718.000 suministros de agua potable. Para la empresa, estos datos muestran que la mayoría de inquietudes se relaciona con la comprensión del mecanismo de cobro y no necesariamente con errores en la fórmula.

Medidores compartidos elevan el cobro de la tasa de basura 

Sin embargo, los testimonios recogidos por EXPRESO evidencian que, para algunos usuarios, el problema va más allá de entender cómo se calcula la tasa. Uno de los puntos de conflicto está en los edificios que tienen un solo medidor para varias viviendas. Allí, el consumo de decenas o incluso cientos de personas puede concentrarse en una misma planilla.

Andrés Silva, administrador de varios edificios, recuerda el caso de Terrazas del Dorado. Antes de la aplicación del nuevo esquema, el conjunto recibía cuatro facturas de aproximadamente $3.000 cada una. Con la incorporación de la tasa, el valor llegó a unos $6.000 por factura.

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Emaseo explica que las planillas con consumos elevados corresponden principalmente a medidores compartidos por numerosas viviendas. La entidad sostiene que, al dividir el valor entre los hogares, el promedio es similar al del resto de la ciudad. Para reducir el efecto de los consumos colectivos, mantiene junto con Epmaps un plan de individualización de medidores.

Para Silva, ese proceso también representa un problema. La instalación de medidores individuales requiere la participación de todos los propietarios y puede complicarse cuando existen departamentos arrendados, dueños que viven fuera del país o documentación pendiente de regularización.

Una situación similar se registra en el edificio El Girón, en La Mariscal. Silvia Vinueza, administradora del inmueble, asegura que antes del cambio pagaban alrededor de $2.000 mensuales por agua entre sus dos torres. Desde la incorporación de la tasa, han pagado unos $12.000 únicamente por el servicio de recolección de basura, afirma.

Tasa de basura: Emaseo defiende el cálculo y exconcejal plantea una reforma

Emaseo niega que existan cobros residenciales extraordinarios derivados de errores en la fórmula. Según la empresa, los valores elevados responden a consumos altos o a la acumulación de valores pendientes de ciclos anteriores. Cuando Epmaps realiza una regulación del consumo de agua, agrega, el ajuste de la tasa se refleja automáticamente en las planillas posteriores.

El exconcejal Wilson Merino cuestionó el impacto de la tasa sobre la economía familiar, por lo que propuso reformar la ordenanza y replantear el método de cálculo. Su argumento era que el consumo de agua no necesariamente guarda relación con la cantidad de basura que genera un hogar.

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Merino planteó considerar otros parámetros, vinculados con los costos de barrido, recolección y disposición final de residuos, además de facilitar la individualización de medidores. Sin embargo, su propuesta no avanzó y, según el exconcejal, quedó sin una solución concreta.

Para Merino, el problema sigue abierto porque los ciudadanos pagan una tasa que, desde su perspectiva, no siempre corresponde con el servicio que reciben. “Lo que se ha hecho es afectar la economía familiar, una metida de mano al bolsillo”, sostiene.

Lo que debe saber

• 55 millones de dólares: Es la proyección de ingresos turísticos para el feriado de octubre, un 10 % más que los 50 millones de dólares de 2025.
• Más ocupación: Azuay espera elevar su ocupación hotelera del 60,5 % registrado en 2025 al 70 % este año.
• 70.000 visitantes: Azuay proyecta recibir al menos esta cantidad de turistas, apoyado en campañas para distribuir el flujo hacia sus 15 cantones.

La industria turística ecuatoriana mira con optimismo el feriado por la Independencia de Guayaquil. El sector espera que los ingresos generados durante los días de descanso aumenten 10 % frente al mismo feriado de 2025, cuando el movimiento económico alcanzó los 50 millones de dólares a escala nacional.

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Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, explicó a Diario EXPRESO que la proyección para este año es prudente. De cumplirse, los ingresos bordearían los 55 millones de dólares.

El crecimiento esperado, sin embargo, es menor al registrado entre 2024 y 2025. En ese período, los ingresos turísticos del feriado aumentaron 47 %.

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Santa Elena espera más reservas

Las playas de Santa Elena son uno de los destinos que esperan un repunte en los próximos días. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de esa provincia, señaló a EXPRESO que hasta el martes 6 de octubre las reservas hoteleras llegaban al 10 %.

El sector confía en que las reservaciones aumenten conforme se acerque el feriado, que este año permitirá un descanso desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre.

El comportamiento de las reservas será clave para determinar el nivel de ocupación que finalmente alcanzarán los establecimientos turísticos de la provincia.

Azuay apunta a 70 % de ocupación

Azuay también espera superar los resultados del feriado de octubre de 2025. En esa ocasión, la provincia registró una ocupación hotelera del 60,5 %, una de las más altas del país.

Para este año, la expectativa es llegar aproximadamente al 70 % de ocupación hotelera, según Cecilia Vicuña, responsable de Turismo de la Prefectura del Azuay.

La provincia también proyecta recibir al menos 70.000 turistas, por encima de los 62.265 visitantes contabilizados durante el feriado de 2025.

La promoción busca llevar turistas a los 15 cantones

Para atraer visitantes, Cuenca y la Prefectura del Azuay impulsan la campaña “El Plan Perfecto” y mantienen la promoción turística de la provincia a través de la plataforma Visit Azuay.

La estrategia busca que los visitantes no se concentren únicamente en Cuenca, sino que recorran los 15 cantones de la provincia.

Visit Azuay reúne información sobre atractivos y servicios turísticos. Hasta ahora cuenta con 15 rutas temáticas, información de alrededor de 300 atractivos y más de 70 artículos con recomendaciones para viajar por la provincia.

Lo que debes saber

• El Gobierno busca que las seccionales sean un juicio al correísmo y no una evaluación de la gestión de Daniel Noboa.
  
• La ofensiva contra Correa también intenta frenar la idea de que Noboa se convirtió en una versión del expresidente.

Entre las estrategias del Gobierno para conseguir buenos resultados en las venideras elecciones seccionales hay una que es particularmente llamativa: la de posicionarse como la única y auténtica fuerza política que combate al correísmo.

Se trata de una estrategia que se visualiza en varios factores y cuya cronología no es muy difícil de identificar. El 28 de agosto, después de que José Serrano fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, Noboa no se limitó a anunciar el traslado. Lo presentó como la llegada de un “ministro del Interior de Correa” y añadió, dirigiéndose directamente al expresidente: “Ya mismo te toca a ti”.

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El 11 de septiembre, John Reimberg llevó el mensaje un paso más lejos: dijo que en la Cárcel del Encuentro había una cama para Correa y que era “cuestión de tiempo” para que quienes, según él, habían causado la crisis de seguridad respondieran ante la justicia.

Y el 30 de septiembre, justamente en el aniversario del 30S, José Julio Neira publicó un video de más de seis minutos en el que conectó a José Serrano con el episodio del 30S y con otros hechos del período correísta, para terminar hablando de los prófugos y de que sus “días de lujo y rabietas” estaban por terminar.

El Gobierno desplaza el debate de lo importante

¿Por qué, entonces, este operativo precisamente cuando se acercan las elecciones? Las posibilidades son varias y ninguna es necesariamente excluyente de las otras.

Una de ellas es que, frente a las críticas y frustraciones del electorado, el Gobierno quiere colocar a los votantes ante una disyuntiva que le haga olvidar el presente para que vuelva al pasado. La idea es desplazar la discusión desde cuestiones sobre las cuales el Gobierno puede ser evaluado (economía, empleo, seguridad, servicios públicos, déficit, energía, medicinas) hacia otro terreno más relacionado con el pasado.

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El Gobierno quiere, entonces, desplazar la pregunta ‘¿Cómo está gobernando Noboa?’ a ‘¿Queremos que vuelva el correísmo?’. En otras palabras, mientras la oposición quiere que estas elecciones sean un juicio sobre Noboa, el Gobierno hace lo necesario para que se conviertan en un juicio sobre Rafael Correa.

La strategia busca blindar a Noboa de las comparaciones con Correa

Otra estrategia es aniquilar, en redes sociales y en la opinión pública, cualquier posibilidad de que se equipare a Correa con Noboa, cosa que ha estado ocurriendo, en especial, desde hace un par de semanas. Al Gobierno no le resulta cómodo el tema que se ha instalado en redes sociales, que sin duda son un reflejo de la opinión pública: que Noboa es igual o peor que Correa porque ha demostrado ser autoritario (persigue a los medios y a los potenciales adversarios electorales), con el agravante de que ha fracasado a la hora de solucionar los grandes problemas de la sociedad, como el déficit de medicinas o de energía eléctrica.

¿Cómo desterrar de la conversación esa equivalencia entre Correa y Noboa? Sencillo: atacar a Correa nuevamente y a todo lo que representa. Lo del anuncio (figurado, claro) de que hay una cama lista en la Cárcel del Encuentro para Correa y el video de Neira sobre el 30S y José Serrano son ejemplos de un esfuerzo por conseguir que no se compare a Noboa con Correa, cuando existe el temor de que a los candidatos correístas les pueda ir bien en las elecciones.

No hay que perder de vista que esta equiparación de Noboa con Correa, que ha aparecido recientemente en la conversación nacional, tiene un enorme potencial electoral para la oposición, porque ataca uno de los activos políticos fundamentales con los que Noboa llegó al poder: precisamente la promesa de evitar el retorno del correísmo.

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Noboa, antes de llegar al Gobierno e incluso antes de sus campañas electorales, es decir cuando era asambleísta de Santa Elena o incluso antes, cuando era un ciudadano cualquiera, jamás se mostró como un anticorreísta. Todo lo contrario: mantuvo silencio ante los atropellos del correísmo. Entonces, cuando empieza a circular una idea como ‘nos prometieron que Noboa evitaría el autoritarismo y ahora Noboa se parece a Correa’, se amenaza una parte importante de la justificación política del noboísmo.

Miedo al pasado y promesas de futuro

Noboa necesita que la identidad política siga siendo que él no es igual a Correa. Por eso, la respuesta ‘Noboa no es Correa’ tiene una función política mucho más profunda que una simple discusión histórica. Es un mecanismo de defensa identitaria.

Por eso, cuando comenzó a instalarse en redes y en sectores de opinión la idea de que Noboa podía estar convirtiéndose en una versión de Correa, desde el entorno oficialista, que incluye las cuentas de redes sociales empáticas con el Gobierno, apareció con fuerza la contranarrativa de que Noboa no es Correa.

Aquí se puede incluir el anuncio de Noboa de que aumentará de 150.000 a 700.000 los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Puede ser que la decisión no tenga ni un solo asidero presupuestario, pero cumple una función complementaria a la de la campaña anticorreísta: es una fórmula políticamente rentable que recuerda a los electores aquello de lo que deben tener miedo del pasado y, al mismo tiempo, les muestra aquello que pueden esperar.

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El pasado funciona como amenaza y el futuro como promesa. En otras palabras, volver al pasado para revivir el fantasma de Correa y abrir, al mismo tiempo, una ventana al futuro: miedo a lo que puede volver y promesa de lo que está por venir.

El Gobierno mira simultáneamente por el retrovisor y por el parabrisas: en el retrovisor, Correa; por el parabrisas, 800 dólares para 700.000 jóvenes.

Lo que debes saber

• Alexandro Tonello busca retener la Prefectura de Pichincha, bastión clave para el correísmo.
• Sin la Revolución Ciudadana en la papeleta, Tonello compite bajo la Alianza Ciudadana.
• El exviceprefecto enfrenta el reto de la continuidad y el escrutinio a su patrimonio.

Alexandro Tonello, la carta del correísmo para la Prefectura de Pichincha, no solo carga con el reto de mantener la continuidad del proyecto de la actual prefecta, Paola Pabón. En el actual tablero político, Pichincha podría convertirse en el último bastión que el correísmo puede disputar.

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Suspensión de la Revolución Ciudadana y el caso Caja Chica

Tonello llega sin partido propio, al menos en lo que tiene que ver con la lista que auspicia su candidatura. La Revolución Ciudadana fue suspendida por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras una denuncia de la Fiscalía General del Estado. Lo que se conoce de esa investigación es que está relacionada con el denominado caso Caja Chica, que indaga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo en 2023.

Eso obligó a la Revolución Ciudadana a buscar el auspicio de otros movimientos. Uno de ellos fue Amigo que también fue suspendido por el TCE.

El respaldo de la Alianza Ciudadana tras los bloqueos electorales

Los candidatos del correísmo optaron entonces por alianzas con diferentes movimientos. Lograron acercarse a quienes antes fueron algunos de sus críticos más fuertes desde la misma izquierda y a quienes cuestionaron durante y después del gobierno de Rafael Correa.

Tonello busca ahora la Prefectura de Pichincha de la mano de la denominada Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Unidad Popular, antes conocido como MPD.

El reto no es menor. La situación electoral del correísmo y el rol protagónico de organismos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TCE derivaron, por ejemplo, en la negativa a calificar a Luisa González como candidata a la Prefectura de Manabí de la mano de Pachakutik. Esa provincia, desde que el correísmo llegó al poder, ha sido uno de sus principales bastiones. En estas elecciones, la Revolución Ciudadana no tendrá allí candidato.

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Pichincha: el bastión histórico del correísmo y la figura de Tonello

El otro bastión que el correísmo ha mantenido bajo su control desde la época de Alianza PAIS y, posteriormente, de la Revolución Ciudadana es la Prefectura de Pichincha. De ahí la trascendencia de estas elecciones para este movimiento político.

Tonello debutó en un cargo de elección popular como viceprefecto. Acompañó a Paola Pabón durante sus dos períodos. Su candidatura tiene, por eso, una carga política mayor que la de un simple relevo administrativo. Tonello no llega a la contienda para marcar distancia con la gestión de Pabón. Su trayectoria está ligada a ella.

Perfil empresarial, patrimonio declarado e impuestos del candidato

El aspirante a la Prefectura es ingeniero agrónomo por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En la Superintendencia de Compañías registra actividad como accionista en Corporación La Favorita y en Tonello Soluciones Integrales. En esta última empresa tiene un capital de 450.000 dólares.

En el ámbito empresarial, únicamente registra actividad como gerente de Tonello Soluciones. Asimismo, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), el año en que más pagó por Impuesto a la Renta fue 2022, cuando canceló 5.716,51 dólares.

Su patrimonio, según la Contraloría General del Estado, asciende a 3.202.367,38 dólares. Si se toma como referencia su ingreso al servicio público como viceprefecto, en 2019, el patrimonio declarado se ha reducido. Ese año reportó 4.507.329 dólares.

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Evaluación técnica y el impacto de la conversación digital

Para Diego Cevallos, integrante de GobernanzaEC y dedicado al estudio de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Tonello tiene, después de siete años en la Prefectura, la ventaja de conocer la situación institucional y la realidad de la provincia.

Sin embargo, lo que está en juego, según el experto, es “ver sus cualidades como líder, como gestor político, para hacer que la planificación se cumpla y que existan los consensos mínimos en el legislativo provincial que permita materializar la aprobación de proyectos de interés para la provincia”.

Huella digital y el desafío electoral frente al oficialismo

Su experiencia en el cargo y su vinculación con la actual administración también pueden convertirse en un contrapunto para su candidatura. La consultora política digital Alondra Enríquez señaló que Tonello también está asociado a las críticas que recibe la actual Prefectura.

Su análisis parte de la conversación digital. Enríquez señaló que, al menos en el ámbito de las redes sociales, la incidencia de Tonello es baja. Esto, si se toma en cuenta, por ejemplo, casos como el de Pabel Muñoz, alcalde y candidato a la reelección, quien mantiene una alta participación en el entorno digital.

“Dentro de la comunicación en redes sociales, Tonello viene de una conversación negativa en un 40%”, señaló la experta. En ese escenario, Tonello busca mantener el último de los bastiones del correísmo frente al oficialismo.

Lo que debes saber

• Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial.
• El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

Antonio García busca la Alcaldía de Guayaquil con el Partido Sociedad Patriótica, en una ciudad que enfrenta problemas de inseguridad, congestión vehicular y dificultades para ordenar su actividad comercial. El precandidato expone sus propuestas para seguridad, comercio, tránsito y recuperación del centro de la ciudad.

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- Usted ha formado parte de Democracia Sí y de SUMA. Ahora busca la Alcaldía con Sociedad Patriótica. ¿Qué motivó esos cambios de organizaciones políticas?

Si bien es cierto los partidos trascienden muchas veces las candidaturas, pienso que las propuestas, sobre todo las ciudadanas, deben trascender a los partidos (...) Ellos (PSP) me hicieron una invitación muy gentil para poder presentar una propuesta para Guayaquil en función de los intereses y necesidades de la ciudadanía. Esta invitación me la hacen sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de condicionamiento, únicamente que se pueda construir (la propuesta) en conjunto con las distintas instancias, equipos y niveles de la sociedad guayaquileña.

- Usted ocupó varios cargos durante el correísmo. ¿Por qué no decidió buscar el respaldo de una organización política vinculada a esa corriente?

Porque mi intervención en la función pública ha estado siempre ligada con el servicio (...) Mi participación (en ese gobierno) nunca fue política como tal, fue siempre técnica, profesional.

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- ¿Cuál será su estrategia concreta para enfrentar la inseguridad en Guayaquil? ¿Qué papel va a tener Segura EP, actualmente manejada por el Gobierno central?

- Más allá de las competencias en seguridad, que están bien definidas en la ley, lo que va a hacer el Municipio es apoyar en las tareas y obligaciones ineludibles que son de manera preventiva: el monitoreo virtual permanente a través de sistemas que estén apoyados en inteligencia artificial predictiva, articulado con los sistemas del ECU-911 y de la Policía Nacional. Vamos a implementar 25.000 nuevas luminarias con tecnología led y telegestión, para poder eliminar todos esos puntos ciegos en mercados, corredores y vías estratégicas que son utilizados por la delincuencia. Vamos a apostar (por) la conformación de comités de seguridad barrial, que estén equipados con botones de pánico y que tengan alarmas...

- Usted habla de ‘generar oportunidades para los guayaquileños’. ¿A qué se refiere concretamente?

Vamos a formalizar por lo menos a 15.000 comerciantes a través de la construcción de espacios (como) centros de comercio popular y puntos de venta itinerante donde se los pueda reubicar. Vamos a crear un capital de inversión semilla, en alianza estratégica con la banca pública, específicamente la Conafips, para que puedan ser sujetos de créditos con tasas preferenciales; (vamos a crear) ventanas digitales para que todos los trámites y los requisitos que se pidan al microempresario, al pequeño emprendedor, puedan ser más fáciles.

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- Usted habla de formalizar a 15.000 comerciantes. ¿Cómo va a garantizar que esa propuesta se cumpla?

Cuando existe voluntad política, cuando existe capacidad de gestión dentro de una planificación estructurada y técnica, todo es posible. (...) Yo le aseguro que esta administración tendrá la suficiente capacidad a nivel técnico, a nivel financiero, a nivel operativo, para poder solventar todos esos costos. El Municipio de Guayaquil tiene una capacidad de autogestión ya probada y robusta, proyectada más o menos en 430 millones de dólares al año. ¿Eso qué nos va a permitir? Presentar proyectos, por ejemplo, para poder acceder a créditos de líneas multilaterales.

- La actual administración municipal habla de trabas por parte del Sercop a los procesos de contratación de obras. ¿De qué manera va a garantizar que se cumplan las obras que ofrece? ¿Llegando a un acuerdo con el Gobierno central?

El acuerdo debe ser siempre trabajar en función de los intereses ciudadanos, del bienestar colectivo. No pueden interponerse trabas o intereses políticos en el desarrollo de la gente y sus ciudades. Nuestra postura va a ser que si existe algún tipo de problema a nivel político, eso no detenga el desarrollo de las ciudades. Nuestra postura va a ser permanentemente trabajar en conjunto (con el Gobierno).

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- En la Bahía existe el problema del bodegaje sin control. ¿Cómo su administración municipal va a controlar aquello?

Justamente lo que le decía respecto al proyecto de formalización de los comerciantes. Contempla también que puntos críticos como la Bahía de Guayaquil pasen a tener un mejor manejo, mucho más formal, mucho más controlado y podamos evaluar inclusive medidas de seguridad permanentes para poder evitar tragedias.

- ¿Plantearía mover el bodegaje del centro de Guayaquil hacia otro sitio de la ciudad?

Eso tendría que obedecer a un estudio técnico.

- ¿Cómo mejorará el centro para que se vuelva un punto turístico clave de Guayaquil?

Esto es un círculo que debemos romper, porque pasa por la inseguridad, (...) a través de un plan que puede ser modelo, para luego implementarlo en otros sectores que requieren una intervención integral, no solamente en seguridad, iluminación, atención de puntos críticos de basura, rehabilitar áreas verdes, sino también en una campaña permanente de concientización y de fortalecimiento a la ciudadanía a nivel de cultura, a nivel del manejo de sus costumbres, de sus hábitos y poder impulsar un comercio responsable.

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- El tránsito es un problema creciente en Guayaquil. ¿Cómo actuará?

Proponemos un diagnóstico técnico, que lo haremos durante los primeros seis meses de gestión, para ver cuáles son los distintos puntos críticos y de congestión donde se pierde más tiempo. Vamos a implementar tres niveles de intervención. (Primero) Sincronización de semáforos, reingeniería en señalización (...) Un segundo nivel, con solución de corredores, rehabilitación vial y posicionamiento de políticas de seguridad vial e intervención peatonal, transportación pública. Y un tercer nivel de solución de infraestructuras mayores. Tiene que venir de la mano con una depuración, una reestructuración de la Agencia de Tránsito Municipal.

- En su eventual administración, ¿mantendrá la idea de construir un aeropuerto en Daular, en la congestionada vía a la costa? ¿O cree, como el Gobierno central, que debe construirse un aeropuerto en Taura?

Eso tiene que responder nuevamente a un levantamiento técnico profesional que se haga sobre el tema.

Lo que debes saber:

• La candidata a la Prefectura de Pichincha por ADN, Giovanna Ubidia, fue Directora del Seguro Social Campesino.
• Intentó ganar una curul, pero no llegó. Ahora tiene 34 años, pero desde los 23 años inició en el servicio público, como Directora Nacional de Comunicación del CNE. Trabajó en la administración Yunda.
• Su reto será ganarle la Prefectura de Pichincha al correísmo, que la ha tenido durante 20 años.

Giovanna Ubidia pasó de ser la opción de ADN para la Alcaldía de Quito, un cargo a todas luces con mayor peso político, a buscar la Prefectura de Pichincha. El recambio ocurrió en medio de los ajustes que hizo el oficialismo en varias provincias para definir las inscripciones y, aunque no tiene una carrera política prolífica, el sector público no le es ajeno.

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“Lo único que hemos hecho es invertir los roles”, dijo Harold Burbano, hoy candidato a la Alcaldía de Quito. Él fue la primera opción de ADN para buscar la Prefectura de Pichincha y así justificó la decisión de su movimiento.

En la práctica, Burbano tenía mayor exposición pública, ya que fue ministro de Desarrollo Humano primero y del Trabajo después. Ubidia, a partir de su anuncio como candidata a la Alcaldía de Quito, hizo fuerte su presencia en la capital, sobre todo desde su rol como directora del Seguro Social Campesino.

Su trayectoria en el sector público es de larga data. Tiene 34 años y, con apenas 23, inició como directora de Comunicación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2015, según se detalla en el histórico de declaraciones patrimoniales de la Contraloría General del Estado.

También ha pasado por el Municipio de Quito. En 2019 ingresó como servidora pública 10. En ese momento, el alcalde de Quito era Jorge Yunda. Durante esa misma administración municipal, Ubidia llegó a ser funcionaria directiva 7 en la Secretaría de Salud, aunque el fin de su gestión en esa entidad se registró durante la Alcaldía de Santiago Guarderas, quien asumió el cargo después de la remoción de Yunda.

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Su vinculación con el Gobierno de Daniel Noboa

De ahí en adelante se vinculó al Gobierno central. Ha sido subsecretaria de Desarrollo Infantil, asesora de Presidencia y directora del Seguro Social Campesino. Todos estos cargos los ejerció durante el gobierno de Daniel Noboa.

La candidata a la Prefectura también registra actividad privada. Ha tenido participación como accionista en tres empresas. De ellas, una se mantiene activa, según consta en el portal de la Superintendencia de Compañías. Se trata de Empresa Publicitaria y de Marketing BigBang Empumab S.A.

Ubidia buscó ser asambleísta

Hasta ahora, Ubidia no ha logrado un cargo de representación popular, pero lo ha intentado. En las últimas elecciones generales, cuando se escogió presidente, vicepresidente y asambleístas, estuvo a punto de lograr un escaño. Mantuvo una pugna directa con el ahora asambleísta de la Revolución Ciudadana Luis Fernando Molina.

Ubidia llevó su protesta incluso al Consejo Nacional Electoral para intentar lograr un escaño que, en la posterior conformación de la mayoría legislativa de ADN, hubiese sido clave. Al final, Molina alcanzó esa curul.

Su presencia en redes sociales es otro tema a considerar. El analista político y experto en comunicación digital Andrés Jaramillo explicó que quien más ha influenciado en la conversación digital sobre la candidata ha sido el presidente de la República Daniel Noboa. A él se han sumado otros portales identificados por su cercanía con el actual régimen.

El analista también señaló que es una candidata que no provoca rechazo y a la que le está ayudando la estructura del Gobierno para hacerse visible ante las audiencias. “Pero aún genera poca conversación, con respecto a otros candidatos que ya son conocidos y tienen recorrido”, indicó Jaramillo.

¿Le quitará este bastión de Pichincha al correísmo?

Ubidia tiene el reto de lograr un cargo que ha sido ocupado por el correísmo desde hace 20 años. Primero con Alianza PAIS y luego con la Revolución Ciudadana, la Prefectura ha sido una de las trincheras de esa organización política.

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El tema no es menor. Las seccionales de 2026 serán las primeras elecciones locales que enfrentará el movimiento oficialista que, en los dos últimos años, ha mantenido un enfrentamiento directo con los gobiernos descentralizados en donde actúa la oposición.

Pichincha y Quito son dos instancias de poder local a las que ADN apunta llegar. En ese propósito se ha sumado incluso Noboa. El pasado 30 de septiembre, Ubidia publicó una fotografía junto al primer mandatario y su compañero Harold Burbano. Este último hizo lo mismo bajo un mensaje: “Se vienen grandes cosas para Quito y Pichincha”.

Para el analista político Esteban Ron, la figura de Ubidia fue mediática desde su rol en el Seguro Social Campesino. Ese podría tomarse como un elemento que determinó el cambio de su postulación para la Alcaldía de Quito por la Prefectura. Es decir, su cercanía con zonas más rurales y que rebasan los límites de la capital.

Sobre el reto de enfrentar a un bastión correísta, Ron señaló que la fuerza de la Revolución Ciudadana podría no ser la misma que en años anteriores. Eso abriría la posibilidad para un perfil distinto en las próximas seccionales. 

Lo que debes saber

• Quito tiene cerca de $1 millón para parte de la agenda tradicional, frente a los $3 millones destinados a las fiestas en 2025
• El proceso electoral y cambios al Cootad complican contrataciones y convenios. La Comisión de Turismo fiscaliza presupuestos y cronogramas para evitar retrasos
• Unas 20 actividades de la agenda colaborativa y varios festivales barriales no podrían realizarse bajo las condiciones actuales

A Quito le faltan pocas semanas para volver a encender sus fiestas, pero la celebración por sus 492 años de fundación todavía se arma pieza por pieza. Mientras noviembre se acerca con pregones, desfiles, conciertos y actividades culturales, persisten dudas sobre las contrataciones, los artistas y parte de una agenda que tradicionalmente moviliza a miles de personas hasta el 6 de diciembre.

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Una revisión realizada por EXPRESO en el portal de contratación pública no evidenció, al momento de la consulta, procesos vigentes directamente relacionados con las Fiestas de Quito. El escenario ocurre en un año marcado por restricciones para contratar, cambios en la normativa nacional y un calendario electoral que incide en la planificación municipal.

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El factor electoral complica las contrataciones

Desde el Concejo Metropolitano aseguran que existen recursos identificados para sostener parte de la programación tradicional. Joselyn Mayorga, presidenta de la Comisión de Turismo y Fiestas, explica que el factor electoral tiene un peso particular en las decisiones. 

Aunque las autoridades que resulten electas en noviembre asumirán sus funciones en mayo, el proceso electoral reduce, según la edil, el margen para comprometer determinadas contrataciones, principalmente de artistas nacionales e internacionales.

Ante este escenario, la Comisión inició hace aproximadamente un mes y medio un proceso de fiscalización. Sus integrantes participan, mediante delegados, en mesas técnicas donde revisan presupuestos, cronogramas y procesos de contratación. La intención, según la concejal Mayorga, es identificar con anticipación los obstáculos y evitar que la organización se concentre en las últimas semanas.

Un millón para sostener la agenda tradicional

Por ahora, la edil señala que existe cerca de $1 millón destinado a garantizar parte de la programación tradicional. En esa planificación constan el Festival Chispa Quiteña, la Serenata Quiteña, el Festival de Pasacalles, el homenaje a Benítez y Valencia, además de los pregones y los desfiles de la Confraternidad.

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El monto representa una diferencia frente al presupuesto utilizado el año anterior. Mayorga calcula que en 2025 se destinaron alrededor de $3 millones para las fiestas. Los recursos actualmente identificados para los eventos tradicionales equivalen, de acuerdo con esa estimación, a aproximadamente un tercio de aquella cifra.

El Cootad suma nuevas restricciones

A las restricciones presupuestarias se suma la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Según Mayorga, los cambios dificultan la transferencia de recursos y la suscripción de convenios que anteriormente permitían sostener determinados festivales y actividades culturales.

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Uno de los eventos cuya realización permanece en incertidumbre es QuitoFest. Su continuidad dependerá también de la capacidad de gestión de la Corporación Música Joven, entidad privada encargada de organizar el festival. Este diario consultó a la organización sobre la realización del evento y desde la entidad señalaron que, una vez que la agenda esté definida, los detalles serán comunicados públicamente.

Menos actividades para los barrios

Las restricciones alcanzan además a una programación que durante años se extendió hacia barrios y parroquias. Mayorga señala que alrededor de 20 actividades de la agenda colaborativa, que involucraban a gestores culturales territoriales, no podrán realizarse bajo las condiciones actuales. A esto se suman pequeños festivales previstos en distintos sectores de la capital.

La Comisión de Turismo y Fiestas prevé convocar a las administraciones zonales para analizar alternativas que permitan sostener parte de esa programación y mantener actividades culturales en los territorios. Mientras se define ese componente, otras entidades municipales preparan propuestas para complementar la agenda.

Quito Turismo trabaja en el Festival Gastronómico Chispa Quiteña y el Municipio espera incorporar el MAPI a la programación, siempre que el proyecto esté listo. Estas iniciativas se suman a los eventos que ya cuentan con recursos identificados y a los que todavía dependen de procesos administrativos.

Concejales discrepan sobre las demoras

En el Concejo también existen otras lecturas sobre las demoras. El concejal Michael Aulestia atribuye parte del escenario a una revisión más rigurosa del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Considera que las observaciones buscan evitar procesos dirigidos a proveedores específicos y sostiene que una suspensión no necesariamente responde a razones políticas.

Bernardo Abad coincide en que los procesos deben cumplir las exigencias legales. Además, cuestiona que las observaciones sean interpretadas automáticamente como decisiones políticas y plantea revisar el contenido de los espectáculos financiados con recursos públicos, así como preservar los espacios patrimoniales.

La Secretaría de Cultura aún no detalla la planificación

Mientras estas posiciones se discuten en el Concejo, la Secretaría de Cultura no ha detallado públicamente el avance concreto de las contrataciones. EXPRESO solicitó en tres ocasiones información sobre la planificación de las fiestas y recibió como respuesta que los detalles serán comunicados cuando estén disponibles.