¿Qué halló la Asamblea en el patrimonio de 95 alcaldes y prefectos?

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 9 de octubre de 2026 un informe de fiscalización sobre el patrimonio de 251 alcaldes y prefectos del país. El documento identificó 95 autoridades con posibles incrementos patrimoniales injustificados, equivalentes al 37,85 % de los casos analizados.

Según los resultados, 41 funcionarios recibieron una alerta roja y otros 54 una alerta naranja. Ante estos hallazgos, la mesa legislativa recomendó que la información sea remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que determinen si existen elementos que ameriten investigaciones.

Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que el informe utiliza un sistema de semaforización para facilitar el análisis de la documentación. El mecanismo busca que la ciudadanía y las autoridades puedan conocer la trazabilidad de la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios.

Correísmo pide reserva de los nombres de los funcionarios

La aprobación del documento se dio con siete votos a favor, correspondientes a ADN y sus aliados, y tres en contra del correísmo. Durante la sesión, la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó que los anexos con los nombres de los funcionarios no se hagan públicos hasta que el pleno de la Asamblea conozca el informe, con el argumento de evitar juicios anticipados.

El asambleísta Xavier Lasso cuestionó que la reserva pueda levantarse tras la aprobación en comisión y señaló que el proceso ocurre en medio de la etapa electoral.

Posibles delitos bajo investigación

Además de las 95 autoridades con alertas, 90 funcionarios obtuvieron semáforo verde porque no se identificaron diferencias relevantes entre sus ingresos y su patrimonio, mientras que otros 66 no presentaron novedades. 

La investigación legislativa se originó a partir de una publicación de prensa. Si el pleno acoge las recomendaciones, la información podría dar paso a indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos o testaferrismo. El informe, por sí solo, no constituye una declaración de culpabilidad.