La guerra silenciosa dentro de la Policía: corrupción, bandas y controles débiles

Un convenio con Estados Unidos reabre una pregunta incómoda: ¿los controles internos de la Policía están alcanzando a tiempo a los agentes que colaboran con el crimen organizado?

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La alerta se encendió una vez más cuando investigadores descubrieron que parte de la pentolita robada de instalaciones policiales terminó fuera de los controles estatales. No era la primera vez que un caso de seguridad nacional apuntaba hacia adentro de las propias instituciones encargadas de combatir el delito.

Mientras fiscales y policías ejecutaban allanamientos, otra discusión cobraba fuerza puertas adentro de la institución: cuánto han avanzado realmente las estructuras criminales dentro de la Policía Nacional y qué tan capaces son los mecanismos internos para detectarlas antes de que el daño esté hecho.

La preocupación no es nueva. Durante los últimos dos años, Ecuador ha acumulado una serie de investigaciones que involucran a policías y militares en delitos que van desde tráfico de combustibles y filtración de información reservada hasta extorsión, secuestro, tráfico de armas y desvío de evidencia judicial.

En ese contexto, el acuerdo denominado Integridad Policial 360, firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 2 de octubre de 2026, aparece como uno de los intentos más ambiciosos para fortalecer los controles internos de la institución policial. El convenio contempla evaluaciones poligráficas, psicológicas, toxicológicas y financieras, además de tecnología, digitalización de expedientes y la creación de centros de control y confianza en Guayaquil y Manta.

Cuando los investigados llevan uniforme

Los casos recientes muestran que la infiltración ya no es una hipótesis. En abril de 2026, la operación Gran Fortaleza 1 dejó detenidos a cinco policías, tres militares y varios civiles señalados por integrar una estructura de tráfico y desvío de hidrocarburos que operaba en diferentes provincias del país. La investigación apuntó a una presunta red que facilitaba combustible a economías criminales.

Meses antes, otros militares fueron procesados por el presunto robo y transporte ilegal de combustibles vinculados a actividades ilícitas. Los hallazgos se suman a los casos documentados durante 2025. Un análisis de InSight Crime recordó que dos policías fueron detenidos por secuestro y extorsión en Guayaquil, mientras que investigaciones periodísticas revelaron el robo de 321 kilos de cocaína desde una bodega oficial de la Policía. Esa droga habría terminado posteriormente en manos de organizaciones criminales.

El exjefe antidrogas Guillermo Palacios sostuvo que el crimen organizado ha penetrado áreas altamente sensibles como puertos, aeropuertos y bodegas de evidencias.

Las cifras también reflejan la magnitud del problema. Solo durante el conflicto armado interno, la Policía investigó a 124 de sus propios agentes por distintos casos de corrupción. Entre ellos hubo denuncias por tráfico de influencias, venta de armamento policial, secuestro extorsivo y cobros ilegales.

¿Funcionan los controles?

Una fuente cercana a las filas policiales, que pidió reserva de su identidad, considera que los controles actuales tienen limitaciones estructurales.

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"Los mecanismos de control interno son débiles. No existe un sistema de inventario digitalizado de evidencias en las bodegas de Policía Judicial y las auditorías son escasas", aseguró.

Según esa fuente, el apoyo estadounidense podría convertirse en una oportunidad para modernizar procesos críticos mediante cámaras permanentes, monitoreo digital, alertas tempranas y sistemas de rastreo de evidencias.

Entre las medidas planteadas: 

Precisamente varios de esos elementos forman parte del acuerdo Integridad Policial 360, que contempla digitalización de procesos y fortalecimiento tecnológico de los sistemas de supervisión interna.

La mirada desde adentro

Un policía en servicio activo, con 21 años en la institución, sostiene que existe una diferencia importante entre la Policía y otras entidades públicas: la capacidad de investigarse a sí misma. "La Policía Nacional es la única institución que se autodepura. Un policía no es catimado al momento de aprender a otro policía", afirma.

Sin embargo, también reconoce tensiones dentro del sistema. Según relata, algunas investigaciones terminan involucrando a servidores cuyos vínculos con los sospechosos se reducen a contactos laborales o comunicaciones telefónicas que posteriormente deben ser aclaradas ante jueces.

Desde su perspectiva, hace falta fortalecer los procesos investigativos para evitar afectaciones al buen nombre de policías que finalmente no resulten responsables de delitos.

El uniformado también plantea otro problema menos visible: las condiciones laborales. Asegura que muchos policías enfrentan gastos elevados de vivienda, alimentación y defensa legal cuando son sometidos a procesos judiciales.

A esto suma jornadas extensas, limitaciones para acceder a apoyo psicológico y falta de infraestructura adecuada en algunos destacamentos. "Si usted me pregunta si existe un sistema que proteja completamente a los policías honestos, yo diría que no", sostiene.

El crimen organizado y la infiltración

Para el experto en seguridad Jean Paul Pinto, el problema ha llegado a un punto en que amenaza la efectividad de cualquier estrategia estatal. "En el nuevo plan de seguridad no se habla nada del tema. No hay políticas ni estrategias específicas contra la infiltración", señala.

Pinto considera que las matanzas carcelarias, las filtraciones de información y los casos de corrupción demuestran que organizaciones criminales han logrado penetrar múltiples instituciones. "Han cooptado policías, militares, jueces y fiscales. Ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si todo está infiltrado", advierte.

El especialista compara la situación ecuatoriana con etapas vividas por México durante el auge de los carteles, cuando las estructuras criminales lograron penetrar organismos estatales y dificultaron las operaciones de control. Para Pinto, la depuración institucional debería convertirse en una prioridad equivalente al combate directo contra las bandas.

El reto de proteger a los honestos

Dentro de la Policía existe consenso en un punto: la mayoría de los uniformados no participa en actividades ilícitas. Sin embargo, cada nuevo escándalo impacta sobre toda la institución y erosiona la confianza ciudadana.

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Ya en 2025, una encuesta mostraba que apenas el 34 % de los ecuatorianos confiaba en la Policía Nacional. La firma del convenio con Estados Unidos llega precisamente en ese escenario. Los nuevos polígrafos, controles financieros, evaluaciones psicológicas y herramientas tecnológicas buscan cerrar espacios a la corrupción antes de que los agentes sean captados por redes criminales.

Pero la experiencia reciente muestra que la tecnología por sí sola difícilmente resolverá el problema. Las investigaciones sobre pentolita desaparecida, combustible desviado, droga robada, armas vendidas y funcionarios captados por organizaciones criminales revelan que la lucha contra el crimen ya no ocurre únicamente en las calles.