Administraciones zonales de Quito atribuyen baja ejecución presupuestaria a reforma al Cootad

Mientras en barrios y parroquias de Quito persisten pedidos de obras, mantenimiento vial y atención social, las 10 administraciones zonales muestran bajos niveles de ejecución presupuestaria. 

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Con corte al 31 de julio, ninguna ha utilizado más del 26% de los recursos. Los administradores justifican el retraso por las recientes reformas al Cootad y los procesos de contratación.

Valle de los Chillos registra la mayor ejecución

De acuerdo con el Informe de Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria: 

Sin embargo, los administradores zonales sostienen que estas cifras no reflejan necesariamente el avance real de las obras y proyectos. David Paz, administrador de Calderón, cuestionó que se evalúe la gestión a mitad del ejercicio fiscal.

Cootad y contratación modificaron los cronogramas

Según Paz, los cambios derivados del Cootad obligaron a modificar la planificación y trasladar recursos hacia infraestructura. A esto se suma que, para contratar obras, las administraciones necesitan contar con los precios unitarios actualizados (APU), que establece la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, proceso que suele concretarse entre marzo y abril.

A partir de allí comienza un proceso que se extiende varios meses. La fase preparatoria incluye estudios y la elaboración de términos de referencia; posteriormente viene la etapa precontractual y, una vez adjudicada la obra, empieza el plazo de ejecución.

Después se realiza la recepción provisional, la fiscalización y la revisión financiera antes de efectuar el pago al proveedor. Es ese último paso el que finalmente se registra como ejecución presupuestaria.

“Una obra puede estar terminada y no aparecer como ejecutada presupuestariamente”, explica Paz. Un error en una planilla, por ejemplo, puede impedir el pago y, por tanto, el registro del devengado, aunque físicamente la obra ya esté lista.

Calderón prevé cerrar con más del 90%

El administrador de Calderón señaló que las obras de 2026 fueron planificadas desde 2025 y que los procesos de contratación ya estaban subidos al sistema hasta el 31 de julio. Para este año se prevé entregar 80 obras, frente a las 76 de 2025.

El presupuesto de inversión de Calderón bordea los $6 millones. De ese rubro, el 80% corresponde a presupuestos participativos. Según Paz, Calderón no tiene arrastres de años anteriores, por lo que buena parte de los pagos se concentrará en los últimos meses. Su proyección es cerrar con una ejecución de más del 90%.

Los Chillos modificó el 61% de una asignación

Esteban Melo, administrador zonal del Valle de los Chillos, coincidió en que el porcentaje registrado a mitad de año no permite evaluar la ejecución definitiva. Aseguró que la reforma al Cootad alteró la programación y afectó proyectos de salud, educación e inversión social.

En Los Chillos, el presupuesto destinado a obras es de $3,7 millones. De ese monto, $743.000 correspondían al presupuesto inicial que fue afectado por la reforma. Según Melo, tuvieron que modificar alrededor del 61% de esa asignación, es decir, más de $400.000.

El cambio impactó proyectos de obras por cogestión, mantenimiento vial, mitigación de riesgos, mingas en espacios públicos y mantenimiento de cinco Casas Somos. Los campamentos vacacionales son otro ejemplo. La planificación inicial contemplaba atender a unos 2.500 niños, pero finalmente se redujo la cobertura a 500.

A ello se suma, según el funcionario, la incertidumbre generada por la emisión de un nuevo reglamento relacionado con la contratación pública.

Pese a estas dificultades, Melo asegura que Los Chillos tuvo una ejecución del 85% en 2025 y proyecta alcanzar el 99% en 2026. La diferencia, sostiene, evidencia que la ejecución no es lineal y que el comportamiento presupuestario se concentra en los últimos meses.

Concejal cuestiona la baja ejecución

Las explicaciones, sin embargo, no convencen al concejal Michael Aulestia, quien considera preocupante que, con corte a julio, existan administraciones zonales con niveles inferiores al 2,5% y que, en promedio, la ejecución del presupuesto de inversión no llegue al 10%.

Para Aulestia, la ciudadanía demanda permanentemente obras en barrios y parroquias, por lo que no es suficiente atribuir los retrasos a la reforma al Cootad o a los procesos de contratación.

También cuestiona que una parte importante de las administraciones sostenga que la ejecución se concentrará en octubre y noviembre. “No es una administración nueva”, sostiene, al recordar que el actual período del Municipio lleva tres años y medio.

Asimismo, advierte sobre el riesgo de que una alta cantidad de procesos se concentre al final del año. Una certificación presupuestaria, explica, únicamente demuestra que existen recursos disponibles, mas no garantiza que esos fondos terminen convertidos en obras.

En ese escenario, agrega el edil, las administraciones zonales han perdido su razón de ser y recalca que no existe una planificación suficientemente cercana a las necesidades de cada territorio. Como alternativa, plantea que una eventual discusión del Estatuto Autonómico considere reemplazarlas por alcaldías menores con mayor autonomía y capacidad de planificación.

Experto pide seguimiento mensual

Para Pablo Romero, experto en gestión pública, la ejecución presupuestaria es uno de los principales indicadores para evaluar la gestión, por lo que considera necesario realizar un seguimiento mensual y no esperar al cierre del ejercicio.

Una referencia general, explica, es que la ejecución debería avanzar de manera progresiva durante el año. Al llegar a julio, por ejemplo, debería existir un nivel cercano a la mitad del presupuesto, aunque señala que no se trata de una regla rígida.

Reconoce que los procesos de contratación pública son complejos y pueden tomar varios meses. Si un proceso se cae por observaciones o problemas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), advierte, la administración puede perder dos meses en una nueva convocatoria. Por ello, ve necesario fortalecer la capacidad técnica de las administraciones zonales para reducir el riesgo de que los procesos se repitan o fracasen.