Alza del pasaje en Quito: ordenanza enfrenta primera acción de inconstitucionalidad

La ordenanza que elevó de $0,35 a $0,40 el pasaje del transporte en Quito enfrenta su primera acción de inconstitucionalidad. El concejal Andrés Campaña anunció que presentará el recurso ante la Corte Constitucional el 21 de septiembre de 2026.

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Uno de sus principales argumentos es la eliminación de la tarifa preferencial de $0,10 para personas con discapacidad.

Campaña sostiene que durante el tratamiento de la ordenanza no se garantizó que el incremento del pasaje estuviera acompañado de mejoras en la calidad del servicio de transporte. Sin embargo, uno de los puntos que considera más sensibles es la eliminación de la tarifa para las personas con discapacidad.

El concejal recordó que en Quito existían tres tipos de tarifas: la universal, la reducida (aplicable a adultos mayores y estudiantes) y, desde 2015, una tarifa preferencial de $0,10 para personas con discapacidad.

La reciente ordenanza eliminó este último beneficio. Como consecuencia, las personas con discapacidad pagarán $0,20 por el pasaje, equivalente a la mitad de la tarifa general de $0,40.

Campaña habla de regresión de derechos

Para el edil, la modificación es una regresión de derechos. Menciona que en lugar de ampliar las condiciones de accesibilidad para un grupo de atención prioritaria por la Constitución, la nueva normativa introduce una barrera económica.

Campaña también argumenta que la Carta Magna reconoce a las personas con discapacidad como parte de los grupos de atención prioritaria y establece obligaciones para el Estado respecto de la garantía de sus derechos. 

Otro de los argumentos planteados se relaciona con la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Según explica, esta normativa establece un descuento de al menos el 50% en el transporte público. Por ello, ese porcentaje constituye un piso de protección y no impediría que los gobiernos locales adopten beneficios adicionales, como una tarifa de $0,10. 

“Si desde 2015 estuvo vigente, hoy no pueden decir que es una tarifa ilegal. No se puede retrotraer en derechos”, sostiene el edil como parte de los argumentos que llevará ante la Corte Constitucional.

Lo que se dijo durante el debate 

Durante el segundo debate del texto, la concejala Fernanda Racines sostuvo que una ordenanza municipal no puede establecer una tarifa diferente de la contemplada en la legislación nacional.

Racines citó el artículo 87 de la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad y señaló que la tarifa preferencial corresponde al 50% del valor regular del pasaje, es decir, $0,40. 

Desde esa perspectiva, mantener el pasaje en $0,10 significaría conservar una disposición que, según Racines, no se ajusta a la legislación vigente. La concejala también rechazó que el cambio constituya una regresión de derechos y sostuvo que el Municipio está aplicando lo establecido en la normativa nacional.