CDH denuncia presunto abuso sexual de militares a mujeres en cárcel de Guayaquil

Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), con sede en Guayaquil, denunció un presunto abuso sexual contra mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil, que atribuye a militares encargados de la custodia. La acusación fue acompañada por un video publicado en sus redes sociales, en el que se observa a un militar tocando los senos de una presunta interna.

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Denuncia sobre las guardias militares

“Recibo información fidedigna que los militares en la cárcel de mujeres de Guayaquil están abusando sexualmente de las mujeres privadas de libertad”, señaló Bastias en su publicación. El representante del CDH cuestionó la falta de respuesta de las instituciones encargadas de vigilar las condiciones de las personas detenidas y pidió que se adopten acciones frente a la denuncia.

Bastias compartió un mensaje donde se denuncia que los hechos se atribuyen a una de las guardias militares de la tarde, iniciada a la 13:00; "mire, eso fue en la guardia de ahorita de tarde, entró a la 1PM y sucede en todas las guardias". La denuncia añade que las internas enfrentan dificultades por la falta de economato y alimentación.

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Instituciones fueron consultadas

Bastias también sostuvo que, de acuerdo con estándares internacionales, las mujeres privadas de libertad deben ser custodiadas por agentes mujeres. En ese contexto, mencionó a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y ONU Mujeres para llamar la atención sobre lo que considera una situación que requiere intervención institucional.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento al SNAI y al Ministerio de Defensa, a través de sus equipos de comunicación. Hasta la publicación de esta nota, ninguna de las dos instituciones ha respondido sobre la denuncia difundida por Bastias.

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La presencia militar en las cárceles

La presencia permanente de militares en las cárceles ecuatorianas se inició el 9 de enero de 2024, después de que el presidente Daniel Noboa suscribiera el Decreto Ejecutivo 111 y declarara la existencia de un conflicto armado interno. La disposición ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para recuperar el control de los centros de privación de libertad, entonces afectados por el dominio de organizaciones criminales.

En julio de 2026, Noboa formalizó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que ratifica la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios. La permanencia de los militares está prevista de forma temporal hasta 2027, mientras el sistema enfrenta problemas de hacinamiento y la influencia de estructuras criminales que han operado desde las prisiones.