El frágil descenso de homicidios en Ecuador y la realidad que las cifras no cuentan

La cifra parece ofrecer un respiro. Entre enero y julio de 2026, Ecuador acumuló 4.882 homicidios intencionales, una reducción frente a los 5.295 registrados en el mismo período de 2025, considerado hasta ahora el año más violento de la historia del país. Sin embargo, detrás de esa aparente mejora se esconde una realidad más compleja: la violencia no desaparece, se reorganiza.

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Los datos muestran que junio y julio rompieron la tendencia de reducción observada durante el resto del año. En ambos meses, las muertes violentas superaron los registros del mismo período de 2025, evidenciando un repunte que coincide con nuevas disputas territoriales entre organizaciones criminales y una expansión de las economías ilegales hacia zonas que no eran consideradas focos históricos de violencia.

El fenómeno ocurre mientras el Gobierno mantiene la estrategia de conflicto armado interno y los estados de excepción como herramientas centrales de seguridad. Pero para varios especialistas consultados por EXPRESO, las cifras reflejan que el país enfrenta un problema más profundo que no puede medirse únicamente por el balance nacional.

Nueve provincias de Ecuador registran un aumento de muertes violentas en este 2026

Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan una realidad contradictoria. Mientras el país registra una disminución acumulada de homicidios, nueve provincias experimentan un aumento de muertes violentas. El caso más dramático es El Oro, que pasó de 358 asesinatos entre enero y julio de 2025 a 634 durante el mismo período de 2026.

Cañar, Sucumbíos, Santa Elena, Azuay, Napo, Pastaza, Carchi y Morona Santiago también reportan incrementos. Paralelamente, 79 cantones registraron más homicidios que el año anterior, mientras que otros territorios lograron reducciones importantes.

La situación más alarmante se observa en Machala. El principal cantón orense pasó de 159 homicidios a 280 en apenas un año. También destacan los incrementos en Pasaje, Lago Agrio, Montecristi y Santa Rosa.

En contraste, ciudades como Guayaquil reportaron descensos importantes: pasó de 1.617 a 1.274 asesinatos, mientras Durán también registró una disminución significativa. El resultado es un escenario fragmentado: la violencia se reduce en ciertos territorios, pero se intensifica en otros.

Desplazamiento de bandas criminales hacia otras zonas del país

Para Patricio Carrillo, exministro del Interior, el análisis debe centrarse en la tendencia y no únicamente en la comparación estadística. “Más que evaluar y comparar estadísticamente, la violencia letal se debería observar desde la tendencia”, sostiene.

Según Carrillo, las cifras muestran una baja interanual cercana al 7%, pero también un repunte de entre 2 y 3 puntos durante junio y julio, acompañado por un incremento de denuncias relacionadas con desapariciones. “Es un síntoma de persistencia del crimen organizado, creando un desplazamiento de las bandas criminales hacia nuevas zonas donde se disputan los mercados”.

El exministro identifica varios factores detrás del fenómeno: el fortalecimiento de la extorsión, el mayor acceso a armas de fuego, la expansión de los mercados ilegales y las disputas por rutas ligadas al narcotráfico.

También alerta sobre un cambio geográfico de la violencia. “Los grupos delictivos como Los Lobos y Los Choneros expandieron sus operaciones hacia Quito y el centro del país. Ya no solo usan estas zonas como rutas de tránsito, sino para el blanqueo de capitales, control de microtráfico y extorsiones”.

Una de las explicaciones más recurrentes entre los especialistas es el denominado ‘efecto globo’. La lógica es simple: cuando las fuerzas de seguridad concentran presión en un territorio, las estructuras criminales se desplazan hacia otros lugares donde enfrentan menos resistencia. Esa hipótesis también es compartida por Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado.

Para Bravo, los resultados en Guayas podrían estar relacionados con la presencia de fuerzas de tarea específicas. No obstante, al mismo tiempo otros territorios muestran incrementos. “Si usted está presionando en una parte, los delincuentes se mueven a otra parte. Eso es lógico, porque si me están molestando en un lugar, busco dónde hacer mis actos ilícitos en otro sitio”, explica.

El experto considera que el desafío es desarrollar una capacidad de control territorial simultánea en todo el país y no únicamente en zonas priorizadas. Y advierte que cuando miles de policías y militares son movilizados hacia un sitio determinado, otros territorios pueden quedar temporalmente debilitados, generando oportunidades para las organizaciones criminales.

Una fuente militar (que prefirió mantener su nombre en reserva) considera que interpretar el aumento de la violencia únicamente como un fracaso de las estrategias aplicadas conduce a un diagnóstico incompleto. “A veces mucha gente pensará que las estrategias de seguridad no funcionaron, pero la situación debe analizarse con una visión integral. Ecuador enfrenta un fenómeno criminal que ha evolucionado rápidamente”, admite.

Desde su perspectiva, el despliegue de Fuerzas Armadas y Policía sigue siendo necesario, aunque es insuficiente para enfrentar una amenaza que se ha vuelto más compleja. “No basta únicamente con aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para contener y golpear a las estructuras criminales. Se necesita reforzar la inteligencia, fortalecer la justicia, controlar las cárceles, recuperar territorios y prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las organizaciones delictivas”.

Para ilustrar esa realidad, recuerda una experiencia ocurrida años atrás durante las operaciones relacionadas con el Frente Oliver Sinisterra. “Cuando fueron secuestrados los integrantes del equipo periodístico de El Comercio, fui al lugar donde había nacido alias Guacho. En ese sector, muchos jóvenes querían ser como él. Nosotros como Ejército implementamos una escuela de fútbol para intentar cambiar esa mentalidad. Fue una acción pequeña, pero demuestra que la prevención también puede generar resultados”.

Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, cree que los datos reflejan un deterioro persistente de las condiciones generales de seguridad. “Las condiciones de seguridad del país empeoran. Las probabilidades de controlar o contener el desborde de la violencia se han reducido”.

El académico argumenta que existe una expectativa política difícil de cumplir: resolver rápidamente una crisis que tiene raíces estructurales. “No se resuelve fácil, rápido ni en un solo período presidencial”, advierte. A su criterio, la recuperación de la seguridad requiere la reconstrucción del tejido social, oportunidades económicas y presencia estatal sostenida en los territorios más vulnerables.