Superintendencia de Compañías en Ecuador: piden investigar su actuación y ejercer control político
El Estado debe controlar con transparencia, no convertirse en dueño de facto del destino de las empresas y actuar en contra de los intereses de sus trabajadores
La duración de algunos procesos de liquidación y la actuación de ciertos liquidadores han generado cuestionamientos a la labor de control de la SuperCías.
En Ecuador hay señales que no pueden ser ignoradas. El aparato estatal existe para proteger el interés público, no para convertirse en instrumento de poder, presión o beneficio de grupos particulares. Cuando el control se transforma en mecanismo para desplazar a quienes generan inversión, empleo y actividad económica, la alarma debe encenderse.
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Liz Briceño
Control estatal bajo escrutinio
La ley permite la intervención societaria bajo causales determinadas y establece que los interventores deben proteger el patrimonio y evitar perjuicios a socios, accionistas y terceros. Incluso prohíbe que participen en la administración de las compañías intervenidas.
La Superintendencia de Compañías, ente que controla al sector societario, fue el protagonista de una reciente investigación de este Diario que desnuda el ligero actuar de su titular y un círculo cercano.
La Fiscalía y la Contraloría deben examinar los hechos y determinar responsabilidades, si las hubiera. La Asamblea Nacional también tiene la obligación de ejercer control político. Ningún organismo de control puede ser utilizado para fines distintos de aquellos que la Constitución y la ley le encomiendan.
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