¿Base extranjera en Ecuador? Las claves ocultas del plan para operar desde Taura

La propuesta de concentrar en la Base Aérea de Taura las operaciones de cooperación militar de Ecuador con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea coloca a Guayaquil y sus puertos en el centro de una nueva estrategia contra el narcotráfico.

El presidente Daniel Noboa planteó el 22 de septiembre de 2026 que Taura sea el punto desde el cual se desarrollen actividades de cooperación internacional en materia de seguridad. La instalación se encuentra en el cantón Naranjal, en Guayas, a unos 45 minutos de Guayaquil, y dispone de una pista principal de más de 3.040 metros, una pista alterna, unidades de artillería antiaérea y tecnología para el monitoreo de aeronaves.

Noboa explicó que la intención es trasladar hacia Taura parte de las actividades que se realizan cerca del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde las operaciones militares coinciden con la aviación civil y comercial. Sin embargo, no detalló qué unidades extranjeras participarían, durante cuánto tiempo permanecerían, qué equipos serían desplegados ni quién tendría el control operativo de cada misión.

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Esas preguntas son determinantes. La denominación de “cooperación” no resuelve por sí sola si la presencia de personal, aeronaves o sistemas extranjeros se ajusta a la Constitución. La naturaleza jurídica dependerá de elementos concretos: el mando, la permanencia, el control de la infraestructura, la autonomía para planificar misiones y la capacidad de las autoridades ecuatorianas para supervisarlas.

Una plataforma para vigilar el Golfo de Guayaquil

Taura tiene una posición estratégica por su cercanía con Guayaquil, el río Guayas, los puertos y las rutas que conectan Guayas con El Oro, Los Ríos y Cañar. Desde allí podrían ejecutarse vuelos de reconocimiento, vigilancia de embarcaciones sospechosas y seguimiento de aeronaves clandestinas que operan en las cadenas logísticas del narcotráfico.

La pista fue construida para recibir aviones supersónicos y el complejo ofrece condiciones para operaciones aéreas de mayor alcance. Al tratarse de una instalación exclusivamente militar, a diferencia de la Base Simón Bolívar de Guayaquil, también proporciona más espacio, protección perimetral y separación frente al tráfico comercial.

Para Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la proximidad de Taura con la vía que conecta el río Guayas con el mar abierto permitiría ampliar la vigilancia sobre zonas donde se han detectado casos de contaminación de cargamentos.

“Desde la Base de Taura se permite un control bastante extenso de toda la costa ecuatoriana”, sostiene Pérez. A su criterio, su ubicación facilitaría el seguimiento y la persecución aérea de actividades ilícitas, además de ejercer un efecto disuasivo sobre organizaciones criminales que operan en Guayaquil y sus alrededores.

Ese efecto, no obstante, no sería automático. La vigilancia aérea puede mejorar la detección de vuelos o embarcaciones, pero no sustituye las labores de inteligencia financiera, control portuario, depuración institucional, investigación penal y judicialización. 

El límite fijado por el artículo 5

La principal barrera jurídica está en el artículo 5 de la Constitución, que declara al Ecuador territorio de paz. La norma prohíbe establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y entregar bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

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El debate, por tanto, no se limita a establecer si en Taura habrá una bandera extranjera o una instalación formalmente separada. También comprende quién controlará la base, bajo qué mando actuarán los militares extranjeros, si podrán iniciar operaciones autónomas y si permanecerán de manera estable dentro del complejo.

El experto en seguridad Jean Paul señala que el artículo 5 continúa vigente y que su alcance comprende la utilización de instalaciones ecuatorianas por fuerzas extranjeras. “No solamente es hacer o tener bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Es que los militares extranjeros puedan operar en bases nacionales”, afirma.

Según su análisis, aeronaves de otros países podrían ingresar dentro de mecanismos de cooperación, realizar actividades coordinadas y luego retirarse. El conflicto constitucional aparecería si las tripulaciones se instalan permanentemente, pernoctan de manera regular, controlan espacios dentro del recinto o realizan misiones con autonomía respecto del mando ecuatoriano.

El SOFA regula la presencia, pero no elimina la prohibición

Ecuador y Estados Unidos cuentan con un Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA. En enero de 2024, la Corte Constitucional concluyó que ese instrumento no requería aprobación de la Asamblea Nacional porque no se encontraba dentro de los supuestos establecidos en el artículo 419 de la Constitución.

El convenio regula aspectos como la entrada y salida de personal estadounidense, la movilidad de aeronaves, buques y vehículos, y el acceso a instalaciones mutuamente acordadas. 

En la práctica, el SOFA proporciona un marco para la presencia temporal y las actividades acordadas, pero no equivale a una autorización para que Estados Unidos controle una base ecuatoriana. Tampoco despeja por completo qué significa una operación temporal cuando no se han divulgado plazos, número de efectivos, frecuencia de los despliegues o reglas de mando.

Luis Altamirano, excomandante del Ejército, considera que cualquier base aérea de la Costa puede servir para operaciones de exploración aeromarítima y control del tráfico aéreo. El problema, advierte, es que no se conoce la envergadura de lo planificado para Taura.

“Si eso significará albergar tripulaciones, equipo de apoyo o, en la práctica, basarse en un concepto de temporalidad que no está definido, no lo sabemos”, señala. Para Altamirano, seis meses, un año o dos años pueden recibir la calificación de temporales, pero producir efectos distintos sobre el control de la instalación.

El exjefe militar agrega que la cooperación no debería estar vinculada con operaciones bélicas ni realizarse en el límite de lo permitido por la Constitución. “Debiera haber una mayor transparencia”, sostiene, al cuestionar que se invoque la seguridad nacional para restringir información necesaria para el control público.

Manta: el precedente que condiciona la discusión

Entre 1999 y 2009, Estados Unidos operó desde la Base de Manta un puesto avanzado para tareas de detección y monitoreo del narcotráfico. La experiencia se convirtió en el principal antecedente para evaluar cualquier presencia militar extranjera en instalaciones ecuatorianas.

Diego Pérez recuerda que en Manta la operación estaba a cargo de Estados Unidos, una diferencia que obliga a esclarecer cómo se estructuraría el esquema de Taura. Si Ecuador conserva el mando y la administración, el modelo podría ser presentado como asistencia técnica y operativa. Si un socio extranjero controla personal, equipos, inteligencia y misiones, el diseño se aproximaría al precedente mantense.

El cierre del puesto de Manta estuvo seguido por la Constitución de 2008, que incorporó expresamente la prohibición del artículo 5. Más recientemente, en el referéndum del 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos rechazaron la posibilidad de eliminar esa restricción. El resultado mantuvo vigente el impedimento para establecer bases militares extranjeras, aunque no cerró otras modalidades de cooperación internacional.

Para Pérez, Taura podría generar presión y desincentivos sobre organizaciones criminales, como ocurrió en determinados momentos alrededor de Manta. Pero advierte que no es responsable presentar una instalación militar como solución suficiente para la crisis de seguridad.

Las economías ilegales ya están integradas en actividades comerciales, logísticas y financieras lícitas. Por ello, una mayor capacidad aérea puede afectar rutas específicas, pero no desarticular por sí sola las redes de lavado de activos, corrupción portuaria, tráfico de armas y protección institucional que sostienen al crimen organizado.

Mando ecuatoriano o autonomía extranjera

La discusión adquirió mayor intensidad después de que trascendieran cuestionamientos sobre “vuelos de apoyo temporales” de Estados Unidos y la necesidad de preservar el control ecuatoriano de Taura. 

¿Qué cambiaría para Guayaquil?

Para Guayaquil, una operación de vigilancia desde Taura podría aumentar el monitoreo de los accesos marítimos, los puertos y las rutas aéreas clandestinas. También permitiría alejar parte de la actividad militar extranjera del aeropuerto comercial de la ciudad y reducir la interferencia entre operaciones civiles y de seguridad.

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El posible efecto sobre la violencia urbana es menos directo. Detectar una embarcación o seguir una avioneta no neutraliza necesariamente a las estructuras responsables de extorsiones, secuestros, asesinatos o control territorial. La cooperación tendría que conectarse con unidades investigativas, Fiscalía, Policía, Aduana, autoridades portuarias y sistemas judiciales capaces de procesar la información obtenida.

Una mayor presión en Guayaquil también podría desplazar las rutas del narcotráfico hacia otros puertos, zonas rurales o corredores amazónicos. 

La información que aún falta

Hasta ahora no se ha presentado un documento público que precise el diseño operativo de Taura. Tampoco se conocen los protocolos de mando, el número de militares extranjeros, el tiempo de permanencia, las aeronaves previstas, las áreas que utilizarían o las reglas para compartir inteligencia.

La participación de Ecuador en la iniciativa Escudo de las Américas amplía el contexto político de la cooperación. El país integró en marzo de 2026 una coalición regional promovida para enfrentar al crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo y otras economías ilegales. Sin embargo, pertenecer a esa plataforma no sustituye la necesidad de instrumentos jurídicos específicos ni modifica las prohibiciones constitucionales ecuatorianas.

Taura ofrece ventajas operativas evidentes por su pista, su ubicación y su cercanía al principal sistema portuario del país. El punto todavía irresuelto es si se convertirá en una base ecuatoriana reforzada por cooperación extranjera o en una instalación nacional desde la cual fuerzas de otros países dispondrán de autonomía operativa.