EE.UU., Taura y la abrupta salida del comandante de la FAE que pidió explicaciones

La llegada de una aeronave estadounidense a la Amazonía y la solicitud para utilizar temporalmente la Base Aérea Taura exponen una cooperación militar que avanza más rápido que las explicaciones públicas.

En medio de ese escenario, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca, pidió definir quién autoriza, coordina, supervisa y controla las actividades de Estados Unidos en instalaciones militares nacionales. Dos días después dejó el cargo.

El presidente Daniel Noboa cesó las funciones de Salazar y designó al brigadier general Mauro Bedoya Avilés mediante el Decreto Ejecutivo 496, firmado el 10 de septiembre de 2026. El documento presidencial agradeció los servicios del oficial saliente, pero no explicó los motivos del relevo. Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial que vincule directamente su salida con el oficio enviado al Comando Conjunto, pero la proximidad entre los dos acontecimientos abrió las dudas.

La carta sobre Taura y las preguntas sobre el control de las operaciones

El 8 de septiembre, Salazar había solicitado directrices para ejecutar actividades de cooperación bilateral en Taura. Su carta señalaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos preveía realizar vuelos temporales de apoyo y que su personal necesitaba adecuar y usar parte de la infraestructura de esa base ubicada en Guayas.

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El ahora excomandante no rechazó la cooperación. Su preocupación estaba en las condiciones para autorizarla. En el documento pidió determinar responsabilidades, niveles de decisión y procedimientos de planificación, ejecución, seguridad, supervisión y control. También indicó que la FAE debía conservar el manejo operacional y administrativo de Taura y que cualquier adecuación tenía que ser temporal y contar con autorización previa.

La advertencia remitía al artículo 5 de la Constitución, que prohíbe establecer bases militares extranjeras, instalar infraestructura extranjera con propósitos militares o entregar bases nacionales a fuerzas armadas de otro país. La pregunta planteada por el oficial era práctica: ¿qué mecanismos permiten diferenciar un apoyo temporal del establecimiento de una instalación extranjera?

El acuerdo SOFA y los vacíos operativos señalados por militares

Ecuador y Estados Unidos cuentan con un Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA. En enero de 2024, la Corte Constitucional concluyó que ese instrumento no necesitaba aprobación de la Asamblea Nacional porque no se encontraba entre los supuestos del artículo 419 de la Constitución. El convenio regula, entre otros aspectos, la movilidad de aeronaves, buques y vehículos estadounidenses y el acceso a instalaciones mutuamente acordadas.

Sin embargo, la existencia del acuerdo general no responde por sí sola las dudas operativas: qué autoridad aprueba cada vuelo, cuánto tiempo permanecerá el personal extranjero, qué obras puede ejecutar, quién fiscaliza sus actividades y qué procedimiento debe aplicarse ante un incidente.

Para Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor del Ejército y exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, esa aclaración corresponde a los niveles político y diplomático.

“Lo que pedía el excomandante de la Fuerza Aérea es tener claridad de cuáles habían sido las coordinaciones”, explica. Recuerda que el comandante de una fuerza “no tiene el nivel para coordinar directamente con los Estados Unidos” y que esa responsabilidad recae en los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores.

Bravo evita atribuir el relevo al oficio mientras no exista una explicación oficial. No obstante, considera legítimo que el jefe de la FAE haya solicitado información para actuar “en derecho y en ley”, impedir una vulneración constitucional y lograr que el apoyo internacional fluya con competencias claramente establecidas.

Alto Punino, el escenario donde ya opera la cooperación militar

Mientras en Taura se discutía el marco habilitante, la cooperación ya tenía una expresión visible en Alto Punino, Orellana. Allí fue desplegado un MV-22B Osprey para transportar personal, equipos y carga y brindar soporte a unidades asentadas en lugares de difícil acceso.

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“La Amazonía se convirtió en el principal escenario por una combinación de geografía y amenaza. La espesura selvática, la limitada infraestructura vial y las grandes distancias dificultan el movimiento terrestre. A eso se suma la presencia de campamentos vinculados con estructuras armadas, minería ilegal y redes transfronterizas”, explica un exbrigadier que prefiere el anonimato.

El 6 de septiembre, durante una operación en Alto Punino, las autoridades detuvieron a nueve presuntos integrantes de Comandos de la Frontera. Los militares reportaron tres campamentos con capacidad para más de 60 personas, más de 1.400 municiones, armas, detonadores, antenas satelitales, radios, un dron y equipos logísticos.

¿Por qué el MV-22B Osprey es clave para las operaciones en la Amazonía?

Las difíciles condiciones geográficas de la Amazonía explican el valor del Osprey. Sus rotores basculantes le permiten despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero y, una vez en el aire, volar como un avión turbohélice.

Esteban Santos, experto internacional y académico, advierte que el análisis no debe limitarse al ingreso de una aeronave. A su criterio, se debe conocer el alcance de las inmunidades concedidas al personal estadounidense y la autoridad competente para investigar eventuales excesos.

“Nos merecemos todos los ecuatorianos absoluta transparencia de qué es lo que se está haciendo, cuál es el alcance, qué temporalidad va a tener y, sobre todo, que el Ecuador no deje nunca de tener la sartén por el mango”, sostiene.

Santos considera necesario evitar errores observados en otras experiencias regionales y cuestiona la suficiencia de los controles cuando intervienen militares foráneos.

“¿Qué pasaría si se llega a dar el supuesto no consentido de un exceso?”, pregunta. Su preocupación se concentra en la jurisdicción aplicable y en los privilegios reconocidos bajo el SOFA.